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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado de la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:28): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de diciembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de Guanajuato, de Jalisco, y de Michoacán.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tres.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Para la integración de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, y de Justicia de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas, así como la integración complementaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. (Votación)

Con relación a la educación superior. (Votación)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en noviembre de 2006. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en sus consulados en Monterrey Nuevo León, y Tijuana, Baja California; y comunica que han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros los ciudadanos Susana Guadalupe González Escobedo y José Alonso Mezquita. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Nueve, con los que remite proposiciones para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos a diversos rubros, presentados por senadores integrantes de la LX Legislatura. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la senadora Amira Griselda Gómez Tueme, en nombre propio y del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Gustavo Madero Muñoz, en nombre propio y de los senadores María Rojo e Incháustegui, Carlos Sotelo García y Raúl Mejía González, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Planeación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y expide la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en materia de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por los diputados Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Instituto Mexicano de la Juventud; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, a cargo del diputado Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres, suscrita por los diputados Leticia Herrera Ale y Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Amador Campos Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, suscrita por los diputados Horacio Garza Garza y Carlos García González, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a definir la entrada en vigor de la NOM-029-PES-2006, a fin de que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún- Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere una partida especial a la Secretaría de Economía para las centrales de abasto de todo el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para garantizar el pago a los beneficiarios del Fondo de Apoyo a ex Braceros, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren mayores recursos para los programas de vivienda de interés social y popular, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Preservación Ecológica de Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción de un hospital general en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y del Distrito Federal para que implementen acciones en materia de seguridad pública, sin afectar el flujo de turistas internacionales ni la inversión extranjera, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que realice los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Tezuitlán y Amozoc-Entronque Perote, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad; y a la Segob, suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa para que sigan otorgando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes para el Programa Especial de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP incluya en el Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias el periodismo como una actividad susceptible de evaluación y certificación profesional, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Salud emprenda acciones para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal instruya la aceptación de la recomendación 38/2006 de la CNDH relativa a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, estado de México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados y el gobierno federal otorguen recursos para implementar un programa que reactive la economía en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el subsidio al diesel y gasolinas para actividades agropecuarias y del sector pesquero, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas atraiga las investigaciones relacionadas con las muertes de los periodistas Bradley Ronald Will, José Manuel Nava Sánchez y Roberto Marcos García, a cargo del diputado Humberto López-Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el recorte presupuestal que realizó la SHCP a diversos ramos administrativos, generales y entidades durante el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas para que implementen políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas intervenga para solucionar el conflicto agrario y enfrentamiento entre indígenas de la selva Lacandona, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas a instalar la mesa institucional para la atención integral de la selva Lacandona y Montes Azules, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asigne una partida para el impulso de la producción del cine regional, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT ajuste las tarifas de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para el sector rural a través de un fondo de apoyo para la adquisición de fertilizantes, a cargo del diputado Isael Villa Villa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y a la próxima administración federal a impulsar el consumo de la sardina en México, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP se entreguen los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 a la Conapesca, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SCT y a la Cofetel disminuyan el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León, en el municipio de Arriaga, Chiapas, a cargo del diputado Fernel A. Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que aumente los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para la obra del Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad y para el fortalecimiento operativo de la red de hospitales en el estado de Nuevo León, suscrito por los diputados Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González y Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática y solución de la cartera vencida de los abastecedores de caña del ingenio Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, a cargo del diputado José Amado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno, los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios a crear una agenda legislativa conjunta encaminada a una concreta reforma del Estado, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF fiscalice los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 sean asignados mayores recursos a la Conagua a efecto de atender las demandas de las entidades federativas en materia hidráulica, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incrementen a través del Instituto Mexicano de la Juventud los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados promueva la asignación de recursos adicionales a la Universidad Juárez del estado de Durango, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al Consejo General del Instituto Federal Electoral que en el marco de sus atribuciones reduzca los costos de campaña para los cargos de representación popular y dichos recursos se destinen al rubro de ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sener y a la Semarnat elaboren y expidan una norma oficial mexicana que regule la composición de la mezcla del gas licuado de petróleo que adquiere en el extranjero la empresa Pemex, a cargo del diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN dicte resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua modifique la regla IV.4.4, relativa a los componentes generales de apoyo para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PFP y a la Policía Ministerial de Oaxaca para que informen a la brevedad del estado físico y de las investigaciones que se siguen en contra de las personas detenidas por el conflicto en la entidad, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de México implementen diversas acciones para la erradicación de homicidios dolosos contra mujeres, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2002, 2003 y 2004, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de atención de la frontera sur, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que en el marco de la transición al nuevo gobierno fortalezca la política de Estado a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT el texto íntegro de la concesión que otorgó a la CFE para operar una red pública de telecomunicaciones, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y la problemática de la salud pública en México, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incremente la partida destinada a promover la conservación de los bosques y las selvas de México, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice un informe especial de las omisiones o actos administrativos sin cumplimentar por parte de las instituciones del subsector de cultura, suscrito por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Emilio Ulloa Pérez, Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez y Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a cumplir inmediatamente la sentencia dictada por la SCJN en el amparo en revisión 1426/2006, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en su programa de trabajo 2007 considere los recursos necesarios que permitan fortalecer y desarrollar la operación del vivero de Coyoacán, suscrito por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Javier González Garza y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a los poderes ejecutivos locales asignen recursos crecientes a sus universidades estatales, a cargo del diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Nuevo León que, en coordinación con la PGR y la SSP, implementen acciones a fin de prevenir y combatir la violencia que aqueja a dicha entidad, a cargo de la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos federales adicionales al municipio de Coyotepec, estado de México, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y al Congreso del estado de Oaxaca para que celebren un convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos en dicho estado, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la entidad de fiscalización superior audite los recursos destinados al Fondo de Apoyo al Rescate Carretero, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un incremento a la Sedesol para el Programa de Adquisiciones de Leche de Liconsa, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del Bachillerato Comunitario de Santa María Quiegolani, en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Vivienda convoque conjuntamente con el Congreso de la Unión, a la realización de foros estatales para analizar y discutir los contenidos del Reglamento de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un incremento en los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social, suscrito por los diputados Claudia Lilia Cruz Santiago y Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos generales para los braceros del estado de México, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en contra de la ciudadana Josefina Vázquez Mota, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la creación de un corredor ecoturístico y un museo en el pueblo de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial antimonopolios, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y al Instituto Nacional de Migración garanticen el trato debido a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias del país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a los congresos de los estados y a la ALDF, constituyan un comité técnico de transparencia y valoración salarial de sus funcionarios locales, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se destinen los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada y distribuida por Liconsa, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que su tránsito sea seguro, a cargo del diputado Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la SHCP y la SEP remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas para terminar el ejercicio fiscal de 2006 y éstos se consoliden en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para concluir la construcción de caminos y carreteras en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la ASF realice una auditoría de los recursos utilizados en la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se garantice la continuidad del Programa Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal asigne recursos suficientes para el debido cumplimiento de las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes, a cargo del diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para continuar la ampliación de la Línea 2 del Metro en Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría sobre la transferencia de recursos públicos al equipo de transición, particularmente al Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la remoción del diputado Jorge Zermeño Infante como Presidente de la Mesa Directiva, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se autorice un monto presupuestal, por única vez, a los poderes judiciales de las entidades federativas que permita el apoyo para los gastos que genera la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el fortalecimiento de la red consular mexicana, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la asignación de recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en diversos municipios del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la creación del programa de atención integral a municipios marginados de las zonas de sierra y montaña de México, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de asuntos mineros, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan recursos adicionales para ampliar el alcance de los fondos mixtos que operan los estados con la federación, en materia de desarrollo cultural, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para construir y rehabilitar caminos rurales y alimentadores del estado de Sinaloa, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para establecer una tarifa eléctrica preferencial en los 50 municipios con mayor marginalidad, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a agilizar la liberación y donación de bienes y enseres que se destinan al apoyo de sectores de la población en situación de marginación y pobreza, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre los migrantes mexicanos que regresan a territorio nacional, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para apoyar a los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores agrícolas, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), a cargo del diputado Rodrigo Medina de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a explicar a esta soberanía el incremento de la gasolina premium y del diesel, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación y a los denominados órganos constitucionales autónomos a implementar medidas de racionalidad y austeridad, a cargo del diputado Benjamín González Roaro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para crear el programa de pensión alimentaria para los adultos mayores, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con los recursos presupuestales en materia agropecuaria, silvícola y minera del estado de Chihuahua, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la defensa de la educación pública superior, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una política de estado en materia migratoria, a cargo de la diputada Elia Hernández Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía que realice una visita de trabajo al estado de Oaxaca e informe de la situación prevaleciente respecto de los derechos humanos, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política a instruir a la Secretaría General para que se abstenga de remover al cuerpo de investigadores de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita un incremento en el presupuesto destinado a los grupos vulnerables y al combate a la pobreza, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH y a la Secretaría de Protección Ciudadana del estado de Oaxaca que elaboren un informe respecto de las personas detenidas por el conflicto en la entidad, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se etiqueten recursos para la Secretaría de Marina, a fin de que se pague al gobierno de Veracruz recursos utilizados para la construcción de la Base de Adiestramiento para Tripulaciones de Vuelo, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la ampliación de la carretera Guadalajara-Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades correspondientes el diseño, elaboración y ejecución de un plan de desarrollo regional del Pacífico sur, así como un fondo de contingencia económica para dicha región, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el uso de las reservas internacionales, en especial los prepagos de la deuda externa realizados entre los años 2000 y 2006, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción de la carretera Manzanillo-Tolimán, en el estado de Colima, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate bancario, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el relleno de las minas de arena en las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de septiembre, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos dirigidos a la ampliación al sistema de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Economía, a solicitud de los diputados Othón Cuevas Córdova y Daniel Torres García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto al Informe sobre desarrollo humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Análisis de la situación política en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al 213 aniversario luctuoso de Olympe de Gouges, verificado el 3 de noviembre de 1793, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario del Convergencia.

Relativa al Día Internacional de la Tolerancia, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de Lucha contra el Sida, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del municipio de Tecolutla, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al LVIII aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Ciudadano Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves siete de diciembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cuarenta diputadas y diputados, a las once horas con treinta y dos minutos del jueves siete de diciembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Oficios con los que remiten acuerdos los Congresos de los estados de:

Nayarit, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, sea privilegiado el ramo de la administración en materia educativa. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Nuevo León, para que la Comisión de Seguridad Social, analice la implantación de los mecanismos legales y económicos necesarios para ampliar a veinticuatro horas el horario de funcionamiento de las guarderías pertenecientes o subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

Se recibe oficio de la Junta de Coordinación Política por el que informa de cambios en la integración de la Comisión de Salud. De enterado.

Se recibe Informe del Grupo de Trabajo encargado de Organizar y Coordinar los Trabajos Relativos respecto de la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México, relativo a las actividades realizadas el veintidós, veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil seis en Colima, Colima.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

De enterado.

El Poder Judicial de la Federación remite oficio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el que envía Informe semestral de actividades correspondiente al periodo del veintiuno de mayo al veinte de noviembre de dos mil seis, de conformidad con lo que establece la fracción décimo cuarta del artículo trescientos once de la Ley de Concursos Mercantiles. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

La Secretaría de Salud remite Informe de Resultados del Fondo de Prevención Presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo setenta y siete Bis-dieciocho de la Ley General de Salud. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Baja California Sur remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción segunda Bis del artículo cuatrocientos veinte del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, en tanto se integra dicha comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se recibe de la Secretaría de Gobernación respuesta a punto de acuerdo aprobado. Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores envía:

a) Oficios

Del Congreso del estado de Guerrero, por el que solicita mayores recursos públicos para ese estado en el Presupuesto de dos mil siete.

Del presidente y secretario de la Presidencia Municipal del ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se considere una partida especial única para rescatar su situación financiera.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

b) Proposiciones con punto de acuerdo para que:

De manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas, se implementen acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esa institución, presentada por el senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Partido de la Revolución Democrática.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete, se priorice a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete, se constituya el Fondo de Compensaciones del Sector Agropecuario para enfrentar los daños causados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete, se dé un incremento al subsidio Federal ordinario correspondiente al gasto de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Partido de la Revolución Democrática.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete, se apruebe una partida especial que apoye el rescate de la cuenca del Lago de Patzcuaro, Michoacán, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas:

Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuatro y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ana María Ramírez Cerda, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos dos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales y expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas. Se turna a la Comisión de Justicia, en tanto se integra dicha comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y del diputado Emilio Gamboa Patrón, ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos dos y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gilberto Ojeda Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A las doce horas con quince minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cincuenta y siete diputadas y diputados.

Mauricio Ortiz Proal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a la Comisión de Justicia, en tanto se integra dicha comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Alejandro Olivares Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jesús Ramírez Stabros, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Rodrigo Medina de la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Comisión de Gobernación remite seis dictámenes con proyectos de decreto que concede permiso a un ciudadano para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo; para que seis ciudadanos acepten y usen condecoraciones que les otorgan los gobiernos: del Reino de España, la República Francesa, Libanés, de la República de Guatemala y de la República del Ecuador; y para que tres ciudadanos presten servicios en las embajadas de Belice e Irlanda, en México. En votación económica, la asamblea dispensa sus lecturas. Se le concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita se devuelva a la comisión el dictamen que concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que otorga el gobierno Libanés, petición que rechaza la asamblea en votación económica. Con un resultado de trescientos noventa y cinco votos en pro, dos en contra y siete abstenciones, la Presidencia declara aprobados en un solo acto, en lo general y en lo particular los proyectos de decreto de referencia. Pasan al Ejecutivo federal y al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Lourdes Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal, que en el Presupuesto de Egresos para dos mil siete, considere recursos para atender la problemática generada por el virus del papiloma humano, en el estado de Durango. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que incluya a la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe sobre el aumento del precio a la gasolina y al diesel. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el proyecto hidroeléctrico la Yesca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México, sobre la Convención y Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Protocolo Facultativo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la importación de árboles de navidad naturales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ana María Ramírez Cerda, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

María Guadalupe Josefina García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publique a la brevedad la Norma Oficial Mexicana, relativa a la conservación y protección de tortugas marinas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Víctor Hugo García Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien remite dos proposiciones a fin de que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se consideren recursos para la construcción de carreteras y puentes en el municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco; y otra para que --de la misma manera-- se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Villa Chilapa de Díaz-Yolomécatl. Ambas proposiciones se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Aurora Cervantes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se consideren recursos para el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en el riego agrícola en el estado de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Presidencia anuncia a la asamblea que se retomará el trámite de la proposición con punto de acuerdo que se consideró de urgente resolución y que fue presentada el veintiocho de noviembre de dos mil seis por el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios, para que los titulares de las dependencias competentes, expliquen a esta soberanía las acciones gubernamentales realizadas en torno a la protección de la porcicultura nacional. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo y en votación económica la asamblea los aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluido en el orden del día de la presente sesión, acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que establece el mecanismo de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En votación económica, la asamblea aprueba su inclusión y la Presidencia instruye a la Secretaría su lectura y publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Jorge Justiniano González Betancourt, del Partido Acción Nacional, por el que solicita al Ejecutivo federal, que en el Presupuesto de Egresos para el año dos mil siete, considere mayores recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Armando Barreiro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta Ejecutivo federal, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, asigne recursos para la construcción de comedores en las escuelas de tiempo completo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Armando Barreiro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, otorguen permiso para el uso de la banda radiofónica para el Canal del Congreso. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Martín Stefanonni Mazzocco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que dentro del ámbito de sus competencias creé un juzgado de distrito en San Miguel de Allende, Guanajuato. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al secretario de Gobernación, y al secretario de Trabajo y Previsión Social, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a fin de que se detenga la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de este instituto.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

En sendas votaciones económicas la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Rolando Rivero Rivero, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes, impulsen programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila. Se turna a la Comisión de Economía.

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y suscrita por la diputada María de las Nieves Noriega Blanco Vigil, ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Consejo para las Culturas y las Artes, cuantifiquen los daños causados al centro histórico de Oaxaca y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Se recibe de la diputada Margarita Arenas Guzmán a nombre propio y del diputado Alejandro Landero Gutiérrez, ambos del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el objeto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal dos mil siete, una asignación presupuestal destinada al cumplimiento de los proyectos que se establezcan en el Programa Base de la Comisión Organizadora del Bicentenario del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario inicio de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Héctor Narcia Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Cámara de Senadores, excite a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Segunda, para que presenten el dictamen a la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. Se remite a la Cámara de Senadores.

Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, a nombre propio y de la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social, investiguen el cumplimiento de la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social.

Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, establezcan requisitos y especificaciones para la sustentabilidad y calidad de las playas.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.

Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional, por el que solicita a la Secretaría de Salud, implemente mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados. En sendas votaciones económicas se considera de urgente resolución y se aprueba. Comuníquese.

Alberto Amaro Corona, del Partido de la Revolución Democrática, en relación al programa de difusión y publicidad que realiza el Instituto Federal Electoral en los medios masivos de comunicación, relativo a la promoción de la cultura política y la invitación para tramitar la credencial de elector. Se turna a la Comisión de Gobernación.

María Oralia Vega Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la disminución del precio de medicamentos para atender las enfermedades crónico-degenerativas. En votación económica no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Salud.

Se recibe de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa, proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se asignen recursos en los ramos nueve, doce y veinte para el municipio de Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con veintitrés minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes doce de diciembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

ESTADO DE GUANAJUATO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---H. Congreso del estado de Guanajuato.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.---Presente.

Para los efectos conducentes, y con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos remitir el acuerdo aprobado por la LX Legislatura en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, así como las consideraciones expuestas por los proponentes, mediante el cual esta Legislatura hace un respetuoso exhorto a esa soberanía, a efecto de que se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos a Petróleos Mexicanos, específicamente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Guanajuato, para la construcción y puesta en operación de una nueva planta de azufre, la cual permitirá reducir las emisiones de bióxido de azufre a la atmósfera.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de noviembre de 2006.--- José Julio González Garza (rúbrica), Diputado Secretario; Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), Diputada Secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---H. Congreso del estado de Guanajuato.

Acuerdo

La LX Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Único. La LX Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos a Petróleos Mexicanos, específica mente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Gto, para la construcción y puesta en operación de una nueva planta de azufre, con capacidad de 160 ton/d, cuyo monto asciende a 385 millones de pesos, la cual permitirá reducir las emisiones de bióxido de azufre a la atmósfera, para mitigar sus impactos sobre la calidad del aire en Salamanca.

Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de noviembre de 2006.--- José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Diputado Presidente; José Julio González Garza (rúbrica), Diputado Secretario; Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), Diputada Secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---H. Congreso del estado de Guanajuato.

Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.--- Presente.

Los que suscribimos, diputada y diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente ante la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 146, fracción II, y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos, por su conducto, a la asamblea, la siguiente propuesta de punto de acuerdo para formular un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos a la entidad de la administración pública federal Petróleos Mexicanos, específicamente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Gto., para la construcción y puesta en operación de una nueva planta de azufre con capacidad de 160 ton/d;conforme a las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo cuarto del artículo 4, el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, principio sobre el que se asientan las bases de las acciones del Estado en sus tres ámbitos de competencia para elevar la calidad de vida de las personas.

En la ciudad de Salamanca, Gto., el deterioro de los elementos naturales que integran el ambiente ---aire, agua y suelo--- derivan de la contaminación generada principalmente por el desarrollo del sector económico industrial en la zona.

La armonía que debe prevalecer entre la naturaleza y el desarrollo social y humano se desvanece conforme pasa el tiempo. Los niveles de contaminación del aire en la ciudad de Salamanca, Gto., se incrementan progresivamente con precontingencias ambientales con duración de hasta 74 horas, es decir, tres días respirando la población salmantina más de 0.145 partes por millón de bióxido de azufre, siendo que el promedio diario, según la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA1 1993 «Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al bióxido de azufre (SO²). Valor normado para la concentración de bióxido de azufre (SO²) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población», es de 0.130 partes por millón en 24 horas, una vez al año. Estos datos nos revelan la existencia de una emergencia ambiental y un problema de salud para la región que requieren una atención impostergable e inmediata de las autoridades de las tres esferas de gobierno.

Cabe destacar que los esfuerzos de las autoridades municipales, estatales y federales por controlar y reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, se han hecho presentes con la suscripción del Convenio de Coordinación y Concentración para la Ejecución del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, el 16 de abril del año 2004. En dicho convenio los gobiernos federal, estatal y municipal se comprometen a reducir las altas concentraciones de contaminantes atmosféricos prevalecientes en esa demarcación.

En dicho convenio participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el gobierno del estado de Guanajuato, autoridades municipales, así como la sociedad civil, por medio del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire en Salamanca. Su suscripción representó un importante logro en materia ambiental en la ciudad de Salamanca, que es ya considerada entre las más contaminadas del país.

A partir del Convenio se creó el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas del Municipio de Salamanca (Proaire), instrumento cuyo objeto es la reducción de emisiones contaminantes de las fuentes instaladas en ese municipio. Sin embargo, estas acciones han resultado insuficientes para detener las altas concentraciones que activan frecuentemente las precontingencias ambientales y que a octubre sumaban 22 en el año. Lo que nos indica que aunque la presencia de bióxido de azufre ha disminuido, las emisiones se encuentran fuera de los parámetros que fija Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993, lo que aumenta la posibilidad de que la población presente impactos negativos en su salud, cada día que se esté fuera de la norma.

Ante tal problemática el gobierno federal expidió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-148-SEMARNAT-2006, Contaminación Atmosférica-Refinerías de petróleo-Recuperación de azufre; publicada en el Diario Oficial de la Federación, primera sección, de fecha 3 de abril de 2006. Su objetivo es establecer las especificaciones y requisitos para el proceso de recuperación de azufre de las corrientes de gas amargo de las refinerías de petróleo, a fin de reducir las emisiones de bióxido de azufre (SO²) para mitigar sus impactos sobre la calidad del aire, la salud de las personas y los ecosistemas. Su aplicación es de observancia obligatoria para los responsables de las refinerías de petróleos ubicadas en Salamanca, Guanajuato y en Tula de Allende, Hidalgo.

La diputada y los diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente, coincidimos en que la creación de normativa no es la solución al problema. Para detener la contaminación del aire en Salamanca, las empresas paraestatales ubicadas en el municipio, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, cuyas instalaciones generan 99 por ciento de la contaminación de bióxido de azufre, principal contaminante del aire, reduzcan sus emisiones de S02 a través de la disminución del uso de combustóleo y las mezclas con gas natural. Ya que, cabe mencionar, durante el año de 2005 la utilización de estas sustancias generó la emisión a la atmósfera de 25 mil 202.53 toneladas de bióxido de azufre.

Ante tales cifras alarmantes, consideramos que la acción estratégica para mejorar la calidad del aire en Salamanca es la inversión de recursos en tecnologías limpias que permitan mayor eficiencia en la combustión y control de emisiones en la termoeléctrica y en la refinería. Estos recursos ascienden a 360 millones de dólares, según datos proporcionados por Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, para la realización de diversos proyectos a corto y largo plazos, todos ellos encaminados a la protección del medio ambiente en Salamanca, Guanajuato, lo cual nos indica que estos proyectos de inversión tendrán repercusión durante varios ejercicios presupuestales.

Sin embargo, ante la emergencia ambiental y sanitaria que vive la población de Salamanca, solicitamos de manera urgente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que apruebe, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la asignación de recursos a Petróleos Mexicanos para la ejecución del proyecto denominado Construcción y puesta en operación de una nueva planta de azufre con capacidad de 160 ton/d, cuyo costo asciende a 385 millones de pesos.

Este proyecto a corto plazo se propone con la finalidad de dar cumplimiento a los parámetros ambientales al sustituir una planta obsoleta que no cumple la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-148-SEMARNAT-2006. La nueva planta permitirá la recuperación de azufre de la refinería, con la consecuente reducción de emisiones de bióxido de azufre a la atmósfera, lo que contribuirá a mejorar la calidad del aire en Salamanca.

Con esta inversión se concretaría una de las acciones a corto plazo para el mejoramiento de la calidad del aire en Salamanca, lo que representaría un logro trascendental en la problemática ambiental que aqueja a dicho municipio, ya de por sí compleja, con la presencia además de pasivos ambientales a cielo abierto y sus consecuencias contaminantes al suelo, aire y agua.

La diputada y diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente de la LX Legislatura del Congreso de Guanajuato, atendiendo a la importancia y urgencia del asunto que planteamos, solicitamos que su discusión sea declarada de obvia resolución, con fundamento en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Por las anteriores consideraciones, sometemos a la aprobación de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La LX Legislatura del Congreso de Guanajuato exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos a Petróleos Mexicanos, específicamente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Guanajuato, para la construcción y puesta en operación de una nueva planta de azufre, con capacidad de 160 ton/d, cuyo monto asciende a 385 millones de pesos, la cual permitirá reducir las emisiones de bióxido de azufre a la atmósfera, para mitigar sus impactos sobre la calidad del aire en dicho municipio.

Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de noviembre de 2006.--- La Comisión de Medio Ambiente, diputados: Luis Alberto Camarena Rougón (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Antonio Ramírez Vallejo (rúbrica), Rosario del Carmen de la Vega Mayagoitia (rúbrica), José Medina Miranda (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta LVII Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1808/06, del que le adjunto copia, en el que se solicita que en el momento que analicen el Presupuesto de Egresos de 2007 se tomen en cuenta los beneficios de la construcción del tramo carretero que se cita en el acuerdo legislativo de referencia y, en su caso, se apruebe la partida presupuestal que lo financia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 28 de noviembre de 2006.--- Maestro Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario general del Congreso del Estado de Jalisco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

La que suscribe, diputada María Joann Novoa Mossberger, con base en la facultad que confiere el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado, y de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 147, 150 y 152, somete a la consideración de este honorable Congreso la iniciativa de acuerdo legislativo, para lo cual se presentan las siguientes

Consideraciones

I. El desarrollo de las comunicaciones no sólo es un factor que acerca a las familias jaliscienses, sino que constituye también un detonador de desarrollo y progreso que reporta beneficios para las comunicadas. El comercio, el turismo y los intercambios culturales entre los pueblos, y en general el crecimiento del bienestar en las zonas más marginadas, está siempre ligado a la infraestructura de comunicaciones con que se cuenta. Particularmente los caminos y las carreteras que conectan a los municipios son medios de comunicación que siempre llevan aparejado un incremento en el desarrollo económico de las zonas que enlazan.

II. En este sentido, tenemos que los estados de Colima y Jalisco comparten un proyecto de comunicación carretera que será de gran beneficio para comunidades de ambas entidades federativas, se trata del proyecto Llano en Llamas, que es un eje carretero transvolcánico que uniría a Manzanillo, Colima con Tapalpa, Jalisco. Nos referimos a un tramo carretero de 24.7 kilómetros, entre Platanarillos, que es cruce con El Sauz y Rastrojitos, en el municipio de Minatitlán, Colima, hasta el puerto de Toxín, en el municipio de Tolimán, Jalisco, el cual detonará el desarrollo en la región, reactivando la actividad agropecuaria en esta área de alta marginación y constituyendo una ruta más corta a la costa del Pacífico Sur.

III. Este tramo carretero formaría parte fundamental del corredor turístico Manzanillo-Cerro Grande y Minatitlán, Sierra de Manantlán y Sierra de Tapalpa, por lo que será inmediata el alza en el flujo turístico y en la derrama económica que ello representa, además de promover la integración cultural, educativa, deportiva, social y económica de estos pueblos de Jalisco con los municipios de Minatitlán y Manzanillo, Colima.

Es por ello que la que suscribe somete a la consideración de este honorable Congreso el siguiente punto de

Acuerdo Legislativo

Primero.Envíese atento y respetuoso oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se incluya en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, dentro del Programa de Caminos Rurales, una partida que solvente la construcción del tramo carretero que se describe en el cuerpo del presente acuerdo, considerando para tal una anchura de siete metros.

Segundo. Envíese atento y respetuoso oficio a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a los diputados presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones del mismo cuerpo legislativo, para que en el momento que analicen el presupuesto de 2007 tomen en cuenta los beneficios de la construcción del tramo carretero que citamos, y en su caso, aprueben la partida presupuestal que lo financie.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2006.--- Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo.--- Congreso del estado.--- Michoacán de Ocampo.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva se la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento de lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, se remite el acuerdo aprobado por la LXX Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, por el cual entre otros, se exhorta a esa Cámara, al igual que a la de Senadores del Congreso de la Unión, para que en el siguiente ejercicio del año fiscal de 2007 se otorgue una partida presupuestaria especial al Instituto Federal Electoral, a fin de poder darle continuidad a la existencia y trabajos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del Consejo General del propio instituto.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2006.--- La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, diputados: Mauricio Montoya Manzo, presidente; Martín Godoy Sánchez, Julián Rodríguez Sesmas, Reginaldo Sandoval Flores, secretarios (rúbricas).»

«Escudo.--- Congreso del estado.--- Michoacán de Ocampo.

El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Primero. Que la LXX Legislatura del honorable Congreso del estado de Michoacán de Ocampo exhorta respetuosamente a las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para que en el siguiente ejercicio del año fiscal de 2007 se otorgue una partida presupuestaria especial para el Instituto Federal Electoral, a fin de poder darle continuidad a la existencia y trabajos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del Consejo General del propio instituto.

Segundo. Que la LXX Legislatura del honorable Congreso del estado de Michoacán de Ocampo exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a fin de que, a través de la aprobación de un previo acuerdo al interior de su Consejo General, permita la continuidad de los trabajos y funciones correspondientes a la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como a la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del Consejo General.

Tercero. Que se comunique el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal, a las cámaras del honorable Congreso de la Unión, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, al titular del Poder Ejecutivo estatal, así como a las demás legislaturas locales de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 30 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputados: Mauricio Montoya Manzo, presidente; Martín Godoy Sánchez, Julián Rodríguez Sesmas, Reginaldo Sandoval Flores, secretarios (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.--- Morelia.

CC. Diputados Integrantes del Pleno del Congreso del Estado

Jesús Martínez Saldaña, Genaro Guizar Valencia, Benigno Quezada Naranjo, Gustavo Orozco Zepeda y Salvador Ortiz García diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Septuagésima Legislatura del H. Congreso del estado, en ejercicio de las atribuciones que les son conferidas por los artículos 10 fracción I, 56 fracción XXI, 64 P y 118 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo; presentamos a consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo.

Antecedentes

Que como es sabido, es a partir del 22 de agosto de 1996 en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para su posterior entrada en vigencia, la reforma constitucional al artículo 36 de nuestra carta magna en la cual se dio paso para que los mexicanos que fueran titulares del derecho y de la obligación de votar, lo hicieran con independencia del lugar en donde se encontraran el día de los comicios, eliminando así con ello el candado territorial que anteriormente existía para poder ejercer el derecho al sufragio.

Que en 1998 y en atención al cumplimento de lo que señalaba el régimen transitorio de la reforma constitucional, el Instituto Federal Electoral a través de su Consejo General celebro una sesión ordinaria en la cual se acordó designar una Comisión de Especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral a fin de realizar estudios conducentes con el propósito de estudiar las modalidades para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer el derecho al sufragio en las elecciones federales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Que de igual manera, en el mes de noviembre de 1998 la Comisión de Especialistas en mención, hizo entrega de su informe final en el cual concluyo a dar paso a la viabilidad técnica para llevar a cabo posiblemente la elección para Presidente de la República con la participación de ciudadanos mexicanos radicados allende la frontera, para cuyo caso se tomaron a consideración diversas modalidades de votación. Anexamente, el propio Instituto Federal Electoral llevo a cabo sucesivamente una serie de actividades relacionados con el tema, incluyendo un foro internacional, una conferencia trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, así como publicaciones en materia y estudios de legislación comparada.

Que posteriormente, en sesión de Pleno de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de fecha 28 de junio de 2005, se aprobó un proyecto de decreto que fuera elaborado por el Senado de la República en el que se propuso reformar y adicionar diversas disposiciones relativas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de regular e instrumentar por primera vez en la historia política de nuestra país el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Subsecuentemente, la reforma en mención fue promulgada por el Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de junio de 2005, con lo cual entró legalmente en vigor el 1 de julio del mismo año.

Que es en este contexto, que conforme a las facultades que constitucionalmente le son conferidas al Instituto Federal Electoral para la organización de las elecciones federales, así como de su propia regulación y funcionamiento del instituto a través de lo estipulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales y del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, en sesión del Consejo General del instituto de fecha 14 de julio de 2005, se presento y aprobó el acuerdo CG146/2005 mediante el cual se estableció la creación de la unidad técnica denominada Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del instituto, cuyo contenido del resolutivo fue el siguiente:

Primero.- Se crea la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero como unidad técnica especializada, de carácter temporal, adscrita a la Secretaría Ejecutiva.

Segundo.- La Coordinación del Voto de los Mexicanos residentes en el Extranjero se instalará durante el primer semestre del año previo inmediato al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y concluirá su funcionamiento en el mes de diciembre del año que sea celebrada tal elección. La unidad técnica tendrá las siguientes funciones:

A) Planear las actividades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero a nivel institucional.

B) Supervisar las actividades relativas a los trámites regístrales.

C) Supervisar las tareas de promoción y difusión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

D) Supervisar las actividades relacionadas con la producción y resguardo de documentación y materiales electorales.

E) Supervisar las actividades relacionadas con el envío y recepción de documentación y materiales electorales.

F) Supervisar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de residentes en el extranjero.

G) Ejecutar, previo acuerdo de la Presidencia del Consejo, las tareas de vinculación con entidades públicas y privadas relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

H) Apoyar a la Presidencia del Consejo en la planeación, desarrollo y ejecución de los programas de acercamiento, información y encuentros de intercambio informativo con la comunidad internacional relacionados con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

L) Elaborar y presentar ante los órganos del Instituto Federal los informes que le sean requeridos.

J) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia.

K) Las demás que le sean conferidas por acuerdo del Consejo General u otras disposiciones aplicables.

Tercero.- El titular de la Coordinación del Voto de los Mexicanos tendrá nivel de Director de Unidad Técnica; su designación compete al Consejo General a propuesta del Consejero Presidente.

Cuarto.- Durante el proceso electoral federal, el Secretario Ejecutivo rendirá informes mensuales al Consejo General de los trabajos y resultados de la unidad técnica que se crea en virtud de este Acuerdo, y un informe final posterior a la conclusión del proceso electoral federal que corresponda.

Quinto.- Para el desarrollo de sus funciones, las direcciones ejecutivas y las diversas unidades técnicas del Instituto brindarán a la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero la información y el apoyo que sea requerido por esta. Asimismo, la Coordinación brindara el apoyo que las referidas áreas del Instituto le soliciten en los asuntos de su competencia.

Sexto.- Previo a la instalación de la unidad técnica en los términos establecidos por el punto segundo del presente acuerdo, la Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario para establecer los instrumentos y procedimientos administrativos para la asignación de recursos humanos y materiales para el desarrollo de las atribuciones de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

Séptimo.- Se crea la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Conseja General del Instituto Federal Electoral, la cual funcionara durante el periodo señalado en el punto segundo del presente acuerdo.

Octavo.- La Comisión a que se refiere el punto anterior estará presidida por el Consejero Electoral Rodrigo Morales Manzanares, e integrada por los Consejeros Electorales Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcázar, Lourdes López Flores y Arturo Sánchez Gutiérrez, por los representantes de los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral que así lo soliciten y por los Consejeros del Poder Legislativo en los mismos términos. Los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo contaran con voz, pero sin voto.

El Coordinador de la unidad técnica fungirá como Secretario Técnico de la Comisión y participara en la misma con voz. La Secretaria Técnica hará del conocimiento de la Comisión los Informes y acuerdos que se presenten a la Junta General Ejecutiva y al Consejo General.

Noveno.- La Comisión sesionara por lo menos una vez al mes a partir del inicio del proceso electoral federal, tomara los acuerdos por mayoría de votos de los consejeros electorales que la integran, incluido su Presidente, y tendrá las siguientes funciones:

A) Elaborar el programa de trabajo.

B) Elaborar el informe de actividades.

C) Supervisar y dar seguimiento a las funciones y actividades de la unidad.

D) Presentar informes, dictámenes o proyectos de resolución al Consejo General.

E) Las demás que le confiera el Consejo General.

Décimo.- El presente acuerdo deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorios

Primero.- Para el proceso electoral federal 2005-2006 la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero iniciará sus funciones a partir de la aprobación del presente acuerdo.

Segundo.- A fin de dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el pasado 30 de junio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero presentará el programa de trabajo correspondiente a sus funciones a más tardar en el mes de septiembre de 2005.

Tercero.- Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, en ocasión del proceso electoral 2005-2006, en un plazo de treinta días a partir de la aprobación del presente acuerdo, lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al punto sexto del mismo. En lo que respecta a los recursos humanos, se podrá adscribir temporalmente personal del Instituto a la unidad técnica, siempre que no desempeñe funciones sustantivas en el desarrollo del proceso electoral.

Cuarto.- El titular de la unidad técnica que se crea en virtud de este acuerdo, someterá a la aprobación de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral las estructuras orgánica y funcional que deba tener dicha unidad. Sobre las bases del presupuesto que se autorice para los años 2005 y 2006, bajo criterios de eficacia y transparencia.

Quinto.- Las transferencias presupuestales correspondientes se realizarán de conformidad con el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos para la autorización de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2005, de fecha 24 de febrero de 2005.

Que posteriormente a la aprobación del acuerdo citado por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del propio instituto se instalaron el 15 de agosto de 2005 a fin de dar paso a las facultades que les fueron conferidas.

Que de igual manera, en el marco de la organización de las actividades relativas al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, la legislatura de nuestro estado emitió un Punto de Acuerdo referente a dar difusión y promoción del voto en el extranjero; es por lo anterior, que la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de esta Septuagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presento y aprobó en Sesión de Pleno de fecha 3 de noviembre de 2006, un punto de acuerdo cuyo contenido resolutivo fue el siguiente:

Primero.- Este H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo realizara a partir de la aprobación del presente acuerdo, hasta el 15 de enero de 2006, todas las acciones que están dentro de sus posibilidades, para promover entre los migrantes michoacanos la difusión de información sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, así como la distribución del formato que el Instituto Federal Electoral ha elaborado para el ejercicio del voto en cita.

Segundo.- Se exhorta a los poderes Ejecutivo estatal y ayuntamientos municipales, a participar activamente en la difusión y promoción del voto migrante.

Tercero.- Se exhorta a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que tomen las mismas medidas en sus respectivas entidades.

Que es en este marco, que a partir de la serie de reformas legales que se llevaron a cabo en nuestro país a fin de contextualizar la figura del voto de los mexicanos en el extranjero en nuestro estado de derecho, comenzaron a partir de la reforma constitucional del artículo 36 de nuestra carta magna, pasando posteriormente por las reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entraron en vigencia el 1 de julio de 2005, así como de la serie de acuerdos que se aprobaron al interior del Consejo General del Instituto Federal Electoral a fin de tomar las medidas necesarias en el marco de la organización del voto en el extranjero, lo cual ha conllevado la especial significación de que por primera vez en la historia política de nuestro país y particularmente en el proceso electoral de 2006 se ha hecho efectivo el derecho al voto para los ciudadanos mexicanos radicados allende las fronteras para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Que los diputados tienen el derecho de presentar iniciativa de propuesta de acuerdo y la Comisión de Asuntos Migratorios, es competente para conocer sobre los asuntos relativos a los migrantes, conforme a lo establecido en los artículos 10 fracción I y 64 P, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de acampo.

Que es por lo anteriormente expuesto, que exactamente el próximo día 30 de diciembre de 2006 se concluye con el ciclo temporal de funciones tanto de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero como de la propia Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del Instituto Federal Electoral; organismos que han operado a lo largo de dieciséis meses desde que se instalaron y entraron en funciones posteriormente a la aprobación del acuerdo CG146/2005 anteriormente citado.

Que es en este contexto, que este primer ejercicio democrático por parte de miles de nuestros connacionales adquirió una especial significación en el sentido de que no solamente se participo históricamente por primera vez dentro de los comicios federales de 2006 para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sino que también, la figura del voto en el extranjero trascendió a ser un reto en el marco de su organización, preparación y de su puesta en praxis por parte de las instituciones u organismos electorales mexicanos, lo cual ha dejado ya un importante precedente por la experiencia que se adquirió al sobrepasar la organización de una elección allende la frontera.

Que sin embargo y como lo señalamos en el segundo párrafo de las consideraciones del presente Punto de Acuerdo, tanto la unidad técnica como la comisión que se creo por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, concluirán su ciclo de trabajo el próximo 30 de diciembre en el marco de entregar en los próximos días su informe final de lo realizado al momento; no obstante es ante esta coyuntura, que por parte de legisladores, especialistas y académicos en la materia electoral se ha comenzado a proponer a que no se deben concluir con los trabajos realizados por parte de los organismos señalados sino darle una continuidad a los mismos.

Que es por lo anterior, que la necesidad de darle esa continuidad a los trabajos relativos al voto en el extranjero al interior del propio instituto y a través de la unidad técnica y de la comisión del consejo general se deben dar en razón de las siguientes causales: 1) por el reconocimiento a un universo mayor de posibles votantes potenciales, 2) para la orientación de las actividades del instituto, 3) por la razón del resultado obtenido en los comicios federales de 2005-2006 , 4) por la relación ya preestablecida con líderes, organizaciones y ciudadanos en el extranjero, 5) con el fin de llevar a cabo el primer análisis de este primer proceso extraterritorial, 6) por las posibles reformas electorales al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7) por la posible asesoría al interior de las diversas legislaturas estatales a fin de promover en sus leyes electorales el voto en el extranjero, 8) por la ampliación de convenios suscritos por el instituto en materia internacional, 9) por el carácter imprescindible de aprovechar la infraestructura el Instituto Federal Electoral y 10) respecto a la coordinación y articulación interna del instituto y su vinculación con el voto en el extranjero.

Que en el marco del reconocimiento a un universo mayor de posibles votantes potenciales, se da desde que con la entrada en vigor del Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el propio instituto ha reconocido que el status ciudadano de todos aquellos mexicanos mayores de 18 años, vivan dentro o fuera del territorio nacional; es por ello, que el instituto ha reconocido que su misión abarca también a los casi doce millones de ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero. De igual manera, la conclusión del proceso electoral 2005-2006 no justifica un cambio en el discurso. Una vez que el IFE ha reconocido que la comunidad política incluye también a quienes viven fuera del país, no puede dejar de lado a los migrantes. Tener una categoría de ciudadanos (los que viven en México) con atención permanente y otros (los que viven fuera del país) con atención sólo cuando hay procesos electorales rompe con los más elementales principios de universalidad y equidad.

Que de igual manera, en lo concerniente a la orientación de las actividades del instituto, el mismo ha mantenido actividades y programas permanentes que van más allá del proceso electoral, que van desde los programas de inscripción en el Registro Federal de Electores hasta los de educación cívica entre otros; teniendo estos una vigencia permanente que va procesos electorales. Es por ello que una vez reconocido el carácter ciudadano de aquellos ciudadanos que viven fuera del territorio nacional, los programas y actividades desarrollados por el IFE deben tener incidencia sobre los ciudadanos que viven en ambos lados de la frontera.

Que en lo que respecta al resultado obtenido en los comicios federales de 2005-2006, se da en el contexto de que de los más de doce millones de ciudadanos que, se estima, viven fuera de México, 40,876 se inscribieron en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) y 33,111 emitieron su voto. Ello ilustra no sólo la urgente necesidad de ampliar el universo potencial de votantes, sino también de impulsar políticas y programas que difundan el nuevo derecho, coadyuven a la creación de ciudadanía en el extranjero. Aún más, esos resultados evidencian que el periodo que tuvo el instituto para difundir el derecho y generar las condiciones para la inscripción en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero fue relativamente corto.

Que asimismo, por la relación ya preestablecida con líderes, organizaciones y ciudadanos en el extranjero, el proceso electoral 2005-2006 mostró cómo las actividades institucionales se pueden ver fortalecidas cuando éstas se desarrollan con la colaboración de líderes y organizaciones en el extranjero. 139 organizaciones de migrantes colaboraron con el IFE en la distribución de formatos de inscripción al LNERE, en la difusión del derecho y en la organización de actividades y eventos. Para ello, el IFE debió cultivar relaciones con actores (líderes migrantes, organizaciones y ciudadanos en el extranjero) que estaban fuera de su espectro. Es por lo anterior, que esta red de relaciones de colaboración no puede ser desatendida por el Instituto Federal Electoral. Por el contrario, las marchas recientes en EUA y las reuniones que han sostenido los migrantes han ilustrado que la agenda política de los mexicanos en el extranjero se mantiene vigente y que su capacidad organizativa permanece. El IFE no sólo debe mantener vigentes los lazos que creó con el exterior, sino que debe fortalecerlos.

Que en el marco de llevar a cabo el primer análisis de este primer proceso extraterritorial, para los estudiosos del tema y los encargados del diseño, evaluación y análisis de políticas públicas, la primera experiencia de voto en el extranjero constituye una importante fuente para el conocimiento de la dimensión política de los mexicanos en el extranjero, su vinculación con las instituciones, etc. Desde hace algunos meses y seguramente a lo largo de los próximos años, se deberán multiplicar los foros de discusión académica sobre el voto extraterritorial, las investigaciones en curso y la elaboración de propuestas que tiendan a fortalecer el proyecto. Es así que el instituto no sólo debe tener accesible la información requerida para estos análisis, sino que debe sumarse a los mismos y encabezar una reflexión colectiva sobre los alcances y limitaciones del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Que en lo que se refiere a las posibles reformas electorales al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se da en el contexto de que sin duda alguna la figura del voto en el extranjero se volverá ha aplicar en las futuras elecciones presidenciales y por ende se deberán llevar a cabo las reformas electorales correspondientes a fin de perfeccionar el procedimiento y subsanar las deficiencias del anterior ejercicio electoral, es por ello que se necesita de la experiencia ya adquirida por parte de la unidad técnica y de la comisión para llevar a cabo el trabajo de investigación en la materia a fin de desarrollar nuevas y mejores propuestas de reforma.

Que en lo concerniente a la posible asesoría al interior de las diversas legislaturas estatales a fin de promover en sus leyes electorales el voto en el extranjero, es necesario saber que tanto la unidad técnica como la comisión del Consejo General deben jugar un papel fundamental al asesorar y orientar a petición de las legislaturas de los estados, que han comenzado a desarrollar sus propios proyectos legislativos sobre el voto en el extranjero como en los casos de Jalisco, Monterrey y particularmente de Michoacán.

Que en la ampliación de convenios suscritos por el instituto en materia internacional, en el caso de que al menos en nuestro estado se ponga en práctica las reformas electorales correspondientes en materia para el próximo proceso electoral, sería de gran utilidad aprender de la manera en que el Instituto Federal Electoral y estos organismos celebraron convenios internacionales a fin de realizar de manera adecuada la organización del voto en el extranjero

Que de igual manera, ante la posible puesta en marcha del voto migrante en nuestra entidad federativa es necesario contar con el carácter imprescindible de la infraestructura el Instituto Federal Electoral, a fin de poder de llevar a cabo las actividades concernientes a la posible votación desde el extranjero.

Que finalmente en lo referente a la coordinación y articulación interna del instituto y su vinculación con el voto en el extranjero. El diseño institucional del Instituto Federal Electoral es previo al reconocimiento del voto de los mexicanos en el extranjero, por lo que sus esferas ejecutivas y de toma de decisiones no están orientadas originalmente al voto migrante. De ahí que se requiere que el IFE mantenga un organismo especializado en voto de los mexicanos residentes que otorgue articulación a las políticas y programas que el a quienes viven fuera del territorio, mantenga la red de relaciones extraterritoriales e interinstitucionales del IFE y provea de información especializada en la materia.

Que por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 10 fracción I, 47 fracción I, 48, 49, 56 fracción XXI, 64 P y 118, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta de:

Acuerdo

Primero.- Que la LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, exhorta respetuosamente a las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en el siguiente ejercicio del año fiscal de 2007 se otorgue una partida presupuestaria especial al Instituto Federal Electoral a fin de poder darle continuidad a la existencia y trabajos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del propio instituto.

Segundo.-Que la LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a fin de que a través de la aprobación de un previo acuerdo al interior de su Consejo General, permita la continuidad de los trabajos y funciones correspondientes a la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero así como a la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General.

Tercero.-Que se comunique el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal, a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, al titular del Poder Ejecutivo estatal, así como a las demás Legislaturas locales de la Republica y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Atentamente

Palacio del Poder Legislativo a los treinta días del mes de noviembre de 2006.--- Comisión de Asuntos Migratorios: Dip. Jesús Martínez Saldaña (rúbrica), Dip. Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Dip. Salvador Ortiz García (rúbrica), Dip. Genero Guizar Valencia (rúbrica), Dip. Gustavo Orozco Zepeda.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito comunicar a usted que en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, y en cumplimiento de los artículos 59 y 60 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo la rendición de protesta constitucional correspondiente del licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, como jefe de gobierno del Distrito Federal para el periodo 2006-2012.

Lo anterior, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 5 de diciembre de 2006.--- Diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuosos planteamiento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se incluya la disposición clara y directa que disponga el ejercicio de recursos del Sistema de Protección Social en Salud que permita, de manera suficiente, la continuación del proceso de regularización de la situación laboral de sus trabajadores contratados por honorarios.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal comunica a los honorables congresos de los estados de la federación esta proposición, y los invita a que, en el ámbito de sus facultades legales, hagan manifiesta su petición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de incrementar los recursos a la salud, vía las ministraciones presupuestales del Sistema de Protección Social en Salud, a fin de que pueda contar con recursos para regularización laboral de los trabajadores de la salud en sus respectivas entidades.

Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal integra una comisión plural con representación de todos los grupos parlamentarios que deberá ponerse en contacto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para darle a conocer, de manera detallada, los fundamentos de este punto de acuerdo.

Sírvase encontrar anexa al presente copia de la propuesta con punto de acuerdo para los efectos legislativos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado José Antonio Zepeda Segura (rúbrica), Presidente.»

«Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta el diputado Marco Antonio García Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realice un respetuoso planteamiento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se incluya una disposición expresa, similar a la contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, relacionada a la atención del rezago laboral del Sistema de Protección Social en Salud en todo el país, así como a los honorables Congresos de los Estados de la Federación para que, en el ejercicio de sus propias facultades legales, se sumen a este exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 11, 13 fracción II, 17 fracción VI y 18 fracción VII de la Ley Orgánica de el Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 92 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, somete a la consideración de este H. órgano legislativo del Distrito Federal la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se incluya una disposición expresa, similar a la contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, relacionada a la atención del rezago laboral del Sistema de Protección Social en Salud en todo el país, así como a los honorables Congresos de los estados de la Federación para que, en el ejercicio de sus propias facultades legales, se sumen a este exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación es la manifestación numérica del cumplimiento de las obligaciones legales de los poderes públicos federales, así como de los acuerdos y compromisos con las entidades federativas y con los diversos sectores sociales, en el que además se establecen los lineamientos y principios fundamentales del ejercicio de los recursos públicos federales.

Que una parte sustantiva del Presupuesto de Egresos de la Federación lo constituyen los diversos artículos y enunciados que manifiestan todo lo relacionado al gasto en salud, tanto de forma directa a través de la Secretaría de Salud, ramo 12, como de los recursos que son federalizados y transferidos a las entidades federativas, principalmente a través del FASSA Ramo 33, así como recientemente los recursos asignados al Sistema de Protección Social en Salud, cuyos fondos mayoritariamente también son derivados a las entidades federativas para su ejercicio.

Que la Ley General de Salud es la norma directamente reglamentaria de la Constitución General de la República en materia del derecho a protección de la salud, postulado en su artículo 4°, cuyo contenido es de aplicación obligatoria en toda la República, incluyendo por supuesto a la capital de la República, siendo sus disposiciones de orden público e interés social, en la que además se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Que en el año de 2003 los legisladores de todos los partidos políticos con representación en el H. Congreso de la Unión aprobaron de manera unánime diversas reformas y adiciones a la Ley General de Salud é1 través de las cuales se creó el Sistema de Protección Social en Salud como un mecanismo por el cual el Estado mexicano "garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención".

Que el sistema en mención es un mandato de ley, que implica para el gobierno de la federación y los gobiernos de las entidades integrantes, un ejercicio compartido de tareas y atribuciones que brinda alternativas novedosas para la atención de la salud de las personas.

Que por lo que significa el despliegue de este nuevo esquema para la atención, el Sistema de Protección Social en Salud representa para las entidades federativas un mecanismo financiero, cuya observancia en sus objetivos y plazos se traduce en el ingreso de recursos adicionales para la atención médica de su población.

Que desde 2004 el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye disposiciones específicas de montos y de formas de gasto relacionados al Sistema de Protección Social en Salud.

Que la aplicación de este vehículo financiero en la operación de los servicios de salud de todas las entidades federativas ha generado un incremento adicional sustantivo y sostenido en las cargas de trabajo que tienen los recursos humanos a cargo de la atención de la población usuaria, lo cual ha traído como consecuencia la necesidad de con tratar personas adicionales que permitan enfrentar esas nuevas cargas de trabajo.

Que de cualquier forma, el número de consultas, cirugías y tratamientos, que atienden los trabajadores del sector salud se han venido incrementando particularmente a partir de los últimos 20 años, derivado de los nuevos perfiles de morbimortalidad de la población mexicana, porque trae como consecuencia una mayor presencia de las personas en todos los centros y las unidades de atención médica especialmente en cuanto se refiere a la atención de las enfermedades y padecimientos crónico-degenerativos, que son los que predominan en la situación sanitaria real de México.

Que, sin embargo, la contratación de ese personal se ha venido dando de forma irregular al margen de las disposiciones laborales y de seguridad social, porque han venido signándose contratos de honorarios, particularmente, lo que impide otorgarles a esos trabajadores la estabilidad laboral y la seguridad social a la que tienen derecho por la naturaleza y fines de las funciones que realizan.

Que esta situación plantea un asunto que puede traer consigo consecuencias graves para la operación de los servicios de :Salud, así como problemas de naturaleza jurídica y administrativa, en el que queda latente el riesgo de que las unidades de atención médica queden sin el personal suficiente para atender a la población usuaria, tal y como ha venido siendo denunciado en los medios de comunicación, así como revelado en diversas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, siendo la más reciente la número 13/2006, dada a conocer el 1 de noviembre del presente, en la cual ha quedado constancia que en algunos centros hospitalarios de la capital de la República no cuentan con los suficientes recursos humanos para la atención, como pueden ser especialistas en ginecoobstetricia o anestesiología.

Que para atender esta problemática que se presenta en todo el país, se ha venido realizando un ejercicio de conciliación y compromiso entre la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud federal, de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud y de los gobiernos de las entidades federativas, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, para avanzar en su resolución, estableciendo diversas medidas laborales graduales de corresponsabilidad que se han plasmado en las referencias normativas del funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud.

Que por lo mismo, derivado de los argumentos articulados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que fueron aceptados por legisladores federales de todo el país, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de Salud federal y por los gobiernos de las entidades federativas, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 estableció en el artículo décimo séptimo transitorio que ``en el convenio para la operación del Sistema de Protección Social en Salud que se firme entre la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y del Distrito Federal, deberá quedar establecido que el 15 por ciento de los recursos que se transfieran a las entidades federativas será utilizado para regularizar la situación laboral de los trabajadores contratados por honorarios''.

Que con la asignación de estos recursos ha podido ofrecerse una base inicial para atender esta situación laboral, pero que de ninguna manera sienta una respuesta definitiva porque las dimensiones del problema requieren la asignación permanente de recursos presupuestales federales, a fin de otorgarle certidumbre hacia el futuro, al funcionamiento correcto del Sistema de Protección Social en Salud e impedir que sus objetivos sean suspendidos o cancelados por la insuficiencia de los elementos mas importantes de la atención médica, como son los recursos humanos.

Que es una demanda prioritaria de todo el país incrementar los recursos para la salud porque representa la salvaguarda de la integridad física y mental de las personas, porque es el elemento indispensable que requieren para que puedan realizar sus actividades particulares y productivas, particularmente tomando en cuenta los delicados riesgos y problemas sanitarios tanto de índole local como provenientes de la interrelación mundial que tiene México y particularmente el Distrito Federal.

Que particularmente, la atención médica en el Distrito Federal, como en el resto del país, implica la existencia suficiente de recursos humanos profesionales y especializados para poder hacer frente al desafío que significa la salvaguarda y el fomento de la salud de una población con una demanda de servicios creciente, sostenida, compleja, especializada y oportuna de servicios médicos.

Que precisamente en la capital de la República es donde se están presentando muchas de las manifestaciones de la transición epidemiológica del país, en donde las enfermedades del corazón, cerebrovasculares, de la mente, de transmisión sexual, la diabetes, los cánceres, los accidentes y las adicciones, tienen un peso enorme y creciente en los servicios médicos porque exigen atención permanente, costosa, especializada y de largo plazo.

Que la población ha venido adquiriendo una mayor conciencia de lo que significa su calidad de ciudadanía, lo que implica un ejercicio más exigente de sus derechos y de los mecanismos a su alcance para hacerlas valer, lo que en materia de servicios de salud significa el hecho de que cuenten en tiempo y forma con todos los insumos y recursos necesarios para la atención, de entre los que destaca en primer lugar, por supuesto, los recursos humanos.

Que al impulsar medidas como las que tiene como propósito este planteamiento, el Distrito Federal, como los estados de la Federación, puede contar con recursos adicionales para mejorar la oferta y las condiciones de la atención médica, particularmente en materia de la disposición adicional de recursos humanos para la salud, tan necesaria y urgente, como es evidente y de conocimiento público, con pleno respeto a las decisiones y programas de sus órganos de gobierno, pero sumando las aportaciones de otras autoridades que comparten responsabilidades y tareas en el territorio de la ciudad, como resulta en este caso lo relacionado al Sistema de Protección Social en Salud.

Que por ello, en estos momentos en los cuales se ha recibido ya el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 por parte del Ejecutivo federal y se encuentra en la etapa de análisis, acuerdos y definiciones, se hace necesario que en el ejercicio de sus responsabilidades políticas y. de coadyuvancia legislativa las legislaturas locales, particularmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hagan los planteamientos a los órganos legislativos federales correspondientes, en este caso particular a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que en el cuerpo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se establezca una disposición tácita, similar a lo establecido en la misma norma presupuestal pero para 2006, para que se continúe con el proceso de regularización de los trabajadores del Sistema de Protección Social en Salud que indebidamente laboran sin contar con la estabilidad y la seguridad social a la que tienen derecho.

Por lo que, en consecuencia se propone el siguiente

Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución

Primero.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso planteamiento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se incluya la disposición clara y directa que disponga el ejercicio de recursos del Sistema de Protección Social en Salud que permita de manera suficiente la continuación del proceso de regularización de la situación laboral de sus trabajadores contratados por honorarios.

Segundo.-La Asamblea Legislativa del Distrito Federal comunica a los honorables Congresos de los estados de la Federación esta proposición y los invita a que, en el ámbito de sus facultades legales, hagan manifiesta su petición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de incrementar los recursos a la salud vía las ministraciones presupuestales del Sistema de Protección Social en Salud, a fin de que puedan contar con recursos para la regularización laboral de los trabajadores de la salud en sus respectivas entidades.

Tercero.-La Asamblea Legislativa del Distrito Federal integra una Comisión Plural con representación de todos los grupos parlamentarios que deberá ponerse en contacto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para darle a conocer de manera detallada los fundamentos de este punto de acuerdo.

Atentamente.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2006.--- Dip. Marco Antonio García Ayala (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sesión citada, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta Asamblea Legislativa exhorta a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que asigne mayor presupuesto al rubro de educación en todos los niveles escolares, a fin de responder a los rezagos y necesidades educativas del Distrito Federal.

Sírvase encontrar anexa al presente copia del acuerdo en comento, para los efectos legislativos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado José Antonio Zepeda Segura (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.--- Comisión de Educación

Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar a la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que asigne el mayor presupuesto al rubro de educación en todos los niveles escolares con el fin de responder a los rezagos y necesidades educativas del distrito federal

Los suscritos integrantes de la Comisión de Educación de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV legislatura y con fundamento en el artículo 122, párrafo primero y segundo, base primera, fracción V, incisos g), h) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracciones XVI y XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con ponto de acuerdo de obvia y urgente resolución, haciendo de manifiesto la siguiente:

Exposición de Motivos

Considerando que la Ciudad de México tiene dos millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos trece alumnos registrados al inicio del ciclo escolar 2005/2006, de acuerdo a las cifras del sistema nacional de información educativa de la Secretaria de Educación Pública, lo que implica que por lo menos !a cuarta parte de la población es estudiante.

Que por su estatuto jurídico como sede de los poderes federales, la Ciudad de México es la única entidad del país que carece de facultades para administrar directamente su sistema educativo local en todos los niveles.

Que para los estudiantes y docentes del sistema educativo del Distrito Federal es notorio que existen carencias y deficiencias en infraestructura, mantenimiento de instalaciones, equipamiento básico y tecnológico que afecta su desempeño académico.

Que en la Ciudad de México se carecen de programas de profesionalización y actualización de docentes, concentrándose en .particular su carencia en el nivel medio superior.

Que el Distrito Federal ha asignado un presupuesto de 4,118'946,868.00 pesos (cuatro mil ciento dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) directamente a programas educativos, apoyos a estudiantes y operación de las escuelas dependientes del Instituto de Educación Media Superior y Universidad de la Ciudad de México, y a pesar de que es un monto importante no es suficiente.

Que en el Distrito Federal en las ultimas décadas se ha incrementado la problemática de la drogadicción, alcoholismo, prostitución y la delincuencia, derivando con ello el abandono escolar principalmente a partir del nivel medio y medio superior, lo cual requiere de una especial atención para poder ser contrarestado; siendo la forma mas natural de hacerla a través de los programas de educación deportiva y artística.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.-Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar a la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que asigne el mayor presupuesto al rubro de educación en todos los niveles escolares con el fin de responder a los rezagos y necesidades educativas del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de noviembre del 2006.--- Dip. Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), PRD, Presidente; Dip. Xiuh Guillermo Tenorio Antiga (rúbrica), Panal, Vicepresidente; Dip. José Antonio Zepeda Segura (rúbrica), PAN, Secretario; Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (rúbrica), PRI, Integrante; Dip. Gloria Isabel Cañizo Cuevas (rúbrica), Panal, Integrante; Dip. Juan Carlos Beltrán Cordero (rúbrica), PRD, Integrante; Dip. Balfre Vargas Cortés (rúbrica), PRD, Integrante.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.»

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en noviembre de 2006.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Licenciado Enrique Lavín Vélez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-6-144, signado el 26 de octubre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CGD/444/ 2006, suscrito el 8 de noviembre último por el ciudadano René Bolio Halloran, coordinador general de Delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a los órganos legislativos y ejecutivos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de la república a prever y asignar recursos públicos suficientes y oportunos para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en sus respectivos ámbitos de competencia.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Por instrucciones del ingeniero José Luis Luege Tamargo, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, doy respuesta a su oficio SEL/300/5097/06, recibido en la oficina del secretario el 1 de noviembre, sobre el punto de acuerdo aprobado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, referente a que se prevea y asignen recursos públicos suficientes y oportunos para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental.

Al respecto le comento que los delegados federales de la Semarnat tienen instrucciones precisas para asignar recursos públicos con la finalidad de atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en cada uno de sus estados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

8 de noviembre de 2006.--- René Bolio Halloran (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Álvaro Cisneros Herrera

Puesto: Empleado del Departamento de Visas

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: César Horacio López González

Puesto: Asistente administrativo

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre:José Manuel Pimentel Peralta

Puesto:Mecánico en mantenimiento

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación de permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al gobierno de Estados Unidos de América.

Nombre:Susana Guadalupe González Escobedo

Puesto:Empleada

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.Nombre: José Alonso Godoy

Puesto: Asistente consular

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 4 de diciembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación; por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos adicionales a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.--- Presente.

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos adicionales por mil 173 millones 204 mil pesos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a fin de cubrir los rezagos en las prestaciones económicas, así como de la demanda en la matricula y cobertura estudiantil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho humano fundamental que abre el camino de los individuos al desarrollo integral y la cultura en sus diversas manifestaciones; una sociedad educada ejerce una mayor participación social y ciudadana y al mismo tiempo tiene mayores posibilidades de insertarse remuneradamente en la vida productiva del país. De hecho, uno de los ideales fundamentales de las sociedades modernas y democráticas es alcanzar la educación universal.

Es precisamente en este contexto en que la educación, junto con otros elementos del bienestar individual como salud, niveles de nutrición, entre otros, se constituye como uno de los principales factores que incrementan sustancialmente el crecimiento económico de un país, ya que al invertir en el sector educativo se cuenta con capital humano calificado, lo que significa una ventaja competitiva a nivel internacional. Luego entonces, la educación tiene un impacto insoslayable en la estructura socioeconómica de cualquier país.

No obstante los diversos caminos que abre la educación, los gobiernos no invierten debidamente en este rubro, pese a que tienen la obligación de proporcionar educación con calidad y garantizar el acceso a ella en igualdad de condiciones. Más aún, ignoran las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO que señalan que se debe destinar por lo menos el 8 por ciento del producto interno bruto a la educación.

En México, el sector educativo se encuentra en una situación de extrema precariedad; no existe infraestructura adecuada y suficiente, la cobertura es limitada, la demanda se incrementa exponencialmente y la planta docente no está debidamente capacitada y mucho menos bien remunerada. En pocas palabras, en nuestro país se imparte educación la baja calidad y alcances deficientes.

Una de las causas fundamentales de ello es la raquítica y sesgada asignación de recursos públicos. Si bien es cierto que en los últimos años se ha registrado un incremento en el rubro de educación básica, la media y superior ha sido relegada, situación que se agrava en la entidades federativas, sobre todo las del sur el país.

Pese a la adversidad del panorama educativo y económico de México, las universidades públicas siguen siendo la única opción para que millones de jóvenes puedan acceder de manera gratuita a la educación y a la posibilidad de obtener, con menor dificultad, un empleo remunerado.

Tal es el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que en los últimos meses fue flanqueada por los acontecimientos lamentables que envuelven al estado, y que pese a ello reabrió sus puertas para continuar con su encomiable labor educativa.

La situación financiera de la universidad es preocupante, ya que pese a que es la institución que alberga a la mayoría de la matrícula universitaria en la entidad, los recursos con que cuenta son insuficientes para dar cobertura a la demanda en el incremento de la matrícula; hacer frente a los gasto de operación y contractuales como el pago de nómina, prestaciones, y de seguridad social; entre otros. Mas grave resulta que para el próximo año la universidad registrará una demanda de aproximadamente 34 mil 506 alumnos, que no podrá ser cubierta si se asigna un presupuesto similar al del año 2006 que fue de 395 millones 103 mil 876 pesos.

Del 2003 a la fecha, la universidad ha recibido incrementos limitados en los subsidios federales y estatales, motivo por el cual se han originado déficit considerable en los ejercicios presupuestales, sobre todo en 2004, 2005 y 2006, por cantidades que ascienden a 15 millones 649 mil 135, 38 millones 759 mil 331 y 105 millones 910 mil 352, respectivamente. Esta situación mantiene operando en números rojos a la Universidad.

Una de las principales erogaciones es la relativa al pago de nómina y prestaciones de seguridad social, teniendo por este concepto los siguiente porcentajes con relación a los ingresos obtenidos en 2005 y 2006.

Lo anterior nos indica que para cubrir los gastos de operación y demás que se consideran estrictamente indispensables para lograr la eficiencia y mejoramiento en la calidad de los servicios educativos, la universidad tiene un margen presupuestal muy reducido.

Además, es importante resaltar que no se cuenta con un fondo de pensiones y jubilaciones que le permita afrontar esa contingencia, poniendo a la universidad en peligro de banca rota, ya que para este año se prevé la erogación de 44 millones 81 mil 948 pesos, y para 2007 por un monto de 14 millones 762 mil 52 pesos.

Es importante hacer énfasis en que conforme a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el costo anual promedio por alumno a nivel nacional asciende a 34 mil pesos; sin embargo, el costo actual por alumno que presupuestó la UABJO para 2006 asciende a 11 mil 252 pesos, que constituyen la cifra más baja, presupuestalmente hablando, en todo el país.

La universidad no puede seguir operando con este esquema de sobrevivencia que va en detrimento de los servicios educativos y las condiciones de enseñaza del alumnado. Sobre todo si tomamos en cuenta que la educación constituye el principal vehículo para aminorar la desigualdad social y que contribuye en gran medida en el crecimiento económico del país, y que Oaxaca es uno de lo estados que registra los más altos índices de marginación, pobreza extrema y atraso educativo y cultural en todo el país.

En virtud de ello, y evocando el principio de que todos los mexicanos tenemos el derecho constitucional a acceder a la educación en igualdad de condiciones, para que la UABJO esté en condiciones de cubrir la demanda de matrícula prevista para 2007, que asciende a 34 mil 506 alumnos, se requiere un presupuesto minino de mil 173 millones 204 mil pesos.

Sólo así la UABJO podrá continuar intensificado los alcances de su misión, que es formar profesionales de calidad comprometidos con su entorno y dispuestos a contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del estado de Oaxaca, y seguir innovando en el empleo de estrategias educativas y programas de investigación y extensión, que respondan a los retos educativos actuales.

Además de ampliar la oferta en diversas ramas del conocimiento y la especialización científica y tecnológica, mediante nuevas licenciaturas y postgrados en modalidades presencial, abierta y virtual.

Además, de los programas de actualización para el personal docente y apoyo al arte como el Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, que fue inaugurado el pasado 24 de noviembre y que tiene como finalidad de formar y actualiza a 530 catedráticos de las diferentes escuelas, facultades e institutos de la UABJO, dotándolos de los nuevos modelos, enfoques y técnicas de aprendizaje, para dar contenido a la reforma educativa que se implementa en la institución.

Compañeras y compañeros senadores:

La prioridad del nuevo gobierno a lo largo de todo el sexenio deberá ser el mejoramiento de la calidad del sistema educativo, dando especial énfasis en la educación media y superior. Si México desea insertarse competitivamente en los mercados internacionales, deberá tomar en cuenta que la mano de obra barata es una ventaja comparativa circunstancial y de corto plazo, por lo que es necesario iniciar y consolidar una profunda transformación del sistema educativo, en que se priorice la orientación educativa que fomente la creación de individuos analíticos, creativos e innovadores. Esta sería la ventaja competitiva que garantizaría el crecimiento sostenido de largo plazo y el bienestar social. De otra manera, las generaciones actuales y futuras de mexicanos están condenadas al atraso, la marginación.

Invirtamos pues estratégica y planificadamente en la educación.

Por ello, pongo a consideración de la honorable Cámara de Diputados que asignen recursos suficientes en el rubro de educación media y superior en todo el país, y en particular para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para que pueda continuar siendo la puerta de miles de jóvenes oaxaqueños al progreso individual, y con ello contribuir decididamente en el desarrollo integral del estado y del país.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que considere en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos adicionales por un monto de mil 173 millones 204 mil pesos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a fin de cubrir los rezagos en las prestaciones económicas, así como de la demanda en la matricula y cobertura estudiantil.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó una propuesta con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos presupuestales suficientes a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.--- Presente.

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos presupuestales suficientes a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por ONU 1983, desarrollo sustentable se define como el ``desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades''.

El desarrollo sustentable implica un proceso integral basado en el crecimiento económico estrechamente vinculado con las esferas políticas, sociales, ambientales y de infraestructura; exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la consecución de un renovado marco institucional capaz de aprovechar las oportunidades para avanzar simultáneamente en estos cuatro ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en detrimento de otro. De esa manera se constituye un ``círculo virtuoso del desarrollo sustentable''.

Lograrlo no es tarea fácil, especialmente en regiones donde la superación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas son la principal prioridad. El desarrollo sustentable requiere de la administración eficiente de los recursos naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos disponibles, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población. Los gobiernos, por su parte, deben ejercer un adecuado manejo y aplicación de los recursos públicos para mejorar la gestión de las demandas poblacionales.

Por ello, en un esquema de sustentabilidad lo que cuenta no es el crecimiento macroeconómico o de la producción, sino la calidad de los servicios que se prestan.

Sólo alcanzado esa máxima se puede presumir de desarrollo humano, en donde la sociedad amplía las opciones de las personas y mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través del incremento de los bienes y servicios que cubran sus necesidades básicas y complementarias, y que al mismo tiempo se respeten los derechos humanos.

De acuerdo con el programa de la UNESCO Educando para un Futuro Sustentable, una sociedad sustentable será aquella en la cual se valore la justicia social y la paz; se protejan y utilicen racionalmente los recursos naturales; se procure el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos, y en donde la toma de decisiones se realice a través de medios justos y democráticos. La historia de nuestro país está plagada de luchas populares por conseguir esas metas.

Como es de todos conocido, el pueblo de Oaxaca se encuentra hoy inmerso en una situación de conflicto político y social cuya solución, lamentablemente, se vislumbra lejana. La intolerancia y cerrazón por parte de las autoridades estatales y una parte importante de los grupos en conflicto han provocado el enfrentamiento y encono social, debilitando con ello la posibilidad del diálogo y el consenso que conduzca al desenlace del conflicto y el restablecimiento de la normalidad en el estado.

La problemática oaxaqueña no debe ser vista como ajena y distante. Más aún, como sociedad tenemos el compromiso y la responsabilidad de buscar los caminos que conduzcan a una solución integral. Por ello, lo que hoy requiere el estado de manera urgente es contar con políticas públicas que le aseguren un desarrollo sustentable.

Debemos identificar las oportunidades y opciones que estén a nuestro alcance para poder contribuir en su desarrollo, pero con sustentabilidad, instrumentado apoyos reales que permitan derivar significativamente los obstáculos que evitan que el estado oaxaqueño alcance dicho progreso.

Una de las estrategias para enfrentar estos cambios corresponde a la adecuada y suficiente asignación, distribución, planificación y programación de recursos públicos que den respuesta cabal a los grandes problemas que azotan históricamente al estado, y con ello abatir el rezago social y de infraestructura que mantiene en aislamiento a las comunidades rurales e indígenas.

Sin embargo, es imperante que dichos recursos estén debidamente aplicados y sobretodo fiscalizados, ya que a pesar de que en los últimos gobiernos los recursos presupuestales asignados a Oaxaca han ido en ascenso, paradójicamente, sectores clave para el desarrollo, como son la infraestructura carretera, la hidráulica y urbana no han registrado avances significativos, provocando con ello el deterioro del bienestar colectivo y la mengua en la calidad de vida de los oaxaqueños, reforzando con ello el binomio tradicional de retraso social y marginación.

Por tanto, la prioridad de las autoridades gubernamentales debe ser el potencializar el desarrollo y crecimiento económico, social, y de infraestructura en cada uno de los municipios y comunidades que integran la entidad, poniendo especial énfasis en los sectores carretero, hidráulico y urbano, que son rubros considerados como puntales y estratégicos en el desarrollo y crecimiento regional y, en consecuencia, del estatal y nacional.

A continuación ofrecemos un breve diagnóstico de las condiciones que guardan estos rubros considerados como estratégicos para el desarrollo sustentable en el estado de Oaxaca.

Carreteras y caminos

El desarrollo integral de cualquier comunidad o centro poblacional requiere de una efectiva red de comunicaciones. Las carreteras y los caminos rurales significan no solo un rápido desplazamiento de mercancías, bienes y servicios que generan condiciones básicas para el desarrollo económico, sino también, el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo cultural al provocar la real inserción al ámbito regional, hecho que permite el acceso a los servicios necesarios e indispensables que requiere la población, tales como educación, salud, cultura, ciencia, deporte, recreación, entre otros.

La extensión carretera nacional es de aproximadamente 406 mil 429 kilómetros, distribuidos en 113 mil 590 pavimentados, 148 mil 636 revestidos y 164 mil 203 de terracería. Oaxaca cuenta con una infraestructura carretera de tan sólo 20 mil 193 kilómetros, que representan 5 por ciento de la red nacional, lo cual resulta insuficiente si se considera que ocupa el quinto lugar en extensión territorial a nivel nacional.

En todo el país, su red pavimentada representa tan sólo 4.2 por ciento; la red revestida significa 8.7 por ciento, y la red de terracería constituye solamente 1.5 por ciento, registrando únicamente la existencia de 2 mil 435.9 kilómetros.

La extensión territorial del estado es de 95 mil 364 kilómetros cuadrados, conformados por el 16 por ciento plano, 35 por ciento lomerío fuerte y 49 por ciento montañoso, lo que se traduce en que la red carretera y de caminos es insuficiente, dejando en consecuencia incomunicados a más de 30 mil localidades, sumiéndolas en el más inhumano de los retrasos y condenándolas al olvido.

La red troncal tiene 3 mil 156.1 kilómetros, integrada por vías de comunicación que conectan a las ciudades más importantes con los estados vecinos y con el resto del país. Lo que no ocurre con la red alimentadora que cuenta con una extensión de mil 654.5 kilómetros, permitiendo raquíticamente la comunicación intrarregional. Ambas presentan un estado físico de 50 por ciento regular, 26 por ciento malas condiciones y 24 por ciento en pésimas condiciones.

El foco rojo está en los caminos rurales, cuya función principal es la movilización social, y sólo cuentan con una longitud de 15 mil 382.4 kilómetros, de los cuales 30 por ciento se encuentra en condiciones regulares, 35 por ciento malas y de la parte restante ni siquiera se cuenta con registros efectivos de las condiciones en que se encuentra.

Es evidente entonces que las condiciones que presenta la red carretera y en Oaxaca van de regular a pésima. Aunado a ello, disponen de un deplorable diseño y planeación; sus escasos puentes son angostos e inoperantes debido a que su trazo fue basado en las brechas construidas con anterioridad. Esta situación se agrava en la red de caminos rurales, que en época de lluvias se vuelven intransitables, lo que amerita una atención prioritaria y la inyección de mayores recursos para cumplir con este propósito, si se pretende una real integración del territorio oaxaqueño.

Obras de importancia regional como la pavimentación de la vía Díaz Ordaz-Villa Alta, la supercarretera Oaxaca-Istmo, el tramo por terminar La Ventosa-Arriaga y así como la modernización de Salina Cruz-Huatulco y La Ventosa-Acayucan, representan una gran fortaleza para impulsar el desarrollo de actividades productivas del sector agropecuario, turístico e industrial. Cabe resaltar que las dos primeras están en proceso de construcción.

Uno de los factores que repercuten en el desarrollo del sector carretero es la limitación de recursos presupuestales tanto federales como estatales y la falta de planeación y liberación extemporánea de los recursos económicos.

Al año se requieren alrededor de mil 500 millones de pesos para atender la demanda existente y solo se autorizan en promedio 500 millones de pesos anuales, generando un déficit de mil millones de pesos; por lo que el rezago en esta materia es cada vez mayor.

Por tanto, es imperante que los recursos federales asignados para fortalecer y hacer eficiente la red carretera y de caminos de la entidad se concentren en modernizar y rescatar las carreteras estatales, haciendo especial énfasis en la construcción, mantenimiento, ampliación, conservación y/o reconstrucción de la red de carreteras troncales, caminos rurales, alimentadoras, y brechas que comunican a las regiones y localidades del estado.

Algunos proyectos carreteros que requieren especial atención y asignación presupuestal son los siguientes:

Agua potable, alcantarillado y saneamiento

Las precipitaciones en el país descargan en promedio mil 513 hectómetros cúbicos, de los cuales sólo 5.2 por ciento de lo precipitado escurre por los arroyos y ríos, arrojando la disponibilidad natural media de 475 kilómetros cúbicos de agua en todo el país.

Oaxaca representa 4.8 por ciento del territorio nacional, con una densidad demográfica de 95 mil 364 habitantes, cuenta con 37 regiones hidrológicas del total del país; sus escurrimientos alimentan a ocho regiones hidrológicas y 40 cuencas, las cuales drenan hacia las dos vertientes principales del país, la del Golfo de México y la del Océano Pacífico. Destacan por su importancia las Cuencas de la Costa Chica-Río Verde, Tehuantepec, Papaloapan, que en conjunto representan 70 por ciento del territorio estatal.

El estado de Oaxaca tiene precipitaciones promedio que van de 3 mil 300 milímetros, en la región de los Chimalapas, a precipitaciones bajas de 504 milímetros, en la región de la Mixteca. La precipitación media anual en el estado es de 1070 milímetros, con escurrimientos promedio anuales de 63 mil 719 milímetros cúbicos de agua y el volumen utilizado es tan sólo de 2.83 por ciento, que representa 1800 milímetros cúbicos, del cual el 58.7 por ciento es extraído para consumo de la población. De porcentaje tan solo se utiliza 18 por ciento para uso agrícola y 2 por ciento para consumo industrial.

Si la disponibilidad del agua en el sur-sureste de México es seis veces mayor respecto al resto del país, las coberturas de agua potable deberían ser por lo tanto, arriba del promedio nacional que es de 89.4 por ciento, pero la realidad es otra, Oaxaca está por debajo con una cobertura de 72.7 por ciento, Guerrero cuenta con el 70.3 por ciento y Chiapas con 77.5 por ciento.

Si analizamos los estados del norte, Baja California cuenta con una cobertura de 96.5 por ciento, Nuevo León y Zacatecas cuentan con 92.2 por ciento y 97.2 por ciento, respectivamente, por encima de la media nacional, a pesar de tener menor disponibilidad de agua.

Nuevamente, las regiones con menor cobertura de agua potable son las que se encuentran alejadas geográficamente y, por ende cuentan con deficientes redes de caminos y brechas que les comuniquen y permitan acceder a los servicios públicos, entre las que se encuentran la costa y la Sierra Sur de Oaxaca. Según el censo del INEGI de 2000, la región que cuenta con mejor cobertura es el Istmo, 11.4 puntos por debajo de la cobertura nacional.

Una gran preocupación en el tema de agua potable es el pésimo y deficiente servicio que se ofrece a la ciudadanía. Además de que la infraestructura hidráulica en conjunto presenta grandes carencias, problema que se agudiza en los municipios y comunidades indígenas cuya cobertura es baja y que no califican como prioritarias para la inversión en infraestructura.

Los problemas de calidad y seguridad en el suministro de agua afectan en especial a los pobres. En las localidades marginadas el común denominador es el racionamiento y los altos costos por acceder al vital líquido. Según el Plan Integral de Saneamiento de la Ciudad de Oaxaca, realizado en 2002, se estima que la tarifa real que se paga por el suministro de agua en las zonas más marginadas oscila entre 35 y 50 pesos por metros cúbico, ya que se abastecen con pipas, llegando el costo hasta los 10 pesos por tambo de 200 litros. Este costo es similar al resto de las ciudades medias del estado, lo que provoca que gran parte de los ingresos familiares se asignen a la obtención de servicios básicos como agua y energía eléctrica.

Los obstáculos para acceder al agua potable, especialmente en los hogares de las zonas rurales, son que la fuente está muy alejada de la vivienda y en ocasiones con caminos de acceso muy accidentados. Lo anterior implica que el tiempo que se le asigna al acarreo de agua, generalmente realizado por mujeres y niños, sea elevado, repercutiendo en un costo social e impactando negativamente la salud física y mental.

La dispersión de las localidades ha complicado la asignación de servicios básicos. El censo del INEGI en el año 2000 registró 10 mil 511 localidades en los 570 municipios, de los cuales 52.5 por ciento tenía menos de 2 mil 500 habitantes. Esta dispersión en el estado hace que la inversión en infraestructura se complique, ya que gran parte de las localidades rurales no cuentan con caminos que faciliten el transporte de materiales de construcción.

La planeación de los proyectos y la asignación de recursos se tendrán que concentrar hacia las regiones que tienen una menor cobertura de agua potable y que centralicen la mayor población rural, específicamente sobre los municipios de mayor marginación en el estado.

El desalojo de aguas negras, la falta de cobertura de servicio de alcantarillado, así como las descargas de aguas negras en ríos y arroyos provocan contaminación en mantos freáticos, lo que repercutirá en la siguiente generación, pues se tendrá que pagar más por potabilizar el agua.

En los últimos años, los programas de agua han disminuido en forma drástica, agravando la problemática hidráulica en el estado.

Dentro de los apoyos que la Comisión Nacional del Agua otorga a proyectos en zonas rurales, una de las reglas que se complica es que en una localidad no se puede volver a invertir en ampliaciones de cobertura hasta después de 10 años, lo que limita la asignación de los recursos y el crecimiento de los sistemas rurales. Cabe señalar que las reglas de operación que aplican en las zonas rurales del norte del país son las mismas para los estados del sur, lo cual es una limitante en la medida que las condiciones de marginación están más asentadas en las poblaciones del sur y específicamente en el estado de Oaxaca, donde se encuentra 46 por ciento de los 50 municipios con mayor marginación.

El crecimiento de la población, inmigración interna, incremento de la población flotante y el turismo nacional e internacional, ocasionan que el recurso llegue a ser insuficiente. Las líneas primarias de la ciudad fueron diseñadas hace 30 años y han llegado a su capacidad máxima, volviéndose obsoletas para abastecer a más población.

Las soluciones presupuestales deben entonces de concentrarse en las siguientes ramas: mejoramiento de la red hidráulica y de saneamiento en las principales ciudades, las medias como Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepec, Tuxtepec, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional; pero en especial de las localidades rurales, que son más de 11 mil en el estado, y que tienen problemas muy diferentes a los de las ciudades, pero no por ellos menos importantes.

Desarrollo urbano en el estado de Oaxaca

Oaxaca es uno de los estados del país con mayor índice de marginación, gran dispersión de localidades, alta densidad poblacional (37 habitantes por kilómetros cuadrados), y elevada tasa de expulsión de mano de obra. Realidad que se ve severamente agravada por las deficientes redes camineras y de infraestructura hidráulica.

De ahí que el desarrollo urbano en el estado no ha sido asunto prioritario. De tal caso que los centros urbanos más importantes como Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Tuxtepec, Pinotepa Nacional y Tehuantepec, presentan grandes deficiencias y atrasos; y ni hablar de los municipios pequeños y las localidades alejadas ya que su urbanización se antoja prácticamente imposible.

Las carencias y mala aplicación de los planes de desarrollo urbano y de vivienda, que solo generan 3 mil 500 viviendas, en las cuatro principales ciudades del estado, han visto crecer paralelamente 8 mil asentamientos irregulares anuales en zonas no aptas para la vivienda. Por lo que la problemática a resolver debe estar enfocada en solucionar la aglomeración urbana, ya que además origina deterioro ambiental, depredación de los recursos naturales, contaminación de aire, agua y suelo por el vertimiento de desechos sólidos, y por la falta de medidas preventivas de salud pública.

El confinamiento de la basura, las centrales para el abasto, las terminales para el transporte de pasajeros y las vialidades que descongestionen el Centro Histórico de la capital o los cascos urbanos de las principales ciudades son temas prioritarios pendientes de abordar por los gobiernos estatal y municipales.

Se estima que en el ámbito estatal se requiere la construcción, ampliación y rehabilitación de más de 250 mil viviendas para abatir el rezago habitacional. Esta situación conlleva a la necesidad de adquirir reserva territorial para cubrir el déficit.

Una exigencia creciente es la petición de apoyos para el mejoramiento de la vivienda en las zonas populares, rurales e indígenas, que están en condiciones paupérrimas. Se calcula que más de 289 mil viviendas son de piso de tierra, lo que incide desfavorablemente en la salud de la familia pero en especial en la de los niños.

De acuerdo con el último censo de población y vivienda, 52.1 por ciento de las casas están construidas con paredes de materiales sólidos, 38.1 por ciento son de techo de lámina de asbesto, metálica o material precario y solamente el 31.2 por ciento disponen de losa de concreto. Estas características constituyen elementos que reflejan el bajo nivel de desarrollo, ya que en el ámbito nacional estos indicadores muestran una mejoría permanente.

Solamente el 65.5 por ciento de las viviendas populares, rurales e indígenas cuentan con el servicio de agua entubada, y menos de la mitad dispone del servicio de drenaje, lo que coloca al estado en penúltimo y último lugar en el país respectivamente.

Respecto a las localidades urbanas, solamente 113 cuentan con un sistema de drenaje y únicamente 76 comunidades rurales disponen de un sistema formal de alcantarillado. En cuanto al servicio de energía eléctrica y telefónico, se observa un rezago considerable en comparación con la media nacional, ya que solo el 87.3 por ciento y el 12.1 por ciento de las viviendas disponen de servicios de electricidad y de telefonía respectivamente.

El estado de Oaxaca cuenta con 12 planes de desarrollo urbano de diversas jerarquías con vigencia jurídica, los cuales se elaboraron en la década de los noventa, por lo que la mayoría de ellos requiere su urgente actualización.

En el año 2004, dentro del programa Hábitat y con mezcla de recursos al 50 por ciento entre el gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Social, se elaboraron 6 planes de desarrollo urbano destinados a 6 municipios conurbados a la capital del estado, cuya vigencia jurídica se encuentra en proceso de ejecución. De ahí que se requiere la asignación de recursos suficientes para elaborar el resto de los planes municipales.

Esto es sólo una pequeña parte de la cruda realidad que vive Oaxaca, y que lo mantiene sumido en el atraso y la marginación. Es el momento de poner nuestro granito de arena y, contribuir decididamente en el desarrollo sustentable del pueblo oaxaqueño, de nuestros hermanos.

El desarrollo y crecimiento de un estado no puede estar sujeto a los caprichos de un personaje o a los intereses de los partidos políticos, es cuestión de justicia y equidad social.

Por lo tanto, pongo a la consideración de la honorable Cámara de Diputados para que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se considere la asignación de recursos suficientes a las partidas de los ramos 9 ``Comunicaciones y Transporte'', 16 ``Medio Ambiente y Recursos Naturales'', y 20 ``Desarrollo Social'', a fin de que se dispongan de los recursos necesarios para mejorar la infraestructura carretera, hidráulica y urbano de la entidad, provocando con ello, la generación de las condiciones necesarias que permitan el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a considerar en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la asignación de recursos presupuestarios suficientes a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano de la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 4 días del mes de diciembre de 2006.--- Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fechas, el senador Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó prepuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a reducir las prerrogativas públicas de los partidos políticos con registro nacional.

La Presidencia dispuso que se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el cual esta soberanía exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que, en términos del numeral 7 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reduzca las prerrogativas públicas de los partidos políticos con registro nacional.

Federico Döring Casar, senador de la república integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principales temas en la agenda legislativa de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión es lo referente a la reforma electoral y la disminución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos y campañas electorales, motivo por el cual se puede avanzar en este tema sin ser necesaria una modificación a la ley sustantiva en la materia y simplificar todo el procedimiento de iniciativa de ley, de aquí la importancia de dar celeridad a los temas que requiere el país para su mejor desarrollo. Este objetivo se puede alcanzar de acuerdo con el costo mínimo de campaña, el cual no ha sido modificado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral desde la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1996 y el último procedimiento, donde se calculó dicho costo para diputados, senadores y presidente de la república en 1997, por el citado consejo.

De ahí se desprende que cualquier modificación al costo mínimo de campaña es de gran trascendencia e importancia para el financiamiento ordinario de los partidos políticos, toda vez que éste es el primer paso para la construcción de toda la estructura financiera de éstos. Sin embargo, este costo no sólo es un ingrediente determinante sobre el cual se calcula el monto de financiamiento público de los partidos políticos nacionales, sino también es el único factor sobre el cual la autoridad electoral puede actuar, modificándolo, para modular la estructura financiera que otorga a los partidos, ya que está facultada por la ley para actualizar dicho monto.

Pero la importancia de este factor es todavía mayor por sus implicaciones y derivaciones. La lógica de la construcción del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales hace que el costo mínimo de campaña se convierta en un elemento que determina, de un modo directo o indirecto, a otros componentes esenciales para la estructura financiera del sistema de partidos en México, a saber:

El costo mínimo de campaña es un factor decisivo para:

Establecer el monto del financiamiento para actividades ordinarias.

Establecer el cálculo de los topes de gastos de campaña.

Definir el monto mínimo que los partidos políticos deben destinar anualmente para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación.

Definir el monto de financiamiento público a otorgar a cada partido político que hubiese obtenido su registro con fecha posterior a la última elección.

Establecer los topes de financiamiento privado, tanto en lo que se refiere a financiamiento de simpatizantes como el de las aportaciones realizadas por las personas físicas o morales.

Establecer los topes al financiamiento por rendimientos de aportaciones que reciban los partidos políticos.

Definir los topes al gasto del Instituto Federal Electoral en las adquisiciones de promocionales en radio y televisión durante las campañas electorales.

Establecer el fondo para el financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales.

En consecuencia, las consideraciones en torno al costo mínimo de campaña deben necesariamente tomar en cuenta el impacto en el conjunto de los componentes financieros que marca la ley. Es, por tanto, un factor que va más allá de dotar de recursos a un candidato para una campaña, puesto que afecta de una manera más profunda la vida electoral y financiera del país, en tanto define toda la estructura financiera de todos los partidos políticos y agrupaciones políticas.

Para reforzar los argumentos anteriormente vertidos se cita la parte relativa del artículo 49, numeral 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual se demuestra que la estructura financiera de los partidos políticos se puede modificar sin alterar la actual legislación y, a la letra dice:

Artículo 49

7. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con base en los estudios que le presente el Consejero Presidente, los costos mínimos de una campaña para diputado, de una para senador y para la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para el año inmediato anterior, actualizándolos mediante la aplicación del índice al que se refiere la fracción VI de este inciso, así como los demás factores que el propio Consejo determine. El Consejo General podrá, una vez concluido el proceso electoral ordinario, revisar los elementos o factores conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña;

II...

Por ello la importancia en el costo mínimo de campaña, ya que éste repercute en toda la estructura financiera de la vida electoral y económica del país, y más aún la importancia y responsabilidad que tiene actualmente el Consejo General del IFE, para estudiar, analizar y determinar el costo mínimo de campaña, que la misma ley le faculta de manera explícita al Consejo, y en virtud de que ha concluido el proceso electoral ordinario, nos encontramos en el tiempo para determinar dicho costo.

De esta forma, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone de manera urgente el estudio y análisis del costo mínimo de campaña a la baja, con el cual se disminuya la estructura financiera de la vida electoral del país, toda vez que se ha demostrado que el incremento de financiamiento a los partidos políticos no se ha visto reflejado en un mejor desempeño en los cargos de elección popular, sino en un incremento considerable de burocracia partidista que no soporta más el pueblo de México.

Con esto, Acción Nacional, que es el partido que más recursos públicos recibe por ser la primera fuerza electoral del país, propone que se reduzca el costo mínimo de campaña, asumiendo las consecuencias económicas que esto implica, pero con la calidad moral de poder destinar ese recorte presupuestal en áreas de la población mexicana donde más recursos hacen falta, para un mejor combate a la pobreza y su desarrollo sustentable.

Es importante mencionar que la disminución en el financiamiento público de los partidos es un tema recurrente en las agendas políticas de las diferentes fuerzas partidistas.

Prueba de ello es el contenido en la plataforma electoral del PRD para el proceso electoral pasado, en la cual se incluye en el apartado referente a la reforma electoral la disminución del monto total de las prerrogativas que reciben los partidos políticos.

En el mismo sentido, en el documento Temas legislativos para la agenda nacional, presentado recientemente por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, se incluye la preocupación por el exceso del financiamiento público que reciben los partidos, pronunciándose a favor de la disminución de éste.

Del mismo modo, en el texto del documento Por la justicia y la democracia, presentado por el Frente Amplio Progresista, se incluye la propuesta de reducir el financiamiento que asigna el IFE a los partidos políticos.

A mayor abundamiento, tal y como ha quedado señalado y a pesar de que el IFE contó con argumentos políticos suficientes y el reclamo ciudadano de ajustar a la baja los recursos económicos que año con año son entregados a los partidos políticos con registro nacional, encontramos que en su propuesta para el próximo ejercicio presupuestal de 2007 dicho órgano autónomo continúa en la idea de entregar cada vez mayores recursos económicos y no ha sido capaz de buscar una salida que, en el derecho positivo, le permita disminuir de manera significativa las enormes prerrogativas entregadas a los partidos.

Por ello, sin dejar pasar más tiempo, exhortamos al IFE para que a la brevedad posible revise los elementos o factores conforme a los cuales se fijaron los costos mínimos de campaña, y así se reduzcan de una vez por todas y sin necesidad de esperar la conclusión de la tan mencionada reforma electoral, las prerrogativas que en financiamiento público reciben los partidos políticos con registro nacional.

Y una vez concluida la labor descrita en el párrafo precedente, envíe directamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora, la nueva base de cálculo que reduzca el monto de financiamiento a los partidos y con ello el presupuesto destinado al Instituto Federal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Primero. Toda vez que el proceso electoral ordinario ha concluido, esta soberanía exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral a que, en términos del numeral 7 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, revise a la baja los elementos o factores conforme a los cuales se fijaron los costos mínimos de campaña, a efecto de reducir la base de cálculo y con ello disminuir de manera significativa las prerrogativas que en financiamiento público reciben los partidos políticos con registro nacional.

Segundo. Se exhorta al Instituto Federal Electoral a que remita dicha revisión y nueva base de cálculo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se ajuste el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007.

Tercero. Independientemente de lo anterior, se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que consideren los argumentos vertidos en el presente punto de acuerdo al momento de ajustar el presupuesto que será asignado a los partidos políticos con registro nacional por medio del Instituto Federal Electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Federico Döring Casar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en la sesión celebrada en esta fecha, se recibió de los senadores integrantes de la Comisión de Marina, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a otorgar mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores de la LX Legislatura.--- Presente.

Los suscritos, senadores de la Comisión de Marina e integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Consideraciones

México es un país cuya historia se encuentra estrechamente vinculada con la actividad marítima gracias a su situación geográfica, ya que la mayor parte de su territorio se encuentra rodeado por mar. En ninguna otra parte de nuestro territorio nacional la enorme diversidad de actividades será más intensa que la que se da en las zonas marinas mexicanas, las cuales constituyen un medio de comunicación eficaz para el comercio marítimo.

El transporte marítimo ha sido una pieza fundamental en el crecimiento de nuestro país, ya que la mayoría de sus exportaciones e importaciones se realizan por medio de los buques mercantes.

Atendiendo a la necesidad de actualizar el marco normativo de la actividad marítima nacional que respondiera a las necesidades de este importante sector, el 1 de junio del presente año, se publicó la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, cuyo objetivo es, entre otros, el regular la marina mercante mexicana. Ahora bien, cabe destacar que los servicios que en ella se prestan, deben ser desempeñados por personal altamente calificado en las tareas vinculadas al sector marítimo, por lo que comprendiendo la importancia de esta actividad, en el artículo 31 de la mencionada ley quedó establecido que la educación náutica es de interés público, correspondiéndole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes organizar e impartir directamente la formación y capacitación personal de la marina mercante, con planes y programas de estudios debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, en el artículo en mención se señala que para las actividades educativas se deberá contar con un buque-escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.

Dichas actividades son llevadas a cabo a través de las escuelas náuticas mercantes de Mazatlán, Tampico y Veracruz, y son dirigidas por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional. Estas escuelas son instituciones educativas dedicadas a la formación integral de todo el personal de la marina mercante mexicana.

La calidad y características del proceso formativo del personal que ingresa a estas instituciones, genera un recurso humano con gran solidez en la formación personal de indudable competencia para el campo profesional marítimo mercante.

En las escuelas náuticas de nuestro país, dirigidas por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, se han hecho esfuerzos importantes para sostener la infraestructura para la educación náutica, con el objetivo de proporcionar a nuestro país un sistema educativo marítimo portuario que propicie la formación y actualización de profesionales del mar en las diversas especialidades que requiere el sector marítimo nacional.

Problemática

No obstante la importancia socioeconómica que tiene la educación marítima en nuestro país y la necesidad de preservar la competitividad en el comercio marítimo, es evidente que actualmente el sistema de Educación Náutica no cuenta con los recursos necesarios y suficientes para atender cabalmente tan importante tarea por lo que esta Comisión considera que el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional que dirige las Escuelas Náuticas, requiere de mayores recursos para el desempeño óptimo de la tarea educativa.

En efecto, cabe señalar que el alumno que ingresa al sistema de educación náutica, actualmente tiene que pagar por los servicios educativos la cantidad de 36 mil pesos anuales aproximadamente, cantidad sólo equiparable a las colegiaturas que se cubren en las instituciones educativas de carácter privado, lo que motiva que muchos jóvenes prefieran canalizar sus inquietudes a otras áreas acordes a sus posibilidades económicas y no conforme a su vocación marítima.

En ese contexto, tomando en consideración que la educación marítima es una de las mejores herramientas para que los jóvenes mexicanos se vinculen a los intereses marítimos nacionales, consideramos conveniente que se contemplen recursos de apoyo a la educación náutica para disminuir el costo en el pago de estos importantes servicios educativos. Por otra parte, consideramos oportuno destacar que los profesores que imparten las cátedras en las citadas escuelas, no obstante su reconocido esfuerzo intelectual, perciben una cantidad que no corresponde a la calidad de su formación profesional, siendo que en otras instituciones educativas del país los maestros de este nivel perciben mejores remuneraciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual señala que para la formación y capacitación del personal de la marina mercante, el sistema educativo deberá contar con un buque-escuela con la tecnología didáctica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, es de carácter obligatorio que las escuelas náuticas cuenten con un buque-escuela con el objeto de que sus estudiantes realicen las prácticas que se requieren para su mejor formación profesional.

Conclusiones

En virtud de que conforme a lo dispuesto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la educación náutica es de interés público, y con el fin de que las instituciones educativas dedicadas a este importante rubro sigan siendo un agente de cambio en el país, mediante la promoción y la generación de más y mejores servicios e infraestructura en la educación náutica mercante que coadyuve al cumplimiento de los de requerimientos nacionales e internacionales en la materia, y asimismo continúen trabajando con los más altos estándares de calidad y ética profesional que les ha caracterizado, esta comisión considera que en la discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se apoye con mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, a fin de mejorar globalmente el sistema de educación y formación marítimas que requiere nuestro país, así como para la adquisición del buque-escuela en mención.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se otorguen mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, con objeto de mejorar globalmente el sistema de educación y formación marítimas que requiere nuestro país, que se enmarcan en 43 millones adicionales única y exclusivamente para la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas, y de 240 millones de pesos para la adquisición del buque-escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.

Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 23 días del mes de noviembre de 2006.--- Senadores: Sebastián Calderón Centeno, presidente; Josefina Cota Cota, secretaria; José Julián Sacramento Garza (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 2007, se considere aprobar una partida especial que apoye la cadena agroalimentaria del sistema producto mango.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la primera para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere el aprobar una partida especial que apoye a la cadena agroalimentaria del sistema producto mango.

El suscrito, senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El mango es originario de la región indobirmánica de Asia, tiene una historia de más de 6 mil años de domesticación. Fue introducido en nuestro país por los españoles en el año de 1779 a través de la Nao de China, en donde se trajeron las primeras variedades de las islas Filipinas.

Es un cultivo de clima tropical que para su alta producción requiere una época seca de por lo menos tres meses antes de la floración, una temperatura de entre 24 y 27 grados centígrados y una altitud máxima de 600 metros sobre el nivel del mar, así como suelos bien drenados, profundos y fértiles.

Puede consumirse en fresco o en forma procesada ya sea como enlatados, congelados, deshidratados. Como parte del proceso de selección y mejoramiento de la fruta existen numerosas variedades de las cuales en nuestro país se cultivan muchas de ellas entre las que destacan: Tommy Atkins, Haden, manila, Kent, Keitt, ataulfo, diplomático e Irwin.

El mango es uno de los cultivos más importantes que se desarrollado, por su creciente demanda tanto en el mercado nacional como en el internacional. Se caracteriza por ser una fruta de sabor agradable y con alto valor nutricional, ya que contiene variados componentes vitales para el organismo humano como los carbohidratos, ácido ascórbico y vitaminas de diferente tipo.

Después del aguacate y el plátano, el mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo. El mango está tomando tanta importancia mundial que prácticamente ya existe un mercado específico (bolsas especializadas) en el que se registran cotizaciones de vigencia internacional.

En lo que respecta al año 2003, se produjeron 25.5 millones de toneladas de mango en todo el mundo, con un rendimiento promedio mundial de 7.38 toneladas/hectárea, siendo la India (10 millones 500 mil toneladas) el principal productor, seguido de China (3 millones 413 mil 366 toneladas), Tailandia (un millón 750 mil toneladas), México (un millón 503 mil 10 toneladas), Pakistán (un millón 36 mil toneladas), Filipinas (890 mil toneladas), Brasil (845 mil toneladas) e Indonesia(731 mil 240 toneladas). Como se puede observar México es el cuarto productor de mango en el mundo.

En los últimos 10 años la superficie mundial de mango se ha incrementado un 33.27 por ciento, pasando de 2 millones 598 mil 195 hectáreas, en 1994, a 3 millones 462 mil 727 hectáreas. En el año de 2003. Esto por una creciente tendencia del consumidor a comprar alimentos ricos en fibra como son las frutas y los vegetales.

La superficie mundial en el año 2003 fue de 3.46 millones de hectáreas, distribuidas en 80 países del mundo. De los cuales, son India (un millón 500 mil hectáreas), China (298 mil 700 hectáreas), Tailandia (290 mil hectáreas), México (173 mil 837 hectáreas), Indonesia (162 mil hectáreas), Filipinas (138 mil hectáreas), Nigeria (125 mil hectáreas) y Pakistán (99 mil hectáreas), que cuentan con una mayor superficie. Junto con el resto de los países productores sumaron un total de 3 millones 462 mil 597 hectáreas.

En lo que respecta a la producción orgánica de mango ha concluido el Centro de Inteligencia de Mercado Sostenible (CIMS), que la producción latinoamericana de este producto asciende a 28 mil toneladas. El principal productor latinoamericano de mango orgánico es Colombia, que produce alrededor del 49 por ciento de la fruta. México produce el 25 por ciento, mientras que República Dominicana ocupa el tercer lugar como productor de mango orgánico (12 por ciento).

De las 28 mil toneladas producidas solamente el 23 por ciento se exporta como fruta fresca y el 77 por ciento restante se destina a la producción de productos procesados, principalmente puré. El mango orgánico fresco se exporta principalmente a los Estados Unidos (39 por ciento) y a Europa (36 por ciento). El mango deshidratado tiene como mercado final los Estados Unidos al igual que el puré y el mango congelado. Por último, se espera que en los próximos años aumente lentamente la producción de mango orgánico ya que existen pocos proyectos productivos en transición a orgánico.

Las exportaciones responden a la oferta y demanda del mercado mundial, como ya mencionamos, en los últimos años se ha incrementado el consumo de productos hortofrutícolas. Para el caso del mango las exportaciones pasaron de 292 mil 385 toneladas, en el año 1993, a 650 mil 987 toneladas, en el año 2002.

Del total de estas exportaciones, el 98 por ciento de la exportación de mango se realiza en fresco, mientras que el restante 2 por ciento corresponde a ``fruta elaborada'', es decir, pulpa y jugo de mango.

Existen 70 países exportadores, de los cuales sólo 10 controlan un 81 por ciento de la cuota de exportaciones, siendo estos países: México, Brasil, Pakistán, India, Filipinas, Perú, Países Bajos, Ecuador, Sudáfrica y Costa de Marfil. México es el principal exportador a nivel mundial, con una participación del 34 por ciento de las exportaciones.

El consumo aparente mundial, comprendido en el periodo de 1993 a2002, ha aumentado de 21,230, 467 miles de toneladas a 26,501,677 mil toneladas registradas en los años de 1993 y 2002, respectivamente. Esto nos indica que el consumo aparente aumento gradualmente un 24 por ciento en este periodo.

En lo que respecta al consumo per cápita mundial, se ha mantenido en un promedio de 4.057 kilogramos en el periodo de tiempo mencionado de tiempo comprendido entre 1994 a 2002, es la India seguido de China, México, Estados Unidos de América, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Singapur.

En México, el Mango ocupa el tercer lugar en superficie cosechada con el 16.5 por ciento del total nacional detrás de la naranja y el plátano. Es primer lugar en lo que a productores de frutas de exportación se refiere. Las principales zonas productoras se ubican en regiones costeras, por lo que se considera que el 91 por ciento por ciento de la superficie cultivada se localiza en los Estados de Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Colima y Campeche. Estados que aportan el 94 por ciento de la producción Nacional.

Nuestra producción anual es superior a 1.5 millones de toneladas, en una superficie aproximada de 176 mil hectáreas.

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, un sistema producto se define como ``el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

La política de conformación de los Sistemas Producto tiene como objetivos la integración, comunicación y coordinación permanente entre los agentes de la cadena y los diferentes niveles de gobierno, así como armonizar la producción con el consumo para responder en forma oportuna a la demanda con productos de calidad y competitivos y mejorar el bienestar social y económico de los integrantes de las cadenas mediante el establecimiento de planes de negocios.

Con el fin de fortalecer la operación de las cadenas productivas, la integración de los sistemas producto considera la elaboración de planes rectores a nivel estatal y nacional. Dichos planes son un instrumento técnico de planeación seguimiento y evaluación de los programas agropecuarios y de desarrollo rural, que deberá consensuarse entre los miembros de las cadenas y será elaborado por los propios comités sistema-producto.

La cadena del mango está conformada por productores, comerciantes o intermediarios, empaques, industrias y consumidores. Involucra apoco más de 40 mil productores, generando cerca de 90 mil empleos directos y 300 mil indirectos, toda vez que, a cada eslabón de la cadena va asociado una serie de actividades periféricas como son los prestadores de mano de obra, los proveedores de insumos, prestadores de servicios, investigadores y técnicos.

La exportación de la producción mexicana alcanza las 212 mil toneladas anuales y tiene como principal destino Estados Unidos de América.

Sin embargo, en los últimos cinco años, países como Brasil, Ecuador y Perú, han surgido como importantes exportadores con destino principal a los Estados Unidos de América, compitiendo con México en el inicio y final de la temporada, ante el hecho de que en el hemisferio sur, la época de cosecha es opuesta a la del hemisferio norte, lo que impacta en la posibilidad de colocar el producto a mejor precio.

Es una regla del mercado que el incremento en la producción y la entrada de nuevos competidores a los mercados repercuten en una oferta excesiva.

La cadena agroalimentaria del sistema producto mango, enfrenta en la actualidad una serie de debilidades y amenazas que ponen en riesgo su posición en el ranking de producción y exportación a nivel mundial.

Producción.- Altos costos de producción, periodo corto de cosecha, caída excesiva de frutos, bajo rendimiento por unidad de superficie, inadecuado manejo pos cosecha de huertas, incidencia de plagas.

Comercialización.- Bajos precios en general. Hay mucha variación de los precios por la falta de planeación de la producción a nivel nacional. La concurrencia de países exportadores al mercado de exportación mexicano (Estados Unidos), podría provocar la sobresaturación de la oferta.

Organización.- Falta organización e integración de los actores participantes de los eslabones de la cadena en general, para que exista entendimiento entre los involucrados.

Financiamiento.- Existe desconfianza de las instituciones de financiamiento como de los productores para otorgar y solicitar créditos.

De entre éstas, podemos señalar el hecho de que el mayor volumen de exportación va a un solo destino (Estados Unidos). Hay una falta de integración horizontal de la producción ante la insuficiente transformación para darle un valor agregado al producto.

También son factores de riesgo, la calidad heterogénea del producto por inadecuada atención de las huertas e insuficiente manejo pos cosecha.

Hoy día no se cuenta con una estrategia adecuada para mejorar la productividad, rentabilidad, calidad, la mercadotecnia necesarias para el cultivo y promoción de las bondades del fruto.

En la actualidad no se está considerando los costos ambientales derivados de la actividad.

Los agricultores, especialistas, técnicos, dependencias oficiales, organismos de investigación y asesoría, que desarrollan actividades asociadas a la cadena agroalimentaria del sistema producto mango, tienen el reto de abatir la problemática de la cadena, con el fin de lograr diversificar los mercados, atender con toda anticipación el aspecto de la inocuidad alimentaria, desarrollar marca y consolidar el posicionamiento del producto para aprovechar al máximo la demanda en crecimiento moderado del producto.

Para que los productores establezcan medidas estratégicas que aumenten los volúmenes de producción y mejoren la calidad del mango, es necesario que accedan a recursos mediante créditos oportunos, se mejore la calidad del agua y se eficiente su uso.

La realización de acciones como la reconversión de huertos a media y alta densidad, la tecnificación del riego parcelario, la aplicación de buenas prácticas agrícolas, la reconversión a producción orgánica, certificación de la planta, la creación y desarrollo de unidades comercializadoras auto sostenibles y la asistencia técnica especializada, requiere el apoyo del gobierno mexicano, en aras de conservar y consolidar las ventajas competitivas en el sector.

Para lo anterior es necesario que, mediante los diversos mecanismos institucionales, se fortalezca la cadena agroalimentaria del sistema producto mango, tomando en cuenta que las necesidades mínimas son de 750 millones de pesos de inversión para diversos programas y de 250 millones que implican los costos de producción. Es decir, estamos hablando de alrededor de mil millones de pesos, con el objeto de abatir la problemática de la cadena.

Que, en mérito de lo expuesto, el que suscribe, Silvano Aureoles Conejo, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de aquélla para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 se considere el aprobar una partida especial que apoye la cadena agroalimentaria del sistema producto mango.

Dado en México, DF, el 5 de diciembre de de 2006.--- Senador Silvano Aureoles Conejo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, en las reglas aplicables a la distribución de excedentes petroleros, se disponga la participación de los municipios en el porcentaje de recursos que corresponda a las entidades federativas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores de la LX Legislatura.--- Presente.

El suscrito, senador de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en las reglas aplicables a la distribución de los excedentes petroleros, se disponga la participación de los municipios en el porcentaje de recursos que corresponda a las entidades federativas, de conformidad con lo siguiente:

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de marzo de 2006, establece que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes propios de las entidades.

Aunado a ello, señala que los ingresos excedentes se destinarán, entre otros, en un 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, y en un 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, siendo que los recursos correspondientes a este 10 por ciento se destinarán a las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Ahora bien, es indudable que actualmente los municipios del país requieren de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades sociales que día con día les demanda la población, tales como equipamiento adecuado para garantizar la seguridad pública, infraestructura urbana como banquetas, alumbrado y alcantarillado, entre otras.

Es por ello que, justificadamente, y en aras de fortalecer el federalismo en todos sus niveles, a los municipios se les debe hacer partícipes de un porcentaje de los recursos que se destinan a las entidades federativas provenientes de los ingresos petroleros excedentes y, en consecuencia, las entidades federativas deben entregar a los municipios las cantidades respectivas de manera oportuna e inmediata.

Lo anterior contribuirá a mejorar las necesidades sociales cuya competencia le corresponde a los municipios, particularmente, en lo atinente a inversión en infraestructura y equipamiento municipal.

Por ello, me permito presentar la presente propuesta con punto de acuerdo para formular un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en las reglas aplicables a los fondos relativos a los excedentes petroleros, de los recursos correspondientes a las entidades federativas, un porcentaje se destine a los municipios, y que los mismos les sean entregados de forma inmediata.

Por lo anterior, por el digno conducto de usted, ciudadano presidente, someto a la consideración de ésta honorable Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en las reglas aplicables a los fondos relativos a los excedentes petroleros, de los recursos correspondientes a las entidades federativas, un porcentaje se destine a los municipios y que los mismos les sean entregados de forma inmediata.

Atentamente

Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco del mes de diciembre de dos mil seis.--- Senador José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a considerar un incremento presupuestal en el rubro de infraestructura educativa, y que en su ejercicio se cumplan las normas técnicas de calidad y se procure su mantenimiento.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a considerar un incremento presupuestal al rubro de infraestructura educativa, y que en su ejercicio se cumplan las normas técnicas de calidad y se procure su mantenimiento.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Quien suscribe, senador Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento a esta H. Asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a considerar un incremento en el presupuesto a asignar al rubro de la infraestructura destinada a la educación, y para que en su aplicación se cumpla con la normatividad en materia de calidad de ese tipo de obras, procurándose el mantenimiento necesario para su conservación, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La educación en México, como sabemos, tiene amplias necesidades. Parte de esas necesidades son en ocasiones invisibles para la población en general, que enfoca su mirada a los requerimientos en libros de texto, a los útiles escolares o a los salarios de los maestros, por señalar algunos.

A diferencia de eso, poca atención ha merecido la construcción o rehabilitación de las instalaciones destinadas a la educación, llámese aulas, edificios, patios, auditorios, bibliotecas u oficinas administrativas.

Existen grupos de alumnos sin escuelas, escuelas sin baños y aulas que no cumplen los requerimientos mínimos de seguridad, de acuerdo con Protección Civil, por el hecho de no haber atendido los estándares adecuados según las normas técnicas de construcción o por el propio deterioro. Desafortunadamente, es una realidad el que los recursos con que se cuenta para atender esa problemática son escasos al no tomarse en cuenta como prioritarios.

Adicionalmente, en los casos en donde sí se construyen escuelas con calidad, el mantenimiento que se realiza en ellas es prácticamente nulo, donde las mejores expectativas para la comunidad educativa serán que las instalaciones se encuentren limpias, en ocasiones con el apoyo del alumnado o de sus familiares.

Definitivamente, una escuela de calidad es una escuela de verdad. Debemos procurar que las instancias de gobierno, dentro de sus ámbitos de competencia, trabajen para la realización de este objetivo, por ser un asunto que más que de ornato, se encuentra directamente relacionado con el aprovechamiento escolar del educando.

Para arribar a tal objetivo se requiere de mayores recursos para la infraestructura destinada a los servicios educativos en general, y que su aplicación sea racional y tome en cuenta de manera imperiosa las normas técnicas que aseguran la calidad de una obra, además de procurarle el mantenimiento necesario para que más generaciones de alumnos disfruten de esas instalaciones y equipo.

En esa labor será determinante la acción conjunta de la federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, donde la unión de esos esfuerzos podrá marcar la diferencia en el desarrollo de las capacidades intelectuales de grupos escolares que actualmente no cuentan con un ambiente propicio para el aprendizaje de cualquier tipo o grado, ya sean escuelas rurales, elementales, técnicas, superiores o profesionales, cuyo progreso tanta falta hace a México.

Convencidos de que la educación es el futuro de nuestro país, y por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar, dentro del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la aprobación de un incremento en las partidas que se canalizan a la infraestructura destinada a los servicios educativos; asimismo, a las entidades federativas y municipios, para que en su ejercicio presten especial importancia al cumplimiento de las normas técnicas para asegurar la calidad de las obras, así como a proporcionar el mantenimiento necesario para su conservación y sostenimiento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el 5 de diciembre de 2006.--- Senador Ricardo Torres Origel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, a nombre de diversos integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Sur, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con la solicitud de recursos de los secretarios de Salud de los estados de la zona sur-sureste.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta el senador Francisco Herrera León, a nombre de diversos integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, respecto a la solicitud de recursos de los secretarios de Salud de los estados de la zona sur-sureste.

La epidemiología y la vigilancia epidemiológica han evolucionado hasta convertirse, la primera, en una disciplina indispensable para avanzar en el conocimiento de la medicina y, la segunda, en una práctica fundamental para proteger la salud de la población. Ambas conforman el eje de la prevención en salud pública

El quehacer epidemiológico encuentra su más conocida expresión en la vigilancia epidemiológica que se sustenta en el uso y el análisis de las diferentes fuentes de información en salud. A partir de ese análisis de la información se detectan cambios en la tendencia o distribución de los problemas de salud, cuya manifestación más evidente es una epidemia, que puede ser tan extensa como una de cólera; limitada, como un brote de hepatitis; o accidental, como una conjuntivitis hemorrágica.

En la epidemia del cólera en nuestro país, por ejemplo, se anticipó la llegada, se diagnosticó oportunamente su introducción, se atendieron todos los brotes y se previnieron otros más.

Uno de los factores que pueden precipitar una urgencia epidemiológica son los desplazamientos poblacionales, que ocasionan la introducción de patógenos en áreas donde no existían previamente, o con el contacto de la población migrante o residente con gérmenes desconocidos.

Los desastres naturales también aumentan el riesgo de ocurrencia de epidemias, cuando se presentan cambios ecológicos ocasionados, alteraciones en la infraestructura y el funcionamiento de los servicios de salud y la destrucción o limitación de acceso a los servicios básicos.

Estos factores tienen una gran incidencia en los estados de la zona sur-sureste de nuestro país, y se pueden manifestar como resultado del constante flujo de personas de los países centroamericanos y la cíclica presencia de desastres naturales, como los huracanes Ópal y Roxana, ocurridos en 1995, que ocasionaron 290 mil damnificados en Veracruz, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. El huracán Keith en 2000, en Quintana Roo, que ocasionó serias inundaciones en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. El Isidoro en el 2002, que puso en riesgo la vida de un gran número de personas. Y más recientemente, el huracán Stan, con daños incuantificables, de los que aún no nos hemos repuesto.

Antecedentes

Por todas esas consideraciones, los secretarios de Salud de los estados que integran la zona sur-sureste del país, se presentaron en días pasados ante los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, para señalar la importancia de prevenir la salud de los habitantes de la región mencionada y solicitar su apoyo para que, en del marco de la formulación del PEF 2007, se asignen los recursos económicos suficientes para realizar y dar continuidad a dos programas fundamentales para proteger a dichos ciudadanos: estos programas son los siguientes:

Uno. Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Frontera Sur, con un presupuesto de 90 millones de pesos, y cuyo propósito es disminuir los riesgo de morbilidad y mortalidad, así como generar información epidemiológica oportuna para enfermedades como sida, tuberculosis, paludismo, dengue y oncocercosis.

Dos. Programa de Fortalecimiento de la Protección contra Riesgos Sanitarios, con un presupuesto de 84 millones 700 mil pesos, cuyo objetivo es vigilar que las personas, objetos, vehículos y animales que ingresen a nuestro territorio no constituyan riesgos a la salud de nuestra población. Específicamente, se ocupa de la vigilancia sanitaria en la entrada de productos procedentes de Centroamérica y de establecimientos en la región, la investigación sanitaria y la atención de emergencias sanitarias

Es en virtud de estos antecedentes y consideraciones, que me permito someter, a nombre de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la honorable Cámara de Diputados y a las comisiones respectivas que al formular el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos presupuestales por 90 millones de pesos al programa de Vigilancia Epidemiológica de la Frontera Sur, y 84 millones 700 mil pesos para el Programa denominado Fortalecimiento de la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de diciembre de 2006.--- Senadores: Francisco Herrera León (rúbrica), presidente; Ángel Alonso Díaz-Caneja, Rubén Velázquez López, secretarios; Sebastián Calderón Centeno.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ernesto Saro Boardman, a nombre propio y de los senadores José Guillermo Anaya Llamas y Jesús María Ramón Valdés, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que etiquete recursos a una partida especial en el ejercicio de 2007 en lo relacionado con el rubro destinado a desarrollar un proyecto para completar la carretera fronteriza norte número dos, entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Ojinaga, Chihuahua.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Senadores, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que etiquete recursos a una partida especial correspondiente a 5 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, en lo relacionado con el rubro presupuestal destinado a desarrollar un proyecto para completar la carretera fronteriza norte número dos, entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Ojinaga, Chihuahua.

Honorable Asamblea:

Contar con buenos caminos y carreteras es un requisito esencial para impulsar la recuperación económica y propiciar un crecimiento económico, vigoroso y sostenido; contar con buenas carreteras estimula las actividades comerciales y de servicios y facilita, sin duda, el establecimiento y la expansión de la industria.

Es de importancia destacar que los artículos 11, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan la libertad de tránsito en el país y plasman que el Estado desarrollará, coordinará y mantendrá el dominio de las áreas estratégicas entre las cuales se encuentran las vías de comunicación.

Si vemos que la sociedad demanda vías de comunicación, en este caso particular las carreteras, se deben tomar como necesidades y exigencias que se han sumado al trabajo del Estado y es tarea de nosotros retomar el tema. Por ende, sabemos que existe una preocupación por el desarrollo de infraestructura carretera en diversas comunidades del país. Muchas de estas comunidades, marginadas por el atraso en las diversas clases de servicios públicos, por lo que se hace necesidad que el Estado garantice el desarrollo económico y, en consecuencia, bienestar social.

La carretera fronteriza norte número dos aproximadamente consta de 260 kilómetros, de los cuales únicamente están construidos 40. Es por ello la gran inquietud y necesidad de desarrollar un proyecto para completar dicha carretera, que se encuentra ubicada entre Ciudad Acuña-Coahuila y Ojinaga-Chihuahua, al norte del país. Cabe hacer énfasis en que dicha carretera unirá a Tijuana y Matamoros.

Este proyecto es de suma trascendencia en consideración a que de su realización depende el éxito para la comercialización de productos ganaderos, bovinos y caprinos, así como sus productos derivados, como carne, leche, cabritos, entre otros. Lo anterior, aunado a la industria de la pesca y actividades en ranchos cinegéticos; asimismo, se agregará un gran complejo turístico.

Cabe mencionar que entre los ejidos que resultarán beneficiados los más importantes son: Melchor Múzquiz, José María Morelos, Venustiano Carranza, General Francisco Villa, Dolores, Mariano Escobedo, y siete más. Todos estos ejidos cuentan con una superficie de terreno de agostadero de 467 mil hectáreas, aproximadamente, con un número de ganado bovino de 12 mil cabezas, y un número aproximado de ganado caprino de 9 mil 760 cabezas, sin contar la superficie y ganado de pequeños propietarios.

Este tramo carretero determinará directamente el desarrollo económico y social regional de los estados que atravesará en el norte de nuestro país.

Las carreteras integran los mercados y fortalecen el desarrollo regional; las carreteras promueven la inversión y, de manera muy especial, generan la creación de empleos.

Esta obra no es más que dar respuesta a una demanda largamente expresada por nuestra propia sociedad.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que etiquete recursos a una partida especial correspondiente a 5 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, en lo relacionado al rubro presupuestal destinado a desarrollar un proyecto para completar la carretera fronteriza norte número dos, situada entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Ojinaga, Chihuahua.

Senadores: Ernesto Saro Boardman (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Jesús María Ramón Valdés.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Amira Gricelda Gómez Tueme, a nombre propio y del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Sen. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Los suscritos senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y José Eduardo Calzada Rovirosa, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política General de la República; así como 55, fracción II, 62 y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El federalismo, es un pacto político que tiene su origen y sustento en entidades soberanas y libres, que reconocen entre sí sus diferencias y muestran la voluntad de integrase para cooperar y competir en diversos ámbitos, con el objetivo de resolver sus necesidades y enfrentar sus carencias.

A partir de este pacto político, se ha dado también un pacto fiscal, que se encuentra en un constante cambio, tratando de alcanzar la mejor manera para determinar la asignación de ingresos, es decir, qué impuestos debe de cobrar cada quien y también, para resolver la asignación de los gastos, es decir, lo que debe de hace cada ámbito de gobierno.

En la determinación de estas competencias, el desequilibrio entre los ingresos y gastos de los gobiernos locales ha sido inevitable y los conflictos que se generan con la Federación, han llegado incluso a poner en riesgo el sostenimiento del pacto federal.

La tendencia para resolver ese conflicto ha sido la de otorgar mayores potestades tributarias a los gobiernos locales y también a asignarles mayores participaciones, a fin de que tengan la oportunidad de solventar las necesidades de su entorno inmediato.

Sin duda, ese fue el propósito por el que en 1992 se determinó, en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la creación de fondos con la participación de la Federación, los estados y los municipios para destinarlos a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, donde se ubiquen puentes federales de peaje.

Para tal propósito se estableció que la aportación se realizaría por montos iguales sin que la de la Federación excediera del 10% del ``monto total'' de los ingresos que se obtuvieran por la operación del puente.

En 1995, a petición de las entidades y municipios participantes, se incrementó la aportación de la Federación del 10% al 25% de los ``ingresos brutos'' generados por la operación de cada puente de peaje. También se incorporó una nueva regla de concurrencia de recursos en donde por cada peso que aportara la Federación, los estados, los municipios, o ambos, cuando así lo acordarán, sufragarían veinte centavos. Asimismo, se amplió el destino de los recursos a la realización de obras de infraestructura o gastos de inversión, a cualquier municipio de la entidad, bajo la condición de no destinarlos al gasto corriente.

En julio de 2003, la aportación de la Federación se incremento del 25 al 50% de los ingresos brutos; sin embargo, se acotó exclusivamente a los puentes internacionales y se restringió la realización de las obras únicamente a la ``zona donde se encuentre el cobro del peaje''.

Sin duda que eliminar a los puentes nacionales del beneficio de las aportaciones significó un grave retroceso y motivo de conflicto con las entidades y municipios, que de pronto se encontraron en la incertidumbre jurídica y en una difícil situación financiera, cuando habiendo comprometido y contratado la ejecución de obras, se vieron sin los recursos para solventar sus deudas.

También, significó un atentado en contra del principio de justicia, pues al restringirse la ejecución de obras a ``la zona donde se realice el cobro de peaje'', se desconoció que aún los habitantes de los municipios que carecen de puentes de peaje, tienen las mismas necesidades y carencias de quienes cuentan con ellos. Con este precepto los estados vieron cancelada la posibilidad de destinar parte de sus recursos a los demás municipios.

Con el propósito de establecer mayores restricciones, se incorporó la condicionante de que los municipios susceptibles de ese beneficio podrían ver canceladas sus participaciones, en caso de que no acreditarán un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de ``la base gravable total'' de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio.

Como puede apreciarse, las modificaciones incorporadas en julio de 2003 solo tenían como propósito establecer mayores obstáculos para hacer nugatorio el fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales y significaba un decaimiento de las obras viales y de infraestructura.

Los problemas generados por estas modificaciones trataron de corregirse meses después, cuando en diciembre del mismo 2003, se publicó un nuevo decreto en donde se incorporó nuevamente a los puentes nacionales.

Sin embargo, continuando con la misma política de restringir recursos para las obras de infraestructura en estados y municipios, se redujo del 50% al 25% la aportación de la Federación y se mantuvo la condicionante de la ejecución de las obras solamente en la zona donde se realice el cobro de peaje.

Asimismo, la obligación de acreditar el 50% más uno de ``la base gravable'' del impuesto predial, fue cambiada por la de acreditar el mismo porcentaje, pero de la ``recaudación potencial'', con el claro propósito de sobreestimar la capacidad recaudatoria de las haciendas municipales y complicar su acreditación.

Todos estamos de acuerdo en que se debe de eficientar la capacidad recaudatoria de las haciendas locales y federal, en que debemos ampliar el número de mexicanos que contribuye con la Hacienda Nacional. Pero para tratar de incrementar la capacidad recaudatoria de los municipios, existen otros ordenamientos, incluso en otros artículos de la propia Ley de Coordinación Fiscal, se desarrollan de una mejor manera los mecanismos e incentivos para eficientizar la captación de ingresos que le corresponde lograr a los gobiernos locales.

En el artículo segundo, de la mencionada ley, se establece la condicionante de la recaudación del impuesto predial en el coeficiente para determinar la proporción que le corresponde a los municipios de la recaudación federal participable. De igual modo, en el Ramo 39, el famoso PAFEF (Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas), se condiciona utilizar esos recursos en mejorar la recaudación tributaria, modernizar los catastros, los sistemas de recaudación y los mecanismos impositivos.

No cabe duda que son los propios municipios a quienes les interesa fortalecer su capacidad recaudatoria, pero el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal tiene como principal objetivo proporcionar recursos para desarrollar la infraestructura del entorno municipal, por lo que la obligación de acreditar un porcentaje de la recaudación potencial no significa ningún incentivo, por el contrario, impide el desarrollo regional.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 50% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.

Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la base gravable total de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.

Transitorios

Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los convenios a que se refiere el artículo 9-A que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2007 y para su suscripción se tomará como base la recaudación del impuesto predial correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.

Senadora Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Senador José Eduardo Calzada Rovirosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de los años la educación ha sido la primera y más alta prioridad para el desarrollo de nuestra nación. Se han realizado grandes esfuerzos para garantizar el acceso a la misma pero las desigualdades que persisten en nuestro país complican la posibilidad de una educación con calidad para todos.

Por esta razón, cuando el ex presidente Fox prometió mejorar la educación y aumentar el presupuesto educativo a un 8 por ciento del producto interno bruto, sembró esperanzas de cambio entre los electores, mismas esperanzas que hoy se derrumban ante el término de su gobierno sin grandes cambios a nivel educativo y con un presupuesto ejercido en educación de poco más del 4 por ciento del producto interno bruto.

Como consecuencia de esto es que aún existen muchos rezagos en materia educativa, pues sólo el 16 por ciento de los mexicanos de entre 25 y 34 años han terminado estudios superiores, ubicando a México en el lugar 22 de los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además cerca del 44 por ciento de los jóvenes mexicanos de entre 15 y 19 años están registrados en algún programa de educación terciaria, lo cual es muy poco si se compara contra la media de 79 por ciento en las naciones miembros del mismo organismo.

De igual forma, México ocupa el sitio 21 de los 30 países miembros de la OCDE en garantizar la permanencia de los estudiantes en las universidades; 50 por ciento de deserciones en este nivel escolar lo demuestra. Una evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, reveló que mientras en el año 2000 el 30 por ciento de los universitarios pensaban abandonar sus estudios, en el 2004 lo hacían casi la mitad de los estudiantes matriculados.

Esto nos coloca ante una realidad nacional en donde los servicios de educación públicos son insuficientes y de baja calidad, por lo que una gran cantidad de familias se han visto en la necesidad de recurrir a los servicios de educación privados, representando esto una gran merma en las condiciones económicas de la sociedad.

El pasado primero de diciembre el presidente Calderón señaló que es necesario cambiar las reglas para adecuarlas a los nuevos tiempos que vivimos, y nos ha asegurado que su gobierno tendrá como objetivo lograr un avance sustancial en el acceso universal a los servicios de salud, educación de calidad y la reducción de la pobreza extrema. Con ello renacen nuevas esperanzas hacia la construcción de un país con mejores sistemas de desarrollo social y con la posibilidad de generar nuevos cambios en nuestra legislación que permitan mejorar el ingreso de las familias y su acceso a los servicios sociales.

Es por todo esto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el día de hoy presenta esta iniciativa que adiciona las fracciones IX y X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que el Estado no tiene la capacidad para proporcionar servicios educativos con una cobertura total y que ésta sea de la calidad que el país requiere.

A través de ésta se propone que las personas físicas tengan la posibilidad de deducir como deducción personal en su declaración anual del ejercicio fiscal que corresponda, los gastos destinados al pago por concepto de colegiaturas de los niveles de educación preescolar, básica, media, superior y de postgrado del contribuyente, su cónyuge y sus descendientes en línea recta, hasta por un monto erogado por todos sus dependientes económicos de hasta 2,500 salarios mínimos generales del Distrito Federal.

Esta es una prerrogativa que las personas físicas, a diferencia de las personas morales, no tienen y han esperado por largo tiempo, a fin de contar con condiciones más equitativas y proporcionales.

De igual forma se propone la deducción de los intereses pagados como consecuencia de la solicitud de algún crédito con las instituciones del sistema financiero, para solventar el pago de servicios educativos que realice el contribuyente, su cónyuge o sus descendientes en línea recta que dependan económicamente de él.

Sin duda alguna los problemas educativos de nuestro país deben combatirse desde distintos frentes para asegurar una sociedad en condiciones más igualitarias y con mejores oportunidades de desarrollo, cuyos frutos se vean reflejados a través de una planta laboral más productividad y con mayores niveles de investigación y desarrollo.

La iniciativa que presentamos el día de hoy, por años ha sido una de las principales solicitudes de los ciudadanos padres de familia y de diversos legisladores, en la búsqueda por lograr un país más educado y una sociedad con un ingreso más remunerador, de aquí que se retomen algunos planteamientos hechos y se propongan algunos para presentar una propuesta más integral.

Sin embargo, hasta ahora no se ha implementado esta medida, por lo que esperamos que con la entrada de este nuevo gobierno, también exista un espíritu renovador que permita la realización de nuevas reformas para incrementar el desarrollo de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único.- Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 176. ...

I. a VII. ...

IX. Los gastos destinados al pago por concepto de colegiaturas de los niveles de educación preescolar, básica, media, superior y de postgrado del contribuyente, su cónyuge y sus descendientes en línea recta, siempre y cuando dichas erogaciones se hagan a establecimientos que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

La cantidad máxima que se pueda deducir de las colegiaturas incluyendo las inscripciones por cada ejercicio fiscal, es el equivalente hasta de 2,500 salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal.

X. Los intereses pagados en el ejercicio por créditos contratados con los integrantes del sistema financiero, destinados a cubrir los servicios educativos de nivel preescolar, básico, medio, superior y de postgrado del contribuyente, su cónyuge y sus descendientes en línea recta, siempre y cuando los servicios educativos recibidos sean en establecimientos que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

... ... ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan al presente decreto y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:--- Senadores: Francisco Agundis Arias (rúbrica), coordinador; Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gustavo Madero Muñoz, en nombre propio y de los senadores María Rojo e Incháustegui, Carlos Sotelo García, Raúl Mejía González y del que suscribe, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.»

«Iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el estímulo fiscal para proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.

Los suscritos, senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María Rojo e Inchaustegui y Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esa honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

La industria cinematográfica, por su sentido social, es una actividad cultural de primer orden, que repercute de manera trascendental en las economías de los países en los que se produce, al importar una gran derrama económica y una fuente significativa de empleos, tanto directos como indirectos.

En el caso particular de la cinematografía nacional, se enfrenta una grave crisis, que se hace perceptible en el número de producciones realizadas por año, ya que de ciento cincuenta películas que se hacían anualmente hace veinte años, en el 2006 sólo se realizaron seis.

Algunos de los factores que han propiciado dicho estado son la insuficiencia de recursos financieros, la falta de inversión productiva y las inequidades del mercado, todas las cuales han propiciado una injusta distribución de los ingresos en taquilla.

Así pues, la falta de inversión es compresible, toda vez que las circunstancias descritas impiden al productor recuperar su inversión y, por ende, cada vez son menos las producciones cinematográficas mexicanas.

A pesar del esfuerzo realizado por el Ejecutivo federal, hasta la fecha han resultado insuficientes las aportaciones fiscales que se canalizan al sector, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad y del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

En este mismo sentido, el capital privado nacional observa con desaliento un mercado potencialmente rico en oportunidades que no ofrece incentivos fiscales como en las industrias similares en el extranjero.

Atendiendo a tales circunstancias, el 11 de noviembre del 2004 se aprobó una adición legal al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en otorgar un estímulo fiscal hasta por un monto de 500 millones de pesos a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente, equivalente al 3 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo.

No obstante, debido a un alargamiento indebido de las reglas de operación y luego a una sinuosa interpretación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta la fecha no se ha ejecutado debidamente su aplicación.

Lo anterior es así, toda vez que desde la aparición del citado estímulo fiscal a partir del 1 de diciembre del 2004, y su correspondiente reforma, en diciembre del 2005, el actual artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha sido objeto de innumerables interpretaciones contradictorias tanto por parte de las autoridades fiscales como por parte de los órganos técnicos encargados de su aplicación, que prácticamente hacen inaplicable la disposición, ya que el Servicio de Administración Tributaria no ha definido a lo largo de dos años contra qué actividades se debe acreditar el 10 por ciento del impuesto sobre la renta.

Expresado en otros términos, las autoridades fiscales aún no han definido las reglas para acreditar las aportaciones para la realización de películas, ya que, por un lado, puede entenderse que dichas cantidades pueden ser acreditadas contra el impuesto sobre la renta causado por la explotación de dichas películas o contra el impuesto causado por otras actividades propias del inversionista, lo cual pone a todos aquellos inversionistas potenciales en un estado de indefensión, ya que corren el riesgo de realizar inversiones poco seguras y sujetas a un posible litigio con las autoridades hacendarias que esgrimen en los hechos, sin fijar todavía una postura oficial.

Es por ello que, ante la opacidad de las autoridades hacendarias para la emisión de dichas reglas, los comités técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitieron con fecha del 14 de septiembre del 2006, unas reglas de operación en las que determinaron el alcance del estímulo, y ante el riesgo de caer en una interpretación contraria a la disposición en cometo por parte de las autoridades fiscales, generaron un ambiente de incertidumbre jurídica, lo que sigue haciendo necesaria la emisión de las reglas de operación del estímulo fiscal para proyectos de inversión productiva por las inversiones en la producción cinematográfica nacional.

En adición a lo anterior, es preciso señalar que el estímulo fiscal creado por esta soberanía no debe considerarse estrictamente como un subsidio a una determinada industria, sino que debe atenderse como una medida urgente de fomento racional y eficaz respecto el papel estratégico que debe tener esta importante industria en la formación de la identidad cultural y en la economía del país.

