---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 342 diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de diciembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

De los congresos de Hidalgo, de Nuevo León, y de Querétaro.

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado.

De la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el senador José Luis Lobato Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Tres, en los que transcribe acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos para diferentes rubros. (Turno a Comisión)

Ocho, con los que remite proposiciones para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos a diversos rubros, presentadas por senadores integrantes de la LX Legislatura. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

De Ley Reglamentaria de las Fracciones II, III y IV del Apartado C) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres, suscrita por los diputados Leticia Herrera Ale y Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Concursos Mercantiles, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César, Jesús Ramírez Stabros y Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a definir la entrada en vigor de la NOM-029-PES-2006, a fin de que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal a enviar a esta soberanía la posición del gobierno mexicano sobre el restablecimiento de la caza comercial de ballenas para el gobierno de Islandia y, a su vez, condene dicho acto.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se emite una comunicación oficial al Parlamento canadiense reconociendo la solidaridad de los legisladores que participaron en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México, en la firma de la declaración conjunta signada por ambas delegaciones.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para exhortar al Senado de la República a ratificar la enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y se compromete a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal, a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007, suscrita por los integrantes de la Mesa Directiva. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para llevar a cabo la obra de rectificación y encauzamiento del Río Turbio, en el estado de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Landeros González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la pensión alimenticia de carácter universal para los adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, a cargo del diputado Martín Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destine una partida para la creación de un fondo nacional para la investigación oceanográfica, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para la construcción del Puente Vado, sobre el río San Juan, en el estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para garantizar la aplicación de programas permanentes para la lucha y reducción de la tasa de muertes maternas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para implantar un programa emergente para atender los efectos colaterales provocados por el huracán Stan en el estado de Chiapas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos suficientes y etiquetados para mujeres, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no prevea ningún aumento a la dieta de los diputados en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere un aumento para la Conagua, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos adicionales a la Conade y al Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los problemas de contaminación del río Sedeño, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para programas de prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos para la Universidad Autónoma de Guerrero, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la terminación de la construcción del museo El Trompo Interactivo, en la cuidad de Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para reactivar el complejo industrial de Ciudad Sahagún, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incrementen los recursos para el financiamiento de la educación media y superior del IPN, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para crear la fiscalía especializada para esclarecer los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para los pensionados por invalidez menores de 60 años, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, a cargo del diputado Benjamín Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo del municipio de Tlacuilotepec, en el estado de Puebla, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal, Mario Mendoza Cortés y Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos para el aumento de las prestaciones, la capacitación y la promoción de ascensos a las mujeres militares de México, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el Fondo para Pensiones de los Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la ampliación de los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para incrementar la infraestructura de las centrales de abasto del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la Conagua a efecto de realizar diversos proyectos en la zona oriente del valle de México, suscrita por los diputados Silvia Oliva Fragoso, Lourdes Alonso Flores, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción y ampliación del tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se establezcan criterios de eficiencia y transparencia administrativa a fin de evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la construcción del arco norte del distribuidor San Juan Ixhuatepec, estado de México, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la modernización de los sistemas estatales del registro civil, municipales de registro catastral y para solicitar a Pemex la donación del material asfáltico para mejorar la infraestructura carretera de los municipios, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para la ejecución de un proyecto regional de tratamiento y valorización de los residuos sólidos urbanos para la zona oriente del Estado de México, suscrita por los diputados Jaime Espejel Lazcano y Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el desarrollo y la promoción del turismo en el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incrementen los recursos para la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incorporen recursos para el desarrollo rural sustentable en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Amador Campos Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios crear una agenda legislativa conjunta encaminada a una concreta reforma del Estado, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF fiscalice los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al Consejo General del Instituto Federal Electoral que, en el marco de sus atribuciones, reduzca los costos de campaña para los cargos de representación popular y dichos recursos se destinen al rubro de ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sener y a la Semarnat elaboren y expidan una norma oficial mexicana que regule la composición de la mezcla del gas licuado de petróleo que adquiere en el extranjero la empresa Pemex, a cargo del diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, dicte resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua modifique la regla IV.4.4 relativa a los componentes generales de apoyo para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PFP y a la Policía Ministerial de Oaxaca para que informen a la brevedad del estado físico y de las investigaciones que se siguen en contra de las personas detenidas por el conflicto en la entidad, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de México implementen diversas acciones para la erradicación de homicidios dolosos contra mujeres, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2002, 2003 y 2004, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Atención de la Frontera Sur, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que en el marco de la transición al nuevo gobierno fortalezca la política de Estado a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT el texto íntegro de la concesión que otorgó a la CFE para operar una red pública de telecomunicaciones, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para establecer una tarifa eléctrica preferencial en los 50 municipios con mayor marginalidad, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice un informe especial de las omisiones o actos administrativos sin cumplimentar por parte de las instituciones del subsector de cultura, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Emilio Ulloa Pérez, Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez y Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a cumplir inmediatamente la sentencia dictada por la SCJN en el amparo en revisión 1426/2006, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a los poderes ejecutivos locales asignen recursos crecientes a sus universidades estatales, a cargo del diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Nuevo León que, en coordinación con la PGR y la SSP, implanten acciones a fin de prevenir y combatir la violencia que aqueja a dicha entidad, a cargo de la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y al Congreso del estado de Oaxaca para que celebren un convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos en dicho estado, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la entidad de fiscalización superior, audite los recursos destinados al Fondo de Apoyo al Rescate Carretero, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del Bachillerato Comunitario de Santa María Quiegolani, en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Vivienda a convocar con el Congreso de la Unión a la realización de foros estatales para analizar y discutir los contenidos del Reglamento de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en contra de la ciudadana Josefina Vázquez Mota, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial antimonopolios, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a los congresos de los estados y a la ALDF constituyan un comité técnico de transparencia y valoración salarial de sus funcionarios locales, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diversos grupos parlamentarios a terminar la confrontación política imperante en la Cámara de Diputados e iniciar un proceso de diálogo político incluyente y respetuoso, así como aprobar un presupuesto responsable para el ejercicio fiscal de 2007, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la ASF realice una auditoría de los recursos utilizados en la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal asigne recursos suficientes para el debido cumplimiento de las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes, a cargo del diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría sobre la transferencia de recursos públicos al equipo de transición, particularmente al Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la remoción del Diputado Jorge Zermeño Infante como Presidente de la Mesa Directiva, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de asuntos mineros, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y la problemática de la salud pública en México, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes agilice la liberación y donación de bienes y enseres que se destinan al apoyo de sectores de la población en situación de marginación y pobreza, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre los migrantes mexicanos que regresan a territorio nacional, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para apoyar a los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores agrícolas, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP explique a esta soberanía el incremento de la gasolina Premium y del diesel, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación y a los denominados Órganos Constitucionales Autónomos, implementen medidas de racionalidad y austeridad, a cargo del diputado Benjamín González Roaro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal impulse una política de Estado en materia migratoria, a cargo de la diputada Elia Hernández Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía realice una visita de trabajo al estado de Oaxaca e informe de la situación prevaleciente respecto de los derechos humanos, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política instruya a la Secretaría General se abstenga de remover al cuerpo de investigadores de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH y a la Secretaría de Protección Ciudadana del estado de Oaxaca elaboren un informe respecto de las personas detenidas por el conflicto en la entidad, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el uso de las reservas internacionales, en especial los prepagos de la deuda externa realizados entre los años 2000 y 2006, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate bancario, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la CFE para ampliar el periodo de aplicación del descuento de verano a la tarifa 1F del servicio doméstico de electricidad, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Nayarit emprenda medidas para detener los altos índices de feminicidios en dicha entidad, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Seguridad Social, de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía realicen un análisis y estudio del nuevo sistema de pensiones de 1997 y del Sistema de Ahorro para el Retiro manejado por las Afore, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a constituir el programa Diputada Amiga-Diputado Amigo; y al Ejecutivo federal, para asegurar un trato digno a los connacionales que ingresan o transitan por nuestro país a sus lugares de origen, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a la SEP gestionen las acciones necesarias para rescatar el mural Ejercicio plástico, del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, a cargo del diputado Benjamín González Roaro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT disminuya el peaje para motocicletas en las autopistas nacionales, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP para que obliguen a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito, enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF realice una auditoría a fin de transparentar el manejo de los recursos utilizados en la organización y operación del Fórum universal de las culturas, Monterrey 2007, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre el funcionamiento irregular de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de esta soberanía, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Economía, a solicitud de los diputados Othón Cuevas Córdova y Daniel Torres García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto al Informe sobre Desarrollo Humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Análisis de la situación política en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al 213 aniversario luctuoso de Olympe de Gouges, verificado el 3 de noviembre de 1793, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario del Convergencia.

Relativa al Día Internacional de la Tolerancia, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltasar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de Lucha contra el Sida, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del municipio de Tecolutla, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al LVIII aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia saluda a los visitantes del estado de Guanajuato aquí presentes; gracias.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes doce de diciembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y cinco diputadas y diputados, a las once horas con veintiocho minutos del martes doce de diciembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Se reciben acuerdos de los congresos de los estados de:

Guanajuato, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se destinen recursos a Petróleos Mexicanos, para la construcción y puesta en operación de una nueva planta de azufre en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Guanajuato.

Jalisco, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se destinen dentro del Programa de Caminos Rurales, una partida que solvente la construcción del proyecto carretero Llano en Llamas.

Michoacán, para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se otorgue una partida presupuestaria especial al Instituto Federal Electoral, a fin de poder darle continuidad a la existencia y trabajos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del Consejo General del propio instituto.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se reciben de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

Oficio con el que comunica la toma de Protesta del licenciado Marcelo Luis Ebrad Casaubon, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el periodo de dos mil seis-dos mil doce. De enterado.

Dos acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se asignen mayores recursos en los rubros de salud y educación. Ambos se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de noviembre de dos mil seis. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

La Secretaría de Gobernación remite:

Respuesta a punto de acuerdo aprobado. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Solicitud del permiso constitucional necesario para que tres ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en sus Consulados en Monterrey Nuevo León y Tijuana, Baja California; y comunica que han dejado de prestar servicios dos ciudadanos a Gobiernos extranjeros. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación; por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

a) Proposiciones para que en el Presupuesto de Egresos de dos mil siete:

Se asignen recursos adicionales a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia.

Se asignen recursos suficientes a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia.

Se ajuste la partida asignada a los partidos políticos con registro nacional a través de Instituto Federal Electoral, presentada por el senador Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional.

Se asignen mayores recursos a la Educación Náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional, a nombre de senadores integrantes de la Comisión de Marina.

Se considere una partida especial que apoye la cadena agroalimentaria del sistema producto mango, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática.

Se disponga, en las reglas aplicables a la distribución de excedentes petroleros, la participación de los municipios en el porcentaje de recursos que corresponda a las entidades federativas, presentada por el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional.

Se considere un incremento en las partidas destinadas a la infraestructura destinada a los servicios educativos, presentada por el senador Ricardo Torres Origel, del Partido Acción Nacional.

Se asignen mayores recursos al programa de Vigilancia Epidemiológica de la Frontera Sur y al programa denominado Fortalecimiento de la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentada por el senador Francisco Herrera León, a nombre de diversos integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Se asignen recursos a fin de desarrollar un proyecto para completar la carretera fronteriza norte número dos ubicada entre ciudad Acuña, Coahuila y Ojinaga, Chihuahua, presentada por el senador Ernesto Saro Boardman, a nombre de los Senadores José Guillermo Anaya Llamas y Jesús María Ramón Valdés, del Partido Acción Nacional.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

b) Iniciativas con proyecto de decreto que:

Reforma el artículo nueve-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la senadora Amira Griselda Gómez Tueme, a nombre propio y del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Partido Revolucionario Institucional.

Adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México.

Reforma el artículo doscientos veintiséis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Gustavo Madero Muñoz, a nombre propio y de los senadores María Rojo e Incháustegui, Carlos Sotelo García y Raúl Mejía González, de los Partidos: Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Reforma diversos artículos de la Ley de Coordinación Política, presentada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto, los diputados:

José Antonio Muñoz Serrano, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia.

Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Justicia.

Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Planeación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y expide la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete Constitucional en materia de Energía Eléctrica. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Energía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruiz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cincuenta de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Cultura, con opinión de la Comisión de Turismo, esta última a petición del diputado Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática.

A las doce horas con diecisiete minutos se registra una asistencia de cuatrocientos setenta diputadas y diputados.

José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: del Instituto Mexicano de la Juventud; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Información Estadística y Geográfica. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación.

Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, que reforma el artículo noventa y dos del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Faustino Soto Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Daniel Pérez Valdés, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

Amador Campos Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ocho de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los diputados Horacio Emigdio Garza Garza, del Partido Revolucionario Institucional y Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, remiten iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil seis y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Continúan con la presentación de iniciativas con proyectos de decreto, los diputados:

David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Salud.

César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jesús Ramírez Stabros, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos doce de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Salud, esta última a petición del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, presenta a nombre de la Junta de Coordinación Política acuerdo por la defensa de la educación pública superior. Desde su curul, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, hace comentarios y la presidencia aclara. Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, se les otorga la palabra a los diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México; Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, Felipe Borrego Estrada, del Partido Acción Nacional y Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza. Previo a la participación del diputado Borrego Estrada, desde su curul, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, hace observaciones y realiza una propuesta y la Presidencia solicita presentarla por escrito.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se les concede el uso de la tribuna a los diputados: Benjamín Ernesto González Roaro, del Partido Acción Nacional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Juan de Dios Castro Muñoz y José de Jesús Solano Múñoz, ambos del Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Navarro Quintero, del Partido de la Revolución Democrática. Para hechos se les concede la palabra a los diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática y Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el punto suficientemente discutido y lo aprueba. Comuníquese.

Desde su curul, la diputada Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una aclaración con respecto a la propuesta del diputado Ríos Camarena, la Presidencia informa a la asamblea que dicha propuesta se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Desde sus respectivas curules los diputados Ríos Camarena y José Luis Gutiérrez Calzadilla, del Partido de la Revolución Democrática, hacen comentarios y éste último solicita se turne la proposición a la Comisión de Educación y Servicios Educativos; Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, solicita se ponga a consideración de la asamblea la proposición del diputado Ríos Camarena; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, da lectura a la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicita se ratifique el turno otorgado; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios y la Presidencia hace la aclaración. Realizan comentarios respecto al trámite de la proposición, desde sus respectivas curules, los diputados: Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo y Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una propuesta para desahogar la intención del punto de acuerdo, y la Presidencia instruye a la Secretaría para que dé lectura al artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Desde sus respectivas curules los diputados: Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios; José Murat, del Partido Revolucionario Institucional, hace un señalamiento y solicita retomar el procedimiento para que sea tomada en cuenta la propuesta del diputado Ríos Camarena dentro del punto de acuerdo aprobado anteriormente; Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, presenta una propuesta y el diputado Ríos Camarena, comunica a la Presidencia el retiro de su propuesta y la adhesión a la del diputado Tonatiuh Bravo. La Presidencia instruye a la Secretaría la lectura a la propuesta remitida por el diputado Tonatiuh Bravo, quien solicita una moción de procedimiento y la Presidencia solicita la lectura del artículo ciento veinticinco del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En sendas votaciones económicas, la asamblea acepta la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo y la aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que en el orden del día se integre un acuerdo de la misma por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el marco del análisis, discusión y eventual aprobación del Proyecto de Presupuesto Federal dos mil siete, se contemple un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación básica. En votación económica la asamblea acepta su inclusión y se le concede el uso de la tribuna para presentar dicho acuerdo a nombre de la Junta de Coordinación Política al diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa Gonzalo

Se les concede la palabra para fijar el posicionamiento de sus respectivos grupos parlamentarios, a los diputados: Mónica Tzansa Arriola Gordillo, de Nueva Alianza; Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo; María del Carmen Pinete Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; Cruz Pérez Cuellar, del Partido Acción Nacional; Jacinto Gómez Pasilla, de Nueva Alianza y Sergio Hernández Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Rectifican hechos los diputados: Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Francisco Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera el asunto suficientemente discutido y lo aprueba. Comuníquese.

Desde su curul, el diputado Francisco Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática, solicita la declaración de ausencia de quórum y la Presidencia solicita a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de asistencia para verificar el quórum.

La Comisión de Economía presenta dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. Queda de Primera Lectura. Desde su curul, la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, del Partido Acción Nacional, solicita la dispensa de la segunda lectura y mediante votación económica, la Asamblea otorga dicho trámite.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se le otorga la palabra a la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, del Partido Acción Nacional.

A las dieciséis horas con cuarenta minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos veintiocho diputadas y diputados, declarándose la existencia de quórum.

Se le concede la palabra para hablar sobre el tema al diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea considera suficientemente discutido el proyecto de decreto y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y nueve votos en pro, cero en contra y seis abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

La Junta de Coordinación Política remite oficio por el que solicita se posponga la discusión del dictamen de la Comisión de Pesca con respecto al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, defina la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana-Cero Veintinueve-PES-dos mil seis, para que la pesca de Tiburones y Rayas, sea específicamente para su aprovechamiento. En votación económica, la asamblea autoriza dicho trámite. Se pospone.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de la sesión referentes al paquete económico para el Ejercicio Fiscal dos mil siete. En votación económica, la asamblea lo aprueba y a continuación la Secretaría da lectura a las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Miguel Ángel Peña Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete recursos suficientes destinados al Programa Especial de Seguridad Pública en Hidalgo.

Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza, por el que solicita al gobierno federal otorgue recursos para que se reactive la economía en el estado de Oaxaca.

José Luis Blanco Pajón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere en el presupuesto de dos mil siete, el subsidio al diesel y gasolinas para actividades agropecuarias y del sector pesquero.

Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se asigne una partida para el impulso de la producción del cine regional.

Isael Villa Villa, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se destinen recursos para el sector rural a través de un fondo de apoyo para la adquisición de fertilizantes.

Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González y Ramón Salas López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete recursos para la obra del Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad y para el fortalecimiento operativo de la red de hospitales en el estado de Nuevo León.

José Amado Orihuela Trejo, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la problemática y solución de la cartera vencida de los abastecedores de caña del ingenio Emiliano Zapata, en el estado de Morelos.

Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, sean asignados mayores recursos a la Comisión Nacional del Agua a efecto de atender las demandas de las entidades federativas en materia hidráulica.

Jorge Godoy Cárdenas, de Convergencia, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se incrementen a través del Instituto Mexicano de la Juventud los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud.

Del Partido del Trabajo, para que la Cámara de Diputados promueva la asignación de recursos adicionales a la Universidad Juárez del estado de Durango.

Ángel Humberto García Reyes, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se incremente la partida destinada a promover la conservación de los bosques y las selvas de México.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y suscrita por los diputados Javier González Garza y Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en su programa de trabajo dos mil siete, considere los recursos necesarios que permitan fortalecer y desarrollar la operación del vivero de Coyoacán.

Pablo Trejo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos federales adicionales al municipio de Coyotepec, estado de México.

Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se considere un incremento a la Secretaría de Desarrollo Social para el Programa de Adquisiciones de Leche de Liconsa.

Claudia Lilia Cruz Santiago y Othón Cuevas Córdova, ambos del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, se considere un incremento en los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Luis Gustavo Parra Noriega, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, recursos generales para los braceros del estado de México.

José Luis Blanco Pajón, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Yucatán.

Jorge Godoy Cárdenas, de Convergencia, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para la creación de un corredor ecoturístico y un museo en el pueblo de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México.

Víctor Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática, para que se destinen los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada y distribuida por Liconsa.

Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Educación Pública, remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas para terminar el ejercicio fiscal de dos mil seis y éstos se consoliden en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete.

Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para concluir la construcción de caminos y carreteras en el estado de Chiapas.

Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se garantice la continuidad del Programa Apoyo Directo al Ingreso Objetivo.

Juan Francisco Rivera Bedoya, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para continuar la ampliación de la Línea dos del Metro en Nuevo León.

Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Alberto Amaro Corona, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, considere recursos para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, estado de Tlaxcala.

Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, para que se autorice un monto presupuestal, por única vez, a los poderes judiciales de las entidades federativas que permita el apoyo para los gastos que genera la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes.

Francisco Sánchez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se destinen recursos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano.

Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, para el fortalecimiento de la red consular mexicana.

Miguel Ángel Peña Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se considere la asignación de recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en diversos municipios del estado de Hidalgo.

Joel Guerrero Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se considere la creación del programa de atención integral a municipios marginados de las zonas de sierra y montaña de México.

Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicitan recursos adicionales para ampliar el alcance de los fondos mixtos que operan los estados con la federación, en materia de desarrollo cultural.

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para construir y rehabilitar caminos rurales y alimentadores del estado de Sinaloa.

Rodrigo Medina de la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se destinen recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los recursos presupuestales en materia agropecuaria, silvícola y minera del estado de Chihuahua.

Jorge Quintero Bello, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita un incremento en el presupuesto destinado a los grupos vulnerables y al combate a la pobreza.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se etiqueten recursos para la Secretaría de Marina, a fin de que se pague al gobierno de Veracruz recursos utilizados para la construcción de la Base de Adiestramiento para Tripulaciones de Vuelo.

Nicolás Morales Ramos, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para la ampliación de la carretera Guadalajara-Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco.

Modesto Brito González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a las autoridades correspondientes el diseño, elaboración y ejecución de un plan de desarrollo regional del Pacífico sur, así como un fondo de contingencia económica para dicha región.

Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para la construcción de la carretera Manzanillo-Tolimán, en el estado de Colima.

María Gabriela González Martínez, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para el relleno de las minas de arena en las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y dieciséis de septiembre.

Antonio Medellín Varela, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se asignen recursos dirigidos a la ampliación al sistema de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de San Luis Potosí.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Miguel Ángel Peña Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún- Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, en relación al financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla. El primer punto se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y del punto segundo al séptimo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, se considere una partida especial a la Secretaría de Economía para las centrales de abasto de todo el país. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Joaquín de los Santos Molina, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil siete, se consideren recursos para garantizar el pago a los beneficiarios del Fondo de Apoyo a Exbraceros. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

María Elena Torres Baltazar, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, se consideren mayores recursos para los programas de vivienda de interés social y popular. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil siete, se consideren recursos para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Preservación Ecológica de Tláhuac, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, se consideren recursos para la construcción de un Hospital General en la Delegación Tláhuac, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Juan Adolfo Orcí Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entreguen los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil seis a la Comisión Nacional de Pesca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Desde su curul, el diputado Itzcóal Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, solicita que el bloque de proposiciones mencionado anteriormente sea turnado también a las comisiones ordinarias que correspondan, según su materia y la Presidencia señala que todas las proposiciones mencionadas son competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se podrán turnar a las comisiones interesadas en dar su opinión si así lo solicitan.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Francisco Dávila García, Partido Acción Nacional, por el que exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, implanten acciones en materia de seguridad pública. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

José Antonio Almazán González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al Gobernador del estado de Querétaro y al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. En votación económica, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

José Guillermo Fuentes Ortiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a que realice los estudios de viabilidad para la construcción de accesos y retornos de la autopista Oriental-Tezuitlán y Amozoc-Entronque Perote.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Carlos Roberto Martínez Martínez, del Partido de La Revolución Democrática, por el que solicita a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, su intervención en relación con las transmisiones de las radiodifusoras Radio Universidad y Radio Ciudadana, en el estado de Oaxaca. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Desde su curul, el diputado Tomás José Luis Varela Lagunas, de Convergencia solicita la verificación del quórum y los diputados Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática y Armando García Méndez, de Alternativa, solicitan una moción de procedimiento y la Presidencia atiende la petición.

El diputado Carlos Eduardo Felton González, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sigan otorgando el subsidio de apoyo al diesel para actividades marinas. Desde sus respectivas curules, los diputados: Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una aclaración por parte del orador y este la otorga y Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática que en dos ocasiones solicita moción de procedimiento. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Desde su curul, el diputado Francisco Antonio Fraile García, del Partido Acción Nacional, solicita se le dé lectura a los puntos de acuerdo de la proposición por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, incluya en el Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, al periodismo. La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos y turna la proposición a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se recibe del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Salud, emprenda las acciones para evitar una epidemia de dengue en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa. Se turna a la Comisión de Salud.

El diputado Othón Cuevas Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal, instruya la aceptación de la recomendación treinta y ocho/dos mil de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación a las violaciones cometidas en San Salvador Atenco, estado de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

La asamblea en votación económica aprueba modificar el orden del día, para dar lugar a una proposición suscrita por el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentada por Infored, de José Gutiérrez Vivó. En votación económica, se aprueba su inclusión y se le otorga la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia para presentarla. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, por el que condena, el recorte presupuestal hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diversos ramos administrativos, durante el ejercicio fiscal de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Luis Alonso Mejía García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas para que implanten políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Martín Zepeda Hernández, a nombre propio y de los diputados: Juan Guerra Ochoa, David Sánchez Camacho, Isidro Pedraza Chávez, todos del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos para crear el programa de pensión alimenticia para los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Seguridad Social.

Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas intervenga para solucionar el conflicto agrario y enfrentamiento entre indígenas de la selva Lacandona. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

Holly Matus Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas a instalar la mesa institucional para la atención integral de la selva Lacandona y Montes Azules. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Para hablar sobre el tema, se le concede el uso de la tribuna a la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, del Partido Acción Nacional. En votación económica la asamblea la aprueba. Comuníquese.

Othón Cuevas Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones disminuyan el número de claves lada asignadas al estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Carlos Eduardo Felton González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que aumente los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Marina Arvizu Rivas, de Alternativa, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración garanticen el trato debido a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias del país. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Mario Alberto Salazar Madera, del Partido Acción Nacional, por el que solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que su tránsito sea seguro. Se turna a la Comisión de Transportes.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Mariano González Zarur, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasnportes, ajuste las tarifas de la Autopista del Sol. Se turna a la Comisión de Transportes. Desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita el trámite de urgente resolución y la Presidencia hace aclaraciones de procedimiento.

Víctor Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que incluya, en el programa legislativo correspondiente, el análisis, la discusión y la votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos cuatro y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución y se turna a la Mesa Directiva.

Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, solicita la palabra para alusiones personales y la Presidencia aclara que el asunto no está a discusión.

Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a esta soberanía y a la presente administración federal a impulsar el consumo de la sardina en México. Se turna a la Comisión de Economía.

Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León, en el municipio de Arriaga, Chiapas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Presidencia solicita a la Secretaría dar lectura a tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política relativos a:

La composición complementaria de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La composición de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, así como la designación de sus mesas directivas. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Exhortar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Diputados y de Senadores a trabajar en conferencia a efecto de conocer de los asuntos relacionados con su competencia, en cuanto al paquete económico dos mil siete. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos y cita para la próxima, que tendrá lugar el jueves catorce de diciembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Legislativa de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron acuerdo económico relativo a la asignación de recursos a municipios, mismo que fue aprobado por el Pleno en sesión de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, a 30 de noviembre de 2006.--- Licenciado Jorge Luis López del Castillo (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado de Hidalgo.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.--- Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo

Honorable asamblea:

Los que suscriben diputados José Antonio Rojo García de Alba, Jorge Malo Lugo, Irma Beatriz Chávez Ríos, Juan Ortiz Simón y Jesús Taboada Rodríguez, integrantes de la Junta de Coordinación Legislativa; en uso de las atribución que nos confiere el artículo 101 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y

Considerando

Primero. Que ante la eventualidad de un ajuste a los recursos asignados a los municipios, que pretendería una redistribución según consideraciones de orden demográfico, mediante las cuales se presupone que aquellos municipios catalogados como expulsores o fuertemente expulsores de su población, disminuyen considerablemente su volumen demográfico arraigado en dichas localidades y que de acuerdo con las fórmulas que se aplican para la asignación de recursos, a menor población, menores asignaciones, entraña una eventual contradicción entre los principios de equidad y de justicia social.

Segundo. Que si consideramos que aquellos municipios con tendencias expulsoras de población, en su mayoría están catalogados como de alta y muy alta marginación, siendo esta la principal causa que provoca la migración de población, luego entonces la medida que parece favorecer la equidad distributiva de recursos, desestima que los flujos migratorios se generan, entre otras razones por la pobreza y marginación en que viven dichas poblaciones y que por tanto, al reducir las posibilidades de financiamiento al desarrollo, con ello se continuaría abonando a las causas de migración.

Tercero. Que no se debe demeritar el hecho, que los ingresos por remesas de los migrantes, ocupan el segundo lugar de los ingresos globales del país, por lo que tal situación debe ser considerada como un elemento que acelera el crecimiento de las localidades expulsoras, y aunado a los recursos que la federación les asigna estaríamos abonando a la posibilidad de que estas poblaciones salgan con mayor rapidez de su condición de marginación.

Cuarto. Que en el estado de Hidalgo, no dejamos de reconocer que los recursos asignados por la Federación, han mantenido un ritmo de incremento que se refleja en el crecimiento económico de la entidad, en algunas de sus regiones, sin embargo, también debemos de señalar que nuestro estado, a pesar de estos esfuerzos entre los órdenes de gobierno federal y estatal, se mantiene en el quinto lugar de marginación a nivel nacional.

Quinto. Que es por ello, que sin demeritar el pretendido criterio de mayor equidad distributiva, se deben de continuar con pasos firmes para avanzar en el abatimiento de las condiciones de marginación y las disparidades en el crecimiento y desarrollo regionales.

Sexto. Que lo anterior, motiva a que el Congreso de Hidalgo deba de pronunciarse, para que los fondos del Ramo 33 deban ser considerados como prioritarios, como parte de una estrategia nacional que privilegie con mayor énfasis, la asignación de mayores recursos para combatir los rezagas y desequilibrios entre los estados y entre las regiones de dichos estados.

Séptimo. Que sobre esta problemática, se ha venido sosteniendo en diversos foros de discusión hacendaría, que uno de los aspectos más controversia les en nuestro sistema de colaboración fiscal, es la pugna por los escasos recursos que se obtienen en nuestro actual sistema de recaudación.

Octavo. Que los estados con mayor desarrollo se inconforman porque sienten que los recursos que reciben son insuficientes a lo que ellos aportan a la actividad económica del país.

Por su parte, los estados menos favorecidos, enfrenta n problemas muy graves de marginación y pobreza, por lo que también las asignaciones que reciben resultan insuficientes.

Lo cierto es que en la actualidad componentes como población y dinamismo en la actividad económica tienen un peso preponderante en los factores de distribución.

Si bien es cierto, que existen algunos incipientes mecanismos compensatorios para los estados con menor dinamismo, estos resultan insuficientes para rescatar de su ancestral atraso. Lo anterior se refleja sobre todo en las cinco entidades con mayor marginación (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo). En el caso de nuestra entidad, dada su situación geográfica localizada en centro del país, es excluida del trato especial que de alguna manera reciben los cuatro primeros.

Noveno. Que de acuerdo a las cifras de Marginación por Entidad Federativa 2005, de Conapo, estas cinco entidades con mayor grado de marginación, concentran prácticamente el 20 por ciento de la población nacional.

Es importante hacer una reflexión profunda sobre los problemas sociales que se enfrentan en estas entidades, para actuar de manera preventiva y no esperar a que los conflictos se tornen inmanejables, para poner entonces atención y tratar de resolver una problemática ya en extremo compleja.

En los bloques económicos de mayor crecimiento existen programas especiales tendientes a equilibrar los niveles de desarrollo de sus estados miembros, es decir, existe un elemental sentido de solidaridad y apoyo para tender la mano al menos favorecido.

Décimo. Que en el caso de nuestra entidad, es de resaltar que después de los resultados del último Conteo Oficial de Población más de la mitad de los municipios de Hidalgo, han visto disminuida su población, por ende sus ingresos, vía el Fondo de Fortalecimiento Municipal y el de Participaciones.

Por lo que se hace necesario incrementar los recursos del Ramo 33 el cual permitirá el rescate de los municipios en este tipo de situaciones.

Debe ser prioritario para el gobierno federal, equilibrar el desarrollo económico entre las distintas entidades federativas y es fundamental que los mecanismos de distribución tiendan a disminuir las disparidades regionales

Algunas de las principales distorsiones de actual esquema de distribución del gasto que se observan son:

Las capacidades de recaudación, son insuficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de los tres órdenes de gobierno.

Los criterios para determinar las prioridades de atención gubernamental, debe de converger aún más hacia objetivos nacionales, que se vean reflejados a nivel estatal y local.

Las transferencias de recursos, deben tener una concepción más clara para lograr que el desarrollo económico y fortaleza de la federación, se dé a partir de la que se genere en cada municipio, y de sus estados, en ese orden.

Con base a lo anterior, y con fundamento en lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado y 133, 134, 135, 137, 138 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración el siguiente:

Acuerdo Económico

Primero. Los ciudadanos diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República y a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, que ante la eventual afectación de los recursos asignados a los municipios y considerando que el presupuesto para el financiamiento de los mismos ha sido insuficiente, y por ello también una de las causas mas considerables para la expulsión de población, por tal motivo se requiere se fortalezcan los recurso del Ramo 33 a los municipios de alta, y muy alta marginación que generan condiciones de desigualdad.

Segundo. Asimismo, se solicita a las autoridades antes señaladas, que durante los análisis que se llevan a cabo para determinar los montos de asignación de recursos para los estados, sean considerados con mayor énfasis los criterios que al respecto presenten las entidades federativas, con respeto a la facultades que sobre la materia le son propias al gobierno federal.

Tercero. También se hace un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República, a efecto de continuar con los esfuerzos de revisión de las actuales fórmulas para determinar los montos y factores utilizados para la distribución de recursos a las entidades federativas y para que evalúe con el mayor detenimiento posible, los impactos que pudieran ocasionar los eventuales ajustes, por las consideraciones demográficas señaladas a los recursos asignados a estados con municipios expulsores de población y de elevada marginación.

Cuarto. A efecto de lo anterior, gírese oficios al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anexando copia de este documento, para los efectos precisados.

Quinto. Asimismo, gírense oficios a las legislaturas de los estados de la federación, solicitando su adhesión a este acuerdo económico y adjuntando copia del mismo.

Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Por la Junta de Coordinación Legislativa, diputados: José Antonio Rojo García del Alba (rúbrica), Jorge Malo Lugo (rúbrica), Irma Beatriz Chávez Ríos (rúbrica), Juan Ortiz Simón (rúbrica), Jesús Taboada Rodríguez (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXI Legislatura.--- Secretaría.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

De conformidad con el acuerdo tomado por los integrantes de la LXXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy se aprobó el siguiente punto de

Acuerdo

Único.La LXXI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar el Presupuesto de Egresos en materia de educación para el ejercicio fiscal de 2007, siendo congruente con el objetivo de alcanzar un monto de gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, Nuevo León, a 4 de diciembre de 2006.--- Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Secretaria; Diputado Javier Ponce Flores (rúbrica), Secretario.»

«Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.--- Sección 21.--- Sección 50.--- Nuevo León.

C. Diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León.---Presente.

Los tiempos actuales, se inscriben dentro del contexto de la competencia internacional, del cual nuestro País no está exento, por tal razón, lo que hagamos ahora o dejemos de hacer como mexicanos, indiscutiblemente influirá en nuestras presentes y futuras condiciones de vida.

Por ello, elSindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha señalado permanentemente que: la educación es la mejor arma para el desarrollo y el respeto humano; es la herramienta suprema para impulsar la creatividad y la capacidad de trabajo; y que la educación con justicia social, es el fundamento para combatir la pobreza lacerante.

Siempre hemos sostenido, que es necesario implementar políticas educativas acertadas, vinculadas a los procesos educativos. Necesitamos formar ciudadanos con amor a México, que hagan valer su independencia y su soberanía; ciudadanos comprometidos y solidarios entre sí. En resumen: necesitamos un proyecto educativo que promueva una educación cualitativa y una economía sobre una moral social, capaz de satisfacer las necesidades de nuestra población.

En relación al tema educativo, El Ejecutivo Federal en uso de sus atribuciones, envió al Congreso de la Unión el proyecto de Ley sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, en donde lo destinado al rubro educativo no corresponde a las necesidades para transformar el Sistema Educativo Nacional.

Por consiguiente, la Sociedad y en ella sus Maestros, manifestamos nuestro desacuerdo. Reiteramos nuestra inconformidad y reclamo ante cualquier reducción al presupuesto en materia de educación, ya que esta medida atrasaría aún más las posibilidades reales de desarrollo económico y social de nuestro País en el contexto mundial.

Es necesario, impulsar una legislación a favor de elevar la educación al rango de política de estado, para consolidar un proyecto educativo de desarrollo humano y eminentemente social sin menoscabo de las habilidades económicas, científicas y tecnológicas, tan relevantes en la actual era denominada de las sociedades del conocimiento.

En consecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Secciones 21 y 50, de Nuevo León,exhortamos a todos los Grupos Legislativos de la LXXI Legislatura del Estado de Nuevo León, para elevar apunto de acuerdo la exigencia de incrementar el presupuesto en materia educativa y que se envíe el resolutivo correspondiente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de demandar mayores recursos para la Educación Pública en México, respetando con ello el contenido del Artículo 25 de la Ley General de Educación.

Recordamos que el Legislativo Federal dio el carácter de Ley al hecho de otorgar a la educación, recursos crecientes y suficientes para que se le destine el 8 % del Producto Interno Bruto.

Este objetivo hace hincapié sobre la responsabilidad legislativa de cuidar que se cumpla efectivamente este precepto en el presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007.

Confiamos en la sensibilidad política y social de todos los que integran la actual Legislatura del Estado, para que solidariamente hagan suya la petición de la sociedad y sus maestros, asumiendo responsablemente, lo establecido en nuestra Constitución Política, específicamente, en su Artículo 3Q que señala otorgar para todos; una educación democrática, de calidad, gratuita, laica y obligatoria.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitarle someta a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente punto de:

Acuerdo

Único. La LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar el Presupuesto de Egresos en materia de Educación para el Ejercicio Fiscal 2007, siendo congruente con el objetivo de alcanzar un monto de gasto público, que equivalga por lo menos al 8% del Presupuesto Interno Bruto del país, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley General de Educación.

Fraternalmente

``Por la Educación al Servicio del Pueblo''

``Por los Comités Ejecutivos Seccionales''

Monterrey, NL. a 4 de Diciembre de 2006.--- Prof. Jorge Santiago Alanís Almager, secretario general de la Sección 21; Prof. José Angel Alvarado Hernández, secretario general de la Sección 50.»

«Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.--- Sección 21.--- Sección 50.--- Nuevo León.

C. Diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León. Presente.

Los tiempos actuales, se inscriben dentro del contexto de la competencia internacional, del cual nuestro País no está exento, por tal razón, lo que hagamos ahora o dejemos de hacer como mexicanos, indiscutiblemente influirá en nuestras presentes y futuras condiciones de vida.

Por ello, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,ha señalado permanentemente que: la educación es la mejor arma para el desarrollo y el respeto humano; es la herramienta suprema para impulsar la creatividad y la capacidad de trabajo; y que la educación con justicia social, es el fundamento para combatir la pobreza lacerante.

Siempre hemos sostenido, que es necesario implementar políticas educativas acertadas, vinculadas a los procesos educativos. Necesitamos formar ciudadanos con amor a México, que hagan valer su independencia y su soberanía; ciudadanos comprometidos y solidarios entre sí. En resumen: necesitamos un proyecto educativo que promueva una educación cualitativa y una economía sobre una moral social, capaz de satisfacer las necesidades de nuestra población.

En relación al tema educativo, El Ejecutivo Federal en uso de sus atribuciones, envió al Congreso de la Unión el proyecto de Ley sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2007, en donde lo destinado al rubro educativo no corresponde a las necesidades para transformar el Sistema Educativo Nacional.

Por consiguiente, la Sociedad y en ella sus Maestros, manifestamos nuestro desacuerdo. Reiteramos nuestra inconformidad y reclamo ante cualquier reducción al presupuesto en materia de educación, ya que esta medida atrasaría aún más las posibilidades reales de desarro Ho económico y social de nuestro país en el contexto mundial.

Es necesario, impulsar una legislación a favor de elevar la educación al rango de política de estado, para consolidar un proyecto educativo de desarrollo humano y eminentemente social sin menoscabo de las habilidades económicas, científicas y tecnológicas, tan relevantes en la actual era denominada de las sociedades del conocimiento.

En consecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Secciones 21 y 50, de Nuevo León, exhortamos a todos los Grupos Legislativos de la LXXI Legislatura del Estado de Nuevo León, para elevar a punto de acuerdo la exigencia de incrementar el presupuesto en materia educativa y que se envíe el resolutivo correspondiente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de demandar mayores recursos para la Educación Pública en México, respetando con ello el contenido del Artículo 25 de la Ley General de Educación.

Recordamos que el Legislativo Federal dio el carácter de Ley al hecho de otorgar a la educación, recursos crecientes y suficientes para que se le destine el 8 % del Producto Interno Bruto.

Este objetivo hace hincapié sobre la responsabilidad legislativa de cuidar que se cumpla efectivamente este precepto en el presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007.

Confiamos en la sensibilidad política y social de todos los que integran la actual Legislatura del Estado, para que solidariamente hagan suya la petición de la sociedad y sus maestros, asumiendo responsablemente, lo establecido en nuestra Constitución Política, específicamente, en su Artículo 3Q que señala otorgar para todos; una educación democrática, de calidad. gratuita, laica y obligatoria.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitarle someta a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar el Presupuesto de Egresos en materia de Educación para el Ejercicio Fiscal 2007, siendo congruente con el objetivo de alcanzar un monto de gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley General de Educación.

Fraternalmente

``Por la Educación al Servicio del Pueblo''

``Por los Comités Ejecutivos Seccionales''

Monterrey, NL. a 4 de Diciembre de 2006.--- Prof. Jorge Santiago Alanís Almager, secretario general de la Sección 21; Prof. José Angel Alvarado Hernández, secretario general de la Sección 50.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXI Legislatura.--- Secretaría.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

De conformidad con el acuerdo tomado por los integrantes de la LXXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy se aprobó el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero. La LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a fin de que analice la creación de un instrumento financiero que satisfaga las cuestiones preventivas de protección civil y para que amplíe, etiquete y desagregue el gasto destinado para los sistemas de protección civil en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segundo. La LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León envía un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se contemplen los recursos suficientes y etiquetados que permitan el fortalecimiento para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes e interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso del estado.

Cuarto.Archívese el presente asunto y téngase como asunto totalmente concluido.

En virtud de lo anterior, acompañamos copia del dictamen elaborado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, NL, a 4 de diciembre del 2006.--- Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Secretaria; Diputado Javier Ponce Flores (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXI Legislatura.--- Secretaría.

Honorable Asamblea

A esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se le turnó para su estudio y análisis, en fecha 16 de octubre del 2006, el expediente número 4159, formado con motivo del escrito presentado por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado, el cual contiene propuesta de punto de acuerdo a fin de que esta Soberanía envíe atento oficio al H. Congreso de la Unión, solicitándole se sirva crear un Fondo de Seguridad en materia de Protección Civil.

Antecedentes

Señalan los promoventes que en las últimas fechas se ha incrementado el número de incidentes en los que los cuerpos de Protección Civil han tenido que intervenir a fin de solucionar las problemáticas de riesgo para la ciudadanía que en el Estado se ha evidenciado.

Por su grado de importancia para el Estado, refieren los interesados, la Protección Civil es de carácter obligatorio para las autoridades, organismos, dependencias e instituciones del quehacer público, social, privado, grupo voluntarios y en general, para todas las personas que habitan o transitan por la entidad.

Indican que las acciones y recursos para actuar de manera rápida y coordinada requieren de una planeación cuidadosa, reacciones inmediatas y de la participación ciudadana, pero sobre todo, de recursos económicos para la capacitación y adiestramiento de sus elementos, para el mejoramiento del equipo de trabajo para con ello brindar un servicio con mayor claridad; por ello las autoridades estatales como las municipales han sumado esfuerzos a fin de erogar presupuestos a tan importante área, sin conseguir la respuesta deseada.

Por lo anterior, proponen que esta LXXI Legislatura al Congreso del Estado, remita atento oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la revisión el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2007, se contemple la creación de un Fondo Nacional de Seguridad en materia de Protección Civil.

Consideraciones

Corresponde a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales conocer sobre el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 70, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, fracción II, inciso ñ) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

El planteamiento de los promoventes del escrito en mención, se sintetiza en la necesidad de que los organismos encargados de la protección civil de un Estado, cuenten con los recursos financieros necesarios para la realización de sus fines materiales, tales como la capacitación y adiestramiento de sus elementos; el mejoramiento del equipo de trabajo para con ello brindar un servicio eficiente.

Lo anterior coincide plenamente con los objetivos del Gobierno del Estado, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en el que precisa en el Objetivo 7 relacionado a la Protección Civil efectiva y oportuna, a las estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento de la cultura de protección civil y perfeccionamiento de sus instrumentos; a fin de garantizar que siempre se pueda responder a las necesidades de la población ante situaciones de contingencia.

Asimismo, es congruente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el que se prevé como una estrategia global el transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo, con la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de gobierno, población y sectores social y privado.

Esto es así, pues la naturaleza del referido Plan comprende tanto el análisis y fijación de metas para toda la economía del país, como la selección de acciones perentorias para conducir su desarrollo integral, así como la determinación de los medios que han de emplearse para lograrlos, aunado a los programas sectoriales, institucionales y regionales elaborados por las distintas áreas económicas y sociales, los cuales tienen como común denominador el ser diseñados para cubrir las necesidades económicas y sociales de la población,

En ese orden de ideas, podemos resaltar que la política pública a seguir en materia de protección civil, se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y tendrá como propósito esencial promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes locales de gobierno.

Por lo tanto, el éxito de la anterior planeación en materia de protección civil, la cual se concibe como el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre, requiere de recursos económicos para dotar a las instancias de gobierno responsables a nivel estatal de las tareas de protección civil, del equipamiento y la capacitación necesarios para que cumplan su labor con eficacia y eficiencia.

Actualmente existen instrumentos financieros encargados de la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, como lo es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyo objetivo primordial es atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad de respuesta de la dependencia y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

Asimismo, en torno al FONDEN, existen otros instrumentos creados atendiendo a lo establecido por la Ley General de Protección Civil, siendo estos el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el cual tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencia y entidades de la Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales; y el Fideicomiso Preventivo, el cual tiene como fin proporcionar recursos destinados a la realización de acciones preventivas no programadas a favor de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas, siempre que se haya suscrito el convenio de coordinación respectivo atendiendo a la Ley de Planeación, Ley General de Protección Civil y demás normatividad aplicable.

Por ende, las acciones dirigidas de los anteriores instrumentos, son las relativas a los desastres naturales, en sus diversa matices, preventivas o ante la eventualidad de las consecuencias de éstos; sin embargo, la existencias de estos fondos no sustituyen la responsabilidad que corresponde a los tres órdenes de gobierno, para prever en sus respectivos presupuestos, recursos destinados a la realización de acciones preventivas, tal como atinadamente se menciona en el Acuerdo que establece las Reglas del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, publicado. en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de agosto del 2006.

Bajo esa tesitura, resulta congruente la pretensión de los promoventes, en la necesidad de que los organismos encargados de la protección civil de un Estado, cuenten con los recursos financieros necesarios para las acciones preventivas y realización de sus fines materiales, por lo tanto los integrantes de esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincidimos en que los Diputados del Congreso Federal, analicen la creación de un instrumento financiero, que satisfaga las cuestiones preventivas de protección civil, distinto a los fondos antes aludidos, cuya finalidad quedo debidamente definida anteriormente.

Adicionalmente a lo anterior, resulta necesario solicitar al Ejecutivo Federal para que dentro del Proyecto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007, se contemplen los recursos suficientes y etiquetados que permitan el fortalecimiento para los Sistemas de Protección Civil en las Entidades Federativas, en la especie, en el rubro de erogaciones previstas para el Ramo General 39 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; aunado a lo anterior, deberá exhortarse a la Cámara de Diputados para que amplíe, etiquete y desagregue el gasto destinado para los Sistemas de Protección Civil.

En ese sentido y atendiendo a lo establecido por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de diciembre; por ende deberá enviarse atento oficio en forma expedita al -Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso Federal, en los términos antes señalados.

Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo establecido por la fracción XII del artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, es que proponemos al Pleno de este Poder Legislativo el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que analice la creación de un instrumento financiero, que satisfaga las cuestiones preventivas de protección civil y para que amplíe, etiquete y desagregue el gasto destinado para los Sistemas de Protección Civil, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segundo. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, envía un atento exhorto al Ejecutivo Federal para que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007, se contemplen los recursos suficientes y etiquetados que permitan el fortalecimiento para los Sistemas de Protección Civil en las Entidades Federativas.

Tercero.Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes e interesados de conformidad con lo previsto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Cuarto. Archívese el presente asunto y téngase como asunto totalmente concluido.

Monterrey, Nuevo León.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales:- Diputados: José Manuel Guajardo Canales (rúbrica), presidente; Benito Caballero Garza (rúbrica), vicepresidente; Ricardo Vázquez Silva (rúbrica), secretario; Vocales: Javier Ponce Flores (rúbrica), Edilberto de la Garza González (rúbrica), Noé Torres Mata (rúbrica), José Cesáreo Gutiérrez Elizondo (rúbrica), Gerardo Javier García Maldonado (rúbrica), Carlota Guadalupe Vargas Garza (rúbrica), Gilberto Treviño Aguirre (rúbrica) y Felipe Enríquez Hernández (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracciones V y XV, y 31, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión ordinaria del Pleno del Poder Legislativo celebrada el 26 de octubre de 2006, se aprobó el ``acuerdo por el que esta LV Legislatura del estado de Querétaro exhorta al Poder Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, para que determinen una partida en el Presupuesto de Egresos para 2007, destinada al apoyo de los ex trabajadores migrantes mexicanos, la cual pueda ser aplicada en apoyo al fideicomiso que administra el fondo de apoyo social'',remitiéndole un ejemplar del mismo, para que determinen lo conducente.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, 8 de noviembre de 2006.--- LV Legislatura del Estado de Querétaro.--- Mesa Directiva: Diputado Óscar Arturo Rodríguez Cervantes (rúbrica), Vicepresidente; Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia (rúbrica), Primer Secretario.»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Quinta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 31 fracciones III y IV, y 32 fracción v de la ley orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, y

Considerando

1. Que en julio de 1942 Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt, entonces presidentes de México y de los Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente, firmaron el Primer Tratado de Braceros, con la intención de que miles de mexicanos entraran lícitamente a territorio estadounidense para ser empleados en las tareas agrícolas y ferroviarias, toda vez que la clase trabajadora de aquél país se encontraba en el frente de batalla de la segunda guerra mundial.

2. Que de manera extraoficial, se calcula que entre 1942 y 1964, alrededor de 4.5 millones de mexicanos migraron a los Estados Unidos de Norteamérica para realizar las labores más pesadas, para el país vecino representó constituirse en la primera potencia mundial y para nosotros, durante las últimas décadas, que se convirtieran en el sostén económico de millones de familias mexicanas, dependientes de las remesas enviadas por sus familiares para su subsistencia.

3. Que de acuerdo a lo convenido en el tratado bilateral, los patrones retuvieron el 10% de los salarios de los trabajadores migrantes e ingresaron a un fondo de ahorro con la intención de que éstos contaran con los recursos económicos suficientes para retornar a su país de origen, cantidades que se depositaron en el Banco Wells Fargo que trasladó dicho dinero al gobierno mexicano mediante depósitos al Banco Nacional de Crédito Rural.

4. Que el fondo de ahorro de los trabajadores braceros nunca que fue entregado a éstos y se desconoce el destino final de ese dinero; lo cierto es que al día de hoy, las edades de esos trabajadores migrantes oscilan entre los 70 y 90 años, la mayoría regresó a la actividad agrícola en sus comunidades de origen se encuentran desempleados, sin ingresos económicos y con un estado de salud severamente deteriorado.

5. Que después de varios años de lucha por recuperar los fondos ahorrados, de acuerdo a los convenios firmados con las empresas estadounidenses y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, se logró, por parte de los ex braceros, que en la LIX Legislatura Federal, aprobara en el mes de noviembre del 2004, recursos federales por un monto de 298.5 millones de pesos, para el pago a trabajadores migrantes del mencionado periodo.

6. Que el 21 de abril de 2004, la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ratificándolo el Senado de la República el 28 del mismo mes y año.

7. Que con fecha 25 de mayo de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de Norteamérica durante los años de 1942 a 1964, con una vigencia de cinco años o menos contados a partir del inicio de sus actividades o hasta el momento en que se extinga su patrimonio o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación, dotando de seguridad jurídica a los ex braceros que dejaron en aquel país los mejores años de su vida.

.8. Que el artículo 4o. del Decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, establece la integración de su patrimonio, mismo que está constituido principalmente por los recursos aprobados en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, además de constituirse con las aportaciones que a título gratuito realicen los Estados y el Gobierno del Distrito Federal.

9. Que actualmente los Estados y la Federación, se encuentran trabajando en la elaboración de su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, lo que hace posible la inclusión en dichos presupuestos de una partida que se destine al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migrantes Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, expide el siguiente:

Acuerdo por el que esta LV Legislatura del estado de Querétaro exhorta al Poder Ejecutivo federal, Congreso de la Unión, legislaturas de los estados y a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados, para que determinen una partida en el Presupuesto de Egresos 2007, destinada al apoyo de los ex trabajadores migrantes mexicanos, la cual pueda ser aplicada en apoyo al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social.

Único. La Quincuagésima Quinta Legislatura del estado de Querétaro, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, Congreso de la Unión, legislaturas de los estados y a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados, para que determinen una partida en el Presupuesto de Egresos 2007, destinada al apoyo de los ex trabajadores migrantes mexicanos, la cual pueda ser aplicada en apoyo del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabadores Migratorios Mexicanos.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Quinta Legislatura del estado de Querétaro.

Segundo.Remítase el presente acuerdo a las autoridades señaladas en el artículo único de este exhorto, para que determinen lo conducente.

Tercero.Remítase este acuerdo al titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado ``La Sombra de Arteaga''.

Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado de Querétaro y mandará se imprima y publique.

Atentamente.

Dado en el salón de sesiones ``Constituyentes de 1916-1917'' Recinto Oficial del Poder Legislativo, el 26 de octubre de2006.--- LV Legislatura del estado de Querétaro.- Mesa Directiva: Diputados: Arturo Rodríguez Cervantes (rúbrica), Vicepresidente y Roberto Carlos Cabrera Valencia (rúbrica), Primer Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Acuerdo de la Mesa Directiva para aplicar de manera permanente el principio ético en...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Voy a pedir a la Vicepresidenta,María Elena Álvarez Bernal, que dé lectura a este comunicado de la Mesa Directiva.

La Vicepresidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Con la venia de la Presidencia:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Presidencia de la Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Mesa Directiva, para aplicar de manera permanente el principio ético en las actividades de la Cámara de Diputados

I. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es el órgano responsable de velar porque el orden y el respeto a las normas reglamentarias sean una constante en el cumplimiento del trabajo parlamentario.

II. Que de conformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 77 constitucional, cada

Cámara puede, sin la participación de la otra, emitir acuerdos relativos a su régimen interior.

III. Que el actuar con base en valores y convicciones democráticas implica asumir, por quienes ejercen la elevada función de representar a su pueblo, las consecuencias y responsabilidades de sus actos. En un órgano colegiado como el nuestro tal responsabilidad se diluye tanto por el número de legisladores que concurren como por la diversidad de sus funciones.

IV. Que nuestra institución, representativa por excelencia, como lo es el Congreso, ha venido resintiendo la preocupación ciudadana como consecuencia de descuidos en el manejo de los asuntos y recursos públicos encomendados.

V. Que el inicio de una legislatura es momento propicio para sumar esfuerzos e iniciar una nueva etapa de valores y elementos de integridad, que todos los involucrados conozcan, respeten y promuevan, para así generar una conciencia de la legalidad donde se pueda discernir lo que es deseable y benéfico para la comunidad y aquello que sólo beneficia a unos cuantos.

VI. Que la experiencia internacional muestra cómo nuestro país no es el único en resentir violaciones a la ética, pero la observación comparada nos indica también que las soluciones aplicadas en otras latitudes para lograr una ética pública plena requieren atención permanente y correspondencia. Que los principios de honestidad, integridad, transparencia, liderazgo y rendición de cuentas son premisas básicas para determinar la aprobación o censura de un comportamiento o conducta dentro del Congreso.

VII. Que hoy la ética es una condición indispensable si queremos recuperar plenamente la confianza ciudadana en la Cámara y en la política en general.

VIII. Que los diputados tenemos asignado un rol en el combate a la corrupción mediante el ejercicio de la adecuada vigilancia de la Cuenta Pública, donde actuando con imaginación hacemos uso de todos los instrumentos de control posibles que eviten la desviación de recursos, programas o conductas de funcionarios públicos en demérito de la sana administración de los asuntos gubernamentales.

IX. Que por ello proponemos la conformación de un grupo de trabajo permanente, encabezado por los vicepresidentes de la Mesa Directiva, con el apoyo de los secretarios de ésta, al cual podrán sumarse integrantes de diversos grupos parlamentarios, que tendrán como objetivo incidir positivamente en el cumplimiento de los principios mencionados y erradicar procedimientos parlamentarios que presenten irregularidades, opacidad o no cumplan con la rendición de cuentas.

X. El grupo de trabajo para desarrollar estas funciones formulará propuestas para hacerse llegar información, así como de experiencias de otros parlamentarios y Congresos sobre la manera en que resuelven y atienden sus asuntos legislativos apegados a la ética.

Al tenor de los anteriores considerandos se propone el siguiente

Acuerdo

Primero. Constituir un grupo de trabajo que estudie y proponga las mejores prácticas éticas, en estricto apego a la normatividad aprobada por esta honorable Cámara de Diputados, y sin que la conformación de este grupo signifique una invasión de atribuciones legales de otros órganos de gobierno, comisiones, comités o áreas administrativas.

Segundo. El grupo actuará en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica a la Mesa Directiva, velando en todo momento porque las resoluciones o acuerdos internos tengan un carácter preventivo y de opinión.

Tercero. Los integrantes de este grupo de trabajo, dentro de sus propias fracciones parlamentarias, buscarán e impulsarán los acuerdos necesarios a efecto de que cada una de ellas respalde los esfuerzos encaminados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuarto. El grupo realizará su labor durante toda la legislatura y se renovará con las modificaciones periódicas que experimente la Mesa Directiva.

Quinto.Dentro de sus integrantes, la Mesa Directiva designará a un coordinador del grupo, quien presentará el plan de trabajo, coordinará y dará publicidad a las determinaciones que el grupo adopte, con la aprobación de la Mesa Directiva.

Sexto.El grupo de trabajo sesionará cada quince días e irá trazando las metas que se proponga alcanzar.

Séptimo.El grupo de trabajo, para desarrollar estas funciones, formulará propuestas para hacerse llegar información, así como de experiencias de otros parlamentarios y Congresos sobre la manera en que resuelven y atienden sus asuntos legislativos, apegados a la ética.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; Diputada María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Vicepresidenta; Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Vicepresidenta; Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Vicepresidente; Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Secretario; Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Secretario; Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Secretaria; Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Secretario; Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria; Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Secretario; Diputada María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica), Secretaria.»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Vicepresidenta.De enterado.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mes Directiva del honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio solicitado por el diputado Javier González Garza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero sustituya a la diputada Maribel Luisa Alva Olvera como integrante en la Comisión de Salud.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado José Nicolás Morales Ramos sustituya a la diputada María Dolores González Sánchez en la secretaría de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y que la diputada González Sánchez quede como integrante de la misma.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que la diputa Yary del Carmen Gebhardt Garduza cause baja como secretaria en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

ESTADO DE DURANGO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Hago referencia al oficio número DGPL60-II-6-290, a través del cual se comunica el siguiente punto de acuerdo, aprobado por la del Congreso de la Unión:

``Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incluya el presupuesto necesario para concluir la construcción y el equipamiento de las unidades que permitirán ampliar y fortalecer el sistema de salud del estado de Durango.''

Sobre el particular, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito hacer de su conocimiento que, de conformidad con la cláusula décima tercera del acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el estado de Durango para la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1997, se estableció la transferencia al gobierno del estado de las funciones en materia de adquisición, manejo, administración, baja y destino final de materiales, suministro, bienes muebles e inmuebles, prestación de servicios generales, y mantenimiento y construcción de obra, por lo que la entidad federativa tendría que considerar en su presupuesto los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de obra y equipamiento en ese estado.

Por otra parte, cabe señalar que en la Ley General de Salud se establece que de los recursos derivados de las aportaciones del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), las entidades federativas deberán programar los que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro de infraestructura que elabore la Secretaría de Salud (artículo 77 Bis 5, inciso b, fracción IV).

En virtud de lo anterior y de las restricciones presupuestarias, comunico a usted que esta dependencia no incluyó en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, los recursos requeridos por el estado de Durango para concluir la construcción y equipamiento de las diversas unidades que están bajo el auspicio del sistema de salud de la entidad.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Nicolás Kubli Albertini (rúbrica), director general adjunto de Programación y Presupuesto de Salud y Seguridad Social.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento. (Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública)

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L 60-II-6-15, suscrito el 19 de septiembre del año en curso por las diputadas María Elena Álvarez Bernal y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia similar número DGF/00963/06, signado el 28 de noviembre último por el ciudadano Carlos Bayo Martínez, director general del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta secretaría, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a declarar zona de desastre en los municipios de Colima y la zona costera de Jalisco, afectados por el paso de la tormenta tropical Lane, así como a aplicar los recursos del citado fondo y demás acciones conducentes por parte de Protección Civil.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2006.--- Eduardo Amerena Lagunes (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/4697/06, mediante el cual comunica a la coordinadora general de Protección Civil, licenciada Laura Gurza Jaidar, el punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión, mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-6-15 en sesión celebrada el 19 de septiembre del año en curso y que fue remitido al titular de esta secretaría por las diputadas María Elena Álvarez Bernal y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del ya mencionado Congreso, y en el que se destacan los siguientes puntos como temas competentes a esta Dirección General, y que a la letra disponen:

Primero.Dado el estado de emergencia que se vive en el estado de Colima, se exhorta al gobierno federal para que a la brevedad haga la declaración de zona de desastre en los municipios de Colima y la zona costera del estado de Jalisco, afectados por el paso de la tormenta tropical Lane.

Segundo.Que inmediatamente hecha la declaratoria de zona de desastre se proceda a la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y demás acciones conducentes por parte de protección civil.

Al respecto y una vez analizado el contenido del documento de mérito, así como el marco jurídico aplicable, me permito manifestarle lo siguiente:

En cuanto al primer punto:

Desde la redacción del artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la protección civil es una materia que incluye la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; es decir, federación, estados y municipios, por lo que a su aplicación corresponde.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil prevé que la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca la emergencia, y de verse superada su capacidad de respuesta entonces acudirá a la instancia estatal. De resultar ésta insuficiente, se informará a las instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto.

La aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales requiere como requisito indispensable observar el marco jurídico que lo regula; es decir, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004.

De las referidas reglas, es de advertirse que para que se pueda emitir una declaratoria de desastre natural, y con ello poder acceder a los recursos del Fonden, deberá existir una solicitud por escrito de declaratoria de desastre natural de parte legítima para tal efecto, que para este caso es por medio de los gobernadores de los estados, las dependencias federales o el jefe del Gobierno del Distrito Federal.

En tal virtud, nos encontramos imposibilitados para dar trámite a dicha solicitud.

Respecto al segundo punto:

El Programa Fondo de Desastres Naturales tiene como objetivo la reconstrucción de la infraestructura dañada y de las viviendas de la población de bajos ingresos, y se caracteriza por lo siguiente:

1. Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa afectada debe solicitar en el término de dos días a la instancia federal técnica competente (CNA, tratándose de fenómenos hidrometereológicos) si, desde su punto de vista, se reúnen las características para considerarlo como desastre natural, para así poder ser susceptible de apoyo del Fonden. La CNA tiene cuatro días hábiles para dar respuesta. (22 y 23 ROF)

2. En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica, el gobierno del estado deberá instalar a más tardar al día siguiente un comité de evaluación de daños, que se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados. En dicha sesión también participa la Secretaría de Gobernación, mediante esta Dirección General y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (28 ROF)

3. A partir de la instalación de ese comité empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido comité, en donde se identificarán por sector afectado los datos referidos en el numeral 30 de las ROF. (29, fracción II, ROF)

4. A partir de la entrega de resultados, empiezan a generarse de manera simultánea o paralela los siguientes trámites conforme a los plazos que a continuación se indican:

Una vez aprobados los recursos del Fonden para la atención de un desastre natural en particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 ``Provisiones Salariales y Económicas'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (o el que resulte aplicable), o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean radicados con cargo al patrimonio del citado fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo a la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.

Cabe mencionar que, en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos.

Debe comentarse que en ningún momento se le brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios, ya que los recursos del Fonden se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en un fideicomiso público estatal. Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras previa presentación de las facturas correspondientes, debidamente validadas tanto por la dependencia estatal ejecutora como la federal normativa.

Es por todo lo anterior que esta Dirección General no es la instancia competente para agilizar ni liberar los recursos en comento.

No omito mencionarle que los estados de Colima y Jalisco ya han sido declarados en desastre natural con motivo del huracán Lane, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fechas 11 y 13 de octubre del presente año, respectivamente.

Asimismo, me permito anexarle dos cuadros donde constan los recursos autorizados para el fenómeno que nos ocupa, en los diferentes sectores afectados tanto en el estado de Colima como en Jalisco.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de noviembre de 2006.--- Carlos Bayo Martínez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento. ( Comisión de Gobernación)

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del escrito signado el 5 del actual por el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual comunica que el 1 del citado mes asumieron los cargos de subsecretario de la Defensa Nacional y Oficial Mayor de esa dependencia, los generales de división diplomados de Estado Mayor Tomás Ángeles Dauahare y Humberto Eduardo Antimo Miranda, respectivamente.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2006.--- Eduardo Amerena Lagunes (rúbrica), titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Defensa Nacional.

Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación.

Distinguido Señor Secretario:

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que por acuerdo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de diciembre de 2006 asumió el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, el general de división diplomado de Estado Mayor Tomás Ángeles Dauahare, con número telefónico 55 57 34 90, y como oficial mayor de esta dependencia del Ejecutivo federal, el general de división diplomado de Estado Mayor Humberto Eduardo Antimo Miranda, con número telefónico 26 29 82 13.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, agradeceré a usted tenga a bien dictar sus respetables instrucciones, a fin de que se comunique el presente nombramiento a los representantes de los Poderes de la Unión.

Aprovecho la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- General Guillermo Galván Galván (rúbrica), secretario de la Defensa Nacional.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-244, signado el 21 de noviembre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SOT/570/06, signado el 6 del actual por el licenciado Francisco Madrid Flores, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a crear un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2006.--- Eduardo Amerena Lagunes (rúbrica), titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Turismo.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su atento escrito de fecha 22 de noviembre, recibido el 27 del mismo mes, dirigido al licenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, en el que le remite copia del documento enviado al licenciado Carlos María Abascal Carranza, ex titular de esa dependencia, por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, relativo a la creación de un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Como usted lo comenta, el pasado septiembre el Comité de la UNESCO en París certificó la inscripción del municipio de Cuetzalan en la lista indicativa, lo que le permite iniciar los trámites para la elaboración del expediente final, por tiempo mínimo de 1 año y máximo de 10 años.

Al respecto, tenemos información que el representante de la Fundación Humbert para el Desarrollo Social de la Biodiversidad se ha reunido en varias ocasiones con el encargado de la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para tratarle el tema, quien recomendó que antes de la creación de un fideicomiso de administración, es necesario trabajar en la declaratoria de zona de monumentos a nivel nacional, toda vez que ya se cuenta con el catálogo de edificios y monumentos elaborado por el propio instituto, por lo que se sugiere que el municipio inicie los trámites correspondientes.

Asimismo, cabe observar que esta secretaría ha declaro a Cuetzalan como Pueblo Mágico, otorgándole recursos mediante los convenios de reasignación con el estado de Puebla y se prevé continuar haciéndolo durante la presente administración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de diciembre de 2006.--- Licenciado Francisco Madrid Flores (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento. ( Comisión de Cultura)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley Federal del Trabajo.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Los suscritos, senadores de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es, además de un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que ésta es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados. De ahí la importancia de propiciar su cabal cumplimiento.

Asimismo, la participación en las ganancias que obtiene una empresa o patrón de acuerdo con su declaración fiscal por la actividad productiva o servicios que ofrece en el mercado, es un derecho constitucional irrenunciable que tienen todos los trabajadores que laboren en forma personal, subordinada y perciban un salario.

Conforme al artículo 1o. de la resolución emitida por la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, se establece lo siguiente: ``Los trabajadores participarán en 10 por ciento de las utilidades de las empresas en las que presten sus servicios, que se aplicará sobre la renta gravable determinada, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta''.

Actualmente están obligados a participar de las utilidades a sus trabajadores todos los patrones, sean personas físicas o morales, que tengan a su servicio trabajadores asalariados, a excepción de:

Empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, y si además se dedican a la elaboración de un producto nuevo, quedan exceptuadas durante los dos primeros años de funcionamiento.

Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes.

Las empresas de la industria extractiva de nueva creación, durante el periodo de exploración.

El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

Las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al Impuesto sobre la Renta no superior a 300 mil pesos.

Sin embargo, en la actualidad hemos visto distintas estrategias mediante las cuales las empresas no consideradas en los supuestos anteriores eluden el cumplimiento de su obligación constitucional de repartir utilidades entre sus trabajadores.

En la práctica se ha observado que muchas personas morales con grandes márgenes de utilidad constituyen empresas de servicios adonde trasladan la contratación y administración de toda su planta laboral, para no tener que dar cumplimiento al reparto de utilidades entre los integrantes de ésta. Es decir, de manera formal dejan a sus empleados fuera de la empresa generadora de grandes ganancias y pasan a ser trabajadores de firmas con bajos márgenes de utilidad, quedando así totalmente excluidos de la participación en las utilidades que se generan mediante el trabajo subordinado que realizan.

Esto resulta totalmente injusto y es una práctica que en forma evidente tiene la única finalidad de evadir las responsabilidades, no sólo en cuanto al reparto de utilidades, sino de todas aquellas que se tienen en materia laboral y de seguridad social por parte de los patrones.

Para que los trabajadores sujetos a estas prácticas pudieran hacer efectivo su derecho a la participación justa de las utilidades generadas, tendrían que recurrir a litigios desgastantes, engorrosos y que implican el despido de su fuente trabajo, ya que las diversas disposiciones no establecen la obligación en forma automática del reparto de utilidades a este tipo de empresas.

Es por esto que proponemos esta iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las personas morales que lleven a cabo la contratación y administración de su planta laboral mediante una empresa de servicios u otra persona moral creada específicamente para este fin, estén obligadas a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, siempre que:

A) La persona moral que otorga la prestación de servicios para la contratación y administración de la planta laboral sea una subsidiaria de la empresa generadora de grandes utilidades que la contrata con la finalidad de excluir a sus empleados de dicha prestación;

B) Los socios o alguno de los socios de la empresa que contrata a la persona moral prestadora de servicios para la administración de la planta laboral tengan una participación mayoritaria en esta última; o

C) La persona moral que contrata la prestación de servicios para la administración de su planta laboral y la persona moral que otorga dichos servicios acumulen sus ingresos en una sola declaración para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta.

De esta manera, proponemos en esta iniciativa que las personas morales que caigan en estos supuestos, lleven a cabo el cálculo de la renta gravable para la participación de las utilidades a los trabajadores, con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica independiente, utilizando los criterios establecidos en el capítulo de Consolidación Fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por otra parte, son sujetos obligados a participar utilidades todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y, en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta.

Al respecto, por parte de las autoridades del trabajo se han establecido una serie de criterios que en la práctica se aplican y son los siguientes:

a) Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social, tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, por no tratarse de empresas de nueva creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus nombres o razones sociales;

b) En las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta, la participación de las utilidades a los trabajadores se hará con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica;

c) Las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan de 5 por ciento de sus ingresos totales, tienen obligación de repartir las utilidades a sus trabajadores por estos conceptos;

d) Las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado que no sean socios, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de Trabajo, tendrán obligación de participar a esos trabajadores de las utilidades que obtengan.

A pesar de que estos criterios son ya reconocidos por las autoridades laborales, no se encuentran establecidos de manera clara en la Ley Federal del Trabajo, por lo que proponemos la inclusión de tal precepto en esta ley, a fin de que exista claridad respecto a estos supuestos y a los casos señalados en la reforma mencionada para la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es tiempo de establecer medidas que contribuyan a una mejor y más equitativa distribución del ingreso, así como fortalecer los derechos de los trabajadores que injustamente se ven mermados por prácticas irregulares y abusivas de los patrones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se adiciona una fracción III, con sus incisos a), b) y c), y un párrafo al artículo 16; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 132, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 16.Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, se determinará conforme a lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. Las personas morales que lleven a cabo la contratación y administración de su planta laboral mediante una empresa de servicios o alguna persona moral constituida para este fin, estarán sujetas al otorgamiento de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, siempre que:

a) La persona moral que otorga la prestación de servicios para la contratación y administración de la planta laboral sea una subsidiaria de la persona moral que la contrata; o

b) Los socios o alguno de los socios de la persona moral que adquiere los servicios de contratación y administración de su planta laboral sean también socios mayoritarios de la persona moral que ofrece dichos servicios; o

c) La persona moral que contrata los servicios de contratación y administración de una planta laboral y la persona moral que otorga dichos servicios acumulen sus ingresos en una sola declaración para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta.

Las personas morales que se encuentren en los supuestos de la fracción III llevarán a cabo el cálculo de la renta gravable para la participación de las utilidades a los trabajadores, con base en la declaración consolidada del ejercicio, y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica independiente, utilizando los criterios establecidos en el capítulo de consolidación fiscal de esta ley.

...

Artículo 132....

...

En caso de que el contribuyente obtenga los servicios de su planta laboral mediante alguna persona moral subsidiaria o con participación mayoritaria de alguno de sus socios, deberá determinar la renta gravable para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, en los términos que esta ley establece para el caso de la consolidación fiscal.

Artículo Segundo.Se adiciona un artículo 126 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 126 Bis.No quedarán exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

I. Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, por no tratarse de empresas de nueva creación.

II. Las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso la participación de las utilidades a los trabajadores se hará con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica.

III. Las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5 por ciento de sus ingresos totales, tienen obligación de repartir las utilidades a sus trabajadores por estos conceptos;

IV. Las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado que no sean socios, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de Trabajo, tendrán obligación de participar de utilidades a esos trabajadores de las utilidades que obtengan; y

V. Las personas morales que lleven a cabo la contratación y administración de su planta laboral mediante la contratación de una empresa de servicios o alguna persona moral constituida para este fin, siempre que:

a) La persona moral que otorga la prestación de servicios de contratación y administración de la planta laboral sea una subsidiaria de la persona moral que la contrata; o

b) Los socios o alguno de los socios de la persona moral que contrata la prestación de servicios laborales tenga participación mayoritaria en la persona moral constituida para el otorgamiento de de dichos servicios; o

c) La persona moral que contrata la prestación de servicios para la contratación y administración de su planta laboral y la persona moral que otorga dichos servicios acumulen sus ingresos en una sola declaración para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2006.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadores: Francisco Agundis Arias, coordinador; Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello, Jorge Legorreta Ordorica (rúbricas).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Luis Lobato Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

El suscrito, José Luis Lobato Campos, senador de la república, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre propio y del Grupo Parlamentario de Convergencia, somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Ingresos de la Federación para 1962 incluyó en su artículo 13 el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que fue fundamentado en la necesidad de contar con recursos públicos suficientes para hacer frente a los gastos que implicaría la realización de los Juegos Olímpicos de 1968, de los cuales sería sede nuestra patria, motivo por el cual se hacía necesario generar los espacios adecuados para la recepción, preparación y desempeño de los atletas que participarían en las distintas disciplinas deportivas.

Como ustedes saben, la costumbre en nuestro país indica que lo provisional se vuelve definitivo, y así, a finales de 1962, el presidente de la república en funciones, Adolfo López Mateos, presentó la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, considerando en su exposición de motivos que la experiencia del año había demostrado la conveniencia de conservar ese impuesto, que al estar ya incluido en la Ley de Ingresos, no se trataba de establecer un nuevo gravamen tributario, sino solamente de regular con la debida amplitud las bases indispensables para su cobro.

Sobre esa base la Comisión de Impuestos de la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Impuestos y de Hacienda de la Cámara de Senadores dictaminaron favorablemente, sin mediar debate, por lo que el Congreso decretó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, que entró en vigor el primero de enero de 1963.

En los años sesenta nuestro país gozaba de estabilidad económica (baste recordar que el mundo entero hablaba del ``milagro mexicano''), su deuda exterior era mínima y su crecimiento era lento pero seguro; ese impuesto, por tanto, no representó una carga impositiva importante para los contribuyentes. Sin embargo, en el presente siglo XXI, donde los vehículos no representan un artículo de lujo sino una necesidad para el transporte en nuestras ciudades que crecen diariamente a paso vertiginoso, este impuesto representa en muchas ocasiones un verdadero sacrificio para la mayoría de los propietarios de automóviles. La situación actual nos obliga a reflexionar a todos los miembros de esta soberanía y tenemos que estar de acuerdo en que el porcentaje de ingresos tributarios respecto al producto interno bruto es muy bajo comparado con los ingresos de otros países en iguales o peores circunstancias que nosotros, obedeciendo ello en gran parte a que no se han establecido los controles necesarios para que los evasores y quienes habitualmente se dedican a la economía informal o a otro tipo de actividades, paguen los impuestos que les corresponden, siendo únicamente a la base cautiva a la que seguimos castigando con impuestos cada vez mayores.

No debemos omitir que el ramo automotriz es uno de los principales detonadores económicos en cualquier país y que además del impuesto que nos ocupa, en su adquisición original se paga un fuerte Impuesto sobre Automóviles Nuevos, independientemente del Impuesto sobre la Renta que en razón de sus utilidades tiene que pagar la empresa comercializadora. Si bien es cierto que con las reformas publicadas en 1964 se decidió participar a los estados y al Distrito Federal con 30 por ciento del ingreso que la federación obtendría por este impuesto, correspondiéndole a los municipios una parte, dicha participación estaba condicionada a que no existieran gravámenes locales y municipales sobre tenencia o uso de automóviles.

Posteriormente, en 1980, se abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles de 1962, votándose una nueva ley que entró en vigor el 1 de enero de 1981, en la cual además de vehículos automotores se incluyeron otro tipo de vehículos, desde las motocicletas terrestres hasta los helicópteros. De entonces a la fecha, dicha ley ha sufrido diversas modificaciones, provocando en algunos casos que muchos contribuyentes hayan tenido que recurrir al amparo y protección de la justicia federal por considerar que este impuesto viola los principios de equidad y proporcionalidad señalados por nuestras leyes y que han sido tutelados por tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, publicado en el Semanario Judicial de la Federación (Tomo: 91-96. Primera Parte.), de donde citamos:

Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y [...] tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos...

Ciertamente para algunos estados, municipios y Distrito Federal, puede ser representativo lo que perciben por este impuesto, pero debería ser el Congreso de cada entidad federativa el que, de considerarlo procedente, estableciera ese impuesto como local, el cual desgraciadamente se ha prestado a muchas corruptelas, fácilmente comprobables cuando se compara el padrón vehicular del país en circulación por entidad federativa y según el tipo de servicio dado a conocer por el INEGI, sumando en 2004 un gran total de 20 millones 794 mil 888 vehículos entre automóviles, camiones de pasajeros, camiones de carga y motocicletas; contra el impuesto realmente percibido, que nos arroja una evasión fiscal por este gravamen entre 30 y 40 por ciento anual, debida en gran parte a corrupciones en las oficinas locales de Hacienda, en las que hay individuos que han sabido sacarle provecho personal, o bien a la falta de recursos de algunos contribuyentes que tienen dificultades para cumplir con el pago en tiempo y forma; también hemos vivido casos como el que precisamente se denunció en esta tribuna hace un año, por el cargo indebido de la mayoría de las entidades federativas que aplicaron en el cobro de tenencia vehicular en 2005, que incrementaron por su cuenta la tarifa de la tenencia vehicular entre 10 y 150 por ciento.

Compañeras y compañeros senadores, quiero llamar de manera muy especial su atención sobre el tema que nos ocupa para que la comisión responsable y esta soberanía puedan proceder en lo conducente para abrogar esta ley, dado que nos encontramos en el momento oportuno para realizarlo, y presento algunas consideraciones a modo de fundamento:

Primera. El 27 de marzo del 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Senadores suscribió una iniciativa para abrogar este impuesto sin que tal medida se hubiera llevado a cabo.

Segunda. El 6 de diciembre de 2005 el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, sometió a la consideración de esa soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en términos similares a los que dos años antes lo había hecho el Partido Acción Nacional.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Artículo Único. Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 7 días del mes de diciembre del año 2006.--- Senadores: José Luis Lobato Campos, Ludivina Menchaca Castellanos (rúbricas).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhortar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura a considerar los recursos suficientes para el funcionamiento de los programas especiales para Pueblos Indígenas, Equidad y Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en la sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el siguiente

Punto de acuerdo

``Primero.El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que contemple en la elaboración del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007, una partida presupuestal para todos aquellos estados que cuenten con playa, a fin de poder cumplir a cabalidad con el Programa de Saneamiento Integral y Limpieza de las Playas, Lagunas y Ríos al que se han adherido, y

Segundo.El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a los gobiernos de los estados y los municipios costeros del país, a que adopten las medidas y apliquen los recursos necesarios en infraestructura hidráulica y de gestión de residuos sólidos, que permitan complementar las acciones del Programa de Saneamiento Integral y Limpieza de las Playas, Lagunas y Ríos''.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en la sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el siguiente

Punto de Acuerdo

``Primero.La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto a las secretarías de Desarrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de manera coordinada y conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, dentro del marco del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, formulen y presenten un programa destinado a la atención y desarrollo integral y articulado de los pescadores y comunidades pesqueras en el territorio nacional, y que, para este efecto, estimen y propongan los recursos presupuestarios que sean necesarios para llevarlo a cabo;

Segundo.La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, se prevean los recursos necesarios, una vez que el Poder Ejecutivo federal formule el programa destinado a la atención y desarrollo integral y articulado de los pescadores y comunidades pesqueras en el territorio nacional;

Tercero.De igual forma, se hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal siguiente, se prevean los recursos necesarios para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se encuentre en posibilidades de generar la información estadística actualizada, sobre los aspectos socioeconómicos del sector pesquero, que permita sustentar una mayor efectividad en el diseño y ejecución de acciones;

Cuarto. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que proporcione a esta soberanía la información correspondiente a su competencia sobre la situación económica de los pescadores en México, y

Quinto.Se hace un respetuoso exhorto a los gobiernos de los estados con importancia pesquera, a que en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el gobierno federal, implementen programas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población vinculada con esta actividad productiva''.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos, presentó una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere la aprobación de incremento sustancial en el presupuesto de las partidas destinadas al sector hidráulico.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Propuesta del senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere la aprobación de incremento sustancial en el presupuesto de las partidas destinadas al sector hidráulico.

Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, como asunto de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere el aprobar un incremento sustancial en el presupuesto de las partidas destinadas al sector hidráulico, para todas aquellas dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal, que se encuentren vinculadas al manejo del recurso hídrico en cualesquiera de sus procesos y programas, así como también para la inversión en infraestructura, tecnología e investigación.

Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eduardo Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentación a seguir aplicando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, y a la Cámara de Diputados considerar en el Presupuesto de Egresos de 2007 la asignación de recursos.

La Presidencia dispuso que se turnara a la Comisión de Agricultura y Ganadería el primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos, el cual que se anexa.

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.a»

«Proposición con punto de acuerdo por el cual esta soberanía exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación a seguir aplicando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, así como a la Cámara de Diputados para que se considere en el ejercicio presupuestal de 2007 la asignación de recursos a dicho programa.

Eduardo Nava Bolaños, senador de la república integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar en el ejercicio presupuestal de 2007 la asignación de recursos al Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer los lineamientos necesarios para la aplicación del subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, en el ejercicio fiscal de 2007, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El diesel es un energético agropecuario y un insumo fundamental para las labores productivas del sector agropecuario y pesquero, que representa un porcentaje importante del costo de las actividades agropecuarias de los productores rurales;

La Ley de Energía para el Campo, en su artículo 3, fracción I, establece como actividades agropecuarias los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y pesca ribereña;

Con fecha 4 de septiembre del 2003, y su alcance de fecha 10 de mayo del 2004, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, las cuales establecen en su artículo 6, fracción I, inciso c), el esquema de apoyo para insumos estratégicos, donde se dicta que ``en el caso de insumos estratégicos, para las actividades agropecuarias que signifiquen costos sustantivos y estén fijados bajo mecanismo que no sean de mercado y/o libre concurrencia, el programa podrá compensar a los productores beneficiarios que cumplan lo definido en la población objetivo del programa a través de otorgar un apoyo a la disminución de dicho costo, ya sea de forma directa o como complemento de pago al proveedor de dicho insumo; tal será el caso de los energéticos necesarios para el desarrollo de las actividades agropecuarias.''

Con fecha 3 de marzo del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece el lineamiento para la aplicación del subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias en el marco de las reglas de operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción.

El Esquema al Estímulo del Diesel de Uso Agropecuario beneficia a quienes explotan sus unidades de producción, o sea todos sus predios que mantienen en producción, siempre y cuando utilice maquinaria agropecuaria que usa el diesel como combustible en los procesos de siembra hasta la cosecha, ya sea que ésta sea de su propiedad, la rente o contrate el servicio de maquila.

Actualmente los productores que se benefician con el programa de diesel agropecuario en México pagan 25.8 por ciento menos que un productor en Estados Unidos por un litro del insumo, con lo cual se beneficia a más de 456 mil productores.

Uno de los objetivos principales para asegurar la viabilidad y competitividad del sector agroalimentario y pesquero se encuentra precisamente en reducir las disparidades regionales en el medio rural.

Es prioridad del Estado mexicano establecer los lineamientos presupuestales necesarios para que este tipo de programas que incentivan y aumentan la productividad del campo mexicano permanezcan en ejecución, a fin de beneficiar la producción para una mejor competencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta honorable Cámara de Senadores, como asunto de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere aprobar el presupuesto necesario para el funcionamiento del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción.

Segundo: Se exhorta a Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar acabo las acciones necesarias para establecer los lineamientos de subsidio de apoyo al diesel durante el ejercicio fiscal de 2007.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, noviembre de 2006.--- Senadores: Eduardo Tomás Nava Bolaños, Javier Castelo Parada, Alfonso Elías Serrano, Mario López Valdez, Fernando Baeza Meléndez, Juan Bueno Torio, Rosalía Peredo Aguilar, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Ramiro Hernández García, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Dante Delgado, Luis Walton Aburto, Gabino Cué Monteagudo, José Luis Lobato Campos, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Velásquez, Arturo Escobar y Vega, Heladio Elías Ramírez López (rúbricas).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo relativo a la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para las Universidades Públicas y el financiamiento de la educación en el país.

La Presidencia dispuso que se turnara a la Comisión de Educación el primero, tercero y cuarto resolutivos; y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Del senador Francisco Javier Castellón Fonseca integrante del Grupo Parlamentario de PRD en el Senado de la República, la que contiene punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, relativo a la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las universidades públicas, y el financiamiento de la educación en el país.

El que suscribe, senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las universidades públicas, y el financiamiento de la educación en el país al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es la vía por excelencia para mejorar los niveles de vida de la población y es una de las principales formas para reducir la pobreza, cuestión que adquiere una particular importancia en un país como el nuestro en que la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza.

Una de las responsabilidades fundamentales del Estado es la generación de las condiciones propicias para el adecuado desenvolvimiento de la educación pública. Los argumentos que sustentan esta afirmación son diversos.

En los últimos 50 años, el desarrollo educativo se ha centrado principalmente en el acceso a la educación primaria, y más recientemente, a la educación secundaria, descuidando la educación media superior y superior, pero incluso en esos dos primeros niveles que forman parte de la educación básica, los índices de cobertura si bien han crecido, aún tienen retos importantes en cobertura y calidad que se deben enfrentar. La distribución de los recursos por niveles educativos ha respondido más a las prioridades del gobierno federal, que a una verdadera política financiera de planeación y coordinación del sistema educativo mexicano.

La educación superior proporciona a los mexicanos los elementos para su desarrollo integral, forma científicos, humanistas y profesionales que enriquecen la cultura con sus aportaciones y transforman su entorno. En México han sido constantes los discursos y reconocimientos sobre la importancia de la educación superior, más no las estrategias sostenidas y coherentes en la materia, ni apoyos sostenidos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico por parte de los gobiernos que han tenido en sus manos el destino del país durante las últimas décadas, permitiendo con ello el ensanchamiento continuo de la brecha que nos separa de las naciones avanzadas en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el impacto social y económico consiguiente.

La educación superior no ha sido una de las prioridades del gobierno federal. El presupuesto público orientado a este nivel educativo no ha respondido a las expectativas generadas en relación con los fenómenos demográficos y sociales que se presentan actualmente.

Los últimos gobiernos han optado por restringir y acotar los presupuestos destinados a las instituciones de educación superior, limitando con ello su capacidad de atención y sus posibilidades de crecimiento en la oferta de programas de alta calidad y de vigencia científica, tecnológica y humanística.

El financiamiento de la educación superior en México se ha convertido en un problema crónico permanente, debido no sólo a la insuficiencia de recursos, sino también a la tendencia gubernamental de reducir el monto de la inversión hacia el sector educativo y a la adopción de criterios economicistas para su asignación.

Es indudable que un gran número de instituciones públicas de educación superior han respondido a la política de atender la creciente demanda de la juventud mexicana de acceder a este servicio. Sin embargo, la ausencia de una política de presupuesto que atienda esa problemática, ha provocado que existan marcadas asimetrías presupuestales entre las universidades.

Las universidades públicas han hecho un esfuerzo de mejoramiento continuo de la calidad, de superación de rezagos estructurales y de transparencia en el uso de recursos.

La situación actual de las finanzas de las universidades públicas es una situación de mucha preocupación, ya que la incertidumbre de los montos que para su modernización y superación de problemas académicos y financieros que les serán asignados en el presupuesto varía anualmente, lo que da lugar a una imposibilidad de planeación a mediano y largo plazo, la cual es fundamental para el desarrollo cualitativo de las instituciones.

La falta de una política estable en la asignación de presupuestos ocasiona que año con año las instituciones realicen un gran cabildeo con el fin de allegarse mejores presupuestos, está práctica se ha intensificado desde el año 2000. Es común ver a rectores y directores de las universidades y de centros de investigación y desarrollo dentro de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto de la honorable Cámara de Diputados, con el objetivo de lograr la autorización de mayores recursos. Debe terminarse con ese mercadeo, la educación de nuestros jóvenes no es una situación de regateo, sino de dirigir los recursos necesarios que el sistema educativo merece.

Es fundamental que se respete, como mínimo, en el nuevo presupuesto los recursos corrientes asignados en el año anterior, ya que esto aunque pareciera lógico y elemental no lo es, porque este año, algunos recursos autorizados para varias universidades del país fueron reducidos de su presupuesto que se supone irreductible.

Asimismo, es importante que la asignación presupuestal para las universidades sea justa y equitativa, de acuerdo con su matrícula, plantilla, desempeño institucional y calidad de los servicios educativos que se ofrecen, además del nivel de impacto que tienen en su entorno inmediato.

El llamado urgente que se está haciendo para el rescate de los problemas financieros de diferentes universidades públicas no debe ser desatendido, dado que en estos momentos varias universidades atraviesan por una difícil situación de solvencia económica, derivada de ajustes a sus presupuestos autorizados para este año, tal es el caso de las universidades públicas de Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Jalisco y Guerrero, solo por mencionar algunas.

La situación actual se agrava particularmente este año, pues la Secretaría de Educación Pública no ha canalizado los recursos extraordinarios que se aprobaron en la Cámara de Diputados en 2005 para los planteles con dificultades por pago de jubilación, reconocimiento de plantilla o gasto promedio bajo por estudiante. Preocupa que la mayoría de las ampliaciones y apoyos adicionales presupuestales están en riesgo, puesto que si los fondos correspondientes no se liberan en estos días, se perderán definitivamente, y se enfrentarán severos conflictos al final del año.

Las instituciones no han recibido en su totalidad el apoyo convenido en el Presupuesto de Egresos de 2006 debido a que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidieron incorporar los recursos de apoyo extraordinario del presupuesto del año 2006 al gasto corriente de las universidades, y de esta manera, cancelar cualquier posibilidad de apoyo adicional este año.

La educación superior no es un lujo, la formación de profesionales es una necesidad apremiante para enfrentar los problemas nacionales. El Estado, por tanto, tiene la obligación de destinar recursos crecientes a ese nivel educativo so pena de que el país continúe enfrentando graves rezagos sociales y productivos.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Educación Pública, a realizar de manera urgente y coordinada la liberación del total de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a favor de las instituciones de educación superior. Asimismo, se les solicita un informe detallado de la distribución presupuestal final de este año para la educación en todos los niveles y modalidades.

Segundo. Se exhorta a la colegisladora para que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se asignen recursos suficientes y necesarios a las instituciones de educación superior del país, incrementándose lo asignado a partir del Presupuesto de Egresos de 2006.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, así como a la iniciativa privada, a coadyuvar con la federación en el financiamiento de la educación en México.

Cuarto. Se convoca a todos los sectores involucrados a participar en la construcción de nuevos mecanismos, más justos y equitativos, de financiamiento a la educación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores a los 23 días del mes de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren y aprueben los recursos a los programas, obras y acciones del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, que aún cumpliendo los requisitos, se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal de 2006.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito, senador Antonio Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República y conforme en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren y aprueben los recursos a los programas, obras y acciones del PEF 2006, que aún cumpliendo los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal de 2006, al tenor de los siguientes

Considerandos

El gasto público social es el instrumento fundamental para apoyar a sectores que se encuentran desprotegidos frente a los embates del mercado; al mismo tiempo, permite canalizar bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas de la población.

La función social del Estado, se expresa en la participación que tiene para redistribuir los recursos hacia actividades que alienten y fomenten el desarrollo social y productivo en todos los ámbitos de la sociedad.

Por ello no deja de ser preocupante que el Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, haya recortado de manera unilateral, inconstitucional e injustificada, recursos aprobados por el Pleno de la Cámara Diputados a partidas y programas específicos del PEF 2006 en diferentes sectores que afectan a programas sociales y de obra pública. Los recortes anunciados a las dependencias en millones de pesos son del orden de 2 mil 451 para Agricultura, 2 mil 082 para Comunicaciones y Transportes, 5 mil 621 para Educación, mil 243 a Salud, mil 436 a la Semarnat, 855 a Economía, 4 mil 922 al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, PAFEF -aunque ya se anunció que el recorte sólo será por la mitad-, entre otros, hasta sumar un ajuste presupuestal de 27 mil 282 millones de pesos.

El argumento del Ejecutivo federal para realizar el ajuste presupuestal fue de que la honorable Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, un monto de 26 mil 572 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) adicionales al total de recursos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal, generándose un descuadre entre ambos documentos oficiales.

Sin embargo, es necesario decir que el recorte unilateral de la SHCP es injustificado, ya que los ingresos por una recaudación tributaria no petrolera rebasan en 120 mil millones de pesos a los estimados en la Ley de Ingresos, de igual manera los ingresos por petróleo son muy superiores a los considerados en la misma ley; el techo de endeudamiento neto aprobado para el ejercicio fiscal de 2006 no se ha ejercido; el subejercicio del gobierno federal al periodo enero-septiembre de 2006 era de 28 mil millones de pesos.

Si a lo anterior le agregamos que al tercer trimestre de este año, según el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se registra un superávit fiscal por 139 mil 167 millones de pesos. Todo ello, pudo y puede evitar los recortes a los sectores y a las entidades federativas que tantos problemas están causando en los tres órdenes de gobierno.

Este ajuste presupuestal afecta a diversos programas del campo, a la construcción de infraestructura carretera, hidráulica, educativa, hospitalaria, cultura, turismo, entre otros. De igual manera afecta al desarrollo social y a la operación de sectores como los de salud y educación.

Estos recortes presupuestales no abonan a la credibilidad de los gobiernos, dañan tanto al Ejecutivo federal como al Legislativo, afectan el quehacer de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo, afectan a los beneficiarios de los programas y a la sociedad en su conjunto.

¿Cómo explicar a los beneficiarios que ya no se pavimentará su carretera, o que no se construirá su hospital, su escuela, su presa, su planta de tratamiento de aguas residuales ?, si ya algunas obras se habían hecho del conocimiento de los beneficiarios a través de distintos canales, como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o la notificación por sus representantes populares, y/o por los ejecutivos estatales y alcaldes municipales; si ya incluso los beneficiarios y los gobiernos locales invirtieron en estudios y proyectos ejecutivos, si ya cumplieron con la normatividad y toda la tramitología, como decirles ahora que siempre no. Cómo decirles a los productores de maíz, frijol, agave, leche o carne, que siempre no recibirán el apoyo gubernamental para su agroindustria, porque hubo errores en el presupuesto.

En los próximos días se presentará el paquete económico y se iniciará la discusión en materia presupuestal. Para resarcir en parte los problemas antes referidos, es importante que desde el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 que presente el Ejecutivo federal a la honorable Cámara de Diputados, se consideren los programas y las obras que fueron afectadas total o parcialmente con el recorte y adecuarlos a los nuevos requerimientos. De no ser así, la honorable Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, deberá procurar incluir y aprobar los recursos suficientes para aquellos programas, obras y acciones, que cumpliendo con los requisitos no se podrán llevar a cabo total o parcialmente por el ajuste presupuestal al ejercicio fiscal de 2006.

Asimismo, en lo sucesivo, como legisladores debemos cuidar que el Ejecutivo no incurra irresponsablemente en los históricos subejercicios, ni en aplicaciones de reservas precautorias, que luego se traducen en recortes reales. Estos recortes injustificados no se deben permitir ya que obstaculizan el ejercicio presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados, afectando programas prioritarios que están en marcha.

Todo ajuste de recursos conlleva siempre parálisis administrativa en la prestación de servicios y dificulta la construcción de obras públicas. Los recortes no encuentran su justificación, sobre todo si el gobierno federal ha incurrido en subejercicios.

Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal para que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 que presente a la honorable Cámara de Diputados, se considere con los recursos aprobados en el PEF 2006 a los programas, obras y acciones, que aún cumpliendo con los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal de 2006.

Segundo. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que en el PEF 2007considere y apruebe los recursos a los programas, obras y acciones del PEF 2006, que aún cumpliendo con los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal de 2006.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara Senadores, a los 27 días del mes de noviembre de 2006.--- Senador Antonio Mejía Haro (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto para 2007 se considere una partida para el estudio de elasmobranquios en la zona sur de la península de Baja California Sur.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presente.

Luis Alberto Coppola Joffroy, senador de la República de la LX Legislatura por el estado de Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere una partida especial para elaborar estudio de elasmobranquios en la zona sur de la península de Baja California Sur. Lo anterior, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, ``Pesca responsable de tiburón y especies afines. Especificaciones para su aprovechamiento'', se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 12 de julio de 2002.

2. El aviso por el que se prorroga la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, se publicó el 7 de septiembre de 2002.

3. El 10 de octubre del 2002 se canceló la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, ``Pesca responsable de tiburones y especies afines. Especificaciones para su aprovechamiento'', publicada el 12 de julio del 2002.

4. Con fecha 29 de noviembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-PESC-2004, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento''.

5. El martes 3 de octubre de 2006, a petición del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se publicaron las respuestas a los comentarios y modificaciones efectuadas al proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-PESC-2004, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento''.

6. El 12 de octubre del 2006, la senadora Gabriela García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la propuesta con punto de acuerdo para que el Senado de la República, del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno de la república, para que en el ámbito de su competencia y a la brevedad, publique en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-029, ``Pesca responsable de tiburón y especies afines. Especificaciones para su aprovechamiento'', en virtud de haber concluido su proceso de elaboración.

7. El 30 de octubre del 2006, el diputado Víctor Manuel Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, a que integre una subcomisión encargada de analizar y evaluar con todas sus implicaciones, el impacto de la NOM-029 en la pesca deportiva y ribereña y en el turismo. Y en la que solicita el tiempo necesario para escuchar las opiniones, dudas y temores de los sectores involucrados, por lo que en este ejercicio no debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación la citada norma hasta construir los consensos que ésta demanda.

8. Con fecha 31 de octubre del 2006, el suscrito presentó una proposición con punto de acuerdo para que la honorable Cámara de Senadores solicite al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, mantener abierta la consulta del proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2004, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento'', en tanto no se reúnan todos los elementos técnicos y científicos suficientes, que hagan viable su elaboración definitiva y publicación oficial, tomando en cuenta la opinión de los sectores afectados e involucrados, con la finalidad de no causar daños irreversibles al sector turístico y en perjuicio de la economía de quienes directa o indirectamente dependen del mismo.

9. Con fecha 31 de octubre del 2006, la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que solicita a la Secretaría de Gobernación, como enlace del Poder Legislativo con el Ejecutivo federal, a que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación y al Comité Consultivo Nacional de Pesca Responsable (Sagarpa-Conapesca), a dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004, por los daños que ocasionará a la actividad turística de Baja California Sur.

10. El 13 de noviembre del 2006, la Comisión Náutico-Recreativa y Pesca Deportiva a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura de Baja California Sur, expidió un comunicado por el que solicita atentamente a la Comisión de Turismo del Senado, a convocar a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la misma Cámara, para que se conozcan de primera mano, planteamientos, experiencias y propuestas de los interesados y afectados del sector de pesca deportiva y eco-turismo en general, invitándoles a reunirse representantes de ambas comisiones con los principales representantes del sector a la brevedad en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

11. Al día de hoy, la referida Norma Oficial no ha sido publicada. De acuerdo al dicho de funcionarios de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, argumenta que no se ha publicado, en virtud de que el proyecto definitivo se encuentra en proceso de evaluación técnica y económica, ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Considerandos

Que la captura de tiburones y rayas en el país es una de las actividades de mayor importancia del sector pesquero desde el punto de vista económico, alimentario y social, en virtud de que es una fuente generadora de empleos en sus diferentes fases, a excepción de las costas de la península de Baja California.

Que los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca han determinado que algunas especies están siendo explotadas inadecuadamente y de algunas otras se presentan indicios de sobreexplotación.

Que con base a los estudios de investigación han permitido ratificar la necesidad de atender en forma inmediata la problemática del aprovechamiento de los tiburones y rayas, así como establecer medidas que mitigarán los efectos colaterales de la pesca de estos recursos sobre otros organismos pelágicos.

Que no obstante a los esfuerzos de investigación realizados por el Instituto Nacional de la Pesca, todavía se requiere de mayor información científica para ciertas regiones como lo es el caso de la zona surde la península de Baja California, y otras donde se practica la captura de tiburón, las cuales requieren de información específica y actualizada para la toma de decisiones administrativas que contribuyan a su adecuado ordenamiento y para su optimo aprovechamiento.

Que existe gran preocupación y consternación por gran parte de los sectores involucrados en la pesquería de tiburón y recursos a fines, por la entrada en vigor de norma 029, los cuales consideran que aun no existen los elementos científicos que respalden la toma de dediciones normativas a este respecto y que de alguna manera se sienten afectados por la entrada en vigor de estas disposiciones regulatorias.

Que dentro de los principales motivos por los que se ha considerado se publique a la brevedad esta norma, se encuentra el establecimiento de medidas de protección para las especies marinas y tiburones, ya que por medio de ésta se prohíbe el aleteo y obliga al aprovechamiento de todo el pez para consumo humano, así como también dar un paso a la regulación de las artes de pesca como las redes de enmalle y anzuelos tiburoneros que son una coacción para las tortugas marinas que se captura con ambas artes de pesca.

Que finalmente la comunidad sudcaliforniana en lo general, ha manifestado gran preocupación por lo que pueda suceder si entra en vigor la NOM-029-2004, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento'', tal y como se encuentra en su fase final el proyecto de norma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que se requiere de presupuesto adicional ante las manifestaciones generadas de todos los sectores involucrados, por considerar que hacen falta mayores investigaciones adicionales para concluir con un gran consenso científico.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destine una partida especial al Instituto Nacional de la Pesca, a fin de realizar de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el CIBNOR, un programa de investigación multidisciplinario del recurso tiburón y especies afines, con el único propósito de fortalecer la información científica del estado actual de la pesquería de este recurso y permita tener información especifica y actualizada para la toma de decisiones normativas referentes a la NOM-029-2004, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento'', en la parte sur de la península de Baja California.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Luis Alberto Coppola Joffroy (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de 2007 se considere una partida para obras de capacitación o cosecha de agua en el Valle de Santo Domingo, Baja California Sur.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presente.

Luis Alberto Coppola Joffroy, senador de la República de la LX Legislatura por Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, considere una partida especial para la realización de las obras de captación o cosecha de agua en los tres grandes arroyos que cruzan el Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, con el propósito de duplicar la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos, con la finalidad de recargarlos. Lo anterior, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que en algunas regiones de México los acuíferos representan la única fuente de abastecimiento de agua para la población, y mediante la cual se nutren la mayoría de los municipios debido a que son embalses que multiplican considerablemente la capacidad de los embalses que el hombre es capaz de construir en el entorno.

Que la importancia de los acuíferos no sólo reside en el almacenamiento de agua, sino en el mantenimiento de la humedad del suelo, debido a que las aguas subterráneas mantienen unos ciclos de recarga más suaves, por lo que no se afectan de forma directa e inmediata en los periodos de sequía.

Que el acuífero del Valle de Santo Domingo, es la área de tierra destinada a la actividad agrícola más extensa del estado de Baja California Sur, con 74 mil hectáreas, siendo esta área una de las mejores del mundo en cuanto a la variedad y calidad de sus productos.

Que de a cuerdo con la Comisión Nacional del Agua, dicho acuífero se encuentra en un grave peligro de abatimiento, debido a que las lluvias, que son la única fuente de recarga de estos mantos freáticos, son escasas en esta zona durante la mayor parte del año y sólo se presentan en la época de ciclones, en forma torrencial.

Que debido a las peculiaridades en cuanto a las precipitaciones pluviales antes mencionadas, las hace difícilmente aprovechables en forma directa en los cultivos, y a su vez la falta de obras de retención ocasiona que vayan a dar al mar casi en su totalidad, desperdiciándose lastimeramente.

Que por la naturaleza de las precipitaciones pluviales ya descritas existe la necesidad de realizar obras de captación o cosecha de aguas en sitios idóneos, los cuales dupliquen la capacidad de retención y filtración del agua a los mantos acuíferos, con la finalidad de recargarlos, como lo han hecho en otros lugares, con excelentes resultados.

Que el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, Comundú, AC (Cotas), es el organismo que más conoce de la problemática y es el responsable directo del uso y la conservación de los recursos hídráulicos, y a quien corresponde la recepción y la aplicación de los recursos presupuestales que se destinen a tal fin.

Por lo antes expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos presupuestales federales necesarios al Comité Técnico de Aguas Subterráneas, Comundú, AC, para la realización de las obras de captación o cosecha de agua en los tres grandes arroyos que cruzan el Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, con el propósito de duplicar la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos, a fin de recargarlos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de diciembre de 2006.--- Senador Luis Alberto Coppola Joffroy (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo con relación al recorte en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo con relación al recorte en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

El suscrito, Tomás Torres Mercado, senador integrante de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con lo siguientes

Considerandos

De acuerdocon a cifras de la ONU, la pandemia del sida mató a casi 3 millones de personas el año pasado. Tan sólo en Europa del Este y Asia Central, las cifras de la infección se han incrementado en un 50 por ciento desde 2004, mientras que los casos en China aumentaron 30 por ciento.

Sin duda, el sida sigue creando una senda de destrucción. Es la epidemia más destructiva y global que se ha producido nunca.

Dado que principalmente afecta a adultos, el sida da lugar a la pobreza, deja huérfanos a millones de niños y ocasiona una erosión continua de los servicios públicos: desde la policía y las fuerzas armadas hasta la educación y el gobierno local y, por supuesto, la salud pública. Así pues, no sólo es un obstáculo sin precedentes para el desarrollo, sino que también constituye una amenaza para la paz y la seguridad.

Sin embargo, y pese a tener conocimiento público de los efectos nocivos de la pandemia, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envío el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados contiene una reducción de 71 por ciento a los recursos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VHI/sida (Censida) respecto al año pasado.

Hay que señalar que en 2006 la Federación destinó 557 millones 57 mil 979 pesos para la atención, prevención y prestación de servicio a las personas con VHI/sida, todo etiquetado específicamente a los programas y acciones de Censida.

Ahora, en 2007 la propuesta presidencial sólo solicita 160 millones 716 mil 562 pesos. Es decir, se da una reducción de 71 por ciento respecto al año anterior.

Debo resaltar que el incremento para atender el VHI/sida en los últimos años fue logro del intenso cabildeo por parte de la sociedad civil e instituciones de salud. Hasta el año pasado el resultado fue favorable, porque fueron las comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, pero sobre todo la de Equidad y Género, las que coadyuvaron a que los presupuestos otorgados desde la Cámara de Diputados estuvieran más cercanos a cubrir las necesidades de atención y prevención del VIH/sida.

Recordemos que la contención de la epidemia en 2015 es una de las Metas de Desarrollo del Milenio con las que México se comprometió, al igual que todas las naciones del mundo. Sin embargo, será durante este sexenio que se presentarán dos momentos significativos para este objetivo: la celebración en la ciudad de México de la Conferencia Internacional de Sida de 2008. Y en 2010 tendrá lugar una reunión de seguimiento a las Metas del Milenio, donde el gobierno deberá dejar bien sentadas las bases para llegar a la fecha límite cinco años después.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la colegisladora para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 rectifique la disminución presupuestal de 70 por ciento, y aumenten los recursos destinados a la atención, prevención y prestación de servicios a las personas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que con relación al año pasado se dotaron para ese rubro.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los doce días del mes de diciembre de 2006.--- Senador Tomás Torres Mercado (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara su conocimiento.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la escuela primaria Santos Cárdenas; de la escuela secundaria Gustavo Baz, del municipio de Almoloya del Río, estado de México; y de la escuela secundaria Josefa Ortiz de Domínguez, del municipio de Huehuetoca, estado de México.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la importancia del subsector cultura como factor de fortalecimiento de la identidad nacional y para la formación integral de los mexicanos en los ámbitos económico y social.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presente.

María de Lourdes Rojo e Incháustegui, senadora de la República de la LX Legislatura por el Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, considere la importancia del subsector cultura como factor de fortalecimiento de la identidad nacional y para la formación integral de los mexicanos en los ámbitos económico y social. Lo anterior, al tenor de los siguientes

Antecedentes

A partir de la segunda mitad del siglo XX muchos sectores importantes del mundo se han manifestado porque los gobiernos valoren la importancia de la cultura como parte fundamental de la unidad nacional de los pueblos.

El 6 de agosto de l982 se realizó en México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, en cuya declaración final se estableció, entre otros principios, que la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones, además de que el crecimiento se ha concebido con demasiada frecuencia en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, por lo que para alcanzar un desarrollo equilibrado es indispensable integrar los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias deberían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad.

Dieciséis años más tarde, en marzo de 1998 en Estocolmo, Suecia, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, organizada por la UNESCO, precisó los anteriores principios y enfatizó que la cultura es base del desarrollo, y, consecuentemente, toda política para el desarrollo debe ser profundamente sensible a la cultura misma.

Considerandos

Primero. Dice el doctor Néstor García Canclini:

La mayoría de los artistas e intelectuales viven lo político como un territorio ajeno y amenazante. Ven en los intentos de planificar la cultura conspiraciones contra la espontaneidad creadora.

Ese sentimiento sigue latente cuando vemos que una de las características fundamentales del proyecto de Presupuesto de Egresos de 2007 refleja una importante reducción de los recursos destinados a la educación y la cultura.

Es claro que existen políticos, funcionarios y legisladores que limitan la cultura a la actividad artística y no consideran que una verdadera política cultural es la única forma de vincular a diversos sectores hacia un proyecto democrático. Esa misma actitud ha propiciado que en ocasiones el gasto en cultura sea preferentemente orientado a proyectos frívolos y de interés estrictamente coyuntural.

Desde hace aproximadamente dos décadas se ha percibido el desinterés institucional respecto de la cultura, traduciéndose ello en propuestas de presupuesto crecientemente restrictivos que se suman, además, a acciones como las de hace un par de años, cuando en otro anteproyecto presupuestal se pretendía desincorporar de un solo golpe, y con un supuesto objetivo de ahorro, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Imcine y los Estudios Churubusco.

Segundo. No podemos soslayar la importancia de la educación y la cultura, que nos permiten mantener nuestra identidad nacional. Gracias a ello los mexicanos residentes en Estados Unidos se identifican con su pueblo, con sus costumbres, tradiciones, comida, fiestas. Ésa es la razón --aparte de las obvias, como serían las de los lazos afectivos y familiares, así como la devoción a la tierra y la veneración al alma de sus fieles difuntos, todo ello por cierto profundamente cultura-- por la que siguen mandando recursos económicos para conservar sus casas y sus tierras. Es por esas remesas que este país tiene un ingreso muy similar al que se obtiene como producto de la venta del petróleo. ¿Qué pasaría si no hubiera ese factor de identidad nacional? Simplemente se ahorrarían las remesas, las llamadas de larga distancia, las comisiones bancarias y los dos o tres viajes anuales a sus pueblos de origen. La consecuencia sería que este país viera seriamente dañada su economía.

En estos momentos se da un intenso debate acerca de los recortes al presupuesto para educación y cultura, entre otros de igual importancia. Es escandaloso que algunos funcionarios de esta administración comenten que el proyecto de presupuesto sólo refleja parcialmente los recursos que se ejercerán en realidad, porque a lo largo del año hay mecanismos para poder transferir recursos destinados a programas específicos. Mi pregunta es: ¿Por qué, si de antemano se sabe que habrá transferencias, no se dota de una base más sólida al sector educativo y al subsector cultura?

Si se quiere redimensionar cultural y económicamente al país, es imprescindible transitar por el fortalecimiento de nuestra cultura, que es la única materia tridimensional presente en todos los ámbitos del desarrollo humano.

Con base en lo anterior, someto a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura de la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se considere la importancia del subsector cultura como factor de fortalecimiento de la identidad nacional y para la formación integral de los mexicanos en los ámbitos económico y social.

Segundo.Que la Cámara de Diputados considere como base mínima para la cultura en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, los recursos ejercidos en el año 2006.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 12 de diciembre de 2006.--- Senadores: María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Carlos Navarrete Ruiz, Pablo Gómez Álvarez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Minerva Hernández Ramos, Claudia Sofía Corichi García, José Guadarrama Márquez, Leonel Godoy Rangel, Rosalinda López Hernández, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García, Rubén Fernando Velázquez López, Arturo Herviz Reyes, Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro, Arturo Núñez Jiménez, Lázaro Mazón Alonso, René Arce Islas, Ricardo Monreal Ávila, Josefina Cota Cota, Tomás Torres Mercado, David Jiménez Rumbo, Héctor Miguel Bautista López, Salomón Jara Cruz, Adolfo Toledo Infanzón, Fernando Eutimio Ortega Bernés, Alfonso Elías Serrano, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Heladio Elías Ramírez López, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Eloy Cantú Segovia, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Herrera León, Fernando Baeza Meléndez, José González M., Federico Döring Casar, Marco Humberto Aguilar Coronado, Alejandro González Yáñez (rúbricas).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES II, III Y IV DEL APARTADO C DEL ARTICULO 37 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de iniciativas, tiene la palabra el diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley Reglamentaria de las fracciones II, III y IV del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez:Gracias, señor Presidente; con el permiso de la directiva; compañeros diputados: los grupos legislativos representados en esta Cámara tenemos la firme convicción de que este Poder Legislativo, a fin de cumplir con sus funciones constitucionales, debe abonar día a día al profesionalismo y eficiencia de su trabajo en la reforma y elaboración de leyes.

De todos es conocido que el trámite legislativo es, en su origen, un tanto complicado, ya que ver materializado en un decreto alguna propuesta --aun con el apoyo de la mayoría de los diputados--, resulta una labor que a veces nos ocupa varios años.

En ese sentido, los legisladores debemos buscar formas para eficientizar nuestro trabajo con el fin de que las reformas sean aprobadas oportunamente y se conviertan en herramientas de solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Con base en las ideas antes expuestas, me permito presentar a su consideración, la siguiente iniciativa, la cual tiene como objetivo eficientizar el tiempo que esta Cámara invierte en la aprobación de permisos y licencias que algunos ciudadanos mexicanos solicitan, a fin de emplearse en embajadas o consulados de gobiernos extranjeros, o bien, para recibir condecoraciones de los mismos.

Compañeros, todos hemos sido testigos del tiempo que en este Pleno invertimos para aprobar los permisos mencionados, a fin de que algún ciudadano se desempeñe como chofer, mecánico, asistente, telefonista y otro largo número de cargos. Este tiempo deberíamos utilizarlo en asuntos de mayor trascendencia para el bienestar de nuestro país, esto toda vez que aprobar los permisos mencionados resulta obsoleto, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen.

Como todos ustedes saben, el texto del artículo 37 Constitucional tiene su origen en la Carta Magna de 1857, en ella se establecía que la calidad de ciudadanos se perdía por naturalización en país extranjero o por servir oficialmente al gobierno de otro país, admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal. De esta última prohibición quedaban exceptuados los títulos literarios, científicos y humanitarios, los cuales podían ser aceptados libremente.

Obviamente, en el contexto político social de 1857 servir a un gobierno extranjero o aceptar de él títulos o condecoraciones militares o de otra índole era hasta cierta forma un riesgo para la seguridad y la soberanía nacional, a menos que previo análisis el Congreso determinara, mediante permiso o licencia, que podían aceptarse por ser inocuos para el interés nacional.

Hoy en día las condiciones políticas-sociales de México y el mundo son muy distintas a las de 1857, hoy a diferencia de entonces, las relaciones políticas, culturas, científicas, deportivas, económicas son importantes de muchas maneras para la viabilidad y el crecimiento de las naciones en un mundo globalizado.

En virtud de lo anterior resulta obsoleto que hoy en día dediquemos largas horas al análisis y aprobación de los famosos corcholatazos, máxime que desde 1997 el artículo 37 de nuestra Constitución Política ordena en el último párrafo del Apartado C que se emita una ley reglamentaria, a fin de que se establezcan los casos en que el permiso o licencia se entenderá otorgado en un breve plazo con la sola presentación de la solicitud respectiva, lo cual obviamente, nos ahorrará tiempo y esfuerzo de ambas Cámaras.

Dicha reforma se discutió en el Senado el 5 de diciembre de 1996 y ahí se determinó que era de suma importancia buscar una solución que pudiera resolver el problema y los trámites de los permisos y licencias que comúnmente se conocen como corcholatazos.

La solución en palabras de los senadores en 1996 fue establecer un supuesto en el propio artículo 37 para que el Congreso de la Unión, a través de una ley reglamentaria, pudiera establecer los casos de excepción mediante los cuales bastara la solicitud del interesado, para que se otorgue el permiso de manera automática, dejando reservados al Congreso de la Unión aquellos casos que considere excepcionales y solamente en esos casos podrá conocer y emitir su permiso o licencia.

Por su parte, la Cámara de Diputados expresó en el debate del 10 de diciembre de 1996, la razón por la que se apoyó la propuesta general del Senado. Explica el legislador: ``Apoyamos la propuesta de adicionar un párrafo final al inciso c) del multicitado artículo 37, con el propósito de suprimir la carga pesada y burocrática que implica conocer de los permisos y licencias de personas que solicitan autorización al Congreso para realizar en embajadas o en consulados extranjeros, cuyo desempeño no implica hoy ningún riesgo para la seguridad''.

Señores legisladores, la intención primaria de la iniciativa que hoy presento es dar cumplimiento al texto constitucional, emitiendo la ley reglamentaria de las fracciones II, III y IV del Apartado C del artículo 37 de nuestra Carta Magna, a fin de establecer las excepciones a que se refirieron la Cámara de Senadores y la de Diputados en 1996.

Tratándose de la fracción II del apartado C, dichas excepciones deben incluir la prestación de servicios ordinarios tales como asistentes, secretarios, recepcionistas, personal de mantenimiento, supervisores de área, choferes, técnicos y operadores telefónicos, entre otros, en embajadas, consulados y oficinas de representación de gobiernos extranjeros.

En el caso de la fracción III, Apartado C, considero debe de excepcionarse la aceptación o uso de condecoraciones extranjeras que no sean de índole militar, en caso contrario debe seguirse el trámite por ambas Cámaras de este Poder Legislativo.

Por último, en el caso de la fracción IV del apartado C, las excepciones que deben contenerse en la Ley Reglamentaria son aquéllas relativas a las funciones ordinarias que no signifiquen ningún tipo de sumisión a algún gobierno extranjero o comprometan la soberanía de nuestro país, así como los títulos académicos, culturales o deportivos.

Compañeros diputados, por estas consideraciones expuestas en los párrafos anteriores someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Señor Presidente, no daré lectura al proyecto, le voy a pedir atentamente si puede insertarse la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley Reglamentaria de las Fracciones II, III y IV del Apartado C) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente iniciativa, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II, III y IV del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Compañeros diputados, los grupos legislativos representados en esta Cámara, tenemos la firme convicción, de que este Poder Legislativo a fin de cumplir con sus funciones constitucionales, debe abonar día a día al profesionalismo y eficiencia de su trabajo en la reforma y elaboración de leyes. De todos es conocido que el tramite legislativo es en su origen un tanto complicado, ya que ver materializada en un decreto alguna propuesta, aun con el acuerdo de la mayoría de los diputados, resulta una labor que a veces ocupa años para concretarse. En ese sentido, los legisladores debemos buscar formas para eficientizar nuestro trabajo, con el fin de que las reformas sean aprobadas oportunamente y se conviertan en herramientas de solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Con base en las ideas antes expuestas, me permito presentar a su consideración, la siguiente iniciativa, la cual tiene como objetivo eficientizar el tiempo que esta Cámara invierte en la aprobación de permisos y licencias que algunos ciudadanos mexicanos solicitan a fin de emplearse en embajadas o consulados de gobiernos extranjeros, o bien para recibir condecoraciones de los mismos. Compañeros, todos hemos sido testigos del tiempo que en este Pleno invertimos, para aprobar los permisos mencionados, a fin de que algún ciudadano se desempeñe como chofer, mecánico, asistente, telefonista etcétera; tiempo que deberíamos utilizar en asuntos de mayor trascendencia para el bienestar de nuestro país, esto toda vez que aprobar los permisos mencionados resulta obsoleto en virtud de las consideraciones que continuación se exponen.

Como todos ustedes saben, el texto del artículo 37 tiene su origen en la Constitución de 1857. En ella se establecía que la calidad de ciudadano se perdía por naturalización en país extranjero o, por servir oficialmente al gobierno de otro país, admitir de él condecoraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal. De esta última prohibición quedaban exceptuados los títulos literarios, científicos y humanitarios, los cuales podían ser aceptados libremente.

Obviamente, en el contexto político y social de 1857, servir a un gobierno extranjero o aceptar de el títulos o condecoraciones militares o de otra índole, era hasta cierta forma un riesgo para la seguridad y la soberanía nacional, a menos que previo análisis, el Congreso determinara mediante permiso o licencia, que podían aceptarse por ser inocuos para el interés nacional. Hoy en día las condiciones políticas y sociales de México y del mundo, son muy distintas a las de 1857; hoy a diferencia de entonces, las relaciones políticas, culturales, científicas, deportivas y económicas son importantes de muchas maneras para la viabilidad y el crecimiento de las naciones en un mundo globalizado.

En virtud de lo anterior, resulta obsoleto que aun hoy en día dediquemos largas horas al análisis y aprobación de los famosos ``corcholatazos'', máxime que desde 1997, el artículo 37 de nuestra Constitución Política, ordena en el último párrafo del apartado C que se emita una ley reglamentaria, a fin de que se establezcan los casos en que el permiso o licencia se entenderá otorgado en un breve plazo con la sola presentación de la solicitud respectiva; lo cual obviamente nos ahorrará tiempo y esfuerzo de ambas Cámaras.

Dicha reforma se discutió en el Senado el 5 de diciembre de 1996. Ahí se determinó que era de suma importancia ``buscar una solución que pudiera resolver el problema de los trámites, de los permisos y licencias que comúnmente se conocen como ``corcholatazos''. La solución, en palabras de los senadores en 1996, fue ``establecer un supuesto en el propio artículo 37, para que el Congreso de la Unión, a través de una ley reglamentaria, pueda establecer los casos de excepción, mediante los cuales bastará la solicitud del interesado, para que se otorgue el permiso de manera automática, dejando reservados al Congreso de la Unión, aquellos casos que considere excepcionales, y solamente en esos casos, podrá conocer y emitir su permiso o su licencia''.

Por su parte la Cámara de Diputados, expresó en el debate del 10 de diciembre de 1996, la razón por la que se apoyó la propuesta generada en el Senado. Explica el legislador, ``apoyamos la propuesta de adicionar un párrafo final al inciso C del multicitado artículo 37, con el propósito de suprimir la carga pesada, burocrática que implica conocer de los permisos y licencias de personas que soliciten autorización al Congreso para realizar servicios en embajadas o en consulados extranjeros cuyo desempeño no implica, hoy, ningún riesgo para la seguridad''.

Señores legisladores, la intención primaria de la iniciativa que hoy presento, es dar cumplimiento al texto constitucional, emitiendo la ley reglamentaria de las fracciones II, III y IV del apartado C del artículo 37 de nuestra Carta Magna, a fin de establecer las excepciones a que se refirieron la Cámara de Senadores y de Diputados en 1996.

Tratándose de la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional, dichas excepciones deben incluir la prestación de servicios ordinarios, tales como asistentes, secretarias, recepcionistas, personal de mantenimiento, supervisores de área, choferes, técnicos y operadores telefónicos, entre otros, en embajadas, consulados y oficinas de representación de gobiernos extranjeros.

En el caso de la fracción III del apartado C del multireferido artículo 37, considero deben excepcionarse la aceptación o uso de condecoraciones extranjeras que no sean de índole militar, en caso contrario debe seguirse el tramite por ambas Cámaras de este poder legislativo.

Por ultimo en el caso de la fracción IV del apartado C, las excepciones que deben contenerse en la ley reglamentaria, son aquellas relativas a las funciones ordinarias que no signifiquen ningún tipo de sumisión a algún gobierno extranjero, o que comprometan la soberanía de nuestro país, así como los títulos académicos, culturales o deportivos.

Compañeros diputados, por las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Único.Se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II, III y IV del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria de las fracciones II, III y IV del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las fracciones II, III y IV del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:

a) Servicios oficiales; cualquier servicio o función ordinaria que una persona preste a un gobierno extranjero siempre que con motivo de dicho servicio o función se genere una relación laboral;

b) Condecoración extranjera; honor o distinción otorgada a una persona a través de insignias, documentos o actos solemnes provenientes de gobiernos, organizaciones o entidades extranjeras;

c) Función de gobierno de otro país; cargo o encomienda proveniente de gobierno extranjero que recibe una persona a fin de atender asuntos propios de dicho gobierno o de interés del mismo.

d) Título de gobierno de otro país; distintivo con que se reconoce a alguien por determinadas cualidades o actos.

Artículo 3. En los términos de las fracciones II, III y IV del apartado C del artículo 37 Constitucional, corresponde al Congreso de la Unión conocer de las solicitudes de permisos o licencias a fin de que los ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios oficiales, aceptar o usar condecoraciones o admitir títulos o funciones del gobierno de otro país.

Artículo 4. Tratándose de permisos para prestar servicios oficiales a un gobierno extranjero o para aceptar o usar condecoraciones extranjeras que no sean de carácter militar, bastará que transcurran 10 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud para que el permiso se entienda otorgado sin necesidad que el Congreso Federal emita dictamen al respecto.

Artículo 5. Cuando un mexicano pretenda desempeñar funciones de gobierno de otro país y dichas funciones no tengan carácter diplomático, consular o de representación oficial, bastará que transcurran 10 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud, para que el permiso se entienda otorgado sin necesidad de que el Congreso Federal emita dictamen al respecto.

Tratándose de funciones de carácter diplomático, consular o de representación oficial, aún en su sentido honorario, se requerirá aprobación del Congreso Federal.

Artículo 6. Los títulos académicos, culturales o deportivos, provenientes de gobierno de otro país, pueden aceptarse libremente sin necesidad de trámite alguno.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Diputado Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Enrique Barrios. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Gobernación.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de los diputados y las diputadas presentes.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 455 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputadoAlejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente: en virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.

La aprobación en la pasada Legislatura de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituye un duro golpe para la urgente necesidad de realizar inversiones en infraestructura y exploración petrolera, al restringir los alcances y potencialidades del nuevo régimen fiscal de Pemex.

Incluso la Ley en comento ahora que se encuentra tan solicitada en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 es también una camisa de fuerza para todas las diputadas y diputados y además, se encuentra en contradicción con lo que establece el artículo 74 constitucional, en cuanto a nuestra facultad de analizar, modificar y aprobar el presupuesto.

De manera específica el artículo 19 de la mencionada Ley que norma el presupuesto, confunde hasta hacerlas equiparables, las circunstancias actuales del mercado petrolero internacional, con las condiciones de la infraestructura petrolera nacional, la cual sufre de grandes rezagos y de un severo deterioro.

En su fracción IV se señala que el remanente de los excedentes de ingresos, una vez cubiertas una serie de contingencias se repartirá de la siguiente forma: 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 25 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

De ahí que en nuestra perspectiva se debe eliminar el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, puesto que las inversiones en esta industria tienen efectos a mediano plazo, por lo que deben hacerse cuando existe la liquidez para ello; máxime cuando en refinación somos importadores de gasolina y en petroquímica se enfrentan graves rezagos.

Por su parte la fracción V del mismo artículo 19 señala que una vez que los fondos a que se refiere la fracción anterior, alcancen el monto de la reserva determinando los excedentes de ingreso a que se refiere la fracción IV de este artículo, se destinarán conforme a lo siguiente: 25 por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas; 25 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas; 25 por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos; y, 25 por ciento para el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones.

En este caso, nos parece que debió respetarse a Pemex el 50 por ciento de los excedentes contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. En contraste, una idea que nos parece adecuada es la de emplear una parte de los excedentes petroleros para ir subsanando los problemas financieros de la seguridad social.

En nuestra opinión la distribución de estos excedentes debe ser de la manera siguiente --en eso consiste nuestra propuesta de reforma--: 25 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas; 50 por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos; 25 por ciento para el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones.

Todavía más. La forma de construir los fondos implica congelar el uso de grandes sumas de dinero, como si no existieran urgencias en materia de infraestructura productiva en campo, en salud, en educación; así como a fortalecer urgentemente a la empresa de Petróleos Mexicanos.

Por otra parte y en referencia directa al artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no puede tener la pretensión de establecer una fórmula que implícitamente asume que las condiciones futuras y el mecanismo de funcionamiento del mercado internacional serán las mismas que las pasadas.

Establecer una fórmula para fijar por ley el precio estimado de la mezcla mexicana de exportación no tiene sentido, puesto que las condiciones estructurales del mercado petrolero internacional han estado variando significativamente.

Incluso la correlación que existía entre precios a corto plazo del petróleo y nivel de inventarios ha desaparecido desde mediados del 2004, como lo muestran diversos estudios hechos por el Instituto Francés del Petróleo o la transnacional del Petróleo Británico.

No está de más recordar que, con base en ingeniosos modelos econométricos, el entonces secretario de Energía, Luis Téllez, hoy Secretario de Comunicaciones y Transporte, aseguraba que en estos años el precio de la mezcla mexicana de exportación rondaría los 6.50 dólares por barril. Nada más alejado de la realidad.

El Congreso no debe claudicar de su capacidad de análisis. La estimación del precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano de exportación debe determinarse anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda podría emplear la fórmula contenida en el artículo 31 para proponer un precio de referencia, pero el Congreso no debe renunciar a efectuar un mínimo análisis, en función, no sólo del precio observado en la realidad sino también de las necesidades presupuestales del momento.

Es inaceptable sacrificar la inversión en salud o educación en el altar del culto a las estadísticas. Sólo como un ejemplo, compañeras y compañeros diputados. En este Presupuesto de 2007 que actualmente se discute, de no haberse usado la fórmula del artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto se obtendrían entre 50 mil y 70 mil millones de pesos extra si esta soberanía hubiera considerado un precio realista para el próximo año, de 48.5 dólares por barril de petróleo y no un precio bajísimo que propuso Hacienda, que fue de 42.5 dólares por barril.

Estos recursos excedentes hubieran podido ser etiquetados por todos nosotros y así cumplir con nuestra obligación de apoyar a la salud, la educación, al campo y a las entidades federativas, de manera firme y decidida. Por eso la propuesta que hacemos para reformar el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto tiene como propósito fundamental garantizar la facultad de este Congreso de análisis y decisión para la estimación del precio del petróleo, pero lo más importante; garantizar un techo presupuestal que pueda ayudar a aliviar en políticas sociales a la población de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el contenido del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

La aprobación en la pasada Legislatura, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lleva implícita la utilización del Presupuesto de Egresos de la Federación como instrumento financiero para frenar la inversión pública en el sector petrolero. Significa también la ubicación en una posición jerárquicamente superior, de las consideraciones financieras macroeconómicas; constituye un duro golpe para la urgente necesidad de realizar inversiones en infraestructura y exploración petrolera; restringe los alcances y potencialidades del Nuevo Régimen Fiscal de Pemex; legitima la ineficacia económica en el uso de los y consagra la renuncia del Congreso a efectuar el mínimo análisis sobre la situación del mercado internacional del petróleo.

En efecto, el artículo 19 de la mencionada ley, confunde hasta hacerlas equiparables, las circunstancias actuales del mercado petrolero internacional, con las condiciones de la infraestructura petrolera nacional, la cual sufre de grandes rezagos y de un severo deterioro. Pareciera que quien concibió este artículo pensaba en la noruega Statoil y no en Pemex.

En este artículo, en su fracción IV, se señala que el remanente de los excedentes de ingresos, una vez cubiertas una serie de contingencias, se repartirá de la siguiente forma:

a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b) En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

c) En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Además, en la misma fracción se asienta que los ingresos excedentes ``se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 1.875 para el caso de los incisos a) y b), y de 3.75 en el caso del inciso c), en todos los casos por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio.''

La constitución de dichos fondos implican seguir destinando recursos derivados de los ingresos excedentes al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; siendo que con el nuevo régimen fiscal de Pemex, se instituyó el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Es decir, el Fondo se constituirá, conforme a la Ley Federal de Derechos, a partir de un derecho creado expresamente para ello, por lo que no se ve la necesidad de seguir alimentándolo por otras vías. Sobre todo, si se considera que, de acuerdo a ese ordenamiento, el Fondo se empieza a generar a partir de un precio de la mezcla mexicana de exportación de 22 dólares por barril, nivel muy por debajo de los precios observados en los últimos tres años.

Además, la forma de constituir los fondos implica congelar el uso de grandes sumas de dinero. Como si no hubiera urgencia en materia de infraestructura, tanto para las entidades como para PEMEX. Considerando las expectativas establecidas en los criterios generales de política económica, el Fondo de Ingresos Petroleros no se podría tocar antes de acumular 54,000 millones de pesos; y los de infraestructura para las entidades federativas y el propio Pemex, antes de acumular 27,000 millones de pesos.

De ahí que, desde nuestra perspectiva, se debe eliminar el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, puesto que las inversiones en esta industria tiene efectos a mediano plazo, por lo que deben hacerse cuando existe la liquidez para ello. Máxime cuando en refinación somos deficitarios y en petroquímica se enfrentan graves rezagos. Asimismo, pensamos que los otros fondos a que se refiere esta fracción, deben alcanzar una reserva igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 1.25, por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. Esto los situaría en niveles de 20,000 millones de pesos, que es el orden de magnitud ya alcanzado a estas fechas por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, de manera que no se frenaría la urgente inversión en Petróleos Mexicanos.

Por su parte la fracción V del mismo artículo 19, señala que ``una vez que los Fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen el monto de la reserva determinado, los excedentes de ingresos, a que se refiere la fracción IV de este artículo se destinarán conforme a lo siguiente:

a) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas;

b) En un 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

c) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos;

d) En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.''

En este caso, nos parece que debió habérsele respetado a Pemex el porcentaje hoy contenido en la distribución de los excedentes equivalentes que señala el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, esto es, el 50% de los mismos. En contraste, una idea que nos parece adecuada es la de emplear una parte de los excedentes petroleros para ir subsanando los problemas financieros de la seguridad social.

De tal suerte que, en nuestra opinión, la distribución de estos excedentes debe ser así:

a) En un 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

b) En un 50% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos.

c) En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones.

Por otra parte, como lo muestran diversos análisis de coyuntura del mercado petrolero internacional, las reglas y principios que rigen su existencia y funcionamiento están indefectiblemente ligadas a estructuras de poder y dominación. En el mercado internacional de crudo, se cristalizan compromisos entre actores desiguales derivados de correlaciones de fuerza jerarquizadas en función de la estructura funcional y las condiciones coyunturales que prevalecen en un momento determinado. La disputa entre los actores tiene como un correlato material, como objetivación de la disputa por el reparto de la renta petrolera, al precio del hidrocarburo.

De tal manera que la evolución, no tanto de este, sino de los mecanismos de conformación y fijación del mismo, reflejan en buena medida la estructura del mercado petrolero y la jerarquización al interior del mismo, de los intereses de los actores que en él concurren.

Hoy en día, el mercado petrolero, independientemente de los desequilibrios coyunturales de la oferta y la demanda, ha estructurado un piso a partir de las coberturas y mercados de futuros (que involucran el interés de las aseguradoras mundiales para que el precio no se desplome), así como de una renovada capacidad de la OPEP para incidir significativamente en las variaciones de precio.

El mercado petrolero no puede ser analizado como si se tratara el de cualquier otra mercancía y, menos aún, se puede tener la pretensión de establecer una fórmula que implícitamente asume que las condiciones futuras y el mecanismo de funcionamiento del mercado internacional serán las mismas que las pasadas. Establecer una fórmula para fijar por ley el precio estimado de la mezcla mexicana de exportación no tiene sentido, puesto que las condiciones estructurales del mercado petrolero internacional han estado variando significativamente. Incluso la correlación que existía entre precios a corto plazo del petróleo y nivel de inventarios, ha desaparecido desde mediados del 2004, como lo muestran diversos estudios hechos por el Instituto Francés del Petróleo o la trasnacional British Petroleum.