En otras naciones se han establecido estímulos fiscales para sus industrias cinematográficas, las cuales se han convertido en actores dinámicos de la economía. En México, por el contrario, la industria cinematográfica ha llegado al borde de la extinción, ya que apenas, en la última década, la producción anual de películas ha sido, en promedio, de apenas veinte.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la mayoría de las producciones cinematográficas nacionales, desgraciadamente, son deficitarias, por lo que en promedio ocho de cada diez películas no alcanzan ni siquiera a recuperar los costos de su producción fílmica, lo cual desincentiva de manera importante el impulso de esta industria, por las condiciones desfavorables del mercado, que se ve inundado con producciones americanas.

Por lo anterior, es apremiante que el Estado Mexicano establezca una política fiscal orientada a equilibrar las condiciones que el mercado no ha sido capaz de equilibrar, toda vez que en las condiciones actuales no resulta posible, ya ni siquiera redituable, apoyar la producción de películas nacionales, porque, como se mencionó con antelación, casi todos los proyectos cinematográficos mexicanos reportan números rojos.

En las relatadas circunstancias, es importante destacar que la industria cinematográfica nacional pende de un hilo, y sólo se mantiene por el brillo y la astucia de productores mexicanos que son reconocidos en los festivales internacionales del cine, y que están condenados a vender su talento a otros países donde se brinden apoyos reales al cine, para no ser condenados simplemente a desaparecer de tan importante industria.

Por tal virtud, la iniciativa tiene por objeto eliminar la ambigüedad en la interpretación de la norma mencionada y estar, en consecuencia, en plena aptitud de aplicar el recurso establecido en la ley, por la vía de inversiones, a los productos cinematográficos que sean calificados por los comités respectivos, brindando así plena seguridad jurídica a los posibles inversionistas que, hasta la fecha, están en absoluto estado de indefensión ante las amenazas de las autoridades fiscales por una interpretación adversa al espíritu de la ley vigente y, por ende, corren el riesgo de incurrir en inversiones poco seguras y sujetas a los procedimientos de fiscalización respectivos y la imposición de sanciones administrativas que deriven de tales procedimientos.

Así las cosas, la iniciativa pretende modificar el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con objeto de otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta residentes en México, con independencia de las actividades que realicen, que se asocien en la producción de proyectos productivos cinematográficos nacionales.

En este tenor, la iniciativa pretende dejar perfectamente claro que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean residentes en México, ya sean personas físicas o morales, sin perjuicio de que se dediquen a otra actividad que no sea la industria cinematográfica, y que aporten en efectivo un monto que no exceda del 10 por ciento del impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio inmediato anterior, y que no sea superior a los 50 millones de pesos, podrán acreditar dicho monto contra el impuesto sobre la renta por pagar en el ejercicio en que se efectúe la aportación correspondiente.

En este orden de ideas, la iniciativa busca generar mayor certeza jurídica a los contribuyentes en la determinación del importe a acreditar contra el impuesto que se cause en el ejercicio en que se efectúe la aportación correspondiente y, por otra parte, se pretende establecer los límites del monto acreditable en el texto de la ley, y no en las reglas que al efecto se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en los lineamientos que al efecto expidan los técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad.

Asimismo, la iniciativa pretende establecer en el texto de la ley, y no en las reglas que al efecto se expidan, la mecánica del acreditamiento mensual en pagos provisionales de los inversionistas que aporten las cantidades a la industria, siempre y cuando se cuente con el certificado correspondiente expedido por los técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, tal como ha venido estableciendo en las aportaciones para ciencia y tecnología el órgano correspondiente.

Adicionalmente, la iniciativa busca incluir la unidad administrativa encargada de diseñar la política fiscal del país en la elaboración de las reglas de aplicación del estímulo, para lo cual establece que la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participará con la Secretaría de la Función Pública y con los comités técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y con base en sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación.

Finalmente, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los inversionistas que participaron en los más de cuarenta proyectos cinematográficos en el presente año, ante la posible interpretación adversa de la disposición vigente por parte de las autoridades, se establece una disposición transitoria, con la finalidad de hacer retroactiva en beneficio de los contribuyentes, la disposición que se somete a consideración de esta soberanía en el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta residentes en México, por las cantidades que inviertan en los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, con independencia de las actividades que realicen, hasta por el monto que les autoricen los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, sin que dicho estímulo pueda ser superior al 10 por ciento del impuesto sobre la renta que hubieran causado y pagado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la aplicación del estímulo. Este estímulo fiscal no deberá considerarse como ingreso acumulable, ni como deducción autorizada.

El estímulo se acreditará contra el impuesto sobre la renta del ejercicio en que se realice la inversión y contra el determinado en los pagos provisionales del mismo, desde el mes en que se realice la inversión, sin que dicho acreditamiento de lugar a devolución o compensación alguna.

El monto total de los proyectos a autorizar por el Comité Técnico de los fideicomisos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad entre los aspirantes del mismo, no excederá de la cantidad de 500 millones de pesos anuales y de 50 millones de pesos anuales por contribuyente. Cuando varias personas inviertan en un mismo proyecto, se deberá determinar la proporción que corresponda a cada una de ellas, para la correcta aplicación del estímulo.

Se considerará como proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.

Se entenderá por producción cinematográfica nacional, las películas que hayan sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o de los convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u organismos internacionales.

Corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y en base a sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación, con la participación que corresponda a la Secretaría de la Función Pública, la autorización de los proyectos de inversión productiva para la producción de películas cinematográficas nacionales; así como los requisitos y trámites que deberán cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo fiscal.

Los Comités Técnicos referidos estarán obligados a publicar dentro de los meses de julio y enero de cada año, un informe que contenga los montos erogados durante el primero y segundo semestre del ejercicio fiscal respectivo, según corresponda, así como las personas beneficiadas con el otorgamiento del estímulo fiscal y los proyectos en la producción cinematográfica nacional objeto de dicho estímulo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, verificará el correcto uso del estímulo fiscal

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Segundo.Las personas físicas o morales que hayan efectuado inversiones autorizadas por los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad durante el ejercicio de 2006, podrán aplicar para el ejercicio fiscal de 2006 lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir reglas que faciliten la aplicación del estímulo a que se refiere el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Senadores: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Carlos Sotelo García, María Rojo e Incháustegui (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa que presenta el senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Honorable Asamblea:

El suscrito, senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El artículo 21 constitucional dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. Por otra parte, el inciso h) de la fracción III del artículo 115 constitucional determina que los municipios tienen a su cargo la función y servicio público de la seguridad pública.

Hemos visto que recientemente han ocurrido hechos lamentables en contra de los elementos de seguridad pública municipal, en los que muchos de ellos han perdido la vida. Tales acontecimientos no hacen más que poner de manifiesto la vulnerabilidad y el nivel de riesgo con que estos elementos cumplen su encomienda y que los municipios no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a estas situaciones.

Lo más grave es que los municipios disponen de muy poco presupuesto para cumplir con la obligación constitucional de la seguridad pública. Son las entidades federativas las que reciben y administran los recursos destinados a este rubro y, en la mayoría de los casos, el presupuesto que se destina es insuficiente para que los municipios puedan, de manera eficiente, atender la demanda social por excelencia: la seguridad pública, de la que dependen no sólo la tranquilidad social, sino incluso la posibilidad de construir el marco adecuado de desenvolvimiento total de la vida colectiva.

Hoy en día ya no es posible asumir un combate frontal contra el crimen y la delincuencia organizada si no se cuenta con los elementos necesarios para ello; personal especialmente capacitado, instrumentos y mecanismos tecnológicos de punta, vehículos adecuados y recursos de inteligencia suficientes, etcétera, pero lo anterior resulta inaccesible si faltan los montos presupuestales necesarios y las atribuciones legales procedentes para que los municipios puedan afrontar con éxito su responsabilidad.

Por ello es que proponemos a esta honorable tribuna una iniciativa que permita a los municipios recibir directamente los recursos destinados a la seguridad pública, y por ende, puedan administrarlos sin necesidad de que los recursos les sean canalizados por medio de las entidades federativas.

No está por demás insistir en que la seguridad pública es una función y servicio que, por mandato de la Constitución, corre a cargo de los municipios, junto con la policía preventiva municipal y tránsito. La única manera de que la política de seguridad pública, que también por mandato constitucional es una responsabilidad concurrente de los tres órdenes de gobierno, se constituya en una verdadera y plena política de Estado, es consignando metas, objetivos y recursos por igual a los gobiernos municipales de manera que la intermediación del gobierno de los estados no sirva sino como garante de la inmediatez de los apoyos y no como mediatizador para obstruir la misión indispensable de asegurar la vida y la tranquilidad de los ciudadanos en su ámbito primario de convivencia política y social.

Por otra parte, la coordinación que el Pacto Federal establece en materia del sistema nacional de seguridad pública sólo alcanzará sus elevados e impostergables propósitos si las partes que integran el sistema son proveídas de la fuerza que un cometido de esta importancia exige. Ello urge a que la federación quede obligada a asignar y entregar a los municipios asignaciones presupuestales para ese efecto, aportaciones que deberán ser administradas y ejercidas por los gobiernos municipales conforme a sus programas y de acuerdo con las normas que al respecto aprueben los Congresos de los estados.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Por el que se reforman la fracción VII del artículo 25, el tercero y cuarto párrafos del artículo 44, el párrafo tercero del artículo 45 y el segundo párrafo del artículo 46, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.

Artículo 44. ...

...

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal, el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado, el Distrito Federal y los municipios, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del sistema nacional deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación antes mencionada.

Este fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los estados, el Distrito Federal y los municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo.

....

Artículo 45. ...

...

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas estatales y municipales de seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Serán materia de anexos específicos entre la federación y los estados, el Distrito Federal y los municipios, los programas de la red nacional de telecomunicaciones e informática y el servicio telefónico nacional de emergencia del sistema nacional de información.

Los estados, el Distrito Federal y los municipios proporcionarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que le sea requerida.

Artículo 46. ...

Dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y por los municipios que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en los citados artículos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día inmediato posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio de Xicoténcatl, a lo 29 días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Senador Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados tiene la palabra el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras diputados: hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto se presenta con el afán de buscar una mayor productividad en el trabajo legislativo y esto tiene que ver con los antecedentes que hoy tenemos, y para esto quiero referirme a las anteriores legislaturas, la LVIII, la LIX, que si sumamos lo presentado por estas dos legislaturas y sus diputados y senadores podemos encontrar que hay más de seis mil iniciativas presentadas por los ciudadanos diputados. Del total de éstas, muy pocas han sido dictaminadas. Esto tiene que ver con el trabajo tan importante que traen las comisiones y para hablar también del trabajo de estas comisiones tendremos que hablar de las agendas parlamentarias. Y cada grupo parlamentario tiene una agenda que luego ésta se convierte en una agenda común y esta agenda parlamentaria tiene prioridades y muchas de las iniciativas que se reciben como herencia o como rezago de las anteriores legislaturas, no vienen a formar parte de los intereses, de los grupos y de sus agendas. Por este motivo creo que es obligación nuestra el buscar agilizar el trabajo de las comisiones.

El rezago que podemos tener nosotros como Poder Legislativo se convierte en un rezago para este país y evitamos así el mejor desarrollo de nuestro país. Necesitamos entonces agilizar este trabajo, necesitamos buscar que las iniciativas se puedan dictaminar. Y lo que hoy vengo a proponer es buscar que estas iniciativas puedan ser del conocimiento de las comisiones.

Y la modificación que hoy vengo a proponer tiene que ver con el buscar que las iniciativas que no han sido dictaminadas en el periodo de la Legislatura se consideren rechazadas. Y esto es para que haya la oportunidad de los grupos parlamentarios de retomar aquellas iniciativas que guardan interés en los propios grupos parlamentarios y pueda ser retomado ese trabajo, pero que esto no detenga el trabajo del Poder Legislativo ni el trabajo de las comisiones.

Por lo tanto la adecuación que vengo a proponer es un decreto que adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice así

Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

``Las iniciativas presentadas y no dictaminadas en la Legislatura en que se presentaron, se tendrán como no aprobadas''.

Como transitorio único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto es para buscar la mayor eficiencia del Poder Legislativo y desde luego, el progreso oportuno de este país.

Es cuanto, diputado Presidente y por obviedad de tiempo, pido se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Antonio Muñoz Serrano, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sujetando la misma al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión se integra por una Cámara de Diputados, conformada por 500 legisladores, y una Cámara de Senadores conformada por 128. Hablamos pues, de 628 legisladores a los que asiste, al igual que al Presidente de la República y a las Legislaturas de los Estados, el derecho de iniciativa.

Las iniciativas pueden ser presentadas de manera indistinta en cualquiera de las cámaras, salvo determinados asuntos que son establecidos en la Constitución que deben comenzar en la Cámara correspondiente.

Cada Cámara establece, para desarrollar mejor su función y desahogar los asuntos que le son encargados, la existencia de diversas comisiones ordinarias de trabajo que en esta LX Legislatura ascienden a 43, las cuales tienen como tarea o función la emisión de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, con lo cual contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Dichas comisiones deben de constituirse durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo la Comisión Jurisdiccional y la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que tendrán entre 12 y 16 diputados la primera y 20 diputados la segunda. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas y en las mismas no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

Ahora bien, las comisiones tienen la obligación de resolver los asuntos que la Mesa Directiva les ha turnado para que sean estudiados y, para tal efecto, la manera en como resuelven esos asuntos es precisamente mediante la emisión de una serie de conclusiones que se denominan dictámenes.

Para poder llegar a esos dictámenes o conclusiones, es preciso que las comisiones realicen conferencias, mesas redondas, reuniones con especialistas o personas conocedoras del tema o de los temas que estén estudiando, con lo cual tendrán un mejor conocimiento para poder, así, emitir el dictamen que posteriormente es remitido al Pleno de la Cámara correspondiente para que el mismo sea estudiado, discutido y votado.

El trabajo legislativo en ocasiones es excesivo, existe una gran cantidad de asuntos que son presentados y que necesariamente deben ser resueltos por la comisión respectiva y por el Pleno de manera definitiva, pero debido a la serie de reuniones legislativas, ya sea en pleno o en comisiones, o porque un tema de tinte político es presentado y existe oposición para que el mismo sea dictaminado, legislatura con legislatura son abandonados, no son tratados ni discutidos y de esta manera se van acumulando sin dictaminarse en las comisiones encargadas de ello.

En este tenor, al no ser estudiadas ni dictaminadas, cada año legislativo y cada legislatura se va incrementando de manera escandalosa el número de asuntos pendientes que existen no sólo en cada comisión, sino en todas las comisiones tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores.

Las anteriores manifestaciones realizadas en el sentido de que las iniciativas y los asuntos que son turnados a las comisiones respectivas para su estudio no son realmente dictaminadas, se ven reforzadas a manera de ejemplo, por un estudio realizado por el señor Ricardo Álvarez Arredondo, maestro en ciencia política y secretario parlamentario del PRD, publicado el 1 de septiembre de 2006, es decir, apenas hace más de dos meses, en el cual establece que en las legislaturas LVIII y LIX, en el Congreso se presentaron poco más de 6,000 iniciativas, de las cuales sólo 12% se refieren a los temas para la reforma del Estado y de este universo de más de 700 iniciativas presentadas se promulgaron 76 nuevas leyes y decretos, es decir, un 10% aproximadamente, lo que equivale a poco más de 1% del total de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, es decir, casi nada.

Con lo anterior se confirma que durante los periodos legislativos de cada Legislatura se presentan muchísimas iniciativas pero muy pocas de ellas son dictaminadas, con lo cual se ha incrementado considerablemente el número de iniciativas no dictaminadas en cada comisión ordinaria.

Por otro lado, la falta de eficacia y eficiencia en el desempeño de los Poderes de la Unión contribuye en la misma media a limitar el desarrollo del país. Es decir, en nuestro caso por lo que se refiere a este Poder Legislativo, es necesario manifestar que la ausencia de reformas legislativas ha quedado por debajo de las expectativas que todos los gobernados tenemos en cuanto al trabajo que debe ser realizado en todo el Congreso de la Unión, con lo cual innegablemente se ha contribuido así a generar una mayor parálisis legislativa y, por consiguiente, una indeseable parálisis gubernamental que limita el desarrollo pleno de nuestro país.

Debido a lo anterior, consideramos pertinente llevar a cabo una serie de acciones con las cuales se evite incrementar enormemente el rezago legislativo que existe y por ello hemos considerado la necesidad de poder erradicar precisamente ese rezago a través de una adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que las iniciativas no dictaminadas no se sigan acumulando a las iniciativas que en una nueva legislatura van a ser presentadas y, para ello, se estima conveniente establecer que las iniciativas que en una legislatura no hayan sido dictaminadas, se consideren o tengan por no aprobadas, con lo cual, la nueva legislatura que comienza sus funciones, no tendrá una carga de trabajo excesiva y podrá dedicarse al estudio y dictamen de las iniciativas que precisamente esa legislatura le vaya encomendando sin tomar en cuenta la serie de iniciativas anteriores a esa legislatura que no se dictaminaron.

Amén de lo anterior, sabemos que ha sido una práctica legislativa y actualmente una obligación, que en cada nueva legislatura los grupos parlamentarios presenten su Agenda Legislativa, lo que obviamente obedece a que los Partidos Políticos aquí representados plantean no sólo temas nuevos sino también, y es muy válido, iniciativas presentadas con anterioridad, imprimiéndole desde luego la actualización correspondiente. Esta agenda puede proponer modificaciones de planteamientos anteriores. Final y lógicamente, lo no expresado en esa agenda puede ser considerado como una renuncia implícita.

Resulta legítima la modificación y/o la renuncia de antiguas propuestas y óptima la discusión y dictamen expedito de nuevas iniciativas que al correr de cada legislatura son de mayor trascendencia que aquellas que ya no son impulsadas. Resulta también muy natural y válido en el Congreso, que lo que se defendía ayer hoy se detiene y que a lo que antes se oponía, hoy se impulse de acuerdo con las condiciones políticas, sociales, culturales y partidistas que imperen en la legislatura.

Evidentemente hay temas que se fijan reiteradamente en cada legislatura, como son, entre muchos, los relativos a seguridad pública y combate a la pobreza, temas a los que, indudablemente, la experiencia propone nuevas ideas. Las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, en lo general, y cada iniciativa presentada, en lo particular, son una manifestación de la prioridad de los temas en cada legislatura. En la materia que aquí nos ocupa resulta entonces propicio oportuno y conveniente, que opere la negativa ficta cuando una legislatura ha perdido el interés en un tema determinado al no haberlo dictaminado.

Hoy tenemos, señoras y señores legisladores, la oportunidad de modificar este aspecto tan relevante del proceso legislativo al hacerlo más fluido y, con ello, también la posibilidad de una percepción más objetiva y seguramente más favorable, por parte de la ciudadanía, del trabajo que aquí se desempeña.

En tal virtud y con fundamento en lo anteriormente señalado y hecho valer, me permito presentar ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

I. y III. ...

...

Las iniciativas presentadas y no dictaminadas en la Legislatura en que se presentaron, se tendrán como no aprobadas''.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativode San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Antonio Muñoz. Como ha sido solicitado, insértese íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Quiero pedirles un momento su atención para comentar a todas las diputadas y diputados que el día de hoy tenemos inscritos 121 puntos de acuerdo y 21 iniciativas y se ha acordado que la sesión dure hasta las ocho de la noche. Quiero pedirles también su mayor comprensión para que aquellas diputadas o diputados que puedan agilizar la presentación de iniciativas o de puntos de acuerdo, nos ayuden para que podamos ponernos al corriente en todo el cúmulo de trabajo que tenemos para estas sesiones.

Igualmente, pedirles a los presidentes de las comisiones su colaboración para que no convoquen a reuniones de comisiones mientras estén las sesiones ordinarias de este Pleno. Gracias.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La diputada Silvia Oliva Fragoso:Gracias, diputado Presidente; diputadas y diputados: escuchando la solicitud del diputado Presidente, únicamente les diré que la iniciativa que se presenta es una adecuación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en algunas cuestiones que se refieren al Código Penal Federaly al Nuevo Código Penal delDistrito Federal. Por lo tanto, solicito que se inscriba íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 73, fracción XXI, párrafos primero y segundo, y 122, párrafo sexto, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, apartado 2, fracción XX y 40, apartado 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada Silvia Oliva Fragoso, perteneciente al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, y solicito sea turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la del Distrito Federal, la siguiente iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A raíz de una iniciativa de ``Ley Contra la Delincuencia Organizada'' surgida en el año de 1995, se incorpora al acervo jurídico positivo vigente, una ley que trata de presentarse como una respuesta contra la cada vez más creciente forma de delincuencia denominada Delincuencia Organizada dicha ley se origina en un decreto del 28 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 7 de noviembre de 1996, y que entró en vigor al día siguiente, con el nombre de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO).

De este modo, el 26 de junio de 1996 se decretan las reformas a los artículos 16 en sus párrafos noveno y décimo; 20 fracción I y penúltimo párrafo; 21 en su párrafo primero; 22 en el párrafo segundo y 73 fracción XXI y se le adiciona un segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya en el plano legal secundario, la publicación de la LFCDO presentó en su momento una serie de inconsistencias que impedirían en su momento, la configuración de la figura de la DO cuando se refiriera al robo de vehículos cometido tanto a título local en el Distrito Federal, como a título federal, puesto que al artículo al que se refiere la fracción V del artículo 2º de la referida Ley (la cual hace referencia al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal) no corresponde con la figura del robo de vehículo.

Respecto de este mismo artículo, se pretende la adecuación de la mención que se hace a la legislación penal federal que ya no existe, adoptándose la denominación actual de Código Penal Federal.

Asimismo, la redacción del artículo 3º, que supeditó a la Unidad encargada del combate a la DO a atraer los delitos tales como asalto, robo de vehículo, secuestro y sustracción de menores para poder conocer de ellos, no contempló la posibilidad de que se pueda dar sin la necesidad de la atracción para el caso de que los delitos no sean competencia de las entidades, sino de la Federación.

Parte indispensable de la argumentación, se refiere al hecho de que cuando se publicó la LFCDO, se encontraba referida la DO a las figuras delictivas de la fracción V del referido artículo 2º ya fuera de las establecidas en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal (de aplicación dual, tanto para la Federación, como para el Distrito Federal), o en las correspondientes legislaciones penales ``estatales'' (las cuales se refieren a las legislaciones de los 31 estados que conforman la República Mexicana).

En ese momento, la redacción era tal que abarcaba a las 32 entidades federativas en el fuero común y a la Federación en el fuero federal.

Sin embargo, las reformas que el Congreso de la Unión realizara al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, consistentes en el cambio de nombre, para quedar como Código Penal Federal, mismas que de fondo eliminaban la competencia local respecto del DF, dieron al traste con la aplicabilidad de la referida LFCDO por lo que a esta entidad federativa se refiere, ya que, de acuerdo al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma diversas disposiciones en materia penal de 18 de mayo de 1999 se estableció que las menciones que en leyes federales se hicieran al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la república en materia de Fuero Federal, se entenderían hechas al Código Penal Federal.

En virtud de ello, cuando el artículo 2º de la LFCDO hace mención al Código Penal, se entiende que tan solo se refiere al federal, excluyendo al del DF el cual al no ser ``legislación penal estatal'', no se menciona jamás y por ende, no puede ser considerado para conformar el delito de segundo piso denominado delincuencia organizada.

Esto significa que por lo que se refiere a la materia federal, la figura de DO no se puede configurar por los delitos contenidos en la fracción V del artículo 2º de la ley de la materia, pues por el principio-garantía de estricta aplicación de ley penal, no se puede interpretar que el asalto, regulado por el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, sea una figura regulada en la ley federal.

La última parte de dicha fracción, posibilita a que se sancionen esas conductas cuando, no estando contempladas en el CPF, lo estén en ``las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales'', por lo que no cabe interpretar que se refiere a la legislación penal del Distrito Federal, toda vez que en el DF no es un estado, sino un Distrito Federal, que aunque es una entidad federativa, no es propiamente un estado.

Las reformas aludidas, de manera graciosa evaden el problema de revisar cada una de las leyes que hacen referencia a la antigua denominación del Código Penal, contemplando ese segundo transitorio que dispone que entender, la nueva denominación, pero no sólo eso, sino que se debe entender la nueva ley, por que el DF ya tiene la suya. Con esta tan aparente e insignificante reforma, que pareciera tan sólo terminológica, se ha dado al traste con la posibilidad de que el Ministerio Público de la Federación, pueda iniciar una investigación referente a la delincuencia organizada (federal) cuando las conductas descritas en la fracción V se realicen en el DF, porque naturalmente será aplicable el Código del DF (sea que se trate del Código Penal para el Distrito Federal o el Nuevo Código Penal del Distrito Federal), legislación no facultada por dicha fracción, para dar cabida a conductas delictivas que constituyan DO, siempre que no se pongan en el supuesto del artículo 50 de la LOPJF.

De esta manera, serán sancionables el asalto o el secuestro (v.gr.) que realicen tres o más personas en el DF, aplicando el Código del DF cuando así proceda por lo que hace a las figuras típicas de asalto o de secuestro, pero en ningún caso, lo será a título de DO conforme a lo que dispone la LFCDO, puesto que no constituye conducta regulada por el artículo 2º de dicha ley, produciendo una atipicidad por la misma, independientemente de que la conducta de secuestro se encuentre regulada, como delincuencia organizada, por el Nuevo Código Penal del Distrito Federal, en cuyo caso se podría estar en presencia de la figura de la DO local (los artículos 254 y 255 de éste NCPDF establecen las figuras de DO local el primero, y la de sus agravantes (de la misma DO) por las calidades en los sujetos activos y por la calidad de la autoría mediata para el caso de la utilización de menores de edad o de incapaces), pero nunca ante la figura federal que se establece en la ley de la materia.

Por si fuera poco, el problema no termina allí puesto que la ley penal es de estricta aplicación, se debe hacer una interpretación gramatical de sus conceptos, no cabiendo siquiera, la interpretación teleológica o axiológica. Por ello es cuando se mencionan el asalto, el secuestro, etc. En las fracciones V del 2º, referido a las disposiciones penales estatales, se debe referir directamente la integración del tipo, de acuerdo al nomen iuris del delito. Esto es si la delincuencia organizada es la agrupación de tres personas o más que se organizan para cometer un secuestro contemplado en una legislación estatal, ese delito de secuestro, debe, forzosa e invariablemente, denominarse secuestro, dentro de dicha legislación

Esto parece muy obvio, y lo es. Por eso, cuando en una legislación local, se presenta una figura delictiva cuyas características típicas son idénticas a las características del tipo de secuestro de otras legislaciones (V.gr. el CPF), pero que ella le llama de otra forma (como privación ilegal de la libertad, etc.), no debe ser considerada como factible a ser punible como delincuencia organizada, puesto que la redacción del tipo es clara al decir: Secuestro. Este nomen iuris, será indispensable en la integración del tipo.

El problema que se indica, se presenta en muchas legislaciones estatales, que en términos generales, no cuentan con figuras delictivas a las que se les llamen secuestro ---porque las subsumen dentro de la figura de la privación de la libertad que no cuenta con el nombre específico de secuestro--- o tráfico de menores ---las que regulan dentro de la figura denominada sustracción de Menores.

Al respecto, se presenta un cuadro en donde se listan algunos Códigos Penales de los estados, y los artículos que se refieren a los delitos contemplados en la fracción V de la LFDO. (Anexo).

Conforme al cuadro anexo, se puede observar que existen estados como el de Campeche, que solo contemplan una figura delictiva (robo de vehículos), el de Oaxaca que contempla sólo dos (asalto y robo de vehículos), el de Michoacán que regula tres figuras (asalto, secuestro y robo de vehículos) y el de Jalisco que sí regula las cuatro figuras típicas.

Aunado a las irregularidades planteadas arriba, el contenido de esta fracción V se encuentra totalmente supeditado en su aplicación fáctica por lo dispuesto en el artículo 3º en su párrafo segundo, que plantea una limitante, no sólo para la puesta en práctica del contenido y las posibles investigaciones, averiguaciones y consignaciones que de estas conductas se pudieran efectuar, sino de la consideración de delito a título de DO cuando las conductas sean de esta fracción, toda vez que dicho párrafo dispone que estos delitos contenidos en la fracción V lo serán sólo cuando el M P ejerza la facultad de atracción.

La problemática que se presenta en la fracción V del artículo 2º, se refleja nuevamente en el contenido del párrafo segundo del artículo 3º, pues dispone que dichos delitos (de la fracción V), serán objeto de proceso federal, cuando concurran dos características:

1) La comisión a cargo de algún miembro de la DO, y

2) que el MP de la federación ejerza su facultad de atracción.

Dicha facultad se encuentra regulada por el artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo de la CPEUM, el cual dispone:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI ...

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales.

Es el caso que se trata de delitos del fuero común que tienen conexidad con delitos federales, puesto que se sancionan por ser objeto de comisión a cargo de tres o más personas que acuerdan organizarse o lo hacen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como finalidad o resultado cometerlos, lo que constituye la presencia del delito DO que es de carácter federal según lo disponen los artículos 1º y 2º de la ley en la materia, y que es solo por ese hecho, que son objeto de un delito federal que los engloba, que los relaciona y los conecta, que pueden ser atraídos sin que se contraponga lo dispuesto por la constitución, y sin que por eso sea esa práctica (la de sancionar los delitos de la fracción V del artículo 2º de la LFCDO) violatoria de garantías.

Por otro lado resulta altamente cuestionable el contenido, derivado de la mala técnica legislativa presentada en la redacción del párrafo que se comenta, por las razones que a continuación se exponen.

El problema es doble si consideramos que dichos delitos de la fracción V pueden cometerse a título federal. Por un lado tenemos el párrafo primero del 3º que estipula la competencia directa del MP Federal por los delitos federales contemplados en las fracciones I a la IV del 2º, y por otro lado tenemos que el párrafo segundo del 3º, estipula la conditio sine qua non de que los delitos de la fracción V sólo serán competencia del MP federal (el de la unidad élite) cuando sean cometidos por los miembros de la delincuencia organizada y el MP ejerza la facultad de atracción. Resulta evidente que en el caso de un robo de vehículos federales por miembros de la DO, el delito es eminentemente federal y que por ningún motivo puede el MP Federal ejercer su facultad de atracción por delitos que de suyo le competen a él.

Ante estas condiciones, no debe entenderse que el MP de la federación no pueda conocer de los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos cuando sean cometidos en el fuero federal, por supuesto que será competente, pero en caso de que concurran con DO, la SIEDO no tendrá posibilidades de conocer de estos delitos, pues la exigencia de que se conozcan sólo cuando el MP perteneciente a la SIEDO, imposibilita que éste investigue y consigne por ellos, por lo que deberá ser otro MP, y no el que pertenece a la SIEDO el que integre esta averiguación, aun y cuando el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esto, es estricto apego a dicho precepto, sin que pase por alto el hecho de que lo que deseó el legislador, no fue eso, sino marcar esta excepción para el caso de los delitos conexos del fuero común y la DO federal, porque en el caso de que fueran federales los delitos establecidos en la fracción V, se realizara sin ulterior trámite.

De esta manera, resulta claro que el contenido del párrafo segundo del 3º tan sólo es aplicable a los delitos contemplados en las legislaciones penales estatales (LPE), sin contemplar, evidentemente al CPF ni al CPDF.

Por otro lado, y atendiendo a la economía en la técnica legislativa, es pertinente unificar la denominación con la que se refiere a los agentes del ``Ministerio Público de la Federación'' a que se refiere la Ley, para lo cual se propone que se le denomine Ministerio Público, sucediendo lo mismo con la denominación de la Policía Judicial, a fin de que exista correspondencia con la reforma constitucional y con las disposiciones aplicables de la Procuraduría General de la República.

De gran importancia resulta el establecer claramente que las facultades extraordinarias que se presentan en la Ley, tan solo son aplicables por lo que hace la figura de la Delincuencia Organizada por lo que cuando la diversidad de artículos establecen que ``por los delitos establecidos en esta ley'' deben dejar claro que se refieren al que se refiere el párrafo primero del artículo 2º y no a todos los que establece la ley, pues ello implicaría abarcar las aplicaciones a todos aquellos a los que se refieren las cinco fracciones del mismo artículo, así como a las conductas delictivas de revelación de secretos y de intervención de comunicaciones que regula la misma ley y sobre los cuales no se deberá pensar en autorización de intervención de comunicaciones, arraigos hasta por 90 días, etc.

De especial relevancia se presenta la figura de la agravación de las figuras delictivas con base en la calidad específica del sujeto activo, referido a los servidores públicos (pertenecientes a las corporaciones policiales, por ejemplo), agravantes que no se encuentran justificadas ni por el desvalor de la acción ni por el del resultado, toda vez que no es exigible la existencia de una calidad de garante que justifique la mayor reprochabilidad de las conductas de los activos, por lo que se propone que dichas conductas desplegadas por los activos calificados, sean relevantes en materia de calificativas sólo cuando exista una verdadera vinculación entre el deber jurídico del activo de salvaguardar el bien jurídico y la lesión o puesta en peligro del mismo, lo cual sólo se puede justificar cuando se trate de servidores públicos que se involucren en delitos, cuando se valgan de esa calidad para cometerlos, lo que reporta una ventaja adicional, además de una mayor reprochabilidad social. No es justificable que las sanciones se incrementen por el único hecho de ser servidor público, cuando no exista ninguna vinculación entre las funciones que desarrolla y la violación al deber jurídico y salvaguarda del bien tutelado.

Para estar acorde a los preceptos constitucionales, se establece la obligación de que para la Secretaría de hacienda y Crédito Público pueda realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, deba existir constancia de la solicitud que el Ministerio Público realice a dicha secretaría, debiendo fundar y motivar su solicitud.

A fin de no crear limitaciones que redunden en injusticias, se propone no restringir nominalmente las materias en la que existe prohibición para la intervención de comunicaciones, toda vez que con una redacción de esas características, se pueden excluir materias tales como la ambiental, la militar, etc., que por no estar señaladas ex profeso por la ley, puede interpretarse por exclusión, que no existe prohibición para realizar la intervención por conductas relacionadas con las mismas.

Con fines de técnica legislativa, se propone la eliminación de redacciones repetitivas referentes a los servidores públicos y el cambio de denominación que en materia de Bienes Asegurados existe actualmente, toda vez que la unidad administrativa que se señala en la ley, materia de esta iniciativa, ya no cuenta con esa denominación, por lo que se propone una que sea lo suficientemente laxa como para no necesitar de adecuaciones posteriores por el cambio de nombre que le dé la Ley Orgánica de la Procuraduría general de la República.

A fin de dar unidad y posibilitar la aplicación de la LFCDO en el ámbito del DF, se presenta la siguiente

Iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente redacción:

``Artículo Único. Se modifica el contenido de los artículos 2°, fracciones I y V; 3°; 5°, fracción I; 8° párrafos primero, cuarto y quinto; 9°, párrafo primero; 10; 11 párrafo primero, 12; 13; 14; 15; 16, párrafo primero; 17; 18 párrafos tercero, quinto y sexto; 19; 20, párrafo primero; 21; 22; 24; 25; 28, párrafo segundo; 29; 32; 33; 35, párrafo último, 36; 38 y 39 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los Artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II a IV. ...

V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 376 bis del Código Penal Federal, o las figuras equivalentes, atendiendo a las conductas, que se encuentren en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas, aun cuando no se les llame de la misma manera.

Artículo 3. Los delitos a que se refieren las fracciones del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Las facultades establecidas en el párrafo anterior, solo se llevarán a cabo respecto de los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo que sean de competencia local, cuando además de ser cometidos por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público ejerza la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las punibilidades previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Artículo 5. ...

I. Se trate de cualquier servidor público que valiéndose de esa circunstancia participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, o

II. ...

Artículo 8. La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público, auxiliados por agentes de la Policía y peritos.

...

...

Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público, se entenderá que se refiere a aquéllos agentes que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece.

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Federal o de las entidades federativas.

Artículo 9. Cuando el Ministerio Público investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual estará bajo su mando respecto de la misma.

...

...

Artículo 10. A solicitud del Ministerio Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, para lo cual deberá quedar constancia de la solicitud que el Ministerio Público realice a dicha secretaría, debiendo fundar y motivar su solicitud.

Artículo 11. En las averiguaciones previas relativas al delito a que se refiere el artículo 2° de esta Ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes.

...

Artículo 12. El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.

Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por el delito a que se refiere el artículo 2º de esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base a la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.

No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público, se le haya negado.

Artículo 14. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del Ministerio Público, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.

Artículo 15. Cuando el Ministerio Público solicite al Juez de Distrito una orden de cateo con motivo de la investigación del delito a que se refiere el artículo 2º de esta Ley, dicha petición deberá ser resuelta en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes después de recibida por la autoridad judicial.

Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.

El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.

Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquél que se señale corno el de su posible ubicación, o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 16. Cuando en la averiguación previa del delito a que se refiere el artículo 2º de esta Ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8º anterior, consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al Juez de Distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar.

...

...

Artículo 17. El Juez de Distrito requerido deberá resolver la petición en términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso podrá autorizar intervenciones en ninguna otra materia que no sea alguna de las formas en que se puede manifestar la delincuencia organizada de las establecidas en las fracciones que integran el artículo 2° de esta Ley, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Artículo 18. ...

...

La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, que únicamente llevará a cabo el Ministerio Público bajo su responsabilidad, con la participación de perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o interceptadas, los lugares que serán vigilados, así como el período durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el que podrá ser prorrogado por el Juez de Distrito a petición del Ministerio Público, sin que el período de intervención, incluyendo sus prórrogas pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

...

El Ministerio Público solicitará la prórroga con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El Juez de Distrito resolverá dentro de las doce horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prórroga, concluirá la intervención autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador.

Al concluir toda intervención, el Ministerio Público informará al Juez de Distrito sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva.

...

Artículo 19. Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el Juez de Distrito no resuelve sobre la solicitud de autorización o de sus prórrogas, el Ministerio Público podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente, para que éste resuelva en un plazo igual.

El auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Ministerio Público. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.

Artículo 20. Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio Público ordenará la trascripción de aquellas grabaciones que resulten de interés para la averiguación previa y las cotejará en presencia del personal del cuerpo técnico de control de la unidad especializada prevista en el artículo 8º anterior, en cuyo caso serán ratificadas por quien las realizó. La trascripción contendrá los datos necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervención serán igualmente integrados a la averiguación.

...

Artículo 21. Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquéllos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente con excepción de los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artículo 16 constitucional. Toda actuación del Ministerio Público o de la Policía a su mando, hechas en contravención a esta disposición carecerán de valor probatorio.

Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, el Ministerio Público presentará al Juez de Distrito la solicitud respectiva.

Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha intervención. De lo contrario, el Ministerio Público iniciará la averiguación previa o lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda.

Artículo 22. De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio Público, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público será responsable de su seguridad, cuidado e integridad.

Artículo 24. En caso de no ejercicio de la acción penal, y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrán a disposición del Juez de Distrito que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción en presencia del Ministerio Público. Igual procedimiento se aplicará cuando, por reserva de la averiguación previa u otra circunstancia, dicha averiguación no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal.

Artículo 25. En los casos en que el Ministerio Público haya ordenado la detención de alguna persona conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional, podrá solicitar al Juez de Distrito la autorización para realizar la intervención de comunicaciones privadas, solicitud que deberá resolverse en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley.

Artículo 28. ...

Los servidores públicos de la unidad especializada prevista en el artículo 8º de esta Ley así como cualquier otro servidor público que participen en algún proceso del delito a que se refiere el articulo 2º de esta Ley que revelen divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así corno con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

...

Artículo 29. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

Artículo 32. Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 33. El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las determinaciones que correspondan para la supervisión y control de los bienes asegurados conforme a las disposiciones de esta Ley. La administración de bienes asegurados por el Ministerio Público, conforme a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, serán determinados por la unidad administrativa competente en materia de bienes asegurados que establezca la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo 35. ...

I. a IV. ...

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.

Artículo 36. En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien colabore con el Ministerio Público, a solicitud de éste se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes siempre y cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.

Artículo 38. En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados con la comisión del delito a que se refiere el artículo 2º de esta Ley, el Ministerio Público deberá ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la información y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisión de este delito, se deberá iniciar una averiguación previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobación pero en ningún caso dicha información, por sí sola, tendrá valor probatorio alguno dentro del proceso.

Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá necesariamente de la denuncia correspondiente.

Artículo 39. Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público durante la averiguación previa, o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso, y gracias por su colaboración. Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:Gracias, señor Presidente: la ley que presento a nombre de mi grupo parlamentario, que es la Ley Reglamentaria al 71 constitucional a la capacidad e iniciativa del Presidente, lo que está haciendo el PRI, después de ver en varias Legislaturas que no había el instrumento legal ni hemos encontrado una solución a poder sentar al Ejecutivo con el Legislativo.

¿Qué busca esta iniciativa? Ordenar preferentemente las iniciativas del Presidente, transparentar el procedimiento, generar un estudio técnico legislativo mucho más profundo a través de condicionar al Presidente de la República a que fundamente sus iniciativas de una mejor forma, con estudios económicos de impacto social, impacto económico, de referentes internacionales.

No estamos buscando modificar la Constitución ni tampoco estamos buscando modificar nuestra Ley Orgánica sino estamos generando un instrumento de coordinación entre dos Poderes. Celebraríamos todos y cada uno del grupo parlamentario, que los demás grupos apoyaran esta iniciativa, para encontrarle soluciones a México que demanda la sociedad de manera urgente y encontrar en transparencia de la sociedad, el generar nuestro proceso legislativo mucho más eficaz y la relación con el Ejecutivo.

En aras del respeto del tiempo de este Pleno y la capacidad de trabajo que tenemos en este último mes, pido al Presidente que se inserte plenamente la iniciativa en el Diario de los Debates y que se turne a la comisión correspondiente, para poder generar el estudio y pronto esto sea ley. Muchas gracias, Presidente.

«Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como certifica uno de los secretarios del mismo, en nombre de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de 1997 en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, han sido tensas, lo anterior se debió a que la oposición logró, por primera vez en la historia política del país, constituir una mayoría en el Congreso de la Unión, que servia como contrapeso en nuestro arraigado sistema presidencialista.

Esta tendencia la encontramos en las elecciones subsecuentes, lo que deja muy claro que el electorado, quiere un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes, donde el Congreso no esté subordinado al Ejecutivo. Para los legisladores, es prioritario actuar como verdadero contrapeso de los poderes ejecutivo y judicial para consolidar la transición democrática y buscar consensos que faciliten las vías de negociación entre los diversos grupos políticos representados en las cámaras del Congreso de la Unión.

Los obstáculos que desde hace unos años se observan en la relación Ejecutivo-Legislativo, hacen ver que esta relación de vital importancia para el desarrollo del país, requiere nuevas reglas.

Y es por eso que los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponemos la presente iniciativa para reglamentar la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la facultad de iniciativa del Presidente de la República, se tome con la importancia que merece, ya que en ese poder recae la responsabilidad operativa del Estado mexicano.

De acuerdo al Informe de desempeño y transparencia del Poder Legislativo en México,1 las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, son las que mayor éxito tienen al ser dictaminadas, este informe nos dice lo siguiente:

``...En la Cámara de Diputados, el Ejecutivo mantiene un volumen de contribución parecida a la del año anterior, aumentó de 2.93 por ciento durante el segundo año a 3.31 por ciento en la primera mitad del tercer año de ejercicio. Lo que representa una fracción marginal del total de la legislación aprobada. Sin embargo, la tasa de éxito de las iniciativas presentadas por el Presidente continua siendo la más elevada de todos los órganos que han presentado iniciativas en la Cámara de Diputados (37.5 por ciento), incluso superior a aquella de las minutas enviadas por la Cámara de Senadores (17.19 por ciento).

La tasa de éxito del Ejecutivo ha mostrado variaciones importantes durante la LIX Legislatura. Del primer al segundo año se elevó de 33.3 por ciento a 70 por ciento y se redujo a cero en la primera mitad del tercer año como resultado de la nula introducción de iniciativas en el Senado. Este hecho puede cambiar de repetirse el fenómeno ocurrido en el año anterior de ejercicio, cuando la introducción y aprobación de las iniciativas del Presidente tuvo lugar durante el segundo período sin que se presentase ninguna en el primero. Esto puede reflejar una estrategia del Presidente al concentrar la introducción de iniciativas durante la segunda mitad de los años de ejercicio legislativo. Lo que más destaca en el tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura, es la caída en el volumen de contribución del Ejecutivo en el Senado. Ésta tendencia a la baja se ha mantenido a lo largo de la legislatura, al pasar de un 18 por ciento en el primer año a 8.9 por ciento en el segundo, y reduciéndose a sólo 1.75 por ciento en el tercero...''

Lo anterior, nos deja muy claro que hasta hoy, con un régimen de gobierno dividido, las iniciativas del titular del Ejecutivo Federal, son importantes para el Congreso de la Unión, y por eso se privilegian de las demás presentadas, pero también podemos darnos cuenta que esta tendencia se va reduciendo por factores políticos, que enrarecen las relaciones Ejecutivo-Legislativo.

Esto debe ser evitado, en la medida de lo posible y estamos convencidos que la mejor manera de lograrlo es con la iniciativa que hoy presentamos, la cual establece un mecanismo de coordinación y colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo, entre las principales propuestas que contiene podemos mencionar las siguientes:

Se propone que las iniciativas de ley o decreto, que, en su oportunidad, presente el Ejecutivo Federal, sean sustentadas no solo con la motivación contenida en el exposición de motivos y el decreto de la misma, sino que para que los legisladores cuenten con elementos suficientes para la elaboración del dictamen correspondiente, también se presenten estudios de derecho comparado nacional e internacional; se explique la viabilidad técnica y jurídica; y se presenten referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico que la iniciativa traería consigo.

Asimismo, se propone que tanto el secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa, como el personal especializado a su cargo, tengan una continua comunicación con el Poder Legislativo a fin de que los legisladores puedan tener claros los elementos que motivaron la iniciativa presentada, y del mismo modo, que los servidores públicos del Poder Ejecutivo, conozcan los puntos de vista de los parlamentarios.

Con esta iniciativa proponemos establecer mecanismos institucionales de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis, discusión y aprobación de las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, estableciendo la obligación, por parte de los legisladores, de darle prioridad a la elaboración de los dictámenes a las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal.

La presente iniciativa, propone, al igual que en la Nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, un título para formalizar las relaciones y colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, es decir para establecer un mecanismo de coordinación y colaboración institucional, lo cual no sería materia de controversia, toda vez que la iniciativa propone normar el procedimiento que se siga para dictaminar las iniciativas provenientes del Ejecutivo, y dicha facultad es exclusiva del Poder Legislativo.

Por otra parte, estamos convencidos de que la transparencia del proceso legislativo es muy importante para la ciudadanía y los sectores productivos, por lo que la iniciativa propone establecer diversos medios para que la opinión pública pueda conocer el estado que guardan las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal y el proceso legislativo para su aprobación.

Asimismo, se propone que los parlamentarios den a conocer el proyecto de dictamen a los sectores e industrias involucradas en las materias de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, y estos, a su vez, puedan presentar opiniones en relación a las mismas, las cuales no tendrán un carácter vinculatorio.

Del mismo modo, y con el propósito de contribuir a la eficiencia y producción legislativa, la iniciativa propone establecer la obligación por parte de los parlamentarios que, en caso de no existir los consensos necesarios en algún o alguno de los temas de la iniciativa presentada por el Presidente de la República, la comisión o comisiones dictaminadoras deberán emitir un dictamen sobre los temas consensuados.

También podemos mencionar, que con fecha 9 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal, en el cual se establecen una serie de reglas y procedimientos aplicables a la administración pública federal para la elaboración y seguimiento de las iniciativas de ley o decreto del Presidente de la República, con ello el Ejecutivo Federal reguló esta figura en el ámbito de su competencia, y en el mismo sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone mediante la presente iniciativa, regular, normar y complementar las disposiciones aplicables al ámbito legislativo.

De igual forma, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentará en los próximos días una iniciativa para reformar la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de complementar las normas relativas al proceso legislativo en materia de dictamen de las iniciativas de ley o decreto provenientes del titular del Ejecutivo Federal.

Adicionalmente, podemos mencionar que la iniciativa complementaria precisará la obligación de las comisiones dictaminadoras para tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa del Ejecutivo, al momento de emitir su dictamen.

De igual forma, dicha iniciativa propondrá la obligación de las comisiones de dar a conocer al Presidente de la República, a través del secretario o titular del ramo, el proyecto de dictamen, previo a su aprobación, para que se formulen comentarios, mismos que no tendrán carácter vinculante.

Y en tratándose de iniciativas presentadas por los legisladores y por las entidades federativas, la iniciativa propondrá que sean los centros de estudios de las finanzas públicas; de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; y de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, quienes, en el ámbito de su competencia, deberán realizar los estudios de derecho comparado nacional o internacional, sobre la viabilidad técnica y jurídica; y elaborar las referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico de las iniciativas que se presenten, a fin de que las comisiones de dictamen cuenten con los elementos técnicos que se requieren para la realización de sus tareas legislativas.

La iniciativa también propondrá la obligación de las comisiones para dar a conocer el proyecto de dictamen a los sectores e industrias involucrados en la materia de la iniciativa, quienes podrán elaborar opiniones, las cuales no tendrán carácter vinculante.

Por los argumentos antes expuestos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pone a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo federal.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en nombre de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo federal.

Artículo Único. Se expide la Ley reglamentaria de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Título Primero Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de iniciar leyes o decretos del Presidente de la República.

Artículo 2. El derecho de iniciar leyes o decretos del Presidente de la República, para su ejercicio deberá observar las reglas establecidas en la presente ley.

Artículo 3. Toda iniciativa de ley o decreto presentada por el Presidente de la República, deberá contener:

a) Exposición de motivos;

b) Decreto;

c) Transitorios;

d) Estudios de derecho comparado nacional o internacional;

e) Viabilidad técnica y jurídica; y

f) Referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico.

Artículo 4. Todo proyecto de iniciativa de ley o decreto presentada por el Presidente de la República deberá contener los requisitos previstos en el artículo anterior. En caso de faltar alguno de ellos, podrá ser desechada de plano.

Título Segundo De la Presentación de Iniciativas

Artículo 5. De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las iniciativas de ley o decreto provenientes del Presidente de la República podrán presentarse en cualquier tiempo y pasarán desde luego a la comisión respectiva para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Artículo 6. Una vez presentada la iniciativa de ley o decreto, el secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa, deberá comparecer en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuantas veces sea requerido, previo citatorio, ante la comisión o comisiones de dictamen a fin de exponer a los legisladores los alcances, objetivos y sustentos de la misma.

El secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa tendrá el derecho de asistir con voz pero sin voto, a las reuniones de la comisión o comisiones dictaminadoras, durante el proceso de discusión de la misma.

Artículo 7. El Presidente de la República, a través del secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa durante el proceso legislativo, pondrá a disposición de los legisladores, de forma permanente, al personal especializado que se requiera para explicar los estudios de derecho comparado nacional o internacional, la viabilidad técnica y jurídica, así como las referencias y/o estudios de impacto social, presupuestario y económico de la iniciativa. Así como realizar los estudios que a consideración de la comisión o comisiones dictaminadoras sean necesarios para la elaboración del dictamen correspondiente.

La información proporcionada por el Presidente de la República, a través del secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa, se presentará bajo protesta de decir verdad.

Artículo 8. El análisis, discusión y aprobación del dictamen a la iniciativa de ley o decreto presentada por el Presidente de la República, se realizará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los acuerdos parlamentarios vigentes en la materia.

Título Tercero De la Aprobación y los Mecanismos de Comunicación y Coordinación entre Poderes

Artículo 9. La aprobación de las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación, podrá presentar las iniciativas de ley o decreto, ante cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Presentada la iniciativa, será turnada por la Mesa Directiva de la Cámara respectiva a la comisión o comisiones para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

La Mesa Directiva, emitirá el turno a comisión o comisiones de acuerdo a la materia de la iniciativa, al asignar el turno y con el propósito de agilizar la emisión del dictamen, se procurará un máximo de dos comisiones, salvo excepciones debidamente justificadas a juicio de aquella.

III. La comisión o comisiones de dictamen podrán establecer mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente, y

IV. El Presidente de la República, a través de los secretarios y titulares del ramo al que pertenezca la iniciativa, deberá atender, de forma inmediata, los citatorios y requerimientos de información que solicite la comisión o comisiones de dictamen para la realización de sus funciones legislativas.

Artículo 10. La elaboración del dictamen de las iniciativas de ley o decreto provenientes del Presidente de la República, será prioritario para la comisión o comisiones legislativas.

Título Cuarto. De la Transparencia en el Proceso de Discusión y Aprobación de las Iniciativas

Artículo 11. El proceso de análisis, discusión y aprobación del dictamen a las iniciativas de ley o decreto presentadas por el Presidente de la República, será transparente, para ello, la comisión o comisiones de dictamen deberán:

I. Hacer del conocimiento público a través del Canal de Televisión del Congreso, Gaceta Parlamentaria, página de Internet y demás medios de comunicación e información, los mecanismos de coordinación y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para el análisis de la iniciativa de ley o decreto presentada;

II. Informar a la opinión pública, sectores e industrias involucrados con motivo de la iniciativa, mediante la elaboración de actas, informes, reuniones, foros, conferencias, entre otros, de los avances en la elaboración y aprobación del dictamen correspondiente; y

III. Publicitar cada uno de los actos que realice la comisión o comisiones de dictamen durante el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente.

Artículo 12. La comisión o comisiones dictaminadoras darán a conocer el proyecto de dictamen a los sectores e industrias involucrados en la materia de la iniciativa, quienes tendrán un plazo de cinco días naturales para hacer, en su caso, las observaciones que consideren pertinentes, mismas que se presentarán bajo protesta de decir verdad.

En caso de observaciones al proyecto de dictamen, y con el propósito de no contaminar el trabajo legislativo, los sectores e industrias deberán consensuar entre sus agremiados las observaciones que emitan, de acuerdo a sus normas internas.

Si no existiere mayoría entre los sectores e industrias involucrados en la materia de la iniciativa, se deberán expresar las diversas posturas con la justificación debida.

Las observaciones formuladas a la comisión o comisiones dictaminadoras por parte de los sectores e industrias antes mencionados no tendrán el carácter de vinculatorias.

Artículo 13. En aquellos casos en que no existan consensos para la elaboración del dictamen, entre los legisladores y el Presidente de la República expresada a través del secretario o titular del ramo, respecto de algún o algunos de los temas de la iniciativa, la comisión o comisiones deberán emitir su dictamen sobre los temas consensuados por la mayoría de los integrantes de la comisión o comisiones, dejando de lado aquellos temas sobre los que no exista un acuerdo mayoritario.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 www.monitorlegislativo.org/documentos/boletin_prensa_monitorleg_130306.pdf

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Cervantes. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ARTICULOS 108 Y 111 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Gracias, diputado Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La existencia en nuestro país de los fueros fue sin duda una de las causas que originaron la desigualdad social, arrojando una sociedad dividida por estancos, teniendo por un lado unos pocos privilegiados y por el otro, una inmensa mayoría que no gozaba de ninguna prerrogativa.

Al alcanzar nuestra vida independiente se conservaron varios de ellos, entre los que se contempla el privilegio de la inmunidad legislativa, pero desde entonces existía una tendencia a su acotación, a su acotamiento y desaparición, lo que es significativo puesto que la transición política que se llevó a cabo producto del movimiento independentista, reconoció en los fueros uno de los vestigios más claros del orden colonial, que debía ser eliminado para dar paso al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, primicia fundamental de las proclamas de Hidalgo y Morelos y de innumerables pensadores y libertadores.

El espíritu del Constituyente al establecer esta figura, la del fuero, fue únicamente de proteger a los servidores públicos, incluido los legisladores, de persecuciones, de presiones económicas, atropellos e incluso del encarcelamiento.

En Nueva Alianza consideramos que la interpretación, uso y abuso de la figura del fuero ha causado una gran molestia en la sociedad que sólo ha visto cómo se utiliza para burlar la acción de la justicia o para satisfacer con beneficios y preferencias los intereses particulares de quienes lo detentan bajo el manto de la impunidad.

México ha avanzado en su democracia, por lo que podemos afirmar que hoy existe una verdadera división de poderes, lo que nos permite arribar hacia los planteamientos como la presente iniciativa, para proponer mejoras a las disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento de declaración de procedencia.

La credibilidad en los políticos y en las instituciones públicas se ha demeritado. La sociedad se muestra totalmente escéptica respecto a que la justicia se aplique con exactitud en contra de los altos servidores públicos que han cometido algún ilícito penal.

Ello se debe al actuar irresponsable y deshonesto de algunos funcionarios gubernamentales que han quebrantado reiteradamente el principio democrático elemental que es el estado de derecho.

El fuero constitucional es visto como un instrumento de exagerada protección para los servidores públicos de alto rango, muchos de los cuales al amparo de este privilegio o prerrogativa han desvirtuado la noble tarea del servicio público, distorsionándolo en cuanto a su fin y pervirtiéndolo en cuanto a su contenido y alcance; evadiendo así responsabilidades de carácter penal que merecen el reproche de la sociedad y sus sanción mediante la imposición de una pena.

En este sentido es urgente replantear cuáles son los alcances de esta figura y para esto es preciso atender, actualizar y acotar el concepto del fuero constitucional, para que retome su verdadera naturaleza y esencia y se utilice en los términos en los que fue concebido, para que realmente sea una herramienta de protección para el mejor desempeño del servicio público y no una situación de privilegio.

En algunos países como Brasil, España, Panamá, Bélgica --entre otros--, se ha establecido que la inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos cometidos en flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves. Incluso las legislaciones más avanzadas sólo otorgan inmunidad en los trayectos a la Cámaras y durante el tiempo que duran las sesiones.

Esta prerrogativa o privilegio se ha venido limitando porque inmunidad no significa ilegalidad y mucho menos impunidad. El problema actual es la incorrecta interpretación del sentido primigenio del fuero, al llevarlo al extremo de amparar al individuo que no al cargo, respecto de delitos de los fueros común y federal. Por lo que hoy su existencia, considerando también las fallas administrativas, antes que fortalecer al servicio público lo debilita. De ahí la urgencia del acotamiento de esta figura jurídica.

En un sistema jurídico-político realmente republicano no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad aun cuando ésta por la compleja aplicación de la ley, conlleva frecuentemente a la arbitrariedad, porque deben desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia, y de lo contrario deberán ser responsables por sus actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

En 1982 se realizó la última reforma significativa al artículo 4o. constitucional relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. La declaración de procedencia constituye una determinación de la Cámara de Diputados que implica la separación del cargo del servidor público imputado, suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad que conozca del asunto.

No obstante, es necesario ubicar en su justa dimensión el alcance de esta institución constitucional, debiendo interpretar al fuero con la más completa responsabilidad a efecto de evitar excesos que en determinados casos propician impunidad.

Cada vez es más común escuchar a la sociedad demandando serios castigos a los servidores que han hecho mal uso del ejercicio del poder público, dejando de lado la función que se les encomendó.

Las disposiciones contenidas en la norma fundante de nuestro sistema jurídico y político, quedan incompletas si no se aterrizan en la Ley Secundaria que le da operatividad, como es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo contenido contempla el procedimiento del juicio político y el de declaración de procedencia.

Por ello es preciso adecuar la norma secundaria mediante la adición de un párrafo cuarto al artículo 25 de la aludida ley, para establecer que no es necesaria la declaración de procedencia cuando se actualicen los supuestos previstos en el correlativo artículo 111 constitucional.

Cuando se trate de delitos graves cometidos por los servidores públicos, sean éstos del fuero común o federal o en flagrancia; es decir, que se sorprenda al funcionario público en el momento mismo de la perpetración del delito. Se entienden como delitos graves aquellos que afectan de manera importante los valores fundamentales de la sociedad.

Por lo antes expuesto, se propone a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En virtud del tiempo permitido, solicito a la Presidencia se publique íntegra la presente iniciativa y exposición en el Diario de los Debates de la Cámara. Por su atención, a todos ustedes, muchas gracias. Es todo, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario del PNA

El suscrito, diputado federal Jacinto Gómez Pasillas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, solicitando que se turne a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El fuero ha sido históricamente, en nuestro país una situación de privilegio, ya sea por razón de rango o razón de linaje de las personas. En la época del virreinato se otorgaban una serie de privilegios a determinadas capas sociales, que iban desde la exención de impuestos, hasta el otorgamiento de gracias, mercedes o inmunidades transitorias o definitivas para la persona o los bienes del beneficiario.

Estos privilegios daban la posibilidad y de hecho obligaban a sus beneficiarios a aplicar el derecho derivado de su categoría social para llevar sus pleitos al conocimiento de tribunales, ex profeso, creados para conocer de este género de negocios.

Así se reconocían hasta 35 fueros distintos, lo que derivó en una gran confusión, lo que hacía imposible aplicar las normas y dictar resoluciones, tornándose difícil, distinguir los procedimientos especiales aplicables al caso.

La existencia en nuestro país de los fueros fue sin duda una de las causas que originaron la desigualdad social que estableció una sociedad dividida por estancos, teniendo por un lado, unos pocos privilegiados y, por el otro, una inmensa mayoría que no gozaba de ninguna prerrogativa. Al alcanzar nuestra vida independiente, se conservaron varios de ellos, entre los que se contempla el privilegio de la inmunidad legislativa, pero desde entonces existía una tendencia a su acotamiento o desaparición, lo que es significativo, puesto que la transición política que se llevó a cabo, producto del movimiento independentista, reconoció en los fueros uno de los vestigios más claros de orden colonial, que debía ser eliminado para dar paso al principio de ``igualdad de todos los ciudadanos ante la ley''; siendo la primicia fundamental de las proclamas de Hidalgo y Morelos, y de innumerables pensadores y libertadores.

En ese acopio de ideas, las diferencias entre los poderes públicos eran de esperarse, porque dentro de las confrontaciones más connotadas se encuentra el iniciado por Agustín de Iturbide en 1822, cuando apresó a varios integrantes del Congreso de aquella época, por sólo ilustrar alguno de ellos.

Durante mucho tiempo se fundamentó y robusteció la figura del fuero constitucional, en virtud de las amenazas del Ejecutivo, mediante detenciones arbitrarias para impedir el ejercicio de sus funciones a los integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial, aunque este último, participaba o interfería en cierta medida, vía órdenes de aprehensión, contra los miembros de los otros poderes.

El espíritu del Constituyente, al establecer la figura del fuero, fue únicamente de proteger a los servidores públicos, incluidos los legisladores, de persecuciones, de presiones económicas, atropellos e inclusive del encarcelamiento, que en tiempo atrás servia a los gobiernos despóticos para abatir su independencia o para quitarlos del escenario político, en función de mantenerse en el poder.

Por ello, es dable decir que la intención del Constituyente, al dar a determinados servidores públicos el fuero de que gozan, obedece a la necesidad de permitir el desempeño de la función pública en forma eficiente. Es importante establecer, que el fuero es una figura de protección a la investidura que se representa, y no al funcionario público como persona, tal y como lo establece el artículo 61 de nuestra Carta Magna, en el caso de los Diputados y Senadores

Derivado de lo anterior y en el entendido de que la Institución que se comenta, ha cumplido históricamente su función primordial, debemos analizarla para llevarla a su justa dimensión, para diferenciar las acciones públicas y los actos privados de los servidores públicos respetando, siempre, la independencia del Congreso Legislativo, como órgano representativo y como recinto, sin olvidar el respeto debido a los funcionarios públicos integrantes de los otros dos poderes del Estado.

De conformidad con el artículo cuarto de nuestra Norma Suprema, el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que se traduce en que todos los ciudadanos, independientemente de las labores, credos, profesiones y actividades que realicen, se encuentran bajo la tutela de la Constitución Política cuyos postulados y garantías deben ser respetados por parte de las autoridades.

Si todos somos iguales ante la ley, el funcionario público también debe serlo. Un sujeto con los mismos derechos que todos los ciudadanos y con iguales obligaciones, susceptible de ser sancionado cuando haga un mal uso o abuse del poder público, sea en ejercicio de sus funciones o en la comisión de delitos derivados de sus actos personales o acciones privadas. Es menester mencionar que en toda democracia se debe preservar el Estado de Derecho, por lo tanto, la corrupción no comulga con la ley, lo contrario generaría impunidad y desalentaría a la sociedad, que ve con frustración, cómo la norma jurídica se aplica justamente a aquellos que carecen de fuero. En ello se justifica y se legitima la razón de ser de la iniciativa que se propone, en el sentido de que todo servidor o funcionario público de los mencionados en los artículos 108 y 111 de la Norma Fundamental, se les instruya procedimiento penal cuando quebranten de manera grave la norma que regula la materia, sin necesidad de que se les haga la Declaración de Procedencia, por parte de la Cámara de Diputados Federal.

En Nueva Alianza insistimos en que en la historia contemporánea del país, la interpretación, uso y abuso de la figura del fuero ha causado una gran molestia en la sociedad, que sólo ha visto cómo se utiliza para burlar la acción de la justicia o para satisfacer con beneficios y preferencias los intereses particulares de quienes lo detentan bajo el manto de la impunidad.

México ha avanzado en su democracia, por lo que podemos afirmar que hoy existe una verdadera división de poderes, lo que nos permite arribar hacia los planteamientos, como la presente iniciativa para proponer mejoras a las disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento de declaración de procedencia. Nosotros los autores y creadores de las leyes debemos ser los primeros en acatarlas y respetarlas, porque sólo así podremos contrarrestar la creciente percepción ciudadana de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales.

La credibilidad en la clase política y en las instituciones públicas se ha demeritado, la sociedad se muestra totalmente escéptica respecto a que la justicia se aplique con exactitud en contra de los altos servidores públicos que han cometido algún ilícito penal; ello se debe al actuar irresponsable y deshonesto de algunos funcionarios gubernamentales que han quebrantado reiteradamente el principio democrático elemental, que es el Estado de derecho.

En Nueva Alianza sostenemos que el avance democrático del país pasa ineludiblemente por la revisión de las normas jurídicas que precisen los principios y valores a que debe sujetarse la actuación de los servidores públicos, así como las leyes que reglamentan sus responsabilidades y prescriben las vías para sancionarlos, cuando incurren en faltas de carácter administrativo, o penal.

En la sociedad, el fuero constitucional es visto como un instrumento de exagerada protección para los servidores públicos de alto rango, muchos de los cuales al amparo de este privilegio o prerrogativa, han desvirtuado la noble tarea del servicio público, distorsionándolo en cuanto su fin y pervirtiéndolo en cuanto a su contenido y alcance, evadiendo así responsabilidades personales de carácter penal que merecen el reproche de la sociedad, y su sanción mediante la imposición de una pena.

En este sentido, es urgente replantear cuáles son los alcances de esta figura, y para esto, es preciso atender, actualizar y acotar el concepto del fuero constitucional para que retome su verdadera naturaleza y esencia y se utilice en los términos en los que fue concebido, para que realmente sea una herramienta de protección para el mejor desempeño del servicio público y no una situación de privilegio.

Desafortunadamente, esto no ha sido posible, porque la concentración del poder político y la tendencia al autoritarismo han hecho equivalente en muchos casos la inmunidad con la impunidad, toda vez que se ha desvirtuado por las inercias políticas e incorrecta interpretación del concepto, mismo del fuero constitucional.

En algunos países como Brasil, España, Panamá, Bélgica entre otros se ha establecido que la inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos cometidos en flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves. Incluso, las legislaciones más avanzadas sólo otorgan inmunidad en los trayectos a las Cámaras y durante el tiempo que duran las sesiones. Esta prerrogativa o privilegio se ha venido limitando, porque inmunidad no significa ilegalidad.

Lo cierto es que, en las últimas décadas, el fuero constitucional ha dejado de ser sólo una protección que garantice el equilibrio de poderes, para convertirse en una excepción que permite, en muchos casos, el quebranto del principio de igualdad jurídica, y fomenta, por lo mismo, la impunidad desde la función pública. El problema actual es la incorrecta interpretación del sentido primigenio del fuero, al llevarlo al extremo de amparar al individuo que no al cargo, respecto de delitos de los fueros, común y federal contemplando también las faltas administrativas, por lo que hoy, su existencia, antes que fortalecer al servicio público, lo debilita, de ahí la urgencia del acotamiento de esta figura jurídica.

En Nueva Alianza consideramos que existe la imperiosa necesidad de establecer mecanismos jurídicos eficaces a efecto de dotar al Estado mexicano, de los instrumentos necesarios para que pueda desarrollar la difícil tarea de prevención y combate a los actos de corrupción de los funcionarios gubernamentales de los Poderes de la Unión y que mejor con lo que se propone en esta iniciativa.

Si aspiramos a la consolidación de un Estado democrático, de un México justo e igualitario, donde una premisa fundamental sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de derecho, en donde ninguna persona se encuentre por encima de la ley, entonces nuestra legislación debe normar el ejercicio responsable y honesto de los servidores públicos de primer nivel.

En un sistema jurídico político realmente republicano no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad, menos aún cuando ésta, por la compleja aplicación de la ley, conlleva frecuentemente a la arbitrariedad, porque deben desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia, porque de lo contrario, serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que entraña la libertad de expresión, únicamente se consigna por la Ley Fundamental en relación con los diputados y los senadores en forma absoluta conforme al precitado artículo 61, en el sentido de que éstos son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, sin que jamás puedan ser reconvenidos por ellas, así como respecto del Presidente de la República de manera relativa en los términos del segundo párrafo del artículo 108 constitucional, que dispone que éste alto funcionario durante el tiempo de su encargo sólo puede ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común.

En un sistema democrático es necesario garantizar la función constitucional de ciertos servidores públicos, así como la de proteger la independencia y autonomía de los Poderes del Estado, por lo que es indispensable establecer una inmunidad que no se traduzca en un obstáculo, para la persecución, investigación y sanción de determinados delitos, que por su naturaleza ofenden gravemente a la sociedad mexicana, o bien que por haberse cometido de manera flagrante, requieren inmediata actuación de las autoridades ministeriales y judiciales competentes.

En el año de 1982, se realizó la última reforma significativa al Título Cuarto constitucional, relativo a las Responsabilidades de los Servidores Públicos, la declaración de procedencia constituye pues, una determinación de la Cámara de Diputados que implica la separación del cargo del servidor público imputado, suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad que conoce del asunto. No obstante, es necesario ubicar en su justa dimensión el alcance de esta institución constitucional, debiendo interpretar al fuero con la más completa responsabilidad, a efecto de evitar excesos que en determinados casos propician impunidad. Esta figura se ha instituido para garantizar el adecuado ejercicio de la función pública, siempre con el estricto apego a la legalidad y el respeto a las instituciones democráticas.

Conforme a lo mencionado en el párrafo precedente, Nuestra Carta Política en su artículo 111, prevé el procedimiento de Declaración de Procedencia, por lo que cabe aclarar que sólo es viable en caso de responsabilidad penal, quedando excluidos, tanto la responsabilidad civil, como el Juicio Político, marcado en el artículo 110 de la misma Norma Suprema; por ello, la iniciativa que se propone, no se traduce en evitar que el servidor lleve eficientemente el ejercicio público, sino que éste se realice lo mas transparente posible, toda vez que el funcionario que sea enjuiciado, al demostrar su inocencia o irresponsabilidad penal puede reanudar su función pública. Como se observa este argumento robustece nuestra tesis y se abona el camino para combatir la impunidad.

Cada vez es más común escuchar a la sociedad demandando serios castigos a los servidores públicos, que han hecho mal uso del ejercicio del poder público, dejando de lado la función que se les encomendó.

Las disposiciones contenidas en la norma fundacional de nuestro sistema jurídico y político quedan incompletas sino se aterrizan en la ley secundaria que le da operatividad, como es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo contenido contempla el procedimiento del Juicio Político y el de Declaración de Procedencia, por ello, es preciso adecuar la norma secundaria mediante la adición de un párrafo cuarto al artículo 25 de la aludida ley para establecer que no es necesaria la declaración de procedencia cuando se actualicen los supuestos previstos en el correlativo articulo 111 Constitucional, cuando se trate de delitos graves cometidos por los servidores públicos, sean éstos del fuero común o federal, o en flagrancia, es decir que se sorprenda al funcionario público, en el momento mismo de la perpetración del delito; se entiende como delitos graves, aquellos que afectan de manera importante los valores fundamentales de la sociedad.1

En virtud de lo antes expuesto, se propone a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en el siguiente

Decreto. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 y se adiciona un párrafo siete, al artículo 111, de este último, se recorre en su orden el actual siete que deviene a ser el ocho y así sucesivamente, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25, de la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue.

Artículo Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 108.....

...

...

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, y en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales y locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales; en estos casos, dichos servidores públicos responderán de manera directa ante las autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de esta Constitución.

...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo siete, en este caso, se recorre en su orden el actual siete que deviene a ser el ocho y así sucesivamente, al artículo 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 111. ...

...

...

...

...

...

Los servidores públicos a los que se refiere el presente artículo responderán ante las autoridades competentes, sin que se requiera declaración de procedencia en los casos de delitos graves del fuero común y federal, o cuando se trate de flagrante delito, de conformidad con la ley respectiva.

...

...

...

...

Artículo Tercero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25 de la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue.

Artículo 25. ...

...

...

Para los efectos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se requiere declaración de procedencia en los casos de delitos graves del fuero común y federal, o cuando se trate de flagrante delito.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las legislaturas de los estados adecuaran sus leyes de conformidad con el presente decreto dentro de los 120 días.

Nota:

1 Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Código Federal de procedimientos Penales.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gómez Pasillas. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Justicia.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES - LEY DE PLANEACION - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS - LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY ORGANICA DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - LEY DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA - LEY ORGANICA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y de la Ley de Planeación, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y expide la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Energía Eléctrica.

El diputado Antonio Soto Sánchez:Con su permiso, señor Presidente: por mi conducto la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presenta a esta soberanía un conjunto de iniciativas que buscan actualizar la legislación en materia de electricidad.

En México la legislación en materia eléctrica inicia en la década de los treinta. Durante ese periodo se crea también la Comisión Federal de Electricidad como una acción del Estado mexicano para impulsar la electrificación del país y abrir la puerta a la modernidad y a las nuevas posibilidades de confort de la iluminación eléctrica a los hogares y promover la industrialización acelerada del país. Esta tarea ha sido cubierta con creces por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Hoy, en los albores del siglo XXI, los esfuerzos de la sociedad mexicana requieren consolidar los logros de la electrificación, pero ahora la electricidad se ha convertido en vehículo e insumo insustituible para una gran variedad de actividades sustantivas de la civilización contemporánea.

Qué sería de las comunicaciones, de las extensas redes de datos de Internet, de los sistemas telemáticos de los bancos, transportes, educación, enlaces de procesos industriales automáticos o de los medios de comunicación que aportan más que confort a los hogares, sin la electricidad.

En general, los procesos de mundialización tecnológica y la globalización de las comunicaciones dependen de los suministros eléctricos confiables y de óptima calidad. Por esa razón la definición fundamental de nuestra legislación, del servicio público de energía eléctrica respecto a la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar que todos los habitantes del país, sin importar condición socioeconómica o actividad de aplicación económica dispongan por igual del fluido eléctrico, es ahora, más que nunca vigente.

Si antes la función de la electricidad fue considera estratégica para la iluminación o como fuerza motriz para la industria, hoy ese carácter es aún más central pues de ese servicio simple y llanamente depende el funcionamiento de la sociedad contemporánea. Hoy el carácter estratégico del servicio público de electricidad que establece el artículo 28 constitucional adquiere toda su vigencia.

La sociedad mexicana también ha cambiado de manera extraordinaria desde que se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica en los años 60, pero quizás hoy las desigualdades sociales se han acentuado, por eso consideramos que el servicio público de electricidad como facultad exclusiva de la nación, tal y como lo define el artículo 27 de la Constitución, es una atribución esencial de los derechos sociales que el Poder Legislativo debe preservar.

El papel de la industria ha evolucionado cualitativamente y la función de las empresas públicas de electricidad también se ha ido transformando sin que las estructuras jurídicas que las organizan y norman hubiesen acompañado esta transformación. Desde finales de los años 80 y de manera más intensa durante la segunda mitad de la década pasada, una gran cantidad de países desregularon sus sistemas eléctricos a través de privatizaciones y de construir mercados mayoristas de electricidad, pero de manera prácticamente simultánea, muchos de estos sistemas eléctricos han registrado crisis de desabasto como resultado de haber transformado el suministro eléctrico en una mercancía objeto de la especulación financiera.

La crisis de desabasto eléctrico del estado de California en los Estados Unidos y el escándalo que acompaña a la bancarrota de Enron, el mayor corredor de los mercados eléctricos en el mundo, son el parteaguas de la caída del paradigma de los mercados mayoristas de electricidad en el mundo. Por eso la propuesta que presentamos a consideración de esta soberanía pretende aportar un nuevo esquema de autonomía a las empresas eléctricas, preservando el mandato constitucional de servicio público y manteniendo la integralidad de las empresas públicas.

El Partido de la Revolución Democrática, congruente con los principios plasmados en sus documentos básicos, presenta una iniciativa con el objeto de asegurar la soberanía en materia de energéticos, el desarrollo y aprovechamiento sustentable, así como la explotación racional y planificada de los recursos naturales.

La iniciativa propone reformas a los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Planeación, Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otro lado, se pretende la creación de los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de la Comisión Nacional de Energía, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica. La reforma energética requiere la adecuación del marco jurídico del sector estableciendo una serie de medidas que garanticen a mediano plazo, así como a largo plazo, que el rendimiento obtenido sea el óptimo para responder a los retos del futuro. Cada una de las reformas, adiciones, derogación o creaciones de instrumentos normativos mantiene una coherencia con el sistema legal, a fin de asegurar su plena aplicabilidad en el orden jurídico nacional. El desarrollo armónico del sector requiere de disminuir al máximo cualquier conflicto de leyes que puedan generar contradicción en las facultades de los órganos o inconsistencias en su naturaleza jurídica.

El fortalecimiento de las acciones del Estado en la planeación energética; la dotación de mayor autonomía a la Comisión Reguladora de Energía; la garantía del abasto del sector público de energía eléctrica, así como la corresponsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo en el sector, hacen de la presente iniciativa una propuesta que enriquece y amplía las visiones que se pretenden para el sector energético. En este sentido, las reformas que se presentan a diversos ordenamientos en materia del sector eléctrico proponen fundamentalmente la estructuración de un sistema jurídico especial para la actividad energética nacional.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y crea diversos ordenamientos en materia del sector energético. Dada la importancia de la electricidad para el desarrollo del país y en virtud de que no se ha logrado ningún avance sustancial en la materia consideramos de la mayor importancia plantear a esta soberanía este conjunto de iniciativas para que, a la brevedad posible, se aboque a su análisis y discusión la Comisión de Energía de esta Cámara con el fin de que podamos llegar a acuerdos en este fundamental tema para el país.

Solicito a la Presidencia que la presente propuesta y el contenido íntegro de las iniciativas que se han publicado en la Gaceta Parlamentaria queden consignadas en el acta de la sesión de hoy. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Planeación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y expide la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en materia de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 73, fracciones X, XI, XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea, reforma, modifica, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el Sector Energético, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Visión del Partido de la Revolución Democrática en la Reforma al Sector Eléctrico

La industria eléctrica proporciona un servicio público necesario a toda la población y al desarrollo de la nación donde hay ámbitos en los que no se puede actuar exclusivamente atendiendo a un óptimo económico, sino a un imperativo de beneficio social, como se desprende del artículo 28 de la Constitución. Por ello es indispensable seguir considerando a la industria eléctrica como estratégica.

El Estado debe garantizar que la sociedad cuente con la electricidad que necesita, al menor costo posible y con la confiabilidad y la calidad requeridas, lo que lleva de manera inmediata al severo problema de la regulación de la industria eléctrica. No se trata de una regulación que se limite al control de precios y tarifas-subsidios, o a la supervisión de inversiones para la adecuada expansión de la generación, la transmisión, el control, la distribución y la comercialización del fluido eléctrico. La reorganización jurídica para la prestación del servicio público de energía eléctrica, al inicio del siglo XXI, debe llevar a una nueva visión de las responsabilidades entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en la orientación, operación y control de los entes encargados por la nación del uso y aprovechamiento de los energéticos en el país.

En su origen, la industria eléctrica nacional se concibió como instrumento del desarrollo y del bienestar de todos los mexicanos, merced a la producción de un bien público, fundamental y estratégico: la electricidad. Tres grandes objetivos se postularon con la creación de la CFE en 1937: 1) que todos los mexicanos, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, o ubicación geográfica, dispusiera en su vida diaria del fluido eléctrico, con la calidad máxima y el costo mínimo; 2) que el aparato productivo en desarrollo y evolución, contara con esta fluido para impulsar su cambio técnico y su productividad, para producir cualquier otro bien y, con ello, alentar al máximo el desarrollo económico; 3) que la nación controlara este proceso y los recursos naturales utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías de generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización, se tradujeran en beneficios para la sociedad y no sólo para los particulares.

El sector eléctrico ha sido siempre uno de los sectores que más alto grado de inversión financiera ha requerido para su desarrollo. Por ello, su estabilidad y solvencia es una garantía básica del sistema financiero en su conjunto. El correcto desarrollo y desenvolvimiento del sector es, por tanto, de indudable trascendencia.

De tal forma, es necesario actualizar el marco jurídico del sector eléctrico estableciendo una serie de medidas que garanticen tanto a mediano como a largo plazo que el rendimiento obtenido sea el óptimo.

De acuerdo al programa del Partido de la Revolución Democrática, el sector energético es estratégico para la conquista de un desarrollo sostenido, sustentable e incluyente. El PRD sostiene que debe mantenerse la propiedad de la Nación sobre las industrias petrolera y eléctrica, entendiendo la explotación, extracción, transformación y distribución en el primer caso, y la generación y distribución de la segunda.

El Partido de la Revolución Democrática, congruente con lo expuesto en sus documentos básicos, propone que para asegurar la soberanía en materia de energéticos, el desarrollo y aprovechamiento sustentable, y que la explotación racional de los recursos naturales sea para beneficio de la nación, es necesario:

Preservar el principio de servicio público de energía eléctrica que garantiza el abasto general independientemente de los niveles de ingreso de los consumidores.

Conservar la facultad del Estado en la planeación a mediano y largo plazos del sector.

Preservar, con autonomía presupuestal, empresas públicas integradas para la generación, transmisión y distribución de energía, conservando en propiedad pública el parque de generación actual, la red de transmisión y la distribución.

Impulsar la autonomía de las empresas públicas para mantener un suministro seguro y de calidad de energía eléctrica, con un régimen tributario distinto.

Establecer una política de subsidios desconectada de las finanzas de las empresas públicas y asumidas adecuadamente en las políticas sociales del gobierno orientados a quien realmente lo requiere.

Las reformas, adiciones, derogaciones, abrogaciones, así como la creación de nuevas leyes, materia de esta iniciativa, se plantean de la forma y con la motivación de los efectos esperados que a continuación se expone:

Respecto de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las formas en que deberán organizarse las dependencias y entidades encargadas de la administración pública, de conformidad con la estructura general definida en el artículo 90 constitucional. En este ordenamiento se asignan las atribuciones de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades paraestatales, entre las cuales se encuentran los organismos descentralizados.

Por ello, la modificación de las disposiciones de esta Ley es la tarea con la que conviene iniciar la reforma integral, para garantizar la estricta armonía que deben mantener todas las entidades que operan en la administración pública.

Cada una de las reformas, adiciones, derogación o creaciones de instrumentos normativos debe mantener una total coherencia con la Ley en comento, para asegurar su plena aplicabilidad en el sistema jurídico mexicano. El desarrollo armónico de la administración exige la exclusión de cualquier conflicto de leyes, que puedan generar contradicción en las facultades de los órganos o inconsistencias en su naturaleza jurídica.

En este sentido, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se proponen, son fundamentales en tanto que permitirán la estructuración del sistema jurídico especial para la actividad energética nacional, materia de la presente iniciativa. Los cambios que se proponen se describen a continuación.

La fracción X, del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal. En este sentido, la Iniciativa propone restringir esta facultad en lo que se refiere a los precios y tarifas de energía eléctrica, y que sea la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a propuesta del suministrador del servicio público, la encargada de determinarlas, como un organismo descentralizado de la administración pública.

Para un efectivo sistema de planeación energética a corto, mediano y largo plazos, se modifica la redacción de la fracción VI del artículo 33, a fin de que la Secretaría de Energía mantenga su facultad de intervenir directamente en el proceso de planeación del sector energético, que es una facultad plenamente ejecutiva, pero mediante una reglamentación específica para el mismo, dado su carácter estratégico para la nación. Se pretende volver efectiva la planificación de las políticas públicas en materia energética y dotar a los planes y programas de fuerza vinculante para ser estrictamente obedecidos. Para conseguirlo, se propone la creación de una ley especial, la Ley de la Comisión Nacional de Energía (CNE), por lo que la reforma a la fracción citada tiene como fin sujetar la planeación a dicha ley y a las demás disposiciones que se emitan en la materia.

Como esta iniciativa considera el fortalecimiento de las facultades de control de la CRE, se propone también la reforma a la fracción IX del artículo 33, para retirar a la Secretaría de Energía las facultades de regulación sobre el cumplimiento de los estándares de calidad en el sector, aunque conservará la facultad de emitir las normas oficiales mexicanas sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía, y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector.

Por último, las funciones que la fracción XXI del artículo 34 confiere a la Secretaria de Economía en cuanto a su intervención en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas, son sujetas por esta iniciativa a la obligatoria observancia de lo que establezcan las leyes en la materia.

Respecto de las reformas propuestas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En general, los organismos descentralizados, conocidos también en la doctrina como establecimientos públicos y cuerpos de administración autónomos son, en estricto derecho, órganos de la administración pública distintos al Ejecutivo, aunque vinculados a él mediante un esquema que les confiere cierto grado de autonomía.

Su creación obedece a una Ley que les confía la gestión de un determinado servicio o un conjunto de servicios públicos, dotándoles de personalidad jurídica, atribuyéndoles un patrimonio propio y proveyéndoles de una estructura orgánico-administrativa.

El artículo 90 de la Constitución Federal señala que ``las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal''. Con base en esa disposición, se creó el ordenamiento que regula la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales mexicanas: la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En dicha ley se establecen las disposiciones comunes que organizan la función de las entidades descentralizadas, entre otras, a través de mecanismos que determinan la manera en que se llevarán a cabo sus relaciones con el gobierno federal.

Como es de suponerse, en dicho ordenamiento existen disposiciones que resultan incompatibles con las funciones, atribuciones y responsabilidades de la CRE como una entidad descentralizada; mientras que el régimen jurídico común aplicable a las entidades existentes es casi por completo ajeno a la organización, objetivos y facultades que se pretenden para las entidades operadoras del sector energético, Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), según se propone en esta iniciativa.

En el caso de la CRE, las características que esta iniciativa le incorpora mediante la emisión de una nueva Ley Orgánica, son incompatibles únicamente en algunos aspectos a las disposiciones de la Ley en comento, por lo que se estima pertinente conservar expresamente la cobertura de la Ley de paraestatales como ordenamiento de observancia supletoria.

En este sentido, se incorpora a la Comisión Reguladora de Energía en el Artículo 5º de la citada Ley, pues en este se establecen ya algunas entidades que aplican supletoriamente las disposiciones contenidas en esta Ley, en virtud de contar con reglas especiales establecidas en su propio marco jurídico.

En cambio, en el caso de las entidades operadoras del sistema eléctrico nacional, CFE y LyFC, éstas si tendrán un marco regulatorio propio que se contrapone en lo fundamental con el ordenamiento de paraestatales, por lo que se propone excluir expresamente a dichas entidades de su regulación incluyéndolas en las excepciones de aplicabilidad que establece el artículo 3º.

Respecto de las reformas propuestas a la Ley de Planeación.

La planeación debe representar el instrumento de mayor utilidad para la operación y el crecimiento de la industria energética mexicana en su conjunto, mediante la consecución de un óptimo energético nacional, entendido como el provecho máximo no únicamente de una línea de actividad o una entidad pública, sino el que se deriva de la actuación conjunta y coordinada de ellas. Por sus propias características, en el sector energético debe realizarse una planeación integral que armonice los requerimientos de las empresas del sector, con las posibilidades de producción de las mismas, sobre las bases de una estrategia productiva de estado que favorezca la continuidad de los proyectos de crecimiento a largo y mediano plazos.

La Ley de Planeación, ordenamiento al que se ciñen todos los entes de la administración pública federal, entre ellos, por supuesto, los organismos públicos descentralizados, establece una serie genérica de instrumentos para la planeación y programación en las entidades --programas sectorial, institucional y anual--, pero no delimita con claridad los objetivos ni detalla los contenidos de cada uno ellos, y restringe las facultades de aprobación de los mismos expresamente al sector central, dejando la posibilidad de participar en dichas actividades tan sólo a las entidades del sector, pues éstas elaboran algunos proyectos.

Tales circunstancias crean incertidumbre sobre la participación de los diversos sectores que influyen o se ven afectados por las decisiones que se tomen en materia energética nacional, y tampoco dan certeza en los procedimientos para la modificación de dichas decisiones, con lo que se propicia un ejercicio del poder de gobierno poco transparente en materia de política energética.

La planeación en el sector energético no puede ser integral, ni garantizar la continuidad de los proyectos a mediano y largo plazos a partir de una legislación como la existente.

Por ello, y para que la planeación en el sector energético no siga siendo objeto de la inestabilidad que le generan las constantes modificaciones de las políticas del gobierno federal, se propone la creación de un órgano que concentre las facultades de planeación y programación a mediano y largo plazos, con participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en lo que constitucionalmente les corresponde:

Las empresas productoras del sector.

Los organismos públicos que guardan relación con éste;

Los trabajadores.

Los sectores empresarial.

Los consumidores.

También es necesario delimitar las funciones de los actores antes citados, así como definir estrictamente cuales instrumentos han de utilizarse, y formalizar con rigidez los procedimientos para su formulación y aprobación, con la finalidad de trasparentar los esquemas y otorgar mayor certeza y obligatoriedad a las disposiciones resultadas de las actividades de planeación y programación. Los planes y programas del sector energético deben contar con la formalidad y la legitimidad que les confieran una adecuada fuerza jurídica para volver efectiva su función.

Se considera inconveniente proponer una reforma integral a la Ley de Planeación, pues en tal caso se tendría que añadir una sección de excepción a la regulación general de dicha Ley, para incluir una regulación especial para el sector energético, en cambio, se propone la creación de una nueva ley que específicamente solvente las necesidades de la planeación y programación en el sector energético nacional. Dicha ley establecerá las características orgánicas del ente de planeación antes citado, y especificará las formalidades del Plan y los programas del sector, así como los procedimientos para su formulación y los grados y niveles de obligatoriedad de dichos instrumentos.

Para dar cabida a la creación de dicha ley sin interferir en la relación armónica que guardan los diversos ordenamientos en la materia, se propone reformar los artículos suficientes de la Ley de Planeación vigente para establecer expresamente como salvedad en su ámbito de regulación al sector energético.

En este sentido, la reforma consistiría en imprimir modificaciones a los siguientes artículos: 8, para remitir a la nueva ley en el caso de los procedimientos de evaluación; 12, para disponer expresamente la salvedad sobre la aplicación de la Ley al sector energético, así como una referencia directa a la ley que se propone; 13, para armonizarlo con el contenido del artículo anterior, y para incluir al nuevo órgano de planeación en el Sistema Nacional de Planeación Democrática; 14, para armonizar la salvedad antes dispuesta con las facultades de la Secretaria de Energía en materia de planeación; 17, para armonizar la salvedad referida en cuanto a las obligaciones de las entidades paraestatales en materia de planeación; 22, para establecer una clara referencia a la delimitación de esquemas de programación que serán contenidos por la ley que se origina; y, 29, para armonizarlo con el contenido del artículo anterior.

Respecto de las reformas propuestas a la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En virtud de la autonomía conferida por esta iniciativa a los organismos descentralizados del sector energético, es susceptible jurídicamente el establecimiento de un régimen distinto de aplicación en lo que se refiere a obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Las disposiciones contempladas tanto en la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, quebrantan la autonomía con se pretende dotar a estos organismos, toda vez que se permite la injerencia del Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias administrativas, en el manejo, la administración y el goce de sus recursos y patrimonio.

Si el legislador contempló en la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que los organismos públicos con autonomía constitucional, observasen supletoriamente las leyes citadas, es loable que aquellos organismos públicos cuya existencia se debe a una necesidad imperiosa del Estado para cumplir sus fines, gocen de la aplicación la supletoria de ambas leyes.

En este sentido, dada la importancia que representan los organismos descentralizados encargados de las áreas estratégicas referidos en el artículo 28 constitucional, es conveniente crear un régimen legal distinto de aplicación para en donde se asegure su plena autonomía para administrar su patrimonio en función de sus requerimientos, necesidades o demandas, considerando la magnitud de la obras, el volumen, la calidad, los costos, la tecnología o el impacto ambiental, donde se requieren criterios especializados en el procedimiento administrativo.

Con el objeto de proponer una reforma congruente del sector eléctrico se consideró que era conveniente, con base en los razonamientos anteriores, adicionar los artículos 1° de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para excluir de la necesaria regulación de dichas leyes a los organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad, la Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía ejercieran con plena autonomía la administración de su patrimonio, cuando así lo determinen sus propios ordenamientos, dejando la regulación de esta Ley en forma supletoria.

Respecto de la creación de la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía.

Actualmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía encargado de promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas en materia de gas y energía eléctrica, por lo que su organización guarda total dependencia jerárquica del secretario de Energía y, por tanto, del titular del Ejecutivo Federal.

La CRE fue establecida mediante un decreto ejecutivo en 1993. Su creación fue determinada por el artículo Tercero Transitorio de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, mediante la cual se abrió a los particulares la posibilidad de participar en la generación de electricidad bajo esquemas controlados. El Transitorio citado ordenó facultar al órgano para decidir y resolver las cuestiones que origine la aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Posteriormente, en octubre de 1995, el congreso emitió la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, en donde se aumentan y definen claramente sus facultades que, en materia de energía eléctrica, consisten en: la participación en la aprobación, fijación, ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, facultad que, sin embargo, conserva la Secretaría de Hacienda; expedir los procedimientos para calcular las contraprestaciones que deban cubrirse por la energía eléctrica que se adquiera para el servicio público y por los servicios de conducción, transformación y entrega; verificar que los particulares tengan igualdad de oportunidades en la generación eléctrica para su venta a la CFE; y emitir opinión sobre las necesidades de crecimiento o de sustitución de capacidad de generación de energía eléctrica, que corresponde determinar a la Secretaría de Energía, así como respecto a las convocatorias que se expidan para que los particulares la suministren; entre otras.

Además, la Ley de 1995, que convierte a la CRE en un órgano con autoridad resolutiva, concentró en este órgano especializado las actividades de regulación de energía eléctrica y gas, derivadas de la reforma constitucional de ese año.

Lo importante es resaltar que la CRE nació como parte de las modificaciones de 1992, y que aun con la ampliación de facultades de 1995 ese órgano se encarga básicamente de la regular las actividades que ejercen los particulares en materia energética.

La propuesta es transformar a la CRE en un efectivo organismo regulador de la actividad energética, desvinculado jerárquicamente de la Secretaría de Energía, aunque sectorizado en ella. Con facultades para regular las actividades de producción y comercialización de energéticos en los casos en que participan particulares, o cuando se trata de prestación de un servicio público.

Para ello, se considera necesario convertir a la CRE en un organismo descentralizado con autonomía de gestión, entendiéndola como la capacidad que tiene un órgano para regir intereses peculiares de su funcionamiento interno, estableciendo para ello procedimientos propios que son llevados a cabo por un órgano de gobierno que no está sometido a una autoridad jerárquica superior, sujetándose en todo caso a normas expedidas con antelación.

El dotar a la CRE de autonomía de gestión significa darle un margen de acción que le permitirá alcanzar la alta especialización que éste órgano requiere. La capacidad decisoria sobre las acciones que la Comisión debe llevar a cabo para poder cumplir con sus fines depende directamente del nivel de autonomía con que cuente, sin que tal nivel de autonomía opere en menoscabo de las funciones de vigilancia y control que tiene el Estado.

La regulación y promoción del desarrollo de las actividades descritas en el artículo 2º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía vigente, pueden agruparse en: comunes; de energía eléctrica; y de gas. En lo referente a este artículo se considera clara y suficiente la redacción actual, por lo que solo se propone una modificación formal: establecer como objeto de la Comisión regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades del sector.

Una de las facultades esenciales que se proponen, es la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica. El nivel de especialización que se encuentra proyectado para la CRE permite que el cálculo de las tarifas mencionadas sea encargado a este órgano. La fracción primera del artículo 3º de la Ley de la CRE vigente establece que la Comisión participará en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, la propuesta en cambio establece que la Comisión deberá determinar tales cifras manteniéndolas siempre en los nivele mas bajos que sea posible dentro de la Norma Oficial Mexicana correspondiente, y tomando en cuenta los factores que aumentan o disminuyen el costo de producción, atendiendo las necesidades financieras y de expansión del servicio público y considerando en su integración cuando menos los siguientes factores:

Nivel de consumo.

Clase de servicio: doméstico, industrial o de riego.

Variaciones horarias y estacionales del costo de generación.

La situación de exclusividad de las entidades paraestatales no debe traducirse en precios superiores o en calidades inferiores, y la disponibilidad debe asegurarse con eficiencia y oportunidad.

Posteriormente, para tener congruencia con la autonomía dotada en el artículo 1º, se reforma la fracción XV del artículo 3º, para que los proyectos de actualización al marco jurídico del sector de energía que tenga la CRE sean propuestas directamente al Congreso de la Unión o al Ejecutivo Federal, y no al secretario de Energía como actualmente sucede. Debe entenderse que no se intenta dotar de capacidad de iniciar leyes a la Comisión, sino que como órgano autónomo es imprescindible un acercamiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Se propone que la Comisión tenga facultad de autorregulación. No cabe la referencia a un órgano autónomo, si las normas que definirán la operatividad de la mayoría de las disposiciones contenidas en este proyecto le son impuestas.

La redacción vigente de la Ley de la CRE establece que el Secretario Técnico elaborará el proyecto de Reglamento y el pleno lo someterá al Ejecutivo, consideramos que si esta facultad es ejercida de hecho por la Comisión, resulta conveniente otorgársela plenamente y sin intervención del Ejecutivo.

En cuanto al gobierno de la entidad, el esquema que se propone es esencialmente distinto, pues aunque mantenemos en cinco el número de Comisionados y el pleno como la forma colegiada para tomar decisiones, se incorporan varios cambios destinados a preservar la imparcialidad y transparencia del órgano:

Toda decisión del pleno deberá adoptarse por el voto de la mayoría de sus miembros. Esta medida es necesaria dada la importancia de los asuntos que puede conocer la Comisión, por ello, es necesario también eliminar el voto de calidad del Comisionado Presidente. Bajo este supuesto, aun cuando alguno de los comisionados no asista a la sesión, ninguna decisión prosperará si no es avalada por tres de sus miembros.

Cabe mencionar, que bajo el esquema actual podían presentarse situaciones que fueran resueltas por el voto de sólo dos de los Comisionados (incluyendo al presidente), dado que se intenta crear un órgano profesional y responsable, es necesario establecer como requisito mínimo el voto de tres Comisionados para considerar como plenaria alguna decisión. Esta medida además de favorecer la búsqueda de consensos otorga certeza jurídica.

Se establece un procedimiento de nombramiento de los Comisionados mediante un esquema de coparticipación del Ejecutivo con el Legislativo. Lo que atiende a la corresponsabilidad de los Poderes Públicos.

La propuesta en cuanto a la duración de los Comisionados es muy similar a la legislación actual, dado que se mantiene el esquema de renovación escalonada y la designación por cinco años. Sin embargo, se precisan las causas de remoción de los comisionados además de establecer un procedimiento para estos efectos, y se establece la posibilidad de la reelección por una vez, por razones de especialización.

Como se establece en el artículo primero de la iniciativa, la CRE tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. La personalidad no requiere mayor explicación pues ésta figura se encuentra regulada en el Código Civil Federal, en cambio, es necesario explicar por un lado a que necesidades responde el hecho de dotar de patrimonio a la Comisión y posteriormente cómo se integra. Debemos recordar que todo organismo público descentralizado goza de un patrimonio propio entendido este como el conjunto de bienes, Derechos, cargas y obligaciones cuantificables y valuables en dinero que constituyen una universalidad. Es comprensible dotar a la CRE de patrimonio, toda vez que le proporciona elementos suficientes para actuar de manera independiente, por ello se propone que éste se integre por: las aportaciones y los recursos presupuestales que en su caso otorgue el gobierno federal; los derechos, bienes o inmuebles presentes y futuros necesarios para el cumplimiento de su objeto; el rendimiento de los impuestos y derechos que le sean asignados; los ingresos provenientes de la prestación de un servicio, que puede ser científico tecnológico y de asesoramiento entre otros y, los frutos que obtenga de sus bienes.

Dada la actividad de la Comisión, es posible que surjan conflictos de intereses entre los particulares, los cuales deben ser resueltos por una instancia que tenga conocimiento de causa, por ello se decidió agregar un título en que se amplía y se precisa el actual esquema de arbitraje.

Finalmente, proponemos que para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones de las direcciones, se establezca un servicio de carrera que permita que la asistencia técnica y especializada sea llevada a cabo por expertos en la materia. Dejando al órgano de gobierno sólo la designación del personal de confianza de los Comisionados.

Respecto de la creación de la Ley de la Comisión Nacional de Energía

La planeación es un ejercicio imprescindible para la asignación eficiente de los recursos y el cumplimiento de las responsabilidades mandatadas por la Constitución y las leyes respectivas. Naturalmente que el éxito de la planeación depende de la coordinación efectiva entre las diversas instancias institucionales, niveles de gobierno y de la incorporación de los actores económicos y sociales.

La planeación económica y el establecimiento de políticas encaminadas a alcanzar el desarrollo económico, en su sentido más amplio, requieren de instrumentos adecuados que permitan por una parte analizar la realidad del momento y por otra prever el comportamiento futuro de las variables relevantes. Aunado a lo anterior, en un momento como el actual, en el que el estado de cosas se ve amenazado por una crisis financiera internacional, exageradas deudas externas de los países en desarrollo, profunda recesión económica a nivel mundial, fuerte escalada de precios y desempleo, el sector energético no debe perder su función estratégica como motor del crecimiento económico, ni tampoco como herramienta de soberanía, entendiéndose ésta en función de los recursos necesarios para lograr un desarrollo sustentable y sostenido.

De esta forma, las necesidades estratégicas y de planeación en materia energética, han originado que países como Nicaragua, Chile y España crearan organismos altamente especializados para diseñar, proyectar y concebir políticas públicas de desarrollo energético. Estos órganos asumen fundamentalmente funciones y responsabilidades de planeación energética; se erigen como entidades que dictan la política energética nacional; impulsan la optimización en el aprovechamiento de los recursos naturales, y ante una tendencia generalizada de la apertura de los mercados energéticos actúan como agentes reguladores en las inversiones del sector.

Inspirada en lo anterior, pero teniendo siempre en cuanta las características del sistema jurídico mexicano, esta iniciativa propone crear una entidad de la administración pública denominada Comisión Nacional de Energía (CNE) con funciones primordialmente de planeación en el sector.

La autonomía técnica y operativa con que se dota a la Comisión Nacional de Energía, mediante el mecanismo de reglamentar en forma rígida los procedimientos de planeación y programación, proporciona los elementos necesarios para que esta entidad cumpla con la función desconcentrada. De nada serviría dotar la desconcentración jurídica al poder de decisión, si no se confiere un grado de independencia decisional respecto del ente con el que se vincula orgánica y jerárquicamente. Pero entendiendo que la desconcentración no es, como la descentralización, una figura que por sí misma determine un grado de autonomía operativa, sino acaso técnica, es necesario arribar a ésta mediante una regulación de los procedimientos de toma de decisiones y dar carácter vinculante a esas decisiones, para que por sí mismas constituyan instrumentos normativos.

La CNE tendrá por objeto el de fungir como un órgano técnico del gobierno federal en la planeación del sector energético a mediano y largo plazos, mediante el diseño y articulación de estrategias para lograr un desarrollo sustentable, y alcanzar un nivel óptimo y racional de los recursos naturales y económicos en la producción energética para el país. Y, así mismo, ejercerá otras funciones como la evaluación, seguimiento y ajuste que permitan supervisar y pulsar permanentemente los resultados, los objetivos y las metas trazadas en el sector.

En cuanto a su estructura orgánica, la Comisión Nacional de Energía se integra por dos Consejos: uno decisional, el de Planeación, y otro consultivo, el Consultivo y de Representación Ciudadana.

El Consejo de Planeación, presidido por el Secretario de Energía, se compone por otros cuatro secretarios de Estado; los directores de las empresas paraestatales operativas del sector -- CFE, LyFC, y Pemex; así como el director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

A su vez, el Consejo Consultivo y de Representación Ciudadana, se integra por los legisladores federales presidentes de las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, para dotar al organismo con una representación ciudadana acorde con el sistema político con que se organiza el estado mexicano; el Procurador Federal del Consumidor, para establecer un vínculo con el órgano encargado de la protección al usuario; cinco especialistas, de entre los que pertenecen a los órganos de gobierno de las entidades del sector; cuatro representantes de las organizaciones sindicales; y cuatro empresarios representantes de las organizaciones patronales. Este Consejo será presidido de manera rotativa por los legisladores federales.

Para preservar que en las decisiones se cuente con un matiz democrático, la iniciativa dispone que los acuerdos que se celebren en el seno de ambos Consejos se hagan por mayoría de votos, y en caso de empate, los presidentes gocen de voto de calidad. Y, además, se establece la obligatoriedad del Consejo de Planeación de recabar la opinión del Consejo Consultivo antes de tomar cualquier decisión sobre planeación en el sector.

A pesar de que ambos Consejos gozan de autonomía funcional y ejercen atribuciones distintas, comparten la misma responsabilidad, y el desempeño de uno no se entiende sin el quehacer y la participación del otro. Naturalmente, el diseño orgánico de la Comisión responde a la necesidad de que en el proceso de la delineación de estrategias y planeación medien los suficientes estudios, análisis y revisiones antes de su instauración o ejecución. Con ello, se logra que las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión sean producto de un ejercicio integral de altos funcionarios del gobierno federal, legisladores federales, especialistas y representantes de los principales actores involucrados en el sector.

La Comisión contará con un Secretario Técnico el cual será designado por el Presidente del Consejo de Planeación y ratificado por el Consejo Consultivo. En la iniciativa se especifican los requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar el cargo, así como sus facultades y obligaciones.

Para que los Consejos puedan tener una visión integral y regional de las necesidades o requerimientos energéticos del país, se dispone la reunión permanente con las autoridades estatales y municipales para lograr la coordinación de acciones en los distintos niveles de gobierno.

Por las implicaciones técnicas y científicas necesarias en la planeación energética, se contempla que dicha Comisión pueda ser auxiliada por universidades, centros de investigación o miembros de la comunidad científica, agrupaciones e instituciones públicas o privadas para lograr sus fines. Cabe destacar que los Consejos podrán crear grupos de trabajo permanentes o transitorios para cumplir con el objeto de la Comisión.

La planeación en el sector energético se desarrollará fundamentalmente a través de los siguientes instrumentos y procedimientos:

1. A largo plazo:

a. Prospectiva del Sector Eléctrico Nacional (Prospectiva). Documento que elabora la Dirección de la CFE y aprueba el Consejo de Gobierno. Deberá plantear las necesidades de expansión, adición, rehabilitación, modernización, sustitución o interconexión de las capacidades de generación, transmisión, distribución y abastecimiento durante un periodo de 10 años; las metas que racionalmente se plantean para la atención de dichas necesidades; así como las medidas que se estiman necesarias para dar cumplimiento a dichas metas. La prospectiva servirá como un documento de análisis sobre el estado del sector eléctrico nacional y un planteamiento general de objetivos para dar dirección en la elaboración de los programas. Podrá ser modificada por el mismo procedimiento seguido para su creación.

b. Plan Nacional de Desarrollo (PND). Se incluyen especificaciones para el establecimiento de un proceso certero y estricto de planeación en el sector energético, que parte de la consideración de las prospectivas que emitan las entidades del ramo.

c. Programa Sectorial. Deberá sujetarse a lo establecido por el PND, y estar fundado en las prospectivas que elaboren, en su caso, las entidades del sector energético ( CFE, LyFC, PEMEX, CRE). El Programa no podrá exceder el periodo de vigencia del PND, aún cuando ello signifique que no abarque el periodo total para el cual se planteen las prospectivas. Puede considerarse como una expresión, en el esquema de autonomía que aquí se expone. El Programa será elaborado por la CNE y propuesto a la Cámara de Diputados para su aprobación.

2. A mediano plazo:

Programa Institucional. Contemplará el desarrollo de proyectos específicos a mediano plazo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el PDSE. Puede emitirse para un periodo de hasta 4 años siempre que dicho periodo no rebase el tiempo de vigencia del PDSE.

El Director General de la CFE tendrá bajo su cargo la elaboración de un anteproyecto de dicho Programa, para ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido como proyecto al Consejo Nacional para su revisión. Una vez que el Consejo Nacional haya realizado los ajustes necesarios, el proyecto será remitido por medio del Ejecutivo Federal, y junto con las observaciones que en su caso realice éste, a la Cámara de Diputados para su aprobación.

3. A corto plazo:

Programa Anual. Establecerá un detalle anual de las acciones por las que se desarrollarán los proyectos especificados en el Programa Institucional, incluyendo las especificaciones en cuanto a los montos suficientes para cubrir las necesidades anuales de gasto corriente y de inversión, así como las posibles fuentes de financiamiento y los instrumentos necesarios para contratarlo. Serán la base para la presupuestación del organismo.

Cuando en el programa institucional se establezcan proyectos específicos para ser realizados en periodos superiores a un año, el programa anual deberá expresar en detalle las acciones correspondientes al año que se programa, con total sujeción lo establecido en el citado programa institucional.

El programa anual será elaborado por el Director General y aprobado por el Consejo de Gobierno de la entidad.

Respecto de la creación de la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad

La trayectoria financiera de la Comisión Federal de Electricidad ha puesto de manifiesto su capacidad para generar los recursos suficientes para considerarse como potencialmente autofinanciable, al grado, incluso, de financiar los subsidios que teóricamente debía entregarle el gobierno federal, y que en realidad surgen del cobro de un aprovechamiento a la paraestatal.

Sin embargo, dicha entidad es presa de un rígido esquema de captación y utilización de sus propios recursos, lo que le impide desarrollar inversiones para su crecimiento. En última instancia, es el Ejecutivo Federal el que decide los ingresos de la entidad, pues define las tarifas, las aportaciones y los subsidios con los que debe operar, así como los montos y la aplicación de sus recursos, incluyendo la afectación por recortes.

Son las decisiones gubernamentales las que han ocasionado un estancamiento en el crecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. Decisiones encaminadas más a la obtención de efectos políticos de coyuntura en el país, que al aseguramiento del abasto energético y el crecimiento de esa industria.

La definición respecto de las actividades necesarias para la operación de la entidad se ajusta más a políticas de gobierno de corto plazo, cuando debería obedecer a una verdadera política de estado, a largo plazo, que garantice la seguridad energética del país, y fomente la prestación del servicio público de energía eléctrica en niveles óptimos de eficiencia.

Es necesario redefinir la situación jurídica que regula al sector energético nacional para propiciar la realización de una política energética de largo alcance. Para ello, es fundamental dotar de la mayor autonomía posible para el cumplimiento de sus finalidades a los órganos que se encargan de operar el sistema eléctrico nacional.

En la estructura orgánica de las entidades del sector energético puede encontrarse una de las fuentes más importantes del problema descrito: la rígida vinculación jerárquica de las paraestatales con el Ejecutivo Federal y la concentración de tareas estratégicas en el desarrollo del sector en organismos que debieran tener una función esencialmente operativa.

En el caso específico de la Comisión Federal de Electricidad se trata de un organismo descentralizado de la administración pública federal y sectorizado en la Secretaría de Energía, por lo que, como se ha dicho, desde su estructura orgánica legal guarda vinculación jerárquica con el Ejecutivo Federal.

Actualmente, el gobierno de la entidad se encarga a una Junta de Gobierno, que se conforma con los Secretarios de Energía, quien la preside; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Agricultura y Recursos Hidráulicos; así como el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo. Por su parte, la dirección se encarga a un Director General, nombrado directamente por el Presidente de la República, y cuyas facultades son básicamente ejecutivas.

La Secretaría de Energía, apoyándose para la elaboración de algunos proyectos en la Comisión Federal de Electricidad, concentra las actividades de planeación, programación, evaluación del plan y los programas, y tareas de regulación, como sería la emisión de los permisos de generación a particulares, además de tener facultades decisorias al ocupar la presidencia del órgano de gobierno de la entidad productora.

Como se aprecia, no existen posibilidades de que el organismo se desarrolle por sus propios medios, sino sujeto siempre a los designios del gobierno federal. Por ello es pertinente la propuesta de una mayor autonomía orgánica, operacional y financiera, y constreñir las tareas del organismo a aquellas básicamente operativas.

La naturaleza jurídica que se propone para la Comisión Federal de Electricidad corresponde a la de un organismo descentralizado de servicio público, dotado de autonomía según sus propias especificaciones.

Si bien, en el orden jurídico mexicano no existe una definición específica sobre el concepto ``autonomía'', pueden identificarse algunos rasgos comunes a las instituciones dotadas de ese carácter. Mientras que el resto de los elementos que configuran su naturaleza jurídica serán rasgos propios de cada ente.

Explorando las características fundamentales de los órganos constitucionales autónomos, es decir, aquellos organismos cuya autonomía deriva de la propia Constitución Federal, podemos inventariar sus rasgos comunes como sigue:

Autonomía orgánica o política (nombramientos por procedimientos dificultados).

Autonomía presupuestal (capacidad para elaborar su propio presupuesto).

Autogobierno (capacidad para tomar decisiones sobre las acciones para el cumplimiento de sus fines).

Fines específicamente establecidos por Ley.

Patrimonio propio.

Órgano de gobierno colegiado.

Dichos rasgos funcionan como una guía para la determinación de la autonomía buscada, aún cuando la intención no es reformar la constitución. Y en cuanto a los rasgos específicos de la entidad pueden señalarse los siguientes:

Exclusividad en la explotación, beneficio e industrialización de bienes nacionales.

Capacidad de autoorganización.

Capacidad de autofinanciamiento.

De la amalgama de rasgos comunes a los órganos constitucionales autónomos y las características específicas del organismo, surge su nivel o grado de autonomía, que se resume en su propia naturaleza: se concibe a la Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autofinanciable, y dotado de autonomía de gestión, técnica y presupuestal para la realización de sus objetivos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 constitucionales, que otorgan exclusividad para la explotación de las áreas estratégicas al ente estatal, se establece como el objeto de la Comisión Federal de Electricidad la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos de la Ley Reglamentaria, lo que incluye tanto el abasto de energía eléctrica de forma permanente, regular y uniforme, como la racionalización del uso de los bienes estratégicos y el cuidado de la seguridad energética de la nación.

Un rasgo fundamental de la autonomía que se requiere es la independencia jerárquica del órgano de gobierno y dirección con respecto del Ejecutivo Federal. Pero sin cancelar la participación activa del gobierno federal, pues es el encargado de la conducción de la política energética nacional.

Se propone conservar el gobierno de la entidad mediante un órgano colegiado denominado Consejo de Gobierno, sin embargo, atendiendo a que en el nuevo esquema las funciones de la CFE serán operativas, se conformará con nueve consejeros de la siguiente forma: el Director General de la CFE, quien lo presidirá; el Director General de Petróleos Mexicanos; el Director General de la Comisión Nacional del Agua; tres representantes de los trabajadores de la entidad; y tres Consejeros Especializados.

Los representantes de los trabajadores serán designados por el sindicato titular del contrato colectivo.

Los Consejeros Especializados serán nombrados por de los miembros presentes en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, de entre los ciudadanos que cumplan el perfil claramente establecido en la Ley, propuestos en terna por la Cámara de Senadores (en la terna se incluirá, en su caso, la propuesta de ratificación del Consejero en funciones). Durarán en el encargo un máximo de cuatro años, pudiendo ser ratificados por sólo un periodo más y no podrán desempeñar otras actividades remuneradas, para asegurar su dedicación estricta a las actividades de gobierno de la entidad. La renovación de dichos Consejeros será escalonada para mantener en el órgano un óptimo nivel de especialización.

El Director General, tendrá facultades básicamente ejecutivas, salvo cuando actúe como integrante del Consejo de Gobierno, en cuyo caso compartirá la responsabilidad en las decisiones colegiadas del órgano.

Será nombrado por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, a propuesta en terna del Presidente de la República, de entre ciudadanos que cumplan con el perfil claramente establecido en la Ley. Durará en su encargo un periodo de 4 años pudiendo ser ratificado por la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, por sólo un periodo más.

En cuanto a los niveles operativos y procesos funcionales (operación, finanzas, programación, administración, etc.) se conserva la figura de Directores de Área o gerentes, con facultades básicamente de dirección operativa, y su nombramiento se reserva al Consejo de Gobierno, por votación de la mayoría de sus miembros, a propuesta del Director General.

Fuera de dichos niveles, las facultades de nombramiento y remoción se decidirán al configurar o modificar el resto de la estructura orgánica por el Consejo de Gobierno.

Se propone que la CFE conserve la conformación actual de su patrimonio, y que, además se integren también los siguientes rubros: la infraestructura originada mediante contratos de arrendamiento financiero, pues actualmente es uno de los esquemas que mayor utilidad han presentado para la expansión de la industria; y, los ingresos por conceptos diversos a la actividad del servicio público de energía eléctrica, que realice la CFE.

Lo anterior, debido a que el esquema patrimonial actual no le permite la realización de actividades que no tiene que ver directamente con la prestación del servicio público, pero que pueden ser aprovechadas por la entidad para la generación de recursos, como la inversión bursátil o la venta de servicios dentro y fuera del país.

El esquema de presupuestación (que incluye evaluación y seguimiento) representa un elemento fundamental para la obtención de la autonomía buscada. Se requiere que en la elaboración del presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, la Comisión Federal de Electricidad cuente con un grado óptimo de independencia, dentro de los márgenes establecidos por el artículo 126 constitucional.

El presupuesto de la entidad, que contendrá las previsiones tanto de ingresos como de egresos, se elaborará conforme a los lineamientos establecidos en el programa anual, y respetará estrictamente las previsiones a largo plazo que se hayan desarrollado en el programa institucional.

En el rubro de ingresos, el proyecto deberá contener una estimación de los ingresos esperados por la entidad para el ejercicio de que se trate, en un desglose especificando cada fuente de ingreso. No podrá incluirse la definición de ingresos por conceptos diversos a los establecidos expresamente por esta la Ley Orgánica o por otras leyes aplicables.

En el rubro de egresos, el proyecto deberá establecer el desglose del gasto especificando cada programa por el que se realizarán las erogaciones y señalando sus pormenores; aquellas erogaciones que corresponden a programas multianuales, señalando el grado de avance que sobre dichos programas conseguirá la erogación presupuestada para el presente ejercicio y, cuando dichos programas hayan iniciado en el presupuesto vigente o en anteriores, deberá especificarse el grado de avance que se considera lograr de conformidad con el cierre esperado para el ejercicio que termina; así como toda la información que, en general, se dirija a explicar y abundar sobre los pormenores del gasto de la entidad para el ejercicio que se apruebe.

El proyecto deberá demostrar el equilibrio entre ingreso esperado y gasto programado, así como tener una adecuada presentación y balance de las deudas tanto externa como interna.

El proyecto de presupuesto será elaborado por el Director General y aprobado por el Consejo de Gobierno, el que lo remitirá a la Secretaría de Hacienda para que realice las adecuaciones necesarias sólo en cuanto al monto para la contratación de endeudamiento externo, así como al monto de las aportaciones que en su caso efectúe el gobierno federal. Una vez que dichos montos sean aprobados, la Comisión realizará los ajustes necesarios y remitirá en tiempo y forma el proyecto al Ejecutivo, a fin de que éste lo adjunte por rubro separado y sin que exista interdependencia entre los egresos de la Federación y los de la entidad, al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que será presentado para su aprobación a la Cámara de Diputados.

La vigilancia de la CFE estará a cargo de dos instituciones. Existirá un órgano de vigilancia interno denominado Consejo de Vigilancia, cuyo titular será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo de Gobierno a propuesta en terna de los cuatro Consejeros Especializados. Además, para efectos de la Cuenta Pública Anual, sin perjuicio de la fiscalización que realice el Consejo de Vigilancia, será revisada por la Entidad Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados Federal.

Los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad estarán sujetos al mismo régimen de responsabilidad establecido por el Título Cuarto de la Constitución Federal.

La autonomía propuesta para la Comisión Federal de Electricidad, así como su carácter de entidad operativa, representan una parte sustancial de la reforma institucional que plantea esta iniciativa.

La intención es desincorporar las actividades de planeación, operación y regulación de la industria eléctrica del total control que ejerce sobre la misma el Ejecutivo Federal, para estabilizar el crecimiento de dicha industria, mediante decisiones que privilegien una visión integral y progresista del sector.

Para ello, la reforma moldea un sistema jurídico general de regulación de las actividades energéticas, proponiendo una serie de esquemas de regulación de las diversas actividades que interactúan entre sí. Dichos esquemas se representan por las diversas leyes que se originan: la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica; la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; la Ley de la Comisión Nacional de Energía; y la presente Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad.

Así, por ejemplo, mientras que la Comisión Nacional de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, realiza la planeación del sector, lo hace con base en un documento técnico que establece el estado que guarda el sector eléctrico y los requerimientos para su operación, que elabora el órgano operador, es decir, la propia Comisión Federal de Electricidad; y mientras ésta última elabora su proyecto de presupuesto, debe hacerlo sobre las previsiones de la programación institucional realizada por la Comisión Nacional.

Respecto de la creación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica.

El servicio público de energía eléctrica es una actividad estratégica para desarrollo económico y social del país. Si bien en la Constitución que funda el estado mexicano contemporáneo, en 1917, dicha actividad no se estableció con un carácter estratégico, el desarrollo de las actividades económicas de la posrevolución dictó la necesidad de que el estado tomara control definitivo y permanente sobre dicho sector, como uno de los caminos esenciales para el fortalecimiento de la economía y la soberanía de la nación mexicana, a mediados del siglo pasado.

Así, la misma Constitución que antes excluyera el carácter estratégico del sector, fue el ordenamiento que recogió los frutos de las gestiones del Gobierno federal para convertir a la industria eléctrica en una actividad exclusiva del estado, en su artículo 27, en febrero de 1975.

En su función de ley reglamentaria de dicho artículo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedida el 22 de diciembre de 1975, se realizó sobre las base de la nacionalización de esta industria, por lo que era rígida en cuanto a la regulación del servicio público, como una actividad reservada a la Nación. La propia exposición de motivos sometida al Congreso para la expedición de dicha Ley expresó:

La nacionalización de la industria eléctrica permitió iniciar tareas de desarrollo de la misma, de conformidad con los intereses del país. La legislación reglamentaria consecuente con el nuevo régimen de propiedad, la reestructuración administrativa, la interconexión de los distintos sistemas, la formación de industrias derivadas con fines de integración económica nacional, la transformación de las relaciones con los trabajadores de la industria, la planificación del servicio público de electricidad, fueron medidas cuyo propósito era alcanzar la consolidación y desarrollo de la industria[...] El porvenir del país depende del uso de su potencial energético. El sector eléctrico, pilar del desarrollo económico, requiere que el organismo encargado de la prestación del servicio sea ejemplo de lo que dentro de un sistema de economía mixta caracteriza a una entidad pública descentralizada.

La propuesta era transformar las empresas del estado en empresas paraestatales, que por supuesto siguen perteneciendo a estado, pero que son dotadas de un cierto nivel de autonomía para la realización de los fines que les son encomendados, para convertirlas en instrumentos orgánicos y eficaces de la política del Estado, con el objeto de ``reforzar la tendencia a la integración socioeconómica entre las diferentes ramas y sectores de la economía y entre las regiones que componen el complejo perfil espacial y socio-político de México''.

Pues bien, la ley reglamentaria fue expedida, en los términos generales propuestos y la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en el organismo público descentralizado que se conoce hasta la fecha, cumpliendo, como se ha visto, con las expectativas del legislador que en 1975 diera vida a dicho ordenamiento.

Sin embargo, desde su creación, en 1975, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ha sufrido 5 reformas, que han implicado desde una ligera modificación en artículos transitorios, hasta la estructuración de un esquema de participación de los particulares en actividades que implican la producción eléctrica, aunque no se vinculan con la prestación del servicio público, pasando por la implantación de un sistema rígido de planeación y presupuestación.

De entre todas, quizá sea de mayor trascendencia mencionar la reforma de 1983, que terminó con un grado de autonomía relativamente amplio del cual fue dotada la entidad en su carácter de empresa descentralizada, y sometida a un control estricto del Ejecutivo Federal.

Tal cúmulo de modificaciones ha enrarecido los contenidos de la Ley y propiciado interpretaciones legales que pretenden, en los hechos, rebasar o distorsionar el sentido de sus disposiciones. Pero además, han evidenciado la necesidad de una modernización del sistema energético nacional, que ya no pasa por la sola contrarreforma a la modificación de 1983

Si en los primeros tiempos de la Ley en comento, fue suficiente la descentralización de la empresa para que la industria se desarrollara en un grado óptimo, ahora las decisiones del gobierno federal, aunadas al control que sobre ella ejerce la Secretaría del ramo, someten a la Comisión Federal de Electricidad a una dinámica de planeación, presupuestación y operación que ocasiona rezagos en el crecimiento de dicha industria energética.

La respuesta del Ejecutivo Federal sobre tal situación de estancamiento en el sector eléctrico nacional se conformó con una iniciativa de reforma integral del sector eléctrico nacional, presentada en el régimen político anterior, que pretende abrir las actividades de producción, distribución y abasto al acceso de los particulares, y con la ratificación de dicha intención por el Jefe del Ejecutivo actual.

Las razones que impulsaron tanto la fundación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y la nacionalización de la industria eléctrica por rango constitucional en 1960, como la creación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, son las mismas que hoy motivan esta iniciativa: las actividades necesarias para el abastecimiento energético son prioritarias, por su carácter de productos socialmente indispensables para la estabilidad y crecimiento de la nación; en manos particulares la actividad se desarrollo orientada por la ganancia económica, con un índice tal de especulación que derivó en serios problemas de desabasto. Una industria de semejante importancia para la nación no puede correr ese riesgo.

La presente propuesta puede identificarse con la política establecida por el legislador mexicano de 1975, pues, aún cuando el mecanismo que utilizó fue la concentración de todas las actividades necesarias para el desarrollo de la industria en una paraestatal, su intención fue autonomizar esas actividades en un órgano diverso al Ejecutivo Federal. Tal es el propósito de esta empresa. Se requiere ahora autonomizar las decisiones fundamentales en el sector energético de los constantes vaivenes de las políticas de gobierno.

La reforma que se propone es integral y prospectiva. Se asienta sobre la exclusividad del Estado Mexicano para generar, transmitir, distribuir y abastecer la energía eléctrica para el servicio público. Divide las tareas fundamentales para el desarrollo de las empresas energéticas: la planeación estratégica, la operación y la regulación del sector. Y otorga un innovador estatus jurídico al implementar un sistema legal que garantiza la actuación autónoma de los órganos de operación y control, y reestructura la facultad de planeación estratégica nacional propia del Poder Ejecutivo, para hacerla eficaz.

Para realizar una reforma de tal magnitud es indispensable la exploración a detalle de los diversos ordenamientos jurídicos que interactúan en el sistema de derecho mexicano, que es complejo, para evitar cualquier problema de leyes o, incluso, resolver los existentes. Por ello, para conseguir la regulación planeada, es necesaria la emisión de nuevas leyes, así como la reforma de artículos que determinan circunstancias relacionadas con el sector, ya sea para permitir la emisión de las leyes, o para complementar la regulación de las mismas.

En el caso particular, la modificación propuesta a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica considera los siguientes elementos fundamentales:

La ratificación de la responsabilidad del Estado para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

El esclarecimiento de las reglas para la prestación del servicio público.

La definición puntual de las actividades que pueden realizar los particulares, siempre que no se relacionen con la prestación del servicio público.

La extracción de las disposiciones relativas a la naturaleza y organización de los organismos operadores: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, pues tendrán su propia ley orgánica.

La adecuación y armonización de las disposiciones de la Ley en cuanto a planeación, regulación y operación, con el nuevo esquema jurídico para el sector energético.

Al respecto, se definen las actividades que se consideran servicio público: las actividades dirigidas a la generación, transformación y distribución de energía eléctrica para solventar en forma continua, uniforme, regular y permanente las necesidades de consumo de los diversos sectores de la sociedad mexicana; así como mantener la reserva suficiente para garantizar la cobertura de los requerimientos futuros y aquella que así se considere en concordancia con las disposiciones en materia de seguridad nacional.

Como resultado, se tiene un nuevo ordenamiento que, si bien guarda semejanzas gramaticales con la ley abrogada, se inserta en un sistema jurídico diferente, por lo que su regulación es también diversa. Para darle el lugar que le corresponde en el derecho mexicano, se decidió denominarla Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica, homologando el nombre con la legislación petrolera.

Los aspectos sobresalientes de la nueva Ley Reglamentaria son:

La ratificación de la responsabilidad del Estado en la prestación del servicio público de energía eléctrica.

El servicio público, como se ha insistido, sigue en manos del sector paraestatal, pero con la nueva definición que se le otorga por esta reforma integral, según se dispone el Título Primero de la iniciativa en comento. Se regula la relación entre particulares consumidores y los órganos operativos. Se sujeta al servicio público a cumplir con las calidades que determinen las Normas Oficiales Mexicanas, trabando con ello una relación mucho más responsable con la ciudadanía.

El segundo Título, se refiere a los diversos ingresos que obtienen los organismos operadores por la prestación del servicio. Expresa la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para fijar las tarifas eléctricas, toda vez que es el órgano regulador, definiéndole una serie de elementos a los cuales tendrá que sujetarse.

Cuidando que en cualquier etapa de la prestación del servicio público no puedan participar los particulares, esta nueva legislación conserva las figuras que no se consideran servicio público y que permiten la generación particular para autoconsumo, venta a la Comisión Federal de Electricidad o exportación.

Sin embargo, para prever cualquier tipo de simulación en la generación energética que pudiera trastocar la exclusividad del estado en dicha industria, se han establecido algunos requisitos:

En cuanto al autoabastecimiento, permanece la posibilidad para que varios individuos tomen parte de una misma generación al asociarse, sin embargo, cada socio deberá aportar, por lo menos, un porcentaje de capital social equivalente a la mitad del porcentaje de capacidad o energía que requiere, ello para evitar la constitución de sociedades en las que un sólo socio --con capacidad financiera-- establece la planta y entrega energía, como si fuera servicio público, a los otros mediante una contraprestación disfrazada.

En este mismo rubro se aclaró la participación de los grupos de autoabastecimiento rural, en donde no se aplican las reglas anteriores, pero que tiene su función limitada, pues debe consumir el total de la energía que se produce, y deberán constituir para ello una sociedad, asociación civil, copropiedades o convenios de cooperación solidaria.

Por último, se estableció la permisión para que los particulares usen la red de transmisión, mediante el pago de porteo, y siempre que se establezca contrato con la Comisión, para efecto de que esta estime sus propias capacidades de conducción.

En lo que toca a la generación independiente, que modifica su nombre a generación externa, pues es éste su verdadero sentido técnico, permanece la posibilidad de generar energía por particulares. El resto de la regulación permanece, al igual que en los casos de la pequeña producción y la cogeneración.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que crea, reforma, modifica, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el Sector Energético.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo a la fracción X y XVI del artículo 31; se adiciona un párrafo a la fracción III, se reforma la fracción IV y IX del artículo 33 y se adiciona un párrafo a la fracción XXI del artículo 34, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda, con excepción de las tarifas conforme a las que se prestará el servicio público de energía eléctrica, las cuales serán determinadas con las formas y procedimientos que establezcan las leyes en la materia.

XI. a XV. ...

XVI. Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con excepción de aquellas entidades que expresamente señalen las leyes;

Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

II. ...

III. Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la explotación y transformación de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y nuclear, de conformidad con la legislación aplicable en materia ecológica y sujetándose a las disposiciones que regulen la prestación de los servicios públicos por dichas entidades, así como su organización interna;

IV. Participar, de conformidad con las disposiciones aplicables de la legislación en la materia, en la planeación energética nacional de mediano y largo plazos. La planeación energética nacional deberá mantener entre sus principios la unidad en la producción energética nacional, así como la defensa de la seguridad y de la independencia energéticas nacionales sobre los energéticos primarios;

V. a VIII. ...

IX. Con la participación de las entidades del sector energético que disponga la legislación en la materia, expedir Normas Oficiales Mexicanas sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía, y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector.

X. a XII. ...

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XX. ...

XXI. Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas, de conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia;

XXII a XXX. ...

Artículo Segundo.Se reforma el segundo párrafo del artículo 3º y el artículo 5º, ambos de la Ley Federal de Entidades Parestatales, para quedar como sigue:

Artículo 3º. ...

...

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Luz y Fuerza del Centro, la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Federal del Consumidor, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento.

Artículo 5º. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Reguladora de Energía y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley.

...

Artículo Tercero. Se adiciona los artículos 8, con un párrafo tercero, 12, con un párrafo tercero, 13, con un párrafo segundo, 14, con un párrafo segundo, 17, con un párrafo segundo, 22, con un párrafo tercero y 29, con un párrafo quinto,; y se reforma el artículo 14, en su fracción segunda, de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

...

En lo referente a la evaluación de los avances en materia de planeación energética nacional, se estará a lo dispuesto por la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

...

Artículo 12. ...

...

...

La planeación y programación en el sector energético nacional, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional de Energía, y establecerá las estrategias para lograr un desarrollo sustentable, que permita alcanzar un nivel óptimo en el uso de los recursos naturales y económicos del país para la producción energética en el mediano y largo plazos.

Artículo 13. ...

...

Para el proceso de planeación del sector energético nacional estará a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía será parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Artículo 14. ...

...

I. ...

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados, de la Comisión Nacional de Energía, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales interesados;

III. a VII. ...

Respecto de la planeación del sector energético nacional, las presentes disposiciones regirán en lo que no se opongan a la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 17. ...

...

I. a V. ...

VI. ...

Las entidades paraestatales del sector energético nacional, cumplirán con las disposiciones contenidas en este artículo acatando las disposiciones relativas de la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 22....

...

...

En materia de energía, los planes y programas que deberán realizarse se establecerán en la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 29. ...

...

...

...

...

Los programas sectoriales e institucionales del sector energético nacional, serán formulados y aprobados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo Cuarto.Se adiciona el artículo 1°, con un segundo párrafo, de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. a V. ...

VI. ...

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, así como los organismos encargados de las áreas estratégicas del Estado, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control.

... ... ... ... ...

Artículo Quinto.Se adiciona el artículo 1°, con un segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

I. a V. ...

VI. ...

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, así como los organismos encargados de las áreas estratégicas del Estado, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control.

...

...

...

Artículo Sexto. Se crea la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía

Capitulo I Naturaleza y Atribuciones

Artículo 1. La Comisión Reguladora de Energía es un órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía de gestión, técnica y operativa, en los términos y bajo las condiciones previstas por esta ley.

Artículo 2. La Comisión tendrá por objeto regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades siguientes:

I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público, así como del servicio de respaldo que en su caso requieran los permisionarios;

II. La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares;

III. La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público;

IV. Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y entre éstas y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica;

V. Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo;

VI. El transporte y el almacenamiento de gas natural que no sean indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración;

VII. La distribución de gas natural, y

VIII. El transporte y la distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos.

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Determinar, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas para las actividades a que se refieren los incisos I y IV del artículo anterior, manteniéndolas siempre en los niveles más bajos que sea posible dentro de la Norma Oficial Mexicana correspondiente y atendiendo por lo menos a los factores que señale la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica, los que como mínimo deberán disponer: el nivel de consumo; la clase de servicio, según sea doméstico, comercial, de alumbrado, para bombeo de aguas potables y negras, industrial, y de bombeo de agua para riego agrícola; y las variaciones horarias y estacionales del costo de generación.

II. Aprobar los criterios y las bases para determinar el monto de las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos y beneficiarios del servicio público de energía eléctrica, para la realización de obras específicas, ampliaciones o modificaciones de las existentes, solicitadas por aquéllos para el suministro de energía eléctrica;

III. Verificar que en la prestación del servicio público de energía eléctrica, se adquiera aquélla que resulte de menor costo para las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público y ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad para el sistema eléctrico nacional, ello de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana correspondiente;

IV. Aprobar las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público;

V. Opinar, cuando sea requerido por las instancias correspondientes, sobre la formulación y seguimiento del programa sectorial en materia de energía; sobre las necesidades de crecimiento o sustitución de capacidad de generación del sistema eléctrico nacional; sobre la conveniencia de que la Comisión Federal de Electricidad ejecute los proyectos o que los particulares sean convocados para suministrar la energía eléctrica y, en su caso, sobre los términos y condiciones de las convocatorias y bases de licitación correspondientes;

VI. Aprobar los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y de gas licuado de petróleo y expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia.

Si existiendo condiciones de competencia efectiva, la Comisión Federal de Competencia determina que al realizar las ventas de primera mano de gas natural o de gas licuado de petróleo se acude a prácticas anticompetitivas, la Comisión Reguladora de Energía restablecerá los términos y condiciones a que dichas ventas deban sujetarse;

VII. Aprobar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 2 de esta Ley;

VIII. Aprobar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos;

IX. Expedir las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia;

X. Aplicar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a que se refieren las fracciones VIII y IX anteriores;

XI. Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran para la realización de actividades reguladas;

XII. Aprobar modelos de convenios y contratos de adhesión para la realización de las actividades reguladas;

XIII. Expedir disposiciones administrativas de carácter general, aplicables a las personas que realicen actividades reguladas;

XIV. Proponer al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión actualizaciones al marco jurídico del sector de energía y participar con éstas en la formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas relativas a las actividades reguladas;

XV. Llevar un registro declarativo y con fines de publicidad, sobre las actividades reguladas;

XVI. Actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias de las actividades reguladas;

XVII. Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la salud y seguridad públicas;

XVIII. Ordenar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades reguladas;

XIX. Imponer las sanciones administrativas previstas en los artículos 40 y 41 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a quienes incurran en los supuestos de las fracciones V y VI del artículo 40 de dicho ordenamiento;

XX. Imponer las sanciones administrativas previstas en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, por infracciones a las disposiciones de esa Ley y sus disposiciones reglamentarias en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, y de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos;

XXI. Expedir su Reglamento Interno;

XXII. Las demás que le confieran las leyes reglamentarias del Artículo 27 Constitucional y otras disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo II Organización y Funcionamiento

Artículo 4. La Comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al presidente de la misma. Los comisionados deliberarán en forma colegiada por lo menos una vez al mes, y decidirán los asuntos por el voto de la mayoría de sus miembros.

Las resoluciones de la Comisión se inscribirán en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de esta Ley.

Artículo 5. Para la designación de cada comisionado, el Titular del Ejecutivo Federal presentará a la Cámara de Senadores una fórmula con tres candidatos, de entre los cuales será designado el Comisionado y su suplente.

Para poder ser propuestos, los candidatos deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales o académicas, relacionadas con las actividades reguladas, y

III. No tener conflicto de interés con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas a éstas.

Artículo 6. Los comisionados serán designados para períodos de cinco años y su renovación será escalonada, pudiendo ser reelectos por sólo una ocasión.

I. Durante cada período podrán ser removidos por: a) Causa que así lo amerite de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y

b) Incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

II. El procedimiento de remoción de un comisionado, deberá sujetarse a las siguientes normas: a) Deberá mediar solicitud del Presidente de la Comisión o de tres de sus comisionados;

b) Ésta solicitud será remitida a la Cámara de Senadores, la cual decidirá si es procedente;

c) Ante la resolución adoptada por el pleno del Senado, no podrá interponerse recurso alguno.

III. En caso que un Comisionado se separe de su encargo, sea por destitución, sea por cualquier otra causa, el Senado de la República o la Comisión Permanente harán el nombramiento de aquella persona que lo sustituirá y completará su periodo. El Ejecutivo podrá proponer a ésta persona.

IV. Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de cargos académicos que no interfieran con el desempeño de sus funciones.