No está de más recordar que la propuesta original contenida en los criterios generales de política económica para 2006 era de 31.50 dólares para la mezcla mexicana de exportación, con base, según machacó una y otra vez la Secretaría de Hacienda, en una fórmula casi idéntica a la que fue finalmente aprobada.

El Congreso no debe claudicar a su capacidad de análisis. No hay manera de incluir en una fórmula las perspectivas globales de desarrollo de las capacidades de producción y de refinación, ni la constancia del crecimiento en grandes economías emergentes como China y la India, ni las variaciones en los patrones de consumo de las mismas, ni la persistencia de las tensiones en Irak, ni las amenazas recurrentes de huelga en los campos petroleros de Nigeria y Noruega, las recientes amenazas terroristas que se han cernido contra Quatar, las tensiones diplomáticas generadas por el programa nuclear de Irán, las irrupciones de fenómenos naturales o la capacidad manifiesta de las inversiones hechas por los fondos de pensión para incidir en el precio del petróleo.

La estimación del precio internacional de la mezcla de petróleo mexicana de exportación debe determinarse anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda podría emplear la fórmula contenida en el artículo 31, para proponer un precio de referencia, pero el Congreso no debe renunciar a efectuar un mínimo análisis en función, no solo del precio observado en la realidad sino también de las necesidades presupuestales del momento. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el mecanismo estadístico del artículo 31 arroja un resultado demasiado bajo frente al precio real observado al momento de aprobar el presupuesto? ¿Se sacrificará la inversión en salud o educación en el altar del culto a la estadística? ¿No es una forma peculiar de abdicar de sus facultades?

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Primero. Se reforman las fracciones IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) En un 20% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b) En un 20% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros;

c) En un 50% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos;

d) ...

Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 1.25, por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio.

...

...

...

...

V. ... a) En un 50% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos;

b) ...

c) En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones.

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 31. La estimación del precio internacional de la mezcla de petróleo mexicana de exportación deberá determinarse anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil siete.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Técnica número 150, de Atizapán de Zaragoza, estado de México, aquí presentes.

LEY FEDERAL DE ACCIONES COMPENSATORIAS A FAVOR DE LAS MUJERES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tienen la palabra los diputados Leticia Herrera Ale yJosé Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para que ambos presenten iniciativa que expide la Ley Federal de Acciones Compensatorias a Favor de las Mujeres, suscrita por ellos mismos.La diputada Juana Leticia Herrera Ale:Buenos días a todos; con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: hablar de los derechos de las mujeres en México es hacerlo desde la historia de este país, en donde las mujeres seguimos luchando por la libertad, la cual se traduce en el ejercicio pleno de nuestros derechos, pues no basta con el reconocimiento legal de los mismos, sino que es necesario que éstos se traduzcan en calidad de vida y ejercicio cotidiano.

No podrán negar, compañeras y compañeros, que una gran cantidad de demandas y peticiones durante sus campañas electorales estuvieron relacionadas con las mujeres y seguramente también muchos de los compromisos que ustedes adquirieron fueron con ellas, porque queda claro que en nuestros días no podemos hablar de desarrollo, de democracia ni de justicia sin la plena participación de las mujeres en las diferentes esferas productivas para que las mujeres participemos plenamente en los procesos sociales, políticos, culturales y económicos.

De ahí la necesidad de vincular la gobernabilidad democrática al tema de género particularmente, porque hace referencia al cambio de las instituciones, las cuales delimitan por un lado las oportunidades y, por otro, las restricciones que los individuos y grupos enfrentan en su relación con los demás en distintos ámbitos institucionales.

Es importante aceptar que aunque los avances legislativos han sido de gran importancia, las reformas constitucionales de los códigos de la normatividad del Estado, no eliminan directamente los mecanismos de discriminación presentes en la práctica social, laboral, institucional y jurídica. Por ello, es necesario abrir espacios para la generación de nuevas reglas y normas que regulen la interacción entre actores de manera más equitativa.

Sin embargo, si en el proceso de constitución de las nuevas normas las mujeres no tenemos la misma relevancia que otros actores, podemos permanecer excluidas en los procesos de construcción de nuevas institucionalidades.

La ausencia de políticas públicas, desde una perspectiva de género, explica el fracaso e ineficacia de las estrategias políticas que sólo se preocupan por perfeccionar los métodos para detectar y clasificar las carencias de las mujeres y nuestras dificultades de inserción.

Pero no se parte precisamente del presupuesto, de la existencia de una estructura diferenciada que genere relaciones asimétricas. Es claro que la conquista de los derechos de ciudadanía para las mujeres, entendida como su alcance efectivo, no sólo no está asegurada, sino que presenta serias limitaciones.

Aún reconociendo las potencialidades de las mujeres, especialmente las de sectores populares y sin desechar los efectos positivos de la solidaridad moral por estos caminos, no se resolverá el problema. Las mujeres seguiremos inhabilitadas para superar la situación si no se construyen instituciones que garanticen nuestra inserción y participación de forma permanente en los beneficios de la organización social.

En tal razón, la igualdad de oportunidades significa no sólo acabar con todos los tipos de discriminación existentes, sino además promover las acciones necesarias para compensar aspectos discriminatorios de los que históricamente hemos sido objeto las mujeres.

Muchas gracias y cedo la palabra a mi compañero, el diputado Rubén Escajeda. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada. Tiene la palabra el diputado Escajeda.El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Con su permiso, señor Presidente: vengo a esta, la más alta tribuna de la nación, a proponer una ley que ojalá, por fin, les haga justicia a las mujeres de este país.

En un acto de congruencia republicana, convencido del importantísimo papel que en el ámbito de la vida cotidiana juegan las mujeres como parte sustancial de nuestra sociedad, convencido de la fragilidad con tantas y tantas mujeres desamparadas y con hijos, en este país navegan en la vida sin la protección y el respaldo efectivo de las leyes.

En ésta, una ley de acciones compensatorias que busca favorecer a todas las mujeres de México, pero más a las más desprotegidas. Estas acciones van más allá del control de la aplicación de las leyes que desarrollan el principio de igualdad y son acciones tendientes a proporcionar ventajas concretas al colectivo marginado o en una situación de desigualdad social. La acción compensatoria es el conjunto de medidas correctoras que, aplicadas con carácter temporal, producen un efecto benéfico sobre la condición y la posición, en este caso, de las mujeres.

En razón de lo anterior, es que hoy presentamos esta iniciativa, la cual tiene mejor justificación en la realidad que enfrentan las mujeres en este país y su sustento jurídico en lo mandatado por la Ley Fundamental, tratados internacionales suscritos por México y, desde luego, en la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Estamos proponiendo una ley especializada que señale específicamente las acciones positivas que por mandato de ley se deberán implementar en beneficio de las mujeres. Bajo este orden de ideas, el presente documento es la antesala para sellar un gran compromiso nacional de todas las fuerzas políticas aquí representadas para avanzar en torno al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en nueve temas fundamentales como lo son:

Educación. Se mandata la paridad para el beneficio de las becas y estímulos en general, evitando que cualquiera de los sexos se beneficie en más de un 50 por ciento.

Trabajo. Se propone la normatividad específica, con las sanciones correspondientes a quienes discriminen a las mujeres por estar embarazadas, soliciten el examen de gravidez y por un mismo trabajo paguen un menor salario a las mujeres.

Se propone que la administración pública federal tenga un mínimo porcentual de mujeres en cargos de decisión. Esta iniciativa considera sanciones hasta por 365 días de salarios mínimos a quien infrinja esta disposición.

Presupuesto. El cual nunca será menor al 0.27 por ciento del producto interno bruto.

Derechos políticos. Esta iniciativa de ley tiene la intención de brindar estímulos a los partidos políticos y plantea que una vez que se establezcan en sus estatutos cuotas de género o acciones positivas, ningún acuerdo posterior podrá eliminar dichas disposiciones.

Ciencia y tecnología. Contempla que los recursos destinados a ciencia y tecnología dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinen una partida, la cual estará etiquetada para investigación científica y desarrollo tecnológico, en lo concerniente a la atención ginecológica de las mujeres.

Se mandata al INEGI para diseñar indicadores de género, para valorar los aportes al producto interno bruto por parte de las mujeres, sin importar su actividad, así como indicadores de calidad del empleo con dimensión de género.

En la vivienda los programas y los recursos públicos destinados a la adquisición o remodelación de vivienda serán distribuidos de manera paritaria entre hombres y mujeres. Esta ley busca elevar y ampliar las oportunidades de las mujeres y, en general, para erradicar la discriminación debe de ser una tarea por supuesto conjunta. No basta con que los temas de género se incorporen a las agendas, sino que es necesario un cambio cultural de largo alcance que dote de diferentes elementos a todas las mujeres de México.

Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Los temas de las mujeres son también nuestros temas, porque ellas y nosotros conformamos la sociedad nacional y esta sociedad merece ser genuinamente libre e incluyente para alcanzar los más altos niveles de bienestar y desarrollo.

Pido, señor Presidente, se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Hagámoslo por todas las mujeres, por todas las mujeres divinas de este país. Hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo por México. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres, suscrita por los diputados Leticia Herrera Ale y Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Leticia Herrera, y diputado Rubén Escajeda, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar de los derechos de las mujeres es hacerlo desde la historia de este país, en donde las mujeres seguimos luchando por la libertad, la cual se traduce en el ejercicio pleno de nuestros derechos, pues no basta con el reconocimiento legal de los mismos sino que es necesario que estos se traduzcan en calidad de vida y ejercicio cotidiano.

Las mujeres seguimos luchando contra la opresión, pues en el siglo XXI no existe peor forma de esclavitud que la exclusión, la discriminación, la marginación y la falta de oportunidades. De ahí la importancia que los hombres y las mujeres nos reunamos y solidaricemos en torno a nuestras causas comunes, porque sólo en la unidad, en la solidaridad, en el esfuerzo compartido y en la confianza podremos superar los obstáculos existentes.

En razón de lo anterior, es que en nuestros días no podemos hablar de desarrollo, de democracia ni de justicia sin la plena participación de las mujeres en las diferentes esferas productivas.

Los esfuerzos por la incorporación de las mujeres deben ser integradores de la perspectiva de género y la meta de la igualdad de género en la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación gubernamentales. Lo que ayuda a que el Estado sea más eficiente en atender las necesidades de la población al asegurar que aun las políticas y los programas aparentemente neutrales tomen en cuenta los intereses y necesidades de las mujeres desde el inicio, además de que impulsar la producción de estrategias y herramientas para análisis y evaluación, por ejemplo, datos de género y estadísticas desagregadas por sexo.

Junto a los esfuerzos de transversalización, los presupuestos de género han sido un método para determinar el grado en el que los gastos gubernamentales se han alejado de la meta de la igualdad de género o se han aproximado a ésta. Un presupuesto de género no es uno separado para las mujeres; es, más bien, una herramienta que analiza las asignaciones presupuestarias, el gasto público y los impuestos desde una óptica de género y, por lo tanto, puede ser utilizado para abogar por la reasignación de recursos con el fin de dar una mejor respuesta a las prioridades de las mujeres.

Es menester destacar que las mujeres han podido participar en la toma de decisiones políticas por medio de promoción y defensa legislativas, al redactar y proponer leyes que luego son incorporadas al proceso legislativo formal a través de representantes electas en la legislatura. No debemos olvidar, que además de las campañas por una equilibrada representatividad de género en los puestos de toma de decisiones políticas, una parte integral de las estrategias para la participación política femenina es la construcción de agendas legislativas de las mujeres que generen cambios sustanciales.

Sabemos que los retos que enfrentan las mujeres son diversos, superar políticas de identidad, políticas elitistas locales y el control por parte de la dinastía masculina. Se enfrentan también al desafío de romper con las restricciones culturales acerca de cómo las mujeres deben lucir, hablar y actuar y, al mismo tiempo, transformar la cultura en un ambiente genuinamente justo hacia el género, que estime las capacidades de las mujeres. Por otra parte, tienen la necesidad de resistir y luchar contra la propensión del Estado a homogenizar a las ciudadanas y ciudadanos que se hace evidente a través de políticas y normas que afirman ser igualitarias en su aplicación, pero que en la realidad discriminan y marginan. Cuánta razón tuvo Rosario Castellanos al señalar que ``la hazaña de convertirse en lo que se es... exige sobre todos el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer''.

Para que las mujeres participen plenamente en los procesos sociales, políticos, culturales y económicos, deben gozar del ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. Las libertades democráticas, tales como la expresión, la opinión, la asociación y otras, que constituyen vehículos necesarios para la plena participación civil, al igual que la satisfacción de necesidades de subsistencia y sociales básicas, la independencia económica y una vida libre de violencia familiar y comunitaria.

De ahí la necesidad de vincular la gobernabilidad democrática al tema de género, particularmente, porque hace referencia, al cambio de las instituciones, las cuales delimitan, por un lado, las oportunidades, y por otro, las restricciones que los individuos y grupos enfrentan en su relación con los demás en distintos ámbitos institucionales. Las instituciones, que pueden ser formales leyes y organizaciones e informales (producto de la repetición y las costumbres), no sólo condicionan la interacción entre las personas sino también, dan forma a las expectativas que pueden mantener las personas en sus relaciones con los demás (Guell, 2002).

El sistema social de relaciones de género es básicamente un orden institucional, es decir, se trata de un conjunto de normas y convenciones que cristalizan determinadas concepciones y mentalidades e inciden en las percepciones que hombres y mujeres tienen de sí mismos así como en sus aspiraciones. Estas normas y convenciones condicionan su acceso a oportunidades al mismo tiempo que limitan el campo posible de sus elecciones. Este sistema está imbricado con otros ordenes institucionales, de manera tal que la modificación de cualquiera de ellos, la familia, la economía, la política o la cultura, afecta el orden de género, así como también los cambios en el sistema de relaciones de género afectan las otras instituciones.

El sistema de género tiene raíces estructurales (división sexual del trabajo) e institucionales (normas y reglas) que guían la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad y entre hombres y mujeres en particular. Se construye también a nivel simbólico, se nutre, se sustenta y reproduce en las concepciones, mentalidades e imaginarios colectivos. Este sistema ha hecho posible que los hombres movilicen una gama mayor de recursos símbolos, autoridad, reconocimiento, objetos y servicios en distintos terrenos institucionales.

Los comportamientos sociales de hombres y mujeres, las normas y reglas que rigen sus intercambios, las representaciones sobre lo femenino y lo masculino son productos históricos, resultado de pactos y negociaciones sociales explícitas o implícitas entre distintos actores, grupos y colectividades. Las mujeres han entrado tradicionalmente en posiciones subordinadas en estas negociaciones debido a su posición en la división sexual del trabajo y a los diversos mecanismos institucionales que las conforman como un grupo subordinado en la división de recursos, responsabilidades, atributos, capacidades, poder y privilegio. Bajo una aparente neutralidad, las normas y reglas se generalizan y estabilizan concepciones y prácticas sociales que excluyen a las mujeres de las oportunidades y de la posibilidad de adquirir capacidades.

En este sentido, parte del poder que se ejerce sobre las mujeres reside en la capacidad de construir reglas de juego de manera de disfrazar las operaciones de poder y construir la ilusión de consenso y complementariedad (Kabeer, 1998).

Un ejemplo de estas prácticas que contribuyen a la subordinación de las mujeres se encuentra en la preferencia de las instituciones económicas por cierto tipo de destrezas y habilidades, generalmente asociadas a lo masculino, así como por agentes económicos que estén libres de trabas impuestas por los cuerpos, las familias o identidades sexuales.

Las normas que regulan la división del trabajo dentro de la familia restan tiempo a las mujeres para acceder al espacio público, mientras que liberan a los hombres para la producción del mercado gracias al trabajo doméstico realizado por ellas. La existencia de restricciones legales y administrativas limitan el campo de ocupaciones a las que pueden ingresar y los salarios que pueden percibir las trabajadoras. Las relaciones de dependencia de las mujeres con respecto a los hombres ``justifican'' que los recursos producidos o destinados a ellas sean usados por los varones o que las mujeres posterguen sus intereses beneficiando a otros miembros del hogar.

El dominio físico e histórico de los hombres en la esfera pública ha significado que sus necesidades e intereses hayan impregnado las instituciones públicas y que los patrones de trabajo cotidianos y las formas de comunicación hayan sido estructuradas alrededor de sus capacidades y necesidades. El escaso control y poder de las mujeres para incorporarse en estos espacios públicos y decidir sobre los recursos e ideas para tomar decisiones las excluye, y con ello, su experiencia, demandas y alternativas son dejadas de lado.

En efecto, las mujeres siguen enfrentando problemas para acceder a posiciones de liderazgo institucional, político y de autoridad pública. Existen pocas mujeres en los altos niveles de decisión y muchas no están dispuestas a desafiar la práctica dominante. Esto explica por qué el acceso de mujeres a posiciones de autoridad, cuando están en condición de minoría, no se traduce necesariamente en una mayor articulación de los intereses del conjunto de mujeres y que estén expuestas a la cooptación de sus intereses a los intereses derivados de su pertenencia a una clase, a una etnia, a una cultura.

Finalmente, las reformas constitucionales de los códigos, de la normatividad del Estado no eliminan directamente los mecanismos de discriminación presentes en la práctica jurídica y en las mentalidades de los operadores de la justicia y funcionarios que deben aplicar las nuevas normativas.

Desde otra perspectiva, las reglas y normas en una sociedad tienen un papel definitorio en las relaciones que se establecen en el Estado, el mercado, y la familia, relaciones en las que se sustenta en gran medida el orden de género. Las mujeres han funcionado, por ejemplo, como un factor oculto de equilibrio para absorber los shocksde los programas de ajuste de la economía. Para compensar la disminución de los servicios sociales por la caída del gasto, han debido intensificar su trabajo doméstico y dada su posición en la familia y en el mercado de trabajo han sido parte de la estrategia desreguladora del mercado de trabajo (Guzmán y Todaro, 2001).

Asimismo, cuando las políticas consideran a la familia como un todo homogéneo y delegan en ella la responsabilidad de la atención de problemas sociales asumidos antes por el Estado, no sólo se corre el riesgo de profundizar la tradicional división sexual del trabajo, sino también de frenar los procesos de individuación de las mujeres que les permiten constituirse como sujeto social y colectivo.

Es importante abrir espacios para la generación de nuevas reglas y normas que regulen la interacción entre actores de manera más equitativa. Sin embargo, si en el proceso de constitución de las nuevas normas, las mujeres no tienen la misma relevancia que otros actores, pueden permanecer excluidas en los procesos de construcción de nuevas institucionalidades. De esta manera, ni la gravedad de los problemas que enfrentan ni sus aportes a la reproducción de la sociedad, al fortalecimiento de la sociedad civil y a las luchas democráticas, serán considerados en la construcción de las nuevas institucionalidades.

En este sentido, la igualdad de género va mucho más allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las mujeres en los procesos de transformación de las reglas básicas, jerarquías y prácticas de las instituciones públicas. Si las mujeres no están en los espacios donde se debate y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad, no es seguro que las instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y valores, las incluyan en procesos de capacitación de destrezas y habilidades, y les reconozcan el mismo grado de agencia que a los demás actores en el terreno público.

En suma, es posible articular la gobernabilidad democrática y la equidad de género siempre y cuando las mujeres ganen fuerza y legitimidad en los espacios públicos e ingresen en los debates articulando sus intereses de género con los intereses más generales de la democracia y la gobernabilidad democrática. Esto permitirá que, en los procesos de creación de nuevas instituciones, se incluya un análisis de género que contribuya a debilitar los mecanismos que operan a nivel de las mentalidades, de las normas institucionales, de los patrones de comportamiento y de subjetividades, que constituyen a las mujeres como un grupo subordinado en las relaciones que el Estado establece con la sociedad o en las relaciones que se establecen entre Estado, mercado y familia.

Bajo el anterior orden de ideas, es menester que las mujeres gocen del pleno goce y ejercicio de sus derechos, para lo cual es impostergable que cuenten con una ciudadanía civil plena, en todas las esferas, a saber: comprende los llamados 'derechos civiles',es decir, los elementos necesarios para asegurar las libertades del individuo: de expresión, de profesar una religión, el derecho a la propiedad y a ser juzgado por la ley, etc. La 'institución' más directamente relacionada con la ciudadanía civil es la 'administración de justicia'.

Ciudadanía política: Incluye los 'derechos políticos', que comprenden un doble aspecto: el derecho a participar en el ejercicio del poder político (derecho al sufragio) como también el derecho a ser elegido para el desempeño de un cargo público. Las instituciones que se encuentran más cercanas a este derecho son el 'Parlamento' y las demás 'instituciones representativas'.

Ciudadanía social: Se refiere a los llamados 'derechos económicos o sociales', que consisten en el derecho a gozar de cierto nivel mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica, definido a partir de los estándares prevalecientes en cada sociedad. Las instituciones que más se relacionan con la ciudadanía social, de acuerdo con este enfoque, son el 'sistema educativo y el de seguridad social'.

Es decir que se puede considerar a la ciudadanía como un producto de la política moderna, pero es a su vez, una consecuencia sociopolítica de las Revoluciones Francesa e Industrial. El término 'ciudadanía' comprende, en su plenitud, la salida de una sociedad feudal y esclavista y el ingreso a una de tipo capitalista. Está construida al mismo tiempo, por la 'modernidad' y como consecuencia del proceso de 'modernización'.La ciudadanía como institución, presupone que todos los cambios que se han dado en las sociedades tradicionales, llámense 'urbanización', 'secularización', 'industrialización' y 'modernización de la cultura', le han dotado de existencia y consistencia.

Por ello resulta fundamental no confundir a la ciudadanía con prácticas concretas, ya se trate del ejercicio del derecho al sufragio, de las políticas sociales del Estado de bienestar o de cualquier otra política específica. Si bien estas políticas o prácticas constituyeron históricamente el eje de las luchas por lograr esferas de inclusión, desde una perspectiva analítica, la ciudadanía constituye la expresión histórica de reclamos normativos que se han traducido en los derechos civiles, políticos y sociales.

En relación con la problemática de la mujer en general, existe un uso impreciso y muchas veces una confusión, entre los conceptos de 'sexo' y de 'género'. El concepto de 'sexo' remite a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el hombre y la mujer (macho y hembra en la especie humana), mientras que 'género' se refiere a la construcción social desigual basada en la existencia de jerarquías entre ambos sexos y a las consiguientes relaciones asimétricas de poder que se generan a partir de allí. Esta última diferenciación no es sólo conceptual sino que tiene efectos políticos, sociales y culturales. Es decir, el género hace referencia a todos aquellos atributos y roles sociales cambiantes (el sexo, por el contrario, es estático) que una sociedad le asigna a lo 'femenino' y a lo 'masculino'. La perspectiva de género busca separar la idea de 'mujer' o de 'hombre' para evidenciar las múltiples posiciones que los sujetos sociales pueden ocupar (Pautáis, 2000).

Si algo caracteriza al tratamiento de la problemática de la mujer en estos tiempos es por una parte, la ausencia de consideración del tema o por el contrario, su utilización con fines políticos. Es decir que, en cierta medida, se potencian los factores que producen situaciones de discriminación y la reproducen, y se declama que es una situación de corto plazo, que sólo afecta a una minoría dentro del colectivo femenino, y que puede resolverse con buenas técnicas de administración y con el 'esfuerzo' de las interesadas. Así, las mujeres terminan siendo el objeto o específicamente, la razón de ser de muchos programas sociales, que no están precisamente preocupados en lograr una mayor autonomía de las mujeres frente a las situaciones de discriminación sino por el contrario, al tratarse de su 'población-objetivo', se busca que dicha situación persista, en tanto justifica la cantidad de recursos técnicos y económicos que se destinan a tal fin.

Esta visión busca concentrar la atención en la descripción minuciosa de las características del colectivo femenino, y particularmente de las mujeres pobres quienes, al igual que todos los pobres, conforman una 'especie' diferente con respecto al resto de la ciudadanía. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cómo es su situación laboral y familiar? ¿Cómo viven? ¿Por qué no pueden disfrutar de los beneficios de la vida en sociedad? ¿Existe discriminación real o es solo una 'victimización'?

La ausencia del abordaje de las políticas públicas desde una perspectiva de género explica el fracaso e ineficacia de las actuales estrategias políticas que sólo se preocupan por perfeccionar los métodos para detectar y clasificar las carencias de las mujeres, sus dificultades de inserción, y no se parte precisamente del presupuesto de la existencia de una estructura de poder diferenciada que genere relaciones asimétricas.

Nuevamente, se resalta que las políticas y programas que hoy se presentan como de 'promoción' de la mujer no sólo que no 'promocionan' mejores oportunidades, sino que consolidan perversamente la situación discriminatoria preexistente y reducen aún más, las posibilidades de su desarrollo autónomo. En realidad, se trata de políticas 'contra' la discriminación femenina, que en forma similar a las políticas de lucha 'contra' la pobreza, no buscan la superación del problema y la efectiva inserción de la mujer --o de los pobres-- en iguales condiciones, sino que limitan el problema a un espacio social determinado y codificado, de manera que se amplíen los márgenes de tolerancia y se evita así la alteración del normal funcionamiento de la sociedad.

Como es de todos sabido, la conquista de los derechos de ciudadanía para las mujeres, entendida como su alcance efectivo, no solo que no está asegurada sino que presenta serias limitaciones.

En primer lugar, las premisas que sustentaron la construcción de particulares tipos de Estados de Bienestar en América Latina, ya no son válidas. No sólo porque el modelo de desarrollo económico que las sustentaba no tiene vigencia, sino porque los patrones de producción y comercialización han cambiado, ha crecido el sector servicios, como también las esferas de informalidad y el propio rol del Estado. Los arreglos familiares y sociales también han variado: la familia tradicional, basada en los ingresos de un jefe de familia varón, ya no es la regla. Las modalidades de vida están cambiando y diversificándose y la presencia de movimientos sociales como el feminismo o el ecologismo, han puesto en discusión este modelo de interrelación social.

A ello debe agregarse el dramático crecimiento de las desigualdades entre los diversos niveles de ingresos y la exclusión del empleo asalariado. La lucha contra el desempleo ha pasado a constituirse en uno de los objetivos centrales de este arreglo institucional. Es decir que la proporción de personas empleadas ha crecido por ciclos, casi en la misma proporción de crecimiento que presenta la gente desempleada. Incluso más, el nuevo escenario posreforma muestra a las sociedades latinoamericanas en las cuales

Aumenta sostenidamente la participación económica femenina;

El desempleo tiene características estructurales;

La relación laboral se ha 'precarizado' y es cada vez más inestable, al igual que la protección social;

Avanzan los arreglos familiares diferentes al hogar nuclear y cambian también los patrones reproductivos.

Lo señalado hasta aquí da cuenta de la persistencia de las situaciones de discriminación en el acceso al mercado de trabajo para las mujeres. Quedan muchas otras situaciones de discriminación que, por razones de espacio, no ha sido posible señalar. Allí radica la necesidad e importancia de considerar la variable género en el análisis de los procesos sociales.Todos estos factores, sumados a una fuerte voluntad política, han conducido a la revisión del modelo de sistema de seguridad social. Queda la pregunta, ¿bajo qué valores se realizaron las reformas y cuál es la discusión de la ciudadanía en el nuevo modelo de Estado latinoamericano?

En consecuencia, ante este escenario de tipo excluyente resulta indispensable entablar nuevas discusiones en torno al alcance efectivo de los derechos sociales para los ciudadanos en general, y para las mujeres en particular. En otros términos, cualquier proceso de reforma de instituciones sociales, y con mayor razón si se trata de la nueva definición del Estado, debe hacerse en el marco de un debate público y participativo de todos los ciudadanos/as, para que puedan expresar sus demandas en torno a las políticas e instituciones reformadas.

Otra vez, las demandas y necesidades diferenciales de las mujeres deben ser consideradas en todo su alcance, ya que no sólo importa su calidad de miembros de la sociedad, sino cómo disfrutan de tal derecho. Por ello, la participación social es una forma indispensable en el ejercicio de la ciudadanía, constituye un bien en sí misma, no depende de si se la ejercita o no. Se trata de lograr medidas y acciones de gobierno que promuevan efectivamente la autonomía y las capacidades personales como también de fortalecer el ejercicio de las libertades personales y democráticas.

Se diseñan 'programas para mujeres' o se incorpora a las mujeres en otro tipo de programas sociales vigentes, con una fuerte estrategia publicitaria de 'incremento de participación femenina'. Por cierto, resulta poco estimulante para las mujeres que el aumento de su participación se dé a partir del trabajo doméstico o del crecimiento del sector informal. Después de todo, si la tendencia a la mejora de las mujeres es tan evidente, ¿por qué se diseñan tantos programas especiales para ellas? La realidad es otra: las mujeres siguen siendo fuerza de trabajo barata, cuyos derechos son fáciles de postergar.

Aun reconociendo las potencialidades de las mujeres, especialmente las de sectores populares, y sin desechar los efectos positivos de la solidaridad moral, es claro que por estos caminos, no se resolverá el problema. Pese a sus esfuerzos individuales y a la proliferación de almas caritativas, las mujeres, los pobres, los discapacitados, seguirán inhabilitados para superar su situación si no se construyen instituciones que garanticen su inserción y su participación de forma permanente en los beneficios de la organización social. La discriminación por género, en realidad, es una de las tantas expresiones de un problema más complejo: los modos de inserción social de las personas y las formas en que se mantiene la cohesión en sociedades profundamente desiguales.

Los individuos pueden desarrollar sus capacidades en sociedad sólo cuando tienen aseguradas ciertas condiciones básicas de existencia autónoma y no cuando dependen de la voluntad asistencial o de algún programa de 'promoción social'. Es evidente que ya no se busca garantizar sus derechos como ciudadanas, sino que se implementa un 'programa para'. De esta manera se desdibuja el contenido de los derechos sociales. Esta calidad de 'beneficiaria' y no de ciudadana, va a establecer una nueva definición política y cultural de los papeles productivos y reproductivos de la mujer.

Así, los programas de empleo, capacitación para primer empleo, etc. colocan a la mujer como 'dependiente' de un subsidio del gobierno. Todo esto se realiza en nombre de la 'independencia' y 'mayor autonomía de la mujer', aunque en los hechos se la oriente hacia una inserción en el mercado de trabajo como 'microempresaria' o en el sector servicios. De esta forma, se adhiere a las mujeres a la igualdad, se incorporan derechos constitucionales y pactos contra la discriminación, pero en los hechos, las oportunidades se distribuyen de forma no equitativa y de acuerdo a diferencias que se basan en el sexo, la raza o el ingreso.

La pregunta central, entonces, radica en cómo deben garantizarse esas condiciones básicas de existencia autónoma. En primer lugar, se considera que no hay forma de luchar efectivamente contra la discriminación si no se construyen redes de seguridad social universales que tengan sus impactos más potentes sobre los grupos sociales menos autónomos. Entre otras cosas, esto se lograría incluyendo a las mujeres en arreglos institucionales que den cuenta de los problemas de inseguridad social y precariedad laboral que afectan a la mayor parte de la población. La salida no está en acciones aisladas que busquen alivios transitorios de daños que son irreparables, sino en políticas estables que generen las condiciones necesarias para que las personas no transiten trayectorias que las lleven a la marginación y exclusión. Estas redes deberían funcionar de forma permanente y garantizarse desde el nacimiento de cada ciudadano y ciudadana.

La seguridad social y la equidad, en tanto objetivos rectores en materia de política social, implican necesariamente un conjunto de políticas y acciones integradas de carácter preventivo, que no reaccionen simplemente frente a situaciones extraordinarias de emergencia, y especialmente, que no representen paliativos de la marginación y de las desigualdades provocadas por una política económica que impacta sobre la población. Por ello, resulta fundamental la participación ciudadana por medio de los canales institucionales establecidos, para garantizar políticas e instituciones acordes con las necesidades de la población. En otros términos, se debe evitar que se sigan aplicando políticas de refuerzo de mecanismos que consideren al trabajo femenino como estrategia de supervivencia, sino que se lo promueva como fuente de desarrollo de capacidades y de participación ciudadana.

Una vez definida la escasa realización de los derechos sociales como 'problema', resulta más fácil encontrar cursos de acción. Es decir, que no se debe confundir la falta de aplicación o ausencia de vías de implementación con el problema mismo, ya que de este modo, no se construye ninguna definición y mucho menos una solución. Se pasa a construir un falso problema. Esta falta de claridad en el concepto de los problemas es lo que ha generado innumerables círculos viciosos que impiden articular políticas integrales de seguridad social y volver efectivos los derechos sociales. Se trata, entonces, de abrir nuevos espacios que amplíen los márgenes de actuación de las políticas públicas, y que a su vez, impliquen cambios graduales en la nueva estructura del Estado posreforma, pero que establezcan una clara reversión de las tendencias, en dirección a la consideración de las diferencias de género y ampliar las oportunidades de vida de las mujeres.

La igualdad de trato y la igualdad de oportunidades son principios fundamentales reconocidos por el Derecho comunitario. En este tenor, las acciones positivas surgen generando debate, ya que suponen una ``excepción'' al principio de igualdad general. Frente a esto, han surgido en el derecho internacional diferentes tesis, entre las que destacan

El principio general es el de igualdad de trato, principio que, por su propia naturaleza, no puede tener carácter absoluto y, en consecuencia, puede admitir excepcionalmente la existencia del trato distinto siempre que esté justificado en criterios de objetividad y proporcionalidad.

Las excepciones al principio de igualdad de trato, por constituir una excepción a la regla general, no pueden ser interpretadas extensivamente sino en sentido restrictivo.

En el terreno de la promoción profesional, las acciones positivas se concretan de la siguiente manera: en una escala profesional determinada, a igualdad de currículum profesional, se preferirá al sexo menos representado.

En tal razón, la igualdad de oportunidades significa no sólo acabar con todos los tipos de discriminación existentes, sino además promover las acciones necesarias para compensar aspectos discriminatorios de los que históricamente han sido objeto las mujeres.

La acción positiva o compensatoria, es una estrategia temporal destinada a remover situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales y sociales que impiden a un grupo social minusvalorado o discriminado (en función de la raza, sexo, situación física de minusvalía, etc.), alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades. Se dirige a modificar tanto situación de un grupo social marginado como las acciones concretas de discriminación indirecta que sufre la persona individual por el hecho de pertenecer a ese grupo.

Las medidas de acción positiva van más allá del control de la aplicación de las leyes que desarrollan el principio de igualdad, y son acciones colectivas tendientes a proporcionar ventajas concretas al colectivo marginado o en situación de desigualdad social.

La acción positiva consiste en el conjunto de medidas que tienen por finalidad eliminar los obstáculos que se ponen a la igualdad real o de hecho entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta que

Se trata de un conjunto de medidas cuyo objetivo es crear las condiciones de cambio en la condición social de la mujer.

Posibilitan una intervención temporal a favor de las mujeres mediante la vía legislativa o mediante acuerdo-pacto colectivo o una mezcla de ambas.

Se basan implícitamente en un funcionamiento no correcto de las políticas formales de igualdad y apuestan por recurrir a la desigualdad provisional de trato para alcanzar la igualdad concreta.

La acción positiva es el conjunto de medidas correctoras que, aplicadas con carácter temporal, producen un efecto beneficioso sobre la condición y la posición de las mujeres en el mercado de trabajo con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La verdad es que la afectación a la igualdad como consecuencia de una acción positiva o compensatoria es inevitable. Pero viene justificada por esa necesidad de alcanzar la igualdad de hecho. La igualdad se manifiesta en la aplicación del Derecho también en la creación del mismo, no debiendo establecerse normas que vulneren la igualdad, siempre que no exista una justificación objetiva y razonable para esa afectación a la misma.

La realidad social actual nos demuestra que, hoy por hoy, estas medidas que favorezcan, por ejemplo, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, son ineludibles. Desde aquí desearíamos que estas medidas de fomento para lograr la igualdad efectiva no tuviesen razón de ser, porque eso sería la señal de que la igualdad ya ha sido conseguida y las mismas dejarían de tener sentido. Pero esto en los tiempos que corren sigue siendo un objetivo a alcanzar. Discriminaciones que se producen en materia de acceso al trabajo continúan siendo uno de los ámbitos que siguen requiriendo la existencia de medidas justificadas, por ese derecho a la igualdad que todos tenemos constitucionalmente garantizado. Dentro de todo este discurso sobre las acciones positivas encontramos la discriminación inversa como una de sus principales manifestaciones, aunque poco utilizada en nuestro país. Esta forma de discriminación legítima debe verse de forma restrictiva pues afecta a derechos fundamentales, afecta concretamente a la igualdad, pero a la igualdad de ese colectivo que por las razones que fueren, sin una justificación objetiva y razonable, ha sido históricamente privilegiado.

Para ser eficaz, la acción positiva o compensatoria debe abordar los siguientes objetivos:

Eliminar los obstáculos existentes para la consecución de la igualdad real, tanto a nivel de normas como a nivel de costumbres.

Compensar los efectos que la discriminación histórica padecida por las mujeres ha producido.

Fomentar la participación de las mujeres en ámbitos de los que hasta ahora ha sido excluida.

La consecución de estos objetivos generales exige que la acción positiva se articule en dos niveles:

a) Medidas de acción positiva: Son actuaciones puntuales cuya finalidad es la eliminación a corto plazo de algún obstáculo concreto.

b) Programas de acción positiva: Son actuaciones complejas cuya finalidad es conseguir, a medio y largo plazo la igualdad real entre hombres y mujeres en un marco específico.

El argumento jurídico tiene sus bases más sólidas, sobre las acciones positivas a favor de las mujeres, las cuales encontramos en la ``Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer'', aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1974, dice: ``La adopción de medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres, nunca puede considerarse como un acto discriminatorio con respecto a los hombres''.

Como es claro, la adopción de medidas distintas entre desiguales no es discriminatoria si tiene por objeto compensar una situación de partida diferente y desventajosa para el colectivo desfavorecido.

Para una mejor comprensión del tema, vale la pena revisar que las constituciones decimonónicas regularon, fundamentalmente, la relación Persona-Estado. Desde esta perspectiva, las libertades, derechos y garantías, incluida la igualdad, tienen, fundamentalmente, efecto vertical. La principal obligación del Estado, entonces, es mantener un ordenamiento en el que todos sean iguales.

Para comprender mejor este punto inicial del razonamiento es conveniente distinguir las siguientes nociones:

a) Igualdad en la ley: se trata de un mandato dirigido principalmente al legislador, para que regule las diversas situaciones sin hacer discriminaciones odiosas. Normalmente, es una noción fácilmente verificable pues hay discriminaciones obvias; por ejemplo, en 1880 la Corte Federal norteamericana dijo: ``Si una ley excluyera a todos los hombres blancos de prestar servicios como jurados, nadie podría decir que no se ha privado a los hombres blancos de la protección igualitaria de la ley''.

b) Igualdadantela ley: es propia de la aplicación de la ley y, consecuentemente, es una regla dirigida y aplicada fundamentalmente por los jueces.

La interpretación judicial juega un rol superlativo y la pregunta a contestar es: ¿cuál es la función del juez y del legislador frente a los comportamientos sociales?

c) Igualdad por la ley: el Estado corrige ciertas desigualdades de hecho a través de la ley. Teniendo en miras esta igualdad se ha dicho: ``Legislar quiere decir clasificar, crear disparidad entre los sujetos del ordenamiento''.

La igualdad por la ley o a través de la ley implica reconocer las desigualdades de la naturaleza. Así se ha dicho: ``Los hombres nacen iguales, pero en todos lados son diferentes''. En esta línea argumentaba Vauvenargues en el siglo XVIII: ``Es falso que la igualdad sea una ley de la naturaleza. La naturaleza no ha hecho nada igual; su ley soberana es la subordinación y la dependencia. El nacimiento nos ha hecho hermosos o feos, vigorosos o endebles, inteligentes o estúpidos, con un carácter enérgico o vacilante''.

La afirmación ``todos los hombres han sido creados iguales'' no es, entonces, una verdad científica, sino una afirmación política. En este sentido decía Rousseau: ``Debido a que la fuerza de las circunstancias tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe tender siempre a mantenerla''. La obligación del Estado, entonces, no es abstenerse; por el contrario, está llamado a promover la igualdad a través de medidas concretas, a volverla más real, a corregir las desigualdades naturales y sociales, a emancipar a las víctimas de los desequilibrios sociales''.

Toda persona vive en sociedad y, consecuentemente, no sólo se relaciona con el Estado sino también con otras personas individuales y con grupos de personas. La toma de conciencia de esta realidad ha hecho que el problema de la libertad hoy se plantee al nivel de los poderes de la sociedad civil: ``No importa tanto que el individuo sea libre respecto del Estado si después no es libre en la sociedad. Lo que caracteriza a la sociedad tecnocrática no es el hombre esclavo, el hombre siervo, sino el no hombre, el hombre reducido a autómata, a engranaje de una gran máquina''. ``La sociedad, en su totalidad, se considera como una inmensa competición para la consecución de bienes escasos y el principio de igualdad de oportunidades, elevado a principio general, apunta a situar a todos los miembros de una determinada sociedad en las condiciones de participación en la competición de la vida, o en la conquista de lo que es vitalmente más significativo partiendo de posiciones iguales. Ahora bien, hay que atender al hecho de que, precisamente, si situamos individuos desiguales por nacimiento en las mismas condiciones de partida, puede ser necesario favorecer a los más desposeídos y desfavorecer a los más acomodados, es decir, introducir artificialmente, o bien imperativamente, discriminaciones de otro modo no existentes, como sucede en algunas competiciones deportivas en las que a los competidores menos experimentados se les concede una cierta ventaja respecto de los que lo son más. De tal modo, una desigualdad se convierte en instrumento de igualdad, por el simple motivo de que corrige una desigualdad precedente; la nueva igualdad es el resultado de la nivelación de dos desigualdades''.

Este punto de partida presupone la distinción entre ``igualdad formal y sustancial'', ``igualdad de derecho y de hecho'', law in books/law in action,expresiones que hoy tienen un lugar destacado en el lenguaje de los juristas.

No hay acuerdo doctrinal sobre el contenido de la expresión ``acciones positivas''. Con el fin de facilitar el contenido de estas reflexiones, transcribo el concepto emanado del Comité para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa: ``Estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales''.

El objetivo de la acción positiva es, genéricamente, el establecimiento de una igualdad de hecho entre un grupo dominante y un grupo discriminado. En principio, no tienen por finalidad la igualdad entre los individuos, aunque, obviamente, el mejoramiento del grupo trae el de los individuos que lo forman.

Para una mejor distinción entre acciones positivas y políticas de diferenciación legal para la igualdad, exponemos los siguientes ejemplos:

1. Un presidente municipal resuelve hacer rampas para discapacitados en lugares públicos;

2. El mismo funcionario reserva un porcentaje de los cargos municipales para los discapacitados.

En el primer caso, simplemente ha tomado una resolución política de diferenciación para la igualdad; en el segundo, en cambio, ha decidido un supuesto de acción positiva.

Las políticas de diferenciación para la igualdad son una práctica muy común en las sociedades contemporáneas. Así, por ejemplo, se proveen becas sólo para estudiantes económicamente necesitados; se fomenta la radicación de industrias en regiones o zonas muy deprimidas; se construyen instalaciones especiales para discapacitados en transportes y edificios públicos; en el ámbito impositivo se atribuyen cargas fiscales desiguales según los tramos de ingresos, se otorgan exenciones en bienes de primera necesidad, etcétera. La posible exclusión o rechazo de estas medidas se presenta sólo como una cuestión de oportunidad o conveniencia política, debido a la escasez de recursos y a la prioridad de tal o cual política, pero no como un problema constitucional.

La acción positiva, en cambio, impone medidas diferenciadoras directamente encaminadas a privilegiar a determinados grupos minoritarios (o tratados como si fuesen minorías), como pueden ser las concesiones de viviendas a bajo precio a colectivos de indígenas, subsidios a las empresas que contratan a trabajadores minusválidos, etcétera.

La acción positiva se caracteriza por los siguientes elementos:

a) La medida diferenciadora se refiere a un tipo de desigualdad por rasgos que, como el sexo, la raza o similares, tienen una doble cualidad: son transparentes e inmodificables para los individuos que lo portan; y son considerados por la sociedad tendencial o generalmente, aunque no necesariamente de forma negativa, sea sólo minusvaloradora, sea también despectiva y hasta estigmatizadora;

b) Se produce en una situación de especial escasez, como sucede con los puestos de trabajo, plazas universitarias, viviendas, etcétera, lo que provoca que el beneficio de ciertas personas tiene como contrapartida un claro y visible perjuicio a otras.

Las acciones positivas son sólo una técnica posible o permitida en manos del legislador bajo las condiciones estrictas de derecho constitucional, pero no pueden serle impuestas al Estado si éste no quiere asumirlas.

Cuando la Constitución se ve como un cuerpo que protege a la persona sólo frente a los avances del Estado, lo único que cabe reclamarle es neutralidad; por el contrario, cuando se analizan las relaciones de los hombres en sociedad, la neutralidad, la no intervención significa, fácticamente, dejar hacer a los más poderosos; la neutralidad, entonces, implica participar en los resultados, por omisión. La pregunta es ``¿se satisface el derecho a la vida o a la integridad corporal cuando el Estado se abstiene de lesionar activamente tales bienes y prohíbe a los particulares que hagan lo propio, o esos derechos sólo resultan respetados cuando el Estado provee de las condiciones que son necesarias para preservar esos bienes y obliga a los particulares a contribuir para tal provisión?'' Dice bien Maidowski: ``Cuando el Estado se mantiene neutral frente a la desigualdad o el desequilibrio social, en realidad, deja de ser neutral, pues lo que hace en tomar partido por el statu quo''.

Se acepta, en general, que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación; por eso, el Estado debe dar mayor atención a quienes tienen menos dotes naturales y a quienes han nacido en las posiciones sociales menos favorables. Se reconoce, sin embargo, que la compensación no es el único criterio de justicia; dice Rawls: ``la distribución natural no es ni justa ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Estos son hechos meramente naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto a estos hechos. Las sociedades aristocráticas y de castas son injustas porque hacen de estas contingencias el fundamento adscriptivo para pertenecer a clases sociales más o menos cerradas y privilegiadas. En la justicia como imparcialidad los hombre convienen en aprovecharse de los accidentes de la naturaleza y de las circunstancias sociales sólo cuando el hacerlo sea para el beneficio común''. De lo que se está seguro, entonces, es que ``el Estado no debería hacer en favor de aquellos que inicialmente están más aventajados''.

Es menester señalar que las acciones positivas o compensatorias

No son una panacea universal de eficacia infalible; dependen de las particularidades, idiosincrasia y antecedentes de cada Estado; así, por ejemplo, la discriminación racial en Estados Unidos no tiene las mismas características en Argentina.

Se trata de políticas limitadas, que deben diseñarse y calibrarse con precaución y aplicarse con mesura sólo en sectores estratégicos o especialmente importantes.

Son sólo una posibilidad abierta entre otras políticas que sirven a los ideales de igualdad e integración social.

Dado que son un mecanismo peligroso por el coste individual que imponen, sus presupuestos deben ser respetados escrupulosamente, aunque ello suponga una importante complejidad técnica.

b) Las acciones positivas apuntan hacia el futuro. Estas medidas no sólo pretenden reparar el pasado; también contemplan el presente y el futuro; en tal sentido aspiran a: eliminar la tensión social, incrementar la diversidad de la fuerza de trabajo, encontrar un futuro racial y sexualmente integrado, conseguir una situación más justa, etc. Por eso se ha dicho que ``las acciones positivas son más defendibles como arquitectura de un futuro mejor que como compensación por los pecados de discriminaciones históricas''.

c) No puede pretenderse que una discriminación fundada en la pertenencia a un grupo (criterio colectivo) sea atacada con medidas exclusivamente individuales. Las discriminaciones sociales que configuran el presupuesto para que se asuman acciones positivas tienen por base la pertenencia a un grupo y no los caracteres individuales de cada uno de los miembros de ese colectivo. Los discriminados integran una minoría, entendiendo por tal no necesariamente una minoría numérica, sino ``el conjunto de individuos que, por razones históricas, económicas, políticas o de otro género y en dependencia de rasgos raciales, sexuales, étnicos o lingüísticas, se encuentran en una condición de desventaja frente a otros conjuntos de individuos de la misma sociedad''.

El favor del derecho por ciertos grupos marginalizados no nace, entonces, de una culpa personal del que sufre la acción positiva sino de las estructuras fuertemente instaladas en la sociedad; por eso, todos los miembros de la clase privilegiada comparten la obligación y deben respetar el costo necesario del remedio.

El ciudadano excluido que deja lugar al beneficiado con la acción positiva no tiene, efectivamente, ninguna culpa; no es su culpa que la rectificación de las injusticias sea una necesidad de la sociedad; sin embargo, él tampoco tiene el derecho de impedir que se pongan en marcha medidas más eficaces para tener en el futuro una situación más justa. De este modo, la desigualdad se revela como un buen instrumento para realizar la igualdad.

No se desconoce la dificultad en plantear la línea divisoria entre las distinciones fundadas en prejuicios y las otras, pero, como dice Dworkin, el hecho de que una línea sea difícil a trazar, no quiere decir que no haya que trazarla o destruirla cuando ya está trazada.

d) La bondad de los fines. Las acciones positivas persiguen fines justos, entre otros: Provocar la reflexión social:

Se ha visto que la sociedad no siempre reconoce las discriminaciones injustas existentes en su seno; los programas de acción positiva tienden a que la sociedad las señale. Actualmente, la sociedad norteamericana es, de facto, consciente de las diferencias raciales, pero pudo no serlo antes, cuando la discriminación racial se veía, por las pautas culturales reinantes, como una cosa normal.

Las acciones positivas son una herramienta para la construcción de una sociedad más justa e integrada. El operador del Derecho no puede mantener los ojos cerrados a la realidad (wholly colour blind); muy por el contrario, debe trabajar por la diversidad. Así, las acciones positivas en la universidad no sólo sirven para trasladar a la universidad la pluralidad existente en la sociedad, sino para beneficiar la real inserción social pluricultural; en el área de los partidos políticos, las mujeres, tradicionalmente excluidas, pueden traer nuevos puntos de vista, etcétera.

Consecuentemente, la acción positiva es ilegítima si sólo preserva las pautas culturales discriminatorias. Por eso, en el caso Mississippi University for Women c/Hogan, la Corte Federal de Estados Unidos acogió la pretensión de un hombre que se quejaba por no poder ingresar a facultad de enfermeras, que reservaba todas sus plazas para las mujeres. La jueza O'Connors dijo, con razón, que políticas como la de esa universidad sólo sirven para perpetuar los estereotipos, dado que por años, las enfermeras han sido mujeres en su casi totalidad y una política de encerramiento de este tipo no sólo fomenta y destruye la virtud de la diversidad sino que produce una reducción de los salarios.

El valor del principio individualista de los méritos no debe ser ignorado; sin embargo, el mérito no es el único criterio de selección que genera el progreso; puede haber otros valores igualmente aceptables. No es necesario remontarse ``a la idea general de que el Estado social significa una vía intermedia entre 1789 (a cada uno según sus méritos)y 1917 (a cada uno según sus necesidades)'' para darse cuenta de que el principio del mérito no es absoluto, y en ocasiones puede ceder ante otro bien o valor constitucional, como es la igualdad de oportunidades. Por lo demás, las acciones positivas y las discriminaciones inversas benefician a sujetos similarmente situados, también en términos de mérito y capacidad; así, por ejemplo, las cuotas pueden ser reservadas no a cualquier integrante del grupo sino sólo a los que alcanzaron determinado nivel.

En suma, las desigualdades inmerecidas requieren una compensación, y dado que las desigualdades de nacimiento y de dotes naturales son inmerecidas (en tanto y en cuanto la persona nada ha hecho para obtenerlas), hay que compensarlas prestando mayor atención a quienes tienen menos dotes naturales y a quienes han nacido en posiciones sociales menos favorecidas.

La presente propuesta tiene no sólo su mejor justificación en la realidad misma que enfrentan las mujeres, sino que tiene sustento jurídico en lo mandatado por la Ley Fundamental, tratados internacionales suscritos por México y, desde luego, en la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de agosto, cuyo texto mandata el establecimiento de acciones positivas.

Por ello proponemos una ley no especial sino especializada que señale específicamente las acciones positivas que por mandato de Ley se deberán implementar, lo cual por economía procesal nos evita reformar diferentes textos legales, lo cual redituará en beneficio de la correcta aplicación de la norma al señalar en temas específicos cuál ha de ser el tratamiento que habrá de dar el juzgador en caso de controversia.

En este orden de ideas, el presente documento es la antesala para sellar un gran compromiso nacional de todas las fuerzas políticas aquí representadas, para avanzar en torno al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en nueve temas básicos, como son: educación, salud, trabajo, ciencia y tecnología, estadística, presupuesto, vivienda y derechos políticos, en torno a las cuales nos comprometamos a trabajar intensamente. Porque la estrategia para elevar y ampliar las oportunidades de las mujeres, y en general, para erradicar la discriminación debe ser una tarea conjunta, no basta con que los temas de género se incorporen a las agendas sino que es necesario un cambio cultural de largo alcance que dote de diferentes elementos a todas las mujeres de México.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de

Decreto

Único. Se crea la Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres.

Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e de interés social. El objeto de la misma es establecer las acciones y políticas públicas compensatorias o positivas a favor de las mujeres en condiciones de desventaja, que los poderes del Estado deberán instrumentar, en aras de impulsar el desarrollo pleno de las mujeres, erradicar la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos.

Artículo 2.Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad entre los géneros sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales en el ámbito de su competencia, deberán establecer todas las acciones positivas necesarias para que las mujeres superen los obstáculos que limitan en los hechos el ejercicio de sus derechos e impulsar su efectiva participación en todas las esferas de la vida política, económica, cultural y social del país.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por acciones y políticas compensatorias o positivas, las estrategias temporales destinadas a remover situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales, sociales, institucionales, económicas y políticas que impiden a las mujeres alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades, las cuales están destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrarrestar o corregir discriminaciones, así como todas las medidas emanadas de cualquiera de los tres Poderes del Estado, de impulso y promoción que tengan por objeto establecer la igualdad de género, sobre todo mediante las desigualdades de hecho.

Las acciones y políticas compensatorias o positivas deberán tener las siguientes características:

I. Tener lar finalidad de eliminar los obstáculos que se ponen a la igualdad real o de hecho entre hombres y mujeres;

II. Su objetivo debe ser crear las condiciones de cambio en la condición específica en que se encuentren las mujeres;

III. Posibilitar una intervención temporal a favor de las mujeres mediante la vía legislativa, ejecutiva, administrativa o judicial y/o mediante acuerdos colectivos; y

IV. Deberán producir un efecto benéfico y ventajas concretas sobre la condición y la posición de las mujeres.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, son sujetos tutelados las mujeres de todas las edades, ideologías, origen étnico o social, orientación sexual y religión que se encuentren en situación de discriminación o desventaja, en todas o alguna esfera de su vida.

Artículo 5.Para efectos de esta ley, son sujetos obligados:

I. Poder Ejecutivo;

II.Poder Judicial;

III.Poder Legislativo;

IV. Administración pública federal;

V.Organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos;

VI.Organismos públicos autónomos;

VII.Partidos políticos y agrupaciones políticas;

VIII.Las personas físicas y morales de derecho privado constituidas conforme a la ley correspondiente, que reciban recursos públicos o que ejerzan una función pública.

Capítulo II Derechos de las Mujeres

Artículo 6. Las mujeres de todas las edades tienen derecho a ser protegidas por el Estado, ante cualquier, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra.

Artículo 7. Los derechos de las mujeres estarán por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición o consideración religiosa, entre otros se enuncian los siguientes, los cuales son enunciativos, mas no limitativos:

Derecho a

1. La vida;

2. La igualdad;

3. La libertad y la seguridad personal;

4. Recibir protección de la ley y de las autoridades;

5. Estar libres de todas las formas de discriminación y de violencia;

6. Gozar de condiciones de trabajo justas y favorables;

7. Contar con el mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar;

8. No ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

9. Elegir empleo, ocupación o profesión;

10. Elegir libremente la maternidad y el número de hijos que desea tener;

11. Elegir estado civil;

12. Elegir libremente a pareja;

13. Elegir el domicilio donde desea vivir;

14. Elegir religión, creencias e ideologías;

15. Que se respete plenamente su orientación sexual;

16. Vestir de acuerdo con su elección;

17. Decidir libremente;

18. Gozar y ejercer plenamente sus derechos políticos y civiles,

19. Tener un trabajo bien remunerado;

20. Disfrutar plenamente de su sexualidad;

21. Deporte y recreación;

22. La cultura;

23. Gozar de todos los beneficios del desarrollo;

24. La alimentación;

25. La educación y capacitación de calidad;

26. Vivienda digna;

27. A un nombre propio;

28. A la justicia pronta y expedita;

29. Ejercer la sexualidad libre y responsablemente;

30. Elegir de manera libre e informada el uso de métodos de planificación familiar; y

31. Los demás que señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, Los Códigos y los Instrumentos Internacionales ratificados por México.

Capítulo III Educación

Artículo 8. La educación pública o privada que se imparta en las diferentes instituciones educativas estará libre de prejuicios sexistas, roles y estereotipos. Promoverá el adecuado desarrollo de las capacidades de las y los educandos sin que medie ningún tipo de discriminación, evitando el trato diferencial en detrimento de las mujeres mediante el lenguaje, los gestos, el tono de voz, la atención proporcionada, así como la calidad de la misma.

Sin menoscabo de lo establecido en diferentes cuerpos normativos, la educación en México deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Asegurar un acceso equitativo a la educación;

2. Erradicar el analfabetismo entre las mujeres;

3. Mejorar el acceso de las mujeres a una instrucción vocacional, científica y tecnológica y a una educación continua;

4. Desarrollar una educación y capacitación sin discriminaciones;

5. Asignar recursos para la implementación y el monitoreo de las reformas educativas con perspectiva de género;

6. Cuidar que el lenguaje incluya a las mujeres;

7. Asegurar que en los libros y materiales educativos las niñas, niños, hombres y mujeres estén representados igualitariamente, eliminando las imágenes o textos genéricamente estereotipados;

8. Promover una formación y actualización magisterial que contemple la perspectiva de género;

9. Favorecer diversas acciones positivas en materias que se han detectado como ``difíciles'' o ``poco interesantes'' a las mujeres, a través de programas especiales que incrementen el interés y confianza en sus capacidades; y

10. Incorporar en los materiales educativos a mujeres que se han destacado en diferentes campos del saber.

Artículo 9. Las mujeres y hombres de todas las edades serán beneficiarios de manera paritaria, de todos los programas públicos en materia educativa, así como de las becas, estímulos y reconocimientos otorgados con recursos públicos, por lo que ningún sexo será beneficiario de los mismos en una proporción mayor del cincuenta por ciento. Los recursos destinados para estos efectos no se contabilizarán dentro del porcentaje del PIB señalado en el artículo 18 del presente ordenamiento.

Capítulo IV Trabajo y Previsión Social

Artículo 10. El Estado garantizará la equidad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación entre los géneros, para lo cual

1. Quedarán eliminadas todas las disposiciones que contengan distinciones discriminatorias en contra de las mujeres, salvo cuando la naturaleza del trabajo a desempeñar requiera de características especiales.

2. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría del Trabajo, formularán programas de acción afirmativa, con el objeto de promover la igualdad de oportunidades y condiciones laborales de las mujeres, e instrumentarán los mecanismos adecuados para su seguimiento y evaluación.

3. Por medio de políticas públicas y de legislación específica se asegurará a la población femenina el acceso equitativo al trabajo productivo, al empleo, a los recursos productivos y a las nuevas tecnologías, en el marco de políticas de mejoramiento de su situación social y económica, así como el impulso por la igualdad de oportunidades y trato en materia de condiciones laborales y de remuneraciones, mejores condiciones para su desarrollo en el campo laboral y de acceso a puestos directivos. Asimismo, se impulsará mediante el establecimiento una cultura laboral que contemple prestaciones a los hombres en el sentido de fomentar el reparto equitativo de las cuestiones relacionadas con el cuidado y la crianza de los hijos, como pueden ser licencias por paternidad, servicio de guarderías y licencias por cuidados paternos, con el objeto de que la responsabilidad de la reproducción biológica de la especie, así como de los cuidados y crianza de los infantes, se transforme en una responsabilidad familiar y social.

Artículo 11. Con objeto de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres mediante la eliminación de discriminaciones salariales, el pleno respeto de sus derechos laborales, así como el acceso a los sistemas de previsión y seguridad social, la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá establecer un mecanismo, ágil y eficiente, a efecto de que cuando una mujer denuncie que percibe una salario menor al de un hombre por igual trabajo o mayor cantidad de éste, y el patrón no pueda demostrar lo contrario, se deberá hacer el ajuste correspondiente en un plazo no mayor de 30 días y resarcirle el sueldo durante el tiempo que haya sufrido la discriminación salarial en un plazo no mayor de 60 días. Debiendo conservar su empleo si ésta así lo desea, sin que medie ningún tipo de presión, amenaza o exclusión.

Artículo 12. Quedará estrictamente prohibido solicitar exámenes de gravidez, pruebas del uso de anticonceptivos o la declaración de no embarazo a las mujeres que soliciten un empleo o que se encuentren dentro de éste.

En caso de que el patrón o posible empleador contravenga lo señalado en el párrafo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje hará lo conducente para que la mujer obtenga o permanezca en el empleo. Si existiera negativa por parte del patrón o posible empleador, la Junta de Conciliación y Arbitraje garantizará una liquidación justa con todas las prestaciones de ley y sancionará con 365 días de salario mínimo vigente al infractor, cantidad que será entregada a la empleada o a la mujer que haya solicitado el empleo, según sea el caso.

Artículo 13. En la idea de impulsar el desarrollo de las mujeres que carezcan de apoyo y de sus familias, los contribuyentes sobre la Renta, que contraten madres solteras y/o jefas de familia, serán acreedores a un estímulo consistente en aplicar un crédito fiscal del 30% del monto total de dicha contratación, contra el impuesto sobre la renta a su cargo en la declaración del ejercicio en que se determine el crédito señalado.

Para los efectos de este artículo se considerarán jefas de familia a las mujeres que demuestren ser el principal sustento familiar, independientemente de que tengan cónyuge o concubino, acrediten tener dependientes económicos menores de 16 años o incapaces de valerse por sí mimos. Se considerarán madres solteras a las mujeres que no tengan cónyuge o concubino y cuyos hijos menores de 18 años se encuentre registrados únicamente por ella.

Artículo 14. Con objeto de promover la contratación de mujeres en los niveles más altos de la administración y gerencia en los sectores público y privado en la industria, el comercio y los servicios, se llevará a cabo lo siguiente:

a) Los contribuyentes sobre la Renta, que tengan en su plantilla laboral más del 45% de mujeres ocupando altos cargos directivos, gerenciales o administrativos, serán acreedores a un estímulo consistente en aplicar un crédito fiscal del 20% del monto total de dicha contratación, contra el impuesto sobre la renta a su cargo en la declaración del ejercicio en que se determine el crédito señalado.

Lo anterior, se deberá demostrar con la plantilla laboral de los contribuyentes, en donde se exhibirá el número de puestos directivos y el salario de los mismos, lo cual habrá de cotejarse con las aportaciones al seguro social y las declaraciones fiscales.

b) La administración pública federal; los organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal, empresas de participación estatal; fideicomisos públicos; organismos públicos autónomos; partidos políticos y agrupaciones políticas y las personas morales de derecho privado constituidas conforme a la ley correspondiente, que reciban recursos públicos o que ejerzan una función pública, deberán tener cuando menos el 35% de sus cargos más altos jerárquica y salarialmente ocupados por mujeres.

Capítulo V Estadística

Artículo 15. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, establecerá mecanismos para cuantificar y valorar la contribución de las mujeres en el trabajo no remunerado en el hogar, la agricultura, la producción de alimentos, la reproducción y la labor comunitaria y diseñará indicadores de género para valorar los aportes al producto interno bruto y definir como trabajadoras y trabajadores, en el sistema de cuentas nacionales, a quienes desempeñan tareas no remuneradas, así como indicadores de calidad del empleo con dimensión de género.

Capítulo VI Salud

Artículo 16. De los recursos destinados a salud dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se destinará una partida, la cual estará etiquetada para prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino, así como para prevenir los problemas derivados del parto.

Capítulo VII Ciencia y Tecnología

Artículo 17. De los recursos correspondientes a ciencia y tecnología dentro del presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se destinará una partida, la cual estará etiquetada para investigación científica y desarrollo tecnológico en lo concerniente a la atención ginecológica de las mujeres y la cual no formará parte del porcentaje señalado en el artículo 18 del presente ordenamiento.

Capítulo VIII Presupuesto

Artículo 18. El gasto público asignado a atender las necesidades de las mujeres de todas las edades que se encuentran en situación de desventaja, vulnerabilidad o pobreza nunca será menor al 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto. Los recursos que de ahí deriven deberán estar etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a cada año y contendrán reglas de operación ágiles, transparentes y claras.

Lo anterior, sin perjuicio de que las mujeres sean beneficiarias de Programas Públicos, cuyo destino específico no sea dirigido a ellas; en cuyo caso, estos recursos no se contabilizarán dentro del porcentaje del PIB antes señalado.

Capítulo IX Vivienda

Artículo 19. Los programas y los recursos públicos destinados a la adquisición o remodelación de vivienda serán distribuidos de manera paritaria entre hombres y mujeres, de ninguna manera se podrá beneficiar en más del 50% a alguno de los sexos, ni condicionar los beneficios al estado civil de las personas solicitantes. Los recursos destinados para estos efectos no se contabilizarán dentro del porcentaje del PIB señalado en el artículo 18 del presente ordenamiento.

Capítulo X Derechos Políticos

Artículo 20. Una vez que los partidos políticos establezcan en sus estatutos cuotas de género, acciones positivas y normas que impulsen el desarrollo de las mujeres ningún acuerdo posterior o norma podrá eliminar dichas disposiciones, a menos que éstas sean derogadas.

Artículo 21. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público, además de lo establecido en el Código Federal Electoral, por actividades específicas tales como educación, capacitación, investigación, tareas editoriales, promoción cultural, deportiva y científica en beneficio de las mujeres, en cuyo caso aplicará lo dispuesto por las fracciones I y II, del inciso c) del numeral 7 del artículo 49 de dicho código.

Transitorios

Primero. Se deroga cualquier disposición que contravenga lo establecido en el presente ordenamiento.

Segundo.La Junta de Conciliación y Arbitraje y las instituciones públicas aquí señaladas contará con 60 días a partir de la publicación del presente ordenamiento, para realizar lo conducente a efecto de cumplimentar con lo aquí mandatado.

Tercero. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática contará con un año a partir de la publicación del presente ordenamiento, para llevar a cabo lo que este establece.

Cuarto. En materia presupuestaria, el Poder Legislativo y el Ejecutivo realizarán las acciones necesarias para que en el año fiscal siguiente a la publicación oficial de este decreto, el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple lo que el presente ordenamiento ordena.

Quinto. La presente ley entrará en vigor al siguiente Día de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputados: Leticia Herrera Ale, Rubén Escajeda Jiménez (rúbricas).» Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Será atendida su solicitud de insertarse en el Diario de los Debates de manera íntegra su iniciativa.Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputadoFrancisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Rentay de la Ley Federal de Derechos.El diputado Francisco Elizondo Garrido:Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. México destaca por ser uno de los 17 países que poseen la mayor diversidad biológica del mundo, además de ser el centro de origen y domesticación de ciertos cultivos vitales para el desarrollo de la humanidad.

Esta diversidad reviste singular importancia debido a que proporciona una amplia gama de bienes y servicios ambientales. Este hecho sin duda alguna representa un motivo justificado para enorgullecernos, aunque también para concientizarnos de la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, toda vez que ello nos obliga a proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, no sólo para nuestro goce y usufructo, sino para el mundo.

La presión que aún ejerce el desarrollo de diferentes actividades productivas, de una y otra forma lesiona la riqueza natural del país. Lo anterior es de suma preocupación si consideramos que el desgaste o pérdida de los recursos naturales por su utilización en el proceso productivo representa casi el uno por ciento del producto interno bruto, mientras que los requerimientos monetarios para restaurar el deterioro ambiental ocasionado por las actividades económicas, ascienden a más del ocho por ciento de dicho producto.

A la luz de lo anterior y en un esfuerzo por revertir el deterioro de nuestra diversidad biológica, se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente México cuenta con 158 áreas naturales protegidas que resguardan una extensión de más de 20 millones de hectáreas; es decir, más del 10 por ciento del territorio nacional, en las que se encuentra representado el 95 por ciento de los ecosistemas del país.

Aun cuando la Conanp ha logrado importantes avances en materia de conservación y protección de la diversidad biológica mexicana, su favorable labor aún se ve frenada por la falta de recursos económicos, sobre todo si tomamos en cuenta que para el establecimiento, la administración y la vigilancia de las áreas naturales protegidas, requiere una serie de variables; además de invertir una cantidad importante de recursos humanos, materiales y económicos.

Por lo anterior, por mi conducto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la adición de un artículo 229 a la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual establece un estímulo fiscal consistente en acreditar contra el impuesto sobre la renta el 100 por ciento de las aportaciones que se efectúen para realizar acciones de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las áreas naturales protegidas que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, principalmente aquellas consideradas como de baja capacidad de carga.

En el entendido de que para alcanzar la sustentabilidad es preciso involucrar al conjunto de la sociedad, consideramos que mediante la propuesta señalada se incentiva a las personas físicas o morales para que, con un sentido de responsabilidad compartida, contribuyan al mantenimiento y mejoramiento del capital natural del país.

Cabe señalar que el estímulo fiscal que nos ocupa, según la propuesta que adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, tendrá un tope global en cada ejercicio fiscal de 250 millones de pesos, con el objeto básico de no incrementar en desmedida los gastos fiscales en los que ya incurre México, estableciendo al mismo tiempo el límite máximo de aportaciones por cada persona física o moral.

Por otra parte, como ya se señaló, no deja de preocuparnos la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentran muchas especies de flora y fauna silvestres en el país como consecuencia de la pérdida de su hábitat, así como también el comercio ilegal; sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al igual que la Conanp, carece de recursos humanos, económicos e infraestructura para cumplir con su cometido.

Así, en esta iniciativa también se incluye la reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para que de los ingresos obtenidos de la recaudación por concepto de derechos por servicios migratorios que pagan los turistas y que en la mayoría de los casos disfruta del capital natural de México, se destine el 10 por ciento, en partes iguales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para actividades de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las áreas naturales protegidas y para el Programa de Recuperación de Especies Prioritarias; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para acciones de inspección y vigilancia en los puertos marítimos, aeropuertos y en la red carretera nacional de las especies que establece la Norma Oficial NOM-059-SEMARNAT-2001, y para que también la Profepa combata, en su ámbito de competencia, la ilegal importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate, de sus partes y derivados, así como para combatir el aprovechamiento extractivo, sea de subsistencia o comercial de cualquier primate, conforme a lo dispuesto en los artículo 55 Bis y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Con el objeto de que el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de México no resientan una disminución en los recursos que reciben por el derecho en comento y debido a que conforme a esta iniciativa se incluya en el destino de recursos a la Conanp y a la Profepa, ese Instituto y Consejo recibirán respectivamente el 30 y 60 por ciento de la recaudación que se obtenga por el multicitado derecho, por lo que también se propone modificar la contribución a la cantidad de 250 pesos.

Es conveniente señalar que la modificación de la cuota para que quede en los ya mencionados 250 pesos, no incidirá de manera significativa en las decisiones de los turistas para visitar y disfrutar de las bondades que ofrece México, debido a que el incremento de 40 pesos son una parte proporcionalmente pequeña de lo que los turistas erogarían por un boleto de avión, hospedaje o alimento, entre otros, señalando que conforme a la Ley del IVA se les devolvería a los turistas el propio impuesto al valor agregado.

Esta iniciativa establece las condiciones en que las personas mediante aportaciones voluntarias coadyuvan a las tareas de protección y mejoramiento del medio ambiente y a través del pago de contribuciones de internamiento a México se fortalecerán las loables actividades que se requieren en las áreas naturales protegidas, así como en las de inspección y vigilancia para la protección de especies de flora y fauna silvestres, mamíferos y primates por parte de la Profepa.

Por último, señor Presidente, solicito que la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, y Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del PVEM

Francisco Elizondo Garrido, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56; 62; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La diversidad biológica comprende a la inmensa variedad de organismos vivos, es decir: a las plantas, animales y microorganismos y a sus genes. También incluye a los ecosistemas que estos organismos conforman. Esta diversidad reviste singular importancia debido a que proporciona una amplia gama de bienes y servicios ambientales, tales como: la conservación del suelo; la recarga y mantenimiento de los recursos hídricos; la regulación del clima; la formación de diversos tipos de hábitat para las especies silvestres; la preservación del balance ecológico, entre otros.

México se precia por ser uno de los diecisiete países que poseen la mayor diversidad biológica del mundo, además de ser el centro de origen y domesticación de ciertos cultivos vitales para el desarrollo de la humanidad.

En ese sentido, no es casualidad que nuestro país cobije el diez por ciento de la biodiversidad del planeta, de la cual una proporción considerable es exclusivamente mexicana. Este hecho sin duda alguna representa un motivo justificado para enorgullecernos, aunque también para concientizarnos de la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, toda vez que ello nos obliga a proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, no sólo para nuestro gozo y usufructo, sino para el mundo.

La presión que aún ejerce el desarrollo de diferentes actividades productivas, de una u otra forma lesiona la riqueza natural del país. A nadie resulta ajeno el que día a día se vulnere más la supervivencia de cientos de especies silvestres, ya sea porque sus hábitat son destruidos o porque éstas son extraídas de su entorno.

Lo anterior es de suma preocupación si consideramos que el desgaste o pérdida de los recursos naturales por su utilización en el proceso productivo representa casi el uno por ciento del PIB, mientras que los requerimientos monetarios para restaurar el deterioro ambiental ocasionado por las actividades económicas ascienden a más de ocho por ciento de dicho Producto.1

En otras palabras, los costos por agotamiento y degradación señalados, respectivamente, en el párrafo anterior, son mayores a los ingresos públicos que se obtienen por recaudación de los Impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado.2

A la luz de lo anterior y en un esfuerzo por revertir el deterioro de nuestra diversidad biológica, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene a su cargo la conservación del patrimonio natural de México mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y la aplicación de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable en regiones terrestres, costeras y marinas que son prioritarias para la conservación.

Es pertinente recordar que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las ANPs son ``... Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas...''.3 La Ley en comento clasifica a las ANPs en diversas categorías, mismas que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.4

Actualmente México cuenta con 158 Áreas Naturales Protegidas que resguardan una extensión de más de 20 millones de hectáreas. Es decir, más del 10% el territorio nacional en las que se encuentra representado el 95% de los ecosistemas del país.

Aún cuando la CONANP ha logrado importantes avances en materia de conservación y protección de la diversidad biológica mexicana, su favorable labor aún se ve frenada por la falta de recursos económicos, sobre todo si tomamos en cuenta que para el establecimiento, la administración y la vigilancia de las ANPs se requieren una serie de variables además de invertir una cantidad importante de recursos humanos, materiales y económicos.

La carencia de los recursos enunciados también obstaculiza las labores de inspección, vigilancia y monitoreo de las ANPs. En muchas ocasiones no se cuenta con el personal requerido para cubrir apropiadamente a cada una de estas áreas; de hecho la CONANP tiene una plantilla de alrededor de mil personas.

Ya se ha señalado por las autoridades que ``...la conservación se logra tanto con acciones directas sobre los ecosistemas y su biodiversidad, como con acciones indirectas que influyen en el comportamiento y decisiones de las personas...''5

A la luz de lo anterior, por mi conducto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la adición de un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece un estímulo fiscal consistente en acreditar contra el impuesto sobre la renta el 100% por ciento de las aportaciones que se efectúen para realizar acciones de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las ANPs que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, principalmente aquellas consideradas como de baja capacidad de carga.

En el entendido de que para alcanzar la sustentabilidad es preciso involucrar al conjunto de la sociedad, consideramos que mediante la propuesta señalada se incentiva a las personas, físicas o morales, para que, con un sentido de responsabilidad compartida, contribuyan al mantenimiento y mejoramiento del capital natural del país.

Cabe señalar que el estímulo fiscal que nos ocupa, según la propuesta de adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tendrá un tope global en cada ejercicio fiscal de doscientos cincuenta millones de pesos, con el objeto básico de no incrementar en desmedida los gastos fiscales en los que ya incurre México, estableciendo al mismo tiempo el límite máximo de aportaciones por cada persona física o moral.

Por otra parte, no deja de preocuparnos la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentran muchas especies de flora y fauna silvestres en el país.

Como bien se ha documentado, el progreso de la humanidad ha provocado la fragmentación o la pérdida de diferentes hábitat, colocando a un gran número de especies al borde de la extinción.

No debe escapar a nuestra atención el hecho de que las especies de flora y fauna silvestres se encargan de llevar a cabo una serie de funciones específicas e irremplazables. Como ejemplo podemos mencionar las siguientes: ser alimento potencial de otras especies y por ende, reguladoras de poblaciones; actuar como agentes polinizadores; nutrir los suelos; recargar los mantos acuíferos, entre otras.

Si bien es cierto que la pérdida del hábitat constituye la principal amenaza a las especies silvestres, existe otro factor que no debemos descuidar: el comercio ilegal de las mismas. La demanda de ejemplares o de sus subproductos para ser utilizados como vestido, alimento, medicamento, ornamento o mascota, se ha incrementado a ritmos descomunales en las últimas décadas.

La remoción de estas especies de su hábitat, conlleva daños irreversibles a la propia especie y al ecosistema porque la mayoría de las ocasiones se capturan ejemplares de un solo sexo o talla. De igual forma, la remoción de ciertas especies que son almiento o depredadores de otras ocasiona hambruna o plagas, según sea el caso.

Al igual que la CONANP, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente carece de recursos humanos, económicos e infraestructura para cumplir con su cometido.

Así, en esta Iniciativa también se incluye la reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos para que, de los ingresos obtenidos de la recaudación por concepto de derecho por servicios migratorios que pagan los turistas y que en la mayoría de los casos disfrutan del capital natural de México, se destine el 10%, en partes iguales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para actividades de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, y para el programa de recuperación de especies prioritarias; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para acciones de inspección y vigilancia en los puertos marítimos, aeropuertos y en la red carretera nacional de las especies que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo, y para que también la propia Profepa combata, en su ámbito de competencia, la ilegal importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate, de sus partes y derivados, así como para combatir el aprovechamiento extractivo, sea de subsistencia o comercial, de cualquier primate, conforme a lo dispuesto en los artículos 55 bis y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Con relación a la Ley General de Vida Silvestre, no es óbice señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, según el documento que contiene el engrose de la resolución que nos ocupa, que ``... En la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Convimar, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del artículo 55 bis de la Ley General de Vida Silvestre, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil seis...''.

Esto es, entre otros, que ``... En tal sentido, es de concluirse que el precepto legal impugnado, en cuanto prohíbe la importación, exportación y reexportación de cualquier especie de mamíferos marinos y primates, no conculca la garantía de libertad de comercio que consagra el primer párrafo del artículo 5º constitucional, dado que dicha garantía no es irrestricta y, por ende, el hecho de que el comercio de especies silvestres pueda estimarse como una actividad lícita, de suyo no implica que pueda ejercerse sin sujetarse a las diversas disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su realización y proteger el interés público, que en la especie se traduce en preservar el equilibrio ecológico...''.

Con el objeto de que el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de México no resientan una disminución en los recursos que reciben por el derecho en comento, y debido a que conforme a esta Iniciativa se incluye en el destino de recursos a la CONANP y a la Profepa, ese Instituto y Consejo recibirán, respectivamente, el 30% y 60% de la recaudación que se obtenga por el multicitado derecho, por lo que también se propone modificar la contribución a $250 pesos.

Es conveniente señalar que la modificación de la cuota para que quede en los ya mencionados $250 pesos, no incidiría significativamente en las decisiones de los turistas para visitar y disfrutar de las bondades que ofrece México, debido a que los US$2 dólares son una parte proporcionalmente pequeña de lo que los turistas erogarían por un boleto de avión, hospedaje o alimento, entre otros, señalado que conforme a la Ley del IVA se les devolvería este impuesto a los turistas.

De la misma forma, se modifican las cuotas de los derechos para los visitantes hombres de negocios (FMN) o visitante consejero (FMVC), así como de transmigrante, para establecerlas en el mismo nivel de cuota para los turistas, con el fin de evitar conductas que conlleven a los extranjeros a señalar o manifestar que se internan en el país temporalmente bajo alguna de las modalidades que establece el artículo 42 de la Ley General de Población.

Si se considera que la diversidad biológica del país reviste singular importancia debido a que nos proporciona una amplia gama de bienes y servicios ambientales, entonces esta iniciativa reviste mayor relevancia pues, por una parte, establece las condiciones en que las personas, mediante aportaciones voluntarias coadyuvan a las tareas de protección y mejoramiento del medio ambiente, y por otra parte, a través del pago de contribuciones de internamiento a México, se fortalecerán tanto las loables actividades que se requieren en las ANPs, así como las de inspección y vigilancia para la protección de especies de flora y fauna silvestres, mamíferos y primates por parte de la Profepa.

Con esta iniciativa, se someten a la consideración de la Cámara de Diputados acciones legislativas concretas que benefician no sólo el fomento y fortalecimiento del capital natural del país, sino también las condiciones mínimas para que las personas cuenten con un medio ambiente y recursos naturales adecuados para su desarrollo y bienestar.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y reforma los artículos 8o. y 18-A de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 229. Con el objeto de fomentar las acciones de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas a que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que realicen, consistente en acreditar contra el Impuesto sobre la Renta que se cause en el ejercicio, el cien por ciento de las aportaciones que se efectúen para llevar a cabo dichas acciones.

En cada ejercicio fiscal las aportaciones que realicen las personas físicas y morales, no podrán acreditarse contra el impuesto sobre la renta cuando la misma persona física o moral aporte más de diez mil pesos o cien mil pesos, respectivamente. El excedente no estará sujeto al estímulo fiscal que se establece en este artículo.

Las aportaciones a que se refiere este artículo se destinarán a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la realización exclusivamente de acciones de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, principalmente en aquellas Áreas consideradas como de baja capacidad de carga.

El Servicio de Administración Tributaria, previa opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este artículo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, establecerá en la red carretera nacional, en los aeropuertos y, en su caso, en los puertos marítimos, a través de publicidad en anuncios visibles o impresos, programas de aportaciones para la conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, señalando explícitamente que el cien por ciento de las aportaciones que se realicen podrán acreditarse contra el Impuesto sobre la Renta causado en el ejercicio fiscal que corresponda, con los límites establecidos en el segundo párrafo de este artículo.

El estímulo fiscal que se establece en el presente artículo no será mayor a doscientos cincuenta millones de pesos en cada ejercicio fiscal.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 8o., fracciones I, III y VIII; y 18-A, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

I. Turista $250.00

II. ...

III. Visitantes Hombres de Negocios (FMN) o Visitante Consejero (FMVC) $250.00

IV. a VII. ...

VIII. Transmigrante $250.00

...

...

...

...

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, se destinarán en un 30% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 60% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.

El 5% de los ingresos recaudados que se señalan en el párrafo anterior se destinarán a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para actividades de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas así como para el programa de recuperación de especies prioritarias.

El 5% restante de los ingresos recaudados se destinarán a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para acciones de inspección y vigilancia de las especies que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo, y para realizar las acciones, en su ámbito de competencia, que combatan la ilegal importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate así como de sus partes y derivados, y el aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, de cualquier ejemplar de primate, conforme lo establece la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. Para estos efectos, dicha Procuraduría realizará las acciones que se señalan en este párrafo en los puertos marítimos, aeropuertos y en la red carretera nacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión un informe sobre las aportaciones a que se refiere el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se adiciona mediante el presente decreto.

Dicho informe se incluirá en aquellos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y el mismo también deberá contener la aplicación y destino de los recursos derivados de las aportaciones que se señalan en el párrafo anterior.

Tercero. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se adiciona mediante este decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo Segundo del presente decreto, por medios impresos o visuales se deberá hacer del conocimiento de las personas que los ingresos obtenidos de la recaudación por el derecho que establece dicha disposición, serán destinados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; al Instituto Nacional de Migración, y al Consejo de Promoción Turística de México, para los fines que establece el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos que se reforma mediante este decreto.

Notas:

1 Para el Ejercicio Fiscal 2004. Sexto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2006. Anexo Estadístico.

2 Tanto para los Ejercicios Fiscales 2004 y 2005. Sexto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2006. Anexo Estadístico.

3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Título Primero, Capítulo I, Artículo 3, Fracción II.

4 Categorías como Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, Monumento Natural, Área de Protección de Recursos Naturales, Área de Protección de Flora y Fauna, Santuarios y Otras Categorías.

5 Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (2006). CONANP Logros 2006. México, p. 6

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil seis.--- Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Elizondo. Insértese la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Les damos la bienvenida a esta Cámara de Diputados a los estudiantes de la escuela primaria Javier Villaurrutia; a los compañeros de la preparatoria América Nueva, de Tlaxcala, y a un grupo de invitados especiales de la delegación Coyoacán.

ARTICULOS 35, 36, 40, 41 Y 71 CONSTITUCIONALES - LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputadoAlberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy expide la Ley de Participación Ciudadana.El diputado Alberto Esteva Salinas:Con el permiso del ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva y sus integrantes: esta iniciativa que hoy presenta el grupo parlamentario de Convergencia en voz de su servidor, tiene como propósito recoger una demanda histórica que se ha venido planteando en la sociedad mexicana en las últimas décadas.

Esta demanda es, el que se cuente con una ley federal de participación ciudadana. En muchos estados de la Federación existen ya algunas disposiciones y figuras que se contemplan como una herramienta para darle al ciudadano posibilidad de opinar y de participar. Hay estudiosos que opinan que la representación no es suficiente, que los ciudadanos no encuentran en nosotros la posibilidad de ser representados en ocasión con dignidad.

Por eso es que muchas voces, incluidos los que fueron candidatos de todas las expresiones políticas y de las coaliciones, plantearon recientemente al país la posibilidad de dar un espacio mucho más dinámico y participativo al ciudadano de nuestro país.

Se ha elaborado un estudio comparativo que pueden ustedes encontrar en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha, en el que se hace una revisión, un estudio comparativo de lo que en otras latitudes de la sociedad internacional muchos países contemplan para la participación ciudadana.

Hay incluso un ejemplo en Suiza, en donde podemos encontrar que con 50 años de esta herramienta de participación ciudadana, se han efectuado 350 referéndum. Esto únicamente como un ejercicio de ejemplo y de posibilidad de recuperar de todas las sociedades modernas, el avance que se tiene en la materia.

He querido comentar esto antes de dar lectura a una síntesis de la iniciativa, porque creo que es prudente que veamos que aquí están contempladas las distintas propuestas que durante poco más de tres meses los grupo parlamentarios de esta LX Legislatura han presentado al Pleno. Y en estas propuestas debe de recuperarse no solamente el espíritu democrático y la participación del ciudadano, sino también debe considerarse el sentido estricto de la posibilidad de darle voz a quienes, se supone, representamos los que hoy estamos en esta Asamblea.

Y por eso es que también se recuperan las distintas leyes de participación ciudadana que se han acordado en los estados de nuestra Federación y se hace un comparativo de estas participaciones.

Van ustedes a encontrar también en la Gaceta Parlamentaria, cuáles son los antecedentes históricos y cuáles son las aportaciones que se han hecho en nuestro propio país desde tiempos de la construcción de la República con el Presidente Benito Juárez.

Voy a dar paso entonces a lo más relevante de esta iniciativa que el grupo parlamentario de Convergencia quiere presentar a consideración de la Asamblea e iniciaría diciendo que en cumplimiento a lo que dispone lo ordenado en los textos constitucionales y legales, a los que nos debemos sujetar, a la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a esta Presidencia de la Mesa Directiva que dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución federal, así como al proyecto de Ley Federal de Participación Ciudadana, en términos de la normatividad vigente.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, adición y creación de la Ley Federal de Participación Ciudadana, a continuación presento ante esta Legislatura los siguientes considerandos: solicitando que el texto completo de la iniciativa que se presenta sea inscrito en el Diario de los Debates y sea turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana.

En años recientes se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto en los temas de interés nacional a través de reformas al marco constitucional y legal. La realidad social que actualmente se está viviendo en nuestro país nos conduce a que realicemos un urgente y necesario análisis de las políticas públicas y de estructuras jurídicas que dan sustento al Estado mexicano.

El ejercicio de las libertades implica el perfeccionamiento de nuestras instituciones de gobierno, así como de las formas y ámbitos de participación ciudadana, obligando a un esfuerzo permanente de las diferentes fuerzas políticas que todos representamos para lograr los consensos democráticos necesarios que respondan a los fines de actualizar nuestras instituciones y de garantizar ese ejercicio.

La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo se basa en instrumentos cuya premisa pueda incrementar el papel de los ciudadanos en los problemas de gobierno y las acciones que se instrumentan para resolverlos.

En el desarrollo de la investigación que precedió a esta propuesta que hoy Convergencia viene a exponer en este recinto legislativo, se realizaron diversos estudios en varios ámbitos como el marco conceptual, los antecedentes, el derecho comparado, opiniones especializadas, reforma del Estado, entre otros, relativos a la posibilidad de introducir mecanismos de democracia directa en nuestro sistema y que aquí se han planteado en los tres últimos meses.

Quiero comentar que la ley reglamentaria, la Ley Federal de Participación Ciudadana, contiene 71 artículos, independientemente de que se hacen las reformas a la Carta Magna.

Dentro de las conclusiones a las que llegamos, podemos advertir que la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas y esto afecta de modo inmediato a la ciudadanía, ya que la ciudadanía en ciertos casos, algunas determinaciones que son tomadas por las autoridades, carecen de la aceptación general de la población, provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se tomen con un completo desconocimiento de la materia.

La atmósfera que rodea al país en este momento refleja una pérdida de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, la falta de una participación más directa por parte de ésta en los actos que dan vida al Estado mexicano, pone en peligro la representación legítima y eficaz de lo que resguardan, guían y vigilan los intereses de la sociedad.

México ha entrado en la etapa en que una participación de la ciudadanía real imposibilita el avance hacia una consolidación del Estado, es así como se ha abierto la puerta hacia la búsqueda de una democracia participativa.

Es de importancia mencionar que se realizó este estudio comparado con los países, tanto de América Latina como del viejo continente, que cuentan con estas figuras en sus respectivas constituciones, y es de especial atención para ustedes mencionar que a nivel mundial 98 países han adoptado estas herramientas y en más de la mitad de éstos su práctica es continua, citando como un ejemplo el que antes mencioné de Suiza.

Así también es importante mencionar que en nuestro país se presenta esta serie de herramientas de participación ciudadana como mecanismos específicos y que cuando menos en 23 entidades federativas están contempladas estas figuras.

En México los intentos de recurrir a procedimientos como el plebiscito y el referéndum han sido constantes. Al profundizar en la investigación de estas figuras, basta recordar la pretensión que el Presidente Juárez tuvo en las elecciones de 1876 para que los ciudadanos autorizaran, entre otros asuntos, la creación de la Cámara de Senadores y le otorgaran al titular del Ejecutivo federal el poder de veto suspensivo de resoluciones del Poder Legislativo.

Asimismo, durante los años de la transición política, organizaciones políticas y ciudadanas han recurrido a la realización de consultas populares, como la efectuada en marzo de 1993.

Solicitamos pues se incorpore el texto íntegro de nuestra propuesta y que sea revisada en las comisiones que antes gestaron. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La actual situación que vive México exige un cambio en los mecanismos de participación ciudadana.

La mejor forma de representar a los

electores es escuchándolos.

Introducción

Cuando se habla de democracia directa, se está hablando de Atenas, en ella nació y se practicó este sistema de gobierno. El ateniense de entonces vivía en un territorio bastante pequeño, podía andarlo y conocerlo todo: la población constituida por la ciudadanía, era igualmente pequeña, donde los esclavos, en mayor número, no eran considerados como ciudadanos. El ateniense era el estudioso que podía hablar diariamente con los filósofos; escuchar a sus gobernantes; era perito en derecho internacional; era legislador y también juez o gobernante; podía alternar su condición de gobernante y gobernado.

Esta era la condición del hombre y la geografía pequeña que va a impulsar un sistema de gobierno que luego sería imitado en sus principios; más no en su práctica directa, porque la amplitud de los Estados modernos lo imposibilitan, tanto en la extensión de sus territorios, como también por la población cada vez mayores de que hoy se componen.

La Atenas de Perícles no superó su población de 300 mil habitantes en un área de 2.500 kilómetros cuadrados. Donde el ciudadano se reunía en asamblea para votar las leyes, nombrar a los magistrados principales y decidir en calidad de jueces; ejerciendo, de esta manera, sus derechos políticos directamente. Pero es de notar que en la antigüedad la igualdad civil y política estaba encerrada en límites bastante estrechos, ya que existían hombres libres, los que ejercían los derechos, y la esclavitud, privada de todos los derechos y considerados como cosas.

El ciudadano, por el sólo hecho de serlo, llevaba en sí la obligación de participar en la vida pública de acuerdo con las aptitudes de cada uno. En este sentido se concebía la democracia como ``ejercicio de la soberanía por los ciudadanos libres e iguales bajo la égida de la ley, que protegía a unos ciudadanos de los otros y defiende también los derechos de los individuos contra el poderío del Estado y los intereses del Estado contra los excesos del individualismo''.

Si la democracia directa se ejerció en la antigüedad como un derecho exclusivo de una clase, hoy la conciencia del hombre ha cambiado y quienes eran esclavos dejaron de serlo desde que la democracia tiene sus títulos en la idea de libertad, igualdad y fraternidad cristiana.

Desde el siglo XVII no ha cesado de ser proclamado el principio de la libertad en una forma u otra contra toda diferencia, así sea de raza, color u opinión, y fundando sobre esta entidad la igualdad de derechos, así lo podemos constatar en nuestro sistema jurídico en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, la cual en sus tres párrafos consagran estos principios fundamentales:

``Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''.1

El hombre actual es un individuo con plena actividad en el ejercicio de sus derechos políticos; mientras la antigua democracia era un gobierno de clase en cuanto eran pocos los que ejercitaban aquellos derechos. La moderna ha sentado sus principios considerando como instrumento propio y medio indispensable para su actuación, el sufragio universal, que viene a ser el punto de partida de la democracia representativa.

``Cuando la soberanía la posee el cuerpo del pueblo, se está en una democracia'', y el pueblo la posee en ese momento ansioso en que se acerca a las urnas electorales para depositar su voto, para darle toda su confianza a esos legisladores y gobernantes que brotarán de esa tarjeta en que han puesto todas sus esperanzas.

La democracia representativa actual, tiene hoy la ventaja que le da la numerosa población, de que en ella siempre habrán hombres capaces para desempeñar las funciones públicas, además, tenemos la educación transformada en un servicio público y controlada por el Estado para que en ella se formen hombres capaces.

Es una gran ventaja para la democracia representativa donde se lleva al poder a una clase de hombres, cuyos conocimientos impulsan el desenvolvimiento de las instituciones gubernamentales; esto no quiere decir que sean por ello infalibles, pero siempre existe la posibilidad de llevar hombres nuevos al poder, y es ésta otra de las grandes conquistas de la democracia, ya nos decía Aristóteles: ``uno de los caracteres esenciales de la libertad es que todos los ciudadanos por turno manden y obedezcan''.

En las democracias antiguas ``la Asamblea del pueblo votaba directamente las leyes con el concurso más o menos importante de los magistrados'', esto es lo que se llama democracia directa. En las democracia modernas, las leyes son más bien obra de las asambleas representativas designadas por elecciones; esto es lo que se llama democracia representativa.

La democracia representativa es la forma que siempre ha tenido la democracia, ya que aún cuando el pueblo ateniense se volcara en la plaza pública, nunca fue todo, y siempre existió la representación de las mujeres, los ancianos imposibilitados, los niños y los incapaces jurídicamente; en las asambleas siempre se impuso la mayoría, lo cual hacía disminuir el número de los votantes; por la cual, la mayoría representaba a la Asamblea, quien a su vez era la minoría que representaba la totalidad. Por eso la democracia representativa es una versión perfeccionada de la democracia directa.

En la democracia representativa, el ciudadano ya no es el simple súbdito sumiso, aquí es el hombre que reflexiona sobre cosas públicas al igual que lo hacía el ateniense; y esta reflexión le permite reaccionar y distinguir, para así elevarse y llegar a una concepción del interés general y poder organizar las instituciones del Estado.

Las ceremonias oficiales del Estado producen efectos jurídicos. Las ceremonias principales de la democracia representativa son las elecciones populares y las deliberaciones de las asambleas, y así, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados forman la ley, y el Jefe del Estado la promulga, por la que hay unidad de operación. Por esto, toda ley se adopta en nombre del Estado y se aplica, también, en el mismo nombre.

La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo, es un apoyo creciente a los instrumentos que tradicionalmente se han definido como ``democracia semidirecta''. El respaldo actual a estos instrumentos se basa en la premisa de que el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular pueden incrementar el papel de los ciudadanos en los problemas de gobierno y las acciones que se instrumenten para resolverlos. Estos, fortalecen la democracia y son compatibles con el sistema representativo, pues toman en cuenta la opinión del pueblo sobre cuestiones trascendentales para la vida nacional.

Precisiones sobre Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular

Antes de empezar este análisis, se hace prudente recordar que en un Estado democrático de derecho hay muchos mecanismos de participación ciudadana y que estos le sirven al Estado para canalizar las inquietudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y opiniones. Ello, a su vez, dará sustento a los procesos decisionales y legitimidad al gobierno.

El referéndum y el plebiscito son dos de estos mecanismos, y se les puede definir como aquellas actividades legales emprendidas por ciudadanos que están directamente encaminadas a influir en la selección de los gobernantes y/o en las acciones tomadas por ellos.2

Recuérdese que estos y los demás mecanismos de participación ciudadana expresan una democracia semidirecta en la medida en que funcionan como correctivos de las decisiones tomadas por la autoridad durante el ejercicio de la función gubernativa. Como tales, y con base en la esencia de participación, se consideran también mecanismos de democracia participativa y no sólo semidirecta.

Referéndum

En general, existen confusiones en el uso y distinción de los conceptos plebiscito y referéndum, pero al final de esta sección será posible establecer diferencias en cuanto a su origen, vigencia y aplicaciones.

Definiciones sobre referéndum se encontraron muchas y muy variadas, todas ellas dadas por personajes prominentes de la comunidad académica, los partidos políticos y el sector público tanto nacionales como internacionales.

Referéndum es una institución democrática a través de la cual el cuerpo electoral de un país o nación expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta.

De aquí se concluye que esta institución funciona de manera óptima en los sistemas democráticos que tienen régimen de gobierno representativo con modalidades de democracia semidirecta, aunque también ha sido utilizado por gobiernos dictatoriales y absolutistas para legitimarse.

Además, el cuerpo electoral expresa su voluntad mediante el voto universal directo por vía consultiva o deliberativa, pudiendo opinar sobre las decisiones que sus gobernantes van a tomar, las leyes que van a aprobar o los actos administrativos que van a realizar, o bien, ratificándolos, aceptándolos o rechazándolos, completándose con ello los procedimientos administrativos o legislativos.

De igual forma, puede traducirse como el instituto de democracia directa (o semidirecta) mediante el que puede expresarse directa y válidamente la voluntad del cuerpo electoral sobre un asunto sometido a su consulta.

Según la materia sobre la que recaen, el referéndum puede ser constitucional, legislativo o relativo a decisiones políticas no formalizadas todavía en textos de esa naturaleza; según que su convocatoria venga o no exigida para la aprobación de una norma o la adopción de una decisión, se clasifican en preceptivos o facultativos.

Esta última clasificación puede ser, sin embargo, engañosa: el referéndum preceptivo es aquel que debe celebrarse para que sea válido el procedimiento de adopción de una norma o el de la decisión sometida a consulta. Pero también es obligatoria la celebración del referéndum cuando adopta la correspondiente iniciativa el órgano al que tal facultad se atribuya.

En relación con la vigencia de una norma suelen distinguirse los referéndum suspensivos (se suspende la vigencia de una norma ya aprobada, pero no promulgada en tanto es aprobada por el cuerpo electoral) y los de abrogación, por los que se somete a la decisión del electorado la continuidad de una norma ya en vigor.

Otra distinción de gran relevancia es la que contrapone los referéndum que producen efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de mediación alguna por parte de otro órgano; de los consultivos, cuyos resultados pueden permitir un cierto margen de apreciación (así, en función del grado de participación electoral) en la determinación de los efectos que políticamente se derivan del resultado.

Naturaleza Jurídica del Referéndum

Se discute si el referéndum constituye un acto de ratificación, un acto de aprobación o un acto de decisión. Xifra se orienta por la solución indicada en tercer lugar, y estima que, en general, la doctrina sostiene ese criterio. Ello es así porque del referéndum depende en definitiva la suerte que ha de correr el acto del Estado que se somete a consideración del cuerpo electoral

Clasificación del Referéndum

Con Relación a sus Efectos.

Con relación a sus efectos puede ser constitutivo, modificativo y abrogativo, según que confiera existencia, altere o ponga fin al acto sometido a consideración del cuerpo electoral.

Con Relación al Objeto.

Con relación al objeto, puede ser legislativo (si se trata de promulgación de leyes) , gubernativo (si se trata de un asunto del Poder Ejecutivo), administrativo (si se refiere a un asunto de la administración), constituyente (si se trata de una cuestión de la Constitución) y jurisdiccional (si se trata de un asunto del Poder Judicial), según sea la materia sobre la que verse el acto sometido a consideración del pueblo.

Por su Naturaleza Jurídica.

Por su naturaleza jurídica puede ser obligatorio y facultativo según que esté impuesto por la Constitución o la ley, o quede librado a la iniciativa de una autoridad determinada o del cuerpo electoral mismo.

En Cuanto a la Oportunidad de su Realización.

En cuanto a la oportunidad de su realización puede ser: consultivo o ante legem, cuando la consulta al cuerpo electoral se realiza previamente para conocer su opinión sobre la procedencia o no del acto en consideración; y ratificativo o post legem, cuando la consulta del cuerpo electoral se hace con posterioridad a la aprobación de la medida adoptada, pero antes de entrar en vigencia.

Plebiscito

El plebiscito tiene su origen en la antigua Roma y constituye, de hecho, el antecesor del referéndum, según afirman diversos autores, entre ellos Ignacio Burgoa Orihuela y Gladio Gemma3 quien dice que en la antigua Roma este término designaba una deliberación del pueblo, con más exactitud, de la plebe, convocada por el tribuno.

Por su parte, el maestro Burgoa4 dice que, históricamente, el plebiscito era toda resolución adoptada y votada por la clase plebeya durante la República Romana, previa proposición que en las asambleas por tribus formulaban sus tribunos. Dichas resoluciones podían tener, incluso, el carácter de leyes. También se le llamaba 'concilium plebium'.

Como se ve, los plebiscitos originalmente fueron actos resolutivos de la plebe para la preservación y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos frente a la clase patricia y a los órganos del Estado Romano.5

El plebiscito se puede ver también como el Instituto de democracia directa mediante el que se expresa directamente la voluntad del cuerpo electoral sobre una decisión sometida a su consulta.

A diferencia del referéndum, el plebiscito no interviene en el procedimiento de aprobación de una norma o en relación con su vigencia; el término se emplea, en efecto, en relación con la adopción de decisiones fundamentales sobre la estructura o forma del Estado.

Sin embargo, a diferencia también del referéndum, el concepto de plebiscito no es del todo claro ni está libre de influencias políticas; en ocasiones se ha empleado en relación con decisiones con efectos en el ámbito internacional (así, cuando se consulta a una población sobre la anexión de un territorio, su secesión, etcétera).

El término se emplea también para indicar que la consulta se refiere a una decisión no formalizada en términos precisos y de aquí se produce rápidamente un deslizamiento por el que pasa a utilizarse en relación con los supuestos en que los términos de la decisión referida al electorado no son claros, se deciden en virtud de factores emocionales y constituyen manifestaciones de adhesión o rechazo hacia una persona.

Finalmente, se emplea también el término con una connotación abiertamente peyorativa para referirse al referéndum cuyos términos y desarrollo excluyen una confrontación libre ante el electorado de distintas opciones políticas; en este último sentido, el plebiscito es un referéndum sin garantías.

Fayt define al plebiscito como el derecho reconocido al cuerpo electoral para intervenir en la ratificación o aprobación de un acto esencialmente político, de naturaleza constitucional o gubernamental. No obstante que se le puede confundir con el referéndum, al punto que algunos lo consideran como un referéndum imperfecto, existe una diferencia esencial entre ambas formas de gobierno semidirecto.

En efecto, Orlando destaca el hecho de la naturaleza, eminentemente política, del plebiscito al indicar como ejemplos del mismo la aceptación de una constitución o la manifestación de confianza en un hombre o en un régimen político.

El plebiscito no es utilizado en relación con actos de naturaleza legislativa y funciona en forma excepcional, aun cuando, en algunas oportunidades el Referéndum contiene implícitamente un Plebiscito, es decir, que aquél constituye un plebiscito encubierto.

En el plebiscito es el pueblo quién por votación directa adopta una resolución o confiere unos poderes excepcionales y el referéndum no es otra cosa que la ratificación o el rechazo de una ley que ya ha sido aprobada por los representantes del pueblo; es decir, por el Poder Legislativo. El primer instrumento, ha adquirido una connotación excepcional, se usa en situaciones singulares normalmente no previstas en la Constitución y en ninguna norma previa, que atribuya a un órgano estatal la facultad de convocarlo; al contrario del segundo, éste se prescribe normativamente como un mecanismo regular de consulta popular.

En síntesis, mientras el referéndum se encuentra considerado en las leyes fundamentales de los países como un instrumento de consulta popular regulado en ocasiones a través de alguna norma reglamentaria, el plebiscito no. Este es utilizado de manera singular y ocasionalmente, en alguna decisión política de trascendencia especial y no se encuentra plasmado en las constituciones; excepción hecha de algunos países.

Iniciativa Popular

La Iniciativa Popular por su parte, consiste en la facultad que se otorga al pueblo o un porcentaje determinado de éste, de promover la sanción de normas constitucionales o legales, ya sea para modificar las vigentes o para llenar lagunas de la legislación.

La iniciativa obliga a considerar la norma propuesta, poniendo en movimiento a los órganos encargados de sancionar las leyes o, en su caso, a toda la ciudadanía mediante el referéndum. De este último, lo distingue que, mientras con el referéndum se da vigencia a una norma con la iniciativa se promueve su estudio.

Dos clasificaciones pueden hacerse de la iniciativa popular: constitucional o legal, atendiendo a la materia sobre la que se ejerza corresponda al orden fundamental o al grado inferior. Y en simple o formulada según que sólo contenga la indicación de la materia sobre la que se quiere que se legisle, o que también se incluya un proyecto de como se pretenda que sea la reglamentación.

Podemos encontrar otras definiciones que por si solas, nos ofrecen una variedad de terminos y disposiciones relativas a la democracia representativa:

``Es el derecho que se le confiere al pueblo para hacer propuestas de ley al Poder Legislativo, reconocido en algunas constituciones a favor del pueblo, estableciéndose como único requisito que la iniciativa sea presentada por cierto numero de ciudadanos.

Consiste en la transmisión de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de formación de la ley formal, a una determinada fracción del cuerpo electoral''.6

``Es el procedimiento que permite a los votantes proponer una modificación legislativa o una enmienda constitucional, al formular peticiones que tienen que satisfacer requisitos predeterminados''.7

``Es una figura jurídica por el que se concede derecho al pueblo a fin de presentar propuestas al gobierno a los gobernantes establecidos''.8

Datos históricos

La palabra referéndum viene del vocablo latino ``referre'' que significa referir, sus orígenes se remontan a las dietas medievales, donde los representantes de los estados confederados, una vez tomadas las decisiones, debían refrendarlas (ad referéndum) ante ellos, para que tuvieran validez.

Ahora bien, se llamó ``plebiscitum'', durante la República Romana a las decisiones de la Asamblea de la plebe o concilium plebis, que actuaba agrupada por tribus con base en la convocatoria del tribuno. Al principio solamente obligaba a los plebeyos, y con el tiempo se hizo extensiva a todo el pueblo.

El término 'referéndum' proviene del siglo XVI y contiene una reminiscencia de los comienzos estrictamente federales del gobierno de dos de los cantones actuales de la Confederación Suiza: el Graubunden y el Valais, que en esa época no formaban parte de la Confederación, sino que eran meramente distritos aliados.9

Estos distritos a los que se hace referencia, en su interior constituían federaciones de municipios muy poco unidas. Los delegados que enviaban los municipios a la asamblea federal del distrito debían dar cuenta de toda cuestión importante a sus electores, y reclamar instrucciones acerca del sentido en que debían votar.10

Posteriormente, el concepto de referéndum fue modificado por los ideólogos de la Revolución Francesa, quienes crearon su propia versión de esta institución democrática, la cual consistió en que el pueblo debía votar para aceptar o rechazar toda Constitución que se quisiera promulgar. Así fue como la Convención de la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Constitución de 1793. Desde entonces se ha aplicado el referéndum en Francia varias veces.

También en Suiza se adoptó este modelo, inaugurándose con la aprobación de la Constitución Suiza del 20 de mayo de 1802 a través del voto de todos los ciudadanos mayores de veinte años. No obstante, el referéndum llegó antes a la Unión Americana, cuando en 1778 fueron aprobadas por el voto popular las constituciones de los estados de Massachussetts, New Hampshire, Connecticut y Rhode Island, adelantándose inclusive a los franceses.

Desde entonces, el referéndum se extendió a numerosos países de América, Europa y Oceanía, y entre los que se considera que ha tenido mayor trascendencia y buenos resultados en su uso y aplicación se cuenta a los Estados Unidos de América, Canadá, Italia, Francia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, España, Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte el empleo del plebiscito se inició en tiempos de la Revolución Francesa, supuestamente como una alternativa a las anexiones por la fuerza y a las guerras de conquista.

Los plebiscitos que se realizaron después de 1793 en zonas como Bélgica y Renania estuvieron sin embargo acompañados por la intimidación a los votantes, para asegurar resultado coincidente con los deseos del Gobierno francés.

Con el auge de los sentimientos nacionalistas en Europa, los plebiscitos empezaron a utilizarse como un instrumento democrático a partir de 1848. Así su papel fue de vital importancia durante la larga lucha para la independencia y la unificación de Italia.

Igualmente en 1852, Napoleón III organizó un plebiscito en Francia para aparentar que el golpe de Estado que acabó con la República y estableció el Segundo Imperio contaba con el apoyo popular.

Durante el siglo XX, importantes plebiscitos provocaron la separación de Noruega y Suecia en 1905 y la integración de la región del Sarre en Alemania en 1935. Recientemente se utilizaron en África para determinar las preferencias de los pueblos que acababan de obtener la independencia.

México

Aunque pareciere que la democracia directa, a través de sus distintos instrumentos, no ha sido plasmada en ninguna de las Constituciones que han regido a través de la historia de nuestro país, realizando una exhaustiva búsqueda pudimos advertir que si se han realizado proyectos legislativos con fines de incluir figuras jurídicas que dicha forma de democracia defiende y abandera.

En nuestro país, a diferencia de otras naciones, el plebiscito ha tenido otra suerte, recuérdese que mediante ley de convocatoria en el año de 1824, el Congreso del Estado de Chiapas determinó realizar una consulta plebiscitaria con objeto de que el pueblo chiapaneco definiera el futuro de su Estado, optando por adherirse a la Federación Mexicana.

En México, un hecho sucedido en el mandato del Presidente Benito Juárez, dentro de su periodo de gobierno (1858-1867), 15 es el que se tiene como antecedente claro de la intención del gobernante en turno por realizar una consulta al pueblo con intención de que el resultado de ésta, fuese obedecido posteriormente convertido en legislación Constitucional. El inconveniente en caso en concreto, tal como lo marcan los historiadores y la Constitución de entonces, es que dicha figura no se encontraba prevista en la Carta Magna.

Por su parte, el primer antecedente constitucional de iniciativa ciudadana lo encontramos en las Siete Leyes Constitucionales y concretamente en la Tercera Ley que en su artículo 30 disponía que los particulares podrían optar por presentar sus proyectos de iniciativa a los Diputados o a los ayuntamientos, con lo cual éstos también lo podrían hacer ante las juntas departamentales.

El proyecto de Tercera Ley Constitucional, fue presentado al Congreso General en la sesión del 25 de febrero de 1836 y en esencia planteó evitar el exceso del poder y contenerlo fue una de sus preocupaciones. Diversificar las iniciativas; una de sus propuestas.

Casi siglo y medio después el referéndum y la iniciativa popular, como mecanismos de participación ciudadana, fueron incorporados al texto de nuestra Constitución en su artículo 73, fracción VI, base segunda, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, la cual, manifestaba lo siguiente:

``Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a V. ...

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases

siguientes:

1ª. ...

``2ª. Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la Ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale''.

3ª. ...

4ª. ...

5ª. ... ...''

Esta disposición a su vez fue derogada a través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de agosto de 1987, en la que se define la nueva naturaleza jurídica del Distrito Federal y se introduce entre otras cosas, la existencia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, señalando las facultades de ésta, entre otras cosa.

Ventajas y Desventajas

Como se ha venido manifestando, al hablar de instrumentos democráticos como el referéndum, plebiscito e iniciativa popular, es necesario precisar acerca de la verdadera representación social, hablar de una democracia directa y una semidirecta, ya es de por si, complejo en cuanto a sus instrumentos de aplicación y control que cada una posee, el creer que la democracia semidirecta es el resultado de tratar de corregir los errores de una democracia directa, es peligroso, pero hay que analizarlos a luz de la verdadera representación.

La democracia directa, en un sentido moderno, consta de tres pilares concretos: la iniciativa popular, el referéndum, y la revocación de cargos electos.

La objeción más importante que se suele achacar a la democracia directa, se refiere a su practicidad y eficiencia. Decidir sobre todos o casi todos los temas de importancia pública mediante referéndum puede ser lento y costoso, y puede provocar en los ciudadanos apatía y fatiga.

De igual forma, otra desventaja que se esgrime es que puede desembocar en la demagogia. También, dado que las preguntas deben ser cortas, con una respuesta de sí o no, los votantes podrían elegir políticas incoherentes.

Tratando de limitar la popularidad y el calado social que los principios de la democracia directa podrían provocar de forma natural, los gobernantes y partidarios de principios democráticos más estrictos suelen invocar términos como el ``gobierno de las masas'' para exacerbar la tendencia natural que tienen los ciudadanos a tener miedo de lo que puede ocurrir si sus conciudadanos tomaran decisiones directas sobre una parte importante de las políticas públicas, especialmente en lo que se refiere a sus libertades civiles fundamentales.

Algunos estudiosos utilizan el término democracia semi-directa para describir sistemas de democracia directa que cuentan con mecanismos para proteger las libertades civiles así como para proteger los intereses de las minorías de la mayoría. Sin embargo, dado que la democracia directa suele funcionar siempre de esta forma, la necesidad de dicho término no está del todo clara.

La puesta en práctica de la democracia directa suele traducirse en un proceso de confrontación, en el que la ciudadanía discute y elige dos opciones definidas por expertos. Este proceso se caracteriza por una falta de deliberación orientada hacia el consenso.

Por esta razón, la democracia directa se asocia más que nada con políticas de izquierda o de derecha, o al menos eso se deduce del análisis de quién defiende muchas iniciativas legislativas en los estados de Estados Unidos que las permiten.

De todas formas es importante resaltar que cualquier decisión resultante de una de estas iniciativas debe respetar la constitución del país correspondiente, lo que normalmente impide que se deroguen libertades civiles.

El modelo canadiense de asamblea de ciudadanos sortea muchas de las desventajas de la democracia directa a través de un proceso basado en la deliberación y el consenso, bastante diferente del caracterizado por las iniciativas y los referenda.

* Se menciona en la Constitución con facultad de todo ciudadano presentar una iniciativa de ley, pero en algunos casos se especifica que solo a través de su diputado de su distrito, o a través del ayuntamiento, mientras que en los demás casos no se establecen ningún mecanismo para que se lleve a cabo la iniciativa popular

** Estos mecanismos no están considerados en la Constitución del Estado, sino en la Ley de Participación Ciudadana o su similar.

Fuente: Cuadro comparativo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, con texto nacional, en participación ciudadana, mayo 2006, www.diputados.gob.mx/cesop/

Observaciones Complementarias

Las entidades federativas en las que existen mecanismos de participación ciudadana directa son:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Son 9 las entidades federativas que NO cuentan con ninguna figura de democracia participativa de forma específica a saber:

Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora.11

Aunque cabe mencionar que Hidalgo, señala que ``...la Ley facultará al Ejecutivo Estatal para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema estatal de planeación democrática ...'' y Tamaulipas hace mención de que dentro de las facultades del Congreso local está el de legislar sobre aspectos de participación directa de la ciudadanía y fijar las bases generales para que los Ayuntamientos establezcan los procesos en esta materia.

Sin embargo, no señalan a nivel Constitucional, ningún mecanismo concreto a través del cual se desarrolle esta participación ciudadana.

Del cuadro comparativo se desprenden los siguientes datos:

Materias de Plebiscito:

Para leyes y decretos: Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y Morelos.

Para la creación de municipios: Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, y Zacatecas.

Para actos que pretendan efectuar los ayuntamientos: Baja California Sur.

A excepción de los estados de Querétaro y Tlaxcala todos los demás estados contemplan esta figura para los asuntos de interés y trascendencia estatal.

En el Distrito Federal los resultados de plebiscito serán vinculatorios para el convocante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida. En Guanajuato la Ley de la materia establecerá que el resultado del plebiscito sea vinculatorio para el Titular del Poder Ejecutivo.

En Veracruz el referendo y el plebiscito serán obligatorios en los casos que señale la Constitución y la Ley.

En todos los estados se menciona expresamente que no son objeto de participación ciudadana la materia fiscal o tributaria, a excepción de los Estados de Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Además no podrán someterse a Plebiscito las siguientes materias:

En Aguascalientes, no podrán someterse a referéndum ni a plebiscito aquellas leyes o artículos que contemplen las siguientes materias:

Las disposiciones constitucionales y legales en materia tributaria o fiscal, así como Ley de ingresos y presupuesto de egresos en el estado de Aguascalientes;

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes;

Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos;

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En el Distrito Federal y Guanajuato: lo referente a nombramiento o destitución de los titulares de secretarías o dependencias del Ejecutivo o los realizados por causa de utilidad pública, los reglamentos que se refieran a la organización y estructura del ayuntamiento y de la administración pública municipal y de los bandos de policía y buen gobierno, de las disposiciones de carácter financiero, de los nombramientos o destitución de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

En Jalisco las leyes orgánicas de los poderes del Estado y las leyes que se refieran a materia electoral. En Michoacán la regulación interna de los órganos del Estado.

En Morelos los actos o decisiones del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, relativos a el régimen interno de la Administración Pública Estatal y Municipal; los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; el Referéndum e Iniciativa popular no proceden cuando se trata de: el régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal; la designación del Gobernador interino, substituto o provisional; Juicio Político; los Convenios con la Federación y con otros Estados de la República.

En el caso de la figura de revocación de mandato sólo se contempla en las Constituciones de Chihuahua y Zacatecas.

Se tiene posibilidad de que la participación ciudadana tenga ingerencia a nivel Constitucional tanto en la iniciativa popular como del referendo.

En Cuba se señala como mínimo a diez mil ciudadanos para proponer una iniciativa popular; sólo es obligatorio el referendo en materia Constitucional.

En Ecuador se utiliza indistintamente el término de consulta popular para referirse también a la figura del referéndum constitucional; para que la decisión adoptada por la consulta sea obligatoria se debe de contar con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes.

Pueden los propios ciudadanos solicitar al Tribunal Supremo Electoral convocar a la consulta en caso de reunir el ocho por ciento el padrón electoral, siempre y cuando no se trate de reformas a la Constitución. Se da la posibilidad de realizar consultas populares a nivel local. Se señala la prohibición de someter a este sistema de consulta los asuntos tributarios.

En Guatemala también se utiliza indistintamente el término de consulta popular para referiste también al referéndum constitucional.

En Panamá se considera que forma parte de la consulta popular el referéndumen materia constitucional, es sólo una de las formas como pueden ser aprobadas las reformas Constitucionales, y en caso de haberse elegido éste resulta de carácter obligatorio.

En Paraguay el referéndum de carácter legislativo puede ser o no vinculante, dentro de las materias que no pueden ser objetos de referéndum se señalan las de carácter internacional, las expropiaciones, las de defensa nacional, de la propiedad inmobiliaria, sistemas tributarios, monetarios y bancarios, el presupuesto, y las elecciones en sus tres niveles de gobierno.

En Perú se señala que los asuntos que pueden ser sometidos a referéndum son: reforma Constitucional, la legislación ordinaria, las ordenanzas municipales, así como las materias relativas al proceso de descentralización y señala como materias que no pueden someterse a este sistema de consulta a: la supresión de los derechos fundamentales, los de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

Es obligatorio el referéndum en materia constitucional, pudiéndose omitir cuando el proyecto de ley ha sido aprobado por los dos tercios del número de Congresistas.

En Uruguay se tiene contemplada la posibilidad de formular proyectos sustitutivos que someterá a decisión plebiscitaria en la reforma Constitucional, señalando una fórmula detallada y compleja al respecto.

En el caso de Venezuela a través del término referéndum, se refiere indistintamente a éste, y a las consulta popular, llamándolo referéndum consultivo, pudiendo ser en los distintos niveles de gobierno. Para la validez del refrendo abrogatorio señala la concurrencia de por lo menos el cuarenta por ciento de los electores. Menciona como materias no aptas al refrendo abrogatorio: las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni de amnistía, las relativas a los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.

Se menciona que no podrá hacerse más de un refrendo abrogatorio en un periodo constitucional por la misma materia. Puede haber iniciativa popular en materia de reforma Constitucional con un número no menor del quince por ciento de los electores inscritos. El refrendo es obligatorio en materia de reforma Constitucional.

Países de Europa

En España se denomina Referéndum Consultivo a la consulta popular. El referéndum es obligatorio en reforma total a la Constitución y facultativo en los casos de reforma parcial. No procede la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

En Francia se menciona que podrán ser sometidos a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica y social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella, o que propongan la ratificación de un tratado, que sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones. Es vinculatorio el referéndum en caso de reformas a la Constitución.

En Irlanda se deja plasmado a nivel Constitucional la existencia de las principales modalidades del referéndum dejando los detalles de su regulación, como en otros países a la ley respectiva.

En Italia se señala como requisito para la formulación de una iniciativa de ley la propuesta por ciento cincuenta mil electores como mínimo. El referéndum popular para la derogación parcial o total de una ley puede ser también requerido por quinientos mil electores. No se permite el referéndum en leyes tributarias y presupuestarias, de amnistía y de indulto, ni de autorización para ratificar tratados internacionales. Será vinculatorio si alcanza cierto porcentaje de participación ciudadana. No habrá referéndumsi el proyecto de ley hubiese sido aprobado en las Cámaras por una mayoría de dos tercios de sus respectivos integrantes.

En Suiza pueden someterse a referéndumlas leyes y decretos federales cuando lo soliciten cincuenta mil ciudadanos. Pueden ser también materia de referéndum: los tratados internacionales, que sean de duración indeterminada y no denunciables, prevean la adhesión a una organización internacional y los que lleven aparejada una unificación multilateral del derecho.

La iniciativa popular es tomada en cuenta si la proponen 100, 000 ciudadanos. Para ciertos asuntos locales existe también la figura del ladgemeine, que son reuniones anuales, donde participan todos los electores de un cantón, actuando a modo de Asamblea legislativa.

Conclusiones

A través de un análisis de la historia de México, podemos advertir que el asentamiento político, económico y social como Estado, no ha podido concluirse, si bien es cierto que hemos avanzado de forma considerable, también lo es, que nos falta un buen trecho por recorrer.

El aventurarse a pronosticar un lapso de tiempo para ello, revelaría una arriesgada apuesta, pues las bases que dan sustento al ordenamiento legal del Estado Mexicano como muchos otros Estados, deben de estar vigentes y acordes a los cambios y realidades sociales, las cuales, se encuentran constantemente en movimiento.

Es así como partimos de la idea, que la atmósfera que rodea al país en este momento, refleja una pérdida de confianza en las Instituciones por parte de la ciudadanía, la falta de una participación mas directa por parte de ésta en los actos que dan vida al Estado Mexicano, pone en peligro la representación legitima y eficaz de los que resguardan, guían y vigilan los intereses de la sociedad.

Es el tiempo de hacer una pausa y voltear la mirada a los verdaderos poseedores de la soberanía, es el momento de sensibilizarnos a los intereses sociales, y brindar mecanismos reales para reactivar la participación ciudadana.

México ha entrado en la etapa, en que, una representación sin una participación de la ciudadanía real, imposibilita el avance hacia una consolidación de Estado, es así, como se ha abierto la puerta hacia la búsqueda de una democracia participativa.

La participación ciudadana es necesaria para ello, adentrarnos en el estudio de que tan conveniente es una democracia directa o una semi-directa para México, retrasaría el encontrar una solución para las necesidades actuales que la sociedad justamente reclama.

El panorama social actual, presenta un caldo ideal para la creación de figuras que permitan una participación directa de los ciudadanos en los temas de mayor relevancia para México.

El hablar de un experimento inconsciente no cabe en esta ocasión, pues no seria la primera vez que se intentara incluir en nuestra carta magna, éstas figuras de participación directa, la Ley Federal de Organismos Políticos y Procesos Electorales de 1977, incluyó ejercicios de participación directa por parte de la ciudadanía, así como su instauración en la Constitución en la fracción VI del artículo 73.

Cabe la oportunidad de recordar la exposición de motivos que en aquella ocasión realizo el Ejecutivo, pues podemos advertir una adecuación a la realidad social actual; el Presidente Mexicano partió de la convicción de que todo proceso político entraña la permanente reafirmación de su legitimidad; que el poder político en la sociedad es uno solo que tiene su origen en la voluntad del pueblo; que la democracia y su normación legal hacen posible garantizar el respeto a esa voluntad poniendo al alcance popular todos los mecanismos suficientes para captarla en toda su complejidad, incorporando las diferencias que, combinadas, configuran la verdadera voluntad de la nación.

Actualmente, es necesario que una Reforma del Estado prevea un tratamiento distinto de la relación de los Poderes Públicos con la sociedad. La conformación de la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se tomen con un completo desconocimiento de la materia.

Es así como la participación ciudadana ha sido restringida a la simple elección de sus representantes, encasillando al electorado a una participación mínima, pues éste, se limita al derecho de sufragio tanto pasivo como activo.

Es necesario incluir el principio de ``participación ciudadana'' dentro de aquellas disposiciones constitucionales con carácter de decisión política fundamental, insertar este principio en el artículo 39, como forma de ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo e incluir esa participación en el numeral 40 de la Carta Magna para que la forma de gobierno de México sea no sólo representativa, sino también participativa, adquiere importancia inmediata.12

Debemos darle la oportunidad a los actores sociales interesados en la materia de que se trate para que participen directamente en la planeación, gestión y evaluación de decisiones públicas.

La participación ciudadana y la representación política no pueden concebirse como conceptos extremos, al contrario, se trata, de conceptos complementarios. La participación ciudadana no puede concebirse alejada de las instancias de representación política ni de las decisiones que en ellas se tomen.

En México no existe una tradición democrática de participación ciudadanía, salvo para la elección de sus representantes en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. La Reforma Electoral de 1977 y los debates sobre diversas iniciativas de partidos políticos que constan en las Cámaras del Congreso han intentaron establecerla en el ámbito federal., mas sin embargo, no logro consolidarse, pues en 1987 se derogo el único mecanismo constitucional de democracia directa que existía hasta entonces.

Los mecanismos que la democracia directa prevé como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, hacen posible que la ciudadanía se involucre en la realización de políticas nacionales que le afectaran o servirán a futuro, el referéndum pone a consideración de los ciudadanos una reforma constitucional o una ley; se distingue del plebiscito en que su objeto son decisiones políticas o administrativas que afectan el interés general de la comunidad. Estas dos formas de consultan ocurren en distinto tiempo: el referendo ocurre expost y el plebiscito ex ante.

De lo anterior, se desprenden las siguientes conclusiones, que no son las primeras en realizarse ni son producto de un conjuro mágico, sino de un estudio y análisis de distintos sectores, tanto sociales, como de estudio, investigación y análisis en la materia.

Incorporar en la Constitución el referendo, el plebiscito y la iniciativa social como derechos políticos en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Facultar al Instituto Federal Electoral como la autoridad encargada de organizar y vigilar los procesos refrendario y plebiscitario.

Establecer la obligatoriedad del referendo para toda reforma constitucional en aras de lograr la estabilidad de la Constitución.

Crear un órgano que determine la procedencia o no de un referendo legal ordinario con la finalidad de evitar el abuso de esta forma de consulta democrática.

Establecer que las instancias con poder para convocar a referendo y plebiscito serán el Presidente de la República; la tercera parte del total de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y el 1.5 % de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Ayuntamientos y otros, en las materias de su competencia.13

Bibliografía

DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Aristos. Editorial Ramón Sopena S.A. Barcelona, España. 1975

DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. Manuel Ossorio. 6ª . Edición. Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos Aires. 1986.

ARTEAGA, Nava Elisur, ``Derecho Constitucional'', colección textos jurídicos universitarios, Oxford University Press, México, 1999.

IEDF, ``Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal'', México, 2002.

BERLIN, Valenzuela Francisco, ``Diccionario universal de términos parlamentarios'', Instituto de Investigaciones legislativas, Porrúa, México, 1997.

MERINO, Mauricio. ``La participación ciudadana en la democracia'', cuadernos de divulgación de la cultura democrática, IFE, México, 1995.

SALAZAR Luis, Woldenberg José. ``Principios y valores de la democracia'', cuadernos de divulgación de la cultura democrática, IFE, México, 1997.

MUÑOZ Ledo, Porfirio. Coordinador. Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Conclusiones y propuestas. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2001.

PRUD´Homme, Francois Jean, ``Consulta popular y democracia directa'', Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, IFE, México, 1997.

http://www.ndipartidos.org/pdf/gobernando/democraciadirecta.pdf

INSTITUCIONES DE DEMOCRACIA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA. Autor: Juan Rial Fecha de realización: octubre 2000.

http://www.andigross.ch/html/disegnodd.pdf.

http://www.aceproject.org/main/espanol/es/ esc01b.htm. Autor: Joseph

http://www.congresocol.gob.mx/leyes.htm

http://www.ben.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/nro185.html

www.georgetown.edu/pdba/Comp/Legislativo/Leyes/iniciativa.html

Proyecto de iniciativa

Iniciativa de proyecto de reforma y adición a los artículos 35, fracción I, 36, fracción III, 36, último párrafo, 40, 41 fracción III, y 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que crea la ``Ley de Participación Ciudadana'', para instaurar los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, referéndum y la iniciativa ciudadana, que sirven al Estado para canalizar las inquietudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y opiniones, dando un sustento a los procesos decisivos y legitimidad del Gobierno, cargo del diputado Alberto Esteva Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

El suscrito, Alberto Esteva Salinas diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h) y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, fracción I, 36, fracción III, 36, último párrafo, 40, 41 fracción III, adición de una fracción IV y reforma al último párrafo al artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea la ``Ley de Participación Ciudadana''.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Federal y proyecto de Ley de Participación Ciudadana, en términos de la normatividad vigente.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, adición y creación de ley, se realiza a continuación la siguiente:

Exposición de Motivos

La realidad social que actualmente se esta viviendo en nuestro país, nos conduce a que realicemos un urgente y necesario análisis de las políticas públicas, y de estructuras jurídicas que dan sustento al estado mexicano. El artículo 40 de nuestra Carta Magna ordena que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, y federal. Dichos principios son pilares fundamentales de nuestro ordenamiento y nos recuerda la sangre que muchos compatriotas derramaron para lograr lo que hoy es México.

Sin embargo, debemos en este momento hacer una pausa y revalorar estos principios y lo que el espíritu de éstos engrandece. El hombre actual es un individuo con plena actividad en el ejercicio de sus derechos políticos y la actual democracia ha sentado sus bases considerando como instrumento propio y medio indispensable para su actuación, el sufragio universal, que viene a ser el punto de partida de la democracia representativa.

La democracia representativa actual, tiene hoy la ventaja que le da la numerosa población, de que en ella siempre habrán hombres y mujeres capaces para desempeñar las funciones públicas, mas sin embargo, esto no quiere decir que sean por ello infalibles, pues siempre existe la posibilidad de llevar hombres nuevos al poder, y es ésta otra de las grandes conquistas de la democracia, ya nos decía Aristóteles: ``uno de los caracteres esenciales de la libertad es que todos los ciudadanos por turno manden y obedezcan''.

La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo, es un apoyo creciente a los instrumentos que tradicionalmente se han definido como ``democracia semidirecta''. El respaldo actual a estos instrumentos se basa en la premisa de que el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, pueden incrementar el papel de los ciudadanos en los problemas de gobierno y las acciones que se instrumenten para resolverlos.

El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular,fortalecen la democracia y son compatibles con el sistema representativo, pues toman en cuenta la opinión del pueblo sobre cuestiones trascendentales para la vida nacional y le sirven al Estado para canalizar las inquietudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y opiniones. Ello, a su vez, dará sustento a los procesos de decisión y legitimidad al gobierno.

Los mecanismos de participación ciudadana expresan una democracia semidirecta en la medida en que funcionan como correctivos de las decisiones tomadas por la autoridad durante el ejercicio de la función gubernativa. Como tales, y con base en la esencia de participación, se consideran también mecanismos de democracia participativa y no sólo semidirecta.

Es el tiempo de voltear la mirada a los verdaderos poseedores de la soberanía y sensibilizarnos a los intereses sociales, para que con ello, podamos brindar mecanismos reales para concebir una nueva forma de participación ciudadana para poder encontrar juntos, una solución para las necesidades actuales que la sociedad justamente reclama.

La atmósfera que rodea al país en este momento, refleja una pérdida de confianza en las Instituciones por parte de la ciudadanía, la falta de una participación mas directa por parte de ésta en los actos que dan vida al Estado Mexicano, pone en peligro la representación legitima y eficaz de los que resguardan, guían y vigilan los intereses de la sociedad. México ha entrado en la etapa, en que, una representación sin una participación de la ciudadanía real, imposibilita el avance hacia una consolidación de Estado, es así, como se ha abierto la puerta hacia la búsqueda de una democracia participativa.

El hablar de un experimento inconsciente no cabe en esta ocasión, pues no seria la primera vez que se intentara incluir en nuestros ordenamientos legales, éstas figuras de participación directa; la Ley Federal de Organismos Políticos y Procesos Electorales de 1977, incluyó ejercicios de participación directa por parte de la ciudadanía, así como su instauración en la Constitución en la fracción VI del artículo 73.

El poder político en la sociedad es uno solo que tiene su origen en la voluntad del pueblo; la democracia y su normación legal hacen posible garantizar el respeto a esa voluntad poniendo al alcance popular todos los mecanismos suficientes para captarla en toda su complejidad, incorporando las diferencias que, combinadas, configuran la verdadera voluntad de la nación.

Es necesaria una Reforma de Estado que prevea un tratamiento distinto de la relación que se da entre los Poderes Públicos y la sociedad. La actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se toman con un completo desconocimiento de la materia.

Es así como la participación ciudadana ha sido restringida a la simple elección de sus representantes, encasillando al electorado a una participación mínima. Es así, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, se presentan como mecanismos que aseguran una consolidación de la democracia en México.

Los mecanismos que la democracia directa prevé como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular,hacen posible que la ciudadanía se involucre en la realización de políticas nacionales así como acciones de gobierno que le afectarán o servirán a futuro, el referéndum pone a consideración de los ciudadanos una reforma constitucional o una ley; se distingue del plebiscito en que su objeto son decisiones políticas o administrativas que afectan el interés general de la comunidad.

Por su parte, la iniciativa ciudadana es el derecho que se le confiere al pueblo para hacer propuestas de ley al poder legislativo, reconocido en algunas constituciones a favor del pueblo, estableciéndose como un único requisito que la iniciativa sea presentada por cierto numero de ciudadanos.

La participación ciudadana y la representación política, no pueden concebirse como conceptos extremos, al contrario, se trata de conceptos complementarios. La participación ciudadana no puede concebirse alejada de las instancias de representación política ni de las decisiones que en ellas se tomen.

En México no existe una tradición democrática de participación ciudadana, salvo para la elección de sus representantes en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. La Reforma Electoral de 1977 y los debates sobre diversas iniciativas de partidos políticos que constan en las Cámaras del Congreso han intentado establecerla en el ámbito federal., mas sin embargo, nunca se ha logrado consolidarse, pues en 1987 se derogó el único mecanismo constitucional de democracia directa que existía hasta entonces.

Por lo anteriormente expuesto es de proponerse ante esta H. Cámara de Diputados, sea aprobada el siguiente proyecto de reforma, adición a la Constitución Federal y proyecto de Ley.

``Proyecto de reforma y adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proyecto de ``Ley de Participación Ciudadana''

Artículo Primero: Se reforman los artículos 35 fracción I, 36 fracción III, 40, 41, fracción III, adición con un último párrafo al artículo 36, adición de una fracción IV y reforma al último párrafo al artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quedando en los términos siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo IV De los Ciudadanos Mexicanos

Artículo 34. ...

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de referéndum y plebiscito que lleven a cabo las autoridades competentes;

II. a V. ...

36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. ...

II. ...

III. Votar en las elecciones populares y en los procesos de referéndum y plebiscito en los términos que señale la ley;

IV. ...

V. ...

En el caso de la fracción III de este artículo, el Congreso de la Unión establecerá el procedimiento para que se lleve a cabo el plebiscito y referéndum en la ley reglamentaria respectiva.