V. Aquel Comisionado que haya sido removido de su encargo según el procedimiento descrito en la fracción II de éste artículo, no podrá ser propuesto nuevamente por el Ejecutivo.

Artículo 7. La presidencia de la Comisión será rotativa anualmente y le corresponderá al comisionado con mayor antigüedad. El comisionado presidente tendrá las facultades siguientes:

I. Coordinar los trabajos de la Comisión;

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas;

III. Actuar como apoderado legal de la Comisión en los términos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y delegar facultades;

IV. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión, el reglamento interior de ésta;

V. Proponer a la Comisión el nombramiento del Secretario Ejecutivo;

VI. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, el cual será aprobado por la misma;

VII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, y

VIII. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

Artículo 8. Las disposiciones administrativas de carácter general que dicte la Comisión, tales como criterios de aplicación general, lineamientos generales y metodologías, que deban observar las personas que realicen actividades reguladas, podrán ser expedidos mediante el procedimiento de consulta pública que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Capítulo III Del Patrimonio y Presupuesto de la Comisión

Artículo 9. La Comisión Reguladora de Energía tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al Secretario de Estado competente, para el trámite correspondiente.

Artículo 10. La Comisión Reguladora de Energía contará con patrimonio propio. El Gobierno federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.

Artículo 11. El patrimonio de la Comisión Reguladora de Energía se integra con:

I. Las aportaciones y los recursos presupuestales que en su caso otorgue el Gobierno federal.

II. Los derechos, bienes muebles e inmuebles de los que a la fecha es titular, de los que se le incorporen y de los que en el futuro adquiera por cualquier título, necesarios para el cumplimiento de su objeto;

III. El rendimiento de los impuestos y derechos que específicamente se le asignen de acuerdo con las leyes respectivas;

IV. Los Ingresos provenientes de la prestación de un servicio;

V. Los ingresos provenientes de la venta y prestación de servicios científicos y tecnológicos, de asesoramiento; y

VI. Los frutos que obtenga de sus bienes;

Capítulo IV Del Órgano de Vigilancia

Artículo 12. El órgano de Vigilancia estará encomendado a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el otro por los Comisionados.

Los comisarios desarrollarán sus funciones de acuerdo a las funciones legales aplicables. Por cada comisario se elegirá un suplente.

La Comisión Reguladora de Energía establecerá además un órgano de control interno, al que se le facultará para realizar la fiscalización directa de la comisión conforme a las disposiciones legales y reglamentarias procedentes.

Capítulo V Del Arbitraje

Artículo 13. La Comisión podrá actuar como árbitro para dirimir las controversias que se presenten en las actividades reguladas, cuando los interesados así la designen.

Artículo 14. Tanto el procedimiento arbitral que propongan quienes realizan actividades reguladas, como el órgano competente para conocer de las controversias, deberán constar por escrito y consignarse en documento firmado por las partes o sus legítimos representantes. A falta de la inscripción citada, se entenderá que el procedimiento propuesto es el determinado por la Comisión, el cual se ajustará a las disposiciones relativas al arbitraje que establece el Código de Comercio y se substanciará ante la propia Comisión.

Artículo 15. En la vía administrativa, contra los actos de la Comisión sólo podrá interponerse el recurso de reconsideración, el cual se resolverá por la propia Comisión conforme a lo dispuesto en el reglamento de esta ley.

Capítulo VI Disposiciones Generales

Artículo 16. El personal de la Comisión Reguladora de Energía queda sujeto al régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y al de la Ley del Instituto del Seguro Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 17. El otorgamiento de permisos para la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas natural o gas licuado de petróleo por medio de ductos implicará la declaratoria de utilidad pública para el tendido de los ductos en predios de propiedad pública, social y privada, de conformidad con el trazado aprobado por la Comisión en coordinación con las demás autoridades competentes.

La Comisión promoverá los actos jurídicos que se requieran para el tendido de los ductos.

Artículo 18. El Secretario Ejecutivo, los Directores Generales y los titulares de las Unidades Especializadas, serán propuestos por el Comisionado Presidente y nombrados por el pleno de la Comisión.

Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones de las direcciones, la comisión cuenta con funcionarios de carrera, dependientes de cada dirección y que estarán encargados proporcionar servicios de asistencia técnica y especializada en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Los funcionarios y personal de confianza de los comisionados podrán ser escogidos de entre el personal que integre el servicio de carrera mencionado en el párrafo anterior.

Transitorios

Primero. Éste decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Senado de la República escogerá de entre los comisionados actuales a aquel que cuente con mayor antigüedad para que ocupe la primera presidencia de la Comisión.

Tercero.El primer presidente de la Comisión, durará en su encargo dos años a partir su nombramiento. El encargo de los demás comisionados será de cuatro, seis, ocho y diez años. El Senado de La República, al hacer los nombramientos correspondientes determinará la duración de las funciones de cada comisionado.

Cuarto. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que actualmente cuenta la Comisión Reguladora de Energía como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, pasarán a formar parte de la Comisión Reguladora de Energía como el organismo descentralizado que se crea en esta ley, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores de la Comisión.

Quinto. Los actuales funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente conforme a lo dispuesto en esta ley.

Sexto. Los actuales comisionados permanecerán en el desempeño de sus encargos hasta que no sean sustituidos de conformidad con esta ley.

La designación de los nuevos comisionados se hará en un plazo menor a sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de ésta ley.

Séptimo.El Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía, será expedido por el Pleno de la Comisión dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

Octavo. Se abroga la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Artículo Séptimo.Se crea la Ley de la Comisión Nacional de Energía, para quedar como sigue:

Ley de la Comisión Nacional de Energía

Capítulo I Del objeto

Artículo 1. La Comisión Nacional de Energía es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que gozará de autonomía técnica y operativa, cuyo objeto será el fungir como órgano técnico del Gobierno federal, para desarrollar la planeación y programación del sector energético, estableciendo las estrategias para lograr un desarrollo sustentable, a efecto de constituir un nivel óptimo y racional en el uso de los recursos naturales y económicos del país, para la producción energética en el mediano y largo plazos y la promoción del bienestar de todos los mexicanos.

Cápitulo II De la integración

Artículo 2. La Comisión se integra por el Consejo de Planeación y el Consejo Consultivo. Los miembros de ambos Consejos podrán designar a sus respectivos suplentes.

El nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo, será de carácter honorario y por su desempeño no tendrá remuneración alguna.

Artículo 3. Son miembros del Consejo de Planeación: los secretarios de Energía, quien lo presidirá; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y los Directores Generales de la Comisión Federal de Electricidad; Luz y Fuerza del Centro; Petróleos Mexicanos; Comisión Nacional del Agua; Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, así como el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

Artículo 4. Son miembros del Consejo Consultivo: los presidentes de las comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; el Procurador Federal del Consumidor; cinco especialistas, elegidos de entre los integrantes de los órganos de gobierno de Comisión Federal de Electricidad, y de Petróleos Mexicanos; cuatro representantes de las organizaciones sindicales del sector, titulares del contrato colectivo en cada entidad paraestatal, que deberán ser miembros activos de dichos sindicatos y trabajadores de planta, y cuatro representantes del sector empresarial que serán designados por las organizaciones patronales. El Consejo Consultivo será presidido por los legisladores federales de manera rotativa, de conformidad con lo dispuesto en Reglamento Interno.

Artículo 5. Los asuntos se decidirán en ambos Consejos por mayoría de votos. Los Presidentes tendrán voto de calidad.

Artículo 6. La Secretaría de Energía, como coordinadora del sector, será la dependencia encargada de dotar de recursos humanos, presupuestales, técnicos y administrativos a los Consejos para el cumplimiento de sus fines.

Capítulo III De las atribuciones

Artículo 7. Los Presidentes de los Consejos, a través del Secretario Técnico, podrán convocar a otras dependencias y entidades públicas, cuando por razón de sus atribuciones y en función de los asuntos a tratar, se estime conveniente su participación, a fin de lograr la coordinación de acciones que en los distintos niveles de gobierno se requieran llevar a cabo.

Artículo 8. Ambos Consejos podrán invitar a sus reuniones a autoridades estatales y municipales, así como a miembros de los sectores social, público y privado, a efecto de impulsar la coordinación y concertación de acciones que en ejercicio de sus atribuciones les confiere la presente Ley.

Artículo 9. Los Consejos podrán invitar a participar en el desarrollo de sus actividades, programas, estudios y acciones a universidades e institutos de investigación, así como a diversos miembros de la comunidad científica, agrupaciones e instituciones cuya especialidad o fines se encuentren relacionados con el desempeño de sus atribuciones.

Artículo 10. El Consejo de Planeación tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Formular las políticas energéticas nacionales, considerando el desarrollo y el aprovechamiento sustentable;

II. Elaborar, considerando las prospectivas que emitan las entidades del ramo, la sección referente al sector energético en el Plan Nacional de Desarrollo;

III. Integrar el Programa Sectorial;

IV. Integrar y aprobar, a propuesta de las entidades del sector, los Programas Institucionales respectivos;

V. Analizar los resultados de la evaluación, sugerir los ajustes anuales que se requieran y dar seguimiento a las recomendaciones que haga el Consejo Consultivo;

VI. Remitir al Consejo Consultivo, para su consideración los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y los Programas Institucionales que en materia de energía corresponda;

VII. Promoción de estrategias de financiamiento y desarrollo del sector; y

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y las que le encomiende expresamente la Ley.

Artículo 11. El Consejo Consultivo tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Remitir al Consejo de Planeación la evaluación de la política nacional energética, así como realizar las recomendaciones que sobre estrategias, programas, acciones e inversiones se establezcan en materia del sector energético y del equilibrio e impacto regionales.

II. Opinar sobre los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y los Programas Institucionales del ramo que le proponga el Consejo de Planeación.

III. Realizar propuestas que coadyuven a garantizar el uso transparente de los recursos y la rendición de cuentas;

IV. Apoyar al Consejo de Planeación en todas aquellas atribuciones que le confiere esta Ley, y

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y las que le encomiende expresamente la Ley.

Capítulo IV Del Secretario Técnico

Artículo 12. La Comisión Nacional de Energía contará con un Secretario Técnico que será designado por el Presidente del Consejo de Planeación, y ratificado por el Consejo Consultivo.

Artículo 13. El Secretario Técnico deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal por más de un año;

III. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;

IV. Haberse desempeñado en forma destacada laboral o académicamente en el sector energético, y

V. No tener conflicto de interés con empresas dedicadas al sector energético o vinculadas a este.

Artículo 14. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno de la propia Comisión;

II. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos que se tomen en el seno de los Consejos, e informar periódicamente sobre cumplimiento y ejecución de los mismos;

III. Recabar la información que permita a los Consejos, la vigilancia y seguimiento de la ejecución de los programas y acciones acordados por ellos;

IV. Convocar a las reuniones de los Consejos;

V. Formular de los estudios que le encomiende el Consejo de Planeación o el Consejo Consultivo, y en general, de realizar los trabajos que considere necesarios para apoyar el desempeño de la Comisión Nacional de Energía, y

VI. Las demás que le asigne la Comisión.

Artículo 15. El Secretario Técnico deberá contar con los recursos presupuestales, materiales y humanos de la Secretaría de Energía para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Capítulo V De la planeación y programación

Artículo 16. Las entidades del sector energético deberán emitir un documento de prospectiva, que será actualizable anualmente, y deberá plantear las necesidades de expansión, adición, rehabilitación, modernización, sustitución o interconexión de la capacidad de generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización durante un periodo de 10 años; las metas que racionalmente se plantean para la atención de dichas necesidades; así como las medidas que se estiman necesarias para dar cumplimiento a dichas metas.

Los anteproyectos de prospectivas serán elaboradas por los directores generales de las entidades del sector energético y revisadas por los órganos de gobierno de las mismas, para ser remitidas a la Comisión Nacional de Energía para su aprobación.

Artículo 17. Con base en los documentos de prospectivas a que se refiere el artículo anterior, y en los tiempos que para tales efectos fije la Comisión, los directores generales de las entidades del sector energético elaborarán un anteproyecto de Programa Institucional, para ser aprobado por el Consejo de Gobierno, y remitido como proyecto a la Comisión Nacional de Energía para la constitución del Programa Sectorial de Energía.

Los programas institucionales deberán contemplar el desarrollo de proyectos específicos a mediano plazo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos con base en los documentos de prospectivas, durante un periodo de hasta 4 años, siempre que no rebase el tiempo de vigencia del Plan.

Artículo 18. Una vez recibidos los proyectos de programas institucionales de las entidades del sector energético, la Comisión los integrará y armonizará, de conformidad con lo establecido en el Plan, y observando los lineamientos de las políticas energéticas y las prospectivas de las entidades del sector, para constituir el Programa Sectorial de Energía.

Una vez integrado, el Programa Sectorial será remitido al Jefe del Poder Ejecutivo Federal, con objeto de que, con las observaciones que le formule, sea enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación.

El Programa Sectorial no podrá exceder el periodo de vigencia del Plan, aún cuando ello signifique que no abarque el periodo completo para el cual se planteen las prospectivas.

Artículo 19. Los programas anuales de las entidades serán formulados de conformidad con sus propias leyes, debiendo en todo caso ser acorde con los programas institucionales, el Programa Sectorial y el Plan.

Los programas anuales establecerán el detalle anual de las acciones de operación de las entidades, así como aquellas por las que se desarrollarán los proyectos especificados en el Programa Institucional, incluyendo las especificaciones en cuanto a los montos suficientes para cubrir las necesidades anuales de gasto corriente y de inversión, las posibles fuentes de financiamiento y los instrumentos necesarios para contratarlo. Serán la base para la presupuestación del organismo.

Artículo 20. Con objeto de garantizar la continuidad de la programación de mediano y largo plazos, cuando el programa institucional establezca proyectos cuyo desarrollo deba prolongarse por un término mayor al ejercicio en el cual se apruebe, los programas anuales deberán sujetarse a dichas disposiciones programando la ejecución de las acciones necesarias para dar cobertura a la parte del proyecto requerida en el ejercicio para el que fueran vigentes, durante todos los ejercicios a que se refiera al programa institucional.

Artículo 21. Los presupuestos de ingresos y egresos de las entidades del sector energético serán elaborados de conformidad con las leyes que rijan a cada entidad, debiendo ajustarse estrictamente a lo dispuesto por los programas anuales.

Artículo 22. Todos los proyectos que sean objeto de programación multianual deberán considerarse prioritarios para la asignación de presupuesto, en cualquier etapa de los procesos de formulación y aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos de las entidades.

Capítulo VI Disposiciones generales

Artículo 23. Los Consejos podrán crear grupos de trabajo, permanentes o transitorios, para realizar tareas relacionadas con el objeto de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 24. Los Consejos sesionarán cuando menos dos veces al año, sin perjuicio de celebrar sesiones extraordinarias cuando lo determinen sus Presidentes, de conformidad al Reglamento Interno.

Artículo 25. La Comisión Nacional de Energía se regirá por un Reglamento Interno, donde se establecerán las bases de organización, funciones, votaciones y sesiones de los Consejos, además de los procedimientos relativos al análisis, formulación y aprobación de los proyectos por los Consejos, así como la forma de integración y funcionamiento de los grupos de trabajo.

Artículo 26. La Ley de Planeación será aplicable supletoriamente siempre que no contravenga las disposiciones de la presente Ley.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Tercero. Los especialistas, así como los representantes del sector empresarial y de las organizaciones sindicales del ramo, a que se refiere el artículo 4°, deberán ser designados dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Cuarto. El Presidente del Consejo de Planeación someterá el proyecto de Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Energía al Consejo Consultivo para su aprobación, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se haya integrado dicho Consejo. El Reglamento Interno será publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente de aprobación.

Quinto. Los derechos que pudieran verse afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, serán respetados de conformidad a la Ley.

Artículo Octavo.Se crea la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad

Título Primero De la Naturaleza y Objetivos

Capitulo Único De la Naturaleza y Objetivos

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social, y de observancia general en toda la República, en la forma y términos que en las mismas se establece.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley Orgánica, se entiende por:

I. Ley: la Ley Federal de Energía Eléctrica.

II. Ley Orgánica: la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad;

III. Comisión: la Comisión Federal de Electricidad;

IV. Comisión Nacional: la Comisión Nacional de Energía;

V. Consejo de Gobierno; el Consejo de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad;

VI. Programa Sectorial: el Programa Sectorial del Sector Energético;

VII. Cámara de Diputados: la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. Cámara de Senadores: la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal;

X. Plan: el Plan Nacional de Desarrollo;

XI. Presupuesto: el presupuesto de ingresos y egresos de la Comisión.

Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autofinanciable, y dotado de autonomía de gestión, técnica y presupuestal para la realización de sus objetivos. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta Ley y, en lo que no se oponga, de las demás que expresamente se señale en la misma.

Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 2º y conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía.

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión contará con las siguientes atribuciones:

I. Formular y ejecutar los programas y presupuestos que requiera para el cumplimiento de sus objetivos de conformidad con lo que establece esta ley; así como participar en la elaboración de los programas para el desarrollo del sector eléctrico nacional y de sus propios programas institucionales, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la ley que regula la materia; II. Promover y participar en el desarrollo y la fabricación de tecnologías, equipos y materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica, o en otra clase de servicios cuando la producción de los mismos derive de su propia actividad, fomentando el crecimiento de la industria nacional, y vender dichos servicios o productos en el país o en el extranjero;

III. Celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con entidades publicas y privadas o con personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica;

IV. Suscribir deuda pública interna y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública, suscribir deuda pública externa;

V. Promover y desarrollar investigación científica y tecnológica nacional en materia de electricidad;

VI. Promover la electrificación rural y las tecnologías alternativas de generación eléctrica;

VII. Exportar energía eléctrica y, en forma exclusiva, importarla para la prestación del servicio público;

VIII. Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; y

IX. Los demás que fijen esta ley, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica y sus reglamentos.

Título Segundo De la Estructura Orgánica y el Patrimonio

Capítulo I Del Consejo de Gobierno

Artículo 6. La Comisión se regirá por un órgano colegiado de gobierno denominado Consejo de Gobierno, integrado por el Director General de la Comisión, quien lo presidirá; el Director General de Petróleos Mexicanos; el Director de la Comisión Nacional del Agua; tres representante de los trabajadores de la entidad; y tres Consejeros Especializados.

Artículo 7. Los integrantes del Consejo de Gobierno nombrarán a sus respectivos suplentes. El Consejo de Gobierno designará a un secretario.

Artículo 8. Los representantes de los trabajadores serán designado por el sindicato titular del contrato colectivo.

Artículo 9. Los Consejeros Especializados serán nombrados por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a propuesta en terna de la Cámara de Senadores, y no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo cuando se trate de actividades no remuneradas de carácter docente, científico, cultural o de beneficencia.

Durarán en el encargo un máximo de cinco años, pudiendo ser ratificados por sólo un periodo más, y su renovación se realizará en forma escalonada e individual.

Para ser Consejero Especializado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser profesionista y tener probada experiencia en materia energética, así como haber ocupado, por lo menos durante los cinco años anteriores al nombramiento, cargos de nivel medio a superior en la administración pública federal;

III. No haber desempeñado cargos en partidos políticos durante los cinco años anteriores al nombramiento; y,

IV. No haber sido sentenciado por delitos intencionales; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión, en el servicio público.

Artículo 10. Sólo por las causas enunciadas en la fracción I del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los relativos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, los Consejeros Especializados podrán ser removidos del cargo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados federal, mediante un procedimiento que asegure el respeto a su derecho de audiencia. La denuncia respectiva podrá ser presentada por cualquier ciudadano.

Artículo 11. En caso de ausencia definitiva de algún Consejero Especializado, la Cámara de Diputados nombrará un suplente por el mismo procedimiento, para que termine el periodo, pudiendo ser ratificado sólo para un segundo periodo de 4 años.

Las ausencias temporales de los Consejeros, serán suplidas en los términos que señale el Reglamento.

Artículo 12. El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Designar con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta en terna del Director General, a los Directores o Gerentes de las distintas áreas de actividad, y ratificar a los funcionarios del nivel inmediato inferior; así como removerlos con la misma votación a propuesta del Director General o de dos Consejeros;

II. Aprobar el reglamento interior del organismo, y sus modificaciones;

III. Aprobar los programas de auditorías que realice el Consejo de Vigilancia o la contratación de auditores externos, así como los lineamientos sobre el ejercicio del gasto y el sistema general de adquisiciones y de obra pública, observando la legislación aplicable;

IV. Atender las recomendaciones que en su caso emitan el Consejo de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación por observaciones derivadas de la fiscalización de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Orgánica, la Ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, así como imponer las sanciones que correspondan de conformidad con dichas leyes;

VI. Revisar y aprobar el anteproyecto de programa institucional que le presente el Director General y remitirlo como proyecto a la Comisión Nacional para los efectos dispuestos en el artículo 17 de esta Ley;

VII. Aprobar el programa anual que le presente el Director General;

VIII. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de la Comisión, que le presente el Director General, y remitirlo como proyecto al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda para los efectos dispuestos en el artículo 21 de esta Ley;

IX. Aprobar el monto para la contratación de endeudamiento interno que se anexarán al proyecto de presupuesto de la entidad, así como el monto de endeudamiento externo y remitirlo a la Secretaría de Hacienda para los efectos dispuestos por el artículo 21 de esta Ley Orgánica. En ambos casos los montos comprenderán también aquellos que se pretendan ejercer mediante contratos de arrendamiento financiero;

X. Aprobar los contratos de arrendamiento financiero, así como los convenios de ampliación local que, de conformidad con la Ley, pretenda realizar la Comisión;

XI. Las demás que dispongan esta Ley Orgánica, la Ley y sus reglamentos.

Capítulo II De la Dirección General

Artículo 13. La dirección de la Comisión recaerá en un Director General nombrado por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores presentes en sesión plenaria, a propuesta en terna del Presidente de la República.

De no realizarse la elección de entre los candidatos de la primera terna, deberá repetirse el procedimiento hasta por una ocasión, después de la cual el nombramiento se realizará directamente por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El Director General durará en el encargo un período de 5 años, pudiendo ser ratificado por una sola ocasión para desarrollar un segundo periodo, por el mismo procedimiento seguido para su elección.

Artículo 14. Para ser Director General se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser profesionista en una materia afín a la administración pública y tener probada experiencia en la misma; y,

III. No haber sido sentenciado por delitos intencionales; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión, en el servicio público.

Artículo 15. El Director General podrá ser removido por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, cuando concurra alguna de las causales establecidas en el artículo 9. La denuncia respectiva podrá ser presentada por cualquier ciudadano.

En caso de remoción o de ausencia definitiva por cualquier otra causa del Director General, se nombrará un suplente, por el mismo procedimiento establecido en los párrafos anteriores, para que termine el periodo. El Director General suplente podrá ser ratificado para el ejercicio de un segundo periodo, de conformidad con lo establecido en artículo anterior.

En tanto se nombra al Director General suplente, el Consejo de Gobierno podrá nombrar un interino de entre los funcionarios del nivel inmediato inferior a éste.

Artículo 16. El Director General tendrá las siguientes obligaciones y facultades:

I. Presidir el Consejo de Gobierno;

II. Cumplir con los programas que apruebe el Consejo de Gobierno;

III. Las de apoderado para actos de administración en los términos del segundo párrafo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal;

IV. Las de apoderado general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran Poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del Artículo 2554 del citado Código Civil, excepto absolver posiciones. Estará facultado, además, para desistirse de amparos;

V. Las de apoderado para actos de dominio, en los términos que acuerde el Consejo de Gobierno;

VI. Las de apoderado para suscribir y otorgar títulos de crédito en los términos del Artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

VII. Otorgar poderes generales o especiales, autorizar a los apoderados para que absuelvan posiciones y ejerciten su mandato ante las personas y autoridades, inclusive para realizar actos de administración en materia laboral, delegando sus facultades de representación legal para que en nombre del Organismo comparezca a las audiencias de conciliación, de demanda y excepciones y demás diligencias en procedimientos y juicios laborales; así como para querellarse, otorgar perdón del ofendido, desistirse del juicio de amparo y revocar dichos poderes;

VIII. Ejecutar las resoluciones del Consejo de Gobierno;

IX. Realizar los estudios, proyectos, propuestas y programas, que le solicite el Consejo de Gobierno;

X. Nombrar el personal de confianza del organismo no reservado expresamente al Consejo de Gobierno;

XI. Resolver los asuntos cuyo conocimiento no este reservado al Consejo de Gobierno;

XII. Los demás que el Consejo de Gobierno decida otorgarle.

Capítulo III De la Estructura Operativa

Artículo 17. El reglamento interior del organismo establecerá las áreas funcionales o los sistemas de organización y las facultades y obligaciones de sus titulares, por debajo del último nivel descrito en la fracción I del artículo 11.

Capítulo IV Del Patrimonio

Artículo 18.El patrimonio de la Comisión se integra con:

I. Los derechos, contratos individuales de suministro con sus consumidores, bienes muebles e inmuebles de los que a la fecha es titular, de los que se le incorporen y de los que en el futuro adquiera por cualquier título;

II. Los derechos sobre recursos naturales que le sean asignados por el Ejecutivo Federal, necesarios para el cumplimiento de su objeto;

III. Los frutos que obtenga de sus bienes y el resultado neto de operación en su caso o cualquier otro concepto;

IV. El rendimiento de los impuestos y derechos que específicamente se le asignen de acuerdo con las leyes respectivas;

V. Los ingresos provenientes de la venta y prestación de servicios científicos y tecnológicos, de asesoramiento; así como todos aquellos que se generen por actividades diversas a la prestación del servicio público de energía eléctrica;

VI. Las aportaciones que en su caso otorgue el Gobierno federal;

VII. Las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos y beneficiarios del servicio público de energía eléctrica, para la realización de obras específicas, ampliación o modificación de las existentes, solicitadas por aquellos;

VIII. La infraestructura originada por contratos de arrendamiento financiero, cuando se haya transmitido la propiedad a la Comisión; y

IX. Los derechos de copropiedad que se generen sobre instalaciones creadas por convenios de Ampliación Local.

Artículo 19. La Comisión mantendrá un régimen de copropiedad en cuanto a las instalaciones creadas mediante Convenios de Ampliación Local, a los que se refiere el artículo 26 de la Ley, en colaboración con estados, municipios, la Federación o el Distrito Federal, quedando las obras bajo su resguardo y administración, en tanto se reembolsa el porcentaje pactado de la inversión que hayan aportado dichas entidades, en cuyo caso pasará a ser propiedad exclusiva de la Comisión.

En caso de que en instalaciones creadas mediante Convenios de Ampliación Local para la ampliación o modificación de las existentes participen particulares, el porcentaje de la obras correspondiente al porcentaje de inversión aportada por los particulares serán propiedad de la Comisión.

Capítulo V De la Participación y Capacitación de los Trabajadores

Artículo 20. Los trabajadores electricistas participarán en la organización y funcionamiento de la Comisión, a fin de elevar la productividad, la conciencia social y profesional de los trabajadores y técnicos, así como para lograr el mejor uso de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros del organismo.

Artículo 21. Para los efectos del artículo anterior, se crean comisiones consultivas mixtas de operación industrial que deberán funcionar de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Se integrarán en cada estructura funcional o sistema organizativo, con un representante de la Comisión y otro de los trabajadores;

II. Estudiarán, preferentemente, los problemas de adiestramiento y capacitación de los trabajadores, de productividad y de responsabilidad y seguridad en el trabajo; y

III. Dispondrán de toda la información institucional y facilidades que requieran en su cometido.

Artículo 22. El funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Operación Industrial se regirá por el Reglamento respectivo.

Artículo 23. La Comisión promoverá el adiestramiento técnico y la capacitación profesional de sus trabajadores, así como una política de incentivos laborales, a fin de mejorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad y la seguridad en el trabajo.

Título Tercero De la planeación y presupuestación

Capítulo Primero De los planes y programas

Artículo 24. Observando los tiempos y forma que le señale la Comisión Nacional, el Director General elaborará un documento de prospectiva, o una propuesta para su actualización, que deberá plantear las necesidades de expansión, adición, rehabilitación, modernización, sustitución o interconexión de la capacidad de generación, transmisión, distribución y abastecimiento durante un periodo de 10 años; las metas que racionalmente se plantean para la atención de dichas necesidades; así como las medidas que se estiman necesarias para dar cumplimiento a dichas metas.

El documento de prospectiva será aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado como proyecto a la Comisión Nacional para su aprobación.

Artículo 25. De conformidad con los tiempos y forma que establezca la Comisión Nacional, el Director General presentará al Consejo de Gobierno el programa institucional de la entidad a fin de que, una vez revisado y realizadas las adecuaciones procedentes, sea remitido a la Comisión Nacional para la integración del Programa Sectorial, de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 26. El programa institucional deberá ajustarse a lo establecido por el Plan y formularse de acuerdo con la prospectiva de la entidad respectiva. Deberá comprender los proyectos específicos a mediano plazo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos con base en los documentos de prospectivas, durante un periodo de hasta 4 años, siempre que no rebase el tiempo de vigencia del Plan.

En caso de que el programa institucional establezca proyectos de realización multianual, deberán determinarse los objetivos particulares por cada año de su vigencia.

Artículo 27. A más tardar en el mes de septiembre de cada año, el Director General presentará al Consejo de Gobierno, para su aprobación, un programa anual que especificará las acciones a realizarse durante el ejercicio del siguiente año, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el programa institucional, observándose para ello las disposiciones relativas de la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

En el mismo término, el Consejo de Gobierno deberá aprobar un programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecerá un detalle de las acciones que se desarrollarán a lo largo del año en esa materia, especificando las probables afectaciones que puedan generarse en la prestación regular del servicio público, su duración y las fechas en que serán realizadas.

Capítulo Segundo Del Presupuesto de Ingresos y Egresos

Artículo 28. El programa anual será la base para la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la entidad para cada año.

El anteproyecto de presupuesto será elaborado por el Director General, deberá ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el programa anual y a las previsiones de gasto de los programas multianuales comprendidos en el programa institucional, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la Comisión Nacional de Energía, y deberá contener:

I. Los ingresos por venta de electricidad, de acuerdo a los pronósticos elaborados por sus áreas de planeación, así como las tarifas vigentes y sus ajustes esperados, éstos de acuerdo a las fórmulas de inflación y variación de precios de los energéticos,

II. Los ingresos por venta de otros servicios diferentes a la electricidad;

III. Los ingresos que se espera obtener por la contratación de endeudamiento interno y externo en forma separada;

IV. Las necesidades de financiamiento que se espere obtener de forma diversa a la contratación directa de endeudamiento, señalando los esquemas que se consideran apropiados para cada proyecto;

V. Las erogaciones programadas para mantenimiento y restauración;

VI. La expansión del sistema eléctrico nacional y su forma de financiamiento-ejecución, por proyecto: flujo de caja, financiadas, arrendamiento financiero, producción externa o cualquier otra;

VII. Una adecuada presentación y balance de las deudas tanto externa como interna.

VIII. En general, todas las necesidades presupuestales de la entidad.

Artículo 29. El anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido como proyecto, en el tiempo y forma que establezca la Secretaría de Hacienda, al Presidente de la República solo para efecto de que sea incluido, en rubros por separado y sin que se establezca relación con el balance ingresos-egresos federales, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se presentarán a la Cámara de Diputados para su aprobación.

El Consejo de Gobierno, antes de remitir el proyecto al Presidente de la República, lo enviará a la Secretaría de Hacienda, anexando un documento en el que exprese el monto proyectado para la contratación de deuda externa, expresando las justificaciones por las que resulta necesario o conveniente su contratación, las posibilidades de pago de dichos recursos y el estado del endeudamiento interno y externo de la entidad, así como las erogaciones que para cubrir los compromisos crediticios se proponen en el Presupuesto que se proyecta. La secretaría de Hacienda remitirá a la Comisión la aprobación, rechazo o modificación del monto proyectado 15 días antes de la fecha dispuesta para los efectos del párrafo anterior, a fin de que la Comisión realice los ajustes necesarios.

Artículo 30. La Comisión recibirá del Poder Ejecutivo anualmente las transferencias económicas suficientes para cubrir los subsidios, la especificación sobre las tarifas o los consumidores que se beneficiarán por el subsidio, así como la metodología para su aplicación. Los recursos de ésta y cualquier otra transferencia federal, deberán estar especificados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 31. La Comisión realizará las erogaciones correspondientes de conformidad con su propio presupuesto de ingresos y egresos.

Artículo 32. Para la realización de las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles, los arrendamientos de todo tipo de bienes, la realización de obra inmobiliaria, así como los servicios de cualquier naturaleza, la Comisión se sujetará a las previsiones de la ley que para el efecto se expida para regular los organismos del sector energético, que en cualquier caso deberá expedirse de plena conformidad con los criterios señalados en el artículo 134 constitucional.

Artículo 33. Los ingresos de la Comisión no serán concentrados en la Tesorería de la Federación, con excepción de los remanentes de subsidios y de las demás transferencias otorgadas por el Gobierno federal.

Los excedentes presupuestales que se tuvieran por la Comisión al finalizar un ejercicio fiscal, serán aplicado en el siguiente presupuesto como ingresos del propio organismo, y destinarse para cubrir compromisos derivados de la contratación de financiamiento o para cubrir etapas posteriores de los proyectos multianuales que ser hubieran comenzado con anterioridad, salvo que el Consejo de Gobierno considere que tales compromisos han sido solventados con otros recursos.

Artículo 34. Para los efectos de la mejor administración de los recursos destinados a cubrir el presupuesto de la Comisión, ésta podrá invertirlos en valores emitidos o garantizados por el Gobierno federal, en valores de alta calidad crediticia conforme a calificadores de prestigio internacional o en depósitos a la vista y a plazos acordes con sus necesidades de efectivo, en instituciones de crédito y fondos de inversión, a efecto de disponer oportunamente de las cantidades necesarias para hacer frente a sus obligaciones del ejercicio, buscando siempre las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, así como de diversificación de riesgos posibles en términos de la mayor objetividad, prudencia y transparencia.

Los intereses o rendimientos que generen dichas inversiones deberán destinarse a prioritariamente al mismo destino señalado en el presupuesto de la entidad para el capital invertido o seguir las reglas señaladas para el caso de los excedentes en el artículo anterior.

Título Cuarto De la Vigilancia y Control

Capítulo Primero Del Consejo de Vigilancia

Artículo 35. La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo de vigilancia integrado por tres miembros, con sus correspondientes suplentes. Uno de ellos y su suplente será nombrado y removido libremente por el titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; los otros dos y sus suplentes serán nombrados y removidos por la Cámara de Diputados.

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la entidad, así como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 36. El Consejo de Vigilancia tiene la obligación de someter a consideración del Congreso de la Unión un informe semestral sobre el estado que guarda el sector eléctrico.

El coordinador del Consejo de Vigilancia tendrá derecho de asistir con voz a las reuniones del Consejo de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad.

Capítulo Segundo De la Responsabilidad, la Cuenta Pública y el Control Parlamentario

Artículo 37. Los servidores públicos de la Comisión serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que afecte a la hacienda pública federal o el patrimonio de la propia entidad, por lo que resultará aplicable la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo 38. La Auditoría Superior de la Federación revisará la Cuenta Pública anual de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 y el Título Segundo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Para tal efecto, la Comisión enviará a la Secretaría de Hacienda:

I. La Cuenta Pública del año inmediato anterior, así como la información que dicha Secretaría le requiera, en el tiempo y forma que ésta determine, a fin de que pueda ser incluida en la Cuenta Pública de la Federación que será sometida para su revisión a la Cámara de Diputados;

II. El Informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso, a más tardar el 31 de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo; y

III. El Informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1o. de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal señalado en la fracción anterior, a más tardar el 2 de marzo del año siguiente a aquel en que se ejerza el presupuesto respectivo.

Artículo 39. Para los efectos del artículo anterior, el Director General integrará un proyecto de Cuenta Pública de la Comisión, así como de los Informes de Avance de Gestión Financiera respectivos de la entidad, observando lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y, en lo que no se oponga a esta Ley Orgánica, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo remitirá al Consejo de Gobierno para que éste los apruebe y los envíe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 40. Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente o las comisiones legislativas de las mismas, podrán requerir al Director General la información necesaria para la atención de los asuntos que en ellas se desahoguen con relación a la Comisión, o bien, citarlo para que personalmente informe sobre los asuntos de referencia.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Tercero. Los especialistas, así como los representantes del sector empresarial y de las organizaciones sindicales del ramo, a que se refiere el artículo 4°, deberán ser designados dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica.

Cuarto. La Comisión deberá expedir la normatividad relativa a su sistema de adquisiciones y obras públicas a que se refiere el artículo 24 dentro de un término de seis meses a partir de entrada en vigor la presente Ley Orgánica. En tanto dichas normas sean emitidas deberán aplicarse las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los mismos términos y condiciones que las demás entidades de la Administración Pública Paraestatal Federal.

Quinto. Los nombramientos tanto de los Consejeros Especializados que serán miembros del Consejo de Gobierno, como del Director General de la Comisión deberán realizarse dentro de los periodos ordinarios de sesiones de las Cámaras de Senadores y de Diputados inmediatamente posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

La reestructuración orgánica de la Comisión que deriva de la aplicación de esta Ley Orgánica, deberá realizarse una vez que los funcionarios mencionados en el párrafo anterior entren en posesión de sus cargos, y deberá finalizar a más tardar seis meses después.

Sexto.La entrada en vigor del presente ordenamiento no deberá afectar en forma alguna los derechos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, una vez conformado, el Consejo de Gobierno de la entidad deberá realizar los actos necesarios para garantizar su salvaguarda.

Séptimo. El Reglamento interno de la Comisión Federal de Electricidad deberá dictarse dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de esta Ley Orgánica. En tanto se dicta dicho Reglamento, y en cuanto no se oponga a las disposiciones de esta Ley Orgánica, continuará en vigor el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 31 de mayo de 1993, en lo que resulte aplicable.

Octavo. El Congreso de la Unión, a través de sus respectivas comisiones, examinará el decreto de creación del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, emitido por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1994, a fin de que las diversas atribuciones y facultades que con este decreto se otorgan a la Comisión Federal de Electricidad se apliquen a Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, dichas comisiones recibirán, en el plazo de un año contado a partir de la publicación de este decreto, las opiniones de los diferentes sectores, y propondrán, a su vez, las medidas legislativas conducentes con el propósito de dar a este organismo autonomía presupuestal y operativa.

La revisión que realice el Congreso deberá incluir propuestas que hagan posible la absorción de los pasivos que se constituyeron en el periodo de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y otros problemas de coordinación del sector como el precio de la energía eléctrica en los intercambios respectivos y la planeación de la capacidad en el área central del país.

Artículo Noveno.Se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica

Título Primero Del servicio público de energía eléctrica

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley y, en general, todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica se consideran de orden público e interés general.

Artículo 2. De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación del servicio público de energía eléctrica corresponde en forma exclusiva a la Nación, misma que se ejercerá observando lo establecido en los artículos 25, 26 y 28 de dicho ordenamiento superior, comprendiendo la generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización de energía eléctrica para solventar en forma continua, uniforme, regular y permanente las necesidades de consumo de los diversos sectores de la sociedad mexicana; así como mantener la reserva suficiente para garantizar la cobertura de los requerimientos futuros y aquella que así se considere en concordancia con las disposiciones en materia de seguridad nacional.

La prestación del servicio público de energía eléctrica se encargará a los organismos descentralizados Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, que en lo sucesivo de denominarán organismos prestadores del servicio público, y que contarán con autonomía de gestión, técnica y presupuestal para la realización de sus objetivos.

Artículo 3. Las actividades para la prestación del servicio público de energía podrán consistir en:

I. La planeación del sistema eléctrico nacional;

II. La generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización de energía eléctrica para la prestación del servicio público;

III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional; y

IV. La inversión en instrumentos bursátiles para la generación de recursos destinados a la prestación del servicio público.

Artículo 4. Dentro de los límites que establece esta Ley, y siempre que no se configuren actividades correspondientes a la prestación del servicio público, los particulares podrán generar electricidad en las siguientes modalidades:

I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;

II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores externos exclusivamente para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;

III. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y

IV. La generación de energía eléctrica destinada en su totalidad para su exportación;

V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.

Artículo 5. La planeación del sector eléctrico nacional se desarrollará de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de la Comisión Nacional de Energía, las leyes que regulen la organización de las entidades prestadoras del servicio público de energía eléctrica y, en lo que no contradigan dichos ordenamientos, las demás aplicables.

Capítulo II De las obras e instalaciones para la prestación del servicio público

Artículo 6. Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad, ajustándose a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 7. Los organismos prestadores del servicio público deberán mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad.

Artículo 8. Para la realización de las obras e instalaciones necesarias a la prestación del servicio público de energía eléctrica, los organismos prestadores del servicio público deberán:

I. Efectuar el diseño con su propio personal técnico, hasta donde su desarrollo tecnológico lo permita;

II. Aplicar la Ley de Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, así como la normalización de equipos y accesorios relacionados con el servicio público de electricidad, especialmente en lo concerniente en tensiones de transmisión y distribución y normas técnicas de instalaciones conectadas a sus redes;

III. Abastecer, sin menoscabo de la calidad y costos y sin establecer prácticas de estanqueidad comercial, preferentemente, con productos nacionales.

Artículo 9. Para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad publica dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio. La constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil del orden federal.

Cuando los inmuebles sean propiedad de la Federación, de los Estados o Municipios, la Comisión Federal de Electricidad elevará las solicitudes que legalmente procedan.

Las adquisiciones y obras públicas se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 10. Los organismos prestadores del servicio público podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de dichas obras, los organismos prestadores del servicio público harán las reparaciones correspondientes.

Capítulo III Del Suministro de Energía Eléctrica

Artículo 11. Observando en todo momento lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y cualquier otro índice de calidad aprobado las instancias adecuadas, de conformidad con las leyes aplicables, los organismos prestadores del servicio público, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, deberán suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna.

El Reglamento fijara los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la Comisión.

Artículo 12. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación;

II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;

III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias;

IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo;

V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y

VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.

En cualquiera de los supuestos anteriores, los organismos prestadores del servicio público procederán al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo.

Artículo 13. Los organismos prestadores del servicio público, no incurrirán en responsabilidad, siempre que no contravengan las Normas Oficiales Mexicanas, por interrupciones del servicio de energía eléctrica motivadas:

I. Por causas de trabajos de mantenimiento, reparaciones normales, ampliación o modificación de sus instalaciones, de conformidad con el programa de mantenimiento preventivo que para el efecto se emita. En estos casos, deberá mediar aviso previo a los usuarios a través de un medio de difusión masiva, o notificación individual tratándose de usuarios industriales servidos en alta tensión con más de 1000 kW contratados o prestadores de servicios públicos que requieran de la energía eléctrica como insumo indispensable para prestarlos, en cualquiera de los casos fuerza mayor o caso fortuito;

II. Por la realización con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de los trabajos respectivos; y

III. Por defectos en las instalaciones del usuario o negligencia o culpa del mismo.

Artículo 14. Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las Normas Oficiales Mexicanas.

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de concentración publica, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Comisión certifique, en los formatos que para tal efecto expida esta, que la instalación en cuestión cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. Los organismos prestadores del servicio público suministrarán energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo.

Artículo 15. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaría, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y demás índices de calidad expedidos de conformidad con las leyes aplicables.

Artículo 16. Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de estos, serán aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía, de entre los proyectos que le presente la Comisión Federal de Electricidad. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 17. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará en la tarifa respectiva. Dichos depósitos deberán constituirse y conservarse en los organismos prestadores del servicio público. La Comisión Federal de Electricidad podrá aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo.

Artículo 18. El contrato de suministro de energía eléctrica termina:

I. Por voluntad del usuario;

II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa;

III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en caso de que sean usuarios; y

IV. Por falta de pago del adeudo que motivó la suspensión dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha que se efectuó dicha suspensión.

Artículo 19. Terminado el contrato de suministro, los organismos prestadores del servicio público tendrán derecho de aplicar a su favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario.

Título Segundo De los ingresos por la prestación del servicio público

Capítulo I De las tarifas

Artículo 20. La Comisión Reguladora de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará, ajustará, modificará y reestructurará las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y las tarifas para los servicios de porteo, entendiendo por estos los de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica a los particulares que generan electricidad en las modalidades de los incisos I, III y IV del artículo 4 de esta Ley.

La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación los criterios para el cálculo de las tarifas, especificando, de ser el caso, su carácter progresivo. En dichos criterios deberá procurarse, en la medida de lo posible, la inclusión de incentivos para el ahorro energético.

Artículo 21. Las tarifas deberán cubrir las necesidades financieras de operación y las de ampliación del servicio público, y propiciar el consumo racional de energía, para lo cual deberán mantenerse en los niveles mas bajos que sea posible dentro de la Norma Oficial Mexicana correspondiente para lo cual deberán considerar:

I. En el caso de las tarifas para suministro y venta, el costo total del suministro, abarcando todas las etapas del proceso, incluyendo tanto la energía generada por el propio suministrador como la que adquiera de terceros;

II. En el caso de las tarifas para los servicios de porteo, el costo total del servicio, abarcando sólo las etapas del proceso necesarias para prestarlo; y

III. Los requerimientos de inversión para la expansión o recuperación de instalaciones, así como las necesidades de mantenimiento.

Las tarifas reconocerán las variaciones de los costos económicos a través del tiempo, sus diferencias regionales y las derivadas de las condiciones de operación del sistema durante periodos de distintos niveles de demanda, que resulten relevantes.

Los ajustes de las tarifas podrán incorporar mecanismos que incentiven mejoras en la productividad y eficiencia de los procesos.

Artículo 22. El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado. En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional.

Capítulo II De las inversiones en infraestructura y las aportaciones

Artículo 23. Para la realización de los proyectos de obras específicas, así como de ampliación o modificación de las existentes, los organismos prestadores del servicio público podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero con los particulares o recibir, mediante convenio en que participen los particulares, la federación, los estados o los municipios, las aportaciones que procedan de conformidad con el reglamento.

Artículo 24. En la realización de obras de infraestructura eléctrica la Comisión podrá recurrir a las fuentes y esquemas de financiamiento que le resulten más convenientes, priorizando aquellas que le signifiquen el menor costo.

El Director General y los directores de zona, según el caso, deberán rendir al Consejo de Gobierno y al Consejo de Vigilancia informes trimestrales sobre el estado de los avances en las obras realizadas bajo dichos esquemas.

Las obligaciones económicas que se generen para la Comisión de los esquemas financieros que se convengan merecerán igual tratamiento que la contratación de deuda.

Artículo 25. En caso de solicitud de la ampliación en infraestructura eléctrica por particulares o gobiernos federal, estatal o municipales, los organismos prestadores del servicio público podrán celebrar Convenios de Ampliación Local, con los peticionarios a efecto de que éstos participen en la inversión necesaria.

En dichos convenios podrán pactarse los porcentajes y los tiempos para el reembolso de las aportaciones de los particulares o gobiernos antes referidos. Dicho reembolso tendrá carácter de prioritario en la recuperación de la inversión.

La infraestructura resultante del convenio se mantendrá bajo un régimen de copropiedad, con relación en los porcentajes de inversión aportados por las partes, en tanto se concluyan los reembolsos pactados, momento en el cual pasará a la total propiedad de los organismos prestadores del servicio público.

Artículo 26. En los convenios de Construir-Arrendar-Transferir o en los Convenios de Ampliación Local solicitados por particulares o entidades públicas, se tomará en cuenta lo siguiente:

I. Los organismos prestadores del servicio público podrán construir líneas que excedan en capacidad los requerimientos del solicitante, en cuyo caso la inversión total necesaria para cubrir este excedente será aportada por la Comisión;

II. Si en la misma zona se presentan en grupo solicitudes de servicio, los organismos prestadores del servicio público estudiarán la posibilidad de dar una solución en conjunto, procurando que parte de las líneas específicas se integren en una común;

III. Estarán exentas de la necesidad de aportar a la inversión por Convenios de Ampliación Local los peticionarios de ampliaciones de la infraestructura requeridas para el suministro de servicios individuales, cuando la distancia entre el poste o registro de la red de baja tensión existente más próxima a las instalaciones del solicitante sea inferior a doscientos metros;

IV. Una vez tomado el acuerdo entre los interesados y la Comisión, se realizarán los procedimientos necesarios para la autorización del Convenios de Ampliación Local por el Consejo de Gobierno;

Podrá convenirse, cuando proceda el reembolso, la compensación con energía eléctrica.

Artículo 27. Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de las Normas Oficiales Mexicanas y autorizadas previamente por la Comisión.

Capítulo III De los subsidios

Artículo 28. Un principio fundamental del servicio público de energía eléctrica es que todos los habitantes de la nación, sin distinción de su nivel socioeconómico, tengan acceso a los beneficios de la electrificación con óptima calidad, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y al menor costo posible.

Dado que el servicio público de energía eléctrica será prestado por entidades autofinanciables, el gobierno federal podrá otorgar subsidios al consumo de energía eléctrica para ser aplicados por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. En cualquier caso, dichas entidades recibirán del Poder Ejecutivo anualmente las transferencias económicas suficientes para cubrir los subsidios, así como la metodología para su aplicación.

Artículo 29. Los subsidios que otorgue el gobierno federal deberán estar plenamente identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El monto total del subsidio deberá estar sustentado, cuando menos, en el monto que se espera recaudar por el aprovechamiento a que se refiere el Título V de esta Ley.

Artículo 30. Los subsidios deberán estar plenamente identificados en los recibos que se expidan para el cobro por la prestación del servicio público, y se restarán al subtotal que resulte de la conformación de la tarifa.

Título Tercero De la generación de energía eléctrica por particulares

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 31. La Comisión Reguladora de Energía, observando estrictamente los criterios y lineamientos que dispongan los planes y programas del sector eléctrico nacional, podrá otorgar permisos a los particulares para la realización de las actividades descritas en el artículo 4 de esta Ley, siempre que se cumpla en forma plena con los requisitos y limitaciones que se establecen en este Título.

Artículo 32. El ejercicio autorizado de las actividades a que se refiere este Título podrá incluir la conducción, la transformación y la entrega de la energía eléctrica de que se trate, según las particularidades de cada caso.

Artículo 33. Para la expedición de los permisos de producción externa y de pequeña producción, la Comisión Reguladora de Energía deberá contar con la anuencia de la Comisión Federal de Electricidad para la compra de la energía a los particulares, en cuyo caso dicha entidad quedará obligada a adquirir la energía eléctrica producida por el particular, en los términos y condiciones económicas que se convengan.

La anuencia o rechazo de la Comisión Federal de Electricidad deberá motivarse en las necesidades a corto, mediano y largo plazos que presente el sistema eléctrico nacional en cuanto la adquisición de energía generada por particulares, para mejorar o mantener los estándares de calidad o los requerimientos del abastecimiento en la prestación del servicio público.

Artículo 34. Para la expedición de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, los solicitantes deberán:

I. Ser personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

II. Poner a disposición de la Comisión Federal de Electricidad sus excedentes de producción de energía eléctrica.

Artículo 35. La Comisión Reguladora de Energía podrá otorgar permiso para cada una de las actividades o para ejercer varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta ley, su Reglamento y los Normas Oficiales Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio público;

Artículo 36. Los particulares permisionarios podrán hacer uso de la red del sistema eléctrico nacional previo convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, exclusivamente para la realización de la actividad para la cual obtuvieron permiso, y siempre que ello no ponga en riesgo la prestación del servicio público ni se afecten derechos de terceros. En dichos convenios deberá estipularse la contraprestación en favor de dicha entidad y a cargo de los permisionarios, la que deberá sujetarse a las tarifas por porteo que defina la Comisión Reguladora de Energía.

Artículo 37. Los titulares de los permisos no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos expresamente por esta ley;

Artículo 38. Los titulares de cualquiera de los permisos a que se refiere este Título, quedan obligados, en su caso, a:

I. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, la energía eléctrica disponible para el servicio público cuando causas de fuerza mayor o caso fortuito el servicio público se interrumpa o restrinja, y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o restricción. Para estos casos, habrá una contraprestación a favor del titular del permiso;

II. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, relativas a las obras e instalaciones objeto de los permisos;

III. La entrega de energía eléctrica a la red de servicio público se sujetará a las reglas de despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional que establezca la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 39. Los permisos para el autoabastecimiento, cogeneración, la pequeña producción, la exportación y la importación tendrán una duración indefinida mientras se cumplan las disposiciones legales aplicables y los términos en los que hubieran sido expedidos.

Los permisos para la producción externa tendrán una duración de hasta 30 años, y podrán ser renovados a su término, siempre que se cumpla con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 40. Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Comisión Reguladora de Energía, el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, de su reglamento o de los términos y condiciones establecidos en los permisos respectivos.

Artículo 41.Para la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público, deberán considerarse los excedentes de la generación que realicen los particulares bajo cualquiera de las modalidades reconocidas en este Título.

Artículo 42. Los términos y condiciones de los convenios por los que, en su caso, la Comisión Federal de Electricidad adquiera la energía eléctrica de los particulares, se ajustarán a lo que disponga el Reglamento, considerando la firmeza de las entregas;

Capítulo II Del autoabastecimiento

Artículo 43.Mediante permisos para autoabastecimiento, los particulares podrán generar energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el sistema eléctrico nacional, a juicio de la Comisión Reguladora de Energía.

Artículo 44. Los particulares podrán formar sociedades de autoabastecimiento cuyo objeto exclusivo sea la generación de energía eléctrica, a partir de una sola central, para la satisfacción del conjunto de necesidades de los socios.

La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto original que incluya planes de expansión, excepto cuando la Comisión Reguladora de Energía autorice la cesión de derechos o la modificación de dichos planes.

Los socios deberán aportar, por lo menos, un porcentaje de capital social equivalente a la mitad del porcentaje de capacidad o energía que requieran, y en ningún caso podrá entregarse energía a cada socio en cantidad mayor la equivalente al doble del capital social aportado.

Por la entrega de energía eléctrica a los socios no podrá establecerse contraprestación alguna.

Artículo 45. Podrán también establecerse centrales para autoabastecimiento de varios particulares, manteniendo sobre las mismas un régimen de copropiedad, en cuyo caso deberán observarse las mismas limitaciones establecidas por el artículo anterior para la entrega de energía eléctrica a los copropietarios.

Artículo 46. En las comunidades rurales en donde, a juicio de la Comisión Federal de Electricidad, exista imposibilidad para la prestación del servicio por parte de la paraestatal, podrán establecerse sociedades, asociaciones, copropiedades o convenios de cooperación solidaria, que funcionarán exentas de las restricciones establecidas para las sociedades de autoabastecimiento, siempre que se destine el total de la producción de energía eléctrica a para su autoconsumo, y que los proyectos, en tales casos, no excedan de 1 MW.

En este caso, los solicitantes deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable

Artículo 47. No se requerirá de permiso para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas.

Capítulo III De la producción externa

Artículo 48. Mediante permisos de producción externa, los particulares podrán generar energía eléctrica destinada exclusivamente a su venta a la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 49. Para el otorgamiento de los permisos para la producción externa los particulares deberán satisfacer plenamente los siguientes requisitos:

I. Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos del sistema eléctrico nacional o de la Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes.

II. Que los solicitantes se obliguen a vender su producción de energía eléctrica exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, mediante convenios a largo plazo.

Capítulo IV De la pequeña producción

Artículo 50.Mediante permisos de pequeña producción los particulares podrán generar energía eléctrica para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, con una capacidad total que no podrá exceder de 30 MW y mediante un proyecto de realización en un área determinada por la Comisión Reguladora de Energía.

Artículo 51. Para el otorgamiento de los permisos de pequeña producción los particulares deberán satisfacer plenamente los siguientes requisitos:

I. Que los solicitantes sean personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable; y

II. Que los solicitantes destinen la totalidad de la energía para su venta a la Comisión Federal de Electricidad.

Capítulo V De la importación y exportación

Artículo 52. Mediante permisos de importación de energía eléctrica los particulares podrán importar de una nación extranjera la energía eléctrica exclusivamente necesaria para su autoabastecimiento.

Artículo 53. Mediante permisos de exportación los particulares podrán generar energía eléctrica exclusivamente para su exportación a una nación extranjera.

Los permisos de exportación se otorgarán cuando la energía a exportar se encuentre ya comprometida mediante convenio o carta de intención con el extranjero.

Título Cuarto De las sanciones, recursos y competencia

Capítulo I De las sanciones

Artículo 54. Se sancionara administrativamente con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, en los casos a que se refieren las fracciones I a IV. Cuando se trate de las infracciones previstas en las fracciones V y VI, la multa será de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por cada kW de capacidad de la planta de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción externa o de pequeña producción o por cada kW vendido o consumido. En el caso de la fracción VII la multa será de cincuenta a cien veces el importe de dicho salario.

I. A quien conecte sin la debida autorización sus líneas particulares, conductoras de energía eléctrica, con las generales de la Comisión Federal de Electricidad o otra línea particular alimentada por dichas líneas;

II. Al usuario que consuma energía eléctrica a través de normal de los instrumentos de medidas o control de suministro de energía eléctrica:

III. A quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado contrato respectivo;

IV. A quien utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no este autorizada por su contrato de suministro;

V. A quien venda, revenda o, por cualquier otro acto jurídico, enajene capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos permitidos expresamente por esta ley;

VI. A quien establezca plantas de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción externa o de pequeña producción o a quien exporte o importe energía eléctrica sin los permisos correspondientes de conformidad con esta Ley;

VII. A quien incurra en cualquiera otra infracción a las disposiciones de esta ley o de su Reglamento.

La Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios de energía eléctrica, en favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones a que se refieren las fracciones I a III de este Artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso requiera.

Artículo 55.Al infractor que reincidiere se le aplicará una sanción equivalente al doble de la que se le hubiere aplicado la primera vez. Al infractor que incurriere en contumacia, se le aplicara una sanción equivalente al triple de la que se le hubiere aplicado la primera vez, además de la suspensión temporal o definitiva del servicio.

Artículo 56. La imposición de las sanciones a que se refiere este Capítulo no libera al usuario de la obligación de pagar la energía eléctrica consumida indebidamente, más un cargo por concepto de indemnización, calculado a una tasa equivalente al importe mensual que se establezca para recargos en las disposiciones fiscales aplicables por cada mes o fracción de antigüedad del adeudo, en favor del suministrador.

Capítulo II Del recurso administrativo

Artículo 57. En caso de inconformidad con las resoluciones de la Comisión Federal de Electricidad o de la Comisión Reguladora de Energía, dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el interesado podrá solicitar ante dichas entidades, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación, la reconsideración de dicha resolución.

En este recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional. Al interponerse deberán acompañarse los documentos en que conste la resolución recurrida y acreditarse la personalidad de quien promueva.

Para el desahogo de las pruebas ofrecidas se concederá al recurrente un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, que la Comisión fijará según el grado de dificultad que el mencionado desahogo implique. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este párrafo, será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 58. Los recursos serán resueltos por los funcionarios que corresponda, de conformidad con lo previsto en las leyes o reglamentos de la entidad respectiva.

Artículo 59. Las resoluciones no recurridas dentro del término de 15 días hábiles, las que se dicten durante el trámite del recurso o al resolver éste, así como aquellas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.

Artículo 60.La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida por cuanto al pago de multas, de las indemnizaciones y demás prestaciones, por un plazo de 6 días hábiles. Cuando dentro de dicho plazo se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación, continuara la suspensión hasta que la Comisión resuelva el recurso. De no constituirse la garantía cesara la suspensión sin necesidad de declaración y procederá la ejecución.

Artículo 61. Respecto de otras resoluciones administrativas, la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si así lo solicitare el recurrente y surtirá efectos hasta que el oficio o a petición del propio recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión, que solo se otorgara si concurren los siguientes requisitos:

I. Que el recurrente la hubiere solicitado;

II. Que se admita el recurso;

III. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público;

IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de estos para el caso de no obtenerse resolución favorable;

V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente.

Capítulo III De la competencia

Artículo 62. La aplicación de la presente ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia del Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, en los términos de esta ley, sus reglamentos, así como las leyes y reglamentos que normen su organización interna, en lo que resulten aplicables.

Artículo 63. Los actos jurídicos que celebre los organismos prestadores del servicio público se regirán por las Leyes Federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, salvo acuerdo arbitral, quedando exceptuada de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aún en los casos de controversias judiciales. La Comisión podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.

Título Quinto Del régimen fiscal

Capítulo Único Del régimen fiscal para la Comisión Federal de Electricidad

Artículo 63. La Comisión Federal de Electricidad estará obligada al pago de un aprovechamiento al Gobierno federal por los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica.

La tasa para el cálculo del aprovechamiento será definida en la Ley de Ingresos de la Federación, tomando como base la valuación de los activos de la Comisión que emita un auditor externo

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 22 de diciembre de 1975.

Tercero. En tanto no se expidan nuevas disposiciones reglamentarias de la presente Ley, seguirán vigentes en lo que no se opongan a la misma el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del 31 de mayo de 1993 y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones, del 10 de noviembre de 1998.

Cuarto. Las empresas concesionarias que continúan en disolución y liquidación de conformidad con el artículo transitorio cuarto de la Ley referida en el artículo anterior continuarán en tal procedimiento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Soto Sánchez. Insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Energía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra a los diputados Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por ellos mismos.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui:Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: la idea es dejar en claro y analizar los alcances del artículo 150 de la Ley Federal de Derechosde Autor en relación con las sociedades autorales respecto del derecho de cobro por la transmisión de ciertos servicios electrónicos, toda vez que dicho precepto resulta excesivo y confuso al pretender cobrar regalías hoteleros y comerciantes, en razón de establecer con claridad que sólo procederá el pago de regalías cuando la persecución pública persiga un fin de lucro. Actualmente, el artículo en comento dice: ``No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias:

``Primero. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monorreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados.

``Segundo. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios.

``Tercero. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro y el receptor sea un causante menor o una microindustria''.

Como queda claro, es injusto el pago de regalías considerando las condiciones de imprecisión de este ordenamiento legal, lo que provoca un encarecimiento de los bienes y servicios de los hoteles y comercios, agravando la situación económica que se vive en el país actualmente y muy en particular, en la industria turística.

De esta manera se procede a derogar la parte final de la fracción II, que establece como requisito para no pagar regalías que la ejecución pública no forme parte de un conjunto de servicios, condición que se constituye al lado de otra totalmente distinta relativa a que no se efectúe un cobro para ver u oír una transmisión, pero separadas por la confusión, o que expresen separación, diferencia entre dos o más personas, cosas o ideas.

De tal manera que, de acuerdo con el texto de la citada fracción II, se comprende que puede cumplirse con cualquiera de las condiciones que se han mencionado, pues si la intención del legislador hubiera sido que se cumpliera con ambas, en el texto de la fracción II se hubiera usado la conjunción copulativa ``y''.

En este sentido, al proponerse en el proyecto la derogación de la segunda condición alternativa contenida en la parte final de la multicitada fracción II, se logra una mayor claridad del texto del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor, cuyo espíritu sin lugar a dudas es exceptuar del pago de regalías, la ejecución pública sin fines de lucro.

En efecto, en la fracción I del citado artículo 150 se establece como primer requisito para que la ejecución pública no dé lugar al pago de regalías, que la misma se haga mediante la comunicación recibida directamente en un aparato de radio o televisión, de los que comúnmente se utilizan en el domicilio privado; añadiendo en su fracción II, que no se cobre por ver u oír la transmisión. Por lo que resulta inexplicable y sorpresivo que, al lado de esta última condición, se establezca además que dicha difusión no forme parte de un conjunto de servicios, ya que da la impresión de que esta última condición se agregó con el único fin de ocultar el verdadero espíritu del artículo 150 de la ley.

En este sentido, la derogación que se propone de la condición atinente a que dicha ejecución no forme parte de un conjunto de servicios, resulta muy conveniente, acaba con la ambigüedad de dicha disposición, lo que ha permitido a las sociedades de gestión hacer un uso abusivo de su derecho.

La derogación de la fracción IV del artículo 150 no sólo es conveniente sino necesaria, pues en dicha fracción se hace referencia a causante menor, que ya desapareció de nuestro régimen fiscal desde al año 1997, fecha en que la Ley del Impuesto Sobre la Renta se reformó para acabar con los llamados causantes menores, por lo que en su referencia en la Ley Federal de Derechos de Autor es letra muerta y por tanto es necesaria la derogación.

Lo mismo sucede con la referencia que se hace de las microindustrias, ya que no se establece en la ley el sentido y alcance de este término, ni se menciona la ley a la que habrá de transmitirse para lograr su comprensión, razón por la cual su derogación es muy conveniente.

Por último, es importante destacar que en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor se define la ejecución o representación pública como la presentación de una obra por cualquier medio oyente o espectadores, sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar de acuerdo con esta disposición, para que exista la ejecución pública de la música en un establecimiento de hospedaje. Es claro que el hotelero debe poner que no se da con la simple instalación de aparatos de radio o televisión y mucho menos cuando se utilizan comúnmente en un domicilio privado, tal como se determina en su artículo 150 fracción I de la ley que se comenta.

Cedo la palabra a mi compañera Sara Latife. Muchas gracias.

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores: resulta paradójico que se pretendan cobrar regalías por una supuesta ejecución pública que de ninguna manera se da con los establecimientos comerciales. En este sentido resulta evidente que procederá el pago de regalías cuando se promueva en cualquier establecimiento un espectáculo deportivo o musical, en los cuales inclusive se cobre para poder presenciar dicho espectáculo, caso en el cual sí se da el lucro y por lo tanto deben pagarse los derechos de autor.

Pero pretender el cobro de regalías por el hecho de instalar un aparato de radio o televisión en un establecimiento comercial es pretender exigir el cumplimiento de una obligación por la conducta que realiza un tercero, en este caso el huésped, que es quien determina si conecta o no la radio o la televisión.

La Ley Federal del Derecho de Autor observa en su capítulo II la normatividad para la limitación a los derechos patrimoniales, es decir, para regular los alcances y límites que puede tener la protección de los derechos de autor hacia terceros, que bien pueden ser los que hacen un uso parcial con fines no lucrativos o los que son usuarios indirectos, es decir, que si bien consumen el producto protegido quien se los provee ya realizó el pago correspondiente y por tanto, éste no tiene una obligación jurídica pecuniaria ante el autor beneficiado.

Es el caso de cuando se hace uso de una empresa privada para que provea el servicio televisivo, es decir lo que se conoce como televisión privada o cerrada. Es esta empresa la que debe de pagar por los derechos de autor correspondientes, pues los usuarios del servicio realizan ya un pago por concepto de renta de la transmisión recibida, donde van incluidos todos los gastos que de ellos se derivan.

En un afán de aclarar el espíritu de la norma, que se debe delimitar de formas más exactas las acotaciones al cobro de regalías por ejecución pública cuando no haya un afán de lucro directo con dicho servicio o producto.

A manera de conclusión puede sostenerse que sólo procederá el pago de regalías cuando exista el ánimo de lucro, quedando excluida de este pago la ejecución pública de la música, que cumpla con los requisitos que se mencionan en el artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor en los términos de la reforma que se propone que, de aprobarse, acabaría con un ancestral problema cuya fuente se encuentra precisamente en la falta de claridad de la Ley.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración el siguiente decreto:

Único. Se reforman y adicionan el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor y se deroga la fracción IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 150. ``No se causarán regalías por ejecución pública cuando no exista lucro en las siguientes circunstancias:

I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monorreceptor de radio o televisión.

II. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión.

III. No se retransmita la transmisión recibida.

IV. Se deroga''.

Transitorio. Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Elías Abuxapqui y la de la voz, diputada Sara Latife Ruiz Chávez. Si me lo permite la Mesa Directiva, quisiera felicitar a todas las Lupitas en su día. Muchas felicidades.

«Iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por los diputados Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados del estado de Quintana Roo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma al artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de conformidad con las razones expuestas a continuación.

Exposición de Motivos

En la pasada legislatura, presentaron sendas iniciativas para referirse al artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Diputado Francisco Luis Monárrez Rincón del PRI el día 9 de noviembre del 2004 y la Diputada Consuelo Camarena Gómez del PAN el día 28 de abril del 2005, en la idea de dejar en claro los alcances que tienen las sociedades autorales, respecto del derecho de cobro por la transmisión de ciertos servicios electrónicos, toda vez que dicho precepto resulta excesivo y confuso al pretender cobrar regalías a Hoteleros, aunque no existe el lucro por la explotación directa de los derechos autorales.

Dichas iniciativas, no tuvieron el aval de los diputados de la anterior legislatura. Por ello, hoy compañeras y compañeros, una vez más traigo a esta Tribuna el tema, con la idea de analizar con detenimiento el artículo 150 y dar cauce legal a las demandas de los hoteleros y comerciantes por considerarlas justas. En razón de establecer con claridad que sólo procederá el pago de regalías, cuando la persecución pública persiga un fin de lucro.

Actualmente el artículo en comento dice: ``No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias:

I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monoreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizados en domicilios privados.

II. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios.

III. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro, y

IV. El receptor sea un causante menor o una microindustria.

Como queda claro, es injusto el pago de regalías, considerando las condiciones de imprecisión de este ordenamiento legal, lo que provoca un encarecimiento de los bienes y servicios en hoteles y comercios, agravando la situación económica que se vive en el país actualmente.

De esta manera, se procede derogar la parte final de fracción II, que establece como requisito para no pagar regalías, que la ejecución pública ``no forme parte de un conjunto de servicios''. Condición que se constituye al lado de otra totalmente distinta, relativa a que no se efectúe un cobro para ver u oír una transmisión; pero separadas por la conjunción disyuntiva ``o'', que expresa separación, diferencia entre dos o más personas, cosas o ideas (Diccionario para juristas, Juan Palomar de Miguel, página 924, Edo., mayo, 1981). De tal manera, que de acuerdo con el texto de la citada fracción II, se comprende que puede cumplirse con cualquiera de las condiciones que se han mencionado; pues si la intención del legislador hubiera sido que se cumpliera con ambas, en el texto de la fracción II se hubiera usado la conjunción copulativa ``y''. En este sentido, al proponerse en el proyecto la derogación de la segunda condición, alternativa, contenida en la parte final de la multicitada fracción II, se logra una mayor claridad del texto del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor, cuyo espíritu, sin ligar a dudas, es exceptuar del pago de regalías la ejecución pública sin fines de lucro.

En efecto, en la fracción I del citado artículo 150 se establece como un primer requisito, para que la ejecución pública no de lugar al pago de regalías, ``que la misma se haga ``mediante la comunicación recibida directamente en un aparato de radio o televisión de los que comúnmente se utilizan en el domicilio privado''. Añadiendo en su fracción II, que no se cobre por ver u oír la transmisión; por lo que resulta inexplicable y sorpresivo que al lado de esta última condición, se establezca, además, que dicha ejecución no forme parte de un conjunto de servicios; ya que, de la impresión de que esta última condición se agregó con el único fin de ocultar el verdadero espíritu del artículo 150. En este sentido, la derogación que se propone de la condición atinente a que dicha ejecución no forme parte de un conjunto de servicios resulta muy conveniente, pues acaba con la ambigüedad de dicha disposición, lo que ha permitido a las Sociedades de Gestión hacer un uso abusivo de su derecho.

La derogación de la fracción IV, del artículo 150 no sólo es conveniente sino necesaria, pues en dicha fracción se hace referencia a ``causante de menor'', que ya desparecieron de nuestro régimen fiscal desde el año 1997, fecha en que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se reformó, para acabar con los llamados ``causantes menores'', por lo que su referencia en la Ley Federal de Derechos de Autor es letra muerta y, por tanto, es necesaria su derogación.

Lo mismo sucede con la referencia que se hace de las microindustrias, ya que no se establece en la Ley el sentido y alcance de este término, ni se menciona la ley a la que habrá de remitirse para lograr su comprensión, razón por la cual su derogación es muy conveniente.

Por último, es importante destacar que en artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor se define la ejecución o representación pública, como la ``presentación de una obra por cualquier medio oyente o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar''. De acuerdo con esta disposición, para que exista la ejecución pública de la música en un establecimiento de hospedaje, es claro que el hostelero, debe poner de que no se da con la simple instalación de aparatos de radio o televisión y mucho menos, cuando estos aparatos son los que se utilizan comúnmente en un domicilio privado, tal como se determina en su artículo 150, fracción I, de la ley que se comenta.

Por lo anterior, resulta paradójico que se pretenda cobrar regalías por una supuesta ejecución pública que de ninguna manera se da con los establecimientos comerciales. En este sentido, resulta evidente que procederá el pago de regalías, cuando se promueva en cualquier establecimiento un espectáculo deportivo o musical, en los cuales, inclusive, se cobre para poder presenciar dicho espectáculo, caso en el cual si se da el lucro y por lo tanto, deben pagarse los Derechos de Autor; pero pretender el cobro de regalías por el hecho de instalar un aparato de radio o televisión en un establecimiento comercial, es pretender exigir el cumplimiento de una obligación por la conducta que realiza un tercero, en este caso el huésped, que es quien determina si pretende o no la radio o la televisión.

La Ley Federal del Derecho de Autor, observa en su capítulo II, la normatividad para la Limitación a los Derechos Patrimoniales, es decir para regular los alcances y límites que puede tener la protección de los derechos de autor ante terceros, que bien pueden ser los que hacen un uso parcial con fines no lucrativos, o los que son usuarios indirectos, es decir que si bien consumen el producto protegido, quien se los provee ya realizó el pago correspondiente y por tanto, este no tiene una obligación jurídica pecuniaria ante el autor beneficiado.

Es el caso de cuando se hace uso de una empresa privada para que provea del servicio televisivo, es decir lo que se conoce como Televisión privada o cerrada, es ésta empresa la que debe pagar los derechos de autor correspondientes, pues los usuarios del servicio realizan ya un pago por concepto de renta de la transmisión recibida, donde van incluidos todos los gastos que de ello se derivan.

Es por ello y en un afán de aclarar el espíritu de la norma, que se debe delimitar de forma más exacta las acotaciones al cobro de regalías por ejecución pública cuando no haya un afán de lucro directo con dicho servicio o producto.

A manera de conclusión, puede sostenerse que sólo procederá el pago de regalías, cuando exista el ánimo de lucro, quedando excluido de este pago la ejecución pública de la música, que cumpla con los requisitos que se mencionan en el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en los términos de la reforma que se propone, que de aprobarse, acabaría con un ancestral problema cuya fuente se encuentra precisamente en la falta de claridad de la ley.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración el siguiente

Decreto

Único.Se reforman y adicionan el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor y se deroga la fracción IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 150.No se causarán regalías por ejecución pública, cuando no exista lucro en las siguientes circunstancias:

I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monoreceptor de radio o televisión.

II. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión.

III. No se retransmita la transmisión recibida.

IV. Se deroga.

Transitorio

Artículo Único: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez.»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Cultura.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento existe un quórum de 470 diputadas y diputados. Los diputados que hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Octavio Martínez, está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Muchas gracias, compañera Presidenta: únicamente para solicitar que el punto antes expuesto sea de igual manera turnado a la Comisión de Turismo.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se corrige el turno y se aumenta con opinión de la Comisión de Turismo.Gracias, diputado.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones legales de las Leyes del Instituto Mexicano de la Juventud; para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la de Información Estadística y Geográfica.

El diputado José Antonio Arévalo González:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados y diputadas: la importancia de conocer la estructura por edades de una población, radica en su utilidad para la planeación de políticas de desarrollo. En este sentido, para cumplir con los objetivos de una ley es indispensable conocer las características y necesidades propias de su población objetivo.

De acuerdo con varios estudios de psicología, las etapas del desarrollo humano son niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad, aunque es difícil designar edades exactas para determinar el límite entre una y otra. Dado que el desarrollo en cada individuo es variable y multifactorial, dichos estudios psicológicos concuerdan en que la niñez se sitúa entre el nacimiento y alrededor de los 12 años. La adolescencia es la etapa en la que el individuo deja de ser niño pero sin haber alcanzado la madurez del adulto, que inicia aproximadamente a los 12 años y dura hasta los 18 años.

La juventud es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 29 años. La adultez es la faceta de los 29 a los 60 años en la que se espera que los individuos asuman cierto grado de compromiso social. Y por último, la ancianidad es la etapa degenerativa del ser humano en que se espera que sus expectativas hayan sido cumplidas y en que la sociedad debe solidarizarse hasta el final de sus días.

Dichas etapas del ciclo de vida humano contienen características y dinámicas propias, por lo cual es necesario que la normatividad vigente tenga precisos los rangos de edad para diseñar, aplicar y evaluar apropiadamente las políticas públicas que de ella se desprendan. De lo contrario se corre el riesgo que un segmento de la población no reciba atención diferenciada en ningún rubro ni a través de política sectorial alguna o incluso, que duplique dicha atención.

Al consultar el marco jurídico internacional, federal y estatal, se encontró que no existe una homogenización en los rangos de edades para enmarcar a los niños y jóvenes, sin contar que no es generalizado el empleo del concepto ``adolescente''.

En el ámbito internacional, actualmente no existe un convenio internacional en materia de juventud y por lo tanto, México no se encuentra jurídicamente vinculado. No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas define a los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años de edad.

Esta definición se hizo para el Año Internacional de la Juventud celebrado alrededor del mundo en 1985. Se respaldaron las directrices para la planificación de las medidas y para el seguimiento adecuado en materia de juventud, que fueron significativas por el enfoque dado a los jóvenes como una categoría amplia, integrada por diversos subgrupos en lugar de considerarlos como entidad geográfica única.

Todas las estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esta definición, como se puede ver en el libro anual de estadísticas publicado por el Sistema de las Naciones Unidas sobre demografía, educación, empleo y salud.

Esta definición, por lo tanto, considera niños a las personas menores de 15 años; sin embargo, se requiere observar que el artículo 1o. de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que sí jurídicamente es vinculante ante nuestro país, los define como personas hasta la edad de 18 años.

Esto fue internacional pues era esperado que la Convención proporcionara protección y derechos a un grupo de edad tan grande como sea posible, ya que no existía convención similar de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Juventud.

Al respecto, muchos países dibujaron la línea de juventud a la edad en que una persona recibe el mismo tratamiento bajo la ley, usualmente referida como ``la mayoría de edad''; sin embargo, la definición y los matices operacionales del término ``juventud'' varían a menudo de país a país, dependiendo de los factores socio culturales, institucionales, económicos y políticos específicos.

Otro organismo internacional que establece categorías de edades es la Organización Mundial de la Salud, quien al grupo de 14 a 18 años de edad le llama ``adolescente'' y al de 19 a 24 ``joven''.

En el ámbito federal la Ley General de Población sólo hace referencia a ``menores de edad''. La Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2o. menciona: ``Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos; y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos''. Y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sitúa a los ``jóvenes'' como la población cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 años, por lo que se traslapa el rango de edades de los jóvenes con el de los adolescentes en ambas leyes.

Respecto a menores infractores, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diferencia las edades entre niños y adolescentes. Y el artículo 123 constitucional trata el rubro laboral en menores de edad.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el desarrollo de la información que maneja y distribuye, asume rangos de edades diferentes a los mencionados. Define como ``niño'' a las personas de cero a 14 años; ``joven'', al grupo comprendido entre los 15 y los 29 años; a los ``adultos'', como a los individuos de entre los 30 y 59 años, y a las ``personas de la tercera edad'', a las personas de 60 años y más. Además puede observarse, no maneja un rango específico para los adolescentes.

En el ámbito estatal podemos citar algunos ejemplos de disparidad en los rangos de edades. La Ley de las y los Jóvenes del estado de Chiapas define ``joven'' al sujeto de derecho cuya edad comprende el rango entre los 12 y los 29 años de edad. La Ley de las y los Jóvenes del estado de Durango define como ``joven'' al ser humano cuya edad comprende el rango entre los 18 y 30 años. La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 10 señala que un niño o niña ``es el ser humano menor de diez años de edad''.

Lo anterior deja clara necesidad de establecer una homogeneidad en los rangos de edades. Actualmente existen grandes dificultades para definir y medir resultados de las políticas públicas en esta materia e incluso en términos presupuestales, pues no existe una cifra única para cuantificar a estos sectores de la población. No obstante, es menester considerar otros factores.

En el caso específico de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que es la ley específica para regular a la Institución que establece la categoría y las políticas públicas sobre juventud, el rango de edad establecido para los jóvenes es muy extenso y las diferencias en cuanto a necesidades y estilo de vida entre un individuo de 12 y uno de 29 años son notorias.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente, por el rango de edad que maneja, hace referencia a los jóvenes menores y mayores de edad implícitamente, considerando lo establecido en el artículo 34 constitucional donde se asientan por el concepto y los requisitos para alcanzar la ciudadanía.

Sin embargo la Ley del Instituto no especifica que existían ciertas diferencias en su aplicación con respecto a los jóvenes mayores o menores de 18 años, como por ejemplo en cuestiones laborales, académicas, de derechos civiles, familiares, entre otros, por lo que esta distinción debe precisarse.

Por otra parte, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista considera que dada la importancia y utilidad de la estadística en el país, ésta debe generarse de manera homogénea, y tal y como se establece en la Ley de Información Estadística y Geografía. Las estadísticas deben de estar basadas en una definición única de edades, por lo que el INEGI como institución encargada de generar y difundir la información estadística de México y como coordinador de sistemas nacionales estadístico y de información geográfica, también debería apegarse a rangos de edad específicos; en este caso a los de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para la generación de sus estadísticas de niños y jóvenes e incluso para los adultos mayores en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta soberanía, sometemos a la consideración de este honorable Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Información Estadística y Geografía.

Señora Presidenta, solicito la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: del Instituto Mexicano de la Juventud; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del PVEM

José Antonio Arévalo González, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, 71, fracción II, 72 y 73, fracciones XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia de conocer la estructura por edades de una población radica en su utilidad para la planeación de políticas de desarrollo. En este sentido, para cumplir los objetivos de una ley es indispensable conocer las características y necesidades propias de su población objetivo.

De acuerdo con varios estudios de psicología, las etapas del desarrollo humano son niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Aunque es difícil designar edades exactas para determinar el límite entre una y otra, dado que el desarrollo en cada individuo es variable y multifactorial, dichos estudios psicológicos concuerdan en que la niñez se sitúa de entre el nacimiento y alrededor de los 12 años. La adolescencia es la etapa en que el individuo deja de ser niño, pero sin haber alcanzado la madurez del adulto. Se inicia aproximadamente a los 12 años y dura hasta los 18 años. La juventud es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 29 años. La adultez es la faceta de los 29 a los 60 años, en la que se espera que los individuos asuman cierto grado de compromiso social. Y por último, la ancianidad es la etapa degenerativa del ser humano, en la que se espera que sus expectativas hayan sido cumplidas y en que la sociedad debe solidarizarse hasta el final de sus días.

Dichas etapas del ciclo de vida humano contienen características y dinámicas propias, por lo cual es necesario que la normatividad vigente tenga precisos los rangos de edad para diseñar, aplicar y evaluar apropiadamente las políticas públicas que de ella se desprendan. De lo contrario, se corre el riesgo de que un segmento de la población no reciba atención diferenciada en ningún rubro ni a través de política sectorial alguna o, incluso, que duplique dicha atención.

Al consultar el marco jurídico internacional, federal y estatal, se encontró que no existe una homogeneización en los rangos de edades para enmarcar a los niños y jóvenes, sin contar que no es generalizado el empleo del concepto de ``adolescente''.

En el ámbito internacional, actualmente no existe un convenio internacional en materia de juventud y, por tanto, México no se encuentra jurídicamente vinculado.

No obstante, la Asamblea General de Naciones Unidas define a los jóvenes como las ``personas entre los 15 y 24 años de edad''. Esta definición se hizo para el Año Internacional de la Juventud, celebrado alrededor del mundo en 1985. Se respaldaron las directrices para la planificación de medidas y para el seguimiento adecuado en materia de juventud, que fueron significativas por el enfoque dado a los jóvenes como una categoría amplia, integrada por diversos subgrupos, en lugar de considerarlos una entidad demográfica única. Todas las estadísticas de Naciones Unidas están basadas en esa definición, como se ve en el libro anual de estadísticas publicado por el sistema de Naciones Unidas sobre demografía, educación, empleo y salud.

Esa definición, por tanto, considera ``niños'' a las personas menores de 15 años.

Sin embargo, se requiere observar que el artículo I de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño --que sí es jurídicamente vinculante para nuestro país-- los define como personas hasta la edad de 18 años. Esto fue intencional, pues era esperado que la convención proporcionara protección y derechos a un grupo de edad tan grande como sea posible, ya que no existía convención similar de Naciones Unidas sobre los derechos de la juventud.

Al respecto, muchos países dibujaron la línea de juventud a la edad en que una persona recibe el mismo tratamiento bajo la ley --usualmente referida como la mayoría de edad--. Sin embargo, la definición y los matices operacionales del término juventud varían a menudo de país a país, dependiendo de los factores socioculturales, institucionales, económicos y políticos específicos.

Otro organismo internacional que establece categorías de edades es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que al grupo de 14 a 18 años de edad llama ``adolescente'' y al de 19 a 24 ``joven''.

En el ámbito federal, la Ley General de Población sólo hace referencia a menores de edad; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 2 menciona: ``Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos'', y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sitúa a los jóvenes como la población cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 años. Por lo que, se traslapa el rango de edades de los jóvenes con el de los adolescentes, en ambas leyes.

Respecto a menores infractores, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diferencia las edades de entre niños y adolescentes:

Artículo 18. ....

....

....

La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

...

En el rubro laboral el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el desarrollo de la información que maneja y distribuye, asume rangos de edades diferentes a los mencionados. Define como niño a las personas de 0 a 14 años, joven al grupo comprendido entre los 15 y 29 años, a los adultos como a los individuos de entre los 30 y 59 años y a las personas de la tercera edad a las personas de 60 años y más. Además, como puede observarse, no maneja un rango específico para los adolescentes.

En el ámbito estatal podemos citar algunos ejemplos de disparidad en los rangos de edades: La Ley de las y los Jóvenes del estado de Chiapas define joven al sujeto de derecho cuya edad comprende el rango entre los 12 y los 29 años de edad. La Ley de las y los Jóvenes del estado de Durango define como joven al ser humano cuya edad comprende el rango entre 18 y 30 años. La Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 10, señala que un niño o niña ``es el ser humano menor de 10 años de edad''.

Lo anterior deja clara la necesidad de establecer una homogeneidad en los rangos de edades. Actualmente existen grandes dificultades para definir y medir resultados de las políticas públicas en esta materia e incluso en términos presupuestales, pues no existe una cifra única para cuantificar a estos sectores de la población. No obstante, es menester considerar otros factores:

En el caso específico de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud --que es la ley específica para regular a la institución que establece la categoría y las políticas públicas sobre ``juventud''-- el rango de edad establecido para los jóvenes es muy extenso, y las diferencias en cuanto a necesidades y estilo de vida entre un individuo de 12 y, uno de 29 años son notorias.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente, por el rango de edad que maneja, hace referencia a los jóvenes menores y mayores de edad ``implícitamente''; considerando lo establecido en el artículo 34 constitucional, donde se asientan el concepto y los requisitos para alcanzar la ciudadanía. Sin embargo, la Ley del Instituto no especifica que existan ciertas diferencias en su aplicación, con respecto a los jóvenes mayores o menores de 18 años como por ejemplo en cuestiones laborales, académicas, de derechos civiles, familiares, entre otros. Por lo que, ésta distinción debe precisarse.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista considera que dado la importancia y utilidad de la estadística en el país, ésta debe generarse de manera homogénea, tal y como se establece en la Ley de Información Estadística y Geográfica.

Las estadísticas deben estar basadas en una definición única de edades. Por lo que el INEGI, como la institución encargada de generar y difundir la información estadística de México y como coordinador de los sistemas nacionales Estadístico y de Información Geográfica, también debería apegarse a rangos de edad específicos, en este caso a los de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para la generación de sus estadísticas de niños y jóvenes e incluso para los adultos mayores en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Información Estadística y Geográfica.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 y se adiciona la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, serán objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, los jóvenes:

a) Mayores de edad. Población cuya edad se ubique en el rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos;

b) Menores de edad también llamados adolescentes. Población cuya edad se ubique en el rango entre los 12 años cumplidos y los 18 incumplidos.

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; considerando en su diseño y aplicación un enfoque diferenciado para jóvenes menores y mayores de edad.

II. ...

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes, también llamados jóvenes menores de edad, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

Los adolescentes gozarán de los derechos que otorga esta ley, sin detrimento de los beneficios contenidos en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo Tercero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 19 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:

Artículo 19.-...

...

...

Para la generación de información estadística concerniente a niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores se emplearán los rangos de edades establecidos en la ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ley del Instituto de la Juventud y la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, correspondientemente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado José Antonio Arévalo González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia: el asunto a tratar el día de hoy, y que contiene esta iniciativa de decreto, se refiere a lo comúnmente conocido como el perdón fiscal. Ha sido de todos conocido que en distintas épocas y tiempos no está regulado el sobreseimiento en materia penal y ha dado pauta para que el Ejecutivo maneje de manera caprichosa, con amiguismos, el otorgar el sobreseimiento que se traduce en el perdón fiscal.

Así pues, es sabido, también, que cuando el Poder Ejecutivo no atiende los principios de generalidad, de imparcialidad, de abstracción de la ley genera exclusiones que dan incertidumbre y que trastocan la sana convivencia entre los gobernados.

Es por ello que se considera que no puede haber y no puede mantenerse la disparidad entre el Código Fiscal y el Código Penal, porque propicia un trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes objeto de un proceso penal, y si el actual Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la ley, aunque haya dejado de lado el artículo 25 de la Ley de Educación, no podemos ser proclives ante actitudes como esas, a dejarle el sobreseimiento penal a su entero capricho y conveniencia, porque entonces cae en una política y en una actitud persecutoria, errónea y contraria al esquema de la recaudación y, además, no propicia reglas simples para obtener del gobernado el cumplimiento fiscal correspondiente.

La solicitud del gobernado para dicha petición en muchos de los casos, simplemente no se atiende, por el contrario, deja en el ambiente empresarial y en el ambiente de los causantes el pésimo sabor de boca de no haber tenido un esquema de componenda, de amistad o de cambio de baraja o excluido de la posibilidad del trato equitativo y de igualdad de condiciones.

Para evitar una facultad discrecional, caprichosa y problemas de interpretación y aplicación entre lo consignado por el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y el 93 del Código Penal Federal, es por eso que, y a la petición de sobreseimiento del ofendido, la autoridad deberá de atender la petición del mismo en los términos que hoy se proponen si esta soberanía en su momento así lo aprueba.

Y es por ello que a efecto de que los delitos fiscales continúen cumpliendo con las funciones de ejemplaridad respecto de los demás y a la vez se logre un impacto recaudatorio concreto y que las contribuciones omitidas no se han de pagar simple y llanamente y sólo ellas, sino que también y además lleven una pena pecuniaria trascendente, es que también proponemos recargos aplicables de manera automática, que sean 1.5 veces lo que se aplicaría normalmente. Esta modificación, de aprobarse, evitará el uso arbitrario de la facultad de mérito; tendrá un impacto positivo en la recaudación; no permitirá a la autoridad fiscal solicitar el sobreseimiento sin que se haya cubierto la totalidad de las contribuciones omitidas.

Para prevenir las dilaciones que pudiera acarrear el esquema de la petición que actualmente reglamenta el párrafo objeto de esta iniciativa, se propone el sobreseimiento de la causa o proceso penal aún suspendido por estar pendiente la aprehensión del inculpado o por cualquier otra razón.

Por todo lo antes expuesto, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación:

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este artículo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Los procesos por los delitos fiscales a que se refiere el presente artículo, se sobreseerán siempre que:

a) El procesado o el apoderado facultado expresamente para ello mediante el otorgamiento previo ante notario, dé un poder especial, promoviendo incidente de sobreseimiento por reparación del daño en el proceso respectivo o ante su superior en tratándose de recursos de alzada y, antes de que dicte sentencia ejecutoriada, exhiban en billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación el importe de la contribución cuya omisión se les impute, con sus actualizaciones y recargos, sin deducción por cualesquiera beneficio fiscal y multiplicando los recargos correspondientes por 1.5 veces, expresando su renuncia al ejercicio de cualesquiera acción de devolución por pago indebido u otra causa análoga.

b) En la vista de tres días que se dé con la promoción del incidente al órgano de acusación, éste o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como su coadyuvante no manifiesten su inconformidad y en el caso de hacerlo fundadamente, indiquen el motivo de ésta.

c) El incidente sea declarado procedente por el juez o tribunal del conocimiento, poniendo a inmediata disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el billete de depósito exhibido por el procesado o su apoderado.

d) La sentencia interlocutoria que lo declare procedente haya quedado firme por no haberse interpuesto recurso en su contra o se renuncie a la interposición del mismo o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya recogido el billete de depósito, aceptando el pago. El sobreseimiento a que se refiere este párrafo, beneficiará a todos los inculpados y, en su caso, al encubridor.

Transitorios. Primero. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las modificaciones contenidas en este decreto, serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen, y en los que no se haya dictado sentencia ejecutoriada que los resuelva en definitiva, cuando se encuentren en los supuestos previstos. Al efecto, a petición del procesado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestará si se han cubierto las contribuciones, con sus actualización y recargos, multiplicados estos últimos por 1.5 veces.

Compañeros legisladores: No es un asunto menor la inequidad con la que se ha venido aplicando caprichosa, amistosamente, este criterio. Es por ello, que con esta iniciativa se trata de que el Ejecutivo federal por sí mismo o por la Secretaría de Hacienda deje de manejar con amiguismos el sobreseimiento en la causa penal. Pido a la Presidencia que se turne a la Comisión de Hacienda y se inserte en el Diario de Debates esta participación. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario del PNA

El suscrito, diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El Código Fiscal de la Federación no prevé expresamente la figura del perdón legal como causa extintiva de la acción penal, sino la figura procesal consistente en la petición de sobreseimiento, que tiene los mismos efectos o consecuencias jurídicas que las del perdón.

Conforme al segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá discrecionalmente formular petición solicitando el sobreseimiento de los procesos fiscales que hayan ameritado querella o declaratoria de perjuicio o cualquiera de las otras declaratorias, cuando los contribuyentes paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos. Los suscritos diputados federales consideran que no debe haber ningún obstáculo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público niegue la petición de sobreseimiento o comunique que se ha satisfecho el interés fiscal, cuando se han cubierto las contribuciones omitidas, la actualización y los recargos (éstos, de la manera que se explica más adelante), ya que en caso contrario se estaría ante una facultad no sólo discrecional, sino francamente caprichosa.

Sabido es que el actuar de la autoridad por mandato de la Constitución debe ajustarse de modo estricto a las facultades expresamente concedidas por el gobernado, que se resumen en la máxima de que a éste le está permitido hacer todo lo que la Ley expresamente no le prohíbe y que aquélla solo puede hacer exclusivamente lo que la Ley le faculta. Esa es la inteligencia de nuestro artículo 16 constitucional, que establece como deber a toda autoridad, fundar y motivar sus resoluciones.

La potestad soberana de un pueblo organizado según su Constitución de conceder a la autoridad determinadas facultades, atiende también al principio de igualdad de los gobernados, según el cual todos y cada uno de ellos deben ser tratados de un modo equitativo, dejándose de lado títulos nobiliarios, fueros especiales, géneros, ideología, condición social y económica. Así se colige de nuestro artículo 1o. constitucional en relación con los numerales 4o., 12 y 13 de dicha Carta Magna.

Dicha igualdad debe prevalecer aún con mayor énfasis, en aquellos sujetos que resultan ser sometidos al control represivo del estado por encontrarse en situaciones de probable comisión de delitos de contenido fiscal.

Los principios de generalidad y abstracción de la Ley, se quebrantan cuando estando dos sujetos en la misma situación, por virtud de una facultad discrecional uno de ellos puede resolver la situación jurídica que le aqueja y otro no. Eso se traduce además, en la relación del derecho fiscal con el derecho penal, en una trasgresión a los principios de constitucionalidad y legalidad; de proporcionalidad y equidad. En este punto debe tenerse en consideración que el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna establece el principio de equidad en la materia tributaria.

Es por ello que se considera como propicia al trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes objeto de un proceso penal, la norma que contenida en el párrafo segundo posterior a la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, establece la discrecionalidad en la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de pedir el sobreseimiento de los procesos penales, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría.

No escapa, además, que esa facultad discrecional proclive al trato desigual e inequitativo de los gobernados que se encuentran en condiciones iguales por el sometimiento al proceso penal correspondiente, da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución a algunos de esos gobernados e incongruente por el otorgamiento del beneficio del sobreseimiento contra el pago de dichas contribuciones a otros. También propicia, dicha facultad discrecional, problemas de corrupción de servidores públicos.

Esa política de persecución es errónea y ajena a la finalidad de recaudación de la autoridad hacendaria, que debe procurar mediante reglas simples obtener del gobernado el pago de los recursos que permitan al Estado sufragar el gasto público. La equivocación derivada de esa política de persecución desigual, es patente en la deplorable situación recaudatoria en el país.

Por otro lado, la facultad discrecional apuntada deja en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que sea objeto de reglamentación alguna, el ejercicio de la petición de sobreseimiento, dándose pie con ello, a esperas prolongadas e injustificadas, pues es en un laberinto de atribuciones de los órganos internos de la Secretaría en donde el pago de las contribuciones y la satisfacción del interés fiscal queda supeditado a un procedimiento que puede llevar semanas o meses.

En otras ocasiones, la solicitud del gobernado para dicha petición no se atiende, llegándose al absurdo de que este deba de esperar el término de cuatro meses para su contestación, que no siempre es atendida bajo los supuestos de la igualdad y la legalidad, atendiéndose con ello a factores políticos de persecución, escasamente justificados en la imposición de molestias y privaciones preventivas de libertad ejemplares, respecto de los demás gobernados sujetos a la tributación.

Esto que además atañe al abuso de la prisión preventiva como medida de represión escasamente fundada, por lo que refiere a los delitos considerados como ``graves'', configura condiciones de inseguridad en el País que alejan a inversionistas extranjeros y propician la fuga de los negocios de empresarios nacionales, fuera de nuestro territorio.

El artículo 93 del Código Penal Federal, al regular el perdón del ofendido establece en un segundo párrafo que es suficiente para la extinción de la acción penal la manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho.

Con anterioridad a la tipificación de los delitos fiscales en los ordenamientos de naturaleza fiscal, se podía proceder penalmente contra el causante cuando la Hacienda Pública estimara ser sujeto pasivo de una conducta tipificada como delito en el Código Penal aplicable en materia federal, por lo que el sustento de la tipificación de los delitos en el Código Fiscal de la Federación encuentra su origen en la legislación penal federal, la cual es de aplicación supletoria a dicho Código Fiscal en la materia a que se refiere esta iniciativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. del Código Penal Federal.

Para evitar una facultad discrecional caprichosa y problemas de interpretación y aplicación entre lo consignado en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y 93 del Código Penal Federal en cuanto al otorgamiento del perdón del ofendido y a la petición de sobreseimiento, problemas que según se tiene conocimiento ya se han suscitado en la práctica y tomando en consideración la congruencia que debe haber en la legislación penal federal en materia de delitos, los suscritos diputados consideran que debe reformarse el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y establecer una redacción que haga congruente ambos preceptos legales en el caso de que se satisfaga el interés fiscal.

Así las cosas, la manifestación de haberse cubierto las contribuciones, actualizaciones y recargos, se torna en una exigencia automática y propicia un aumento en la recaudación impositiva, evitando largos y costosos procesos para el contribuyente que en esta forma simplifica su difícil problemática mediante el pago de lo debido a la hacienda pública y se evita el cierre de fuentes de trabajo que en algunas ocasiones se originan con motivo de la privación de libertad de sus directivos o de la falta de liquidez ante la necesidad de costosos y largos litigios penales.

Asimismo, siguiendo la norma contenida en el artículo 93 del Código Penal Federal respecto al perdón del ofendido, consideramos que el pago de los conceptos de referencia y por lo tanto el sobreseimiento debe beneficiar a todos los involucrados.

Ahora bien, la iniciativa que se propone, suprime la discrecionalidad en el sobreseimiento, que no queda reducido a una mera petición caprichosa, sino que se plantea como una consecuencia de Derecho al pago de contribuciones omitidas. Sin embargo, a efecto de que los delitos fiscales continúen cumpliendo con las funciones de ejemplaridad respecto de los demás gobernados y a la vez se logre un impacto de crecimiento en la recaudación en el caso concreto, las contribuciones omitidas no se han de pagar simple y llanamente, sino que llevan insita una pena pecuniaria trascendente. Efectivamente, se propone que los recargos aplicables para tener derecho al sobreseimiento automático sean 1.5 veces los que se aplicarían normalmente.

Así justificamos que no sea la mera garantía del interés fiscal un motivo desencadenante del sobreseimiento, sino el pago efectivo sin beneficio alguno, de la contribución omitida, con sus actualizaciones y recargos al momento de efectuarse, multiplicados estos últimos por uno punto cinco veces.

Esta modificación, de aprobarse, no sólo evitaría el uso arbitrario de la facultad de merito, sino que tendría un impacto positivo en la recaudación, ya que no permitiría a la autoridad fiscal solicitar el sobreseimiento sin que se hayan cubierto la totalidad de las contribuciones omitidas. Así, se terminaría con la práctica, que recientemente se ha presentado, de favorecer a algunos con el sobreseimiento cuando sólo han garantizado parcialmente las contribuciones debidas.

Para prevenir las dilaciones que pudiera acarrear el esquema de la petición que actualmente reglamenta el párrafo objeto de esta iniciativa, se propone el sobreseimiento de la causa o proceso penal aún suspendido por estar pendiente la aprehensión del inculpado o por cualquiera otra razón, una vez que el justiciable haya exhibido ante el juez penal instructor, el importe de la contribución con actualizaciones y recargos, multiplicados estos últimos por 1.5 veces, renunciando al ejercicio de cualquiera acción de devolución por pago indebido o cualesquiera otra circunstancia similar.

Por todo lo antes expuesto, me permito someter ante el pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para Quedar como sigue:

Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Los procesos por los delitos fiscales a que se refiere el presente artículo, se sobreseerán siempre que: a) el procesado o el apoderado facultado expresamente para ello mediante el otorgamiento previo ante Notario de un poder especial, promoviendo incidente de sobreseimiento por reparación del daño en el proceso respectivo o ante su Superior en tratándose de recurso de alzada y antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, exhiban en billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación, el importe de la contribución cuya omisión se les impute, con sus actualizaciones y recargos, sin deducción por cualesquiera beneficio fiscal y multiplicado los recargos correspondientes por uno punto cinco veces, expresando su renuncia al ejercicio de cualesquiera acción de devolución por pago indebido u otra causa análoga; b) en la vista de tres días que se dé con la promoción del incidente al órgano de acusación, este o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como su coadyuvante no manifiesten su inconformidad y en el caso de hacerlo fundadamente indiquen el motivo de esta; c) el incidente sea declarado procedente por el Juez o Tribunal del conocimiento, poniendo a inmediata disposición de la secretaría de Hacienda y Crédito Público el billete de depósito exhibido por el procesado o su apoderado, y d) la sentencia interlocutoria que lo declare procedente haya quedado firme por no haberse interpuesto recurso en su contra o se renuncie a la interposición del mismo o la Secretaría de hacienda y Crédito Público haya recogido el billete de depósito, aceptando el pago. El sobreseimiento a que se refiere este párrafo beneficiará a todos los inculpados y, en su caso, al encubridor.

Transitorios

Primero. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las modificaciones contenidas en este Decreto, serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen, y en los que no se haya dictado sentencia ejecutoriada que los resuelva en definitiva, cuando se encuentren en los supuestos previstos. Al efecto, a petición del procesado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestará si se han cubierto las contribuciones, con su actualización y recargos, multiplicados estos últimos por uno punto cinco veces.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputados: Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Emilio Antonio Gamboa Patrón (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Mónica Arriola Gordillo (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Carlos Alberto Puentes Salas (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Erika Larregui Nagel. (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Juan Adolfo Orci Martínez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Juan Manuel Parás González (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Se encuentra en este salón de sesiones una delegación de diputados y funcionarios de la región autónoma de Ningxia Hui, de la República Popular China, encabezada la delegación por el señor Chen Shouxin, vicepresidente de la Asamblea Popular de dicha región autónoma.

Sean ustedes muy bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Esperamos que tengan éxito en el propósito de su visita y les deseamos una muy grata estancia en nuestro país.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Faustino Soto Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo.

El diputado Faustino Soto Ramos:Con el permiso de la Presidencia: el suscrito,Faustino Soto Ramos, diputado federal de esta LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresode los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan un párrafo a los artículos 4o., fracción I, artículo 5-A, pasando el segundo y tercer párrafos actuales a ser el tercer y cuarto párrafos; el artículo 7, séptimo párrafo y el artículo 9, cuarto párrafo. Se derogan los seis renglones últimos del artículo 6o. fracción VI y el artículo 7-B de la Ley del Impuesto al Activo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El impuesto al activo es una contribución federal complementaria del impuesto sobre la renta. Es el impuesto mínimo que deben de pagar los contribuyentes sujetos al mismo ---personas morales y personas físicas--- por los activos netos de su propiedad para el desarrollo de sus actividades empresariales y de arrendamiento, entre otros casos.

Es mínimo porque está profundamente relacionado con el impuesto sobre la renta, debido a que éste es acreditable contra el impuesto al activo; en caso de que sea mayor el impuesto sobre la renta, obviamente, no se causará el impuesto al activo y en sentido contrario será el mínimo a pagar; adicionalmente se puede acreditar el impuesto sobre la renta pendiente de acreditar; es decir, la diferencia entre el ISR causado y el Impac causado, cuando el primero es mayor, de los tres últimos ejercicios anteriores. No obstante que el mecanismo de acreditamiento puede generar la oportunidad de recuperar el impuesto al activo pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores.

Es un impuesto que sirve de medio para garantizar que los activos se obtengan con fines de ser rentables y no sólo como una estrategia de planeación fiscal para disminuir los impuestos, ya que se convierte en un anticipo del impuesto de futuras utilidades, además de que un contribuyente que recién inicie su negocio se encuentra cuatro años exento del pago del mismo y el promedio de vida de un negocio puede ser de cuatro o cinco años para saber sobre su rentabilidad.

Sin embargo, su regulación se ha ido actualizando en su reglamento, en la resolución Miscelánea Fiscal y en criterios del SAT, para lo cual se deben incorporar a la Ley las consideraciones que se enuncian a continuación, para dar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes:

Se propone incorporar a la fracción I del artículo 4o., en este momento derogado, como concepto de activo financiero, las inversiones y depósitos en el sistema financiero, actualmente mencionados en el artículo 13 del reglamento del impuesto al activo, por una omisión desde la creación de la Ley.

También se pretende incorporar una aclaración necesaria al artículo 5-A, que regula la opción de considerar el impuesto al activo con base en el cuarto ejercicio anterior actualizado, pero que en caso de ser un ejercicio irregular menciona que se considerará regular sin que medie objetivamente la forma en que se deberá proceder, dando lugar a interpretaciones que pueden convertirse en actos de elusión fiscal por no especificar las operaciones aritméticas a realizar.

Asimismo, se propone incorporar la regla 121/2004/Impac de la compilación de criterios normativos del SAT en el artículo 7, referente a los pagos provisionales para regular lo relativo al artículo 5-A, ya que para el caso del Impac optativo tampoco menciona la Ley en cuestión qué hacer para los pagos provisionales.

Es necesario reconocer en la Ley la posibilidad de compensar el monto del impuesto al activo pagado de los 10 ejercicios anteriores y por los cuales se tiene derecho a solicitar devolución, conforme al cuarto párrafo del artículo 9, ya que la compensación se ha reconocido en la resolución Miscelánea Fiscal de cada año en las reglas 4.8, 4.10 y 4.9 de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, respectivamente.

Se propone derogar seis renglones de la fracción VI del artículo 6 referente a las exenciones debido a que se está considerando como exento a quienes se dediquen a la enseñanza, siendo que realicen una actividad económica que puede ser con fines de lucro o de obtener un beneficio económico, aunque la ley no lo considere lucro, como pueden ser las sociedades civiles, pero que debido al mecanismo de acreditamiento son beneficiados con el impuesto sobre la renta retenido por los anticipos o rendimientos pagados y en caso de no ser contribuyente del impuesto sobre la renta, ya los considera la fracción I del mencionado artículo.

Asimismo, se propone derogar el artículo 7-B, que regula el pago provisional acumulado del impuesto al activo o ajuste del impuesto sobre la renta, lo que resulte mayor, pero que desde el ejercicio fiscal del año 2002 ya no se realiza tal ajuste en el impuesto sobre la renta, por lo que el mencionado artículo ya no aplica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 4o. fracción I; artículo 5-A, pasando el segundo y tercer párrafos actuales a ser tercer y cuarto párrafos; el artículo 7 séptimo párrafo y el artículo 9 cuarto párrafo; se derogan los seis renglones últimos del artículo 6o. fracción VI y el artículo 7 de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como se presenta y se entrega por escrito. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, a cargo del diputado Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Faustino Soto Ramos, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a los artículos cuarto, fracción primera; artículo cinco A, pasando el segundo y tercer párrafos actuales a ser tercer y cuarto párrafos; el artículo siete, séptimo párrafo, y el artículo nueve, cuarto párrafo. Se derogan los seis renglones últimos del artículo sexto fracción sexta y el artículo siete B de la Ley del Impuesto al Activo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Impuesto al Activo, es una contribución federal complementaria del impuesto sobre la renta. Es el impuesto mínimo que deben de pagar los contribuyentes sujetos al mismo (personas morales y personas físicas) por los activos netos de su propiedad, para el desarrollo de sus actividades empresariales, y de arrendamiento en otros casos.

Es mínimo porque está profundamente relacionado con el impuesto sobre la renta, debido a que éste es acreditable contra el impuesto al activo; en caso de que sea mayor el impuesto sobre la renta, no se causará el impuesto al activo, y en sentido contrario, será el mínimo a pagar, adicionalmente se puede acreditar el impuesto sobre la renta pendiente de acreditar (la diferencia entre el ISR causado y el IMPAC causado, cuando el primero es mayor) de los tres últimos ejercicios anteriores, no obstante que el mecanismo de acreditamiento puede generar la oportunidad de recuperar el impuesto al activo pagado en los 10 ejercicios inmediatos anteriores.

Es un impuesto que sirve de medio para garantizar que los activos se obtengan con fines de ser rentables y no sólo como una estrategia de planeación fiscal para disminuir los impuestos, ya que se convierte en un anticipo del impuesto de futuras utilidades. Además de que un contribuyente que recién inicie su negocio, se encuentra cuatro años exento del pago del mismo y el promedio de vida de un negocio puede ser de cuatro o cinco años para saber si es rentable o no.

Sin embargo su regulación se ha ido actualizando en su reglamento, la resolución miscelánea fiscal y en criterios del SAT, para lo cual se debe incorporar a Ley, las consideraciones que se enuncian a continuación para dar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Se propone incorporar a la fracción primera, del artículo cuarto, en este momento derogado; como concepto de activo financiero, las inversiones y depósitos en el sistema financiero, actualmente mencionados en el artículo trece del reglamento del impuesto al activo, por una omisión desde la creación de la ley.

También se pretende incorporar una aclaración necesaria al artículo 5-A, que regula la opción de considerar el impuesto al activo con base en el cuarto ejercicio anterior actualizado. Pero que en caso de ser un ejercicio irregular, menciona que se considerara regular, sin que medie objetivamente la forma en que se deberá proceder, dando lugar a interpretaciones que pueden convertirse en actos de elusión fiscal, por no especificar las operaciones aritméticas a realizar. Asimismo se propone incorporar la regla 121/2004/IMPAC de la compilación de criterios normativos del SAT, en el artículo 7, referente a los pagos provisionales, para regular lo relativo al artículo 5-A, ya que para el caso del IMPAC optativo tampoco menciona la Ley en cuestión, que hacer para los pagos provisionales.

Es necesario reconocer en ley la posibilidad de compensar el monto del impuesto al activo pagado de los diez ejercicios anteriores y por los cuales se tiene derecho a solicitar devolución, conforme al cuarto párrafo del artículo nueve. Ya que la compensación se ha reconocido en la Resolución Miscelánea Fiscal de cada año en las reglas 4.8, 4.10 y 4.9 de los ejercicios 2004, 2005 y 2006 respectivamente.

Se propone derogar seis renglones de la fracción sexta del artículo seis, referente a las exenciones, debido a que se esta considerando como exento a quienes se dediquen a la enseñanza, siendo que realizan una actividad económica que puede ser con fines de lucro o de obtener un beneficio económico aunque la ley no lo considere lucro como pueden ser los Sociedad Civiles. Pero que debido al mecanismo de acreditamiento, son beneficiados con el impuesto sobre la renta retenido por los anticipos o rendimientos pagados y en caso de no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, ya los considera la fracción I del mencionado artículo. Asimismo se propone derogar el artículo 7-B que regula el pago provisional acumulado del impuesto al activo o ajuste del impuesto sobre la renta, lo que resulte mayor, pero que desde el ejercicio fiscal del año 2002, ya no se realiza ajuste, en el impuesto sobre la renta, por lo que el mencionado artículo ya no aplica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a los artículos 4, fracción I; artículo 5-A, pasando el segundo y tercer párrafos actuales a ser tercer y cuarto párrafos; el artículo 7, séptimo párrafo, y el artículo 9, cuarto párrafo. Se derogan los seis renglones últimos del artículo 6, fracción VI y el artículo 7-B de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar de la siguiente manera:

Articulo Primero: Se adicionan un párrafo a los artículos cuarto, fracción primera; artículo cinco A primer párrafo; articulo siete, onceavo párrafo. Y el artículo nueve cuarto párrafo. Se derogan los seis últimos renglones de la fracción sexta, del artículo sexto y el artículo siete B .de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar de la siguiente manera:

Ley del Impuesto al Activo

(Se adicionan)

Artículo 4º ...

I. Las inversiones y los depósitos en instituciones del sistema financiero.

II. ...

Artículo 5-A. Los contribuyentes podrán determinar el impuesto del ejercicio, considerando el que resulte de actualizar el que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en dicho ejercicio, sin incluir en su caso el beneficio que se deriva de la reducción a que se refiere la fracción I del artículo 23 del reglamento de esta Ley. En el caso en que el cuarto ejercicio inmediato anterior haya sido irregular, el impuesto que se considerará para los efectos de esté párrafo será el que hubiere resultado de haber sido esté un ejercicio regular. Para lo cual, el impuesto se dividirá entre el número de meses que correspondan al ejercicio irregular y el cociente se multiplicará por doce.

Artículo 6. ...

I. a V. ...

VI. Quienes utilicen bienes destinados sólo a actividades deportivas, cuando dicha utilización sea sin fines de lucro o únicamente por sus socios o miembros. (Se deroga)

...

(Se adicionan)

Artículo 7. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Cuando los contribuyentes hayan optado por el cálculo del impuesto al activo en los términos del artículo 5-A de esta Ley, se atenderá a lo señalado en el presente artículo. Para lo cual los pagos provisionales se determinarán en base al impuesto al activo causado en el ejercicio inmediato anterior, independientemente de que dicho impuesto se haya calculado conforme al régimen general o al régimen opcional.

Artículo 7-B (Se deroga)

(Se adiciona)

Artículo 9. ...

...

...

Cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer párrafo de este artículo lo exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes podrán compensar ó solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de diciembre de 2006.---Diputado Faustino Soto Ramos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia extiende un cordial saludo a los presidentes municipales del estado de Morelos que se encuentran con nosotros en este recinto. Les agradecemos su visita.

La siguiente iniciativa agendada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pospone. Igualmente se pospone la iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Pérez Valdés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Sustentable.

El diputado Daniel Pérez Valdés:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados, diputadas: iniciativa de decreto que adiciona al artículo 69 los incisos a), b) y c) de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de otorgar certidumbre al blindar y asegurar los recursos mínimos necesarios para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable de los recortes presupuestales, al tenor siguiente:

De acuerdo a los mandatos constitucionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación, una de las obligaciones del Ejecutivo federal es la de presentar un proyecto de Presupuesto de Egresos conteniendo un programa de gasto público ante la Cámara de Diputados, quien analizará los términos en que se presenta dicho proyecto.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata al Ejecutivo la obligación de formular, junto con la Comisión Intersecretarial, el Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, el conjunto de programas sectoriales relacionados con esta ley.

Aunque en apariencia el Ejecutivo federal ha cumplido con las exigencias jurídicas, el 17 de junio de 2002 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del Programa Especial Concurrente; no crea el catálogo de programas o acciones que obliguen a la Intersecretarial a comprometerse a lo dictado en la Ley porque la Cámara de Diputados ha dado respuesta a los problemas que aquejan al campo, al convocar para su consulta a los sectores económicos y cadenas productivas y sociales.

Es necesario recordar que los apoyos gubernamentales recibidos por los productores rurales de nuestro país han sido por demás insuficientes para competir con los productos de importación, mismos que son mucho más baratos que los que producimos en nuestro campo.

La competencia que enfrentan las cadenas productivas agropecuarias mexicanas con los productos de allende las fronteras son de altos subsidios a los programas de desarrollo productivo que les ofrecen sus respectivos gobiernos, lo cual les ha redituado una alta competitividad en los mercados del exterior.

La situación de los precios internacionales bajos se explica no sólo en función de los subsidios porfiadamente canalizados por los Estados Unidos y la Unión Europea a sus cadenas agroalimentarias, sino también por el cambio tecnológico promovido en varios países, aprovechando el incremento de rendimientos de los cultivos.

Según nuestra balanza comercial, por lo menos el 80 por ciento del intercambio comercial se realiza con los Estados Unidos. Ello nos obliga forzosamente a ver una cruda realidad. Nuestro principal socio ha implementado una serie de programas de amplio apoyo a sus productores mediante una regulación especial llamada Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002, ``Farm Bill'', la cual contempla una bolsa de 183 mil millones de dólares para beneficiar a sus agricultores por un periodo de 10 años, del 2002 al 2012, debiendo recordar que 10 años atrás fue precedida por una ley similar que les otorgó 110 mil millones de dólares.

Encima de ello, la inversión extranjera que por tradición había sido una fuente dinámica de inversión en México y que a su vez era generadora de empleo rural ha caído estrepitosamente, como se puede apreciar en los balances presentados por la Secretaría de Economía, en los que se muestra cómo la inversión extranjera directa en el sector agropecuario se ha desplomado este año en por lo menos el 96 por ciento con relación a los años 2002 al 2005.

El 28 de abril del 2003, el gobierno federal y las organizaciones campesinas de productores suscribieron el Acuerdo Nacional para el Campo. Uno de los numerales de dicho acuerdo señala que para impulsar el desarrollo rural de manera integral y elevar el nivel de vida de la población se reconoce el valor estratégico del sector en la economía nacional y la importancia de la definición de una política de Estado que impulse su cambio estructural.

En ese tenor, los firmantes de ese acuerdo, en coordinación el Poder Legislativo se comprometieron a procurar el establecimiento de un presupuesto creciente en términos reales al desarrollo rural integral, para ir reduciendo las asimetrías del sector de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Mientras el Ejecutivo federal decida de manera central los ajustes presupuestales que a su arbitrio juzgue convenientes, no sólo violará el orden jurídico nacional sino que además contravendrá el trabajo de planeación realizado conjuntamente con el Legislativo y la sociedad civil, perjudicando la división y el equilibrio de los Poderes de la Unión en perjuicio de la política pública en atención al campo sustentable en la federalización presupuestal.

Es tiempo de retomar el espíritu de la Ley de Desarrollo Sustentable y de promover transformaciones reales, que por el bien del campo mexicano evitemos que la población rural migre en busca de oportunidades que en su lugar de origen hemos sido incapaces de brindar.

Basta de hacer cuentas alegres con las remesas que desde el vergonzoso nivel que, según el Banco de México, se ha equiparado en los últimos años con los ingresos provenientes del petróleo, superando por mucho los ingresos derivados del turismo, ese dinero que nuestros compatriotas envían a sus familiares.

Es imperativo e impostergable asumir con responsabilidad la búsqueda de mecanismos que nos permitan respaldar nuestro sector para hacerlo productivo, haciendo los principios de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de modo que los ajustes presupuestales estén sujetos al artículo 21 de dicha ley.

Actualmente el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone a la letra: ``Artículo 69. El titular del Ejecutivo federal, al enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales en que se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley''.

Por tanto, como mecanismo de blindaje para el fomento agropecuario y el impulso al desarrollo rural integral sustentable, se propone adicionar tres incisos a dicho artículo, con la finalidad de que el presupuesto que la Cámara de Diputados aprueba sea íntegramente aplicado y además, el que se asigne al ramo no será inferior en términos reales al año fiscal anterior y no será susceptible de ningún recorte a los programas, proyectos y objetivos consagrados por la misma Ley y a los compromisos que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

``Artículo Único. Se adicionan los incisos a), b) y c) al artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue.

``Artículo 69.

''a) El presupuesto federal destinado al cumplimiento del presente ordenamiento deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto.

''b) Los recursos asignados por los programas establecidos por esta Ley y los establecidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrán destinarse a otros fines.

''c) No serán susceptibles de recortes presupuestales la partidas destinadas a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo que contempla esta ley''.

Es cuanto, señor Presidente. Le pediría que se inscribiera en el Diario de los Debates, por favor. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Daniel Pérez Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona al artículo 69 los incisos a, b y c, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con objeto de otorgar certidumbre al blindar y asegurar los recursos mínimos necesarios para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable de los recortes presupuestales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, el manejo discrecional del presupuesto ha devenido práctica inveterada por parte del Ejecutivo Federal, de modo tal que los subejercicios o recortes se realizan sin mediar consulta ni consentimiento alguno por parte de los actores involucrados en su aprobación y agraviando con meridiana impunidad los preceptos que le dan origen, lo cual pone en entredicho la ostentada democratización de las instancias de planeación del desarrollo y provoca un cuantioso daño al sector agropecuario mexicano.

Los recortes presupuestales de los últimos años no han sido justificables ni social, ni económica, ni técnicamente, dado que los mercados internacionales del petróleo han cotizado a la alza y muy por encima de las estimaciones realizadas para los ejercicios fiscales correspondientes. Por otro lado, en caso de que hubieren existido condiciones adversas, se tendrían que haber aplicado recortes en términos de lo establecido en el artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo a los mandatos constitucionales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Planeación, una de las obligaciones del Ejecutivo Federal es la de presentar un Proyecto de Presupuesto de Egresos, conteniendo un programa de gasto público ante la Cámara de Diputados, quien analizará los términos en que se presenta dicho proyecto. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mandata al Ejecutivo la obligación de formular junto con la Comisión Intersecretarial el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable el conjunto de Programas Sectoriales relacionadas con esta Ley, Aunque en apariencia el Ejecutivo Federal ha cumplido con las exigencias jurídicas, el 17 de junio de 2002, el Ejecutivo Federal Público en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del Programa Especial Concurrente, no crea el catálogo de programas o acciones que obliguen a la Intersecretarial a comprometerse a lo dictado en la ley, por lo que la Cámara de Diputados ha dado respuesta a los problemas que aquejan el campo, al convocar para su consulta a los sectores económicos y cadenas productivas y sociales.

Es necesario recordar que los apoyos gubernamentales recibidos por los productores rurales de nuestro país han sido por demás insuficientes para competir con los productos de importación, mismos que son mucho más baratos que los que producimos en nuestro campo.

La competencia que enfrentan las cadenas productivas agropecuarias mexicanas con los productos de allende las fronteras, son los altos subsidios a los programas de desarrollo productivo que les ofrecen sus respectivos gobiernos, lo cual les ha redituado en una alta competitividad en los mercados del exterior.

La situación de los precios internacionales bajos se explica no sólo en función de los subsidios porfiadamente canalizados por los Estados Unidos y la Unión Europea a sus cadenas agroalimentarias, sino también por el cambio tecnológico promovido en varios países aprovechando el alza de los rendimientos de sus cultivos.

Según nuestra balanza comercial, por lo menos el 80 por ciento del intercambio de nuestro comercio se realiza con los Estados Unidos. Ello nos obliga forzosamente a ver una cruda realidad: mientras que el Gobierno Mexicano no actúa en apoyo directo a sus productores agropecuarios, nuestro principal socio ha implementado una serie de programas de amplio apoyo a sus productores mediante una regulación especial llamada Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 ``Farm Bill'', la cual contempla una bolsa de 183 mil millones de dólares para beneficiar a sus agricultores por un periodo de 10 años (del 2002 al 2012), debiendo recordar que 10 años atrás ésta fue precedida por una ley similar que les otorgó 110 mil millones de dólares.

Encima de ello, la inversión extranjera que por tradición había sido una fuente dinámica de inversión en México y que a su vez era generadora de empleo rural, ha caído estrepitosamente, como se puede apreciar en los balances presentados por la Secretaría de Economía, en los que se muestra cómo la inversión extranjera directa en el sector agropecuario se ha desplomado este año en por lo menos el 96 por ciento, con relación a los años 2002 al 2005.

El 28 de abril de 2003, el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas y de productores suscribieron el Acuerdo Nacional para el Campo. Uno de los numerales de dicho Acuerdo señala que para impulsar el desarrollo rural de manera integral y elevar el nivel de vida de la población, se reconoce el valor estratégico del sector en la economía nacional y la importancia de la definición de una política de Estado que impulse su cambio estructural.

En ese tenor, los firmantes de este Acuerdo, en coordinación con el Poder Legislativo, se comprometieron a procurar el establecimiento de un presupuesto creciente en términos reales destinado al desarrollo rural integral, para ir reduciendo las asimetrías del sector, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Mientras el Ejecutivo federal decida de manera unilateral los ajustes presupuestales que a su arbitrio juzgue convenientes, no sólo estará violentando el orden jurídico nacional, sino además saboteará el trabajo de planeación realizado conjuntamente con el Legislativo y la sociedad civil, perjudicando la división y el equilibrio de los Poderes de la Unión en perjuicio de una política pública de atención al campo sustentada en la federalización presupuestal.

Es tiempo de retomar el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de promover transformaciones reales por el bien del campo mexicano. Evitemos que la población rural migre en busca de oportunidades que en su lugar de origen hemos sido incapaces de brindar. Basta de hacer cuentas alegres con las remesas que desde el exterior nuestros compatriotas envían a sus familiares, cuyo vergonzoso nivel según el Banco de México se ha equiparado en los últimos años con los ingresos provenientes del petróleo, superando por mucho los ingresos derivados del turismo.

Es imperativo e impostergable asumir con responsabilidad la búsqueda de mecanismos que nos permitan respaldar nuestro sector para hacerlo productivo, haciendo valer los principios de la Nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de modo que los ajustes presupuestales estén sujetos al artículo 21 de dicha ley.

Actualmente, el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone, a la letra, que:

Artículo 69. El titular del Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada uno de los ejercicios fiscales en que se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Por tanto, como mecanismo de blindaje para el fomento agropecuario y el impulso al desarrollo rural integral y sustentable, se propone adicionar tres incisos a dicho artículo con la finalidad de que el presupuesto que la Cámara de Diputados apruebe sea íntegramente aplicado y además del que se asigne al ramo no será inferior en términos reales del año fiscal anterior y no será susceptible de ningún recorte a los programas, proyectos y objetivos consagrados por la misma Ley y a los compromisos que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Artículo Único.Se adicionan los incisos a), b) y c) al artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 69. ... a) El presupuesto federal destinado al cumplimiento del presente ordenamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto.

b) Los recursos asignados para los programas establecidos por esta ley y los establecidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación no podrán destinarse a otros fines.

c) No serán susceptibles de recortes presupuestales las partidas destinadas a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los que contempla esta ley.

Transitorio

Único.Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre del año 2006.--- Diputado Daniel Pérez Valdés (rúbrica), Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería; diputados: José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), María Guadalupe Josefina García Noriega (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Amador Campos Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Amador Campos Aburto:Con su permiso, señora Presidenta:

«Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

El suscrito Amador Campos Aburto, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que modifica el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el año 2005, ingresaron al país un total de visitantes internacionales1 de 103.1 millones de turistas, de los cuales 21.915 millones fueron turistas y 81.231 fueron excursionistas de los cuales 6.7 son pasajeros en crucero.

El número de personas que ha entrado al país va en crecimiento. Durante el período comprendido de 2001 al 2005, paso de 100.71 millones a 103.14 millones de turistas.

El ingreso por visitantes internacionales fue de 11 803 millones de dólares en el 2005 con una tasa de crecimiento promedio anual entre 2001 y 2005 de 8.87 por ciento. Del total de los ingresos 9,146 millones de dólares, corresponden a ingresos por turistas internacionales; sin embargo, no representa el ingreso total posible de recaudación en conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos.

El Derecho de No Inmigrante es aquel que pagan los turistas al ingresar a nuestro país. Actualmente solo lo pagan aquellos que lo hacen por vía aérea.

Con la presente iniciativa se busca que dicho derecho lo paguen todos los turistas que ingresen al país, con la finalidad de que las autoridades migratorias puedan realizar un adecuado control sobre la calidad migratoria de los extranjeros al país y fomente la derrama económica generada en el rubro de turismo.

El Derecho de No Inmigrante se cobra a los extranjeros que se internan al país como turistas, hombres de negocios o transmigrantes. Dado que es un cobro vinculado al ingreso de extranjeros al país, el Instituto Nacional de Migración es el responsable de recaudarlo.

El Instituto Nacional de Migración reportó en lo que va del 2006 un monto recaudado de 1,832 millones de pesos por concepto de Derecho de No Inmigrante. Este derecho de acuerdo con la Ley Federal de Derechos se debe dividir en partes iguales entre el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo.

La Ley Federal de Derechos, establece que la cuota para otorgar la calidad de Turista, es de 210 pesos. Sin embargo, dicha cuota sólo es recaudada en los turistas que ingresan vía aérea al país, en cuanto a los turistas extranjeros que ingresan por vía marítima, terrestre y pasajeros de cruceros, dicho cobro no se realiza, entre otras razones, por evitar desalentar el turismo carretero de Estados Unidos a México, una razón más es que los turistas que llegan por cruceros tienen una estancia muy breve y la competencia entre los destinos mexicanos y los centroamericanos aumenta cada día.

El segmento de turismo de cruceros, tiene actualmente la segunda tasa de crecimiento mundial, con un 8.7%, después del de grupos y convenciones que tiene el 10.1%, la zona más importante en el mundo para este tipo de turismo es el Caribe, con el 53.8% del mercado mundial.

México recibe anualmente más de 6 millones de cruceristas, cuyos niveles de ingresos son mayores a la media en sus respectivos países de origen. Hoy ha sido superada la falsa idea de que el turismo por cruceros compite con la hotelería local y se ha reconocido como complemento a las ofertas de viajes, sumando los beneficios económicos al diversificar la oferta del segmento turístico.

Durante el año 2005, arribaron a las costas mexicanas 6.7 millones de pasajeros en cruceros, lo que significó un incremento del 15.22 por ciento anual del 2001 al 2005, por otra parte, el ingreso de divisas por concepto del gasto de dichos excursionistas creció en 20.4 % promedio anual en el mismo periodo, al sumar 453 millones de dólares.

Asimismo, el segmento de cruceros contribuye el desarrollo regional, al generar fuentes de empleo, compras de los viajeros, consumos diversos y compra de combustibles, entre otros.

Por otra parte, los turistas de los Estados Unidos, han hecho de los cruceros una de sus más importantes opciones en viajes, ya que desde el 11 de septiembre de 2001, se ha mantenido el temor a viajes largos por vía aérea, además de que nuestro país, es una alternativa para quien tiene temores a los atentados terroristas, a partir de 2003 se ha visto un creciente arribo de buques al país.

Se debe retomar el cobro del Derecho de No Inmigrante a los turistas que arriban vía marítima con una visión que no desaliente al turismo extranjero, pero que permita recaudar mayores fondos para ser distribuidos entre el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, y que estemos en condiciones de competir con los países centroamericanos que han incrementado sus inversiones para captar un mayor número de embarcaciones.

El pago por calidad de turista comprende un derecho migratorio hasta por 6 meses, el manual para la internación del Turista, establece que están exentos de este pago los pasajeros en conexión o tránsito (cuya estancia sea menor a tres días) en México, los diplomáticos con visa oficial o de servicios y los miembros de una tripulación. En el caso del turismo por crucero, la estancia en el país es tan breve que se cuenta en días, por esta razón, han sido las constantes quejas planteadas por las empresas dedicadas a estos rubros en el sentido de evitar en un futuro, el establecimiento de otros derechos a los pasajeros sumado a la tarifa establecida en la Ley. Sin embargo, actualmente los municipios que reciben pasajeros de cruceros, se enfrentan a la problemática que deben garantizar los servicios públicos así como la seguridad mientras están en puerto, lo que representa un gasto honeroso, y no cuentan con un ingreso que les permita hacer frente a estos. Por ello en la presente iniciativa, se propone que los pasajeros que ingresan vía cruceros realicen dicho pago.

El cobro del derecho de No Inmigrante por vía aérea, no representa problema alguno, pues su cobro es puntualmente recaudado al ingreso del turista.

En el caso de los turistas que ingresan por vía terrestre, aún a pesar de que el Manual para la Internación del turista editado por la Aduana Mexicana, Banjército y el Instituto Nacional de Migración establece la cuota por el Derecho de No Inmigrante, en la realidad dicho derecho no se cobra.

Lo anterior obedece en buena medida, a que la propia Ley Federal de Derechos en su artículo 8º último párrafo, permite que el pago del derecho lo puedan realizar los extranjeros al momento de salir del país, cosa que tampoco sucede y que de cambiar el sentido de la norma, estableciéndose la obligatoriedad de pagar al ingreso, estaremos otorgando al Instituto Nacional de Migración herramientas que permitan una mejor recaudación y un mayor control sobre los extranjeros que ingresan al país.

Por lo anterior, en vista del desánimo turístico carretero, se debe buscar fomentar y alentar el ingreso al país de visitantes terrestres como lo fue en la década de los ochentas, por ello se plantean cuotas diferenciadas de ingreso al país. En primer lugar disminuirla considerablemente, ya que de los segmentos aéreo, marítimo y carretero, este último es el que ha tenido la caída más importante, en segundo lugar, sujetar este cobro al principio de reciprocidad que refleja nuestra Ley General de Población, es decir que de acuerdo con este ordenamiento, podemos exentar a ciertos extranjeros de inspecciones en sus entradas y salidas, a funcionarios de otros países y negar el ingreso o el cambio de calidad migratoria siempre y cuando exista o no reciprocidad internacional, según sea el caso.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales señaladas al inicio de esta iniciativa, el suscrito diputado federal, en representación de los diputados miembros de la Comisión de Turismo, a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable Asamblea

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 8, de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Único. Se adicionan los incisos a), b), c) a la fracción I y se modifica el último párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Por la expedición de autorización en la que se otorga calidad migratoria de No Inmigrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes, en las diversas características migratorias, se pagará el derecho por servicios migratorios, conforme a las siguientes cuotas:

I. Turista, cuya vía de ingreso al país sea: a). Aérea 215

b). Marítima 175

c). Terrestre 115

De igual forma los visitantes que ingresen vía crucero tendrán que realizar el pago correspondiente al derecho por vía marítima.

II. a VIII. ...

El pago del derecho previsto en las fracciones I, III y VIII de este artículo, deberá efectuarse cuando el extranjero ingrese al territorio nacional, debiendo satisfacer lo previsto en los artículos 13 y 62 de la Ley General de Población.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de 90 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Notas:

1 Incluye viajeros, excursionistas y fronterizos.

Diputado Amador Campos Aburto (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ADUANERA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 - LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Esta Presidencia recibió de los señores diputados Horacio Garza Garza y Carlos García González, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, suscrita por los diputados Horacio Garza Garza y Carlos García González, de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, respectivamente

Los que suscriben, diputados federales Horacio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Carlos García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LX Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos someten a la consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema fiscal tiene como propósito obtener los recursos necesarios para que el Estado realice sus funciones. Las leyes fiscales son de aplicación estricta, por lo que deben brindar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes.

El sistema impositivo mexicano debe avanzar hacia la simplificación, equidad, neutralidad y eficiencia para hacerlo más competitivo, si las contribuciones se realizan de manera rápida y sencilla se incentiva su pago, y se dotará al gobierno de más recursos que eleven el gasto en salud, educación, combate a la pobreza, infraestructura, etcétera.

Estas reformas que se proponen, van encaminadas hacia este propósito: simplificación y agilidad administrativa.

La Ley Aduanera, en términos generales, es la encargada de regular la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías, y el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, comúnmente conocido como PAMA, es el conjunto de actos jurídicos previstos para determinar las sanciones correspondientes para aquellos que incurren en los supuestos señalados en el artículo 151 de la ley.

La Ley Aduanera señala que las autoridades aduaneras iniciaran un PAMA, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos.

Este procedimiento reviste todas las formalidades de un juicio, y como tal, respeta las garantías constitucionales para que el particular pueda presentar pruebas y alegatos, que justifiquen la legalidad de sus actos, así como la posibilidad de ejercer en contra del mismo, los medios de defensa previstos en las leyes respectivas.

Sin embargo, se tiene conocimiento de que las aduanas han iniciado procedimientos a pasajeros internacionales, en los que se determinaron créditos fiscales que en realidad no podrán hacerse efectivos, toda vez que el responsable no reside en el país.

Por ello, en el caso de pasajeros internacionales, no residentes en el país, se estima necesario que la ley diferencie este tipo de procedimientos para hacerlos más ágiles, por lo que se sugiere, primero, que los interesados señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del territorio nacional, segundo, las notificaciones se efectuarán mediante estrato, aun las personales y, tercero, en caso de no ofrecer pruebas y formular alegatos en un plazo de 10 días hábiles, la mercancía embargada pasará a propiedad del fisco federal.

Este procedimiento para pasajeros internacionales es rápido y sencillo, lo que permite a la autoridad no distraer recursos para abocarlos a procedimientos que realmente sean de interés fiscal y de la nación.

En este mismo tenor, el Código Fiscal de la Federación prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.

Por lo que tiene sentido, que se establezca en este Código, que el Servicio de Administración Tributaria pueda cancelar créditos fiscales a pasajeros internacionales, no residentes en el país, y cuando no cuenten con bienes embargables en el territorio nacional, instruidos conforme a los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera.

En virtud, de que la autoridad no podrá ejercer sus facultades de fiscalización; la persona no está en el país, no hay nada que embargar, por lo que no tiene eco comenzar un procedimiento en su contra, y al contrario, el costo-beneficio es alto y oneroso.

En congruencia con esta propuesta, se propone incorporar este mismo texto legal a la Ley de Ingresos, para descontar en todo caso estos recursos, ya que es el instrumento jurídico donde se estiman los ingresos que podrá captar el Gobierno Federal a fin de cubrir el presupuesto anual.

Finalmente, el Servicio de Administración tributaria, como autoridad fiscal, hasta el momento, puede abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de imponer las sanciones que correspondan a las infracciones descubiertas, cuando el monto total de los créditos fiscales no exceda a las 3 mil 500 unidades de inversión, pero se estima que requiere de algunas precisiones que permitan su aplicación en un marco de certeza tanto para la autoridad como para el contribuyente.

Para estos efectos, se sugiere que ningún contribuyente pueda beneficiarse de esta excepción dos veces, en el ejercicio fiscal de que se trate, salvo que la suma del conjunto de los créditos no sea superior a 3 mil 500 unidades de inversión.

Lo anterior, permitirá que la autoridad sane su contabilidad en cada ejercicio fiscal, contando con cifras ciertas y transparentes.

Adicionalmente, se verán beneficiados los contribuyentes que efectivamente carezcan de recursos para efectuar pagos que con el transcurso del tiempo será más difícil cubrir por las actualizaciones y recargos que se apliquen.

Además, se plantea que se elimine como circunstancia a ser valorada por la autoridad las contribuciones omitidas que correspondan a errores u omisiones no graves, asimismo, este beneficio no podrá ser aplicable, cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 183-A de la Ley Aduanera, que se refiere a los casos en que las mercancías pasan a ser propiedad del Fisco Federal, o cuando la importación o exportación implique la comisión de algún delito.

Con la finalidad de hacer más ágil esta medida, el Servicio de Administración Tributaria podrá reglamentarla mediante reglas de carácter general.

Por último, se prevé un transitorio para que la autoridad aduanera pueda no determinar los créditos en los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de publicación del presente Decreto.

Estas reformas, sin duda, mejoran la actuación de la autoridad fiscal, logrando una simplificación administrativa, agilizando los procedimientos y haciendo más eficientes sus actividades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria

Artículo Primero. Se adicionan dos últimos párrafos al artículo 150 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 150. ...