Artículo 37.

A) ...

B) ...

I. ...

II. ...

C) La ciudadanía mexicana se pierde: I. ...

VI. ...

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. ...

...

VI. ...

Título Segundo

Capítulo I De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artículo 39. ...

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, participativa, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

...

Artículo 41. ...

I. ...

II. ...

a) ...

b) ...

c) ...

III. La organización de las elecciones federales y el proceso de plebiscito y referéndum son una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio ... ...

...

Sección II De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión,

III. A las Legislaturas de los Estados; y

IV. A los ciudadanos mexicanos

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados, por las diputaciones de los mismos, y por los ciudadanos Mexicanos pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

Artículo Segundo: Se crea la ``Ley de Participación Ciudadana''

Ley de Participación Ciudadana

Título Primero Disposiciones Preliminares

Capítulo Único Del Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 35 fracción I, 36, fracción III, 39, 40, 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social; tiene por objeto estimular, promover, consolidar y establecer los elementos y mecanismos que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del territorio mexicano.

Artículo 2. Los instrumentos de la participación ciudadana son:

I.- Plebiscito,

II.- Referéndum, e

III. Iniciativa ciudadana.

Los principios rectores de la participación ciudadana son la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la legalidad y la equidad.

Artículo 3. La aplicación y ejecución de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, corresponden al: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Estados de la Federación, Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para el desempeño de sus funciones el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejercerán aquellas atribuciones y facultades que les otorgan otras leyes, siempre que no se contrapongan a esta Ley.

Artículo 4. La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará tomando en cuenta el objeto y los principios rectores de la participación ciudadana previstos en sus artículos 1 y 2, atendiendo indistintamente a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las leyes Estatales y municipales en el ámbito de su competencia, en los acuerdos del Consejo General del IFE dictados dentro de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los principios generales del derecho.

Artículo 6. Para el desempeño de sus funciones los órganos previstos en esta Ley, contarán con el apoyo de las autoridades Federales, Estatales y Municipales, en sus respectivos ámbitos de su competencia.

Artículo 7. Son ciudadanos los hombres y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos previstos en los artículos 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8. Los ciudadanos tienen las obligaciones y derechos siguientes:

I. Cumplir con las disposiciones de esta Ley y ejercer los derechos que les otorga la misma, sin perturbar el orden y la paz pública, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes;

II. Promover, participar, ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere esta Ley.

III. Los demás que establezca esta Ley.

Artículo 9. Es obligación de las autoridades Federales, estatales y municipales, en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley para los ciudadanos mexicanos, residentes en todo el territorio mexicano, que gocen del pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.

Título Segundo De la Participación Ciudadana

Capítulo Primero Del Plebiscito

Sección Única Disposiciones Preliminares

Artículo 10. El plebiscito tiene por objeto el consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los siguientes actos:

I. Los actos del Poder Ejecutivo que se consideren como trascendentes en la vida pública del País;

II. Los actos del Congreso de la Unión referentes a la vida política del país.

Artículo 11. Podrán solicitar el plebiscito:

I. El Congreso de la Unión, a través de cualquiera de las dos Cámaras con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes;

II. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Los Gobernadores de los Estados, y

IV. Los ciudadanos mexicanos que representen cuando menos el 2% de los electores de la Lista Nominal.

Artículo 12. El Instituto Federal Electoral a través del Consejo General, es el órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de plebiscito, de conformidad a lo estipulado por el último párrafo del artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Asimismo, es la autoridad competente para efectuar la calificación de procedencia, el cómputo de los resultados, los efectos del plebiscito y ordenar, en su caso, los actos que sean necesarios de acuerdo a esta Ley.

A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de calificar la procedencia, el Consejo General del IFE informará al Congreso de la Unión de las solicitudes que haya recibido, dentro de las veinticuatro horas siguientes: el Congreso de la Unión deberá emitir opinión en un término no mayor a quince días hábiles.

El Consejo deberá incluir y aprobar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto, una partida destinada a la realización de los procesos de plebiscito y referéndum, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

Artículo 13. La solicitud de plebiscito se presentará ante el Consejo General del IFE y deberá contener por lo menos:

I. El acto que se procura someter a plebiscito;

II. La exposición de los motivos por las cuales el acto se considera importante para la vida pública del país; las consideraciones por las cuales debe someterse a plebiscito y la proposición de pregunta a consultar;

III. Cuando sea presentada por ciudadanos, deberá contener los datos de cada demandante como son: nombre completo, numero de folio de la credencial de Elector, firma de cada uno de los solicitantes y la designación de un representante común, quien deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. En este caso el Instituto Federal Electoral a través de su órgano directivo correspondiente verificará los datos aportados.

Para el caso de esta última fracción, el Instituto suministrará al solicitante los formatos oficiales a efecto de que en ellos recabe la información de los ciudadanos que representen el porcentaje que exige esta Ley.

Artículo 14. En un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, el Consejo determinará si se satisfacen los requisitos a que se refiere el artículo anterior, haciéndolo del conocimiento de los solicitantes y de la autoridad de quien emana el acto.

Artículo 15. No podrán someterse a plebiscito, los actos relativos a:

I. Los egresos de la Federación;

II. El régimen interno y de organización de la Administración Pública de Federal;

III. Los actos de índole tributario o fiscal;

IV. Los actos en materia de expropiación o de limitación a la propiedad particular, y

V. Los demás actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables y reglamentos respectivos.

Artículo 16. A cada proceso de plebiscito procederá una convocatoria pública que se deberá expedir cuando menos sesenta días naturales antes de la fecha de la votación. La convocatoria la hará el Instituto Federal Electoral a través del Consejo General.

La convocatoria se publicará en el Diario Oficial, en los principales diarios de mayor circulación nacional y, se difundirá en los medios electrónicos que se determine y contendrá:

I. El objeto del acto que se somete a plebiscito;

II. Transcripción clara y concisa de los motivos a favor o en contra expuestos;

III. Fecha en que habrá de realizarse la votación;

IV. Horario de votación;

V. Pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo;

VI. Requisitos para participar, y

VII. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.

El Instituto Federal Electoral podrá auxiliarse de los órganos de gobierno, instituciones de educación superior así como de organizaciones no gubernamentales relacionados con la materia de que trate el plebiscito, para la elaboración de las preguntas que se someterán a consulta.

Artículo 17. En el año en que tengan verificativo elecciones ordinarias, no podrá realizarse plebiscito durante el período comprendido entre la preparación de la elección y los sesenta días posteriores a la Jornada Electoral, de conformidad con la calendarización que establezca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No podrá realizarse plebiscito en el mismo año, en el caso de plebiscitos que su contenido o tema principal sea igual o similar al ya realizado.

Artículo 18. En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Tener residencia efectiva en el país de por lo menos 1 año;

II. Estar inscritos en el Padrón y aparecer en el Listado Nominal, y

III. Contar con Credencial de Elector.

Artículo 19. Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para los actos del Poder Ejecutivo, sólo cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida.

Artículo 20. El Instituto hará la declaratoria de los efectos del plebiscito, de conformidad con lo que disponga esta Ley.

Los resultados del plebiscito se publicarán en el Diario Oficial y en los diarios de mayor circulación nacional.

Capítulo Segundo Del Referéndum

Sección Primera Disposiciones Preliminares

Artículo 21. El referéndum es el proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a:

I. Las reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución que sean trascendentes para la vida pública del País;

II. La creación, reformas, adiciones, derogación o abrogación de las leyes, decretos o reglamentos que expida el Congreso de la Unión y Legislaturas de los Estados, en su ámbito de competencia, y que sean trascendentes para la vida pública de la Nación.

Artículo 22. El referéndum podrá ser:

I. Atendiendo a la materia: a) Referéndum constitucional, que tiene por objeto aprobar o rechazar reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución;

b) Referéndum legislativo, que tiene por objeto aprobar o rechazar la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de las leyes, reglamentos o decretos que expida el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en su ámbito de competencia.

II. Atendiendo a su eficacia: a) Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento que se someta a consulta;

b) Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar totalmente el ordenamiento que se someta a consulta, y

c) Derogatorio, que tiene por resultado rechazar sólo una parte del total del ordenamiento que se somete a consulta.

Artículo 23. El Instituto Federal Electoral, a través del Consejo General, es el órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de referéndum, así como la autoridad competente para calificar su procedencia y eficacia, efectuar el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos necesarios en los términos de esta Ley.

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley, se entenderá como norma o normas objeto de referéndum:

I. A la reforma, adición o derogación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. A la creación, modificación, reforma, adición, derogación y abrogación de leyes, reglamentos o decretos que expida el Congreso de la Unión y la legislatura de los Estados, en su ámbito de competencia.

Artículo 25. No podrán someterse a referéndum aquellas normas que traten sobre las siguientes materias:

I. Tributario o fiscal;

II. Egresos de la Federación;

III. Régimen interno y de organización de la Administración Pública de la Federación;

IV. Regulación Interna del Congreso de la Unión y la de la Legislatura de los Estados;

V. Regulación Interna del Poder Judicial de la Federación, y

VI. Las que determine la Constitución Federal y las demás leyes.

Artículo 26. El referéndum constitucional puede ser solicitado por:

I. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Los Gobernadores de los Estados y

III. Los ciudadanos que representen cuando menos el 2 % de la Lista Nominal Nacional.

Artículo 27. La solicitud de referéndum constitucional, se deberá presentar ante el Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la norma que se pretenda someter a consulta.

Artículo 28. La solicitud de referéndum constitucional, que presente el Presidente o los Gobiernos de los Estados, deberá contener cuando menos:

I. Nombre de la autoridad que lo promueve. En el caso de los Gobernadores de los Estados, deberá acompañar acta de sesión del Congreso Local, donde se apruebe la promoción del proceso de referéndum;

II. El o los preceptos legales en el que se fundamente la solicitud;

III. Especificación precisa de la norma o normas que serán objeto de referéndum;

IV. Autoridad de la que emana la materia del referéndum;

V. Exposición de motivos y razones por las cuales se considera necesario someter a referéndum la norma o normas, y

VI. Nombre y firma de la autoridad promovente, o en su caso, de quien tenga su representación.

La solicitud de referéndum legislativo deberá cumplir con los mismos requisitos.

Artículo 29. Las solicitudes de los ciudadanos para promover referéndum constitucional o legislativo, deberán presentarse en las formas oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto Federal Electoral, las cuales contendrán los espacios para la información siguiente:

I. Nombre del representante común de los promoventes;

II. Domicilio legal del representante común que señale para oír y recibir toda clase de notificaciones;

III. Indicación de la norma o normas objeto de referéndum;

IV. Autoridad de la que emana la materia de referéndum;

V. Exposición de motivos por los cuales se considera necesario someter la norma o normas a referéndum, y

VI. Nombre, firma y número de folio de la Credencial de Elector de cada uno de los ciudadanos. El Instituto Federal Electoral a través de su órgano directivo competente verificará los datos de las credenciales de elector.

Artículo 30. El referéndum legislativo puede ser solicitado por:

I. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Los Gobernadores de los Estados, y

III. Los ciudadanos que representen cuando menos el 1% de la Lista Nominal Nacional.

Artículo 31. La solicitud de referéndum legislativo que haga el Presidente de la República o los Gobernadores de los Estados, de la norma o normas objeto de consulta, la deberán presentar dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial. Si la solicitud corresponde a ciudadanos, el plazo será de 30 días.

Artículo 32. El Instituto Federal Electoral, al recibir una solicitud de proceso de referéndum, le asignará un número consecutivo de registro, el cual indicará el orden en que ha sido presentada y la fecha de su inscripción.

Artículo 33. El Consejo resolverá en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de referéndum, el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 28, 30, 31 y 37 de esta Ley. En caso afirmativo notificará al Congreso del Estado y a los solicitantes, de lo contrario desechará de plano la solicitud.

Artículo 34. A cada proceso de referéndum precederá una convocatoria que se deberá expedir y difundir cuando menos sesenta días hábiles antes de la fecha de la votación.

Artículo 35. Corresponde al IFE elaborar la convocatoria a través del Consejo General, debiendo publicarse en el Diario Oficial, los principales diarios de circulación nacional y en los medios de comunicación electrónicos que se consideren convenientes y, contendrá:

I. Referencia de la norma o normas que se propone someter a referéndum;

II. Transcripción clara y sucinta de los motivos a favor o en contra expuestos;

III. Fecha en que habrá de realizarse la votación;

IV. Horario de votación;

V. Requisitos para participar;

VI. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria, y

VII. Pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo.

Artículo 36. Solamente podrá realizarse un referéndum al año, y cuando tengan verificativo elecciones ordinarias no podrá realizarse referéndum alguno, desde el inicio del proceso electoral y hasta sesenta días posteriores a la elección.

Artículo 37. En los procesos de referéndum, sólo podrán participar los ciudadanos Mexicanos que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Tengan vecindad en el País, con residencia efectiva de por lo menos un año;

II. Estén inscritos en el padrón, y aparezcan en el Listado Nominal, y

III. Tengan Credencial de Elector.

Sección Segunda De la Votacion y la Adopción de la Decisión

Artículo 38. El referéndum constitucional sólo podrá aprobarse o rechazarse, cuando así lo determine la votación mayoritaria de los ciudadanos de cuando menos la mitad más uno del total de ciudadanos que hayan participado en dicho proceso.

Debiendo ser un número de ciudadanos no menor al 50 por ciento de los que votaron de acuerdo al Listado Nominal utilizado para la elección federal inmediata anterior.

Artículo 39. El referéndum legislativo sólo podrá ser rechazado o aprobado por la mayoría de votos de los electores, siempre y cuando hayan participado en el proceso cuando menos el 50 por ciento de los que votaron de acuerdo al Listado Nominal utilizado para la elección federal inmediata anterior.

Artículo 40. El Consejo General realizará el cómputo de los resultados anotados en las actas de cómputo y hará la declaratoria de validez, ordenando su publicación en el Diario Oficial, en los diarios de mayor circulación nacional y en los medios electrónicos que se consideren necesarios.

Los resultados del referéndum tendrán carácter vinculatorio en los términos de los artículos 38 y 39 de esta Ley.

Capítulo Tercero Disposiciones Comunes a los Procesos de Plebiscito y Referéndum

Sección Primera De la Procedencia o Improcedencia

Artículo 41. El Instituto Federal Electoral a través del Consejo General, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voto, previo estudio elaborado por una Comisión de ellos mismos, determinará si es trascendente para la vida pública del Estado, debidamente fundado y motivado según sea el caso:

I. Los actos del Poder Ejecutivo, en caso de plebiscito, y

II. La norma o normas que se propone someter a referéndum.

La Comisión de Consejeros Ciudadanos que se integre podrá auxiliarse para la elaboración de su dictamen de los órganos de gobierno, instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales, u organismos ciudadanizados relacionados con la materia de que se trate.

Artículo 42. El Consejo después de decretar que la solicitud de plebiscito o de referéndum cumple con los requisitos que establece esta Ley, notificará a la autoridad de la que emana el acto o la norma objeto del proceso respectivo. La notificación deberá contener por lo menos:

I. La mención del acto que se pretenda someter a plebiscito, o de la norma o normas objeto de referéndum;

II. La exposición de motivos contenida en la solicitud del promovente, y

III. El plazo, contado a partir del día siguiente de la notificación, que se le otorga para hacer llegar sus consideraciones ante el Instituto Federal Electoral.

Artículo 43. Las consideraciones que hará llegar la autoridad serán todas aquellas que justifiquen el acto de que se trate en el caso del plebiscito, así como los motivos por los cuales la ciudadanía debe votar a favor del acto.

Tratándose del referéndum, se deberá enviar la exposición de motivos relativos a las materias objeto del proceso, expresando los aspectos y circunstancias que considere necesarios para que los ciudadanos emitan su voto a favor de la disposición sometida a dicha consulta.

Artículo 44. Son causas de improcedencia, que:

I. El acto o norma no sean trascendente para la vida pública;

II. El acto o norma no sean objeto de plebiscito o referéndum;

III. El escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;

IV. La promoción realizada por ciudadanos, no cuente con firmas de apoyo auténticas; los ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en la Lista Nominal, o el porcentaje sea menor al requerido por esta Ley; los datos del escrito no concuerden con los datos registrados en el Padrón;

V. El acto objeto del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad;

VI. La norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado;

VII. La norma objeto del referéndum no exista, y

VIII. El escrito de solicitud sea desdeñoso, atente contra las instituciones o sea ilegible o su exposición de motivos no contenga una relación directa entre los motivos expuestos y el acto o norma.

IX. L a solicitud no esté fundamentada conforme a Derecho.

Artículo 45. Dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se recibió la contestación de la autoridad, el Instituto Federal Electoral, a través del Consejo General, deberá emitir el Acuerdo que declare la procedencia o improcedencia del plebiscito o del referéndum, según se trate.

En el Acuerdo que emita el Consejo General, declarando procedente el proceso de plebiscito, ordenará a la autoridad que suspenda el acto y/o sus efectos hasta en tanto se conozcan oficialmente los resultados de dicha consulta.

El Acuerdo que emita el Consejo General declarando procedente el proceso de referéndum, señalará en su caso el efecto en que se haya admitido, en los términos del Artículo 22 fracción II de esta Ley.

Artículo 46. En el caso de la solicitud de plebiscito o referéndum presentadas por ciudadanos, declaradas improcedentes, por la sola razón de ser intrascendentes, los promoventes podrán presentar en un plazo de hasta 30 días naturales una lista adicional con firmas de ciudadanos que representen el 1% más que se agregará a la lista entregada inicialmente, considerándose procedente la solicitud.

El plazo anterior iniciará a partir del día siguiente de la notificación que se haga a los solicitantes por parte del Instituto.

Artículo 47. El Consejo General tendrá facultades para ampliar los plazos y términos establecidos en esta Ley, cuando:

a) Exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos para el proceso de plebiscito o de referéndum;

b) Resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas etapas del proceso de plebiscito o de referéndum.

El acuerdo o acuerdos del Consejo que determinen ampliaciones a los plazos y términos de los procesos mencionados, serán enviados para su publicación en el Diario Oficial, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación.

Sección Segunda De la Organización

Artículo 48. El Instituto Federal Electoral, según las necesidades del proceso, su naturaleza y el ámbito territorial de su aplicación, establecerá la estructura requerida para su realización.

Artículo 49. El Instituto desarrollará los trabajos de organización, consulta, cómputo respectivo, y declaración de validez de los resultados. Estos últimos los remitirá al órgano o autoridad competente cuando adquieran el carácter de definitivos.

Artículo 50. Los procesos de plebiscito y referéndum se componen de las siguientes etapas:

I. Preparación: comprende desde la publicación del Acuerdo donde se declare la procedencia de procesos de que se trate y concluye al iniciarse la jornada de consulta;

II. Jornada de consulta: inicia el día de la votación y concluye con la clausura de casillas;

III. Cómputos y calificación de resultados: inicia con la remisión de los expedientes electorales al Consejo y concluye con los cómputos de la votación, y

IV. Declaración de los efectos: comprende desde los resultados y concluye con la notificación de los mismos a la autoridad.

Los representantes de los partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo General del IFE, podrán participar en la vigilancia de la organización y desarrollo de los procesos a los que se refiere este Artículo.

Sección Tercera De las Mesas Directivas de Casilla

Artículo 51. Las Mesas Directivas de Casilla estarán integradas y tendrán las atribuciones y obligaciones que les confiere el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, en lo que resulte aplicable y no sea contradictorio a lo que disponga esta Ley.

Artículo 52. El Instituto, en atención a las necesidades particulares y específicas de cada proceso, decidirá el número y ubicación de las Mesas Directivas de Casilla.

Sección Cuarta Del Proceso

Artículo 53. El proceso de plebiscito o de referéndum se inicia con la publicación en el Diario Oficial del Acuerdo de Procedencia que emita el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Artículo 54. En el proceso de plebiscito o de referéndum, se deberá aplicar en lo conducente y de manera supletoria, las disposiciones relativas a la integración y ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, instalación y apertura de las mismas, votación, escrutinio, cómputo y clausura de la casilla, contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 55. El Instituto Federal Electoral, a través de sus órganos directivos competentes, preparará el proyecto para la realización de los procesos de plebiscito o de referéndum, para ser aprobado por el Consejo General.

Dicho proyecto podrá contemplar la utilización de nuevas tecnologías para su organización y votación, incluyendo la instalación de centros de votación. La instrumentación de la tecnología sólo podrá ser autorizada siempre y cuando garantice la autenticidad y el secreto del voto conforme a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 56. Para la emisión del voto, en los procesos de plebiscito o referéndum, se imprimirán las boletas electorales, conforme al modelo que aprueben el Consejo, debiendo contener cuando menos los siguientes datos:

I. Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación;

II. Talón desprendible con folio;

III. La pregunta al ciudadano sobre si está conforme o no con el acto sometido a plebiscito o en su caso, si aprueba o no la norma o normas que se someten a referéndum;

IV. Cuadros o círculos para el SI y para el NO;

V. Descripción del acto sometido a plebiscito o, en su caso, de la norma o normas sometidas a referéndum, y

VI. Sello y firmas impresas del Consejero Presidente y del Secretario Fedatario del Consejo.

VII. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Artículo 57. Para las consultas que se celebren con motivo de los procesos de plebiscito o referéndum, no se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de los partidos políticos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 58. El Instituto difundirá a los ciudadanos los argumentos en favor y en contra, del acto o, de la norma objeto de consulta. Dentro de las actividades de divulgación que desarrolle, podrá contemplar la difusión en medios masivos de comunicación y, la organización y celebración de debates cuando lo considere conveniente. Lo anterior sin perjuicio de la divulgación que lleven a cabo los promoventes y las autoridades cuyo acto o norma sea objeto de consulta.

El Instituto previamente a la celebración de un proceso de plebiscito o de referéndum, determinará el tope de gastos que podrán destinarse a su difusión, por parte de los promoventes o de las autoridades de las que emana el acto o la norma motivo de consulta.

Durante los ocho días anteriores a la jornada de consulta de los procesos de plebiscito o de referéndum, y hasta el cierre oficial de las consultas, queda prohibida la publicación o difusión, total o parcial, de encuestas, sondeos de opinión o simulacros de votación, así como de las operaciones de simulación del voto, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos, quedando sujetos, quienes lo hicieren a lo dispuesto por el Código Penal Federal.

Artículo 59. Si durante el transcurso de la campaña de divulgación, la celebración de la consulta pudiere constituir desorden público o, se observare un ambiente de intimidación para los votantes, el Consejo General, podrá suspender la realización de la consulta.

Artículo 60. La calificación de la validez del proceso de plebiscito y de referéndum, la realizará el Consejo, aplicando en lo conducente lo que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 61. Una vez efectuado el cómputo correspondiente, el Consejo General dará el resultado final de la votación en los procesos de plebiscito o de referéndum.

Artículo 62. Transcurrido el plazo de impugnación o, en su caso, haya causado ejecutoria la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo notificará:

a) En caso de referéndum, al Congreso de la Unión, en el supuesto de los artículos 38 y 39 de esta Ley, a efecto de que en un plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a dicha notificación, acate el resultado final del proceso.

b) Tratándose de plebiscito, a la autoridad de la que emanó el acto, para que en el supuesto del artículo 19, en un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes a la notificación, lo deje sin efecto o lo revoque.

Asimismo, el Consejo remitirá un resumen con resultados para su publicación en el Diario Oficial y los difundirá en los medios de comunicación y en los diarios de mayor circulación nacional.

Artículo 63.Los actos o normas que hayan sido objeto de plebiscito o referéndum, no podrán serlo de uno posterior, dentro del mismo año calendario.

Sección Quinta Del Recurso

Artículo 64. El recurso de inconformidad deberá interponerse ante la autoridad que realizó el acto o resolución, dentro de los cinco días hábiles siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna. El procedimiento y substanciación se sujetará a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 65. Podrán imponer el recurso de inconformidad aquellos que tengan interés jurídico en los términos de esta Ley.

Tienen interés jurídico aquellos a quienes se faculta para solicitar la celebración del plebiscito o del referéndum, de conformidad con esta Ley, siempre y cuando sean ellos mismos los que hayan solicitado el proceso de consulta respectivo de donde emanó el acto o resolución que se impugna.

Tratándose de la solicitud de plebiscito o de referéndum promovida por ciudadanos, lo podrá interponer el representante común que haya designado en los términos del artículo 13 de esta Ley.

Artículo 66. Los actos o resoluciones del Instituto o del Consejo dictados con motivo del plebiscito o del referéndum podrán ser impugnados ante el Tribunal.

Capítulo Cuarto De la Iniciativa Ciudadana

Artículo 67. La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos Mexicanos podrán presentar al Congreso de la Unión, y a la Legislatura de los Estados, proyectos de creación, modificación, reforma, adición derogación o abrogación de Leyes o Decretos, incluyendo modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las excepciones contempladas en el artículo 68.

Artículo 68. No podrán ser objeto de Iniciativa Ciudadana las siguientes materias:

I. Régimen interno de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal;

II. Regulación interna del Congreso de la Unión, y

III. Regulación interna del Poder Judicial de la Federación;

El Congreso de la Unión desechará de plano toda Iniciativa Ciudadana que se refiera a las materias señaladas en este artículo.

Artículo 69. La Iniciativa Ciudadana deberá presentarse ante el Congreso de la Unión, en cualquiera de sus dos cámaras, la cual será presentada al Pleno y turnada a la Comisión correspondiente, para que dictamine su procedibilidad, conforme a los siguientes requisitos:

I. Se compruebe fehacientemente, que la misma se encuentra apoyada por un mínimo del 2 por ciento del total de los ciudadanos de la Lista Nominal Nacional y acreditándolo con los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de los promoventes;

II. Se especifique que se trata de una Iniciativa, la cual contenga al menos exposición de motivos y articulado;

III. Se refiera a la competencia del Congreso de la Unión, y

IV. Se nombre a un representante común, al cual el Congreso informará sobre la aceptación o rechazo de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión.

En caso de error u omisión se notificará a los promoventes para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación se subsane.

Artículo 71. La Comisión deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la Iniciativa dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y podrá auxiliarse del Instituto Federal Electoral para efecto de verificar el cumplimiento del requisito a que se refiere la fracción I del artículo precedente. Declarada la admisión de la Iniciativa se someterá al trámite legislativo que señala la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que la Comisión no resuelva dentro del plazo anterior, se considerará admitida la Iniciativa para los efectos de esta Ley.

La Iniciativa Ciudadana que sea desechada, sólo se podrá presentar hasta el siguiente período de sesiones del Congreso de la Unión.

Para el caso de los estados de la República que no cuenten con una ley reguladora en materia de participación ciudadana se estará a lo dispuesto en la presente ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Verba, 1978 p. 46).

3 (1991 p. 1183)

4 (1992 p. 377)

5 (Burgoa Orihuela, 1992 p. 378).

6 BERLIN, Valenzuela Francisco, ``Diccionario universal de términos parlamentarios'', Instituto de Investigaciones legislativas, Porrúa, México, 1997, pág. 503

7 PRUD´Homme, Francois Jean, Ob. Cit., pág. 25.

8 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativas de la LVIII Legislatura, México, 8 de noviembre de 2001.

9 (Omeba, 1987 p. 191).

10 (Ibidem 1987 p. 191).

11 Hay que recordar, que algunas entidades si prevén figuras participativas pero con restricciones por lo que no puede tomarse como una forma de participación ciudadana, pues podría considerarse impura, restrictiva y limitativa.

12 Muñoz Ledo, Porfirio. Coordinador. Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Conclusiones y propuestas. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2001.

13 Conclusiones de las mesas redondas que se llevaron a cabo en el año 2000 para efecto de perfilar los principales temas de la agenda nacional, en la mesa de discusión III ``Representación Política y Democracia Participativa'' se presentó el tema sobre democracia participativa y otro sobre democracia directa. DEMOCRACIA DIRECTA: REFERENDUM, PLEBISCITO E INICIATIVA POPULAR, Estudio de las iniciativas presentadas sobre el tema en la LIX Legislatura, así como Derecho Comparado y opiniones especializadas. (Actualización) Octubre, 2006.Centro de Documentación, Información y Análisis, Servicio de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Interior, H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).» El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Esteva. Se atiende su solicitud de que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Se recibió de parte del diputadoAriel Castillo Nájera, del grupo parlamentario Nueva Alianza, iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Esta Presidencia agradece al diputado Castillo que, por economía de tiempo, pide que se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario del PNA

Ariel Castillo Nájera, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El cobro de impuestos es la mayor fuente con la que cuenta el Gobierno para hacerse de recursos que le permitan contribuir en el desarrollo económico del país, y así poder atender las demandas sociales. Sin embargo, en México contamos con un impuesto creado con un fin específico, que hoy en día ya no tiene razón de ser.

Me refiero al llamado Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos, el cual se creó en la década de los 60, mediante decreto de fecha 28 de diciembre de 1962, con la promulgación de la llamada Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso e Automóviles, con la finalidad especifica de sufragar los gastos financieros que el Gobierno iba a realizar por haber sido nuestro país designado sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Lo anterior, con el fin de captar recursos para las modificaciones, adecuaciones y creación de los lugares en donde se desarrollarían las diversas disciplinas deportivas; sin embargo, a pesar de los reclamos sociales y de que dicho impuesto duraría tan sólo dos años, continúa este cobrándose hasta el día de hoy.

Dicho impuesto ha sido cuestionado y repudiado por todos los mexicanos, ya que en vez de recibir estímulos fiscales, se les incrementan más cargas impositivas. Ejemplo de ello son las elevadas tarifas del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto al Valor Agregado, y un sinfín de impuestos que encarecen cada vez más el precio de los vehículos hasta hacerlos inaccesibles para el grueso de la población que, mediante el esfuerzo de toda una familia, logran adquirir un vehículo para contar con un medio de transporte (considerado de primera necesidad) que en la actualidad es calificada como una herramienta de trabajo de la que dependen muchas familias.

La participación de este impuesto a los estados, Distrito Federal y a los municipios, deriva de las reformas realizadas en diciembre de 1974, en donde se estableció que dicha participación a los estados y al Distrito Federal sería en un 30% del rendimiento que la Federación obtuviera por concepto del referido impuesto. De la participación destinada a los estados, correspondería a los municipios una tercera parte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les cubriría directamente con la distribución que señalara la legislatura local; con la condicionante, que estos no mantuvieran en vigor gravámenes locales y municipales sobre tenencia y uso de vehículos.

Para 1977, dicha ley se modifico, incorporando un sistema de factores fiscales para el cobro de la tarifa, que englobaban desde la potencia del motor hasta su peso, con la clara finalidad de hacer mayor el cobro de dicho impuesto.

En 1980, bajo el mandato del Presidente José López Portillo, fue abrogada dicha la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles para dar entrada a una nueva Ley de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de a Federación el 30 de diciembre de ese año, con la principal finalidad de actualizar su estructura impositiva y ampliar su ámbito de competencia a otro tipo de vehículos, como aeronaves, embarcaciones y motocicletas tanto terrestres como acuáticas, por citar algunos de los más importantes.

Dicha ley ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su existir en cuanto a la actualización de los factores y la forma de pago del impuesto. No obstante, no se han contemplado beneficios para el contribuyente. Como ejemplo de ello, tenemos los años 2003 y 2004, en los cuales se estableció que el pago de la tenencia de un vehículo se tenía que calcular tomando en cuenta el valor total del automóvil, incluyendo los demás impuestos inherentes, lo que generó inconformidad entre algunos contribuyentes que promovieron amparos para no pagar la tenencia bajo dicha modalidad.

``Se considera que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos desde su creación genera un alto costo para la sociedad, en comparación con su capacidad real de recaudación, algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en México es el de la doble tributación y el de poner un impuesto sobre otra u otras contribuciones, como acontece con el gravamen de tenencia, lo que sin duda conculca la seguridad jurídica que debe imperar en materia tributaria.''1

La recaudación que se logra con dicho impuesto no resulta tan representativa para los ingresos federales (1.6%), si se le compara con otros impuestos tributarios; empero, representa un alto costo para los contribuyentes.

Lo único que logramos con la obligatoriedad de recabar este impuesto, es la de crear que la mayoría de las personas no tengan acceso a la compra de un vehículo nuevo, por no poder costear este cuestionado impuesto por uso, que resulta injustificado; por consiguiente, cada día también circulan más automóviles viejos, que gastan grandes cantidades de combustible y contribuyen a la contaminación ambiental.

Dicho impuesto vulnera la economía de todo mexicano que tenga o use un determinado vehículo. Es por lo que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, actuando en representación de los que votaron y los que no por nosotros, como representantes populares de los mexicanos y en defensa de sus intereses, alzamos la voz y con plena responsabilidad y convicción, sometemos a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Artículo Único. Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pagina web de la Gaceta Parlamentaria. Exposición de motivos de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián. LIX Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Ariel Castillo Nájera (rúbrica).»El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Se turna esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De parte de los diputados Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez, piden se posponga su participación para presentar una iniciativa.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputadoOctavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.El diputado Octavio Martínez Vargas:Con su venia compañero Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el suscrito diputadoOctavio Martínez Vargas, diputado federal de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresode los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137, cuarto párrafo, 138, primer párrafo, y 139 del Capítulo Segundo, ``De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales'', Sección Tercera, ``Del Régimen de Pequeños Contribuyentes'', del Título IV, "De las Personas Físicas", de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de las siguientes consideraciones:

Quisiera se me permitiera hacer una exposición de motivos y solicitarle, compañero Presidente, que el documento que está publicado en la Gaceta Parlamentaria sea incorporado de manera íntegra al Diario de los Debates.

El pasado 29 de septiembre desarrollamos en el municipio de Ecatepec un foro denominado Reformas al régimen de pequeños contribuyentes y éste se desarrolló tomando en cuenta una de las demandas más sentidas del estado de México, y seguramente de todas las entidades federativas.

Un problema que en el 2006 se vino agravando porque la Secretaría de Hacienda había iniciado una serie de convenios que se firmaron con las entidades federativas para poder recaudar el recurso de los pequeños contribuyentes.

Sin embargo, no se resolvió; quedó incompleto. El tema de los pequeños contribuyentes es un tema singular. En el año de 1998 el sistema por el que tributaban era denominado ``contribuyentes menores''. Y en ese mismo año fue cambiado a ``pequeños contribuyentes'', pero con una gran ambigüedad, no se ha entendido este concepto y el término de pequeños contribuyentes. Y en este foro que se desarrolló en el estado de México, se escucharon las preocupaciones muy puntuales, en donde vienen comercializando productos agropecuarios los mercados públicos, los pequeños negocios instalados en cada comunidad, en cada región, en cada pueblo.

Los negocios que por cierto son atendidos en su gran mayoría por adultos mayores, por personas de escasos recursos que tienen una gran responsabilidad y buscan un sustento para llevarle mejor y mayor atención a su familia.

Sin embargo, estos convenios que se firmaron con Hacienda, complicaron la situación; se empezaron a armar tablas de recaudación con montos distintos en cada entidad federativa. En unos se hablaba de 200 pesos bimestrales, en otros de 150, en otros de 300 pesos bimestrales. Y esto generó que los pequeños contribuyentes no pagaran y no transitaran por esta responsabilidad.

Por eso creo que esta soberanía debe de concebir con mucha claridad la definición de pequeño contribuyente, anteriormente llamado contribuyente menor. Es la persona física que viene desarrollando actos de comercio en los mercados públicos, en algunas instalaciones en muebles menores, con ventas por cierto, en muchos casos, menores a los 200, 300 pesos diarios; que únicamente les permiten lo más elemental para subsistir con sus familias.

Yo quiero llamar a la conciencia de las y los legisladores de esta soberanía, para que podamos transitar a conceptuar de manera distinta el término de pequeños contribuyentes. Por eso planteamos en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, reformas al artículo 137, 138 y 139 del ISR, para efectos de poder estar en condiciones a partir de esta discusión que se está dando ya en la Comisión de Hacienda y para el año 2007, que este régimen y este concepto de pequeños contribuyentes tengan claro cómo habrán de tributar y cómo habrán de contribuir al erario federal y no seguir construyendo y abonando en la ambigüedad de la Secretaría de Hacienda, de establecer montos distintos en cada una de las entidades federativas.

Dejo este documento, señor Presidente, para efectos de que sea publicado de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y ojalá que lo tomen en cuenta los compañeros y compañeras legisladoras, que seguramente cuando hicieron campaña recorriendo sus distritos escucharon la demanda del sector de los pequeños contribuyentes. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Octavio Martínez Vargas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137, cuarto párrafo; 138, primer párrafo, y 139 del Capítulo II, ``De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales'', Sección III, ``Del Régimen de Pequeños Contribuyentes'', del Título Cuarto, ``De las Personas Físicas'', de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa surge de las propuestas realizadas en el foro ``reformas al régimen de pequeños contribuyentes'', realizado el 29 de septiembre del año en curso en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; cuyos participantes tienen representatividad en todo el país y con los cuales se delinearon las propuestas hoy presentadas.

Actualmente, un contribuyente persona física que realiza actividades empresariales puede tributar en el impuesto sobre la renta bajo tres opciones, contenidas en las tres secciones del Capítulo II del Título IV:

1. Sección I. En el régimen de actividades empresariales y profesionales.

2. Sección II. En el régimen intermedio.

3. Sección III. Como pequeño contribuyente.

Cabe resaltar que el denominado régimen de pequeños contribuyentes, tiene una evolución que es necesario resaltar para entender que el mencionado régimen es un proyecto inacabado que por la propia naturaleza del contribuyente en lo referente a su poca capacidad económica y administrativa, genera necesariamente una serie de reformas que se prentenden plantear en la presente iniciativa.

El régimen de pequeños contribuyentes, dentro del impuesto sobre la renta, surgió de la necesidad de aglutinar en una sola forma de tributación las distintas opciones que hasta el año de 1997 regulaban a los contribuyentes de poca capacidad económica y administrativa dedicados a las actividades empresariales.

Es de tal manera que en el año de 1998 se deroga el régimen de contribuyentes menores y en ese año se le denomina el régimen de pequeños contribuyentes, pudiendo tramitar en el mismo quienes no hubiesen excedido sus ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior de 2 millones 233 mil 824 pesos.

Dicho monto excedió en demasía lo que regía a los históricamente denominados contribuyentes menores, y eran quienes realizaban enajenaciones de sus productos al menudeo en la vía pública o mercados públicos, en puestos fijos, semifijos y ambulantes; que no excedieran de entre diez y treinta y dos veces el salario mínimo general elevado al año en el ejercicio anterior, dependiendo de un parámetro de coeficiente de utilidad del 15 por ciento.

Las reglas que se incorporan en 1996 para el régimen denominado de las personas que realicen operaciones exclusivamente con el público en general, establecía que eran las personas que físicas con actividades empresariales que únicamente enajenaran bienes o prestaran servicios al público en general, siempre que en el año de calendario anterior hubiesen obtenido ingresos por estas actividades y tenido o utilizado activos que no excedieran respectivamente de una cantidad equivalente a 77 y 15 veces al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

Para el año de 1997 se mantuvo y es en el año de 1998 que surge el hoy conocido régimen de pequeños contribuyentes, en donde es establece una tarifa progresiva del 0 por ciento hasta el 2.5 por ciento y se observan los ``repecos'' que expedían comprobantes con público en general y aquellos que por algún motivo expidieron comprobantes con requisitos fiscales.

Los años 1999 y 2000 siguen el mismo esquema, sólo que para el año 2000 el límite de ingresos andaba por los tres millones de pesos. Es para el año 2001 que se elimina la posibilidad de que las personas físicas del régimen de pequeños contribuyentes puedan expedir comprobantes con requisitos fiscales para la deducibilidad y mantener el esquema de sólo cuando realicen actividades con público en general, derivado de la serie de abusos que detecto la autoridad por una serie de estrategias que desembocaban en el retiro de utilidades de personas morales en el régimen general de ley; la tarifa sufre una modificación, disminuyendo la tasa máxima de 2.5 por ciento a 2 por ciento.

En el año 2002 el límite para tributar es siempre y cuando los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieren excedido de la cantidad de un millón 500 mil pesos y se olvidan de la tarifa, para establecer una tasa única del 1 por ciento, que se aplicaría al total de ingresos obtenidos disminuidos los tres salarios mínimos generales del área geográfica.

Para el año del 2003 es cuando se empieza a plantear lo relativo a que el pago se debe realizar a las entidades federativas derivados de los convenios de colaboración y se regresa a la tarifa progresiva del 0.50 por ciento hasta el 2.0 por ciento y el límite aumenta a un millón 750 mil pesos.

En el año 2004 se faculta a los Estados que firmen un convenio de coordinación fiscal para establecer cuotas fijas en dicho impuesto y mediante un artículo transitorio, se establece que los Estados que celebren el convenio de coordinación tendrán derecho a la participación del 100 por ciento en partes iguales en la administración del ISR de los contribuyentes del régimen de pequeños.

En el año 2005 se regresa a la tasa única del 2 por ciento, pero a los ingresos en vez de restarles cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes, se le restaban 42 mil 222.22 pesos al mes para obtener la base gravable. Asimismo el límite para tributar aumenta hasta dos millones de pesos. Para el presente año 2006, se mantiene la tasa del 2 por ciento y se regresa a la disminución de cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al periodo de pago. Sin embargo en la actualidad en la mayoría de los estados de la federación se cobra ya el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado por las entidades federativas bajo una cuota única.

Este régimen en un inicio permitió el registro de contribuyentes que se encontraban en la informalidad, pero derivado de la serie de obligaciones mayores y limitar cada vez más el régimen, como la de presentar una declaración informativa de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior desde el año 2003, provocó el abandono de la formalidad y el regreso a la economía informal, por lo cual se proponen facilidades administrativas para contribuyentes que obtengan ingresos hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal y que son los contenidos en el decreto del 8 de diciembre de 2005, consistentes en exceptuarlos de las obligaciones de presentar la declaración informativa que indica el cuarto párrafo del artículo 137 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Así mismo modificar el artículo 139, en sus fracciones cuarta y quinta para permitir a los contribuyentes el no llevar un registro de sus ingresos diarios y entregar copia de notas de venta a los clientes que realicen compras hasta de cien pesos, siempre y cuando de la misma manera sus ingresos anuales no rebasen del tope de cuarenta y cinco veces el salario mínimo general propuesto anteriormente.

Asimismo se propone modificar la tasa única del artículo 138 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2 por ciento, para regresar a la tarifa progresiva del 0.50 por ciento hasta el 2 por ciento vigente durante el ejercicio 2004, por considerarse proporcional y equitativa, pero con la modalidad de que se considere gravable la utilidad fiscal, determinada conforme al artículo 130, con las consiguientes reglas u optativamente con el coeficiente de utilidad contenido en el primer párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que es de un 20 por ciento y por lo tanto modificar la tabla del ejercicio 2004, considerando los ingresos por el mencionado 20 por ciento de utilidad como se muestra a continuación:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 138 y 139, fracciones cuarta y quinta, del Capítulo II, ``De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales'', Sección III, ``Del Régimen de Pequeños Contribuyentes'', del Título Cuarto, ``De las Personas Físicas'', de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero: Se reformanlos artículos 137, cuarto párrafo; 138, primer párrafo, y 139 del Capítulo II, ``De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales'', Sección III, ``Del Régimen de Pequeños Contribuyentes'', del Título Cuarto, ``De las Personas Físicas'', de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:

Título Cuarto De las Personas Físicas

Capítulo II De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales

Sección III Del Régimen de Pequeños Contribuyentes

(Se reforman)

Artículo 137. ...

...

...

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la misma, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal o el contribuyente hubiese obtenido ingresos que no excedan de un monto equivalente a cuarenta y cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal en el año de calendario anterior y entere sus impuestos ante las oficinas autorizadas en la Entidad Federativa correspondientequedarán liberados de presentar la información a que se refiere éste párrafo.

Artículo 138. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasade la presente tabla, de acuerdo a la utilidad fiscal determinada conforme al artículo 130 de esta Ley o conforme al coeficiente de utilidad establecido en el primer párrafo del artículo 90 de la misma, para lo cual se multiplicara el coeficiente por el total de ingresos que cobren en el ejercicio en efectivo, en bienes o en servicios.

Artículo 139. ...

I. a III. ...

IV. Llevar un registro de sus ingresos diarios, excepto cuando entere sus impuestos ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos y los mismos no excedan de un monto equivalente a cuarenta y cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal.

V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate, excepto por las operaciones cuyos montos sean hasta de cien pesos y cuando entere sus impuestos ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos y los mismos no excedan de un monto equivalente a cuarenta y cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal.

VI. ...

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica).» El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Octavio Martínez.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicoe insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputadoEdmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.El diputado Edmundo Ramírez Martínez:Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso: el suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar para su análisis y dictamen, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La red consular es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, teniendo la obligación permanente de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas y culturales, científicas, entre ambos países; así como expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la ley y su reglamento, cuyos funcionarios tienen la alta responsabilidad de representar al Estado mexicano en el extranjero ejecutando la política exterior de conformidad con los principios normativos que establece la propia Constitución Política.

La política exterior mexicana a través de los años había ganado un indiscutible prestigio a nivel internacional, renombre que ha dado frutos a la nación y que redundan en la salvaguarda de los intereses de nuestros connacionales en el extranjero, el fomento de las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional, entre otros.

No obstante, los logros alcanzados resulta de gran preocupación que durante la pasada administración pareciera que la política exterior, cuya dirección compete al Presidente de la República en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política federal, los consulados mexicanos fueron disminuidos sistemáticamente en sus funciones, debido a un criterio de promoción del comercio exterior, más que al ámbito de competencia de la política exterior, sustituyendo al oficio diplomático.

La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida son parte fundamental de la política interior del Gobierno de la República y tarea permanente de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El pasado histórico-jurídico demuestra que el arreglo institucional de nuestra política exterior ha pasado por un proceso de reformas de más de un siglo, que denotan el interés del Estado mexicano por lograr una política exterior basada en un cuerpo de diplomáticos profesional, sólido y leal a la nación; así como una red consular eficiente y cada vez más amplia y articulada.

La institución consular a lo largo de la historia siempre ha estado ligada inexorablemente al fenómeno migratorio. Las migraciones constituyen un fenómeno natural desde el inicio de la historia de la humanidad y son en la actualidad, con mayor razón que nunca, parte del mundo globalizado. Desde la lógica del costo en beneficio individual, abarca también la movilidad de las personas.

En ese sentido, pretender un mundo humanamente inmóvil en el presente siglo XXI es verdaderamente impensable y en donde México presenta este fenómeno de manera creciente debido a la falta de oportunidades dentro de nuestro país que puedan propiciar un mejor nivel de vida para los mexicanos y sus familias.

En la actualidad la emigración mexicana hacia Estados Unidos constituye el día de hoy el flujo migratorio bilateral más importante del mundo, pasando de 30 mil personas por año en la década de los 60, a más de 500 mil por año en la actualidad. Esto significa un aumento de 14 veces más del fenómeno migratorio en nuestro país y representa la segunda fuente de ingresos del país, casi 22 mil millones de dólares al año; producto del esfuerzo, trabajo y sobre todo del sacrificio de millones y millones de mexicanos en Estados Unidos.

Es totalmente contradictorio y carente de responsabilidad del Estado mexicano que, siendo la red consular mexicana quien es la que atiende, protege y garantiza diariamente los servicios más importantes para la integridad de nuestros connacionales, tenga limitaciones presupuestales para su fortalecimiento, mejora y ampliación permanente.

La red consular genera por el cobro de derechos y servicios más de 500 millones de pesos al año y en el 2006 la red consular tuvo un presupuesto de sólo 160 millones de pesos, desde luego insuficientes, pero paradójicamente por criterios administrativos poco claros y objetivos, los cobros de estos servicios y derechos no pueden aplicarse a los consulados para poder dar una mayor cobertura de estos servicios: eficiencia en su administración.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, compañeros diputados, el presente

Decreto de reforma al artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue el citado artículo:

"Artículo 11: Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero, para integrar un fondo que sea integrado con la totalidad de los recursos que se cobren por los servicios y derechos de la red consular mexicana, cuyo objeto sea cubrir, fortalecer, desarrollar y ampliar, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se menciona, en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano:

"El Programa de Repatriación de Personas Vulnerables, la atención y asesoría jurídica y de protección consulares, las visitas a cárceles y centros de detención, la atención telefónica, la campaña permanente de seguridad al migrante, los servicios de consulados móviles, la prestación de servicios consulares en general y la atención al público.

"Los gastos a sufragar, de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública". Palacio Legislativo de San Lázaro, diputado Edmundo Ramírez Martínez.

Solicito, señor Presidente, sea publicado de manera íntegra este documento en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo segundo fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La red consular, es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, teniendo la obligación permanente de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales económicas culturales y científicas entre ambos países, así como expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la ley y su reglamento, cuyos funcionarios tienen la alta responsabilidad de representar al Estado Mexicano en el extranjero, ejecutando la política exterior de conformidad con los principios normativos que establece la propia Constitución Política.

La política exterior mexicana, a través de los años, había ganado un indiscutible prestigio a nivel internacional, renombre que ha dado frutos a la nación, y que redundan en la salvaguarda de los intereses de nuestros connacionales en el extranjero, el fomento de las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional, entre otros.

No obstante los logros alcanzados, resulta de gran preocupación que durante la pasada administración pareciera que la política exterior, cuya dirección compete al Presidente de la República en términos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política Federal, los Consulados Mexicanos fueron disminuidos sistemáticamente en sus funciones, debido a un criterio de promoción del comercio exterior más que al ámbito de competencia de la política exterior, sustituyendo al oficio diplomático

La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida, son parte fundamental de la política exterior del gobierno de la república y tarea permanente de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

El pasado histórico-jurídico demuestra que el arreglo institucional de nuestra política exterior, ha pasado por un proceso de reformas de más de un siglo, que denotan el interés del Estado Mexicano por lograr una política exterior basada en un cuerpo de diplomáticos: profesional, sólido y leal a la Nación, así como de una Red Consular eficiente y cada vez mas amplio y articulado.

La institución consular, a lo largo de la historia, siempre ha estado ligada inexorablemente al fenómeno migratorio. Las migraciones constituyen un fenómeno natural desde el inicio de la historia de la humanidad y son en la actualidad -con más razón que nunca- parte del mundo globalizado, donde la lógica del costo en beneficio individual abarca también la movilidad de las personas. En ese sentido, pretender un mundo humanamente inmóvil en el presente siglo XXI es impensable. Y en donde México presenta este fenómeno de manera creciente, debido a la falta de oportunidades dentro de nuestro país, que puedan propiciar un mejor nivel de vida para los mexicanos y sus familias.

En la actualidad la emigración mexicana hacia Estados Unidos constituye el flujo migratorio bilateral más importante del mundo, pasando de 30 000 mil personas por año en la década de los sesentas mas de 500 mil por año en la actualidad, esto significa un aumento de mas de 14 veces del fenómeno migratorio. Y representan la segunda fuente de ingresos del país, casi 22 mil millones de dólares al año, producto del esfuerzo, trabajo y sobre todo sacrificio de millones de mexicanos.

Es totalmente contradictorio y carente de responsabilidad del Estado mexicano, que siendo la Red Consular mexicana, quien es la que atiende, protege, y garantiza diariamente los servicios más importantes para la integridad de nuestros connacionales, tenga limitaciones presupuestales para su fortalecimiento, mejora y ampliación permanente.

La red consular genera por el cobro de derechos y servicios, más de 500 millones de pesos al año y en el año 2006 la red consular tubo un presupuesto de 160 millones de pesos, desde luego insuficiente, pero paradójicamente, por criterios administrativos poco claros y objetivos, los cobros de estos servicios y derechos no pueden aplicarse a los consulados para poder dar una mayor cobertura de servicios, eficiencia administrativa, programas de protección e infraestructura de la red consular a los millones de mexicanos que viven fuera de México y quienes son un sector de la población estratégico para el desarrollo regional de nuestro país y a quien el Estado mexicano le debe la mayor de las atenciones.

Por lo anteriormente expuestos pongo a su consideración el presente

Decreto de reforma el artículo segundo, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar un fondoque sea integrado con la totalidad de los recursos que se cobren por los servicios y derechos de la red consular mexicana, cuyo objeto sea cubrir, fortalecer, desarrollar y ampliar previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público.

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2006.--- Diputado Edmundo Ramírez Martínez.» El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Edmundo Ramírez.Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriorese insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Damos una bienvenida a los alumnos de la escuela secundaria 150, de Atizapán de Zaragoza, quienes se encuentran en este momento en el salón de sesiones. Muchas gracias por su asistencia.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputadoArnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra a la diputadaLourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.La diputada Lourdes Quiñones Canales:Con su permiso, señor Presidente:

«Iniciativa que reforma los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.

La suscrita, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Existe desde hace tiempo un grave problema que aqueja a casi todas y todos los ciudadanos del país, siendo un asunto que se ha vuelto tan común que a pesar de la infinidad de denuncias y ante la falta de legislación aplicable en ese aspecto, pareciera que sólo queda el camino de la resignación, de la incertidumbre, de la inseguridad jurídica y de la vulnerabilidad ante el abuso.

Este grave problema se refiere específicamente a todo ese cúmulo de servicios que ``prestan'' empresas privadas sin que nunca se hayan solicitado, los cuales, sin embargo, se tienen que pagar si no se quiere enfrentar primero una cobranza judicial, y más adelante aparecer en el buró de crédito.

Cuántos miles y miles de ciudadanas y ciudadanos pagan en sus recibos telefónicos un seguro de vida que jamás solicitaron y cuya póliza ni siquiera ha llegado a sus manos, observando en caso extremo, que la mayoría de las personas ni siquiera se han dado cuenta de qué, es lo que están pagando.

Cuántas veces se escucha a familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., que tienen adeudos en tarjetas de crédito que nunca solicitaron y que mucho menos recibieron y utilizaron.

Cuántas veces se pagan canales extras de televisión o un servicio adicional en Internet que en un principio se ofrecieron de manera gratuita, y que sin previo aviso y sin el consentimiento expreso del cliente, de pronto ya tienen un costo.

Todos nosotros hemos escuchado o sido víctimas alguna vez de estos abusos, los cuales se agudizan cuando se intenta hacer alguna aclaración con la empresa respectiva. Primero remiten al cliente a determinado número telefónico en el que se debe interactuar con un autómata, y después de una hora o más, con un poco de suerte, es posible hablar con algún ``asesor'', el que lo mantendrá en la línea cuando menos otros veinte minutos. Después de repetir todo este procedimiento al menos dos veces más, por fin se cancelará el servicio y se liberará al interesado de realizar el pago.

Pero también existe la posibilidad de que nunca se solucione el asunto y que las personas terminen pagando un servicio que no solicitaron y que a lo mejor tampoco utilizaron, simplemente por evitar mayores problemas, por carecer del tiempo suficiente para acudir personalmente a las oficinas de la compañía, o bien, por no estar dispuestos a perder tres o cuatro horas del día realizando telefónicamente las aclaraciones pertinentes, claro, si es que la empresa dispone de un departamento específico de atención al público; en caso contrario, lo más probable es que se tengan que enviar entre tres y cuatro faxes o cartas, y esperar a que el personal de la empresa disponga de tiempo para realizar los trámites necesarios para la cancelación del servicio, lo que fácilmente significará entre dos o tres meses de preocupación para los interesados.

Otra opción es que el cliente se niegue a pagar o a perder el tiempo en complejos trámites, por lo que harto de aclaraciones decide no hacer caso a ningún aviso de cobro; esto le traerá como consecuencia, sin lugar a dudas, escritos y llamadas amenazantes en el sentido de que sí no paga procederá el embargo, por parte de los despachos dedicados a la cobranza, y por supuesto, un antecedente negativo en el llamado buró de crédito.

No se puede negar que en los últimos tiempos en México estos asuntos son cotidianos, y que por lo tanto se considere común y lamentablemente hasta normal que la mayoría de la población enfrente situaciones similares. La cultura del fraude, del robo y del abuso, disfrazados de servicios, ha permeado ya entre los miembros de nuestra sociedad.

También es necesario entender que no se trata de problemas de los clientes con el negocio de la esquina, del taller o la tiendita, o de un mal entendido entre un vendedor y un consumidor cuyo statuses igual o por lo menos parecido; se trata de controversias entre grandes empresas, enormes complejos corporativos, en contra de un ciudadano, en contra de un estudiante, de un profesionista, de una ama de casa, de un obrero o de un miembro de la tercera edad, para quienes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor o ante cualquier otra instancia, implica mucho de su valioso y escaso tiempo; todos sabemos que deshogar audiencias es muy tardado y finalmente nada garantiza no aparecer en el buró de crédito. Por otro lado, entablar una demanda civil o mercantil resulta prácticamente impensable, no sólo por el costo del juicio, el que seguramente rebasaría por mucho la supuesta deuda, sino además por la complicación de los tiempos procesales.

A pesar de que las y los ciudadanos se sienten robados, defraudados, violentados y en estado de indefensión, hasta la fecha no ha sido posible lograr la adecuación de la legislación en su beneficio y protección, puesto que los ordenamientos jurídicos siguen presentando lagunas que con urgencia deben de subsanarse. Cabe destacar que no obstante que el problema es de millones de personas, en todo caso cada una de ellas tiene que enfrentarlo individualmente.

Por ello es que se considera importante el poder llenar el vacío existente a través de una norma jurídica que por si misma evite que se susciten este tipo de controversias, y que erradique las prácticas monopólicas que contravienen, incluso, lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien es cierto que el contrato es el acuerdo de voluntades y que no necesariamente debe constar en documento alguno, esta reforma plantea que en el caso preciso de las convenciones de tipo mercantil, las cuales se refieren a la contratación de un servicio, estas deban hacerse de manera expresa y en donde se señale claramente que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y el costo exacto del mismo. Si con el paso del tiempo a ese servicio se le pretendiera agregar otro o modificar las condiciones primarias del contrato, siempre será indispensable contar también con el consentimiento expreso del cliente, y de no ser así, este quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante.

Si se analiza a la luz del derecho civil la problemática aquí referida, observaremos que en la gran mayoría de los casos en controversia la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico, es decir del contrato, se encuentra disminuida en su eficacia y objeto por contener vicios en la voluntad o consentimiento, a veces por error, en otras por violencia y en algunas más por dolo.

La voluntad con la que se celebra un acto jurídico por simple o mínimo que este parezca, debe ser cierta; al celebrar el acto jurídico, siempre debe existir certeza tanto en los fines que se persiguen como en los efectos que de el se esperan.

En muchos de estos casos el acto jurídico ni siquiera se consuma, pero una de las partes, es decir la ciudadana o el ciudadano, tiene que enfrentar las obligaciones que nunca aceptó contraer, o es mas, que en muchas ocasiones ni siquiera se enteró de que las contrajo.

En virtud de lo anterior y toda vez que esta es una demanda generalizada de las y los ciudadanos, me permito presentar a ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 78 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o de requisitos determinados.

En el caso en el que una de las partes ofrezca servicios al público, el usuario o cliente deberá aceptar de manera expresa la adquisición del servicio o bien; la modificación a las características o precios pactados originalmente, así como la ampliación de servicios o la adquisición de otros que sean diferentes o supletorios al primario, tales como servicios de comunicación, expedición de créditos, seguros de vida, ampliación de canales de televisión, servicios de Internet, etc., sin ser estos ejemplos limitativos sino simplemente enunciativos; en caso contrario, la validez del acto comercial será nula y para reclamar su validez esta dependerá de la aceptación expresa y por escrito de las partes, en donde se deberá establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente y la duración de las obligaciones, así como las penalidades en caso de incumplimiento.

La realización de cobros indebidos en los términos del párrafo anterior, sobre servicios o productos que el cliente o usuario no hubiese solicitado de manera expresa, las presiones de afectar su historial crediticio o de cualquier otra índole, o la afectación del mismo, serán equiparadas al delito de fraude y se penalizarán conforme a la legislación penal vigente.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 80 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 78 de este Código.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.--- Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lourdes Quiñones.Túrnese a la Comisión de Economía.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes del Centro Universitario de Ixtlahuaca, estado de México aquí presentes.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el mismo diputado y por Víctor Manuel Palma César yLuis Enrique Benítez Ojeda.El diputado Jesús Ramírez Stabros:Buenas tardes; con su permiso, señor Presidente:

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César, Jesús Ramírez Stabros y Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, con fundamento en los artículos 70, párrafos primero, segundo y tercero, 71, fracción II, y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes del informe presidencial

El artículo 69 constitucional que específica que el Jefe del Ejecutivo debe presentar un balance administrativo ante las Cámaras de Diputados y Senadores reunidos en el Congreso para la apertura de sus sesiones ordinarias, ha pasado por varias modificaciones, antes de ser lo que actualmente conocemos.

Como antecedentes del Informe presidencial mexicano, se encuentran dos casos que influyeron: el español y el norteamericano.

En lo que se refiere a Estados Unidos, la ley pide al Presidente presentar al Congreso un mensaje sobre el presupuesto y un informe económico, así como dar algunas recomendaciones de orden legislativo.

En España, en el artículo 121 de la Constitución de Cádiz se encontraban algunos comentarios en el sentido de que en la fecha de apertura de las Cortes, el Rey leería un discurso de carácter propositivo y no estrictamente informativo.

Así, en México, doce años más tarde, el artículo 68 de la Constitución de 1824, otorgó a la presencia del Poder Ejecutivo en la apertura del Congreso, un carácter simplemente protocolario ya que su única obligación era la de pronunciar un discurso en este importante acto.

El Presidente Guadalupe Victoria (1824-1829) impuso la práctica de participar personalmente en el acto inaugural del Congreso, pronunciando un discurso de carácter informativo.

Los constituyentes de 1856-1857 establecieron este informe como medio para que el Congreso pudiese controlar y sancionar las actividades del Ejecutivo. Sin embargo, entre 1857 y 1867 se impidió la práctica real de la influencia parlamentaria.

Posteriormente, con el Presidente Porfirio Díaz, en el marco de los mensajes al Congreso, la respuesta del Presidente del Congreso al Jefe del Ejecutivo, llegó a ser una simple alabanza.

El Informe presentado por el Presidente Venustiano Carranza, el 1º de diciembre de 1916, aportó una serie de datos para justificar la necesidad de un Ejecutivo fuerte. Por ello, en el artículo 69 se estableció que asistiría el Presidente de la República y presentaría un informe por escrito.

En el año de 1923 hubo una reforma al artículo 69, estableciendo que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistiría el Presidente de la República y presentaría un informe por escrito, en el que manifestaría el estado general que guarda la administración pública del país.

La última reforma que se realizó a este artículo fue en 1986 y sólo contemplo un agregado a la asistencia del Presidente de la República mencionando que presentaría un informe por escrito en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de Sesiones del Congreso.

Como puede observarse, las reformas que hasta el momento ha tenido el artículo 69 Constitucional no abordan de manera directa la forma en que el Presidente de la República habrá de presentar su informe, ya que sólo se establece que será por escrito y manifestará en él estado general que guarda la administración pública del país.

También es relevante mencionar que el formato del informe presidencial se encuentra regulado en la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que han tenido diversos cambios en sus disposiciones legales.

En 1929 el Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 182, establecía que al discurso del Presidente de la República pronuncie, el Presidente del Congreso contestaría en términos generales, sin hacer apreciaciones en nombre de las Cámaras, ni ofrecer programa para el porvenir.

Para 1934, el Reglamento se reforma y el artículo 182 cambia por el 189, suprimiendo la prohibición al Presidente del Congreso de ``hablar en nombre de las Cámaras y de ofrecer programa para el porvenir''.

Con el objeto de dar cumplimiento a las reformas realizadas a la Constitución en 1977, en las que en el artículo 70 se otorga al Congreso facultades para expedir su propia Ley Orgánica, éste la expide y la publica en el Diario Oficial el 25 de mayo de 1979. En esta Ley, el Informe de Gobierno se encuentra regulado en el artículo 8, el cual menciona que el Presidente de la República acudirá a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y rendirá un informe, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. Además, menciona que el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales y con las formalidades que correspondan al acto. El informe será analizado por las Cámaras en sesiones subsecuentes.

Con la reforma de 1994, conocida como la Nueva Ley Orgánica del Congreso, el artículo 8º permite que los parlamentarios (diputados y senadores), representando a los partidos políticos que concurran en el Congreso, intervengan (hasta por 15 minutos cada uno) antes de que se rinda el informe presidencial, con lo cual aquí también opera el control sobre el gobierno, porque se manifiestan las discrepancias; además de realizarse el examen, comprobación, inspección, análisis y verificación de la actividad que ha desempeñado el Presidente de la República.

II. La relación entre poderes

Montesquieu en su libro ``Del Espíritu de la Leyes'', trazó las coordenadas de un diseño estratégico para evitar la concentración del poder político y garantizar la vigencia de lo que actualmente conocemos como derechos fundamentales.

Con el tiempo las ideas de Montesquieu fueron adquiriendo una traducción institucional concreta en los estados constitucionales modernos, de manera que la división de poderes se convirtió en una exigencia mínima e indispensable para la existencia de una Constitución.

Pensadores como John Locke y Montesquieu establecieron la necesidad de separar el poder para que no se concentrara en una sola persona, garantizando de esta manera la libertad y la seguridad de los gobernados. En los Estados democráticos el poder se divide para evitar su concentración. La división tradicional de poderes es: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

La Constitución establece un poder Ejecutivo fuerte pero no ilimitado. Los poderes Legislativo y Judicial están dotados de ciertos mecanismos para contraponer su fuerza.

Lograr nuevas instituciones jurídicas y políticas para modernizar el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión es un imperativo para garantizar la gobernabilidad del país, el ejercicio democrático y una mayor capacidad de respuesta institucional. Este objetivo pasa necesariamente por el acotamiento del ejercicio unipersonal y absoluto del poder, que es, poder definición una amenaza contra la democracia. Don Manuel Orozco y Berra señalaba que la principal característica de un sistema democrático es la dilución pública de los problemas. Aunque exista la mejor buena fe en una sola persona responsabilizada del ejercicio del poder, tenderá de manera natural a interponer sus intereses o el de su círculo, pudiendo cortar de tajo la delicada semilla de la libertad.

Por ello, juristas, filósofos, politólogos e investigadores de los asuntos públicos tanto del país como del extranjero han sugerido que la mejor garantía para la democracia es la existencia de mejores controles en el ejercicio el poder.

De ello se infiere que el actual esquema de examen de la situación que guarda el país esta concebida jurídicamente como un acto protocolario y cortesano, que en la vox populi se ha llamado incluso ``el día del Presidente'', ya que un acto que debiera servir para examinar los asuntos torales del país es empleado para la promoción personal del Poder Ejecutivo.

Transformar este evento en un ejercicio republicano, democrático, enfocado al diálogo y el intercambio entre poderes, que genere un examen objetivo y más útil para la nación es una meta muy relevante para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema político y de nuestra de- mocracia.

III. El fortalecimiento del Congreso, representatividad y control

La Constitución Política de los Estados Unidos establece como forma de organización política del Estado Mexicano, la de una República representativa, democrática y federal.

La representación significa que el ciudadano a través del instrumento de elección delega el poder político, por cierto tiempo, a determinadas personas. Es así como el Congreso de la Unión se encuentra integrado por personas elegidas a través del voto de los ciudadanos. Por ello, dichos representantes tienen la gran obligación de conocer los problemas económicos, políticos y sociales de la población y ejerciendo sus facultades, contribuir a resolverlos.

El Legislativo tiene la obligación de controlar la acción del gobierno, precisamente porque éste se basa no sólo en la división de poderes, sino también en el equilibrio entre ellos, esto es, en la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas. Por esto, el poder público debe ser un poder limitado, es decir debe estar controlado.

Respecto al Informe presidencial, tenemos que éste tiene un carácter eminentemente informativo, y puede constituir un acto de control en virtud de que el Poder Legislativo posteriormente analiza el contenido del informe, y como consecuencia puede poner en marcha otros actos, incluso la exigencia de responsabilidad política de algún miembro del gobierno. Además, debido a que el informe es por costumbre oral, las consecuencias de su realización recaen en el electorado, lo cual podrá constituirse en una responsabilidad política difusa como el fortalecimiento de la mayoría o de la oposición, el voto de castigo o el abstencionismo. Así pues, por medio de este acto se ponen en contacto el gobierno, la institución representativa y la ciudadanía.

Estas reflexiones nos llevan a afirmar que no puede haber un sistema efectivo de pesos y contrapesos sin modificar el mecanismo previsto en la Constitución para examinar la situación política y administrativa del país, mediante nuevas reglas para su análisis.

Es importante enfatizar que este objetivo puede materializarse sin vulnerar la división de poderes, el respeto y la colaboración entre instituciones emanadas de la voluntad popular, lo cual está contenido en el espíritu de este proyecto de reforma constitucional.

Contenido de la iniciativa

Esta iniciativa propone reformar el artículo 69 de la Carta Magna para establecer un formato más democrático y constructivo del Informe Presidencial. En este sentido, preserva la presentación del informe por escrito el día de la apertura de las sesiones ordinarias y la lectura de un mensaje a la nación. Aquí se establece también la facultad para que el Congreso analice el contenido del Informe.

La iniciativa propone que transcurridos 20 días hábiles se realice una sesión de trabajo a la que concurran tanto el Presidente de la República como los miembros del gabinete. Al Presidente de la República se le dirigirían una pregunta por cada grupo parlamentario, por conducto de su Coordinador. A los integrantes del gabinete, se les dirigirían dos preguntas por cada Grupo Parlamentario, específicamente por sus coordinadores con derecho a una réplica y a una contrarréplica.