...

...

...

...

...

...

Tratándose de procedimientos iniciados a pasajeros internacionales residentes en el extranjero, en el acta, se apercibirá a los interesados de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del territorio nacional, todas las notificaciones se efectuaran por estrados, aun las personales, y que de no ofrecer pruebas y formular alegatos en el plazo legal de diez días hábiles, la mercancía embargada pasará a propiedad del fisco federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna determinando el crédito fiscal y la sanción respectiva.

Lo anterior, con independencia de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo, pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente, al artículo 146 A del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 146-A....

El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por imposibilidad práctica de cobro. Se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, tratándose de créditos fiscales derivados de procedimientos instruidos conforme a los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, a pasajeros internacionales cuando residan en el extranjero y no tengan bienes embargables en territorio nacional.

...

...

...

...

...

Artículo Tercero.Se adiciona un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, para quedar como sigue:

Artículo 15....

Asimismo, existe imposibilidad práctica de cobro, tratándose de los créditos fiscales derivados de procedimientos instruidos conforme a los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, a pasajeros internacionales residentes en el extranjero, cuando no tengan bienes embargables en territorio nacional.

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 20-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando el monto total de los créditos fiscales no excediera del equivalente en moneda nacional a 3 mil 500 unidades de inversión. Para el ejercicio de esta facultad el Servicio de Administración Tributaria tomará en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Ningún contribuyente podrá beneficiarse de esta excepción dos veces, en el ejercicio fiscal de que se trate, salvo que la suma del conjunto de los créditos no sea superior a 3,500 unidades de inversión.

b) El monto total de los créditos fiscales no debe exceder el equivalente en moneda nacional a 3,500 unidades de inversión.

c) Los contribuyentes beneficiados por esta excepción recibirán un apercibimiento por escrito.

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer las reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

No será aplicable lo dispuesto en este artículo, cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 183-A de la Ley Aduanera o cuando la importación o exportación implique la comisión de algún delito.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Servicio de Administración Tributaria podrá abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones, aprovechamientos y accesorios, así como de imponer sanciones correspondientes, en los términos del presente decreto, a los importadores o exportadores que a la fecha de su publicación hubiesen incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras descubiertas con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de facultades de comprobación, siempre que el monto total de los créditos fiscales no exceda del equivalente en moneda nacional a 3,500 unidades de inversión y no les hubiese sido notificada la sanción correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputados: Horacio Garza Garza, Carlos García González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

ARTICULOS 35, 36, 39, 40, 41, 71, 73, 115 Y 135 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado David Mendoza Arellano:Con su permiso; compañeras diputadas, diputados: por razones de tiempo, como se ha expuesto, solamente voy a enunciar algunas partes de la exposición de motivos y las modificaciones que estamos proponiendo.

Durante los últimos años la democracia representativa ha sufrido críticas severas y reiteradas por parte de la sociedad, respecto al sistema presidencial y a la representación política. El sistema representativo resulta insuficiente porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión periódica del sufragio en las elecciones.

El andamiaje institucional no está delineado para tomar realmente en cuenta a los ciudadanos, tampoco vincula el proceso de toma de decisiones a la sanción ciudadana de manera permanente, cuando así lo demanda el interés de la nación, lo cual se traduce en un obstáculo para la formación de ciudadanía y para el proceso político en su conjunto.

Por ello vengo a esta tribuna a proponer que se incluyan en nuestra Constitución los instrumentos de democracia participativa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, porque aunque mucho se ha hablado de ellos, aún no están consagrados en el marco jurídico federal de nuestro país.

Propongo reformar el artículo 35 de la Constitución a fin de que se considere la democracia participativa como una prerrogativa adicional para el ciudadano.

La propuesta pretende que los ciudadanos participen en los procesos de consulta, de plebiscito y de referéndum, y por otro lado, se le reconozca explícitamente el derecho de iniciar leyes a nivel federal ante el Congreso de la Unión.

De manera correlativa propongo que el artículo 36, que enmarca las obligaciones del ciudadano de la República, reconozca el derecho a votar tanto en los plebiscitos como en los referendos y que de esa manera quede integrado tanto el derecho de participar en las decisiones públicas como también el derecho a votar en las consultas que para tal motivo se convoquen.

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público proviene del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por ello proponemos que en el artículo 39 se reconozca como parte fundamental de los instrumentos de la democracia participativa, el derecho que le asiste al pueblo de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público, en particular del Presidente de la República y de los legisladores cuando su actuación omisa, negligente o negativa, redunde en perjuicio de la institución que representan y por tanto del conjunto de la nación.

En el artículo 40 reconocemos a la democracia como uno de los principios fundamentales de nuestra República, tanto representativa como participativa, porque de esta forma enriquecemos dicho principio y evitamos que se impongan los rasgos de una partidocracia o de una democracia censataria, en la que el ciudadano queda marginado de todas las decisiones y sólo exista la facultad de aprobar todos los temas a través de la asamblea del pueblo, como sucedía en la historia clásica antes de que sucumbieran las ciudades-Estado en el año 320 antes de Cristo, frente al poder hegemónico de la época.

Proponemos también la creación de un instituto federal de participación ciudadana que funja como un órgano autónomo encargado de organizar los procesos de referéndum y el plebiscito. Este instituto tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para convocar a estas consultas, teniendo la obligación de comunicar sus resultados a los Poderes de la Unión y a la ciudadanía en general.

Con el fin de preservar el espíritu de la Constitución como la Ley Suprema que está por encima de todo ordenamiento secundario, y en el que se contienen principios generales, consideramos que las normas para procedencia, convocatoria y organización de referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, deben establecerse en la ley reglamentaria correspondiente.

Sin embargo, quiero enfatizar que el derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos, cuando lo soliciten, al menos el dos por ciento de los inscritos en el Padrón Electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la Federación, incluido el Distrito Federal, una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la República, y a modo de guía para la toma de decisiones que el plebiscito se convoque en tantos y plantee consultar a la ciudadanía de decisiones o actos del Presidente de la República, que se expresen en propuestas de políticas públicas que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la nación.

Asimismo el artículo 71 debe consagrar la facultad de los ciudadanos de presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión bajo los principios de democracia participativa.

Se propone que el artículo 73 se adicione con una fracción al 29 a fin de que se le otorgue al Congreso la facultad de legislar en materia de democracia participativa, tomando en cuenta que este concepto es mucho más amplio y de mayores alcances que el referéndum y el plebiscito, y que es necesario darle un soporte parlamentario a una república democrática, representativa y participativa, con el fin de que los estados cuenten con un marco constitucional adecuado a la realidad política, que ya viven cotidianamente y que ya existen en una legislación local.

En materia de democracia directa en diversas entidades federativas, proponemos que en el artículo 115 se reconozca el sentido y el propósito original de esta iniciativa; es decir, esta república se funda en los principios de la democracia participativa.

Se deberá realizar el referéndum constitucional por mandato de ley cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto reformar nuestras garantías individuales, cuando se afecte nuestra soberanía nacional, cuando se pretenda modificar el dominio de la nación sobre los recursos naturales, la división de poderes o la forma de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 35, la fracción III del artículo 36, el artículo 39, el artículo 40, el segundo párrafo del artículo 71, el artículo 115 y el artículo 135. Se adicionan el artículo 35 con una fracción VI, el artículo 41 con una fracción V y el artículo 71 con una fracción IV.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: Fracción I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum. Fracción VI. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: Fracción III. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum en los términos que señale la ley.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa y participativa federal, compuestas de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. Fracción V. El Instituto Federal de Participación Ciudadana será el órgano autónomo responsable de promover programas de generación y consolidación de ciudadanía a través de los medios de comunicación y de los programas educativos del sistema federal de educación pública y organizar los procesos de referéndum y de plebiscito, estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, y tendrá la obligación de comunicar sus resultados a los poderes de la Unión y a la ciudadanía en general. Las normas para la procedencia, convocatoria y organización del referéndum y plebiscito y la revocación de mandato serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente. El derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos cuando lo soliciten al menos el dos por ciento de los inscritos en el Padrón Electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la Federación, incluido el Distrito Federal, a una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y el Presidente de la República se someterá a plebiscito en los términos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del Presidente de la República, considerados trascendentales para el orden público o el interés de la nación.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: Fracción IV. A los ciudadanos. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República o las Legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los ciudadanos seguirán los requisitos que marque la ley correspondiente, las que presenten los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad para legislar en materia de democracia participativa.

Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, participativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa y del municipio libre conforme a las bases siguientes:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada, para que las ediciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Se realizará el referéndum constitucional de manera obligatoria cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución, que versen sobre las garantías individuales, los derechos políticos, la soberanía nacional, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, la división de Poderes y la forma de gobierno. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorio.Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado David Mendoza Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de elevar a rango constitucional los principios de la democracia participativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, la democracia representativa ha sufrido críticas severas y reiteradas por parte de la sociedad respecto al sistema presidencial, a la representación política y a los partidos políticos. El diseño original del sistema de democracia indirecta es producto original de la revolución francesa y de manera paradójica, los ciudadanos quedaron excluidos de un proceso político que limita su participación a votar y ser votados cada vez que hay elecciones federales y locales.

En los periodos intermedios entre una y otra elección, los ciudadanos dejan de ser consultados y no cuentan con mecanismos o instrumentos sociales y políticos adecuados para encauzar sus opiniones y sus acciones cívicas. El andamiaje institucional no está delineado para tomarlos realmente en cuenta y mucho menos, para vincular el proceso de toma de decisiones a la sanción ciudadana, de manera permanente, cuando así lo demande el interés de la nación.

En la Grecia antigua, en la ciudad-estado de Atenas, era posible que los ciudadanos reunidos en el ágora o en el foro participaran en las discusiones públicas y decidieran directamente sobre los asuntos de gobierno de la ciudad.

Sin embargo, el crecimiento de las ciudades ocasionado por la explosión demográfica transformaron esa práctica volviéndose imposible que todos los ciudadanos pudieran reunirse en asamblea para tomar decisiones y entonces surgió la necesidad de la representación política y el mandato expreso de los electores, (cathiers) como sucedió en la revolución francesa, para evolucionar a una forma de representación política como la conocemos actualmente.

El sistema representativo resulta insuficiente porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión del sufragio para después retirarse sin mayor objeción.

En este sistema, los representados no tienen ninguna posibilidad de intervenir en las decisiones de los representantes, lo cual se traduce en un obstáculo para la formación de ciudadanía y para el proceso político en su conjunto. La democracia representativa ha actuado involuntariamente en contra de los principios que le dieron vida, sometiéndola a una suerte de partidocracia, en la que la toma de decisiones queda monopolizada por las burocracias y las elites políticas y partidarias.

De esta manera, y con estas reglas, los ciudadanos cada vez más politizados e interesados en los asuntos públicos, no encuentran cauce a sus demandas. Este hecho ha detonado el diseño de algunos instrumentos que permiten y alientan la participación de la gente, de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado.

Los procedimientos de democracia directa o semidirecta o participativa, que se aluden con mayor frecuencia son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, y aunque mucho se ha hablado de ellos, no están consagrados en el marco jurídico federal de nuestro país.

Tomando en cuenta este déficit del sistema democrático, nuestro grupo parlamentario postula que es imprescindible rescatar a nuestra incipiente democracia del marasmo en el que se encuentra. Ha llegado el momento de complementarla con la democracia participativa, que permitirá, sin lugar a dudas, dotar a los individuos de un poder ciudadano sin precedentes en la historia de nuestro país.

Por ello propongo reformar el artículo 35 de la Constitución a fin de que se considere la democracia participativa como una prerrogativa adicional para el ciudadano.

La propuesta pretende que los ciudadanos participen en los procesos de consulta del plebiscito y del referéndum y por otro lado, se reconozca explícitamente el derecho de iniciar leyes a nivel federal ante el Congreso de la Unión.

De manera correlativa, propongo que en el artículo 36 que enmarca las obligaciones del ciudadano de la República se reconozca el derecho a votar tanto en los plebiscitos como en los referéndum, y que de esta manera quede integrado tanto el derecho de participar en las decisiones públicas como también la obligación de votar en las consultas que para tal motivo se convoquen.

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público proviene del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno, por ello proponemos que en el artículo 39 se reconozca como parte fundamental de los instrumentos de la democracia participativa el derecho que le asiste al pueblo de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público, en particular del Presidente de la República y de los legisladores, cuando su actuación omisa, negligente o negativa redunda en perjuicio de la institución que representan y, por tanto, del conjunto de la nación.

En el artículo 40 reconocemos a la democracia como uno de los principios fundamentales de nuestra República, tanto representativa como participativa, porque de esta forma enriquecemos dicho principio y evitamos que se impongan los rasgos de una partidocracia o de una democracia censataria en la que el ciudadano queda marginado de todas las decisiones y sólo exista la facultad de aprobar todos los temas a través de la asamblea del pueblo, como sucedía en la historia clásica antes de sucumbieran las ciudades estado, en el año 320 a.C. frente al poder hegemónico de la época.

Proponemos también la creación de un Instituto Federal de Participación Ciudadana que funja como un órgano autónomo encargado de organizar los procesos de referéndum y el plebiscito. Tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para convocar a estas consultas teniendo la obligación de comunicar sus resultados a los poderes de la Unión y a la ciudadanía en general.

Con el fin de preservar el espíritu de la Constitución como la Ley suprema que está por encima de todo ordenamiento secundario, y en el que se contienen principios generales, considero que las normas para la procedencia, convocatoria y organización del referéndum; el plebiscito y la revocación de mandato, deben establecerse en la Ley reglamentaria correspondiente.

Sin embargo, quiero enfatizar que el derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos, cuando lo soliciten al menos 2 por ciento de los inscritos en el padrón electoral, y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la Federación incluido el Distrito Federal; una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la República y a modo de guía para la toma de decisiones, que el plebiscito se convoque en tanto se plantee consultar a la ciudadaníade decisiones o actos del Presidente de la República que se expresen en propuestas de políticas públicas, que se consideren trascendentales para el orden público o el interés social de la nación.

Asimismo, el artículo 71 debe consagrar la facultad de los ciudadanos de presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, bajo los principios de democracia participativa.

Se propone que el artículo 73 se adicione con una fracción XXIX-N, a fin de que se le otorgue al Congreso, la facultad de legislar en materia de democracia participativa, tomando en cuenta que este concepto es mucho más amplio y de mayores alcances que el referéndum y el plebiscito, y que es necesario darle un soporte parlamentario a una república democrática, representativa y participativa.

Con el fin de que los estados cuenten con un marco constitucional adecuado a la realidad política que ya viven cotidianamente, y que ya existe una legislación local en materia de democracia directa en diversas entidades federativas, proponemos que en el artículo 115 se reconozca el sentido y el propósito original de esta iniciativa, es decir, que ésta República se funde en los principios de la democracia representativa y participativa.

Se realizará el referéndum constitucional de manera obligatoria, no en todas las materias que contiene y cada vez que el congreso apruebe reformas a su texto por la vía del procedimiento ordinario, sino cuando se convoque a referéndum tratándose de iniciativas que tengan por objeto reformar nuestras garantías individuales; especialmente los derechos políticos; de manera particular se afecte nuestra soberanía nacional; el dominio de la nación sobre los recursos naturales; la división de poderes o la forma de gobierno.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reformanla fracción I del artículo 35, la fracción III del artículo 36, el artículo 39, el artículo 40, el segundo párrafo del artículo 71, el artículo 115 y el artículo 135; y se adicionanel artículo 35 con una fracción VI, el artículo 41 con una fracción V, el artículo 71 con una fracción IV, el artículo 73 con una fracción XXIX-N y el artículo 135 con dos párrafos, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum;

II. a V. ...

VI. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la república:

I. y II. ...

III. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum, en los términos que señale la ley.

IV. y V. ...

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República democrática representativa y participativa, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. ...

...

I. a IV. ...

V. El Instituto Federal de Participación Ciudadana será el órgano autónomo responsable de promover programas de generación y consolidación de ciudadanía, a través de los medios de comunicación y de los programas educativos del sistema federal de educación pública y organizar los procesos de referéndum y el plebiscito. Estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y tendrá la obligación de comunicar sus resultados a los poderes de la Unión y a la ciudadanía en general.

Las normas para la procedencia, convocatoria y organización del referéndum y plebiscito y la revocación de mandato, serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente.

El derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá:

a) A los ciudadanos, cuando lo soliciten al menos el 2 por ciento de los inscritos en el padrón electoral, y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la Federación incluido el Distrito Federal;

b) Una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del H. Congreso de la Unión; y

c) El Presidente de la República.

Se someterán a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del Presidente de la República, considerados trascendentales para el orden público o el interés de la nación.

Artículo 71. ...

I. a III. ...

IV. A los ciudadanos,

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados, por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los ciudadanos seguirán los requisitos que marque la ley correspondiente. Las que presentaran los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-J. ...

XXIX-N. Para legislar en materia de democracia participativa.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, democrático,representativo, participativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

Se realizará el referéndum constitucional de manera obligatoria, cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución, que versen sobre las garantías individuales; los derechos políticos; la soberanía nacional; el dominio de la nación sobre los recursos naturales; la división de poderes y la forma de gobierno.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La siguiente iniciativa agendada por el Partido Revolucionario Institucional se pospone. Igualmente la que sigue en el orden del día, agendada por el Partido de la Revolución Democrática.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Samuel Aguilar Solís:Gracias, diputada Presidenta; honorable Asamblea: en México por fortuna se ha abatido la mortalidad por infecciones comunes, reduciendo considerablemente la probabilidad de morir en los primeros años de vida e incrementando la esperanza de conservarla.

En torno a ello, el sistema de salud de nuestro país ha realizado esfuerzos importantes para lograrlo. Sin embargo, esos logros han provocado que cada vez más gente llegue a edades avanzadas.

Al menos 80 por ciento de las personas nacidas en 2005 llegarán a ser adultos mayores de 70 años. Si bien esto ha representado un avance en nuestros sistemas de salud pública, también genera nuevos retos para nuestro país.

Lo que hoy significa una creciente esperanza de vida en beneficio de los mexicanos se ve opacada por la adopción de conductas no saludables, con el sedentarismo, la mala nutrición y el consumo de productos nocivos para la salud.

En los últimos años hemos visto que se han desarrollado enfermedades no transmisibles, que son de más difícil control y tratamiento que las infecciones comunes y en consecuencia, mucho más costosas. Estas enfermedades que alguna vez se consideraron emergentes se han establecido de manera plena en México y representan una enorme carga para el sistema de salud.

Quiero comentarles y cada uno de ustedes sabe, que de nuestros sistemas de seguridad social, el sistema de pensiones es sin duda el sistema más adelantado desde el punto de vista financiero. Pero el segundo fondo --después del Fondo de Pensiones-- es el Fondo de Salud.

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud denominado ``Salud México 2001-2005'', publicado el pasado mes de julio, existen cuando menos nueve padecimientos considerados como desafíos para el sistema mexicano de salud para el próximo gobierno. La mayoría de estos padecimientos, aun cuando se consideren como desafíos para los próximos años, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud se cuenta ya con estrategias claras que muy probablemente tendrán éxito en reducir su incidencia.

De los principales desafíos, los que la Secretaría de Salud ha calificado como epidemia y ha declarado no tener el control sobre ellos son: la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y el alcoholismo. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2005-2006 indica que más del nueve por ciento de adultos en México son diabéticos y que la mortalidad por esa causa crece a un ritmo acelerado. Esta enfermedad pasó de la octava a la primera posición como causa de muerte en un periodo no menos de 20 años y en los últimos cinco ha seguido creciendo a un ritmo superior al tres por ciento anual. La diabetes es quizás el mayor reto que enfrenta el sistema de salud mexicano en términos de atención médica y salud pública.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, con un crecimiento mayor al tres por ciento entre 2001 y 2005 es la única causa de muerte, entre las principales, que no ha podido ser controlada. Considerando que la probabilidad de padecer diabetes se incrementa si existe sobrepeso y que ésta ha alcanzado proporciones alarmantes en el país, el panorama de la diabetes no es optimista. La complejidad del problema requiere de esfuerzos conjuntos del sistema de salud con las autoridades educativas y la sociedad civil, no sin dejar de considerar al propio Poder Legislativo.

La ausencia de diagnóstico es particularmente preocupante en adultos jóvenes, ya que el 43 por ciento de los diabéticos menores de 40 años no conocen ni siquiera su propia condición de diabético. Por lo tanto, es claro que las políticas públicas de salud aplicadas para el combate a este tipo de padecimientos no han tenido éxito. Otro de los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población y el sistema mexicano de salud es el sobrepeso y su expresión extrema, la obesidad.

Las cifras más recientes muestran que 39 por ciento de la población adulta sufre de sobrepeso y otro 30 por ciento de obesidad. La obesidad se asocia a varias de las principales causas de muerte en el país, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las cerebro-vasculares y el cáncer de mama, entre otras. También incrementa el ausentismo, disminuye la productividad e incrementa el riesgo de enfermedades de la vesícula biliar, una de las principales causas de intervención quirúrgica en el país. En torno a ello, las implicaciones económicas no son despreciables.

Debido a la relación directa con los efectos negativos, la obesidad se asocia a casi 50 mil muertes anuales, lo que significa el 10 por ciento del total de las defunciones, constituyéndose en el principal riesgo por muerte prematura en la población mexicana y el segundo para años de vida saludable perdidos , sólo por debajo del consumo de alcohol.

La propia Secretaría de Salud ha sostenido que la magnitud que ha alcanzado este problema permite calificar la situación de la obesidad en México como una epidemia que requiere de acciones inmediatas, como la promoción a nivel poblacional de la actividad física y restricciones al consumo, en todos los lugares posibles, de alimentos de calidad nutricional inadecuada que conocemos en el leguaje común como alimentos chatarra. Es importante destacar el crecimiento del porcentaje de población con sobrepeso u obesidad, entre los años 2000 y 2005, que ha llegado al siete por ciento; incluso es relevante la alta frecuencia de este factor de riesgo en las comunidades rurales.

Otra de las epidemias que la propia Secretaría de Salud ha declarado no tener resueltas y, como tal, ha declarado entre los desafíos para los próximos años por los padecimientos que provoca, es el consumo de alcohol. De acuerdo con información de la propia Secretaría de Salud, el abuso en el consumo de alcohol en hombres en México es el principal factor de riesgo para muerte prematura y ocupa el mismo lugar en discapacidad.

Las cifras indican que casi 11 por ciento de todas las muertes de hombres en México están asociadas al consumo del alcohol. Por lo que hace a las mujeres las cifras son menores, pero de cualquier forma se asocia a más de cinco mil muertes cada año. El alcohol también se asocia a padecimientos crónicos que pueden llevar a la muerte o producir altos niveles de discapacidad, como la cirrosis, algunos tipos de cáncer y ciertas alteraciones mentales.

Como se puede observar, los dos principales factores de riesgo para la salud de la población mexicana son el consumo de alcohol y la obesidad, los que sumados se asocian a más de 40 por ciento de todas las muertes en el país, superando por mucho a cualquier otro riesgo y siguiendo sobre todo en los padecimientos como la diabetes.

Considerando el alto costo que representa para el sistema de salud la atención de los problemas derivados de la obesidad, como la diabetes y las enfermedades cardíacas y el consumo de alcohol, como las lesiones, es urgente intensificar las acciones destinadas a reducir la prevalencia de otros factores de riesgo en la población mexicana.

Compañeras y compañeros legisladores, el sistema de salud mexicano está enfrentando un nuevo perfil epidemiológico que le impone cargas inéditas. Para poder encararlo será necesario que el propio Poder Legislativo promueva reformas a la ley que coadyuven con el esfuerzo que nuestro sistema de salud debe de continuar realizando.

Por todo lo expuesto, la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta honorable Asamblea propone establecer medidas restrictivas al consumo de alimentos considerados de calidad nutricional inadecuada, conocidos en el lenguaje común como alimentos chatarra y también restricciones para las bebidas alcohólicas.

Propone establecer, como materia de salubridad general, un programa para sobrepeso y la obesidad, en el cual se establece la obligación de coordinarse los tres órdenes de gobierno para la ejecución del mismo, a fin de garantizar la prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el sobrepeso y la obesidad y la educación sobre los efectos en la salud.

La propuesta define el significado de los alimentos de calidad nutricional inadecuada, atribuyendo a la Secretaría de Salud definir cuáles serán dichos productos, garantizando en todo momento que el consumo de esos productos no provoque sobrepeso u obesidad.

Se establece la obligación de colocar en el empaque o envase de los productos, una de tres leyendas precautorias, considerando tamaños y tipos de letra. Asimismo, se establece la obligación de incluir inserciones con leyendas para orientar al consumidor hacia programas de tratamiento sobre el sobrepeso o la obesidad.

Se establecen restricciones en materia de publicidad para los productos considerados de calidad nutricional inadecuada o chatarra, prohibiendo incluso los patrocinios de estos productos.

Se adicionan tres leyendas precautorias para advertir de los riesgos de salud por el consumo del producto, por el sobrepeso o la obesidad. En materia de bebidas alcohólicas se establecen restricciones adicionales en materia de publicidad y se adicionan otras dos leyendas precautorias para el control de su consumo, disponiendo el incremento del tamaño de las etiquetas en las que haya impresas dichas leyendas. Quiero destacar que las bebidas alcohólicas ya tenían algunas restricciones específicas, no obstante ello, el consumo y sus efectos negativos no han disminuido, por lo tanto es necesario endurecer las regulaciones para este producto.

Asimismo, quiero decirles que de contar con el apoyo de ustedes, esta reforma permitirá que la autoridad de salud cuente con los instrumentos legales para realizar un combate frontal contra las epidemias que aquejan la salud de los mexicanos y con ello también estaremos permitiendo que se disminuya el gasto público generado por la atención de estos padecimientos.

Finalmente solicito respetuosamente a la Presidencia se inserte íntegramente este texto de mi intervención con la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reforma, en términos de la normatividad vigente.

El sistema de salud de nuestro país ha realizado esfuerzos importantes para lograrlo; sin embargo, estos logros han provocado que cada vez más gente llegue a edades avanzadas. Casi la mitad de las personas nacidas en los setentas podían esperar vivir hasta 60 años. En contraste, al menos 80 por ciento de las personas nacidas en 2005 llegarán a ser adultos mayores de 70 años. Si bien esto ha representado un logro de nuestros sistemas de salud pública, también generan nuevos retos.

Lo que hoy significa una creciente esperanza de vida en beneficio de los mexicanos, se ve opacada con la adopción de conductas no saludables, como el sedentarismo, la mala nutrición y el consumo de productos nocivos para la salud como el alcohol y tabaco.

En los últimos años, hemos visto que se han desarrollado enfermedades no transmisibles, que son de más difícil control y tratamiento que las infecciones comunes, y, por lo tanto, más costosas. Estas enfermedades, que alguna vez se consideraron emergentes, se han establecido de manera plena en México y representan una enorme carga para el sistema de salud.

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud denominado ``Salud: México 2001 2005'' publicado el pasado mes de julio, los Desafíos para el sistema mexicano de salud para el gobierno son los siguientes:

1. La mortalidad materna

2. La mortalidad en menores de 5 años

3. El sida

4. La tuberculosis

5. El paludismo

6. La diabetes

7. La pandemia de influenza

8. Los embarazos en mujeres adolescentes

9. El cáncer cérvico uterino

La mayoría de estos padecimientos aún cuando se consideran como desafíos para los próximos años, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud, esta dependencia cuenta ya con estrategias claras que muy probablemente tendrán éxito para reducir su incidencia.

No obstante lo anterior, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2005-2006 indican que más de 9 por ciento de los adultos en México son diabéticos y que la mortalidad por esta causa crece a un ritmo anual de 3 por ciento.

La identificación de la diabetes como uno de los principales retos del sistema mexicano de salud no es reciente. Esta enfermedad pasó de la octava a la primera posición como causa de muerte en un periodo de menos de 20 años y, en los últimos cinco años ha seguido creciendo a un ritmo superior al 3 por ciento anual.

La reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut) muestra que el porcentaje de población afectada por la diabetes se ha incrementado. El peso que ésta representa para el sistema de salud es importante ya que los pacientes que no tienen un adecuado control metabólico desarrollan complicaciones que suelen requerir de tratamientos largos y costosos. La insuficiencia renal crónica, que es una de las principales complicaciones de la diabetes, es una de las primeras causas de egreso hospitalario en el país.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por la incapacidad para controlar los niveles de glucosa en la sangre. En el largo plazo, este defecto metabólico daña múltiples órganos causando lesiones progresivas que incrementan sustancialmente la probabilidad de morir. Entre las complicaciones más frecuentes de la diabetes se encuentran además de la insuficiencia renal crónica, la ceguera, la pérdida de miembros, la neuropatía diabética y las enfermedades cardiacas.

Esta enfermedad es quizá el mayor reto que enfrenta el sistema de salud mexicano en términos de atención médica y salud pública, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud.

Con un crecimiento mayor al 3 por ciento entre 2001 y 2005, es la única causa de muerte, entre las principales, que no ha podido ser controlada. Otras evidencias resaltan la importancia de esta patología: en mujeres mayores de 60 años, una de cada cinco muertes es provocada por la diabetes.

Considerando que la probabilidad de padecer diabetes se incrementa si existe sobrepeso, y que éste ha alcanzado proporciones alarmantes en el país, el panorama de la diabetes no es optimista. La complejidad del problema requiere de esfuerzos conjuntos del sistema de salud con las autoridades educativas y la sociedad civil, no sin omitir al propio poder legislativo. Es la única forma de atacar los elementos culturales que se asocian directamente a esta grave epidemia.

Las claves en el combate a la diabetes son la prevención, el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento. Sin embargo, a pesar de tener bien identificados los factores de riesgo asociados a la diabetes, el padecimiento de esta enfermedad sigue creciendo y las cifras de diagnóstico oportuno no han mejorado. Por lo tanto, las políticas públicas aplicadas no han tenido éxito.

Datos de la Ensanut 2006 muestran que más de 9 por ciento de hombres y mujeres adultos son diabéticos y que 28 de cada 100 enfermos no saben que tienen este padecimiento. El padecimiento de la enfermedad llega a su máximo en personas entre 60 y 69 años donde alcanza 23.6 por ciento, lo que representa más de 1.2 millones de personas sólo en este grupo. La ausencia de diagnóstico es particularmente preocupante en adultos jóvenes: 43 por ciento de los diabéticos menores de 40 años no conocen su condición.

Como se ha mencionado, uno de los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población y el sistema mexicano de salud es el sobrepeso y su expresión extrema, la obesidad. Las cifras más recientes muestran que 39 por ciento de la población adulta sufre de sobrepeso y otro 30 por ciento de obesidad.

La obesidad se asocia a varias de las principales causas de muerte en el país, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y el cáncer de mama, entre otras. También incrementa el ausentismo, disminuye la productividad e incrementa el riesgo de enfermedades de la vesícula biliar, una de las principales causas de intervención quirúrgica en el país. En torno a ello, las implicaciones económicas no son despreciables.

Debido a la relación directa con los efectos negativos que se mencionan, la obesidad se asocia a casi 50 mil muertes anuales, lo que significa 10 por ciento del total de las defunciones anuales, constituyéndose en el principal riesgo para muerte prematura en la población mexicana y el segundo para años de vida saludable perdidos, sólo por debajo en el consumo de alcohol.

Una manera sencilla de explicar la obesidad es el resultado del desequilibrio de largo plazo entre la energía que es consumida con los alimentos y la que se gasta mediante la actividad física. Sin embargo, la solución del problema no es clara porque requiere modificar aspectos culturales fuertemente arraigados en la sociedad, como los hábitos alimentarios y el sedentarismo.

Como lo ha manifestado y sostenido la propia Secretaría de Salud, la magnitud que ha alcanzado este problema permite calificar la situación de la obesidad en México como una epidemia que requiere de acciones inmediatas, como la promoción a nivel poblacional de la actividad física y restricciones al consumo de alimentos de calidad nutricional inadecuada en todos los lugares posibles.

El prevalencia de obesidad es 11 por ciento más alta en las mujeres que en los hombres y alcanza su máximo en la población que tiene entre 50 y 59 años. En este grupo de edad, el porcentaje de personas obesas es el doble que en menores de 30 años.

Es importante destacar el crecimiento del porcentaje de población con sobrepeso u obesidad entre los años 2000 y 2005 (7 por ciento), así como la alta frecuencia de este factor de riesgo en las comunidades rurales.

Otra de las epidemias que la propia Secretaría de Salud ha asegurado no tener resuelta y como tal ha declarado entre los desafíos para los próximos años por los padecimientos que provoca, es el consumo de alcohol.

De acuerdo con información de la propia Secretaría de Salud, el abuso en el consumo de alcohol en hombres en México, es el principal factor de riesgo para muerte prematura y ocupa el mismo lugar en discapacidad. Las cifras indican que casi 11 por ciento de todas las muertes de hombres en México, están asociadas al consumo de alcohol. Por lo que hace a las mujeres las cifras son menores, pero de cualquier forma se asocia a más de 5 mil muertes cada año.

El factor de riesgo del alcohol se incrementa si se considera también el elemento de discapacidad que se vincula a diversas enfermedades o lesiones que provocan su consumo.

El alcohol se asocia a una multiplicidad de efectos negativos. Tanto la intoxicación etílica como el consumo relativamente moderado son causa importante de caídas, ahogamientos y accidentes automovilísticos que pueden asociarse al consumo de alcohol e incrementan sustancialmente el riesgo de involucrarse en eventos violentos. El alcohol también se asocia a padecimientos crónicos que pueden llevar a la muerte o producir altos niveles de discapacidad, como la cirrosis, algunos tipos de cáncer y ciertas alteraciones mentales.

Como se puede observar, los dos principales factores de riesgo para la salud de la población mexicana, son el consumo de alcohol y la obesidad, los que sumados se asocian a más de 40 por ciento de todas las muertes en el país, superando por mucho a cualquier otro riesgo.

Considerando el alto costo que representa para el sistema de salud la atención de los problemas derivados de la obesidad, así como de la diabetes y las enfermedades cardiacas, y del consumo de alcohol, como las lesiones, es urgente intensificar las acciones destinadas a reducir estos factores de riesgo en la población mexicana.

En resumen, el sistema de salud mexicano está enfrentando un nuevo perfil epidemiológico que le impone cargas inéditas. Para poder encararlo será necesario movilizar recursos financieros adicionales, ampliar la protección financiera en materia de salud, implantar esquemas de organización eficientes e innovadores, mejorar la calidad de la atención, fortalecer la cooperación con aquellos sectores de la administración pública vinculados a la salud y hacer corresponsables a los ciudadanos del cuidado de su salud, entre las medidas que deberá implementar el propio Poder Legislativo. Es decir el sector salud está demandando políticas públicas de nuevo tipo para atender esta epidemia.

Para el control de estas epidemias se requiere por un lado, la prevención y el diagnóstico temprano. Pero también se requerirá del fortalecimiento de la cooperación con todos los sectores de la administración pública y de una participación más activa de los individuos en el cuidado de su salud.

No obstante lo anterior, también se requiere de nuevas disposiciones de ley que coadyuven con el esfuerzo que nuestro sistema de salud debe continuar realizando.

Es por todo lo anterior que en uso de las atribuciones que se me confieren, vengo a proponer la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para combatir con los instrumentos normativos, las epidemias que se han descrito anteriormente.

Las modificaciones y adiciones que se proponen pretenden que el consumidor de alimentos considerados de calidad nutricional inadecuada o mejor conocidos como ``alimentos chatarra'' y las bebidas alcohólicas, tengan restricciones que disminuyan su consumo.

Contenido de la iniciativa

En materia de sobrepeso y obesidad

Se propone una adición al artículo 3o. de la Ley General de Salud para establecer como materia de salubridad general, el Programa contra el sobrepeso y la obesidad.

Se propone la adición de un capítulo V del Título Octavo, para establecer un Programa contra el Sobrepeso y la Obesidad, en el cual se establezca la obligación de coordinarse la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la ejecución del programa contra el sobrepeso y la obesidad.

En dicho programa, se plantea que se deberán garantizar la prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el sobrepeso y la obesidad y la educación sobre los efectos en la salud.

Además, se establece la obligación de suscribir acuerdos entre la Secretaría de Salud y las entidades federativas, para la implementación de las acciones en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Por lo que hace al capítulo II, de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, se adiciona una fracción VI, en la que se establece el significado de los Alimentos de calidad nutricional inadecuada, los que en términos prácticos son los ``alimentos chatarra''. De acuerdo con la propuesta, éstos serán considerados, en caso de aprobarse la iniciativa como: ``alimentos que por su consumo no proporcionan al organismo elementos para su nutrición''. Lo anterior, de acuerdo con la relación que establezca la propia Secretaría de Salud, para definir cuales serán dichos productos, garantizando en todo momento, que el consumo de esos productos, no provoquen sobrepeso u obesidad.

Se adiciona un artículo en el cual se plantea que la Secretaría de Salud, con base en la composición de los alimentos o bebidas, determinará los productos a los que considere de calidad nutricional inadecuada, los cuales se considerarán así cuando superen el 20 por ciento total del producto, contra el 80 por ciento de contenido nutricional adecuado.

Asimismo, se establece que en el empaque o envase de los productos mencionados en el párrafo anterior, se deberá colocar alguna de las tres leyendas precautorias, también incluidas en la propuesta. Asimismo, se incluyen reglas generales sobre el tamaño y tipo de letra para dichas etiquetas.

También se establece que deberán incluirse inserciones con leyendas para orientar al consumidor hacia programas de tratamiento contra el sobrepeso o la obesidad.

En materia de publicidad, los productos considerados de calidad nutricional inadecuada o ``chatarra'', también serán sujetos de autorización por parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, semodifican los artículos 301 y 307; y se adiciona el artículo 312 Bis, para limitar la publicidad de los productos, prohibiendo incluso cualquier tipo de patrocinio de eventos.

En materia de bebidas alcohólicas

Se compete al Consejo de Salubridad General, el dictar las medidas contra el sobrepeso y la obesidad, a fin de prevenir su consumo. Se adicionan dos leyendas precautorias para advertir de los riesgos a la salud por el consumo del producto. Asimismo se fijan las características y tamaño de las leyendas que deberán ser colocar en los envases o empaques.

Se establecen restricciones adicionales en materia de publicidad para las bebidas alcohólicas.

Es importante mencionar que las bebidas alcohólicas ya tenían restricciones específicas adicionales, no obstante ello, el consumo y sus efectos negativos no han disminuido, por lo tanto es necesario endurecer las regulaciones para ese producto.

Análisis del impacto presupuestal

El primer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece lo que a la letra dice:

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Dado que el impacto de la propuesta que se plantea recae en los productores y consumidores, la Secretaría de Salud no erogará mayores recursos por las disposiciones propuestas. Al contrario, al implementar las normas propuestas, los excesivos gastos en salud ocasionados por los padecimientos causados por el consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, permitirán disminuir el impacto en las finanzas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente:

Proyecto de Decreto

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reformanlos artículos 3, 17, 215, 218, 301, 307 y 308 Bis de la Ley General de Salud; y, se adicionaun capítulo V al Titulo Octavo y se adicionanlos artículos 166 Bis 1, 166 Bis 2, 216 BIS, 309 Ter, 312 Bis y 312 Ter, del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

XXIII Bis. El programa contra el sobrepeso y la obesidad;

Artículo 17. ...

I. ...

I Bis. Dictar medidas contra el sobrepeso y la obesidad, así como prevenir el consumo de productos que no proporcionan al organismo elementos para su nutrición.

Título Octavo Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes

Capítulo V Programa contra el sobrepeso y la obesidad

Artículo 166 Bis. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el sobrepeso y la obesidad, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y tratamiento de padecimientos originados por el sobrepeso y la obesidad, y

II. La educación sobre los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños, adolescentes y adultos, a través de métodos individuales, colectivos o masivos, incluyendo la orientación a la población para que consuma alimentos con valor nutricional adecuado.

Artículo 166 Bis 1. Para llevar a cabo las acciones contra el sobrepeso y la obesidad, se tendrá que considerar en primer término, la investigación de las causas del sobrepeso y la obesidad y de las acciones para controlarlas; asimismo, se deberá considerar la educación a la familia, en todos sus integrantes y edades, para prevenir el consumo de productos que no proporcionan al organismo elementos para su nutrición.

Artículo 166 Bis 2. En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el sobrepeso y la obesidad, promoverá y organizará servicios de orientación y atención a personas que deseen reducir su peso y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de productos que no proporcionan al organismo elementos para su nutrición, por parte de niños, adolescentes y adultos.

La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

Título Décimo Segundo Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación

Capítulo II Alimentos y Bebidas no Alcohólicas

Artículo 215. ...

I. a V ...

VI. Alimentos de calidad nutricional inadecuada: Son los alimentos que por su consumo no proporcionan al organismo elementos para su nutrición, de conformidad con la relación que para tal efecto establezca y difunda la Secretaría de Salud, garantizando que el consumo de esos productos, no provoquen sobrepeso u obesidad.

Artículo 216 Bis. Con base en la composición de los alimentos o bebidas, la Secretaría de Salud, determinará los productos a los que considere de calidad nutricional inadecuada, de conformidad con la definición contenida en la fracción VI, del artículo 215 de esta Ley.

Estos productos en sus empaques o envases, deberán tener cualquiera de las siguientes leyendas:

I. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud

II. Este producto puede ocasionar sobrepeso y obesidad

III. El contenido de este producto carece de valor nutricional adecuado y su consumo puede ocasionar sobrepeso y obesidad

Estas leyendas deberán aparecer en las etiquetas de los empaques o envases en los que se expendan los alimentos o bebidas, escritos con letra de fácil lectura, con colores que contrasten, sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

El tamaño de las leyendas deberá ocupar cuando menos el veinticinco por ciento, en cualquiera de las caras de los empaques o envases.

En los empaques y envases en que se expenda o suministre los alimentos o bebidas, en los casos en que sea técnicamente posible, deberán contener un panfleto o folleto, con mensajes para orientar al consumidor hacia programas de tratamiento contra el sobrepeso o la obesidad. La imposibilidad técnica de colocar la inserción, deberá ser determinada por la Secretaría de Salud.

El Reglamento deberá señalar los requisitos a que se sujetará el uso de las leyendas a que se refiere el presente artículo.

La Secretaría de Salud en coordinación con los fabricantes de los productos, podrá acordar el establecimiento de leyendas adicionales.

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, las leyendas siguientes:

El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud

Dejar de beber reduce importantes riesgos para la salud

El consumo de este producto puede causar padecimientos hepáticos.

Las leyendas deberán ser escritas con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. Las leyendas deberán ser de cuando menos el veinticinco por ciento del total de la etiqueta, en cualquiera de las caras de los empaques o envases.

...

Título Décimo Tercero Publicidad

Capítulo Único

Artículo 301. ...

También serán objeto de la autorización a que se refiere el párrafo anterior, los alimentos y bebidas señalados por el artículo 216 Bis.

Artículo 307. ...

La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, en especial los que puedan provocar sobrepeso y obesidad, ni atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad.

La publicidad de alimentos y bebidas considerados de calidad nutricional inadecuada, deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea el caso para impresos, radio o cine o televisión, respectivamente, las leyendas establecidas en el artículo 216 Bis de la presente ley.

Artículo 308 Bis.La publicidad de tabaco y de bebidas alcohólicasdeberá observar, además de las mencionadas en el artículo 308, los siguientes requisitos:

I. a II. ...

III. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o logotipo de productos de tabaco ni de bebidas alcohólicas, salvo aquellos que sean considerados como artículos para fumadores o para bebedores. La distribución de muestras de productos de tabaco o de bebidas alcohólicas queda restringida a áreas de acceso exclusivo a mayores de 18 años;

IV. a V. ...

Artículo 309 Ter. Para la exhibición o exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas, ésta deberá incluir las leyendas establecidas en el artículo 218, en cuando menos el 10 por ciento del total de la publicidad. En el caso de medios de comunicación audibles como el radio, en la publicidad se deberán escuchar los mensajes de forma clara. Esta disposición incluye a:

I. La publicidad en cualquier publicación impresa, dirigida a cualquier segmento de la población y en cualquier lugar de la misma;

II. La publicidad en cualquier medio electrónico como la radio, la televisión, la salas de proyección cinematográfica e Internet, sin ser esta disposición limitativa de los medios de comunicación electrónicos de creación posterior;

III. Toda publicidad exterior e interior, en todos los centros educativos públicos o privados, hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares, en general en todos los lugares en los que se tenga acceso al público, comerciales, sociales o de servicios;

La publicidad de estos productos no podrá patrocinar ningún evento público.

Artículo 312 Bis. La publicidad de alimentos y bebidas reguladas en el artículo 216 Bis, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

Sólo se podrá dar información sobre los ingredientes, características, calidad y procesos con los que haya sido elaborado el producto;

Se deberá evitar la información que induzca al error o que le genere falsas expectativas al consumidor. Por lo tanto la publicidad no deberá:

a) Relacionarse el consumo de los productos con el éxito, el bienestar, la salud, la virilidad, la feminidad, el sexo, la sensualidad o el prestigio social;

b) No podrá relacionarse estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni mostrar figuras públicas o celebridades, que tengan participación en la publicidad;

c) Tampoco podrán participar en la publicidad ya sea en imagen o a través de sonidos, niños o adolescentes ni dirigirse a ellos, ni dibujos animados o caricaturas, que sean atractivos para los menores de edad;

d) No podrán ser parte de la publicidad, ni incluirse dentro del empaque o envase de los productos, artículos como juguetes, utensilios de cocina o cualquier otro artículo que no sea indispensable para su consumo y que no sea el producto en sí mismo.

No podrán distribuirse o venderse, ningún artículo promocional que muestre el nombre o logotipo de estos productos;

En la publicidad deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, las leyendas a que se refiere el artículo 216 Bis de esta ley.

Artículo 312 Ter. Para la exhibición o exposición de la publicidad de los productos establecidos en el artículo 216 Bis, ésta deberá incluir las leyendas establecidas en el mismo, en cuando menos el 10 por ciento del total de la publicidad. En el caso de medios de comunicación audibles como el radio, en la publicidad se deberán escuchar los mensajes de forma clara. Esta disposición incluye a:

I. La publicidad en cualquier publicación impresa, dirigida a cualquier segmento de la población y en cualquier lugar de la misma;

II. La publicidad en cualquier medio electrónico como la radio, la televisión, la salas de proyección cinematográfica e Internet, sin ser esta disposición limitativa de los medios de comunicación electrónicos de creación posterior;

III. Toda publicidad exterior e interior, en todos los centros educativos públicos o privados, hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares, en general en todos los lugares en los que se tenga acceso al público, comerciales, sociales o de servicios;

La publicidad de estos productos no podrá patrocinar ningún evento público.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberán modificar lo reglamentos de la Ley General de Salud en los casos que correspondan, de acuerdo con las reformas y adiciones, en un plazo no mayor de noventa días naturales posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La presente reforma entrará en vigor el primero de abril del año 2007, para que los fabricantes de los productos determinados por la Secretaría de Salud, que por su consumo no proporcionan al organismo elementos para su nutrición y, en general, todos los obligados conforme a esta ley, cumplan con las disposiciones que la misma establece, incluyendo las bebidas alcohólicas.

Cuarto. La Secretaría de Salud contará con noventa días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para publicar en el mismo medio la lista de los productos y sus fabricantes, que por su consumo no proporcionan al organismo elementos para su nutrición, así como los parámetros utilizados para determinarlos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Samuel Aguilar Solís (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Se inserta íntegramente el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Salud.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra al diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, compañera Presidenta: agradezco la oportunidad; ahora en estos días de tantísimo desahogo de iniciativas, puntos de acuerdo, el trámite legislativo que en esta Cámara se ha acumulado en vísperas naturalmente del trabajo con el que cerramos el año, que es el Presupuesto federal y fundamentalmente el desahogo previo al cierre del primer periodo de sesiones de esta Legislatura.

Por lo tanto, hago este marco respecto a una iniciativa que naturalmente hemos venido trabajando y ha sido un compromiso como diputado por Chihuahua, una iniciativa que propusimos, que escuchamos de la gente y lo hicimos compromiso de campaña y hoy hacemos el cumplimiento, primero en presentar esta iniciativa y buscar que finalmente la podamos desahogar. Esta iniciativa tiene que ver con dar de una vez por todas un cambio radical a la política de Estado en el tema del agua.

Todos, absolutamente todos... no conozco un solo ciudadano que no esté consciente de la importancia de atender el tema del agua como un tema fundamental y prioritario, pero sólo se queda y se ha quedado, desgraciadamente, en buenas intenciones, en buenas ideas, en planteamientos, pero el tema del agua es fundamental y sin duda el más importante que podemos nosotros resolver, ya que la crisis en el tema del agua es vital, primero por su escasez y segundo por su calidad.

Datos de la Organización Mundial de la Salud plantean de manera seria y concreta que más del 80 por ciento de las enfermedades que sufrimos los seres humanos tienen que ver con la mala calidad del agua, por usar agua insalubre, mal tratada y aún más; una cantidad importante de enfermedades mentales y sobre todo de retraso en los niños, tiene que ver con las aguas pesadas que beben en muchas zonas del país, fundamentalmente en las zonas indígenas y tiene que ver con aguas que contienen metales pesados y que esto no permite un desarrollo óptimo de los seres humanos.

Desde ese punto de vista, nuestro compromiso es establecer --y en eso se basa mi iniciativa-- que no habré de dar lectura al legajo, porque sin duda quiero llamar la atención de los señores diputados, que si vamos únicamente a la lectura y nos encuadramos en todo el ordenamiento jurídico que me permite, con la facultad como legislador federal que tengo y que la Constitución me otorga, presentar esta iniciativa al Pleno, pero sobre todo sensibilizar a la Legislatura de que el tema del agua es un tema que tenemos que, de una vez por todas, asumir.

Planteamos elevar a rango de Secretaría de Estado el agua para establecer con ello una política distinta a la que tradicionalmente se ha venido dando. Desde que la Secretaría de Recursos Hidráulicos manejaba el tema del agua, sin duda fue efectiva en el manejo del agua respecto a inundaciones, respecto a canalización de la misma para la utilización agropecuaria. Pero el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico en distintas zonas y sobre todo los rezagos que se acumulan y se siguen acumulando en las zonas indígenas, insisto, en los ejidos del país, tienen que ver naturalmente con la falta de un manejo debido del agua.

Es por eso que planteamos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con esto establecer y elevar a rango de Secretaría de Estado. No quiere decir que sólo por el hecho de elevar el tema del agua a una dependencia directa, tenga que ver naturalmente con resolver sus problemas, pero sí llamar la atención porque, insisto, todos tenemos la buena fe o el interés de asumir el tema del agua como un tema fundamental o un tema prioritario; pero a la hora del ejercicio y en la realidad, poco hemos hecho en el tema del agua y todavía no es tan tarde. El tema del agua es un tema que debemos de asumir fundamental y principalmente, de cualquier otro tema.

Por tanto, compañera Presidenta, le entrego esta iniciativa, la cual pido se transcriba tal cual en el Diario de los Debates y solamente leeré finalmente el articulado que pretendemos sea reformado en la reforma al artículo 26 y adición al artículo 32 Ter, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 26. Secretaría del Agua.

Artículo 32 Ter. A la Secretaría del Agua le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Elaborar políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la calidad del agua potable;

II. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos referentes al agua potable;

III. Ejecutar las obras públicas y promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica de la nación;

IV. Ejecutar las obras de reparación, adaptación, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica nacional;

V. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los estados;

VI. Establecer el lineamiento para la realización de estudios y proyectos referentes al agua potable;

VII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de plantas tratadoras de agua;

VIII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de una infraestructura para canalizar el agua de lluvia;

IX. Fomentar y promover la cultura y cuidado y buen aprovechamiento del agua a nivel nacional;

X. Vigilar el buen uso, aprovechamiento del agua potable, y

XI. Las demás que atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como el cultivo mismo del agua.

Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación.

Firma, diputado César Horacio Duarte Jáquez, coordinador del sector agrario del grupo parlamentario del PRI. Es cuanto, compañera Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI

En representación de los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto de adición de reforma al artículo 26 y de adición del artículo 32 Ter, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de crear la secretaría del agua, de conformidad con las razones que se expresan en la siguiente:

Exposición de Motivos

El agua es indispensable; no es sustituible por ningún otro líquido y no se conoce forma de vida que prescinda de ella. El agua no es sólo el fundamento del origen de la vida sino que la mantiene, es un factor que regula el clima del planeta, permite la existencia de los ecosistemas y de la humanidad. ``Con ella, todo; sin ella, nada.''

En la vida del ser humano, todos los procesos de producción tienen relación directa o indirectamente con el agua. Todos los productos y benefactores humanos están en relación con este líquido vital.

El agua es un recurso natural no renovable, y actualmente se encuentra en una etapa de erosión mundial, por lo que su explotación, uso, aprovechamiento, distribución, y canalización, son las grandes preocupaciones que deben de llamar la atención al Estado Mexicano a través de la elaboración de políticas responsables de Estado para su total aprovechamiento.

Su importancia es tal, que la propia Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el agua es una condición previa necesaria para todos nuestros derechos humanos, es decir, la ha reconocido como derecho humano, argumentando que sin el acceso equitativo a las necesidades mínimas de agua potable, no se pueden alcanzar otros derechos establecidos, como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. ``El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no principalmente como un bien económico'', estableció el Comité de las Naciones Unidas.

Hablando en el ámbito de la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80 por ciento de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo, son causadas por la falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo ésta una de las causas principales de enfermedades y muertes sobre todo en los niños.

Las dimensiones de los impactos a la salud, que en nuestras poblaciones supone no tener acceso al agua en buenas condiciones de salubridad son ya innegables. A pesar de los aportes del progreso científico y tecnológico, el agua sigue siendo un problema; por esta razón, en el contexto de la creación de un mundo cada vez más globalizado, no podemos más que adoptar una óptica política para organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad básica para los habitantes de México.

Se ha comprobado que los servicios deficientes de agua, son la causa directa del deterioro de las condiciones de salud, así como causa importante de enfermedades originadas en el medio ambiente. El impacto de la falta de agua potable de calidad, es causa de enfermedades relacionadas directa o indirectamente, por el consumo de la misma o de alimentos contaminados, o por organismos patógenos que se desarrollan en este vital líquido.

Los cambios climáticos en la actualidad, producen a su vez cambios producidos en el ecosistema, y con ello, las lluvias ya no son regulares en su régimen y notablemente irregulares en su distribución territorial. En principio, una correcta prospectiva jurídica en materia de agua potable y aspectos sanitarios y su agenda correspondiente, no debería ser superada por la realidad, con la atención invariable de los recursos científicos, tecnológicos, satelitales y económicos de que se disponen hoy en día.

Según lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México llueve un aproximado de 1511 kilómetros cúbicos de agua cada año. El 72 por ciento (mil 84 km³) de esa agua de lluvia se evapora.

Dicha agua es usada en México de la siguiente manera: en la agricultura y la ganadería se consumen el 77 por ciento, alrededor de 6.3 millones de hectáreas son de riego; para consumo municipal y doméstico el 13 por ciento; y para la industria un 10 por ciento.

Ante el problema del crecimiento demográfico y el avance científico y tecnológico aumentan día a día la demanda de agua cuya oferta permanece constante, habiendo incluso disminuido en términos relativos, ante esta realidad, es necesario tratar de aumentar dicha oferta de agua.

Los problemas del agua, están más relacionados con una mala gestión que con la escasez de ese recurso. En algunos casos hasta el 50 por ciento, del agua en las zonas urbanas, y el 60 por ciento, del agua utilizada para la agricultura se desperdicia por pérdidas y evaporación. La explotación forestal y la conversión de la tierra para dar lugar a las demandas de los seres humanos, han reducido a la mitad los bosques del mundo entero, lo cual ha aumentado la erosión de la tierra y la escasez de agua.

La mayoría de los sistemas de riego funcionan de manera ineficiente, por lo cual se pierde aproximadamente 60 por ciento del agua que se extrae, que se evapora o que vuelve al cauce de los ríos o a los acuíferos subterráneos. El agua subterránea poco profunda, importante fuente de agua de regadío, es también motivo de preocupación, que aunado a factores como el exceso de bombeo de los acuíferos, la contaminación por sustancias agroquímicas y la extracción excesiva de aguas subterráneas, hunden mas la triste situación del vital liquido.

Así las cosas, la gestión, los criterios, la regulación y el control sobre los usos y el consumo de agua, especialmente de agua potable, cobraran importancia y requerirán calidad y eficiencia, inusitadas, todo lo que, necesariamente, deberá verse plasmado en Políticas de Estado, políticas cuyo objetivo sea la implementación operativa de un aparato institucional participativo y una planificación diferida, la garantía del carácter dominial estatal del recurso, y la promoción de una cultura del agua.

La presente iniciativa, propone la creación de la Secretaria del Agua, que implicaría el reconocimiento por parte del Estado, de dicha problemática Nacional, poniendo especial atención, e implementando políticas públicas encaminadas a una mejor gestión de este recurso vital, y al mismo tiempo, destinar las herramientas e instrumentos que le sean proporcionados por la ciencia y tecnología, para lograr el objetivo de canalizar un mayor nivel de agua, y así aprovecharla con su uso; implementar la tecnología y la ciencia posible para mejorar la calidad del agua a nivel nacional; será la encargada de realizar obras de mantenimiento y modernización de la tubería de suministro de agua potable y alcantarillado. Al mismo tiempo, esta nueva Secretaria de Estado, deberá de desarrollar y promover dentro de la población mexicana, una cultura acerca del buen aprovechamiento y cuidado del agua.

Con estas acciones, se invertirá mas en un área estratégica y de Seguridad Nacional, como es el agua, ya que al invertir mas para mejorar la calidad de agua, se estaría ahorrando mucho mas dinero, en prevenir, en primer lugar, que la crisis por el vital líquido se acentúe mas, en segundo lugar, se prevendrían enfermedades que al final de cuentas, el Estado tendría que asumir el costo, en los Servicios de Salubridad, lo que resultaría mucho mas caro; además de que con ello se mejoraría el bienestar y nivel de vida de los Mexicanos; garantizando así el desarrollo sustentable que requiere el país.

Por ello, esta iniciativa pretende adicionarle al Articulo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que nos habla de cuales son las Secretarias de Estado del Poder Ejecutivo, una Secretaría más, la de la secretaría del agua.

A su vez, también la inclusión de un articulo 32 Ter, a la propia ley, que hablará acerca de la competencia de la secretaría del agua.

Por los motivos expuestos y de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

Iniciativa de reforma del artículo 26 y de adición del artículo 32 Ter, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 26. ...

Secretaría del Agua.

Artículo 32 Ter. A la Secretaría de Agua le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Elaborar Políticas Públicas encaminadas al mejoramiento de la calidad del agua potable;

II. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos referentes al agua potable;

III. Ejecutar las obras públicas y promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica de la nación;

IV. Ejecutar las obras de reparación, adaptación, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica del país;

V. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal;

VI. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos referentes al agua potable;

VII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de plantas tratadoras de agua;

VIII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de una infraestructura para canalizar el agua de la lluvia.

IX. Fomentar y promover una cultura del cuidado, y buen aprovechamiento del agua a nivel nacional;

X. Vigilar el buen uso, aprovechamiento del agua potable, y

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo Transitorio. El presente decreto, entrará en vigor, un día después de su publicación.

Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado César H. Duarte Jáquez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado César Duarte Jáquez. Tome nota la Secretaría respecto a la petición del diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jesús Ramírez Stabros:Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de nuestra Constitución, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme a la siguiente exposición de motivos.

En septiembre de 2004 el Ejecutivo federal presentó ante esta Cámara la iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, aprobada y publicada por el Ejecutivo federal, entrando en vigor el 1 de enero de 2005.

No obstante las disposiciones vigentes relativas a regímenes fiscales preferentes, resultan ser muy complicadas y desfavorables para los contribuyentes mexicanos, porque no proporcionan reglas claras para su aplicación ni se evita la doble imposición, exceden los propósitos de gravar por anticipado aquellas operaciones efectuadas a través de esquemas artificiales que erosionan la base del impuesto sobre la renta en México, por lo que se obliga a los contribuyentes a acumular de manera anticipada los ingresos que no constituyen una deducción para el propio contribuyente o cualquiera de sus partes relacionadas, residentes en México, lo que a su vez propicia que pueda darse una doble imposición a los ingresos que se consideran de territorios fiscales preferentes.

El hecho de anticipar el pago de impuesto sobre la renta por las operaciones en el extranjero, incrementa de manera considerable los costos de operación para los grupos multinacionales mexicanos, dejándolos en clara desventaja competitiva respecto a los grupos empresariales extranjeros, principalmente con los ubicados en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que no gravan conforme al régimen actual de México los ingresos que se generan en el extranjero.

Bajo las condiciones que se están dando en la economía internacional es imperativo que el régimen de territorios fiscales preferentes permita que el impuesto se pague en México hasta el momento en que efectivamente se obtenga el beneficio de los citados ingresos, el cual se materializa cuando los accionistas residentes en México obtienen los dividendos o utilidades.

Esta reforma permitirá tener una adecuada fiscalización por parte de las autoridades y definitivamente evitará los posibles abusos, principal objetivo que las disposiciones en materia de los regímenes fiscales preferentes pretenden regular.

El segundo párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los Títulos Segundo o Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según corresponda.

Al efecto se propone la presente reforma para establecer este tributo, siempre y cuando se haya originado un gasto deducible en México por parte de personas morales o personas físicas con actividad empresarial, a fin de eliminar cualquier efecto negativo en la recaudación del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 212 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 212. Para los efectos de esta ley, se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos del Título Segundo o Cuarto de esta ley, según corresponda.

Los contribuyentes del Título Segundo o Título Cuarto, Capítulo Segundo de esta ley, considerarán dichos ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, siempre y cuando tales ingresos den lugar a una deducción autorizada en México.

Los ingresos a que se refiere este Título son los generados en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito y los que hayan sido determinados presuntamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos no hayan sido distribuidos a los contribuyentes de este Título.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007.

Solicito atentamente se turne esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por su atención compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Jesús Ramírez Stabros, diputado federal de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

En el mes de septiembre de 2004, el Ejecutivo federal presentó ante el honorable Congreso de la Unión la iniciativa de ``Decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso'', misma que fue turnada el día 9 de septiembre de 2004, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. Esa Comisión presentó el 28 de octubre de 2004 el ``Dictamen con el proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo''. El dictamen fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004 y se turnó a la Cámara de Senadores; el 11 de noviembre de 2004 se dictaminó y aprobó con modificaciones en dicha Cámara. Fue devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dictaminado y aprobado de nuevo el sábado 13 de noviembre de 2004 y turnado al Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004 y el 1 de enero de 2005 entró en vigor.

En el dictamen presentado el 28 de octubre de 2004 en el que se reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo, se reformó el Título VI, denominado ``De los Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales'' pasando a ser ``De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales''; el Capítulo I, del Título VI, denominado ``De las Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes'' pasando a ser ``De los Regímenes Fiscales Preferentes''; y el artículo 212 de dicha disposición.

Finalmente el texto fue publicado como parte del ``decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y se establecen los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso.

Mediante está reformase pretendía que en materia de regímenes fiscales, se incluyeran adecuaciones que tenía como finalidad el desalentar y fiscalizar las inversiones realizadas bajo los regímenes antes señalados, sobre todo cuando obtuvieran ingresos pasivos, tales como intereses, dividendos, regalías, ganancias de capital mediante los cuales se diluyera la base del pago del impuesto en México, por lo que se propuso incluir un artículo en donde se estableció la obligación de anticipar la acumulación de los ingresos provenientes de este tipo de regímenes, siempre que el impuesto sobre la renta efectivo pagado en el extranjero fuere inferior en un 75 por ciento al que se pagaría en México.

Dicha disposición evitaría que el contribuyente eludiera o difiriera el pago del impuesto en México al operar en jurisdicciones a las que no les eran aplicables las reglas sobre territorios con regímenes fiscales preferentes, al no estar incluidas en la lista que de estos territorios se contenían en la Ley del Impuesto sobre la Renta hasta el año de 2004, pero que sí cuentan con regímenes preferenciales.

En octubre de 2005, el diputado federal Francisco Luis Monárrez Rincón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de modificaciones y adiciones al texto del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para introducir una excepción y considerar que los ingresos provenientes delas operaciones productivas y comerciales de las empresas o figuras jurídicas propiedad de grupos empresariales residentes en México que se ubicaran en un país en donde México no tuviera en vigor acuerdos amplios de intercambio de información tributaria, pagaran el impuesto en México hasta que en el país se obtuviera efectivamente la utilidad. La problemática que se presentaba era que sólo estos ingresos se podrían diferir cuando la autoridad emitiera la autorización de no considerar dichos ingresos, siempre que los contribuyentes obtuvieran por escrito la aceptación por parte de las autoridades competentes del país de que se tratara, para intercambiar información tributaria sobre los ingresos e inversiones del contribuyente con las autoridades mexicanas. La autorización que emitiera las autoridades mexicanas quedaría sin efecto cuando las autoridades extranjeras no intercambien la información, que, en su caso, las autoridades mexicanas requirieran.

La anterior modificación se propuso con la finalidad de no dejar en desventaja competitiva a los grupos empresariales mexicanos que incursionan en los mercados internacionales mediante la adquisición o desarrollo de empresas, ya sea por cuestiones de logística o normas regulatorias, comparativamente con otros grupos empresariales que también operan a nivel internacional, ya que en la mayoría de las legislaciones internacionales que regulan los territorios fiscales preferentes,dentro de sus excepciones, no tienen el requerimiento de que la empresa o figura jurídica del extranjero se encuentren ubicadas en un país con el que se tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, para exceptuar los ingresos productivos y comerciales hasta el momento en que efectivamente sean percibidos por los residentes del país.

Con base en esta iniciativa fue modificado el artículo 212, párrafo octavo de la Ley del Impuesto sobre a Renta, para sustituir el requisito de obtener la aceptación de intercambio de información tributaria en aquellos países con los que México no tiene celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información, por el requisito de dictaminar financieramente los estados financieros de las entidades o figuras jurídicas en las que participe directa o indirectamente el contribuyente, por contador público independiente que pertenezca a una firma de contadores con presencia en México y que el contribuyente se dictamine para fines fiscales y presente dicho dictamen en términos del Código Fiscal de la Federación, teniendo como propósito que efectivamente las autoridades fiscales mexicanas pudieran tener herramientas para fiscalizar a los ingresos generados en los llamados territorios preferentes con regimenes fiscales preferentes.

No obstante esta modificación, en 2006 se incorporó una disposición que no permite aplicar esta reforma a los contribuyentes que realicen operaciones de compra y venta de bienes en el comercio internacional a través de entidades o figuras jurídicas del extranjero en las que participen directa o indirectamente, por los ingresos que se generen por la comercialización de bienes cuya procedencia o destino sea México.

Situación actual de las disposiciones de regímenes fiscales preferentes

Las disposiciones fiscales relativas a regímenes fiscales preferentes vigentes a partir del ejercicio de 2005 resultan ser muy complicadas y desfavorables para los contribuyentes mexicanos, no se tienen reglas claras para su aplicación, no se evita la doble imposición, exceden los propósitos de gravar por anticipado aquellas operaciones efectuadas a través de esquemas artificiales que erosionan la base del impuesto sobre la renta en México, razón principal que motivó la reforma para el año de 2005.

La reglas actuales obligan a los contribuyentes a acumular de manera anticipada los ingresos provenientes de sus inversiones en el extranjero, aun cuando las entidades o figuras jurídicas del extranjero cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus operaciones, es decir, un lugar fijo de negocios, con los empleados, personal y activos necesarios para efectuar sus actividades y objeto para el que fueron creados. También esta situación se presenta cuando las entidades o figuras jurídicas del extranjero perciben ingresos que no constituyen una erogación deducible en México, para el contribuyente y/o para sus entidades partes relacionadas residentes en México.

El hecho de anticipar el pago del impuesto sobre la renta por las operaciones del extranjero incrementa de manera considerable los costos de operaciones para los grupos multinacionales mexicanos, dejándolos en clara desventaja competitiva respecto de los grupos empresariales de otros países, principalmente con los ubicados enlos países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no gravan conforme el régimen actual de México los ingresos del extranjero que se generan el extranjero y que no constituyen una deducción para el propio contribuyente o cualquiera de sus partes relacionadas residentes en México. También este régimen propicia que pueda darse una doble imposición a los ingresos que se consideran de territorios fiscales preferentes.

Bajo este contexto, es conveniente revisar este tipo de regímenes de tributación vigentes en los principales países miembros de la OCDE, de donde México es miembro, y que son con los países con los que México está compitiendo actualmente en exportación de inversión.

La legislación de Estados Unidos exceptúa del gravamen de paraísos fiscales en caso de que una subsidiaria extranjera con ingreso activo importante y que es accionista de una entidad tratada como sucursal con ingreso pasivo. Se considera que el ingreso activo de la subsidiara accionista es mayor al ingreso pasivo de la sucursal. También existen en el régimen general de ingresos pasivos diversas excepciones en el gravamen de estos ingresos. Existe la posibilidad de tener un régimen de excepción al transparentar ciertas sociedades, lo cual da una mayor flexibilidad a no gravar las operaciones internacionales fuera de los Estados Unidos por anticipado, sino hasta el pago de los dividendos.

Francia modificó recientemente su legislación para no gravar los ingresos de entidades que demuestran tener cierto nivel de sustancia (actividades comerciales e industriales) únicamente penalizan los montajes fiscales artificiales.

España aplica una excepción que permite la actividad empresarial si el total de rentas pasivas es menor al 15 por ciento de la renta total de la sociedad o hasta el 4 por ciento de los ingresos totales de todas las compañías no españolas. No se consideran ingresos pasivos las regalías ni ganancias de capital de entidades que realicen actividades empresariales.

En el Reino Unido en lugar de gravar el ingreso pasivo, las reglas se enfocan en calificar a las empresas considerando la prueba de control de las subsidiarias y la tasa baja de impuesto sobre la renta. Si se califica como empresa en paraíso fiscal se puede gravar todo el ingreso. Ciertas actividades de las empresas que pueden calificar para el régimen de territorios fiscales preferentes no son sujetas al régimen, sobre todo cuando tienen las empresas suficiente nivel de sustancia o realizan actividades empresariales.

En fechas recientes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en un juicio de paraísos fiscales que, el hecho de que el país en el que se establezca una subsidiaria tenga una tributación más atractiva no es, por si mismo, un motivo para limitar la libertad de establecimiento, sino que se deben atender elementos como el nivel de presencia física en cuanto a locales, personal y equipos y la realización de una actividad comercial real, penalizando únicamente los montajes fiscales puramente artificiales.

Bajo las condiciones que se están dando en la economía internacional, es imperativo que el régimen de territorios fiscales preferentes permita que el impuesto se pague en México hasta el momento en que efectivamente se obtenga el beneficio de los citados ingresos, el cual se materializa cuando los accionistas residentes en México obtienen los dividendos o utilidades. El no gravar los ingresos del extranjero que se generan en el extranjero permitirá, tener una adecuada fiscalización por parte de las autoridades y definitivamente evitará los posibles abusos, principal objetivo que las disposiciones en materia de los regímenes fiscales preferentes pretenden regular.

En este contexto, se propone que los contribuyentes del Título II y del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, personas morales del régimen general y personas físicas con actividades empresariales, acumulen sus ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, en el momento en que los perciban en México, esta reforma impulsará la reinversión de utilidades en actividades productivas y comerciales y permitirá a las multinacionales mexicanas competir en el ámbito internacional en igualdad de circunstancias.

Es muy importante puntualizar que aquellos ingresos del extranjero que no sean gravados conforme al Capítulo I del Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado ``De los Regimenes Fiscales Preferentes'', serán gravados para efectos del impuesto sobre la renta en el momento en que la entidad o figura jurídica extranjera en la que participen directa o indirectamente el contribuyente mexicano, distribuya los dividendos o utilidades correspondientes y sean recibidas por las sociedades residentes en México; es decir, estos ingresos no dejarán de pagar impuesto sobre la renta en México.

El segundo párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los Títulos II o IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda.

Al efecto, se propone modificar el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer que se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los Títulos II o IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda, siempre y cuando hayan originado un gasto deducible en México, y en este caso se trate de contribuyentes persona moral o personas físicas con actividad empresarial, medida que indudablemente elimina cualquier efecto negativo en la recaudación del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 212, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 212. ...

Para los efectos de esta Ley, se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los Títulos II o IV de esta ley según corresponda. Los contribuyentes del Título II o Título IV, Capítulo II, de esta ley considerarán dichos ingresos sujetos a regimenes fiscales preferentes, siempre y cuando tales ingresos den lugar a una deducción autorizada en México. Los ingresos a que se refiere este Título son los generados en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito y los que hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos no hayan sido distribuidos a los contribuyentes de este título.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jesús Ramírez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez:Con la venia de la Presidenta; compañeras y compañeros legisladores.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez: En junio del año de 2004 el gobierno federal celebró con las tabacaleras un convenio mediante el cual, entre otros aspectos, se establecía el mecanismo, las características, la temporalidad y el destino de la aportación temporal que cubrirían al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

En dicho convenio se establecía que las aportaciones de las tabacaleras se realizarían conforme a las disposiciones que emitiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en torno a la exención del IEPS e IVA, así como de la deducibilidad para realizar dichas aportaciones.

En efecto, a finales de julio del año de 2004, el gobierno federal, con una celeridad que no vemos en otras ocasiones en la emisión de decretos que en realidad sí benefician a la sociedad mexicana, expidió sorpresivamente un decreto en el cual se exentaban del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y al Valor Agregado por la enajenación de cigarros, puros u otros tabacos labrados, correspondientes al incremento de hasta cinco centavos que se dé por parte del productor o importador de dichos bienes al precio de enajenación de cada cigarro, puro u otro tabaco labrado.

En esta ocasión es que el Partido Verde Ecologista de México reafirma su compromiso y su lucha que hace nueve años iniciara en esta misma tribuna. Es entonces que ahora, mediante la presente iniciativa se propone nuevamente, por una parte, incorporar a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios el convenio celebrado entre el gobierno federal y las tabacaleras, relativo a las aportaciones de éstas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Para estos efectos, mediante la adición de un último párrafo al artículo 2o. de la Ley del IEPS, se establecería que de los ingresos que se obtengan por la recaudación de impuestos a los cigarros, puros y otros tabacos labrados, una vez disminuidas las aportaciones que le correspondieran, en su caso, a las entidades federativas y a los municipios, se destinará al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos el equivalente a cinco centavos por cada cigarro, puro u otro tabaco labrado enajenado o importado; esto con el objeto de establecer políticas y programas para prevenir y disminuir el consumo de tabaco en nuestro país, así también como para el combate de las enfermedades relacionadas con el propio.

Por otra parte, considerando que los impuestos son un medio eficaz para desincentivar el consumo de los bienes nocivos que se intercambian en la economía y para apuntalar la recaudación fiscal en beneficio de la Federación, estados y municipios, se propone la reforma al numeral primero del inciso c) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para aumentar la tasa del impuesto a los cigarros del actual 110 por ciento a 160 por ciento.

Con dicho incremento del impuesto se esperaría una disminución considerable en el consumo de cajetillas de cigarros, así como un aumento en la recaudación fiscal. Es decir, obtendríamos un doble dividendo: se reduciría el consumo y se recaudarían mucho más impuestos.

El aumento a la tasa del impuesto a los cigarros, se debe a que el diferencial entre la tasa que se propone y la actual, se utilizaría para destinar los recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para que de esta manera los estados o, en su caso, los municipios pudieran recibir mayores recursos conforme a las disposiciones aplicables.

Es conveniente señalar que con la reciente iniciativa de ley que establece la aportación de seguridad social para atender las enfermedades originadas por el tabaquismo, que provocan gastos catastróficos, presentada por el Ejecutivo federal el martes pasado, las entidades federativas no recibirían directamente ingresos por concepto de las cuotas que señala dicha ley. Sin embargo, con esta iniciativa así sería.

Con la iniciativa que este día presentamos, el diputado Carlos Puentes Salas, el diputado Jorge Estefan Chidiac y la de la voz, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos primordiales:

Uno. Disminuir el consumo de cigarros tanto para la población joven como la de la población adulta y principalmente en las niñas y niños que son potenciales consumidores de cigarro.

Segundo. Asimismo incrementar la recaudación fiscal para contar con los recursos suficientes y así poder combatir el tabaquismo y las enfermedades derivadas del mismo y que las entidades federativas puedan entonces recibir mayores recursos públicos.

De esta manera, la recaudación fiscal no se vería afectada de forma negativa existiendo mayores recursos para las federaciones, las entidades federativas, los municipios y para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Señora Presidenta, solicito que la iniciativa que en estos momentos le hago entrega ---toda vez que sufrió una modificación--- se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria. Les agradezco mucho su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 12 de diciembre de 2006

Los que suscriben, diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4o., tercer, sexto y séptimo párrafos, 71, fracción II, 72 y 73, fracciones VII, XVI, XXIX, 5o., b, y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

1. Salud pública y consumo de tabaco en México

Toda persona tiene derecho a la protección de su salud, y preferentemente las niñas, niños y jóvenes, conforme lo establece nuestro máximo ordenamiento en el artículo 4o., párrafos tercero, sexto y séptimo.

Como bien se ha señalado en la Cámara de Diputados, son necesarios pero desafortunadamente insuficientes los más de 30 mil millones de pesos que se destinan anualmente al combate de las enfermedades relacionadas con el tabaco, droga legalque en nuestro país lamentablemente ocasiona la muerte de más de 50 mil personas al año.

Tampoco podemos ni debemos olvidar que el tabaquismo es la principal causa de muerte previsible en el mundo.

No es repetitivo ni reiterativo señalar en la Cámara de Diputados que alrededor de 28 millones de mexicanos han fumado alguna vez.1

Número de mexicanos Rango de edad que han fumado alguna vez (aproximado)

360 mil 5 a 9 años

16 millones 20 mil 15 a 19 años

5 millones 510 mil 10 a 14 años

4 millones 200 mil 20 a 24 años

1 millón 65 mil 25 a 29 años

Fuente: INEGI.

Se puede apreciar que las niñas, los niños y los jóvenes son los que más están propensos a fumar y, por tanto, volverse adictos al tabaco.

No sería extraño que las tabacaleras vieran un mercado atractivo en los que son el futuro de nuestro país ya que, en su búsqueda de maximización de beneficios netos positivos, tratarían por cualquier medio de integrar a su mercado a los menores de edad o a cualquier otra persona.

También manifestamos que más de 17 millones de personas en México son fumadores pasivos. En otras palabras, son personas que, involuntariamente, están expuestas al humo del tabaco, agravando los problemas de salud pública en territorio nacional.

Para esto, conforme a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México 26 por ciento de los fumadores consume tabaco diariamente, mientras que en países como Estados Unidos o Canadá, que son nuestros principales socios económicos, el porcentaje se ubica en 19 por ciento y 18 por ciento, respectivamente.2

Con relación a los impuestos al tabaco, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que abrogó, entre otras, la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados, decreto abrogatorio que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, en aquel entonces la Ley del IEPS establecía en materia de tabacos labrados que las enajenaciones o importaciones de cigarros estarían sujetas a una tasa de 139.3 por ciento.

Asimismo, a mediados de la década de los ochenta, mediante disposiciones de vigencia temporal se estableció que en la enajenación o importación de cigarros se aplicaría la tasa de 180 por ciento.3

Muy probablemente las tabacaleras argumentarán, en su caso, que no es ``bueno'' para México incrementar los impuestos a cigarros, ya que se aumentaría el contrabando, se disminuiría la producción y por consiguiente la generación o pérdida de empleos en la industria del tabaco, la recaudación fiscal o amenazarían que no invertirán más en nuestro país. Al respecto, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores ya se han refutado tales argumentos.4

En ese tenor, y con el objetivo de evitar aumentos en los impuestos a los cigarros, la industria del tabaco celebró un convenio con el gobierno federal a efecto de que dicha industria donara recursos a la administración pública federal que encabeza Vicente Fox, convenio que a continuación nos ocuparemos.

II. Convenio celebrado entre el gobierno federal y las tabacaleras relativo a las aportaciones de éstas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como el decreto de exención de impuestos a las tabacaleras

1. Convenio entre las tabacaleras y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, por conducto del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica de Internet:

http://www.cofepris.gob.mx/mj/documentos/convenios/Convenio_Tabacaleras.pdf

El 18 de junio de 2004 fueron firmados en la Ciudad de México, Distrito Federal, el convenio para ampliar la regulación y normatividad relativas al tabaco, y el convenio para establecer restricciones adicionales a la regulación y legislación vigente para la publicidad, comercialización y leyendas de advertencia de productos de tabaco, y que establece el mecanismo, las características, la temporalidad y el destino de la aportación temporal que cubrirán al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos los productores y comercializadores.

El convenio en comento fue celebrado, por una parte, por la Secretaría de Salud, cuyo titular en esa fecha y aún es el doctor Julio Frenk Mora, por conducto del Conadic y de la Cofepris; y, por la otra parte, por British American Tobacco México, SA de CV (BAT); Philip Morris México, SA de CV (PMM); y Cigarros la Tabacalera Mexicana, SA de CV (Cigatam), siendo ``testigo de honor'' el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, AC.

En el convenio que nos ocupa se establece, entre otros, lo siguiente:

... la necesidad de suministrar financiamiento directo a la Secretaría de Salud, los productores y comercializadores convienen en establecer una aportación temporal sobre la venta de cigarros en el territorio nacional. La aportación temporal se aplicará al Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos.

En caso de que las ventas de cigarros de los productores y comercializadores continúen con a los volúmenes actuales, las aportaciones que se describen anteriormente durante los 29 meses cubiertos por esta cláusula podrían ser de $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente. Este estimado depende del volumen de ventas y podrá ser superior o inferior dependiendo del volumen del mercado.

Dichas aportaciones se realizarán en los términos de las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante las cuales se disponga el tratamiento fiscal y financiero que aplicará a las aportaciones temporales que realicen los productores y comercializadores.

Las aportaciones a que se refiere la presente cláusula quedan sujetas a las siguientes modalidades:

a) De condición suspensiva:

i) A la publicación y entrada en vigor antes del 1 de agosto de 2004 del decreto del Ejecutivo que establezca, entre otros, el mecanismo, forma de cálculo, traslado, facturación, tratamiento y exención de IEPS e IVA, y forma y tiempo de pago, así como la deducibilidad para realizar aportaciones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

ii) A la constitución legal de un fideicomiso para el financiamiento y administración del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a través del cual se realizará el pago de las aportaciones.

Cumplida ésta, las aportaciones al fondo de protección surtirán efectos a partir del 1 de agosto de 2004 a razón de 2.5 centavos de peso m.n. por cigarro enajenado hasta el 31 de diciembre de 2005; a partir del 1 de enero de 2006 a razón de 3.5 centavos de peso m.n. por cigarro enajenado hasta el 30 de septiembre de 2006, y a partir del 1 de octubre de 2006 a razón de 5.0 centavos de peso m.n. por cigarro enajenado hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en que cesarán las aportaciones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

b) De condición resolutoria

i) Consistente en que se derogue o suspenda el decreto que al efecto expida el Ejecutivo a que se refiere el inciso anterior.

De actualizarse la condición mencionada en este inciso, y a partir del día natural siguiente al en que se derogue o se deje sin efectos el decreto del Ejecutivo, cesarán las aportaciones de los productores y comercializadores al fondo de protección, quedando firmes las que se hubieran realizado...

A continuación se señala cómo la redacción en que está hecho el convenio en comento probablemente obligaría al gobierno federal a realizar acciones de cabildeo ante el Congreso de la Unión o en las legislaturas de los estados con objeto de que no se aumentaran los impuestos al tabaco, pues de lo contrario cesarían las aportaciones de las tabacaleras al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos:

... ii) Consistente en que el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal o cualquier legislatura estatal establezca contribuciones, aprovechamientos o cualquier tipo de gravamen fiscal adicional a lo establecido por las disposiciones aplicables vigentes, que incida directamente en la carga tributaria de las operaciones de producción, enajenación o importaciones de cigarros. De actualizarse esta condición, y a partir del día natural siguiente al que se establezcan las mismas, cesarán las aportaciones...

Incluso, el convenio hace referencia, además de las autoridades administrativas correspondientes, al Poder Judicial de la Federación, estableciéndose en él que si se emitiera una resolución firme que declarare inconstitucional o ilegal (o, en su caso, de nulidad), el establecimiento de las contribuciones, aprovechamientos o cargas fiscales adicionales a las vigentes se ``reiniciará'' el pago de las aportaciones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en el ``entendido'' de que no se realizarán las aportaciones en tanto no se dicte la resolución firme ya mencionada.

En otras palabras, a menos que el Poder Judicial de la Federación resuelva que las contribuciones al tabaco que fueran adicionales a las ya establecidas resultaren inconstitucionales o ilegales, continuarían las aportaciones, sin dejar de señalar que con el solo hecho de que las tabacaleras acudieran al juicio de amparo por tales motivos, ya no realizarían las aportaciones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos:

... En caso de que cualquier autoridad judicial o administrativa emita una resolución firme que deje sin efectos (incluyendo, sin limitar, la declaración de inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad, de nulidad o ilegalidad) el establecimiento de las contribuciones, aprovechamientos o cargas fiscales adicionales a las vigentes a que hace referencia el inciso b)ii anterior, se reiniciarán los efectos de la presente cláusula, debiéndose de realizar el pago de la aportación debida, en el entendido de que, de actualizarse la hipótesis a que se refiere el inciso b)ii de esta cláusula, se dejarán de realizar los pagos de la aportación correspondiente hasta en tanto no se dicte una resolución firme. El pago de las aportaciones debidas no realizadas se llevará a cabo sólo en caso que haya sido efectiva la devolución de los impuestos o contribuciones objeto de la resolución a que se refiere este párrafo...

Este convenio fue firmado por los siguientes funcionarios o servidores públicos, y personas de la industria tabacalera:

Doctor Cristóbal Ruiz Gaytán López, secretario técnico del Conadic.

Ernesto Enríquez Rubio, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Carlos Humberto Suárez Flores, por parte de British American Tobacco México, SA de CV (BAT).

Francisco Espinosa de los Reyes Bolaños, por parte de Philip Morris México, SA de CV (PPM).

Alma Yamel López Rosas, por parte de Cigarros La Tabacalera Mexicana, SA de CV (Cigatam).

Francisco Espinosa de los Reyes Bolaños, por parte del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, AC.

2. Decreto de exención de impuestos por cada cigarro enajenado.

El 30 de julio de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se exime del pago de los impuestos Especial sobre Producción y Servicios, y al Valor Agregado a los contribuyentes que se indican.

Ese decreto establece, entre otros, lo siguiente:

Decreto Artículo Primero. Se exime del pago de los impuestos Especial sobre Producción y Servicios, y al Valor Agregado que se cause por la enajenación de cigarros, puros y otros tabacos labrados, correspondiente al incremento de hasta cinco centavos que se dé, por parte del productor o importador de dichos bienes, al precio de enajenación de cada cigarro, puro u otro tabaco labrado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Para tales efectos, el incremento que realice el productor o importador de hasta cinco centavos en el precio de enajenación a que se refiere este decreto, deberá ser aportado en su totalidad al fondo de protección contra gastos catastróficos a que se refiere el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, en el mismo plazo en el que se deba efectuar el entero de los impuestos especial sobre Producción y Servicios, y al Valor agregado.

Artículo Segundo. Las aportaciones que se realicen al fondo a que hace referencia el artículo anterior, se considerarán donativos deducibles de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Tercero. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo primero del presente decreto, los ingresos adicionales que a partir de la entrada en vigor del mismo obtengan los contribuyentes a que dicho precepto se refiere, que correspondan al incremento de hasta cinco centavos en el precio de enajenación de los bienes a que se refiere este decreto, deberán ser aportados a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la constitución del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Una vez constituido el fideicomiso señalado en el párrafo anterior, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo primero del presente decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El secretario de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.

Como se puede apreciar, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que en términos prácticos exenta del IVA y del IEPS por la enajenación de cigarros, puros y otros tabacos labrados correspondientes al incremento de hasta cinco centavos que se dé, por parte de las tabacaleras y sus comercializadores o distribuidores, al precio de enajenación de cada uno de esos bienes, y que tal incremento deberá ser aportado al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, siendo deducible en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es preocupante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la rapidez que no se ha visto en otros casos que en realidad benefician a la sociedad mexicana, garantiza en términos fiscales el convenio firmado por las tabacaleras y la Secretaría de Salud.

En otras palabras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un decreto para que tuviera operatividad el ya mencionado convenio que en su parte correspondiente señala, como ya se mostró, que:

... Dichas aportaciones se realizarán en los términos de las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante las cuales se disponga el tratamiento fiscal y financiero que aplicará a las aportaciones temporales que realicen los productores y comercializadores...

Como más adelante se hace notar, el decreto de exención no se sujeta a lo dispuesto en nuestra Constitución Política, debido a que el Ejecutivo federal realizó acciones legislativas al establecer exenciones dirigidas a una industria, que en este caso es la del tabaco: actuación u omisión del Ejecutivo federal que claramente es inconstitucional, sujeta al Título Cuarto de la Norma Fundamental; a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

III. Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco, firmado y ratificado por los Estados Unidos Mexicanos

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco, firmado y ratificado por el Estado mexicano, establece, entre otros asuntos, que:

1. Las partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e importantes para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco.

2. Sin perjuicio del derecho soberano de las partes a decidir y establecer su propia política tributaria, cada parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control de tabaco y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas como las siguientes:

a) aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco; y

b) prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros internacionales...

... Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad...''

En efecto, las contribuciones son un medio eficaz para disminuir el consumo de tabaco de los jóvenes, y más aún, siguiendo el principio de quien puede lo más puede lo menos, en las niñas y niños, sin olvidar que dichas medidas son para que todos los diversos sectores de la población, en este caso aquellos en territorio mexicano, reduzcan el consumo de dicha droga legal; es decir, para toda persona sin importar su edad, sexo o condición social, entre otras, conforme a la Norma Fundamental.

De esta forma, el gobierno federal al avalar, suscribir, rubricar y publicar en el Diario Oficial de la Federación exenciones a una industria como la tabacalera, contraviene el tratado internacional que nos ocupa, y más aún, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que mediante tal publicación, de fecha 30 de julio de 2004, se están invadiendo las atribuciones y deberes que establece la Carta Marga para el honorable Congreso de la Unión en materia de exenciones fiscales.

Nuestro más alto tribunal, en temas relacionados, ha emitido las siguientes jurisprudencias, lo que ratifica aún más lo señalado y fortalece nuestro argumento de que tanto el convenio como el decreto son clara y abiertamente inconstitucionales:

Exenciones fiscales. Corresponde al Poder Legislativo establecerlas en ley, de conformidad con el sistema que regula la materia impositiva, contenido en los artículos 31, fracción IV, 28, párrafo primero, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución federal. De los artículos 31, fracción IV, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo establecer en una ley las contribuciones, así como sus elementos esenciales; este principio de reserva de ley se expresa también en el artículo 28, párrafo primero, constitucional, en cuanto señala que están prohibidas las exenciones ``en los términos y condiciones que fijan las leyes''. Por tanto, si la exención en materia tributaria consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídico-tributaria, se libera de las obligaciones fiscales a determinados sujetos, por razones de equidad, conveniencia o política económica, lo que afecta el nacimiento y cuantía de dichas obligaciones, se concluye que la exención se integra al sistema del tributo, de modo que su aprobación, configuración y alcance debe realizarse sólo por normas con jerarquía de ley formal y material.

Novena Época; instancia: Pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo: XVI, julio de 2002; tesis: P./J. 31/2002; página: 998; materia: constitucional, jurisprudencia.

Exenciones fiscales. El artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación no faculta al Ejecutivo federal para establecerlas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad de imponer, mediante la expedición de leyes, las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto público, y acorde con el artículo 89, fracción I, del mismo Ordenamiento Fundamental, es obligación del Poder Ejecutivo federal recaudar tales contribuciones en acatamiento a dichas leyes, por lo que cuando el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación lo faculta para eximir parcial o totalmente del pago de contribuciones y sus accesorios durante un tiempo determinado a algunos contribuyentes, siempre que se presenten situaciones de emergencia y mediante la expedición de resoluciones de carácter general, esa facultad se limita a liberar de pago a dichos contribuyentes, pero no significa que se le conceda la facultad de establecer exenciones fiscales, puesto que el ejercicio de esta facultad corresponde exclusivamente al Poder Legislativo al establecer los tributos.

Novena Época; instancia: Pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo: XVI, julio de 2002; tesis: P./J. 30/2002; página: 999; materia: constitucional, jurisprudencia.

Municipios. Las exenciones o cualquiera otra forma liberatoria de pago que establezcan las leyes federales o locales respecto de las contribuciones que corresponden a la libre administración tributaria de aquéllos, contravienen el artículo 115, fracción IV, de la Constitución federal. De conformidad con lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, incluyendo las tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, las participaciones federales que les sean cubiertas por la federación, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; además, el citado artículo constitucional prevé la prohibición expresa para que las leyes federales y locales establezcan exenciones a favor de persona o institución alguna, respecto de las contribuciones señaladas. En consecuencia, si en dichas leyes se establece una exención o cualquiera otra forma liberatoria de pago, con independencia de la denominación que se le dé, y se limita o prohíbe la facultad otorgada a los municipios de recaudar las mencionadas contribuciones, es innegable que ello resulta contrario al referido artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que afecta el régimen de libre administración hacendaria, en virtud de que al no poder disponer y aplicar esos recursos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, les resta autonomía y autosuficiencia económica.

Novena época; instancia: Pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo: XVIII agosto de 2003; tesis: P./J. 44/2003; página: 1375; materia: constitucional, jurisprudencia.

Con las jurisprudencias ya señaladas, se demuestra que el Ejecutivo federal, mediante el Convenio para ampliar la Regulación y Normatividad relativas al Tabaco, y el Convenio para establecer Restricciones adicionales a la Regulación y Legislación Vigente para la Publicidad, Comercialización y Leyendas de Advertencia de Productos de Tabaco, que establecen el mecanismo, características, temporalidad y destino de la aportación temporal que cubrirán al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos los productores y comercializadores, y el decreto por el que se exime del pago de los impuestos Especial sobre Producción y Servicios, y al Valor Agregado a los contribuyentes que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004, vulnera flagrantemente lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que México es parte, y están conforme a aquella: viola los principios de división de poderes y de autonomía de cada poder; de supremacía constitucional; legalidad; seguridad y certeza jurídica; de salud y tributario.

IV. Propuesta de modificación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

1. Incremento de los impuestos al cigarro.

Para cumplir la obligación constitucional de garantizar la protección de la salud, mediante la presente iniciativa se propone incrementar el impuesto a los cigarros, pasando de la actual tasa del ciento diez por ciento a una de ciento sesenta por ciento, a efecto de combatir y disminuir el consumo de cigarros en México, y que las haciendas públicas de las entidades federativas cuenten con mayores recursos para financiar el desarrollo adecuado que requiere el país.5

Cabe mencionar, en apoyo al aumento de la tasa de impuesto a los cigarros, que los incrementos del impuesto al cigarro aprobados por el Congreso de la Unión en años recientes no disminuyeron la recaudación fiscal por tabacos labrados sino por el contrario, aumentó la recaudación.

Con el establecimiento de la tasa del 160 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios a los cigarros, se estima que en el año 2007 se enajenarían alrededor de 1,819 millones de cajetillas de cigarros y se obtendría una recaudación de aproximadamente 23 mil 800 millones de pesos. Esto ocasionaría una disminución en el consumo de cajetillas de cigarros de 12.2 por ciento y una mayor recaudación por alrededor de 7 mil 400 millones de pesos, ambos conceptos con respecto a 2006.6

Una persona que ya lleva varios años fumando, no dejaría per se de consumir tabaco de forma proporcional en que se aumenta el precio que enfrenta por dicho bien nocivo, tanto para su salud como para la pública (fumadores pasivos).

Esto es, la elasticidad precio de la demanda de cigarros es menor a 1 para aquellos que ya llevan cierto tiempo fumando: la adicción en sí misma, perjudicial no sólo para la salud, sino también para las demás personas y para los recursos escasos que se destinan para enfrentar las enfermedades asociadas al tabaquismo, distrayendo recursos públicos, que bien pudieran destinarse al combate de la pobreza, al fomento del empleo o para la ofensiva en contra de la inseguridad pública que aqueja al país.

En cambio, para los que por primera vez fuman, comienzan a fumar o que tristemente lo harán --que en nuestro país son las niñas, niños y jóvenes--, un aumento en el precio del tabaco si incidiría considerablemente en su decisión de comprar cigarros, ya que su presupuesto o los recursos con los que cuentan deben distribuirlos para la adquisición de otros bienes o el pago de servicios de transporte, alimentación, etcétera. La elasticidad precio de la demanda de cigarros es elástica para las niñas, niños y jóvenes.

2. Incorporación a la Ley del IEPS del convenio celebrado entre el gobierno federal y las tabacaleras sobre las aportaciones de éstas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Con el objeto de establecer en la ley el convenio celebrado entre las tabacaleras y el Gobierno Federal, en la presente iniciativa también se propone que, de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por concepto de tabacos labrados, una vez que se disminuyan, en su caso, las participaciones a las entidades federativas y municipios, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se destine, por lo menos, al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que establece la Ley General de la Salud, el equivalente a cinco centavos por cada cigarro, puro u otro tabaco labrado enajenado, con el objeto de establecer políticas y programas para prevenir el consumo de tabaco en México, así como para el combate de las enfermedades relacionadas con el propio tabaco.

Para esto, dichos recursos se destinarán de forma escalonada a ese fondo, iniciando con un 80 por ciento para el ejercicio fiscal 2007 hasta lograr la totalidad para el ejercicio 2009.

La diferencia resultante en los ejercicios fiscales 2007 y 2008 se destinará al Servicio de Administración Tributaria para que dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con recursos para el combate al contrabando, la piratería y falsificación de cigarros, así como también para la fiscalización y congruencia de los ingresos y egresos de los contribuyentes que enajenen o importen tabacos labrados.

Con relación a la incorporación del convenio ya mencionado, es conveniente señalar que uno de los objetivos de esta iniciativa no es exentar a las tabacaleras de los impuestos al valor agregado (IVA) ni del especial sobre producción y servicios (IEPS), ni tampoco establecer donativos que fuesen deducciones autorizadas en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues de lo contrario establecer un estímulo fiscal en el IEPS e IVA a los productores o importadores de cigarros, puros u otros tabacos labrados, por los incrementos que se den al precio de enajenación de dichos bienes y no un incremento en los impuestos al cigarro, equivaldría a hacer nugatorio el derecho constitucional de protección a la salud de las personas, en especial la de los niños, niñas y jóvenes, así como el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco, ratificado por el Estado mexicano y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Con relación a la tasa de impuestos establecida para los puros y otros tabacos labrados, está se mantiene igual en un veinte punto nueve por ciento con el propósito de no afectar la producción artesanal de los puros.

Sin embargo, se estima conveniente puntualizar que los legisladores debemos llevar a cabo un análisis cuidadoso en torno a la tasa de impuesto establecida para los puros, toda vez que en otros países las tabacaleras realizan una explícita elusión fiscal, al vender tabaco bajo la forma de los denominados ``little cigars'', a efecto de enterar menores impuestos y no cumplir con los ordenamientos jurídicos en materia de salud: argumentan que existen diferencias entre los cigarros y puros y, por lo tanto, no se debería pagar por igual el impuesto, pasando por alto que los cigarros y puros afectan negativamente a la salud pública y, en especial, como ya se ha manifestado reiteradamente, a las niñas, niños y jóvenes.

Mediante la presente iniciativa se proponen acciones legislativas concretas que benefician a la sociedad mexicana, y no sólo a un grupo de personas o intereses que buscan expandir sus mercados (en especial aquel que representa los menores de edad, que son potenciales fumadores), y por tanto, satisfacer su espíritu de ganancia en detrimento de la salud pública y de los recursos escasos que se necesitan para financiar el desarrollo que requiere México.

Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4o., párrafos tercero, sexto y séptimo; y 73, fracciones VII, XVI, XXIX, 5o., b, y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso C), numeral 1; y se adiciona el artículo 2o., con un último párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ... A) a B)

C) ...

1. Cigarros 160 por ciento

2. ...

D) a H) II. ...

De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los impuestos establecidos en los numerales 1 y 2 del inciso C) de la fracción I de este artículo, una vez disminuidas, en su caso, las participaciones que correspondan a las entidades federativas y municipios conforme a esta ley y a la Ley de Coordinación Fiscal, se destinará, por lo menos, al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que establece el Capítulo VI del Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, el equivalente en moneda nacional a cinco centavos por cada cigarro, puro u otro tabaco labrado enajenado o importado, con el objeto de instrumentar políticas y programas para prevenir y disminuir el consumo de tabaco en el país así como para el combate de las enfermedades relacionadas con el mismo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso de la Unión la información precisa que detalle de forma mensual tanto la recaudación obtenida de los impuestos a los cigarros, puros y otros tabacos labrados que establece esta ley, así como los recursos destinados al fondo que señala este párrafo. Dicha información se incluirá en los informes a que se refiere la fracción II del artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Disposiciones de Vigencia Temporal

Artículo Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., último párrafo, que se adiciona mediante el presente decreto, durante los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. Los cinco centavos por cada cigarro, puro u otro tabaco labrado enajenado o importado a que se refiere el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se adiciona mediante el presente decreto, se destinarán, una vez disminuidas, en su caso, las participaciones que correspondan a las entidades federativas y municipios conforme a dicha ley y a la Ley de Coordinación Fiscal, de la siguiente forma: La Secretaría de Salud deberá destinar los recursos establecidos en la tabla anterior al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que establece la Ley General de Salud, con el objeto de prevenir y disminuir el consumo de tabaco en el país, en el especial en las niñas, niños y jóvenes, y para combatir las enfermedades relacionadas con el mismo.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria deberá destinar los recursos que establece la anterior tabla para el combate al contrabando, la piratería y falsificación de cigarros, así como también para la fiscalización y congruencia de los ingresos y egresos de los contribuyentes que enajenen o importen tabacos labrados, ya sean cigarros, puros u otros tabacos labrados, y de aquellos que sean, por cualquier motivo o título, intermediarios, distribuidores o comercializadores de tabacos labrados. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria creará un fideicomiso público, cuya información será pública en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, y el fideicomiso podrá incrementar su patrimonio con recursos que se aprueben en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de los que aporten los particulares distintos a los contribuyentes que enajenen o importen tabacos labrados en el país, siempre y cuando esos particulares, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, por sí o a través de interpósita persona, no tengan una relación directa o indirecta en México o en el extranjero con dichos contribuyentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso de la Unión, dentro de los informes a que se refiere la fracción II del artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la información precisa que detalle de forma mensual tanto la recaudación obtenida de los impuestos especiales a los cigarros, puros y otros tabacos labrados así como los recursos destinados y aplicados a los fondos que establece el presente artículo.

Disposiciones Transitorias

Artículo Tercero. Con respecto a los artículos primero y segundo de este decreto, se estará a lo siguiente:

I. El presente decreto entrará en vigor el 1 enero de 2007.

II. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos que contradigan a este decreto.

III. Cuando la inflación observada acumulada desde la fecha en que se actualizó por última vez la cantidad en moneda nacional de cinco centavos establecida en el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se adiciona mediante el presente decreto exceda de 10 por ciento, la misma se deberá actualizar a partir del mes de enero del ejercicio fiscal siguiente, por el periodo comprendido desde el mes que ésta se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes en que se efectuó la última actualización.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2004). Encuesta Nacional de Adicciones 2002. La tabla presenta de mayor a menor el número de mexicanos que han fumado alguna vez, con excepción de las niñas y los niños cuyas edades oscilan entre 5 y 9 años.

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD health data 2006, junio de 2006.

3 Artículo décimo tercero del decreto, publicado el 31 de diciembre de 1985 en el Diario Oficial de la Federación, ``Disposiciones con vigencia durante los años de 1986 y 1987''.

4 Más adelante se presenta la recaudación por concepto de IEPS a tabacos labrados que, aunque se aumentaron los impuestos al cigarro a partir de 2002, la recaudación tributaria no disminuyó sino, por el contrario, aumentó.

5 Más adelante se presenta lo relativo a la parte de los ingresos que se obtuvieran de la recaudación por impuestos a tabacos labrados, que se destinarán al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para programas y políticas para prevenir el consumo de tabaco en México y para combatir las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Estimación del consumo de cajetillas de cigarros a incrementos en el IEPS al tabaco. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Noviembre de 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis.--- Diputados: Carlos Puentes Salas (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Jorge Estefan Chidiac (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Verónica Velasco. Tome nota la Secretaría de la petición de la ciudadana diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política... No, diputado, permítame. Permítame diputado. Sí, diputado Navarro Quintero.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero(desde la curul): Que la iniciativa presentada por la diputada que anteriormente expuso en tribuna, pudiera también enviarse a la Comisión de Salud.

>

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputado. Se turna también a la Comisión de Salud para emitir su opinión esta Comisión.

Continúe por favor, diputado Secretario.

EDUCACION PUBLICA SUPERIOR

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la defensa de la educación pública superior

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 34, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente acuerdo, con arreglo a las subsecuentes

Consideraciones

I. La educación de un pueblo es la base de su desarrollo, por esa razón es una obligación del Estado garantizar que cada uno de los habitantes del país tenga acceso a educación de calidad, de manera que le permita acceder a mejores niveles de vida.

II. La educación superior tiene las enormes virtudes de elevar el nivel educativo del conjunto de la sociedad, proveerle del instrumental técnico y humanístico para su propio desarrollo, al tiempo que permite que cada uno de sus miembros adquiera conocimientos y habilidades que le hagan posible acceder a mejores niveles de bienestar y transformar en un sentido positivo su realidad y la de la comunidad a la que pertenece y, por ende, a su país.

III. Las universidades públicas han demostrado que son el mejor vehículo para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación superior; para promover la vinculación de estudiantes, maestros, investigadores y egresados con la sociedad; y para hacer realidad la movilidad social. En un país con los niveles de pobreza y desigualdad como los que tiene México, las universidades públicas son la única posibilidad para millones de jóvenes de acceder a la educación superior.

IV. En las universidades públicas se concentra el mayor porcentaje de la matrícula escolar en educación superior, así como la mayor parte de la investigación científica que se desarrolla en el país. Las instituciones públicas de educación superior son un patrimonio de nuestro país. Nadie tiene derecho a menospreciarlas; más bien, debemos comprometernos con su fortalecimiento.

V. Millones de mexicanas y mexicanos han egresado de estas universidades, lo que sin duda ha redundado en beneficios para ellos mismos, para sus familias, para sus comunidades y para el país. Muchos de ellos se han significado por ser científicos y humanistas de nivel mundial, líderes de opinión y luchadores sociales, tanto como los millones de profesionistas, maestros e investigadores que en su trabajo cotidiano refrendan la importancia de la educación.

VI. De entre estas instituciones, sin duda, destaca la UNAM, por su carácter de nacional y por estar considerada entre las cien mejores universidades del mundo. No en vano su nombre está inscrito con letras de oro en el recinto parlamentario de San Lázaro.

VII. Es imposible entender el progreso alcanzado por México sin la contribución de las instituciones públicas de educación superior. Es imposible mirar al futuro sin su participación. De ellas dependerá en mucho alcanzar nuestros anhelos de bienestar, igualdad y justicia social.

VIII. Las universidades públicas dependen, por definición, de los recursos proporcionados por el Estado; éstos deben ser entregados en montos suficientes y con la oportunidad debida para que puedan continuar su labor de servicio a la sociedad. Ante las demandas crecientes que significan el desarrollo del país y el aumento de la población que requiere de sus servicios, esos recursos no pueden sino aumentar y ser aplicados de manera eficaz para cumplir con su cometido.

IX. Por esas razones, no es entendible que el Ejecutivo federal pretenda reducir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las asignaciones para las instituciones de educación pública superior, particularmente de la UNAM.

X. El proyecto de Presupuesto 2007 para la Función Educación es de 356 mil 486 millones de pesos, monto inferior en 2.5 por ciento en términos reales al aprobado en el 2006. Para educación superior se proyectan recursos por 44 mil 775 millones de pesos, cifra inferior en 5.9 por ciento real con relación a lo aprobado en 2006, y muy lejos del ocho por ciento que recomienda la UNESCO.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior, así como con los centros de investigación de todas las disciplinas, y reconoce su contribución al desarrollo de México, en particular la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007 propuesta por el Ejecutivo federal a las instituciones de educación superior, y a analizar y dictaminar las fórmulas para incrementar en términos reales sus asignaciones para 2007 con respecto al Presupuesto 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burgete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizú Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciudadano Secretario, ¿me permite, por favor?

Ha habido una confusión y esta lectura la debió haber hecho el diputado Chanona, si le permiten al diputado Chanona que haga la lectura, por favor. Si pase usted, por favor, diputado Chanona.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sonido en la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Tengo entendido, con todo respeto para mi estimado colega, el diputado Alejandro Chanona, que lo que se estaba leyendo es el acuerdo de la Junta de Coordinación Políticay posteriormente todos los partidos políticos nos posicionaríamos en relación al tema. Entonces me parece que ese podría ser un mejor método, si lo tiene a bien así el señor diputado Chanona.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, aquí nos llegó el acuerdo por la Junta de Coordinación, de que lo leería el diputado Alejandro Chanona, por un error de organización aquí de la Mesa, no lo hicimos así. Sin embargo si gusta que le explique el diputado Chanona, quizá. ¿Se queda así? Es que me estaba pidiendo el diputado Chanona si le podría contestar a usted. No sé si con esto que le he respondido yo queda...

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Está bien, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la voz el diputado Chanona, por favor.

El diputado Alejandro Chanona Burguete:Bueno, con la venia de la Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: no importa quién lea qué, no importa quién lo presente, lo importante es la causa, que es la defensa de la educación superior de este país, que en estos momentos necesita de las 500 diputadas y diputados, y más que secuencia, yo quisiera disertar un poco, con base en la lectura que llevaba mi compañero de la Mesa Directiva, para comentar a ustedes que el ánimo de la defensa de la educación pública en México está ligado a los retos de la democracia en México.

Yo no podría concebir en los próximos días, meses y años la reforma política y la reforma del Estado de este país, el que no reconociéramos como un eje toral de la reconstitución del tejido social y del tejido político, el que reconociéramos el vínculo indisoluble entre democracia y educación pública.

Pero además, esto me concita a una reflexión mucho más amplia. Voy a desviar un poco el texto lineal, para fundamentar el acuerdo que hoy me parece será histórico, porque hemos logrado el consenso del Pleno, de los 500 diputadas y diputados, de las ocho fracciones, en relación a un viejo dilema que nos querían inculcar visiones distintas de lo que se refiere a educar a las mexicanas y mexicanos para serles útiles a su sociedad. Es decir, no existe en México esfuerzo alguno, público o privado que no tenga como objetivo honrar el compromiso de generar un bienestar general para todas y para todos y que tenga como objetivo sacar adelante a esta gran nación.

Yo creo que las instituciones de educación superior, los centros de investigación, hoy merecen nuestra particular atención. Si no tenemos una revolución educativa en lo inmediato, desde ayer, mucho o poco intentaremos hacer para sacar adelante a este país, pero fracasaremos porque o habremos generado una construcción generacional que nos saque del --yo diría-- bache político, económico y social, en particular, si aspiramos a cambiar a este país.

Yo creo que gran parte de eso se generó por un incidente en relación a la Universidad Nacional Autónoma de México: que no se nos permite regresar al punto de partida de lo que hoy representa la Universidad Nacional y la pirámide educativa, de educación superior, como cascada, se desdobla a partir de ella y que nos lleva al reconocimiento de que hoy el sistema de educación pública de este país, básica --ya lo veremos con nuestros compañeros de Nueva Alianza en unos momentos--, pero en particular, en las universidades estatales de toda la República, que merecen el mismo trato que la Universidad Nacional al igual que la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, etcétera, etcétera.

Me permito hacer un llamado global, para decirles que en nombre de todas las instituciones de educación superior de este país, hoy en este recinto no es una casualidad que esté inscrito con letras de oro el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso creo que es muy importante porque es un honor a la educación pública de este país.

Dicho esto, yo quisiera nada más señalar que hay razones de fondo, por las cuales se haya consensuado en la Junta de Coordinación Política los siguientes puntos de acuerdo.

Uno es que no podemos sino reconocer la posibilidad de que el escamotearle los recursos a las universidades, centros e institutos de educación superior constituiría un retroceso no solamente para el desarrollo de México, sino para su democracia.

Entonces si estamos en cuenta que hoy nos une una causa tan noble como es la defensa de la educación pública de este país, yo quisiera comentar que por todo este conjunto de razones de lo toral de la educación pública en el tejido social de este país, no hay razones que puedan fundamentar y que nos permitan entender por qué la propuesta del Ejecutivo federal para el paquete económico 2007, asuma que puede proponer reducciones muy importantes a las asignaciones a estas instituciones torales de la sociedad mexicana.

El proyecto de presupuesto 2007 para la función educación, es de 356 mil 486 millones de pesos, monto inferior en 2.5 por ciento en términos reales al aprobado el año pasado.

Para la educación superior que es tema del punto de acuerdo que pongo a su consideración, se proyectaba con recursos de alrededor de 44 mil 755 millones de pesos, cifra inferior en alrededor del seis por ciento real en relación a lo aprobado en el año 2006.

Quiero comentarles que tanto el 2.5 por ciento para la educación en su conjunto, pública, como el seis por ciento para impactar a la educación superior, son cifras esencialmente divorciadas de las aspiraciones universales de la educación pública; es decir, cifras muy lejanas al ocho por ciento que recomienda la UNESCO.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior, así como con los centros de investigación de todas las disciplinas y reconoce su contribución al desarrollo de México, en particular la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fundamental;

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007 propuesta por el Ejecutivo federal a las instituciones de educación superior; y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar, en términos reales, sus asignaciones para el año 2007 con respecto al Presupuesto del año 2006.

Es cuanto, señor Presidente. Le ruego atentamente incorporar mi intervención de manera íntegra al Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se agradece, diputado Alejandro Chanona. Para fijar posición se le da el uso la palabra al diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, de la fracción parlamentaria del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, señora Presidenta. Es importante y fundamental el punto de acuerdo que acaba de leer nuestro compañero diputado Chanona.

Y es de importancia tal porque en este punto, en el ámbito de la educación superior, media superior, ciencia y tecnología e innovación hemos coincidido todas las fracciones, todos los grupos parlamentarios que estamos representados en esta Cámara.

La corrección que estamos a tiempo y que espero sea sustancial por parte de este Poder Legislativo, ayude a paliar una situación crítica que tiene la educación superior en nuestro país.

Hemos estado en comunicación con casi todos los rectores de las universidades públicas de nuestro país, con directores de centros de estudios científicos y tecnológicos y con otras personalidades encargadas de la educación superior y nos hemos dado cuenta que a partir de la propuesta que nos llega a esta legislatura hay un rubro que es importante señalar, la cuestión del manejo del desarrollo de las actividades académicas y de investigación estarían en peligro si aprobamos el presupuesto tal y como nos ha hecho llegar el Ejecutivo.

Requerimos un cambio sustancial. Ya basta de que en estos últimos sexenios se trate a las universidades como una parte de la vida política y educativa del país en un nivel de segunda. Requerimos ponerle toda la atención.

Bien sabemos que los países que se dedican y que invierten en educación, ciencia y tecnología e innovación son los países que tienen más posibilidades de salir adelante en el desarrollo económico social de su población.

Por eso creemos nosotros que este punto de acuerdo que esperemos sea aprobado por unanimidad dé un cambio importante en las bases que debemos de sentar de aquí en adelante en la educación superior de México.

Por eso, ojalá que después de este punto de acuerdo la Comisión de Presupuesto y a la vez las comisiones que tienen que ver con el asunto educativo hagan lo propio para que podamos decir que para el 2007 vamos a contar, por lo menos, con la base mínima del desarrollo de la educación superior de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Leopoldo Arreola. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, por el grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señora Presidenta.

Hoy esta misma soberanía nacional tiene la potestad, la gran potestad de poder, de tener la reducción de analizar el dictamen y particularmente de buscar un incremento para que las diferentes universidades de este país, tengan mayor número de recursos.

Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, que ha producido el 70 por ciento de todos los ingenieros de este país, ha hecho en los últimos cuatro años un elevado esfuerzo por alcanzar mejores condiciones que permitan darle a los 175 mil estudiantes que diariamente van a su campus, mejores condiciones en tecnología y mejores técnicas de estudio.

Cincuenta mil más se capacitan a distancia y además ahí trabajan 25 mil maestros diariamente poniendo su mejor esfuerzo y además, poniendo toda su capacidad y todos sus conocimientos.

Soy un legislador que admira profundamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene todo el acervo bibliotecario de este país, que ha producido destacados profesionistas que con una gran conciencia social han defendido a la patria.

Como veracruzano, admiro y quiero a la Universidad Veracruzana y así podríamos hablar de cada una de las universidades de este país. Cada legislador podría hablar por cualquier universidad de este país y decir que a esa universidad habría que apoyársele. Y cómo no apoyar a una universidad pública, laica y gratuita y con calidad, si lo que este país requiere es educación.

Por eso Convergencia como partido ha tomado la decisión, la decisión de apoyar que los recursos que requieran las universidades permitan que se les acerque, para que todas las universidades de este país; desde la Universidad de Aguascalientes, hasta la Universidad de Zacatecas, pasando por Oaxaca, por Veracruz y por todos los estados de la República y particularmente el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y la UAM, tengan los recursos que se requieren.

Estoy convencido que no hay un solo diputado o diputada, que le quiera escatimar un solo peso a una universidad pública. Estoy convencido que el acuerdo que hoy vamos a tomar para reacomodar recursos en el rubro de la educación, va a estar dentro de las potestades que tienen todos los diputados, sin echarle la culpa a nadie, solamente señalando claramente para qué se quieren los recursos.

Si estos recursos llegan a las instituciones públicas de educación superior y se utilizan con toda transparencia, tendremos mejores mexicanos, tendremos mejores mexicanas, tendremos mejores políticos y tendremos la oportunidad de que este Congreso se siga nutriendo con legisladores bien preparados, que permitan defender los intereses de este país.

Lo que ustedes como legisladores puedan hacer en el proyecto de presupuesto que van a aprobar en unos días más, por el Instituto Politécnico Nacional, por la UNAM, por la UAM y por todas las universidades estatales; va a quedar grabado, como quedó grabado aquel 26 de noviembre del 2002, que esta soberanía aprobó el 8 por ciento del PIB, como lo recomienda la UNESCO, para que tengan recursos las universidades de este país.

Estoy convencido que van a votar a favor de un acuerdo por más, más recursos para todas las universidades. Gracias, compañeras y compañeros, muy amables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel del Río Virgen. Tiene el uso de la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Faustino Javier Estrada González:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicoreconoce la trascendencia de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como instrumentos para el desarrollo de nuestro país.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 31 de octubre de 2006, la creación e integración del grupo de trabajo pluripartidista de diputados para la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México, efectuándose los días 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Colima, teniendo como sede la Universidad de Colima.

Se convocaron a las comunidades académicas, científicas, tecnológicas y empresariales, así como a los legisladores federales y estatales y a las autoridades federales en la materia, para analizar los temas referidos a presentar sus propuestas. Con lo anterior se lograron consensos que se plasmaron en la Declaración de Colima 2006.

Entre los acuerdos, los más importantes son contar con una política de Estado en materia de educación media superior, superior, ciencia, tecnología e innovación, a fin de convertirlas en las principales palancas de desarrollo de nuestro país; definir una política de largo aliento a fin de garantizar el financiamiento suficiente para la educación media superior y superior, la ciencia y tecnología y la innovación.

Crear sistemas de incentivos para la vinculación entre la academia y el sector productivo y llevar a cabo las reformas legales necesarias que permitan una más amplia y efectiva vinculación; generar las condiciones necesarias para que en el mediano plazo se establezcan para la educación media y media superior.

El grupo de trabajo ha entregado hasta el momento a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política, la Declaración de Colima 2006. Hoy celebramos la buena disposición mostrada por el Presidente Felipe Calderón y de la Secretaría de Educación Pública al interesarse por continuar con los trabajos que lleven a concretar las demandas recogidas por el sector educativo y científico.

A pesar de los avances de los últimos días en esta materia, es inadmisible el presupuesto asignado a la educación. Debemos evitar el recorte de casi 900 millones de pesos para la UNAM. El proyecto de Presupuesto 2007 para la fundación de educación es inferior al 2.5 por ciento, en términos reales, al aprobado en el 2006. Los recursos para educación superior son inferiores al 5.9 por ciento con relación a lo aprobado en el 2006, lo cual está muy lejos del ocho por ciento que recomienda la UNESCO. La UNICEF ha advertido que de aprobarse el recorte presupuestal a educación, frenará el desarrollo de nuestro país.

Exhortamos a los demás grupos parlamentarios a comprometerse con que nuestros discursos sean congruentes con nuestras acciones. Apoyemos la educación superior a través de la aprobación de mayor presupuesto a este rubro y continuemos con los trabajos para construir una política de Estado a largo plazo en educación superior. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Faustino Javier. Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Daniel Amador Gaxiola:Con su permiso, señora Presidenta: el fortalecimiento y consolidación de la educación pública son un asunto de primer orden para el Partido Revolucionario Institucional.

En el Partido Revolucionario Institucional creemos que si México quiere ser un país moderno es impostergable el desarrollo de la educación, la ciencia y la innovación tecnológica para alcanzar más libertad, justicia social y equidad. La educación de calidad se inscribe en el cumplimiento del artículo 3o. constitucional. Históricamente la educación ha sido el principal motor del desarrollo del país y compromiso fundamental del Estado mexicano.

Hoy vemos con gran preocupación que el partido en el gobierno pretende relegar la educación pública a un segundo plano. Es importante saber si Felipe Calderón comparte los puntos de vista de su compañero de partido, el actual presidente de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara.

Es importante determinar si existe un afán privatizador detrás de los recortes propuestos por el Poder Ejecutivo en lo relativo a las instituciones de educación superior.

Es importante que hoy, sin dejar dudas ni suspicacias, esta soberanía haga un compromiso concreto y claro a favor de un presupuesto adecuado y suficiente para nuestra educación.

El entendimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas en el mundo en el siglo XXI requieren de la concurrencia y participación, preferentemente colegiada, de las ciencias, las humanidades y la innovación tecnológica.

Es claro que una política educativa debe enmarcarse en la búsqueda del desarrollo, la productividad, la competitividad y la mejora del bienestar social y de la calidad de vida de los mexicanos.

Debemos trabajar intensamente y alcanzar un acuerdo nacional para la mejora continua de la educación, que incluya la actualización de las agendas de investigación, la búsqueda de nichos de oportunidad, la creación de nuevos centros de educación media y superior, la investigación de desarrollo científico y tecnológico para concretar una mayor descentralización de estas actividades.

En el Partido Revolucionario Institucional estamos trabajando por mayores recursos presupuestales en términos reales para el año 2007, con el compromiso de que los fondos públicos y privados que podamos vincular a un programa agresivo de desarrollo en materia educativa deberán incluir una rigurosa supervisión de su aplicación y la evaluación de los resultados.

El presupuesto es la mejor expresión del compromiso que tiene el Estado mexicano con el país. El presupuesto debe reconocer las necesidades de las diversas regiones del país, mismas que nos demandan implementar fórmulas para garantizar una educación pública de calidad. No podremos contar con la educación pública que el país necesita si utilizamos criterios neoliberales que desprecian la contribución social de nuestras universidades públicas y minimizan su contribución al desarrollo del país.

El Partido Revolucionario Institucional no permitirá que se enarbolen banderas clasistas que desprecian la fortaleza de nuestras instituciones públicas.

Que quede claro: la Universidad Nacional Autónoma de México es motivo de orgullo para todos los mexicanos. Por décadas la UNAM ha demostrado ser una institución crucial para el desarrollo del país y no merece adjetivos y comentarios que se basan seguramente en prejuicios ideológicos y complejos políticos.

La UNAM y todas las demás instituciones de educación superior merecen un esfuerzo adicional por parte de todas las diputadas y diputados de esta Legislatura.

El país necesita de la educación superior para superar sus rezagos. Gastar en educación es la mejor inversión que podemos hacer los mexicanos.

Estamos seguros de que todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara haremos un esfuerzo por corregir el presupuesto en materia de educación pública.

El nuevo gobierno debe entender que si quiere dar muestras de que le interesa verdaderamente crear empleos y generar condiciones de competitividad debe comprometerse con un presupuesto de profundo contenido social. Un presupuesto social comienza con suficientes recursos para la educación pública.

Reiteramos nuestro apoyo invariable para que los mexicanos sigan teniendo acceso a una educación de calidad que los prepare para asumir los retos de la globalización y de la competitividad, por lo que los diputados del PRI cumpliremos con nuestra tarea. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Daniel Amador. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Compañeras y compañeros: como hemos visto y escuchado, ya es común señalar que si el pueblo de México no mejora rápidamente su nivel educativo, no mejorará su inserción en el mundo globalizado del siglo XXI, pues no tendrá la capacidad para utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación, ni podrá participar en las redes mundiales de producción y utilización del conocimiento y la tecnología.

Si no mejoramos la educación básica, si no aumentamos ya la cobertura de la educación media superior, de la superior y de los postgrados, los mexicanos estaremos condenados a profundizar la brecha cognitiva que ya existe y en general, a profundizar el actual camino de dependencia científica y tecnológica y, en última instancia, de subordinación política a nuestro vecino del norte.

También parece que está claro que la relación de dependencia entre educación y desarrollo es efectivamente en ese orden. Si queremos desarrollo sostenido y sustentable hay que invertir en educación. Afortunadamente ya nadie defiende públicamente el razonamiento contrario, el de que primero hay que desarrollarse y luego hay que gastar en educación, como si ésta fuera un lujo de los ricos y no una condición para el crecimiento.

Aunque todo el mundo coincide en este discurso, en estos planteamientos, el presupuesto enviado por el Ejecutivo no integra los aumentos necesarios sino un inaceptable recorte. Este hecho sólo tiene una explicación, los autores del proyecto de presupuesto, el titular de Hacienda cree que los cambios cualitativos y cuantitativos que urgentemente requiere el sector se van a producir no por el impulso a la educación pública, sino por la inversión en educación privada. A quienes piensan así se les olvidan los tremendos niveles de pobreza y desigualdad que existen en el país y que paradójicamente son también un obstáculo objetivo a la visión de la educación como mercancía.

La pobreza y el hecho de que las familias no tengan recursos para pagar colegiaturas es un obstáculo al proyecto de considerar a la educación como mercancía.

En el PRD insistimos en la tesis de que la educación es un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado. No estamos de acuerdo en la educación como mercancía sujeta a las reglas del mercado. En el PRD aceptamos la economía de mercado, pero no queremos una sociedad aplastada por las reglas del mercado.

Por ello exigimos un presupuesto educativo suficiente para iniciar el nuevo camino de crecimiento de la calidad y la cobertura. Más calidad en educación básica, aumento inmediato en el bachillerato, en la cobertura del bachillerato, aumento inmediato en la cobertura de la educación superior y de los postgrados, que haya más doctores, que haya más tesis de doctorado y más patentes registradas en México, especialmente demandamos el presupuesto suficiente a toda la educación superior, que no se les rebaje el presupuesto a la UNAM, pero especialmente y con esto quiero terminar estimadas compañeras y compañeros, necesitamos ya sacar del ahogo económico a las universidades de los estados más rezagados en es país.

Si en realidad creemos en el desarrollo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Tlaxcala, de mi estado, el de Zacatecas, ya resolvamos el ahogo económico de sus universidades, permitámosles a sus autoridades y a sus académicos dejar de lado la preocupación por la quincena y por el aguinaldo y meterse ya a desarrollar conocimiento para el desarrollo de esas entidades.

Yo invito a los legisladores de los estados más atrasados, a que ya no admitamos más el autoritarismo y el engaño de la Secretaría de Hacienda sobre nuestras universidades. Vamos a sacarlas de una vez por todas del ahogo económico, vamos a reconocerle a la UNAM todos sus valores, lo mismo al Politécnico, pero entendamos que las entidades más pobres de México no van a salir del atraso si no tienen universidades de calidad pujantes metidas a la innovación y al desarrollo del conocimiento. Gracias por todo, muy amables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Raymundo Cárdenas. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Ríos Camarena ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): Para hacer una moción en relación a este debate. Estamos debatiendo --y creo que todos estamos de acuerdo, todas las fracciones parlamentarias, así es el punto de acuerdo que se presentó-- pero yo quiero afirmar que el artículo 74 constitucional expresa claramente la facultad de elaborar el presupuesto para esta soberanía de esta Cámara.

No creo que sea conveniente que simplemente hagamos una exhortativa a una comisión que depende de este Pleno. Lo que debemos hacer es una orden a la Comisión de Presupuesto para que incorpore el ocho por ciento de aumento en toda la educación superior.

Es una facultad nuestra, no es suficiente una exhortativa, tenemos que estar de acuerdo todos en ordenar y así borrar ese error grave, catastrófico, que hizo el presidente de la Comisión de Presupuesto, que poco sabe de lo que necesitan los mexicanos, cuya única ventana de esperanza es la educación pública superior.

Por eso pido yo que se vote en este Pleno con todos los diputados que de veras quieran aumentar el presupuesto, que se aumente el presupuesto en un ocho por ciento de la educación superior en México. No tenemos que pedirle permiso a la Secretaría de Hacienda, es nuestra facultad y es esta soberanía. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradecemos la intervención al diputado. Queda integrada en esta Secretaría su participación, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Felipe Borrego Estrada: Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, permítame diputado. Diputado, le solicito presentar por escrito la solicitud que está presentando en este momento. Por favor para incluirla en este punto, porque no la tenemos inscrita en el orden del día, toda vez que sale del acuerdo que ha presentado la Junta de Coordinación a la Mesa.

El diputado Felipe Borrego Estrada: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Felipe Borrego Estrada:El presente es un tema donde no pueden existir discrepancias, donde la unanimidad de los diputados y más aún, de la sociedad en general, tenemos un mismo punto de vista y un consenso real. ¿Cuántos de nosotros de todos los partidos y grupos parlamentarios hemos egresado de instituciones educativas, de universidades públicas? La mayoría. El suscrito, con mucho orgullo realicé mis estudios en la universidad de mi estado y con satisfacción le digo mi alma mater.

El Partido Acción Nacional está ligado no sólo desde su fundación, sino desde su concepción, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra presente en nuestra historia, forma parte de nuestra misma naturaleza, es esencial hasta en puntos doctrinarios y filosóficos, en sus principios e ideología.

Nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, fue un digno rector en 1933, ejerciendo una cuidadosa administración de sus recursos. Echó a andar una exitosa campaña para allegarse fondos privados. Por su labor y aportación a la institución fue reconocido con el doctorado honoris causa; fue el primero.

De todos es conocida su lucha constante y, por fortuna, fructífera para que con otros distinguidos universitarios, obtuvieran en jornadas memorables la libertad de cátedra, pilar de la universalidad de pensamiento y de libertad de la enseñanza.

Gómez Morín decía: ``La Universidad está constituida para un fin perenne, trascendental, no ligado a la liga de un individuo o de grupo ni a la difusión o defensa particular de una teoría; sino a la realización de un propósito nacional permanente de cultura''.

Acción Nacional concibe a la educación como un fin que enaltece a la persona y en sus principios establece que es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad para lograr ciudadanos plenos. Que nadie quede fuera y que nadie sea excluido o segregado del disfrute de bienes.

Por ello, el PAN se ha conducido congruente bajo este principio y concibe la gratuidad de la educación pública como un mecanismo eficaz para brindar y llevar a toda la población la función educativa tan necesaria para el pleno desarrollo de las personas y de la nación misma.

Las acciones legislativas del PAN en el Congreso de la Unión protegen y dan vida a las propuestas de las diversas corrientes ideológicas. El Partido Acción Nacional está consciente y respalda que la UNAM y todas las universidades e instituciones de educación públicas tengan un presupuesto digno acorde a sus necesidades. Lo decimos por convicción y porque sabemos que sólo así este país puede avanzar en muchos y variados aspectos y temas nacionales.

La educación es un eje donde convergen no sólo los valores de los pueblos, sino el desarrollo, la democracia, la transparencia y la igualdad.

El PAN ha tenido como cualidad y distintivo la congruencia y hoy lo queremos refrendar: somos conscientes de nuestra historia, de nuestro nacimiento, de nuestra aportación a México y queremos ser congruentes no sólo con nuestros fundadores, sino con nuestra doctrina, con nuestros principios.

Por eso apoyamos que con el esfuerzo responsable de los diputados, otorguemos lo que a la UNAM y a las demás universidades requieren y les corresponde. El PAN ahora, como desde 1939, sigue y seguirá siendo un partido que con su filosofía humanista, apoye a la educación pública, y en este momento, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe Borrego Estrada. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, por favor.

La diputada Silvia Luna Rodríguez:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: en México, son las instituciones de educación superior públicas las que concentran las tareas de formación de docentes, de profesionistas y de investigadores para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Ha sido una exigencia de la sociedad el fortalecimiento de estas instituciones al reconocerse que es la educación uno de los medios fundamentales para lograr la movilidad social y el desarrollo, con el fin de que los mexicanos podamos acceder a mejores niveles de vida.

Una de las metas que nuestro actual Presidente se planteó en su campaña fue la de alcanzar en el 2012 una cobertura del 30 por ciento en educación superior. En Nueva Alianza nos preguntamos cómo pretende alcanzar esta meta si en su primer proyecto de presupuesto reduce casi un seis por ciento los recursos a la educación superior.

El pasado 24 de noviembre en la ciudad de Colima, los principales representantes de las instituciones de educación superior de nuestro país y de todas las fracciones parlamentarias que integran esta Legislatura ratificamos el compromiso de elevar el financiamiento para la educación superior, la ciencia y la tecnología hasta alcanzar las metas fijadas en la ley.

Quienes hemos asumido la responsabilidad de legislar, tenemos que ratificar con hechos el compromiso con la educación superior y debemos demostrarlo rechazando la reducción al presupuesto propuesta por el Ejecutivo federal y realizando las reasignaciones presupuestales que la educación en su conjunto reclama. Hacemos un llamado al gobierno a que cumpla con los compromisos hechos y convocamos a esta soberanía a trabajar juntos para ofrecer a las universidades públicas, en todas sus modalidades, a los institutos tecnológicos y a las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, los recursos necesarios para que sigan brindando a las y los mexicanos la oportunidad de prepararse para ser parte del desarrollo de México.

El futuro de la educación superior está nuevamente en debate. En Nueva Alianza creemos que es necesario dar pasos sólidos para alcanzar una educación equitativa, eficiente y de calidad y sólo se logrará esta demanda y aspiración social si todas las instituciones públicas de educación superior cuentan con los recursos necesarios.

Por ello, Nueva Alianza ha suscrito conjuntamente con todas las fracciones parlamentarias este compromiso con la educación superior, que es un compromiso con México. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Luna. Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Benjamín Ernesto González Roaro:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: vengo en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, para reiterar el compromiso que aquí se ha expresado y que se ha expresado en el punto de acuerdo, de apoyar y respaldar con presupuesto a las universidades públicas y a las instituciones de educación superior del país, así como a la educación básica y media superior de nuestra nación.

Lo dijo aquí el diputado Felipe Borrego. Creo que a ningún grupo parlamentario ni a ninguno de los que nos encontramos en esta sala nos resulta ajeno el compromiso con la educación pública del país.

Si a ninguno de nosotros nos resulta ajeno ese compromiso, el debate debe ser cómo fortalecer nuestras instituciones de educación superior, cómo fortalecer la educación.

La educación, como todos ustedes saben y lo comparten, es el medio fundamental para alcanzar el desarrollo del país. La educación, al mismo tiempo de ser medio para alcanzar el desarrollo del país, es un fin en sí mismo y un valor de toda la sociedad. En las escuelas de México se concentra la participación más amplia de la sociedad; son los maestros, los investigadores, los académicos, los padres de familia, los empresarios, la sociedad en general, los que se encuentran día a día en las escuelas de nuestro país y que constituyen de esta manera la célula del Estado mexicano. Es por ello que no nos debe de ser ajeno el compromiso con la educación.

Particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido una pieza fundamental en toda la historia de nuestro país. La UNAM tiene un compromiso y tiene una presencia, sobre todo, en el ayer, en el hoy y seguramente en el mañana de la nación.

En la UNAM se desarrollan las principales investigaciones científicas, en la UNAM florece el humanismo, en la UNAM tenemos día a día la expresión de la cultura y del arte. Es por eso que quienes egresamos de esta máxima casa de estudios tenemos un compromiso inquebrantable con ella y con todas las instituciones de educación superior.

Es por ello que cuenten con la bancada del PAN como firmes aliados en la consecución de mayor presupuesto y sobre todo, en la búsqueda de fórmulas que permitan mayor calidad a la educación pública, porque es ahí donde se debe de expresar una mejor calidad; porque es con mayor calidad en las escuelas públicas como podremos hacer justicia social a quienes menos tienen, acercándoles el saber, acercándoles ese saber con calidad, para que puedan insertarse al mercado del trabajo y para que sean los mexicanos que menos tienen, los que puedan también tener la posibilidad de generar arte, cultura, conocimiento, ciencia y tecnología en el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Roaro. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del grupo parlamentario el PRD.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: la UNAM está inscrita en letras de oro en este recinto, no solamente por su historia, no solamente por su aportación científica y cultural al país, sino por la vida cotidiana que incorpora al desarrollo social de México.

Más de 285 mil alumnos, casi 30 mil profesores, 76 carreras y 146 planes en 22 facultades y escuelas de educación superior y 14 planteles de bachillerato, dan cuenta del trabajo cotidiano; 48 programas de doctorado, 82 de maestría, así como 156 especialidades, agrupan a más de 20 mil estudiantes de posgrado.

En la función sustantiva de investigación, 52 institutos, centros y programas universitarios, dan cuenta del trabajo de cuatro mil 270 investigadores, de los cuales la UNAM participa con un 43.8 por ciento del gasto federal en ciencia y tecnología, y representan sus investigadores nacionales al 26 por ciento del SNI, cubre todos los campos del conocimiento y aborda los grandes problemas nacionales.

De igual forma en lo que tiene que ver con la cultura, su aportación a la actividad de música, literatura, teatro, danza, artes visuales y cine representa una invaluable aportación al campo de la difusión cultural.

Tiene el centro de cómputo académico más importante de Latinoamérica y administra 556 convenios académicos firmados de 2000 a la fecha, con más de 349 de carácter internacional.

Por eso es muy importante defender el nombre, la trayectoria que por sí misma se plasma de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero al defender a la UNAM también tenemos que defender a las universidades estatales, cuyo clamor ha sido manifiesto por muchos de ustedes al evidenciar la situación precaria en la que se encuentran desde el punto de vista académico y desde el punto de vista económico, por no contar con los recursos suficientes para la cobertura y para el desarrollo de sus planes y programas de trabajo.

Por eso defender a la UNAM es defender a la universidad mexicana, es defender a la educación pública superior. Es defender, y esto lo digo con mucho sentimiento, es defender a un proyecto de país y a un proyecto de nación, frente al cual la universidad y la educación pública es precisamente un bien de carácter público.

No podemos aceptar la privatización silenciosa, no podemos aceptar que los servicios educativos se pretendan dar a través de vouchers o a través de subsidios a la educación privada. La educación privada es un complemento de la educación pública, pero la educación pública asume un papel rector y central en la vida del Estado mexicano, es una conquista irrenunciable del pueblo de México y hoy el debate es precisamente entre los proyectos de país.

Yo aquí concluyo señalando que si en verdad es una prioridad la educación pública superior, no se debió haber mandado una iniciativa, un proyecto que baja del 3.9 por ciento del PIB al 3.8 por ciento en gasto educativo. No se debió de haber mandado un proyecto que baja del 0.55 por ciento del PIB en educación superior al 0.51 por ciento.

Por eso es cierto lo que aquí se ha señalado, esta Cámara como soberana, tiene que aprobar y plasmar en el proyecto de presupuesto lo que ya dice la ley: ocho por ciento del gasto del PIB para gasto educativo y uno por ciento para ciencia y tecnología, si queremos ser congruentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz:Con su permiso Presidente: entre los preopinantes que hemos escuchado dijeron que en este Muro esta soberanía puso con letras de oro el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí es cierto, y la iniciativa fue del Partido Acción Nacional. Para quien lo dude, ahí está el Diario de los Debates.