Las preguntas podrán ser expresadas en un lapso de 10 minutos cada una con igual tiempo para la respuesta y la contrarréplica a cada una de ellas. Asimismo, estas preguntas deberán enviarse con una antelación de cinco días hábiles al Presidente de la República y simultáneamente, publicarse en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. El día de la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo, el Presidente de la República hará llegar al Congreso un informe escrito del estado general que guarda la administración pública del país y emitirá un mensaje a la Nación. Posteriormente, el Congreso, atendiendo a su organización y disposiciones reglamentarias, analizará el contenido del informe.

Transcurridos veinte días hábiles, el Congreso de la Unión se reunirá en sesión con el Presidente de la República y con los miembros de su Gabinete. Por medio de sus Coordinadores los Grupos Parlamentarios formularán cada uno, una pregunta al Titular del Poder Ejecutivo Federal en un tiempo de diez minutos, las cuales serán respondidas en un lapso similar. Así mismo los Grupos Parlamentarios realizarán dos preguntas, cada uno, a los miembros del Gabinete que correspondan a la naturaleza de las mismas. Por cada pregunta habrá una réplica y una contrarréplica, cada una de diez minutos.

Las preguntas que se formularán en esa sesión se enviarán por escrito al Presidente de la República con una antelación de cinco días hábiles y se publicarán en la fecha de su remisión en el órgano oficial de cada una de las Cámaras.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputados: Víctor Samuel Palma César, Jesús Ramírez Stabros, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramírez.Túnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.El diputado Víctor Valencia de los Santos:Con el permiso de la honorable Asamblea: el suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos.

La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el límite de lo que se puede deducir por los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, esto como un medio para fortalecer la actividad de la industria restaurantera nacional.

La industria restaurantera es en México una de las de mayor importancia y es fundamental para el desarrollo gastronómico y culinario del país; principalmente tiene un impacto y trascendencia social muy significativa por el gran número de personas que emplea. La Secretaría de Turismo reconoció en el año 2004 que es la industria número uno empleadora de gente. En México estaban registrados en el año 2004, 221 mil restaurantes, de los cuales el 96 por ciento correspondía a la micro y pequeña empresa. Generaron 800 mil empleos directos y más de dos millones indirectos. Participan con el 2.3 por ciento en el producto interno bruto y con el 23.8 por ciento en el producto interno bruto turístico.

Por estas consideraciones básicas no podemos admitir explicaciones graciosas o simplistas que pretenden ocultar el fuerte impacto que tendrá un incremento en la no deducibilidad de los gastos de restaurantes para efectos del impuesto sobre la renta. Por el contrario, nos orientamos categóricamente en disminuir la no deducción en esta materia, incrementando el porcentaje que puede deducirse de un 25 por ciento como está en la norma hasta ahora vigente, a un 75 por ciento como una fórmula para promover, impulsar y fortalecer el desarrollo de la industria restaurantera y turística nacional, en apoyo y beneficio de este sector tan importante de mexicanos y de sus familias.

Esta iniciativa responde al reclamo de millones de mexicanos que invierten y trabajan en el sector restaurantero y turístico nacional, así como sus familiares que se han visto todos ellos afectados por más de tres lustros por políticas restrictivas y de corto alcance.

A través de esta iniciativa nos pronunciamos en contra de tendencias recaudatorias insensibles, parciales, con objetivos exclusivamente fiscales y que carecen, por ende, de una visión de Estado nacionalista y de una proyección de desarrollo integral de nuestro país.

Invito a mis compañeros y compañeras diputadas a suscribir y a adherirse conmigo a esta iniciativa que no solamente es inquietud del Consejo Coordinador Empresarial, de las diferentes organizaciones a nivel nacional que se dedican a esta importante actividad y no solamente por ello, sino también por millones de empleados que estas empresas generan precisamente con esta actividad.

Y en mérito a lo expuesto someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 32.

I. a XIX. ...

XX. El 25 por ciento de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100 por ciento los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que, por su naturaleza, no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo a 14 de diciembre del 2006.

Solicito a la Presidencia sea tan amable de que incluya íntegramente el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

1. La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el límite de lo que se puede deducir por los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, como un medio para fortalecer la actividad de la industria restaurantera nacional.

La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente permite deducir el 25 por ciento de los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, siempre que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, en los términos previstos en la fracción XX del artículo 32 de la ley citada.

La norma en cuestión ha tenido una vida azarosa:

Hasta 1989 no existía restricción para la deducción de los gastos en restaurantes.

De 1990 a 2001 no se permitieron deducciones por consumos en restaurantes.

En 2002 se autorizó el 50 por ciento de deducción en estos consumos.

A partir de 2003 sólo se permite deducir el 25 por ciento.

2. En la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; y de las leyes del los impuestos sobre la Renta, al Activo, Especial sobre Producción y Servicios, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conocida como miscelánea fiscal, presentada por el Ejecutivo federal ante esta soberanía el 5 de diciembre de 2006, se propone la modificación de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de aumentar el porcentaje no deducible de los consumos en restaurantes, del 75 al 87.5 por ciento, con lo que la parte deducible se reduce a un precario 12.5 por ciento.

En la Exposición de Motivos se expresa al respecto:

``Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta permite deducir el 25 por ciento de los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, siempre que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria.

La medida en comento tiene por objeto limitar la deducción únicamente para aquellos gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, de ahí que actualmente se permita deducir el 100 por ciento de los consumos en restaurantes cuando se eroguen por concepto de viáticos, para gastos de alimentación, en favor del personal de la empresa.

Además, la limitante en la deducción permite evitar que se erosione la base del impuesto sobre la renta con consumos en restaurantes cuya erogación no tenga una relación directa con las actividades propias del contribuyente.

En este sentido, con el objeto de fortalecer la base del impuesto sobre la renta, se propone a esa soberanía establecer el monto deducible por consumos en restaurantes en 12.5 por ciento, manteniendo la posibilidad de deducir el 100 por ciento cuando dichos consumos sean realizados por concepto de viáticos y cumplan con los requisitos de ley.''

3. En su comparecencia para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, que se realizó ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, el 7 de diciembre de 2006, el secretario de Hacienda y Crédito Público, se refirió a la reducción al límite del consumo de restaurantes antes mencionada y precisó que daría ingresos a la federación por un monto de mil 700 millones de pesos e hizo las siguientes cuentas: La anterior cantidad, sumada a 0.5 miles de millones de pesos que corresponderían al límite a la deducción en la compra de automóviles; 700 millones de pesos a la modificación al tratamiento especial del sector primario; mil 800 millones al fortalecimiento del impuesto al activo (Impac); 3.1 miles de millones de pesos en el impuesto a refrescos considerado, en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS); 6 mil 800 millones por la aportación del tabaco; y la eliminación del subsidio del agua daría 700 millones de pesos.

Lo anterior sumaría 20 mil 300 millones de pesos de incremento en la recaudación proyectada para 2007 que contrapuso a los 12 mil 700 millones de pesos que costaría la reducción prevista del 29 al 28 por ciento de la tasa del impuesto sobre la renta, lo que, en su criterio, reduce el impacto neto a 7 mil 600 millones de pesos.

En otras declaraciones públicas, el mismo secretario ha expresado que la reducción en la tasa general del impuesto sobre la renta de personas físicas y morales se resarcirá principalmente a través de una mayor eficiencia en la recaudación de este impuesto.

En todo caso, los mil 700 millones de pesos que daría la reducción al límite del consumo de restaurantes no tienen significación frente a los montos manejados y, mucho menos, como lo mencionó el propio Secretario, frente a un Presupuesto para el año 2007, de más de 2 mil 200 miles de millones de pesos.

4. Por otra, parte el mismo secretario de Hacienda en la comparecencia antes mencionada, pretende justificar la reducción en materia de porcentaje de deducción en los consumos en restaurantes, mediante la afirmación de que ``está plenamente comprobado que la elasticidad a la tributación es muy baja y por lo tanto, nosotros también pensamos que no va a ser importante el impacto''.

Ese no es el sentir de los empresarios y trabajadores del sector restaurantero y turístico que, junto con sus familias, han sido y se pretende que sigan siendo los perjudicados por la aplicación de la disposición legal que niega o limita las deducciones en los consumos en restaurantes.

5. La industria restaurantera es en México una de las de mayor importancia y es fundamental para el desarrollo gastronómico y culinario del país.

Principalmente, tiene un impacto y trascendencia social muy significativa por el gran número de personas que emplea. La Secretaría de Turismo reconoció en el año 2004 que es la industria número uno empleadora de gente.

Tiene también un importante impacto en el presupuesto del gasto familiar; las familias mexicanas destinan el 9.8 por ciento del gasto a las comidas fuera de casa.

En México estaban registradas en el año 2004, 221 mil restaurantes, de los cuales el 96 por ciento correspondía a las micro y pequeñas empresas; generaron 800 mil empleos directos y 2.2 millones indirectos; participan con el 2.3 por ciento en el producto interno bruto y con el 23.8 por ciento en el Producto Interno Bruto Turístico.

Por estas consideraciones básicas no podemos admitir explicaciones graciosas y simplistas que pretenden ocultar el fuerte impacto que tendrá un incremento en la no deducibilidad de los gastos en restaurantes, para efectos del impuesto sobre la renta.

Por el contrario, nos orientamos categóricamente en disminuir la no deducción en esta materia, incrementando el porcentaje que puede deducirse de un 25 por ciento como está en la norma hasta ahora vigente, a un 75 por ciento, como una fórmula para promover, impulsar y fortalecer el desarrollo de la industria restaurantera y turística nacional, en apoyo y beneficio de este sector tan importante de mexicanos y de sus familias.

Esta iniciativa responde al reclamo de millones de mexicanos que invierten y trabajan en el sector restaurantero y turístico nacional, así como sus familiares, que se han visto afectados por más de tres lustros por políticas restrictivas y de corto alcance.

A través de esta iniciativa nos pronunciamos en contra de tendencias recaudatorias insensibles, parciales, con objetivos exclusivamente fiscales y que carecen por ende de una visión de estado nacionalista y de una proyección de desarrollo integral de nuestro país.

Invito a mis compañeros diputados a adherirse y suscribir conmigo esta iniciativa.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

Decreto Único. Se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 32.

I. a XIX. ...

XX. El 25 por ciento de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100 por ciento los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que, por su naturaleza, no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

XXI. a XXVII.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Víctor Valencia de los Santos (rúbrica).» Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Víctor Valencia de los Santos. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia a nombre de la plenaria hace un cordial saludo a la UAM-Azcapotzalco y a los líderes sociales del estado de México que se encuentran presentes con nosotros.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda:Con la venia de la Presidencia de esta Mesa Directiva, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscalcon base en la siguiente exposición de motivos.

Uno de los problemas estructurales de nuestro país es el problema de la educación, del cual depende el futuro de nuestro país y en particular en la vertiente de su financiamiento, tanto en el monto que se destina para fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de educación así como su distribución entre las entidades federativas.

El reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el panorama de la educación 2006, señala que el gasto por estudiante de primaria en México es de mil 656 dólares; ajustado por diferencias en la paridad del poder adquisitivo, aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE, que es de 5 mil 450 dólares.

Asimismo establece que en primaria y secundaria sólo el 2.8 por ciento del gasto se destina a inversión, que comparado con el promedio de la OCDE de 8.2 por ciento, resulta claramente inferior.

Adicionalmente sólo el 6.4 por ciento del gasto corriente en la educación primaria se destina a materiales educativos. El promedio de la OCDE es de 19.8 por ciento.

En la República Mexicana los servicios educativos se financian principalmente con gasto público de los tres órdenes de gobierno, ello a través de aportaciones federales, recursos provenientes de ingresos propios de las entidades federativas y en su caso, de los municipios.

En 1992 con la firma del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal se transfirió a los estados la responsabilidad de operar esos niveles del sistema educativo federal junto con los activos, infraestructura y docentes. Dicha descentralización de las responsabilidades educativas tuvo como finalidad mejorar los servicios educativos considerando que las entidades federativas conocen mejor las necesidades y demandas educativas y por ello responden mejor a ellas, así como involucrar más a los estados en la provisión de estos servicios.

Algunos estados como Aguascalientes, Oaxaca o Hidalgo, no prestaban servicios de educación básica y otros como el estado de México, Nuevo León y Baja California atendían entre el 40 y el 50 por ciento de la demanda.

Sin embargo, la descentralización no significó un cambio en la asignación de las transferencias a las entidades federativas, ni se acompañó de mayores potestades tributarias para los estados, por lo que en la actualidad éstos tienen poco control sobre el tamaño relativo de su sistema educativo, el cual está determinado históricamente y es difícil de cambiar, por no contarse con recursos adicionales significativos.

Actualmente, la distribución de los recursos se determina de una manera inercial a partir del gasto que la Federación ejercía en cada entidad, cuando el sistema estaba centralizado, sin considerar el gasto en educación que ejercían los estados con recursos propios y por lo tanto, la distribución original no reflejaba en su momento y mucho menos en la actualidad, las necesidades y requerimientos de las entidades federativas en materia de educación, por lo que la mecánica de distribución hoy en día es inequitativa e ineficiente.

En ese sentido la falta de recursos suficientes y la iniquidad en su distribución ha provocado que los estados atiendan con recursos propios los compromisos federales en educación, afectando la ejecución de obras y servicios de otros sectores prioritarios.

Adicionalmente, la falta de equidad en la distribución del gasto federal ha generado una desigualdad regional en las oportunidades educativas, causando diferencias en el aprendizaje de los alumnos entre estados; sumadas a las características socioeconómicas y demográficas de cada región, que también explican parte de estas diferencias.

En la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), del Ramo 33, no se consideran las condiciones de los sistemas educativos federales y estatales; más aún, no se considera el número de alumnos potenciales, sino el número de profesores e instalaciones educativas que eran necesarias hace 14 años.

En 2002 la Secretaría de Educación Pública recabó información sobre el financiamiento educativo estatal, observando que la proporción de la contribución federal al gasto educativo se ubicaba en un nivel promedio de 79.6 por ciento, mientras que los estados aportaban el 20.4 por ciento restante.

Asimismo se demostró la existencia de una gran heterogeneidad en la carga educativa financiada por las entidades federativas con recursos propios; 14 estados presentaban márgenes de financiamiento por arriba de la media nacional, desde 21.5 por ciento, hasta 38.6 por ciento del gasto total.

Seis estados aportaron recursos en un rango de 12.3 por ciento a 20.2 por ciento, 10 estados participaron con niveles de 0.8 por ciento a 8.7 por ciento, mientras que Oaxaca y el Distrito Federal no aportaron recursos propios a su gasto educativo.

A partir del año 2003 entró en vigor la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, estableciendo que el monto anual que la federación, entidades federativas y municipios deben destinar al gasto y servicios educativos, no puede ser menor al ocho por ciento del producto interno bruto señalando que los presupuestos públicos deberían de incrementarse gradualmente para alcanzar en 2006 dicha meta.

Con la propuesta que se pone a consideración de esta Asamblea, se modifican los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer lineamientos más claros acerca del tamaño del fondo, mediante la regla general de que el mismo deberá incrementarse por lo menos un cuatro por ciento en términos reales respecto al del año anterior y se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, se actualizarían las reglas de distribución de los recursos del fondo entre los estados en razón directa al índice de población en edad escolar, al rezago educativo presente en las entidades y al porcentaje de gasto en educación básica y normal, financiado directamente por las entidades federativas.

Bajo el nuevo esquema, la distribución de los recursos del fondo, estará basada en la demanda efectiva de servicios educativos, proponiéndose que dicha distribución se oriente en un 45 por ciento en relación directa con la población en edad escolar, entre 3 y 15 años. Adicionalmente, a fin de reflejar correctamente las necesidades educativas, se propone distribuir el 45 por ciento por la población en edad escolar ponderada por el inverso de un índice de educación que refleja el rezago educativo.

Finalmente el diez por ciento restante, se propone se distribuya en relación directa al gasto en educación básica y normal financiado directamente por las entidades federativas, a fin de compensar el impacto financiero que esto ha generado sobre las propias entidades.

No obstante el avance que en términos de equidad y reconocimiento al esfuerzo educativo representaría la presente propuesta, es de considerar que las entidades federativas requerirían de un periodo de ajuste para la aplicación de la nueva distribución de recursos, basada en la demanda efectiva de servicios educativos.

Esto es, el mecanismo de distribución actual deberá ir desapareciendo gradualmente, por ello se propone que el nuevo mecanismo se aplique a lo largo de los primeros cinco años al 20, 40, 60, 80 y 100 por ciento del fondo, respectivamente en cada año.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Único. Se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 27. "El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, debiendo ser por lo menos cuatro por ciento mayor en términos reales al del año anterior.

Este Fondo se enterará mensualmente a las entidades federativas por conducto de la federación, de acuerdo con los siguientes porcentajes..." -se anexa la tabla de acuerdo a lo que yo comentaba.

El PAFEF se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo con lo siguiente:

I. El 45 por ciento del Fondo en proporción directa al número de habitantes entre 3 y 15 años, que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate. El número de habitantes de entre 3 y 15, años se tomará en la información del último Censo de Población y Vivienda o conteo de población, que hubiera dado a conocer el INEGI.

II. El 45 por ciento se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción anterior, ponderada por el inverso del índice de educación de cada entidad federativa, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de que se trate.

III. El diez por ciento restante se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción I, ponderada por el porcentaje del gasto en educación básica y normal, financiado directamente por cada entidad federativa en el año 2005.

Artículo 28. Para tal efecto, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, proporcionarán al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del sistema educativo nacional, correspondan a la Federación.

Se agregan los transitorios para que paulatinamente se vayan incorporando.

Dado en la sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, sea tan amable de insertar el texto completo y en original en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas estructurales de nuestro país es el problema de la educación, del cual depende el futuro de nuestro país y en particular en la vertiente de su financiamiento, tanto en el monto que se destina para fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de educación, así como su distribución entre las entidades federativas.

El reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Panorama de la Educación 2006 señala que el gasto por estudiante de primaria, en México, es de mil 656 dólares estadounidenses (ajustado por diferencias en la paridad del poder adquisitivo), aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE (5 mil 450 dólares estadounidenses).

Asimismo, establece que en primaria y secundaria, sólo el 2.8 por ciento del gasto se destina a inversión, que comparado con el promedio de la OCDE de 8.2 por ciento, resulta claramente inferior. Adicionalmente, sólo el 6.4 por ciento del gasto corriente, en la educación primaria, se destina a materiales educativos (el promedio de la OCDE es de 19.8 por ciento).

En la Republica Mexicana, los servicios educativos se financian principalmente con gasto público de los tres órdenes de gobierno, ello a través de aportaciones federales, recursos provenientes de ingresos propios de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios.

En 1992, con la firma del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal, se transfirió a los estados la responsabilidad de operar esos niveles del Sistema Educativo Federal junto con los activos, infraestructura y docentes.

Dicha descentralización de las responsabilidades educativas tuvo como finalidad mejorar los servicios educativos considerando que las entidades federativas conocen mejor las necesidades y demandas educativas y por ello responden mejor a ellas, así como involucrar más a los estados en la provisión de estos servicios. Algunos estados como Aguascalientes, Oaxaca o Hidalgo no prestaban servicios de educación básica, y otros, como el Estado de México, Nuevo León y Baja California atendían entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de la demanda.

Sin embargo, la descentralización no significó un cambio en la asignación de las transferencias a las entidades federativas, ni se acompañó de mayores potestades tributarias para los estados, por lo que en la actualidad estos tienen poco control sobre el tamaño relativo de su sistema educativo, el cual está determinado históricamente y es difícil de cambiar por no contarse con recursos adicionales significativos.

Actualmente, la distribución de los recursos se determina de una manera inercial a partir del gasto que la federación ejercía en cada entidad cuando el sistema estaba centralizado, sin considerar el gasto en educación que ejercían los estados con recursos propios y por lo tanto, la distribución original no reflejaba en su momento y mucho menos en la actualidad, las necesidades y requerimientos de las entidades federativas en materia de educación. Por lo que, la mecánica de distribución es inequitativa e ineficiente.

En ese sentido, la falta de recursos suficientes y la inequidad en su distribución ha provocado que los estados atiendan con recursos propios los compromisos federales en educación, afectando la ejecución de obras y servicios de otros sectores prioritarios.

Adicionalmente, la falta de equidad en la distribución del gasto federal ha generado una desigualdad regional en las oportunidades educativas, causando diferencias en el aprendizaje de los alumnos entre estados, sumadas a las características socioeconómicas y demográficas de cada región, que también explican parte de estas diferencias.

En la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) no se consideran las condiciones de los sistemas educativos federales y estatales. Más aún, no considera el número de alumnos potenciales, sino el número de profesores e instalaciones educativas que eran necesarias hace 14 años.

En 2002, la Secretaría de Educación Pública recabó información sobre el financiamiento educativo estatal, observando que la proporción de la contribución federal al gasto educativo se ubicaba en un nivel promedio de 79.6 por ciento, mientras que los estados aportaban el 20.4 por ciento restante.

Asimismo, se demostró la existencia de una gran heterogeneidad en la carga educativa financiada por las entidades federativas con recursos propios: 14 estados presentaban márgenes de financiamiento por arriba de la media nacional, desde 21.5 por ciento hasta 38.6 por ciento del gasto total; 6 estados aportaron recursos en un rango de 12.3 por ciento a 20.2 por ciento; 10 estados participaron con niveles de 0.8 por ciento a 8.7 por ciento mientras que Oaxaca y el Distrito Federal no aportaron recursos propios a su gasto educativo.

A partir del año de 2003, entró en vigor la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, estableciendo que el monto anual que la Federación, entidades federativas y municipios, deben destinar al gasto y servicios educativos, no puede ser menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, señalando que los presupuestos públicos deberían de incrementarse gradualmente para alcanzar en 2006 dicha meta.

De acuerdo con la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno, en 2002 se destinó a educación un gasto público equivalente a 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto, porcentaje que se ha mantenido constante, esperándose que en 2006 sea de 5.4 por ciento.

Asimismo, en el ejercicio fiscal 2006, se mantiene esa heterogeneidad, ya que la entidad que más recursos recibe del FAEB, recibe 3 veces más que el estado que menos recibe.

La carga del gasto educativo en las finanzas públicas de las entidades federativas y la inequidad que prevalece todavía en la distribución de las aportaciones federales de las mismas, hacen necesario llevar a cabo la actualización de la formula de distribución vigente en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Con la propuesta que se pone a consideración de esa H. Asamblea, se modifican los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer lineamientos más claros acerca del tamaño del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, mediante la regla general de que el Fondo deberá incrementarse por lo menos un 4 por ciento en términos reales respecto al del año anterior y se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, se actualizarían las reglas de distribución de los recursos del Fondo entre los estados en razón directa al índice de población en edad escolar, al rezago educativo presentes en las entidades y al porcentaje del gasto en educación básica y normal financiado directamente por las entidades federativas.

Bajo el nuevo esquema, la distribución de los recursos del Fondo estará basada en la demanda efectiva de servicios educativos, proponiéndose que dicha distribución se oriente en un 45 por ciento en relación directa con la población en edad escolar entre tres y quince años. Adicionalmente, a fin de reflejar correctamente las necesidades educativas se propone distribuir el 45 por ciento por la población en edad escolar ponderada por el inverso de un Índice de Educación que refleje el rezago educativo. Finalmente, el 10 por ciento restante se propone se distribuya en relación directa al gasto en educación básica y normal financiado directamente por las entidades federativas a fin de compensar el impacto financiero que esto ha generado sobre las entidades federativas.

No obstante el avance que en términos de equidad y reconocimiento al esfuerzo educativo representaría la presente propuesta, es de considerar que las entidades federativas requerirían de un período de ajuste para la aplicación de la nueva distribución de recursos basada en la demanda efectiva de servicios educativos, esto es, el mecanismo de distribución actual deberá ir desapareciendo gradualmente, por ello se propone que el nuevo mecanismo de distribución se aplique a lo largo de los primeros cinco años al 20, 40, 60, 80 y 100 por ciento del Fondo, respectivamente.

Asimismo el gobierno federal deberá tener tiempo suficiente para hacer los ajustes presupuestarios necesarios para incrementar el monto de los recursos destinados al Fondo que permitan orientar los esfuerzos hacia la meta establecida en la Ley General de Educación, por lo cual se propone que el ajuste presupuestario se distribuya a lo largo de cinco años.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Único. Se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, debiendo ser por lo menos cuatro por ciento mayor en términos reales al del año anterior.

Este fondo se enterará mensualmente a las entidades federativas por conducto de la Federación de acuerdo con los siguientes porcentajes:

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo con lo siguiente:

I. El 45 por ciento del Fondo en proporción directa al número de habitantes entre 3 y 15 años que tenga cada entidad federativa en el ejercicio de que se trate.

El número de habitantes entre 3 y 15 años se tomará de la información del último Censo de Población y Vivienda o Conteo de Población, que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

II. El 45 por ciento se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción anterior, ponderada por el inverso del Índice de Educación de cada entidad federativa, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que se trate.

Para efectos de esta fracción, el Índice de Educación deberá medir el progreso relativo de cada entidad federativa en materia de alfabetización de adultos y matricula bruta de educación primaria.

La cantidad que corresponda a cada entidad federativa de los recursos a que se refiere esta fracción, se obtendrá mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtendrá el valor de la Población Ponderada por Necesidades de Educación en cada entidad federativa, dividiendo la población a que se refiere la fracción I de este artículo, entre el Índice de Educación correspondiente a dicha entidad establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que se trate.

b) Se obtendrá el Valor de la Población Ponderada por Necesidades de Educación a nivel nacional sumando la Población Ponderada por Necesidades de Educación de cada estado, obtenida de acuerdo con el procedimiento del inciso anterior.

c) El coeficiente que le corresponderá a cada entidad federativa será igual al coeficiente de su Población Ponderada por Necesidades de Educación, dividida entre la Población Ponderada por Necesidades de Educación a nivel nacional.

III. El 10 por ciento restante se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción I, ponderada por el porcentaje del Gasto en Educación Básica y Normal financiado directamente por cada entidad federativa en el año 2005.

La cantidad que corresponda a cada entidad federativa de los recursos a que se refiere esta fracción, se obtendrá mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtendrá el valor de la Población Ponderada por Gasto Educativo Estatal en cada entidad federativa, multiplicando la población a que se refiere la fracción I de este artículo por el porcentaje del Gasto en Educación Básica y Normal financiado directamente por cada entidad federativa en el año 2005.

b) Se obtendrá el Valor de la Población Ponderada por Gasto Educativo Estatal a nivel nacional sumando la Población Ponderada por Gasto Educativo Estatal de cada estado, obtenida de acuerdo con el procedimiento del inciso anterior.

c) El coeficiente que le corresponderá a cada entidad federativa será igual al coeficiente de su Población Ponderada por Gasto Educativo Estatal, dividida entre la Población Ponderada por Gasto Educativo Estatal a nivel nacional.

Artículo 28. ...

Para tal efecto, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Educación Pública, la información financiera y operativa que le sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el presente decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.

Artículo Tercero. Para cada ejercicio fiscal del periodo comprendido entre 2007 y 2011, el monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal obtenido conforme a lo establecido en el artículo 27 de este ordenamiento, deberá incrementarse en un 4 por ciento adicional.

Artículo Cuarto. Para efectos del mecanismo de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, durante el periodo 2007 a 2010 se dará un periodo de transición en el cual un porcentaje de dicho fondo se distribuirá con los coeficientes resultantes de la aplicación del artículo 27 vigente hasta 2006, y el resto del Fondo se distribuirá de conformidad con el artículo 28 vigente en la actualidad de acuerdo con lo siguiente.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

VOLUMEN II

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, no se retire de la tribuna, porque el siguiente punto también lo presenta usted. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda para presentar iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda:Gracias, Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El suscrito, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa de reforma de ley o decreto a los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto establecer las reglas de asignación de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Considerando, que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, por una parte, y, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, por otra, suscribieron, con fecha 4 de noviembre de 1996, el Convenio General de Colaboración en Materia de Seguridad Pública, para coordinar políticas, estrategias y acciones legales y administrativas, necesarias para el eficaz funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segundo. Considerando que para el año 2006 se autorizaron 5 mil millones de pesos, para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cantidad insuficiente para cumplir las acciones convenidas, ya que de cada 100 pesos del Presupuesto de Ingresos del Gobierno Federal, solamente se destinaron 25 centavos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a pesar de que más de 90 por ciento de los elementos policiacos corresponden los estados y a los municipios.

Tercero. Considerando que es necesario eliminar la incertidumbre respecto a la asignación de recursos para esta importante función gubernamental coordinada, cuyo monto presenta un déficit lacerante que afecta a la población de todos los estados de la República y constituye un reclamo generalizado de los habitantes de todo el país, por lo que es fundamental incrementar los recursos asignados a las entidades federativas, con el objeto de

I. Permitir la cooperación y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación y los gobiernos estatales y municipales, para homologar la actividad policial y profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública con acciones que requieran recursos económicos por más de un ejercicio fiscal.

II. Permitir que los gobiernos estatales y municipales tengan cada vez más recursos y facultades para prevenir la comisión de delitos y combatir a la delincuencia, principalmente la relacionada con el narcotráfico, narcomenudeo y en general con el crimen organizado.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política e los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en este acto me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura la siguiente

Iniciativa de proyecto de reforma de ley o decreto de los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto establecer las reglas de asignación de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Artículo Primero. Se reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales por un monto equivalente a 0.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distintos rubros de gasto del sistema nacional de seguridad pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal; la distribución de los recursos se hará con base en criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; la problemática criminal; la dimensión territorial y geográfica; el índice de ocupación penitenciaria; y la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del sistema nacional de seguridad pública, deberán firmarse en un término no mayor de sesenta días, contados a partir de la publicación antes mencionada.

Este fondo se enterará mensualmente a las entidades federativas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros diez meses del año, de manera ágil y directa sin limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, a complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores, al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; y al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Las responsabilidades laborales que deriven de estos recursos estarán a cargo de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas estatales de seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Serán materia de anexos específicos entre la federación y los estados y el Distrito Federal los programas de la red nacional de telecomunicaciones e informática y el servicio telefónico nacional de emergencia del sistema nacional de información.

Los estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que les sea requerida.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO DE COMERCIO - LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Concursos Mercantiles.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con su venia: en virtud de estar el texto completo en la Gaceta Parlamentaria, obvio la lectura de la iniciativa, la cual solicito se publique íntegra en el Diario de los Debates.

Compañeros diputados y compañeras diputadas: el marco jurídico de nuestro país tiene un papel fundamental en el establecimiento de las bases sociales y económicas, para generar el ámbito idóneo para atraer inversiones que se traduzcan en el motor de crecimiento de la economía. Por ello es fundamental modernizar diversos aspectos de dicho marco, para situarnos como un país innovador, acorde con las mejores instituciones y prácticas a nivel mundial.

Como Poder Legislativo es nuestro mandato crear instrumentos y ordenamientos jurídicos que den agilidad, eficacia y orientación a todos los sectores de la sociedad. En tal virtud, el día de hoy vengo a proponer la inserción en nuestro marco legal de la figura jurídica denominada ``empresa unipersonal de responsabilidad limitada'', la cual traería diversas ventajas, entre las que brevemente puedo mencionar: eliminar la simulación jurídica y la creación de sociedades que no se deseaban constituir, permitir a las personas físicas o morales que de manera individual puedan limitar su responsabilidad frente a terceros con un capital determinado e incentivar la inversión, generando mayores posibilidades y facilidades para crear empresas que a su vez generen empleos en beneficio de todos.

Por lo anteriormente expresado y para implementar la referida figura jurídica, pongo a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 3 y se incorpora un Libro Sexto al Código de Comercio denominado ``De la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada'', y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Concursos Mercantiles, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorpora un Libro Sexto, denominado ``De la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada'', al Código de Comercio.

Exposición de Motivos

El marco jurídico de nuestro país, tiene un papel fundamental en el establecimiento de las bases sociales y económicas que generan el ámbito idóneo para atraer inversiones que se traducen en el motor de crecimiento de nuestra economía. Por ello, es fundamental modernizar diversos aspectos de dicho marco para situarnos como un país innovador, acorde con las mejores instituciones y prácticas a nivel mundial.

Por su parte, el estado está obligado a crear entre otros instrumentos importantes, leyes que den agilidad, eficacia y orientación a la economía para que ésta actividad quede siempre subordinada al servicio de los valores humanos superiores.

Por lo anterior y en congruencia con los objetivos de la plataforma política-económica del Partido Acción Nacional, hoy presento esta iniciativa que tiene por objetivo impulsar el crecimiento de nuestro país a través del establecimiento de la figura jurídica denominada ``empresa unipersonal de responsabilidad limitada''.

Lo anterior, es necesario toda vez que en la actualidad el Código Civil Federal únicamente reconoce a las asociaciones y sociedades como figuras jurídicas para la realización de fines de carácter civil o preponderantemente económico respectivamente y la Ley General de Sociedades Mercantiles solo reconoce seis especies de sociedades mercantiles, mismas que se crean por el acuerdo de varios individuos, obstaculizando el desarrollo de actividades en forma individual y las prácticas empresariales, generando la constitución de sociedades o asociaciones que no había interés de formar en las cuales en la mayoría de los casos uno de los socios no tiene participación real, salvo la meramente formal en los instrumentos constitutivos, no teniendo ni voz ni voto ya que su participación es del uno por ciento.

La propuesta que hoy planteo ya ha sido anteriormente analizada por diversas legislaciones en el mundo, quienes al advertir la desincentivación de sus economías por la mencionada restricción, modificaron sus correspondientes legislaciones admitiendo la posibilidad de que un solo individuo emprenda una actividad de cualquier índole limitando su responsabilidad al capital destinado para tal efecto.

Es notable, el caso de la Unión Económica Europea que a través de la directiva 89/667/CEE del 21 de diciembre de 1989, estructura a nivel comunitario la constitución de sociedades unipersonales. No obstante, en lo particular podemos referirnos al caso de la República Francesa que admitió la figura de empresa unipersonal el 11 de julio de 1985 en la Ley 85.697., otorgándole el tratamiento de una sociedad de responsabilidad limita de socio único el cual puede ser una persona física o moral, donde se aplican a un solo socio las reglas que rigen a las sociedades comunes, haciéndolo responsable de las deudas hasta por el monto por él aportado pudiendo extenderse la responsabilidad a sus bienes personales cuando se compruebe su negligencia o comisión de actividades fraudulentas y exceptuándolo únicamente de observar la reglas de convocatoria exigidas para la reunión de socios.

En el caso de España, su legislación admite la figura de la unipersonalidad originaria o sobrevenida tanto respecto de las sociedades de responsabilidad limitada como de las sociedades anónimas, admitiendo que las entidades unipersonales puedan constituir sociedades del mismo carácter.

En Latinoamérica, podemos hacer mención al caso de Chile y Colombia que admiten la empresa unipersonal en las Leyes 19857 y 222 respectivamente, las cuales la definen como una figura jurídica mediante la cual un persona física o moral reúne las condiciones para ejercer el comercio destinando parte de su patrimonio para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Cabe mencionar, que la empresa unipersonal, una vez inscrita en el Registro de Comercio, se constituye en una persona jurídica distinta de su propietario. Asimismo, requieren que la empresa se constituya mediante documento escrito en el cual debe consignarse la denominación o razón social de la empresa seguida de la expresión empresa unipersonal o de su sigla ``EU'', so pena de que el empresario responda ilimitadamente.

Todo lo expresado nos sirve de antecedente a los fines de analizar la cuestión que nos ocupa, y que se refiere a la posibilidad que en nuestro país se legisle un régimen específico para que una persona física o moral pueda emprender un proyecto empresarial a través de la figura de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, limitando su responsabilidad al capital designado por él mismo, sin tener que ver comprometido la totalidad de su patrimonio a excepción que hubiere actuado negligentemente, con dolo o de manera ilícita.

Por tal motivo, propongo el desarrollo de la institución que nos ocupa con las características de una sociedad de responsabilidad limitada pudiéndose en cualquier caso constituirse de capital variable.

De igual manera, considero pertinente aceptar la unipersonalidad originaría o sobrevenida, permitiendo la posibilidad de incorporar nuevos socios a una empresa unipersonal o viceversa en el caso de una sociedad, para lo cual tendrían que modificar estructura corporativa.

Asimismo, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada podrá ser constituida por personas físicas o morales y a su vez una empresa unipersonal podrá constituir otra de la misma naturaleza, no obstante al empresario se le dará tratamiento de único participante sujeto a dar cumplimiento a todas las obligaciones de una sociedad común.

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, será una persona jurídica con patrimonio propio y estará regulada supletoriamente por lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles cualquiera que sea su objeto social, pudiendo realizar toda clase de acciones civiles y comerciales. Es decir deberá dar cumplimiento a lo que en dicho ordenamiento se establece, salvo las cuestiones inoperantes por no tratarse de una sociedad.

La figura jurídica en estudio, deberá estar debidamente constituida a través de escritura pública, y deberá registrarse ante el Registro Público de Comercio.

Para tal efecto la escritura constitutiva deberá contener

I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de la persona física o moral que constituyan la empresa unipersonal;

II. El objeto de la empresa unipersonal;

III. Su razón social o denominación;

IV. Su duración;

V. El importe del capital;

VI. La expresión de lo aportado por el empresario en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;

VII. El domicilio de la empresa;

VIII. El importe del fondo de reserva;

IX. Los casos en que la empresa haya de disolverse anticipadamente, y

X. Las bases para practicar la liquidación de la empresa

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada constituirán los estatutos de la misma.

De lo anterior, se desprende que la función de las personas jurídicas es la de ser un instrumento a los fines de estructurar y organizar actividades económicas o civiles constituyendo un centro de imputación diferenciado de responsabilidad, por tanto el reconocimiento de la personalidad jurídica debería fundarse en la organización de la actividad misma, más bien que en la pluralidad de sujetos, permitiendo al empresario individual limitar su responsabilidad frente a terceros a un capital determinado.

En definitiva, debemos permitir que aquellos que deseen emprender una actividad productiva, se encuentre con las herramientas jurídicas necesarias que no representen trabas para su desarrollo. Con ello evitaremos que se acuda a soluciones forzadas como es la utilización de socios con participaciones aparentes otorgando así transparencia a la actividad comercial.

Finalmente, para la constitución de la figura jurídica denominada empresa unipersonal de responsabilidad limitada proponemos la adición del Libro Sexto denominado ``De las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada'' al Código de Comercio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 3, y se incorpora el Libro Sexto, denominado ``De la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada'', al Código de Comercio; y se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IV al artículo 3; y se incorpora un Libro Sexto, denominado ``De las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada'', al Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

I. a III. ...

IV. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada que se constituyan conforme al Título Sexto de éste Código.

...

Libro Sexto De las Empresas Unipersonales

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Primero De la Constitución y Funcionamiento en General

Artículo 1501. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, o sus siglas EURL, es una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular, sujeta a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que le sean aplicables en virtud de su naturaleza jurídica.

Artículo 1502. Se autoriza a toda persona física o moral o empresa unipersonal de responsabilidad limitada, la constitución de empresas unipersonales de responsabilidad limitada.

Artículo 1503. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada podrá realizar toda clase de operaciones civiles y mercantiles.

Artículo 1504. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá estar debidamente constituida ante notario y deberá registrarse en el Registro Público de Comercio.

Artículo 1505. La escritura constitutiva de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá contener:

I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de la persona física o moral que constituyan la empresa unipersonal.

II. El objeto de la empresa unipersonal;

III. Su razón social o denominación;

IV: Su duración;

V. El importe del capital;

VI. La expresión de lo aportado por el empresario en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;

VII. El domicilio de la empresa;

VIII. El importe del fondo de reserva;

IX. Los casos en que la empresa haya de disolverse anticipadamente, y

X. Las bases para practicar la liquidación de la empresa.

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la empresa constituirán los estatutos de la misma.

Artículo 1506. La empresa unipersonal de responsabilidad limita, no podrá admitir socios y en caso de que así fuera ésta deberá disolverse para la creación de la respectiva sociedad en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a la fracción II, del artículo 4, de la Ley Concursos Mercantiles.

Artículo 4o.

I. ...

II. ...

Para efectos de esta ley, la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, es una persona jurídica con patrimonio distinto del titular que la crea según lo establecido en los artículos 3 y 1501 del Código de Comercio.

Transitorio

Artículo Primero.El presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se deberán efectuar las modificaciones necesarias a las leyes federales correspondientes para efectos de que cuando se refieran a las sociedades mercantiles o personas morales, quede comprendida dentro de estos conceptos la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, en lo que corresponda según su naturaleza jurídica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 del mes de noviembre de 2006.--- Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Gildardo Guerrero Torres. Túrnese a la Comisión de Economía.

Esta Presidencia a nombre del Pleno da la más cordial bienvenida a los invitados especiales de la delegación Iztacalco.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: me permito presentar una iniciativa que busca fortalecer el federalismo, que busca fortalecer la solución de los problemas donde éstos se generan, que es básicamente en el ámbito de los municipios y de las entidades federativas.

El diseño del sistema nacional de coordinación fiscal delimita la posibilidad de establecer impuestos o derechos estatales o municipales, por la suscripción de los convenios de adhesión de los estados a dicho sistema.

El esquema del sistema fiscal federal es altamente centralizado en la obtención de ingresos y en el ejercicio del gasto que éste realiza en los tres órdenes de gobierno, lo cual ha propiciado la dependencia financiera de estados y municipios. Los avances por dotar a las entidades federativas y municipios han sido escasos. El ejemplo más claro lo tenemos en el incremento que se ha dado en el Fondo General Participable, donde de hace aproximadamente 10 años a la fecha no ha tenido movimiento alguno y esto refleja la alta concentración del ejercicio del gasto público. Los estados y los municipios enfrentan problemas financieros severos y por lo tanto, no han alcanzado la madurez económica que les permita cumplir eficientemente sus tareas constitucionales.

Diversas circunstancias de orden político y económico han propiciado que estos órdenes de gobierno enfrenten carencias de tipo financiero y jurídico en relación con los órganos de gobierno del ámbito federal, lo cual ha impedido su funcionamiento autónomo, porque dotar a los municipios de autonomía política, de autonomía administrativa, pero si no se da en el mismo sentido la autonomía financiera, ésta hace nugatorias el resto de las autonomías y no podemos hablar de una verdadera libertad de los ámbitos de gobierno del orden municipal.

Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones y gasto federalizado se han incrementado en los últimos años, pero más enfocados a la descentralización de los recursos que están establecidos en el Ramo 33 y en el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAFEF); pero recursos éstos ---en el caso del Ramo 33---, donde los municipios y los estados no tienen la entera libertad para poder ejercer estos recursos en función de las demandas más sentidas de la población, porque estos recursos, en gran medida, van etiquetados. Lo único que va de manera libre para poder atender estas demandas es lo que se entrega por concepto de las participaciones federales a estados y municipios.

Por otra parte, la infraestructura actual de los gobiernos estatales y municipales no es suficiente en la mayoría de las entidades, municipios y del Distrito Federal, para satisfacer las demandas crecientes en la infraestructura; y un ejemplo de ello es que la inversión que hacen los estados en esta materia, no alcanza ni siquiera el uno por ciento del producto interno bruto.

Es común escuchar que se debe impulsar el papel estratégico de las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, promoviendo su desarrollo económico y social con un enfoque local, a través de una verdadera descentralización responsable y ordenada de la política hacendaria.

Por ello, la iniciativa que ahora estoy proponiendo a la consideración de esta representación popular, busca que el 100 por ciento de la retención del impuesto al valor agregado derivado de la realización de obras públicas de los estados, municipios y el Distrito Federal, no se entere a la federación y que estos recursos, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Sistema de Administración Tributaria, se participen directamente a las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal en sus respectivos órganos, sin formar parte de la Recaudación Federal Participable.

Esta medida contribuirá a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública, además de ser un aliciente para estados y municipios y el Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obras públicas que potencialicen el desarrollo local y alienten la equidad regional.

Esta propuesta lo que busca es que lo que se paga por concepto de IVA en la realización de la obra pública que realizan tanto los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal, ese recurso no se entere a la Federación, no forme parte del Fondo General Participable y que se quede en el ámbito de estos gobiernos pero que vaya etiquetado sólo para la realización de obra pública.

Que quede claro que aquí no se abre ni siquiera la posibilidad de que estos recursos puedan ser utilizados para gasto corriente. Tendría que ser etiquetado, reitero, para que se aplique nuevamente la atención de las demandas en infraestructura más importante que tengan cada una de estas localidades.

Por lo anterior, se propone establecer en el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que las entidades federativas, municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos efectúen la retención del impuesto en el momento en el que se pague la contraprestación sobre el monto de lo efectivamente liquidado por la obra pública, no enterando el impuesto a la federación, mismo que sería directamente participable.

Además, para concretar la propuesta, se plantea reformar el párrafo cuarto y adicionar un párrafo quinto al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de excluir de la recaudación federal participable la retención del impuesto al valor agregado que se traslade por la realización de obras públicas en las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y participar a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal sus respectivos organismos en el 100 por ciento de su recaudación.

En la iniciativa se faculta al sistema de administración tributaria para que establezca las reglas, requisitos y características que los estados, municipios y el Distrito Federal deberán cumplir para transparentar el ejercicio de los recursos retenidos a que se refiere la presente iniciativa.

De aprobarse la propuesta que ahora estamos realizando, además de lo antes considerado se contribuirá a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública además de ser esto un aliciente para los estados, municipios y el Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obra pública que potencialicen el desarrollo local y fortalezcan realmente la equidad regional.

De esta manera, amigas y amigos legisladores, es como buscamos de una manera responsable hacer las modificaciones a nuestro marco jurídico para que fortalezcamos a los órdenes de gobierno que tienen el contacto más directo con la población y donde también hagamos corresponsables a estos órdenes de gobierno en la recaudación y sobre todo en la transparencia de la utilización de dichos recursos.

No se trata sólo de pedir más recursos para estados y municipios sin saber a dónde van estos recursos. Queremos que no vayan etiquetados esos recursos que se entregan mediante el gasto federalizado a los estados y municipios; pero que sean allá, en el ámbito de las legislaturas locales, en el ámbito de los ayuntamientos, estos cuerpos colegiados los que determinen cuál es el fin, cuál es el uso que se le va a dar a los recursos que por esta vía se puedan entregar a estos órdenes de gobierno.

De esta manera pues, estoy seguro que de encontrar una respuesta favorable de quienes ahora formamos parte de esta legislatura vamos a contribuir de manera importante a fortalecer el federalismo y fortalecer el federalismo es apoyar en los hechos la solución de los problemas que se generan en cada localidad, en cada comunidad. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Impuesto al Valor Agregado, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, licenciado José Rosas Aispuro Torres, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un penúltimo párrafo al artículo 1-A a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y reforma y adiciona el artículo 2o. a la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero.En las características y atributos del federalismo se destaca que cada ámbito de gobierno debe contar con los recursos económicos suficientes para sufragar sus necesidades de gasto. Cada nivel de gobierno debe de ser autónomo en su esfera de competencia y debe ser autoridad final y suprema en el área territorial que constitucionalmente le es conferida.

Segundo.México tiene un nivel bajo de ingresos tributarios con respecto al PIB; aunque su nivel de gasto también es relativamente bajo, por tanto, la situación presupuestal es de equilibrio, pero la baja recaudación limita fuertemente las posibilidades de gasto público. El bajo nivel de gasto como reflejo de los bajos ingresos tributarios y la necesidad macroeconómica de mantener una situación presupuestal prudente es una de las causas que han frenado el crecimiento y obstaculizado la reducción de la pobreza.

Tercero. La anterior situación incide en la capacidad financiera de las entidades federativas por su dependencia de los ingresos federales. Los recursos que se distribuyen a los estados y municipios son insuficientes para atender los requerimientos de gasto para mejorar las condiciones de vida de la población.

Cuarto.Las acciones del Gobierno Federal por fortalecer las haciendas estatales y municipales han experimentado un crecimiento que no va de acuerdo con la dinámica de desarrollo que la sociedad civil reclama. Así por ejemplo, el Fondo General de Participaciones, que se constituye en la principal fuente de ingresos de los gobiernos estatales, como porcentaje de la recaudación federal participable, en el año de 1980 fue del 16.94 por ciento, en 1990 pasó al 18.26 por ciento y en 1996 se cerró en el 20 por ciento. Es decir, en 16 años solamente aumentó 3.06 por ciento y en los últimos 8 años ha permanecido estático ese porcentaje de participación, que es el reflejo real de la voluntad por aumentar los ingresos estatales y municipales.

Quinto.Al efectuar un análisis del crecimiento real y nominal de los ingresos distribuidos a los estados y municipios, observamos que si acaso hay un incremento, el aumento es producto de la dinámica del desarrollo de la economía nacional, es decir, no se debe a una mayor participación en los ingresos federales, porque esta permanece fija.

Sexto.Al efectuarse el análisis para determinar los ingresos de origen federal neto hacia los Estados y municipios, se observa que el 30.9 por ciento de la inversión federal se envía a estos; sin embargo, los recursos destinados a las obras y acciones de competencia federal representan el 11.7 por ciento de los ingresos federales; por tanto, los estados y municipios solamente disponen del 19.2 por ciento para cumplir las funciones de su competencia legal.

Séptimo.La baja capacidad recaudatoria de las Entidades Federativas se debe a la concentración de potestades tributarias en el Gobierno Federal, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita la potestad tributaria estatal; por ejemplo, no se puede gravar comercio exterior, hidrocarburos, energéticos, la actividad bancaria, entre otros, lo que acentúa la dependencia.

Octavo.El diseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, delimita la posibilidad de establecer impuestos o derechos estatales o municipales por la suscripción de los convenios de adhesión de los estados a dicho sistema. El esquema del sistema fiscal federal es altamente centralizado en la obtención de ingresos y en las decisiones de gasto-financiamiento de los tres órdenes de gobierno, lo cual ha propiciado la dependencia financiera de estados y municipios. Los avances por dotar a las Entidades Federativas y municipios han sido escasos; el ejemplo mas claro es que el porcentaje del Fondo General como parte de la Recaudación Federal Participable no se ha movido en los últimos 8 años.

Noveno.Los Estados ylos municipios enfrentan problemas financieros severos y por lo tanto no han alcanzado la madurez económica que les permita cumplir eficientemente sus tareas constitucionales. Diversas circunstancias de orden político y económico han propiciado que estos órdenes de gobierno enfrenten carencias de tipo financiero y jurídico en relación con los órganos federales, lo cual ha impedido su funcionamiento autónomo.

Décimo.Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones y gasto federalizado, se han incrementado en los últimos seis años en un 18.2 por ciento, resultando aun insuficientes para cumplir con las necesidades de gasto público de estados, municipios y Distrito Federal. Por otra parte, la infraestructura actual de los gobiernos estatales y municipales no es suficiente en la gran mayoría de las entidades, municipios y el Distrito Federal, para satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura que proporcionan los por ciento servicios públicos que exige la población, inhibiendo el crecimiento y limitando las oportunidades de empleo; cifras recientes indican que el gasto en inversión de los estados no alcanza ni el 1 por ciento del PIB.

Décimo Primero. Es lugar común y justificado, escuchar que se debe impulsar el papel estratégico de las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal promoviendo su desarrollo económico y social con un enfoque local a través de la descentralización responsable y ordenada de la política hacendaria. Por ello, esta iniciativa propone que el 100 por ciento de la retención del impuesto al valor agregado derivado de la realización de obras públicas de los estados, municipios y el Distrito Federal, no se entere a la Federación y que estos recursos, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se participen directamente a las entidades federativas, municipios y Distrito Federal y sus respectivos órganos, sin formar parte de la Recaudación Federal Participable. Esta medida contribuiría a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública, además de ser un aliciente para estados, municipios y Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obras públicas que potencialicen el desarrollo local y alienten la equidad regional.

Para lo anterior, se propone establecer en el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que las Entidades Federativas, Municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos efectuarán la retención del impuesto en el momento en el que se pague la contraprestación por ciento sobre el monto de lo efectivamente pagado por la obra pública, no enterando el impuesto a la Federación, mismo que sería directamente participable. Además, para concretar la propuesta, se plantea reformar el párrafo cuarto y adicionar un párrafo quinto al artículo 2o. a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de excluir de la Recaudación Federal Participable la retención del impuesto al valor agregado que se traslade por la realización de obras públicas en las entidades federativas, municipios y Distrito Federal, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, y participar a los gobiernos estatales, municipales y Distrito Federal y sus respectivos organismos en el 100 por ciento de su recaudación.

Décimo Segundo.En la iniciativa se faculta al Sistema de Administración Tributaria para que establezca las reglas, requisitos y características que los estados, municipios y el Distrito Federal, deberán cumplir para transparentar el ejercicio de los recursos retenidos a que se refiere la presente iniciativa.

Décimo Tercero.De aprobarse la medida propuesta, además de lo considerado, se contribuiría a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública, además de ser esto un aliciente para estados, municipios y Distrito Federal, para llevar a cabo más inversión en obras públicas que potencialicen el desarrollo local y fortalezcan la equidad regional.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto mediante el cual se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Primero. Se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. a IV. ...

...

...

...

...

...

El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna, salvo lo dispuesto en la fracción IV de este artículo.

Las Entidades Federativas, Municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos efectuarán la retención del impuesto al valor agregado en el momento en el que se pague el precio o la contraprestación por ciento sobre el monto de lo efectivamente pagado por la obra pública, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, sin enterar el impuesto a la Federación a fin de que el monto retenido se aplique exclusivamente al financiamiento de obras de infraestructura, siempre y cuando éstas sean financiadas total o parcialmente con recursos derivados de ingresos propios, participaciones federales y fondos del Ramo 33. En el caso de obras financiadas con la concurrencia de recursos locales y federales, las retenciones aplicarán sólo para las aportaciones de las entidades federativas, municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos.

El Ejecutivo federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una retención menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las características del sector o de la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un último párrafo al Artículo 2o. a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o.El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

...

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable, los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de estos impuestos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.A de esta Ley; ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 3o.B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 15 por ciento a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ni la retención del impuesto al valor agregado que se traslade por la realización de obras públicas por las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal y sus respectivos organismos, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Se podrá celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto al valor agregado que se traslade por la realización de obras públicas en las entidades federativas, municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, supuesto en el cual la entidad federativa, municipio y Distrito Federal y sus respectivos organismos de que se trate recibirán el 100 por ciento de la recaudación que se obtenga por este impuesto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rosas Aispuro.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputadoCésar Flores Maldonado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.El diputado César Flores Maldonado:Con su permiso, señor Presidente; señores diputados: el suscrito, diputadoCésar Flores Maldonado, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democráticaen esta Legislatura a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, a fin de incorporar el ejercicio pleno de los partidos políticos del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano, en relación a los juicios de inconformidad.

Conforme al artículo 51 de la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, el escrito de protesta es un medio para acreditar posibles irregularidades suscitadas en las mesas directivas de casillas, instaladas éstas el día de la jornada electoral y deberán ser presentados al final del escrutinio y cómputo de la casilla o ante el consejo distrital correspondiente, antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales.

Y tiene la característica de ser un requisito que hace procedente al juicio de inconformidad contra los resultados de la votación recibida en una casilla, la declaratoria de validez de la elección y de la entrega de la constancia de mayoría relativa de las elecciones correspondientes; sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad prevista en el artículo 75 de la ley de la materia, a excepción de la señalada en el inciso b) del párrafo primero de dicho precepto. El juicio de inconformidad es el mecanismo de defensa idóneo para poder invocar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla por irregularidades ocurridas en el día de la jornada electoral.

Asimismo, también el día de la jornada electoral los partidos políticos, a través de sus respectivos representantes, tienen conocimiento del resultado de la elección en la casilla; por lo tanto, han identificado debidamente el acto impugnado que da sustento legal a la demanda de inconformidad interpuesta, cuyo análisis compete a los tribunales electorales competentes.

Ahora bien, el incumplimiento de la presentación del escrito de protesta como requisito especial para que se haga procedente este juicio de inconformidad, tiene diferentes sanciones. Para el caso particular, debe decirse que la falta de presentación de algunos de los requisitos esenciales que deben acontecer en la demanda de inconformidad, provoca la improcedencia del medio de impugnación y consecuentemente el sobreseimiento del medio de impugnación.

En el año de 1999 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante jurisprudencia número J06/99 correspondiente a su tercera época, había declarado que dicha disposición era contraria al artículo 17 de la Constitución federal y, por tanto, no debe atribuírsele el requisito de que debe hacer procedente de los medios de impugnación electorales, toda vez que constituye una limitación al ejercicio del derecho constitucional, de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano.

Voy a rogarle al Presidente que se inserte en el Diario de los Debates íntegra esta iniciativa y voy a concluir con el tema fundamental.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 51.

1. El escrito de protesta por los resultados contenido en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.

2. No habrá formalidad alguna en la presentación del escrito de protesta, pero deberá identificar los requisitos señalados en las siguientes fracciones:

3. El escrito de protesta deberá contener:

a) El partido político que lo presenta.

b) La mesa directiva de la casilla ante la que se presenta.

c) La elección que se protesta.

d) La causa por la que se presenta la protesta.

e) Cuando se presente ante el consejo distrital correspondiente, se deberán identificar además individualmente cada una de las casillas que se impugnan, cumpliendo con lo señalado en los incisos c) y d) anteriores, y

f) El nombre la firma y el cargo partidario de quien lo presente.

4. El escrito de protesta podrá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término del escrutinio y cómputo o ante el consejo distrital correspondiente antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales, en los términos que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5. De la presentación del escrito de protesta, deberá acusar recibo o razonar de recibida una copia del respectivo escrito, los funcionarios de la casilla del consejo distrital ante el que se presenten.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la fecha que debe de llevar el decreto. Atentamente, César Flores Maldonado. Gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado César Flores Maldonado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, a fin de incorporar el ejercicio pleno de los partidos políticos del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano, en relación con los juicios de inconformidad.

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 51 de la Ley General del Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, el escrito de protesta es un medio para acreditar posibles irregularidades suscitadas en las mesas directivas de casillas instaladas el día de la jornada electoral, y deberán ser presentados al final del escrutinio y computo de la casilla o ante el consejo distrital correspondiente, antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales, y tiene la característica de ser un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, contra los resultados de la votación recibida en una casilla, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría relativa de las elecciones correspondiente, sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley de la materia, con excepción de la señalada en el inciso b) del párrafo 1 de dicho precepto.

El juicio de inconformidad es el mecanismo de defensa idóneo para poder invocar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, por irregularidades ocurridas en el día de la jornada electoral. Asimismo, también el día de la jornada electoral, los partidos políticos --a través de sus respectivos representantes-- tienen conocimiento del resultado de la elección en la casilla; por tanto, han identificado debidamente el acto impugnado que da sustento legal a la demanda de inconformidad interpuesta, cuyo análisis y estudio compete a los tribunales electorales competentes.

Ahora bien, el incumplimiento de la presentación del escrito de protesta, como requisito especial para la procedibilidad de la juicio de inconformidad tiene diferentes sanciones: para el caso particular, debe decirse que la falta de presentación de alguno de los requisitos esenciales que deben acontecer en la demanda de inconformidad provoca la improcedencia del medio de impugnación y consecuentemente el sobreseimiento del medio de impugnación.

En el año de 1999, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante jurisprudencia número J.06/99, correspondiente a su tercera época, había declarado que dicha disposición era contraria al artículo 17 de la Constitución Federal y, por tanto, no debe atribuírsele el requisito de procedibilidad de los medios de impugnación electorales, toda vez que constituye una limitación al ejercicio del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano.

Por lo anterior, la citada Sala Superior decretó su inaplicabilidad a la tramitación de los medios de impugnación en materia electoral que requirieran dicho documento, dejando sin efectos con ello la redacción en las leyes que lo tuvieran. La tesis en estudio es del tenor siguiente:

Escrito de protesta, su exigibilidad como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral, es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos del artículo 99 de la Constitución federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Como tal, está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se apliquen a actos o resoluciones combatido por los medios de impugnación que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos, cuando tales preceptos se opongan a las disposiciones constitucionales. A su vez, con base en lo establecido por los artículos 41, base cuarta, y 116, fracción IV, inciso d), en relación con el artículo 17 constitucional, que proscribe la autotutela en materia de justicia y, en contrapartida, impone la expeditez en la actividad de los órganos jurisdiccionales responsables de impartirla, de manera que entre éstos y los gobernados no exista obstáculo alguno para que aquéllos estén prontos a obrar, desempeñando la función jurisdiccional, con la consecuencia de resolver en forma definitiva y firme, así como de manera pronta, completa e imparcial las controversias que se sometan a su consideración, debe considerarse que el escrito de protesta como requisito de procedibilidad de los medios impugnativos en materia electoral, constituye una limitación al ejercicio del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano, por constituir, de manera evidente, un obstáculo a la tutela judicial y por no responder a la naturaleza que identifica los procesos jurisdiccionales electorales ni a las finalidades que los inspiran, cuyo objeto es el de que mediante decisión jurisdiccional se controle la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones propios de la materia, razones por las cuales, al citado escrito de protesta, al atentar contra lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, no debe atribuírsele el requisito de procedibilidad de los medios de impugnación de que se trata. Sala Superior. S3ELJ 006/99, juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición integrada por los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-165/99. Partido de la Revolución Democrática. 29 de octubre de 1999. Unanimidad de votos.

Tesis de jurisprudencia J.06/99. Tercera época. Sala Superior. Materia electoral. Aprobada por Unanimidad de votos

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos el criterio anteriormente sustentado por el la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 2/2002, estableciendo que dicha Sala Superior no tiene facultades para decretar la inaplicabilidad de normas, dejando sin efectos las jurisprudencias que hubieran sido derivadas de esta acción. Las tesis de nuestro máximo órgano de justicia de la nación, es del contenido siguiente:

Novena época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, junio de 2002

Tesis: P./J. 26/2002

Página: 83

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si resuelve respecto de la inconstitucionalidad de una norma electoral o se aparta de un criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la interpretación de un precepto constitucional, infringe, en el primer caso, el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal, y en el segundo, el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los preceptos constitucional y legal mencionados establecen, respectivamente, que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, de la que conoce y resuelve sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y que la jurisprudencia del Pleno de ésta, cuando se refiere a la interpretación directa de un precepto de la Constitución, es obligatoria para el Tribunal Electoral. A éste únicamente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 constitucional, resolver sobre la constitucionalidad de actos o resoluciones emitidos por las autoridades electorales.

Por tanto, dicho Tribunal Electoral no está facultado para hacer consideraciones ni pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma general electoral, por ser una atribución exclusiva de este alto tribunal. Ahora bien, si dicho órgano jurisdiccional al resolver sobre un asunto sometido a su consideración aborda cuestiones relativas a la constitucionalidad de una norma general, así sea con la única finalidad de determinar su posible inaplicación, o establece la interpretación de un precepto constitucional distinta a la contenida en una jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que ya se haya determinado el sentido y alcance respectivos, es evidente que incurre, en el primer caso, en inobservancia al mencionado artículo 105, fracción II, de la Constitución federal, y en el segundo, infringe el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, su actuación afecta la seguridad jurídica que se busca salvaguardar. En tal virtud, las tesis que se han sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o que llegaran a sustentarse sobre inconstitucionalidad de leyes electorales no constituyen jurisprudencia.

Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de nueve votos. En cuanto al criterio contenido en esta tesis, el señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo formuló reserva. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 26/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.

En este contexto, el suscrito coincide con los argumentos torales expresados por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluyendo que el escrito de protesta debe permanecer como un mecanismo para los partidos políticos para acreditar posibles irregularidades suscitadas en las mesas receptoras del voto; sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe permanecer como requisito de procedencia o viabilidad de los medios de impugnación en materia electoral.

En este orden de ideas, y conforme a la experiencia de pasados procesos electorales, es claro que el escrito de protesta se ha convertido en un verdadero problema para los partidos políticos, pues ante el evento de que su representante de casilla no hubiera presentado dicha documental ante la mesa directiva de casilla por cualquier circunstancia, o hasta antes del inicio de la Sesión del Computo que celebran los órganos electorales respectivos, se esta impedido de inconformarse ante las instancias jurisdiccionales de irregularidades cometidas en la jornada electoral, en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a la justicia de forma expedita, razones para coincidir en la eliminación del escrito de protesta como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad.

Por otro lado, se considera adecuado que el escrito de protesta se mantenga como una documental de carácter indiciario de las posibles irregularidades cometidas en la jornada electoral, y que el mismo se integre al conjunto probatorio de los partidos políticos para que en su momento pueda ser valorado en los procesos contenciosos electorales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de ésta Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para quedar como sigue:

Artículo 51.

1. El escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.

2. En el escrito de protesta, se harán valer las causal es de nulidad previstas en el artículo 75 de esta ley, para lo cual se identificarán los requisitos señalados en la siguiente fracción.

3. El escrito de protesta deberá contener:

a) El partido político que lo presenta;

b) La mesa directiva de casilla ante la que se presenta;

c) La elección que se protesta;

d) La causa por la que se presenta la protesta;

e) Cuando se presente ante el consejo distrital correspondiente, se deberán identificar, además, individualmente cada una de las casillas que se impugnan cumpliendo con lo señalado en los incisos c) y d) anteriores, y

f) El nombre, la firma y cargo partidario de quien lo presenta.

4. El escrito de protesta podrá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término del escrutinio y cómputo o ante el consejo distrital correspondiente, antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales, en los términos que señale el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5. De la presentación del escrito de protesta deberán acusar recibo o razonar de recibida una copia del respectivo escrito los funcionarios de la casilla o del consejo distrital ante el que se presenten.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil seis.--- Diputado César Flores Maldonado (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Flores. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Justicia.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernacióncon proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En el oficio de fecha 21 de noviembre de 2006, la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asistente administrativo en la enfermería de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

En la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de diciembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, para prestar servicios como asistente administrativo en la enfermería de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de diciembre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, expida el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad a fin de que la Ley General de las Personas con Discapacidad tenga una aplicación práctica con la expedición de su reglamento.

En los términos previstos por los artículos 39 numerales 1 y 3; 45 en su numeral 6 incisos ``e'' y ``f'' de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero.Durante la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo del 2006, la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados el punto de acuerdo citado en el proemio del presente dictamen.

Segundo. En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo dispuso el turno de la misma a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Con base en lo expuesto en el presente capítulo de antecedentes, los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables hacemos de su conocimiento el siguiente:

II. Contenido del Punto de Acuerdo

En el punto de acuerdo se señala que la Ley General de las Personas con Discapacidad, significó un avance trascendente, en la lucha que desde hace décadas realizan las personas con discapacidad de nuestro país, por hacer efectivos sus derechos en un entorno social que los discrimina y excluye.

No obstante, expresa que no se ha expedido el Reglamento correspondiente, a pesar de lo ordenado en el artículo quinto transitorio de la misma Ley, que estipula que la expedición del mismo deberá realizarse dentro de los 180 días contados a partir de su entrada en vigor.

III. Consideraciones.

Esta comisión dictaminadora coincide en que la Ley General de las Personas con Discapacidad significó un esfuerzo por hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la equidad, la justicia social, la equiparación de oportunidades; y que reconoce las diferencias, la dignidad, integración, el respeto y la accesibilidad.

Sin embargo, la Ley General con Personas con Discapacidad no puede ser aplicada, ya que a la fecha no se cuenta con las normas y formas que le precisen a la Autoridad la forma de aplicar la ley y a las personas con discapacidad como ejercer sus derechos y obligaciones.

La ausencia de reglamentación de la Ley General de las Personas con Discapacidad provoca molestia e incertidumbre entre la comunidad discapacitada, ya que no existe el mecanismo para ser incluidos en el marco de igualdad y equiparación de oportunidades.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su artículo 89 fracción I, que es facultad y obligación del Presidente, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, previendo en la esfera administrativa su exacta observancia; al respecto, el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de las Personas con Discapacidad publicada a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil cinco, establece que el Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de esta ley en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la misma, por lo que el Reglamento debió haberse publicado a más tardar el día veintiocho de noviembre del año dos mil cinco.

De las consideraciones anteriores, se desprende la urgencia de que el Titular del Ejecutivo Federal publique el Reglamento que aclarare, desarrolle, explique y defina las responsabilidades y mecanismos de coordinación institucional en base a los principios generales contenidos en la Ley General de las Personas con Discapacidad para hacer efectiva su aplicación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 39 numerales 1 y 3; 45 en su numeral 6 incisos ``e'' y ``f'' de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, emite el siguiente:

Dictamen

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir su facultad constitucional que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud a lo ordenado por el artículo quinto transitorio de la Ley General de Personas con Discapacidad, y expida el Reglamento de Ley.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 15 de noviembre de 2006.--- Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), secretaria; Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), secretaria; David Sánchez Camacho (rúbrica), secretario; Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretario; Humberto Wilfredo Alonso Razo, Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero, María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Rafael Villicaña García, Martín Zepeda Hernández.»