En esta ocasión quiero hacer precisiones de algunos comentarios que aquí se han hecho. Primero, página 68 de la iniciativa. Vamos a leer esa página del Presupuesto, página 68, que supongo todos leímos: ``Hay un incremento del 4.2 por ciento real, en educación''. Ahí está en la página 68 que ya todos leímos. No vengamos a decir aquí, que hay decremento. Veamos la iniciativa señoras y señores diputados.

Y también hay que decir aquí, que tenemos que ser responsables al analizar el paquete económico del 2007, porque la Ley es muy clara, el espíritu de la Ley señala que primero tenemos que analizar los ingresos y después cómo los gastamos.

Perdónenme señoras y señores diputados, estamos empezando al revés; ya hay aquí propuestas, y por supuesto que vamos a apoyar la propuesta de darle más recursos a la educación superior. Pero tenemos que iniciar como marca la Ley, no como vean los señores diputados. Y la Ley dice que primero tenemos que entrarle a la Ley de Ingresos, para después analizar los diferentes rubros del gasto.

Y también quiero aquí decir, compañeros diputados, el mes de septiembre tuvimos la comparecencia del secretario de Educación, en dicha comparecencia todos los diputados que asistimos nos dimos cuenta que de la educación básica, la educación media superior y la educación superior, el sector más desprotegido en eficiencia terminal y en cobertura, es la educación media superior.

Y si analizamos la iniciativa del presupuesto nos damos cuenta que hay un incremento de más del 10 por ciento en la educación media superior. También tenemos que decir los incrementos dentro del gasto educativo.

Pero no hay debate, no hay debate señoras y señores diputados, porque Acción Nacional ya reafirmó aquí su compromiso de buscar revertir el recorte en educación superior. Ya lo dijimos; ya nos comprometimos y lo vamos a hacer. Pero de manera responsable, viendo de donde van a salir los recursos, porque si le aumentamos a un rubro tenemos que quitarle a otro rubro.

Y también, claro, vamos a entrarle a quitarnos recursos los partidos políticos. Vamos a entrarle. Y también no debo dejar pasar otro dato del análisis de la iniciativa del presupuesto. Sí hubo recorte en educación superior, que lo vamos a revertir con análisis de la Comisión. Hubo recorte en educación superior por aproximadamente 900 millones de pesos; pero hubo un aumento de mil 258 millones de pesos en el Programa Escuelas de Calidad. Hubo un incremento en becas de mil 500 millones de pesos.

Señoras y señores diputados, dediquémonos primero a ver cuáles son los ingresos y de manera conjunta vamos a decidir en qué rubros los gastamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Solano Muñoz, del grupo parlamentario... sí, permítame...

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Diputado Presidente, quiero hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en el rubro de hechos, diputado Tonatiuh, lo anoto después de dos oradores que están inscritos, con mucho gusto.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Pido la palabra por alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No fue aludido, discúlpeme, pero lo anoto después de dos. Perdón, está anotado después de dos oradores.

El diputado José de Jesús Solano Muñoz:Con su venia, señor Presidente: en Acción Nacional estamos convencidos que la educación no sólo es el motor del desarrollo de un país, sino que además es la única tabla de salvación para un país en vías de desarrollo.

Por ello, el día de hoy queremos manifestar nuestro apoyo total a las universidades públicas de este país. Pero no sólo debemos preocuparnos por no recortar los ingresos de nuestras universidades o de nuestra educación. Debemos preocuparnos además de dónde vamos a obtener los ingresos suficientes para cubrir todos los rubros que necesita nuestro país y nación, cubrirlos de tal manera, que no desprotejamos rubros, además de importantes, como lo es la salud y como lo es la seguridad pública.

Porque definitivamente nuestro partido le reconoce a las universidades su enorme esfuerzo por la enseñanza, por la investigación, por la extensión y por la difusión de la cultura. Reconocemos también, el que hayan hecho de estas instituciones entes totalmente transparentes y competitivos a nivel internacional. Pero además, les reconocemos la enorme capacidad política para llegar a acuerdos y sacar adelante proyectos en beneficio de toda la comunidad.

Por todo lo anteriormente dicho nos manifestamos en nuestro Partido Acción Nacional total y absolutamente a favor de un mayor presupuesto, pero no sólo para la universidad pública, sino para todo el rubro en materia educativa y lo vamos a ver en los hechos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Solano. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: La realidad es que este debate es consecuencia de las declaraciones desafortunadas del diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco.

Los egresados de las instituciones de enseñanza superior nos sentimos agraviados, pero también sería injusto no tratar de defender a las instituciones que hicieron posible lo que ahora somos. No podemos esconder, por otro lado, que el debate político no solamente es presupuestal, también es un debate conceptual. Hoy un debate también de ideologías y en esas circunstancias tenemos que analizar a profundidad y hacer a un lado la hipocresía del discurso.

De nada sirve que se incrementen los presupuestos, si los presupuestos no están destinados a construir infraestructura y aumentar la cobertura de la educación pública.

Hoy debemos de entender que lo mismo en salud, que en educación se pueden incrementar los presupuestos, en algunos como es en el caso de educación para becas, pero becas que están destinadas a ir a subsidiar la educación privada, la cual debe de ser únicamente complementaria.

La falta de aumento en la cobertura de educación pública ha dado como consecuencia que se estén multiplicando las escuelas de educación privada, que carecen en gran parte de la calidad que el pueblo de México necesita y en este rubro, yo quisiera leerles una entrevista que le hicieron a Felipe Calderón después de una discusión que tuvo en el año 2000 con el hoy rector Juan Ramón de la Fuente. Él mencionaba: ``Defendí el programa de becas del gobierno y que se implementen de tal manera que se garantice a todo estudiante el apoyo económico suficiente para que estudie donde quiera''. En contraposición con la tesis que se manejaba ahí de que los recursos públicos sólo son para destinarse a apoyar a las universidades públicas.

El exabrupto que hizo el diputado simplemente refleja inconscientemente lo que se pretende. Los egresados de la educación pública queremos presupuestos que se incrementen, sí, pero para aumentar la cobertura de la educación pública, no para ir a subsidiar a empresarios de la educación o a empresarios de la salud.

Tenemos un compromiso de origen que no podemos nosotros desdeñar. Es por eso que el esfuerzo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México es enorme, es considerada así una de las 100 primeras universidades del mundo, pero con una matrícula de 290 mil estudiantes, mientras que las otras universidades que tienen los primeros lugares, no van más allá de 25 mil o 30 mil estudiantes. Esto habla de cantidad y de calidad educativa y es por eso que el día de hoy debemos de hacer un reconocimiento.

De nada sirve venir a decir que busquemos de dónde tenemos que buscar el Presupuesto. Es mejor tener una deuda económica que tener una deuda social. En materia educativa tenemos un compromiso con el pueblo de México para impulsarlo al desarrollo. Ése es el compromiso de los que egresamos de la escuela pública y nuestra ideología la sesgamos hacia partidos que comprometan nuestro compromiso con la identidad nacional y sobre todo con el laicisismo de las instituciones de la República. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Miguel Ángel Navarro. Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Tonatiuh Bravo, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Gracias, señor Presidente. Solamente me quiero referir a los datos que han sido dados aquí y con gusto los debatimos en la mesa directiva o en la Comisión de Educación.>

En 2006 el Presupuesto de Egresos de la Federación fue de dos billones 200 mil millones de pesos; el gasto educativo fue de 365 mil millones de pesos. Eso corresponde casi al cuatro por ciento. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, la propuesta 2007 es de dos billones 234 mil millones de pesos y el gasto educativo es de 386 mil millones de pesos. Eso significa un poco más del 3.8 por ciento. Es una disminución en términos porcentuales y relativos. Primera consideración.

Segunda. Le doy los datos puntuales. El Presupuesto de entrada de 2006 para educación superior fue de 49 mil 984 millones de pesos, eso representa 0.55 por ciento del PIB; el 2006 de salida --porque hay los incrementos salariales-- es de 52 mil 157 millones y es el 0.57 por ciento del PIB. ¿Cuál es el presupuesto que se propone en 2007?, 49 mil 826 millones de pesos, ¿cuánto representa?, el 0.51 por ciento del PIB. Así que claro que en el proyecto de Presupuesto hay una disminución real y las disminuciones reales se comparan en términos relativos y porcentuales.

Daré otro dato muy puntual para que no haya equívocos aquí. Si dividimos el gasto educativo entre el número de estudiantes que tiene, vamos a tener una cifra por estudiante.

En el 2000 se recibían por estudiante 36 mil 939.5 pesos. En el 2001, 38 mil 479. En el 2002, que fue el presupuesto más alto, se recibió 39 mil 215. Pero a partir del 2003 la baja es permanente, 36 mil 822 por estudiante. En el 2004, 35 mil 242. En 2005 se tiene una leve recuperación de 36 mil 655. Pero en 2006 se baja a 33 mil 582 y en el proyecto de presupuesto a 32 mil 186 el gasto por estudiante.

Por último señalar que si esta soberanía aprobó la modificación a la Ley General de Educación para decir que el Estado debe invertir el 8 por ciento del PIB, lo que nosotros creemos que debe hacerse como esfuerzo es encaminarnos y aproximarnos paulatinamente a eso, no lo contrario. No es explicable lo contrario.

Y termino señalando lo siguiente. Lo que diga la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no es lo que hicieron los países desarrollados. Los países que han logrado el desarrollo primero invirtieron en educación y después obtuvieron el desarrollo y el crecimiento económico como resultado de esa inversión, no al revés. Aquí lo que se nos dice es que primero debe haber un excedente económico consignado en la ley, para que después se invierta en educación y es al revés.

La prioridad número uno, la palanca del desarrollo nacional, la clave estratégica multiplicadora y redistributiva realmente de la equidad social, es primero invertir en educación y después obtener el crecimiento económico. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bravo. Tiene la palabra la diputada Laura Rojas, del grupo parlamentario del PAN.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández:Con su venia, señor Presidente: que quede bien claro, el Partido Acción Nacionalha estado siempre y está a favor de la universidad pública, a favor de la educación pública gratuita, laica y universal.

Hoy las diputadas y los diputados del PAN, congruentes con nuestros orígenes universitarios, reconocemos la invaluable aportación de las universidades públicas en la formación de todas las generaciones de mexicanos que han formado nuestra nación.

Los 138 diputados del PAN egresados de universidades públicas y particularmente los 19 diputados egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el respaldo de nuestros compañeros refrendamos nuestra voluntad para que de manera responsable y, en consecuencia, con la Ley de Ingresos que aprobemos, sea asignado el mayor presupuesto que sea posible para nuestra universidad, la Universidad de México.

Estamos orgullosos y agradecidos por haber sido formados en la mejor universidad de América Latina.

Señores del PRD, señores del PRI, compañeros diputados de todos los partidos. El día de hoy el PAN quiere dejar clara esta posición. No engañen a la opinión pública: el PAN está a favor de la universidad pública y de la educación pública.

Este año el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de Shangai, que publicó una lista con las 500 mejores universidades del planeta, sólo una institución mexicana se colocó en esta lista, la UNAM.

Los criterios aplicados para esta clasificación permitieron a la UNAM figurar entre las primeras 100. Entre los aspectos evaluados se consideraron cuántos premios Nobel han salido de sus aulas, como...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada Rojas.

¿Con qué objeto, diputado? Sonido a la curul del diputado Octavio Martínez.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Gracias, Presidente: para efecto de que le pregunte a la oradora si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada Rojas, ¿acepta una pregunta?

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Acepto la pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Muchas gracias. Me gustaría conocer la opinión de la oradora, a efecto de las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto, que por cierto, es de Acción Nacional. ¿Qué opina usted de la declaración del presidente de esta Comisión respecto a la UNAM?

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Ese tema ya fue aclarado en su oportunidad en los medios por el coordinador del PAN, y en este momento el PAN está fijando su posicionamiento sobre el punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política.

Como decía, entre los aspectos evaluados se consideraron cuántos premios Nobel han salido de sus aulas, como Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina; cuántos reconocimientos por sus investigaciones, la cantidad de artículos publicados en todos los campos de la ciencia, la frecuencia de citas alusivas a sus publicaciones y al desempeño de sus académicos. Con ello, la UNAM superó no sólo a todas las universidades privadas y públicas del país, sino también a todas las de América Latina, pues la siguiente, la Universidad de São Paulo, se colocó en el lugar 188 de la lista; y la tercera, la Universidad de Buenos Aires, se posicionó en el lugar 330.

La UNAM atiende para este año a 290 mil estudiantes; realiza el 50 por ciento de la investigación total del país; cuenta con el mayor acervo bibliográfico y sus servicios comunitarios están presentes en todos los estados de la República.

La UNAM ha diversificado las fuentes de su financiamiento para la educación. Este año facturó dos mil 500 millones de pesos por concepto de servicios, contratos y convenios. Ninguna otra universidad en América Latina genera tantos recursos propios: ocho veces más de lo que se iba a recabar en aquel intento de aumentar las cuotas. La UNAM ha rendido cuentas públicas durante los últimos años. Fue la primera institución autónoma en hacerlo y todas las auditorías externas que se le han practicado han sido satisfactorias.

Por esas razones, las diputadas y los diputados de Acción Nacional creemos que la UNAM merece no sólo nuestro reconocimiento y apoyo a este punto de acuerdo, sino un esfuerzo de todos los que integramos esta Cámara por consensuar las reformas fiscales que son necesarias para garantizar la educación pública, laica, gratuita y universal.

Recordemos que el año que viene tendremos menos ingresos excedentes por concepto del petróleo y que para que un alumno llegue a la Universidad, es necesario que recorra un camino previo que pasa por completar la educación básica y la educación media superior. En estos pasos previos, el Estado mexicano requiere hacer un esfuerzo de cobertura y calidad que no permite demora, para lo cual hacen falta más recursos.

Compañeras y compañeros diputados, no politicemos este asunto del Presupuesto. La educación, la educación es una prioridad y de eso dependen las nuevas generaciones de mexicanos. Demostremos nuestra capacidad de coincidir en temas trascendentes para México. Construyamos juntos estos consensos a favor de todos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Laura Rojas. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si el asunto está suficientemente discutido.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Presidente: nada más si es tan amable de leer el Secretario diputado cómo quedó el acuerdo, porque hubo una moción donde se modificaba; entonces sí quisiéramos escuchar...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le voy a dar trámite. El acuerdo es el que envió la Junta de Coordinación. ¿Quiere que se lea? Estamos votando el acuerdo de la Junta de Coordinación. La propuesta hecha por el diputado Ríos Camarena se va a turnar a la Comisión de Programación y Presupuesto.

Túrnese a la Comisión de Programación y Presupuesto la propuesta hecha por el diputado Ríos Camarena.

Sonido nuevamente a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Lamento mucho que le incomoden, señor Presidente, las preguntas de su servidora, pero aquí el diputado hizo una moción que se presentara aquí en el Pleno y se votara en este momento su moción y su propuesta. Le solicito que la ponga a consideración del Pleno en este momento y no se turne a la Comisión.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada: no me molesta lo que me pregunte. Ya se habló con el diputado Ríos Camarena y está él de acuerdo en que se turne a la Comisión de Programación y Presupuesto. Ese es el turno que le hemos dado.

Sonido a la curul del diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): No he tenido ninguna consulta respecto a que se mandara a la Comisión. Mi propuesta tenía como sentido darle fuerza al aspecto constitucional y a la soberanía de esta Cámara.

Entiendo, entiendo con claridad que hay una serie de procedimientos burocrático-legislativos que impiden que la Cámara pueda estar por encima de la Secretaría de Hacienda o por encima de las propias comisiones.

Veo que no hay realmente el interés, cuando menos de la Mesa Directiva, de seguir un procedimiento que tendría que ver con la constitucionalidad que tiene esta soberanía. No estoy alegando el aspecto de la Ley Orgánica ni del Reglamento.

Como en otras ocasiones, vuelvo a insistir, una Cámara como esta no puede funcionar, no puede tener verdadero peso en la opinión nacional si solamente estamos siguiendo las líneas cupulares que se nos vienen marcando.

A mí nadie me consultó que se fuera a ninguna comisión. Yo pedí, como bien dijo la diputada Monreal, que se votara. Ustedes no lo quieren hacer así, bueno pues entiendo cuál es el papel de la Mesa Directiva. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Gutiérrez Calzadilla.

El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla(desde la curul): Señor Presidente: para solicitarle de forma comedida, que también se turne este acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese también a la Comisión de Educación.

Sonido a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señor Presidente: si el diputado ya no insiste en que se vote en el Pleno, su servidora sí le pide --con el uso de mis derechos como legisladora-- que se ponga a consideración de esta Asamblea y se vote en este momento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente: para orientar a la Asamblea, me aboco a leer la fracción IV del artículo 74: ``Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''.

Sin duda la propuesta del diputado Ríos Camarena cuando está hablando de un ocho por ciento en educación superior, cuando la recomendación de la UNESCO es ocho por ciento en todo lo que es educación, implica muchos miles de millones de pesos que tiene que ser analizado por la Comisión de Presupuesto y precisamente modificarse las partidas correspondientes al proyecto que está enviando el Ejecutivo. Por lo tanto creo que el turno que le ha dado la Presidencia, es el adecuado y el correcto, no podemos aquí pasar sobre una comisión cuando ni siquiera hay dictamen y ni siquiera sabemos de dónde se va a obtener porque no se ha discutido la Ley de Ingresos y las correspondientes contribuciones.

Por lo tanto mi grupo parlamentario pide que se ratifique el turno que ha dado la Presidencia.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, señor Presidente. En torno a esta intervención que hace el diputado Prats creo que con ánimo de conciliación se pueden hacer las cosas. El acuerdo dice:

``Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior, así como con los centros de investigación de todas las disciplinas y reconoce su contribución al desarrollo de México, en particular la participación de la UNAM''.

``Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007, propuesta por el Ejecutivo federal y a las instituciones de educación superior y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar en términos reales sus asignaciones para 2007 con respecto al presupuesto 2006''.

Y se le puede agregar perfectamente ``en el marco de lo que establece la Ley General de Educación de llegar a un ocho por ciento de inversión en educación, como porcentaje del producto interno bruto''. Si se agrega eso están conciliado el punto de vista del punto de acuerdo y el del compañero del Partido Revolucionario Institucional que habló y que como se sometió a debate el punto, pues él adhirió eso, y me parece que es legítimo que se pueda poner eso en el acuerdo y no modifica sustancialmente nada de lo que aquí se ha discutido.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Quiero aclarar que ya fue votado el punto de acuerdo y aprobado por unanimidad, ésta es una nueva proposición, que se le ha dado el turno a la Comisión de Educación y a la Comisión de Programación y Presupuesto.

No estamos discutiendo todavía el Presupuesto, que es lo que ha señalado el diputado Rodríguez Prats, no estamos en el momento de la discusión presupuestal. Yo creo que lo conveniente es que se le dé este turno tal como se ha hecho para que en el momento de elaborar el dictamen y discutir el presupuesto, entonces si se tomen en cuenta estas propuestas.

Sonido en la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señor Presidente: está el video donde su servidora le pidió el uso de la voz antes de que usted sometiera a votación, precisamente porque en otras ocasiones usted argumenta que ya fue votado.

Está el video donde yo le pedí antes de que se sometiera a votación, me diera el uso de la voz para que a este punto de acuerdo pudiera agregársele la moción que hizo el diputado respecto a que considerara el ocho por ciento para educación.

Entonces no hay voluntad seguramente de su parte, porque cuando usted cree conveniente sí nos voltea a ver a los legisladores y cuando no, sigue el proceso de votación y como en este momento pasó con su servidora deja que pase el procedimiento de la votación y después dice que ya no se puede regresar el procedimiento. Ahí está el video, señor Presidente donde su servidora le pidió el uso de la voz antes de la votación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Solís Parga.

El diputado Rodolfo Solís Parga(desde la curul): Señor Presidente: estamos de acuerdo en que se pase a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto debe entender más allá del lenguaje parlamentario que se utiliza, en término de exhortos, que hay un mandato de esta Asamblea, para que se promueva suficiente presupuesto para el desarrollo de la actividad educativa y de la educación superior en lo particular.

Estableciendo además, que existen antecedentes tanto de esta Cámara, en el pasado, en el sentido de que el monto presupuestal debe llegar al orden del ocho por ciento del producto interno bruto conforme a las recomendaciones de la propia Organización de las Naciones Unidas, su departamento especializado que es la UNESCO. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado.

Sonido a la curul del diputado Javier González Garza:

El diputado Javier González Garza(desde la curul): Señor Presidente: creo que la intervención del diputado Rodríguez Prats es pertinente. No podemos votar en este momento el asunto del Presupuesto. Lo que es muy importante es no dejar pasar lo que es un consenso, que es el que en este país se cumpla el ocho por ciento, que el ocho por ciento del producto interno bruto sea para educación.

Y yo lo que propongo en este momento para zanjarlo, es que se envíe a las comisiones, como ya está dicho, pero que solicitemos un acuerdo con el Ejecutivo que nos diga un planteamiento de cómo vamos a llegar en este sexenio al ocho por ciento del producto interno bruto. Ésa sería propuesta señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para ilustrar a la Asamblea, voy a pedir a la Secretaría que lea el artículo 25 de la Ley Federal de Educación, en donde establece precisamente la obligación de fijar en el Presupuesto el ocho por ciento del producto interno bruto para la educación. La ley no está a votación. Dé lectura, por favor, la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Artículo 25. Ley General de Educación. ``El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto al menos el uno por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior pública''.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es cuanto, Secretario.

Sonido a la curul del diputado González Garza y después el diputado Murat.

El diputado Javier González Garza(desde la curul): Efectivamente tenemos esa ley; como esa ley no se ha cumplido, lo que hoy vemos en esta Cámara es un consenso para que esa ley se cumpla, señor Presidente, lo que estoy proponiendo es que pidamos al Ejecutivo federal que nos diga cuál va a ser el procedimiento para cumplir esa ley. En otras palabras, en cuánto tiempo vamos a estar en ese nivel, pero que nos lo informe, porque ya tenemos esa ley que fue votada en esta Cámara, lo que necesitamos es que se cumpla y necesitamos por lo tanto que nos diga el Ejecutivo cómo lo piensa hacer en este sexenio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Yo creo que la pregunta sería para las comisiones, diputado, el Ejecutivo ya presentó el Presupuesto, la Ley de Ingresos, y corresponde a esta Cámara, corresponde a las comisiones en su dictamen hacer la propuesta correspondiente. Sonido a la curul del diputado Murat.

El diputado José Murat(desde la curul): Presidente de la Mesa Directiva, solamente para hacer algunos planteamientos rápidos. Primero, este debate se da desgraciadamente por unas declaraciones muy lamentables que hizo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Padilla. Después vino todo el señalamiento para los que somos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Méxicoy de otras instituciones de enseñanza superior, que se dio al pueblo de México. Solamente un señalamiento a la Mesa Directiva, con el respeto que merece este honorable cuerpo legislativo.

El diputado Ríos Camarena hizo una propuesta y se le señaló que fuera por escrito, lo hizo en esos términos. Por procedimiento se debería de haber pasado a votación la propuesta que hizo el diputado Ríos Camarena. Le pido que retomemos el procedimiento, en base al Reglamento y a la Ley Orgánica, y que pasemos a dejar claro lo que ya escuchamos de los distintos oradores, de los distintos grupos parlamentarios que estamos pensando que la Universidad Nacional Autónoma de México debe tener un planteamiento de futuro.

Queremos dar presupuesto para que siga creciendo y para que entre en la definición de ciencia y tecnología y que haya egresados que den su aportación para el crecimiento con visión de futuro para México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, señor Presidente: en términos de los artículos 124 y 125 del Reglamento, le he enviado a la Presidencia una propuesta de adición al resolutivo segundo del acuerdo.

En nada es adelantar el dictamen de Presupuesto ni votar. Es simplemente contextualizarlo en el marco de lo que ya dice la Ley y en el marco de la meta establecida por esta soberanía. Le pido la pueda someter a la consideración del Pleno, si es tan amable.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a dos proposiciones: a la que hace el diputado Ríos Camarena y a la que hace el diputado Tonatiuh Bravo, para que la Asamblea decida si se incluyen a discusión, para agregarse o no a la propuesta que hizo la Junta de Coordinación, ya votada.

Sonido a la curul del diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): En relación a la propuesta que hice, fue una propuesta que repito tiene una base constitucional. El diputado Tonatiuh Bravo está haciendo una propuesta más completa. Por lo tanto, yo retiro mi propuesta que hice por escrito y me adhiero a la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que está haciendo el diputado Tonatiuh Bravo, primero para ver si se acepta a discusión.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación si se discute la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No. Dé lectura a la misma.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior, le solicito adicionar el acuerdo segundo, sujeto a discusión, del siguiente párrafo.

Quedaría: ``Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007, propuesta por el Ejecutivo federal, a las instituciones de educación superior, y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar en términos reales, sus asignaciones para 2007 con respecto al Presupuesto 2006, en el marco de la Ley General de Educación que establece como meta de gasto en educación, el ocho por ciento del producto interno bruto''.

En votación económica se pregunta a los ciudadanos diputados si es por aprobar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se requieren dos tercios de la votación. Es una solicitud de urgente resolución, si se acepta a discusión. De no ser así, aclaro, de no ser dos tercios, pasaría a la comisión. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta a discusión como propuesta de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, antes de votar. Es el procedimiento. Diputado Bravo, sonido a su curul.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): El debate es sobre el mismo asunto. El asunto que se votó señor Presidente, es un asunto de mayoría simple y entonces como tal, dice el artículo 124 textualmente: ``En la sesión que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley --en este caso es una proposición-- podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados''.

Aquí ya se aprobó el artículo y yo estoy haciendo una adición o modificación al ya aprobado. Por lo tanto, es el mismo asunto, procede y es mayoría simple señor Presidente, si es tan amable.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dé lectura al artículo 125 del Reglamento, Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la comisión respectiva. En caso contrario se tendrá por desechada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta hecha por el diputado Tonatiuh Bravo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se admite la discusión de la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

Se recibió de la Junta de Coordinación una propuesta. Proceda la Secretaría a dar lectura a la misma.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno en el primer turno posible, la modificación al orden del día, para incorporar el siguiente punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el marco de análisis, discusión y eventual aprobación del proyecto de presupuesto federal 2007, se contemple un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación básica.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se consulta a la Asamblea, si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

EDUCACION PUBLICA SUPERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez para dar lectura al acuerdo en nombre de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez:Con su venia, señor Presidente: en nombre de la Junta de Coordinación Política.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el marco del análisis, discusión y eventual aprobación del Presupuesto federal de 2007, un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación, presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, en la sesión del martes 12 de diciembre de 2006

Los suscritos, coordinadores parlamentarios, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación, con base en las siguientes

Consideraciones

Manifestamos que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no refleja la voluntad del Ejecutivo de cumplir el mandato legal establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación de destinar 8 por ciento del PIB al gasto público federal, ya que en el proyecto, lejos de incrementar la inversión educativa como porcentaje del PIB, disminuye de 4.2 a 4.01 por ciento.

Ante esto, nosotros consideramos que el gasto en educación, visto como inversión en capital humano, debe verse como un concepto de gasto que da rendimientos mucho más favorables que cualquier otro tipo de inversión. Para nosotros, la educación es el mejor medio para alcanzar la libertad, garantizar la justicia social y detonar desarrollo.

La educación es un compromiso y una responsabilidad que debe ser compartida por la sociedad y el Estado. En este sentido, debemos tomar en cuenta que en las relaciones sociales debe existir una redistribución lo más equitativa posible de los recursos, mediante la educación.

El proyecto de presupuesto de 2007 para educación es de 356 mil 486 millones de pesos, monto inferior en 2.5 por ciento, en términos reales, en comparación con el presupuesto de 2006.

Dentro del presupuesto de la función educación, los ramos que representan mayor proporción son el Ramo 33 (Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos), con 52.3 por ciento, equivalente a un monto de 186 mil 636 millones de pesos y la Secretaría de Educación Pública (Ramo 11), con una participación de 37.3 por ciento, que representa recursos por 132 mil 918 millones de pesos. Cabe destacar que ambos ramos registran una caída respecto al presupuesto aprobado en 2006 de 3.2 y 2.0 por ciento, en términos reales, respectivamente.

En cuanto al gasto en educación por subfunción, en educación básica se propone un monto por 223 mil 699 millones, lo cual representa una caída de 5.1 por ciento real respecto a 2006.

Para la subfunción de educación superior dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se proyectan recursos por 44 mil 775 millones de pesos, cantidad insuficiente para alcanzar los objetivos del Instituto Politécnico Nacional y las entidades homologadas.

En cuanto a la educación media superior, se estima un presupuesto de 39 mil 301 millones de pesos, cantidad que estimamos insuficiente, por lo que solicitamos un mayor presupuesto.

Por las consideraciones anteriores, solicitamos un incremento sustantivo en términos reales de las partidas correspondientes a la subfunciones de educación básica, educación media superior y superior para las entidades homologadas.

Se debe reconocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación no refleja un compromiso con las necesidades reales de la educación pública:

La distribución de recursos no atiende a aspectos fundamentales para elevar la calidad de la educación.

La propuesta del Ejecutivo no responde a las necesidades básicas del sector educativo, toda vez que el Presupuesto no cubre las necesidades siquiera para mantener el sistema educativo en las condiciones actuales.

Por todo lo anterior, manifestamos rechazo al proyecto de Presupuesto de Egresos en materia educativa presentado por el Ejecutivo federal y solicitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública inicie un trabajo intenso para que se corrija el citado proyecto a favor de la educación en nuestro país, en todos sus niveles.

Un buen gobierno es entre otras cosas el que tiene la capacidad gubernamental de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, por medio de soluciones políticamente articuladas, por medio del apoyo de los diferentes niveles de gobierno. Gobernabilidad implica también mantener las condiciones mínimas indispensables para posibilitar el desarrollo económico, político y social en un contexto estable y democrático.1

Esta solicitud, al ser reconocida y autorizada, confirmaría la importancia que tiene para el Legislativo la educación.

Esperando siempre una respuesta positiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar un aumento sustantivo y suficiente en las partidas correspondientes a las subfunción educación básica, media superior y entidades homologadas de educación superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación.

Nota:

1 Kaufman, Kraay y Zordo (2000), La gobernabilidad es fundamental, del análisis a la acción, Finanzas y Desarrollo, FMI, página 10.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Grupo Parlamentario del PRI; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Grupo Parlamentario del PRD; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Grupo Parlamentario del PT; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Grupo Parlamentario de Alternativa.»

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Miguel Ángel. Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola :Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladores: todo Presupuesto, desde la presentación del proyecto, debe reflejar su intencionalidad. Lo que estamos discutiendo en esta tribuna no son solamente números, es el futuro de la educación en nuestro país en todos sus niveles, es el futuro de la enseñanza desde las primeras etapas que son fundamentales en la formación de valores y principios, hasta nuestros investigadores que tanto aportan al desarrollo científico y económico de nuestro país.

La reducción presupuestal evidente en el rubro de educación implica un retroceso. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde queda la importancia de que va destinado a todos nuestros estudiantes y a nuestros niños en México?

En la actualidad la población estudiantil en nuestro país es de aproximadamente 30 millones, una población que se encuentra en una encrucijada, sin un futuro seguro, inmersos en una crisis de valores y creencias. Todo ello resultado de la crisis social, política y económica existente en México.

Ante esta situación las y los estudiantes de nuestro país necesitan esperanza, necesitan apoyos, insumos para seguir estudiando y poder insertarse al desarrollo. No necesitan reducciones, debemos elevar la cobertura educativa, la calidad y la eficiencia; pero parece no ser prioritario en estos momentos. Las buenas finanzas y una economía estable son las prioridades y parece no importar a costa de que se logre; números más, números menos.

En Nueva Alianza nos preguntamos cómo alcanzar finanzas públicas sanas condicionando la educación y el futuro de nuestras niñas y niños. ¿Qué es más importante para nuestro gobierno? Sabemos que las prioridades son varias, nuestro país enfrenta procesos de grandes cambios que implican enormes retos, pero creemos firmemente que no podemos dejar al lado el apoyo prioritario y estratégico que debe representar la educación.

Debemos tener una economía estable, pero sin afectar a uno de los sectores más importantes de nuestro país: la educación, eje de desarrollo y detonante de movilidad y permeabilidad social. Ya no queremos los mismos resultados, debemos avanzar y para ello se deben cubrir las necesidades que tienen las instituciones educativas.

La educación es un arma de defensa que promueve los valores, estimula la tolerancia, refuerza las creencias y permite actitudes de mayor compromiso y participación, con el fin de formar personas libres y responsables que coadyuven a elevar el bienestar y mejorar la calidad de vida en nuestro país.

Difícil expresarlo mejor que Carlos Fuentes: ``Digo educación y pienso en capital humano. Digo educación y pienso en iniciativas ciudadanas. Pienso en educación y pienso en liberación de la mujer, protección del medio ambiente. Pienso en educación para eliminar la injusticia, el abuso, la discriminación, la falta de respeto a nuestros conciudadanos, la corrupción. Pienso en educación y pienso en una cultura de la legalidad, que despida para siempre la incultura de la arbitrariedad. Pienso en educación y pienso en tolerancia, en experiencia. Pienso en experiencia y pienso en destino. Porque la tarea de educar exige coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos''.

Nueva Alianza promueve este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Arriola. Tiene la palabra el diputado Abundio Peregrino García, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Abundio Peregrino García:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: la privatización silenciosa en la educación por la disminución del Presupuesto no debe pasar por esta Cámara. El Presupuesto que el Ejecutivo federal propone para la educación en todos sus niveles para 2007 es un presupuesto con claros tintes de seguir golpeando a la educación pública en aras de impulsar la privatización de la educación en nuestro país.

Proponer una reducción de más del 2.5 por ciento en términos reales para el próximo año, es un claro mensaje de que la educación pública no es bien vista por el gobierno de Calderón. Es una clara señal de que la formación educativa de los mexicanos no será una prioridad en los seis años que nos esperan de este gobierno.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo pensamos que el monto de los recursos para el ramo educativo debe ser ampliado sustancialmente año con año, hasta alcanzar la meta del ocho por ciento con relación al producto interno bruto y del uno por ciento para ciencia y tecnología.

Sin embargo éste es un aspecto del problema, porque el verdadero fondo para que transitemos a un sistema educativo de alto rendimiento y de resultados tangibles tiene que pasar por una reforma integral de la educación en nuestro país.

Esta reforma pasa por volver obligatoria la estimulación temprana y la educación inicial, por articular la educación básica y la educación media superior mediante su conversión en obligatoria. También impulsar la formación de lectores tempranos y construir un sistema de investigación científico y tecnológico para formar cuadros de alto nivel profesional. En este contexto, el tema del Presupuesto es fundamental para formar los recursos humanos que requiere el país y el sistema educativo que esté a la altura de las nuevas exigencias de la realidad nacional y mundial.

Por estas razones no vamos a permitir que el presupuesto para educación se reduzca y vamos a luchar en todas las comisiones legislativas que correspondan porque el presupuesto para el ramo educativo se incremente sustancialmente para 2007.

Esta Legislatura no puede postergar la ampliación del presupuesto para la educación integral de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Peregrino. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Pinete Vargas, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas:Muchas gracias, diputado Presidente: compañeros legisladores. Considero muy importante el posicionamiento que cada una de las fracciones representadas en este Pleno y que con mucho respeto hemos estado escuchando, sobre todo porque el tema es fundamental y es básico; básico desde el propio ser, básico desde que hablamos de que la educación va a formar y va a apoyar el desarrollo humano. Va a ayudarnos a que ese desarrollo impacte en la sociedad en general y en la comunidad educativa.

No podemos nosotros mantener un paquete económico ni por supuesto aprobarlo de ninguna manera, dejando al margen y dejando a un lado lo que es la prioridad para todos los seres humanos que habitan este país.

Para que podamos vivir mejor, para que podamos tener seguridad, para que podamos tener tranquilidad, para que podamos competir, para que podamos nosotros realmente estar a la altura de la globalización y de las expectativas necesitamos estar bien preparados. Que nuestras niñas y que nuestros niños realmente tengan esa educación de calidad que merecen y no solamente en las capitales de nuestras entidades, sino también en todas las regiones de nuestra patria.

Recordemos que estamos aquí como representantes de la nación y para ello, compañeras y compañeros, les pido que este paquete económico..., porque dicen: ¿de dónde va a salir? Vamos a incrementar los impuestos. Por supuesto que no.

Aquí estamos los que tenemos imaginación, aquí estamos los que fuimos electos por voluntad del pueblo, aquí estamos los que realmente vamos a tomar las decisiones sabias e inteligentes que van a ayudarnos a cumplir con esos compromisos de quienes abanderaron este proyecto de nación que ahora tenemos que articular todas las fuerzas políticas aquí representadas y que los legisladores de México tenemos la gran oportunidad de dignificar con nuestro quehacer político, con nuestras decisiones, con el respeto a la palabra que tenemos que dignificar esta envestidura que ha sido orgullo por muchas décadas y por muchas generaciones. El sistema educativo nacional merece ser fortalecido.

En el mes de noviembre una servidora presentó un punto de acuerdo para revisar precisamente ese acuerdo nacional para la modernización de la educación básica; ¿por qué?, porque no podemos estar esperando que nos rebasen las necesidades en cuanto a cobertura y en cuanto a servicios, pero tampoco podemos estar esperando para que en el 2007 tengamos los resultados en calidad y en evaluación educativa que recibimos este año.

Por eso, compañeras y compañeros, en representación no solamente de mi partido, el Revolucionario Institucional, sino de todos los maestros, las maestras, los niños, las niñas, las madres de familia y todos los que realmente, realmente queremos mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y de los que más necesitan, necesitamos invertirle a la educación, que sea pues la inversión en educación la que nos dé mayor rentabilidad social. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Carmen Pinete. Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Cruz Pérez Cuéllar:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: para el Partido Acción Nacional, una de las principales metas en materia de educación es formar cuadros profesionales con las suficientes habilidades y capacidades técnicas y científicas para que constituyan la principal plataforma de despegue para el desarrollo nacional.

Esta formación sólo puede llevarse a cabo y rendir los frutos necesarios por medio de una efectiva federalización educativa en donde se precisen mejor las atribuciones de cada orden de gobierno, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y otorgando mayor flexibilidad a nivel regional de los contenidos mínimos sujetos a normatividad nacional.

Por consiguiente, la sociedad civil y el gobierno deben seguir apostando por una educación pública de alto nivel en donde se formen las y los mexicanos que sacarán adelante a nuestra nación en el presente milenio, generaciones que desde luego tendrán nuevos retos y circunstancias propias de un mundo globalizado.

En este sentido, no podemos arriesgar ni poner en entredicho la calidad de la educación pública, por el contrario, el grupo parlamentario del PAN lo que busca es que en esta parte tan medular del sistema educativo y al que acuden millones de mexicanos cuente con las características y niveles que la competitividad internacional demanda.

Para ello, nuestro grupo parlamentario ha propuesto e integrado dentro de su agenda legislativa para esta LX Legislatura en materia de educación pública, diversas propuestas. Además hay que decirlo, la gran mayoría, estoy seguro, de los diputados y diputadas no solamente del PAN sino de todos los grupos parlamentarios debemos nuestra formación a la educación pública. Estudiamos desde la primaria hasta profesional en las escuelas públicas de este país y debemos de tener un compromiso con nuestro origen y con los beneficios que recibimos y responderle así a las futuras generaciones de mexicanos.

En pocas palabras, además de los avances que ha habido en este gobierno con el programa Enciclomedia, el programa Escuelas de Calidad, en pocas palabras está claro --y lo hemos escuchado de todos los grupos parlamentarios-- que no podemos ir a favor de una reducción en el presupuesto en materia educativa. Se requieren más recursos, eso está claro y todos le hemos apostado y hoy nos hemos comprometido con la nación en ese sentido.

Lo que creo que falta, y espero que los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios nos hagamos responsables, es de dónde van a salir los recursos para apoyar a la educación. Está claro que necesitamos más recursos, está claro que no se debe reducir el presupuesto. Lo que nadie ha venido a proponer aquí, hasta ahorita, es cómo obtener esos recursos.

Ahorita escuchaba la intervención de un diputado que decía que valía más una deuda económica que una deuda social. Puede que tenga razón; sin embargo, hay que recordar que las deudas económicas luego se van a convertir, en un futuro, en deudas sociales y así hemos venido arrastrando muchas deudas sociales que primero fueron deudas económicas en nuestro país y hoy tenemos que pagar los mexicanos.

Por eso, obviamente, el grupo parlamentario del PAN está a favor de este punto de acuerdo, pero yo quiero hacer un exhorto respetuoso a todos los grupos y a todos los diputados: que pensemos no solamente en venir a pedir más recursos, sino de dónde vamos a sacar esos recursos, porque esos millones de mexicanos que hoy están estudiando en escuelas públicas se merecen certidumbre, es cierto, pero no solamente en el presupuesto del año 2007, sino en lo que va a pasar en su futuro.

Ojalá y no por una actitud demagógica queramos hipotecar el futuro de millones de mexicanos. Ya lo hemos vivido y nos ha costado muy caro.

El grupo parlamentario del PAN apoya este punto de acuerdo y los exhorta a que pensemos, a que imaginemos cómo lograremos darle más recursos a esos mexicanos que tanto lo demandan. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Pérez Cuéllar. Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Todo el diseño de política económica tiene en el presupuesto un brazo fundamental de operación.

En este sentido, la política presupuestal tiene en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 un instrumento trascendental; pero su perfil restrictivo y procíclico que se nos presenta tiene consecuencias graves, en especial en la educación, en todos sus niveles.

El Ejecutivo federal presenta una reducción en todos los niveles de educación, justificándose, entre otras razones, por la pretensión de anular el déficit con el fin de alcanzar finanzas públicas sanas. Esto último, lo hablé como objetivo general, pero a condición de no afectar áreas de servicios estratégicos o prioritarios.

Pero los resultados de esta política restrictiva tendrían consecuencias graves de aplicarse como está propuesto, presentado el proyecto de Presupuesto para 2007. Seguiríamos con una economía que no crece lo suficiente, no hay empleo y si aceptamos la estructura del presupuesto a educación que se nos presenta en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2007, la educación iniciará un camino de deterioro y estancamiento por no estar habilitada presupuestalmente ni siquiera para mantenernos en la situación actual.

Creemos que debemos pasar de las políticas pro cíclicas a instrumentar una política fiscal contracíclica, cuidadosamente dirigida como parte o preámbulo a una necesaria planeación de Estado que cuide y fomente, en especial, el rubro de educación en todos sus niveles; que incremente el capital humano y que vea el presupuesto en dicho rubro no como gasto, sino como inversión en educación; que se constituya en factor de rentabilidad social, fundamental en el logro de la equidad social y el desarrollo económico.

Recordemos que la educación es un detonante de movilidad y permeabilidad social, además, de desarrollo.

En este contexto invitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también desde luego y fundamentalmente a la Comisión de Educación, a atender seriamente este punto de acuerdo para contemplar un aumento sustantivo y suficiente en las partidas correspondientes a las subfunciones de educación básica, media superior y entidades homologadas de educación superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación del sistema educativo nacional.

No atender esta petición implicaría que no habría voluntad política para abastecer de recursos suficientes a todos y cada uno de los niveles educativos y dejar de lado el necesario avance para lograr que se dedique el equivalente al ocho por ciento del PIB, del producto interno bruto para educación como ha sido aprobado precedentemente por el Honorable Congreso de la Unión.

En Nueva Alianza sostenemos la tesis de que las finanzas públicas deben ser un instrumento estratégico del Estado, deben utilizarse con perspectiva integral tomando en cuenta siempre la política social y en especial la educación, insisto, en todos sus niveles y que no puede disociarse el presupuesto para educación de la aplicación de las políticas para elevar la cobertura educativa con equidad y la elevación de la calidad del servicio educativo.

Una respetuosa solicitud a todas y todos los compañeros diputados para que aprobemos todos este punto de acuerdo y sea un elemento más que fundamente y refuerce las decisiones que se analizarán en las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda también y de Educación Pública. Diputado Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Jacinto Gómez Pasillas. Tiene la palabra el diputado Sergio Hernández Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Sergio Hernández Hernández:Celebro en mucho que finalmente hace unos momentos, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias podamos llegar a acuerdos sobre todo en la columna vertebral de nuestro país, que es la educación.

La fracción parlamentaria del PRD ha expresado su profunda preocupación por apoyar la educación superior de nuestro país pero no podemos olvidar que la educación es un proceso continuo, un proceso integral y que de ninguna manera podríamos pasar por alto el apoyo, los recursos que necesitamos destinar a la educación básica.

Yo creo que todos los que estamos aquí no desconocemos las condiciones tan difíciles que tenemos en nuestras escuelas a lo largo y ancho del país. Escuelas que a veces no tienen los elementos indispensables para que los maestros puedan realizar su trabajo educativo. Escuelas sin laboratorios; escuelas sin microscopios; escuelas sin mapas; escuelas sin planisferios; escuelas sin los mínimos elementos para que el maestro pueda realizar su trabajo.

Tal vez muchos dirán en este momento que de qué México estoy hablando. Estoy hablando del México de carne y hueso que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en los estados con mayores problemas económicos.

Por eso, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, vengo a esta tribuna a expresar nuestro apoyo a este punto de acuerdo, para que se canalicen recursos a educación básica, para que podamos atender la infraestructura educativa, para que los niños puedan disfrutar de más becas, para que podamos atender la actualización del magisterio, para que no quede en nuestro país un niño o una niña sin la oportunidad de educarse para mejorar sus condiciones de vida. No podemos olvidar que en educación no gastamos; en educación invertimos.

Pero creo que es mucho muy importante que aquí hagamos una reflexión porque veo muchas veces en los medios de comunicación cómo se ataca, cómo se señala al magisterio cuando con pocos recursos realiza su trabajo el maestro con mucho orgullo, con mucha voluntad, con mucho sacrificio.

Siempre se nos compara en las evaluaciones con los países que integran la OCDE, pero ellos no invierten el cuatro por ciento, cuando mucho de su producto interno bruto; ellos invierten mucho más. Nosotros llevamos muchos años tratando de hacer esta inversión que está plasmada en la Ley General de Educación.

Ojalá que lo que acabamos de acordar hace unos minutos, realmente lo llevemos a la práctica y que no el próximo año estemos nuevamente discutiendo una décima o una centésima más para el presupuesto educativo.

Los trabajadores de la educación, el personal de apoyo, lo habrán de reconocer y estoy seguro de que con su esfuerzo, con su trabajo, nuestro país seguirá saliendo adelante.

¿Qué de dónde van a salir los recursos? Indudablemente hay de dónde; ahí está el IPAB, ahí están los que no pagan impuestos. Sí tenemos de dónde sacar recursos para educación, simplemente hagámoslo, decidamos hacerlo por México. Es cuanto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Hernández. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Gracias, señor Presiente: hago uso de la palabra para rectificar hechos respecto del financiamiento a la educación en particular, pero también en relación al contenido, a la tendencia del Presupuesto de Egresos presentado a esta soberanía, por las siguientes razones:

El paquete que hemos recibido es claramente inercial, no sólo en cuanto a las cifras y al marco macroeconómico, sino también respecto a una visión, a mi juicio, excesivamente dogmática en relación a la estabilidad financiera y al imperativo de equilibrar las necesidades de gasto social con la estabilidad macroeconómica.

Ha habido un esfuerzo del titular del Poder Ejecutivo, en efecto, al presentar con oportunidad un decreto de presupuesto de austeridad, pero hay que reconocer que ese esfuerzo de austeridad ha recaído no sólo en el propio Ejecutivo, al considerar el 10 por ciento de reducción del ingreso salarial, sino en parte también en las universidades.

Entonces, compañeras, compañeros diputados, el problema es de fondo y no sólo atañe al sector educativo, que es el más sensible, como lo hemos visto, sino que el problema de fondo es el enfoque y el diseño del paquete fiscal que está puesto a consideración de esta soberanía.

¿Cómo obtener más recursos? En efecto, necesitamos una reforma tributaria que habremos de abordar el próximo año, pero hay otras decisiones que no se han planteado y yo he presentado aquí por lo menos seis iniciativas que están turnadas a las comisiones respectivas. Menciono algunas de ellas: necesitamos oficinas redundantes en los tres órdenes de gobierno; una Secretaría de Desarrollo Social federal, una estatal y una oficina municipal ¿o es en el municipio donde deberemos atender los problemas y radicar los recursos?

¿Necesitamos un aparato público en la Secretaría de la Función Pública, superior al aparato que tiene el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados? ¿No hubiese sido aplaudible y razonable el que en este decreto de racionalidad del Ejecutivo federal planteara la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y transferir esa función al órgano que constitucionalmente tiene esa competencia y que es justamente esta Cámara de Diputados?

¿No hubiese sido aplaudible y entendible y razonable plantear la desaparición de la Secretaría de Energía y sólo reducir sus facultades a la Comisión de Energía?

Pregunto sólo algunas cuestiones que no han sido abordadas con rigor, con seriedad para realmente encontrar un razonamiento, un uso racional de los recursos públicos que siempre son escasos.

Por lo tanto, compañeras, compañeros diputados, estamos llamados en estos días a hacer un ejercicio de reflexión de fondo respecto al contenido, a la forma y al fondo del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos; de otra forma no encontraremos respuestas satisfactorias para la ciudadanía que nos ha dado un mandato ante esta Asamblea.

Por lo tanto, sí hay propuestas, compañero diputado que hizo la pregunta, están las iniciativas, están en las comisiones y yo espero que haya voluntad política para encontrar soluciones de fondo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias. El último orador registrado es el diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Gracias, Presidente: sólo para ser muy breve, se han argumentado aquí muy diversas razones por las que la educación, invertir en la educación básica es muy importante y una más se llama competitividad.

La capacidad de un país para atraer y retener inversiones, así ha definido la competitividad el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el que han creado una serie de factores que a nivel internacional está comprobado que favorecen la capacidad precisamente de nuestro país para que se queden las inversiones.

Uno de esos factores es una sociedad incluyente, preparada y sana, y cierto es que aquí se ha expresado recurrentemente la responsabilidad que debemos tener los diputados federales, para que en la aprobación del presupuesto identifiquemos las razones y los argumentos y de dónde pueden provenir los recursos; sin embargo, se subestima que en la educación e invertir en la educación es precisamente uno de los factores que nos permitirá seguir desarrollando este país a través de la promoción de inversiones que vengan de otros lados.

Por lo tanto, en nombre del Partido Verde, nos sumamos evidentemente a este punto de acuerdo y lo hacemos también a favor de la competitividad. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba el punto de acuerdo. Se aprobó el punto de acuerdo. Aprobado.

Adelante, diputado Santos Arreola.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Diputado Presidente: en uso de sus facultades, toda vez que es evidente la falta de quórum, le solicito dé concluida la sesión.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Ciudadano Secretario, los instruyo para que abran el sistema electrónico de votación para que rectifique el quórum; 10 minutos para que pueda verificar el quórum de esta sesión.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para la verificación del quórum.

Están registrados 349 diputados; por tanto, hay quórum. Sigue abierto el sistema electrónico de asistencia.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe la sesión. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, enviada por el Senado de la República el 28 de noviembre de 2006.

La Comisión de Economía de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Minuta descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero:El 28 de noviembre de 2006, los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, dieron cuenta de la Minuta que remitió el Senado de la República.

Segundo: El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero:La Minuta en estudio, corresponde a una iniciativa promovida en la colegisladora por el Senador Juan Bueno Torio, en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto:El jueves 23 de noviembre de 2006, el dictamen de la Minuta de referencia se discutió en el Senado de la República, con dispensa de su segunda lectura, aprobándose por 98 votos en pro y una abstención, remitiéndola en carácter de Minuta a esta Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el aparatado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando

Primero. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la Minuta de referencia.

Segundo.Que el 13 de julio de 1994, el Senado de la República aprobó el Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y por tanto, el Acuerdo de Marrakech por el que se constituye la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.

Tercero. Que el Artículo 133 Constitucional, dispone que las leyes del Congreso Federal que emanen de esa Constitución y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados por el Presidente de la República y con aprobación del Senado, son la Ley Suprema en toda la Unión.

Cuarto. Que México desde los años ochenta ha emprendido una fuerte integración comercial con el resto de mundo, impulsando las operaciones de comercio exterior, caracterizando a nuestro país como una de las economías más abiertas del mundo con 12 Tratados Internacionales firmados con las principales economías del mundo.

Quinto.Que la reforma a la Ley de Comercio Exterior (LCE), publicada el 13 de marzo de 2003 en el Diario oficial de la Federación, motivó una impugnación de los Estados Unidos de América ante la OMC contra diversos artículos de esa reforma, invocando que existían contradicciones con las obligaciones de nuestro país contenidas en el Acuerdo Antidumping, y en el Acuerdo sobre Subvenciones.

Sexto.Que en consecuencia a la impugnación interpuesta por los EUA, se constituyó un Grupo Especial para analizar la similitud y afinidad de la LCE con las obligaciones de nuestro país ante la OMC, concluyendo en su informe definitivo, que efectivamente diversos artículos de esa legislación eran incompatibles con los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones.

Séptimo.Que el informe definitivo del Grupo Especial de la OMC, fue distribuido el 6 de junio de 2005 a los miembros de la OMC y fue impugnado por México ante el Órgano de Apelación de esa organización internacional el 20 de julio de ese año, sin embargo, se confirmó la resolución el 29 de noviembre del mismo año y la OMC adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación, recomendando a México que modificara su LCE para ponerla acorde con los Acuerdos Antidumping y de Subvenciones.

Octavo.Que para dar cumplimiento a la recomendación de la OMC, EUA y México acordaron un plazo de 12 meses contados a partir del 20 de diciembre de 2005 para que nuestro país realice las modificaciones necesarias en la LCE a fin de hacerla compatible con los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, pero en caso de que México no cumpla esa recomendación EUA tendrá la facultad de solicitar al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC para imponer medidas de represalia en contra de nuestro país.

Noveno.Que el Artículo 53 de la LCE, establece un plazo de 28 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del inicio de una investigación, de modo que la incompatibilidad con los Acuerdos de la OMC consiste en que los exportadores que no fueron notificados personalmente sobre el inicio de una investigación y que comparezcan después de la fecha de publicación habiéndose enterado por otro medio, tendrían menos tiempo para presentar su información, comparándolos con aquellos que fueron notificados personalmente, de modo que la reforma a ese Artículo consiste en otorgarle el plazo mencionado sobre prácticas desleales de comercio internacional, a los exportadores a los que no se les comunica de manera personal el inicio de una investigación.

Décimo.Que respecto al Artículo 64 de la LCE, la incompatibilidad con los multicitados Acuerdos de la OMC deriva de la obligación que tiene la autoridad investigadora a aplicar siempre el margen de discriminación de precios o subvención más alto al aplicar los hechos de que se tenga conocimiento, por lo tanto la reforma propuesta pretende no obligar a dicha autoridad a aplicar siempre ese margen cuando recurra a los hechos de que se tenga conocimiento.

Décimo Primero. Que el artículo 68 de la LCE vigente, establece que debe revisarse cada año a los exportadores que estuvieron libres de cuota compensatoria alguna y dispone como requisito para iniciar una revisión que la parte solicitante demuestre que el volumen de exportación es representativo, de modo que la reforma planteada pretende que ya no se sujete a revisión anual a los exportadores que no se les aplicó alguna cuota compensatoria y eliminar su requisito.

El artículo 68 de la LCE, guarda una correlación con el 97 de esa Ley, impidiendo la revisión de una cuota compensatoria cuando esté sujeta a impugnación ante autoridades judiciales o paneles binacionales que funcionan como órganos arbitrales, en consecuencia, la reforma al artículo 68 también consiste en permitir que se inicie la revisión de una cuota compensatoria que está impugnándose ante autoridades judiciales o paneles binacionales.

Décimo Tercero. Que el artículo 89 D de la LCE, exige que para iniciar un procedimiento de nuevo exportador, el solicitante de ese procedimiento demuestre que el volumen de sus exportaciones es representativo, en este sentido, la reforma planteada eliminaría tal exigencia para encontrar compatibilidad con los Acuerdos de la OMC.

Décimo Cuarto.Que el Artículo 93 fracción V, será sustituido por el nuevo artículo 65 A de la LCE, el cual prevé la aplicación de una cuota compensatoria de forma retroactiva de conformidad con los artículos 10.6 y 20.6 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones.

La reforma al Artículo 65 A a la LCE, únicamente constituye una adecuación al Artículo 93 fracción V de la LCE, y por tanto la requerida adecuación al artículo 93 fracción V de esa Ley, ajustándose a la aplicación de la cuota compensatoria definitiva de forma retroactiva protegiendo a la industria nacional en reciprocidad con los artículos 10.6 del Acuerdo Antidumping y 20.6 del ASMC de la OMC.

Décimo Quinto.Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, hacen suyos los motivos expresados por la Colegisladora y se manifiestan por satisfacer la recomendación de la Organización Mundial del Comercio, concluyendo que las reformas planteadas ajustan satisfactoriamente la Ley de Comercio Exterior mexicana para poder cumplir con los deberes contraídos por nuestro país ante ese organismo internacional, evitando así la posibilidad de sanciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

Artículo Único. Se reforman los artículos 53, último párrafo; 64, segundo párrafo en su encabezado; 68, primer párrafo; 89 D, fracción I; 93, penúltimo párrafo; y 97, fracciones II y III; se adiciona el artículo 65 A; y se derogan los artículos 68, último párrafo y 93, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:

Artículo 53.- ...

...

Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los formularios utilizados en una investigación, un plazo de 23 días para que presenten los argumentos, información y pruebas conforme a lo previsto en la legislación aplicable. Los plazos dados a las partes interesadas se contarán a partir de la fecha de recibo del formulario, el cual a tal efecto se considerará recibido 5 días después de la fecha en que haya sido enviado al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del gobierno del país del exportador, o en el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante oficial del territorio exportador.

Artículo 64.- ...

La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen de discriminación de precios o de subvenciones obtenido con base en la mejor información disponible a partir de los hechos de que se tenga conocimiento, en los siguientes casos:

...

Artículo 65 A.- En el caso de la discriminación de precios que cause daño a la rama de producción nacional, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de una cuota compensatoria definitiva sobre las mercancías sujetas a investigación que se hayan importado durante los tres meses anteriores a la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando en relación con el producto objeto de discriminación de precios investigado, la autoridad determine:

a) Que hay antecedentes de discriminación de precios causante de daño o que el importador sabía o debía haber sabido que el exportador incurría en discriminación de precios y que ésta causaría daño, y

b) Que el daño se deba a importaciones masivas de un producto objeto de discriminación de precios, efectuadas en un periodo relativamente corto y la Secretaría considere que por su temporalidad, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del producto importado), es probable que socaven gravemente el efecto reparador de la cuota compensatoria definitiva que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de hacer observaciones.

En el caso de las subvenciones que causen daño a la rama de producción nacional, cuando respecto del producto subvencionado de que se trate la autoridad investigadora concluya que existe un daño difícilmente reparable, es decir, cuando existan circunstancias críticas, causado por importaciones masivas, efectuadas en un período relativamente corto, de un producto que goza de subvenciones pagadas o concedidas de forma incompatible con las disposiciones aplicables y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daño, se estime necesario percibir retroactivamente cuotas compensatorias sobre esas importaciones, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de la cuota compensatoria definitiva a las mercancías que se hayan importado tres meses como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales.

Artículo 68.- Las cuotas compensatorias definitivas podrán revisarse anualmente a petición de parte o en cualquier tiempo de oficio por la Secretaría, independientemente de que dichas cuotas se encuentren sujetas a un mecanismo alternativo de solución de controversias o a un procedimiento administrativo o judicial.

...

Se deroga último párrafo.

Artículo 89 D.- ...

I. Hayan efectuado operaciones de exportación al territorio nacional de la mercancía objeto de cuotas compensatorias con posterioridad al período investigado en el procedimiento que dio lugar a la cuota compensatoria de que se trate, y

II. ...

Artículo 93.- ...

...

V. Derogada;

...

Para la aplicación de la multa a que se refiere la fracción VI de este artículo, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, así como los antecedentes, circunstancias personales y situación económica del infractor.

...

Artículo 97.- ...

I. ...

II. Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de los mecanismos alternativos. Las partes interesadas que acudan a un mecanismo alternativo de solución de controversias o, en su caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota compensatoria que podría modificarse en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas compensatorias definitivas en los términos de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, en caso de que la cuota compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor que la vigente al momento en que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias, deberán garantizar o pagar la diferencia entre dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma definitiva, y

III. Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y será aplicable a la totalidad de las importaciones, independientemente de su origen y procedencia, incluidas las de Estados Unidos de América y Canadá.

Segundo.Las disposiciones del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, continuarán aplicándose en todo lo que no se oponga al presente Decreto, hasta que se expidan las reformas correspondientes.

Tercero.Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán en los términos de la Ley de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, y de las reformas a dicha ley publicadas en dicho órgano informativo el 13 de marzo de 2003 y 24 de enero de 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días de diciembre de 2006.--- Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), secretario; Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), secretario; Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica), secretario; Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), secretario; Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), secretario; Enrique Serrano Escobar (rúbrica), secretario; Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretario; Yerico Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Carlos Alberto García González, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica); Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Gabriel Varela López, Joaquín Humberto Vela González.»

Es de primera lectura.

En virtud de que se encuentra publicado...

Sonido a la curul de la diputada Rodríguez Vizcarra.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez(desde la curul): Gracias, señor Presidente: solicitar la disculpa de la segunda lectura, ya que por acuerdo de la Mesa Directiva y por la premura que amerita este caso la modificación y en caso de que así sea, de que nos autoricen la dispensa, que se me permita hacer uso de la tribuna para fundamentar el dictamen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. En virtud de encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de segunda lectura; en consecuencia, está a discusión, y para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: en nombre de los integrantes de la Comisión de Economía, acudo a esta tribuna a poner a consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

México como promotor del comercio internacional y congruente con los principios de competencia y legalidad, participa en acuerdos comerciales internacionales, a fin de fortalecer y promover el mercado nacional, para potenciarlo y posicionarlo a nivel internacional.

En este sentido, México es miembro de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, desde el 1 de enero de 1995. Como país miembro de la OMC, México está obligado al puntual y fiel cumplimiento de los compromisos generados ante esa comunidad internacional, en virtud de que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, implicando la celebración del Tratado por parte del Poder Ejecutivo federal y su ratificación por el Senado de la República.

México, como país promotor del comercio global y de las condiciones de competencia internacional ha venido adoptando una serie de obligaciones en materia comercial internacional, plasmadas en los acuerdos antidumping y el de subvenciones, entre otros.

Por lo anterior, para nuestro país es muy importante cumplir con las obligaciones y convenios internacionales en favor y en apoyo de la competencia económica interna y del fortalecimiento y posicionamiento de nuestros productos a nivel nacional.

El 13 de marzo del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, situación que motivó que los Estados Unidos de América impugnaran ante la OMC algunos de los artículos modificados en esa legislación, invocando que existían contradicciones con las obligaciones contraídas por nuestro país contenidas en el acuerdo antidumping originado en esa OMC.

Dicha controversia suscitó que las autoridades acreditadas de la OMC concluyeran el 6 de junio del 2005 que existían discrepancias ante la Ley de Comercio Exterior Mexicana y los acuerdos internacionales previamente aceptados y reconocidos por México.

Nuestro país impugnó dicho informe ante el órgano de resolución de controversias el 20 de julio del 2005, quien confirmó su resolución favoreciendo a los Estados Unidos de América.

Finalmente, la Organización Mundial del Comercio recomendó a México modificar su Ley de Comercio Exterior de manera que sea compatible con el acuerdo antidumping y el de subvenciones. El plazo para que nuestro país --y de aquí la importancia y la premura-- atienda dicha recomendación vence el próximo 20 de diciembre. En caso de no atenderla, los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, podrán solicitar autorización a la OMC para imponer sanciones como represalia contra nuestro país, afectando el comercio internacional a diferentes sectores de nuestra economía.

De esta manera, la reforma a la Ley de Comercio Exterior que se propuso desde el Senado de la República, en donde se votó a favor por unanimidad y que se plantea el día de hoy para su discusión ante este honorable Pleno pretende evitar sanciones económicas a nuestro país.

La premura del tiempo hace esta reforma fundamental, pues de no publicar las modificaciones a la Ley de Comercio Exterior en el Diario Oficial de la Federación antes del 20 de diciembre, el comercio de nuestro país podría estar sujeto a represalias comerciales impuestas por nuestros principales socios comerciales, dando lugar a nuevas controversias ante la OMC.

Dicha situación afectaría las prácticas de comercio leal y competitivo que nuestro país ha llevado por años, no solamente con Estados Unidos sino con otros países, afectando nuestra economía, nuestra capacidad exportadora, sin mencionar el precedente negativo en el sistema multilateral de comercio en cuanto a la disposición de México a cumplir con sus compromisos internacionales.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Economía solicitamos su apoyo para cumplir con la recomendación de la Organización Mundial del Comercio evitando así la potencial medida de represalia comercial por parte de nuestro principal socio comercial y manteniendo con ello nuestra posición como promotores del comercio internacional y del respeto a la ley.

Compañeros, es por esto que hoy es tan importante la determinación y sobre todo, el voto a favor de ustedes, para que nuestro país continúe dentro del mercado internacional y dentro, sobre todo, de las leyes que debemos de estar, para no afectar de ninguna manera ningún tipo de transacción comercial y mucho menos tener ningún tipo de represalia económica. Es cuanto. Muchas gracias a ustedes. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Rodríguez Vizcarra.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciérrese el registro electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 428 diputadas y diputados. También solicitamos se cuente la asistencia de la diputada Cecilia Rincón Vargas, que por una falla del lector no está considerada. Ciérrese el sistema.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para fijar posición sobre este dictamen tiene la palabra el diputado Fluvio Mendoza Maldonado, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados: esta iniciativa que ya se ha dictaminado favorablemente en la Comisión de Economíay que en estos momentos discutimos, tiene como objetivo central el adecuar diversas normas de la Ley de Comercio Exteriora las normas internacionales que hemos contraído con la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la luz de las transacciones comerciales que realizamos con diversos países.

Resulta que la norma vigente de comercio exterior con nuestro país estaba en contradicción jurídica con lo establecido en la OMC, de tal forma, los Estados Unidos presentaron su inconformidad al marco jurídico en la materia. Posteriormente se conformó un grupo especial para analizar la similitud y afinidad de la Ley de Comercio Exterior con las obligaciones de nuestro país ante la OMC.

Las conclusiones observaron que existían inconsistencias jurídicas en nuestra normatividad, aunque México impugnó la resolución por segunda ocasión, el órgano revisor falló nuevamente en contra de nuestro país.

Finalmente, dentro de este proceso, México y Estados Unidos acordaron el día 20 de diciembre del año 2005, que al término de un año quedarían subsanadas las inconsistencias jurídicas que ocasionaron el desencuentro legal entre ambas naciones.

Para resolver de una vez por todas la inconsistencia jurídica, la mesa directiva de la Comisión de Economía y sus propios integrantes coincidimos en la necesidad de aprobar esta iniciativa que viene del Senado de la República con la aprobación de una mayoría de 95 senadores, incluyendo a nuestros compañeros de la fracción del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

La iniciativa modifica la normatividad aplicable en comercio exterior en materia de dumping, de subvenciones y de cuotas compensatorias, asuntos técnicos que, al aprobarlos, pueden evitar una confrontación comercial con el vecino del norte.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor; sin embargo, nuestra posición no implica un reconocimiento a la política comercial con el exterior, emprendida y profundizada desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN); por el contrario, varias son las razones para evitar represalias comerciales de Estados Unidos y con ello afectar aún más a nuestros productores nacionales.

Las bondades del TLCAN, a más de una década de entrar en vigor, así como los múltiples tratados comerciales firmados no han arrojado los resultados prometidos de bonanza económica y de bienestar social para todos los mexicanos.

Y reiteramos, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, no dejará un espacio vacío para denunciar y convencer la liberación comercial y en específico, del maíz y del frijol en el año 2008. No es conveniente ni para los productores nacionales, ni para la mayoría de los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fluvio Mendoza. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Se emitieron 388 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PESCA RESPONSABLE DE TIBURONES Y RAYAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Con fundamento en el inciso b) del artículo décimo primero del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado el 26 de septiembre del presente año, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitamos prorrogar la segunda lectura, discusión y votación del siguiente dictamen:

De la Comisión de Pesca con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa defina la entrada en vigor de la NOM-029-PES-2006, para que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Grupo Parlamentario del PRI; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Grupo Parlamentario del PRD; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Grupo Parlamentario del PT; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a solicitar la votación de este trámite.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se pospone la discusión de este asunto. Proceda la Secretaría a dar lectura a otro comunicado de la Junta de Coordinación Política.

PAQUETE ECONOMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de las sesiones referentes al paquete económico para el ejercicio fiscal de 2007

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el último párrafo del artículo décimo tercero del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado por la asamblea el 26 de septiembre de 2006, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.Que, en el orden del día de las sesiones se encuentran registradas diversas proposiciones con puntos de acuerdo, las cuales presentan resolutivos relacionados directamente con los temas referentes al paquete económico para 2007.

Segunda.Que, en virtud de que el Ejecutivo federal remitió el 5 de diciembre del presente a esta soberanía los proyectos e iniciativas que componen el paquete fiscal para el año 2007, mismos que han sido turnados a las comisiones correspondientes, resulta pertinente turnar de igual manera a la comisiones competentes y a efecto de que se consideren en tiempo y forma todas aquellas proposiciones con punto de acuerdo que tengan relación con dichos temas.

Tercera.Que, en sesión del 7 de diciembre de 2006, el Pleno conoció el acuerdo que establece el mecanismo de participación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos por sectores, el cual señala que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibirá y considerará a más tardar el 18 de diciembre del año en curso, las propuestas que al respecto se formulen.

Con base en las consideraciones expuestas, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de las sesiones referentes al paquete económico para el ejercicio fiscal de 2007

Único. Todas las proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día por los grupos parlamentarios, así como las que en lo sucesivo se registren referentes al paquete económico para el ejercicio fiscal 2007 serán turnadas de manera directa a las comisiones competentes, previa lectura de los enunciados por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, aprobado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.Dé lectura la Secretaria a todas las proposiciones que en materia económica van a ser turnadas.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes destinados al Programa Especial de Seguridad Pública en Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La participación del producto interno bruto del estado de Hidalgo representa apenas cerca de 1.5 por ciento del PIB nacional, ubicando a esta entidad federativa en el lugar 24 en este rubro. Asimismo, el crecimiento medio anual del estado de Hidalgo para las divisiones de la actividad económica en Hidalgo tuvo un bajo desempeño en comparación con el registrado para el conjunto de las entidades federativas, ya que solamente dos divisiones presentaron un mayor nivel; tales divisiones fueron agricultura y servicios comunales.

En 2005, la población económicamente activa estatal representó 40.15 por ciento de la población total estatal, lo que se traduce en 959 mil 438 personas. Respecto a la PEA nacional, esto significa 2.4 por ciento, colocando al estado en la posición 18 de participación en este indicador.

En materia de distribución del ingreso, el PIB cápita en el estado en 2005 ascendió a 34.3 miles de pesos anuales; el cual, comparado con el nacional, es bajo, ya que este último asciende a 59.9 miles de pesos, por lo que la entidad se coloca en el 25o lugar de mayor ingreso per cápita.

Todo este desempeño magro en la economía se explica en gran parte por la inseguridad pública que priva en el estado de Hidalgo.

En materia de seguridad pública, Hidalgo cuenta con niveles bajos de delincuentes sentenciados por delitos del fuero federal, dichos delitos se pueden clasificar en delitos sentenciados al narcotráfico, delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego, robo, delitos contra la Ley de Población, daño en las cosas, delitos contra la Ley de Vías de Comunicación, delitos contra el Código Fiscal, delito de Peculado y homicidio.

El mayor porcentaje con respecto al nacional, se presenta en los delincuentes sentenciados por peculado, seguido de los delincuentes sentenciados por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego.

Al igual que en el caso de los delitos del fuero federal, los delitos del fuero común, presentan niveles preocupantes, donde los delincuentes sentenciados por violación, presentan el mayor porcentaje en el contexto nacional, con 1.9 por ciento, seguido de los delincuentes sentenciados por homicidio y por despojo con 1.5 por ciento, respectivamente.

En Hidalgo, según datos de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del INEGI, se registra un total de 7.1 por ciento de personas que fueron víctimas de la delincuencia en el 2004-2005, por lo que la entidad se ubicó en la novena posición en el contexto nacional.

De igual manera, la encuesta registró que 43.5 por ciento de la población en la entidad perciben inseguridad pública, por lo que se ubica en la decimoséptima posición nacional de mayor percepción de inseguridad en el estado.

Es inobjetable que la seguridad pública es uno de los principales pendientes no sólo a nivel nacional sino específicamente en el estado de Hidalgo. Si no hay seguridad pública, no hay inversiones, si no hay inversiones, no hay empleo y si no hay empleo se implica un caldo de cultivo para que la delincuencia en todos sus rubros se incremente sustancialmente creando con ello un círculo perverso difícil de contener. Si esto es así, es necesario incrementar de manera sustancial el presupuesto en esta materia.

En la asignatura presupuestal se tiene que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, presentado por el Poder Ejecutivo federal consideró recursos totales para el estado de Hidalgo por poco más 15 mil millones de pesos.

La Cámara de Diputados reasignó un total de poco más de 2 mil 500 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales mil 188 millones de pesos correspondieron al gasto federalizado, ubicando a Hidalgo en el lugar 18 de la estructura porcentual total.

De esta manera, para el Programa Especial de Seguridad Pública, Ramo 36, se asignaron para el estado de Hidalgo apenas 13.7 millones de pesos. De igual forma, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Ramo 33, la entidad federativa en comento obtuvo sólo 124 millones de pesos, teniendo un decrecimiento real de 3.3 por ciento en comparación con lo aprobado en 2005.

De esta forma es impostergable que los recursos públicos del Presupuesto de Egresos de 2007 que aprobará la Cámara de Diputados en materia de seguridad pública para el estado de Hidalgo, se incremente sustancialmente con el propósito de hacer frente a una de las preocupaciones más importantes de todos y cada uno de los hidalguenses.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se incluya en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, un incremento al Programa Especial de Seguridad Pública, Ramo 36, para quedar en un monto final de 697 millones de pesos y con ello triplicar el presupuesto del estado Hidalgo en programas y acciones especiales de seguridad pública impactada por la incidencia delictiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006. --- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados y el gobierno federal otorguen recursos para implantar un programa que reactive la economía en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del PNA

La diputada Irma Piñeyro Arias, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El conflicto político, económico y social que vive el estado de Oaxaca desde hace varios meses ha afectado la economía de la entidad y, en particular, la capital oaxaqueña.

Locatarios, artesanos, trabajadores, comerciantes, prestadores de servicios y empresarios se han visto seriamente afectados ante esta situación: unos 3 mil trabajadores de servicios han sido despedidos, se estiman en más de 6 mil millones de pesos las pérdidas económicas y 500 establecimientos comerciales no pueden operar con regularidad, de los cuales 42 están cerrados. Éste es el balance de la economía en el estado, que está al borde del colapso.

Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana que más atraso económico y social presenta: este año, la economía creció a 1 por ciento, situación que ubica la entidad en el último lugar de la tabla nacional. Aunado a lo anterior, la permanencia de los problemas que se viven en la entidad genera un grave retraso en las posibilidades de desarrollo que vive el estado, por lo que se requiere la oportuna intervención de todos los sectores para rescatar y reactivar la economía de la entidad.

Es imprescindible continuar por el camino del combate de la pobreza en la entidad para alcanzar mejores niveles en educación, salud y alimentación.

Es fundamental que la entidad recupere la estabilidad que permita a los oaxaqueños recobrar un entorno que propicie un sano ejercicio de las actividades de los diferentes sectores.

La crisis de Oaxaca representa una emergencia que nos obliga a que se atienda con respuestas inmediatas.

Por lo expuesto me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que considere la asignación de una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, con el propósito de resarcir los daños económicos y reactivar la economía del estado.

Segundo.Se exhorta al Gobierno Federal para que, en uso de sus atribuciones, presente un programa especial para apoyar a los ciudadanos (as) que han quedado sin trabajo por el conflicto en la entidad; y constituya un fideicomiso público para apoyar a los prestadores de servicios, a las empresas y a los productores, a fin de que sean sujetas de apoyos financieros sin costos o tasas de interés, a fin de superar las perdidas, daños y prejuicios ocasionados directa o indirectamente por el conflicto; cuidando que en sus reglas de operación exista transparencia y mecanismos que garanticen la participación de los afectados.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar un programa especial que considere estímulos y exenciones fiscales para las empresas que se han visto afectadas; que se traduzcan en la concesión de periodos de gracia para el pago de las obligaciones fiscales y/o la condonación de pago Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto del Activo (IPAC).

Cuarto.Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a otorgar más recursos del programa de apoyo al empleo para el estado de Oaxaca, en beneficio de las personas que han quedado desempleadas.

Quinto.Se exhorta al Gobierno Federal a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) e INFONAVIT a formular el programa especial de apoyo a prestadores de servicios, a las empresas y productores en general; que permita obtener la condonación del pago de cuotas obrero-patronales, por un periodo igual al de duración del conflicto, desde su inicio del 20 de mayo del 2006 y hasta su total declaración de fin del conflicto; así mismo que contemple la posibilidad de compensar los montos de cuotas en comento que los beneficiarios de este Programa hayan efectuado de alguno (os) meses comprendidos en éste periodo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 el subsidio del diesel y de gasolinas para actividades agropecuarias y del sector pesquero, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Luis Blanco Pajón, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 se establezca y mantenga el subsidio al diesel para uso agropecuario y al diesel marino, así como a las gasolinas del sector pesquero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado José Luis Blanco Pajón (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asigne una partida para impulsar la producción del cine regional, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El cine constituye una de las expresiones artísticas más importantes de la humanidad. Mediante la realización de películas los seres humanos retratan la realidad y la fantasía. Podemos decir que es un vehículo para la fantasía.

Esta expresión tiene más de un siglo y ha ido avanzando hasta convertirse en un producto de consumo masivo. El cine sirve también para expresar las realidades de los países y regiones del mundo.

Grandes realizadores de talla mundial han plasmado en imágenes su forma de pensar y de ver al mundo. Fellini, Buñuel, Emilio Fernández, Godard, Polanski, Scorsese... nos han obsequiado filmes que han quedado en la historia y en el susbconsciente de millones de seres humanos.

México vive un resurgimiento de la cinematografía nacional gracias al impulso que diversas casas productoras le han dado al realizar más películas, ello aunado a una serie de iniciativas por parte del gobierno e, incluso, algunas reformas de carácter legal que hemos aprobado en ese sentido.

Recordemos que en 1997 el Ejecutivo federal creó el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Foprocine. En 1999, producto de una adición a la Ley Federal de Cinematografía, se creó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine.

Estos instrumentos han generado que productores independientes y cineastas, además de las casas productoras, incrementen la producción de películas mexicanas. De hecho, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se está dando un nuevo boom en el cine mexicano.

Es tal el crecimiento de la industria cinematográfica en México, que diversas entidades de nuestro país están presenciando el surgimiento de productores y cineastas independientes como nunca antes se había visto.

Muchos jóvenes tienen interés en estudiar cine, no obstante que en sus lugares de origen no hay escuelas para ello. Nuevo León es un ejemplo de ello; en este año, de las 80 películas que harán en México, dicha entidad contribuye con 12. Pero no sólo es Nuevo León, también Sinaloa, Michoacán, Baja California, Coahuila, Jalisco y San Luis Potosí están haciendo cine.

Los cineastas neoleonenses lograron constituir un fideicomiso de carácter estatal para incentivar la creación fílmica en el estado, con el apoyo del Consejo para las Culturas y el Arte del Estado de Nuevo León.

Actualmente hay siete películas en posproducción, dos en filmación y tres por realizarse que recibieron apoyos de Promocine.

Esta instancia goza de apoyos por parte del gobierno federal, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Todos estos ejemplos demuestran que la inversión por parte del Estado es impostergable en esta actividad, pero además que rinde frutos. No son recursos que vayan a fondo perdido.

El siguiente paso que debemos tomar en materia de producción de cine es que los recursos invertidos por el gobierno federal en producción cinematográfica se descentralicen a todas las entidades federativas, para que así se puedan conjuntar los esfuerzos de los gobiernos estatales, la iniciativa privada y el sector interesado en hacer y producir cine mexicano.

Hay varios gobiernos estatales que están interesados en que se creen los fideicomisos de apoyo al cine, y tienen disposición de invertir de manera conjunta con el gobierno federal.

Debemos señalar que al estimular la producción cinematográfica y descentralizar los recursos estaremos en posibilidades de retratar la riqueza de la diversidad regional de nuestro país, a la par que de diversidad de enfoques que tienen los artistas mexicanos para plasmar la realidad mexicana.

Por ello, los diputados del Partido del Trabajo proponemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, 2007, se asigne una partida para que se puedan crear los distintos fideicomisos estatales de promoción a la producción cinematográfica.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados promoverá la creación de una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, con objeto de impulsar la producción de cine regional mediante la creación de fideicomisos públicos estatales de producción cinematográfica y del apoyo a los que ya están constituidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para el sector rural, mediante un fondo de apoyo, con objeto de adquirir fertilizantes, a cargo del diputado Isael Villa Villa, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, atento a las siguientes

Consideraciones

Primero. Los fertilizantes químicos son sustancias minerales que contienen uno o varios de los elementos nutritivos que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo productivo. Estos elementos nutritivos deben estar en forma asimilable por ellas y en cantidad suficiente, más de 90 elementos, de los cuales 17 se consideran esenciales para el desarrollo y reproducción de las plantas superiores. De estos nutrientes el nitrógeno, el fósforo y el potasio suelen ser deficientes en muchos suelos, de aquí que se les designe como nutrientes mayores.

La fertilización es uno de los métodos más eficaces para aumentar la producción y rentabilidad de los cultivos y contrarrestar la escasez de alimentos.

Segundo. Antes del año de 1992, existía Fertimex, empresa de Estado que monopolizaba la producción y distribución de este insumo a nivel nacional. La materia prima para la elaboración de los diferentes tipos de fertilizantes, provenía en gran parte del Estado; así, la producción de amoniaco proveniente del Estado satisfacía la producción del fertilizante nitrogenado.

Tercero. Con el cambio de la política económica implementada en el país desde los años ochenta pero que en el sector de fertilizantes se expresa hasta 1992, el Estado desaparece a Fertimex y desincorpora a las plantas elaboradoras de fertilizantes, las cuales son adquiridas por diferentes empresarios privados. Cada empresa toma desde ese entonces sus propias decisiones en el tema de adquisición de materias primas nacionales o internacionales, el procesamiento y la comercialización de sus productos. El productor por su parte, puede escoger a quién comprar, qué tipo de fertilizante adquirir y bajo qué condiciones.

Cuarto. El incremento de los precios del petróleo en México impactó los precios del gas natural, materia prima básica para la producción de amoniaco y fertilizantes nitrogenados, dado que por ley, el gas natural debe de comercializarse a precios alineados al mercado internacional, y esta circunstancia ha dejado fuera del mercado por incosteable a la producción petroquímica de amoniaco, por lo cual se encuentra actualmente solo a un 15 por ciento de su capacidad instalada y las plantas elaboradoras de estos productos se han convertido prácticamente en importadores y reformuladores de fertilizantes.

Quinto.Desafortunadamente, no hay información oficial y secuenciada sobre los volúmenes nacionales producidos de los diferentes tipos de fertilizantes. Mucho menos se tiene información sobre su uso en los diferentes cultivos y regiones del país. Información de la Asociación de Productores de Fertilizantes indica que la producción nacional, antes de la desaparición de Fertimex, era de 5 millones de toneladas y que a la fecha, el volumen ha disminuido a 3.5 millones de toneladas

Sexto. El Sistema Nacional de Información de Mercados reporta que el precio de los fertilizantes al productor se ha incrementado en un 50 por ciento en los últimos 5 años, es decir, que mientras que los precios internacionales de los principales productos alimenticios, como el maíz, trigo y el arroz no dejan de disminuir, los costos en los países en desarrollo, principalmente los fertilizantes, no dejan de crecer de manera exponencial. Por ello, se incrementan los niveles de descapitalización de los productores nacionales.

Séptimo. Este comportamiento económico de los insumos no estaba previsto al momento de la apertura comercial, incluso fue uno de los productos cuyos aranceles se abolieron totalmente. Se decía en su momento que los insumos eran más baratos en el exterior y lo mejor era liberarlos y capitalizar estos bajos precios internacionales.

Octavo. En total, existen más de 2.4 millones de pequeños productores que tienen superficies iguales o menores a 5 hectáreas, que suman 6.2 millones de hectáreas. Actualmente, se estima que un 40 por ciento de esta superficie se fertiliza, por lo que inicialmente se estaría considerando una superficie de 2.5 millones de hectáreas.

Noveno. Prácticamente ningún programa de gobierno federal tiene como componente un apoyo real y efectivo al productor y al campesino, la Alianza para el Campo lo niega explícitamente. En el Ramo 33, también está prohibido su apoyo. Algunos programas estatales se han tenido que desarrollar para otorgar estos apoyos, tal es el caso del estado de México.

Décimo. Por ello es indispensable y urgente que el gobierno federal, vía el presupuesto federal, instrumente una partida presupuestaria que se destine para el apoyo en adquisición de fertilizantes; la cual contribuya a elevar la competitividad del sector rural, pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país.

Esta honorable representación popular tiene la gran oportunidad y la alta responsabilidad de incluir dentro del presupuesto de 2007 la partida financiera correspondiente que acuda al rescate de la zona rural, permitiendo arraigar a nuestros paisanos en su terruño y no verlos brincar la barda fronteriza arriesgando su existencia.

Propuesta de Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados que incluya en su dictamen un fondo financiero para la adquisición de fertilizantes a beneficio.

Es cuanto, señor presidente

Diputado Isael Villa Villa (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para la obra del Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad y el fortalecimiento operativo de la red de hospitales en Nuevo León, suscrita por los diputados Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González y Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV y 77 fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del estado de Nuevo León, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proponga al Ejecutivo federal se incluya, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, los recursos para la continuación de la obra del hospital regional Materno-Infantil de Alta Especialidad, el reforzamiento del Hospital Metropolitano Doctor Bernardo Sepúlveda, y de la red de hospitales de la Secretaría de Salud, con relación a la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los indicadores más claros e indiscutibles para medir el desarrollo de una nación es sin duda el bienestar de su población, aún y cuando la salud pública en nuestra región ha tenido importantes avances, esto le ha llevado a enfrentar nuevos retos.

La salud no tiene precio, no puede estar condicionada a números fríos, los resultados se miden en la mejora de la calidad de vida de la población, es por esta razón que se hace necesario crear las condiciones más idóneas para mejorar los servicios de salud.

En este sentido, el estado de Nuevo León percibió en el periodo 2000-2005 mil 101 millones de pesos ($ 1 101 000 000.00/100) de recursos federales destinados al rubro de salud, los cuales representaron el 3.0 por ciento del total de los recursos federales canalizados a las entidades federativas para dicho rubro.

Por otra parte, en el periodo 2005-2006, los diputados de Nuevo León, lograron obtener la aprobación de mayores recursos para el desarrollo de proyectos en el estado por un total de 428 millones 400 mil pesos, entre los que se encuentra la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González; el reforzamiento del Hospital Metropolitano Bernardo Sepúlveda y la continuación del hospital regional Materno-Infantil de Alta Especialidad.

Es importante precisar, que los proyectos antes mencionados requieren de inversión para su continuidad durante el año 2007, en el caso particular de la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital Metropolitano Doctor Bernardo Sepúlveda, el cual tiene capacidad para atender 100 mil consultas de especialidad por año, 20 mil atenciones de urgencias, 10 mil cirugías y 9 mil nacimientos, lo que representa la gran importancia que tiene este hospital para la comunidad de la región, por ello se requieren recursos para su reforzamiento y equipamiento al incrementarse la demanda de los servicios que proporciona.

En relación al hospital regional Materno-Infantil de Alta Especialidad, es de señalar que se inició su construcción en el mes de abril del año 2005 con una inversión de 90 millones de pesos y se tiene contemplado que brinde atención a una población abierta de 2 millones 249 mil 476 habitantes de los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, es de mencionar que hacía más de 10 años que no había un nuevo hospital público para la comunidad y que aproximadamente el 70 por ciento de la demanda es en materia maternal e infantil.

En diciembre de 2005 concluyó la primera etapa de construcción de dicho hospital, la cual incluyó cimentación y estructura de 3 edificios, donde se ubicarán las áreas de Urgencias, Consulta Externa y Encamados.

La segunda etapa incluyó la terminación de las áreas de urgencias ginecológicas, tococirugía, Ceye, laboratorio, recuperación post parto y quirúrgica, salas de espera, sanitarios para el personal y para el público, la casa de máquinas, una cisterna, además de las instalaciones y equipos electromecánicos para la operación de esas áreas, misma que se concluyó en julio del año en curso.

En el mes de septiembre de 2006 se dio inicio a la tercera etapa de este magno proyecto, con la cual se estima concluir de manera progresiva los servicios necesarios para prestar atención médica de mejor calidad en las áreas puestas en servicio en la etapa anterior, con la cual se continuará con la construcción del vestíbulo principal, la cisterna para el sistema contra incendios, los servicios de telefonía y cómputo, la construcción de fachadas y de obra exterior.

De esta forma, con recursos por un monto de 187 millones 500 mil pesos, se estima concluir con la obra faltante de ejecutar y con ello finalizar al 100 por ciento la construcción del hospital regional Materno Infantil. Dicha inversión será aplicada para la terminación de albañilerías, acabados e instalaciones de los pisos que comprenden la torre de hospitalización, donde se incluyen las áreas de urgencias, consulta externa y encarnados de pediatría, así como de los encarnados de ginecología, la construcción de los talleres y oficinas de mantenimiento, la terminación del sótano de servicios de suministro de elevadores para público y de área médica, obra exterior para acceso de ambulancias al área de urgencias pediátricas, jardinería, alumbrado exterior y señalización.

Cabe destacar que para este hospital regional, originalmente la Secretaría de Salud había asignado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, la cantidad de 250 millones de pesos, sin embargo, fue reducida en un 50 por ciento en la honorable Cámara de Diputados, aprobándose solamente 125 millones de pesos para dicho proyecto en este ejercicio.

Otro concepto de esto es el gasto de operación que se requiere para el hospital materno infantil, que estimamos en 100 millones de pesos, ya que absorberá las actividades operativas de dos hospitales, el hospital de Gineco-Obstetricia y el Hospital Infantil de Monterrey, además de los servicios de pediatría y gineco-obstetricia del Hospital Metropolitano. Por su orientación de alta especialidad, contará con servicios de tercer nivel cuya operación contempla gastos elevados, como la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, que debido a las necesidades para nuestro estado y la región será de gran infraestructura, una de las más grandes del país. Además contará con unidades de terapia intensiva pediátrica y de adultos. Todo esto conlleva la necesidad de un equipamiento de vanguardia que se estima en --aproximadamente-- 130 millones de pesos.

Ahora bien, la red de hospitales de los servicios de salud de Nuevo León, actualmente tiene una capacidad de 499 camas de hospital, con lo cual se atiende más de un millón 500 mil servicios por año. Es de mencionarse que los hospitales del área metropolitana son hospitales que complementan la atención de segundo nivel que se otorga en los 6 hospitales rurales que están ubicados en los municipios de Doctor Arroyo, Galeana, Linares, Montemorelos, Cerralvo y Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por ello se requiere de un presupuesto de 82 millones 500 mil pesos, a fin de fortalecer e incrementar su capacidad de resolución (ver anexo).

Es por lo anteriormente expuesto, que resulta sumamente importante apoyar los proyectos antes mencionados al considerar el beneficio que su continuidad representa para la población, por lo cual ponemos a su consideración el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, propone al Ejecutivo federal se incluya, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2007, los recursos para la continuación de la obra del hospital regional Materno-Infantil de Alta Especialidad; gasto de operación y equipamiento del Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad y fortalecimiento operativo de la red de hospitales, de la manera que a continuación se describe:

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud para su conocimiento.

Tercero.Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de noviembre de 2006.--- Diputación federal por el estado de Nuevo León, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Juan Manuel Parás González (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la problemática y solución de la cartera vencida de los abastecedores de caña del ingenio Emiliano Zapata, en Morelos, a cargo del diputado José Armando Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Amado Orihuela Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Honorable Asamblea:

La cartera vencida es un problema añejo que sigue sin resolverse plenamente en el campo mexicano.

En 1991, el gobierno mexicano inició la privatización del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta. Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor, lo que produjo ingresos al gobierno por 12 mil 500 millones de pesos. Se licitaron 18 bancos a grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y 7 grupos particulares, estos precios llegaron a ser apenas de 5.3 por ciento de su valor en libros.

Sin duda, este nuevo sistema financiero mexicano fue tan sólo una de las causas de la crisis financiera de 1995, crisis que originó el ingente incremento de las deudas de todos los usuarios del crédito, personas físicas y morales, originando el quebranto financiero de numerosas empresas. Además, debido al sorprendente incremento de las tasas de interés, los usuarios del crédito vieron de un día a otro cómo se incrementaban sus deudas de manera tal, que ya resultaban impagables. Este fenómeno originó el surgimiento de movimientos sociales en defensa del derecho al crédito y del pago justo de éstos, como El Barzón, es necesario mencionar que los campesinos y pequeños productores fueron de los más afectados.

En esa época, la cartera vencida de los bancos se incrementó debido a la incapacidad de los deudores para pagar, originando una espiral viciosa que colapsó el sistema financiero mexicano en general.

Resultado de esto, en 1995 el salario mínimo real se redujo en más de 14 por ciento y la tasa de interés se situó en niveles cercanos a 100 por ciento, aunado a que se incrementaron el desempleo y el nivel de precios de manera alarmante.

Once años después vemos que los esfuerzos realizados por el gobierno federal han sido insuficientes; el campo mexicano sigue con enormes problemas de acceso a créditos, principalmente debido a que no han podido pagar sus adeudos anteriores.

El gobierno federal ha tenido que instaurar cuantiosos rescates, entre los que podemos destacar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que llegó a 791 mil 820 millones de pesos para rescatar la banca, instauró el rescate carretero, el cual alcanzó 157 mil 316.1 millones, y expropió ingenios; en contraste, con los campesinos y productores rurales producto de su reclamo y movilización nacional solamente se comprometió y firmó el pasado 28 de abril de 2003 el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias, cuyo numeral 35 señala que el Ejecutivo federal se compromete a la instauración de un programa de apoyo a deudores en cartera vencida en la banca de desarrollo del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural, que promueva su reingreso al financiamiento, a través de quitas parciales y sustantivas a los productores medianos y pequeños, respectivamente.

Si bien reconocemos que se han venido implantando programas que coadyuvan a la solución de este problema, éstos no han sido suficientes: los campesinos siguen en cartera vencida.

El estado de Morelos es eminentemente agrícola, siendo uno de sus productos más representativos la caña de azúcar, gramínea que se cultiva, tradicionalmente, en 20 municipios del estado, siendo Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla y Cuautla los mayores productores: contribuyen con aproximadamente 60 por ciento de la producción de Morelos y cubren 52.9 por ciento de la superficie cultivable del estado.

Según datos del Comité de la Agroindustria Azucarera, el avance de la zafra 05/06 al 16 de julio del actual arrojaba que el ingenio Emiliano Zapata cosechó 1.04 millones de toneladas, de las cuales se produjeron 127 mil 668 toneladas de azúcar, con el rendimiento de fábrica más alto del país (12.5); además, el otro ingenio de Morelos (Casasano) cosechó 365 mil 659 toneladas de caña, de la cual se produjeron 41 mil 379 toneladas de caña.

En el estado de Morelos, la agroindustria de la caña de azúcar cuenta con un número considerable de dependientes económicos: tan sólo para la zafra 04/05 existían en los dos ingenios mil 328 trabajadores, 7 mil 404 abastecedores y poco más de 6 mil empleos más entre jornaleros, cortadores y transportistas, además de 904 jubilados, lo que da un total de 16 mil 319 dependientes directos y poco más de 78 mil dependientes indirectos.

En el estado de Morelos no somos ajenos a la problemática de la cartera vencida; los abastecedores de caña que somos parte del ingenio Emiliano Zapata nos enfrentamos a esa problemática y algunos de nuestros productores de caña enfrentan problemas de cartera vencida que datan desde 1982, con montos de deuda que se han visto duplicados en este periodo. En el ingenio Emiliano Zapata, el reporte de cartera vencida a agosto de 2006 presenta una lista de más de mil 100 abastecedores, cuyo adeudo histórico asciende a 27.4 millones de pesos, los cuales han generado a través de los años un interés de 23.2 millones de pesos, formando un total de deuda de 50.6 millones de pesos.

Estos aproximadamente mil 100 abastecedores y sus familias se han visto perjudicados por no haber podido pagar sus préstamos; por lo mismo, han tenido que dejar de cultivar la caña y no cuentan con ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones crediticias.

Es necesario recalcar los efectos perniciosos que significa estar situado en el buró de crédito, no son sujetos de crédito por parte de la banca de desarrollo, ni mucho menos de la comercial, se enfrentan a problemas estructurales difíciles de resolver pues, por un lado, no tienen el capital suficiente para pagar los insumos necesarios para llevar a cabo su actividad, tienen que conseguir créditos en condiciones de usura y, de no darse de buena forma sus cosechas, los obligan a abandonar sus tierras, ocasionando la migración hacia las grandes urbes e incluso hacia Estados Unidos de América.

Por esto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al gobierno federal a que se comprometa a acentuar los esfuerzos en aras de continuar los programas que logren disminuir y erradicar la problemática de la cartera vencida de los productores de caña de azúcar.

Segundo. Se exhorta al ejecutivo federal a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 destine recursos (50.6 millones de pesos) para cubrir el adeudo de más de mil 100 abastecedores de caña del estado de Morelos del ingenio Emiliano Zapata que actualmente se encuentran con problemas de cartera vencida.

Diputado José Amado Orihuela Trejo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen mayores recursos a la Conagua para atender las demandas en materia hidráulica de las entidades federativas, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI

Jesús Manuel Patrón Montalvo, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dotar de mayores recursos fiscales a la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 y en el decreto aprobatorio del mismo le sean asignados de mayores recursos a fin de atender las demandas de las entidades federativas en materia hidráulica, conforme a los siguientes.

Antecedentes

El agua, elemento consustancial a toda forma de vida, es también generador de desarrollo económico y social.

Sólo el 2.5 por ciento del agua del planeta es dulce, la mayor parte de ella se utiliza en la agricultura y se estima que el 60 por ciento del agua de riego se desperdicia.

Si consideramos estas estimaciones dentro del contexto nacional, y reconocemos que la mayor parte de nuestro territorio es semidesértico, coincidiremos en reconocer también que, en México, el agua es un tema de seguridad nacional que demanda tanto la actualización y perfeccionamiento de la legislación en la materia como la dotación suficiente de recursos para la generación de infraestructura hidráulica, que permita suministrar de este vital liquido a la población dentro de sus dos sectores, urbano y rural, para garantizar la viabilidad del país y su desarrollo sustentable.

Ya Luis Donaldo Colosio señaló que la demanda de agua en México era uno de los asuntos más sensibles planteados por la población. Hoy, muchos años después, sigue siendo una de las principales demandas sociales, particularmente entre los que menos tienen. Hay rezagos persistentes de personas que carecen del servicio de agua potable: 14 millones no cuentan con agua potable, 18 millones no tienen alcantarillado, y sólo son tratadas el 30 por ciento de las aguas residuales.

Por ello es urgente atender las legítimas demandas que en materia de recursos hidráulicos plantean las organizaciones, instituciones, organismos y usuarios, en especial de aquellos que viven en zonas rurales del país.

Para lograr este propósito, en la Comisión de Recursos Hidráulicos estamos decididos a realizar la función legislativa y los trabajos presupuestarios con eficiencia a fin de asignar de manera eficiente los recursos necesarios para atender las demandas planteadas.

En el Presupuesto de Egresos de 2006, a la Comisión Nacional del Agua sólo se le asignaron 15 mil 560 millones de pesos; 3 mil 58 millones menos que en 2005, lo que representó un decremento del 19.7 por ciento.

Ante los compromisos de la Comisión Nacional del Agua en materia de administración y gestión de recursos, es urgente fortalecer su presupuesto para el año de 2007, incrementando los recursos presupuestarios para que de cabal cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas.

Para ello, es preciso buscar no solamente una mayor asignación de recursos para este próximo presupuesto de 2007, sino recuperar los niveles de asignación de recursos que se establecieron en 2005, con un adicional de la suma de los porcentajes de inflación que se presentaron durante los años 2005 y 2006.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, al momento de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente, asignen los recursos suficientes para satisfacer las demandas del país en materia hidráulica por parte de la Comisión Nacional del Agua.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programar el ejercicio íntegro de los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la correcta aplicación a los programas y proyectos prioritarios en la materia de su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incrementen mediante el Instituto Mexicano de la Juventud los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, ciudadano Jorge Godoy Cárdenas; diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de Convergencia , con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que a través del Instituto Mexicano de la Juventud, se incrementen los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, de urgente resolución con la siguiente:

Exposición de Motivos

México, tiene en la juventud uno de sus mayores potenciales de desarrollo social, económico, político, cultural, artístico y deportivo, si consideramos que uno de cada tres mexicanos tiene entre 12 y 29 años de edad.

Los jóvenes son nuestro mejor patrimonio, pues ellos constituyen la garantía para continuar edificando la nación con justicia y equidad que todos queremos.

Nuestro mejor capital humano radica en ellos, podemos fincar la unión social que es lo que le permitirá a México salir verdaderamente adelante y por esa cohesión social debe necesariamente estar contemplada la juventud mexicana.

Nuestros jóvenes, constituyen el grupo de edad de mayor población en la estructura demográfica nacional, por lo que resulta imperativo establecer un conjunto de medidas que faciliten su óptimo desarrollo como seres humanos y favorezcan un cabal ejercicio de sus responsabilidades como ciudadanos.

Un país que no incluye a sus jóvenes o que no les permita integrarse de manera real a su dinámica de crecimiento y prosperidad, es un país condenado --tarde o temprano-- al agotamiento de su capital social y es, en sí mismo, un país que no tiene la capacidad para poder disminuir la desigualdad social.

Actualmente, el desempleo, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, impactan y afectan con especial dureza a los jóvenes por ello México no puede ni debe ser un país excluyente, desconectado de la realidad en la que ellos son un pilar importante del desarrollo.

Incrementar y aplicar debidamente los recursos que el Estado destina para los jóvenes, permitiría:

Estructurar y llevar a cabo programas de reeducación y resocialización para jóvenes inmersos en problemas de drogadicción, alcoholismo, prostitución, delincuencia e indigencia.

Mejorar las posibilidades de integración social y ejercicio de la ciudadanía por parte de los jóvenes.

Becar, respaldar y proyectar a todos aquellos jóvenes que se distingan en los campos de la ciencia, la investigación, la academia, el arte, la cultura, la literatura, el deporte y aquellas áreas que impliquen su plena realización personal.

Complementar e incidir en el acceso de los jóvenes a la educación, mejorando las oportunidades de desarrollo personal y formación integral en las modalidades de educación formal, educación extraescolar, capacitación y profesionalización continuas.

Garantizar el desarrollo y acceso de los jóvenes a sistemas de intermediación laboral, programas de orientación y aprovechamiento profesional, programas de capacitación técnica; así como a créditos, estímulos y subsidios.

Mejorar y garantizar las oportunidades de vinculación a la vida económica, en condiciones adecuadas que garanticen su desarrollo y crecimiento personal, a través de estrategias de autoempleo y empleo asalariado.

Otorgar oportunidades reales para la creación de microempresas, negocios, empresas sociales, cooperativas y cualquier tipo de organización productiva.

Promover la creación de líneas de crédito para la juventud del sector rural en las áreas de: prestación de servicios, proyectos agropecuarios, proyectos agroindustriales, proyectos productivos, microempresas y economía solidaria.

Garantizar el acceso de los jóvenes a los servicios de salud integral.

Promover y proteger adecuadamente los derechos de los jóvenes.

Apoyar la consolidación de las organizaciones juveniles y promover su formación, participación y predominio comunitario a través de proyectos específicos en diferentes áreas de su interés.

Dotar a los jóvenes de mecanismos de capacitación y apoyo efectivo para el desarrollo personal y la divulgación cultural.

Promover y apoyar la participación de los jóvenes en medios masivos de comunicación, para el impulso de sus actividades y proyectos, la canalización de su creatividad y talento, así como el fortalecimiento de su integración e identidad.

Ejecutar todas aquellas políticas sociales compensatorias que fuesen necesarias para el pleno bienestar y desarrollo humano de los jóvenes.

Por todo esto presento una visión de cómo ha ido decreciendo el apoyo a los jóvenes en cuestiones económicas con datos del Instituto Mexicano de la Juventud.

Para el 2005, el presupuesto modificado correspondió a 145 millones de pesos, el cual incluía 650 mil pesos de recursos propios autorizados. Finalmente no se captaron los dichos recursos, pero se captaron 1 millón 500 mil pesos como donativo de Microsoft para el Programa de Centro Interactivos Poder Joven.

Ejercicio Fiscal 2001

El presupuesto modificado en el ejercicio fiscal 2001 fue de 162 millones de pesos, observándose un presupuesto ejercido de 161 millones de pesos, menor en 0.44% que se explica fundamentalmente a que se erogaron menos recursos en el rubro de materiales y suministros, bienes muebles, debido a que se iniciaron las medidas de racionalidad y al presupuesto no ejercido para gastos de apoyo a los sectores social y privado.

Ejercicio Fiscal 2002

El presupuesto modificado para el ejercicio 2002 fue de 161 millones de pesos, el cual integra 1 millón 835 mil pesos de recursos propios autorizados. El presupuesto ejercido correspondió a 164 millones, 215,000 mil pesos que representa una variación porcentual positiva de 1.99%, respecto al presupuesto modificado.

La variación se explica principalmente a que el Instituto al cierre del ejercicio recibió un donativo de 935 mil pesos, aportados por la Fundación Ford para el apoyo de investigaciones de juventud y un sobre ejercicio registrado en el Capítulo 3000.

Ejercicio Fiscal 2003

El presupuesto modificado para el ejercicio 2003 fue de 150 millones 556 mil pesos, en el cual se encuentra programado la captación de 715 mil pesos, observando un presupuesto ejercido de 147 millones 714 mil pesos, monto menor en 2.55% con relación al presupuesto modificado.

La diferencia se explica fundamentalmente a que se ejercieron menos recursos en el capítulo de Servicios Generales por la aplicación del Programa de Ahorro, Austeridad y Racionalidad Presupuestaria.

Ejercicio Fiscal 2004

El presupuesto modificado para el Instituto en el ejercicio fiscal 2004 correspondió a 147 millones 507 mil pesos, el cual incluye 300 mil pesos de recursos propios autorizados.

El presupuesto ejercido fue de 147 millones 507 mil pesos, el cual es igual al presupuesto modificado por lo que no existe variación.

Ejercicio Fiscal 2005

El presupuesto original corresponde a 145 millones 16 mil pesos, el cual incluye 650 mil pesos de recursos propios autorizados.

El presupuesto ejercido fue de 144 millones 366 mil pesos, menor en 0.45% debido principalmente al menor ejercicio de recursos en el rubro de servicios generales y a que no se captaron los recursos propios autorizados en el presupuesto original por un monto de 650 mil pesos, no obstante que se captaron como presupuesto modificado 1 millón 539 mil pesos como donativo de Microsoft para el Programa de Centro Interactivos Poder Joven.

En el presupuesto original autorizado al Instituto en el periodo de 2001 a 2005, se ha observado una disminución constante. En el ejercicio 2005 se autorizó un presupuesto de 144 millones de pesos que ha sido el menor desde el ejercicio fiscal 2001 con un monto de 158 millones 401 mil pesos, representando una variación negativa de 9.09%. Cabe señalar que el ejercicio fiscal con mayor presupuesto autorizado fue el 2002 con un monto de 163 millones 618 mil pesos.

La grafica siguiente muestra las fluctuaciones y tendencia que ha venido manteniendo de manera desproporcional, el presupuesto asignado al Instituto Mexicano de la Juventud.

No se debe seguir propiciando la falta de recursos para esta causa, es por ello que en la preocupación deben caber las acciones para que el país tenga en la juventud gente productiva, hay que alentarlos para lograr su mejor desarrollo y desempeño, con mejores programas y apoyos en su entorno.

Por lo antes expuesto someto a la aprobación de esta H. Asamblea el presente punto de acuerdo y solicito sea publicado integro en el Diario de los Debates.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, a que a través del Instituto Mexicano de la Juventud, se incrementen los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados promueva la asignación de recursos adicionales a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Las universidades públicas estatales han sufrido los embates de las políticas neoliberales aplicadas en México desde la década de los ochenta del siglo pasado.

Lo anterior las ha llevado a una situación de atraso en su infraestructura física, nula contratación de plazas, ya sea para personal administrativo o docente, e incumplimiento de las prestaciones sociales.

Es muy triste señalar que la tecnocracia gobernante no tiene como prioridad la educación pública y, mucho menos, la formación de profesionales en las distintas ramas del conocimiento científico y de las ciencias sociales.

Las universidades estatales apenas sobreviven con los recursos que a través de subsidios reciben por parte del gobierno federal.

En casos extremos, no pueden hacer frente a compromisos contractuales, como el pago de salarios y de prestaciones, por ejemplo, el aguinaldo y las gratificaciones de fin de año.

No obstante estas cuestiones adversas, hay instituciones que están realizando esfuerzos importantes por mejorar las condiciones de enseñanza a los alumnos.

Tal es el caso de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que en años recientes ha incrementado su calidad educativa, abierto nuevas carreras y logrado que varias de sus licenciaturas estén dentro de los programas de calidad que marca la Secretaría de Educación Pública.

Hay que destacar que 8 de cada 10 estudiantes inscritos en dicha universidad están en carreras avaladas por los parámetros de alta calidad educativa.

Asimismo, 7 de cada 10 profesores de esta casa de estudios cuentan con estudios de posgrado; de 2004 a 2006 la cifra de profesores con doctorado se incrementó de 42 a 86, lo que implica un crecimiento del más del 100 por ciento.

Del total de académicos del estado de Durango que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, la mitad, es decir, 23, están adscritos, dan cátedra y realizan labores de investigación en la Universidad Juárez de Durango.

Esta institución educativa tiene un compromiso muy claro con la sociedad duranguense, especialmente con aquéllos de menos recursos, brindándoles atención médica, odontológica, psicológica, asesoría legal, por sólo mencionar las más importantes, a través de brigadas compuestas por los estudiantes que están realizando su servicio social.

Los logros antes reseñados sólo son una muestra de lo que ha logrado la Universidad Juárez de Durango, no obstante lo limitado de los recursos que recibe.

La situación de esta universidad es delicada, arrastra un pasivo de casi 280 millones de pesos, que provienen de acuerdos de mejora en prestaciones al personal académico y administrativo.

Además, desde 1996 no ha podido incrementar las plazas para personal administrativo.

La Universidad Juárez de Durango recibe un subsidio de 26 mil 200 pesos por alumno, menor a la media nacional que es de 38 mil 600 pesos. El gobierno del estado se ha comprometido aportar recursos hasta poder llegar a dicho porcentaje, pero también se hace necesario el apoyo por parte del gobierno federal.

Es por ello, que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos presentando este punto de acuerdo, para lograr que puedan asignarse recursos adicionales, en el Presupuesto de Egresos para 2007, para la Universidad Juárez de Durango, con el fin de resarcir las carencias y rezagos que sufre esta institución educativa.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone, el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión promoverá que se asignen recursos adicionales a la Universidad Juárez de Durango, a fin de que pueda cubrir el rezago en prestaciones económicas del personal, que asciende a 287 millones de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil seis.--- Diputados: Abundio Peregrino García, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incremente la partida destinada a promover la conservación de los bosques y las selvas de México, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Ángel Humberto García Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ésta Sexagésima Legislatura, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya un incremento significativo en la partida destinada a promover y apoyar la conservación de los bosques y selvas de México, la cual se ejercería a través de mecanismos que permitan a los ejidos y comunidades agrarias de nuestro país el manejo forestal sustentable de dichos recursos naturales.

Considerando

1. Que la presente administración pública federal ha declarado los bosques y las aguas comprendidos dentro de los límites del territorio del Estado mexicano como un asunto de seguridad nacional.

2. Que en el presente ejercicio se asignó para la protección de dichos recursos naturales la cantidad de mil 975 millones de pesos, lo que representa solamente el 0.11 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, cifra similar a la que se aprobó para tal efecto en los años 2004 y 2005.

3. Que el porcentaje anterior, además de ser similar al que se aprobó para tal efecto en los años 2004 y 2005, equivale a menos de la mitad de lo que recibieron los partidos políticos en el año actual.

4. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los beneficios ambientales que otorgan los bosques y selvas de México, tales como la captación de dos tercios del agua que consumimos, la regulación del clima, la abundante biodiversidad, belleza escénica, sustento a más de 10 millones de personas, entre otros, implican un valor total de 136 mil 770 millones de pesos anuales, cifra que equivale a casi 70 veces el presupuesto adjudicado al sector forestal en 2006.

5. Que, según afirma la organización Greenpeace México, otros estudios estiman que el valor del servicio de captura de agua que proporcionan los bosques de México podría ascender a 300 mil millones de pesos.

6. Que la insuficiencia e inadecuada distribución de los recursos presupuestales antes citados está ocasionando la extinción de bosques y aguas a un ritmo tal que coloca a México en quinto lugar en materia de deforestación a nivel mundial.

7. Que de conformidad con informes científicos confiables, los principales programas federales para detener la deforestación, como los relativos al combate de incendios, la reforestación y la plantación, no están funcionando, ya que anualmente se pierden 600 mil hectáreas de bosques y selvas.

8. Que en éste sexenio se deforestaron 3 millones 600 mil hectáreas y se plantaron mil millones de árboles, los que de sobrevivir en su totalidad hubiera significado la reforestación de un millón de hectáreas. Sin embargo, un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indica que se rehabilitaron con éxito apenas 287 mil hectáreas en éste sexenio, menos de la doceava parte de lo que se deforestó en el mismo periodo.

9. Que la tala ilegal y además impune produce anualmente 7 millones de metros cúbicos de madera, cantidad casi igual a la que se genera legalmente (8 millones de metros cúbicos).

10. Que, debido a lo anterior, el 65 por ciento de la superficie forestal de México (36 millones de hectáreas de bosques y selvas) se encuentra en el abandono. De acuerdo con la Conafor, sólo 8.7 millones de hectáreas están incorporadas al manejo forestal sustentable (15 por ciento).

11. Que, según estudios realizados por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México en los estados de Quintana Roo y Guerrero, las zonas donde las comunidades agrarias y los ejidos llevan a cabo un manejo forestal sustentable, la tasa de deforestación es comparable a la tasa de deforestación promedio de las áreas naturales protegidas de nuestro país.

12. Que, de conformidad con dichos estudios, se desprende que el manejo forestal sustentable que efectúan los ejidos y las comunidades agrarias cuando cuentan con apoyos gubernamentales suficientes, constituyen una excelente opción para conservar los bosques y selvas de nuestro país.

En vista de la situación anteriormente expuesta y con el propósito de contener la acelerada degradación y deforestación que sufren los bosques de México, es necesario destinar por lo menos 10 mil millones de pesos más para apoyar a las comunidades que administren correctamente sus bosques y con ello incorporar al manejo forestal sustentable los 36 millones de hectáreas de bosques de bosques y selvas que no reciben ningún apoyo de los programas del gobierno federal.

Si se toman en cuenta todos los beneficios que los bosques nos brindan a todos los mexicanos, destinar 10 mil millones de pesos más para evitar la deforestación es una propuesta muy razonable, toda vez que dicha cantidad representa sólo el 0.53 por ciento del presupuesto.

Se sustenta ésta propuesta en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional que otorga a la nación el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

El mismo párrafo dispone que, en consecuencia, deberán dictarse las medidas necesarias para establecer las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de planear y regular el mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como de preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita al Ejecutivo federal que, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establezca en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2007 una partida de diez mil millones de pesos destinada a promover y apoyar la conservación de los bosques y selvas de México, la cual se ejercería a través de mecanismos administrativos y de operación que permitan a los ejidos y comunidades agrarias del país que cumplan con los requisitos de ley correspondientes, el manejo forestal sustentable de dichos recursos naturales.

Diputado Ángel Humberto García Reyes (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a considerar en su programa de trabajo correspondiente a 2007 los recursos necesarios para fortalecer y desarrollar la operación del vivero de Coyoacán, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Javier González Garza y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Vivero de Coyoacán goza actualmente de un enorme valor simbólico para la población de la Ciudad de México y para la política ambiental de la Federación. El Vivero de Coyoacán es ante todo, un símbolo de la historia de la conservación de la naturaleza para nuestro país. El vivero fue propuesto y concebido por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo a principios del siglo XX. El llamado ``Apóstol del Árbol'', lo estableció en terrenos de su propiedad con sus propios recursos. En el año de 1907, obtiene el apoyo oficial del entonces presidente Porfirio Díaz, con lo que logra ampliar la extensión original del vivero. Díaz y sus ministros al visitar al Vivero de Coyoacán, quedaron ya entonces impresionados, ante los miles de árboles en producción que ven en ellos. Se considera por ello, que en el 2007 se conmemora el centenario de la fundación del Vivero de Coyoacán.

Desde esa época, muchos árboles producidos en el Vivero de Coyoacán han sido sembrados en las calles, lechos secos de los lagos y laderas deforestadas de lo que es el Valle de México. Estos árboles los admiramos grandes y frondosos en muchas partes de la actual ciudad de México.

En 1923, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y su familia, a título gratuito, donan al gobierno federal la propiedad de los terrenos del Vivero de Coyoacán, por lo que en la actualidad, el vivero es administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El Vivero de Coyoacán cuenta con 39 hectáreas de superficie total, en su mayoría áreas arboladas. En la actualidad tiene una producción anual de 300 mil árboles para donación. Se producen especies de árboles como trueno, piracanto, liquidámbar, cedro blanco, jacaranda, pino azul, pino blanco, arrayán, ahuehuete, entre otras.

Los servicios ambientales que presta el Vivero de Coyoacán a los habitantes de la ciudad de México para mejorar su calidad de vida son múltiples y de enorme importancia, entre ellos se pueden citar: la generación de oxígeno, la captura de contaminante en el aire, retención de agua, amortiguador de ruido, regulador de temperatura y hábitat de fauna silvestre.

Adicionalmente, el Vivero de Coyoacán recibe diariamente a más de 2,500 visitas, que cotidianamente acuden a realizar actividades recreativas, deportivas, de información, contacto y observación de los elementos naturales que lo conforman.

Al Vivero de Coyoacán se le considera un lugar idóneo para el fomento de las actividades de educación, investigación y divulgación ambiental. De tal forma que el lunes 21 de diciembre de 1998 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que lo hace un Centro de Cultura Ambiental para un mejor aprovechamiento de dicha área, sin que esto implique el desvío de su uso eminentemente viverístico.

Por todos estos antecedentes, es indudable la importancia del Vivero de Coyoacán para la sociedad mexicana. Sin embargo, el Vivero de Coyoacán tiene necesidades urgentes. En la actualidad cuenta con un sistema de riego por aspersión y por inundación. Anualmente se paga un millón y medio de pesos por el uso de agua tratada, se estima que con el uso de tecnología apropiada y más eficiente, se puede bajar dicho costo a quinientos mil pesos anuales y aumentar la producción de 300 mil, a 3 millones de árboles anualmente. Para lograr un manejo eficiente del vivero y revertir su ya evidente deterioro, se requiere un presupuesto de inversión por 7 millones de pesos. Con estos recursos se instalaría el sistema de riego eficiente para reducir el consumo de agua tratada y se pondría en funcionamiento una planta de tratamiento de agua, esto permitiría el manejo del Vivero de Coyoacán, en condiciones óptimas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Uno. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que considere en su programa de trabajo y de ejercicio presupuestal 2007 los recursos necesarios que permitan fortalecer y desarrollar en forma óptima e integral las diversas actividades relacionadas con la operación del Vivero de Coyoacán, para celebrar el centenario de su fundación.

Dos. Se solicita que en apego a las facultades constitucionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que inicie los trabajos técnicos para la evaluación de la posible cesión de los Viveros de Coyoacán al gobierno del Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos federales adicionales para Coyotepec, México, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.Que de acuerdo con cifras del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el estado de México cuenta con una población de 14 millones 7 mil 495 habitantes, que representan el 13.56 por ciento de la población nacional. La población económicamente activa del estado de México representa 14.37 a nivel nacional, mientras que el número de trabajadores permanentes representa el 7.68 por ciento; en tanto que la contribución promedio del estado de México al producto interno bruto (PIB) nacional en el periodo 1998 a 2004 fue de 10.45 por ciento.

Según el documento Monografías de economía y finanzas públicas para las entidades federativas, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, los principales ingresos del estado de México corresponden a las participaciones y aportaciones federales, que en suma representan entre el 87 y 94 por ciento de los ingresos totales de la entidad. De manera que los ingresos del estado muestran una gran dependencia de los recursos federales, ya que los ingresos propios son inferiores al 9 por ciento de los ingresos totales del estado, según el citado documento.

El municipio de Coyotepec es uno de los 125 que conforman el estado de México y se localiza en la parte noroeste de la entidad; limita al norte con el municipio de Huehuetoca; al sur con Teoloyucan, al oriente con Teoloyucan y una parte de Zumpango, y al poniente con Tepotzotlán y el poblado de Santa Cruz del Monte, perteneciente al municipio de Teoloyucan.

Coyotepec es la cabecera municipal con las siguientes localidades: Acocalco, Caltenco, Chautonco, Ixtapalcalco, Pueblo Nuevo, Los Reyes, San Juan, Santiago, Zimapan, La Planada (barrio y pueblo), San Francisco (barrio y caserío) y Santa Barbara (barrio y caserío), según la enciclopedia de los municipios del estado de México.

Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para entonces existían en el municipio un total de 35 mil 289 habitantes, de los cuales 17 mil 429 son hombres y 17 mil 860 son mujeres; esto representa el 49 por ciento del sexo masculino y el 51 por ciento del sexo femenino; mientras que, según el Conteo de Población y Vivienda de 2005 del INEGI, la población del municipio de Coyotepec asciende a 39 mil 341 habitantes.

2. De acuerdo con el anexo del VI Informe de Gobierno 2006, el estado de México, para el ciclo escolar 2005-2006, cuenta con una matrícula en educación básica --que incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria-- de 3 millones 269 mil alumnos, distribuidos en 19 mil 148 escuelas; mientras que, para el mismo periodo, la matrícula en educación media superior --que incluye los niveles profesional técnica y bachillerato-- es de 424 mil alumnos distribuidos en mil 175 planteles.

En ese contexto, deseamos destacar que el municipio de Coyotepec no cuenta con una preparatoria oficial para absorber a la gran cantidad de alumnos que egresan de las secundarias con que cuenta el municipio. A pesar de que existe una solicitud de construcción de una preparatoria que data de hace 10 años, aún no se ha logrado la realización de esta importante obra para la comunidad estudiantil. Cabe señalar que el municipio cuenta con el terreno ex profeso para la construcción de la preparatoria.

3.Por otro lado, el sistema hidrológico lo conforma la presa San Guillermo, la cual tiene una extensión de 47.25 hectáreas, aproximadamente, y un volumen de un millón 181 mil 250 metros cúbicos; sin embargo, a la presa llega agua de drenaje, lo que implica, además de la contaminación, una potencial fuente de infecciones para los habitantes. Por la situación descrita, se ha planteado la necesidad del dragado y reforestación de la presa.

4. Por otra parte, desde hace tiempo se viene manifestando la necesidad de contar con un libramiento que evite el tráfico de automóviles pesados en la cabecera municipal, situación que posibilitaría una mejor convivencia y agilizaría los tramites que se desarrollan en el municipio.

5. De acuerdo con la información del Centro de Estudios las Finanzas Públicas de esta soberanía, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 que presentó el Ejecutivo federal y fue examinado, modificado y aprobado por la honorable Cámara de Diputados, dentro de las reasignaciones totales para las entidades federativas, se consideraron recursos adicionales en el gasto federalizado; en particular, se destinaron recursos al Ramo 39, ``Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas'' (PAFEF), al programa carretero y al Programa Especial de Seguridad Pública dentro del Ramo 36.

Para el estado de México, considerando los conceptos anteriores se tuvo una ampliación total de 8 mil 316.4 millones de pesos, lo que equivale a 13.3 por ciento de recursos adicionales y a una variación real de 5.5 por ciento respecto a los recursos aprobados para el año 2005.

Según el documento PEF 2006, gasto federal descentralizado, también del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, presentado por el Poder Ejecutivo consideró recursos totales para el estado de México por 62 mil 764.2 millones de pesos. La Cámara de Diputados reasignó un total de 8 mil 316.4 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales 4 mil 684.8 millones de pesos correspondieron al gasto federalizado, distribuido de la siguiente manera:

975.5 millones de pesos para el Ramo 33, ``Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios'';

969.2 millones de pesos en el Ramo 28, ``Participaciones a Entidades Federativas'';

2 mil 726.4 millones de pesos por recursos adicionales en el PAFEF; y

13.7 millones de pesos para el Programa Especial de Seguridad Pública, dentro del Ramo 36.

El Centro de las Finanzas Públicas señala que adicionalmente se incrementaron 3 mil 631.6 millones de pesos para ejercerse a través de las delegaciones federales. Dentro de estos recursos se contemplaron 1 mil 389.1 millones de pesos adicionales para el programacarretero y los estudios de factibilidad para la ampliación de la Línea 3 del Metro. Al considerar las ampliaciones anteriores, el estado de México podría disponer de aproximadamente 71 mil 80.6 millones de pesos para el ejercicio 2006.

6. Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una disminución al Programa de Apoyos para el PAFEF por 4 mil 922 millones de pesos.

No obstante, según Hacienda, con información más actualizada para el cierre de la recaudación no-petrolera, se calcula que las participaciones excederán en 36 mil 561 millones de pesos a la estimación contenida en la ley, que sumados a la cifra definitiva para el FIES, menos los 4 mil 922 millones de reducción al PAFEF arrojan un total de 57 mil 151 millones de pesos.

Para Hacienda, las entidades federativas no sólo recibirán un monto considerable por encima de la estimación original, sino que la reducción al PAFEF sólo representa un efecto neto de 45 millones de pesos menos.

7. En este contexto, un grupo de ciudadanos de las comunidades que conforman el municipio de Coyotepec, estado de México, se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente:

Que es necesaria la rehabilitación de la presa San Guillermo, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, la cual contempla un colector para desvío de aguas residuales, dragado y desazolve y reforestación, que tiene un costo aproximado de 4.5 millones de pesos.

Se cuenta desde hace varios años con una propuesta de plantel educativo a nivel medio superior (preparatoria) que se ubica en el Barrio Santiago, con un costo aproximado de 4.5 millones de pesos.

Además, se requiere de un libramiento sur, ubicado en varios barrios, para el desvío de vehículos pesados del primer cuadro del municipio, con un costo aproximado de 16 millones de pesos.

Estimamos que la suma de las tres solicitudes, que representan 25 millones de pesos, podría esta contemplada dentro de los recursos federales que se canalizan a la entidad a través de los ramos 28, 33, 36 y 39. Es importante señalar que se cuenta con los tres anteproyectos de las obras solicitadas, y que se tiene contemplado que se puedan realizar por el honorable ayuntamiento de Coyotepec en el periodo comprendido de 2006 a 2009.

Otro aspecto que se puede señalar es que, si tomamos como referencia el documento citado del Centro de las Finanzas Públicas PEF 2006, gasto federal descentralizado, la parte relativa a gasto identificado para el estado de México por delegaciones federales y reasignaciones, se tiene que el moto de 25 millones que solicita el municipio de Coyotepec es ligeramente inferior al que se solicita para equiparar y operar una nueva instalación hospitalaria en Texcoco, por un monto de 31 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere aumentar los recursos públicos de los Ramos 28, 33, 36 y 39; asimismo, se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de México para que se apoye con dichos recursos al municipio de Coyotepec, con objeto de realizar las siguientes obras: construcción de una preparatoria, draga y reforestación de la presa San Guillermo y construcción del libramiento sur, por un monto total de 25 millones de pesos (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.), con lo cual se estaría apoyando el desarrollo municipal, al mismo tiempo que se daría respuesta a las demandas de la comunidad.

Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se considere un incremento para la Sedesol destinado al Programa de Adquisiciones de Leche de Liconsa, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la falta de alimento, la deficiente ingestión de calorías y la desnutrición son fenómenos que afectan de forma directa el disfrute de casi todos los derechos fundamentales, además de que tiene un impacto directo en el derecho a la salud.

La lucha contra el hambre que encabezan las Naciones Unidas y la FAO es un campo propicio para hacer sentir la presencia y el liderazgo solidarios de México del derecho a la alimentación.

Hay sobre la materia una abundante y consistente base jurídica que tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 23 de marzo de 1981 el Senado de la República ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

Nuestro país ha ratificado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969; ambos instrumentos internacionales se refieren de manera muy destacada al derecho a la alimentación.

Entre las normas y compromisos internacionales relativos a la alimentación debo mencionar de manera muy especial la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, adoptada por el pleno de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que México se adhirió poco después.

Todas las naciones del mundo --incluida la nuestra-- convocadas por las Naciones Unidas se reunieron en Roma en 1996, en la Primera Cumbre Mundial sobre el Hambre; al término de sus deliberaciones, la cumbre se fijó como meta reducir para el año 2015 a 400 millones los 815 millones que al momento de la cumbre padecían hambre.

México ha celebrado múltiples tratados internacionales respecto al derecho a la alimentación y hoy el gobierno federal ha decidido incrementar el precio de la leche violando un principio universal de alimento para todos.

En los últimos 6 años Liconsa generó ahorros a sus beneficiarios por más de 22 mil 284 millones de pesos, producto del diferencial de precios entre la leche fortificada que produce y distribuye y el precio promedio de las marcas comerciales de lácteos.

Ello significa, que por cada peso de recursos fiscales asignado a Liconsa se detonó un ahorro de 8.50 pesos en beneficio de la población de escasos recursos atendida por esta empresa, y que actualmente es de 5.8 millones de personas.

Para llevar la leche a 2.8 millones de hogares mexicanos, la institución cuenta con 33 programas de abasto social, uno por cada estado y dos en el área metropolitana de la Ciudad de México. El sistema de distribución se apoya en 7 mil 213 puntos de venta, los cuales se surten a través de 539 rutas fijas con personal y vehículos que recorren más de 100 mil kilómetros diariamente, distancia que equivale a más de dos vueltas a la tierra.

De acuerdo con la propia información de Liconsa, ésta recibió recursos fiscales por 2 mil 614 millones de pesos, que representan el 9.1 por ciento de los ingresos totales de la empresa, y el resto se obtuvo mediante la venta de su producto. El precio de la leche fortificada Liconsa se mantenía en 3.50 pesos el litro desde el primero de junio de 2001, beneficiando con ello a cerca de 3 millones de hogares de escasos recursos.

De acuerdo con la estrategia programática sectorial del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, el Programa de Abasto Social de Leche producirá y comercializará cerca de 900 millones de litros de leche de alta calidad. Esto contribuirá al desarrollo de capacidades y a la disminución o prevención del déficit nutricional en las niñas y niños de 6 meses a 13 años, mujeres adolescentes de entre 12 y 15 años, mujeres en periodo de gestación y lactancia, mujeres de 45 a 59 años, enfermos críticos o personas con discapacidad mayores de 12 años, y adultos mayores de 60 años.

Sin embargo, y como es del conocimiento de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, el gobierno federal anunció el incremento de 1 peso al precio por litro de la leche que distribuye Liconsa. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 pesos, como vino costando los últimos cinco años, a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 del mes de noviembre. Esto representa una aumento de casi 29 por ciento, superior al 26.8 por ciento acumulado en el sexenio.

Inclusive, expertos han comentado que si bien el reciente aumento en el precio de la leche de 29 por ciento sólo aplica a la distribuida por el gobierno a través de Liconsa, refleja una tendencia al alza de 2 por ciento en los productos lácteos que se observa desde el tercer trimestre y que puede asociarse a los incrementos en los precios del alimento para ganado, particularmente maíz. En los últimos meses las presiones de inflación han venido de los alimentos, por lo que se espera que éste sea un tema a vigilar como posible factor de riesgo para la inflación en 2007.

En este orden de ideas, cabe mencionar que el hambre y la desnutrición no es, infortunadamente, un fenómeno del pasado. En México, la pobreza y la falta de una alimentación adecuada prevalecen en pleno siglo XXI; mantener el precio de la leche en 3.50 pesos es una situación que permite atemperar la desnutrición de las niñas y niños, de personas discapacitadas y de adultos mayores.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD pronuncia su más enérgico rechazo al anuncio y aplicación de un aumento del 29 por ciento a la leche que distribuye Liconsa a precios subsidiados.

Por tal motivo, es menester dotar de mayores recursos en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 al rubro particular de la leche en comento, con el objetivo de mantener el beneficio a casi 6 millones de mexicanos de bajos recursos. El incremento presupuestario, además de reducido, no es comparable con los más de 33 mil millones que se asignó este año para el pago de intereses del IPAB. Tampoco se compara con los gastos superfluos de los vestidos de la esposa del presidente saliente. Ni se compara con la evasión y elusión fiscal, que asciende a cerca de 400 mil millones de pesos, al amparo del gobierno por mantener privilegios fiscales a los grandes corporativos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 un incremento a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al Programa de Adquisiciones de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV, y al Programa de Abasto Social de Leche, por un monto adicional de un mil millones de pesos para poder mantener un precio de 3.50 pesos por litro de leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un incremento de los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Claudia Lilia Cruz Santiago y Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil fue aprobada por unanimidad por la LIX Legislatura el 15 de diciembre de 2003 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004; garantiza a las organizaciones de la sociedad civil su derecho a participar en el diseño de políticas públicas y su acceso a los estímulos y apoyos del gobierno federal que faciliten y fortalezcan el desarrollo de sus actividades.

Para su instrumentación, la ley dispuso la constitución de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por instancias del gobierno federal y del Consejo Técnico Consultivo, formado en su mayoría por representantes de las dichas organizaciones, incorporando también a los sectores académico, profesional, científico y cultural, así como al Ejecutivo y Legislativo federales.

La ley establece la constitución y funciones del Consejo Técnico Consultivo como un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, cuyo objeto es proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del registro, así como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.

Asimismo, se faculta al consejo para analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de la misma ley, formulando opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación, impulsando la participación ciudadana y de las organizaciones, así como sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones, facultándole también para emitir recomendaciones en la determinación de infracciones y su correspondiente sanción.

Para el cumplimiento de dichas funciones, el Consejo Técnico Consultivo requiere un presupuesto que asciende a 6 millones de pesos, que serán destinados a la desarrollar las diversas actividades que le permitan cumplir cabalmente con las facultades que le han sido conferidas.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que es de gran importancia que el Consejo Técnico Consultivo pueda de-sarrollar las funciones encomendadas por la ley, proponemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 un incremento al Instituto Nacional de Desarrollo Social, específicamente para fomentar el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, por un monto de 6 millones de pesos, con el propósito de fortalecer las actividades que desempeña el Consejo Técnico Consultivo a que se refiere la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006. --- Diputados: Claudia Cruz Santiago (rúbrica), Othón Cuevas Córdova.»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos generales para los braceros del estado de México, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Gustavo Parra Noriega, en su calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal que considere mayores recursos para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del estado de México con la finalidad de pagar los adeudos a braceros rurales del 42 al 64 que faltan de recibir su ayuda correspondiente.

Consideraciones

Desde la década de los noventa, la región central del país participa de manera creciente en los flujos migratorios a Estados Unidos. En ese contexto, destaca la participación del estado de México, sobre todo los flujos que provenían de los municipios metropolitanos del Valle de México.

Por otro lado, el estado de México, si bien no es de las entidades con mayor índice migratorio, es la cuarta con mayor participación en términos absolutos en cuanto a flujos migratorios se refiere, sólo debajo de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

En el estado de México, sólo el municipio de Coatepec Harinas alcanza un muy alto grado de intensidad migratoria, seguido por Amatepec, Tejupilco, Tlatlaya y Tonatico; es decir, los municipios rurales del sur de la entidad. En ellos, la migración a los Estados Unidos inicia desde la década de los cincuenta, en ocasión del Programa Bracero.

Producto del trabajo de estos migrantes, se generaron recursos por sueldos y salarios pagados. En este contexto, el gobierno federal de esa época, mediante instituciones bancarias como el Banrural, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco del Ahorro Nacional, fue receptor de dichas prestaciones económicas remitidas por los consulados y generadas por estos trabajadores migrantes que se desempeñaron principalmente en los campos de California y en la construcción de parte de la red ferroviaria del vecino país del norte.

Dichas cantidades y sus rendimientos representaron sumas importantes que nunca fueron entregadas a sus beneficiarios o familias y hubo actos de omisión irresponsables de las autoridades al no vigilar el destino de dichos fondos.

En respuesta a dicha situación y a presiones por parte de los migrantes, el gobierno federal y el Poder Legislativo han reconocido la injusticia cometida contra estos trabajadores. Por ello, se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y se aprueba el otorgar seguridad jurídica a los ex trabajadores mexicanos braceros, con estricta sujeción a las normas de operación que al efecto se elaboren, para conocer con certeza y absoluta transparencia los apoyos que proceda entregar ya sea directamente a los beneficiarios o, en su caso, a sus descendientes o cónyuge sobreviviente.

Se determinó que la duración del fideicomiso no excedería de cinco años y el monto a entregar a cada beneficiario no sería una compensación derivada de un adeudo, sino un apoyo que la sociedad, mediante este fideicomiso, otorgaría a estos ex trabajadores mexicanos braceros.

Para tener acceso al fideicomiso, se requiere que: 1) los ex trabajadores estén en la relación del padrón de la Secretaría de Gobernación, levantado en 2003 y 2) tener original del documento comprobatorio de haber sido trabajador migratorio mexicano de 1942 a 1964. En los casos de cónyuges e hijos, se presentan los mismos documentos acompañados de una identificación oficial de éstos.

De acuerdo con el artículo 5o. de la ley que crea el fideicomiso, se dará preferencia a los trabajadores de mayor edad, a los que hayan trabajado entre 1942 y 1946, y los trabajadores migrantes hasta 1964.

El fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que los recursos que el gobierno federal le aporte se canalizarán mediante la partida presupuestaria Fondo de Pago de Adeudos a Braceros Migratorios de 1942 a 1964.

Asignaciones presupuestarias

Para el ejercicio fiscal de 2006, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó una partida de 298.5 millones de pesos a este fideicomiso. Para 2005, en el anexo se presentó la partida ``Migrantes y desplazados'', dentro del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un monto de 128.7 millones de pesos.

Actualmente hay 3 mil 500 personas que están con documentación faltante. En el caso específico del estado de México, existen 171 personas registradas en la Secretaría de Gobernación que no han recibido apoyo, de un total de 4 mil 437 personas que se encuentran aún sin la ayuda financiera.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, por medio del Ramo 04 Gobernación, mayores recursos para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del estado de México con la finalidad de pagar los adeudos a braceros rurales del 42 al 64 que faltan de recibir su ayuda correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2006.--- Diputado Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida especial sectorizada en la Secretaría de Gobernación, destinada a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migratorios de Yucatán, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática que enfrentan los ex trabajadores migratorios es por todos conocida; sabemos que aunque con la creación del fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ellos en 2005, se abrió la expectativa para que contaran con un pequeño apoyo social que resarciera sólo en parte los dineros que les corresponden, hoy la realidad es que para la gran mayoría sigue siendo sólo una expectativa, pues debido al exceso de burocratismo y de voluntad política sólo muy pocos han podido hacer efectivo el apoyo de 38 mil pesos.

Es sorprendente, compañeros, que a pesar de saber que la pretensión de recuperar parte de sus ahorros es un reclamo justo, los mecanismos sean tan complicados y para muchos de ellos prácticamente imposibles.

En diversas ocasiones se ha dicho en esta tribuna que de aproximadamente 223 mil ex trabajadores migratorios registrados en la Secretaría de Gobernación, sólo han tenido acceso al apoyo social aproximadamente 14 mil 800, es decir apenas 6.4 por ciento. Lo cual revela que no existe compromiso ni voluntad para realizar los pagos correspondientes.