CAZA DE BALLENAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal que envíe a esta soberanía la posición del gobierno mexicano sobre el restablecimiento de la caza comercial de ballenas para el gobierno de Islandia y, a su vez, condene dicho acto

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual la H. Cámara de Diputados se pronuncia en contra del restablecimiento de la caza de ballenas con fines comerciales, adoptada por el Gobierno de Islandia y se suma a la condena internacional por considerar que este hecho atenta contra los esfuerzos de conservación que al respecto ha llevado a cabo el gobierno mexicano, propuesto por el Diputado Sergio Augusto López Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

El 30 de octubre de 2006, el Diputado Sergio Augusto López Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se establece lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados se pronuncia en contra del restablecimiento de la caza de ballenas con fines comerciales adoptada por el Gobierno de Islandia y se suma a la condena internacional por considerar que este hecho atenta contra los esfuerzos de conservación que al respecto ha llevado a cabo el gobierno mexicano.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ésta honorable Asamblea turnó la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen correspondiente con base en las siguientes:

Consideraciones

Los océanos son el ecosistema más extenso y complejo del mundo. Siendo un recurso compartido por la humanidad, ésta se ha visto en la necesidad de regular su apropiación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, tal es el caso de los mamíferos marinos migratorios, en particular de las ballenas, marsopas y delfines.

En 1946, mediante la Convención Internacional para Regular la Caza de Ballenas, se creó la Comisión Ballenera Internacional (CBI). La CBI es una organización que tiene como objeto establecer los mecanismos que garanticen una adecuada conservación de las poblaciones de cetáceos, así como propiciar el desarrollo ordenado de la industria ballenera.

Para ello, como señala el diputado López Ramírez, la CBI ha instrumentado diferentes acciones, entre las que destacan: la creación de un Comité de Conservación, el establecimiento de santuarios y el decreto de la moratoria a la caza comercial. Esta última se decretó en 1982 y entró en vigor en 1986. Desde entonces la caza comercial de ballenas está prohibida.

Japón, Islandia, Dinamarca, San Vicente y las Granadinas, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, son países que actualmente cazan ballenas; los primeros dos bajo el esquema de permisos especiales de investigación científica y el resto bajo el esquema de permisos de caza de subsistencia para poblaciones aborígenes.

A pesar de la moratoria, el gobierno de Noruega es el único país que caza ballenas con fines comerciales. Ello amparándose en la objeción dispuesta por el artículo 5, numeral 3, de la Convención Internacional para Regular la Caza de Ballenas de 1946.

Los países que tradicionalmente han cazado ballenas con fines científicos y Noruega han pugnado por el levantamiento de la moratoria a la caza comercial. En ese sentido, el Comité Científico de la CBI decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva de las poblaciones de ballenas. El Procedimiento Revisado de Manejo (PRM) ---como se le conoce a dicha revisión--- diseñó una metodología para determinar los límites seguros de caza para ciertas poblaciones de ballenas que habitan una región en particular, donde su número es abundante.

Para los países balleneros, la conclusión del PRM representó el final de la moratoria a la caza comercial. No obstante, la CBI decidió que antes de establecer cuotas de caza de acuerdo al PRM y dar por concluida la moratoria, se debería adoptar un esquema de inspección y vigilancia con el objeto de garantizar que los límites de caza no fueran excedidos. A este programa se le denominó Esquema Revisado de Manejo (ERM) y comenzó a elaborarse desde 1994.

El 17 de octubre de 2006 el gobierno de Islandia anunció que reanudaría la caza comercial de ballenas. La cuota establecida, de acuerdo al gobierno Islandés, es sustentable, toda vez que sólo consiste en 30 ballenas Minke o rorcuales menores (Balaenoptera acutorostrata) y 9 rorcuales comunes o ballenas de aleta (Balaenoptera physalus). A ello se le deben sumar 20 ballenas más, autorizadas bajo el esquema de caza con fines de investigación científica.

La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), clasifica a las ballenas Minke con la categoría de riesgo bajo, mientras que las ballenas de aleta se clasifican en peligro de extinción.

Nueva Zelanda, el Reino Unido y la Unión Europea1, fueron los primeros en pronunciarse en contra de este acto unilateral del gobierno de Islandia, por considerar que constituye una amenaza para la conservación de los grandes mamíferos marinos, además de que, en coincidencia con lo que señala el diputado López, esta acción perjudica una famosa actividad turística: el avistamiento de ballenas.

En México, el tema de la caza de ballenas ha sido prioritario, muestra de ello son las acciones que nuestro país ha realizado en torno al mismo y de las cuales se mencionan las siguientes: (cita textual)2

``... en junio de 2003, durante la 55° Reunión Anual de la CBI, nuestro país impulsó el fortalecimiento de la agenda de conservación de la Comisión a través de la Iniciativa de Berlín3, cuyo objeto es propiciar el empleo de estándares científicos así como el uso sustentable de las ballenas. Al amparo de esta Iniciativa, la cual contó con el apoyo de 20 países, se creó un Comité de Conservación que complementa el trabajo de los órganos colegiados de la CBI y promueve una adecuada consideración de los aspectos de conservación en los temas de debate y las decisiones.

En mayo de 2005, el Dr. Lorenzo Rojas Bracho fue nombrado Comisionado de México ante la CBI, en atención a su larga trayectoria académica y profesional en materia de mamíferos marinos. En este carácter, el Dr. Rojas representó a nuestro país en la 57 Reunión Anual de la CBI que se celebró en Ulsan, República de Corea, del 27 de mayo al 24 de junio de 2005.

Cabe resaltar que, con miras a la 58 Reunión Anual (16 al 20 de junio de 2006, St. Kitts y Nevis), el 19 de mayo de 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia competente en este tema, realizó el Sexto Foro de Consulta sobre Ballenas con la participación de los sectores público, privado y social.

Durante esta Reunión Anual treinta y tres naciones adoptaron la ``Declaración de St. Kitts y Nevis''<sup>4</sup>. El documento, aprobado por mayoría simple de un voto, expresa el interés de dichas naciones en ``normalizar'' las funciones de la CBI, de acuerdo a la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena de 1946. Lo anterior significaría promover la caza comercial de ballenas bajo condiciones poco propicias para su manejo y regulación.

El gobierno de México, acorde a su política de conservación y protección de los grandes cetáceos, votó en contra y rechazó la adopción de la ``Declaración de St. Kitts y Nevis''. Nuestro país ha señalado que la Convención de 1946 que dio origen a la CBI tiene que modernizarse y operar de conformidad con el nuevo marco de derecho internacional en torno a las especies marinas, en especial la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, misma que ha modificado las premisas sobre la cual trabaja la CBI.''

México ha emitido un ``Acuerdo'' por el que se establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.5

Esta Comisión considera oportuno emitir un pronunciamiento al respecto, contribuyendo a una política exterior de medio ambiente que sea congruente con las acciones que ha venido realizando nuestro país para el cuidado de las ballenas y contra la caza de las mismas.

En el marco de este esfuerzo, la Comisión de Relaciones Exteriores considera necesario conocer la posición que nuestro país ha emitido en el exterior respecto a este tema, por lo cual, resuelve los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo Federal que envíe a esta Soberanía la información actual y pormenorizada sobre la postura de nuestro país frente al restablecimiento de la caza comercial de ballenas por parte del Gobierno de Islandia.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo de la Unión a que se emita una enérgica protesta contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por parte del Gobierno de Islandia.

Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta su oposición a la decisión unilateral del gobierno de Islandia de restablecer la caza comercial de ballenas.

Notas:

1 Cfr. http://www.defra.gov.uk/news/2006/061101b.htm, consultado el 8 de diciembre de 2006, a las 6:50 p.m.

2 Secretaría de Relaciones Exteriores, http://www.sre.gob.mx/substg/temasglobales/marecnaturales.htm, consultado el 11 de diciembre de 2006, a la 1:39 p.m.

3 Cfr. http://www.iwcoffice.org/meetings/resolutions/resolution2003. htm, consultado el 11 de diciembre de 2006, a la 1:26 p.m.

4 Cfr. http://www.iwcoffice.org/meetings/resolutions/resolution2006. htm, consultado el 11 de diciembre de 2006, a la 1: 28 p.m.

5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2002. Cfr. http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Acuerdos/ ACUERPROTEC_BALLENAS_24_5_2002.pdf, consultado el 11 de Diciembre de 2006, a la 1:21 p.m.

Comisión de Relaciones Exteriores, H. Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), secretaria; Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), secretario; Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretario; Samuel Aguilar Solís, Alliet M. Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguette (rúbrica), Mario Enrique del Toro(rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César, Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Erika Larregui Nagel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

REUNION INTERPARLAMENTARIA CANADA- MEXICO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se emite una comunicación oficial al Parlamento canadiense reconociendo la solidaridad de los legisladores que participaron en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México, en la firma de la declaración conjunta signada por ambas delegaciones

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República mediante el cual reconocen la cooperación y solidaridad demostrados por los legisladores canadienses en la firma de la Declaración Conjunta signada por ambas delegaciones, participantes en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá - México y exhortan a la H. Cámara de Diputados para que emita un pronunciamiento en el mismo sentido.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

El 26 de octubre de 2006, en Sesión Ordinaria, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual reconoce la cooperación y solidaridad demostrados por los legisladores canadienses en la firma de la ``Declaración Conjunta'' signada por ambas delegaciones, participantes en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá - México y exhortan a la H. Cámara de Diputados para que emita un pronunciamiento en el mismo sentido.

En esa misma fecha, el Punto de Acuerdo aprobado fue comunicado a los Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados mediante un oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para los efectos a que hubiere lugar.

El 30 de octubre de 2006, en Sesión Ordinaria, la H. Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores mediante el cual se hace del conocimiento de los CC. Diputados del punto anteriormente citado e inmediatamente le fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen con fundamento en las siguientes:

Consideraciones

Las relaciones parlamentarias entre México y Canadá datan de algunos años atrás, en las que, a lo largo del tiempo, han existido coincidencias importantes y se han fortalecido las mismas.

``Desde el primer Encuentro Interparlamentario en 1975, México y Canadá utilizaron este medio para promover su relación. De 1983 a 1987, los legisladores de Canadá y de México compartieron posiciones con respecto al conflicto en Centroamérica y al apartheid en Sudáfrica y con respecto a la necesidad de cooperar en el marco de las Naciones Unidas para alcanzar objetivos comunes en el ámbito internacional.

Desde 1988, los parlamentarios de Canadá y México coincidieron en reconocer la necesidad de tener un marco internacional para intercambios económicos libres, en la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas para contrarrestar el narcotráfico y en la importancia de fomentar las políticas de protección del medio ambiente''.¹

Antes de la última reunión de octubre pasado (XIV), los días 25 y 26 de Enero de 2005, se llevó a cabo la ``XIII Reunión Interparlamentaria México - Canadá'', en la Ciudad de México.

Los temas principales que se trataron en dicho encuentro versaron, entre otros, sobre agricultura, el ``Programa de Trabajadores Temporales'', cooperación, energía y multilateralismo.

En cada uno de los temas anteriormente citados, tuvieron lugar una serie de debates y exposiciones de los puntos de vista de ambas naciones, lo que permitió la coincidencia bilateral en dichos asuntos. Por ejemplo, se trató el tema del intercambio agricultor entre productores y compradores canadienses y mexicanos, se evaluó el ``Programa de Trabajadores Temporales'' y los frutos que han resultado de éste, la importancia de la Alianza México - Canadá firmada por el ex Presidente Fox y el Primer Ministro Paul Martin en 2004, asimismo se trató el tema energético y los requerimientos mundiales de fuentes de energía limpia, etc.

En aquella reunión, se habló también de la importancia de la participación de ambos países en los organismos internacionales parlamentarios como el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) y la Conferencia Parlamentaria de las Américas (COPA).2

Durante los días 23 y 24 de octubre de 2006, se llevó a cabo la ``XIV Reunión Interparlamentaria México - Canadá'', en la ciudad de Ottawa, en Canadá. En dicha reunión participaron parlamentarios de ambos países.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y por los senadores Carlos Navarrete Ruiz, Eloy Cantú Segovia, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Alejandro Galván Garza, Adriana González Carrillo, Jesús María Ramón Valdés, Silvano Aureoles Conejo, Alejandro Moreno Cárdenas y José Luis Lobato Campos.

Asimismo participaron los diputados federales María Sofía Castro Romero, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Mario Enrique del Toro, José Murat, Diego Cobo Terrazas, José Luis Aguilera Rico, Rodolfo Solís Parga y Humberto Dávila Esquivel.

Por parte del Parlamento Canadiense, la delegación estuvo encabezada por los presidentes de ambas cámaras, el Senador Noël A. Kinsella y el Diputado Peter Milliken. También participaron los Senadores Rose-Marie Losier-Cool, Céline Hervieux-Payette, Michel Biron, Dan Hays y Marcel Prud'Homme y los diputados Johanne Deschamps, Mauril Bélanger, James Bezan, Pablo Rodríguez, Mario Silva y M.P. Harry Miller.

En el encuentro interparlamentario se discutieron varios temas de relevancia para ambos países, entre los que destacan: la cooperación multilateral en América del Norte, la Reforma del Estado (canadiense y mexicana), la energía, etc.

Respecto al tema de la cooperación trilateral en América del Norte, el Sen. Santiago Creel Miranda propuso la creación de un ``polígono de seguridad'' en la región y se evaluaron los mecanismos de cooperación que hay como la ``Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La parte mexicana expuso que el TLCAN debe ser reforzado a partir de las siguientes tres visiones:

Incluir temas nuevos y revisar aquellos que no se están cumpliendo.

Un TLCAN ``plus'', que incluya temas como la migración y el empleo.

Diseño de órganos regulatorios supranacionales. (El ASPAN es un comienzo).

Los temas quedaron en la mesa de discusión y se debatió intensamente al respecto. Se hizo énfasis en la necesidad de sostener encuentros trilaterales de América del Norte.

Por otro lado, los parlamentarios se refirieron a un tema esencial: la reforma del estado. Tanto México como Canadá reconocen la importancia de una reforma integral, sin embargo, la parte canadiense explicó que en aquel país se analiza cuidadosamente la forma de comenzar dicha reforma con la ampliación del período legislativo senatorial a ocho años y la inclusión del sistema proporcional en su mecanismo electoral, entre otros.

Por parte de la delegación mexicana se reconoció la necesidad de una reforma que evite la crisis pos-electoral que se vivió en nuestro país, y para ello se discutió la reforma que permita la segunda vuelta electoral y la reelección de legisladores. Asimismo, los delegados mexicanos admitieron que el gobierno que recientemente encabeza Felipe Calderón será un ``gobierno de minoría'', por lo que los consensos se hacen cada vez más necesarios.

Respecto al tema de los energéticos, se discutió por ambas partes de manera amplia y cuidadosa el punto sobre el cual recae un disenso de la delegación mexicana: la participación de capital privado en la explotación de los hidrocarburos; (explicando la restricción constitucional a dicha participación). Canadá mostró especial interés en dicho tópico.

Sobre el tema del agua, se acordó que el vital líquido no debe ser tratado como una simple ``mercancía'', sino como un recurso natural que debe cuidarse sobremanera.

Hubo algunos temas en los que la delegación mexicana manifestó su preocupación, como la posible salida de Canadá de los compromisos del Protocolo de Kyoto y la cacería de focas. Canadá enfatizó que lo primero no es un hecho consumado aún y que lo segundo es producto del sensacionalismo para desprestigiar al país.

Hubo algunos temas relevantes en los cuales se encontró un consenso amplio, por mencionar los más importantes, México reconoció a Canadá como un socio responsable, serio y exitoso en los intercambios entre ambos países, y Canadá reconoció la importancia de la participación de México en organismos como FIPA y COPA.

Entre otros temas relevantes de consenso se encuentran: los derechos humanos y la migración.

Respecto a este último, la delegación mexicana expuso su preocupación sobre la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América para evitar el flujo migratorio, por lo cual Canadá manifestó que la solución a este problema no se encuentra en la construcción de barreras y vallas, sino en la adecuada generación de empleos, tratados internacionales justos y la buena voluntad vecinal entre ambos países.

Para ello, los legisladores canadienses y los legisladores mexicanos, firmaron una ``Declaración Conjunta'' que contiene tres puntos esenciales:

La solidaridad manifestada por la delegación canadiense por la preocupación mexicana en torno a la construcción de un muro en su frontera norte, así como la esperanza de los delegados de aquel país porque este asunto pueda ser resuelto dentro del marco de la buena vecindad que caracteriza a los países que conforman el TLCAN y la ASPAN.

Lo deseable que resulta tener reuniones trilaterales entre Estados Unidos de América, México y Canadá, con la participación de las delegaciones de parlamentarios de dichos países, con el fin de analizar temas como el comercio, la seguridad y la migración, entre otros, con una visión integral y de responsabilidad compartida.

Que en los futuros encuentros interparlamentarios entre México y Canadá, se incluya el trabajo de las comisiones de sus respectivos órganos legislativos, con el fin de que puedan tratarse asuntos específicos.

Es por lo anteriormente expuesto que, los miembros de ésta comisión, resolvemos los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados ratifica su compromiso de trabajar en conjunto con el Senado de la República en materia de política internacional, velando en todo tiempo por el interés de nuestra Nación, haciendo valer los principios rectores de política exterior que establece nuestra Carta Magna.

Segundo. La H. Cámara de Diputados, por conducto de su Presidente, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite una comunicación oficial al Parlamento Canadiense en la cual expresa su reconocimiento por la cooperación y solidaridad mostrados por los legisladores canadienses en la firma de la ``Declaración Conjunta'', signada por ambas delegaciones participantes en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá - México, los días 23 y 24 de octubre de 2006, realizada en Ottawa, Canadá.

Tercero. La H. Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Relaciones Exteriores, se compromete a dar seguimiento puntual a los temas tratados en la ``XIV Reunión Interparlamentaria Canadá -- México'', especialmente al tema en el que se abordó la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos de América y México, así como a mantener canales de comunicación abiertos y fluidos con el Parlamento Canadiense.

Notas:

1 SENADO DE LA REPÚBLICA, Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias. ``XIV Reunión Interparlamentaria México -- Canadá. Carpeta Informativa.'', p. 10

2 Íbid, pp. 12 - 15

Comisión de Relaciones Exteriores, H. Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), secretaria; Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), secretario; Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretario; Samuel Aguilar Solís, Alliet M. Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguette (rúbrica), Mario Enrique del Toro(rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César, Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Erika Larregui Nagel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

PROTOCOLO DE MONTREAL

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para exhortar al Senado de la República a ratificar la enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que envíen con toda celeridad al Senado de la República, para su ratificación, la Enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, de acuerdo con sus facultades constitucionales; presentado por la diputada Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

El 19 de septiembre de 2006, la diputada Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe al Senado de la República la ``Enmienda de Beijing'' que se le hizo al ``Protocolo de Montreal'' en 1999, para su ratificación.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio, análisis y posterior dictamen. La proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Larregui propone el resolutivo siguiente:

Único. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe con toda celeridad al Senado de la República de acuerdo a sus facultades constitucionales, la enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono para su pronta ratificación.

Algunos de los motivos más importantes que la diputada Larregui esboza en su proposición se refieren al daño que ciertas sustancias químicas, especialmente los clorofluorocarbonos (CFC's), causan a la capa de ozono en la estratósfera.

La diputada establece también que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con naciones desarrolladas, adoptaron medidas para combatir este agotamiento de la capa de ozono y 28 Estados, incluido México, elaboraron un tratado en marzo de 1985 llamado ``Convenio de Viena''. Para darle viabilidad a dicho convenio, en septiembre de 1987, 46 países, México incluido, adoptaron el ``Protocolo de Montreal'', relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Ante la insuficiencia de dicho protocolo se prepararon enmiendas que refuerzan sus ordenamientos: Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). En nuestro país están ya vigentes las primeras cuatro, solamente falta por ratificarse la última de ellas (Beijing). De aquí la necesidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe dicha enmienda al Senado de la República para su ratificación.

Es por esto que los diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores hacemos una reflexión profunda al respecto tomando en cuenta las siguientes:

Consideraciones

La cuestión del agotamiento de la capa de ozono se debatió por primera vez en el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1976. Se convocó una reunión de expertos sobre la capa de ozono en 1977, después de lo cual el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) crearon el Comité de Coordinación sobre la Capa de Ozono (CCOL) para que evaluara periódicamente el agotamiento del ozono. Las negociaciones intergubernamentales de un acuerdo internacional para eliminar gradualmente las sustancias que agotan la capa de ozono comenzaron en 1981 y concluyeron con la adopción del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en marzo de 1985.

En 1985, las naciones acordaron en Viena adoptar ``las medidas apropiadas [...] para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono''; así nació el Convenio para la Protección de la Capa de Ozono.

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono fue adoptado el 16 septiembre de 1987, y entró en vigor el 1º de enero de 1989. Fue concebido para que se pudieran revisar los calendarios de eliminación gradual sobre la base de evaluaciones científicas y tecnológicas periódicas. El Protocolo se ajustó para acelerar los calendarios de eliminación. También se lo enmendó para introducir otros tipos de medidas de control y agregar nuevas sustancias controladas a la lista.

No es jurídicamente vinculante para los gobiernos hasta que éstos no ratifican el Protocolo y la Enmienda. Lamentablemente, si bien la mayoría de los gobiernos ha ratificado el Protocolo, no ocurre lo mismo con la Enmienda y sus medidas de control más estrictas.

El Protocolo de Montreal, básicamente busca controlar y suprimir algunas sustancias que dañan la capa de ozono. A estas sustancias se les conoce como CFC, como ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, cuando se firmó el Protocolo de Montreal, no se incluyeron todas las sustancias que afectan a la capa de ozono y que en aquel momento no tenían la relevancia que tuvieron después. De allí viene la necesidad de enmendar el tratado para incluir en él nuevas y diferentes sustancias, igualmente dañinas, para evitar el agotamiento de dicha capa.

Las enmiendas principales que ha sufrido este protocolo son las siguientes: Enmienda de Londres, Enmienda de Copenhague, Enmienda de Montreal, Enmienda de Beijing.

La Enmienda de Beijing fue adoptada en 1999 en la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en Beijing. Introdujo medidas de control para la producción de HCFC (sustancias del grupo I del anexo C) e impuso restricciones al comercio de estas sustancias con Estados que no sean Partes. Además introdujo medidas de control para la producción y el consumo de un nuevo grupo de sustancias, el bromoclorometano o BCM (sustancia del grupo III del anexo C). La Enmienda de Beijing entró en vigor el 25 de febrero de 2002.

En términos generales, la Enmienda de Beijing busca reformar algunos artículos del Protocolo de Montreal para complementarlos con otras sustancias que también son dañinas y agregar a dicha lista otras tantas de la misma clase.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideramos que es importante que México ratifique esta enmienda como parte de una política exterior coherente, siendo México un miembro fundador del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal, el cual fue ratificado en marzo de 1988, manteniendo una participación activa en el mismo.

México ha impulsado el tema del cuidado de la capa de ozono en la agenda mundial. Siguiendo con esta política, ha actuado en consecuencia ratificando las enmiendas que se le han hecho a este protocolo. Todas estas enmiendas fueron aprobadas por el Senado de la República el 19 de abril de 2006. Respecto a la Enmienda de Beijing, que regula las actividades relacionadas con los cloroflurocarbonos y el bromoclorometano, a inicios del mes de abril de 2006 se recibió el visto bueno de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, por lo que la Cancillería envió, el 16 de agosto de 2006, el instrumento para su posterior aprobación por parte del Senado.

Es entonces que nuestro país debe expresar su compromiso con las causas que siempre han sido de interés global y que ha hecho suyas, como lo es el caso de la protección a la capa de ozono y por ello debe comprometerse plenamente adoptando y ratificando la Enmienda de Beijing.

La del Congreso de la Unión turnó dicho proyecto de ratificación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores - Organismos Internacionales y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, del Senado de la República, para su discusión y dictamen.

Por lo anteriormente dispuesto, los integrantes de esta comisión resolvemos el siguiente dictamen con los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados reconoce la importancia del cuidado que debe tenerse respecto del agotamiento de la capa de ozono y la necesidad de tomar las medidas necesarias para frenar su deterioro.

Segundo. La H. Cámara de Diputados manifiesta su interés en que se fortalezca el Protocolo de Montreal, así como sus Enmiendas, con el objeto de que exista la cooperación internacional para reducir las sustancias que dañan la capa de ozono.

Tercero. Se exhorta al Senado de la República para que ratifique la Enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal, con el propósito de que México participe activamente en el cuidado de la capa de ozono.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a las naciones miembros de la Organización de las Naciones Unidas a firmar el Protocolo de Montreal y sus diversas enmiendas.

Comisión de Relaciones Exteriores, H. Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), secretaria; Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), secretario; Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretario; Samuel Aguilar Solís, Alliet M. Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Mario Enrique del Toro(rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César, Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Erika Larregui Nagel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y se compromete a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, presentado por la diputada Marcela Cuen Garibi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

El 12 de octubre de 2006, la diputada Marcela Cuen Garibi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo con el objetivo de exhortar al Ejecutivo Federal a firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

En esa misma fecha, dicha propuesta de Punto de Acuerdo le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen.

Las consideraciones de la diputada Marcela Cuen Garibi versan sobre la importancia que tienen los derechos de los discapacitados en los Organismos Internacionales y la preocupación que han externado por los mismos.

A pesar de las grandes dificultades para encontrar consensos, los países miembros de la ONU acordaron trabajar muy de cerca con organizaciones no gubernamentales y finalmente consiguieron adoptar este convenio que obligará a los gobiernos a tomar medidas específicas a favor de las personas con discapacidad.

La diputada Cuen también considera que el debate en torno al término ``discapacitado'' fue sumamente controvertido, sin embargo, se acordó que el sentido del mismo fuera que una persona discapacitada es aquella que ``sufre un menoscabo físico, mental o sensorial que le limita de llevar a cabo sus actividades cotidianas y es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales''.

Según cifras aportadas por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.

La diputada considera también que las personas con discapacidad suelen ser objeto de discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los servicios esenciales. Esta crisis afecta severamente a las personas que sufren de este menoscabo, a sus familias y a la sociedad entera. Por ello, la Diputada propuso los siguientes resolutivos:

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal para firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez que se abra este proceso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a que firmada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con sus atribuciones y compromiso con las personas con discapacidad, ratifique a la brevedad dicho instrumento y dar lugar a su armonización y aplicación en la legislación mexicana y en las políticas públicas que sean necesarias.

Por ello, tomando en cuenta las reflexiones de la diputada Cuen, los miembros de esta comisión hacemos las siguientes:

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas ha trabajado para mejorar la situación de las personas con discapacidad para lograr su plena integración social y productiva.

El tema de los Derechos de las Personas con Discapacidad siempre ha estado presente en la agenda mundial y de manera particular, en la agenda nacional de nuestro país. Por ello, México se ha preocupado de que en los Organismos Internacionales existan los foros para discutir y elaborar propuestas que den una solución a ésta problemática.

México ha mantenido el liderazgo para el establecimiento de la Promoción y Protección de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, como marco de consensos sobre estándares mínimos para dichas personas e instrumento viable de cooperación para que aún las naciones menos desarrolladas puedan acceder a éstos.

En el 2001, propuso la elaboración de una convención amplia e integral sobre los derechos de las personas con discapacidad para asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en la creación y distribución del desarrollo. Ha realizado amplias gestiones a nivel internacional tanto con gobiernos como con organizaciones no gubernamentales para consolidar la propuesta para elaborar una Convención de las Naciones Unidas para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Lo anterior debido a la oposición mostrada por algunos países, bajo el argumento de que los pactos y convenciones existentes en materia de derechos humanos cubren también a los más de 600 millones de personas con discapacidad en el mundo.

En junio de 2002 el Gobierno de México con el apoyo de la ONU y la CEPAL, organizó un Seminario de Expertos Internacionales en materia de discapacidad a fin de considerar asuntos relacionados con la futura Convención, incluyendo sus objetivos y definiciones, así como preocupaciones específicas de las personas con discapacidad en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y medidas para su aplicación. Como resultado de los comentarios y observaciones presentadas en la reunión, el Gobierno de México se comprometió a elaborar un nuevo borrador de elementos para la Convención que él mismo propuso.

A iniciativa de México, en trabajo conjunto con la Unión Europea, Canadá, Croacia, Japón, Luxemburgo y Surinam, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en julio de 2002 una resolución sin precedente en la que se aprueba una amplia participación de organizaciones no gubernamentales en el proceso de negociación de la Convención.

México junto con Estados Unidos y Canadá y con el copatrocinio de la Unión Europea, Egipto, Croacia y Sudán promovió otra resolución relativa a la necesidad de adaptar las instalaciones de las Naciones Unidas para que sean accesibles para las personas con discapacidad.

En junio de 2003, México participó activa y constructivamente en los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones del Comité Especial, que se celebró en Nueva York, presentando propuestas específicas y apoyando la construcción de consensos que permitieran alcanzar acuerdos concretos.

Es importante destacar que de las diversas intervenciones pronunciadas en los debates del Comité y durante las presentaciones de los paneles temáticos, la mayoría de las delegaciones participantes de todas las regiones geográficas se pronunciaron a favor de la elaboración de una convención en materia de discapacidad con un enfoque de derechos humanos, bajo el principio de no discriminación y que tome en cuenta los trabajos realizados por las Naciones Unidas en materia de desarrollo social.

A iniciativa de México han sido adoptadas diversas resoluciones tanto en la Asamblea General (diciembre de 2002, 2003 y 2004), como en la Comisión de Desarrollo Social (febrero de 2003, 2004 y 2005) y en la Comisión de Derechos Humanos (abril de 2003, 2004 y 2005).

En la última sesión de las Naciones Unidas sobre el tema de la discapacidad, celebrada en agosto del presente año, México presentó el documento ``Elementos preliminares para un sistema de monitoreo de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad'', participando activamente en la promoción de los derechos de los discapacitados y elaborando documentos útiles para las sesiones de trabajo en los organismos internacionales.

Asimismo, nuestro país ha desarrollado otros documentos que han servido de guía en estas sesiones. Por ejemplo: ``Compilación de los propósitos de un mecanismo de monitoreo para la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad''. En este documento, México recoge las inquietudes y propuestas de diversos países que aportan ideas y soluciones al tema de la discapacidad en las personas y cómo ellas deben formar parte integral de una sociedad completa. México ha propuesto y elaborado estos planes y documentos para la ONU y las sesiones de la misma. Ello constituye una política de vanguardia frente a los desafíos que enfrenta el mundo en este tema.

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores consideramos que México siempre ha sido un país convencido de que una política incluyente y plural es la base para una democracia sana y madura. Por ello resulta tan importante que, temas como el que estamos tratando, se aborden de una manera profunda y comprometida. Sin lugar a dudas, todo ello constituye la trama esencial del tejido social que puede fortalecernos como comunidad y como nación.

Debido a que las personas discapacitadas constituyen uno de los grupos más vulnerables y por lo mismo, las naciones deben procurar su entero cuidado. Consideramos que ante una sociedad que se vuelve cada vez más aislada y menos humanista, es necesario hacer patente el compromiso de los gobiernos, cuyo fin último es garantizar la seguridad de las personas y su integridad.

El Congreso Mexicano ha tratado el tema con profundidad y seriedad y para ello, ha aprobado una serie de reformas de ley, entre las que se incluyen homologar el término ``discapacidad'' en el ámbito constitucional; otras que proponen crear un Instituto de Personas con Discapacidad y muchas otras que reforman la ``Ley de Personas con Discapacidad'' y la `` Ley General de Educación'' para mejorar el trato hacia las personas con discapacidad y otorgarles una mejor calidad de vida.

México entonces, siempre ha demostrado tener un liderazgo en el tema de los derechos para las personas con discapacidad. Es una política congruente fortalecer estos compromisos que el Gobierno de México ha adquirido para con este sector de la población y no solamente en México, sino en el mundo entero.

La Cámara de Diputados tiene el deber y el mandato legal de representar a toda la nación. Por ello se le denomina a cada legislador de esta Soberanía como ``Diputado de la Nación''. Es decir, la H. Cámara de Diputados debe velar por los intereses de todos los grupos y sectores de nuestra nación, especialmente los más vulnerables. Entre ellos, las personas con discapacidad.

Es obligación de la Cámara de Diputados, impulsar las políticas que puedan mejorar la condición de dichas personas y por lo tanto, debe entonces crear los mecanismos necesarios para que este sector pueda llevar a cabo su vida normal sin limitaciones o situaciones que vayan en detrimento de su realización personal e integral.

La Cámara de Diputados debe coadyuvar a que las personas con discapacidad gocen de plenas garantías y derechos, ya sea con el Ejecutivo Federal impulsando la firma de estos acuerdos internacionales y también, contribuyendo con armonizar estos instrumentos en la legislación mexicana.

Y dada esta política de congruencia con lo que nuestro país siempre ha proclamado y por lo que ha luchado en el ámbito internacional, es que sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados ratifica su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y se compromete a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y enviar dicho tratado al Senado de la República para su pronta ratificación.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados se compromete a que, una vez ratificada la firma de México en la Convención, se inicie el proceso de armonización de la legislación federal mexicana para que ésta sea congruente con el instrumento internacional y se promuevan también los cambios necesarios en el ámbito estatal.

Comisión de Relaciones Exteriores, H. Cámara de Diputados, 13 de diciembre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), secretaria; Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), secretario; Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretario; Samuel Aguilar Solís, Alliet M. Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Mario Enrique del Toro(rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César, Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Erika Larregui Nagel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo, con excepción del relativo a la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 029-PESC-2006, para la pesca de tiburones.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo a los que se dio lectura, con excepción del dictamen de la Comisión de Pesca, para exhortar a la Sagarpa defina la entrada en vigor de la NOM-029-PESC-2006, para que la pesca de tiburones y raya, sea específicamente para su aprovechamiento.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

Esta Presidencia saluda a los ciudadanos del municipio de Coatzintla, Veracruz, presentes en la sesión; también a los jóvenes del colegio Condado School, de Irapuato, Guanajuato.

PESCA DEPORTIVA Y RIBEREÑA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a definir la entrada en vigor de la NOM-029-PESC-2006, a fin de que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca le fueron turnadas para su estudio y dictamen dos proposiciones con punto de acuerdo, una de ellas presentada por los diputados Víctor Manuel Lizárraga Peraza y Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 30 de noviembre de 2006, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo a que analice y evalúe el impacto de la NOM-029 en la pesca deportiva y ribereña.

El otro punto de acuerdo fue presentado por la diputada Lorena Martínez Rodríguez a nombre de los diputados del sector popular del Grupo Parlamentario del PRI, el pasado 31 de noviembre, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para dejar sin efecto la elaboración y publicación de la Norma PROY-NOM-029-PESC-2004, por los daños que ocasionaría a la actividad turística de Baja California Sur.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 30 de octubre de 2006 los C. Diputados Víctor Manuel Lizárraga Peraza y Juan Adolfo Orcí Martínez presentaron la proposición con punto de acuerdo con la propuesta siguiente:

Único: Se solicita al Gobierno Federal que a través de la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Turismo, promueva la integración de una comisión interinstitucional e intersectorial encargada de analizar y evaluar con todas sus implicaciones el impacto de la NOM-029 en la pesca deportiva y ribereña y en el turismo.

El 31 de noviembre de 2006 la C. Diputada Lorena Martínez Rodríguez a nombre de los diputados del sector popular del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo con la propuesta siguiente:

Único: Se solicita a la Secretaría de Gobernación, como enlace del Poder Legislativo con el Ejecutivo federal, que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación y al Comité Consultivo Nacional de Pesca Responsable para dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004, por los daños que ocasionaría a la actividad turística de Baja California Sur.

Dichas proposiciones con punto de acuerdo fueron turnadas en las fechas de su presentación por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen a la Comisión de Pesca.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión, formulamos los siguientes:

Considerandos

- A nivel mundial existe una preocupación general ante el aumento de la pesca de tiburones y las consecuencias que ello puede tener en las poblaciones de algunas de sus especies. La opinión dominante es que resulta necesario ordenar las pesquerías del tiburón, así como las actividades en que los tiburones presentan altas tasas de captura incidental.

- Debido a la fuerte sobrepesca y a la consecuente disminución de las poblaciones de tiburones, este recurso, con un fuerte carácter social en su explotación, se ha perdido como fuente de actividad productiva en las comunidades ribereñas. Además, las consecuencias de la alteración de los niveles tróficos puede ser de graves consecuencias para el ecosistema marino.

- La información sobre los tiburones oceánicos es muy escasa, pero se sabe que estos recursos, más que nuevas posibilidades de aumentar la producción, podrían ofrecer nuevos motivos de preocupación por lo que se refiere a su aprovechamiento sustentable.

- La ordenación del tiburón para un aprovechamiento sustentable supone el control de la mortalidad debido a la pesca, limitando el esfuerzo de pesca y/o las capturas mediante controles, como las tallas mínimas de captura, las disposiciones sobre la luz de malla o el tamaño y/o forma y profundidad de trabajo de los anzuelos y zonas vedadas, entre otras.

- Su fecundidad es baja, crecen lentamente y son longevos. En consecuencia, tienen una baja capacidad de recuperación ante la mortalidad por pesca y presentan un elevado riesgo de sobreexplotación. Expertos internacionales basándose en los estudios de casos disponibles, formulan varias dudas sobre la sustentabilidad de las pesquerías del tiburón. Los ejemplos del colapso de las pesquerías del marrajo sardinero en el Atlántico, el Galeorhinus zyopterus en California, la mielga escocesa-noruega y el cazón australiano, ilustran claramente este peligro. De tal forma que varios expertos opinan que la mayor parte de las poblaciones de tiburones sólo pueden producir rendimientos sostenibles muy bajos, muchas veces con tasas inferiores al 10 por ciento de su biomasa.

- Por otra parte, el Código de Conducta para la Pesca Responsable indica que las decisiones sobre conservación y ordenación en materia de pesquerías deberán basarse en los datos científicos más fidedignos disponibles, teniendo en cuenta también los conocimientos tradicionales acerca de los recursos y su hábitat, así como los factores ambientales, económicos y sociales pertinentes.

- El mismo Código señala que el derecho de pesca conlleva la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos.

- Para el caso particular del aprovechamiento del tiburón, tenemos que en aguas nacionales se encuentran aproximadamente 115 especies distintas, de las 350 que existen en el mundo, motivo que coloca a México entre los primeros países en cuanto a biodiversidad de estas especies se refiere.

- Las capturas en nuestro país según datos del Anuario Estadístico de Pesca 2003, para ambos litorales, presentan tendencias a la baja, siendo más acentuada para el litoral del Golfo de México y Caribe Mexicano, ya que en el 2003 tan sólo se obtuvieron 5 mil 600 toneladas, menos de la mitad de las obtenidas durante el año 1993. Lo cual puede ser un indicador de la sobreexplotación de estos recursos.

- En cuanto a los trabajos encaminados para ordenar las pesquerías de tiburón en aguas nacionales, es de mencionarse que en 1996, y dentro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, se constituye el Grupo de Trabajo Técnico No. 4, Pesquerías de Tiburón, comenzando a sesionar ese mismo año.

- Cabe mencionar que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, es un órgano consultivo para la elaboración, promoción y observancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que son competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en materia de pesca y acuacultura. Sin embargo, el Comité se conforma no tan sólo por funcionarios de la SAGARPA y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, sino que en él también intervienen funcionarios de otras dependencias del Ejecutivo Federal, como son:

Secretaría de Economía (SE)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Secretaría de Turismo (SECTUR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Instituto Nacional de la Pesca (INP)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

- En cuanto al Grupo de Trabajo Técnico, en este participan funcionarios de las dependencias mencionadas en el párrafo anterior, representantes de los sectores productivos, tanto del social como del privado, investigadores y científicos de reconocido prestigio y organizaciones no gubernamentales. Los cuales han llevado a cabo una labor que merece reconocimiento.

- Como resultado de los esfuerzos del Grupo de Trabajo Técnico No. 4, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 12 de enero de 2000 el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-029-PESC-1999, el cual tenía por objetivo darnos una norma oficial mexicana para regular el aprovechamiento de tiburón y especies afines, en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, en aguas de alta mar y aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de Bandera Mexicana.

- El PROY-NOM-029-PESC-1999 fue sometido el mismo día de su publicación a un proceso de consulta pública con duración de 60 días naturales, siendo respondidos en el DOF del 18 de agosto de 2000 los comentarios y modificaciones efectuadas al propio proyecto; las cuales sólo fueron presentadas por cinco promoventes.

- Es hasta el día 12 de julio de 2002 que se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, pesca responsable de tiburones y especies afines. Especificaciones para su aprovechamiento. El 9 de septiembre de ese mismo año se publicó en el DOF el aviso por el que se prorroga la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, Como consecuencia de diversas manifestaciones en contra del contenido de esta norma.

- Cabe señalar que después de la prórroga de la NOM-029-PESC-2000, el Grupo de Trabajo Técnico No. 4, Pesquerías de Tiburón continuó con sus trabajos, los cuales a principios del 2004 dieron como resultado una nueva propuesta de Norma, misma que fue enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, para su aprobación y posteriormente enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, en el mes de noviembre de ese mismo año.

- Dentro de la COFEMER al anteproyecto se le negó en dos ocasiones el ser eximido de la Manifestación de Impacto Regulatorio. Posteriormente, SAGARPA envía a COFEMER una nueva versión del Anteproyecto, a la cual se le responde con la solicitud de datos adicionales, de tal forma que SAGARPA por cuarta ocasión remite otra versión del Anteproyecto, ésta última recibe como respuesta un ``Dictamen Total No Final''.

- No fue sino hasta noviembre del 2005 que el Proyecto para ordenar la pesca del tiburón pudo ser publicado en el DOF (DOF 29/11/05) para su consulta pública, misma que recogió diversos comentarios y observaciones que fueron contestadas en el DOF del 3 de octubre del 2006, por lo cual dentro del procedimiento para emitir normas oficiales mexicanas, el Proyecto de Norma NOM-029-PESC-2006, sólo requiere su publicación para ser ya una norma oficial mexicana.

- Si bien el último Proyecto de la NOM-029-PESC-2006 contiene varios puntos que representan un avance sustantivo en cuanto a la ordenación de esta pesquería, como son la prohibición del aleteo; el establecimiento de la Bitácora de Pesca; la posibilidad de implementar un programa de observadores a bordo; la prohibición del incremento del esfuerzo pesquero; la creación de zonas de refugio; la inclusión de medidas que reducen las capturas incidentales; el establecimiento de especificaciones para el uso de palangres y de otras artes de pesca, entre otras, el Proyecto en comento ha despertado una polémica similar a la que despertaron los proyectos para regular la pesca del tiburón que le precedieron.

- Por ejemplo, en zonas donde la pesca deportiva recreativa es una actividad económica de importancia, se tiene el temor de que la reducción de la zona de exclusión de 50 a 20 millas náuticas propicie la captura de las especies reservadas a la pesca deportiva. Otro caso es el de la pesca comercial, en la cual la preocupación se da por las restricciones en el uso de algunas artes de pesca y las características técnicas de las que serían permitidas de aplicarse la norma.

- Al respecto, varios diputados de esta Comisión de Pesca a raíz de pláticas y reuniones de trabajo con distintos productores y prestadores de servicios de la pesca deportiva, hemos percibido que estos temores se deben a que las bondades del Proyecto en comento no han sido difundidas y explicadas de manera amplia y convincente.

- En cuanto a la necesidad de contar con una norma oficial que ordene el aprovechamiento sustentable de la pesquería del tiburón, los diputados de la Comisión de Pesca, no tenemos duda alguna, pero estamos convencidos de la necesidad de actuar con responsabilidad, de tal manera que podamos contar con una norma que contemple la conservación de los recursos y al mismo tiempo no afecte las actividades económicas que se sustentan en el aprovechamiento de los mismos.

Conclusiones

Siendo los tiburones un recurso pesquero que por sus características biológicas puede fácilmente ser llevado a la sobreexplotación, es de suma importancia el contar con una Norma Oficial Mexicana que regule las pesquerías de estas especies.

La SAGARPA es el órgano del Ejecutivo Federal responsable de emitir la Norma Oficial que regule las pesquerías del tiburón, pero no es la única instancia que se involucra en la construcción de esta Norma, ya que por medio del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable intervienen otras instituciones, como son: la Secretaría de Economía; la Secretaría de Marina; la Secretaria de Turismo; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.

Si bien es de suma importancia que dentro de la Norma Oficial que regule la pesca del tiburón se contemplen los parámetros biológicos de los recursos, es igualmente importante que se contemplen los aspectos económicos y sociales.

Esta Comisión de Pesca de la LX Legislatura tiene entre sus objetivos el pugnar porque la actividad pesquera se realice bajo criterios de equilibrio entre la conservación de los recursos pesqueros y su utilización, en aras de un aprovechamiento sustentable de los mismos.

Vemos como algo necesario que el Grupo de Trabajo Técnico No. 4, Pesquerías de Tiburón, dependiente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, continué con sus trabajos, con atención especial en las repercusiones que en las actividades económicas se tendrán con la entrada en vigor de la norma que regule el aprovechamiento del tiburón.

Es imperativo una campaña de difusión intensiva que explique a todos los pescadores y empresarios que participan en la producción del tiburón, a los prestadores de servicios de pesca deportiva y en general a todos los interesados, de manera clara y convincente las bondades de la NOM-029-PESC-2006.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diferir la entrada en vigor de la NOM-029-PESC-2006, pesca responsable de tiburones y rayas, especificaciones para su aprovechamiento, por un plazo no menor de 90 días naturales, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca responsable a realizar, dentro del plazo previsto en el resolutivo anterior, un estudio de las repercusiones económicas que la entrada en vigor de dicha norma tendrá en las actividades comerciales y deportivas del tiburón y raya, así como en la preservación de las especies citadas y las que de manera incidental son capturadas con ellas.

Tercero. Se exhorta a la Sagarpa, a la Semarnat y a la Conapesca a implementar y desarrollar una campaña de información y difusión dirigida a los que intervienen en el aprovechamiento del tiburón y rayas, a los prestadores de servicio de la pesca deportiva y al público en general, que explique de manera clara y sustentada los alcances y ventajas que la entrada en vigor de la NOM-029-PESC-2006 traerá consigo.

Cuarto. Se exhorta a la Sagarpa, Semarnat, Conapesca y a la comisión federal de mejora regulatoria, a que igualmente en el plazo previsto en el resolutivo primero, se concluyan los estudios sobre las repercusiones económicas a que se refiere el resolutivo tercero y determine la procedencia de seguir los trámites conducentes a las modificaciones a la NOM-029-PESC-2006, después de su entrada en vigor, conforme a lo previsto en los artículos 48 y 51 de la ley federal sobre metrología y normalización, que tengan por objeto resolver o aliviar los efectos negativos que pudieran identificarse como resultado de los estudios de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2006.--- Por la Comisión de Pesca, diputados: Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), presidente; Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), secretario; Joaquín Jesús Díaz Mena, secretario; Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Pedro Pulido Pecero (rúbrica), secretario; Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), secretario; Carlos Ernesto Zatarain González, secretario; Sergio González García (rúbrica), secretario; María Guadalupe Josefina García Noriega (rúbrica), secretaria; Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez, Gerardo Antonio Escaroz Soler, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Delber Medina Rodríguez, Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Ramón Valdés Chávez, Abundio Peregrino García.»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con respecto al dictamen de la Comisión de Pescahan solicitado la palabra el diputado Luis Enríquez Martínez, del PAN y la diputada Guadalupe García Noriega, del Verde Ecologista y el diputado Carlos Morales. Tiene la palabra el diputado Luis Enríquez Martínez.El diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez:Con su permiso, diputado presidente: México cuenta en sus litorales y aguas nacionales, con grandes riquezas naturales, específicamente de tiburón: existen aproximadamente 115 especies distintas de las 350 que hay en el mundo.

Los tiburones y las rayas constituyen grupos biológicos que son objetivo de la pesca comercial, produciéndose anualmente más de 30 mil toneladas en México, siendo este país uno de los primeros productores a nivel mundial y generándose alimento de bajo precio y alto valor nutricional, así como varios miles de empleos directos o indirectos.

Sin embargo, a nivel mundial muchas de las especies de tiburones y rayas presentan signos de aprovechamiento intensivo y sobrepesca, poniéndose en riesgo las pesquerías y la seguridad de su permanencia en el largo plazo. En México los esfuerzos de investigación y análisis que se han llevado a cabo han permitido ratificar la necesidad de atender en forma inmediata la problemática del aprovechamiento de los tiburones y rayas. Así como establecer medidas que mitiguen los efectos colaterales de la pesca de estos recursos sobre otros organismos pelágicos.

Considerando la importancia económica, alimentaria, social y biológica de las pesquerías de tiburones y rayas en México, se hace necesario expedir una norma oficial mexicana con la finalidad de inducir un aprovechamiento racional y sostenible en conservación., mediante la regulación pesquera.

La Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, ``Pesca responsable de tiburones y rayas, especificaciones para su aprovechamiento'', es un proyecto de regulación que ha elaborado la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Sagarpa, con la colaboración de grupos de investigación, sectores productivos de la pesca comercial, organizaciones no gubernamentales y otras dependencias de la administración pública federal.

El proceso de elaboración y aplicación de la NOM-029 forma parte de la política de pesca responsable, a nivel internacional y especialmente se relaciona con la aplicación del plan de acción internacional para el manejo y conservación de los tiburones que han acordado los países en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, para la agricultura y la alimentación.

La NOM-029 mantiene la captura de tiburón y rayas a niveles sustentables de manera que el recurso podrá seguirse aprovechando a mediano y largo plazo, manteniendo o mejorando sus niveles de rentabilidad, protege a las especies de tiburón a través de vedas por zonas y temporadas, prohibición del aleteo, limitación del esfuerzo pesquero, mejora de la selectividad de los sistemas y artes de pesca, protege zonas de alta diversidad de especies en los arrecifes coralinos y desembocaduras de ríos y lagunas.

Protege otras especies como las tortugas y los lobos marinos, incluye un sistema nacional de información científica que ayudará en la investigación al conjuntar los datos de las bitácoras de pesca, aviso de arribo, observadores a bordo e instituciones de investigación.

Beneficia la pesca deportiva al prohibir la pesca de tiburón en una franja marina, de acuerdo al tipo de embarcación y equipo de pesca, lo que evitará la captura incidental de especies destinadas a la pesca deportiva en esas zonas. Prohíbe utilizar los palangres y redes de enmalle, con el fin de proteger también a las ballenas.

Con la NOM-029 se apoya al sector social ya que con la protección de recursos derivan las regulaciones; la pesquería tendrá mayor oportunidad de permanecer en niveles sustentables y podrá seguirse aprovechando, ya que induce a mantener o mejorar los niveles de rentabilidad al prohibir el incremento al esfuerzo pesquero.

La sustentabilidad de la NOM-029 protege al tiburón y rayas en periodos críticos de su ciclo de vida, como la reproducción y nacimiento. Al prohibir la pesca en zonas y temporadas de veda no permite la pesca indiscriminada al prohibir --reitero-- el aleteo.

Contribuye a la protección de las especies de tiburón, rayas en peligro de extinción o sujetas a protección especial al prohibir su captura. Mejora la selectividad de los sistemas de arte y de pesca de tiburones y rayas --como mencioné hace un momento-- prohíbe las redes de enmalle.

La contribución de la NOM-029 no sólo beneficia a la pesca de tiburón y raya, sino que protege zonas de alta diversidad de especies al prohibir la pesca en arrecifes coralinos y desembocaduras de ríos y lagunas. Protege otras especies al prohibir la pesca en playas de anidación de tortugas marinas y cerca de colonias, también, de los lobos marinos.

Actualmente no existe una zona de exclusión para la pesca comercial de acuerdo con el marco jurídico actual, por lo que dentro de las 50 millas náuticas se pueden realizar las actividades de pesca comercial, de consumo doméstico, pesca de fomento y acuacultura.

La Norma 029 estable una franja costera de restricción para la pesca del tiburón de acuerdo al tipo de embarcación y equipo de pesca; situación ajena a lo dictado por el artículo 13 de la Ley de Pesca vigente.

Para la pesca deportiva contribuye el establecer disposiciones como la restricción para la pesca de tiburón en una franja marina de 10, 15, 20 o 50 millas, de acuerdo al tipo de embarcación y de pesca, uso de anzuelos que reduzcan la pesca incidental de especies protegidas y las destinadas a la pesca deportiva, sistemas de información para determinar cuotas de pesca incidental --y con esto concluyo.

Para tal motivo con la entrada en vigor de la Norma 029 asegurará de manera contundente al control de la pesca, el fortalecimiento de programas de investigación, la creación de un sistema de información para dar seguimiento a las operaciones de captura de tiburones, rayas y especies asociadas.

Se propiciará la creación de comités estatales o regionales de manejo pesquero, incluyendo la participación de los sectores académicos y productivos y en síntesis, contribuirá al uso sostenido de largo plazo de estos importantes recursos biológicos y a su conservación. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Rodolfo Enríquez. Tiene la palabra la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy hago uso de la tribuna para hacer una reflexión de la importancia que reviste la aprobación del punto de acuerdo presentado por la Comisión de Pesca, en el sentido de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióna diferir la entrada en vigor de la Norma Oficial 029-PECS-2006, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento''.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, preocupado por el cuidado y conservación de nuestros recursos marinos y acuáticos, considera que la aprobación del presente dictamen nos permitirá, por un lado, corregir las diferencias que en materia de cuidado conlleva la entrada en vigor de disposiciones aplicables a este tipo de pesquerías.

Y por otro, que los pescadores y actores directamente afectados por estas actividades económicas conozcan las implicaciones de la Norma, entre las cuales se encuentra el fomento de la pesca deportiva con base en criterios de conservación de las especies citadas; así como aquellos que se verán afectados de manera incidental.

Compañeros legisladores, es nuestro deber comenzar a sentar las bases que nos permiten elaborar instrumentos de política ambiental tendientes a un desarrollo sustentable, que se traduzcan en beneficios ambientales y sociales derivados de actividades económicas, en este caso, de la pesquería de tiburón y de raya.

Como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, es menester cuidar nuestros ecosistemas pesqueros mediante la toma de medidas y acciones que permitan su conservación, lo que implica llevar a cabo un aprovechamiento que se base en criterios de sustentabilidad y que cuente con un sustento legal debido a la importancia de la actividad pesquera y acuícola nacional que necesariamente conlleva un impacto económico y social, que genera un promedio de 350 mil empleos directos y dos millones 300 mil empleos indirectos, con un valor promedio anual de la producción, de más de 12 mil millones de pesos, incluyendo exportaciones por más de 600 millones de dólares al año y una balanza comercial históricamente superavitaria en el sector; cerca de 400 millones de dólares.

Es por ello que en aras de continuar con este promedio y de conservar la riqueza de nuestros recursos, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen ya que consideramos que es necesario el desarrollo sustentable del sector, tomando en cuenta que gran parte de nuestra soberanía alimentaria depende la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.

Compañeras y compañeros. Reconocemos que es necesario continuar con el esfuerzo realizado, ya que el espíritu de este dictamen mejora el marco jurídico en materia pesquera. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Guadalupe García. Tiene la palabra el diputadoCarlos Morales Vázquez, del grupo parlamentario del PRD.El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez:Con su permiso, Presidente; compañeras y compañeros diputados: bien han dicho mis compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, los compañeros Luis y Lupita hicieron un recuento importante de las bondades de esta norma 029, que tiene como propósito proteger al tiburón y a la raya.

La Comisión de Pesca, y lo hemos manifestado todos los compañeros que somos miembros de ésta, tenemos como objetivo fundamental la conservación y el aprovechamiento sustentable. Esos son los objetivos que rigen nuestra tarea.

El dictamen que hoy presentamos a consideración de ustedes es resultado de la petición que hicieran en esta tribuna los diputados Víctor Manuel Lizárraga y Juan Adolfo Orcí, para que revisáramos en el seno de la Comisión de Pesca y se hiciera una valoración adecuada de las ventajas y el impacto que podía tener en el sector la aplicación de la Norma 029.

¿Qué es la Norma 029? Es un reglamento que el Ejecutivo tiene facultades para emitirlo --en este caso mediante la Sagarpa-- para que se norme la explotación y el aprovechamiento de ciertos recursos, entre ellos el sector pesquero. Por eso se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en meses pasados, esta Norma 029 y se interpretó en algunos sectores, fundamentalmente en quienes promueven la pesca deportiva, que era dañino, que iba a afectar a la pesca deportiva.

Después de un análisis minucioso que hizo la subcomisión que creó la Comisión de Pesca, en la que participaron funcionarios públicos --que son quienes están promoviendo esta Norma-- y especialistas en la materia, quedamos plenamente convencidos de las necesidades de que normemos el aprovechamiento del tiburón y de la raya y se concluyó pensando en los razonamientos que aquí hicieron mis compañeros cuidadosamente de esta necesidad y acordamos en la Comisión de Pesca someter a consideración de ustedes el que apoyemos la entrada en vigencia de esta Norma, que va a ser de gran beneficio para la pesca y fundamentalmente para que preservemos este recurso natural que tenemos en nuestro país.

Se concluyó que es necesario que se haga un estudio de impacto de la norma 029 para que podamos, en un momento dado, atender sus efectos. Se concluyó también que la norma entre en vigor 90 días después de su publicación; una vez que se publique que nos den 90 días, porque necesitamos hacer una amplia campaña de información en la que se conozcan las ventajas que esta Norma tiene, el impulso que le va a dar al sustento y a la preservación.

Compañeras y compañeros diputados: que aprobemos hoy este dictamen va a mandar un mensaje muy importante al sector pesquero: que esta Cámara está consciente y que está trabajando en la preservación de nuestros recursos naturales, sin dejar de lado el aprovechamiento sustentable.

Por el apoyo que den a este dictamen, compañeras y compañeros diputados, los miembros de la Comisión y el sector pesquero y quienes pensamos en la conservación de los recursos naturales vamos a agradecerles. Por su atención, gracias; gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Morales. Tiene la palabra el diputado José Luis Blanco Pajón, del grupo parlamentario del PRI.El diputado José Luis Blanco Pajón:Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y compañeros diputados. La fracción parlamentaria del PRI reconoce que los recursos naturales, el medio ambiente en su conjunto, son nuestra herencia más importante para las futuras generaciones. Podemos heredar a nuestros hijos un importante patrimonio o condenarlos a pagar nuestras deudas.

Compartimos la visión de la Comisión Mundial del Medio Ambiente que define al desarrollo sustentable como aquél que satisface las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Los priistas reconocemos que nuestro país posee una vasta biodiversidad. En tal sentido, queremos un país que sea capaz de preservar su patrimonio nacional y que estimule su seguridad ambiental.

En razón de lo anterior es que manifestamos nuestro apoyo al proyecto de dictamen que nos ocupa, para exhortar a la Sagarpa a diferir la entrada en vigor de la norma oficial 029 relativa a la pesca responsable de tiburones y rayas por un plazo no menor de 90 días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como a realizar el estudio correspondiente dentro del plazo previsto, sobre las repercusiones económicas que la entrada en vigor de dicha norma tendrá en las actividades comerciales y deportivas de dichas especies marinas.

El grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor de la difusión y de la sensibilización sobre nuestra biodiversidad, por considerarlas estrategias fundamentales para concientizar y crear una cultura de la conservación y la preservación de nuestras especies.

Actualmente, con la pesca del tiburón miles de organismos como son las ballenas, delfines, focas, lobos marinos, rayas, tortugas marinas y tiburones son capturados indiscriminadamente, pese a que muchas de esas especies se encuentran clasificadas como amenazadas en peligro de extinción.

Las artes de pesca empleadas actualmente en la captura del tiburón no son selectivas. Por ejemplo, las redes de malla y palangre; las redes de deriva tienen hasta mil 800 metros de longitud y 50 metros de profundidad. De hecho, se les conoce como paredes de la muerte.

Los tiburones y las rayas son especies que tienen baja fecundidad y largos periodos de gestación; es decir, un escaso potencial reproductivo, bajo ritmo de crecimiento y gran longevidad.

Los tiburones están en gran peligro, no sólo por la forma en que son capturados, sino debido a las prácticas, como por ejemplo el aleteo, en el que se aprovechan únicamente las aletas y en ocasiones los tiburones son atrapados, se le cortan las aletas y se devuelve el resto al mar, donde mueren desangrados.

Debido a esto se hace necesario aprobar la norma 029, la cual contiene entre sus lineamientos la prohibición del uso de redes de deriva a las embarcaciones de mediana altura y de altura, permitiendo no sólo la utilización de redes de fondo a las embarcaciones artesanales, sino que prohíbe el aleteo de tiburones, la pesca en aguas marinas localizadas frente a las desembocaduras de ríos y lagunas costeras, hasta 2.5 kilómetros a cada lado de los extremos de la boca y establece 10 zonas de refugio para tiburones y rayas; áreas fundamentales para la alimentación, reproducción y crecimiento de tiburones, protegiendo así el futuro del recurso.

Obliga a los pescadores también a participar en talleres de capacitación sobre las medidas de conservación de las especies en riesgo, así como la protección de sitios, anidación y alimentación de las tortugas marinas.

Bajo el anterior orden de ideas, nos pronunciamos, los de la fracción parlamentaria del PRI, a favor de un desarrollo sustentable y responsable. Estamos convencidos que las políticas públicas y las normas oficiales deben de ser congruentes con el cuidado del medio ambiente y con la realidad económica y social de los sectores productivos, así como incluir los elementos educativos necesarios para impulsar una nueva cultura que genere riqueza y que conserve los recursos no renovables.

Es importante señalar que --como dijimos-- la norma 029 tiene un espíritu muy válido para la preservación de las especies, pero al diferir la aplicación de esta Norma en 90 días, que es la esencia de este dictamen, es para que se pueda en ese lapso llevar a cabo un programa de difusión de información y de concientización sobre los beneficios futuros de esta norma.

En este sentido es que el PRI solicita su apoyo y solidaridad para el presente dictamen, porque al hacerlo nos solidarizamos también con las comunidades ribereñas que viven en esa actividad y con el medio ambiente, que es patrimonio de todas y de todos los mexicanos, no solamente de los que estamos aquí sino de las generaciones futuras que merecen vivir en un país próspero y desarrollado que brinde oportunidades. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Blanco. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición del dictamen relativo a la Comisión de Pesca.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a discusión.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

REUNION INTERPARLAMENTARIA CANADA- MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD, para comentar respecto del punto de acuerdo ya aprobado sobre la comunicación oficial del Parlamento canadiense.El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:Compañeras y compañeros. El día de hoy ha pasado a esta soberanía un punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se refiere a la realización, a fines de octubre, en Ottawa, Canadá, de la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México.

Como se recordará, México --el Congreso mexicano-- tiene interparlamentarias con países vecinos; con Estados Unidos destacadamente --ya llevamos 45 reuniones interparlamentarias--, con Canadá tenemos 14, con Cuba hay alrededor de ocho o 10 reuniones interparlamentarias; falta una con México y Centroamérica. Pero esta Reunión Interparlamentaria México-Canadá tiene cada vez mayor importancia en la medida en que ha habido puntos de coincidencia entre el Parlamento canadiense y el Congreso de la Unión de México.

Por eso solicité el uso de la palabra para expresar que es muy importante este punto de acuerdo que se refiere a la implementación de los acuerdos de la Interparlamentaria México-Canadá, ya que en muchos temas hemos venido coincidiendo.

En las primeras reuniones interparlamentarias coincidimos en el tema de la paz en Centroamérica y de situaciones como la condena de la dictadura militar en Chile, el Apartheid en Sudáfrica y hoy, en esta declaración en la cual participó una destacada delegación tanto de senadores como diputados mexicanos, se aprobaron dos temas que son de la mayor importancia:

Uno, una condena del Parlamento canadiense y del Congreso de la Unión de México a la construcción del proyectado muro en la frontera México-Estados Unidos. Esto es importante porque Canadá es el tercer socio comercial del Tratado de Libre Comercio de América y es un vecino en términos comerciales y políticos que requiere que le pongamos más atención, y por eso es destacable que el Parlamento canadiense haya expresado este repudio a la construcción del muro fronterizo.

Y dos, hay el acuerdo para que se instale, que se promueva más bien, una trilateral entre el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento de Canadá y el Congreso de la Unión de México. Nos parece que esto es importante --ayer lo vimos en la Comisión de Relaciones Exteriores-- y lo que acordamos es que se dé seguimiento a estos trabajos; vamos a integrar, con la mesa directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, un grupo de trabajo que le dé seguimiento a estos acuerdos y tenemos ya proyectada una ocasión propicia, que es que en mayo o junio del 2007 se va a realizar la XLVI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

La XLV Reunión Interparlamentaria se realizó en mayo de este año en Valle de Bravo, estado de México --y es un año en México y otro en Estados Unidos--, por lo que la Interparlamentaria México-Estados Unidos se va a realizar en mayo del 2007 en alguna ciudad de la Unión Americana.

Y hemos visto ahí, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es necesario que con motivo de esta próxima que en mayo se va a realizar --la XLVI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos-- ya veamos un mecanismo para concretar esta reunión trilateral parlamentaria, sobre todo porque después de la reunión de Ottawa ocurrieron las elecciones del 7 de noviembre en los Estados Unidos, donde fue derrotada la mayoría anterior republicana y por primera vez los demócratas, desde hace 20 años, tienen ya mayoría en ambas cámaras del Capitolio.

Por lo tanto, creo que retomamos una idea que expresó aquí el diputado Raymundo Cárdenas cuando analizamos el resultado de las elecciones del 7 de noviembre, sobre la necesidad de que ahora el Congreso de la Unión tome iniciativas conjuntamente con el Senado de la República; esta Cámara de Diputados conjuntamente con el Senado, que nos permitan entrar en diálogo directo con nuestros colegas de Estados Unidos y Canadá y concretemos esta trilateral, aprovechando los nuevos vientos legislativos que soplan en la Unión Americana.

De tal modo, pues, que es de congratularse que aprobemos de manera unánime este punto de acuerdo y que facultemos a la Comisión de Relaciones Exteriores para que implemente estos resolutivos. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Sandoval. El punto de acuerdo y el dictamen ya estaba aprobado por el Pleno.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de los integrantes de la Mesa Directiva proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno delDistrito Federala que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y delDistrito Federal, respectivamente, para el Ejercicio Fiscal 2007.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal, a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007

Los suscritos diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LX Legislatura, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y al gobierno del Distrito Federal, a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007.

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión es un órgano encargado de emitir leyes y decretos que permitan la convivencia pacífica y respetuosa con la meta de lograr el bien colectivo de los mexicanos.

En todo estado federal la circunscripción gubernamental en cuyo. territorio se asientan los Poderes Federales está encargada de proveer la infraestructura, equipa miento urbano, seguridad pública y demás servicios que requieran los titulares de los Poderes Federales para el cabal y oportuno ejercicio de sus atribuciones.

En este sentido, entre las reformas que deben empezar a instrumentarse en el nuevo estado democrático mexicano, están aquellas que debe brindar el gobierno del Distrito Federal a los recintos que ocupan l tres poderes de la Unión, para el normal desarrollo de sus funciones cotidianas.

En este orden de ideas, el recinto que ocupa la H. Cámara de Diputados y las zonas aledañas al mismo, requieren de diversas acciones de mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública, que el Gobierno del Distrito Federal ven su caso,'la Delegación Venustiano Carranza deben ejecutar.

Por lo que este órgano de gobierno ha considerado la importancia de impulsar el fortalecimiento presupuestal .del Gobierno del Distrito Federal para el cumplimiento específico de las acciones antes expuestas.

Geográficamente, el Recinto Legislativo de San Lázaro está ubicado en una zona con gran dinámica urbana, tanto por el área comercial de la Merced, las líneas de transporte terrestre y subterráneo, las vialidades primarias, así como por instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa, de la SEP, instalaciones del Poder Judicial Federal y el Archivo General de la Nación, entre otras.

En sus alrededores se sitúan 11 colonias pertenecientes a la delegación Venustiano Carranza: la de Mayo, 7 de Julio, Aeronáutica Militar, Ampliación Penitenciaría, El Parque, Escuela de Tiro, Madero, Progresista, Morelos, Penitenciaría y Zona Centro, que cuentan con una población mayor de 70 mil habitantes y una infraestructura compuesta por 86 espacios educativos, de salud, deportivos y recreativos, así como 648 unidades habitacionales y diversos comercios y servicios.

En el ámbito de la seguridad pública muestra que colonias como la 7 de Julio, Morelos y Zona Centro (Área de la Merced) presentaron en el primer semestre del año en curso y de acuerdo a las estadísticas analizadas en los informes proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del DF. PGJDF una preocupante incidencia delictiva de robos, principalmente, el de robo a transeúntes y robo de vehículos auto partes, ya que de las 70 colonias que integran la Delegación estas tres tuvieron el 14% de denuncias por robo, aún con las acciones que la delegación Venustiano Carranza implemento. en este periodo, bajo el eje de la Prevención del Débito y él Combate a la Inseguridad, señaladas en su Programa Integral de Prevención del Delito; aunado al Convenio de Colaboración para mejorar las condiciones de seguridad y de vialidad en .las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se ratificaron compromisos entre este y la delegación Venustiano Carranza para realizar acciones conjuntas encaminadas a mejorar el entorno de la zona; mismas que contemplaron el retiro de puestos ambulantes, la construcción de un estacionamiento alterno a la Cámara de Diputados para despejar las vialidades, la verificación de establecimientos mercantiles, el mejoramiento del alumbrado público, bacheo y limpieza; y la instalación de cámaras de video; así como las acciones de mejoramiento y adecuaciones en el Centro de Transferencia Modal San Lázaro, no lograron erradicar la inseguridad de la periferia.