Es claro que algo está fallando y debe ser corregido de inmediato, pues miles de personas esperan hacer efectivos sus derechos, o cuando menos una parte, porque sabemos también, compañeras y compañeros, que 38 mil pesos son una media o un promedio que pretende dar respuesta a una demanda, pero de ninguna manera es lo estrictamente justo.

A pesar de lo anterior, si 38 mil pesos fueron el acuerdo y el compromiso del Estado para con los ex trabajadores migratorios, es menester hacerlo cumplir de manera oportuna y sin mezquindades.

En tal razón y toda vez que la situación de los ex trabajadores de Yucatán atraviesan las mismas dificultades al no poder hacer efectivo su derecho, les pido, compañeros, su solidaridad y apoyo para mis paisanos, ya que de la lista validada por la Segob de aproximadamente mil 480 ex trabajadores sólo se ha liquidado a 250. Además, existe todavía una lista pendiente de validar de mil 400 ex trabajadores.

Punto de Acuerdo

Único. Que en uso de las atribuciones que la Ley Fundamental confiere a esta soberanía, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida especial por 50 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, con objeto de destinarla a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migrantes de Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2006.--- Diputado José Luis Blanco Pajón (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para crear un corredor eco-turístico y un museo en Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, en Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cardenas diputado federal de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme al siguiente punto de acuerdo.

Por el que se exhorta al gobierno federal para que a través del gobierno del estado de México, se considere en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a los pueblos de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan de Juárez, para fomentar el desarrollo social, cultural y económico de la región, mediante la creación de un corredor ecoturístico y un museo, que permita preservar su lengua y tradiciones y ayude al crecimiento económico de sus pobladores, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Tepatlaxco:Su nombre significa ``lugar de piedras rotas en desorden'' tépatl-piedra, tlaxmi-romper o destruir, co-lugar. Es uno de los poblados que más se mencionan en las historias antiguas de Naucalpan.

Chimalpa:Su nombre en náhuatl significa ``donde se hacen escudos'' chimalli-escudo, pan-en; es mencionado por códices prehispánicos y citado en mapas coloniales del siglo XVI, así como en distintas relaciones de mercedes reales. Sus pobladores son de descendencia otomí.

La comunidad de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa son pueblos eminentemente rurales, los cuales basan su desarrollo y progreso en la riqueza de sus propios recursos naturales y culturales que han dado vida y sustento a sus habitantes.

Localizados en el municipio de Naucalpan de Juárez, Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, se encuentran con la esperanza de conservar su propio patrimonio y promover el sentimiento de pertenencia, identidad y arraigo mexiquense.

Su población predominante es la comunidad otomí, cuyo asentamiento nos refiere a antecedentes prehispánicos que, en el espacio y el tiempo, han logrado sostenerse a pesar del desarrollo urbano que ha venido mermando la calidad de vida de los habitantes de estas localidades.

Situados en los municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se han generado en las últimas décadas cambios demográficos bruscos, las tendencias al menos en estos poblados son altamente riesgosas que denotan que el crecimiento natural está siendo superado debido al aumento de asentamientos humanos que ya invaden terrenos que fueron de cultivo o zonas boscosas.

La conurbación que viene experimentando en su periferia es un síntoma de preocupación permanente de los habitantes, los cuales tienen que superar la dualidad entre comunidad rural y comunidad urbana; estatus social, económico, político, usos, costumbres e incluso el propio lenguaje.

Sin embargo, existe la esperanza de conservar su patrimonio histórico, su hábitat, sus fiestas patronales y su cultura. Estiman pertinente alcanzar mejores oportunidades de trabajo que les permita satisfacer sus necesidades más apremiantes y sobre todo, lograr la felicidad sin perder su identidad.

Los habitantes de esta zona buscan la utilidad laboral en su región además de la conservación de su riqueza cultural y difundir lo que fueron, lo que son y lo que serán en los próximos años.

Por otra parte, pretenden ser parte de la modernización del país, acceder a los beneficios de la misma y lograr un papel protagónico y estelar mostrándose a la luz del porvenir como una comunidad a la vanguardia en una interesante combinación de esfuerzos colectivos de un pasado legendario y un presente promisorio.

Enclavados en una de las zonas montañosas del Valle de México, ricos en la industria maderera, en sus manantiales y la fertilidad de sus cañadas y montes, canteras, así como para la crianza de ganado bovino, la producción de verduras y vegetales diversos, los poblados anhelan la disminución de riesgos que provoca el desmesurado crecimiento urbano y que debilita por su superioridad el desarrollo natural sustentable.

Considerandos

El gobierno de la república, además de reconocer que en los pueblos indígenas se encuentra la riqueza multicultural de México y en cumplimiento con lo establecido en la Carta Magna, tiene el compromiso de establecer políticas públicas y destinar presupuesto para su desarrollo integral.

Uno de los grandes retos que enfrenta el gobierno federal es el de ofrecer a los mexicanos mejores y mayores oportunidades que les permitan elevar su nivel de vida, especialmente a aquellos que se encuentran en marginación y pobreza.

El estado de México es la entidad de mayor población en el país; y ocupa el séptimo lugar en cuanto a densidad de población indígena.

El 4.3% de los habitantes mexiquenses son indígenas.

El 90% de esa población indígena en su mayor cantidad es otomí. Bajo la razón de que la concentración indígena, se realiza en lugares que cuentan con valles, bosques y montañas.

Es fundamental la aplicación de una política ecológica para alcanzar un desarrollo sustentable en el estado a través de precisar políticas ambientales aplicables para el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental.

Lamentablemente el crecimiento turístico ha sido criticado porque no ha seguido los principios de un desarrollo ecoturístico integral que apoye a las comunidades adyacentes.

El pasaje ecoturístico se presenta como una nueva alternativa de desarrollo para Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa en una nueva forma de explotar de manera racional y sustentable los recursos y bellezas naturales, además de preservar por medio del museo la cultura y mantener el idioma y que es lo que se pretende y sobre todo participar en el segmento turístico de mayor dinamismo con un alto valor agregado.

El concepto de pasaje ecoturístico, permite ofrecer actividades adicionales a los visitantes de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa buscando que se genere una mayor estadía de los turistas y por supuesto una mayor derrama económica en la región.

El pasaje ecoturístico Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, se basaría en los principios del ``desarrollo sustentable'' que se define como la conjunción de todos aquellos agentes que permitan el desarrollo integral y la maximización de los recursos humanos, naturales, técnicos y económicos en beneficio de la sociedad y sin detrimento de dichos recursos para las generaciones futuras; esto implica desarrollar el pasaje ecoturístico de acuerdo a las siguientes premisas:

1. Utilizar los recursos naturales a tasas menores o iguales que las tasas naturales de renovación.

2. Es necesario mantener los flujos de desechos al medio ambiente en cantidades iguales o menores a la capacidad asimilativa del mismo.

3. Retorno sobre la inversión para lograr una rentabilidad que permita la permanencia y el éxito del parque.

4. Es necesario minimizar la pobreza y la miseria humana, se debe buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

5. Es necesario involucrar a la ciudadanía, garantizando la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo.

Uno de los tipos de turismo que más se ha desarrollado en los últimos años y se encuentra en una fase de crecimiento es el ecoturismo; éste plantea el desarrollo turístico al mismo tiempo que se preservan y aumentan los recursos y el medio ambiente; busca proteger, conservar y desarrollar las zonas naturales patrimoniales en beneficio de la calidad de vida de la población y sin alterar las costumbres de ésta.

Los pasajes ecoturísticos son desarrollados bajo los parámetros de sostenibilidad y cuentan con una serie de mejoras que suponen un menor impacto medioambiental.

Un pasaje ecoturístico consumiría menos recursos energéticos, permitiría un mayor ahorro de energía y realizar un consumo racional del agua. Contribuiría además a la reducción de la contaminación.

Satisface de forma equilibrada las necesidades del usuario y el medioambiente, sin comprometer los recursos y posibilidades de desarrollo de futuras generaciones.

En las áreas de belleza paisajista la infraestructura deberá diseñarse como parte integral del paisaje.

Artesanal y culturalmente se darán a conocer las principales etnias del estado y se fabricarán en el sitio artesanías típicas de cada una de ellas.

En materia educativo-cultural la creación de un museo asegurará la formación del personal tanto del que ya se encuentra laborando como el de los jóvenes que están en formación, todo ello encaminado a lograr una capacitación formal; además de contribuir en una conveniente transmisión de conocimientos a las diferentes generaciones.

Puntualizando; Una figura muy relacionada con los indígenas es la de pobreza extrema, y que cualquier comparación entre estos y otros mexicanos en su inmensa mayoría establecerá que se encuentran en un alto grado de marginación.

Los beneficios generales se pueden agrupar como sigue:-Apertura de un nuevo nicho de mercado hacia el turismo ecológico.

- Rescate de la cultura otomí con la apertura de un museo.

- Incremento de la demanda actual al convertirse en un recorrido con atractivos diversos.

- Incremento de la estancia promedio de los turistas y el tiempo de pernocta.

- Desarrollo de un nuevo producto turístico en la región basado en la biodiversidad.

- Promoción de servicios de calidad entre los actuales prestadores de servicios.

- Incorporación de las comunidades en la conservación de los recursos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Único. Por el que se exhorta al gobierno federal para que a través del gobierno del estado de México, se considere en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a los pueblos de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan de Juárez, para fomentar el desarrollo social, cultural y económico de la región, mediante la creación de un corredor ecoturístico y un museo, que permita preservar su lengua y tradiciones y que ayude al crecimiento económico de sus pobladores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se destinen los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada y distribuida por Liconsa, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal Víctor Gabriel Varela López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.Que el 21 de noviembre del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal revocar para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público, y al consejo de administración de Liconsa a efecto de que, conforme a sus respectivas competencias, revoquen el incremento al precio de la leche que distribuye esa empresa paraestatal, de 3.50 pesos a 4.50 pesos, que entró en vigor el 17 de noviembre de 2006.

Segunda. Que el día 22 de noviembre, la Presidencia de la República por conducto del Coordinador General de Comunicación Social, rechazo el exhorto con el argumento de que el aumento del precio a la leche no es una decisión del gobierno federal, es una decisión del consejo de administración de Liconsa.

Tercera. Que esta respuesta al exhorto de la Cámara de Diputados, es inapropiada e inexacta y sólo pretende eludir la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la determinación de incrementar el costo de la leche distribuida por Liconsa, toda vez que por disposición expresa de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la representación del gobierno federal debe ser mayoría en el órgano de gobierno de esta empresa de participación estatal mayoritaria.

Cuarta. Que es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo federal la designación de la representación de la administración pública federal en el Consejo de Administración de Liconsa, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Quinta. Que en la sesión extraordinaria donde se abordó el tema, sólo el Congreso del Trabajo y el Gobierno del Distrito Federal se pronunciaron en contra del incremento y todos los funcionarios nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal se pronunciaron a favor de incrementar el precio de la leche que distribuye Liconsa.

Sexta. Que hasta la fecha, la información que justifica el incremento es insuficiente. Esta Cámara no cuenta con un cálculo preciso del costo que implicaría mantener el precio de la leche conforme al exhorto aprobado por esta soberanía, tampoco se tiene información sobre la repercusión tendrá sobre las finanzas de la empresa el incremento aplicado por el Ejecutivo federal.

Séptima. Que Liconsa es una empresa que requiere de transferencias presupuestales mínimas para beneficiar a un universo amplio de familias en situación de pobreza, prueba de ello es que en el presente ejercicio fiscal sólo se le destinó la cantidad de 750 millones de pesos para atender a 5.2 millones de beneficiarios, es decir, es el programa social que menos cuesta a los mexicanos.

Octava. Que el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada distribuida por Liconsa SA de CV en 3 pesos con 50 centavos por litro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la SHCP y la SEP remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas para terminar el ejercicio fiscal de 2006 y que éstos se consoliden en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscribimos, diputados y diputadas pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios del PAN, PRD, PVEM y del PT, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, tenemos a bien someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La propuesta que presentamos diversos legisladores de los distintos partidos políticos tiene su origen en las grandes dificultades financieras que presenta la educación en el país, y de las que no son excepción las universidades públicas y que exigen soluciones de fondo, prontas y expeditas; de lo contrario, este subsistema corre el riesgo de un mayor deterioro.

No omito señalar que ante la LX Legislatura se han planteado ya, por los diversos grupos parlamentarios, inquietudes y propuestas para resolver las circunstancias apremiantes por las que atraviesan las universidades públicas, como es el caso de las universidades autónomas de Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas. La primera de ellas se ha visto obligada a declararse en quiebra por las agobiantes circunstancias de la que es objeto.

No se desconocen, pues, las dificultades por las que atraviesan las universidades públicas y la necesidad de que en el nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación se resuelva ampliar el gasto para educación y aprobar --de forma responsable-- el incremento presupuestal correspondiente para las instituciones públicas de educación superior.

Por tal motivo, de nueva cuenta traemos a esta tribuna, la difícil situación financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas, demandando una solución a la emergencia actual. Sabemos que no es exclusiva de esta universidad, sino como ya lo señalamos, es denominador común para la mayoría de las instituciones públicas de este subsistema educativo. Resulta claro para todos los señores y señoras legisladoras que los recursos públicos federales han descendido en los años anteriores de manera considerable, y no han sido suficientes los esfuerzos que realizan los gobiernos estatales, en la medida de sus disponibilidades presupuestales y de su compromiso con estas instituciones.

En consecuencia, año con año, la mayoría de las universidades públicas agravan su crisis presupuestaria que apenas les permite mal sobrevivir, o hacerlo en condiciones cada vez más apremiantes, incurriendo en déficit permanente, incumpliendo las obligaciones con sus profesores y trabajadores, con insuficiencia de recursos para la investigación, la docencia y la extensión, es decir, sin poder cumplir a plenitud la alta función social que tienen encomendadas.

La disminución que ha sufrido la educación en sus partidas presupuestales ha tenido un impacto a todas luces adverso en el desempeño de sus funciones sustantivas y adjetivas, en detrimento de alumnos, maestros y trabajadores, y, por tanto, en el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la investigación y la extensión.

En estricta justicia debemos reconocer que desde esta soberanía se ha mantenido un esfuerzo, derivado del compromiso de la mayoría de las señoras y señores legisladores con la educación, para recuperar mayores aportaciones para cubrir --aunque de manera relativa-- las necesidades de las universidades, en atención a que es la única forma de forjar un mejor futuro para nuestros hijos.

Por lo que se refiere a la Universidad Autónoma de Zacatecas, debemos señalar que por causas diversas, desde hace más de una década ha enfrentado circunstancias verdaderamente adversas, al grado que tuvo que deshacerse de bienes inmuebles de su patrimonio para efectuar pagos al ISSSTE.

Del año de 1995 a este 2006, la UAZ, ha incrementado su matrícula de 18 mil estudiantes a 29 mil 520, con un costo por alumno anual de 23 mil 772 pesos 72 centavos, mientras que le promedio nacional ronda los 27 mil 700 pesos (es decir, se le asigna un subsidio que es inferior en 5 mil pesos por alumno comparado con la media nacional). En el mismo período, pasó de 55 programas a 89, con una presencia que pasó de 3 municipios a 10, en 20 estados de la república y en 4 países extranjeros. En esta década, se han edificado más de 90 mil metros cuadrados de espacios físicos para atender esta oferta mayor oferta educativa y la mayor cobertura.

Sin embargo, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha recibido un trato injusto e inicuo: en 17 años, la Secretaría de Hacienda reconoce sólo mil 51 plazas de trabajadores administrativos, ni uno más, como si en estos años no se hubiesen incrementado el número de estudiantes, los espacios físicos, la diversificación de la oferta. Nada. En este rubro el subsidio que se le otorga a esta casa de estudios sigue siendo el mismo, copia fiel año con año: mil 51 plazas. Ni una más. No se toma en cuenta si se jubilan o si fallecen los trabajadores. Al día de hoy, la universidad tiene que absorber parcial o totalmente el gasto que representan 452 trabajadores administrativos jubilados.

En el caso de los profesores e investigadores, la situación ha sido parcialmente diferente: en 10 años sólo se han incrementado 123 plazas de profesores de tiempo completo, y eso por la vía del Programa de Mejoramiento del Profesorado. Un promedio de apenas un poco más de 12 plazas por año. El número de plazas de profesores de medio tiempo y de horas clase reconocidos por la SHCP ha sido el mismo prácticamente desde hace 10 años; pero la universidad tiene 323 profesores jubilados.

Adicionalmente, debemos señalar que las remuneraciones que se hacen en esta universidad son de las más bajas en el país, y sin embargo el personal docente de alta calidad es solidario con las institución ya que permanece en ella realizando sus actividades de investigación, docencia y extensión. Pero cada vez es más difícil retener a este personal de excelencia por la incertidumbre financiera para el pago de su salario y prestaciones.

De manera puntual, tiene que subrayarse que el subsidio ordinario que se le entrega a esta institución sólo permite cubrir el 70 por ciento de las obligaciones contractualmente pactadas con sus trabajadores y administrativos. La situación, cada años se vuelve más grave, ya que de mantenerse la misma tendencia hasta ahora establecida en cuanto a la asignación de los recursos ordinarios, en el 2007 el porcentaje que cubrirá será del 68 por ciento, y los posteriores será todavía más difícil la situación.

Por lo mismo, debe quedar claro que si la UAZ no tiene para cubrir el salario y las prestaciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo, obligaciones reconocidas por las instancias laborales, y por tanto, compromisos legales e institucionales, es porque el subsidio ordinario es evidentemente insuficiente.

Igualmente, debemos señalar que con mucha frecuencia, a las instituciones públicas --y sobre todo a las de educación superior-- se les trata de colocar en la picota, se les descalifica y se les llena de denuestos. Se dice que son barriles sin fondo, y una larga serie de calificativos, más por la ideologización interesada para potenciar a las instituciones privadas. Para el caso de esta universidad, como para otras del país, esta soberanía, a través de su órgano fiscalizador, la Auditoría Superior de la Federación, practicó una revisión integral. En el dictamen correspondiente, que es favorable acerca del manejo de los recursos financieros, se subraya la observación hecha al Poder Ejecutivo federal de asistir con mayores recursos y recomienda proporcionar los suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.

Las instituciones de educación superior, pues, ni son un barril sin fondo, ni son superfluas para el desarrollo nacional. Por el contrario, tiene que ubicarse el problema de fondo, que es la disminución real en la asignación de los recursos a que está obligado el Estado, por mandato del artículo tercero constitucional. Mientras no exista una política pública, real y efectiva, en materia de educación, las universidades seguirán siendo víctimas del escarnio mediático por las dificultades financieras, sin mostrar la causa real.

Por ello, es de la mayor trascendencia, en apoyo de esta proposición que someto a la consideración de esta soberanía, me permitan señalar sólo unos pocos elementos adicionales:

En los dos últimos años, bajo el mandato y la conducción del honorable Consejo Universitario y pese a las limitaciones presupuestales tantas veces referidas, se realiza un trabajo continuo para enfrentar no sólo la emergencia financiera, sino también un empeño consistente para elevar los indicadores de calidad y competitividad académicas, cerrando las brechas en la calidad de sus programas, fortaleciendo la gestión y la innovación. Sólo unos pocos datos permiten sostener esta afirmación:

El año 2004, la UAZ tenía 502 profesores de tiempo completo con postgrado, hoy tiene 610, es decir 108 más; hace dos años contaba con 63 profesores con perfil, Promep, en la actualidad suman 163, esto es 100 más; tenía 8 programas acreditados como de calidad, hoy son 17, lo que significa 9 más; contaba con dos postgrados acreditados, hoy son 4; no tenía cuerpos académicos consolidados, ni en proceso de consolidación, hoy son 2 de los primeros y 17 de los segundos; hace apenas dos años, la matrícula de licenciatura en programas de calidad era del 22 por ciento, hoy asciende al 40 por ciento, es decir, un incremento de 81.8 por ciento, y el máximo órgano de gobierno de la UAZ ha aprobada una estrategia para que antes de concluir el año 2007 el porcentaje ascienda a, cuando menos, el 85 por ciento.

Estos avances evaluados por instancias externas, han permitido que la universidad pueda acceder a recursos federales extraordinarios; recursos que son concursables y no son regularizables, no forman parte ni se consolidan en el subsidio ordinario.

La Universidad Autónoma de Zacatecas ha reconocido y valorado el apoyo del gobierno federal y el estatal para la solución de añejos problemas estructurales, como el adeudo con el ISSSTE y la SHCP, lo que muestra los resultados de un continuo proceso de reestructuración, como lo evidencia el saneamiento de los programas federales aplicados, y la decisión de que tales recursos se aplique estrictamente cumpliendo las reglas de operación.

Por otra parte, vale la pena señalar que la actividad de extensión de la UAZ es igualmente trascendente: diariamente proporciona los 3 alimentos a mil jóvenes; da beca de hospedaje a 450, con recursos propios. Anualmente, proporciona atención a más de 14 pacientes en el ámbito odontológico; entre 80 y 100 personas son atendidas en la Clínica de acupuntura; se realiza una intensa labor de extensión hacia productores agropecuarios de la entidad; así como las unidades académicas están replanteando el modelo de servicio social, para tener una mayor incidencia a favor de los sectores más desprotegidos de Zacatecas.

En materia cultural, no podría entenderse la actividad que se realiza en la entidad sin la presencia fundamental de la universidad. Por eso, es el proyecto cultural más importante que han construido los zacatecanos. La Universidad Autónoma de Zacatecas, con 175 años de existencia, ha jugado un papel primordial en la vida económica, social y cultural: sus egresados se encuentran en todos los municipios de la entidad, en casi todos los estados de la república y en muchos países extranjeros.

Además, señoras y señores legisladores, hay un factor que no puede dejar de mencionarse: Zacatecas, por razones de orden económico y social, es una de las entidades con una menor cobertura en este nivel educativo para el grupo de edad con posibilidad de acceder a nivel superior: en el año 2000 era de alrededor del 13 por ciento, hoy casi llega al 16 por ciento, y la Universidad Autónoma de Zacatecas atiende a más del 70 por ciento.

Es de primordial importancia resaltar que Zacatecas es también una entidad con un elevado índice de migración. Una gran cantidad de jóvenes ha encontrado y encuentra en la UAZ una opción para evitar la migración hacia los Estados Unidos o hacia otras ciudades de la República Mexicana. Algunas personas han señalado que las universidades como la UAZ deben ``ajustarse a los recursos disponibles'', olvidando intencionadamente que cerrar las puertas a la educación superior provocaría un mayor número de migrantes. Por eso, esta universidad decidió no cerrar sus puertas. Por eso valoramos el significado de esta decisión y la urgencia de que se le asignen los recursos suficientes para que, por una parte, pueda hacer frente a la difícil situación de los próximos días, y se le proporcionen más recursos y se consoliden en el subsidio ordinario en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007.

La UAZ no sólo tiene oferta para los estudiantes de educación superior y de postgrado, sino también atiende el nivel medio y medio superior, 340 en el primer caso y 7 mil 100 en el segundo, bajo las modalidades escolarizadas y semiescolarizadas, socialmente pertinente y acorde a las necesidades de la entidad. No hay duda, pues de la pertinencia social y académica de la UAZ, es un hecho constatado, y por lo tanto necesaria e indispensable para la entidad y requiere un soporte financiero adecuado del gobierno federal que sea, además, correspondiente con el esfuerzo realizado por el gobierno estatal, que en los últimos dos años incrementó su participación del 12 a 21 por ciento en la composición del subsidio ordinario para esta institución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública para que de manera urgente remita recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas por un monto de 134 millones de pesos, con el objetivo de que pueda solventar los gastos urgentes y necesarios que se desprenden de sus obligaciones contraídas tanto con acreedores diversos como con el personal académico y administrativo de dicha institución. Para terminar las dificultades financieras del año fiscal 2006, cantidad que deberá consolidarse en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Segundo. De igual forma, exhorta a las secretarías antes mencionadas para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, incremente de manera sustantiva, real y responsable las partidas que se destinen a esta máxima casa de estudios de los zacatecanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para concluir la construcción de caminos y carreteras en Chiapas, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Arely Madrid Tovilla, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a partir de las siguientes

Consideraciones

Uno de los factores imprescindibles que permiten impulsar el desarrollo pleno de las localidades, regiones o países son sin duda las carreteras y los caminos. Contar con vías de comunicación adecuadas, seguras y ágiles ha sido un justo reclamo e imperiosa necesidad de cualquier sociedad, por lo que han trabajado incansablemente, a través de sus diversas formas de gobierno, además de haber realizado enormes esfuerzos y canalizado cuantiosos recursos a su infraestructura carretera, ya que este tipo de servicios ha propiciado que en sus naciones se hable de superación, de realizaciones, de fortaleza y, sobre todo, de bienestar para su población.

En México, este gran esfuerzo también se ha llevado a cabo a lo largo de muchas décadas para transformar el país mediante la construcción de una infraestructura de enormes dimensiones, particularmente en el ámbito de las comunicaciones, lo que ha permitido estimular favorablemente el desarrollo regional en todas sus acepciones, de manera muy señalada en los temas económicos y sociales, que están estrechamente ligados a la facilidad y oportunidad que tengan los productores de miles de comunidades para poder transportar sus productos y tener acceso a los servicios más elementales, como la educación y la salud.

Sin embargo, también hay que reconocer que el desarrollo de este sector, esencial para el desarrollo nacional, no ha sido homogéneo y que, pese a sus avances, diversas regiones requieren ser comunicadas por vía terrestre.

En este marco, sobresale la situación que prevalece en la región sur de nuestro país, que ha dado tanto y contribuido de manera significativa con sus recursos humanos y económicos, pero sobre todo naturales, al crecimiento de nuestro país, además de ser baluarte y formar parte esencial del fortalecimiento del federalismo. Por ello cobra esencial importancia solidarizarnos con el sur del país, corresponder con hechos y obras a la generosidad excepcional de los chiapanecos, aliviar el sufrimiento y la lacerante situación que por cientos de años ha tenido que enfrentar esta entrañable tierra de nuestro país.

Incorporar el sur al desarrollo nacional es una necesidad que está por encima de intereses de partido, de grupos o de diferencias ideológicas o conceptuales. Por eso requerimos que todas las fuerzas, instrumentos y recursos de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad, de los inversionistas y del resto de las regiones de nuestra nación sumen sus esfuerzos para impulsar el desarrollo del estado de Chiapas.

Hay que reconocer que, a pesar de la prioridad presupuestal que se ha dado al sur en las dos últimas décadas, los resultados indican que los esfuerzos han sido insuficientes y que se requiere en forma urgente y sostenida hacer más con todos los instrumentos públicos que tienen el gobierno y la sociedad. Por todos es sabido que uno de los principales retos que enfrentamos los chiapanecos, a quienes me honro en representar ante esta soberanía, son precisamente las dificultades de comunicación, que tiene sus principales complejidades en lo agreste de su orografía, pero sin duda superable para integrar a sus pueblos y comunidades plenamente con el resto del país.

No hay que olvidar que la mayoría de la población indígena y campesina que habita amplias zonas de Chiapas está totalmente desconectada de la red nacional de caminos y carreteras. Eso deriva del hecho de que las decisiones de inversión en infraestructura han privilegiado su vinculación con el centro del país, en lugar de favorecer su desarrollo autónomo y su vinculación con los mercados locales, regionales y de exportación.

Necesitamos un desarrollo del sur capaz de superar el enorme reto de la desigualdad, a partir de la cooperación entre la federación, los estados y los municipios. Este desarrollo debe ser integral, reconociendo el carácter rural, indígena y joven de la población. Es necesario comprender la naturaleza estructural de los problemas del desarrollo del sur y resolverlos desde diversos frentes, pero compartiendo objetivos y acciones comunes.

Por todo lo anterior, deseo hacer un llamado a la solidaridad de mis compañeras y compañeros legisladores. Una vez más, los chiapanecos nos vemos obligados a apelar a la sensibilidad que esta Cámara ha mostrado en innumerables ocasiones, para seguir avanzando en la tarea de reducir la desigualdad, promover un desarrollo más equitativo y alcanzando una sociedad más justa. Por estas razones me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 establezca como prioridad la conclusión de las obras de infraestructura carretera iniciadas en el presente ejercicio presupuestal, así como el inicio de las que se consideren dentro de la cartera de proyectos del gobierno federal para el ejercicio de 2007, correspondiente al estado de Chiapas.

Segundo.Se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones para que, en el momento de la aprobación de los recursos económicos que serán destinados al sector comunicaciones y transportes, se incorpore una partida específica para la construcción de la red de caminos y carreteras en el estado de Chiapas.

En razón de que, en los próximos días, la Cámara de Diputados llevará a cabo el análisis, la discusión y las aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y que este asunto está relacionado con dicho proceso, le ruego, señor Presidente, considerar el presente punto de acuerdo como de urgente resolución.

Finalmente, quisiera recordar que por vez primera el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se efectuará con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, por lo que respetuosamente hacemos un llamado para que no se haga una interpretación restrictiva o tramposa del artículo de la ley que limite las facultades del órgano autorizado para encauzar la política presupuestal nacional, sino una interpretación creativa y extensiva de la misma, tal y como fue el espíritu de los legisladores, con el propósito de que la Cámara de Diputados reivindique sus facultades directamente otorgadas por la Constitución para definir el Presupuesto de Egresos, buscando atender la promoción regional y equitativa del ingreso y el bienestar de la población de manera responsable y decidida y con el más elevado compromiso social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2006.--- Diputados: Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se garantice la continuidad del Programa de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presento a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Vengo a esta tribuna, a solicitarles su solidaridad con los campesinos y productores algodoneros de la región de La Laguna, en mi estado Coahuila, así como con todos los demás productores de los estados.

Para nosotros es prioritario recuperar nuestro campo, hacerlo productivo, establecer nuevos cultivos, emplear la tecnología necesaria, y sobre todo, ser autosuficientes en nuestros consumos agropecuarios. Todos sabemos la triste realidad que vive hoy el campesino y las comunidades rurales, que producen el alimento vital para los mexicanos, a pesar de que ellos, muchas veces, sólo tienen unas tortillas, sal y chile para comer.

Somos producto de la Revolución Mexicana, campesina y popular, origen del México contemporáneo, de las instituciones que hoy sus enemigos quieren olvidar; sus objetivos: democracia y justicia social, reforma agraria y reparto de las riquezas. Los gobiernos post-revolucionarios, como el de don Lázaro Cárdenas del Río, crearon las instituciones sociales que beneficiaron a los campesinos y dieron origen al ejido, que los gobiernos neoliberales pretenden destruir; se creó el famoso milagro mexicano y la revolución verde, la repartición agraria, todo esto a pesar de quienes lo reprocharon porque se vieron afectados en sus intereses.

Los grandes errores y corrupciones, la explotación del campesino por parte de los grandes capitales y el despojo de sus tierra, los latifundios de la clase privilegiada disfrazados de seudo pequeños propietarios de la tierra y de una equivocada reforma al 27 constitucional, tienen al campo en el olvido, obligando a la migración --de más del 60 por ciento de la población rural y campesina-- hacia el extranjero o a las zonas urbanas del país, donde forman los cinturones de miseria y hambre.

Respaldamos el punto de acuerdo presentado en el Congreso del estado de Coahuila, por parte de los diputados Jorge Abdalá Serna y Juan Alejandro de Luna González, del Grupo Parlamentario Jesús Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluya y se amplíe, en el Presupuesto de Egresos de 2007, el Programa de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, en específico para productores de algodón.

En la presentación del Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo, se manifestaron las razones que le dieron origen.

Necesidad de adaptarse al nuevo entorno internacional con precios agrícolas a la baja.

Contracción de la demanda de alimentos debido a crisis internacionales.

Consenso en las negociaciones del GATT sobre los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio internacional. Entre los subsidios que no distorsionan al comercio internacional se encuentran los pagos directos a productores.

La desigualdad productiva y del ingreso en el campo, y entre el campo y la ciudad.

La distorsión en la asignación de recursos. Los precios de garantía no beneficiaban a los productores pequeños que producen especialmente para el autoconsumo. Además de acentuar la concentración del ingreso, limitando su acceso al crédito.

Esto ha obligado al país a disponer de recursos para asegurar un ingreso mínimo garantizado para 10 productos: maíz, trigo, trigo forrajero, cártamo, algodón, arroz, soya y triticale (cruza de trigo y centeno).

En el Presupuesto de Egresos del año de 2003, aparece el Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconvención Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, y Apoyos Directos al Ingreso Objetivo. En las Reglas de Operación de este Programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2003, se establece su objetivo: Se busca otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, impulsando la diversificación productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional.

Ese año se le asignó un monto de 4 mil 655.6 millones de pesos, se garantizó un precio objetivo de 64 centavos dólar por libra de algodón pluma, y se fijó en 300 mil pacas el límite para este apoyo. Para el Presupuesto de 2004, se le asignaron 3 mil 958.4 millones de pesos a los Apoyos Directos Ingreso Objetivo, y una atención hasta 600 mil pacas. Para el Presupuesto de Egresos 2005, se asignó la cantidad de 2 mil 945 millones de pesos para Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, con una atención hasta 700 mil pacas; y para el Presupuesto de Egresos 2006, se dispusieron 4 mil 621.6 millones de pesos para Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, para hasta 700 mil pacas, lo que en términos reales significa una constante reducción de estos apoyos para el algodón.

Por lo anterior descrito, presento a esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que se garantice la continuidad del Programa de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, en específico para el algodón, en el Presupuesto de Egresos 2007, así como la revisión y asignación del monto suficiente para que se recupere la pérdida, en términos reales, de dicho apoyo.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de noviembre del año 2006.--- Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para continuar la ampliación de la Línea 2 del Metro en Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea propuesta con Punto de acuerdo mediante el cual se solicita que se destinen recursos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para continuar la ampliación de la Línea 2 del Metro, a fin de conectar los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León, con fundamento en los siguientes

Antecedentes

I. Con la finalidad de contar con un sistema de transporte público limpio, rápido y de bajo costo, se inició el 18 de abril de 1988 la construcción de la Línea 1 del Metro en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y municipios conurbados, y tres años después, el 25 de abril de 1991, arrancó su operación. Posteriormente, debido a la enorme demanda de transporte público en esta zona metropolitana se inicio la construcción de la Línea 2, en febrero de 1993, la cual fue inaugurada el 30 de noviembre de 1994, por lo que la presente propuesta de ampliación llega casi 10 años después de la terminación de la primera fase de la Línea 2.

II. Con el firme propósito de atender las necesidades de transporte colectivo de la población neoleonesa, el gobierno estatal inició los trabajos para la ampliación de la Línea 2 del Metro el 8 de agosto de 2005; dicha ampliación consta de 8.5 kilómetros, que abarcará 7 estaciones, con lo que se extenderá el servicio del Metro desde el municipio de Monterrey hasta el de General Escobedo, pasando por el de San Nicolás de los Garza.

III. Es importante mencionar queel costo del proyecto se estima en un monto total de 3 mil 12 millones 143 mil 289 pesos, correspondientes a las obras de subterráneo, de transición, elevado, segmentos del Viaducto elevado y obras inducidas. Cabe destacar que el presidente de la república expresó, en su momento, el compromiso de aportar una tercera parte del costo total de la obra con recursos de la federación, para continuar la ampliación del la Línea 2 del Metro.

IV. Con la finalidad de cumplir dicho compromiso adquirido, se asignaron durante el inicio del proyecto en mención, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, dentro del Ramo 9, en el rubro Infraestructura Ferroviaria, 430 millones de pesos para Metro Monterrey, monto que no fue entregado sino hasta diciembre del mismo año, en virtud de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal contra la Cámara de Diputados, por lo que se ejerció en 2006.

V. Tomando como referencia la aportación realizada en 2005 por la federación para la ampliación de la Línea 2 del Metro, es de señalar que queda aún pendiente por otorgar a Nuevo León la cantidad de 570 millones de pesos, por dicho concepto, para cumplir el compromiso del presidente de la república de aportar una tercera parte del monto total del proyecto.

Se precisa que los recursos que se solicitan son para continuar una obra en marcha, por lo que a efecto de ampliar la información de este proyecto, y que cuenten con más elementos de juicio nuestros compañeros legisladores, respecto a la necesidad que tiene el pueblo de Nuevo León de que sea aprobada la asignación de los recursos correspondientes para este Ejercicio Fiscal de 2007, presentamos a continuación datos sobre el avance y beneficio social de la obra:

Avances

Durante el año en curso se continuaron los trabajos con recursos estatales; de lo realizado en el proyecto se destacan al día de hoy los siguientes avances:

Obra Avance

Avance general de la obra civil 47%

Subterráneo 87%

Transición (de subterráneo a elevado) 80%

Elevado 35%

Segmentos del Viaducto elevado 22%

Obras inducidas (reubicaciones de servicios) 63%

Beneficio Social

Brindar a estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León un medio de trasporte rápido y seguro.

Contar con un medio de transporte colectivo seguro, rápido, puntual y confortable que conecta tres municipios metropolitanos del estado.

Apoyar el salario de los obreros y clase trabajadora al contar con transporte económico para viajar a sus centros de trabajo.

Mejorar la vialidad, ya que limitará el crecimiento vehicular público y privado.

Cuidar el ambiente, ya que evitará que aumente la contaminación por emisiones a la atmósfera y ruido, mejorando de esta forma también la salud pública.

Incrementar al doble el número de usuarios que actualmente utilizan el servicio, para superar los 300 mil, en promedio en un día laboral.

Contar con estaciones con accesibilidad total para personas con capacidades diferentes.

Ahorro de tiempo, en espera de la unidad y en el traslado.

Está proyectado que para octubre de 2007 se concluya la ampliación de la Línea 2 del Metro, hasta la estación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en San Nicolás de los Garza, pero para tal afecto se requiere que la federación asigne a Nuevo León los 570 millones de pesos comprometidos. En atención a ello y tomando como referencia la aportación realizada en 2005, estimamos que resulta primordial implantar acciones efectivas e inmediatas relativas al transporte público colectivo, por lo que se pone a consideración que se contemple dicha cantidad en el Presupuesto de Egresos, el cual, como legisladores, nos corresponde analizar y, en su caso, aprobar para el ejercicio fiscal de 2007, a fin de que se concluyan casi en su totalidad los trabajos de la ampliación de la Línea 2 del Metro.

Por lo anterior, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicita al Ejecutivo federal que destine del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el monto de 570 millones de pesos para la ampliación de la Línea 2 del Metro, a fin de mejorar y extender este servicio de transporte público a los habitantes de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León.

Segundo. Que se remita copia del presente punto de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para su conocimiento.

Tercero.Que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González, Ramón Salas López (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para fortalecer las finanzas y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con base en los logros obtenidos e institucionalmente reconocidos.

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

Entre nuestras mejores casas de estudios superiores, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, testigo de más de cuatro siglos de construcción del Estado y de la nación mexicanos.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la única institución educativa de nuestro país que tiene sus raíces en el siglo XVI y es una de las más antiguas del continente que reconoce sus orígenes en el Colegio del Espíritu Santo, fundado por los jesuitas en 1587 a petición del cabildo de la ciudad de Puebla, quien solicitó al provincial de los jesuitas en la Nueva España la fundación de una institución educativa el 14 de abril de 1578.

En la actualidad, y gracias al importante trabajo de investigación que se realiza en el archivo histórico de la universidad se está rescatando, paso a paso, la historia del más antiguo de los colegios de enseñanza superior que ha estado vigente de manera permanente en el país, pues aunque la Universidad Real y Pontificia de México se inauguró en 1554 --siendo la segunda del Continente Americano--, dejó de funcionar en 1821, al consumarse la Independencia, y se restableció hasta 1910.

Así pues, podemos considerar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como la más antigua, puesto que las instituciones educativas que se fundaron en México antes de 1587 ya no existen en nuestros días.

Épocas de esplendor marcaron sus inicios en la época colonial. El Colegio del Espíritu Santo funcionó como tal desde su fundación en 1587 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 debido a los inminentes matices religiosos que contravenían los intereses de la corona, pero no interrumpió su labor educativa porque la diócesis de Puebla lo mantuvo secularizado, hasta 1790, cuando la institución por excelencia pudo fusionarse con los Colegios más representativos de la región, como lo fueron los de San Jerónimo y de San Ignacio en el Real Colegio Carolino, y que fue en honor de Carlos III, quien ordenara que se reunieran bajo su patronato, quedando así hasta que se convirtió en colegio del estado, en 1825.

No sería posible comprender la función histórica de la Institución sin el conocimiento de las aportaciones de las órdenes que pugnaron por los propósitos evangelizadores y educativos. Datos reveladores de la gaceta histórica de la BUAP nos advierten sobre la función trascendental de los jesuitas por conformar una magna biblioteca con los libros que habían traído de España; así también, publicaron muchos de los primeros textos de estudios superiores, lo mismo que gramática de lenguas indígenas, trajeron el conocimiento de la bóveda de gran clave y el templo de La Compañía, que fue el primero de la Angelópolis que se construyó completamente abovedado y con cúpula en el crucero.

Además, introdujeron conceptos arquitectónicos diferentes a los de la época. De los primeros alumnos notables lo fue don Carlos de Singüenza y Góngora; posteriormente encontramos en sus aulas, como estudiantes o maestros, a los grandes humanistas mexicanos del siglo XVIII: Francisco Javier Alegre, quien escribió la más completa obra que se tiene memoria de la actividad misional y evangelizadora de los jesuitas en territorio mexicano, y siendo para muchos críticos la crónica religiosa más hermosa que se escribió durante la colonia denominada Historia de la Provincia de Jesús en la Nueva España; Francisco Javier Clavijero, a quien le debemos la obra Historia antigua de México y la Historia antigua de California'', además de extender sus conocimientos de las ciencias físicas, las ciencias naturales y las matemáticas, lo mismo que el estudio de los clásicos latinos y castellanos y, Rafael Landívar, autor de La rusticatio Mexicana, y quien concluye con una exhortación a la juventud que sintetiza el más elevado pensamiento de la educación jesuita:

``Tú, empero, a quien eleva

genio sutil sobre la plebe ruda,

de la vida anticuada

te desnuda

y vístete el ropaje de la nueva.

La obra cultural de los jesuitas tanto en los siglos XVI, XVII, y XVIII, siendo imposible separar el dominio de la cultura de la evolución social del pueblo nutrida por el humanismo imperante y de la doctrina que pretendía hacer del hombre el centro de toda especulación. Los jesuitas comprendieron, desde que llegaron a la Nueva España, que pronto se conformaría una sociedad mestiza, por lo que pusieron la misma atención en educar a los peninsulares y criollos que a los mestizos e indígenas. Las inquietudes renovadoras de los jesuitas, su entrega incondicional a la educación de los jóvenes y a la formación de los educandos, fue heredada por el Colegio del Estado y, más tarde, por la Universidad de Puebla. Los jesuitas lograron esa profundidad en su obra educativa, que se mantuvo incólume durante cuatro siglos para florecer plenamente en la vida actual de la Institución.

Después de lograda la independencia de México, la institución sufre un reacomodo, debido a que en el lapso de 1820-1821 --tiempo en que vuelven los jesuitas-- se inician los cursos el 2 de octubre de 1820, llamándose Real Colegio del Espíritu Santo, de San Jerónimo y San Ignacio de la Compañía de Jesús. Pero el 22 de diciembre del mismo año son de nuevo expulsados.

No obstante, una vez consumada la independencia, la regencia del primer imperio autoriza el restablecimiento del colegio, bajo el nombre de Imperial Colegio de San Ignacio, San Jerónimo y Espíritu Santo, durante el período de 1821-1825.

No fue hasta que se transformó en colegio del estado, en 1925, que se convirtió en la máxima casa de estudios de la entidad federativa. La caída del imperio y el gobierno provisional precipitaron cambios muy importantes en la estructura del colegio. En 1825 el Congreso Local le otorga al gobierno la «suprema inspección sobre el Colegio del Espíritu Santo». Se convierte así en el colegio del estado. No obstante que se logró la completa separación de las autoridades eclesiásticas en el gobierno del colegio, sus rectores continuaron siendo sacerdotes.

En 1833-1834 el colegio pasa por una de las crisis más graves de su historia. En 1843 contaba con 233 alumnos. A pesar de la crisis, egresaron del colegio hombres de la talla de José María Lafragua, Fernando y Manuel Orozco y Berra Manuel Carpio, entre otras personalidades. En el mismo año se le conoce como Colegio Nacional. En 1855 se implanta el Plan General de Estudios, promulgado por Santa Ana.

Durante la intervención francesa y el segundo imperio, conocido como el nuevo paréntesis imperial (1862-1866) el colegio y la ciudad se sienten atraídos por la aparente seguridad que ofrecía el nuevo gobierno. Lo efímero del imperio y las dificultades económicas y políticas impidieron la modificación de las estructuras del colegio.

El liberalismo le impregna a la institución una estabilidad educativa prolífica. A la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el colegio se transforma totalmente. Las ideas liberales sustituyeron las normas santanistas en la educación. Numerosos hombres del liberalismo se trasladan a organizar la educación en Puebla. Entre ellos Ignacio Ramírez «El Nigromante» y Guillermo Prieto, pero el más destacado es Ignacio Manuel Altamirano, quien tomó posesión como presidente (rector) a principios de 1881 y realizó importantísimas modificaciones, que perduraron hasta la transformación del colegio en universidad. Los finales del siglo XIX y comienzos del XX constituyen el apogeo del colegio del estado.

Durante el siglo XIX se establecieron en el colegio las carreras de medicina, derecho, química y farmacia, ingeniería civil, obstetricia y se fundaron los laboratorios de física y química, así como el observatorio astronómico y el sismológico.

En el periodo de la Revolución, a principios del siglo XX, los estudiantes dieron muestra de los altos ideales que se les había inculcado y participaron denodadamente, para socavar la dictadura que agobiaba al pueblo, con un afán de renovación social, por lo que el colegio nunca fue ajeno a esta realidad. Cuando Madero vino a Puebla, los estudiantes le hicieron patente su solidaridad; esto les acarreó represalias a Alfonso G. Alarcón, Luis Sánchez Pontón, Gil Jiménez y otros que se sumaron a la causa maderista en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Posteriormente, el colegio fue cerrado el 24 de julio de 1919.

Desde 1926, un año después de haberse celebrado el primer centenario del colegio del estado, estudiantes y maestros empezaron a promover la idea de que el Colegio que tanto prestigio había alcanzado ya se elevara a la categoría de Universidad. Las condiciones estaban dadas; contaba con la preparatoria y cinco carreras profesionales, sustentadas por un cuerpo docente que reunía a los intelectuales y profesionistas más connotados de la ciudad. A pesar de ello, y por muy diferentes causas, no se logró que el colegio del estado se erigiera en universidad sino hasta el 5 de mayo de 1937, en que dio a conocer un decreto del Congreso del estado, fechado el 23 de abril del inmediato anterior, durante el gobierno y a iniciativa del general Maximino Ávila Camacho, quedando legalmente instituida la Universidad de Puebla. Esta transición universitaria no sólo fue un cambio de nombre, sino que requirió de un proyecto muy bien elaborado que justificara la nueva categoría de la institución. En efecto, en 1938 se dio a conocer dicho proyecto, que en su introducción dice:

``La Universidad de Puebla tiene por objeto impartir la educación superior y organizar la investigación científica en general, pero principalmente la de las condiciones y asuntos nacionales y locales, para formar profesionistas y técnicos en todos los ramos del saber humano, con el fin de lograr la integración nacional, y en particular la del estado, procurando que todas las actividades universitarias se orienten en el sentido del bien totalitario''.

La institución quedó a merced de los dictados del gobierno, lo que motivaría los movimientos universitarios posteriores. El primer rector fue el licenciado Manuel L. Márquez. En 1941, con el pretexto de que nuestro país le había declarado la guerra a Alemania, Italia y Japón, se trató de militarizar la universidad; gracias a un movimiento estudiantil tal intento fracasó.

La autonomía de la Universidad era un intenso anhelo desde por lo menos 1937. Diecinueve años después --1956-- se hace realidad. El curso de este movimiento consta de varios anteproyectos elaborados por agrupaciones de alumnos y que, aprovechados por la Federación Estudiantil Poblana de 1956-57, toma forma definitiva. Por manifestaciones estudiantiles, apoyadas por la prensa, el 23 de noviembre de 1956 se publica en el Periódico Oficial la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla. A partir de su autonomía, aunque restringida --pues el nombramiento del rector lo hacía un consejo de honor, cuyos miembros eran designados por el gobernador del Estado y la Universidad. En esta ley, ante un consejo de honor con facultades superiores al consejo universitario, habría de ser motivo de disputa entre universitarios liberales y conservadores hasta la modificación de la ley en 1963, en la que el consejo de honor desapareció como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica que otorgó a la Universidad la autonomía plena, pues el gobierno del estado dejó de intervenir por medio del consejo de honor en la designación de los rectores, y éstos fueron elegidos por el voto universal de la comunidad universitaria.

Aunado a ello, por la rápida industrialización de la ciudad, ésta empezó a crecer inusualmente. En muy poco tiempo se pasó de 700 mil habitantes a más de un millón y, por tanto, aumentó considerablemente la población estudiantil. Mientras en 1956 la Universidad contaba sólo con 2 mil 500 alumnos, para 1963 esta cantidad se había duplicado, y hacia 1967 la población estudiantil ascendía a 10 mil estudiantes.

Hecho importante fue durante la animadversada lucha ideológica durante las décadas de los sesenta, con la edificación de lo que sería el complejo universitario, hoy Ciudad Universitaria, producto de la urgente necesidad por conseguir un espacio óptimo en el que las escuelas confluyeran en uno sólo y que, por iniciativa del doctor Alberto Guerrero Covarrubias, rector entonces, y con el respaldo del gobernador del estado Aarón Merino Fernández se obtuvieron los terrenos, y la fundación Jenkins se encargó de financiar la edificación. Ciudad Universitaria fue concluida el 15 de diciembre de 1968.

Otro acontecimiento importante para la vida universitaria fue la creación del Hospital Universitario, cuando en 1972 el gobierno del estado cedió a la institución el Hospital Civil de la Ciudad. Más tarde se construyó el moderno hospital que funciona en la actualidad.

El 1 de abril de 1987, los diputados de la Quincuagésima Legislatura, como Carlos Barrientos de la Rosa, Guadalupe Sánchez Lozada, Miguel Guerra Castillo, Antonio Castelán Guarneros y Roberto Pozos Cuspinera, sometieron a la consideración del Congreso del estado la iniciativa de declarar Benemérita a la Universidad Autónoma de Puebla, iniciativa que fue aprobada en la sesión del 2 de abril de 1987, emitiéndose el decreto correspondiente.

En 1990, y mediante foros de consulta pública, se modificó nuevamente la Ley Universitaria y se inicia un despliegue definitivo de la universidad hacia el más promisorio de los futuros.

Para 1991 la LI legislatura local aprobó la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que, por último, fue actualizada el 10 de diciembre de 1998.

Desde su génesis, la institución educativa, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, goza de una vida sin interrupciones --salvo en raras ocasiones y por lapsos muy breves--: Colegio del Espíritu Santo de 1587 a 1767; Colegio Secularizado, de 1767 a 1790; Colegio Carolino, de 1790 a 1825; Colegio del Estado de Puebla, de 1825 a 1937; Universidad de Puebla, de 1937 a 1956, y Universidad Autónoma de Puebla, de 1956 a la fecha, mereciendo el título de benemérita, otorgado por el Congreso del estado de Puebla, en 1987, y reiterado en la Ley Universitaria de 1991. Durante sus 419 años, la institución cambió varias veces de nombre, su labor de forjadora de la juventud poblana ha sido prioridad.

Actual y merecidamente, la institución se honra a sí misma al honrar a sus fundadores. Ahí queda, esperemos que para siempre, el hermoso edificio carolino, como un monumento a la gloria de los hallazgos de nuestros artistas, las disertaciones de nuestros filósofos, las indagaciones forjadas en sus aulas, como un ejemplo para las futuras generaciones.

De estas lecturas históricas que, repito, se encuentran plasmadas en las gacetas históricas de la universidad, se desprende la imagen de una universidad en transformación y perfeccionamiento permanentes, que ha sabido colocarse al ritmo de los tiempos luchando por la vanguardia, siempre vinculada a la ciencia y la cultura y ligada a los mejores intereses del pueblo mexicano, siendo hoy por hoy, una de las mejores universidades estatales del país debido a que su proceso de consolidación así lo ha demostrado.

II. En defensa de la educación superior

La decisión del Constituyente de garantizar la educación pública, universal, gratuita, humanista, democrática y garante de la igualdad y la tolerancia, constituye un acierto hasta nuestros días. La educación pública es piedra angular de la permeabilidad social, surgida del estudio y del esfuerzo individual y colectivo; difunde los mejores valores nacionales y desarrolla proyectos de gran reconocimiento científico en todos los campos. Por ello, requerimos apoyarla de manera creciente, a efecto de lograr su transformación cualitativa, a la altura de las expectativas sociales y económicas del siglo XXI.

Las universidades públicas de educación superior de nuestro país se han enfrentado en los últimos años a una situación sumamente difícil, debido a las restricciones financieras que les ha impuesto el gobierno federal, ante la ausencia de un criterio definido para la asignación de subsidios, que están sujetos a los montos presupuestales de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conformar el subsidio ordinario, que sirve para cubrir el gasto corriente que se destina al sostenimiento de la operación regular de las instituciones de educación superior (IES), con la intervención de las autoridades universitarias de cada estado. Cabe mencionar que a través de la renovación periódica de los convenios presupuestales entre las dependencias y las universidades se fijaba un monto denominado de irreductible, siendo éste el subsidio en el que se presupuestaba un monto igual al costo operativo del ejercicio del año anterior, considerando un incremento para cubrir el aumento de los costos asociados tanto a servicios personales como a gastos de operación (fundamentalmente son incrementos al salario), pero la evidente falta de planeación en el mediano y largo plazos propició la desaparición del concepto de irreductible; es decir, ya no existe la garantía de recursos que sirvan de base para poder planear ni presupuestar para el ejercicio 2007 por parte de todas de las universidades públicas estatales, aunado a la falta de reconocimiento de la calidad, cobertura e impacto de las instituciones de educación superior (incluye universidades públicas estatales y federales, tecnológicas, politécnicas, interculturales-bilingües e institutos tecnológicos, centros de investigación, entre otras instituciones), lo que las obliga a recurrir a otras fuentes de financiamiento para la atención de obligaciones en el corto plazo, encareciendo y reduciendo los costos aplicados.

De acuerdo con datos proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la matrícula en educación superior pasó de 2 millones 147 mil 100 estudiantes en el ciclo escolar 2001-2002, a 2 millones 430 mil 963 en el ciclo 2003-2004; es decir, 283 mil 863 estudiantes más, lo que representa un crecimiento de 13.22 por ciento en el periodo; mientras que el financiamiento a partir de 1994, cuando se registró el mayor apoyo presupuestal, apenas creció en 3.5 por ciento, en promedio anual, hasta ese periodo, pero bajo esquemas de asignación distinta que pusieron atención a los llamados subsidios extraordinarios. Fuentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportan que para el ciclo 2005-2006 la población escolar que asistió a las IES ascendió a 2 millones 492 mil alumnos, 61.8 mil más que en el periodo previo, y estima que esta matrícula se incremente en 3 por ciento para el próximo ciclo escolar. Se calcula que las 34 universidades públicas estatales (UPE) para este ciclo escolar 2006-2007 concentren alrededor de 850 mil alumnos en algún plan de estudios, de un total aproximado de cerca del 50 por ciento del total de matriculados en educación superior (www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Cobertura)

En el ciclo 2005-2006, el 3.3 por ciento correspondió al nivel de técnico superior universitario; 5.8 por ciento a la educación normal; 84.6 por ciento a la licenciatura universitaria, de los cuales más del 65 por ciento se imparten en las universidades públicas estatales y tecnológicas, y el 6.3 por ciento cursó estudios de postgrado. Derivado de esta expansión, la educación superior se habrá incrementado en casi 500 mil alumnos durante los seis años de la actual administración.

Actualmente, la SEP arguye que se destinan 45 mil 600 pesos por alumno en educación superior, cifra que contrasta con los 34 mil 100 pesos que se erogaban por estudiante en el 2000, aunque surgen discrepancias con la dependencia sufrida por las instituciones de educación superior y con los recortes presupuestales asentados en los proyectos de egresos que ha enviado el Ejecutivo, traduciéndose que, en promedio, las universidades públicas estatales y federales dependen en promedio en un 65 por ciento de los subsidios federales, y desagregando la obtención de recursos extraordinarios a través de fondos compartidos como el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, el Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES, el Programa de Ayuda al Desarrollo Universitario, Fondo de apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales, y también a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (CAPCE-FAM-Ramo 33) y de apoyos directos por parte del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, sujetos a reglas de operación.

Desde luego no es de extrañar que, ante el limitado apoyo que reciben las universidades públicas estatales por parte del gobierno federal --pues gran parte de éste viene comprometido y fiscalizado--, se tiende a fortalecer indirectamente a las instituciones privadas, a las cuales recurren no pocos de aquellos sectores sociales que no pueden ingresar a las primeras debido a las restricciones en su matrícula. La BUAP, tan sólo para el año 2000 sólo ofertó 12,587 espacios de un total de 23,306 aspirantes a ingresar; para éste año, la Universidad aceptó únicamente 15,689 lugares de 32,858 aspirantes a pesar del máximo esfuerzo de las unidades académicas para dar oportunidad a un mayor número de estudiantes, pero se vio imposibilitada en aceptar el 51 por ciento de los aspirantes. Sin embargo, son sectores reducidos los que deciden pagar las elevadas cuotas de las universidades privadas, ya que la mayoría de los estudiantes que desean cursar la educación superior ven truncadas sus aspiraciones.

Algunos sectores gubernamentales y de la iniciativa privada sostienen que la crisis de la universidad pública estriba en su bajo nivel académico, lo cual propicia que sus egresados no estén en condiciones de desenvolverse adecuadamente en el mercado de trabajo. Esto es un verdadero mito: la universidad pública mexicana, en realidad, cuenta con un grado de excelencia al nivel de las mejores universidades del orbe, prueba de ello, es que no hay una universidad en el mundo que tenga un sistema de enseñanza y de aprendizaje generalizado, sino que la especialización en ciertas áreas del conocimiento es lo que impulsa y fortalece la presencia de las mejores universidades del extranjero, al igual que en el país, sin menoscabo del factor de subsidiariedad por parte de los gobiernos centrales.

En nuestro país hay talento y calidad, por lo que hay que defender la vigencia, sustento y fortaleza de la Universidad Pública, La ``fuga de cerebros'' es síntoma de la calidad y prestigio de las Universidades mexicanas, pero que los incentivos y estímulos económicos para proseguir en posgrados y especialidades, dificulta su estadía en el país, aunado a las aspiraciones de los estudiantes por laborar en el extranjero debido a las percepciones que desean obtener, siendo un problema estructural y de fondo. El costo-beneficio en la educación superior ha sido marginalmente marcado, así lo afirma la doctora Heriberta Castaños Lomnitz, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en una entrevista realizada por el grupo periodístico Reforma en octubre del presente año, y quien afirma también que en México, a pesar de la falta de cifras oficiales de los talentos que han emigrado a otros países en busca de mejores oportunidades, estima que, desde 1973 a 2006 la cifra ronda los 100 mil talentos, enfocados a actividades de ciencia y tecnología; de cada mil estudiantes que salen a incrementar su nivel educativo, sólo regresan 200.

En los anales de las discusiones parlamentarias, encontramos argumentos que han sido validos, fiables y vigentes para observar la actitud del gobierno federal en los últimos años para incrementar o disminuir los recursos a la educación superior, actitud opaca y poco congruente con su discurso, es decir, en materia educativa ha señalado al presentar el Programa Nacional de Educación 2001-2006 que

``La educación debe ser considerada como un bien social, parte fundamental del desarrollo y elemento vital en la calidad de vida de los individuos.... Mi gobierno ha definido la educación como el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva y para lograr la emancipación de las personas y de la sociedad. De la educación depende la clase de país que construiremos y también la sociedad que habremos de tener en los próximos años. En ella radica la solidez de la democracia, los niveles de salud y de bienestar de la población; el cuidado al medio ambiente y nuestro potencial económico, científico y tecnológico''.

Es cierto que el financiamiento de la educación ha sido uno de los temas más discutidos durante los últimos años en todas las partes del mundo, y principalmente la superior por la disyuntiva del marginal o real impacto en el desarrollo económico. En el caso de nuestro país, derivado del crecimiento de los grupos de población en edad de recibirla y por ende la demanda, mientras que los recursos públicos para financiarla no se han incrementado en la misma proporción, y en particular, en los dos últimos años, han registrado decremento en términos reales.

En su sexto informe, el titular del Ejecutivo federal mencionó la creación de 85 centros de educación superior entre 2001 y 2006, de los cuales 24 son universidades tecnológicas; 11, universidades estatales; 18, universidades politécnicas; 27, institutos tecnológicos; 4, universidades interculturales bilingües, y una, universidad pública federal, por lo que no desestimamos estas acciones contundentes y proactivas.

Pero que a costa de la reducción de los recursos a las universidades públicas estatales en los últimos años, no podemos pensar lo mismo, pues éstas últimas son fundamentalmente instituciones educativas que requieren el reforzamiento en los cimientos de su quehacer educativo e histórico y de tradición para muchos estados, para poder alcanzar la tan anhelada educación de equidad con calidad sin que contraiga omisiones ni premuras por parte de las políticas educativas como las que manifiesta el Ejecutivo. Conviene señalar que nuestro país se caracteriza por la desigualdad de oportunidades; pues mientras en el Distrito Federal la cobertura de educación superior es de 40 por ciento, en Puebla es de 22 por ciento, y de ésta sólo el 40 por ciento corresponde a matrícula atendida por instituciones públicas.

No escatimamos el avance que obtuvo la Cámara al conformar el Fondo para los Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, aunque la encargada de diseñar y ejecutar las políticas educativas federal (la SEP), dejó temporalmente de asignar recursos periódica y eficientemente, durante más de cuatro meses, a las universidades en el 2004. Además este fondo, al igual que el Fondo de Equidad, sigue manteniéndose bajo la tutela de la Cámara de Diputados para su justa asignación, por lo que prevalece la discrecionalidad en cuanto su asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y esta no va a ser la primera vez que en el seno de este recinto legislativo se discutan los presupuestos para las universidades públicas; situémonos en el 2005, en la LIX legislatura, en donde a pesar de que esta Cámara realizó en el Presupuesto de Egresos reasignaciones a favor de la educación superior, corrigiendo el proyecto del Ejecutivo, que procedía con recortes presupuestales a las Universidades Públicas, éste último procedió al recurso de la controversia constitucional, desproveyendo de recursos a las universidades y afrontándolas al reajuste presupuestal, en detrimento de las generaciones de estudiantes que aspiraban ingresar a la Universidad Pública como única alternativa para su preparación y desarrollo.

En medio de la LIX legislatura, y en base a la materia objeto de nuestra proposición, encontramos lo manifestado por el diputado Salvador Martínez Della Rocca, quien fuera en ese entonces presidente de la Comisión de Educación, y quien se había pronunciado en contra de los planteamientos que el Ejecutivo proponía, al reducir inicialmente a un 23 por ciento los recursos a las universidades públicas estatales, por un total de 4 mil 615.2 millones de pesos, incluidas las diez universidades más pobres del país, y a las cuáles también les cancelaba los fondos adicionales 2005 para dejarlas a un monto igual al de su presupuesto del año anterior, antecedentes reservados en los debates de la propia Cámara.

Por lo que la ANUIES advirtió, por su parte, que ``de concretarse las tendencias presupuestales a la baja para finales del sexenio, éste concluirá con un decremento en la inversión a las universidades, al pasar de 0.62 por ciento del PIB en el 2001, a 0.50 por ciento del PIB en el 2006; es decir, un 50 por ciento menos de la meta que se trazó en el inicio, de llegar al 1 por ciento del PIB''; en cuanto el gasto federal por alumno, este organismo prevé que para el cierre 2006 se transite de 36 mil, 519 pesos en 2000 que ellos registran, a 28 mil 212 pesos, por lo que infirió que ``cada vez se ha hecho más grande la brecha entre el subsidio federal que se da a las Universidades federales y a las locales, desigualdad que representa el 18.9 por ciento''.

Requerimos inversión educativa en todos los niveles, pero principalmente en el superior, si queremos contrarrestar los efectos negativos que ha arrojado la globalización como fenómeno de la competencia en la interrelación comercial, financiera y de tecnología; no podemos eludir las disparidades educativas ni mucho menos ahondarlas con sortear las presiones sin democratizar los subsistemas de educación.

Como se ha concebido en ocasiones pasadas, éste y otros temas quedan asentados en el marco de la reforma del Estado, a través de la llamada reforma educativa, en la que si el federalismo pugna por un desarrollo regionalizado a la orden de la redefinición de competencias y responsabilidades, descentralizando los recursos asignables para su ejercicio, la educación Superior sería una vertiente para adecuarla a las condiciones y necesidades de las entidades federativas.

III. Diagnóstico institucional y educativo

Esta universidad tiene actualmente una de las matriculas más altas de alumnos en el país ubicándose como la cuarta mayor, con 56 mil 977 y, registrando un incremento de 10 mil 290 alumnos en el sexenio. Lo anterior representa una captación superior a 50 por ciento del total de estudiantes del nivel educativo superior en el estado, a pesar de las restricciones financieras que limitan la construcción de nuevos espacios físicos y de la reducción de los mismos como resultado de un mayor número de laboratorios de docencia e investigación e independientemente del número y calidad de sus maestros. La institución mantiene una oferta académica de más de 160 programas entre bachillerato, subprofesional, técnico superior, especialidad postécnica, licenciatura y postgrado, sobresaliendo que el 50 por ciento de los programas son posgrados.

Su reconocimiento y trabajo le ha permitido ofertar un amplio catalogo de licenciaturas, maestrías y doctorados, además de ser parte activa en múltiples áreas de la investigación. Sin embargo, desde hace varios años padece una severa crisis económica que ha tenido como efecto la falta de solvencia del hospital universitario, la falta de incremento salarial a sus trabajadores y el riesgo que implica la respuesta oportuna y suficiente a sus pasivos laborales, así como el financiamiento para consolidar el proyecto ``Minerva'' como resultado de la consulta universitaria y desafío para la implementación de políticas educativas universitarias, consistente en la acreditación de la calidad académica del resto de los programas de las 35 unidades con las que cuenta la institución en los 9 campus en el interior del estado y el de Ciudad Universitaria.

Uno de los avances importantes que le ha dado reconocimiento nacional e internacional es la investigación que la Institución provee en distintas áreas del conocimiento, principalmente de en las ciencias naturales y exactas, esto en función de los programas de calidad reconocidos por organismos e instituciones de educación superior, prueba de ello, es que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla obtuvo en el mes de agosto del presente año el Premio SEP-ANUIES, por ser una de las mejores universidades con mayor fortalecimiento y desarrollo institucional en el país, reconocimiento que incluye el esfuerzo para el desarrollo mediante procesos de planeación participativa y al apoyo a la comunidad universitaria.

De igual manera, la institución fue avalada personalmente por el Ejecutivo federal, bajo el reconocimiento a la calidad académica por haber logrado que el 88 por ciento de la matrícula, hoy 93 por ciento asiste a programas de calidad acreditada y como una de las 10 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que se reconoce con mayor producción científica del país y de los mejores indicadores de desempeño por encima de la media nacional, acción ejercida por el que de los 5 mil 536 académicos que imparten clases, el 78 por ciento cuenta con posgrado y el 27 por ciento con doctorado, por lo que los docentes se encuentran entre los mejores habilitados del país. Con becas del Programa de Mejoramiento al Profesorado se han podido graduar y, 525 de los docentes de tiempo completo cuentan con perfil reconocido por éste programa. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con un número superior de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, en comparación a las demás universidades públicas del interior del país, constituyéndolo por 272 investigadores --lo que representa un incremento de 87 investigadores en el sexenio.

Estos datos demuestran que los programas educativos de calidad son la fuerza y estímulo de su transformación, pues aún siguen incrementándose de manera importante para situarla como referente y bastión de enseñanza superior en el país y en el extranjero. Su incorporación a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y al Consorcio de Universidades Mexicanas significa, aparte de los programas acreditados por otros organismos, un desempeño integral en la calidad y un avance en materia de equidad: 41 programas ya están acreditados por organismos educativos tanto federal como estatal, 36 por el CIEES y 18 por el Programa de Calidad del Gobierno Federal; lo que revela un incremento durante los últimos cuatro años de 53 programas acreditados para obtener un total en el 2006 de 95 programas. Por lo que respecta a los 163 cuerpos académicos que conforman la BUAP, 25 están consolidados, 48 en proceso de consolidación y 90 en formación, mientras que en el país los cuerpos académicos consolidados representan el 7.3 por ciento del total, en la BUAP significa el 15.3 por ciento, por lo que siendo un logro más a su excelencia.

IV. Situación financiera

Las finanzas de la institución se han incrementado notablemente a través de los subsidios federales programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2000 al 2005 en función del matriculado; de los salarios tanto de la planta docente como de trabajadores universitarios motivados por los ajustes de la demanda educativa, al pago de pensiones y jubilaciones bajo conceptos etiquetados; así también, para proyectos de infraestructura en el afán de proseguir con la regionalización al interior del estado y demás proyectos de no menor importancia. Cabe mencionar que la BUAP, al igual que muchas otras instituciones públicas del país, depende financieramente del 70 por ciento de la federación, dependencia que históricamente se viene reduciendo en comparación con los años anteriores si le agregamos los ingresos tanto estatal como los extraordinarios que ha ejercido la universidad.

El comportamiento presupuestal de la federación en los últimos años, con respecto a la BUAP, demuestra parte de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por no acrecentar las desigualdades entre los estados en las asignaciones para la educación superior, en lugar de compensarla. Los diputados, en medio de las discusiones, han convergido en que los recursos que se destinen a la educación, básicamente a la superior, a la ciencia y la tecnología, son la mayor inversión social que debe cerrar las brechas que existen en México.

A pesar de que esta Cámara realizó en el Presupuesto de Egresos de 2005 reasignaciones a favor de la educación superior, corrigiendo el proyecto del Ejecutivo, que procedía con recortes presupuestales a las universidades públicas --la propuesta del ejecutivo consideraba una reducción de mil 256.1 millones de pesos-- y que se tradujo posteriormente en un año complicado para las universidades públicas, como ya explicamos, porque tuvieron que enfrentar fuertes presiones sin los apoyos económicos, originadas por la controversia constitucional que el presidente motivó como consecuencia de las observaciones que mantuvieron en suspenso los recursos para las universidades durante todo el año.

La Universidad Autónoma de Puebla recibió en 2005 mil 350 millones 831 mil 328.31 millones de pesos por parte del gobierno federal, más 175 millones 912 mil 953.50 millones de pesos de recursos extraordinarios que estuvieron retenidos debido a la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de la legitimidad de la decisión de los diputados, de los mil 750 millones de pesos que contenía el dictamen formulado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

No obstante, la instrucción era que estos recursos extraordinarios se convertirían en un subsidio regular para la Institución a partir de 2006. A partir de 1998, gracias a estas partidas se recuperaba el poder adquisitivo y el índice de inflación, pero con sorpresa hizo eco la propuesta del titular del Ejecutivo, cuando en el Presupuesto de Egresos de 2006 redujo en un 13 por ciento los ingresos a las Universidades Públicas del país.

Debido a este recorte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, junto con el rector Enrique Agüera Ibáñez lograron que la Cámara de Diputados les destinara recursos extraordinarios por 260 millones de pesos para 2006, ante el decremento del subsidio federal que representaron los mil 232 millones 356 mil 848.05 pesos, es decir, un 11.40 por ciento menos que en 2005, para sumar un total de mil 492 millones 356 mil 845.05 millones de pesos entre el Legislativo y el Ejecutivo, aunque el primero, con la disposición y el compromiso de atender las demandas educativas al intervenir oportunamente para incrementar tales fondos en un 32.42 por ciento para beneficio de la Institución.

No obstante, la nómina requiere de un presupuesto anual de 1 mil 635 millones de pesos, por lo que sólo se contó con 183 millones de pesos para enfrentar el gasto de operación y las inversiones en infraestructura. La nómina de jubilados requiere de más de 300 millones de pesos al año, recursos que salen del mismo presupuesto, problema que se inició desde hace 10 años, directamente incompensable por el Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas, aunque su objetivo es mitigar los problemas estructurales de las universidades públicas estatales con respecto al impacto negativo para la viabilidad financiera a corto, mediano y largo plazos, fue apenas creado en el 2002 y que va dirigido especialmente a incidir en el saneamiento financiero de la institución mediante la adecuación apropiada de los sistemas de jubilaciones y pensiones.

La BUAP ha superado de manera parcial su déficit presupuestal a los cierres de año al aprobarle la Cámara de Diputados en los últimos dos años recursos considerables. Sin embargo, en este año se ejercen menores recursos de subsidio federal con respecto al 2005. Si para el cierre del 2005 se contempló un déficit de 147 millones 969 mil 151.10 pesos, para el cierre del 2006 se considera una proyección de déficit de 379 millones 439 mil 917.37 pesos, sin contemplar los 200 millones requeridos para cumplir los compromisos de fin de año, bajo el concepto de sueldos y aguinaldos.

La calidad es un costo adicional, porque por un lado se exigen las certificaciones para que se avalen los procesos de la academia, que se capaciten mejor los profesores, pero no hay un incremento real en el subsidio para poder llevar a cabo esto. Puebla desde hace años se ha enfrascado en gestionar los recursos para tener sostenibilidad y aumentar dicho porcentaje sin recibir una respuesta favorable. Veracruz les otorga el 53 por ciento, en el estado de México les dan el 50 por ciento; Nuevo León, el 40 por ciento, a instituciones similares a la nuestra.

Concientes de que el subsidio ordinario federal y estatal, constituye el ingreso principal de las universidades públicas, acudimos a la sensibilidad política y al compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento real de la universidad pública para que se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, 400 millones de pesos adicionales, tomando como base lo asignado en 2006. Estos recursos se aplicarán a los rubros rezagados y al fortalecimiento de su infraestructura, a la acreditación y certificación tanto de programas como de procesos para elevar el porcentaje de sus programas de calidad y así cumplir con la meta del 85 por ciento de los programas sean acreditados para el 2007 al equipamiento y actualización de unidades académicas, así como para la realización de los proyectos de inversión que traerá beneficios tanto a los universitarios como a la población de la ciudad y del estado, por su impacto económico, de los cuales se mencionan los siguientes (se anexan en informe ejecutivo y disco):

Aspectos que indirectamente inciden en la solidez de los conocimientos que sus profesionistas egresados ponen a disposición del mercado laboral y de la sociedad del estado de Puebla, así como del país en su conjunto.

Y agrego, tal como lo expresó el primer mandatario en la presentación del Programa Nacional de Educación, publicado en el periódico La Jornadael 29 de septiembre de 2001:

``Para asegurar la calidad educativa se debe impulsar la evaluación constante y sistemática, la evaluación externa que además haga pública la información''.

Por ello, hoy día, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es ampliamente reconocida como una institución de vanguardia en el país, no sólo por los avances que registra su actividad académica, sino también por los resultados de las evaluaciones externas a las que se ha sometido por los entes fiscalizadores, tanto de la federación como estatal, cumpliendo con todos los requerimientos y asentando el antecedente de haber sido la primera universidad pública del país en solventar todas las observaciones originadas en 2005; para este año se augura una promisoria, correcta y eficiente rendición de cuentas, garantizando la transparencia que en diversos indicadores colocan a la BUAP como una de las mejores universidades públicas estatales; un indicador de ello es que forma parte del selecto grupo de las 10 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que se reconoce con mayor producción científica del país, por lo que el costo-beneficio es rentable y garante de un proceso riguroso en el manejo, control y gasto de los recursos públicos.

En conclusión, la BUAP ha dado los resultados, tiene una de las más altas matrículas de licenciatura en programas de calidad acreditados con más por organismos nacionales o de nivel uno de los Comités Interinstitucionales Evaluadores de la Educación Superior y más del 90 por ciento de los alumnos cursan estudios en un programa reconocido como de calidad, por lo que esta legislatura debe comprometerse a cumplir cabalmente con lo estipulado en el inciso VIII del artículo 3o. constitucional, que faculta al Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república para expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, y fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, por lo que en la conformación del presupuesto para el 2007 se brinda la oportunidad de recuperar los recursos para la educación superior y sobre todo para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha sido el eje del sureste y del país sustentado en indicadores superiores de crecimiento y calidad, y que no escatimará recursos para continuar con el fortalecimiento de la vida académica, científica y cultural.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con base a los logros obtenidos e institucionalmente reconocidos.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a liberar 200 millones de pesos convenidos por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante el ejercicio fiscal del 2006.

Segundo. Destinar a través del subsidio federal ordinario recursos adicionales por 400 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2007, a efecto de superar su déficit financiero acumulado y, para el cumplimiento de acciones institucionales en materia de jubilaciones y pensiones en base a los logros y resultados alcanzados.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 un presupuesto multianual para aprobar los siguientes proyectos institucionales de inversión: descentralización educativa, biblioteca central de ciudad universitaria, centro cultural universitario, centro de tecnologías de comunicación y autoacceso, equipamiento integral de laboratorios de docencia, y la renovación de espacios deportivos con el fin de fortalecer su infraestructura y garantizar los programas de calidad y de investigación como factor detonante del desarrollo regional en el estado de Puebla.

Cuarto. Se exhorta a las autoridades educativas del Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las comisiones de educación y a las encargadas de diseñar y dictaminar el presupuesto en materia educativa, a la realización de una reunión urgente para determinar la situación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el resto de las universidades públicas tanto federales como estatales, representadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

El estado de Tlaxcala, a pesar de ser el más pequeño de la República Mexicana, no queda fuera de los problemas ambientales, principalmente la erosión, deforestación, contaminación de cuerpos de aguas y mantos freáticos, desechos de residuos sólidos tóxicos y la pérdida de la biodiversidad.

Tlaxcala ocupa el cuarto lugar en polución de las aguas. Cabe señalar que todos los ríos de la entidad son considerados zonas críticas, y los afluentes resultan auténticos depósitos de aguas negras. Esto trae como consecuencia el aniquilamiento de especies acuícolas y provoca un desequilibrio ecológico entre numerosas especies de animales y plantas, sin dejar de lado el daño a los seres humanos.

El río Zahuapan es uno de los cauces que ha preocupado en mayor medida a la comunidad y autoridades del estado, principalmente por los altos índices de contaminación, ya que sus afluentes traen tanto agua limpia proveniente de manantiales como aguas negras no tratadas por usos municipales, industriales, diversos comercios, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos y, en general, de cualquier otro uso, así como la combinación de todos ellos.

En septiembre de 2003, el Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala confirmó que en el suroeste del estado se hallan los niveles más altos de contaminación del río Zahuapan, donde se encontraron elementos tóxicos que pueden ser detonantes de enfermedades como leucemia, púrpura o cáncer de mama, así como de malformaciones congénitas. El Centro de Investigaciones afirma que la región suroeste del estado es la de mayor riesgo en cuanto a malformaciones congénitas, y por el momento realiza estudios de sangre a nivel de cromosomas en personas que laboran en esa zona y que están expuestas a los efectos de la contaminación.

Tales resultados coinciden con los que, por su parte, emprendieron la organización ambientalista Fray Julián Garcés e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de San Luis Potosí.

Por su parte, la Coordinación General de Ecología del estado admitió que existe una ``grave'' contaminación en las aguas del Zahuapan y que pudieran detonar en enfermedades como la leucemia. Pero, de acuerdo con los reportes de la dependencia, los contaminantes por sí solos no provocan enfermedades en los lugareños. Esta versión no coincide con los resultados de un análisis clínico realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, que detectó plomo y arsénico en la sangre de un niño, oriundo de Tepetitla de Lardizábal, que consumió agua del río Zahuapan.

De acuerdo con los datos no reconocidos por las autoridades municipales y estatales, suman ya 12 casos de personas con leucemia, 15 con púrpura y 4 con insuficiencia renal, únicamente en comunidades aledañas a Tepetitla.

Los esfuerzos se han realizado, pero sólo se han quedado en buenas intenciones. Por ejemplo, en junio de 2002, los gobernadores de Puebla y de Tlaxcala firmaron un convenio de coordinación para el ordenamiento territorial y ecológico, y el desarrollo económico de la zona conurbada de ambos estados, el cual consideraba la gestión de un presupuesto para atender el saneamiento del cauce Zahuapan Atoyac como afluente del río Balsas.

Para octubre de 2005, la Coordinación General de Ecología manifestó la necesidad de presupuestar 400 millones de pesos para edificar entre 90 y 95 plantas de tratamiento de agua en 2006. La Coordinación General de Ecología propone solicitar a los diputados locales un presupuesto de por lo menos 400 millones de pesos, con el objetivo de continuar las acciones de rescate del ambiente, sobre todo por lo que respecta a la limpieza de los cauces del Alto Balsas. También es importante aplicar la ley a las empresas asentadas en zonas industriales que no cumplan la norma oficial, y corresponde a la Comisión Nacional del Agua verificar el tratamiento del líquido.

En ese sentido, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluyan los recursos necesarios para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, del estado de Tlaxcala, que también beneficiará el estado de Puebla y comunidades cercanas a los afluentes del río Balsas.

Por lo anterior, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incluya los recursos necesarios para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, en el estado de Tlaxcala.

Segundo. Se exhorta a que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, consideren en forma prioritaria la asignación presupuestaria necesaria para el saneamiento integral del cauce del río Zahupan, en el estado de Tlaxcala.

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se autorice un monto presupuestal único a los poderes judiciales de las entidades federativas que permita apoyar los gastos que genera la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de diciembre de 2005 apareció publicada la reforma al artículo 18 constitucional en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se cumplía con los acuerdos establecidos por México ante la comunidad internacional sobre los derechos de los niños y adolescentes.

Esta reforma establece la creación de un sistema independiente de justicia para los adolescentes, con jueces y ministerios públicos especializados para ello, quienes determinarán si se cometió o no una infracción a la ley penal. La reforma prevé que la privación de la libertad deberá ser el último recurso, que sólo debe ser aplicado para delitos graves; para delitos menos graves prevé sanciones de trabajo en favor de la comunidad y con un enfoque educativo.

``Para acelerar el proceso que ha estado pendiente por tanto tiempo, el Estado debería comenzar a capacitar jueces y abogados en cuestiones de justicia juvenil, tanto a nivel federal como local. Esto implica la designación de los respectivos fondos'', subrayó la señora Yoriko Yasukawa, representante de la UNICEF en México, el 1 de octubre del 2005.

Uno de los grandes obstáculos para que los estados federativos echen andar este sistema especializado de justicia son los recursos que se están invirtiendo, y que en una gran mayoría se han visto limitados. Basta recordar el congelamiento de los recursos a las entidades federativas con motivo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, y para concluir este año fiscal se anuncio otro golpe a las finanzas estatales al reducir los montos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Haber establecido esta reforma fue para la justicia mexicana un gran avance, lo que actualiza el sistema de tribunales y la adecuación de las leyes locales en los estados del país; cobra principal importancia que se apoye a los estados para acelerar y fortalecer las reformas necesarias para la implementación de los tribunales especiales.

Hemos recibido una serie de solicitudes de apoyo a las entidades federativas en esta honorable soberanía por parte de los procuradores de Justicia para que se dote al presupuesto de una partida especial que contemple las necesidades presupuéstales que esto implica.

Esta reforma se publicó el 12 de diciembre del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo en dos de sus transitorios: primero, que entraría en vigor tres meses después de su publicación; y segundo, las entidades federativas contaban con seis meses para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación de esta reforma.

Mi estado, Coahuila ya implantó las reformas de adecuación a las leyes locales para sincronizarlas con el contenido del artículo 18 Constitucional, así como la instalación de los tribunales con sus respectivos jueces encargados de estos.

Creo que todos aquí somos solidarios con nuestras entidades de origen, por lo que debemos hacer que nuestra facultad constitucional de revisión y modificación, en su caso, del proyecto de Presupuesto venga a fortalecer y hacer cumplir los alcances de los beneficios de la justicia a los adolescentes de nuestros respectivos estados.

Somos parte de un reclamo de la sociedad, nos observan y nos evalúan, hagamos por eso un ejercicio serio y conciente de lo mejor del oficio político: los acuerdos. Se ha transitado durante mucho tiempo para lograr el pleno derecho de los niños y adolescentes, contribuyamos a ello.

Solo queda, como expuso la delegada de la UNESCO, otorgar el presupuesto suficiente para hacer realidad uno de los anhelos de las sociedades modernas, la realidad del derecho y la aplicación justa de las leyes en nuestras nuevas generaciones, de manera que se evite la tentación que la delincuencia hace con nuestros niños y adolescentes.

Por lo anterior, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, que otorguen un monto presupuestal, por única vez, a los poderes judiciales de las entidades federativas, que permita el apoyo para los gastos que generan la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes y la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de éstos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El deporte a nivel mundial, es una actividad que logra gran respuesta a sus convocatorias, esto no es sólo momentáneo o coyuntural, el deporte se ha consolidado día a día como parte de la cultura y cotidianidad de los pueblos. Así, lo que en principio fue una forma de ejercicio físico se ha convertido en una actividad de tiempo completo y profesional. Para competir y alcanzar récords los y las deportistas tienen que prepararse de forma cotidiana, metódica e incluso científica.

Esto no siempre fue así, al revisar la historia, vemos que aún en los pueblos más antiguos se han encontrado vestigios de la práctica de actividades que se pueden calificar como ``proezas deportivas'' y son sólo actos que el hombre realizaba para su supervivencia, como fue; correr para escapar de los animales, saltar para eliminar obstáculos naturales, atravesar a nado los ríos, lanzar armas como la jabalina para la caza o en las guerras, luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos.

Hoy, la lucha con los adversarios no es por situaciones derivadas de actos belicosos, pero sí por la demostración de talento, capacidad, preparación y desarrollo deportivo, ya que ser en los eventos deportivos mundiales, la o el representante de un país y ganador de una medalla olímpica es la más grande aspiración de todo deportista, reflejo del resultado de años de dedicación y esfuerzo dejado en cada alberca, pista, cancha o estadio, así como el sacrificio personal y familiar de cada contendiente.

Muchos deportistas mexicanos han desfilado por los estadios olímpicos, siempre con el anhelo de alcanzar la victoria, luchando contra la adversidad, la economía individual y del país, también en ocasiones contra los mismos mexicanos que no entendieron, en su momento el deseo de esos competidores de elevar el nombre propio y de su país.

La tarea de entrenar y preparar a las y los atletas de alto rendimiento para competencias internacionales es del Comité Olímpico Mexicano (COM), ya que todo atleta que logre alcanzar la representación internacional habrá pasado por sus instalaciones, pues el COM es considerado la universidad del deporte en México.

Reconocemos la existencia de programas que coadyuvan en la búsqueda y formación de talentos deportivos, pero sólo con acciones permanentes que contribuyan al desarrollo personal, intelectual, afectivo y psicomotor enfocado al deporte entre nuestros niños, niñas y jóvenes, lograremos que estas aulas del COM se vean repletas de deportistas que además de ser ejemplo a seguir por las futuras generaciones, sean la muestra de que México se encamina hacia un mayor desarrollo político, económico, social y deportivo.

Sabemos que proyectos de este tipo requieren no sólo de entusiasmo y compromiso, también de presupuesto suficiente para cubrir cada uno de los requerimientos que implica la formación de atletas de alto rendimiento capaces de alcanzar los logros internacionales esperados por todo nuestro país.

Sobre este aspecto debemos mencionar que, al inicio del sexenio y hasta el año 2003, el COM recibió vía Conade, un presupuesto destinado al Programa de Alto Rendimiento y Apoyo a las Federaciones, a partir del año 2004, el monto se redujo de 49 a 30 millones de pesos, y durante 2005 y 2006 el Comité Olímpico Mexicano, no ha recibido recursos económicos por parte del gobierno federal. Su financiamiento actual, se basa en ahorros, aportaciones privadas y del Comité Olímpico Internacional.

Por esto es importante destacar el acuerdo de la Comisión de Juventud y Deporte, que reconoce la importancia y necesidad de proporcionar al COM los recursos suficientes destinados a instalaciones, entrenadores, médicos, alimentos, etcétera, pues ello, facilitará el desarrollo de su tarea que es, entre otras; elevar el funcionamiento y logros internacionales de las y los atletas mexicanos que compiten con la representación de nuestro país.

A cada derecho, una obligación, exijamos logros y medallas pero también destinemos presupuesto etiquetado para ello, nuestros deportistas lo demandan y lo merecen, escuchemos su reclamo. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía la aprobación de la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, destine recursos económicos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano (COM), sugeridos por las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para el fortalecimiento de la red consular mexicana, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que integramos esta LX Legislatura, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

La política exterior mexicana debe retomar su tradición diplomática, con base en sus principios y valores plasmados en nuestra constitución, con un solo propósito: buscar el beneficio de la sociedad mexicana y defender los intereses de México en el exterior.

En el nuevo contexto global debemos, como nación, ejercer un papel activo, realista, responsable y concreto en el diseño de la nueva arquitectura mundial, dando énfasis a las acciones orientadas a promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos, a través de la cooperación internacional.

Es fundamental que este nuevo Gobierno federal asuma y dé respuesta inmediata para que la población indocumentada que reside en Estados Unidos pueda normalizar su situación migratoria, así como la ampliación y modernización de los esquemas de trabajo temporal existentes, a fin de alcanzar una mejor administración bilateral del fenómeno migratorio.

Desde 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores instrumentó el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual promovió la vinculación de dichas comunidades con nuestro país, así como su desarrollo en materias como salud, educación, deporte, cultura y organización comunitaria.

La pasada administración federal, en el año 2000, creó la Oficina de Representación para Mexicanos en el Exterior y México-americanos, la cual funciono hasta el año 2002, y en 2003 se formo el Instituto de Mexicanos en el Exterior; sin duda, estas acciones representan algunos avances en la materia, pero también, por factores externos e internos, tampoco han dado los resultados deseados.

En este sentido, resulta de vital y estratégica importancia fortalecer la red consular, que es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, y tiene la obligación permanente de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales económicas, culturales y científicas entre ambos países, expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la ley y su reglamento.

Hoy es y debe de ser prioritario para el gobierno federal contar estrategias e instancias administrativas modernas, eficaces y con mayor capacidad de coordinación interinstitucional para atender adecuadamente las demandas de los mexicanos y las comunidades en el exterior y que la desconcentración administrativa contribuya a lograr tales objetivos.

Para los diputados de esta LX Legislatura del Congreso de la Unión es una preocupación y ocupación permanente coadyuvar, desde el ámbito de nuestra competencia, en la generación de condiciones para que los migrantes mexicanos reciban atención y respuesta oportuna a sus demandas.

Es de todos conocido que en el sexenio pasado la red consular fue disminuida en sus acciones, debido a un criterio de simple reducción administrativa y en la mayoría de los casos resultó en prejuicio de las actividades que realizan de manera cotidiana los consulados, lo cual resulta muy grave, ya que estos son fundamentales para la vida cotidiana de nuestros connacionales, que viven fuera de nuestro territorio, sin importar sus situación migratoria.

Los consulados son los que diariamente tienen la responsabilidad de garantizar e implementar medidas de seguridad en los documentos que se expiden como comprobantes del registro consular y emitir en Estados Unidos de América el certificado de matrícula consular de alta seguridad (MCAS), documento de identidad que permite a nuestros nacionales solicitar servicios y realizar trámites públicos, como pago de impuestos, obtención de licencias para conducir, apertura de cuentas bancarias, defensorías de oficio, entre otros.

Es importante señalar que la matrícula consular de alta seguridad es aceptada como documento de identidad por al menos una autoridad en 33 estados de la Unión Americana y 408 instituciones bancarias en ese país. Más de 5 millones de mexicanos utilizan este documento como identificación.

Esta cifra incluye las matrículas tradicionales que se expidieron antes de la instrumentación de las de alta seguridad, sin embargo la realidad nos ha rebasado y esto todavía es insuficiente.

También los consulados tienen la obligación de que, mediante un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, se haga valer la defensa a las violaciones del derecho de información sobre asistencia consular de los nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte, de acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La red consular atiende, en muchas ocasiones de manera insuficiente, los casos de protección y asistencia a mexicanos en el exterior, a fin de apoyarlos en su defensa contra actos que atentan contra su dignidad y libertad, así como sus derechos humanos y laborales.

Estas son algunas de las funciones y responsabilidades de la red consular, que son de la mayor importancia para la vida de millones de mexicanos que viven en el extranjero y representan uno de los sectores de la sociedad con quien el Estado mexicano debe tener un respaldo y apoyo decidido y determinante.

A pesar de su relevancia y por criterios de operación y asignación del presupuesto de egresos, que no son del todo claros y justificados en este rubro, la red consular, en el año 2006, tuvo un presupuesto de 160 millones de pesos, cuando por derechos y servicios la red consular cobra más de 500 millones de pesos anualmente, sin que esto se vea reflejado en el aumento del nivel de eficiencia, infraestructura y atención que brinda la red consular.

Por lo anteriormente expuesto me permito poner a su consideración, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se asigne un monto igual a lo cobrado por la red consular en el año 2006 por derechos y servicios en el Presupuesto de Egresos de la federación para el año 2007.

Segundo. Se cite a comparecer en comisiones unidas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de que informe a esta soberanía de los criterios y acciones, con lo que la actual administración federal se desempeñara en lo relativo a al Red Consular Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se considere la asignación de los recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en diversos municipios de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existe un aspecto de la vida cotidiana, que mucho nos afecta tanto en nuestra salud, como por su impacto en el ambiente como es el tema de los residuos sólidos o basura.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala en sus ``Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México: 2005'' de que en los últimos trece años, se estima que la generación de residuos sólidos municipales se ha incrementado en un 57 por ciento, alcanzando las 34.6 millones de toneladas en el 2004, con un incremento promedio anual de casi un millón de toneladas.

La Semarnat revela en los indicadores antes citados, de que cuando menos una tercera parte de los residuos sólidos municipales (33 por ciento), se disponen sin control. Esta falta de sistemas adecuados para el manejo de los residuos sólidos municipales puede tener efectos graves en la salud y el bienestar de la población su manejo. Dichos efectos se asocian generalmente a enfermedades como la fiebre tifoidea, la salmonelosis, el cólera y la amebiasis.

La propia Semarnat informa en los mencionados indicadores, que desde 1995 hasta el 2004 se han registrado un total de 432 sitios contaminados (que incluyen aquéllos con y sin responsable). Los principales materiales encontrados son hidrocarburos, escorias, aceites gastados, solventes, metales pesados y residuos biológico-infecciosos.

El caso del estado de Hidalgo es preocupante, ya que casi en la totalidad de los 84 municipios que conforman la entidad, se carece de sistemas adecuados de manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Conforme a datos del Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo para el año 2003 sólo el 20.4 por ciento de la generación de residuos sólidos urbanos estaban siendo dispuestos en forma controlada en rellenos sanitarios (367.6 toneladas diarias). En contraste, entre las opciones irregulares para disponer los residuos sólidos urbanos generados diariamente, se estima que un 50 por ciento corresponde a tiraderos a cielo abierto y el 21 por ciento es sujeto a quema.

El mencionado consejo informa, que se estima con respecto a la composición de los residuos sólidos en el estado de Hidalgo un 22.5 por ciento son plásticos, 14.8 por ciento cartón y el 13.9 por ciento vidrio. Lo que significa un importante valor económico potencial a través del reuso o el reciclaje de tales desechos, que hoy en su mayor parte se pierde.

Lo anterior va en contra del espíritu de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2003, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

El principal objetivo de una política sostenible de residuos debe ser evitar el generar residuos. Para ello, se requiere una gestión integral de los residuos, que se entiende como la articulación de acciones de planeación, normativas, operativas, financieras, educativas, entre otras acciones. Esto se complementa, con un manejo integral de los residuos, que es la aplicación consecuente de actividades como reducir, reutilizar y reciclar los residuos antes de la disposición final.

En ese sentido, en el estado de Hidalgo se están buscando opciones no sólo de rellenos, sino también de reciclaje, composteo, de producción de energía. En lo anterior, hay un común denominador, su finalidad es lograr beneficios ambientales, optimización económica, y aceptación social de la gestión y manejo integral de los residuos.

Sin embargo, para dichos fines se requieren recursos presupuéstales de los que carecen los municipios de Hidalgo como Tizayucan, Cuautepec, Apan, Zempoala y Tepeapulco, los cuales requieren de manera urgente atención en la problemática común expuesta de los residuos sólidos urbanos.

Por ello, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se incluyan los recursos necesarios a través del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social, en su modalidad de prevención de riesgos y mejoramiento ambiental, para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de dichos municipios en el estado de Hidalgo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Desarrollo Social, en el momento de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, consideren en forma prioritaria la asignación presupuestaria necesaria a través del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social, en su modalidad de prevención de riesgos y mejoramiento ambiental, para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios de Tizayucan, Cuautepec, Apan, Zempoala y Tepeapulco en el estado de Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la creación del programa de atención integral de municipios marginados de las zonas de sierra y montaña, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Joel Guerrero Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que esta honorable Cámara de Diputados incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la creación del programa de atención integral a municipios más pobres y marginados de las zonas de sierra y montaña de México, se incremente el presupuesto destinado al sector forestal y se modifiquen las reglas de operación a fin de dar mayor prioridad a la atención de las comunidades que habitan las regiones de sierra y de montaña de nuestro país al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las montañas revisten una destacada importancia para el bienestar de la sociedad en general, que va más allá del bienestar de la gente que la habita; en el mundo es lugar de residencia del 10 por ciento de la población, es santuario para una extraordinaria red de vida vegetal y animal, las montañas son también fuente de los más grandes ríos del mundo.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, la participación del sector forestal en la economía nacional fue de entre el 1.4 y 1.6 por ciento del producto interno bruto en el periodo 2000-2004.

Uno de cada dos habitantes sacia su sed con agua originada en las montañas, la biodiversidad de las montañas se halla entre las más grandes de todas las ecorregiones del mundo. De las 20 especies de plantas que proveen el 80 por ciento de los alimentos del mundo; por ejemplo, seis tuvieron su origen en las montañas. Entre ellas, las papas, el maíz en la Sierra de México y el sorgo en las tierras altas de Etiopía.

Los cambios climáticos, la contaminación, la explotación minera, las prácticas de agricultura insostenibles y el turismo están afectando seriamente a los ambientes montañeses, conduciendo a su amplia degradación y aumentando el riesgo de calamidades como inundaciones, desprendimientos de tierras, avalanchas y hambruna.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nuestro país se ubica en el lugar 12 en cuanto a superficie forestal a escala mundial; se estima que hay en México 32 millones de hectáreas de bosques y 58 millones de hectáreas de selvas.

El 80 por ciento de los bosques y las selvas de nuestro país pertenecen a ejidos y comunidades y tienen en sus manos gran parte de la diversidad biológica. Actualmente, 10 millones de personas habitan esos ecosistemas. De ellos, al menos 5 millones son indígenas campesinos e indígenas.

Dos terceras partes de la gente que vive en los bosques mexicanos son pobres y dependen de los recursos forestales para subsistir. De su entorno obtienen alimento, medicinas, materiales de construcción, combustible y un poco de dinero por la venta de productos comestibles y no maderables, como copal y chicle, entre otros. De acuerdo con la FAO los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África.

Es necesario destacar que la población que habita en las zonas de sierra y de montaña en México son los más vulnerables, se encuentran entre las poblaciones más pobres y marginadas de nuestro país, no es un secreto que el deterioro ambiental de estas zonas ha repercutido en un marcado deterioro de sus condiciones de vida y que, a raíz de esto abandonan sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades, particularmente en Estados Unidos de América, lo que a su vez genera problemas de desintegración familiar y de salud entre otros.

Por otra parte, los recursos aprobados para los programas que atienden al sector forestal, se enfocan principalmente a programas de reforestación, plantaciones forestales comerciales y combate a incendios, en cambio los programas dirigidos a promover y fortalecer un manejo forestal sustentable y comunitario sólo representa el 20 por ciento del presupuesto del sector.

Por citar sólo un ejemplo, el monto de apoyo para el manejo forestal sustentable en el 2005 fue de 212.54 pesos por hectárea, mientras que el apoyo para plantaciones forestales comerciales fue de 7 mil 844.4 pesos por hectárea.

Un elemento adicional a la problemática descrita de las zonas de montaña y sierra es la producción y comercio ilícito de drogas, ya que la delincuencia organizada los utiliza, aprovechándose de la necesidad de sobrevivencia de sus pobladores.

En este sentido, es necesario crear conciencia de la importancia de los ecosistemas y la necesidad de mejorar el bienestar de los habitantes montañeses y desarrollar e implementar políticas estrategias de desarrollo sostenible y crear políticas y leyes favorables a las montañas, adaptadas a las necesidades, prioridades y condiciones de las diferentes entidades o regiones del país con una visión de largo plazo.

Es por eso que, confiando en la sensibilidad de todos ustedes, solicito su solidaridad con uno de los sectores más pobres y desprotegidos de nuestro México: las comunidades de las regiones de sierra y montaña, a fin de aprobar recursos para un nuevo programa que atienda y apoye de manera integral a los municipios más pobres de la sierra y la montaña y coadyuvar a su desarrollo sustentable. Recordemos que nuestro bienestar futuro y la salud del planeta y de nuestro México dependen de sus sierras y montañas.

Asimismo se propone que este programa incluya tres vertientes para su atención:

En el aspecto social: Alimentación, salud y salubridad, educación y capacitación, servicios del bienestar social (agua, drenaje y electrificación), vivienda digna, comunicaciones --caminos y carreteras, telefonía y radio rural--, organización y sensibilización social.

En el aspecto económico: Aumentar el ingreso familiar, crear y mantener el empleo, desarrollar y diversificar las actividades productivas autosostenibles, fomentar el abasto rural regional, arraigar a los jóvenes en su comunidad y apoyar al sector productivo de la zona mediante inversiones integrales (producción-procesamiento-industrialización-comercialización).

En el aspecto ambiental: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que otorgue valor significativo a los elementos naturales del área, genere y garantice una derrama económica a la población local, no modifique ni ponga en riesgo el entorno natural del área, preserve el medio ambiente, establezca plantas de tratamiento y depósito y confinamiento de desechos.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Uno. se exhorta a las comisiones encargadas de revisar y aprobar los programas y recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, aprobar la creación del programa de atención integral a los municipios más pobres y marginados de las zonas de sierra y montaña de México, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a garantizar un monto suficiente para la ejecución de dicho programa en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Dos. Se exhorta a las comisiones correspondientes de esta honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado al sector forestal para que pase del 0.12 por ciento al 0.50 por ciento del Presupuesto de Egresos.

Tres. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las áreas correspondientes, se modifiquen las reglas de operación, a fin de dar prioridad a la atención de las comunidades que habitan las regiones de sierra y de montaña, así como a ampliar los apoyos a las comunidades que ya hacen un manejo sustentable de sus bosques e incorpore una mayor superficie forestal del país que actualmente no recibe apoyos y se encuentra sin manejo.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2005.--- Diputado Joel Guerrero Juárez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitan recursos adicionales para ampliar el alcance de los fondos mixtos que operan los estados con la federación en materia de desarrollo cultural, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del PRI

Desde la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se estableció como una de sus prioridades la descentralización de bienes y servicios, de los recursos presupuestales y de las decisiones sobre su ejercicio.

En ese orden de ideas han sido creados los Fondos Especiales para el Estímulo y Apoyo a la Creación Artística, de Desarrollo Cultural Infantil, de Fomento a la Lectura, de Desarrollo Cultural Municipal, de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), y Regionales; que, producto de su pertinencia, se han institucionalizado al interior del sector cultural.

En todos los casos esas acciones, agrupadas bajo la denominación genérica de Fondos Mixtos, están amparadas en instrumentos jurídicos que implican obligaciones de aportación para las partes y la aplicación de mecanismos plurales, ciertos y transparentes para la asignación de los recursos.

A mayor abundamiento, en el caso específico de los Fondos de Desarrollo Cultural Municipal, se consideran aportaciones paritarias de los tres ámbitos de gobierno y, el órgano responsable de la asignación de los recursos, está integrado en su gran mayoría por representantes de la sociedad civil, designados a través del municipio, a propuesta de la comunidad.

Lejos de los argumentos centralistas que aseguraban que esos recursos serían aplicados para cursos de macramé o de belleza, las comunidades municipales han decidido aplicarlos para apoyar proyectos de recuperación de memoria histórica, de preservación de patrimonio cultural local y de capacitación en promoción cultural.

Es claro que lo que comenzó siendo una medida redistributiva del ingreso, se ha convertido en un medio para fortalecer la identidad local y construir un discurso para la comunicación intercomunitaria.

En ese orden de ideas, no me parece exagerado decir que los recursos que son aplicados a las acciones de descentralización cultural, a través de los Fondos Mixtos que opera el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con las instituciones estatales de cultura y los municipios, aunque de manera limitada por el monto de los recursos de que se dispone, han contribuido a darle continuidad y fortaleza a la red social que sigue sosteniendo el proyecto de nación.

No es ocioso destacar que la Dirección General de Vinculación Cultural del Conaculta ha informado que el monto aplicado a los programas que desarrolla en conjunto con estados y municipios, si bien representan aproximadamente el 6.9 por ciento del presupuesto total del Conaculta, aportan por sí mismos alrededor del 59% del público objetivo y un 104 por ciento de la meta cuantificada en el Programa Operativo Anual de ese organismo.

Consciente y sensible a esa realidad, la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en respuesta a las gestiones realizadas por la Comisión de Cultura de la Conago, asignó recursos adicionales a Fondos Estatales, Municipales, Regionales e Infantiles, en coordinación con las entidades federativas, al PACMYC y al PAICE; en los PEF 2005 y 2006.

Con ello, se abonaba a favor de la continuidad y se permitía la ampliación de los alcances de esas acciones que, como se ha comentado atienden, a través de las instituciones estatales y de los municipios, a los primeros factores del desarrollo cultural.

Sin demérito de ello, en el ejercicio 2005, esos recursos asignados por el honorable Congreso de la Unión, fueron objeto de reasignación parcial por parte del Conaculta y, en el 2006, de recorte parcial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Quiero hacer énfasis en que el recorte aplicado a los recursos adicionales que fueron aprobadas por el H. Congreso de la Unión, en el PEF 2006, implicó la suspensión total de aportaciones federales a nueve estados y parcial a otros tres más.

Sin demérito de que el Honorable Congreso de la Unión deba de conocer de las causas que determinaron dichos reasignaciones y recortes presupuestales, es necesario que el Honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, se pronuncie a favor de la continuidad las acciones agrupadas bajo el nombre genérico de Fondos Mixtos y la ampliación de sus líneas de acción.

En ese orden de ideas y como producto de un trabajo conjunto que hemos venido realizando con la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el pasado 27 de noviembre del 2006, durante su XXX reunión ordinaria, esa conferencia aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se autoriza al coordinador de su Comisión de Cultura, para que presente formalmente ante la mesa directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados la propuesta de incremento a Fondos Mixtos y nuevas líneas de acción para Fondos Regionales, cuya inclusión se solicita dentro del PEF 2007.

No omito hacer hincapié en que la Conferencia Nacional de Gobernadores funciona como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para lograr el fortalecimiento de las entidades federativas, con objeto de que éstas contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las demandas de sus comunidades. De donde la propuesta de incremento a Fondos Mixtos y nuevas líneas de acción para Fondos Regionales que ha sido elaborada, cumple plenamente con los objetivos que se ha propuesto dicha conferencia, ya que los recursos adicionales que se solicitan, están destinados a incrementar y ampliar los alcances de programas que alientan la coparticipación presupuestal de los tres ámbitos de gobierno, que están al alcance de todos los estados de la República, que cuentan con mecanismos claros y trasparentes para la asignación de los recursos, y que han demostrado su pertinencia a lo largo del tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y en avance de la propuesta que sea formalmente remitida por la Comisión de Cultura a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el momento procesal oportuno, se ha considerado someter a la consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, con base a la propuesta específica que le sea presentada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y la propuesta de recursos que haya sido considerada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 2007 que sea remitido por el Ejecutivo, dictaminen el incremento o la suficiencia presupuestal de las partidas ordinarias correspondientes a cada uno de los órganos responsables que a continuación se desglosan, para quedar conforme a lo siguiente:

A) Al órgano responsable ``H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes'', para sumarle a las partidas ordinarias correspondientes, una cantidad adicional de $745 000 000.00 (setecientos cuarenta y cinco millones de pesos 0/100 m.n.) destinada ser aportada, a través del Conaculta y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, a Fondos Mixtos en colaboración con los estados: Estatales, de Desarrollo Cultural Municipal, de Fomento a la Lectura, de Apoyo a las Cultura Municipales y Comunitarias, de Desarrollo Cultural Infantil y Regionales.

B) Al Órgano Responsable ``D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia'', dotarlo de suficiencia presupuestal, dentro de las partidas ordinarias que correspondan, por la cantidad de $224 000 000.00 (doscientos veinticuatro millones de pesos 0/100 m.n.), destinada ser aportada, a través del INAH y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, para la creación de nuevos Fondos Mixtos en colaboración con los estados: Creación del Fondo Mixto para la Conservación del Patrimonio Cultural; y, Creación del Fondo Mixto para la atención y promoción del Patrimonio Cultural de la Humanidad radicado en México.

C) Al órgano responsable ``E00 Instituto Nacional de Bellas Artes'', dotarlo de suficiencia presupuestal, a través de las partidas ordinarias que correspondan, por la cantidad de $64 000 000.00 (sesenta y cuatro millones de pesos 0/100 m.n.) destinada ser aportada, a través del INBA y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, para la creación de un nuevo Fondo Mixto, en colaboración con los estados, para la organización conjunta de giras regionales de grupos internacionales, nacionales y estatales, de alta calidad escénica.

D) Al Órgano Responsable ``L8G EDUCAL SA de CV'', para sumarle, a través de las partidas ordinarias de inversión que correspondan, recursos adicionales por la cantidad de $20 000 000.00 (veinte millones de pesos 0/100 m.n.) destinada a ser ejercida, a través de EDUCAL, S.A de C.V. y en acuerdo con las instituciones estatales de cultura, para la instalación de al menos una nueva librería en cada uno de los Estados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a efecto que dentro del proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2007, se establezca lo necesario para que el monto total de las partidas ordinarias que se vean beneficiadas por la suma e recursos adicionales, a favor de las líneas de acción antes señaladas, no pueda ser objeto de disminución por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de transferencia entre partidas por parte de los órganos responsables de su aplicación. Al efecto, los conceptos y montos adicionales considerados dentro de las partidas ordinarias, serán consignados en un anexo de reasignación del gasto.

Así mismo, que las reglas de operación que rijan el ejercicio de dichos recursos, deberán de ser concertadas entre las partes aportantes.

Diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir y rehabilitar caminos rurales y alimentadores de Sinaloa, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las carreteras alimentadoras y caminos rurales, son la base de la infraestructura de transporte en México, porque contribuyen a la integración económica, social y cultural de los pueblos. Es una infraestructura de la mayor relevancia, ya que son redes de comunicación permanente entre los centros de población y los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural, también permiten el acceso de la población campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo regional.

Coadyuvan a mejorar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, e impulsan la integración social y productiva. De ahí la importancia de fortalecer presupuestalmente los programas de caminos rurales.

Los caminos rurales garantizan el paso de vehículos hacia las localidades rurales y las brechas son caminos con escaso trabajo técnico. En conjunto, estas vías refuerzan la comunicación regional y enlazan zonas de producción agrícola y ganadera; asimismo, aseguran la integración de las áreas.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 2004, Sinaloa cuenta con una infraestructura carretera de 17 mil 804 kilómetros; de éstos, mil 163 son carreteras federales; 2 mil 721 alimentadoras y 8 mil 360 caminos rurales.

No obstante, en nuestro estado se requiere continuar promoviendo el desarrollo de las distintas regiones con mayores rezagos en materia de infraestructura carretera, es necesario que las próximas inversiones se orienten a realizar obras para atender aquellas zonas y localidades más alejadas; y por lo tanto, las mas desprotegidas y de mayor marginación.

Sinaloa requiere que los programas de Caminos Rurales destinen mayores recursos para mejorar la vinculación regional y la interconexión local, mismas que deben llevarse a cabo de forma segura, rápida y eficiente.

La accesibilidad es un factor importante para integrar socialmente a la población de Sinaloa que vive en las regiones más apartadas; quizá muchos, desde una óptica equivocada ven a su incorporación poco rentable, sin embargo, bajo una visión social integral, las inversiones y los recursos se justifican si ello conlleva a proporcionar a las regiones un mejor equipamiento, y un consecuente incremento en el nivel de bienestar.

Sinaloa requiere fortalecer las redes de transporte en el medio rural que uniendo esfuerzos entre autoridades y sociedad, impulsen el crecimiento y desarrollo de las comunidades menos favorecidas. Al contar con mejores vías de acceso tendrán mayores posibilidades para integrarse al aparato productivo.

Durante el sexenio que concluye, no se destinaron los suficientes recursos para mejorar los caminos rurales y alimentadores, no mejoraron pese a la constante demanda de los habitantes, por lo cual el desarrollo comercial y de servicios básicos fue mínimo para las comunidades más rezagadas. Es el momento para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se contemplen mayores recursos para este rubro.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen mayores recursos para construir y rehabilitar la infraestructura de los caminos rurales y alimentadores del estado de Sinaloa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a cargo del diputado Rodrigo Medina de la Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destine un monto mínimo de 7 mil 870 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al tenor de las siguientes

Consideraciones

En materia de seguridad pública en necesario conocer un panorama general del comportamiento de la delincuencia de nivel mundial y nacional. Aproximadamente, ocurren al año 70 millones de delitos en el mundo denunciados ante las autoridades, y más de 200 millones de delitos no son denunciados. El 80 por ciento de los crímenes se concentra en 20 países (10 de ellos industrializados). El 12 por ciento de los delitos ocurridos fueron violentos. Hubo 40 millones de robos (casi 2 millones con violencia). Fueron robados más de 4 millones de vehículos. Se cometieron 313 mil homicidios intencionales y 6 millones y medio de lesiones dolosas. Hubo casi 334 mil violaciones y unos 5 mil secuestros en todo el mundo.

En México hay comparativamente más violencia:

Casi en la mitad de las viviendas del país por lo menos un miembro fue víctima de algún delito. De las viviendas con víctimas: 51 por ciento fue víctima de un solo delito; 28 por ciento, de dos delitos, y 21 por ciento, de tres delitos o más.

En el mundo en promedio se cometen 140 delitos violentos por cada 100 mil habitantes y en México hubo 413 solo en 2003. En el 2004, los delitos patrimoniales representaron el 84 por ciento de los que se cometieron en nuestro país.

En el mundo, en promedio, el 12 por ciento de los delitos son violentos, en México el 30 por ciento. Nuestro país es el quinto con mayor proporción de delitos violentos y tiene el segundo lugar mundial en secuestros y el quinto en robo con violencia.

En México el crimen ha crecido en forma súbita:1

Entre 1990 y 1997 el crimen aumentó en 46 por ciento; entre 1997 y 2000 la incidencia bajó en un 15 por ciento; en los años 2002 y 2003 el crimen repuntó. En 2003 había 4 por ciento más delitos que en 2000. En 2003 la incidencia criminal fue 29 por ciento superior a la de 1990.

México necesita reducir los índices delictivos, para ello es necesario dar capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública federal, estatal y municipal. Los objetivos nacionales se pueden considerar como los fines que busca el Estado; tratar de definir lo que se entiende por objetivos nacionales no es fácil, evidentemente, ellos constituyen formas de concreción de las aspiraciones nacionales y como tales, son susceptibles de hacerse realidad mediante un proceso de decisión, programación y acción política.

Deben ser asuntos de la más alta consideración para la seguridad del Estado. El logro de los objetivos nacionales específicos debe eliminar los obstáculos o fomentar el progreso hacia el de los objetivos nacionales básicos.

Los fines del Estado deben por necesidad concretarse en objetivos que la nación debe alcanzar. Tales son los objetivos nacionales, expresión de las aspiraciones o intereses de la naturaleza histórico-política de la nación, que tiene en cuenta las necesidades, situaciones y posibilidades de garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

Por las características de los fines, los objetivos nacionales engloban dos finalidades y se materializan en tres objetivos específicos de desarrollo, bienestar y seguridad.

Entonces el concepto de seguridad hay que entenderlo en su debida dimensión e importancia de lo que significa para el desarrollo actual de una nación con necesidades, intereses y aspiraciones propias. Si la acción humana se caracteriza por el ejercicio de la libertad y de la racionalidad, los intereses individuales y colectivos deben confluir en el proceso de convivencia social, de tal suerte que la articulación armónica de ambos se orienta para alcanzar el desarrollo político, económico, social y cultural.

Es necesario destinar mayores recursos al combate a la delincuencia y al crimen organizado:

En 1998, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, incorporándose al capítulo V, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Esta ley que tiene por objetivo coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, así como establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en relación a los ingresos federales, contempla en sus artículos 44 y 45 las reglas generales por las que se regirá el fondo que hoy nos ocupa.

En el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se establecen las reglas para la definición de los montos que corresponderán a cada estado, atendiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública considerando los criterios siguientes: número de habitantes, índice de ocupación penitenciaria, tasa de crecimiento de indiciados y sentenciados, avance en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

En el artículo 45 la citada ley se establece el destino primordial que los recursos federales deberán de tener que es el atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura de las entidades federativas y el Distrito Federal.

No obstante la importancia de este fondo, si se analiza la evolución de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) vemos que este se ha visto disminuido tal como lo muestran las siguientes cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas:

Estoy convencido de que el destinar mayores recursos a las entidades federativas es fundamental para ofrecer resultados positivos a nuestros representados. En este orden de ideas y atendiendo al principio de corresponsabilidad que debe imperar en las tareas de seguridad pública, las entidades federativas son quienes tienen más próxima la responsabilidad de atender las necesidades de la ciudadanía. Una de las principales metas es controlar y detener la ola de violencia que impera en el territorio nacional.

Esta cantidad propuesta de 7 mil 870 millones de pesos que, de aprobarse este acuerdo, se destinarán para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), representa la oportunidad de recuperar los niveles de gasto en materia de seguridad pública que imperaban en el año 2001, cuando esta soberanía refrendó el compromiso del Ejecutivo federal de destinar mayores recursos a esta tan importante tarea del Estado. Esta cantidad simplemente representa, en pesos constantes de 2006, la cifra récord destinada para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y que sería el marco de referencia para el ejercicio fiscal próximo, si ese primer entusiasmo del sexenio que recién terminó, se hubiese materializado en un compromiso a largo plazo.

Por los motivos y fundamentos expuestos someto al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destine un monto mínimo de 7 mil 870 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Notas:

1. Nota: La información proviene del ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, AC.) El período de referencia de la ENICRIV (Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización 2004 -- México)corresponde a 5 años y medio: de enero de 1999 al primer semestre del 2004.

Todos estos cálculos son en términos relativos (tasa por 100 mil habitantes)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2006.--- Diputado Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, sobre los recursos presupuestales en materia agropecuaria, silvícola y minera del estado de Chihuahua, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del estado de Chihuahua, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Como representantes de nuestros distritos y circunscripciones, y al haber sido depositarios de la confianza y del voto libre y secreto por parte de diversos sectores de la sociedad, tenemos la obligación, por convicción responsable, de elevar a la agenda pública las diversas problemáticas que se generan dentro de nuestras comunidades.

Nuestros representados han confiado en nosotros, votaron por nosotros, porque saben que este es un espacio de toma de decisiones, en donde sus intereses deben estar representados. Como servidores públicos, debemos llevar las diversas problemáticas hasta resoluciones responsables y realistas a través de la estructuración de políticas públicas. En esta Cámara, decidiremos, por ejemplo, a lo largo de lo que resta del mes la forma en que el Presupuesto de México se gastará durante 2007, que por cierto, en rubros como el social y el económico se muestra recesivo en relación con el del año pasado.

El Ejecutivo propone menos recursos para el campo, propone recortar el presupuesto de la UNAM, entre otras insensibilidades. Afortunadamente, el Legislativo, es un poder autónomo, que lejos de ser un obstáculo, como lo decía la anterior administración, se constituye como un equilibrio responsable, comprometido con México, que con seriedad, analizará y corregirá estas iniquidades.

La confianza de nuestros representados debe ser correspondida asumiendo firmemente sus demandas y banderas, para que, con el uso práctico y honesto de las herramientas de la política, sean susceptibles de ser cumplidas. Para que sea viable llevarlas al terreno de lo posible. Ésta es sin duda nuestra responsabilidad fundamental.

En este contexto y con referencia al estado de Chihuahua, los chihuahuenses constatamos día a día como las condiciones del campo de nuestro estado se constituyen como un extremo de la problemática nacional. Sus condiciones de aridez y las formas de producción, que se caracterizan por la dependencia del suministro de agua, representan una afectación grave de la región y, sin duda, requiere la toma de acciones inmediatas y de largo alcance.

El deterioro al acceso a los recursos naturales se deteriora minuto a minuto. El agua es un triste ejemplo que se observa no sólo en nuestro estado sino en todo nuestro país y verdaderamente se constituye en un asunto de seguridad nacional.

Las organizaciones de nuestro estado nos plantean que la estabilidad y el desarrollo del campo es un asunto Estado-sociedad. La fundamental importancia del campo mexicano, a través de las actividades forestales y agropecuarias, radica en los indisolubles nexos de vida que se vinculan con las comunidades, ubicados en tres niveles: el alimentario, el ambiental y el social.

En este contexto, los productores chihuahuenses nos han expuesto que las contingencias ambientales extremas son materia del interés público que va más allá de las regiones y se requieren medidas integrales de largo alcance que permitan hacer frente a los problemas ambientales, económicos, políticos y sociales.

Existe una necesidad inaplazable de que nosotros, los servidores públicos, renovemos nuestro compromiso con el campo mexicano. Debemos revisar las tendencias de explotación de los recursos naturales, debemos construir un esquema competitivo de las actividades rurales, de valor agregado de sus productos, además del empleo, ingreso, calidad de vida.

Estas alertas, como he dicho, nos han sido hechas por los agricultores, por los silvicultores, por los mineros de mi estado. Es responsabilidad nuestra, de los servidores públicos, hacer efectivos nuestros canales de comunicación con nuestros representados.

En este sentido y ante la inminente negociación del PEF de 2007, nosotros, los diputados federales chihuahuenses, suscribimos el punto de acuerdo consensuado por los diputados del Congreso de Chihuahua mediante el cual exhortan a las comisiones de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para que se incluyan dentro la aprobación del PEF 2007 las propuestas de las organizaciones de agricultores silvícola y mineros de nuestro estado.

Por ello proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los diputados federales del estado de Chihuahua emitimos un respetuoso exhorto a todas las comisiones involucradas en la estructuración y aprobación del presupuesto para el estado de Chihuahua en materia agropecuaria, silvícola y minera para que observen invariablemente las propuestas y necesidades de los sectores referidos.

México, DF, Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputados: María Eugenia Campos Galván, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, Felipe González Ruiz, María Soledad Limas Frascas, Cruz Pérez Cuéllar, Carlos Armando Reyes López, Israel Beltrán Montes, César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Enrique Serrano Escobar, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Rubén Aguilar Jiménez, Jacinto Gómez Pasillas.»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita un incremento del presupuesto destinado a los grupos vulnerables y al combate de la pobreza, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal, Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a incrementar el presupuesto destinado a los grupos vulnerables en particular para el combate a la pobreza, para el ejercicio fiscal 2007. Bajo las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos seis años, México, y el gobierno federal desarrollaron políticas públicas dirigidas a población en situación de vulnerabilidad, ya por ser una persona con discapacidad, persona indígena, de género y en particular en lo que respecta a la pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza sigue siendo un reto central para el desarrollo del país, pues hasta 2002, la mitad de la población vivía en pobreza y un quinto en pobreza extrema. El nivel actual de pobreza se encuentra apenas por debajo de los niveles prevalecientes antes de la crisis 1994-1995.

Así lo indica un estudio del Banco Mundial, el cual destaca que México ha logrado avances en términos de las capacidades humanas de la población, entre ellas, salud, nutrición y educación. México está razonablemente cerca del punto en que se esperaría que estuviera, dado su nivel de ingresos, con respecto a las condiciones educativas y de salud, y a los niveles de prestación de servicios. ``Las estadísticas del reporte sobre las cuestiones de pobreza extrema demuestran que, de hecho, ha habido una reducción de 24,2 por ciento a 20,3 por ciento en el número de personas que viven en pobreza extrema de México'', aseguró James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial. ``La pobreza moderada también se ha reducido de 53.7 por ciento a 51.7 por ciento; éstos son movimientos importantes en un momento en el que el crecimiento económico fue significativamente desafiante''.

En la última década, el patrón de cambios en la pobreza ha seguido de cerca el ciclo macroeconómico y el ritmo asociado al mercado de trabajo. La crisis de 1994-1995 constituyó un enorme revés: la pobreza extrema se incrementó de 21 por ciento de la población en 1994 a 37 por ciento en 1996. Entre 1996 y 2002 la pobreza extrema disminuyó en 17 puntos porcentuales a 20 por ciento, sólo un punto porcentual por debajo del nivel antes de la crisis de 1994. Las tendencias de superación de la pobreza en el periodo 2000-2004 son alentadoras, pues se registró un declive significativo de la pobreza extrema a pesar del estancamiento en los ingresos promedio. No obstante, la reducción en la pobreza moderada y extrema en áreas urbanas no fue significativa.

``La reducción de la pobreza extrema a nivel rural y nacional entre 2000 y 2002 sí es estadísticamente significativa'', de acuerdo con Michael Walton, asesor regional para Reducción de Pobreza y Desarrollo Humano del Banco Mundial. Algunos de los factores que contribuyeron a la disminución fueron el crecimiento de las remesas internacionales para los pobres extremos en las zonas rurales y el aumento de las transferencias gubernamentales dirigidas a los pobres extremos a través de Oportunidades, de acuerdo con información del Banco Mundial. Otras razones que contribuyeron a la disminución de la pobreza fueron el crecimiento real de ingresos laborales en actividades poco calificadas; una reducción en los retornos a la educación superior desde 1997 y una reducción en las diferencias de los salarios entre áreas rurales y urbanas.

La pobreza en el país es un desafío importante y que está asociada a una gran desigualdad, la cuál sigue siendo alta sobre todo en las áreas rurales y se mantiene en el promedio latinoamericano y a niveles anteriores a la crisis, aun cuando disminuyó cerca de dos puntos porcentuales. La pobreza también está asociada con la exclusión social, especialmente de los grupos indígenas, de acuerdo con cifras de la Sedesol, 44 por ciento de los indígenas se encuentra en el quintil más pobre de ingreso; estos grupos constituyen 20 por ciento de los pobres extremos y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, educación y acceso a servicios básicos.

Existe gran heterogeneidad de la pobreza entre y dentro de los estados, los indicadores de infraestructura básica social y de ingreso muestran que aun dentro de los estados más ricos existen diferencias importantes en los niveles de bienestar de la población. Si bien la brecha en infraestructura social entre los estados más pobres y los más ricos del país, se ha reducido, aun falta mucho por hacer, sobre todo en la parte monetaria o de ingresos. Por ejemplo, en el sur del país hubo progreso en términos de la provisión de infraestructura básica social, pero ésta se mantiene todavía como una de las zonas más pobres del país.

El carácter prioritario que merecen los temas de pobreza en nuestro país, demuestra la importancia de impulsar soluciones multilaterales a problemas que afectan a la Federación y que por ello requieren de una amplia cooperación entre las áreas e instituciones involucradas, para atenderlos con eficacia y eficiencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorte al Ejecutivo federal, a incrementar el presupuesto destinado a los grupos vulnerables en particular para el combate a la pobreza, para el ejercicio fiscal 2007.

Segundo. Que la Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias con el objeto que los programas institucionales involucrados en el combate a la pobreza, instrumenten y fortalezcan éstos dedicados a erradicar este mal de nuestro país mediante la optimización de los recursos asignados para este fin.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre del 2006.--- Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se etiqueten recursos para la Secretaría de Marina, a efecto de que pague al gobierno de Veracruz recursos utilizados en la construcción de la base de adiestramiento de tripulaciones de vuelo, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX legislatura, con base en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que etiquete recursos a una partida especial correspondiente a 160 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, en lo relacionado con el rubro presupuestal destinado a Secretaría de Marina para pagar al gobierno del estado de Veracruz dicho monto, que fue utilizado para la construcción de la base de adiestramiento para tripulaciones de vuelo.

Antecedentes

El pasado martes 28 de noviembre, el almirante Marco Antonio Peyrot González, en ese entonces secretario de Marina, acompañado del gobernador del estado de Veracruz, licenciado Fidel Herrera Beltrán, así como de autoridades civiles, militares y navales, inauguraron el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo, ubicado en las instalaciones de la Base Aeronaval de Veracruz, en Las Bajadas.

Este centro, único en su tipo en Latinoamérica cuenta con un simulador prototipo en el mundo, diseñado e implementado bajo los requerimientos de la compañía constructora y certificado por el Departamento de Estándares de Vuelo del Servicio de la Aviación Civil de Rusia y está en trámite la certificación de las autoridades de la Aviación Civil en México, con lo cual se estará en capacidad de entrenar y certificar tripulaciones y personal técnico de otras dependencias nacionales o extranjeras. El simulador permite a la tripulación integrada por el comandante de helicóptero, el copiloto y el mecánico de a bordo lo siguiente:

Estas instalaciones permitirán preparar al personal de pilotos de la Armada de México en helicópteros MI-17 y por su versatilidad en aeronaves de ala rotatoria de otros tipos.

Cabe destacar que desde 1994, esta Institución cuenta con helicópteros MI-17 y sus resultados durante todo este tiempo han sido satisfactorios, al emplearse como transporte para evacuar a personal civil en zonas afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, como fue el caso en las costas de Quintana Roo debido al paso del huracán Wilma.

El Centro de Mantenimiento Técnico y Reparación Integral para helicópteros MI-17 surgió como un proyecto conjunto de la Secretaría de Marina-Armada de México con la compañía rusa Empresa Federal Estatal Unitaria (EFEU) Rosoboronexport, en el marco de un contrato de reparación de cinco helicópteros, (actualmente se tienen 22) obedeciendo a las exigencias de contar con un centro de servicios técnicos que permitieran autonomía en el mantenimiento de estos helicópteros y al mismo tiempo capacidad de proporcionar servicio a terceros nacionales y extranjeros. Su creación pone a México a la vanguardia en toda Latinoamérica en esta materia y es base para el desarrollo de la industria aeronáutica del país.

Con este proyecto la Armada de México cubrirá su demanda interna que justifica su existencia, ya que en el país no existe proveedor para este tipo de servicios y se tiene la necesidad de recurrir al país de origen (Rusia), específicamente en lo que a reparación se refiere, toda vez que en el Centro de Mantenimiento Aeronaval de Veracruz, se aplica el mantenimiento técnico periódico únicamente.

El proyecto será capaz de proporcionar también servicio a terceros, considerando como potencial demanda el mercado latinoamericano, el cual se encuentra constituido por:

Colombia con 14 aeronaves, Ecuador, con 5 aeronaves, Perú con 60 aeronaves, Costa Rica con 1 aeronave, Cuba con 46 aeronaves, Nicaragua con 10 aeronaves y México con 60 aeronaves. Anualmente se podrán realizar seis reparaciones mayores y 40 servicios de mantenimiento técnico periódico a 40 aeronaves MI-17.

Sin embargo, es necesario destacar que el Gobierno del Estado de Veracruz en un gesto solidario apoyó la construcción de este centro con una aportación de 160 millones de pesos, por lo que diputados originarios de esta entidad solicitamos que le sean devueltos estos recursos a la administración estatal señalada para realizar la construcción de escuelas, caminos y otras obras de infraestructura que están pendientes en el estado.

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a que etiquete recursos a una partida especial correspondiente a 160 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, en lo relacionado al rubro presupuestal destinado a pagar un apoyo que proporcionó el gobierno de Veracruz para la construcción de la Base de Adiestramiento y Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 12 días del mes de diciembre del año 2006.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para ampliar la carretera Guadalajara-Autlán de Navarro, en Jalisco, a cargo del diputado Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Que la carretera federal No. 80, Guadalajara-Autlán de Navarro, construida en 1960, es la única carretera libre que comunica directamente a la capital del estado y su zona metropolitana con una costa de 320 Kms. a través del entronque con la carretera federal No. 200.

2. Que dicha vía cruza 13 municipios con una población de casi 500 mil habitantes, comunicando a toda la región central con la costa del estado de Jalisco y que según los especialistas, presenta hoy una sobrecarga en sus dos cuerpos con un aforo promedio diario anual de 4,450 vehículos. No obstante lo anterior, la costa de Jalisco es la región de nuestro estado con menos infraestructura carretera.

3. Que por la misma antigüedad de esta vía carretera, es urgente implementar las nuevas tecnologías observadas en las obras de infraestructura del resto del país. Ello permitiría hacer rectificación de trazos, modernización de curvas y los tan necesarios carriles de ascenso o tercer carril, en las zonas sinuosas o montañosas, pues la carretera cruza en 4 o 5 tramos los macizos montañosos de la Sierra Madre Occidental y de la cadena montañosa que forman parte del Eje Volcánico.

4. Que es una vía de vital importancia para la subsistencia económica de la región ya que por esta vía por la que se transportan materias primas e insumos esenciales como fertilizantes y productos agrícolas, ganaderos, forestales y agroindustriales que se cosechan y obtienen en las más de 60 mil hectáreas de riego y humedad, y más de 300 mil de temporal y forestales.

Más aún, es la única vía por donde se transportan los productos minerales de casi una decena de empresas caleras y cementeras que abastecen a la zona metropolitana, los Altos y el Bajío de insumos para la construcción.

5. Que si bien en su momento fungió como eje motor del desarrollo económico de la zona, las condiciones actuales de peligro y saturación de la carretera, restringen e inhiben el crecimiento económico. Lo anterior limita sustancialmente las oportunidades de negocio y desarrollo turístico, agrícola, industrial y pesquero de toda la región. Por tal motivo, los cuantiosos recursos naturales existentes no se han podido aprovechar adecuadamente en beneficio económico de nuestro estado.

6. Que los presidentes municipales (algunos de los cuales son a su vez presidentes de algunas regiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado --Coplade-- de Jalisco), han expresado en varias ocasiones que, de manera paralela y conjunta, han realizado aportaciones para que la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno del estado de Jalisco realice los estudios respectivos para la modernización y ampliación de esta vía.

7. Que actualmente se están terminando los tramos licitados, con las asignaciones presupuestales del 2004 y del año 2005, que comprenden los 13 kilómetros entre el entronque de Acatlán de Juárez y Villa Corona.

8. Que el pleno de este Congreso federal asignó recursos por 100 millones de pesos en el decreto de Presupuesto de Egresos del presente año, a fin de continuar la ampliación de la carretera de referencia por un tramo de 10 kilómetros a partir de la población de Villa Corona Jalisco.

Estos recursos, de acuerdo con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco, no pudieron ser ejercidos por falta del proyecto ejecutivo para la licitación de la obra y por ende para su realización.

Por lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable Soberanía, como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a que incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la cantidad de 100 millones de pesos para la ampliación de la carretera federal número 80, Guadalajara-Autlán de Navarro, en un tramo de 10 kilómetros a partir de la población de Villa Corona del estado de Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitan a las autoridades correspondientes el diseño y la ejecución de un plan de desarrollo regional del Pacífico sur, así como un fondo de contingencia económica para esa región, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal, Modesto Brito González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, inciso f), de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 de la ley orgánica, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno. El desarrollo Nacional y regional no debe fragmentarse, ello propiciaría la desigualdad en el proceso de integración federal. Este es un nuevo desafío al que se enfrenta la Nación, sobre todo, los estados que manifiestan rezagos históricos, producto de circunstancias particulares. En el país existen áreas subdesarrolladas, agravadas durante los últimos 20 años. Esta política económica aplicada en el Pacífico sur y en todo el país, ya no es viable. Seguir pensando en sostener la misma política económica en esta región, sólo conducirá a romper finalmente el tejido social y propiciar, más abandono y miseria.

Dos. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los tres estados más pobres de la nación, pese a contar con importantes recursos naturales para su desarrollo.

También en estos estados existen numerosas organizaciones sociales y movimientos que exigen respuesta a las instituciones gubernamentales. El desarrollo económico fue y ha sido excluyente en esta región. Actualmente todos los indicadores económicos muestran un panorama devastador en el Pacífico sur. Se ha profundizado el subdesarrollo regional dentro del país.

Tres.Durante el sexenio que feneció, fue evidente que no se quiso resolver la crisis de la región, por el contrario, la misma sólo se administró; los programas federales de gobierno fueron y siguen siendo pensados, como acciones de caridad o de filantropía pública, matizados por el clientelismo y manipulación ideológica de la pobreza, al reducir a ésta, a un problema de carencias y no de ejercicio pleno de derechos para poderla superar. Es así que la acción del gobierno federal, por medio de la aplicación de los programas de diversas instancias, se han convertido, en mecanismos que parcialmente pretenden resolver, sin perspectiva de futuro, los problemas; sin seriedad, sin ver el fondo y causas de los mismos. Esto ocurre con las nuevas problemáticas aparecidas en la sociedad, como efecto del modelo económico neciamente aplicado.

Cuatro. De acuerdo con los indicadores socioeconómicos del Consejo Nacional de Población (Conapo), Guerrero, Chiapas y Oaxaca, conforman el triángulo de la pobreza extrema del país.

Como sabemos, en estas tres entidades del sureste, poco se ha resuelto o nada, para superar las condiciones que generan la miseria y propician la marginación. No aparecen las condiciones para propiciar oportunidades a las sociedades del Pacífico sur.

La ausencia de sensibilidad ante esta realidad, no debe ser lenguaje del Estado mexicano y mucho más ante el rotundo fracaso de la política económica aplicada en los últimos 25 años; que agudizó las diferencias de clase, separó familias y aniquiló las esperanzas de vida de una generación...

De acuerdo con la organización no gubernamental de carácter internacional Si Paz, en sus estudios realizados de la región arrojan los datos siguientes:

Guerrero

El estado de Guerrero cuenta con 3 millones 79 mil 649 habitantes, de los cuales 17.2 por ciento son indígenas (529 780 personas). La población indígena en Guerrero se encuentra esencialmente en la zona de la Montaña y en menor medida en la Costa Chica, siendo éstas las zonas más marginadas del estado.

La población indígena se reparte en 4 grupos:

212 mil nahuatls (nauas), o sea el 40 por ciento de la población indígena.

148 mil mixtecos (na savi), o sea el 28 por ciento

116 mil tlapanecos (me'phaa), o sea el 22 por ciento

47 mil 500 amuzgos (suljaa'), o sea el 9 por ciento

La Montaña de Guerrero, forma parte de las 36 zonas prioritarias del país, que tienen como denominador común la pobreza, la migración, la violencia y la militarización. De los 17 municipios de la Montaña, 11 son considerados como de muy alta marginación (Conapo 2004). Metlatónoc es el municipio más pobre del país, seguido por Coicoyán de las Flores Oaxaca, municipio colindante.

Trabajo

Más de 53 mil trabajadores no tienen ningún ingreso fijo. La población indígena es la más afectada, un 46 por ciento de los indígenas de más de 15 años no tienen ingresos.

Cerca de 28 mil trabajadores, que representa el 24 por ciento de la población indígena de más de 15 años en Guerrero, perciben menos de un salario mínimo mensual.

Se observan grandes disparidades: en Acapulco, un 5 por ciento de la población indígena de más de 15 años no recibe ingresos; mientras en Acatepec o en Atlixtac región de la Montaña, cerca de 80 por ciento de la misma franja de población no recibe ingresos.

Marginación

Guerrero ocupa el segundo lugar nacional a nivel de marginación por sus viviendas (Fuente: INEGI 2000).

Entre el 80 y 100 por ciento de las viviendas en los municipios indígenas de Guerrero no cumplen con las condiciones mínimas de una vivienda digna.

El 40 por ciento de las viviendas tienen piso de tierra.

El 29 por ciento de las viviendas por un 72 por ciento en la Montaña no tienen agua entubada y más de 500 comunidades un 56 por ciento padecen del mismo problema en un entorno donde las fuentes de agua son pocas y alejadas.

Guerrero es el segundo estado con mayor índice de analfabetismo en las mujeres más del 23 por ciento, comparado con un 9.5 por ciento a nivel nacional; Chiapas ocupa el primer lugar con un 25.5 por ciento, y Oaxaca el tercero con un 22 por ciento. 45.4 por ciento de la población indígena, uno de cada dos personas de más de 15 años no pasó por la escuela mujeres en mayoría.

Salud

El 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de Hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos: la Montaña cuenta con un Hospital General en Tlapa para atender a 300 mil 500 personas, repartidas en 17 municipios 6 hospitales básicos comunitarios, sin especialistas ni insumos básicos; y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no cuentan ni siquiera con la presencia de un médico general y funcionan sólo con enfermeras.

Desnutrición

En Guerrero se encuentran 22 municipios con elevados porcentajes de desnutrición en la población.

La mortalidad infantil es particularmente elevada en algunos municipios: en Chilapa, zona centro, colindando con la Montaña mueren 89 niños por cada mil nacidos vivos, mientras el promedio es de 28 en México y de 6 en los países industrializados. Muchos niños mueren de enfermedades fáciles de curar en países del primer mundo (Fuente: UNICEF 2005).

Tierra

El concepto de tierra es distinto según los pueblos indígenas y la población mestiza. Los pueblos indígenas siguen considerando la tierra como algo integral la ``madre-tierra'', sagrado y colectivo, que no se puede vender. Han predominado en México los regímenes de propiedad ejidal y comunal de la tierra:

Ejidos: cada ejidatario recibe una parcela de tierra y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo, la tiene que tomar la asamblea de ejidatarios en su totalidad.

Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre todos.

En Guerrero, el 75 por ciento de la superficie total de las tierras laborables están bajo esos regímenes:

956 mil 895.94 hectáreas son tierras ejidales.

239 mil 848.10 hectáreas son tierras comunales.

Según la Procuraduría Agraria, existen 45 conflictos agrarios en Guerrero (hasta ahora los conocidos). De esos casos, la mitad son considerados como ``focos rojos'', o sea con un fuerte riesgo que deriven en enfrentamientos armados. El estado tiene ya un alto índice de muertos, heridos, desplazados y encarcelados, debidos a conflictos agrarios.

Recursos naturales

El estado de Guerrero es una entidad rica en recursos naturales. En sus 63 mil 794 kilómetros cuadrados de extensión, que corresponden al 3.3 por ciento de la superficie nacional y al 14o. lugar respecto a la superficie de las demás entidades federativas, existen extensas playas, su litoral tiene una longitud de aproximadamente 500 kilómetros, yacimientos mineros y de materiales para construcción, bosques, selvas y abundante caza y pesca. Esto es posible gracias a un complejo marco físico, que comprende entre otras cosas, una variada topografía, así como una variedad de materiales litológicos y de unidades climáticas.

Guerrero es considerado como la cuarta entidad con más biodiversidad de la República, detrás de Chiapas, Oaxaca y Veracruz (Fuente: Semarnat 2005).

Chiapas

Chiapas tiene una extensión de 75 mil 634.4 kilómetros cuadrados y representa la 3.8 por ciento de la superficie del país. Chiapas está constitucionalmente dividido en 118 municipios. La capital es Tuxtla Gutiérrez. El estado ocupa el primer lugar del país en la marginación por localidad. De los 118 municipios, 109 padecen de una marginación alta o muy alta. 33 de los 44 municipios con alta marginación son predominantemente indígenas de lo por menos un 40 por ciento.

Según el censo del INEGI en el 2000, Chiapas cuenta con 3 millones 920 mil 892 habitantes, ocupando el octavo lugar de las entidades estatales más pobladas del país.

Chiapas como otros estados del sureste mexicano, tiene una composición pluriétnica y pluricultural. A través de estudios estadísticos se ha establecido que del 24 al 32 por ciento de la población, de 979 mil 614 a un millón 266 mil 43 personas, pertenece a un pueblo indígena. Los porcentajes pueden variar según los criterios utilizados en las encuestas. Por un lado, se establecen criterios visibles como hablar una lengua indígena o mantener el traje tradicional, y por el otro prevalece el criterio de la autoidentificación como indígena.

El 81.5 por ciento de la población indígena se concentra en tres regiones: Los Altos, El Norte y la Selva. Los grupos indígenas predominantes son:

Tzotzil.- 36 por ciento de la población indígena total.

Tzeltal.- 34.5 por ciento.

Chol.- 17.4 por ciento.

Zoque.- 5 por ciento.

Tojolabal.- 4.7 por ciento.

Los grupos mame, chuj, kanjobal, jacalteco, lacandón, katchikel y mocho o motozintleco, forman los otros restantes 2.3 por ciento de la población indígena del estado.

La población general de Chiapas se incrementa por un promedio del 2.1 por ciento por año, lo cual genera una mayor presión sobre la tierra.

La tasa de fecundidad del estado es la segunda más alta del país: 3.47 por cada mujer.

La población indígena es joven: el 45.5 por ciento de la población total indígena tiene de 0 a 14 años

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del estado de Chiapas, 2003.

Modelo de agricultura y recursos naturales.

En el estado domina el modelo de agricultura de subsistencia que no permite excedentes agrícolas para tener ingresos económicos extras. Chiapas es el primer Estado en la República mexicana en cuanto a la riqueza en agua que es del 30 por ciento en el país, concentrado sobre todo en Montes Azules y de energía hidroeléctrica, el 54 por ciento de la nación se genera en una sola cuenca, en el Grijalva. Dicha presa está ubicada en el municipio de Chicoasén. Esta central a pesar de generar electricidad en gran proporción desde el año de 1981 al 2006 no ha beneficiado a los habitantes del estado a pesar de tener capacidad instalada de 2400 MW.

Es paradójico que pese a ello sigan existiendo comunidades indígenas que no cuentan con luz eléctrica ni con agua entubada, debido a la inequidad existente en el estado.

Tal realidad no puede continuar, un estado rico y pueblo pobre.

Vivienda y educación

Gran porcentaje de los hogares de la población indígena no cumple con las condiciones mínimas de una vivienda digna.

La educación ha sido tradicionalmente el instrumento de las políticas indigenistas que pretendían ``aculturar'' y asimilar a los indígenas a la cultura nacional mexicana, no permitiendo ni la manifestación ni el desarrollo de su propia cultura. Por otra parte, un gran número de comunidades indígenas nunca han tenido acceso a la educación pública. Según el censo de 2000, Chiapas tiene el nivel más alto en el país en cuanto al analfabetismo. Por toda una serie de políticas discriminatorias la mayoría de las comunidades indígenas no han tenido el acceso al sistema de salud mexicano. La falta de recursos y la lejanía de algunas comunidades de los grandes centros urbanos han llevado a la agudización y reproducción de enfermedades fácilmente curables.

Desnutrición y mortalidad

El estado de Chiapas, ocupa el tercer lugar de desnutrición en el país, después de Guerrero y Yucatán, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán en 2003.

La desnutrición es la séptima causa de enfermedades en el estado de Chiapas y la décima causa de la mortalidad. En 1994, era la sexta causa de mortalidad entre gente indígena.

Los niveles de mortalidad en Chiapas son de los más altos en el país.

En México, 28 niños mueren por cada mil nacidos vivos.

Chiapas ocupa el primer lugar en el país en mortalidad infantil por enfermedades diarreicas.

La muerte materna afecta principalmente a las mujeres pobres y tiene como causas la deficiencia y la inaccesibilidad a los servicios de salud, tanto como la desnutrición, la violencia familiar, así como los embarazos prematuros y no deseados y los abortos mal practicados.

Reforma agraria

Chiapas es un estado, donde la reforma agraria implementada tras la Revolución Mexicana no llegó a efectuarse. La tierra ha quedado en manos de unos pocos terratenientes. Este hecho convirtió la tierra en uno de los principales factores de conflictividad social, que se ha profundizado con el tiempo. La búsqueda de tierras generó sobre todo a partir de los 50, un complejo proceso de migración hacia la Selva Lacandona. Esto es uno de los factores por los cuales la selva, hoy en día es uno de los escenarios de mayor conflictividad.

Recursos naturales

Chiapas guarda una gran diversidad animal y vegetal debido a su posición geográfica. Se conserva una superficie significativa de los bosques, destacando por su gran biodiversidad la Selva Lacandona. En las últimas décadas esta superficie sufrió una fuerte degradación a raíz de la explotación maderera y ganadera, así como de la fuerte presión humana sobre la tierra. A esto se añade una serie de políticas gubernamentales contradictorias que, por un lado, intentan promover la conservación, pero por otro ha seguido instrumentalizando, como una fuente de recursos naturales mercantilizables. El Plan Puebla-Panamá que siendo el proyecto de modernización y reordenamiento territorial permitiría acceso y extracción de los recursos naturales.

En Chiapas, se concentra el 30 por ciento del agua superficial del país. Chiapas cuenta con los dos ríos más caudalosos de la nación: el Usumacinta y el Grijalva.

La región hidroeléctrica más grande del país se encuentra en la reserva de la biosfera de Montes Azules.

De las más de 10 cuencas hidrológicas en Chiapas, la más importante es la del río Grijalva, que genera el 54 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Chiapas es un estado importante no sólo por el petróleo que ya se produce, sino también por las reservas que todavía no se han explotado

Oaxaca

``Ocupa los primeros lugares en migración, mortalidad materna e infantil, desnutrición, marginación, analfabetismo, escasez de infraestructura y servicios, así como de vivienda. En el Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004, editado por la ONU, Oaxaca registra un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.7164, lo que lo ubicaba en el lugar 31, sólo arriba de Chiapas. En 2004 Oaxaca tenía condiciones de vida similares a Cabo Verde; es decir, si fuera un país ocuparía el lugar 105.

En dicho informe se destaca que del 2000 a 2003 el IDH, no sufrió cambio. Entre enero y septiembre de 2004 Oaxaca recibió remesas por seis mil 926 millones de pesos, que superaron los recursos provenientes de las participaciones federales de 4 mil millones.''1

Por otro lado, para otra analista,2 ``Oaxaca, siempre al último: en esperanza de vida, marginación, producción, analfabetismo, conclusión de estudios, infraestructura, transparencia, aportación al PIB, número de médicos por enfermos o de maestros por alumnos, longitud de carreteras, inversión directa extranjera.

Pero a veces también puede ser la primera entidad en la lista: en endeudamiento, recepción de remesas y aportaciones del Gobierno Federal.

Y aunque es uno de los cuatro estados que recibe más dinero federal, es el último en cuanto a transparencia.

Lo anterior lo revela un estudio de investigadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), próximo a publicarse. Según el gobierno federal, las transferencias que destinó a Oaxaca en 2005 se incrementaron casi una cuarta parte respecto de 2000, vía los ramos 33, 25, 39 y 28.''

``Oaxaca está entre los estados con muy alta dependencia de los recursos federales. Esos datos van de la mano de otro: es la entidad donde hay menos transparencia en general, incluido el uso de los recursos públicos. Su gasto no ha servido para bajar las condiciones de marginación. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de entre los 15 municipios más pobres del país, siete son oaxaqueños...

La esperanza de vida de los oaxaqueños es de 73.2 años, cifra inferior a la media nacional que es de 76 años y que ubica a la entidad en el último lugar nacional, junto con Chiapas.

Si se mide a Oaxaca por el Índice de Marginación que revela las carencias de la población en cuanto a acceso a la educación primaria, servicios de salud o infraestructura, bajos ingresos, residencia en viviendas inadecuadas o en localidades pequeñas, aisladas y dispersas.

Oaxaca supera ligeramente a Chiapas en las privaciones asociadas a la dispersión poblacional, pues mientras en Chiapas 61 por ciento de su población ó 2.4 millones de personas, habita en localidades con menos de 5 mil habitantes, en Oaxaca asciende a 64 por ciento, 2.2 millones de personas. Basado en el índice de marginación que elabora el Consejo Nacional de Población, el estudio arroja que una tercera parte de los municipios oaxaqueños (182) presenta muy alto grado de marginación y 48 por ciento (276) alto grado de marginación.

Del resto, 76 municipios tienen marginación media; 27 baja y tan sólo nueve con muy baja marginación que corresponde a menos de 2 por ciento de los municipios .Si se le mide a nivel nacional, ocupa el lugar número tres, con grado de marginación muy alto.

Para realizar el estudio, los investigadores usaron los desgloses de informes de Gobierno, cifras de Conapo, INEGI, ONU, Secretaría de Hacienda, Sedesol, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados federal, Banco de México y Encuesta Nacional de Empleo, entre otras.

Si se le aplica la medición por índice de capital humano, que comprende el grado de equipamiento que tienen los ciudadanos para salir adelante, gracias al nivel educativo, su alimentación y salud, Oaxaca ocupa, otra vez, el lugar 31, sólo superado por Chiapas.

Otra medición, es el nivel de la infraestructura existente, el cual considera el número de maestros y escuelas por alumno y de médicos y camas por habitante, además del número de líneas telefónicas y la longitud de carreteras. En esto, permanece en el lugar 31, el penúltimo nacional...En remesas ocupó el noveno lugar y tuvo una participación de casi 5 por ciento del total nacional.

La tasa de desempleo se incrementó en los años más recientes a consecuencia del incremento de la población económicamente activa (PEA). A lo anterior hay que agregar que apenas 40 por ciento de la población mantiene al restante 60 por ciento.

Asimismo, el Banco Mundial a mantenido la opinión de que esta región representa: ``ante los niveles de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca el riesgo social en el sur de México es abundante''. Por lo que el organismo recomienda al gobierno mexicano establecer mejores políticas públicas federales y estatales de protección social dirigidas hacia los grupos vulnerables clave de la región para lograr mejores resultados en la reducción de la pobreza en los estados del sur''. Estos son señalamientos reiterados del Banco Mundial.

Cinco.Por cierto; en opinión de Américo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México aseveró, el día 6 de diciembre del año en curso, después de la presentación formal del paquete fiscal: ``Hay que superar las visiones asistencialitas y dar el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas y urgió a poner en el centro de éstas al individuo y acabar con el asistencialismo y el paternalismo... y --llamó a-- redoblar esfuerzos si queremos insertarnos en sociedades más grandes del mundo y finalmente describió a México como un país con ingresos medios altos, pero con la mitad de sus habitantes en la pobreza , destacando que el 10 por ciento del población concentra el 36 por ciento de la riqueza, eso es desigualdad y es una tarea pendiente que hay que resolver''.

En México, hoy la política social debe dar un giro completo y realizar sus tareas en función de objetivos, metas, programas y plazos definidos más allá de programas de rescate estrictamente asistencialistas, la política social debe ser un política de Estado, llegar al fondo de las cosas, no a la superficialidad de las mismas. Sólo con un planteamiento estratégico de largo plazo podrá iniciarse esta reforma profunda.

La justificación de nuestro argumento se sostiene, en base a lo anteriormente expuesto y se añaden datos del INEGI a las siguientes comparaciones:

Subsidio federal y estatal a las universidades públicas 2003(cantidades en miles de pesos corrientes)

UNAM 13,929,467.2

U. de Guadalajara 3,496,442.0

U.A. de Nuevo León 2,696,883.9

UAM 2,678,015.0

U. Veracruzana 1,920,332.3

U.A. de Puebla 1,507,321.2

U.A. de Sinaloa 1,470,098.7

U.A. de Tamaulipas 1,194,524.9

U.A. de Guerrero 688,948.6

U.A.B.J. de Oaxaca 318,287.3

U. del Mar (Oaxaca) 66,799.0

U.A. de Chiapas 403,461.8

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer por entidad federativa a 2005

Jalisco 5.9 por ciento

Tamaulipas 5.7 por ciento

Sinaloa 5.4 por ciento

Nuevo León 5.1 por ciento

Oaxaca 6.1 por ciento

Guerrero 7.1 por ciento

Chiapas 7.4 por ciento

Población emigrante y saldo neto migratorio hacia los Estados Unidos de América, por entidad federativa según lugar de nacimiento, 2000

Veracruz 1 350 282

Oaxaca 843 317

Guerrero 655 538

Tamaulipas 370 722

Chiapas 336 140

Morelos 143 964

Quintana Roo 34 139

Baja California Sur 29 883

Participación estatal en el producto interno bruto (año 2004)

Distrito Federal 22.8

Estado de México 9.5

Nuevo León 7.3

Jalisco 6.3

Chihuahua 4.3

Guerrero 1.7

Chiapas 1.7

Oaxaca 1.6

Infraestructura hospitalaria 2004

Distrito Federal

Hospitales: Hay 115 unidades médicas públicas con poco más de 29 mil 500 médicos y 314 unidades médicas particulares con 3 411 médicos.

Guerrero

Hospitales: Hay un mil 87 unidades médicas públicas con poco más de un mil 472 médicos y 99 unidades médicas particulares con 284 médicos.

Oaxaca

Hospitales: Hay un mil 287 unidades médicas públicas con 3 mil 999 médicos y 83 unidades médicas particulares con 178 médicos.

Chiapas

Hospitales: Hay un mil 170 unidades médicas públicas con poco más de 3 mil 942 médicos y 67 unidades médicas particulares con 180 médicos.

Puebla

Hospitales: Hay un mil 19 unidades médicas públicas con poco más de 6 mil 90 médicos y 131 unidades médicas particulares con 470 médicos.

Nuevo León

Hospitales: Hay 603 unidades médicas públicas con 6 mil 263 médicos y 51 unidades médicas particulares con 435 médicos.

Guanajuato

Hospitales: Hay 622 unidades médicas públicas con poco más de 5 mil 104 médicos y 226 unidades médicas particulares con 473 médicos.

Jalisco

Hospitales: Hay un mil 135 unidades médicas públicas con poco más de 9 mil 997 médicos y 168 unidades médicas particulares con 455 médicos.

Seis.Por otro lado en la región Pacífico sur, se encuentran fragmentadas las políticas para su desarrollo: No hay componentes territoriales, económicos, culturales, sociales o de acción de Gobierno que cuando menos estén integrados en proyectos multisectoriales dirigidos hacia un objetivo especifico y mucho menos proyectos de impacto regional que detonen la economía. El publicitado plan Puebla-Panamá, se quedo en eso; sólo publicidad, que por cierto obedece a intereses ajenos a la región.

Por otro lado, no existe una política estratégica que formule una nueva relación entre el Estado y la sociedad para el desarrollo de la zona.

Por ello, se requiere la construcción de un Plan regional basado en criterios de regionalización, geoeconómica, socio histórica y cultural que vaya más allá de la inversión en un sólo rubro económico, que sea multifactorial que abarque: salud, empleo, educación, desarrollo sostenible, temas de urgente atención. Que detone, las economías regionales y locales; que impida la pérdida de la biodiversidad y de los recursos naturales, que ayude a la explotación racional de los mismos.

La acción del gobierno ha sido omisa en la creación de un enfoque regional, que responda entre a las necesidades de las comunidades y de las sociedades de Guerreo, Chiapas, y Oaxaca. Se necesita que la inversión pública sea una palanca del desarrollo en el Pacífico sur que cada día produce el exilio económico hacia los Estados Unidos y a otras regiones de México, sobre todo el Norte. Ello propiciado por la desesperación y la ausencia de ofertas de vida.

Sostener la idea, por no reconocer la urgencia de atención de la zona que abarca los multicitados Estados, sólo producirá el aumento de la desesperación social.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante el pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta y se solicita a la autoridad política respectiva el diseño, elaboración y ejecución del plan de desarrollo regional del Pacífico sur, cuyos objetivos sean remontar la tendencia al empobrecimiento y al rezago social, al desempleo; para aumentar las oportunidades de educación, salud e inversión pública y privada que detone las economías regionales y locales. Dicho plan de desarrollo regional Pacífico sur,deberá construir las bases de un nuevo acuerdo social. El plan deberá inscribirse conjuntamente con sus programas como una prioridad nacional para el desarrollo. Considerando la participación social, como soporte básico en su diseño, contando con aportaciones de los tres ordenes del Gobierno, combinado enfoques regionales, locales y sectoriales. En el diseño de una política de Estado de largo plazo, y que permitan la viabilidad del región Pacífico sur. Como un nuevo diseño de plan de contingencia económica.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se cree un fondo de contingencia económica para el desarrollo de la región Pacífico sur; El que será, aplicado por medio de un plan regional, siendo sus objetivos urgentes: revertir la tendencia a la pobreza y detonar la economía de la zona.

Tercero.Que esta honorable Cámara de Diputados convoque en el primer cuatrimestre del próximo año, para la realización del foro Plan regional Pacífico sur,en el que participen los actores políticos y sociales y los tres órdenes de gobierno, cuyo objetivo sea debatir y encauzar las bases para la construcción de un nuevo pacto social en el Pacífico sur, de largo plazo y con ello compense el desequilibrio regional existente en México que contenga:

El diagnóstico de la región, principales rasgos y problemática socioeconómica: su evolución y situación actual.

Principales debilidades, potencialidades, orientaciones estratégicas y metas a alcanzar. Que regule la explotación racional de los recursos naturales y la infraestructura para su utilización como las hidroeléctricas.

Ejes de intervención de la federación y participación estatal y municipal y del Congreso de la Unión.

Método de consulta y participación de los actores económicos y sociales de la región.

Mecanismos de financiamiento para la ejecución del plan, su vigilancia y seguimiento.

No pueden seguir existiendo estados ricos en recursos naturales con pueblo pobre.

Notas:

1 Revista Vertigo, investigación Lorena Ríos, 8 de noviembre de 2006.

2 En Marcela Turati, noviembre 13, 2006 (Excélsior)

Palacio Legislativo, a 8 de diciembre de 2006.--- Diputado Modesto Brito González (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir la carretera Manzanillo-Tolimán, en Colima, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Víctor Manuel Torres Herrera, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se ha considerado a la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes como ejes estratégicos del desarrollo económico, político, social y cultural en nuestro país; es así que de los cuatro objetivos a alcanzar en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 se destaca en primer termino: ``Lograr una red de infraestructura de transportes eficaz, segura y protectora del medio ambiente, accesible a todos los mexicanos en los ámbitos nacional, regional y local y que además facilite la participación del país en la globalización''.

Con este objetivo se reafirma que el sector transportista constituye un instrumento de enlace con los demás sectores económicos del país, ya que todas las actividades económicas de producción de bienes o servicios, dependen en una u otra forma del desplazamiento de sus insumos, de sus mercancías o cargas de todo tipo y del traslado de personas como productoras o consumidoras.

La adecuada planeación de la inversión en obras de infraestructura en las comunicaciones y transportes es indispensable para el desarrollo económico del país, asimismo es importante destacar que su vida útil es de largo plazo.

La región Centro Occidente de nuestro país es una zona de alto potencial económico ya que genera más del 13% del PIB nacional, en esta región se localizan grandes centros de población con un importante desarrollo industrial, comercial y agropecuario. Sin embargo, existen zonas de gran marginación como lo es la región que comprende los estados de Colima y Jalisco y básicamente es desde Manzanillo-Minatitlán-Tolimán-San Gabriel-Tapalpa.

Ante la imperiosa necesidad de desarrollo interestatal en los rubros agropecuario, turístico y comercial, sobretodo en el municipio de Minatitlán, que es el de mayor marginación en Colima, y que colinda con los municipios de Tolimán, San Gabriel y Tuxcacuesco, Jalisco, microregiones de Sedesol y por su alto grado de marginación, los gobiernos de ambos estados se dieron a la tarea de desarrollar un proyecto de eje carretero transvolcánico, se trata de la construcción de una carretera pavimentada tipo ``C'' de Platanarillos - crucero con El Saúz/Rastrojitos, municipio de Minatitlán hasta el puerto de Toxín, municipio de Tolimán-San Gabriel-Talapa, El proyecto en cuestión se suma a otro en Jalisco que une a Tapalpa con San Gabriel, estableciéndose una ruta de Tapalpa, Jalisco hasta Manzanillo, Colima en aproximadamente 2 horas, con las consiguientes ventajas para ambos destinos y regiones. Colima puede diversificar y mejorar su oferta turística a los viajantes de cruceros, incluyendo recorridos hasta la Sierra de Tapalpa.

Por lo que respecta al puerto de Manzanillo, es el segundo puerto de importancia en la República Mexicana, entrada y salida de numerosos productos para abastecer el mercado nacional e internacional al continente asiático, por lo que consideramos que este proyecto sería fundamental para agilizar en el movimiento y distribución de bienes y servicios, así como en el transporte de personas de la región occidente de la región.

El tramo carretero comprende 24.7 kms, de los cuales 11 kms se encuentran dentro de la demarcación del estado de Colima y 13.7 kms en el estado de Jalisco, por lo que respecta al estado de Jalisco aun esta pendiente de estimar, en virtud de que actualmente el gobierno del estado de Jalisco ya está construyendo el subtramo del entronque de la carretera San Gabriel-Tolimán hacia el puerto de Toxín, y está proyectando para este año por su parte, el subtramo del puerto de Toxín a los limites con Colima con una distancia aproximada de 13.7 kms con el trazo actual de la brecha existente.

Cabe destacar que esta obra detonará el desarrollo social, económico y cultural de Minatitlán y el sur de Jalisco, aportando ventajas comerciales y turísticas para la ciudad de Colima y Manzanillo particularmente en términos del ecoturismo, e inclusive del turismo religioso ya que es la ruta que los peregrinos transitan hacia Talpa de Allende.

La ruta comprende en su mayoría las líneas de transmisión de energía eléctrica de Campos, municipio de Manzanillo, Colima, a Guadalajara, Jalisco, asimismo es la ruta que seguirá el gasoducto, por lo que esta carretera facilitara el mantenimiento de de estas obras energéticas.

En base en lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones y transportes a considerar en las partidas correspondientes de las previsiones presupuestales para el ejercicio 2007, los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera Manzanillo-Tolimán con una longitud aproximada de 11 km.

Palacio Legislativo a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para el relleno de las minas de arena en las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La explotación de minas de arena que durante los años 30 se realizó al poniente de la Ciudad de México ha derivado en serios problemas que actualmente enfrentan los habitantes de las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre, de la delegación Miguel Hidalgo. Actualmente, 70 por ciento de las viviendas edificadas en estas colonias están sobre rellenos inadecuados que pueden provocar hundimientos.

La Unidad de Rehabilitación de Edificios Urbanos de la demarcación, ha determinado que cuando se construyeron estas viviendas existían minas a cielo abierto que fueron llenadas con escombro, basura, y algunas oquedades, que se utilizaron por mucho tiempo como drenaje, por lo que hace seis años la anterior administración empezó la instalación de la tubería necesaria.

Debido a estas características la superficie donde se edificaron las casas es inestable y por tanto las filtraciones de agua socavan el suelo y provocan hundimientos y con ello daños en las construcciones, como se ha podido constatar. Ante tal situación, el gobierno delegacional invirtió 2.3 millones de pesos en el 2000 para realizar un estudio de mecánica de suelo que determinó la situación de riesgo en la que se encuentra cada vivienda asentada sobre las minas. A través de dicho estudio se determinó, además, que los sititos que requieren atención prioritaria son aquellos en los que el techo de la mina y el piso de las calles cuentan con tan sólo 2 ó 3 metros de espesor.

La administración delegacional 2000-2003 invirtió 10.3 millones de pesos en el relleno de minas, y la Asamblea del Distrito Federal asignó en 2003 una partida especial de 22 millones de pesos, los cuales fueron aplicados en las zonas de más alto riesgo. Sin embargo, es un hecho que toda esta inversión ha sido insuficiente para eliminar el riesgo de hundimientos y daños a infraestructura en la localidad.

Al realizar un recorrido por la zona, la que suscribe el presente pudo constatar la preocupación de los habitantes por que ocurran hundimientos en sus hogares, debido a que sus colonias han sido catalogadas como de alto riesgo por la Unidad de Rehabilitación de Edificios Urbanos. Aunado a esto, se encuentran las obras viales emprendidas por el gobierno del Distrito Federal que darán continuidad al Eje 5 Poniente, lo que aumenta la probabilidad de riesgo de hundimientos en la zona afectada.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único.Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción III, y 38 de la Ley General de Protección Civil, el artículo 59 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y el artículo 33 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto de esta H. Cámara de Diputados, a que asigne los recursos necesarios en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, para el relleno de las minas de arena de las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre, de la delegación Miguel Hidalgo, con el fin de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Diputada Ma. Gabriela González Martínez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos a la ampliación del sistema de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Antonio Medellín Varela, presenta ante esta H. Camara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se asignen mayores recursos destinados al incremento de infraestructura hidráulica al estado de San Luís Potosí, basado en las siguientes.

Consideraciones

De acuerdo a datos del INEGI en su Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, los estados con mayor rezago en cobertura de agua potable para sus habitantes son los de San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero y los de mayor rezago en cobertura de alcantarilladoson los de Hidalgo, Puebla, Campeche, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero y Oaxaca.

A pesar de que para el año 2006 el presupuesto asignado a la inversión destinada al desarrollo, conservación e infraestructura para abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento fue de mas de 14 mil millones de pesos, la asignación de dichos recursos no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de gran parte de los mexicanos y aun existen diferencias sustanciales entre los estados con mayor y menor cobertura en estos conceptos.

Para el caso de San Luis Potosí, al cierre del 2005 reportó una cobertura del 74.2% en alcantarillado y una cobertura del 82.7% en agua potable, considerando que la media nacional es de 85.6% y 89.2% respectivamente es evidente que San Luis Potosí se encuentra rezagado en promedio 9 puntos porcentuales en el otorgamiento de estos servicios.

Adicionalmente, para el ejercicio fiscal 2006, en la reasignación de los recursos presupuestales del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se destinaron a programas de infraestructura hidráulica, de un total de 3,800 millones de pesos, el estado de San Luis Potosí únicamente se vio favorecido con un 1.08% de ese monto, mientras que estados cuya cobertura en estos servicios rebasan el 95% se vieron favorecidos, en promedio, con el 6% de ese monto.

Es urgente y necesario que el presupuesto administrado por la Comisión Nacional del Agua sea destinado preferentemente a los estados con mayor rezago en cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento con el propósito de que en el 2007 se cierre esa brecha desigual.

Para tal propósito, San Luis Potosí requiere para el 2007 de una asignación federal de $3,725,626,322 para generar una inversión total por $4,228,777,336 para diversas obras entre las que destacan la construcción de la presa de almacenamiento El Realito, que beneficiará también al estado de Guanajuato, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales denominada El Morro así como el anexo de diferentes obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, protección civil y de cultura del agua en los municipios y comunidades del estado.

Finalmente y consciente de la importancia del desarrollo humano sustentable, me pronuncio por el uso de la tecnología de saneamiento a favor de la regeneración, preservación y adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos, así como del incremento en los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para los habitantes del estado, sin embargo, para la cristalización de estos proyectos es necesario al apoyo presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a considerar en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2007, se asignen recursos presupuestales por $3,725,626,322 dirigidos a diversos proyectos de infraestructura para la ampliación de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de San Luis Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Antonio Medellín Varela (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense todas las propuestas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE HIDALGO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto para 2007 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún- Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir el tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún- Emiliano Zapata, en Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, presentado por el Poder Ejecutivo consideró recursos totales para el estado de Hidalgo por poco más de 15 mil millones de pesos.

La Cámara de Diputados de la pasada legislatura reasignó un total de más de 2 mil 500 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales mil 188 millones de pesos, correspondieron al gasto federalizado.

Dentro de estos recursos, se contemplaron 562 millones de pesos adicionales para el programa carretero.

Al considerar las ampliaciones anteriores, el Estado de Hidalgo contó con aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2006.

En el mismo sentido, para el Programa Carretero, dentro de los recursos adicionales para ``Construcción y Modernización de Carreteras'' se consideraron 228.2 millones de pesos, de los cuales 90.0 millones de pesos se destinaron al tramo Atotonilco El Grande-Mineral del Monte; 68.0 millones de pesos se destinaron al tramo Pachuca-Ciudad Sahagún; 50.2 millones de pesos para el tramo Ixmiquilpan- Portenzuelo y 20.0 millones de pesos para el tramo Pachuca-Tulancingo.

Sin embargo, el estado de Hidalgo necesita de la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún con el propósito de reducir el tiempo de traslado entre Pachuca y Ciudad Sahagún. Asimismo, esto permitiría mejorar la seguridad para los usuarios en este tramo por el intenso tráfico de vehículos pesados que se genera y al mismo tiempo impulsar el desarrollo comercial con los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Es importante considerar que el proyecto forma parte del Proyecto de Gran Visión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las metas específicas que se intentan conseguir son la construcción de dos carriles de 3.50 metros en cada cuerpo con acotamientos exteriores de 2.50 metros. También es importante tomar en cuenta la construcción de 4 puentes vehiculares y un distribuidor a nivel de acceso a Ciudad Sahagún. La longitud que se considera es de 16.5 kilómetros. La inversión estimada sería de 227.80 millones de pesos para considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Con la construcción de esta carretera se estaría beneficiando a más de 220 mil habitantes de los municipios de Pachuca, Zempoala, Tlanalapa, Tepeapulco, Apán y Emiliano Zapata.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, un monto adicional de 228 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún- Emiliano Zapata.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a de diciembre de 2006--- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo en relación al financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, sobre el financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo de Financiamiento para el Desarrollo Integral del Estado de Puebla.

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

El día 28 de noviembre del presente año, el gobernador del estado de Puebla, licenciado Mario Marín Torres, acudió ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, de ésta Cámara de Diputados, a presentar un balance económico --social de esta importante entidad federativa; de los retos que enfrenta para darle celeridad a los proyectos y las propuestas correspondientes. Del documento presentado por el gobernador destaca lo siguiente:

La estructura económica y productiva del estado de Puebla presenta un importante grado de diversificación, en virtud de que en ella se ubica una de las más importantes plantas de manufactura y ensamble automotriz de América Latina, muestra un gran dinamismo el establecimiento de diversas cadenas comerciales, financieras y proveedoras de servicios, tanto nacionales como extranjeras, y cuenta con el mayor número de instituciones de educación superior, públicas y privadas en el país, situación que genera diversas demandas y requerimientos por parte de los sectores productivos social, público y privado.

En el estado de Puebla reside el 5.2 por ciento de la población de nuestro país, ubicándose en el quinto lugar de las entidades federativas más pobladas a nivel nacional, sólo superado por los estados de México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco.

La tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en el periodo 1993-2004 para el estado de Puebla es de 3.26 por ciento, mientras que para el país es de 2.83, además de que Puebla participa con el 3.6 por ciento en la conformación del Producto Interno Bruto nacional y ocupa el lugar 21 en el PIB per cápita en el contexto nacional.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desocupación de la entidad poblana, como porcentaje de la Población Económicamente Activa, al segundo trimestre del presente año es de 2.94 por ciento, la cual se ubica por debajo de la nacional que es del 3.33 por ciento.

La inflación nacional al mes de octubre de 2006 es de 2.91 por ciento, siendo inferior en 1.23 puntos base con relación a la registrada en el estado de Puebla, la cual es de 4.14 por ciento.

La tasa media de crecimiento poblacional anual durante el periodo 1990-2005 ubica a Puebla 0.4 puntos base por encima de la media nacional que es de 1.8 por ciento, comportamiento determinado por el hecho de que el número de nacimientos que ocurre en la entidad asciende a 105 mil 550 anuales, sólo superado por tres estados y el Distrito Federal, a lo que se suma la alta densidad de población que es de 161.5 habitantes por kilómetro cuadrado y que es tres veces superior al promedio nacional.

De conformidad con la información dada a conocer por el Consejo Nacional de Población respecto al grado de marginación de los 217 Municipios del Estado de Puebla, 153 de éstos, es decir el 70.5 por ciento, presentan un grado de marginación muy alto y alto, situación que afecta a casi una tercera parte de la población.

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano México 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, entre las entidades federativas que más contribuyen a la desigualdad en los rubros de salud, educación e ingreso se encuentra Puebla, con índices de 0.8181, 0.7855 y 0.6758 respectivamente, ubicándolo en los lugares 25, 27 y 22, lo que se refleja en el Índice de Desarrollo Humano que es de 0.7598; valores que en todos los casos se ubican por debajo del índice nacional.

Salud

En materia de salud, la mayor parte de las personas que tienen acceso a los servicios que proporcionan las instituciones del sector público (80.5 por einto) son atendidas por el IMSS y en segunda proporción por el ISSSTE.

A Puebla le corresponde el 5.2 por ciento del total de unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, constituyéndose en su mayor parte (52.3 por ciento) por las unidades adscritas a los Servicios de Salud del Estado. En cuanto a recursos humanos, Puebla cuenta con el 3.9 por ciento del total de médicos y el 2.7 por ciento del personal de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

Educación

Por lo que se refiere al tema educativo, a continuación se puede observar el reto que enfrenta la presente administración.

Es de observarse que para el Ejercicio Fiscal 2005 la aportación que hace el gobierno del estado al rubro de la educación, ocupa el quinto lugar en el contexto nacional, en tanto que la aportación del gobierno federal se ubica en el lugar número 12, lo que demuestra que proporcionalmente los esfuerzos financieros para apoyar al sector educativo son mayores por parte del gobierno del estado.

Distribución porcentual de las aportaciones federales y estatales al sector educativo 1998-2005

Lo anterior tiene como consecuencia un incremento considerable en la demanda de servicios, para lo cual es imprescindible contar, por una parte con los recursos suficientes, y por la otra, con una mayor eficiencia en las instituciones que los proveen.

Ingresos

El programa de gasto del Gobierno del Estado está determinado por la recaudación local y los recursos extraordinarios estatales, así como por el monto y estacionalidad de los recursos provenientes de la Federación, representando éstos últimos para el año 2007 el 90.9 por ciento del total de los recursos del Presupuesto de Egresos.

Para abundar al respecto, podemos decir que Puebla ocupa el quinto lugar entre las entidades federativas que durante el periodo 1990-2005 registraron los mayores crecimientos en los rubros de participaciones e incentivos distribuidos a los municipios con el 179.9 por ciento.

Sin embargo, Puebla es una de las entidades que de acuerdo con el Diagnóstico Integral de la Situación Actual de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, publicado este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió menos participaciones per cápita en 2004, lo que provocó que se ubicará en el lugar 31 a nivel nacional, mostrando con ello lo limitados que aún resultan ser estos recursos ante la magnitud de nuestras necesidades.

Adicionalmente, es oportuno señalar que en los rubros de gasto per cápita asignado a salud y educación en el periodo 1999-2005 Puebla ocupa el lugar 30 en ambos casos, al destinar 796 y 6 mil 169 pesos por persona, respectivamente. Por otra parte, con relación a la asignación per cápita del Ramo 39 PAFEF y del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, Puebla se ubica en los lugares 29 y 27, dentro del contexto nacional.

Todo ello denota que en los últimos años la disponibilidad de recursos provenientes de la Federación se ha reducido considerablemente y en consecuencia la capacidad financiera estatal para afrontar las crecientes necesidades y demandas que se presentan en estos rubros, situación que amenaza con volverse un problema de tipo social y político, debido a que no se logran satisfacer las demandas de un importante sector de la población.

A continuación se presentan los proyectos prioritarios y adicionales que el Gobierno del Estado tiene previsto realizar durante el ejercicio fiscal 2007 y que tienen como propósito fundamental contribuir a la solución de los problemas mas urgentes en materia de comunicaciones y de salud, principalmente, así como Desarrollo Sustentable y Patrimonio y valores culturales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

De financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a liberar 419.83 millones autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 833.8 millones de pesos en el correspondiente al 2006, recursos no radicados al estado de Puebla, de conformidad con el cuadro siguiente:

Sexto. En el rubro de Patrimonio y Valores Culturales, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, recursos con un monto de 900 millones de pesos para la construcción del Centro Expositor (Centro Cívico 5 de Mayo) lo que beneficiará a 400 mil ciudadanos.

Séptimo. Para Otros rubros, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, recursos que asciendan a 109.0 millones de pesos, 60.0 millones de pesos para el Fortalecimiento de la Protección Civil, que beneficiará a 2 millones 800 mil poblanos y 49.0 millones de pesos para la Educación Secundaria y Bachillerato Intercultural, lo que beneficiará a 3 mil 340 ciudadanos, y recursos por $$$ para la construcción y operación de las extensiones de los planteles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en los municipios de Pahuatlán y Venustiano Carranza en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese el punto primero a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y del segundo al séptimo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Octavio Martínez Vargas del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere una partida especial a la Secretaría de Economía.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se considere una partida especial destinada a la Secretaría de Economía para las centrales de abasto del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, los comerciantes micro, pequeños e inclusive los medianos han visto disminuido su posicionamiento en el mercado, debido --entre otras cosas-- al incontenible avance de las grandes cadenas comerciales, a la falta de desarrollo y competitividad

Como una parte de nuestras tradiciones, el comercio al menudeo de los productos agropecuarios se ha venido realizando a través de un esquema de venta muy antiguo y que por ello se conoce como comercio tradicional.

Este esquema utiliza básicamente cuatro formas de venta: el mercado público, el mercado regional, los mercados sobre ruedas o tianguis y las centrales de abasto.

Hasta la década de los años ochenta, los supermercados se ubicaban de forma estratégica en áreas urbanas preferentemente en segmentos poblacionales con el alto y medio poder adquisitivo.

Sin embargo, en los años noventa el crecimiento de los autoservicios se presentó como un fenómeno comercial de expansión desmedido logrando un importante posicionamiento tanto en términos de ventas como en el número de establecimientos, basando este desarrollo en el entendimiento y respuesta que ofrecieron al crecimiento y exigencias de la sociedad.

Según algunos estudios del sector, se tiene identificado que algunas transnacionales controlan de forma integra el mercado de importaciones a nuestro país de los tres principales productos de consumo nacional: el maíz, el frijol y el sorgo.

La consecuencia directa de esto, en el mejor de los casos, ha sido la afectación a los pequeños productores nacionales, pero en muchos de ellos ha sido la quiebra.

La sociedad de México y el mundo se encuentra en un permanente proceso de crecimiento, cambiando hábitos de consumo y exigiendo mayor calidad en los productos que adquiere.

De igual forma, que la demanda alimenticia ha crecido, las tiendas de autoservicio han asumido un papel de satisfactor, que no les corresponde si consideramos que en su mayoría están conformadas por capital extranjero. Por ejemplo, en la actualidad, prácticamente el 80 por ciento de las ventas de productos al menudeo en la ciudad de México, esta controlado por este sector.

Los autoservicios son dueños de agresivas estrategias de comercialización y posicionamiento en el gusto del consumidor, lo que les ha permitido la creación de sus propios sistemas de acopio y distribución, encerrando en un callejón sin salida a los grandes centros de acopio, como son las centrales de abasto.

De continuar por este camino el sistema tradicional de ventas en áreas de subasta y distribución de hortalizas, verduras o frutas por fragmentos mayoristas tiende a desaparecer.

Algunos de los efectos directos en el sector son: Infraestructura inadecuada, tecnología obsoleta, Inocuidad inexistente, productos y servicios sin calidad y disminución dramática de ventas.

Hoy día, las centrales de abasto aún juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, pues concentran a más de 27 mil comerciantes, generan más de 300 mil empleos directos y más de 800 mil empleos indirectos que representan la dependencia de cerca de 700 mil familias y manejan cerca del 80 por ciento del consumo nacional de frutas y hortalizas.

Por otra parte, no se puede dejar de considerar el derecho de alimentación de las personas y sobre la importancia de crear esquemas que permitan atender esta necesidad que nos incumbe específicamente a los mexicanos.

En suma, el sector se enfrenta a una compleja crisis ante el embate estratégico y de fuerte potencial económico y que resulta prioritario revertirlo. Si no se logra realizar la tarea de abasto racional y eficientemente, habremos fracasado en uno de nuestros más importantes objetivos, que es el apoyo al desarrollo social y seremos responsables de los efectos devastadores que esto conllevará en toda la estructura socioeconómica.

Por tanto, es indispensable incrementar de manera sustancial los recursos para las centrales de abasto, con el firme propósito de impulsar la competitividad del sector abasto de México, modernizar su infraestructura y equipamiento, establecer importantes estrategias de posicionamiento en todos los segmentos y a todos los sistemas producto, impulsar y mejorar la cultura empresarial, crear nuevas alternativas de negocio y detonar igualdad de condiciones económicas para hacer frente a la competencia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, una partida especial correspondiente a la Secretaría de Economía por un monto de dos millones de pesos con el objetivo de incrementar la infraestructura, apoyar con tecnología de punta y modernizar a todas las centrales de abasto del país.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

FONDO DE APOYO A EX BRACEROS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Joaquín de los Santos Molina, del PRD, punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos para garantizar el pago de los beneficiarios del Fondo de Apoyo a ex Braceros.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para garantizar el pago a los beneficiarios del Fondo de Apoyo a ex Braceros, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Joaquín Conrado de los Santos Molina, diputado del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Como se sabe, el 25 de mayo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. El 29 de septiembre de 2005, se celebró el Contrato de Fideicomiso de Administración, por parte del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, Institución Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria. Dicho contrato dio origen al denominado Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).

3. El 27 de octubre de 2005, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, en el Diario Oficial de la Federación. En tales Reglas de Operación se estableció que la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso sería la Secretaría de Gobernación (Segob).

4. De acuerdo con la información que ha venido proporcionando la Segob, el 10 de marzo de 2006, en sus 32 mesas receptoras, se cerró la recepción de documentación, lo cual arrojó un universo total de 222 mil 775 solicitantes del apoyo social a los ex braceros.

5. La Segob estima que, del universo total de 222 mil 775 solicitantes, sólo 47 mil 749 cumplen con todos los requisitos legales que impone las reglas del fideicomiso.

6. Ahora bien, si a los 47 mil 749 que si cumplen con todos los requisito legales, se les descuentan las 15 mil 825 personas que ya han sido publicadas en las 16 listas de la Segob, tenemos un remanente de 31 mil 924 beneficiarios. Esto significa que para pagar a los 31 mil 924 beneficiarios, se necesitan mil 213 millones 112 mil pesos ($1 213 112 000.00).

7. Finalmente, debemos enfatizar que estamos hablando de ex braceros que trabajaron durante el periodo que comprende los años de 1942 a 1946 y que, por ende se trata de personas de muy avanzada edad, muchos de ellos enfermos, otros están falleciendo, tomando en cuenta que el fideicomiso los hace beneficiarios, porqué no cubrir de una vez por todas el monto total ya que tarde o temprano tendrá que pagarse; por lo que apelamos al sentido humanitario de todos compañeros diputados, para que estos trabajadores puedan gozar del apoyo que se establece el multicitado Fideicomiso 2106. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Honorable Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, en el Presupuesto para el año fiscal de 2007, la cantidad de $1 mil 213 millones 112 mil pesos (Un mil 213 millones 112 mil pesos) para garantizar el pago a los 31 mil 924 beneficiarios del Fondo de Apoyo los Ex Braceros que han cumplido con los requisitos legales que dispone el Fideicomiso 2106 y sus Reglas de Operación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de diciembre de 2006--- Diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y POPULAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada María Elena Torres Baltazar, del PRD, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos mayores para los programas de vivienda de interés social y popular.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren mayores recursos para los programas de vivienda de interés social y popular, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Elena Torres Baltazar, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones y Antecedentes

Primero. Nuestra Carta Magna estableció desde 1984 en su artículo cuarto que ``toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa'', derecho que está definido 22 años después en el artículo 2 de la Ley de Vivienda en estos términos:

``Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.''

En razón de ello es importante recordar lo estipulado en la segunda parte del artículo cuarto constitucional, que a la letra dice ``la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.'', que implica un mandato a las instituciones públicas competentes para garantizar tal derecho mediante políticas y programas que atiendan las necesidades sociales.

Sin embargo, las instituciones y el discurso oficial han omitido la segunda parte de dicho precepto constitucional, al sustituir el derecho a la vivienda por el acceso a la vivienda, definido en función de la capacidad de endeudamiento de los acreditados, misma que está condicionada por los precios establecidos por los oferentes, en su mayor parte poderosos consorcios inmobiliarios, de tal modo que la vivienda popular o de interés social ha dejado de ser un derecho para ser una mercancía, con una calidad deficiente perdiendo el sentido de ``digna y decorosa'', dado que no es rentable para tales consorcios.

La magnitud del desafío habitacional en nuestro país tiene las siguientes proporciones: las necesidades de vivienda por concepto de rezago estimado al año 2012 será de 5.3 millones, mientras que por concepto de vivienda nueva las necesidades será de 6.7 millones para ese mismo año.

Segundo. Lo relacionado con la vivienda de interés social y popular, así como la producción social de vivienda es reconocida y tratada explícitamente en la Ley de Vivienda, la cual establece en sus artículos 3, 4, 5, 6, 8, 42, 47, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63 y 71, su espíritu, diversas definiciones, principios de equidad e inclusión, orientaciones programáticas, instrumentos de apoyo, fomento y financiamiento, así como criterios de atención incorporando las diversas modalidades de vivienda urbana y rural, definiendo las bases legales para instrumentar una política de Estado en materia de vivienda de interés social y popular.

Tercero. Es viable incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2007 un apartado exclusivo para vivienda de interés social y popular, ya que además de los fundamentos jurídicos mencionados en la anterior consideración, tenemos que en la estructura de la Ley de Vivienda es claro el mandato y responsabilidad del Congreso de la Unión al determinar en su Título Séptimo, ``De la Producción Social de Vivienda'', que los instrumentos y programas de apoyo y fomento permiten establecer una política pública de vivienda popular, conforme a lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91.

Cuarto.La propia Ley de Vivienda establece los principios, bases de coordinación y mecanismos programáticos y operativos para el apoyo a la gestión habitacional por parte de los institutos de vivienda de las entidades federativas, tal y como consta en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 38, 39, 40, 47, 49, 50, 62, 65, 66, 69 y 88.

Esto significa que es viable fortalecer a los organismos estatales, para lo cual el Presupuesto de Egresos de la Federación constituye un instrumentos fundamental en esta perspectiva de avanzar en la federalización y descentralización de la política de vivienda.

Quinto. Cabe recordar que la Ley General de Desarrollo Social reconoce en su artículo 19, fracción VII, que los programas de vivienda son prioritarios y de interés público.

Sexto. En los últimos años no han sido atendidos de manera sistemática los institutos estatales de vivienda ni la producción social de vivienda como ejes prioritarios de la política habitacional, a pesar de los esfuerzos de esta Soberanía al incorporar aspectos normativos, operativos y presupuestales para el apoyo a la vivienda popular, que es el objeto por el cual fue creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

En el aspecto normativo, tenemos que la Cámara de Diputados al aprobar los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, determinó que el Fonhapo no ejecutara sus programas a través de intermediarios financieros privados, por lo cual debió seguir operando como organismo de primer piso, sin embargo esto no fue acatado por las autoridades competentes.

En materia presupuestal, con la aprobación de los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, esta Soberanía no sólo procuró incrementar recursos al Fonhapo, sino también definir una política de Estado en materia de vivienda popular, asignando recursos para Vivienda Rural en los tres años a partir de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para Adquisición de Suelo Apto en 2004 y 2005, además de ampliar recursos para el programa Tu Casa, todo ello inscrito en el Ramo Administrativo 20, ``Desarrollo Social'', del propio Presupuesto.

Sin embargo, en los tres programas se han registrado subejercicios, lo cual es preocupante ya que a pesar de los reducidos montos destinados a los sectores más pobres de nuestro país, tenemos que no ha habido un adecuado ejercicio de los recursos.

El caso del Programa de Vivienda Rural es particularmente grave, porque en los Presupuestos 2005 y 2006 la Cámara de Diputados aprobó recursos adicionales del Ramo 20 para ser ejercidos en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, lo que no ha ocurrido, dado que en los reportes trimestrales del Programa de Vivienda Rural no se reportan esos recursos adicionales.

En el caso de Reglas de Operación del Programa ``Tu Casa'', tenemos otro problema no menos grave, y se refiere al hecho de que en tales reglas se ha determinado que los recursos que deberían tener como destinatarios los sectores populares que no tienen vinculación con el mercado formal de vivienda, puedan ser incluidos en supuestos programas de cofinanciamiento con el Infonavit y el Fovissste, a fin de complementar con recursos fiscales los créditos que ambos fondos deberían otorgar a sus derechohabientes de menores ingresos para cumplir con el mandato constitucional de otorgar créditos ``baratos y suficientes'' para que los trabajadores adquieran ``habitaciones cómodas e higiénicas'', conforme a lo estipulado en los apartados ``A'' y ``B'' del artículo 123 de la Ley Fundamental.

Dado que ambos fondos han desatendido a la población no solvente para acceder a la compra de viviendas en un mercado controlado por un reducido grupo de poderosas empresas desarrolladoras de vivienda, se ha recurrido a este falso esquema de cofinanciamiento, implicando con ello el abandono de la política de vivienda popular.

Por otra parte, en tales reglas de operación se establece que los recursos fiscales también sirven para la operación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, mismas que operan en el Programa Especial de Crédito y Subsidio a la Vivienda (Prosavi), a cargo de Sociedad Hipotecaria Federal, lo que también da lugar a que los recursos fiscales que deberían destinarse a la población excluida y marginada de nuestro país sean canalizados a sectores de mayores ingresos.

En el decreto del PEF 2006 esta soberanía aprobó en el artículo 54 que el Ejecutivo federal deberá considerar la opinión de las entidades federativas en el diseño de las reglas de operación para lograr una mejor planeación y ejecución de los programas correspondientes; sin embargo ha prevalecido el centralismo, impidiendo así fortalecer la gestión social y local de los programas de vivienda.

Séptimo. Debe haber un cambio de fondo en la política habitacional. Es claro que el llamado sector vivienda, representado principalmente por la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) no es la opción para la mayor parte de la población; los sectores populares y no asalariados, que eran el universo de atención del Fonhapo, deben ser atendidos con una política de estado que no puede sujetarse al mercado; los desarrolladores, banca y Sofoles deben atender a sectores de mayores ingresos, y no capitalizar recursos definidos constitucional y fiscalmente para la población de menores ingresos.

Los productores industriales de vivienda deben insertarse en un mercado real, de competencia y libre concurrencia en igualdad de condiciones, sin que reciban subsidios indirectamente por parte del estado, traficando influencias, comprando en condiciones altamente favorables terrenos ejidales, corrompiendo a autoridades municipales para modificar los programas de desarrollo urbano local y obtener licencias para construir viviendas en zonas periféricas transfiriendo los costos de urbanización a las finanzas públicas sin compartir tales costos debido a la obtención de altos niveles de plusvalía sin arriesgar sus capitales conjuntamente con la sociedad.

Octavo. Por lo anteriormente expuesto, consideramos indispensable replantear el manejo de los recursos fiscales. Es contradictorio que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través del Ramo 20 a Fonhapo, que deberían ser para atender a los productores sociales de vivienda y a la población no asalariada del campo y la ciudad con menores ingresos y más vulnerable estén siendo desviados para crear una ficción de subsidios que complementan los créditos para derechohabientes de Infonavit y Fovissste o acreditados de Sociedad Hipotecaria Federal y las Sofoles.

Debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación un apartado específico, denominado ``Programa de Apoyo a la Vivienda Popular y de Interés Social'', inscrito en el Ramo Administrativo 20, ``Desarrollo Social'', con partidas específicas para el otorgamiento de créditos blandos y subsidios a productores sociales, conforme a lo acotado en la Ley de Vivienda.

Las reglas de operación deben acatar lo dispuesto en la Ley de Vivienda y en el decreto del PEF, debiendo ser producto de la consulta pública respectiva y no una imposición centralista del gobierno federal.

Noveno. Es prioritario incrementar los recursos fiscales para vivienda popular. En el Presupuesto de Egresos de la Federación debe aumentar el monto de recursos para la producción social, atendiendo prioritariamente programas de vivienda progresiva, mejoramiento y lotes urbanizados, etiquetando tales recursos para que no sean desviados a programas de cofinanciamiento como los instrumentados a partir de las Reglas de Operación del Programa Tu Casa, en su totalidad los recursos deben destinarse a la producción social de vivienda, conforme a lo ordenado por la Ley de Vivienda.

Esta propuesta debe operar con base en criterios flexibles, combinando líneas de crédito que incluyan lo relativo a suelo, urbanización, edificación, asesoría, estudios y proyectos, guardando equidad y proporcionalidad en zonas urbanas, rurales e indígenas de las entidades federativas y municipios del país, atendiendo prioritariamente a la población con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

El ejercicio de los recursos se hará conforme a los convenios que se establezcan entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los productores sociales en forma colectiva o individual.

Para el año 2007 se propone un monto de doce mil millones de pesos, que deberán ser operados por los institutos estatales de vivienda, apoyando a los productores sociales de vivienda.

Décimo. Es urgente crear y consolidar los instrumentos de apoyo a la producción social de vivienda. La Ley de Vivienda reconoce explícitamente esta modalidad de producción, ello implica que la población mayoritaria del país no es consumidora o compradora de mercancías habitacionales definidas a partir del valor de cambio.

Debe entenderse que el valor de uso es un factor central en la vida social mexicana, por ello planteamos que no debe obstaculizarse desde el Poder Ejecutivo Federal la posibilidad de que las organizaciones sociales sean incluidas en políticas y estrategias de nuevo tipo, buscando mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda para quienes ahí participan.

Algunos criterios para acatar las disposiciones que la Ley de Vivienda establece en materia de producción social de vivienda, y que no deben estar condicionadas a criterios discrecionales por parte de las autoridades para dar cabal cumplimiento al mandato de la Ley de Vivienda respecto a la producción social, son los siguientes:

A) Reconocer y apoyar la experiencia y la capacidad demostradas por los productores sociales;

B) Analizar objetivamente los informes de ejercicios financieros y avances de obra de las propias organizaciones;

C) Apoyar decididamente y/o asesorar a las organizaciones en materia de gestión y administración;

D) Discutir en foros abiertos la forma de sumar recursos públicos, ahorro colectivo e individual y la cooperación internacional;

E) Analizar el diseño de estrategias de financiamiento público con diferentes líneas de créditos y definición de subsidios considerando los niveles de ingreso;

F) Apoyar y financiar la asesoría profesional y apoyos externos especializados;

G) Fomentar la capacidad de autogestión administrativa y de recuperación de cartera por las propias organizaciones;

H) Establecer metodologías de evaluación y seguimiento acordes a las características de los productores sociales;

I) Modificar los esquemas de recuperación de cartera vencida aplicados por los organismos nacionales de vivienda para no anular el derecho a la vivienda.

Con base en las consideraciones y antecedentes expuestos, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en términos reales el financiamiento para vivienda popular, que comprende a las familias que tienen un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos, dando prioridad a la población excluida, marginada y con menores ingresos, de manera equitativa y proporcional en todas las entidades federativas y los municipios urbanos, rurales e indígenas.

Segundo. Para el año 2007 se propone un monto de doce mil millones de pesos, que deberán ser operados por los institutos estatales de vivienda conjuntamente con los productores sociales de vivienda.

Tercero. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda Popular y de Interés Social, inscrito en el Ramo Administrativo 20, ``Desarrollo Social'', deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Vivienda y el decreto del PEF, debiendo ser sometidas a consulta pública con los gobiernos estatales, los productores sociales de vivienda y otros sectores sociales vinculados con este programa.

Diputada María Elena Torres Baltazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos mayores para el programa de Protección, Conservación y Restauración de Suelo y Agua de Tláhuac.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Preservación Ecológica de Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México es el centro histórico, político y económico de la República Mexicana, tal como lo fue para los pueblos que habitaron la región antes de la llegada de los europeos al continente americano. Desde su origen, su ubicación estratégica fue apreciada por los mexicas, que edificaron aquí la Gran Tenochtitlán. La parte baja de la región estaba cubierta por grandes lagos, surcada por ríos, arroyos y manantiales, y rodeada por exuberantes bosques, conformando un ecosistema que alberga, aún hoy, una rica biodiversidad, que incluye a muchas especies endógenas.

El incremento de la población y de la superficie habitada inició en la región un proceso de alteración del ambiente que continúa hasta nuestros días. Estos cambios se observan en la pérdida de la mayoría de los cuerpos de agua; la desaparición, reencauzamiento o entubado de casi todas las corrientes de agua permanentes o temporales; la disminución drástica de la cobertura vegetal y, como consecuencia, la merma en la biodiversidad y la erosión de los suelos; el abatimiento de los mantos acuíferos hasta poner en riesgo la viabilidad de la metrópoli, y finalmente, el estigma de dejar de ser ``la región más transparente'', para dar lugar a una densa nube de humo.

En el siglo pasado, el valor principal dado a la zona rural del Distrito Federal fue de ``reserva territorial'' para el crecimiento urbano, hasta que se tomó conciencia de que ese modelo de desarrollo conducía a la destrucción ambiental, poniendo en duda la viabilidad de la cuenca en el mediano plazo.

El Distrito Federal cuenta con una superficie del orden de 150,000 hectáreas, se localiza dentro de una cuenca hidrográfica que rebasa sus fronteras. Administrativamente se encuentra dividido en Suelo Urbano (SU) con una superficie de 63,800 hectáreas y el suelo de conservación (SC), el cual está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y legislado por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF; 2000), cubriendo una superficie de 88 mil 442 hectáreas (59 por ciento).

El suelo de conservación constituye un área de gran relevancia dentro de la cuenca, ya que en el se generan servicios ambientales que son indispensable para la viabilidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de estos servicios sobresalen la recarga del acuífero, la captura de carbono, la producción de oxígeno y la retención de suelo fértil. Todos ellos ligados directamente con el mantenimiento del ciclo hidrológico y por ende con aproximadamente el 70 por ciento del agua que abastece al Distrito Federal.

Otros servicios ambientales menos reconocidos por la sociedad, son los ecosistemas que se encuentran presentes en la cuenca, además de ser muy diversos, albergan una biodiversidad tal que tiene representada el 2 por ciento de la mundial.

El suelo es un recurso natural no renovable y constituye uno de los principales elementos del patrimonio natural. Su pérdida o deterioro, como sucede con la desertificación, conlleva graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, ya que es el soporte donde se desarrolla la vida. El suelo actualmente está sometido a una presión cada vez mayor. Gran parte de los procesos de degradación de las tierras está asociado con las prácticas agropecuarias no sustentables y con los cambios de uso de suelo no autorizados de terrenos forestales a usos agrícolas, pecuarios o habitacionales en zonas no aptas para ello.

El deterioro ambiental que ocasiona la degradación del suelo es inestimable; sólo para dar una idea, en México el efecto de la erosión hídrica, considerando la pérdida de productividad de soya, maíz, sorgo y trigo, se ha evaluado en mil millones de dólares (magulis, 1992), las graves consecuencias ambientales, productivas y económicas causadas por la degradación del suelo, obligan a la articulación de esfuerzos públicos y privados, hacia un programa común de combate a esta degradación.

De acuerdo con cifras recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) --2003--, se estima que en México existen 93.5 millones de hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas; lo que representa aproximadamente el 47 por ciento del territorio nacional continental. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta un 71 por ciento.

Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro.

Para contribuir a la conservación del suelo que todavía no presenta un deterioro significativo y a la recuperación de los que en alguna medida se han deteriorado, para el año 2005, se contó con recursos federales que dieron sustento a la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito fue dar sustento a los Programas de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal y de Restauración de Suelo y Agua de la Zona sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco del Distrito Federal.

Los recursos que se utilizaron, fueron del presupuesto autorizado para el ejercicio 2005 establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004. El monto inicial aprobado fue de 129 millones de pesos a razón de 99 millones de pesos para el primer programa y 30 millones para el segundo; sin embargo, debido a las reducciones imprevistas, se autorizó un monto total de 94 millones 885 mil 600 pesos, que hasta el 10 de agosto del 2005, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue notificado por la Semarnat, a través de su Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, monto que correspondió a 72 millones 819 mil 200 pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, y de 22 millones 66 mil 400 pesos para el Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco del Distrito Federal.

Con base en ello, el 12 de agosto del 2005, se firmó el Convenio de Coordinación Semarnat-GDF, así como los Lineamientos correspondientes y el ejercicio de los recursos arrojaron buenos resultados al aplicarse 92 millones 548 mil 420 pesos, que representan el 97.5 por ciento de lo programado. Asimismo, con respecto a los 123 proyectos aprobados por el Comité correspondiente, se concluyeron 118, es decir, el 96 por ciento de lo previsto.

La aplicación de estos recursos fue sumamente exitosa y permitió establecer un esquema de trabajo institucional sumamente interesante entre el gobierno federal y el gobierno local.

Para el año 2006, aunque el Decreto de Presupuesto de la Federación, consideró la programación de recursos para la Conservación de Suelo, por diversas causas estos fueron aplicados a otros programas de la Semarnat, por lo cual no fue posible contar con recursos para su aplicación al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el Distrito Federal.

Por otra parte, la zona chinampera de Tláhuac se ubica en la cercanía del centro de la delegación, representada por sedimentos lacustres depositados en el periodo cuaternario y asentada en lo que era el lago Chalco-Xochimilco. Para los colonizadores de la cuenca lacustre del valle de México, las chinampas representaron la única opción de agricultura a nivel artesanal y de alto potencial productivo. La construcción dependía de las características físicas del lugar, por lo que en áreas inundadas se hacía en el lago y en zonas pantanosas en las orillas del lago.

La zona también tiene un alto potencial turístico para el Distrito Federal, que puede generar importantes ingresos para los habitantes de la demarcación a través del turismo ecológico, parte inseparable de la identidad de Tláhuac.

El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO inscribió en la lista de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, al sistema de chinampas de Xochimilco y Tláhuac, por el valor excepcional y universal de sus bienes, el cual debe ser protegido para beneficio de la humanidad.

Ahora, la zona está subexplotada, a pesar del alto potencial productivo para la siembra y cosecha de hortalizas, legumbres, flores, granos básicos, forrajes, plantas medicinales, plantas ornamentales, entre otras.

Las chinampas también registran graves problemas de deterioro por las plagas que afectan al ahuejote y al sauce llorón, por el azolve a consecuencia del derrumbe de los bordes y por un proceso de secado del lago, así como el incremento del nivel de salinidad.

El proceso de recuperación de la zona debe incluir la puesta en marcha de programas de reforestación, financiamiento de cultivos y combate a los incendios forestales y construcción de infraestructura hidráulicas para riego.

Ante éste escenario resulta imprescindible e impostergable que en el presupuesto 2007 se destine un monto presupuestal mayor al de 2005 para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de los Recursos Naturales del Distrito Federal, así como también destinar un monto presupuestal específico a fin de llevar a cabo un programa similar al implementado en la Delegación Xochimilco, para la restauración del suelo y agua de la zona de preservación ecológica de la delegación de Tláhuac, en el Distrito Federal.

Con base en lo anterior, me permito proponer a ésta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un monto de 300 millones de pesos para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de los Recursos Naturales del Distrito Federal.

Segundo. Se solicita atentamente a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un monto de 30 millones de pesos para el Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Preservación Ecológica de Tláhuac en el Distrito Federal.

Tercero. Se solicita atentamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que considere el convenio de coordinación y los lineamientos elaborados para la ejecución de los programas durante el ejercicio 2005, como base para la aplicación equitativa de los recursos solicitados, en aras de lograr la mayor eficiencia en la ejecución de los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del PRD, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos se consideren recursos para la construcción de un hospital en Tláhuac.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir un hospital general en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por lo tanto combatirla es una responsabilidad pública, por esa razón, la salud es el eje sobre el que deben girar las políticas sociales de un gobierno para proveer bienestar a su población. En el caso de México, el marco jurídico que define el derecho de acceso a los servicios de salud se encuentra consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución.

En las últimas dos décadas, en el Distrito Federal, se aceleraron los procesos de urbanización con la expulsión de los marginados hacia la periferia y el despoblamiento en la zona central de la ciudad, lo que agudizó la segregación socioterritorial y polarizó las condiciones de vida y de salud.

Los servicios de salud se rezagaron cuando la Ciudad se expandió a la periferia donde hoy se concentra la población con mayor necesidad de atención, como es el caso, de las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta donde las condiciones de salud coexisten proporciones muy altas de enfermedades infecciosas y graves carencias.

Diversos estudios realizados por universidades públicas y por el Instituto Nacional de Salud Pública establecen que las demarcaciones Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa son áreas que cuentan con altos índices de marginación. En el caso específico de Tláhuac es una delegación que se encuentra clasificada con una alta y muy alta marginalidad, contando con un 80 por ciento de la población que reside en esta zona. Aunado a ello, esta demarcación presenta un déficit en infraestructura social, las desigualdades y las carencias se presentan con mayor fuerza en las zonas periféricas de la delegación y esto viene acompañado por la mala calidad y deterioro en los servicios públicos, es el caso específico de la salud.

La Delegación Tláhuac se ubica al sur oriente del Distrito Federal y de acuerdo al censo de 2005 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población asciende a 344 mil 106 habitantes. En cuanto a las condiciones de salud, los datos de marginalidad contribuyen al perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas y carenciales. Asimismo, esta delegación está clasificada como ``condiciones de vida precaria'', las enfermedades respiratorias agudas ocupan el primer lugar de la morbilidad por demanda de atención.

Respecto al problema de las enfermedades por falta de servicios públicos adecuados (falta de drenaje, pavimentación, agua potable, alumbrado, entre otros) en niños menores de cinco años, se observa que esta demarcación presenta la mayor tasa de padecimientos ligados a la falta de servicios públicos y el diagnóstico de desnutrición leve se ubica entre las principales causas de morbilidad por demanda de atención en los servicios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. En Tláhuac la morbilidad infantil es elevada registrando en el año 2000 que la delegación ocupó la tasa más alta de muerte en niños menores de un año en la Ciudad de México. La mortalidad materna también fue de la más alta durante el periodo citado, esto significa que los pacientes que fallecen en estos grupos de edad es resultado de la mala atención prenatal, natal y neonatal, lo que se traduce en un mal cuidado ginecoobstétrico a las madres durante su embarazo.

Los problemas como la diabetes y la hipertensión arterial también se localizan entre las principales causas de morbilidad, atendido por el sistema público de salud, asimismo, los accidentes son eventos frecuentes en la zona.

Los recursos humanos para la atención de la población en esta demarcación son muy escasos, ya que la cobertura del primer nivel de atención es solo del 65 por ciento realizada por médicos generales y médicos especialistas. En cuanto a camas censables, presenta un déficit muy importante, considerando que los estándares internacionales y nacionales establecen la relación de un médico por cada mil habitantes y una cama censable por cada mil habitantes. En los 13 centros de salud existentes solo hay 69 médicos, de los cuales once son médicos generales; veinticinco son especialistas; veintidós odontólogos y médicos en formación, y once ejercen otras funciones. El total del personal de enfermería son noventa y siete, y existen 13 auxiliares de salud.

Los datos arriba anotados promedian 0.3 médicos por cada mil habitantes y 0.3 camas censables por cada mil habitantes, presentándose un grave déficit de disponibilidad de infraestructura tanto de recursos humanos como de equipamiento hospitalario.

Lo anterior justifica que actualmente es necesario expandir los servicios de salud en correspondencia a las necesidades del crecimiento demográfico, los cambios epidemiológicos y el crecimiento excesivo de la población de la zona metropolitana y sobre todo en las zonas periféricas del la ciudad.

Las cifras estadísticas presentadas en este Punto de Acuerdo son datos de padecimientos que pueden prevenirse y curarse cuando se tienen los recursos humanos y materiales que optimicen la calidad, la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud pública.

Con base a los antecedentes de la construcción en este año de un nuevo hospital general en la delegación Álvaro Obregón, con recursos presupuestales aportados por el Gobierno Federal por la cantidad de $ 350 millones de pesos, y ponderando que Tláhuac no cuenta con la infraestructura acorde a la dinámica poblacional para responder a las demandas sociales de sus habitantes. En consecuencia es importante considerar y aprobar una partida presupuestal para destinarla a la construcción de un hospital general (de segundo nivel) dentro del perímetro delegacional de Tláhuac, lo que daría solución y mejoraría las condiciones de salud de la zona sur oriente del Distrito Federal, generando una coordinación más eficiente entre los centros de salud de la localidad y generando una atención más pronta y expedita de los pacientes que no tendrían que trasladarse o buscar la atención hacia otras delegaciones distantes a su domicilio.

En resumen, lo que se pretende con la presente propuesta es

a) Abatir los rezagos sociales.

b) Revertir las desigualdades y carencias.

c) Ampliar la cobertura de servicios de salud.

d) Disminuir las muertes maternas e infantiles y complicaciones obstétricas.

e) Aumentar y mejorar las condiciones de vida de la población.

f) Disminuir las complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas.

g) Fomentar la participación integral de los sistemas de salud involucrando a la comunidad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Salud de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se contemple la cantidad de 350 millones de pesos para la construcción del hospital general de Tláhuac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputada Guadalupe S. Flores Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISION NACIONAL DE PESCA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se entregó también por parte del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda entregue los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 2006 a la Comisión Nacional de Pesca.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar mediante la SHCP los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 a la Conapesca, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, secretario de la Comisión de Pesca de la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pesca, incluida la acuicultura, constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones, tanto de las comunidades costeras como del resto del país, así cono para las generaciones presentes y futuras; por ello, debe llevarse a cabo de forma sustentable.

Todavía en épocas recientes se consideraba que la riqueza de los recursos acuáticos, sobre todo los de aguas marinas, era ilimitada. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías ha evidenciado lo erróneo de esta concepción, y constatan que los recursos acuáticos, aun siendo renovables, son limitados y tienen que someterse a una ordenación adecuada si se quiere que su contribución al bienestar nutricional, económico y social sea sustentable.

En este contexto, el estado que guardan las principales pesquerías mexicanas, según un análisis efectuado con base en los datos de la Carta Nacional Pesquera del 2000, revela que de las 65 unidades pesqueras identificadas en dicha carta, 12 se consideran con potencial de desarrollo, 37 aprovechadas al máximo y 16 en estado de deterioro. Para el 2004, con la actualización de la Carta Nacional Pesquera se concluyó que la situación no era más alentadora, ya que para este caso, de las 73 unidades pesqueras reportadas con la actualización, 7 se consideran con potencial de desarrollo, 49 aprovechadas al máximo y 17 en estado de deterioro.

De tal manera que, pese a los esfuerzos que tanto productores como autoridades han hecho para ordenar nuestras pesquerías, vemos con preocupación que los resultados han sido infructuosos, o en el mejor de los casos magros, y el futuro es incierto.

Mientras persista la pesca ilegal será prácticamente imposible llegar a un uso racional de los recursos en comento.

Las cantidades extraídas por medio de la pesca ilegal son de consideración, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a nivel mundial, sin ser nuestro país la excepción, la pesca ilegal de las especies más importantes representa hasta 30 por ciento de las capturas totales y, en algunos casos, se ha visto que podría constituir hasta el triple de la captura permitida.

Para algunas especies se ha detectado que la pesca ilegal es practicada por verdaderas mafias; por ejemplo, para el caso del abulón, en la península de Baja California Sur se tiene que estos moluscos son capturados, transportados y comercializados de manera ilegal, en cantidades tales que su destino final es el vecino país del norte, lo cual implica toda una red perfectamente organizada al servicio de estas prácticas ilícitas, y la utilización de recursos materiales y económicos que distan mucho de ser los que un humilde pescador puede comprometer.

En cuanto a la importancia de la pesca ilegal, ésta es de tal magnitud que académicos y científicos coinciden en señalarla como el principal problema de la ordenación a largo plazo de los recursos pesqueros, propiciando que se pierdan oportunidades de beneficios sociales, económicos y, en casos extremos, pueda provocar el colapso de algunas pesquerías o mermar gravemente los esfuerzos para reconstruir poblaciones ícticas que se encuentran agotadas.

Nuestro país fue y es uno de los principales promotores del código de conducta para la pesca responsable, instrumento guía que establece principios y normas aplicables a la conservación, la ordenación y el desarrollo de todas las pesquerías. Este código, aprobado en 1995 por más de 170 países miembro de la FAO, implica un compromiso internacional al cual México se ve moralmente obligado a observar.

Los estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos deben conservar los ecosistemas acuáticos. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable, a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos.

Los estados deben establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, mecanismos eficaces del seguimiento, vigilancia y control de la pesca y la ejecución de la legislación, a fin de velar por el cumplimiento de sus medidas de conservación y ordenación, así como de aquellas adoptadas por organizaciones o arreglos subregionales o regionales.

Por otra parte, en cuanto a nuestra legislación pesquera vigente, tenemos que la Ley de Pesca señala en su artículo 22 que la Secretaría de Pesca (actualmente por reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Sagarpa), tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de esta ley, para lo cual realizará los actos de inspección y vigilancia; la ejecución de medidas de aseguramiento y la determinación de infracciones administrativas.

Pero para que la Sagarpa, mediante la Conapesca, pueda dar cumplimiento al mandato que tiene que efectuar en cuanto a inspección y vigilancia pesquera, requiere de los recursos económicos que para este fin le fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se entreguen en tiempo y forma los recursos económicos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 fueron asignados a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para la inspección y vigilancia pesquera.

Diputado Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Señor Presidente, recibimos una comunicación que fue votada hace un momento por parte de la Comisión de Presupuesto, nos señala a las comisiones ordinarias el procedimiento por el cual debemos de hacer llegar las propuestas de variación y de cambios presupuestales a más tardar el día 18.

Entonces creo que sería oportuno que los puntos que se acaban de leer, no solamente fueran turnados a la Comisión de Presupuesto sino a las comisiones ordinarias, porque de otra manera no los vamos a poder tomar en cuenta en nuestro proceso de elaboración que tenemos que presentarle a la Comisión de Presupuesto el día 18.

Simplemente le solicitaría, señor Presidente, de estar de acuerdo en esta proposición, que todos los puntos que ya se leyeron sean turnados también a las comisiones ordinarias que correspondan según la materia a la cual se refieran, para que nosotros podamos priorizar e incluir o no en nuestras propuestas que entregaremos el día 18.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Todos los asuntos que han sido turnados son competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; sin embargo, vamos a entregarle una copia de todos los puntos de acuerdo, y si alguna comisión está interesada en alguno de éstos, también serán turnados para la opinión de otra comisión, con mucho gusto la Presidencia concede el trámite.

De la propuesta del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Hay tres puntos de acuerdo que los propios diputados solicitaron que no se turnaran de manera económica como se hizo hace un momento, sino que habrán de presentarlo en tribuna. Uno del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, otro de la diputada Marina Arvizu Rivas y otro del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.

SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal a implementar acciones en materia de seguridad pública.

El diputado Francisco Dávila García:Con su permiso, señor Presidente: compañeras y compañeros legisladores: hago uso de esta tribuna como integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para presentar con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, a través de la cual se exhorta a los gobiernos federal y delDistrito Federal, para que de inmediato tomen acciones en materia de seguridad, para que no incida en la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo de turistas internacionales y la inversión extranjera, al tenor de las siguientes consideraciones.

México siempre se ha distinguido por ser un país amigo; por su hospitalidad y calidez en el trato a quienes nos visitan. Esto hace que goce de una imagen con gran prestigio, motivando con ello a que millones de personas tengan deseos de visitarnos y que por sus comentarios animen a otros más a viajar y a disfrutar de nuestro México. Este México que es de todos los mexicanos y no de unos cuantos.

Los acontecimientos que afectaron a nuestro país vecino el 11 de septiembre de 2001, ya por todos conocidos, provocaron una disminución de visitantes. Esto impactó a la economía nacional con la baja demanda de servicios turísticos. No obstante, la imagen de nuestro país se mantuvo como un destino turístico seguro en el extranjero.

Nuestro país en la última década ha afrontado diversos movimientos sociales que pudieron haber dañado en mucho la imagen como destino turístico seguro. Pero la acertada toma de decisiones del gobierno de la República y en particular de la Secretaría de Turismo, han contrarrestado las afectaciones económicas a este sector, e incluso, es la actividad que ha presentado un continuo crecimiento en la aportación al producto interno bruto de este país.

Sin embargo, señoras y señores diputados, las circunstancias actuales nos obligan a pedir desde esta tribuna el que no únicamente se investiguen las causas o los causantes de los actos terroristas suscitados en la Ciudad de México la madrugada del pasado 6 de noviembre, así como la problemática que se vive en el estado de Oaxaca. Acontecimientos que están generando a nivel internacional, una imagen negativa e insegura de México; lo cual se comprueba con los pronunciamientos que han hecho países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, de solicitarles a sus compatriotas que se abstengan de visitar las zonas que presentan conflicto, por el riesgo al que pueden exponerse.

Debo mencionar que esta situación nunca antes se había presentado. Por lo que es la hora de solicitar a los gobiernos federal y del Distrito Federal que implementen programas de difusión e información acerca de cómo se está atendiendo los conflictos aislados que en mucho están dañando la imagen de nuestro país, frenando inversiones en materia económica y afectando el flujo de visitantes internacionales.

Por ello se deberá hacer saber con base en los resultados que se obtengan en materia de seguridad, que México es y será un destino turístico seguro, preocupado por acrecentar y conservar sus bellezas naturales, tradiciones, cultura, gastronomía y sobre todo, la fraternidad para quienes nos visiten.

Diputadas y diputados, les solicito pensando en el bien de México se apruebe el presente punto de acuerdo para lograr que la imagen turística de México no se vea afectada.

Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución a través del cual se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal para que, en lo inmediato, tomen acciones en materia de seguridad, para que ésta no incida en la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo de turistas internacionales y la inversión extranjera.

Se solicita respetuosamente que informen a esta soberanía de las acciones, programas y resultados para contrarrestar el deterioro de la imagen de nuestro país. Solicito respetuosamente a esta Presidencia que el presente punto de acuerdo sea insertado en el Diario de los Debates en forma íntegra. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal a implantar acciones en materia de seguridad pública, sin afectar el flujo de turistas internacionales ni la inversión extranjera, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado, Francisco Dávila García, a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, para que en lo inmediato tomen acciones en materia de seguridad para que no incida en la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo turistas internacionales y la inversión extranjera. Al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México, siempre se ha distinguido por ser un país amigo, por su hospitalidad y calidez en el trato a quienes visitan nuestro país, por lo que goza de una imagen con gran prestigio y esto ha motivado a que millones de personan tengan deseos de visitarnos nuevamente y por sus comentarios animen a otros mas a viajar y disfrutar de México. Los acontecimientos que afectaron a nuestro país vecino el 11 de septiembre de 2001, por todos conocidos, provocaron una disminución de visitantes impactando a la economía nacional en la baja demanda de servicios turísticos, no obstante la imagen en el extranjero de nuestro país se mantuvo como un destino turístico seguro.

Nuestro país en la ultima década ha afrontado diversos movimientos sociales que pudieron haber dañado en mucho la imagen como destino turístico seguro, pero la acertada toma de decisiones del gobierno de la República y en particular de la Secretaría de Turismo han contrarestado las afectaciones económicas a este sector, e incluso es la actividad que ha presentado un continuo crecimiento en la aportación al producto interno bruto.

Sin embargo compañeras y compañeros legisladores las circunstancias actuales nos obligan desde esta tribuna a pedir que no únicamente se investiguen las causas o los causantes de los actos terroristas suscitados en la Ciudad de México la madrugada del 6 de noviembre, así como la problemática que se vive en el estado de Oaxaca, están generando a nivel internacional una imagen negativa e insegura de México lo cual se comprueba con los pronunciamientos que han hecho países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos de solicitarles a sus compatriotas que se abstengan de visitar las zonas que presentan conflicto, por el riesgo que puedan tener, esta situación nunca se había presentado.

Por lo que es la hora de solicitar a los gobiernos federal y del Distrito Federal que implementen programas de difusión e información, acerca de cómo se esta atendiendo los conflictos aislados que en mucho están dañando la imagen de nuestro país, frenando inversiones en materia económica y afectando el flujo de visitantes internacionales a nuestro país, por ello se deberá hacer saber con base a los resultados que México es y será un destino turístico seguro, preocupado por acrecentar y conservar sus bellezas naturales, tradiciones culturales, astronómicas y sobre todo la fraternidad a quien nos visite.

Diputadas y diputados les solicito pensando en el bien de México se apruebe el presente punto de acuerdo, para lograr que la imagen turística de México no se vea afectada.

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución

Único.Por que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, para que en lo inmediato tomen acciones en materia de seguridad para que no se afecte la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo turistas internacionales y la inversión extranjera.

Se solicita respetuosamente que informen a esta soberanía de las acciones, programas y resultados para contrarrestar el deterioro de la imagen de nuestro país.

Diputado Francisco Dávila García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dávila. Como ha sido solicitado consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato y además que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, hay dos terceras por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica consulte la Secretaría si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Esta Presidencia informa a ustedes y agradece el trámite y la colaboración de muchas diputadas y diputados. Se ha dado trámite a más de 50 puntos de acuerdo, pero todavía nos quedan alrededor de 70. Les pido su mayor comprensión para que podamos avanzar en estos trámites.

ESTADO DE QUERETARO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

El diputado José Antonio Almazán González:Con su permiso, Presidente; compañeras; compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro.

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, José Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del PRD, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado J. Jesús Lomelí Rojas, a efecto de que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro y, en consecuencia extiendan la toma de nota a su Comité Ejecutivo electo legalmente y en forma democrática, en apego a derecho. Presento esta solicitud conforme a las siguientes:

Consideraciones

1. Que la autonomía sindical es un derecho constitucional de todo sindicato para decidir con libertad su vida interna, y poder así cumplir su tarea en defensa de los intereses de sus agremiados, tal y como lo establece la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de sus elecciones internas, para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo al artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo, y del artículo 3° del Convenio 87, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3. Que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, fue electo legalmente por medio del proceso electoral, calificado por su asamblea general el 15 de agosto de 2006, y ratificado por dos asambleas generales más, donde los trabajadores ya externaron su libre voluntad de elegir y ratificar a sus dirigentes sindicales, todo lo cual se llevó a cabo en apego al marco jurídico aplicable y, concretamente en respeto a sus estatutos sindicales.

4. Sin embargo, como ya es costumbre tanto del gobierno federal como local, en una ilegal intromisión en la autonomía sindical, el gobernador del estado de Querétaro apoyándose en las acciones de su Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (Tecae), y sin mediar procedimiento alguno les ha negado con diversos pretextos legaloides la toma de nota al Comité electo legalmente por los trabajadores del sindicato mencionado.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón, y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado J. Jesús Lomelí Rojas, para que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro y, en consecuencia extiendan de manera inmediata la toma de nota a la mesa directiva electa en forma democrática y en apego a derecho por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Almazán. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice estudios de viabilidad para la construcción de accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Teziutlán y Amozoc-Entronque Perote.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz:Con su permiso, diputado Presidente; apreciables compañeros legisladores: vengo en esta ocasión a someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la problemática que se origina en comunidades pequeñas cuando se construyen autopistas o carreteras de cuota. Por economía de tiempo directamente cito las consideraciones.

Considerando que la vocación natural de los suelos donde existen comunidades pequeñas es de uso agrícola principalmente, con la construcción de las autopistas y carreteras de cuota, esta vocación se ve afectada, debido a que no se hacen estudios necesarios para que se lleve a estos pequeños pueblos la aportación de los beneficios económicos que trae consigo a la población flotante que visita estas pequeñas comunidades, cuando éstas participan en los beneficios de una carretera.

En el entendido de que la inversión de los recursos de los ciudadanos de este país es y deberá priorizar la intención y atención de llevarles el desarrollo e inclusión a los pueblos pequeños del país, donde las carreteras significan ser una bolsa de oportunidades para el acceso al bienestar y al desarrollo.

No hay que perder de vista que las autopistas son una oportunidad que se debe aprovechar para que sea una de las mayores inversiones que involucre a las comunidades con diversos rezagos en las zonas económicas, mejorando con esto la conectividad de dichas comunidades a la región.

Cito el artículo 11 de la Carta Magna: ``Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes'', termino cita.

Además de que es de conocimiento de todos que la tenencia de la tierra en México va desde la propiedad de algunos surcos a extensiones de hasta 100 hectáreas, de acuerdo al uso y la vocación del suelo.

En la construcción de una autopista o carretera de cuota, varios pueblos pequeños, además de perder su libertad de acceso a la única fuente de empleo que tienen y su vocación de identidad con la tierra, se les mutila de tajo al perder esta fuente de empleo, la libertad de acceso a la misma, produciendo un desarraigo de su lugar de origen y además, los lanza violentamente a la migración, olvidando sus pocas pertenencias, arraigo y sobre todo, a su familia.

Todos hemos oído que las carreteras son la herramienta para acceder al desarrollo de la población, porque es cierto que la economía de los pueblos camina sobre ruedas.

Por ello, no tenemos derecho, por jugosa que parezca la rentabilidad de hacer carreteras, que incuben el criterio del principio y fin de arrebatar a los pueblos la oportunidad de acceder a las vías de comunicación, que por un lado los discrimina a una flagrante violación y a la dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 1o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la prioridad que tenemos como país de combatir en la paz del territorio nacional, la lacerante marginación que trae la pobreza, produciendo en la persona una automarginación y el decaimiento de la autoestima. Por ello, nunca será un gasto dotar a las autopistas los accesos, salidas y retornos para la libre determinación del individuo y respetando su libre albedrío de transitar por las mismas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Punto de acuerdo con carácter de pronta u obvia resolución que pongo a su consideración, apreciables compañeros legisladores.

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de su competencia se realicen los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de acceso, salidas y retornos en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal de Ocotepec. Así como también a la comunidad de Xonocuautla, municipio de Tlatlauquitepec, en el tramo de la autopista Oriental Teziutlán y en la comunidad de Guadalupe Sarabia, en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc, entronque Perote-Veracruz, comunidades ubicadas en el estado de Puebla y que quedan fraccionadas por las vías de comunicación, inhibiendo su desarrollo social y económico. En caso de ser positiva su viabilidad, se insta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su aplicación.

Solicito, señor Presidente, se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar los estudios de viabilidad pertinentes para construir accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Tezuitlán y Amozoc-Entronque Perote, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Guillermo Fuentes Ortiz, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de su competencia, se realicen los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos, salidas y retornos en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal Ocotepec en el tramo de la autopista Oriental-Teziutlán y a la comunidad de Guadalupe Sarabia en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc-entronque Perote; comunidades ubicadas en el estado de Puebla y que quedan fraccionadas por estas vías de comunicación, inhibiendo su desarrollo social y económico, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con fundamento en los artículos 5 y 11 de nuestra Constitución, artículo 5, fracciones I y II, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, considerando que la vocación natural de los suelos donde existen comunidades pequeñas, es de uso agrícola principalmente, con la construcción de autopistas y carreteras de cuota, esta vocación se ve afectada, debido a que no se hacen los estudios necesarios para que se lleve a estos pueblos pequeños la aportación de los beneficios económicos que trae consigo la población flotante que visita a estas pequeñas comunidades, cuando participan de los beneficios de una carretera, en el entendido que la inversión de los recursos de los ciudadanos de este país es y deberá priorizar la intención y atención de llevarles el desarrollo e inclusión a los pueblos pequeños del país donde las carreteras significan ser una bolsa de oportunidades para el acceso al bienestar y desarrollo.

No hay que perder de vista que las autopistas son una oportunidad que se debe aprovechar para que sean una de las mayores inversiones que involucren a las comunidades, con diversos rezagos, a las zonas económicas mejorando con esto su conectividad de dichas comunidades con la región.

Cito el artículo 11 de la Carta Magna, ``que todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes'' termino cita; además que es de conocimiento de todos que la tenencia de la tierra en México va desde la propiedad de algunos surcos, a extensiones de hasta 100 hectáreas de acuerdo el uso de la vocación del suelo. En la construcción de una autopista o carretera de cuota, varios pueblos pequeños además de perder su libertad de acceso a la única fuente de empleo que tiene y su vocación de identidad con la tierra se les mutila de tajo, al perder esta fuente de empleo, la libertad de acceso a la misma produciendo un desarraigo de su lugar de origen y además los lanza violentamente a la migración, olvidando sus pocas pertenencias, arraigo y sobre todo a su familia.

Todos hemos oído que las carreteras son la herramienta para acceder al desarrollo de la población, porque es cierto que la economía de los pueblos camina en ruedas. Por ello no tenemos derecho, por jugosa que parezca la rentabilidad de hacer carreteras que incuben el criterio del principio y fin, de arrebatar a los pueblos la oportunidad de acceder a las vías de comunicación, que por un lado los discriminan en una flagrante violación a la dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la prioridad que tenemos como país de combatir en la faz del territorio nacional la lacerante marginación que trae la pobreza, produciendo en la persona una automarginación y el decaimiento de la autoestima, por ello, nunca será un gasto el dotar a las autopistas de los accesos, salidas y retornos para que sea libre determinación del individuo, respetando su libre albedrío, transitar por las mismas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Con fundamento en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la carencia de accesos al flujo automovilístico de las autopistas en las pequeñas y medianas comunidades entorpece la actividad económica y productiva de las personas que habitan en ellas.

Tomando en consideración lo anterior, nos damos cuenta que se requiere impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades pequeñas que quedan partidas por las vías de comunicación, que a su paso, marginan a su población. Es necesario mencionar que en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal Ocotepec en el tramo de la autopista Oriental-Teziutlán y a la comunidad de Guadalupe Sarabia en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc-entronque Perote, hay un importante potencial agrícola, ganadero y comercial que se ve completamente limitado por las faltas de acceso a las autopistas. Si se permitiera dicho acceso, así como sus correspondientes salidas y retornos, se incentivaría el desarrollo de las actividades antes mencionadas, aunado a que se permitiría el acceso de otras nuevas más, contribuyendo con esto a mejorar la vida económica y social de la región.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de su competencia, se realicen los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos, salidas y retornos en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal Ocotepec en el tramo de la autopista Oriental-Teziutlán y a la comunidad de Guadalupe Sarabia en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc-entronque Perote; comunidades ubicadas en el estado de Puebla y que quedan fraccionadas por estas vías de comunicación, inhibiendo su desarrollo social y económico. En caso de ser positiva su viabilidad, se insta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su aplicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se atiende su solicitud, ciudadano diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene la palabra el diputado Carlos Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación su intervención en relación con las transmisiones de las radiodifusoras Radio Universidad y Radio Ciudadana, en el estado de Oaxaca.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez:Con su permiso, señora Presidenta: las y los suscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticade la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesy a la Secretaría de Gobernaciónpresenten denuncia ante la Procuraduría General de la República, a efecto de que finquen las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informen a este honorable Pleno los resultados de sus investigaciones en relación a las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana transmitidas durante los pasados meses en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al tenor de las siguientes consideraciones.

Durante el conflicto social que se vive en Oaxaca, el gobierno del estado sacó al aire de manera ilegal las transmisiones de una radio en frecuencia modulada, la cual se denominó Radio Ciudadana, en el 99.1 de frecuencia modulada. Esta estación ha sido un factor que ha alentado la polarización del conflicto que se vive en Oaxaca.

En sus transmisiones se incitó a la violencia y al linchamiento de aquellos que no piensan igual que el gobernador Ulises Ruiz. Como ejemplo está la transmisión donde a través de su frecuencia, dando dirección y ubicación exacta convocaron a la población simpatizante de esta emisora, a presentarse en domicilios y oficinas de Flavio Sosa, a la oficina de Asociación Civil Educa y a algunos domicilios de diputados y senadores de otros partidos distintos al de Ulises Ruiz y a representantes de la iglesia, para su linchamiento y quema de dichos domicilios.

Ni esta soberanía ni las autoridades federales debemos ser omisos ante este factor de tensión que se vive en Oaxaca, porque es una flagrante violación a las disposiciones legales vigentes, puesto que esta radiodifusora operaba de manera ilegal, sin los permisos correspondientes y lo más grave es que incitaba a la violencia.

Mientras se utilizaba ilegalmente el espacio radiofónico, en contraste, una radio que sí es legal y que cuenta con el permiso correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es Radio Universidad, ha sido víctima de distintas agresiones, las cuales denuncio ante esta soberanía.

Debe señalarse que la radio universitaria inició sus transmisiones el 2 de octubre de 1964, durante la gestión del licenciado Alberto Canseco Ruiz, rector de la máxima casa de estudios oaxaqueña. Transmite con el distintito XEVJAM, en el 1400 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia, cuya permisionaria es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como lo publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su sitio Web.

Esta frecuencia concesionada a favor de la Universidad Autónoma Benito Juárez, a partir de junio del 2006, y ha sido víctima de múltiples atentados contra sus instalaciones y sus locutores por las opiniones que ahí se expresan, hechos que atentan flagrantemente contra la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Desde la Radio Ciudadana se dirigieron varias agresiones hacia los simpatizantes de la APPO, organizaciones civiles y a la radiodifusora universitaria como el sufrido sábado 22 de julio de 2006, cuando un grupo fuertemente armado entró a las instalaciones de transmisión, donde accionó varios disparos sin que nadie resultara herido.

Posteriormente, el 8 de agosto del 2006, recibió otra agresión más, ya que vaciaron ácido a sus transmisores, paralizando su funcionamiento durante mes y medio.

Finalmente sale fuera del aire a mediados de noviembre por las constantes interferencias y ataques, en tanto, Radio Ciudadana recibía la protección del gobierno del estado. Otro de los acontecimientos que se dirigió desde Radio Ciudadana es la detención de César Mateos y Jorge Sosa Campos, al hacerle llamado a los radioescuchas a reportar la ubicación de estas personas a los paramilitares y ministeriales para que acudieran a su captura, al mismo tiempo que llamaban al linchamiento de los dirigentes y a ofrecer 100 mil pesos por la cabeza de cada uno de ellos.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación presenten denuncia ante la Procuraduría General de la República a efecto de que dentro del marco de sus atribuciones finquen las responsabilidades correspondientes.

Segundo. Se informe a este honorable Pleno, los resultados de sus investigaciones en relación a las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, transmitidas durante los pasados meses en el 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los doce días del mes de diciembre del año de dos mil seis.

Solicito a la Presidencia se integre este punto de acuerdo en el Diario de los Debates y se considere de urgente u obvia resolución.

Firman este punto de acuerdo, aparte del de la voz, el diputado Othón Cuevas Córdova, el diputado Carlos Altamirano, la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán, el diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina, el diputado Benjamín Hernández Silva y la diputada federal Aleida Alavez Ruiz. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad; y a la Segob, que suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren con la señal de transmisión de Radio Universidad, asimismo realice las acciones conducentes para restablecer su señal; y a la Secretaría de Gobernación inicie procedimiento para que se suspenda la programación de las trasmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana que transmite en el canal 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, asimismo proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informen a este honorable Pleno los resultados de sus investigaciones, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Radio Universidad de Oaxaca, comenzó sus transmisiones el 2 de octubre de 1964, durante la gestión del licenciado Alberto Canseco Ruiz, rector de la máxima casa de estudios oaxaqueña.

Actualmente transmite con el distintivo XEUBJ-AM en el 1400 de amplitud modulada con 1,000 watts de potencia cuyo permisionario es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su sitio Web.

Esta frecuencia otorgada a favor de la Universidad, a partir de junio de 2006, ha sido víctima de múltiples atentados contra sus instalaciones y sus locutores, por las opiniones que se expresan, hechos que atentan flagrantemente contra la garantía constitucional de libertad de expresión.

La radiodifusora universitaria ha sufrido varias agresiones orquestadas por grupos paramilitares al exterior e interior del campus universitario.

El sábado 22 de julio del 2006 un grupo fuertemente armado entró a las instalaciones de transmisión, donde accionó varios disparos sin que nadie resultara herido, posteriormente el 8 de agosto de 2006 recibió otra agresión más, ya que vaciaron ácido a sus transmisores paralizando su funcionamiento mes y medio.

Un acontecimiento que despierta serias interrogantes, es el caso de que el día 29 de octubre la estación de radio interrumpió su señal poco después de las 18:00 horas, cuando se produjo un apagón justo en el momento que entraba la PFP a la ciudad.

El 4 de noviembre, poco antes de las siete de la mañana ``un grupo de hombres fuertemente armados accionó rifles AK-47 y de otros calibres contra las instalaciones de Radio Universidad'', según informaron estudiantes de la UABJO, que mostraron más de 10 casquillos calibre 762 como prueba de que la emisora fue agredida.

De este atentado resultó herido el estudiante de 21 años Marcos Manuel Sánchez Martínez, cuyo estado de salud, actualmente, es muy delicado.

Una de las antenas presentaba al menos cinco impactos de bala, y otra se alojó en una de las lámparas que ilumina la parte trasera de la emisora.

El presunto ataque se realizó desde la calle Reforma Agraria, vialidad que hace esquina con 20 de Noviembre, desde la que se accede a Radio Universidad.

Desde finales de octubre, Radio Universidad, empezó a registrar problemas de transmisión y se teme que en breve pueda salir completamente del aire.

La alteración de la señal de Radio Universidad ha consistido en generar interferencia que perturba la recepción de la señal, encimar música durante la transmisión original, encimar la transmisión de otras estaciones de radio o mantener un ruido fuerte que impide captar la señal.

Por otro lado, al margen de la ley, de las concesiones y permisos de la SCT, durante este conflicto ha salido a la luz pública una señal denominada Radio Ciudadana en el 99.1 de frecuencia modulada, la cual transmite mensajes que incitan a la violencia además de formular ataques directos al movimiento social que participa en Oaxaca.

Esta emisora ilegal atenta contra la paz de la entidad, pues convoca a los oaxaqueños a usar las armas y solucionar por esta vía el conflicto que vive la entidad.

En el presente contexto se considera necesaria la intervención de las autoridades federales que generen condiciones para la solución pacífica del conflicto.

Por lo que respecta a Radio Universidad es necesario que la SCT garantice la libre emisión de su señal y se le brinden las garantías necesarias para ejercer el fundamental derecho de libre expresión.

No obstante, la SCT debe tomar en cuenta en todo momento el principio de autonomía de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren con la señal de transmisión de Radio Universidad, con el distintivo de llamada XEUBJ, la cual transmite en la frecuencia de amplitud modulada en el canal 1400 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, asimismo realice las acciones correspondientes para restablecer su señal e informe a esta soberanía.

Segundo.La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación inicie procedimiento para que se suspenda la programación de las trasmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana que transmite en el canal 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, asimismo proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informe a este honorable Pleno los resultados de sus investigaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputados: Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Othón Cuevas Córdova, Carlos Altamirano Toledo, Daisy Selene Hernández Gaytán, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Benjamín Hernández Silva, Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Está a discusión el punto. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficiente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada, comuníquese.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado José Varela, le dan sonido, por favor, a la curul del diputado.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas(desde la curul): Nada más solicito que sea tan amable de hacer el recuento, porque parece que no hay quórum.

ESTADO DE OAXACA

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. La diputada Aleida Alavez, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Más bien, diputada Presidenta, es para que se corrija el procedimiento del punto de acuerdo que acabamos de aprobar, ya que fue enunciado y no vaya a quedar así, en la versión estenográfica, que fue suficientemente discutido y no aprobado. El asunto es corregir que fue aprobado el punto de acuerdo por obvia o urgente resolución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se atiende la petición que usted dio, diputada; sin embargo, la Secretaria hizo los dos procedimientos en la participación que dio en el micrófono.

El diputado Armando García Méndez(desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Armando García. Si le dan sonido a la curul.

El diputado Armando García Méndez(desde la curul): No quedó clara la votación anterior, señora Presidenta, porque usted anunció, o la Secretaria dijo, que estaba suficientemente discutida. Nunca se mencionó la aprobación. Para que quede en la versión estenográfica, yo creo que hay que corregirla. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De hecho en la versión estenográfica, si usted la revisa, aparece que yo di la indicación de ``aprobada; comuníquese''.

DIESEL MARINO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y de Agricultura a seguir otorgando el subsidio de apoyo a diesel para actividades agropecuarias.

El diputado Carlos Eduardo Felton González:Gracias, diputada Presidenta; compañeros diputados y diputadas: la pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no sólo la parte alimentaria y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional. Durante la Presidencia de José López Portillo se crea el Departamento de Pesca, constituyendo así un solo organismo para la administración pesquera. En 1982 se dio paso a un importante crecimiento en esta actividad, transformando este Departamento en la Secretaría de Pesca y para el 6 de febrero de 1984, el Instituto Nacional de la Pesca fue considerado como un organismo desconcentrado.

En 1994, bajo la administración de Ernesto Zedillo hubo un retroceso significativo pues el sector pesquero es convertido en una Subsecretaría dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca denotando una gran ignorancia sobre la importancia que tiene la pesca en el ámbito alimenticio y económico para nuestro país.

Para el año 2000, bajo la administración del Presidente Fox, el sector pesquero es revalorado, pasando a ser una subsecretaría de la recién creada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Aquí la pesca es administrada en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con sede en Mazatlán, Sinaloa.

De esta Comisión dependen la administración general, la administración de pesquerías y el Instituto Nacional de la Pesca; de igual forma, en cada uno de los estados subdelegaciones de pesca dependientes estructuralmente de las delegaciones de la Sagarpa y operativamente de la Conapesca.

El interés que se ha retomado en este campo se refleja en la misión de la Conapesca que expresa ser una institución integrada por profesionales comprometidos con la legalidad, la calidad y la transparencia que conduce al desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola para incrementar el bienestar de los mexicanos.

Quiero mencionar, en lo particular, que dentro de los programas de apoyo de Conapesca existe uno de gran importancia, el cual corresponde al otorgamiento del subsidio al diesel marino...

El diputado Daniel Amador Gaxiola(desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Discúlpeme, diputado, la interrupción. ¿Con qué objeto, diputado Amador?

El diputado Daniel Amador Gaxiola(desde la curul): Para un comentario al diputado Felton, si me lo permite, porque estamos aquí cruzados con la agenda.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Con todo gusto, diputado.

El diputado Daniel Amador Gaxiola(desde la curul): Es que aquí estaba leyendo el punto que es sobre el diesel para actividades agropecuarias y estoy escuchando que está usted leyendo sobre pesca. ¿Cuál de los dos puntos es?

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Yo creo que hubo un error, es sobre el diesel, el apoyo al diesel marino en pesca. Hubo un error en la transcripción de la Gaceta. Yo pido a la Presidenta que haga la corrección correspondiente publicando íntegro el texto que estoy leyendo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma nota en la Secretaría, diputado.

El diputado Carlos Eduardo Felton González:Retomo. Quiero mencionar en lo particular, que dentro de los programas de apoyo de Conapesca existe uno de gran importancia, el correspondiente al otorgamiento del subsidio al diesel marino.

Según la experiencia en este sector, y por lo reducido del presupuesto que se le asigna, queda prácticamente fuera del alcance el presupuesto designado al apoyo del energético, apoyo que significa la diferencia para muchos pescadores entre salir a pescar o dejar las embarcaciones fondeadas esperando mejores tiempos.

México tiene actualmente una producción anual de 1.5 millones de toneladas con un valor promedio total de 14 mil millones de pesos. Asimismo, México ocupa el lugar 16 a nivel internacional en cuanto a producción en el sector pesquero y esto es posible gracias a las más de cien mil embarcaciones ribereñas y cerca de tres mil 500 embarcaciones de altura.

Es de suma importancia valorar la colaboración de instituciones que reconozcan los logros de la pesca a lo largo del tiempo y el gran papel que este sector puede jugar en la solución de problemas de pobreza y hambre de los actuales mexicanos, así como la generación de nuevas fuentes de empleo y de riqueza que repercutan en las finanzas de la economía pública.

Que para un país como México, con una extensión de litorales de cerca de 11 mil 500 kilómetros y un mar patrimonial de aproximadamente tres millones de kilómetros cuadrados, esta actividad significa, además de un ejercicio de la soberanía nacional, una importante cantidad de empleos, divisas y medio de sustento de poblaciones costeñas y ribereñas, que aún cuando la pesca es una actividad basada en la explotación de recursos renovables, es también impulsora de otras actividades industriales relacionadas que implican a miles de personas en una actividad económica que debe virar hacia su propio crecimiento e independencia.

El sector pesquero en su conjunto tiene dificultad para planear a largo plazo, debido a la escasez de financiamiento similar al que gozan sus competidores extranjeros.

Que la actividad pesquera nacional debe ser independiente de los tiempos administrativos gubernamentales para lo que los apoyos no deben estar sujetos, en la medida de lo posible, a recortes presupuestales y que además estos se encuentren diluidos en las diversas áreas de la Sagarpa, en donde es evidente que para el secretario de la misma, me refiero al anterior, la pesca no tenía la misma importancia que la agricultura o la ganadería.

Por lo anterior, considerando que el sector pesquero constituye una actividad determinante por su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la población y preocupado por defender los intereses de los habitantes, particularmente los sujetos que se dedican a la actividad pesquera en todo el país, es que somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se mantenga el otorgamiento del subsidio a través de Sagarpa al diesel marino, exhortando a la Comisión de Presupuesto para que este subsidio sea etiquetado al presupuesto del gobierno federal, independiente del contemplado para Sagarpa, con la finalidad de no disminuir el presupuesto ya de por sí insuficiente de Conapesca con el que se busca atender adecuadamente al sector pesquero del país.

Segundo. Convoco al titular del Poder Ejecutivo federal a que, con base en sus atribuciones y facultades constitucionales, envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforme y adicione la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Pesca, que operaría dentro del catálogo de dependencias que integran la administración pública central, otorgándole a esta actividad el impulso que requiere para llegar a ser parte importante del desarrollo económico de nuestro país. Es tanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que, conforme a sus atribuciones y facultades, envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforme y adicione la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Pesca, que operaría dentro del catálogo de dependencias que integran la administración pública central, así como la forma de mantenimiento del subsidio al diesel marino, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del pan.

El suscrito, diputado federal por Sinaloa, Carlos Eduardo Felton González, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a ésta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no solo la parte alimentaría y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional.

Durante la Presidencia de José López Portillo se creó el Departamento de Pesca, constituyendo así un solo organismo para la administración pesquera. En 1982 se dio paso a un importante crecimiento en esta actividad, transformando este departamento en la Secretaría de Pesca y para el 6 de febrero de 1984, el Instituto Nacional de la Pesca fue considerado como un organismo desconcentrado.

En 1994 bajo la administración de Ernesto Zedillo, hubo un retroceso significativo, pues el sector pesquero es convertido en una subsecretaría, dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; denotando una gran ignorancia sobre la importancia que tiene la pesca en el ámbito alimenticio y económico para nuestro país.

Para el año 2000, bajo la administración del Presidente Vicente Fox, el sector pesquero es revalorado, pasando a ser una subsecretaría de la recién creada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Aquí, la Pesca es administrada en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con sede en Mazatlán, Sinaloa.

De esta Comisión dependen la Administración General, la Administración de Pesquerías y el Instituto Nacional de la Pesca. De igual forma, en cada uno de los Estados existen Subdelegaciones de Pesca, dependientes estructuralmente de las Delegaciones de la SAGARPA y operativamente de la Conapesca.

El interés que se ha retornado en este campo, se refleja en la misión de la Conapesca, que expresa ser una institución integrada por profesionales comprometidos con la legalidad, la calidad y la transparencia que conduce el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero Y acuícola para incrementar el bienestar de los mexicanos. Quiero mencionar en lo particular que dentro de los programas de apoyo de CONAPESCA, existe uno de gran importancia, el correspondiente al otorgamiento del "subsidio al diesel marino". Según la experiencia en este sector y por lo reducido del presupuesto que se le asigna, queda prácticamente fuera del alcance el presupuesto destinado al apoyo del energético, apoyo que significa la diferencia para muchos pescadores entre salir a pescar o dejar las embarcaciones fondeadas, esperando mejores tiempos.

México tiene actualmente una producción anual de 1.5 millones de toneladas con un valor promedio total de 14,000 millones de pesos.

Asimismo, México ocupa el lugar decimosexto a nivel internacional en cuanto a producción en el sector Pesquero, y esto es posible gracias a las más de 100,000 embarcaciones ribereñas y cerca de 3,500 embarcaciones de altura.

Es de suma importancia valorar la colaboración de instituciones que reconozcan los logros de la pesca a lo largo del tiempo y el gran papel que este sector puede jugar en la solución de problemas de pobreza y hambre de los actuales mexicanos, así como la generación de nuevas fuentes de empleo y de riqueza que repercutan en las finanzas de la economía pública.

Que para un país como México, con una extensión de litorales de cerca de 11,500 kilómetros y un mar patrimonial de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, esta actividad significa además de un ejercicio de la soberanía nacional, una importante cantidad de empleos, divisas y medio de sustento de poblaciones costeras y ribereñas.

Que aún cuando la pesca es una actividad basada en la explotación de recursos renovables, es también impulsora de otras actividades industriales relacionadas que implican a miles de personas en una actividad económica que debe virar hacia su propio crecimiento e independencia.

Que el sector pesquero en su conjunto tiene dificultad para planear a largo plazo debido a la escasez de financiamiento similar al que gozan sus competidores extranjeros.

Que la actividad pesquera nacional debe ser independiente de los tiempos administrativos gubernamentales, por lo que los apoyos no deben estar sujetos, en medida de lo posible, a recortes presupuestales y que, además, estos se encuentren diluidos en las diversas áreas de la SAGARPA, en donde es evidente que para el secretario de la misma, la Pesca no tiene la misma importancia que la Agricultura o la Ganadería.

Por lo anterior, considerando que el sector pesquero constituye una actividad determinante por su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la población y preocupado por defender los intereses de habitantes, particularmente los sujetos que se dedican a la actividad pesquera en todo el país.

Es que someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Convocamos al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, con base en sus atribuciones y facultades constitucionales, envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley que reforme y adicione la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Pesca que operaría dentro del Catálogo de Dependencias que Integran la Administración Pública Central, otorgándole a esta actividad, el impulso que requiere para llegar a ser parte importante del desarrollo económico de nuestro país.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito ,Público, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se mantenga el otorgamiento del Subsidio SAGARPA al diesel marino, exhortando a la Comisión de Presupuesto que este subsidio sea etiquetado al presupuesto del Gobierno Federal, independiente del contemplado para SAGARPA, con la finalidad de no disminuir el presupuesto ya de por si insuficiente de CONAPESCA, con el que se buscaría atender adecuadamente al sector del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de diciembre de 2006.--- Dip. Carlos Eduardo Felton González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución...Sí, perdón diputada; ¿con qué objeto?

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Presidenta, hasta donde sé, hay un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación donde todos los puntos de acuerdo que impacten en el Presupuesto 2007 se irán directamente a Comisión y aquí quiere poner usted a consideración de esta Asamblea un punto de acuerdo que va a impactar en el Presupuesto, entonces yo solicito que se les dé el tratamiento a todos los puntos de acuerdo igual o que rectifique porque unos pareciera que sí van a la Comisión y otros se pongan aquí a aprobación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene razón, diputada. Nada más que el punto a que hizo referencia el diputado Zermeño hace un momento, era sobre el Presupuesto 2007 y por eso se turnó a la Comisión de Presupuesto, en este caso el diputado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y de Agricultura, por eso se va a consultar a la Asamblea si es de aprobarse el punto que está presentando. El diputado Elías Cárdenas, de Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez(desde la curul): Muchas gracias. Era únicamente para hacerle una pregunta al diputado orador, en el sentido de cuál era su fuente de información al decir que México cuenta con 3 mil 500 embarcaciones de pesca de altura.

En realidad el sector pesquero ha sido destruido por los últimos gobiernos de México, al atacar el sector social y destruirlo totalmente; es decir, de donde salen estas tres mil 500 embarcaciones de pesca de altura. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado; sin embargo, el diputado ya bajó de la tribuna, no se hizo en su momento la pregunta. Sí, diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Diputada, quizás escuché mal, pero el diputado hizo referencia a que se le pidiera a la Comisión de Presupuesto se programe para este Ejercicio 2007 nuevamente ese subsidio de diesel a la pesca.

Tengo entendido que ese es uno de los planteamientos que hizo el diputado en su punto de acuerdo. Como sí impacta al Presupuesto 2007, yo solicito que se le dé el tratamiento que se le ha estado dando a todos los puntos de acuerdo en referencia al análisis del Presupuesto 2007, que el diputado nos diga si es así, que hace alusión al Presupuesto 2007.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Felton, hay una pregunta que precisaría, si usted nos la pudiera contestar para saber si se le da turno a comisión o se puede ser votado el punto.

El diputado Carlos Eduardo Felton González(desde la curul): Que se turne a comisión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muy bien, diputado.

Antes de turnarlo a comisión, el diputado Cárdenas, de Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez(desde la curul): Diputada Presidenta, por qué pregunta usted al diputado en este caso y en el mío no quiso hacerlo. Es únicamente lo que pregunto, parece ser que no es pareja. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, diputado, me apena lo que le voy a contestar; sin embargo, lo voy a hacer, no queríamos hacerlo aquí en la Mesa, pero el punto que presentó el diputado efectivamente no coincide con el que tenemos nosotros registrado.

Ese es el problema, que nosotros estamos consultándole al diputado que nos aclare cuál es el punto que él está presentando respecto a presupuesto, por eso el propio ponente está pidiendo que se pase a comisión. Creo que es lo más correcto para salir de este punto. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PERIODISMO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública incluya en el programa de formación de recursos humanos, basada en competencias, al periodismo.

El diputado Francisco Antonio Fraile García(desde la curul): Si quisiera obsequiar la Presidencia que se leyera nada más la resolución, los puntos de acuerdo, sin que pase yo a la tribuna, sino que directamente se leyera ahí para que conozcan los medios de comunicación el objeto de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro que sí, con mucho gusto, diputado. Se instruye a la Secretaría precise.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incluir en el Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias el periodismo como actividad susceptible de evaluación y certificación profesional, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La labor que realizan los trabajadores de la comunicación es esencial para posibilitar la información y la formación de opinión pública en nuestro país. El proceso de cambio político y democrático en México se entiende, en más de un sentido, gracias a la labor desempeñada por los trabajadores de los medios de comunicación.

Sin embargo, no todas las empresas de la información ofrecen buenas remuneraciones a sus reporteros, locutores o programadores. Muchas empresas de la comunicación, trátese de medios impresos, radiofónicos o televisivos ---inclusive cibernéticos--- pagan sueldos y salarios muy por debajo del esfuerzo profesional de los informadores.

Los trabajadores de los medios que laboran bajo condiciones económicas precarias, en muchos casos también sufren la falta de prestaciones laborales. Una parte considerable de los reporteros, locutores o programadores no cuentan con una plaza fija ni contrato; tampoco tienen seguro social, prestaciones o reparto de utilidades, y cuando se les da aguinaldo éste suele ser equivalente a 15 días de salario. Bajo estas circunstancias, el mercado laboral resulta bastante inestable y poco prometedor para desarrollarse en el campo del periodismo.

Ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades económicas en un solo trabajo, el periodista tiene que buscar otras alternativas que complementen su magro ingreso.

En la búsqueda de entradas económicas extra, es práctica común involucrarse, además del reporteo, en labores de edición o redacción del mismo periódico y, simultáneamente, trabajar para la radio o televisión local y para alguna agencia noticiosa nacional.

El presente punto de acuerdo tiene la intención, en primer lugar, de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que incluya en el Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias (Proforhcom), al reportaje, la edición, la locución y la programación en los medios de comunicación masiva como actividades susceptibles de evaluación y certificación profesional con base en el reconocimiento de las competencias y experiencias de los reporteros, locutores y periodistas que han adquirido sus conocimientos mediante la práctica.

En segundo lugar, el presente punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que incluya la licenciatura en periodismo en la lista de licenciaturas susceptibles de acreditación mediante conocimientos correspondientes a niveles educativos adquiridos en forma autodidacta o con la experiencia laboral, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 286 de la SEP.

Esto, con la intención de incentivar el empleo mejor retribuido para aquellos que satisfagan las competencias y los conocimientos de las tareas periodísticas, y de esa manera incidir en las contrataciones que devenguen no sólo en un ingreso razonable para las personas, sino que también les proporcione los beneficios de la seguridad social que ampara el marco jurídico mexicano para cualquier empleado.

Es importante dejar en claro que el concepto de competenciasse refiere, en esencia, a la aplicación de conocimientos prácticos mediante de habilidades físicas e intelectuales, respecto a criterios o estándares de desempeño esperados (normas o calificaciones). Para cualquier sociedad, aunque el enfoque de competencias se centra en el aprendizaje, en realidad representa un gran sistema en el que intervienen diversos y complejos procesos, entre los que destacan: a) normalización, b) formación, c) evaluación, d) acreditación, e) certificación y f) socialización.

La certificación de competencias laborales entraña una ventaja para el trabajador al reconocerle competencias adquiridas a partir de su experiencia y no limitar la descripción de sus capacidades laborales a lo que haya sido su vida académica. Los modelos más desarrollados del enfoque de competencias apuntan a darle a la certificación el mismo valor de los títulos educativos, y así eliminar el concepto erróneo de educación de primera y educación de segunda categorías.

La formación por competencias contribuye a que las habilidades del trabajador se puedan aprovechar en una mayor gama de opciones de empleo. En este sentido la formación y certificación de competencias apoyan la empleabilidad. Adicionalmente, la formación orientada por competencias privilegia el desarrollo de capacidades asociadas a la comprensión, la conceptualización de lo que se hace y, por ende, facilita el aprendizaje y la readaptación. Su foco es más abierto e incluyente en relación con la aplicación en el trabajo.

De acuerdo con la propia página de Internet de la SEP, ``el origen del Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias (Proforhcom) se fundamenta en la existencia del Proyecto para la Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (Pmetyc), que fue financiado en una primera etapa (1995-2003), con crédito externo del Banco Mundial. El acuerdo intersecretarial se dio entre la secretarías de Educación Pública (SEP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), y se crearon los Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencia Laboral (SNCCL), mediante los cuales se establecieron los lineamientos para la elaboración de las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), como referentes para la formación y la capacitación, el diseño curricular y los planes y programas de estudio basados en competencias, así como las reglas y mecanismos para la operación de las funciones de evaluación y certificación de dichas competencias. La responsabilidad de la SEP sería determinar, junto con las demás autoridades federales competentes, ``los lineamientos generales, aplicables en toda la república para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes.''

En sus años de operación, el Pmetyc contribuyó a formar generaciones capaces de responder a las necesidades productivas del país, así como al mejoramiento de las oportunidades de progreso de las personas, incrementando la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de la formación profesional y técnica, y la capacitación en México, al igual que al reconocimiento de competencias y experiencias, mediante la evaluación y certificación de las trabajadores que han adquirido sus conocimientos en la práctica.

Desde el inicio del Proyecto se tenía clara la necesidad de llevar la capacitación a un proceso permanente, a lo largo de la vida, que no sólo otorgara apoyos para transitar de la escuela al centro de trabajo y de éste al sistema de formación, sino que abriera posibilidades para aquellos que requieren de un reconocimiento a los aprendizajes adquiridos a través de la experiencia.

Por su parte, la acreditación de conocimientos de licenciatura tiene sustento en el Acuerdo 286, emitido por la Secretaría de Educación Pública, y establece los lineamientos aplicables para la acreditación de conocimientos correspondientes grados educativos adquiridos en forma autodidacta o mediante la experiencia laboral.

A partir de los lineamientos de este acuerdo se diseñó un proceso de evaluación por medio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), que permite obtener el título profesional a quienes no realizaron estudios formales pero han adquirido los conocimientos correspondientes a un área del conocimiento con la práctica laboral.

Es importante recordar que muchos trabajadores, ante la imposibilidad de acreditar lo que saben, se ven obligados a aceptar empleos por debajo de sus aptitudes, con una remuneración que no corresponde a su capacidad productiva. De igual manera, aquellos que han adquirido conocimientos y habilidades en ambientes no escolarizados, al no poder demostrar equivalencias con la educación formal, enfrentan un impedimento para acceder a una oferta educativa que tenga sentido para ellos y que les permita construir sobre los cimientos con que ya cuentan.

En este contexto de dificultades económicas y de bajas expectativas de desarrollo para los trabajadores de la comunicación, es probable que muchos periodistas y reporteros destacados hayan optado por dejar el periodismo.

La posibilidad de que un trabajador de la comunicación, sea reportero, locutor, programador o periodista, acredite los conocimientos adquiridos mediante la práctica, lo coloca en posibilidades de negociar mejores condiciones laborales y salariales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que incluya en el Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias (Proforhcom), al reportaje, la edición, la locución y la programación en los medios de comunicación masiva como una actividad susceptible de evaluación y certificación profesional con base en el reconocimiento de las competencias y experiencias de los reporteros, locutores, periodistas y comunicadores que han adquirido sus conocimientos mediante la práctica.

Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que incluya la licenciatura en periodismo en la lista de licenciaturas susceptibles de acreditación mediante conocimientos correspondientes a grados educativos adquiridos en forma autodidacta o por medio de la experiencia laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 286 de la SEP.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2006.--- Diputado Francisco A. Fraile García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

DENGUE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Víctor Manuel Torres, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud emprenda las acciones para evitar una epidemia de dengue en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Salud emprenda acciones a fin de evitar una epidemia de dengues clásico y hemorrágico en Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Manuel Torres Herrera, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. En lo que va del presente año se han registrado en el país 5 mil 775 casos de dengue clásico, principalmente en los estados costeros.

Por su situación geográfica y su clima tropical el estado de Colima es propicio para que el mosquito Aedes aegypti desarrolle plenamente su ciclo biológico y se disemine rápidamente por todo el territorio estatal y los estados circunvecinos, ocasionando de esta manera un verdadero problema de salud pública que nos preocupa sobremanera al pueblo y gobierno de Colima.

Segunda.La Secretaría de Salud del gobierno del estado ha informado recientemente que en esta entidad, después de realizar numerosos estudios clínicos a sospechosos de portar el virus, el numero de personas que contrajeron el dengue se incrementó en 887 casos, 767 de dengue clásico y 118 de hemorrágico. Lamentablemente, de acuerdo con información de la prensa local, durante esta temporada han fallecido ya dos personas por esta causa, situación que puede agravarse, ya que concluido el ciclo de lluvias, según informes técnicos, el mosquito entra a una etapa de alto desarrollo debido al depósito de agua residual en cacharros y encharcamientos, y por ende su peligrosidad se incrementa.

Tercera. El dengue es una enfermedad grave causada por cuatro tipos de virus estrechamente relacionados, los cuales son transmitidos a los humanos por la picadura de un mosquito infectado. El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor o vector de los virus de dengue.

El dengue puede ser de dos tipos: dengue clásico, conocido también como ``trancazo'' o ``fiebre quebrantahuesos'', que se presenta con fiebre alta de instalación brusca, dolor de cabeza de predominio frontal, dolor ocular en la región orbital que aumenta al mover el ojo, dolores musculares y articulares, además de falta de apetito, náuseas y vómito.

También puede presentarse erupción transitoria en la piel, comezón, diarrea, dolor abdominal y congestión faríngea. Este cuadro suele durar de tres a siete días. En los niños menores de cinco años puede presentarse sólo fiebre.

En el dengue hemorrágico los síntomas son similares al anterior, pero más graves, además de dolor estomacal severo, vómitos frecuentes acompañados o no de sangre, equimosis y petequias (moretones y puntos rojos en la piel), pulso acelerado, palidez y frialdad de la piel que puede ocasionar choque e incluso la muerte.

Cuarta.Por otro lado, el secretario de Salud y Bienestar Social del gobierno del estado de Colima advierte que ya se detectó la presencia de cuatro serotipos de virus circulando en nuestro ambiente, por lo que el paso que seguiría es una epidemia de dengue, tanto hemorrágico como clásico, para el próximo año. Del dengue hemorrágico la epidemia podría afectar a más de 50 mil personas, y del dengue clásico del serotipo 3 o 4 alcanzaría hasta 100 mil afectados.

En este mismo tenor, destacan por su importancia las declaraciones del gobernador de Colima, quien sin pretender ser alarmista dio a conocer la gravedad de la situación y la estimación de los daños a la salud pública; en este sentido, reconoció que es preferible asumir la realidad y gravedad del problema, para estar en condiciones de prepararnos desde hoy para enfrentar en Colima el riesgo inminente de que se produzca una epidemia del dengue, tanto hemorrágico como clásico, con las consecuencias señaladas.

Quinta. Al igual que el caso de Colima, otras entidades federativas, como Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, se encuentran también en riesgo potencial de una epidemia por la presencia del mosco del dengue.

Con base en lo anterior propongo a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a la brevedad, emprenda una campaña intensa en los estados de Colima,Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, para el control del mosco del dengue, por medio de la participación de autoridades sanitarias estatales en estrecha coordinación con las autoridades municipales correspondientes. Para tal fin se solicita que se destinen los recursos financieros suficientes.

Palacio Legislativo, a los 21 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (Rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Salud.

ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la tribuna el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal instruya a la aceptación de la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación a las violaciones cometidas en San Salvador Atenco, estado de México.

El diputado Othón Cuevas Córdova:Con su permiso, Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir la aceptación de la recomendación número 38/2006 de la CNDH, relativa a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, México.

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones 1. El pasado 4 de mayo, en el poblado de San Salvador Atenco, estado de México, se realizó un operativo represivo, denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que derivó en diversas violaciones, algunas de ellas reconocidas como de lesa humanidad (como la tortura enmarcada en el abuso sexual a mujeres en calidad de detención), de las garantías y los derechos humanos de cientos de ciudadanos y ciudadanas mexicanas e, incluso, de cinco extranjeros.

2. En estricto cumplimiento de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 38/2006 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño. En ella determinó la participación de autoridades estatales y federales en la comisión de violaciones de la dignidad de las personas en cuanto a la vida, a la legalidad, la seguridad jurídica y a la integridad física.

3. Dicha recomendación ha sido rechazada por el titular de la SSP federal, Eduardo Medina Mora, a través de un documento dirigido al presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes, en el que niega que los elementos de la Policía Federal Preventiva hayan cometido abuso de la fuerza o tortura. En una defensa inaceptable, señala que los agentes policiacos respondieron en ``legítima defensa'' a las agresiones que les infligían los manifestantes y que salvaguardaron (sic) la seguridad de la población en general y de ellos mismos.

4. Llama la atención el cinismo de negar lo que vimos los mexicanos y el mundo a través de las imágenes difundidas por la televisión comercial. La negativa a aceptar la recomendación supone que no hubo retenciones ilegales, abuso y violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, tortura, violación del debido proceso, allanamientos de morada, y la muerte de un joven a causa de la explosión de una granada de gas lacrimógeno. El propio gobierno federal a través de la Fiscalía Especializada contra la violencia hacia las mujeres, dependiente de la Procuraduría General de la República, denunció ante el Comité contra la Tortura de la ONU que se cometieron actos de tortura y no sólo de abuso sexual contra 26 mujeres agredidas por los elementos policiacos. Hasta en los momentos postreros de la administración foxista, la contradicción entre sus funcionarios quedará como una de las marcas distintivas de su ineficacia.

5. Parecería que el titular de la seguridad pública federal desea repetir la historia de impunidades y corrupción que hemos vivido durante décadas, y cuyo saldo más dramático es el que dejó el terrorismo de Estado durante las décadas de sesenta, setenta y ochenta en nuestro país. Se le olvida al señor secretario que cualquier sistema democrático debería investigar, juzgar y sancionar a quienes ejercen la función pública y el monopolio de la fuerza violentando los principios constitucionales e internacionales de respeto de las garantías y derechos de las personas; más aún cuando a nivel internacional el titular del Ejecutivo federal pregona los avances que en materia de derechos humanos ha logrado su gobierno.

6. Es imperativo que las palabras se correspondan con los hechos y que el Ejecutivo federal dé una muestra de la voluntad política y democrática al atender una de las más graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos meses, y se acepte la recomendación número 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e investigue y sancione conforme lo establece la ley a los responsables intelectuales o materiales que, desde su función pública federal, violentaron garantías y derechos protegidos por nuestra Constitución.

Por lo anterior, y de conformidad con lo que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión en el artículo 58, se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en cumplimiento de los tratados internacionales signados y ratificados por México y de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire sus instrucciones para que se acepte la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, estado de México.

21 de noviembre de 2006, Honorable Cámara de Diputados.--- Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Othón Cuevas. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

INFORED

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputados, esta petición que han hecho a la Mesa es una petición que está fuera de la tradición que tenemos aquí de respetar el orden que llevamos de los puntos tratados.

En el orden del día aparece inscrito el diputado Humberto López Lena, para presentar un punto de acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas, y el diputado Del Río Virgen nos pide consultemos a esta Asamblea General si se puede cambiar este punto por un punto que él ha traído aquí a la Mesa, que al parecer tiene el consenso, eso es lo que iba a aclarar, al parecer tiene la mayoría de un número importante de diputados, más de 120 firmas, solicitando se pueda subir este punto que es una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentada por Infored, de José Gutiérrez Vivó.

Esto tendríamos que consultarlo a ustedes porque es una cuestión irregular cambiar el orden del día. No está inscrito este punto; tendría que darse de baja el que corresponde del diputado Humberto López Lena y dar de alta este punto o pasarlo al día jueves para su discusión. Por eso pido a la Secretaría se pueda consultar en votación económica si se hace el cambio del punto o no se hace. Se tendría que modificar el orden del día para sustituir este punto por el que están haciendo la petición.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se modifica el orden del día.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Del Río Virgen, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señora Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Un grupo de diputados de diferentes partidos, entre otros los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, el diputado Héctor Larios; del Partido de la Revolución Democrática,Javier González Garza; del Partido Verde Ecologista, la diputada Gloria Lavara; de Convergencia, Alejandro Chanona; del Partido del Trabajo, el diputado Cantú; del Partido Nueva Alianza, el diputado Miguel Ángel Jiménez y del Partido Alternativa han suscrito junto con 122 diputados una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV, y el señor José Gutiérrez Vivó.

Voy a dar lectura con todo respeto a nombre de estos diputados, de las consideraciones que tienen para solicitarle al Poder Judicial federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se resuelva en estricto derecho lo que corresponda a cada uno de los que están involucrados en este juicio de revisión constitucional. Las consideraciones que tienen los diputados son las siguientes:

Primero. En el año 2002 se planteó un juicio arbitral por Infored y el señor José Gutiérrez Vivó, del grupo Monitor, en el que reclamaron de Radio Centro la resolución de un contrato de prestación de servicios de producción de noticiarios, programas informativos y eventos especiales que celebraron a finales de 1998, más el pago de daños y perjuicios.

Después se dio un panel de arbitraje bajo los auspicios de la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, teniendo como sustento la cláusula arbitral incluida en el contrato y en la que se acordó, entre otras cosas, que los tres árbitros que compondrían el tribunal arbitral deberán ser expertos en la materia en cuestión. Después el juicio arbitral se llevó a cabo y el tribunal arbitral quedó constituido por destacados juristas mexicanos.

En el año 2004 el tribunal arbitral decidió por mayoría de votos el laudo definitivo, después el Grupo Radio Centro se inconformó. En noviembre de 2004 se dictó interlocutoria en la que se consideró adecuada la vía incidental y se declaró la nulidad del laudo arbitral con el argumento de que los árbitros no acreditaron ser peritos en la materia. En mayo de 2005 se dictó sentencia.

Estos recursos, compañeras y compañeros legisladores, dieron lugar a un amparo en que se concedió la protección de la justicia federal a Monitor, para el efecto de que se dejará insubsistente la sentencia interlocutoria y se dictará una nueva en que se declarara infundado el incidente de nulidad del laudo planteado por Radio Centro, por tratarse de un juicio de amparo e instancial, Radio Centro interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo que conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Estos recursos, como se encontraban sub júdice, los ministros de la Suprema Corte José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitaron desde el ejercicio de la facultad de atracción o de avocación, debido a la trascendencia e importancia del tema para el orden jurídico nacional. Es de destacar que la ministra Olga Sánchez Cordero se declaró impedida por la estrecha amistad que la unía con una de las partes.

Dicho tribunal, cuya composición suscitó controversia, ha tenido el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto un grupo, el grupo de diputados que firman esta proposición con punto de acuerdo, solicitan lo siguiente:

Primero. Con pleno respeto a la división de Poderes que establece nuestro marco constitucional, respetuosamente se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el recurso de revisión constitucional interpuesto por el grupo Monitor, de José Gutiérrez Vivó, con el objeto de que el laudo cumpla en estricto derecho con los resolutivos que la Constitución y la Ley de Amparo otorgan a todos los que acuden al Poder Judicial federal.

Compañeras y compañeros, el documento completo lo entregaré a la Secretaría para que se publique tal cual. Muchísimas gracias y le ruego, señora Presidenta, sea usted tan amable de enviarlo a la Comisión correspondiente de Radio, Televisión y Cinematografía. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el recurso de revisión constitucional interpuesto por Grupo Monitor, a fin de que Grupo Radio Centro cumpla el pago de acuerdo con el laudo que emitió la Corte Internacional de Comercio, presentada por el diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la sesión del martes 12 de diciembre de 2006

El que suscribe, diputado federal José Manuel del Río Virgen, en nombre de 112 diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En 2002 se planteó un juicio arbitral por Infored y José Gutiérrez Vivó (Grupo Monitor) en el que reclamaron de Radio Centro la resolución del contrato de prestación de servicios de producción de noticiaros, programas informativos y eventos especiales que celebraron a finales de 1998, más el pago de daños y perjuicios.

Segunda. Grupo Radio Centro contestó la demanda arbitral y reconvino la rescisión de dicho contrato por causas imputables a Monitor.

Tercera. El arbitraje se dio bajo los auspicios de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, teniendo como sustento la cláusula arbitral incluida en el contrato y en la que se acordó, entre otras cosas, que los tres árbitros que compondrían el tribunal arbitral ``deberán ser expertos en la materia en cuestión''.

Cuarta. El juicio arbitral se llevó a cabo y el tribunal arbitral quedó constituido por tres destacados juristas mexicanos: Alejandro Ogarrio Ramírez España, por Monitor; Juan G. Mijares Dávalos, por Radio Centro; y Eduardo Siqueiros Twowey, quien presidió el tribunal, a propuesta de ambos representantes. Los árbitros aceptaron sus cargos y protestaron desempeñarlos conforme a la ley, reconociendo expresamente ser expertos en la materia en cuestión, siendo confirmados por la Corte Internacional, sin objeción de las partes ni de los propios árbitros.

Quinta. En 2004, el tribunal arbitral decidió por mayoría de votos el laudo definitivo, en el que concedió razón a Monitor y declaró la resolución del contrato por causas imputables a Radio Centro, a quien condenó además al pago de los daños y perjuicios causados.

Sexta.Grupo Radio Centro se inconformó y presentó un incidente de nulidad del ludo arbitral ante el juzgado 63 de lo civil en el Distrito Federal, argumentando que se había violado el principio de igualdad de las partes y señalando que ninguno de los integrantes del tribunal arbitral, incluido el designado por Radio Centro, estaba reconocido o acreditado para ser perito en materia de radio y en materia contable.

En noviembre de 2004 se dictó interlocutoria, en la que se consideró adecuada la vía incidental y se declaró la nulidad del laudo arbitral, con el argumento de que los árbitros no acreditaron ser peritos en la materia.

Séptima.En mayo de 2005 se dictó sentencia, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Monitor, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia interlocutoria y se dictara una nueva en que se declarara infundado el incidente de nulidad del laudo planteado por Radio Centro.

Por tratarse de un juicio de amparo biinstancial, Radio Centro interpuso recurso de revisión contra la sentencia de amparo, del que conoció el décimo tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.

Octava.Mientras tales recursos se encontraban sub iúdice, los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz, integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitaron de éste el ejercicio de la facultad de atracción o de avocación, debido a la trascendencia e importancia del tema para el orden jurídico nacional.

Es de destacar que la ministra Olga Sánchez Cordero se declaró impedida por la estrecha amistad que la une con diversos accionistas que mantienen el control del grupo de empresas de Radio Centro, en sesión de 1 de marzo de 2006 se resolvió el no ejercicio de dicha facultad y se ordenó devolver los autos al tribunal colegiado.

Dicho tribunal, cuya composición suscitó movimientos inexplicables en su integración, declaró la nulidad del laudo arbitral.

Novena. Grupo Monitor recurrió entonces al recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue admitido y que, sin embargo, a la fecha está pendiente de resolución.

Décima.Con el incumplimiento del laudo, que fue supervisado en todo momento por la Corte Internacional de Comercio, se pone en duda la figura del arbitraje y la credibilidad del sistema jurídico mexicano, toda vez que una empresa nacional o extranjera acuda a dirimir diferencias económicas con otra no habrá certidumbre legal para invertir en nuestro país.

Undécima.El pasado jueves 30 de noviembre, José Gutiérrez Vivó anunció que Monitor dejaba de transmitir por la banda de frecuencia modulada, en virtud de la incapacidad financiera para seguir manteniendo la renta con el grupo radiofónico de Multivisión.

Esa decisión tomó por sorpresa a millones de mexicanos que durante más de 32 años han visto en Monitor de José Gutiérrez Vivó un servicio informativo de calidad, de respeto de las libertades democráticas de información y de expresión.

Por otra parte, con este anuncio se pone en riesgo la posibilidad de que los mexicanos tengamos acceso a un medio de comunicación de reconocido prestigio con la sociedad y, por otro lado, se atenta contra más de 900 familias que dependen directa e indirectamente de la viabilidad financiera y operativa de Monitor.

Por su compromiso con la veracidad y la pluralidad informativa, Grupo Monitor, como ha denunciado públicamente su director general, ha recibido presiones desde el poder político y público, buscando conculcar su compromiso con el derecho a la información, a pesar de que en sus micrófonos se ha dado voz a todas las expresiones políticas y sociales, a reconocidos académicos, a representantes de organismos internacionales, gobernadores, y presidentes de la república y de otros países.

Desde hace 32 años, Monitor es un servicio imprescindible para la sociedad mexicana por su aportación a la vida democrática nacional.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta representación nacional, con pleno respeto de la división de poderes que establece nuestro marco constitucional, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el recurso de revisión constitucional interpuesto por Grupo Monitor, de José Gutiérrez Vivó, a fin de que Grupo Radio Centro cumpla el pago del laudo que resolvió la Corte Internacional de Comercio a favor de Grupo Monitor con fecha 31 de enero de 2004.

Segundo.Solicitamos a las autoridades competentes que en el ámbito de sus atribuciones sean entregados los transmisores de las frecuencias 1320 y 1560 de amplitud modulada que desde hace tres años han dejado de ser revisadas por los equipos técnicos de Monitor, afectándose las transmisiones que realiza este grupo radiofónico.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados a revisar la legislación en la materia para agilizar la modernización de las transmisiones de las frecuencias de amplitud modulada.

Diputados: José Manuel del Río Virgen, Arnoldo Ochoa González, Humberto López Lena Cruz, Alberto Esteva Salinas, Ismael Ordaz Jiménez, José Luis Aguilera Rico, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete, José Murat, María del Carmen Salvatori Bronca, Martha Angélica Tagle Martínez, Tomás José Luis Varela Lagunas, Francisco Martínez Martínez, Othón Cuevas Córdova, Benjamín Hernández Silva, Daisy Selene Hernández Gaytán, Carlos Roberto Martínez Martínez, Andrés Bermúdez Viramontes, Irma Piñeyro Arias, Humberto Dávila Esquivel, Jacinto Gómez Pasillas, Silvia Luna Rodríguez, Gerardo Priego Tapia, Ariel Castillo Nájera, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Héctor Larios Córdova, Obdulio Ávila Mayo, Jorge Godoy Cárdenas, Víctor Ortiz del Carpio, Javier González Garza, Gerardo Villanueva Albarrán, Armando Barreiro Pérez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Antonio Ortega Martínez, Celso David Pulido Santiago, Juan Dario Lemarroy Martínez, Isidro Pedraza Chávez, Maricela Contreras Julián, Martín Zepeda Hernández, Javier Hernández Manzanares, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Raymundo Cárdenas Hernández, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Francisco Sánchez Ramos, Miguel Ángel Peña Sánchez, Mónica Fernández Balboa, Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía, Diego Cobo Terrazas, Sergio Augusto López Ramírez, Olga Patricia Chozas y Chozas, María Guadalupe Josefina García Noriega, Antonio Xavier López Adame, Ana María Ramírez Cerda, Carlos Rojas Gutiérrez, Patricia Villanueva Abraján, Aleida Alavez Ruiz, Venancio Luis Sánchez Jiménez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Salvador Ruíz Sánchez, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Ricardo Cantú Garza, Mario Enrique del Toro, Alma Lilia Luna Murguía, Octavio Martínez Vargas, Delio Hernández Valadés, Jaime Cervantes Rivera, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Pedro Landero López, Roberto Mendoza Flores, Fernando Enrique Mayans Caníbal, Joaquín Humberto Vela González, José Antonio Almazán González, Robinson Uscanga Cruz, Cristián Castaño Contreras, Abundio Peregrino García, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Claudia Lilia Cruz Santiago, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Aída Marina Arvizu Rivas, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, José Martín López Cisneros, Francisco Dávila García, Ramón Ceja Romero, Juan Manuel Villanueva Arjona, Silvano Garay Ulloa, David Sánchez Camacho, Miguel Ángel Solares Chávez, Efraín Morales Sánchez, Lourdes Alonso Flores, Higinio Chávez García, Valentina Valia Batres Guadarrama, Alejandro Sánchez Camacho, Adrián Pedrozo Castillo, Andrés Lozano Lozano, José Luis Gutiérrez Calzadilla, María Elena Torres Baltasar, Carlos Altamirano Toledo, Ruth Zavaleta Salgado, Susana Monreal Ávila, Juan Adolfo Orcí Martínez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Neftalí Garzón Contreras (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, diputado. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2006

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que condena el recorte presupuestal hecho por la Secretaría de Hacienda a diversos ramos administrativos durante el Ejercicio Fiscal de 2006.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el 3 de noviembre del presente año la Secretaría de Hacienda dio a conocer el recorte al programa de apoyo y fortalecimiento a las entidades federativas por cuatro mil 922 millones de pesos. Este recorte generó un gran debate en el país porque afectó directamente a las finanzas de los diferentes estados de la república; sin embargo, con la presencia del propio secretario, en la Cámara de Diputados nos enteramos que el recorte anunciado no fue de casi cinco mil millones de pesos; fue de 27 mil 282.7 millones de pesos.

Con estos recortes se afectaron ramos administrativos donde está la Secretaría de Educación Pública por cinco mil 621 millones; la Secretaría de Agricultura por dos mil 541 millones; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por dos mil 82 millones de pesos. Entre ésos también están los ramos generales donde se encuentra seguridad social, con mil millones de pesos; previsiones salariales, con 292 mil millones de pesos, entre otros recortes.

Posteriormente, y después de la comparecencia del secretario, se hizo el anuncio de que se regresaría a los estados 50 por ciento de los recursos recortados; sin embargo, el resto de los recursos no regresaron a las dependencias y con esto se afectó gravemente a programas como el de agricultura, como el de educación, como el de salud, entre otros.

Quiero decirles que con estos recortes el gobierno federal dejó de cumplir su responsabilidad de atender sus compromisos en programas sociales tan importantes para el campo, como el caso del Progan. El Progan, que fue un programa de apoyo a los ganaderos, es un recurso que no ha llegado a los estados y con este recorte menos. Ya no se diga las afectaciones que sufrieron las universidades.

Hoy el tema de las universidades, el tema de la educación pública ha sido un tema que se ha debatido en esta Cámara, porque se han visto afectados gravemente por los recortes que unilateralmente ha decidido realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por estas consideraciones el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo para considerarlo de urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados condena el recorte presupuestal que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 27 mil 282.007 millones de pesos a diversos ramos administrativos generales y entidades de control directo para el Ejercicio Fiscal 2006 y exige la liberación de dichos recursos. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el recorte presupuestal que la SHCP realizó a diversos ramos administrativos generales y entidades durante el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del PT

Mediante un comunicado emitido el 3 de noviembre del presente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó del recorte al Programa de Apoyo y Fortalecimiento a las Entidades Federativas por 4 mil 922 millones de pesos, lo cual fue muy criticado por los gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales, organizaciones sociales y diversos sectores de los ciudadanos.

Por ello, el lunes 13 de noviembre pasado se llevó a cabo la comparecencia del encargado del despacho, para que explicara el recorte a ese rubro, hasta ese momento conocido.

En la comparecencia comentó que el recorte a dicho rubro no era el único, sino que formaba parte de un recorte más amplio que asciende a 27 mil 282.7 millones de pesos en los ramos de la administración pública central, general y en las entidades de control directo.

El secretario de Hacienda expuso lo siguiente: ``La decisión de la legislatura pasada de otorgarle recursos adicionales por fuera del presupuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social, y los ajustes en el gasto que requiere su solución, deterioran de una u otra manera la expectativa de las entidades federativas respecto a los recursos federales a recibir.

``En principio se decidió compensar la ampliación del IMSS con una reducción proporcional de otras ampliaciones que la misma Cámara efectuó con anterioridad. Sin embargo, el Ejecutivo ordenó a la secretaría que antes de hacer algún ajuste, procediera a compensarlo con ahorros, economías y subejercicios que se fueran presentando durante el año.''

Para lo cual entregó la siguiente información que desglosa el recorte por 27 mil 282.7 millones de pesos.

¿Cómo pueden existir ahorros y economías en las secretarías que tienen como fin el desarrollo económico y social?

Con la afectación de los rubros sociales nos preguntamos: ¿dónde está la preocupación de este gobierno por los más pobres?

Ante los diputados el secretario dijo que ``la acción tomada por la secretaría tiene su fundamento en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la comunicación que un servidor, el secretario de Hacienda, recibió el 9 de diciembre de 2005 del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, acompañada de un acuerdo de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que dice:

``Una vez que se haya publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos que se envía al Ejecutivo federal, la secretaría deberá ejercer el presupuesto en los términos del artículo 25 de la ley y de las disposiciones aplicables del decreto del presupuesto.''

Lo anterior carece de fundamento legal, ya que de haber existido el acuerdo por parte de los miembros de la Comisión de Presupuesto y del presidente de la Mesa Directiva, debió haber sido sancionado por el Pleno de la LIX Legislatura federal, que era la máxima autoridad, lo cual nunca sucedió.

El recorte presupuestal es reprobable en todos los sentidos porque afecta el desarrollo económico y social. Entre los recortes de los ramos administrativos están las secretarías de Educación Pública con 5 mil 621.3 millones de pesos, Agricultura con 2 mil 541.8 millones de pesos, Comunicaciones y Transportes con 2 mil 82.2 millones de pesos, Medio Ambiente y Recursos Naturales con mil 436.7 millones de pesos, Salud con mil 243.2 millones de pesos, Desarrollo Social con 839.2 millones de pesos, Seguridad Pública con 537 millones de pesos, entre otros.

Entre los recortes a los ramos generales se encuentran Seguridad Social con mil millones de pesos, Provisiones Salariales con 492.2 millones de pesos, Educación Básica con mil 538.4 millones de pesos, entre otros.

A las entidades de control directo se recortaron 356 millones a Pemex, 554.9 millones a la Comisión Federal de Electricidad, a Luz y Fuerza del Centro 99.7 millones de pesos, y al ISSSTE 311.9 millones de pesos.

¿Cómo se justifican ahorros en el ISSSTE cuando todos conocemos el gran déficit en medicamentos e instrumental quirúrgico?

La comparecencia del encargado del despacho no dejó conforme a la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Presupuesto, por lo que le solicitaron la liberación urgente de los recursos presupuestales.

Nos queda claro que los argumentos legaloides expuestos por Francisco Gil Díaz sólo buscan justificar los supuestos ahorros para conformar una bolsa financiera que le permita a la nueva administración negociar con diferentes actores políticos la permanencia del nuevo gobierno, entre ellos, los gobernadores y presidentes municipales.

Además comentó que los 4 mil 922.3 millones de pesos que fueran recortados al PAFEF no serían entregados, y en su lugar propuso que, si era de aceptase, la secretaría les adelantaría, en calidad de préstamo, 5 mil millones de pesos del ejercicio fiscal de 2007, lo cual es ilegal y representa una burla al pueblo de México.

Es por todos conocido que el artículo 74 constitucional, párrafo cuarto, establece la facultad que tiene la Cámara de Diputados en el examen, discusión y, en su caso, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

No es posible que la Secretaría de Hacienda se arrogue el derecho de recortar rubros sociales que los legisladores previamente aprobaron para la ejecución del gasto. Con ello, Francisco Gil Díaz está usurpando funciones que no le corresponden y violando fragantemente nuestra Norma Suprema.

Compañeras y compañeros diputados: ahora nos queda claro por qué algunos programas y apoyos al campo no han sido otorgados a los pequeños productores ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios rurales dedicados al maíz, frijol y café, entre otros.

El porqué no han sido otorgados los recursos presupuestales para los maestros de Oaxaca y el Colegio de Bachilleres que demanda una mejora salarial

El porqué no han sido otorgados los recursos para los trabajadores braceros.

El porqué los rectores de las universidades persiguen al secretario de Hacienda y de Educación para que libere los recursos a sus institutos educativos.

El porqué han sido interrumpidas obras en infraestructura carretera, hidráulica, así como programas sociales, científicos y tecnológicos en todas las entidades federativas.

Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, para considerarlo de urgente u obvia resolución:

Único. La honorable Cámara de Diputados condena el recorte presupuestal que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 27 mil 282.7 millones de pesos a diversos ramos administrativos, generales y entidades de control directo para el ejercicio fiscal de 2006 y exige la liberación de los recursos.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Gustavo Pedro Cortés. Había solicitado usted turnar a la comisión de manera ordinaria y siendo esto una observación al recorte presupuestal, vamos a solicitar si se considera de urgente resolución; sin embargo, tendría que turnarse, si no fuera aprobada, de manera ordinaria a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Así es, lo tenemos de turno, por eso lo vamos a consultar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, no hay dos terceras partes; no hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas a fin de que implementen políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares.

El diputado Luis Alonso Mejía García:Con su venia, compañera diputada Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Tamaulipas a implantar políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del PAN

En nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte al gobernador del estado de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores y a la honorable Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas, a fin de que implanten las políticas publicas necesarias en materia de recaudación de impuestos vehiculares con el objeto de no lesionar mas la economía de los ciudadanos tamaulipecos, bajo las siguientes

Consideraciones

Entre personas, bienes económicos y recursos, no se da una relación de indiferencia u oposición, sino de relación, congruencia, derecho y bien común.

Todo proceso económico o social que se designe para cualquier orden de gobierno tiene la finalidad de animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos con la administración de sus autoridades.

Si bien es cierto que las entidades federativas necesitan más presupuesto para ser competitivas, también es cierto que hay millones de familias que sobreviven con bajas remuneraciones que bien apreciarían la eliminación o disminución de cargas impositivas.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de las demandas realizadas por gran parte de los ciudadanos tamaulipecos quienes en espera de beneficios que faciliten la seguridad de una vida más digna y equitativa solicitan la correspondencia del gobierno del estado de Tamaulipas y una respuesta viable por parte del señor gobernador ingeniero Eugenio Hernández Flores.

Actualmente el proceso de emplacamiento vehicular se realiza cada tres años, hecho que genera un gasto que categóricamente atenta contra la economía de los tamaulipecos y al mismo tiempo crea incertidumbre en la regularización y registro de los automóviles fronterizos.

Haciendo el comparativo con otras entidades federativas del país, encontramos que en Nuevo León como estado fronterizo, el canje de láminas se realiza cada cinco años, en Jalisco cada diez años, en el estado de México y en el Distrito Federal no tienen vigencia, lo que nos refiere que existiendo voluntad es posible coadyuvar con el patrimonio de los Tamaulipecos.

En Acción Nacional consideramos que hablar sobre desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico.

Por esta razón exponemos la presente proposición a esta honorable asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes para no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad demandante.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados, exhortar al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, para que de manera afín a su ofrecimiento del pacto social con las familias tamaulipecas, decrete que el proceso de renovación de placas vehiculares se realice cada seis años.

Segundo. Se exhorte a la honorable Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas para que se establezca en el renglón de los derechos del Proyecto de Ley de Ingresos que envía el gobernador, para que se elimine el cobro por concepto del emplacamiento para el año 2007 exceptuando los vehículos nuevos y se revalide este cada seis años.

Palacio Legislativo a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Luis Alonso Mejía García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ADULTOS MAYORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede la palabra al diputado Martín Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se consideren recursos para la creación del programa de pensión alimentaria para los adultos mayores.

El diputado Martín Zepeda Hernández:Con su venia, compañera diputada Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos destinados a crear el programa de pensión alimentaria para los adultos mayores.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos sometemos a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se crea en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el programa de pensión alimenticia para los adultos mayores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La política social de un país debe estar sustentada en derechos sociales. Los cuales se desprenden de la legislación que cada Estado-nación, de acuerdo a su historia, idiosincrasia y necesidades específicas, se da para sí. Desde la izquierda, proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales.

Las políticas actuales de seguridad social demuestran cada vez más sus limitaciones ante el mercado de trabajo, las tendencias poblacionales y epidemiológicas y la situación financiera de los gobiernos. Los modelos de seguridad social basados en la contribución y en la condición de existencia de una relación de trabajo subordinado son cada vez menos efectivos para alcanzar la cobertura universal de riesgos como la vejez y la discapacidad.

México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución o cuya atención es muy reducida.

La anterior es una realidad reconocida socialmente. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que en conjunto tienen los ciudadanos en México con respecto de la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.

Ante la pregunta ¿Qué opinan las y los mexicanos sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en nuestro país? Casi la mitad de los entrevistados considera a los adultos mayores como el grupo de la población más desprotegido en nuestro país; 36 por ciento de los entrevistados reconoce que son las personas de la tercera edad los que sufren más por su condición; casi 90 por ciento de los adultos mayores opinan que en México sí hay discriminación en contra de ellos; tres de cada cuatro, considera que una persona de edad mayor tiene pocas, o nulas, posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; 40 por ciento de los adultos mayores se siente rechazado por la sociedad; los mayores sufrimientos de este grupo de población son la pobreza, la falta de trabajo, el abandono.

Las tendencias del mercado laboral y las tendencias demográficas sugieren que en los años venideros aumentarán las filas de los ancianos pobres y esto sucede mientras en países como el nuestro no existen sistemas básicos de protección social para los ancianos. Vivimos la paradoja de tener una proporción de personas adultas mayores comparable con la de las naciones desarrolladas, pero sin recursos para enfrentar esta situación.

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), este grupo es el que crece de manera más rápida desde hace 20 años y, en proyección, duplicará su tamaño en menos de dos décadas. El envejecimiento demográfico provocará en el largo plazo un desequilibrio entre la población trabajadora y la de las edades avanzadas, lo que impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación y a los servicios de salud.

Mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en 3.6 por ciento. En 2005, residían en territorio nacional 8 188 898 adultos mayores, que representan 7.7 por ciento de la población total. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 por ciento en 2050.

De la población adulta mayor, 29.1 por ciento participa en la PEA ocupada. Sólo 19.5 por ciento desempeña actividades en el sector formal de la economía, 51.1 por ciento trabaja por su cuenta y 51.3 por ciento recibe por su trabajo menos de un salario mínimo.

De los adultos mayores, sólo 20.1 por ciento reciben una pensión. En el caso de los adultos mayores en situación de pobreza en las ciudades, esta proporción es de 7 por ciento, y de 1 por ciento en el medio rural.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre las personas de 70 años o más, 23 por ciento cuenta con una pensión; en el medio urbano, esta proporción es de 31 por ciento y en el rural, de 11 por ciento; entre los adultos mayores de 70 años que viven en situación de pobreza, esta proporción es de 5 por ciento.

Un estudio del Banco Mundial señala que 37.6 por ciento de los adultos mayores están en situación de pobreza.

Lograr los pactos fiscales indispensables para incrementar la inversión social y el aseguramiento requiere un sentido estratégico que oriente las acciones graduales en esa dirección, en el marco de coaliciones políticas que posibiliten reducir la pobreza y la desigualdad.

Con nuestra propuesta de reforma planteamos replicar la experiencia exitosa de política pública del Distrito Federal; por supuesto, llevando a cabo los cambios necesarios para dar respuesta a los requerimientos específicos de un programa de acción a nivel nacional y estableciendo las previsiones financieras pertinentes.

En tal sentido, el reconocimiento del derecho a la Pensión Universal para las personas adultas mayores representa un reconocimiento de la nación en su conjunto a la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas.

¿Por qué entregarla dentro de un esquema universal? Las virtudes de la universalidad en este tipo de acciones públicas son múltiples y crecientemente reconocidas en el ámbito internacional. Un documento reciente del Banco Mundial anota: ``Esta es probablemente la mejor manera de proteger a los adultos mayores contra la pobreza''. La universalidad de una política: primero, garantiza una cobertura completa de la población pobre, eliminando cualquier error de exclusión que son inevitables con la focalización; segundo, evita desincentivar el trabajo y el ahorro privado, al no condicionar el ingreso de los beneficios a encontrarse en una situación de pobreza; tercero, elimina los altísimos costos administrativos, al desaparecer los procesos de identificación y depuración del padrón de beneficiarios.

Ahora, ¿este tipo de pensión es viable financieramente? Sí. Tomando las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en 2005, hay cerca de 3.6 millones de personas de setenta años y más, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo sería de poco más de 28,471 mil millones de pesos, es decir, el 0.35 por ciento del PIB. Si consideramos el incremento de la población de adultos de setenta años y más en los próximos 45 años, y una tasa de crecimiento de la economía promedio de 3 por ciento, la pensión alcanzaría un máximo de 0.5 por ciento del PIB en el 2050, y luego comenzaría a decrecer.

¿De dónde sacar los recursos necesarios para el financiamiento de la misma? Para comenzar, de una política de austeridad presupuestal de los tres poderes de la nación, ésta debe ser una política de Estado. Basta de pensiones para los ex presidentes; basta de gastos excesivos en el Poder Judicial y en el Legislativo; basta de prebendas para la alta burocracia federal y algunas locales, la administración pública no es un botín. La reforma electoral para reducir los recursos destinados a las elecciones y los partidos políticos, y una reforma fiscal progresiva son condiciones necesarias para el impulso de la Pensión Universal.

Establecer un sistema de pensiones de este tipo en nuestro país debe ser congruente además con un cambio radical en el modelo económico vigente, de tal manera que la superación de la pobreza sea armónica y complementaria con políticas económicas que fomenten el crecimiento, generando empleos de calidad y mejores ingresos. Para mitigar la adversidad de la población actualmente ocupada en condiciones precarias, la alternativa urgente es ampliar sus ingresos.

En este contexto, el compromiso del Estado es ineludible. El poder público es el garante de la seguridad social, dado que tiene la potestad de regular su diseño y posee los recursos y la infraestructura administrativa necesarios para reglamentar y operar su ejecución.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, enviado por el Ejecutivo Federal a esta Soberanía, no considera un programa de esta naturaleza, ni la comisión de Grupos Vulnerables ha dictaminado la iniciativa que presentamos en la materia el 14 de septiembre de 2006, por lo que nuestro grupo parlamentario, congruente con una política social comprometida con los más pobres y desvalidos de este país somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 un programa de pensión alimenticia para los adultos mayores, de carácter universal, y destinar los recursos suficientes en el Ramo 19, Seguridad Social.

Diputado: Juan Guerra Ochoa (rúbrica), David Sánchez Camacho, Isidro Pedraza Chávez, Martín Zepeda Hernández.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Martín Zepeda. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de la Comisión de Seguridad Social.

ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Chiapas dé solución al conflicto agrario.

El diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a intervenir para solucionar el conflicto agrario y el enfrentamiento entre indígenas de la selva Lacandona.

El inmediato 13 de noviembre ocurrió un enfrentamiento en la Selva de Chiapas, entre lacandones y grupos invasores, con motivo de la disputa por la propiedad de un predio. Según reportes oficiales, ocurrieron dos muertes y resultaron dos personas heridas por arma de fuego, aunque organismos no gubernamentales señalan que pudieron haber muerto 11 personas y que es mayor el número de heridos, incluyendo también los daños a los derechos territoriales, la integridad, la paz y la vida de comunidades enteras.

Estos hechos reflejan la lamentable situación en que viven los indígenas de nuestro país, y en este caso, los habitantes de Chiapas. Al abandono, el olvido y la pobreza se suman los engaños por parte de las autoridades, que predican la solución de sus problemas, pero faltan frecuentemente a su palabra, sin considerar que el valor de la palabra está unida al honor entre nuestros pueblos indígenas. Indudablemente que la falta de certeza jurídica con relación a la propiedad, además de otros temas importantes como el registro civil, devienen en el debilitamiento del Estado de Derecho, el conflicto, el rencor y el encono entre pueblos, que pretenden resolver por propia mano los conflictos que por décadas han dejado inalterables el paso de múltiples autoridades locales, estatales y federales.

Señalamos que las comunidades indígenas no atentan contra la riqueza de nuestros recursos naturales. Al contrario, la étnia lacandona guarda un respeto reverente hacia la naturaleza, por ello es quien se ha encargado de vigilar y preservar la flora y la fauna de la reserva de la biosfera y de Montes Azules, resintiendo un proceso largo de invasiones y amenazas tanto de otros grupos como de las autoridades, en un clima de inseguridad y temor permanentes.

Los hechos de la madrugada del 13 de noviembre no son aislados. Son una expresión de un problema agrario que tiene más de 30 años, derivado del decreto presidencial de 1972, que dotó a 60 familias de lacandones de alrededor de 614 mil hectáreas, muchas de las cuales ya estaban ocupadas por otros grupos.

Como consecuencia de la larga inseguridad agraria, la comunidad lacandona ha sufrido múltiples despojos: en el año de 1989 se afectó la reserva de la biosfera y de Montes Azules, con 52 mil hectáreas, lo que no sólo no solucionó el problema, sino que permitió más invasiones, desoyendo las propuestas de la comunidad lacandona. Además, las frecuentes invasiones y despojos han suscitado múltiples agresiones físicas, secuestros y asesinatos, dañando gravemente la armonía y la seguridad de estos pueblos ancestrales, de los que se han ocupado mucho los intelectuales y los artistas, pero muy poco nuestras instituciones.

Después de muchos años de tensión, conflicto y de gestiones interminables por los interesados y por sus organizaciones representativas, los gobiernos estatal y federal firmaron, el 21 de noviembre de 2005, un acuerdo con 28 poblados de la zona, entre ellos el de "Viejo Velasco Suárez", en el que se otorgó reconocimiento y regularización agraria. No obstante, a los ojo de los indígenas se develó el engaño y la falta de cumplimiento de la palabra empeñada.

Cuatro meses después, los gobiernos federal y estatal desconocieron los compromisos suscritos y presionaron a dicho poblado y a otros como Ojo de Agua, Tzotzil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá, para obligarlos a su reubicación forzosa, llegando al extremo de amenazarles con el desalojo por medio de la fuerza pública.

A todas luces, es evidente la responsabilidad de las autoridades estatales y federales, que perdieron la confianza de las comunidades indígenas. Como consecuencia de esas anomalías, los indígenas lacandones intentaron desalojar a los habitantes del poblado Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, resultando el lamentable enfrentamiento, en el cual fue hecho prisionero de modo injusto y arbitrario el C. Felipe Díaz López. La denuncia que se formula en esta alta Tribuna también tiene el propósito de señalar el estado de indefensión, incumplimiento y ambigüedad jurídica hacia los indígenas de Chiapas, situación común a muchos grupos indígenas en todo el país, lo que amerita un pronunciamiento claro y contundente para que no se alargue más la solución a estos conflictos, en el que están en riesgo la vida, el patrimonio y la estabilidad política de nuestras regiones indígenas.

Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se hace un exhorto al gobierno del Estado de Chiapas, para que continúen las medidas precautorias necesarias para que se evite la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas en el Municipio de Ocosingo, derivadas del conflicto agrario por el Decreto Presidencial de 1972.

Segundo.- Así mismo, se solicitó que las autoridades agrarias estatales y federales intervengan para delimitar en definitiva, con los documentos legales pertinentes, la propiedad agraria en esa zona y poner fin a un conflicto que tiene más de tres décadas, así como para detener los continuos despojos de que son objeto las comunidades lacandonas.

Tercero.-Instamos a las autoridades de ambos niveles, para que eviten represalias de cualquier tipo contra las autoridades de la comunidad lacandona y que se suspenda el arraigo ordenado contra el C. Felipe Díaz López.

Cuarto.-Exhortamos a los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para dar una mayor atención a las necesidades económicas y sociales de los pueblos indígenas del Estado de Chiapas, ya que éstas son las que originan los conflictos, por la marginación y la pobreza. Es necesario atender el origen de los problemas y no reprimir sus consecuencias.

Elmar Darinel Díaz Solórzano.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas a instalar una mesa institucional para la atención integral de la Selva Lacandona y Montes Azules.

La diputada Holly Matus Toledo:Con su venia, señora Presidenta. Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el debido respeto someto a la consideración de esta soberanía como de urgente u obvia resolución, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

La Selva Lacandona es un bosque tropical lluvioso, considerado como patrimonio de la humanidad. A lo largo del tiempo ha experimentado una fuerte transformación. De una extensión forestal de más de 1.3 millones de hectáreas, sólo se conserva el 37 por ciento de la vegetación original.

En esta región las invasiones y los problemas agrarios han sido una constante, desde el año de 1950 diversos actores, indígenas y no indígenas, organizaciones e incluso instituciones de gobierno han promovido la ilegalidad a través de invasiones, de declaraciones, de decretos presidenciales sin deslinde oficial y la justificación de colonizaciones, mediante la técnica de rosa-tumba y quema que justificaron asentamientos irregulares.

Esto ha sido una anarquía total en donde intervienen la multiplicidad de factores y también la multiplicidad de intereses institucionales y no institucionales. Recientemente han sido reconocidas varias colonizaciones y se ha reducido la superficie de la Selva Lacandona, en la actualidad el 97 por ciento de la superficie total de la Selva Lacandona presenta algún tipo de propiedad social o privada, y solamente el tres por ciento se ha destinado como terreno federal para la conservación.

A pesar de las invasiones, del deterioro ambiental y de la inestabilidad social, las diversas instancias de gobierno, tanto federal como estatal, fueron poco eficientes en la resolución de la problemática, la justificación fundamental es que era un problema ambiental más que agrario y no fue hasta el 2003 que se instala la Comisión Interinstitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules cuando se logran cuantiosos avances.

Se ha obtenido una declaratoria de terrenos propiedad de la Semarnat para su conservación de una superficie de más de 22 mil hectáreas en el centro de la reserva y se ha dado certeza, actualmente, agraria, a grupos que no la tenían, disminuyendo los focos rojos.

Esta ha sido una acción interinstitucional, pero a pesar de estos avances se vive actualmente una crisis de fin de sexenio, en donde las secretarías de gobierno de ambos niveles y la Reforma Agraria a nivel federal, no manifiestan la voluntad expresa para intervenir en la resolución de los conflictos agrarios relacionados con la Selva Lacandona y Montes Azules.

Actualmente se han presentado enfrentamientos entre grupos indígenas, por disputas de tierra en la parte norte de los bienes comunales lacandones y no por aspectos ambientales y que son resultado de la ingobernabilidad y de la falta de acuerdos sociales en el marco de la ley.

Como medidas de presión se secuestra y se asesina, a pesar de ello las instituciones responsables de la gobernabilidad eluden su responsabilidad a través de la omisión, sobre todo por el fin de sexenio, en donde nadie quiere pagar los costos de estas muertes.

Considerando que para generar desarrollo y lograr la conservación de nuestros recursos naturales es necesario asegurar la gobernabilidad en la zona, se requiere concretar el proceso de transversalidad entre instituciones de los tres niveles de gobierno, para la aplicación del estado de derecho y promover la integralidad de proyectos que promuevan el desarrollo integral y sustentable de la zona.

Por lo anteriormente expuesto someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas, una vez que han asumido los cargos respectivos a mantener instalada la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules.

Segundo. Una vez instalada la mesa interinstitucional deberá incorporarse activamente la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Social de ambos niveles, para contribuir a la solución integral y sustentable de la selva. Es cuanto, señora Presidenta, por su atención gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Chiapas a instalar la mesa institucional para la atención integral de la selva Lacandona y Montes Azules, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al conocimiento de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, proposición con punto, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. La selva Lacandona es un bosque tropical lluvioso que, a lo largo del tiempo, ha experimentado una fuerte transformación. En la década de los sesenta contaba con una extensión forestal de más de 1.3 millones de hectáreas (Calleros y Brauer, 1983); para 1982 se habían transformado 584 mil 178 hectáreas, es decir, 45 por ciento de la superficie total (Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Montes Azules, Semarnat, 2000). En la actualidad, prácticamente sólo se mantienen las áreas naturales protegidas y comunales con un total de 469 mil 425 hectáreas y algunos remanentes aislados con menos de 19 mil hectáreas; es decir, sólo se conserva 37 por ciento de la vegetación original.

2. En esta región, las invasiones y los problemas agrarios han sido una constante. Desde 1950, diversos actores, indígenas y no indígenas, organizaciones e, incluso, las instituciones de gobierno han promovido la ilegalidad a través de las invasiones. La presión de indígenas tzeltales y choles y de rancheros mestizos venidos de Salto de Agua y Palenque, fueron respaldados en cierta manera por el Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización, que desde 1950 estaba preparando un nuevo deslinde de la selva (De Vos J., 1992). Esta primera colonización culminó con decretos presidenciales de 1957 y 1961, que declararon la zona selva como ``apta para colonización con fines agrícolas''. Las resoluciones no contaron con un deslinde oficial, por lo que los grupos se dispersaron y establecieron sus propios territorios aún no dotados oficialmente.

3. Esa anarquía no se detuvo ahí: en los años subsiguientes se diseñaron diversas estrategias para justificar las invasiones. Emergieron nuevas colonizaciones que, mediante la técnica de roza-tumba-quema, transformaron el ecosistema para sembrar maíz, frijol y zacate para ganado. En 1994, a raíz del movimiento armado, se generan nuevas invasiones de territorios diversos, entre los cuales se encuentran los bienes comunales zona Lacandona, generando 30 nuevos asentamientos irregulares.

4. Dichas colonizaciones han sido recientemente reconocidas, cuando se estableció en 2005 un nuevo arreglo agrario, reduciendo superficie a los colonizadores originales y a terrenos nacionales y regularizando nuevos asentamientos. En la actualidad, 97 por ciento de la superficie de la selva Lacandona presenta algún tipo de propiedad social o privada; el restante 3 por ciento se ha destinado como terreno federal para la conservación.

5. A pesar de las invasiones, del deterioro ambiental y de la inestabilidad social, las diversas instancias de gobierno, tanto federal como estatal, fueron poco eficientes en la resolución de las problemática. La justificación fundamental, que era un problema más ambiental que agrario, y hasta 2003 no se instaló la Comisión Interinstitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules.

6. Este grupo de atención, con el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, ha conseguido importantes resultados. Se han reubicado ocho grupos de la reserva de la biosfera Montes Azules a poblados fuera de ella. Este avance es sustancial y tiene importancia debido a que se han recuperado para la conservación más de 5 mil hectáreas, las cuales se encuentran en un avanzado estado de restauración. Se ha obtenido la declaratoria de terrenos propiedad de la Semarnat para su conservación, de una superficie de más de 22 mil hectáreas en el centro de la reserva y se ha dado certeza agraria a grupos que no la tenían, disminuyendo focos rojos.

7. A pesar de los avances, se vive actualmente una crisis de fin de sexenio, donde las secretarías de Gobierno de ambos niveles y de Reforma Agraria del nivel federal no manifiestan voluntad expresa para intervenir en la resolución de los conflictos agrarios relacionados con la selva Lacandona y Montes Azules.

8. Actualmente se han presentado enfrentamientos entre grupos indígenas por disputa de tierras en la parte norte de los bienes comunales lacandones (El Desempeño) y no por aspectos ambientales, y que son resultado de la ingobernabilidad y falta de acuerdos sociales en el marco de la ley. Como medidas de presión se secuestra y se asesina. A pesar de ello, las instituciones responsables de la gobernabilidad eluden su responsabilidad a través de la omisión.

9. Considerando que para generar desarrollo y lograr la conservación de nuestros recursos naturales es necesario asegurar la gobernabilidad en la zona, que se requiere concretar el proceso de transversalidad entre instituciones de los tres niveles de gobierno para la aplicación del estado de derecho y promover la integralidad de proyectos que promuevan el desarrollo integral y sustentable en la zona.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobierno federal y al estado de Chiapas, una vez que han asumido los cargos respectivos, a mantener instalada la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral de la selva Lacandona y Montes Azules.

Segundo.Una vez instalada la mesa interinstitucional, deberá incorporarse activamente la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Social de ambos niveles para contribuir a la solución integral y sustentable.

Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Holly Matus. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Permítame diputada, ¿no? Continué por favor, diputada.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, de la fracción parlamentaria del PAN.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo:Buenas noches. Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo:Compañeros y compañeras diputadas y diputados: en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacionalcompartimos la preocupación que ya expresaron los compañeros Elmar Díaz Solórzano y la compañera Holly Matus, que me antecedieron, en relación a la necesidad de atender la problemática social, agraria y ambiental, que prevalece en la región conocida como Zona Lacandona.

Al respecto es necesario hacer algunas precisiones: En la administración del Presidente Vicente Fox Quesada, se advirtió la urgencia de atender añejos conflictos rurales que afectaban derechos colectivos y ponían en riesgo la paz social, en diversas regiones del país.

En consecuencia, en junio de 2003, se creó el Programa de Atención a Focos Rojos, para resolver 14 asuntos complejos, entre cuyas principales características se señalan las siguientes: La antigüedad del conflicto en más de 39 años cada uno; la existencia de enfrentamientos violentos con pérdidas de vidas humanas, poniendo en riesgo la paz social y la estabilidad en el medio rural, factores sociales, agrarios, políticos, religiosos y económicos; la incidencia de conflictos que involucran límites interestatales, la existencia de población indígena y su ubicación en micro regiones de las de mayor pobreza y marginación.

Para la atención de este foco rojo fue necesario abordar los aspectos agrarios, ambientales, demográficos, sociales, étnicos, involucrando a los actores políticos que inciden en el desarrollo de la región.

Entre estos asuntos, se incluyó la atención integral a la comunidad zona lacandona y a la reserva de la biosfera de los Montes Azules. En este conflicto se identificaron 183 casos: 22 acciones agrarias anteriores a la resolución y titulación de los bienes comunales de la comunidad zona lacandona; 47 acciones agrarias anteriores al reconocimiento y titulación de bienes comunales de la zona lacandona; 71 pequeñas propiedades y 43 grupos con posesiones irregulares dentro de tierras comunales y de protección ambiental, lo cual representaba una superficie en conflicto de 163 mil hectáreas.

¿Qué quiero decir con ello? La resolución presidencial de los bienes comunales zona lacandona que se emitió en 1971 por el Presidente Echeverría, que otorga una superficie de 614 mil hectáreas a 66 comuneros lacandones, se emite no tomando en consideración resoluciones que se habían emitido con anterioridad y con posterioridad a la resolución y que se genera como conflictos; es decir, 30 años de conflicto de más de 183 grupos involucrados con la comunidad zona lacandona.

Al término del sexenio la Secretaría de la Reforma Agraria reporta un avance del 90 por ciento en la solución de la problemática general de la región. Independientemente de la numeralia resultante por supuesto, al término de este programa se lograron --creemos nosotros-- algunos avances cualitativos que creemos importantes que queden asentados en esta exposición.

1. Se logró incorporar a la agenda de desarrollo éste que era un asunto de la agenda de seguridad nacional.

2. Se detuvo el proceso de invasión de tierras de la comunidad zona lacandona y a las áreas naturales protegidas de la zona, lográndose inclusive la recuperación de áreas a su vocación natural.

3. Se comprobó la eficiencia de los procesos de concertación con los actores rurales que se vieron involucrados y sobre todo, de la coordinación intergubernamental.

4. Se logró un avance relevante en la regularización de la tenencia de la tierra en la zona, a través de mecanismos como la expropiación, la reubicación de poblados y las desocupaciones voluntarias a posesiones irregulares, lo cual ha redundado en un ambiente de paz social, no exento de casos de excepciones.

En el contexto anterior debe entenderse que la instalación de una mesa de coordinación interinstitucional per se; tal como existía hasta el año 2003 en el estado de Chiapas, no garantiza una atención eficaz a los asuntos que estuvieran en proceso de solución en esta zona. Es importante entonces, retomar procedimientos que han probado su utilidad bajo diagnósticos, planes y presupuestos específicos. En tal sentido, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo.

Solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Semarnat informe del estado final en la atención a la problemática social...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, concluya.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo:Ya termino, señora Presidenta. ...a la comunidad zona lacandona y reserva de la biosfera de Montes Azules; así como los saldos de atención y el encausamiento legal que en esos casos se hayan determinado, a fin de que pueda acordarse el esquema de seguimiento al caso que convenga. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señora diputada, muchas gracias. Es necesario hacer la aclaración a este Pleno, que la señora diputada ha presentado otro punto de acuerdo cuando se inscribió en pro del punto que se había presentado. Por lo cual vamos a solicitar que lo inscriba como otro punto ordinario, para que pueda ser tomado en cuenta en la agenda que se realizará el día jueves en adelante.

Vamos a pasar a votación de la propuesta presentada por la diputada Holly Matus, si no hay más oradores.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaría diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En votación económica consulte la Secretaría si queda aprobada la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:En votación económica se pregunta, si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese.

COMBATE A LA POBREZA EN MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia, señora Presidenta; compañeros diputados; compañeras diputadas: vengo a esta tribuna para llamar su atención y he escogido la figura de punto de acuerdo para crear la Comisión contra la Extrema Pobreza, con el objeto de abrir una discusión que nos permita crear condiciones de alianzas entre los diferentes partidos y que, más allá de nuestras diferencias, podamos atender uno de los problemas que laceran nuestro país. Para ello agradezco su atención a las siguientes consideraciones.

En México la pobreza tiene raíces históricas y culturales muy arraigadas. En nuestro país, debido a la dinámica de fomento industrial que adoptó el gobierno a partir de los años 40, se generó un paulatino crecimiento urbano que atrajo a cientos de campesinos a las capitales de los estados, fomentando la migración campo-ciudad. A pesar de esa tendencia urbanizadora, una buena parte de la población del país continúa viviendo en espacios rurales.

El fenómeno de la pobreza toma importancia a partir de la crisis del Estado interventor a finales de los años 60, donde muchas naciones, entre ellas México, corrigieron sus cifras macroeconómicas sólo con la intervención condicionada de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales impusieron modelos de desarrollo ajenos a la organización social del trabajo, del capital y de la dinámica social en general de región, beneficiando principalmente a los grandes inversionistas dueños del dinero.

En el caso del campo mexicano, depositario de la mayor cantidad de gente en condiciones de pobreza y marginación, la crisis se vivió de manera letal, pues la liberación económica y la privatización de la banca nacional condujeron al sector hacia una parálisis productiva ya que sin recursos, sin capital y ante la inundación de productos chatarra, maíz transgénico, leche contaminada, frijol agorgojado, México entró en una espiral de requerimientos agropecuarios crecientes, sin contar con un adecuado sistema de financiamiento para el desarrollo de las posibilidades productivas del microproductor rural y, claro, sin tomar en cuenta los factores socio-culturales de cada región.

Debido a este contexto de libre mercado, entre el año 2000 y 2004 la pobreza integrada, incluida la moderada, en México ha crecido debido a los factores estructurales antes mencionados y pasó de 79 a 85 millones de personas, un aumento de 5.8 millones que equivale a un aumento porcentual del 7.4.

Durante el mismo periodo, la población total del país aumentó en 6.5 millones de personas, la mayor parte de la cual se tradujo en crecimiento de la pobreza, ya que los no pobres aumentaron en sólo 657 mil personas. En los espacios rurales el 28 por ciento de los habitantes se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 57 por ciento en situación de pobreza moderada.

Si hablamos de grupos vulnerables, actualmente en México hay ocho millones y medio de ancianos, de los cuales la mitad se encuentra en situación de pobreza y casi dos millones de ellos en pobreza extrema o miseria. Frente a este desolador panorama, los programas de asistencia social llevados a cabo en diversas instancias no hacen más que propiciar una codependencia entre los grupos en extrema pobreza y la ayuda asistencial del gobierno.

Probablemente por ello la CEPAL, cuestionando las cifras oficiales sobre reducción de la pobreza en México, claramente ha establecido que nuestro país no se aparta de las características de la región más desigual del mundo y lo cual es más impactante; México, junto con Brasil y Colombia, concentran el 51 por ciento de los pobres extremos de América Latina, además ---como es sabido--- la pobreza urbana no ha sido atacada por los programas oficiales, Oportunidades en el mejor de los casos ha impactado a la población rural, pero hay poca atención a lo que ocurre en las grandes ciudades del país.

Actualmente la mayor parte de los pobres extremos y moderados queda fuera del sistema de protección social y enfrentan riesgos significativos, como crisis de salud, desempleo o falta de ingresos en la vejez.

Por todo ello, considerando que la pobreza en México ha alcanzado niveles alarmantes y que las instituciones internacionales han recalcado la importancia de combatirla; que México es uno de los 139 países firmantes de los objetivos de desarrollo del milenio; que es materia de la Cámara de Diputados y en general del Honorable Congreso de la Unión generar comisiones de trabajo según sus necesidades; que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que someter ante el Pleno de la Cámara la creación de comisiones especiales o bien, la inclusión de nuevas comisiones ordinarias.

Que ni en nuestra Constitución Política ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento Interno de la Cámara está contemplada una comisión de combate a la pobreza y que las existentes no resarcen a plenitud la creación de iniciativas de ley ni los debates o discusiones en torno a este problema.

Por lo anterior someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, el siguiente punto de acuerdo:

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve integrar una comisión especial para combate a la pobreza extrema en México, de carácter plural, en la que estén representados los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara y cuyo mandato consiste en generar iniciativas de ley que permitan erradicar la pobreza y pobreza extrema en nuestro país, al tiempo que ejerza la vigilancia correspondiente de los programas del gobierno federal, encaminadas a dicho fin.

Por su paciencia y comprensión, compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Othón Cuevas Córdova, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se cree una comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México, con base en los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

De acuerdo con datos dados a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en nuestro país el número de pobres cuyos ingresos son insuficientes para alimentarse creció en un millón 39 mil 725 de 2004 a 2005, totalizando 18 millones 954 mil 241 personas, lo que significa que durante el presente sexenio la pobreza extrema no solamente no ha disminuido sino que se ha incrementado de manera significativa.

Este fenómeno social se ha manifestado sobre todo en espacios rurales, pero se da por igual en espacios urbanos y mancilla sin distinción a millones de compatriotas en todo el país.

Ahora bien, para entender la magnitud del problema anterior es imperativo ponernos de acuerdo en el significado de una serie de conceptos clave. En este sentido, por pobreza en general se deberá entender la restricción multicausal, parcial o total del individuo o grupo social para el acceso a bienes considerados como satisfactores esenciales y a las condiciones socioeconómicas que determinan la reproducción del sujeto como actor de una colectividad, los cuales dan por resultado la desarticulación productiva y la desestructuración del tejido social de la comunidad y de la región.

Por su parte, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha identificado tres tipos de pobreza que sufre la población:

Pobreza alimentaria. Aquella donde las personas y los hogares [...], aun cuando se les asignara todo el ingreso que perciben para cubrir sus necesidades de alimentación, [no se garantiza] el consumo mínimo establecido en una canasta alimentaria normativa [por tanto] no cuentan ni siquiera con los recursos mínimos para la adquisición de los alimentos necesarios para su subsistencia, tampoco para desarrollar sus capacidades o cubrir cualquier necesidad adicional como vestido y vivienda.

La pobreza como ausencia de capacidades. En este criterio la pobreza representa la ausencia de ciertas capacidades básicas para funcionar, se refiere a que los funcionamientos pertinentes a este análisis pueden variar de los físicos, como estar bien nutrido, estar vestido y vivir en forma adecuada, evitar la morbilidad prevenible, hasta logros sociales más complejos, como poder participar en la vida de la comunidad. El criterio de la capacidad concilia los conceptos de pobreza absoluta y relativa, ya que la privación relativa de ingresos y productos puede provocar una privación absoluta de capacidad mínima. Se considera a las personas y hogares en los cuales sus ingresos no son suficientes para cubrir conjuntamente sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación.

Pobreza de patrimonio. Es la que enfrentan las personas y los hogares cuando sus ingresos no son suficientes para satisfacer en conjunto sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte.

Según las cifras manejadas por la Sedesol, aquellas personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir alimentos, tener acceso a la salud y a la educación, creció en alrededor de 234 mil personas; mientras que el segmento que incluye a quienes les es imposible hacer frente al ``patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte y educación'' aumentó en 270 mil personas durante este año.

De esta suerte, las personas incluidas dentro de la categoría de pobres de uno u otro tipo, suman un total de 48 millones 895 mil 535 ciudadanos, de los 103 millones de habitantes que tiene el país.

La pobreza es entonces un fenómeno que, partiendo de la falta de un ingreso mínimo, priva a los individuos que la sufren de adquirir bienes y servicios básicos necesarios para desarrollar capacidades básicas de interacción y participación en los procesos comunitarios.

Cabría hacer la acotación de que existen también las categorías de ``pobreza extrema'', que se refiere a aquellas personas cuyo gasto en consumo es inferior a la línea de pobreza alimentaria que establece la Sedesol, y de ``pobreza moderada'', que comprende a quienes muestran gastos en consumo inferiores a la línea de pobreza de activos que establece la misma secretaría de Estado.

Desde la perspectiva monetarista del Banco Mundial, se considera pobre extremo a quien perciba menos de un dólar al día. Además, por regla general, las personas o grupos que padecen de pobreza extrema carecen de servicios básicos o cuentan con ellos pero de manera limitada, como lo son el abasto de agua limpia, accesos carreteros y en general vías de comunicación, servicios educativos y de salud, entre otros.

Como es sabido, muchas familias que experimentan condiciones de pobreza apenas logran subsistir y los esfuerzos que realizan para superar esta situación no dan el fruto que corresponde a su empeño. Un factor crítico que mantiene y hace persistir la condición de pobreza es que estos hogares no cuentan con los medios y las oportunidades de hacer más productivo su esfuerzo.

Así, la pobreza engendra un círculo vicioso que impide el adecuado desarrollo de quienes la padecen. Por lo general, los niños que nacen en una familia pobre son presa de enfermedades infecciosas recurrentes que merman sus capacidades para un desarrollo normal, situación que se complica con deficiencias nutricionales. A esto se suma el hecho de que el apremio económico de la familia conduce frecuentemente a que los niños y niñas de estos hogares abandonen tempranamente sus estudios y se incorporen a la fuerza laboral para contribuir al mantenimiento del hogar; y ya de jóvenes, su escasa educación y capacitación los orilla a realizar tareas de reducida productividad y baja remuneración. De esta forma, se van entretejiendo las condiciones que perpetúan la pobreza generación tras generación.

Lamentablemente, un elemento que complica el combate efectivo a la pobreza es que prácticamente cada institución, ya sea de carácter internacional o nacional, tienen una perspectiva distinta de lo que es ser pobre, por ello cada una utiliza una metodología que devela puntos particularizados de lo que le interesa descubrir dentro de la dinámica socioeconómica de las comunidades o grupos sociales.

De esa manera, se conoce la existencia de al menos una decena de métodos y variantes. Por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI utilizan un método de medición exclusivamente monetarista, como lo es la determinación de una línea de pobreza y pobreza extrema, cuya clasificación se engloba en la percepción de 2 dólares diarios (pobreza), y hasta 1 dólar (pobreza extrema); esta perspectiva es muy limitada, porque, como se sabe, en los hogares rurales latinoamericanos la diversificación de la economía campesina permite sobrevivir a las personas más pobres en ingresos mediante la siembra en traspatio o la ganadería en pequeña escala, lo que significa que el ingreso corriente que tiene una familia se puede sobre estimar o subestimar.

De este modo, la metodología del Banco Mundial resulta subjetiva y tendenciosa, puesto que no se molesta en recolectar datos cualitativos a nivel de los países. El procedimiento de un dólar por día es absurdo: la evidencia confirma que hay grupos de población con ingresos por día de 2, 3 o incluso 5 dólares que siguen afectados por la pobreza; es decir, incapaces de enfrentar los gastos básicos de alimentos, vestimentas, vivienda, salud y educación; incluso a pesar de que las transferencias monetarias por concepto de subsidios y remesas mejoran parcialmente el padecimiento de la pobreza, pero no lo componen.

En cambio, si se utiliza una medición por necesidades básicas insatisfechas podemos identificar las privaciones reales que presenta un grupo de hogares y resulta muy útil cuando se trata de focalizar acciones para la satisfacción de determinadas carencias; es decir, con la identificación de las necesidades básicas que no se satisfacen podremos conocer qué hogares están privados de servicios de salud, de educación o bien de alimentación.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), establece parámetros de análisis por medio de indicadores de necesidades básicas (NBI), en al menos cuatro dimensiones:

1) Acceso a una vivienda que garantice un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar;

2) Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado;

3) Acceso a educación básica, y

4) Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo.

Por su parte, el informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) distingue tres perspectivas: de ingresos, de las necesidades básicas y de capacidades, ya que, desde su perspectiva, alrededor de ellas gira toda la discusión sobre la definición y medición de la pobreza.

La Secretaría de Desarrollo Social, al igual que el Consejo Nacional de Población (Conapo) implantan, para la medición de la pobreza, la metodología del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza. Utilizan los datos censales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, donde se establece una línea de pobreza monetaria que toma como medida de bienestar el ingreso por persona (después de impuestos). Con ello, la secretaría identificó los tres estratos mencionados anteriormente (pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio --programa Oportunidades 2000). Con esta explicación tan simplista, el establecimiento de una línea de pobreza, sin considerar las privaciones de implementos básicos en las comunidades, la Sedesol desarrolló su padrón de afiliados al programa.

Si nos quedáramos exclusivamente con las cifras de la Sedesol en materia de medición de pobreza, las cifras son contrastantes y nos indican una realidad paralela a la que viven millones de mexicanos en todo el país. Por ejemplo, en su página electrónica se menciona que 5 millones de personas han sido beneficiarias del Programa Oportunidades, en tanto que --en palabras de la investigadora Araceli Damián González de El Colegio de México--, ``en términos reales, 23.1 millones de mexicanos están fuera de cualquier apoyo social de parte del gobierno para combatir la pobreza''.

La pobreza en México tiene raíces históricas y culturales muy arraigadas. En nuestro país, debido a la dinámica de fomento industrial que adoptó el gobierno a partir de los años cuarenta, se generó un paulatino crecimiento urbano, que atrajo a cientos de campesinos a las capitales de los estados, fomentando la migración campo-ciudad. A pesar de esta tendencia urbanizadora, una buena parte de la población del país continúa viviendo en espacios rurales.

El fenómeno de la pobreza toma importancia a partir de la crisis del estado interventor a finales de los años setenta, donde muchas naciones --entre ellas México-- corrigieron sus cifras macroeconómicas sólo con la intervención condicionada de instituciones como el FMI y el BM, las cuales impusieron modelos de desarrollo ajenos a la organización social del trabajo, del capital y de la dinámica social en general de la región, beneficiando principalmente a los grandes inversionistas, dueños del dinero.

En el caso del campo mexicano, depositario de la mayor cantidad de gente en condiciones de pobreza y marginación, la crisis se vivió de manera letal, pues la liberación económica y la privatización de la banca nacional condujeron al sector hacia una parálisis productiva, ya que sin recursos, sin capital y ante una inundación de productos chatarra, maíz transgénico, leche contaminada, frijol agorgojado, México entró en una espiral de requerimientos agropecuarios crecientes,sin contar con un adecuado sistema de financiamiento para el desarrollo de las posibilidades productivas del microproductor rural, y claro, sin tomar en cuenta los factores socioculturales de cada región.

Debido a este contexto de libre mercado, entre el año 2000 y el 2004 la pobreza integrada (incluida la moderada) en México ha crecido, debido a los factores estructurales antes mencionados; pasó de 79 millones 167 mil a 85 millones 16 mil personas, un aumentó de 5 millones 850 mil personas, que equivale a un aumento porcentual de 7.4 por ciento. Durante el mismo periodo, la población total del país aumentó en 6 millones 506 mil personas, de la cual la mayor parte se tradujo en crecimiento de la pobreza, ya que los no pobres aumentaron en sólo 657 mil personas. En los espacios rurales, el 28 por ciento de los habitantes se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 57 por ciento en situación de pobreza moderada. Visto en su conjunto, aunque sólo una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas rurales, cerca del 60.7 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema.

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que México, al igual que Brasil, muestra insuficiencia económica para reducir la indigencia, fruto de la inequitativa distribución del ingreso. El déficit en ambos casos ronda los 2 mil 500 millones de dólares por año. Estos dos países latinoamericanos, de acuerdo con lo que establece el organismo en su informe sobre el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (compromiso asumido por 189 países para combatir la desigualdad y elevar el desarrollo humano) ``enfrentan grandes dificultades para reducir de forma significativa la incidencia del fenómeno a partir de la sola movilización de recursos internos''.

En últimas fechas, según reportes del Conapo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas continúan siendo las entidades con grado de marginación ``muy alto'', es decir, con el menor nivel de ingresos y servicios entre sus habitantes...''

La pobreza, desde nuestra perspectiva, es un fenómeno que necesita de atención focalizada para su combate. Según cifras del UNICEF (2002) tan sólo durante el año 2002, de una lista de 193 países, México ocupó el lugar 102 (en orden descendente) en cuanto a tasa de mortalidad de niños menores de cinco años.

Si hablamos de grupos vulnerables, actualmente en México hay 8.5 millones de ancianos, de los cuales la mitad se encuentra en situación de pobreza, y casi 2 millones de ellas, en pobreza extrema o miseria.

Otro más, la infancia, según datos del INEGI, en 2004 se registraron 473 mil 417 defunciones, 9.7 por ciento fue de menores de 14 años (46 mil 17). De los fallecimientos de niños, 32 mil 764 (71.2 por ciento) fueron de menores de un año de edad; 6 mil 608 (14.4 por ciento) tenían de 1 a 4 años, y 6 mil 645 (14.4 por ciento) de 5 a 14 años. La relación hombres-mujeres de las defunciones infantiles (número de niños que murieron en relación con cada 100 niñas fallecidas) por grupos de edad, es de 130.8 en menores de un año, 120.3 en infantes de 1 a 4 años, 131.1 en los de 5 a 9 años, y de 152.4 en aquellos de 10 a 14 años.

A su vez, las mujeres siguen siendo uno de los grupos con menos oportunidades. Según el INEGI, en el año 2004 se registraron en México 473 417 defunciones; 55.3 por ciento sucedieron en hombres, y 44.7 por ciento, en mujeres. Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las tres causas con mayores porcentajes de defunciones en el país; el peso porcentual de los decesos por dichas causas en mujeres (17.8 por ciento, 16 por ciento y 14.9 por ciento, respectivamente) es mayor al de los hombres (15.2 por ciento, 10.8 por ciento y 11.4 por ciento).

Frente a este desolador panorama, los programas de asistencia social llevados a cabo en diversas instancias no hacen más que propiciar una codependencia entre los grupos en extrema pobreza y la ayuda asistencial del gobierno.

Probablemente por ello la CEPAL, cuestionando las cifras oficiales sobre reducción de la pobreza extrema en México, claramente ha establecido que nuestro país no se aparta de las características de la región más desigual del mundo y, lo que es más impactante, México, junto con Brasil y Colombia, concentra 51 por ciento de los pobres extremos de América Latina.

Además, como es sabido, la pobreza urbana no ha sido atacada por los programas oficiales. Oportunidades, en el mejor de los casos, ha incidido en la población rural, pero hay poca atención en lo que ocurre en las grandes ciudades del país.

Por todo lo anterior, no es aventurado afirmar que la administración del presidente Vicente Fox concluirá en medio de fracasos para generar empleos y combatir la pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) consideró que los programas sociales aplicados por el gobierno mexicano son asistencialistas, sin efectos permanentes y definitivos; que las remesas no pueden utilizarse para erradicar la pobreza, precisamente porque el origen del envío de dinero de mexicanos en el extranjero es la marginación, y que en el país ``persisten situaciones de vulnerabilidad alimentaria''. Asimismo, se hace referencia a que cerca de seis millones de mexicanos reciben un ``subsidio'' suficiente para comer, pero que ``no resuelve a largo plazo'' su situación de pobreza. Esta cifra, apuntó, representa tres cuartas partes de la población de Bolivia y Ecuador.

Actualmente, la mayor parte de los pobres extremos y moderados queda fuera del sistema de protección social y enfrenta riesgos significativos, como crisis de salud, desempleo o falta de ingreso en la vejez. De igual forma, queda por tratar una amplia gama de temas institucionales, como el fortalecimiento de la rendición de cuentas, especialmente en el caso de las estructuras descentralizadas.

A pesar de los avances en salud, señala el Banco Mundial, la mitad de la población sigue sin estar asegurada y una décima parte no cuenta con acceso a servicios de salud. En el caso de los pobres rurales, la prioridad consiste en proporcionar acceso a un paquete básico de servicios preventivos y curativos. La extrema pobreza trae consigo un alto nivel de mortalidad y morbilidad. Asimismo, cuando las familias sin cobertura de seguridad social enfrentan situaciones serias de salud, incurren en gastos catastróficos que los llevan a la pobreza. Mientras sólo 2.7 por ciento de los asegurados sufrieron situaciones de salud excesivas en 2004, 5.6 por ciento de los no asegurados tuvieron que enfrentarlas.

El Banco Mundial hace las siguientes observaciones sobre algunos programas gubernamentales oficialmente involucrados en el combate a la pobreza:

Educación básica: la cobertura en el primer ciclo de educación secundaria es aún limitada para los pobres. Desde una perspectiva internacional, la calidad de la educación es baja.

Salud: buena parte de los mexicanos, especialmente los pobres, sigue sin tener acceso a cobertura de seguridad social y enfrenta altos gastos en la adquisición de medicamentos.

Alianza para el Campo: el programa no está orientado adecuadamente hacia los pobres. Se detectan algunos efectos sobre los resultados, como la productividad y los salarios. Sin embargo, no existen normas claras de resultados, por lo que tampoco se cuenta con indicadores de eficiencia concretos. Los recursos están asignándose a los estados de acuerdo con una complicada fórmula que incluye variables como el producto interno bruto agrícola, la tierra cultivada, la superficie irrigada, el número de unidades de producción y la contribución estatal.

Tomando como base de referencia los antecedentes anteriormente expuestos, los que suscriben la presente, apoyan su propuesta de crear una Comisión Especial de Combate a la Pobreza y Pobreza Extrema en los siguientes

Considerandos

Considerando que la pobreza en México ha alcanzado niveles alarmantes y que las instituciones internacionales han recalcado la importancia de combatirla;

Que México es uno de los 139 países firmantes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

Que es materia de la Cámara de Diputados y, en general, del honorable Congreso de la Unión, generar comisiones de trabajo según sus necesidades;

Que el artículo 38 de la Ley Orgánica inciso c) del honorable Congreso de la Unión indica que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene la atribución de impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos;

Que de conformidad con el artículo 42 de la misma ley orgánica, se tiene que someter ante el pleno de la Cámara la creación de comisiones especiales, o bien, la inclusión de nuevas comisiones ordinarias;

Que la tarea fundamental de la comisión cumpliría con lo contemplado en el artículo 45, numeral 6, de la suscrita ley;

Que de acuerdo con el artículo 95 del citado reglamento interno, la Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividirlas en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de sus negocios;

Que ni en nuestra Constitución Política, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento interno de la Cámara está contemplada una comisión de combate a la pobreza, y que las existentes no resarcen a plenitud la creación de iniciativas de ley, ni los debates o discusiones en torno a este problema;

Que, ante la necesidad de trabajo conjunto entre comisiones, esta propuesta de comisión especial generaría las sinergias necesarias entre, al menos, 15 comisiones ordinarias;

Que es necesario que el Congreso de la Unión trabaje en conjunto para planear, acompañar y evaluar los esfuerzos del Ejecutivo;

Que la necesidad de conformar una comisión especial para el combate a la pobreza extrema surge por el contexto actual del estado de desarrollo de este fenómeno.

Que los objetivos básicos de la comisión girarían en torno a la formulación de iniciativas de ley y políticas públicas encaminadas al combate a la pobreza y pobreza extrema.

Que se buscaría generar sinergias para entablar una vigilancia al poder ejecutivo y su gabinete en materia de combate a la pobreza y pobreza extrema, lo cual conllevaría a revisar la cuenta pública en materia de vigilancia y blindaje de los programas asistenciales como Oportunidades.

Que, en última instancia, se trataría de generar iniciativas de ley que permitan articular un frente amplio de actores políticos, sociales y económicos que incidan en la lucha por erradicar la pobreza extrema, creando sinergias entre ellos para definir estrategias y esfuerzos conjuntos para combatir de manera eficiente el fenómeno de la pobreza extrema en nuestro país.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve integrar una Comisión Especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México, de carácter plural, en la que estén representados los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados y cuyo mandato consiste en generar iniciativas de ley que permitan erradicar la pobreza y pobreza extrema en nuestro país, al tiempo que ejerce la vigilancia correspondiente de los programas del gobierno federal encaminados a dicho fin.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2005.--- Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Othón Cuevas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE TLAXCALA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y a la Cofetel, disminuya las claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a disminuir el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 13 de noviembre de 1998 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución administrativa mediante la cual se establece el calendario para el proceso de crecimiento de la numeración geográfica, de conformidad con el plan técnico fundamental de numeración en toda la República Mexicana; así, al estado de Tlaxcala le fueron asignadas nueve claves Lada.

Tlaxcala cuenta con la extensión territorial más reducida del país, con 4 mil 52 kilómetros cuadrados, 60 municipios y una población cercana al millón de habitantes; como punto comparativo respecto a otras entidades de similares características geográficas y poblacionales, el estado de Colima cuenta con cuatro claves Lada mientras que el estado de Aguascalientes con cinco.

Resulta incongruente que el estado más pequeño de la república tenga nueve claves de larga distancia y que se cobre al usuario un servicio alejado de la realidad; las distancias entre los municipios de Tlaxcala en los cuales hoy día se cobra este servicio no rebasan los 15 kilómetros entre ellos. Esta situación afecta de manera directa al concentrado poblacional más importante del estado, el corredor Santa Ana Chiautempan -- Tlaxcala -- Apizaco, en donde se encuentra el movimiento comercial, educativo y gubernamental más dinámico de Tlaxcala.

Hoy es más barato comprar un pasaje de Apizaco a Tlaxcala, o a Santa Ana Chiautempan, que hacer una llamada de ``larga distancia'' a esos mismos destinos. Esta incongruente situación evidentemente lesiona, perjudica e inhibe la economía local y de las familias tlaxcaltecas.

Por esto, en busca del bienestar y con base en los fundamentos legales y de equidad en la materia, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados que exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de que disminuyan el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala, de acuerdo con los parámetros de distancias aplicados en el resto del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de noviembre de 2006.--- Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

ESTADO DE SINALOA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa aumente los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del PAN

Carlos Eduardo Felton González, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia en las entidades y exhortar al gobierno de Sinaloa para que aumente los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Una vez más, Sinaloa es escenario de crímenes dolosos que atentan contra los más elementales sentimientos de seguridad de los ciudadanos.

El pasado jueves 26 de octubre, en el municipio de Salvador Alvarado, el crimen organizado hizo nuevamente gala de su patente de impunidad al asesinar a cinco personas, entre ellas a tres niños, uno de 10 años, otro de 8 y el último de tan sólo 2 años.

Es claro que los sicarios en Sinaloa prácticamente se sienten con patente de corzo para provocar el dolor humano, sin importar ya si en su afán de dominio vulneran o ciegan la vida de inocentes; éstos son grandes desafíos que en materia de seguridad enfrenta todo el estado de Sinaloa, situación bien conocida por la Secretaría de Seguridad Pública y por el país en general.

De conformidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cada entidad federativa le es asignada anualmente, mediante el Fondo de Seguridad Pública, mejor conocido como Foseg, un determinado presupuesto para el combate a la inseguridad y para la procuración de justicia.

En este aspecto es de notarse que en el periodo de seis años (2000-2006) ha existido una reducción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con una tasa de crecimiento anual de -31.05 por ciento, equivalente al promedio de -6.01 por ciento anual. Esta situación ha tenido resultados negativos en todas las entidades del país, y como consecuencia de ello hemos notado un incremento en cuestión de inseguridad. Como ejemplo, entre el 2001 y 2003 los índices delictivos pasaron de 4 mil 412 a 11 mil 246 delitos por cada 100 mil habitantes, y en Sinaloa de 5 mil 531 a 14 mil 904.

Aunado a estos alarmantes datos, en el caso de Sinaloa la asignación presupuestal se ha visto drásticamente reducida desde el 2003, a tal grado que actualmente dicha reducción representa, en términos reales, contar con menos de 50 por ciento de los recursos que en esta materia contaba mi estado en el 2002.

El gobierno de Sinaloa tiene el compromiso con los ciudadanos para brindar seguridad, es por ello que existen avances en la renovación del marco jurídico en materia de seguridad, depuración y saneamiento de las corporaciones de seguridad pública y el fortalecimiento de las unidades especializadas de procuración de justicia para investigar y seguir delitos como el secuestro.

Así las cosas, no sólo la falta de incremento del Foseg para Sinaloa, sino su importante decremento, ha sido una variable determinante para que los elementos de seguridad pública estatales y municipales, así como los de procuración de justicia, es decir los agentes del Ministerio Público, no sólo no cuenten con salarios acordes con su alta responsabilidad, sino que tampoco se les permita tener sistemas e instrumentos eficaces para la investigación de los delitos. Aunado al innegable hecho de que tales condiciones potencian el alto grado de corrupción existente.

De igual forma, es indispensable considerar parte de los criterios para la asignación del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública; son los siguientes: el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, la que está prevista y en aplicación por el gobierno de Sinaloa; y la tasa de crecimiento anual de indiciados, tomando en cuenta el aumento estadístico en los delitos que se comenten en el estado.

Es por tales motivos que resulta imperativo efectuar una revisión integral al Foseg, con el propósito de adecuar las asignaciones de las entidades federativas y reencauzarlos efectivamente a aquellas, como Sinaloa, que evidentemente requieren reforzar su sistema de seguridad pública. Y que el gobierno del estado, mediante su facultad de aceptar aportaciones que efectúen personas físicas o morales para el fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad, procure mayores esfuerzos para reunir más aportaciones para incrementar los recursos del Foseg.

En mérito de lo anterior, presento a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de determinación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, con el propósito de aumentar los recursos que se destinan al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), esto dado la urgente necesidad de mejora de los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia de las entidades federativas.

Dos. Se exhorta al gobierno de Sinaloa a realizar esfuerzos para aumentar su aportación dirigida al fideicomiso estatal, con recursos a cargo de su propio presupuesto para el 2007, con el propósito de aumentar los recursos que se destinan al Fondo de Seguridad Pública (Foseg).

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados,a los 23 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

ESTACIONES MIGRATORIAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración garanticen el trato de los extranjeros en las estaciones migratorias del país.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y al Instituto Nacional de Migración que garanticen el trato debido a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias del país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable órgano legislativo el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Primera. La política exterior del Estado mexicano se ha caracterizado por incorporarse en las posiciones de avanzada en el marco del derecho internacional, suscribiendo diversidad de tratados, protocolos y demás instrumentos internacionales que promueven una más justa y digna condición humana.

Dentro de ese marco se inscribe la defensa de los derechos de nuestros connacionales en otros países, remarcando la congruencia entre los principios que se buscan garantizar para todos los individuos del mundo, con el trato que exigimos para nuestros compatriotas.

Segunda. Que el trato digno a la persona no es prerrogativa de los mexicanos, sino que se extiende a todos aquellos individuos que ingresan al territorio nacional; tampoco se puede restringir sólo a aquellas personas que no han cometido delitos o faltas de cualquier tipo, toda vez que el referido trato digno debe concebirse como un precepto de orden universal. La propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece diversidad de derechos y prerrogativas que buscan amparar tal garantía.

En ese contexto, las normas secundarias relativas a la estancia de extranjeros asegurados en nuestro país también están orientadas en tal sentido. Así, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley General de Población, corresponde a la Secretaría de Gobernación establecer las estaciones migratorias en los lugares de la república que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquéllos que deben ser expulsados.

Por su parte, el reglamento de la referida ley establece, en su artículo 208, que las estaciones migratorias estarán a cargo del Instituto Nacional de Migración y corresponde al secretario expedir las disposiciones administrativas que regirán tales estaciones, garantizando el respeto a sus derechos humanos. Asimismo, el artículo 209 del citado reglamento señala que, durante su estancia en tales estaciones, a los extranjeros les será proporcionado un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de que sea necesario.

Adicionalmente, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación confiere al comisionado del Instituto Nacional de Migración, en su artículo 62, la atribución de dirigir las estaciones migratorias y el artículo 64 de la misma norma establece la facultad de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria, de organizar, supervisar y aplicar las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias en lo relativo al ingreso, estancia y disciplina de los extranjeros asegurados.

Tercera. A la fecha funcionan más de 50 estaciones migratorias en el territorio nacional, a cargo de las autoridades antes descritas, que son responsables de la estancia de los extranjeros asegurados en las mismas.

Cuarta. Que una de las estaciones migratorias con mayor población es la de Iztapalapa, en esta ciudad de México.

Quinta. Desde el mes de marzo de 2004, respondiendo a una invitación hecha por el propio Instituto Nacional de Migración, la Fundación Murrieta, AC, se dio a la tarea de implementar un programa de atención a los migrantes asegurados.

Sexta. La citada Fundación Murrieta, AC, es una institución privada, no lucrativa, con más de 20 años de trabajo social en beneficio de los grupos más vulnerables en nuestro país. Entre sus objetivos se encuentran proporcionar servicios de capacitación, asistencia social, salud, educación y desarrollo social en apoyo a organizaciones que trabajen con grupos vulnerables o directamente con dichos grupos --menores de edad, ancianos, mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas, discapacitados, entre otros.

Séptima.El programa de atención a migrantes asegurados integra diversas actividades y apoyos, que incluyen, entre otros, la donación de equipo, como cunas para bebé, ludotecas para jóvenes y adultos, biblioteca, así como la incorporación del Programa de Actividades Recreacionales e Informativas, el cual tiene como objetivo la impartición de cursos y talleres de contenido ocupacional e informativo que colaboren a la armonía del lugar mientras se resuelve la situación migratoria de las personas ahí aseguradas.

Octava.El funcionamiento de las actividades y el otorgamiento de apoyos mencionados en el considerando anterior fueron financiados con los excedentes de la operación del programa La Tienda.

Novena.Los objetivos de la instalación del programa La Tienda fueron la desaparición del mercado negro de mercancías tales como tarjetas telefónicas y cigarrillos entre otros, los cuales llegaron a alcanzar precios de hasta 5 veces su valor comercial; evitar la asignación del personal de otras áreas del instituto (principalmente de trabajo social) de la estación a la labor de compra de productos para el personal asegurado; el abasto de mercancía miscelánea los 365 días del año, durante 8 horas diarias, con precios competitivos e iguales a los de la calle.

Décima.Adicionalmente, como ha sido mencionado, el programa la tienda permite financiar los apoyos consistentes en donaciones de equipo y actividades dentro de la estación migratoria para el mejoramiento de las condiciones de los migrantes ahí asegurados, tales como talleres, ludotecas, biblioteca y, en general, actividades recreativas e informativas.

Décima Primera. Tales objetivos han sido cumplidos desde el inicio del programa de apoyo a migrantes, para lo cual se han implementado estrictas medidas de control y seguridad, así como otras actividades para su mejor funcionamiento.

Décima Segunda. Para el funcionamiento transparente y seguro del programa se establecieron las siguientes medidas:

a) Fueron contratadas personas pertenecientes a grupos vulnerables, quienes cuentan con todas las prestaciones de ley, seguridad social y pago de impuestos al corriente;

b) Se realizaba la supervisión diaria por el personal del instituto antes del ingreso del personal que atendía el programa; así como la revisión semanal del local;

c) La mercancía era inspeccionada por el personal de seguridad, verificando que no estuviera adulterada, fuera nueva y se encontrara en sus empaques originales; cuenta con facturas que amparan su compra y, en su caso, el pago de impuestos correspondientes;

d) La lista de precios exhibida a la vista del público, además de que se entregaba una copia de la misma a la dirección de la estación;

e) Se cuenta con un sistema de cómputo con lector de código de barras que permite atender con mayor velocidad a los usuarios, así como entregarles un recibo por su compra, lo que permite verificar la cantidad y tipo de productos adquiridos, el precio de venta, así como el cambio correspondiente entregado.

Décima Tercera. El 11 de julio del presente año se recibió oficio INM/CCV/1748/2006, emitido por el coordinador de Control y Verificación Migratoria, en donde se notificó que, debido a que a la fecha no ha sido posible concretar jurídicamente el convenio de operación del programa denominado La Tienda, se disponía de un plazo de 72 horas para realizar la entrega del espacio en donde opera el programa de la Fundación Murrieta.

Décima Cuarta. A la fecha, el programa de apoyo a migrantes asegurados cuenta con más de dos años y medio operando, sin que hasta ese momento haya presentado ninguna irregularidad; muy por el contrario, estaba cumpliendo plenamente con los objetivos planteados sin ningún contratiempo.

Décima Quinta. Con la aplicación del programa de apoyo a migrantes asegurados se producen importantes beneficios sociales, de atención y cooperación, por lo que tal labor debe ser reconocida y concretada jurídicamente, mediante la celebración del convenio de colaboración, principalmente por no existir impedimento legal o administrativo para su celebración, y en virtud de estarse cumpliendo los objetivos y beneficios desde hace más de dos años.

Décima Sexta.La inexistencia del referido convenio de colaboración no puede ser imputable a un organismo civil que en el desarrollo de sus actividades no tiene fines de lucro, y que genera beneficios lo mismo a mexicanos en situación vulnerable, así como a los propios extranjeros ubicados en las estaciones migratorias, y sí lo es, en cambio, a la autoridad responsable, la cual tiene el encargo de garantizar un trato digno a las personas y tomar las acciones que aseguren un desarrollo más eficiente de sus actividades.

Décima Séptima. Que lo ocurrido en la Estación Migratoria de Iztapalapa genera preocupación y dudas sobre lo que puede acontecer en el resto de las estaciones migratorias en el país, sea por la eventualidad de que se presente este trato injusto para los extranjeros sujetos a un eventual mercado negro, como de las medidas tomadas por la autoridad para resolver o evitar que ello suceda.

Décima Octava. Nuestro país reclama un trato justo, humanitario y de respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales asegurados por autoridades migratorias de otros países, por lo que las autoridades migratorias de nuestro país deben alentar programas, como el que lleva a cabo la Fundación Murrieta, para mejorar las condiciones de los migrantes y el respeto a sus derechos.

Por lo antes expuesto, se somete al Pleno de esta honorable soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación que, en el marco de sus atribuciones, emprenda las acciones conducentes a garantizar el trato debido a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias que existen en el país, en términos de las consideraciones expuestas en el presente punto de acuerdo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita al Instituto Nacional de Migración para que, a la brevedad, celebre un convenio de colaboración con la Fundación Murrieta, AC, a fin de regularizar el programa de apoyo a migrantes asegurados en las instalaciones de la estación migratoria de Iztapalapa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.--- Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Mario Alberto Salazar Madera, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes que atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima para garantizar la seguridad en ella, a cargo del diputado Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Mario Alberto Salazar Madera, integrante de esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes que dé inmediata atención y conservación a la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que resulte seguro su tránsito para los usuarios de este tramo carretero.

Consideraciones

I. Que de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, hay como dependencias de la Administración Pública Centralizada, las Secretarías de Estado, entre otras.

II. Que en este sentido, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como dependencia de la Administración Pública Centralizada, construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal, así como construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares; entre otras atribuciones.

III. Que en la actualidad las redes carreteras constituyen una de las formas tradicionales de comunicación más importantes para una comunidad, ya que es a través de este medio que se promueve el fácil acceso al lugar, el traslado de sus habitantes, visitantes y de personal a diversas fuentes laborales ubicadas en otros poblados y el fomento al comercio, entre otros aspectos no menos trascendentales, por lo cual, la construcción de nuevos tramos carreteros, así como su conservación y mantenimiento, resultan tareas fundamentales de todo gobierno.

IV. Que con base en lo anterior, es conveniente señalar que la autopista Guadalajara-Colima actualmente se encuentra dañada en gran medida, lo cual dificulta el tránsito para quienes usan este tramo carretero, ocasionando además la molestia entre los mismos por el alto costo de la cuota que se cobra en las casetas correspondientes y que no guarda una correcta proporción entre la tarifa y el mal estado en que se encuentra dicha vía. Cabe destacar que esta situación perjudica además a los habitantes de los municipios que conforman la región sur del estado de Jalisco.

Asimismo, se debe señalar que esta autopista necesita una rehabilitación a fondo, toda vez que un mantenimiento mínimo que se quiera dar, resulta poco funcional, inadecuado y peligroso, ya que al ser tan graves los daños, cualquier material que trate de cubrirlos es insuficiente, pudiendo ocasionar accidentes que ponen en riesgo la vida de los que por ahí transitan.

V. Que de conformidad con lo fundamentado y señalado en el cuerpo del presente acuerdo, es pertinente solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes su urgente intervención para que se pueda dar una efectiva e inmediata conservación y mantenimiento a la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que resulte seguro su tránsito para los usuarios de este tramo carretero, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo relativo a sus atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Gírese atento y respetuoso oficio al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración Pública Federal, a efecto de solicitarle que lleve a cabo de manera urgente la conservación de la autopista Guadalajara-Colima para brindar seguridad a quienes transitan por esta riesgosa y deteriorada vía terrestre.

Dado en el Palacio Legislativo a 5 de diciembre de 2006--- Diputado Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Transportes.

AUTOPISTA DEL SOL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede la palabra al diputado Mariano González Zarur, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ajuste el costo en las tarifas de la Autopista del Sol.

El diputado Mariano González Zarur:Ciudadana Presidenta, a petición de mis compañeras y compañeros diputados, solamente voy a leer el punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se apresuren los trabajos de mantenimiento correctivo y reparación de la Autopista del Sol.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales, a reducir cuando menos en 50 por ciento las tarifas de la Autopista del Sol, en tanto se terminan los trabajos de reparación y mantenimiento y la homologación de las cuotas en las autopistas, para tener peajes justos y equitativos por cada kilómetro recorrido a nivel nacional. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a ajustar el costo en las tarifas de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Diputado Federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En 1993 se inauguró la Autopista del Sol, la cual consta de poco más de trescientos sesenta kilómetros, que abarcan del libramiento de Cuernavaca, hasta el punto conocido como la Venta, en el puerto de Acapulco Guerrero.

La autopista, en el 2005 generó ingresos por mil, 694 millones de pesos, lo que refleja una importante captación de recursos sin que se vea reflejada en su mantenimiento y operabilidad.

Desafortunadamente, en la actualidad, el costo de peaje y las condiciones físicas, la vuelve prácticamente intransitable.

La Autopista del Sol, presenta problemas que van desde taludes inestables, y problemas de sub-bases que están frágiles; los cuales generan innumerables baches, columpios y cuando se trata de recurrir a los teléfonos de emergencia, estos en su mayoría se encuentran descompuestos

Esta carretera es sumamente utilizada, por lo que se debe garantizar la seguridad de los usuarios y el fomento de la actividad turística.

No obstante su inseguridad, es la más cara de México y .probablemente del mundo, el costo de transitarla se eleva desde los 521 pesos por motocicleta y vehículo chico, incrementándose hasta los 1,241 en casos de remolques de carga.

En el Estudio comparativo que realizó la Cámara de Diputados este año, se señala la diferencia que existe en el peaje entre las diferentes autopistas en nuestro país.

Las operadas por el FARAC o concesionadas a particulares el peaje se incrementa a prácticamente el doble con un costo de 1.55 por kilómetro.

En México, existe una grave disparidad en nuestra infraestructura carretera, que afecta nuestra competitividad y genera incentivos negativos a la inversión y al desarrollo.

El costo para los mexicanos por la misma distancia recorrida en nuestro país, esta en función de quien opera la vía de comunicación y no en necesidades sociales y de crecimiento.

Por citar un ejemplo señalaré que la autopista México-Puebla con una extensión de 123 kilómetros, tiene un costo de 115 pesos, y de igual forma. la México- Querétaro con 215 kilómetros tiene un costo de 120 pesos.

Por lo tanto no existe argumento que justifique la actual desatención por parte de las autoridades, a la Autopista del Sol, sobre todo, por la gran cantidad de accidentes automovilísticos que lamentablemente han costado la vida a muchos usuarios y han causado severos daños a los vehículos.

Resulta abusivo cobrar el 1000/0 del peaje más caro del mundo, cuando el servicio carretero no llega ni al 25%, es necesario entender que el costo de las carreteras no debe tener como finalidad la recaudación para el erario público y mucho menos el enriquecimiento de los concesionarios, sino que los recursos de allí derivados, debe ser aplicado a las propias autopistas en beneficio de los usuarios y su construcción y operación promover el desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.-Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se apresuren los trabajos de mantenimiento correctivo y reparación de la Autopista del Sol.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales, para reducir cuando menos en un 50% las tarifas de la Autopista del Sol, en tanto se terminan los trabajos de reparación y mantenimiento y la homologación de las cuotas en las Autopistas para tener peajes justos y equitativos por cada kilómetro recorrido a nivel nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre del año 2006.- Dip. Mariano González Zarur (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Mariano González Zarur. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Gabriel Varela López...

Sí diputado, ¿con qué objeto? ...Si le dan sonido a la curul del diputado Sandoval, por favor.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:(desde la curul) Sí, Presidenta: para solicitarle que la propuesta que ha leído el diputado González Zarur se considere de obvia o urgente resolución y se vote en este momento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Sandoval, el ponente no lo ha pedido de esa forma y no estaba tampoco agendado de esa manera. Si el ponente nos quiere aclarar si lo... Ya se dio el turno, ciudadano diputado Cuauhtémoc Sandoval.

ARTICULOS 4O. Y 27 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que solicita se incluya en el programa legislativo el análisis, discusión y votación del dictamen de la minuta que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 constitucionales.

El diputado Víctor Gabriel Varela López:Con su permiso, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, la discusión y la votación del dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El suscrito diputado federal Víctor Gabriel Varela López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en la sesión del 15 de diciembre de 2003 en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es establecer el derecho a la alimentación.

Segunda. Que en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003, la honorable Cámara de Diputados dio trámite de recibo a la referida minuta y el Presidente ordenó turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente, la cual conformó una subcomisión que quedó integrada el 27 de enero de 2004.

Tercera. Que el 21 de abril de 2004 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la minuta recibida del Senado de la República, el cual fue aprobado el 29 de abril de 2004 y, en consecuencia, la minuta fue devuelta a la colegisladora, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta. Que el 14 de diciembre de 2004 el Pleno de la Cámara de Senadores resolvió rechazar las modificaciones realizadas por su colegisladora y ratificar en sus términos la minuta que establece el derecho a la alimentación.

Quinta. Que en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2005 la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, que fuera remitida por la honorable Cámara de Senadores.

Sexta. Que en sesión celebrada el 22 de junio de 2005 el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación de la minuta en los términos que fue remitida por el Senado.

Séptima. Que establecer el derecho constitucional a la alimentación es un asunto de urgente resolución, toda vez que la situación que enfrenta nuestra nación es extremadamente preocupante. En México la desnutrición es un fenómeno endémico, pasa de generación en generación. Las cifras son contundentes: según información oficial, uno de cada cuatro mexicanos no cuenta con ingresos suficientes para alimentarse. Es necesario ser claros, una cuarta parte de las mexicanas y mexicanos vive hambre y marginación.

Octava. Según la última Encuesta Nacional de Nutrición, 1999, la anemia atribuible a deficiencia de hierro afecta al 50 por ciento de los niños en el segundo año de vida y al 33 por ciento en el tercer año. El 20 por ciento de las mujeres en edad reproductiva la padecen. Por otro lado, y muchas veces combinado con desnutrición, alarma la incidencia de los problemas de sobrepeso y obesidad, que afectan al 52.5 por ciento de las mujeres en el país.

Novena. Que el problema de soberanía alimentaria no es menos grave. Hoy, México importa el 39 por ciento de los productos básicos. El 30 por ciento del frijol que consumimos los mexicanos se compra en el exterior. Nuestro país es el principal importador de leche en polvo del mundo. El 30 por ciento de la carne de res y cerdo con que nos alimentamos la importamos de Estados Unidos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a incluir en el programa legislativo correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto de que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer el derecho a la alimentación.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2006.--- Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva.

REFORMA DEL ESTADO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Juan N. Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se propone realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadano Presidente; compañeras, compañeros: Revueltas, en uno de sus libros más memorables, dice --cuando escribe el prólogo-- que en vano esperó comentarios o algo que se dijera del libro y que, en vano, viene de vanidad.

Esto viene a cuento porque yo creo que éste es el punto o el acuerdo que más se ha paseado, ya tiene como mes y medio inscrito en distintos órdenes del día. Incluso, nuestro compañero Rodríguez Prats me dijo: ``pásalo para después del día primero, a efecto de ver si en la Junta podemos, entre todos, discutir qué es lo que vamos a hacer''. Pero no ha habido nada.

O sea, ustedes saben que la propuesta de este punto es muy sencilla, es más allá de nuestras coincidencias y diferencias como grupos parlamentarios, es que convoquemos a todos los sectores, a los empresarios, a los sindicatos, a los organismos productivos, a la sociedad civil, a los intelectuales, universitarios. Convoquémoslos a discutir los problemas que nos aquejan como país. Vamos viendo qué consensos se construyen entre todos, más allá de lo que queramos como PRD, de lo que quiera el PAN, el PRI, los grupos parlamentarios, etcétera, más allá, ¿qué podemos construir?

Nosotros seguimos insistiendo en que requerimos renovar el pacto, el pacto social en México, requerimos definir las reglas a las que todos nos vamos a someter. Requerimos lograr acuerdos. La democracia es ésa, son reglas procesales --finalmente-- que todos compartimos; se puede agarrar el símil hasta de un juego de básquetbol o lo que sea.

O sea, son las reglas que todos vamos a respetar, que en México no hay. Están subvertidas, pero no por la gente, por las propias instituciones. Es muy común aquí que se le pida a la gente estado de derecho, que se hable de pensiones y, por ejemplo, la Corte tenga sus cochinitos y tenga sus jubilaciones a los siete años.

Es muy común que en la Cámara le pidamos al pueblo austeridad, aunque nosotros no la tengamos ni en el Senado. Es muy común que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, haya dicho, prometió un gobierno plural y no importa si no lo cumple; prometió generación de empleos, se llamó a sí mismo ``el candidato del empleo'' y no importa si no lo cumple.

Ofreció apoyar a los jóvenes con educación y no importa si no lo cumple. Este pacto está roto, porque no hay reglas que todos respetemos. Aquí se hace demagogia para engañar a la población y la población se polariza más y los datos del INEGI nos hablan de cerca de 25 por ciento donde la gente no tiene para comer y una pobreza patrimonial de la mitad de la población.

Entonces yo quiero preguntarle, aprovechar esto que resta, directamente a Acción Nacional: ¿qué es lo que están pensando? O sea, no presentan iniciativas, tienen hasta prohibido ahora que podamos convocar a la sociedad a discutir para ver si construimos consensos. ¿Cuál es el ánimo? Son sólo la primera minoría.

Claro que sí, porque en el Senado el PRI presentó una iniciativa, igual que yo la presenté aquí, para hacer una Ley para la Reforma del Estado. Los que no dicen absolutamente nada son los de la bancada de Acción Nacional. Son la primera minoría, ¿van a seguir construyendo una gobernabilidad sobre la base de acuerditos, chantajes y todo eso? ¿A qué le tiran? ¿Cuál es el temor de construir acuerdos de cara al país, de cara a la nación?

Y repito: nosotros tenemos claro propuestas, les entregamos una agenda, les entregamos una agenda mínima. Hemos incluso querido discutir esto, que se discuta en la Junta. ¿A qué le tiran, a estar como primera minoría a ver si compran a algunos legisladores o a ver cómo le hacen en lugar de discutir los grandes problemas? ¿Cuál es el interés esperado?

Evidentemente me dirijo mucho a la bancada de Acción Nacional, porque tanto en el Senado como aquí es quien está hasta ahorita obstaculizando que se pueda hacer una Ley para la Reforma del Estado o que pueda haber un diálogo nacional para darle curso a trabajos y pueda este país recomponerse y hacer reglas que todos respetemos.

Finalmente eso es la reforma del Estado; es construir nuevos consensos que quizá no sea lo que quiere un grupo o quiere otro, pero que finalmente todos compartamos. Pídanle tiempo a la historia, porque les hace falta. No hacen nada, están demasiado lentos.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD

Consideraciones

l. Por sus características, el Poder Legislativo es la institución del Estado concebida para la confrontación de ideas y propuestas, así como para la búsqueda de acuerdos entre las fuerzas políticas que lo integran. De sus acuerdos han surgido las grandes trasformaciones legales a lo largo de nuestra historia y de ellos han emanado soluciones a problemas que México ha enfrentado en el ámbito político, económico y social. La alternancia política en el orden federal no se entendería sin la participación activa del Congreso. La Cámara de Diputados ha sido un actor principal en la historia política de nuestro país y es por su naturaleza el órgano representativo del pueblo mexicano.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara de Diputados. Por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno pueda adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. Asimismo, este órgano de gobierno tiene entre sus atribuciones impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas legislativas suscritas por los distintos grupos parlamentarios. Estas agendas fueron presentadas, por disposición legal, a principios del actual período de sesiones ordinarias de la LX Legislatura.

3. Un aspecto relevante de dichas agendas es lo que en el medio político y académico se ha denominado "reforma del Estado". Con independencia de la caracterización, alcance y profundidad de dicha reforma, todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados coinciden en incluirla entre sus prioridades legislativas. De esta manera, y de acuerdo con las propuestas entregadas por los distintos grupos parlamentarios, entre los ejes temáticos de la reforma del Estado se encuentran la reforma electoral, el fortalecimiento del Poder Legislativo, la revigorización del equilibrio de poderes, la reelección legislativa, el cambio de régimen político, reformas del Poder Judicial y del sistema de justicia, un nuevo federalismo, adopción de mecanismos de democracia participativa, regulación del cabildeo, modificaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos y la introducción de medidas de austeridad en el pago de sus remuneraciones, transparencia y acceso a la información pública gubernamental, democratización de los medios de comunicación, participación de las cámaras en la celebración de tratados internacionales y la autonomía del Distrito Federal.

En sintonía con estos cambios, los grupos parlamentarios presentaron un conjunto de propuestas orientadas a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, la generación de empleo y la erradicación de las causas estructurales de la pobreza.

4. Adicionalmente, la reforma del Estado resulta un proceso fundamental y necesario para la integración nacional y para la recuperación del desarrollo económico, social, político y cultural, así como para el fortalecimiento de nuestra independencia, libertad y soberanía.

5. México enfrenta una situación crítica que debe ser enfrentada por los poderes del Estado sin mayor dilación. En lo social, el pueblo mexicano ha sufrido un acelerado proceso de pauperización, como lo señalan los principales indicadores socioeconómicos tanto nacionales como internacionales, en especial los que miden la pobreza y la desigualdad social, los cuales cuantifican en estado de pobreza a 55 millones de compatriotas, y muestran que 10 por ciento de la población más rica concentra cada vez más ingresos, del orden de más de 50 por ciento de la riqueza nacional, al tiempo que el 20 por ciento más pobre subsiste. en condiciones infrahumanas, debajo de la franja mínima de consumo de calorías por persona, según los indicadores utilizados por Naciones Unidas. Todos esos datos constituyen los factores que aceleran la profundización de la desigualdad social, tal y como lo refleja el coeficiente Gini, que coloca a México en el lugar 112 entre 150 países en cuanto a la distribución del ingreso. El sistema de instituciones de seguridad y previsión social y de pensiones está prácticamente en quiebra, y México ocupa el lugar 112 en mortalidad infantil y el 53 en esperanza de vida.

6. Desde 1982 se han reducido seriamente los niveles de bienestar de la población y ha menguado la tasa de crecimiento del empleo formal a niveles mínimos; esto ha forzado el crecimiento de la ocupación informal de baja productividad. La tasa de rendimiento de la rentabilidad empresarial formalmente es inferior a la internacional, a saber de los rendimientos que el Estado recaba en cuanto a impuestos sobre la renta y al valor agregado, más allá del terrible problema de la evasión y de la elusión fiscal.

7. A estas alturas está claro que las políticas neoliberales de liberalización, privatización, y de desincorporación de los activos económicos del Estado mexicano y el libre comercio han impactado negativamente en el bolsillo de la gran mayoría de los mexicanos, y que en lugar de consolidar la comunidad económica mexicana, estas políticas han logrado expulsar a una gran cantidad de mexicanos a Estados Unidos como inmigrantes ilegales, y por tanto han logrado que el campo mexicano luzca crecientemente despoblado, con serias amenazas y baja rentabilidad, y también han logrado que desde 1994 cientos de miles de Pyme hayan quebrado o hayan visto seriamente rotas sus cadenas productivas, y que hasta algunos sectores empresariales de alta escala e integración global perciban serias amenazas por las prácticas de comercio internacional desleal, entre otros serios problemas.

8. En términos de desarrollo regional, la frontera norte sufre una grave crisis social, de seguridad pública, económica, urbana y ambiental, mientras que el sur del país se estanca y retrocede más allá de lo prudente bajo serias presiones de migración internacional, narcotráfico, deuda histórica con los pueblos indios y por serios desafíos de gobernancia estructural como en el caso vigente de Oaxaca,. y que la región centro está llegando a serios límites de crecimiento y viabilidad, por la severa crisis ambiental, la escasez del agua, y por la demanda energética y sobrepoblación, entre otros problemas metropolitanos.

9. En el ámbito internacional, México sigue estando en el sótano de la OCDE en prácticamente todos los indicadores; recordemos cómo al inicio del actual sexenio la economía mexicana era la novena del mundo y que ahora termina siendo la decimocuarta. Perdimos 20 lugares en términos de productividad y la inversión extranjera, a pesar de ser significativa, no se traduce en expansión del empleo formal; la competencia asiática amenaza desbancar a México en los sectores industriales que aún le son favorables en Estados Unidos y en Europa y hemos perdido las ventajas comparadas derivadas de los tratados de libre comercio signados.

10. En el ámbito político, la sociedad mexicana vive hoy un proceso de crisis con francos procesos de ingobernabilidad en varios puntos del país y está exigiendo cada vez más una democracia transparente, legítima y efectiva, y precisamente una de las aspiraciones y demandas sociales en ese contexto es transformar las instituciones públicas para arribar a estadios superiores de convivencia, de oportunidades y de mayor igualdad social, que produzca esperanza en el futuro para las generaciones venideras.

11. Hoy debemos recordar que, históricamente, nuestro pueblo ha sabido emprender grandes transformaciones políticas cuando es necesario renovar los pactos fundamentales. Reconocemos que resulta ya necesario acotar vertical y horizontalmente al Poder Ejecutivo; lograr un verdadero equilibrio de poderes mediante puentes de comunicación que hagan productiva la vida parlamentaria y ayuden a construir mayorías para la gobernancia democrática. Reconocemos que debemos fortalecer los poderes judiciales y construir el federalismo judicial; avanzar hacia un federalismo coherente con la pluralidad política y los gobiernos de origen multipartidario; asegurar la constitución de un nuevo pacto fiscal y hacendario; acotar al máximo los poderes fácticos y corporativistas de la vieja economía; asegurar la viabilidad de las reformas de la seguridad social y la universalidad de las políticas sociales, a fin de llenar de contenido los derechos y garantías sociales de todos los mexicanos.

12. El pueblo mexicano ha vivido desde su independencia bajo el yugo del presidencialismo y del centralismo, y estas inercias han opacado los resultados en lo social, en lo económico y lo político.

13. La relevancia del acuerdo que proponemos las diputadas y los diputados de esta Cámara es para pronunciamos abierta y mayoritariamente en la disposición de convocar a un diálogo respetuoso, productivo, plural e incluyente, desde el seno del Congreso de la Unión, para transformar nuestras instituciones políticas, para renovar la regulación de los mercados, para replantear las políticas sociales, para recuperar la confianza, y para fortalecer la convicción de que la república democrática, representativa y federal de los Estados Unidos Mexicanos debe tener un mejor futuro para las próximas generaciones y que deberá ser un mejor país, más justo y más igualitario.

Por lo antes expuesto, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición-con

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el marco de las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos acuerda convocar y organizar el Diálogo Nacional para la Reforma del Estado.

Segundo. El Diálogo Nacional para la Reforma del Estado tendrá como propósito recoger las propuestas de los diferentes sectores de la sociedad en la materia, con objeto de que la Cámara de Diputados prepare las iniciativas y dictámenes legislativos que reflejen el consenso alcanzado.

Tercero. La Cámara de Diputados asume el compromiso de concretar, mediante dictamen de las comisiones ordinarias, las reformas constitucionales y legales que deriven de los consensos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas del país, los representantes de los poderes federales, estatales y municipales, organizaciones sociales, económicas y civiles, y de los ciudadanos que participen en el Diálogo Nacional, para promover cooperativa y respetuosamente su aprobación en la Cámara de Senadores y en el Constituyente Permanente, de ser el caso, al igual que su promulgación por parte del titular del Poder Ejecutivo.

Cuarto.El Diálogo Nacional para la Reforma del Estado será conducido por la Junta de Coordinación Política, con el apoyo de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados que se requiera y de la Comisión Especial para la Reforma del Estado cuando ésta se constituya. Las comisiones llevarán a cabo foros regionales y formarán las mesas de trabajo necesarias para la atención y desahogo de los temas que integren la agenda. La Junta de Coordinación Política concentrará y sistematizará, con el auxilio de las comisiones, las propuestas de reforma que se recojan, identificando los consensos.

Quinto. La Junta de Coordinación Política informará al Pleno de las conclusiones del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado; estos acuerdos se asumirán por los grupos parlamentarios, para traducidos en resoluciones legislativas de la Cámara de Diputados.

Sexto. La Junta de Coordinación Política será la encargada de emitir la convocatoria al Diálogo Nacional para la Reforma del Estado, misma que dará a conocer al Pleno y que tendrá una amplia difusión en todo el país. (Se anexa propuesta)

Séptimo.En cuanto a las necesidades humanas, materiales, de comunicación, editoriales y de recursos financieros, la Junta de Coordinación Política presentará al Pleno de esta Cámara un programa especial, que será considerado en el Presupuesto de Egresos de 2007, en el que se establecerán los objetivos, subprogramas y actividades, y en los que se presupuestarán los costos y requerimientos financieros necesarios al acuerdo para el Diálogo Nacional, a fin de asegurar que su alcance, identificación, imagen y difusión, así como la conclusión y calidad de sus consensos, sean ampliamente conocidos por todos los mexicanos y que se reflejen en reformas constitucionales y legales concretas.

Diputado Juan N. Guerra Ochoa (rúbrica).» «Anexo

Convocatoria del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado

Bases

I. De los participantes

Convoca

A Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, a los Congresos Estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Poder Ejecutivo Federal; a los delegados y representantes del mismo en las entidades federativas; al Poder Judicial Federal; a los Gobiernos Estatales; a los Tribunales Superiores de Justicia; a los Gobiernos Municipales; a los partidos y organizaciones políticas; a las instituciones académicas; a los organismos empresariales; a las organizaciones civiles; a los sindicatos; a las asociaciones y organizaciones de productores; a las organizaciones y agrupaciones juveniles; a las organizaciones y agrupaciones no lucrativas; a los colegios, barras, ligas de profesionistas; a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos en general.

Al Diálogo Nacional para la Reforma del Estado

II. De la realización de las asambleas

A) Para este Diálogo Nacional, se establece la realización de 8 asambleas regionales y una asamblea plenaria nacional.

B) En cada una de las asambleas regionales concurrirán los participantes de las entidades federativas que las integran.

C) Las regiones, ciudades sedes y fechas de realización son como sigue:

1. Región Centro: Querétaro, Estado de México, Morelos y Guerrero.

Ciudad Sede: Acapulco, Guerrero.

Fechas de Realización: 22, 23 y 24 de febrero de 2007.

2. Región Sureste: Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo.

Ciudad Sede: Mérida, Yucatán.

Fechas de Realización: 15, 16 y 17 de marzo de 2007.

3. Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Ciudad Sede: Culiacán, Sinaloa.

Fechas de Realización: 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2007.

4. Región Golfo Pacífico: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ciudad Sede: Veracruz, Veracruz.

Fechas de Realización: 12, 13 y 14 de abril de 2007.

5. Región Norte: Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango.

Ciudad Sede: Zacatecas, Zacatecas.

Fechas de realización: 26, 27 y 28 de abril de 2007.

6. Región Occidente: Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Ciudad Sede: Guadalajara, Jalisco.

Fechas de Realización: 7, 8 y 9 de mayo de 2007.

7. Región Noreste: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Ciudad Sede: Monterrey, Nuevo León.

Fechas de Realización: 17, 18 y 19 de mayo de 2007.

8. Región Distrito Federal: Distrito Federal.

Ciudad Sede: Ciudad de México.

Fechas de Realización: 29, 30 y 31 de mayo de 2007.

Plenaria Nacional

Ciudad Sede: Ciudad de México.

Fecha de Realización: 14, 15 y 16 de junio de 2007.

III. De la Temática

A) Los participantes podrán presentar tema abierto sobre la Reforma del Estado de conformidad, a los siguientes cinco ejes:

1. Reforma al Régimen Político

¿Régimen presidencial o parlamentario?

Reforma electoral: equidad, legitimidad, calendarios, medios de comunicación y federalización de procesos locales

Fortalecimiento de los poderes de la justicia y del federalismo judicial:

Tribunal constitucional y cortes estatales de justicia

Régimen resolutorio a favor de los derechos humanos y al consumidor

Seguridad pública.

2. Reforma al Pacto Federal y Municipal

Principios constitucionales de relación política, equidad y compensación regional

Redistribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos

Relaciones y reformas fiscales y hacendarias

Reforma municipal

3. Reforma Económica

Planeación Democrática para el crecimiento económico y la equidad regional

Política monetaria, crecimiento e infraestructura económica

Nuevo pacto fiscal entre Estado y sociedad: generalidad, simplificación y recaudación

El futuro de la política energética

Mercado interno y cadenas productivas de Pymes

El campo mexicano ante la total apertura del TLCAN

La sustentabilidad como condición indispensable del crecimiento económico.

4. Reforma Social

Derecho a la alimentación: dieta mínima universal

Derecho a la salud: cobertura y equidad en la prestación del segundo y tercer nivel de los servicios, abasto de medicamentos

Extensión y ampliación del derecho a la educación

Fortalecimiento a la inversión en Ciencia y Tecnología

Sistema Nacional de Pensiones

Política promotora y subsidiaria de organismos de la sociedad civil

5. Reforma Política para el Distrito Federal

Distrito Federal: por una garantía de trato equitativo en lo político y lo financiero

Cláusula para establecer la equivalencia del régimen político interno del DF como entidad federativa plena, compatible con su condición de sede de los Poderes de la Unión y urbe metropolitana

Identidad y espíritu público del proceso: referéndum ratificatorio

Nueva constitución al Distrito Federal.

La lista de temas aquí presentada es enunciativa no limitativa. Los participantes, a partir de los ejes enlistados, podrán proponer otras temáticas de acuerdo a los intereses regionales particulares, así deberán inscribirlo al momento de su registro.

B) A cada participante se le asignará la Mesa de Trabajo, de acuerdo al área que le corresponda según la base IV de esta convocatoria.

IV. De la Extensión y la Presentación de los Trabajos

A) Los trabajos no tendrán límite de extensión; sólo para efectos de lectura, se deberá presentar un resumen de hasta 5 cuartillas.

B) Los trabajos se presentarán en cuartillas escritas en procesador de texto en Word de Windows XP, letra fuente Arial 14, a doble espacio y en sobre rotulado de acuerdo al siguiente punto.

C) La carátula deberá contener:

El nombre del trabajo; el área de trabajo a la que pertenece de conformidad a la clasificación establecida en la base V, inciso D de esta convocatoria; nombre del ponente; dirección y teléfonos; institución a la que pertenece; y en el caso de la ciudadanía en general, deberá escribir su nombre; dirección; teléfono; fecha y firma del participante.

Los trabajos se entregarán en original, copia y archivo electrónico.

D) El registro de participantes queda abierto a partir de la publicación de la convocatoria hasta 3 días antes que dé inicio la consulta, el cual deberá hacerse en: la Oficialía Mayor del Congreso de su Entidad y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debiendo confirmar su registro mediante la comunicación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por fax a los teléfonos: XXXXXXXX y DDDDDD ext. RRRRR.

E) Como segunda opción podrán presentar los trabajos vía correo electrónico a la siguiente dirección de la Cámara de Diputados XXXXXXXXXXX, cubriendo lo relativo al punto IV de esta convocatoria.

V. De la organización de las asambleas regionales

A) Cada asamblea iniciará y cerrará con sesión plenaria, con participaciones de orientación y de presentación de los objetivos colectivos deseados por parte de los legisladores federales responsables, y cerrará con la presentación de las conclusiones de la asamblea regional y de sus mesas de trabajo. Los participantes en las mesas elegirán un portavoz por mesa para ese efecto.

B) Se establecerán las mesas necesarias de acuerdo a los ejes temáticos y tópicos registrados. Se procurará la integración homogénea de las mesas de acuerdo a la base I y V, inciso D de esta convocatoria.

C) Cada mesa de trabajo tendrá un coordinador que será designado por la Subcomisión Coordinadora Regional que será nombrada para tal efecto, la cual será responsable del desarrollo de todas las actividades de la asamblea regional correspondiente.

D) Las mesas de trabajo estarán integradas de forma proporcional y representativa por integrantes de:

Poder Legislativo Federal: Diputados y Senadores

Poder Ejecutivo federal y sus delegados y representantes en las Entidades Federativas

Poder Judicial Federal: Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito

Gobiernos Estatales

Congresos Estatales y Asamblea Legislativa

Tribunales Superiores de Justicia

Gobiernos Municipales

Partidos y Organizaciones Políticas

Instituciones Académicas

Organismos Empresariales

Organizaciones Civiles

Sindicatos

Asociaciones y organizaciones de productores

Organizaciones y agrupaciones juveniles

Organizaciones y agrupaciones del deporte

Colegios, barras y legas de profesionistas

Medios de comunicación

Ciudadanos en general

E) La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión convocará, mediante concurso de oposición a facilitadores profesionales para que apoyen el proceso integral de recopilación de las participaciones, las frecuencias, la presentación de las relatorías en las plenarias de clausura regional y nacional, así como de la elaboración de las conclusiones, ordenación y opinión sobre los consensos alcanzados a la CPC, así como para la elaboración de la memoria del Diálogo Nacional 2007.

VI. De la Mecánica de Trabajo en las Asambleas Regionales

A) Registro y ubicación en las mesas de trabajo

B) Elección de la directiva de la Mesa de Trabajo que será integrada por un Presidente, un Secretario y un Relator

C) Presentación y lectura de los trabajos en el orden cronológico a su registro

D) Trabajo de síntesis y relatoría de las ponencias presentadas a cargo de la directiva de la mesa de trabajo con el soporte de los facilitadores

E) Elección del portavoz a la plenaria final para la presentación de conclusiones

VII. De la Presentación de las Relatorías

A) Cada uno de los portavoces, dará lectura de la síntesis de su mesa de trabajo en la sesión plenaria final.

B) Cada uno de los coordinadores de los ejes temáticos, dará lectura de la relatoría correspondiente a su área en la sesión de conclusiones del Diálogo Nacional.

C) Cada una de las subcomisiones coordinadoras regionales, harán la relatoría de las conclusiones de la plenaria nacional.

D) Tanto los coordinadores de los ejes temáticos a nivel nacional, como las subcomisiones regionales deberán integrar a miembros de los poderes locales y de las organizaciones de la sociedad civil como portavoces de los contenidos en lo que se refiere a conclusiones y consensos.

E) Los facilitadores brindarán el soporte para la presentación diáfana, clara, racionalizada y equilibrada de cada uno de estos trabajos.

VIII. De la Participación en la Reunión Plenaria Nacional

Se observará la misma mecánica que en las consultas regionales, con la salvedad de que participarán los responsables de las subcomisiones coordinadoras regionales y responsables de ejes temáticos en los términos expuestos, así como de los titulares y/o representantes de los organismos convocados, correspondientes al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial Federal y Ejecutivo, del sector social y del sector privado.

IX. De la Compilación e Impresión de los Trabajos

Todos y cada uno de los trabajos presentados, serán incluidos en la memoria del Diálogo Nacional. Se preparará una estrategia integral de comunicación política en medios electrónicos y prensa escrita, mediante el uso de tiempos oficiales, el canal del Congreso, y la edición de material de difusión para público académico y sectores social y económico.

X. De la Observancia

A) Los participantes se sujetarán a las bases descritas en el presente acuerdo y convocatoria.

B) Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en lo que se refiere a las funciones de su encomienda, y en lo que se refiere a los aspectos políticos entre poderes, entidades y municipios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del grupo parlamentario del PAN...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente, me parece que hizo una serie de alusiones el señor diputado hacia el Partido Acción Nacionalque deseamos responder. Estaba registrado como de obvia o urgente resolución. Yo le pediría que lo someta de obvia o urgente resolución, pero de no ser así, pediría yo la palabra para alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No está a discusión el punto de acuerdo, diputado Rodríguez Prats. No se presentó un punto de acuerdo específico y, al no estar a discusión, no le puedo dar la palabra. No le puedo dar la palabra, no está a discusión.

CONSUMO DE SARDINA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la próxima administración federal a que impulse el consumo de la sardina en México.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada:Diputado Presidente, con su permiso: el exhorto sería a la presente administración federal. En la actualidad se producen en México alrededor de 580 mil toneladas de sardina por año; sin embargo, más de 90 por ciento de esa sardina es prácticamente quemada y transformada en harina para alimentar ganado vacuno, porcino, bovino, entre otros.

Por lo anterior, en este país con altos índices de desnutrición, obesidad, hipertensión y falta de una alimentación adecuada, cada año se queman alrededor de 500 mil toneladas de un alimento tan saludable y rico en nutrientes como la sardina, todo ello para alimentar animales.

Parte primordial del desperdicio de estas casi 500 mil toneladas de sardina, se debe a la falta de cultura para su consumo, lo que a su vez propicia una escasez en la demanda y, por lo tanto, un obstáculo en su industrialización y su comercialización.

Compañeros legisladores, es por ello que no es difícil de entender por qué en nuestro país estemos importando cada vez más alimentos bajos en nutrientes y que los mismos, en la última década, estén formando parte de la dieta básica de los mexicanos, incluso desplazando al fríjol y a las tortillas y me refiero, señoras y señores diputados, a alimentos como éste. Esto, compañeros legisladores, es lo que está consumiendo el pueblo mexicano y los mexicanos más humildes, nuestros niños e incluso nuestros jóvenes.

Sólo a manera de ilustración daré el siguiente dato. Según una investigación, en 1998 se consumían en nuestro país cerca de mil 500 sopas instantáneas al día; no obstante para el año 2004, el crecimiento fue --diríamos-- relevante, ya que el consumo alcanzó los 31 millones de sopas a la semana, esto es cuatro y medio millones de sopas al día y sin tener aún el dato preciso, se puede concluir que para 2006 se están consumiendo cinco millones de sopas al día.

Esto no es un problema menor, sobre todo cuando el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Desnutrición, muestra que nuestras necesidades diarias de sodio son dos gramos al día, elemento que si se consume en exceso propicia enfermedades como la hipertensión, enfermedad que en los últimos años se ha incrementado 37 por ciento en los casos de mortandad en México.

En el caso de las citadas sopas instantáneas, su contenido abarca casi la totalidad de sodio que se requiere de un día, sin considerar que el consumo excesivo de este producto incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la afectación al riñón.

Por el contrario, la sardina se incluye dentro de los pescados azules o grasos y posee casi 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de porción comestible, donde además, por la calidad de su grasa concentrada en ácidos grasos omega 3, así como en su elevado contenido en proteínas en torno al 17 por ciento y por la variedad de vitaminas y minerales que contiene este producto, interviene en numerosos procesos de gran importancia funcional para nuestro cuerpo, tales como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material genético, así como el crecimiento óseo y en la producción de enzimas de hígado y suprarrenales.

En cuanto a los minerales, la sardina contiene fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y yodo, todos indispensables para nuestro desarrollo.

Si realizamos un comparativo acorde a información revelada por la Norma Oficial 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas preenvasadas, la sardina contiene el .1 por ciento de calorías con respecto a la sopa instantánea; 25 por ciento menor a las grasas, 79 por ciento menor a los carbohidratos y un 85.5 menor al sodio, sin mencionar químicos y saborizantes artificiales.

Los ácidos grasos poliinsaturados y en concreto los omega 3, abundantes en la sardina, contienen muchas de las propiedades saludables que presenta este pescado y lo más importante, están relacionadas con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardio-vasculares, como el infarto al miocardio y accidentes cerebro-vasculares.

Tenemos la necesidad, tenemos el producto y la cantidad y la red de distribución para brindar a la población mexicana un recurso nutritivo que mejorará los índices de salud, nutrición y desarrollo económico del país.

Por ello, solicitamos se implemente una política de Estado integral para el fomento al consumo de la sardina, implicando con ello su promoción, difusión y apoyo para su comercialización.

Concluyo, Presidente. Una política de Estado para la sardina para que se convierta en un platillo básico de los mexicanos, sobre todo de los que menos tienen. El gobierno mexicano debe de fomentar la nutrición de los mexicanos, sobre todo con un producto que cuesta 70 centavos el kilo.

Finalmente, este punto de acuerdo está muy alejado de pretender comprometer a esta administración en la erogación de un gasto más a diestra y siniestra. Por el contrario, la lógica económico-social que nos motiva es muy clara: invertir para poder generar mayor bienestar social.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados se sume, como parte integral y fundamental para el presupuesto 2007, el apoyo irrestricto para el impulso al consumo de la sardina.

Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la administración pública federal a que, por su alto valor nutricional, asuma como política de Estado el impulso al consumo de la sardina de origen nacional.

Tercero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la administración pública federal para que dentro de esta política de Estado y a través de la red de distribución de tiendas Diconsa fortalezca la distribución en el territorio nacional de la sardina de origen nacional, a efecto de que haya un abasto suficiente para el consumo de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y a la próxima administración federal a impulsar el consumo de sardina en México, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal por Sonora, Luis Fernando Rodríguez Ahumada, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad se producen en México alrededor de 580 mil toneladas de sardina por año, sin embargo, más del 90 por ciento de esa sardina es prácticamente quemada y transformada en harina para alimentar ganado vacuno, porcino, bovino, entre otros.

Por lo tanto, en este país con altos índices de desnutrición, obesidad, hipertensión y falta de una alimentación adecuada, cada año se queman alrededor de 500 mil toneladas de un alimento tan saludable y rico en nutrientes como la sardina, todo ello, para alimentar animales.

Parte primordial del desperdicio de estas casi 500 mil toneladas de sardina se debe a la falta de cultura para su consumo, lo que a su vez propicia una escasez de demanda y por lo tanto, un obstáculo para su industrialización y comercialización.

Compañeros legisladores, es por ello que no es difícil de entender el por qué en nuestro país, estamos importando cada vez más alimentos bajos en nutrientes y que los mismos, en la última década, estén formando parte de la dieta básica de los mexicanos, incluso desplazando al frijol y las tortillas.

Y me refiero, señoras y señores diputados, a alimentos como éste, esto compañeros es lo que está consumiendo el mexicano más humilde, nuestros niños e incluso, nuestros jóvenes.

Sólo a manera de ilustración daré el siguiente dato: según una investigación, en 1988 se consumían en nuestro país cerca de mil 500 sopas instantáneas al día. No obstante, para el año 2004, el crecimiento fue diríamos, relevante, ya que el consumo alcanzó los 31 millones de sopas a la semana, esto es, 4 millones 500 mil sopas al día, sin tener el dato preciso, la cifra para 2006 debe sobrepasar los 5 millones de sopas al día. Y esto, no es un problema menor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, nuestras necesidades diarias de sodio son dos gramos al día, elemento que si se consume en exceso, propicia enfermedades como la hipertensión, padecimiento que en los últimos años ha incrementado en un 37 por ciento los casos de mortandad en México. En el caso de las citadas sopas instantáneas, su contenido abarca casi la totalidad de sodio que requiere al día una persona, sin considerar que el consumo excesivo de este producto incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y afectación al riñón.

Por el contrario, la sardina se incluye dentro de los pescados azules o grasos, y posee casi 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de porción comestible, donde además, por la calidad de su grasa concentrada en ácidos grasos Omega-3, así como por su elevado contenido en proteínas en torno al 17 por ciento, y por la variedad de vitaminas y minerales que contiene, este producto interviene en numerosos procesos de gran importancia funcional para nuestro cuerpo, tales como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material genético, así como el crecimiento óseo y la producción de enzimas del hígado y suprarrenales. En cuanto a los minerales, la sardina contiene fósforo, magnesio, potasio, hierro, yodo y zinc, todos indispensables para nuestro desarrollo.

Si realizamos un comparativo acorde con la información revelada por la Norma Oficial Mexicana 051, Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados, la sardina contiene 0.1 por ciento de calorías respecto a la sopa instantánea, 25 por ciento menor en grasas, 79 por ciento menor en carbohidratos y 85.5 por ciento menor en sodio, sin mencionar químicos y saborizantes artificiales.

Los ácidos grasos poliinsaturados y en concreto los Omega 3, abundantes en las sardinas, contienen muchas de las propiedades saludables que presenta este pescado, y lo más importante, están relacionados con la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio y los accidentes cerebro-vasculares.

Tenemos la necesidad, el producto, la cantidad y la red de distribución para brindar a la población mexicana un recurso nutritivo que mejorará los índices de salud, nutrición y desarrollo económico en el país, por ser un recurso nuestro. Recordemos que el gobierno federal, tiene una red de más de 23 mil tiendas y abarrotes afiliados a Distribuidora Conasupo (Diconsa), cubriendo el 90 por ciento de los municipios de 31 entidades federativas, pero causantes también del incremento en ventas de un 80 por ciento de este tipo de sopas instantáneas.

Por ello, solicitamos que se implemente una política de Estado integral para el fomento al consumo de la sardina, implicando con ello su promoción, difusión y apoyo para su comercialización.

Una política de Estado para que la sardina se convierta en un platillo básico de los mexicanos, en especial, de los que menos tienen. El gobierno mexicano debe fomentar la nutrición de los mexicanos, sobre todo, con un producto que cuesta 70 centavos el kilo.

Estimados compañeros legisladores: este punto de acuerdo está muy alejado de pretender comprometer a la próxima administración con la erogación de un gasto más a diestra y siniestra, por el contrario, la lógica económica y social que nos motiva es muy clara, invertir para poder generar mayor bienestar social.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a que asuma como parte integral y fundamental para el presupuesto de 2007 el apoyo irrestricto para el impulso al consumo de la sardina.

Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la próxima administración pública federal, a que por su alto valor nutricional, asuma como política de Estado el impulso al consumo de la sardina de origen nacional, y desarrolle diversas acciones de promoción para incrementar su producción, industrialización y comercialización.

Tercero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la próxima administración pública federal para que, dentro de esta política de Estado y a través de la red de distribución de tiendas Diconsa, fortalezca la distribución en todo el territorio nacional de sardina de origen nacional, a efecto de que haya un abasto suficiente para el consumo de las familias mexicanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Fernando Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Economía.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo relativo al pago de derechos por el cambio del nombre del ejido Luis L. León, en el municipio de Arriaga, Chiapas.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez:Con su venia, diputado Presidente. Los conflictos políticos de la década de 1930, tuvieron una resonancia muy particular en el municipio de Arriaga, Chiapas, específicamente en la colonia Azteca, antes denominada Luis L. León.

El ejido en mención surgió como parte de la expropiación que estaba en auge en esa época. En ese sentido los pobladores de la ex hacienda La Punta solicitaron con apego a las leyes agrarias vigentes y con fecha 26 de marzo de 1930 la dotación de tierras para la constitución de un ejido.

La Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen técnico y en consecuencia, les dio posesión definitiva el 28 de mayo de 1934, otorgándoles una extensión de terreno de 1,120 hectáreas en terreno de temporal de segunda, quedando en poder del pueblo beneficiado.

Sin embargo, los acontecimientos políticos de 1936 en la vida política de nuestro país, cambian el rumbo de la nación y por supuesto, también de este ejido.

En este año la confrontación entre el jefe máximo de la Revolución y el presidente Lázaro Cárdenas llegó a límites tan extremos que como todo mundo sabe, Plutarco Elías Calles fue expulsado del país junto con muchos de sus ex colaboradores más cercanos, entre ellos incluso Luis L. León, su ex ministro de Industria, de Comercio y de Trabajo.

¿Qué relación tiene esta ruptura política en el ejido en mención? El 6 de agosto de 1936, tal y como aparece en el registro del Diario Oficial de la Federación en el mismo año, los habitantes de la colonia Azteca, antes Luis L. León, solicitan ante el Departamento Agrario la ampliación de tierras del ejido, pero antes de proceder a llevar a cabo dicho trámite, llevaron a cabo una asamblea ejidal para tratar como único punto la necesidad de optar por un nombre distinto al original, para conseguir de manera exitosa esta solicitud.

Creían que los acontecimientos políticos nacionales tendrían un efecto directo en sus vidas, por llevar un nombre que en ese momento era políticamente incorrecto. Es así como surge el conflicto que les vengo a exponer en este momento.

No fue necesario ningún trámite burocrático más que un acuerdo de asamblea ejidal. Es así como el 27 de diciembre de 1939, de nueva cuenta la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen otorgándole la ampliación de tierras de 1,286 hectáreas a favor de la colonia Azteca, municipio de Arriaga, Chiapas.

Tal como se encuentra asentado en el Diario Oficial de la Federación del mismo año. Esto significa que las autoridades agrarias reconocen también el nombre de colonia Azteca. Sin embargo, actualmente la Procuraduría Agraria les notifica que ante esa instancia aún se conserve el registro del ejido Luis L. León cuando pasaron muchos años sin tener en cuenta que existía este problema.

Esta instancia de gobierno les ha ofertado sólo una vía para resolver el conflicto. Realizar un pago de derechos por la cantidad de 250 pesos por documento que acredite la posición de la fracción parcelaria, esta medida elevaría el volumen del pago en aquel ejidatario que tiene fraccionada su hectárea de terreno, circunstancia que presentan la mayoría de los pobladores.

Asimismo, no está de más señalar que los pobladores de este ejido son personas de muy bajos recursos económicos que viven al día y que esto se debe a que carecen de las garantías mínimas que consagra nuestra Constitución Política de brindar seguridad jurídica a los bienes de los ciudadanos.

Si bien es cierto que el presupuesto para nuestro país se construye con estos impuestos, éstos deben de ir de acuerdo a las condiciones económicas de las familias, porque no podemos seguir sangrando a los más amolados. Compañeras y compañeros diputados, por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Condonar el pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León, antes La Punta, por el de colonia Azteca como primera opción, o bien, que el cobro del pago de derechos sea por ejidatario, evitando pagar por fracción parcelaria. Como segunda opción en el municipio de Arriaga, Chiapas. Es cuanto, diputado Presidente, muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León, en Arriaga, Chiapas, a cargo del diputado Fernel A. Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los conflictos políticos de la década de 1930 tuvieron una resonancia muy particular en el municipio de Arriaga, Chiapas, específicamente en la colonia Azteca, antes Luis L. León.

El ejido en mención surge como parte de la expropiación que estaba en auge en esa época. En este sentido, los pobladores de la ex hacienda La Punta solicitaron con apego a las leyes agrarias vigentes y con fecha 26 de marzo de 1930, la dotación de tierras para la constitución de un ejido. La Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen técnico y en consecuencia les dio posesión definitiva el 28 de mayo de 1934, otorgándoles una extensión de terreno de mil 120 hectáreas en terreno de temporal de segunda, quedando en poder del pueblo beneficiado.

Sin embargo, los acontecimientos de 1936 en la vida política de nuestro país, cambiaron el rumbo de la nación y por supuesto también de este ejido. En este año, la confrontación entre el jefe máximo de la Revolución y el presidente Lázaro Cárdenas llegó a límites tan extremos que, como todo mundo sabe, Plutarco Elías Calles fue expulsado del país junto con muchos de sus ex colaboradores más cercanos, entre ellos Luis L. León, su ex ministro de Industria, Comercio y Trabajo.

¿Qué relación tiene esta ruptura de nuestra vida política con el ejido ya mencionado?

El 6 de agosto de 1936, tal y como aparece en el registro del Diario Oficial de la Federación de el mismo año, los habitantes de la colonia Azteca (antes Luis L. León) solicitaron ante el Departamento Agrario la ampliación de tierras del ejido. Pero antes de llevar a cabo dicho trámite, realizaron una asamblea ejidal para tratar como único punto la necesidad de optar por un nombre distinto al original para conseguir de manera exitosa la solicitud. Creían que los acontecimientos políticos nacionales tendrían un efecto directo en sus vidas por llevar un nombre que en ese momento era políticamente incorrecto.

Es de esa forma como surge el conflicto que les vengo a exponer. En ese momento no fue necesario ningún trámite burocrático más que un acuerdo de asamblea ejidal. Es así como el 27 de diciembre de 1939, de nueva cuenta la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen otorgándole la ampliación de tierras de mil 286 hectáreas a favor de la colonia Azteca, municipio de Arriaga, Chiapas, tal como se encuentra asentado en el Diario Oficial de la Federación del mismo año.

Sin embargo, actualmente la Procuraduría Agraria les notifica que ante esa instancia aun se conserva el registro del ejido Luis L. León, cuando ya pasaron muchos años sin tener en cuenta que existía este problema.

Esta instancia de gobierno les ha ofertado solo una vía para resolver el conflicto: realizar un pago de derechos por la cantidad de 250 pesos por documento que acredite la posesión de la fracción parcelaria; esta medida elevaría el volumen del pago de aquel ejidatario que tiene fraccionada su hectárea de terreno, circunstancia que presentan la mayoría de los pobladores.

Asimismo, no está demás señalar que los pobladores de este ejido son personas de muy bajos recursos, que viven al día y que esto se debe a que carecen de las garantías mínimas que consagra nuestra Constitución Política de brindar seguridad jurídica a los bienes de los ciudadanos.

Compañeros diputados: por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Único. Condonar el pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León (antes La Punta) por el de colonia Azteca, como primera opción. O bien, que el cobro del pago de derechos sea por ejidatario evitando pagar por fracción parcelaria, como segunda opción, en el municipio de Arriaga, Chiapas.

Diputado Fernel A. Gálvez Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez. Túrnese esta proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pido a la Secretaría que vaya dando lectura al primero de los tres acuerdos que se recibieron de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración complementaria de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33; 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales;

Segunda.Que, de acuerdo con lo previsto en la reforma de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de diciembre de 2006, las comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública podrán tener más de treinta miembros a efecto de que todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados tengan representación en dichos órganos legislativos;

Tercera.Que es atribución de la Junta de Coordinación Política, prevista en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica, proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas;

Cuarta.Que, para configurar las comisiones señaladas, la Junta de Coordinación Política ha considerado la pluralidad y proporcionalidad representada en la Cámara, tanto para realizar su integración como para realizar las propuestas de los diputados que deban presidir y fungir como secretarios de dichos órganos legislativos, de tal suerte que se refleje la proporción a que hace referencia el artículo 43 del citado ordenamiento.

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración complementaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Artículo Primero.La Comisión de Hacienda y Crédito Público se integra con 35 diputados: 14 diputados del GPPAN, 9 diputados del GPPRD, 7 diputados del GPPRI, 1 diputado del GPPVEM, 1 diputado del GP Convergencia, 1 diputado del GPPT, 1 diputado del GP Nueva Alianza y 1 diputado del GP Alternativa, quedando de la siguiente manera:

Artículo Segundo.La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se integra con 35 diputados: 14 diputados del GPPAN, 9 diputados del GPPRD, 7 diputados del GPPRI, 1 diputado del GPPVEM, 1 diputado del GP Convergencia, 1 diputado del GPPT, 1 diputado del GP Nueva Alianza y 1 diputado del GP Alternativa, quedando de la siguiente manera:

Artículo Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo.- México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Someta en votación económica si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, y de Justicia de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33; 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales;

Segunda.Que, de acuerdo con lo previsto en la reforma a los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de diciembre de 2006, el conjunto de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados ha sido modificado de tal manera que se da origen a las comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia;

Cuarta.Que es atribución de la Junta de Coordinación Política, prevista en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica, proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas;

Quinta.Que para configurar las comisiones señaladas, la Junta de Coordinación Política ha considerado la pluralidad y proporcionalidad representada en la Cámara, tanto para realizar su integración, así como para realizar las propuestas de los diputados que deban presidir y fungir como secretarios de dichos órganos legislativos, de tal suerte que se refleje la proporción a la que hace referencia el artículo 43 del citado ordenamiento.

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39 y 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, y de Justicia de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas

Artículo Primero. Se integran las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, y de Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, de la siguiente manera:

Artículo Segundo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobado; comuníquese.

PAQUETE ECONOMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero: Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a trabajar en conferencia, a efecto de conocer de los asuntos relacionados con su competencia en cuanto al paquete económico para 2007.

Segundo: Comuníquese al Senado de la República.

Tercero: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de diciembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Oficios de la Cámara de Senadores

Cinco, con los que remiten proposiciones para que en el Presupuesto de Egresos de 2007, asignen recursos a diversos rubros, presentados por senadores integrantes de la LX Legislatura. (Turno a Comisión.)

Los asuntos no abordados en esta sesión.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 19:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 14 de diciembre a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 8 horas 28 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 295 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 470 diputados
• Verificación de quórum: 429 diputados
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 6
• Puntos de acuerdo aprobados: 4
• Proposiciones con punto de acuerdo: 69
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 111PAN-26, PRD-44, PRI-19, PVEM-4, Convergencia-6, PT-4, Nueva Alianza-6, Alternativa-2.
• Se recibió:
• 3 oficios de los Congresos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán;
• 1 oficio de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal, con el que comunica la toma de protesta del licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, como jefe de gobierno delDistrito Federal, para el periodo de 2006-2012;
• 2 oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanasno asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de noviembre de 2006;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 9 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita se posponga la discusión del dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióna deferir la entrada en vigor de la NOM-029-PES-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas, especificaciones para su aprovechamiento, por un plazo no menor de 90 días naturales, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
• 1 iniciativa de senador del PAN;
• 2 iniciativas de senadores del PRI;
• 1 iniciativa de senador del PVEM;
• 1 iniciativa del PAN;
• 5 iniciativas del PRD;
• 7 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PVEM;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar Solís, Samuel(PRI) Ley General de Salud: 190
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Estado de Oaxaca: 363
• Almazán González, José Antonio(PRD) Estado de Querétaro: 356
• Amador Gaxiola, Daniel(PRI) Diesel marino: 364
• Amador Gaxiola, Daniel(PRI) Educación pública superior: 226
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Educación pública superior: 247
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Estado de Puebla: 337
• Arévalo González, José Antonio(PVEM) Ley del Instituto Mexicano de la Juventud - Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Ley de Información Estadística y Geográfica: 161
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Educación pública superior: 224
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Educación pública superior: 242
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Estaciones migratorias: 397
• Borrego Estrada, Felipe(PAN) Educación pública superior: 229
• Bravo Padilla, Itzcóal Tonatiuh (PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 353
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Educación pública superior: 231, 233, 237, 239, 240
• Campos Aburto, Amador(PRD) Ley Federal de Derechos: 179
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Código Fiscal de la Federación: 167
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Educación pública superior: 227
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Diesel marino: 367
• Castro Muñoz, Juan de Dios(PAN) Educación pública superior: 232
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Ley reglamentaria de la fracción I del artículo 71 constitucional: 101
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Educación pública superior: 223
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Combate a la pobreza en México: 388
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Estado de México: 371
• Dávila Fernández, Adriana(PAN) Estado de Tlaxcala: 395
• Dávila García, Francisco(PAN) Seguridad pública: 353
• De los Santos Molina, Joaquín (PRD) Fondo de Apoyo a ex Braceros: 342
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Educación pública superior: 225
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Infored: 373
• Díaz Gordillo, Martha Cecilia(PAN) Estado de Chiapas: 387
• Díaz Solórzano, Elmar Darinel (PRI) Estado de Chiapas: 383
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 202
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Ley Federal del Derecho de Autor: 157
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Educación pública superior: 226
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Estado de Sinaloa: 396
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Diesel marino: 363, 367
• Flores Salazar, Guadalupe Socorro(PRD) Distrito Federal: 347, 349
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Periodismo: 367, 368
• Fuentes Ortiz, José Guillermo(PAN) Estado de Puebla: 357
• Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo(PRD) Estado de Chiapas: 414
• García González, Carlos Alberto(PAN) Ley Aduanera - Código Fiscal de la Federación - Ley de Ingresos de la Federación - Ley del Servicio de Administración Tributaria: 181
• García Méndez, Armando(Alternativa) Estado de Oaxaca: 363
• Garza Garza, Horacio Emigdio(PRI) Ley Aduanera - Código Fiscal de la Federación - Ley de Ingresos de la Federación - Ley del Servicio de Administración Tributaria: 181
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Educación pública superior: 245
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Artículos 108 y 111 constitucionales - Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 106
• González Garza, Javier(PRD) Educación pública superior: 238
• González Roaro, Benjamín Ernesto(PAN) Educación pública superior: 230
• González Zarur, Mariano(PRI) Autopista del Sol: 401
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Reforma del Estado: 404
• Gutiérrez Calzadilla, José Luis(PRD) Educación pública superior: 236
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Educación pública superior: 246
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Educación pública superior: 241
• López Adame. Antonio Xavier (PVEM) Educación pública superior: 247
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Educación pública superior: 230
• Martínez Martínez, Carlos Roberto(PRD) Estado de Oaxaca: 360
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Educación pública superior: 235
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Ley Federal del Derecho de Autor: 161
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Secretaría de Economía: 341
• Matus Toledo, Holly(PRD) Estado de Chiapas: 384
• Mejía García, Luis Alonso(PAN) Estado de Tamaulipas: 379
• Mendoza Arellano, David(PRD) Artículos 35, 36, 39, 40, 41, 71, 73, 115 y 135 constitucionales: 184
• Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio(PRD) Ley de Comercio Exterior: 254
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Diesel marino: 367
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Educación pública superior: 236, 237
• Muñoz Serrano, José Antonio(PAN) Artículo 71 constitucional: 89
• Murat , José(PRI) Educación pública superior: 238
• Navarro Quintero, Miguel Ángel(PRD) Educación pública superior: 233
• Navarro Quintero, Miguel Ángel(PRD) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 221
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 92
• Orcí Martínez, Juan Adolfo(PRD) Comisión Nacional de Pesca: 351
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Presupuesto de Egresos de 2006: 376
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Estado de Hidalgo: 336
• Peregrino García, Abundio(PT) Educación pública superior: 243
• Pérez Cuéllar, Cruz(PAN) Educación pública superior: 244
• Pérez Valdés, Daniel(PRI) Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 175
• Pinete Vargas, María del Carmen(PRI) Educación pública superior: 244
• Ramírez Stabros, Jesús(PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 206
• Ríos Camarena, Alfredo Adolfo(PRI) Educación pública superior: 228, 236, 239
• Rodríguez Ahumada, Luis Fernando(PAN) Consumo de sardina: 411
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Reforma del Estado: 411
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Educación pública superior: 223, 237
• Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana(PAN) Ley de Comercio Exterior: 252, 253
• Rojas Hernández, Laura Angélica(PAN) Educación pública superior: 234
• Ruiz Chávez, Sara Latife(PRI) Ley Federal del Derecho de Autor: 158
• Salazar Madera, Mario Alberto(PAN) Autopista Guadalajara-Colima: 400
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Autopista del Sol: 402
• Santos Arreola, Francisco Javier(PRD) Verificación de quórum: 248
• Solano Muñoz, José de Jesús(PAN) Educación pública superior: 232
• Solís Parga, Rodolfo(PT) Educación pública superior: 238
• Soto Ramos, Faustino(PRD) Ley del Impuesto al Activo: 171
• Soto Sánchez, Antonio(PRD) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley Federal de las Entidades Paraestatales - Ley de Planeación - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público - Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía - Ley de la Comisión Nacional de Energía - Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad - Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica: 112
• Torres Baltazar, María Elena(PRD) Vivienda de interés social y popular: 343
• Torres Herrera, Víctor Manuel(PAN) Dengue: 370
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) Verificación de quórum: 363
• Varela López, Víctor Gabriel(PRD) Artículos 4o. y 27 constitucionales: 402
• Velasco Rodríguez, Verónica(PVEM) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 210
• Zepeda Hernández, Martín(PRD) Adultos mayores: 381

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	INASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	CÉDULA
149 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
161 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
163 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
164 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
165 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	INASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	INASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	CÉDULA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 199
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	INASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	PERMISO MESA DIRECTIVA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	CÉDULA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Ríos Gamboa Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	PERMISO MESA DIRECTIVA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	CÉDULA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 117
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	INASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	INASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	CÉDULA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	OFICIAL COMISIÓN
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 98
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	INASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
9 Guerrero Rubio Pilar	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Figueroa Ortega David
2 Palafox Núñez José Inés
3 Ruiz Velasco de Lira Ernesto
4 Stefanonni Mazzocco Martín
Faltas por grupo: 4

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Almonte Borja Ramón
Faltas por grupo: 1

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Palma César Víctor Samuel
2 Ramírez Martínez José Edmundo
Faltas por grupo: 2

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Castellanos Cortés Sara Isabel
Faltas por grupo: 1