Este panorama indica que las acciones para disminuir la incidencia delictiva en esta zona no es tarea de un sólo Gobierno o de un período de administración, es tarea de todos y un trabajo firme, permanente y transparente.En este sentido, es necesario emprender una estratégica de fondo, para combatir la delincuencia y fortalecer el orden público en las inmediaciones del H. Congreso de la Unión, de esta manera,se propone la creación de un Circuito de Seguridad, que brinde certidumbre al cuerpo legislativo, a la ciudadanía habitante, flotante y a los diversos sectores de la población, y; salvaguarde los espacios públicos de las colonias periféricas que arriba se indican.

En este sentido, es preciso señalar una importante experiencia sobre 28 Circuitos de Seguridad que creó el Gobierno Delegacional de Venustiano Carranza durante los años 2004 y 2005, trazados de acuerdo a los puntos de inseguridad y los problemas específicos por circuito, estos perímetros estaban conformados por escuelas, centros de salud, mercados, centros deportivos, lecherías, iglesias, centros de convivencia, bibliotecas y espacios culturales donde trabajaron de manera conjunta todos los sectores de la población en las tareas de Prevención del Delito en coordinación con las autoridades encargadas dela Seguridad y Procuración de Justicia, lo que permitió una disminución de denuncias por robos del -18%, de acuerdo a la estadística del Sistema de Información Policial SIP de la PGJDF, lo que permitió que la Delegación ocupara el primer lugar en disminución de denuncias en el delito de robos. a nivel Distrito Federal. Las tareas consistían en la intensificación de acciones de mantenimiento y mejoramiento urbano por circuito como podas, talas, alumbrado público, balizamiento y pintura en sitios públicos y áreas comunes y verdes; recuperación de espacios públicos; Jornadas de Salud; Jornadas Deportivas; Atención a través de la Unidad Móvil de' Justicia Cívica; retiro de vehículos chatarra; intensificación de compromiso de la Policía Delegacional con su comunidad; Pláticas de Prevención del Delito, de Cultura de la Legalidad y de Cultura Cívica; Talleres de Prevención de la Violencia; Canalizaciones a instituciones de personas que viven en situación de calle y de grupos vulnerables; entre otras acciones, mismas que estaban orientadas a controlar los factores que generan violencia y delincuencia.

A través de estas acciones también se fortaleció una política incluyente que estableció una nueva relación entre Sociedad y Gobierno, que hizo posible revertir el fenómeno delictivo, contribuyendo al desarrollo incluyente de la sociedad y propiciando un clima de certidumbre y confianza ciudadana, generando con ello una Cultura de la Legalidad.

A través del Circuito de Seguridad, se propone llevar acabo acciones tendientes a prevenir la incidencia delictiva junto con diversos sectores de la población (escolar, empresarial, religioso, así como. con la población de unidades habitacionales ya que representan una fracción considerable en la zona que se pretende beneficiar), el Gobierno Delegacional y las instancias de Seguridad y Procuración de Justicia, que permitan el fortalecimiento de diversas acciones encaminadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los recursos servirán para:

Luminarias en calles, parques y jardines;

Instalación, operación y mantenimiento de cámaras en red que cubrirán la zonas aledañas de la Cámara de Diputados;

Adquisición, operación y mantenimiento de unidades móviles que brinden el servicio de seguridad en las zona referida;

Llevar a cabo una campaña de información sobre Prevención del Delito y Cultura Cívica;

Incrementar el número de efectivos policiales pie tierra en la zona, y;

Fortalecer las acciones de mejoramiento urbano en la carpeta asfáltica, áreas verdes, guarniciones, banquetas y alumbrado público; así como de balizamiento y señalamientos que lleva a cabo la delegación Venustiano Carranza.

Fortalecimiento de las acciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Distrito Federal, así como de Justicia Cívica en la zona.

Todas estas propuestas permitirán enfrentar los desafíos de garantizar la seguridad pública y crear una zona autosuficiente en la Prevención del Delito para la población flotante, vecinos y los diversos sectores de la población.

Por lo que los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del Distrito Federal, a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el Ejercicio Fiscal de 2007, con el objetivo de realizar diversas acciones encaminadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública, en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Segundo.Se instruye a las Comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, y se exhorta a la Comisión de Seguridad Pública y Presupuesto y Cuenta Pública yola Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, a que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal, y en el procedimiento de aprobación del presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen 247 millones 143 mil 300 pesos en los rubros de Mejoramiento, Mantenimiento Urbano y Seguridad Pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con cargo al Ramo General 33 ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', en el ``''Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal''.

Tercero. Se solicita a las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que de conformidad con lo señalado en el resolutivo anterior dichos recursos se destinen específicamente a:

Luminarias en calles, parques y jardines;

Instalación, operación y mantenimiento de cámaras en red que cubrirán la zonas aledañas de la Cámara de Diputados;

Adquisición, operación y mantenimiento de unidades móviles que brinden el servicio de seguridad en las zona referida;

Llevar a cabo una campana de información sobre Prevención del Delito y Cultura Cívica;

Incrementar el número de efectivos policiales pie tierra en la zona, y;

Fortalecer las acciones de mejoramiento urbano en la carpeta asfáltica, áreas verdes, guarniciones, banquetas y alumbrado público; así como de balizamiento y señalamientos que lleva a cabo la delegación Venustiano Carranza.

Fortalecimiento de las acciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial del distrito Federal, así como de Justicia Cívica en la zona.

Cuarto.Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que ejerza en tiempo y forma los recursos federales destinados a estas acciones.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputados: Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Vicepresidenta; Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Vicepresidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Vicepresidente; Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Secretario; Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Secretario; María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Secretaria; José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Secretario; Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria; Cuauhtémoc Velasco Olivia (rúbrica), Secretario; María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Secretaria; Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica), Secretario.»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pido a la Secretaría dar lectura a los puntos de acuerdo que serán turnados a la Comisión de Presupuesto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para llevar a cabo la obra de rectificación y encauzamiento del río Turbio, en el estado de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Landeros González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Ramón Landeros González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el distrito 11 en Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene ante esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la región suroeste del estado de Guanajuato se encuentra la cuenca del río Turbio que a su vez está compuesto por tres subcuencas, denominadas río Turbio-presa El Papalote, río Turbio-Manuel Doblado, y río Turbio-Corralejo.

En esta misma región se localizan los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo, municipios que forman parte del distrito 11 federal y que se ubican en las riberas de esta cuenca del río Turbio.

El río Turbio, debido al paso del tiempo, se ha venido azolvando, desapareciendo los bordos que lo limitan y en ciertos casos se requiere de su reencauzamiento para que haya mejor fluidez del agua.

Sin duda, el río Turbio ha sido un fuerte detonador de la actividad agrícola y ganadera de la región, puesto que las comunidades por donde pasa esta cuenca aprovechan para el riego de sus cultivos.

Como consecuencia del debilitamiento y en su caso desaparición de los bordos del río Turbio se han ocasionado desbordamientos provocando fuertes inundaciones en comunidades de los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo, entre otros.

Lo anterior, debido a las fuertes lluvias que han acosado a nuestra región y que dicha cuenca se ha visto rebasada por el deterioro que ha sufrido al paso de los años, sin que se le de un mantenimiento al mismo.

Como ejemplo de lo que estoy mencionando, en el 2003, cuando su servidor era presidente municipal de la ciudad de Abasolo, Guanajuato, sufrimos una de las inundaciones mas fuertes de todos los tiempos, donde se vieron afectadas mas de 25 comunidades rurales, mas de mil 500 viviendas afectadas y miles de hectáreas de cultivo siniestradas, así como una severa afectación al ganado vacuno de la región.

Todo esto, provoca que se lesione la economía de las familias afectadas al perder lo que han venido forjando con mucho esfuerzo que forma parte del patrimonio familiar, como lo es su casa, bienes, cosechas, animales de traspatio, etcétera, existen comunidades que año con año se ven en estos problemas de inundaciones, que apenas empiezan a recuperarse cuando les llega otro.

Por iniciativa del Consejo de la Región IV Suroeste, de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado y los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y, Pénjamo tomaron la decisión de mandar elaborar el proyecto ejecutivo de rectificación y encauzamiento del río Turbio, que abarca del tramo comprendido del puente de San José del paso (municipio de Manuel Doblado) a la comunidad de Zambrano (municipio de Pénjamo), al desembocar con el río Lerma.

Los municipios involucrados consideran una obra de alta prioridad para evitar que sus comunidades se sigan viendo afectadas, lamentablemente los recursos con los que cuentan los municipios son insuficientes para ello.

Por esta razón, se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en su presupuesto del 2007 destine recursos oportunos y suficientes para que se lleve a cabo la rectificación y encauzamiento del río Turbio y se evite con esto se lesione a uno de los sectores más vulnerables de nuestra región.

Subo a esta máxima tribuna de la nación, para solicitar a esta soberanía, apelando a su buena voluntad, que apoyen esta proposición con punto de acuerdo y evitar con ello que año con año muchas familias se vean afectadas por este problema de inundación y pierdan lo que tanto trabajo les ha costado construir que es su patrimonio familiar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, organismo descentralizado del gobierno federal, a incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 el presupuesto necesario y suficiente para llevar a cabo la obra de rectificación y encauzamiento del río Turbio, en el estado de Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Ramón Landeros González (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a efecto de crear la pensión alimenticia universal para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, a cargo del diputado Martín Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Martín Zepeda Hernández, somete a consideración del Pleno de esta H. Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el se crea en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, el Programa de Pensión Alimenticia con Carácter Universal para Adultos Mayores, Madres Solteras y Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Siendo responsables y comprometidos con los problemas que laceran al país los legisladores tenemos que ser sensibles ante los obstáculos que entorpecen el desarrollo de México; conscientes de esta situación, resulta preciso señalar que la pobreza es el principal freno para el desarrollo de nuestra sociedad.

Los sectores más desprotegidos de la sociedad, aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza no sólo carecen de acceso a satisfactores básicos de sustento, sino también carecen de oportunidades que les permitan autoproveérselos. Esta situación de desventaja, en principio económica, pero también, y aún más grave, social, afecta de sobremanera a los adultos mayores, las madres solteras y las personas con discapacidad, sectores de la población a los que el Estado ha olvidado, olvidando también su enorme contribución, en base a su trabajo, en el desarrollo de nuestro país.

En este contexto, la justicia social se erige como un principio rector de una sociedad democrática e incluyente, y de ninguna manera debe volverse moneda de cambio en el reconocimiento de los mínimos derechos que salvaguarda la Constitución para las y los mexicanos.

Nuestro país es, en América Latina, uno de los que menos recursos destinan a la seguridad social, incluso por debajo de Bolivia.

De hecho, según cálculos de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2004, 18 millones de mexicanos no obtuvieron los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria; es decir, perciben menos de 750 pesos mensuales, apenas suficientes para sobrevivir.

En el caso de los adultos mayores, es por demás evidente su grado de marginación y pobreza, lo que hace indispensable que el Estado ejerza su responsabilidad, histórica por cierto, con este sector desprotegido. En el país hay más de tres millones 600 mil personas mayores de 70 años, y se calcula que de cada 10 adultos mayores solo dos reciben una pensión, lo anterior nos indica que cerca de tres millones de personas adultas mayores están, en el mejor de los casos, simplemente sobreviviendo o, en el mejor de los casos, recibiendo apoyo de sus familiares, situación que erosiona la economía de estas familias, de por sí inmersas en la pobreza.

Por otro lado, se calcula que, en nuestro país, alrededor de 22.8 millones de mujeres son madres solteras. Una de cada cinco mujeres de las generaciones jóvenes ---menores de 30 años de edad--- inicia su primer embarazo siendo soltera. A su vez, por lo menos la mitad de las mujeres en edad reproductiva en el país educan solas a sus hijos: 11% por divorcio, 17% por viudez, 12% por abandono del hombre, y el 60% restante por ser madres solteras. En este caso en particular, lamentablemente, se tiene un severo rezago en las acciones de gobierno para abatir su marginación, las oportunidades de empleo para este sector son aún más escasas que para la población en general y, dado el caso de aquellas madres con empleo, en un gran número descuidan el desarrollo de sus hijos ante la disyuntiva de perder el empleo o conservarlo y tener, por lo menos un medio de subsistencia.

Es necesario precisar que cuando hablamos de la marginación y la falta de oportunidades para las madres solteras, estamos hablando también del inadecuado crecimiento de sus menores hijos, expuestos a la mala alimentación, vicios y sin acceso a la educación y servicios de salud, todo lo anterior ante la pasividad del Estado que es, en teoría, garante de su desarrollo.

Por último, la Organización Mundial de la Salud estima que el México existe alrededor de 10 millones de personas con discapacidad, de los cuales un promedio de 98% no tienen un empleo formal lo que los conduce, en buena cantidad, a la indigencia, a la mendicidad y al comercio informal.

En México no se ha fomentado una verdadera cultura de la discapacidad, capaz de generar y fomentar la convivencia, tanto social como laboral, entre la sociedad en general en condiciones de equidad y respeto.

Este sector poblacional ha significado para el Estado, históricamente, una estadística, un mero dato, sin embargo, y a pesar de los compromisos de los anteriores gobiernos, nunca se dirigió política alguna, integral, hacia la reivindicación de sus derechos, humanos y sociales.

Por todo lo anterior, resulta indispensable que el Estado mexicano asuma su obligación de ser el principal proveedor y garante del bienestar social, los adultos mayores, las madres solteras y las personas con discapacidad, representan un gran segmento de la sociedad y en especial de la sociedad desprotegida, sin acceso, en la gran mayoría de los casos a la seguridad social, la falta de oportunidades los ha orillado a la marginación y pobreza.

La pensión alimenticia no es, de manera alguna, un programa de excepción o diferenciación sobre otros sectores, sino que representa parte de la responsabilidad que se debe de ejercer a favor de aquellos que se han encontrado desprotegidos y en desventaja social y que, como el resto de los mexicanos, han dado su vida, su esfuerzo y entrega por nuestro país.

Cabe mencionar que en la actualidad el gobierno aplica diversos programas que van dirigidos a apoyar a estos grupos, pero su acción se da de modo restringido y focalizado, lo que implica altos costos, al establecer una estructura que determine y verifique cuales son las personas que son candidatas a recibir dicho apoyo y cuales no, además de los gastos originados por el seguimiento que se le debe de dar a los beneficiarios de estos programas.

La posibilidad de que genere un sistema de pensiones alimenticias para estos segmentos de la sociedad, permite que los gastos que se destinan a cuestiones administrativas, puedan ser redistribuidos y asignados de forma directa a quienes requieren de la ayuda, optimizando el uso de los recursos, beneficiando a estos grupos desprotegidos.

Lo que se propone en una primera instancia, sería que los apoyos se otorgaran de modo universal a los adultos mayores a partir de los 70 años y a las personas con discapacidad; ya sea de nacimiento, por accidentes o enfermedad, hasta los 70 años, edad en la que son acreedores de la pensión de adulto mayor; y de forma progresiva a la madres solteras a quienes, se les otorgaría una pensión, al total de las madres solteras de mayor pobreza y con hijos menores de 18 años.

Mediante estos programas se beneficiará a 2 millones 432 mil adultos mayores, con un financiamiento de 22 mil millones; a 586 mil 427 personas con discapacidad con alta y muy alta marginación, con un monto de 5 mil 306 millones; y a 290 mil 400 madres solteras con mayor índice de pobreza, con un financiamiento de 2 mil 627 millones 539 mil 200 pesos. Dichas asignaciones no representan un costo al erario público, son una responsabilidad del Estado hacia los grupos más desprotegidos de la sociedad.

Por lo anterior, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acuerda incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 un programa de pensión alimenticia para adultos mayores de 70 años en adelante, de carácter universal, así como destinar los recursos suficientes en el Ramo 19, Seguridad Social.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acuerda incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 un programa de pensión alimenticia para las madres solteras de carácter universal, así como destinar los recursos suficientes en el Ramo 20, Desarrollo Social.

Tercero. Se acuerda la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 de un programa de pensión alimenticia para personas con discapacidad, de carácter universal; así como destinar los recursos suficientes en el Ramo 20, Desarrollo Social

Dado en el salón de sesiones, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se prevea una partida destinada a crear un fondo nacional para la investigación oceanográfica, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para su urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país privilegiado por su situación geográfica. Además de contar con una gran extensión de tierra, rica en recursos naturales, se encuentra entre los dos océanos más grandes del planeta, situación que le facilita el incremento de las relaciones directas económicas, políticas y culturales con los países de Europa y África por el oriente, y de Asia y Oceanía por el occidente.

Posee un litoral envidiable para muchas naciones. Tiene 1 millón 958 mil 201 kilómetros cuadrados de superficie continental, 9 mil 753 kilómetros de litoral, más de 5 mil 300 kilómetros cuadrados de superficie insular y 2 millones 946 mil 825 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva (200 millas), 2 millones 175 mil 325 en el océano Pacífico y 771 mil 550 en el golfo de México.

A pesar de ello, México ha mostrado indiferencia sobre su patrimonio marino. El territorio marino e insular es parte de nuestras razones de seguridad nacional y el eje articulador del desarrollo de México en el presente siglo. En él existe un futuro prometedor para el país.

Debemos definir una política que incorpore las riquezas marinas al proyecto nacional en todos sentidos, especialmente en lo económico. Tenemos que exigir e impulsar la realización de actividades de investigación científica, oceanográfica, biológica y demográfica.

La investigación oceanográfica y el aprovechamiento de los recursos marinos, son actividades estratégicas desde el punto de vista económico, político y social. Es por ello que la comunidad internacional le ha dedicado, desde hace muchos años, considerables esfuerzos e inversiones, con el objetivo de conocer las características de los ecosistemas marinos, comprender su dinámica y desarrollar tecnologías para la explotación racional de variados recursos.

En México, en la década de los cuarenta se iniciaron investigaciones en las zonas costeras, enfocadas fundamentalmente a conocer los recursos bióticos y algunas características del ambiente marino. El desarrollo de estas investigaciones fue lento, en virtud de no contar con los recursos humanos capacitados, con los equipos y embarcaciones con que se pudieran llevar a cabo estos trabajos.

En la década de los setenta, con el apoyo del Conacyt y entidades internacionales como la UNESCO, FAO y OEA, se desarrolló una infraestructura en las investigaciones marinas, que consistía en la creación de centros de enseñanza e investigación, además de becar a jóvenes mexicanos para estudiar, a nivel de postgrado, en el campo de las ciencias marinas en el extranjero.

Durante ese periodo, el aprovechamiento de los recursos del mar del país aumentó considerablemente, en particular en lo que concierne a la producción petrolera y pesquera, requiriendo medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y explotar de manera sostenible los recursos pesqueros. Sin embargo, las investigaciones de los mares de México y sus recursos permanecieron restringidas a las zonas lagunares y a las franjas costeras. Por ello era preciso abrirse paso al mar abierto y a las áreas oceánicas adyacentes al país.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta la situación de 1973, en la cual la Organización de las Naciones Unidas convocó a Estados miembros a la conferencia sobre el derecho del mar, con objeto de analizar todos los asuntos relacionados con el tema, impulsar su desarrollo e intentar llegar a un acuerdo para la delimitación de áreas y bases para la utilización de sus recursos, así como establecer lineamientos para la protección del medio marino, se creó la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, aprobada por consenso en diciembre de 1982.

De los aspectos sobresalientes de esta convención, destaca la aceptación del concepto de zona económica exclusiva, entendida como la ``franja marina comprendida desde la línea de costa hasta una distancia de 200 millas náuticas mar adentro''. Esta área, que para el caso de México en superficie es mayor que el territorio nacional, representa para los estados ribereños jurisdicción exclusiva sobre los recursos que ahí se encuentran.

México incorporó desde 1975 en el artículo 27 de su Constitución Política, el concepto de zona económica exclusiva, quedando la misma como parte integrante de su patrimonio nacional.

Contar con una zona de esta naturaleza representa para el país un gran reto y oportunidad, no sólo en lo referente a la potencial fuente de valiosos recursos naturales renovables y no renovables, sino también por la responsabilidad de investigar sus características, dinámica y su preservación ecológica.

Ante este panorama, desde el inicio de la presente Legislatura los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos hemos dado a la tarea de investigar los temas y necesidades de la federación, para que desde esta máxima tribuna propongamos soluciones que coadyuven al desarrollo nacional.

Uno de los temas que a todas luces destaca es la necesidad de apoyar la actividad oceanográfica del país. Lo anterior, motivado en la facultad que tiene el Congreso para sostener la investigación científica, en el marco del artículo 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI buscará e impulsará los mecanismos de estudio, cooperación, vinculación, intercambio, promoción, apoyo con instituciones nacionales y extranjeras, que permitan elaborar y presentar proyectos que se orienten hacia la exploración y explotación de los recursos marinos, en beneficio de la economía nacional.

Es el momento de que en el Congreso resaltemos la trascendencia de nuestros mares, ya que representan una fuente incalculable de riqueza por la enorme cantidad de recursos que se encuentran en ellos. La adecuada explotación de éstos y su buena administración, reforzarán la soberanía nacional sobre el área.

El PRI siempre ha tenido como bandera la defensa de nuestra soberanía, y la entiende como el derecho inalienable y exclusivo de los mexicanos para dar rumbo al desarrollo de México. Por ello, los priistas refrendamos el compromiso de defensa de la soberanía sobre los mares, islas, esteros y lagunas, así como la explotación de sus recursos naturales única y exclusivamente por mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, envía al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se apruebe un presupuesto de 50 millones de pesos para la creación de un fondo nacional para investigación oceanográfica, con el fin de impulsar la investigación oceanográfica nacional, coadyuvar en el aprovechamiento adecuado de los recursos marinos, así como solventar parte de los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad, considerada como prerrogativa para el desarrollo y para la seguridad e interés nacionales.

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública otorgue una partida por 50 millones de pesos para la creación de un fondo nacional para investigación oceanográfica, con el fin de impulsar la investigación oceanográfica nacional, así como solventar parte de los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad.

Segundo. Formar un comité de vigilancia, integrado por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Marina, de Pesca, de Ciencia y Tecnología, y de Energía de la Cámara de Diputados; por el coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México; y por un representante de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina. La función de este comité será vigilar, auditar y discutir el destino de los recursos del presupuesto asignado.

Tercero. Para evaluar y asignar los recursos financieros y la utilización del tiempo de los buques, se formará un comisión académica interinstitucional, integrada por científicos y académicos reconocidos en la comunidad oceanográfica nacional, que representen a las instituciones de investigación oceanográfica de México, la cual deberá realizar un proyecto de actividades en el que se incluya la realización de foros, con el fin de conocer alternativas de solución.

La comisión será coordinada por la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina, por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Coordinación de la Investigación Científica, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y un representante de la Cámara de Diputados.

Esta comisión, recibirá y evaluará los resultados que se obtengan por las investigaciones realizadas, proporcionará información a las instituciones públicas e institutos de investigaciones que lo soliciten, además de brindar los elementos que contribuyan a la elaboración de un plan rector de desarrollo de las actividades marítimas a corto, mediano y largo plazos para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Cuarto. Los recursos serán depositados en la Tesorería de la Federación, y serán asignados, vigilados y auditados por el Comité de Vigilancia. La Comisión Académica Interinstitucional presentará programa de trabajo y presupuesto de egresos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para su aprobación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para construir el Puente Vado, sobre el río San Juan, en Nuevo León, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados y las diputadas que firman al calce, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una condición necesaria para impulsar el desarrollo pleno de las localidades, regiones o países es sin duda la infraestructura en comunicaciones, tales como carreteras, caminos y puentes. Contar con vías de comunicación adecuadas, seguras y ágiles ha sido un justo reclamo de cualquier sociedad. Los gobiernos han realizado enormes esfuerzos y canalizado cuantiosos recursos a este tipo de infraestructura, ya que este tipo de servicios ha propiciado que en sus naciones se hable de superación y de bienestar para su población.

En México, este gran esfuerzo también se ha llevado a cabo a lo largo de muchas décadas para transformar el país mediante la construcción de una infraestructura de considerables dimensiones, particularmente en el ámbito de las comunicaciones, lo que ha permitido estimular favorablemente el desarrollo regional en todas sus acepciones, de manera muy señalada en los temas económicos y sociales, que están estrechamente ligados a la facilidad y oportunidad que tengan los productores de miles de comunidades para poder transportar sus productos y tener acceso a los servicios más elementales, como la educación y la salud. Sin embrago, debemos reconocer que el esfuerzo no ha sido suficiente y faltan muchas obras por realizar.

Los caminos y puentes que unen comunidades rurales, son la base de la infraestructura de transporte en México, porque contribuyen a la integración económica, social y cultural de los pueblos. Es una infraestructura de la mayor relevancia, ya que son redes de comunicación permanente entre los centros de población y los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural, también permiten el acceso de la población campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo regional.

Coadyuvan a mejorar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, e impulsan la integración social y productiva. De ahí la importancia de fortalecer presupuestalmente los proyectos para la construcción de caminos y puentes que los municipios de nuestro país requiere.

La accesibilidad es un factor importante para integrar socialmente a la población que vive en regiones apartadas; quizá muchos, desde una óptica equivocada ven a su incorporación poco rentable, sin embargo, bajo una visión social integral, las inversiones y los recursos se justifican si ello conlleva a proporcionar a las regiones un mejor equipamiento, y un consecuente incremento en el nivel de bienestar.

El municipio de Los Ramones, Nuevo León requiere con urgencia la construcción del Puente Vado sobre el río San Juan que comunica a Las Enramadas con Hacienda El Porvenir, cuya construcción es indispensable a la brevedad por la necesidad de una comunicación rápida entre estas comunidades con la cabecera municipal, además de que con este se ahorraría tiempo en el traslado de los alumnos de secundaria y preparatoria que habitan dichas comunidades y asisten a sus respectivos planteles ubicados en la cabecera municipal.

Cabe señalar, que ya se cuenta con el proyecto de obra que se divide en tres etapas; preliminares, subestructura, estribos y pilas y superestructura y cuyo costo total asciende a 8 millones 884 mil 681.85 pesos.

Por ello, y con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores que firmamos al calce sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incorporar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 una partida específica para la construcción del puente vado sobre el río San Juan, en el municipio de Los Ramones, Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de diciembre de 2006.--- Diputad Ana maría Ramírez Cerda (rúbrica).»

Anexo Estudio Presupuestal y Datos Técnicos

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para garantizar la aplicación de programas permanentes de lucha y reducción de la tasa de muertes maternas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Las suscritas, diputadas federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesadas en garantizar a las mujeres mexicanas la debida atención para reducir los índices de mortalidad por causa de maternidad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

En el marco del derecho positivo mexicano, conforme el artículo 4, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por ello la normatividad secundaria a este dispositivo fundamental definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud en concurrencia con la Federación y las entidades federativas por ser el tema relativo a la salubridad general uno de los objetivos esenciales de atención dentro del Plan Nacional de Desarrollo que corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la administración pública centralizada eficientizar y resolver de manera imperante a fin de garantizar a toda la población la adecuada prevención y atención médica.

Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud está obligada a ejecutar en forma cuantitativa y cualitativa el otorgamiento de los servicios mínimos básicos, priorizando el aspecto materno-infantil y la debida planificación familiar conforme al Catálogo de Insumos elaborado por el Consejo de Salubridad General, órganos que en el orden del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal para el 2007 refleja una clara desigualdad y falta de conciencia por sensibilizar a las autoridades sanitarias a promover con protección específica la debida ejecución de diagnósticos tempranos.

Los dictámenes médicos efectivos que permitan a las mujeres contar con una debida atención ginecológica, que les proporcione un tratamiento oportuno en las clínicas de salud publica como lo concibió el legislador en las metas trazadas por los artículos 3, fracción VII, 48 y 61 de la Ley General de Salud, relativos a la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, la promoción de la integración y bienestar físico mediante del mejoramiento de la calidad de la vida humana que contribuyan al desarrollo social son aspectos que no han sido atendido de manera eficiente en las políticas de Estado, ni debidamente atendidas a través de una planeación sanitaria adecuada en su ramo que de manera responsable y comprometida con la sociedad satisfaga las necesidades de la colectividad.

Como podemos apreciar, en ningún tiempo estamos considerando que estamos frente a un deber que se sitúa en el marco de la problemática nacional que deba estar sujeta a la vigencia de una norma transitoria anual como lo es el caso del presupuesto de egresos, sin embargo tampoco podemos señalar que exista la suficiente cultura de la educación sanitaria o la capacitación humana necesaria en los centros de salud pública que atienda el reclamo social de revertir la tendencia de acrecentar la tasa de mortalidad de mujeres que demandan les son negados los servicios de maternidad gracias a una falta de conciencia que fomenta la discriminación, mermando la capacidad de las mujeres para revertir los indicadores marcados por una profunda desigualdad social relacionada con la pobreza, la ineficacia en los servicios de salud que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.

Basta darnos cuenta de que en México anualmente ocurren alrededor de 4 millones 200 mil embarazos, de los cuales sólo llegan al alumbramiento un 60%, dado que aproximadamente el 40% restante, terminan en abortos espontáneos o inducidos, lo cual acrecienta la tasa de mortalidad materna que hoy por hoy representa la cuarta causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva; cifra que parece no tender a modificarse durante los últimos diez años en doce de las entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Durango, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Baja California, el Distrito Federal y Querétaro.

Conforme a estas experiencias la tendencia a disminuir la cifra, por desgracia no es una realidad digna de informarse en esta tribuna, por ser un aspecto vergonzoso aceptar que el flujo de defunciones va en aumento dado que la magnitud del problema es ignorado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ya que por cada muerte materna, alrededor de 30 mujeres quedan con lesiones irreversibles en su salud después del parto, situación que de ningún modo demuestra un marco de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos de manera integral o que estemos en presencia de un Estado debidamente dotado de políticas basadas en la visión de género.

Por ello, las legisladoras hacemos un llamado a esta honorable asamblea a adquirir conciencia en el fomento al respeto de los derechos individuales de las mexicanas, trabajando para el mejoramiento de las políticas públicas que obstaculizan el avance hacia la equidad y la igualdad de oportunidades para acceder a la salud y calidad de vida, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos en lo concerniente al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con calidad, mediante una información veraz y científica sobre planificación familiar el acceso a los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, instando a la Secretaria de Salud a realizar su trabajo mediante la aplicación de recursos federales suficientes en la operación efectiva de las políticas transversales que garanticen a las mujeres el pleno goce de sus derechos, ya debidamente plasmados en la Ley Fundamental.

Por lo expuesto, y fundado en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 destinar recursos suficientes para garantizar la aplicación de programas permanentes para la lucha para reducir la tasa de muertes maternas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para implantar un programa emergente que atienda los efectos colaterales provocados por el huracán Stan en Chiapas, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Deseamos sensibilizar a los integrantes de esta honorable cámara y a las autoridades del gobierno federal sobre la necesidad de apoyar a los compañeros productores de café que realizan una actividad económica en la que se ven beneficiados millones de personas.

El café de Chiapas ha dado prestigio a nuestro estado y a México en el mundo, el café orgánico representa el 30 por ciento de la producción del estado, esta variedad no causa perjuicio al entorno ambiental y a los consumidores, por lo que es mayor su valía.

Las secuelas del huracán Stan siguen vigentes en el estado de Chiapas. A dos años de la tragedia todavía hay comunidades y sectores de nuestro estado que no se han recuperado de las consecuencias que dejó el paso del meteoro.

La economía del estado no se ha recuperado del todo. Esta situación se ha visto de manera más dramática con los productores de café. Las regiones cafetaleras del Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca y Sierra sufrieron cuantiosas pérdidas materiales y económicas que han provocado que la cosecha para esta año haya disminuido sensiblemente.

Es necesario resaltar que en estas 4 regiones cafetaleras sufrieron afectaciones 29 municipios del estado que realizan esta actividad, lo que hace más urgente que se tomen acciones para hacer frente a esta situación.

La forma en que se siembra y cultiva el café permitió que éste sirviera de contención para que el daño a otro tipo de cultivos que se siembran en tierras bajas y en centros de población fuera menor.

Las estimaciones que hicieron los productores en el 2005 de las pérdidas sufridas ascienden a 2 mil 500 millones de pesos, considerando las plantaciones, la infraestructura, la cosecha pero sobre todo el daño a mediano y largo plazo a todo el entorno ecológico que a la siembra del café va aparejado.

Es muy importante destacar que la cafeticultura es una actividad que se nutre del medio ambiente y que lo enriquece, ya que por ejemplo, al ser sembrado en las laderas requiere la sombra que generan los árboles, y en ellos, vive una gran diversidad de flora y fauna, por lo que las zonas cafetaleras son en sí mismas grandes reservas ecológicas que benefician no sólo a los productores de café sino a la humanidad en conjunto porque dichas zonas son reservas de biodiversidad.

El proceso de cultivo y cosecha del café requiere varios años para su maduración. En promedio podemos señalar que mínimo son 4 años para poder tener una planta madura que brinde un producto de calidad. De ahí que las pérdidas en esta actividad no puedan ser resarcidas en sólo un año.

Para el ejercicio fiscal de 2005 se aprobaron recursos para un programa emergente que resarciera parcialmente el daño sufrido en los cafetales. Dicho programa fue instrumentado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Fondo para a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.

Aunque este programa sirvió para paliar el problema, no ha sido suficiente para solucionarlo.

En el presente ejercicio fiscal se destinaron ciento cincuenta millones de pesos para ayudar a los productores. Pero dada la magnitud de los daños, dicha cifra aún es insuficiente.

Por lo tanto, en el presente Punto de Acuerdo proponemos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que establezca nuevamente el programa emergente de atención a los cafeticultores afectados por el huracán Stan en el ejercicio fiscal 2007, y que ésta Honorable Cámara de Diputados asigne los recursos para el mismo.

Consideramos que es necesario destinar al menos 200 millones de pesos en el Presupuesto de 2007, para que los productores cafetaleros sean apoyados y que estos recursos sirvan para recuperar la producción cafetalera que se destina tanto al mercado nacional como a las exportaciones.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que constituya nuevamente el programa emergente de atención a los cafeticultores afectados por el huracán Stan en el estado de Chiapas.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados aprueba destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 para dicho programa al menos 200 millones de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputado Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del PNA

La suscrita, diputada federal Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano no está produciendo los alimentos que México necesita, pudiera ser por la falta de apoyos a los productores, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que no lo han recibido de manera oportuna y suficiente. Pero también, por el fracaso de las políticas públicas que se han empleado para este sector.

Los jóvenes del campo, que quieren un futuro mejor, se han visto obligados a emigrar principalmente a los Estados Unidos donde, paradójicamente, van a trabajar en actividades agrícolas en su mayoría, a producir a otro país. Es una realidad que lastima y una desgracia para el campo mexicano.

Es urgente que la planeación para el sector agropecuario tenga los elementos estadísticos veraces y oportunos, actualizados y cercanos a la realidad. Ningún gobierno podrá ser eficiente si no cuenta con información que refleje de manera muy sensible la realidad nacional. Por eso es tan importante contar con los insumos estadísticos para evitar errar en la planeación, para un buen proveer a este sector de los recursos suficientes y oportunos que requiere.

Otro problema es la improvisación de los proyectos productivos para el sector agropecuario, por quienes toman las decisiones, que los ha llevado a cometer errores.

Por esa razón, es urgente contar con el censo agropecuario. No es posible que lo que se esté planeando se haga con información que no corresponde a la realidad. El último Censo, el VII, que el gobierno hizo fue hace 15 años, en 1991. El VIII Censo Agropecuario se debió haber hecho hace cinco años, desconociendo los motivos del por qué no se ha llevado a cabo.

En la pasada Legislatura ésta H. Cámara de Diputados aprobó 813 millones de pesos en el presupuesto del presente año. Recursos insuficientes de acuerdo al INEGI, institución que por ley es la responsable de hacer los censos en nuestro país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), promueve la realización de censos agropecuarios nacionales. Recomienda que estos censos, además de recoger los datos estructurales convencionales sobre las explotaciones familiares, incluyan datos socioeconómicos a nivel de las comunidades locales.

Entre los nuevos datos a nivel de comunidad destacan la vulnerabilidad ante los desastres naturales y la disponibilidad de servicios como carreteras, electricidad, asistencia sanitaria, escuelas, mercados y proveedores de insumos agrícolas, así como la existencia de organizaciones de campesinos.

La FAO ha diseñado una nueva ronda del censo agrícola (denominada ronda 2010) para ayudar a los países a evaluar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM) a través de sus programas estadísticos nacionales.

Por ejemplo, el contar con datos precisos y actualizados ayudará a entender la repercusión de los cambios en el sector agrícola sobre la seguridad alimentaría de las familias. Así se contará con indicadores sobre los pasos realizados para alcanzar el primero de los Objetivos del Milenio: erradicar el hambre y la pobreza extrema.

La información ayudará a los responsables de la planificación a entender mejor los motivos de la escasa asistencia escolar, en especial en las zonas rurales.

Las cifras sobre el papel de las mujeres en la agricultura y su participación en actividades económicas no agrícolas pueden arrojar luz sobre las pautas sociales y culturales existentes.

La información sobre los regadíos, la degradación del suelo, los bosques, el uso de fertilizantes minerales y pesticidas, ayudará a los gobiernos a una mejor vigilancia sobre las cuestiones medioambientales.

Recomienda que, además de la información a nivel de comunidad, el censo incluya elementos como la degradación del suelo, el riego según el tipo de cultivo, métodos y recursos hídricos en el regadío, prácticas y servicios agrícolas, características demográficas y sociales, seguridad alimentaría de las familias, acuicultura y actividades agroforestales.

Desde 1930 en nuestro país la generación de la estadística agropecuaria y forestal tiene una larga tradición y ha permitido disponer de un soporte básico para conocer la situación que prevalece en el sector y adoptar decisiones al respecto.

El VIII Censo Nacional Agropecuario es una demanda urgente que debe ser atendida, al representar el insumo fundamental para la planeación de las políticas públicas del sector. Nos habrá de decir cómo se encuentra el campo a más de una década de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de las reformas al artículo 27 Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 recursos económicos suficientes para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Segundo. Se exhorta a las comisiones ordinarias del sector rural de esta honorable Cámara de Diputados, a que en uso de sus atribuciones, incorporen en su dictamen de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación el monto requerido para el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos suficientes y etiquetados para mujeres, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. El progreso de todas las sociedades está directamente vinculado al avance de sus mujeres: mayor desarrollo para las mujeres se traduce en mayor desarrollo para el país.

2. De acuerdo con el Informe Estado Mundial de la Infancia, dado a conocer el pasado 11 de diciembre por Unicef, ``la igualdad entre los géneros permitirá obtener la autonomía y la superación de la pobreza, además de la de sus hijos, familias, comunidades y países. La igualdad entre los géneros no sólo es adecuada desde el punto de vista moral, sino también es fundamental para el progreso humano''.

3. A pesar de que en México supuestamente todas las personas gozamos de igualdad jurídica, en los hechos prevalece la subordinación y discriminación por razones, entre otras, de sexo. En realidad nos enfrentamos a un igualitarismo formal. Para tutelar la igualdad sustantiva se requieren medidas específicas que vayan más allá del diseño de políticas y programas, se requiere además de dotarles de recursos suficientes que garanticen su aplicación y efectividad. El presupuesto público que se presenta sin mencionar específicamente a mujeres y hombres, puede parecer neutral respecto al género, pero si no toma en cuenta necesidades de los distintos grupos poblacionales necesariamente reproduce la inequidad existente en las relaciones de género.

4. ``Un presupuesto elaborado con perspectiva de género es un presupuesto que refleja que las políticas públicas son elaboradas con este enfoque y no sólo eso, sino que también permite que la sociedad civil monitoree y evalúe las acciones de gobierno, por lo que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno'' señala Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC.

5. Garantizar la equidad entre los géneros pasa necesariamente por destinar recursos específicos que permitan atender los rezagos que padecen las mujeres en por lo menos tres materias básicas: salud, educación y contra la violencia. Con ellos, habrá que atender además a la promoción de programas específicos que permitan la protección del medio ambiente con el cual están directamente vinculadas las comunidades rurales y en donde las mujeres en específico tienen un papel preponderante. Las mujeres sanas, con buen nivel de instrucción educativa, productivas y libres de violencia promueven el desarrollo de sus comunidades y, con ellas, del país.

6. El gobierno federal ha reconocido la estrecha relación existente entre el medio ambiente y las mujeres al proyectar el ``Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad'', impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al respecto expresa que:

``La Semarnat está conciente de que existen diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres respecto al acceso, control, uso, manejo y beneficio de los recursos naturales, así como en la oportunidad para tomar decisiones, y en la responsabilidad frente a la conservación ambiental. Estas diferencias y desigualdades han colocado, en muchos casos, en condiciones de desventaja a las mujeres. Por ello, la política ambiental debe promover acciones que aseguren la equidad entre los géneros y acciones afirmativas en favor de la población femenina, con el fin de evitar que las diferencias y desigualdades se profundicen''.

7. México ha suscrito Convenciones Internacionales, entre las que se encuentra la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (CEDAW), en la que se compromete, en su artículo 12:

``1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia''.

8. Por otra parte, México ha suscrito un compromiso con la Conferencia Internacional de Parlamentarios 2006 sobre la Implementación del Programa de Acción de La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en Bangkok, Tailandia los días 21 y 22 de noviembre del año en curso, en donde por conducto de la suscrita, nos comprometimos en el punto 18 de la Declaración de Bangkok a:

Nos comprometemos a:

a) Dedicar al menos un 10 por ciento de los presupuestos nacionales de desarrollo y de los presupuestos de asistencia al desarrollo a programas de población y salud reproductiva, inclusive los de prevención del VIH y el sida, y especialmente a servicios de planificación de la familia y productos de salud reproductiva.

9. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobada en el presente año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de agosto, señala la obligatoriedad del estado para destinar recursos específicos para el cumplimiento de la Política Nacional en materia de Igualdad:

``Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente.

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal:

VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad,..''

10. Por otra parte, para que nuestra labor legislativa cuente con todas las herramientas posibles para cumplir las obligaciones del Estado Mexicano de pugnar por alcanzar la equidad entre los géneros, se ha creado el Centro de Estudios para el Avance de las Mujeres y la Equidad de Género en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se hace indispensable fortalecer todos los esfuerzos por impulsar el avance de las mujeres y, en concordancia con el espíritu de la Legislatura pasada de crear éste centro como apoyo para diputados y diputadas interesadas en legislar a favor de las mujeres, es menester dotarle también de los recursos que garanticen su correcto funcionamiento, lo que repercutirá, sin lugar a dudas, en beneficios directos para diputados y diputadas de la presente legislatura y, con ellos, para la ciudadanía a la cual representamos.

11. En el tenor del considerando anterior se encuentra la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados que ha demostrado con creces su efectividad, ya que a partir de su creación se han visto avances significativos en materia legislativa a favor de la equidad entre los géneros. Nunca en la historia del Poder Legislativo de nuestro país se había legislado tanto a favor de la equidad entre los géneros, como a partir de la creación de la Comisión para la que ahora solicitamos se destinen recursos suficientes.

12. Además de los organismos ya señalados, en materia de violencia hacia las mujeres el gobierno mexicano ha sido objeto de múltiples observaciones y recomendaciones hechas por organismos internacionales defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional, en donde la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez no ha sido resuelta. Aún más, ha puesto en relieve el hecho de que en todo el territorio nacional hay homicidios contra mujeres con características similares. Este sigue siendo un punto débil en la garantía de seguridad que el estado debe a sus gobernados. En este rubro, no se puede desconocer el avance que significó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres en el País, dependiente de la Procuraduría general de la República. Resolver de fondo los homicidios de mujeres en el país requiere contar con equipo técnico, oficinas regionales, materiales de investigación criminológica: reactivos, operación de laboratorios, sustancias químicas, etc. Se requiere además dotarle de recursos para la investigación ministerial, equipo informático y adecuación de Centros de Atención especializados. Todo esto hace indispensable un aumento al presupuesto destinado a ésta fiscalía.

Punto de Acuerdo

Artículo Único: Se destinan, de los ramos: 1, Poder Legislativo; 4, Gobernación; 6, Hacienda y Crédito Público; 11, Educación; 12, Salud; 16, Medio Ambiente; 17, Procuraduría General de la República; 20, Desarrollo Social, etiquetados para mujeres, de acuerdo con las cantidades determinadas en el siguiente cuadro:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil seis.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que no prevea ningún aumento de la dieta de los diputados en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal por el estado de Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados estipula en la fracción IV de su artículo 74 que: El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para su aprobación. Como representantes del Poder Legislativo, encargado de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, exigimos de los otros dos Poderes de la Unión la aplicación de una política económica prudente y responsable, basada en la austeridad republicana y la transparencia en la utilización de los recursos financieros.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en el inciso d) del artículo 34: ``A la Junta de Coordinación Política le corresponde presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara''. La Junta de Coordinación Política, al ser la expresión de la pluralidad que compone la Cámara, y desde donde se impulsan el entendimiento y la convergencia necesaria para llegar a acuerdos, aprobó un aumento de 4 por ciento, el cual representa el índice inflacionario esperado para 2006.

El aumento propuesto por la Junta de Coordinación Política, en su anteproyecto de presupuesto para la Cámara de Diputados, no debe ser consentido por nosotros, no podemos defender este incremento, argumentando que solo se trata, de un aumento que obedece a la inflación de 4 por ciento que se espera para el año que concluye, y que, por tanto, no representa de ninguna manera, un incremento real al sueldo que recibimos como diputados; los ciudadanos reclaman nuestra solidaridad para con ellos, no es ético aprobarnos un aumento --aunque sea justificado-- cuando podemos, y debemos destinar estos recursos a la atención de los más necesitados.

En la última encuesta acerca de nuestro desempeño como legisladores, publicada por el CESOP, una tercera parte de los mexicanos encuestados nos ubica como generadores de conflictos; asimismo, cuando les pidieron a los encuestados su calificación a nuestro trabajo, apenas si alcanzamos un seis, lo que en lenguaje coloquial se conoce como pasar de panzazo; más de la mitad de los mexicanos no confían en nosotros como diputados, ni en la institución a que representamos, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, para que consideren mi propuesta, señalo a mi parecer la razón mas alarmante para aprobar este punto de acuerdo, y es el hecho de que 70 por ciento de los mexicanos consideran que no se han visto beneficiados con el trabajo que realiza el Poder Legislativo. No sé cuán justa sea la percepción que se tiene de nosotros, pero en nuestras manos esta la posibilidad de revertirla.

Con el trabajo solidario de todos, con nuestra capacidad para poner por encima de los intereses particulares o de grupo, el interés general y la búsqueda del bien común, lograremos proyectar una imagen positiva de la LX Legislatura, que está para servir a México.

Somos conscientes, y celebremos la pluralidad de visiones que enriquecen el quehacer parlamentario, y es nuestra obligación encontrar los comunes denominadores que nos permitan llegar a acuerdos para la construcción del México de la paz y la justicia.

El debate parlamentario debe estar muy por encima de visiones maniqueas, que en nada contribuyen a la búsqueda de acuerdos para el bienestar de los mexicanos.

Muy apreciables compañeras y compañeros: sé que a todos los aquí presentes nos anima el espíritu de servicio a la sociedad.

Sé que durante nuestras campañas, en ese contacto directo con la población, conocimos y sentimos sus más dolorosas, y sentidas necesidades.

Sé que quienes confiaron su voto en nosotros, esperan nuestra solidaridad y trabajo; no debemos ni podemos fallarles mostrando indiferencia, ante sus reclamos.

En días próximos nos encontraremos revisando, modificando y aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación, ¿Cómo podremos tener la calidad moral para exigir de los otros dos Poderes de la Unión austeridad y transparencia en su gasto corriente sino predicamos con el ejemplo?

Sería preocupante que, a unos meses de haber concluido el proceso electoral, no fuéramos capaces de practicar la congruencia, y de reconocer que nuestra actual dieta es suficiente para el sustento decoroso de nuestras familias. En este sentido debemos pensar y razonar que millones de mexicanos viven con un escaso ingreso que los mantiene sumidos en la pobreza extrema.

No hay que olvidar las promesas hechas en campaña a los ciudadanos que votaron por nosotros, su voto fue para que trabajáramos, desde el Congreso, en los cambios que el país necesita y, no para llegar, y a los tres meses subirnos el monto de nuestra dieta. Triste carta de presentación, seria, el aprobar ese aumento, que de antemano el pueblo repudia por injusto.

Debemos ser conscientes que el servicio público es una vocación que se vive, este no tiene una finalidad de lucro, todo lo contrario, debe cumplir a cabalidad los principios de disciplina y austeridad, y además, tiene como premisa la mística de servicio al pueblo de México. El servicio público nunca más se debe usar como medio para enriquecerse, debe por el contrario procurar enaltecer a la persona humana, no olvidemos que estamos aquí para servir y no para ser servidos.

Compañeras y compañeros: no debemos hacer del Presupuesto un motivo para exigir austeridad al Poder Ejecutivo y Judicial, cuando nosotros no somos capaces de practicar esta austeridad republicana. No podemos ser sordos a la exigencia de la sociedad que solicita que el monto total de los sueldos y las remuneraciones de todos los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión sean austeros y transparentes. México requiere de nuestro trabajo y sacrificio solidario para el bienestar de las futuras generaciones.

Hago un llamado a la conciencia y espíritu patriota de todos los aquí presentes, porque se que anida en nosotros el propósito de la prosperidad de nuestra patria.

Seguro estoy de que verán con agrado la propuesta, y que su aprobación les proporcionara una legítima satisfacción.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no se incluya ningún aumento a la dieta que recibimos cada uno de los diputados federales.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación, y aprobación del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no se apruebe ningún aumento a las dietas o demás apoyos económicos que los diputados federales reciban como remuneración.

Finalmente, diputado Presidente, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo, por considerarse de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se considere un aumento para la Conagua, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscribimos diputados federales Lourdes Alonso Flores, Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición, a efecto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Recursos Hidráulicos y a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, consideren un aumento presupuestal a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que estos sean destinados para la ejecución de obras y a la aplicación de acciones, mediante programas de inversión en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que permitan resolver la problemática en materia de abasto y saneamiento del agua en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior bajo los siguientes:

Antecedentes y Considerandos

1. Dentro de las mediciones que para el desarrollo humano existen, destacan 4 vertientes en las que coinciden los estudiosos del tema, siendo indispensables para el desarrollo integral de las personas, las siguientes directrices: el adecuado acceso al agua, contar con una buena alimentación, propiciar el desarrollo de capacidades y tener una vivienda digna.

2. De acuerdo al Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos presentado por la UNESCO con motivo de la celebración del Año Internacional del Agua Dulce (en el año 2003), 1,800 millones de habitantes sufren la escasez del vital liquido, cifra que tiende ir en aumento por el constante crecimiento de: la población, la contaminación y el cambio climático.

3. De acuerdo con estimaciones oficiales casi tres cuartas partes de la población recibe una dotación inferior a la mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud que es de 150 a 170 l/hab/día, además que la calidad de la misma ha sufrido deterioro debido a la contaminación que produce la infiltración de descargas sin tratamiento y lixiviados de industrias y tiraderos de basura.

4. Lo anterior no obstante a que la mayor parte del planeta es agua, de esta el 97.5% es agua salada, lo que significa que solamente el 2.5 restante es agua dulce, misma que se encuentra en los continentes, es así como el total de agua dulce en nuestro planeta es de 39 millones de km³, de los cuales 29 millones de km³ se encuentran en estado sólido en los casquetes polares y glaciales, 5 millones de km³ son agua subterranea y los otros 5 millones corresponden a aguas superficiales.

5. Datos que no podemos dejar de mencionar, debido a que en nuestro país como en el resto del mundo, el agua se percibe como un recurso de valor ilimitado, debido a la relación que ha guardado con toda actividad económica y social a lo largo de la historia de la humanidad.

6. En la actualidad, suministrar este vital líquido para satisfacer las necesidades de la población y distribuirla equitativamente, representa uno de los retos más grande que todo gobierno debe afrontar, ya que en estudios realizados por el Banco Mundial el 25% de la población del mundo carece de una vía directa de los servicios de agua potable. En los países desarrollados los niños consumen de 30 a 50 veces más que en los países en vía de desarrollo, situación que se agrava aún más en las grandes ciudades, con un crecimiento poblacional desordenado, ya que en 1950 existían en el planeta alrededor de 2,500 millones de habitantes, número que fue duplicado en menos de 50 años. Para el 2005, la Organización de las Naciones Unidas estimó la población mundial en 6,500 millones de habitantes. Para el 2015, se calcula que la población mundial rebasará los 7,200 millones de habitantes, casi tres veces más de la que existía en 1950.

7. De este fenómeno poblacional la República Mexicana no ésta exenta, ya que de acuerdo con los resultados del Conteo 2005 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), para este año 13 entidades de nuestro país poseen el 69.9% de la población y en sólo 5 zonas metropolitanas, que abarcan 118 municipios, se concentra el 29.7% de la población, es decir 30.7 millones de habitantes, asimismo define a las zonas metropolitanas como la extensión de la superficie total de los municipios en los que se ubican las ciudades y localidades urbanas del área metropolitana, formándose éstas últimas cuando al núcleo original se incorporan localidades de diferentes Municipios o Estados y su población supera los 100 mil habitantes.

8. Particularmente en la cuenca del Valle de México se localiza una de las concentraciones urbanas-industriales más grande del mundo, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, misma que se encuentra conformada por las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y 35 municipios del estado de México (datos reconocidos por el INEGI), alberga cerca de 20 millones de habitantes, es decir aproximadamente el 20% de la población total del país, en una superficie de 4'979 km², es decir menos del 0.5% del Territorio Nacional, acumula el 45% de la industria nacional y con las variadas y diversas ocupaciones se genera el 40% del PIB nacional.

9. El crecimiento exponencial desordenado e incontrolado de la capital de la República Mexicana ha generado la disminución y perdida del patrimonio natural que la rodeaba, generando con ello el aumento de las demandas de agua. La sobreexplotación local de los acuíferos del valle que se hizo evidente hacia mediados del siglo pasado y más adelante su sobreexplotación generalizada, han traído como consecuencia fuertes abatimientos en los pozos de abastecimiento y su frecuente reposición, degradación progresiva de la calidad del agua, hundimientos y agrietamientos del suelo junto con la necesidad de importar agua de otras cuencas (Alto Lerma y Cutzamala); solamente entre los años 30 y 40 el hundimiento del subsuelo de la Ciudad de México se incremento notablemente (10 metros acumulados en el Zócalo y hasta 40 cm por año en el sureste del valle), debido a la excesiva extracción de aguas subterráneas por medio de pozos y norias.

10. En respuesta a tal situación durante la segunda mitad del siglo pasado, se realizaron grandes obras de abastecimiento a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para satisfacer la creciente demanda de los sectores urbano e industrial y mitigar la sobreexplotación de los acuíferos. Fue por ello que ha principios de la década de los 50 se puso en operación el Sistema Lerma que llegó a aportar, en los años 70 hasta 13,700 l/s del agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México la cual abarcaba para ese entonces el Distrito Federal y 11 municipios del estado de México.

11. Haciéndose nuevamente necesaria la búsqueda de fuentes alternas de abastecimiento, frente a este problema en 1972 la entonces Comisión de Aguas del Valle de México realizó estudios de las cuencas Cutzamala, Tecolutla y Oriental Libres al este, Amezcua al Sur y Tula (Taxhimay) al norte de la Zona Metropolitana del Valle de México, con proyecciones de aportación de estas últimas cuatro de 15, 7, 11 y 2.5 m³/seg. respectivamente, pero fue la cuenca del río Cutzamala la que disponía de las mejores condiciones en cuanto a calidad del agua y caudales existentes y que solamente se requería realizar un cambio de uso de generación eléctrica al suministro de agua potable, que no ocasionará perjuicios la región, concibiéndose en esos momentos como uno de los proyectos de mayor magnitud a nivel mundial al conjugar carga, volumen y distancia de recorrido

12. Los sistemas Lerma y Cutzamala evitaron que la sobreexplotación se incrementara en forma acelerada; sin embargo, en los últimos 30 años debido a su sobreexplotación los impactos persisten y se agudizan (se han minado un volumen no renovable del orden de 25 mil millones de m³)

13. Actualmente para la Zona Metropolitana del Valle de México se dispone de un abastecimiento de agua potable de 61,000 l/s de los cuales, 39,700l/s provienen del subsuelo del Valle de México 14,700 l/s del Sistema Cutzamala, 5,100 l/seg del Sistema Lerma y 1100 l/s de aprovechamientos superficiales como la presa ``Madín'' y los manantiales del propio valle.

14. Del abastecimiento total a la Zona Metropolitana del Valle de México la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala suministran un promedio de 22.700 l/s (37%) mediante la operación del Sistema Cutzamala y del sistema de pozos denominado ``Plan de Acción Inmediata'' (PAI). Éste último está conformado por 217 pozos, distribuidos en 7 ramales ubicados en el DF y en los estados de México e Hidalgo, por ocho acueductos con una longitud superior a los 200 km, seis plantas de bombeo, la presa y planta potabilizadora ``Madín'' y la planta de remoción de fierro y manganeso.

15. El Sistema Cutzamala inicio su operación en 1982. Lo integran las presas Villa Victoria, Valle de Bravo, Tuxpan, El Bosque, Ixtapan de Oro, Colorines y la Chilesdo. El gasto (caudal) del proyecto de sus tres primeras etapas fue de 19 m³/seg en los que se incluía la recuperación de las fugas de la presa El Bosque y se dejaban unos 3 m³/seg. a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) para la generación de picos en las plantas hidroeléctricas, durante los últimos lustros se ha registrado una disminución de los escurrimientos de la cuenca. El gasto aprovechable se redujo en cerca de 1 m³/seg. A pesar de que la CFE a renunciado al gasto destinado a esta dependencia.

16. La sobreexplotación actual de 28.0 m³/s está provocando una disminución del almacenamiento y el abatimiento de los acuíferos que afecta gravemente a los pozos y su operación. De seguir al ritmo actual (del orden de 1 m por año) amenaza con provocar un colapso de la principal fuente de abastecimiento de la ZMVM, generándose problemas de calidad en el agua

17. En la actualidad la 3ª etapa construida del proyecto Cutzamala, opera con un caudal promedio de 15.5 m³/seg. por lo que la rehabilitación y adecuación del sistema para asegurar el caudal de 19 m3/seg. constituye una acción impostergable.

18. Asimismo es necesaria la ejecución de los proyectos de ordenamiento, restauración de cuencas, drenaje y saneamiento y el desarrollo de la 4ª etapa del Sistema Cutzamala ``Temascaltepec''; con una inversión total que asciende a 50,000 millones, es decir, las acciones en materia de abastecimiento de agua, 21,500 millones, representando el 43% de la inversión y significa un costo de 4.98 por metro cúbico incorporado o recuperado en el sistema regional que incluye las obras pospuestas por falta de recursos financieros para rehabilitar y adecuar el Sistema Cutzamala, lo anterior sumado a los 28,500 millones que se requieren para implementar acciones de restauración de cuencas reforzamiento de drenaje troncal y las macro-plantas de tratamiento, constituye un monto sin precedentes. La inversión prevista a 10 años plazo, es del orden de 5,000 millones por año (adicionales a los costos de operación), inversión que solamente representa el 0.2% del PIB generado en la cuenca, cifras que respaldó el director general de la Comisión Nacional de Aguas, durante el IV Foro Mundial del Agua.

19. Es impostergable destinar los recursos financieros necesarios para asegurar la sustentabilidad, en correspondencia con la importancia de la región, para lo cual no solamente se requiere de la suma de voluntades y disponibilidad de todas las instancias involucradas, sino que además se deben que atender las necesidades locales actuales y futuras.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado es que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Recursos Hidráulicos y así como a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, consideren un aumento presupuestal a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que estos sean destinados para la ejecución de obras y la aplicación de acciones, mediante programas de inversión en la Zona Metropolitana del Valle de México, que permitan resolver la problemática en materia de abasto y saneamiento del agua en el corto, mediano y largo plazo.

Segundo.Que por conducto de la Mesa Directiva se solicite a la Comisión Nación del Agua, remita a esta soberanía un informe completo y detallado sobre la factibilidad de la conclusión de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, así como el proyecto ejecutivo para la construcción de éste.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil seis.--- Diputados: Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez (rúbrica), David Mendoza Arellano.»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos adicionales a la Conade y al Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal por el estado de Veracruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

El desempleo es uno de los problemas más graves del país, y este se acentúa en la población joven, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó en su informe sobre la situación laboral de 2004, México alcanza el más alto registro de desempleo juvenil en América Latina. Con una tasa de 8.9 por ciento lo que representa 2.5 millones de jóvenes desempleados.

Ante la falta de oportunidades para los jóvenes encontramos problemas sociales fruto del desempleo como son la delincuencia, actualmente la juventud representa el 52.5% del total de los presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera instancia del fuero común, cerca de 82 mil jóvenes de 16 a 29 años de edad. Del total de sentenciados en nuestro país el 55.4% son jóvenes, esto es 65 mil jóvenes de 16 a 29 años de edad.

Sin duda la delincuencia no es la única consecuencia del desempleo, las adicciones son un reflejo de la falta de oportunidades, la principal causa de muerte en los jóvenes entre los 15 a 29 años son los accidentes de tráfico de vehículos con una tasa de defunción del 56.9 por cada 100 mil jóvenes estos accidentes se relacionan en un 90% con el consumo de alcohol.

El consumo de drogas en nuestro país ha aumentado en los últimos cinco años 20%, asimismo la edad promedio en la que los jóvenes se inician en este tipo de adicciones bajó de 12 hace un lustro a 10 años en la actualidad.

México ocupa actualmente el noveno lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Las proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025, el país ocupará el séptimo lugar si no se realiza una campaña trascendente de prevención, diagnóstico oportuno y control de la diabetes. Cada dos horas en el país mueren cinco personas por complicaciones.

Alrededor de una de cada diez personas de más de 20 años de edad, y uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años, tiene Diabetes Mellitus, con una tendencia al incremento en la población joven e infantil. La diabetes es la tercera causa de mortalidad general desde 1997, y la primera causa de mortalidad en el grupo de 45 a 64 años de edad.

Situación preocupante para nuestro país y para nuestros jóvenes y lo que es alarmante es el porcentaje de jóvenes que practican algún deporte, sólo el 15.2 por ciento de la juventud mexicana.

Con el fomento del deporte y de una cultura que promueva el cuidado físico, sentamos bases muy sólidas para elevar el bienestar social y apoyamos la formación integral de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

El deporte también ayuda a los jóvenes se mantengan alejados de la drogadicción, de la delincuencia, del pandillerismo, de todos los vicios y conductas antisociales.

No hay duda, la educación y el deporte no son prioritarios para el nuevo gobierno del presidente Calderón, prueba de ello es la disminución al proyecto de Presupuesto de Egresos contenido en el PEF para 2007 en el Instituto Mexicano de la Juventud, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la educación.

La solicitud de la Conade para el año 2007 fue de 916 millones 214 mil 465 pesos lo que significa 142 millones más. Sin embargo en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se proponen 778 millones 994 mil 401 pesos de los cuales esta programado el 95.88 por ciento para gasto corriente y el 4.12 restante para inversión. Lo que significa que el presupuesto aprobado es 137 millones menor que el solicitado por el titular de la Conade.

Esta disminución tiene un gran significado puesto que la Conade tiene 3 cargas en su erario, La manutención del Centro Nacional de Alto Rendimiento, la aportación económica a los municipios y aportación especial para infraestructura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011.

En la pasada administración se construyo un centro nacional de alto rendimiento con un costo aproximado de 900 millones de pesos, inversión que está destinada a ser un elefante blanco, debido a que no están canalizando recursos para su operación.

Los costos de operación anual del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) ascenderán a 125 millones de pesos, por lo que el recorte de 137 millones en el proyecto de presupuesto para 2007, significa que este centro no opere, lo que implica que los 170 deportistas que se hospedan actualmente en el CNAR no puedan continuar con su preparación académica y deportiva, sin embargo estos deportistas no son sino solo el 25 por ciento de los 640 deportistas que resultarían afectados ante la falta de recursos. Además de CNAR hay que contemplar las deudas contraídas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el pago a entrenadores quienes desde enero, en algunos casos no han cobrado sus salarios y lo que quedó pendiente de construcción y equipamiento del CNAR y las remodelaciones a las instalaciones de Tlalpan.

En la práctica del deporte, nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos, encuentran un camino positivo hacia una vida productiva.

En la práctica del deporte se alejan de los peligros de la delincuencia y la drogadicción.

La práctica del deporte contribuye a esa formación integral que queremos; es decir, al desarrollo del cuerpo y a la formación de la personalidad, porque promueve el trabajo en equipo, enseña a valorar el esfuerzo y los logros que se derivan de él; a competir con lealtad y a comportarse con generosidad y reconocer el esfuerzo de los demás, tanto cuando vencen como cuando son vencidos.

El deporte y la juventud mexicana no reciben los suficientes recursos para que realmente sean una prioridad, es un lugar de educación en el que se invierte y no se gasta, por eso debemos aumentar el presupuesto federal y en los estados, ya que para que sea un éxito hay que meterle, no solamente ganas y palabras, sino también dinero y gente con corazón, cariño y compromiso.

El presupuesto federal que hoy recibe la Conade y el IMJ, son de los más pequeños dentro del presupuesto total del gobierno federal.

Todo lo que emprendamos en favor de la juventud el deporte y la cultura física es en favor de un México más próspero, más sano, con mayores oportunidades para todos; de ese México que ha sido el sueño de ustedes y de muchas y muchos mexicanos.

Los exhorto a que trabajemos juntos para el mayor éxito de la política pública en materia de deporte y de desarrollo físico, al igual que un gran esfuerzo para sumar en un trabajo conjunto y en equipo a estados, municipios y a la sociedad entera.

Al aumentar el impulso al deporte, disminuye la delincuencia juvenil nuestro país avanzará con una población sana, donde se prevenga el consumo de drogas, la obesidad y la diabetes, y que mejor que la activación física, la recreación y el deporte, no sólo el competitivo, sino en el que se haga equipo para encontrar beneficios permanentes físicos y psicológicos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 un aumento de los apoyos públicos destinados a la Conade e Instituto Mexicano de la Juventud.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para programas de prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesada en que el gobierno federal demuestre su convicción social e interés en el avance y afirmación de los derechos sociales y humanos de las mujeres, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El funcionamiento de las instituciones de la administración pública en México, se debe a la sociedad mexicana, en un Estado social de derecho como el nuestro, el fin fundamental es fungir como detonador de la igualdad y la equidad en todos los espacios públicos y las dependencias, para consolidar un régimen y sistema democrático.

En una institución como la Secretaría de Desarrollo Social, la perspectiva de género, se fundamenta en la normatividad nacional e internacional, a la cual se apega el Programa de Apoyo a las Instituciones de Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres conocido como Paimef, programa que demostró su éxito, operatividad y arrojó resultados positivos en las mujeres de la Nación, lo reconocen los titulares de las instituciones y las ciudadanas que se beneficiaron de esta medida programática.

Este programa fue exitoso porque demostró resultados positivos e interacción con los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil y creó un vínculo estrecho con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de continuar en operación las prácticas discriminatorias y de violencia hacia las mujeres disminuirán.

Es un programa que logró no sólo la transversalidad de la política de género sino la corresponsabilidad de los poderes, las instituciones y la sociedad civil en beneficio del avance de la mujer, además promovió acciones positivas de prevención y mitigación de la violencia de género, a través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, por tanto ha sido un buen ejemplo de cómo la interdependencia de las instituciones ha logrado reducir el circulo vicioso cultural de la violencia contra las mujeres.

En este programa quedó demostrado el compromiso, eficiencia y eficacia de las personas comprometidas con él, ya que llegó a amplios colectivos de mujeres, quienes han visto y vivido ya sus beneficios, con lo cual se ha mitigado el sufrimiento que la violencia provoca en las víctimas.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía a destinar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Paimef, y quede establecido en el rubro de Sedesol, en el marco operativo de Indesol.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos para la Universidad Autónoma de Guerrero, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. Uno de los puntos medulares en el que cualesquier gobierno debe cifrar sus expectativas de desarrollo se centra en la educación, la cual deber ser especializada y de calidad.

2. El acceso a la instrucción universitaria es un derecho que el estado debe garantizar a sus gobernados.

3. México hoy no es un país en donde la educación signifique justicia y libertad. Por el contrario es una de las expresiones más evidentes de las desigualdades que vivimos. El Estado debilitado fomenta dos mecanismos que mantienen el tiempo congelado para las víctimas de la desigualdad. Uno es la transmisión de la riqueza a través de las familias, y otro es la transmisión diferenciada de las oportunidades educativas.

4. La educación pública mantiene su importancia como contrapeso a la familia, a la comunidad y al espíritu de la época. Otorga a los estudiantes un sentido de compromiso con una comunidad más amplia que la local. Los dota con las cualidades de la argumentación lógica y de la perspicacia y con una visión comparativa basada en experiencias ajenas (publicado).

5. La educación es la inversión más redituable que un país puede tener en el largo plazo y es ahí donde se debe poner la mirada. En este sentido se actualiza una frase del presidente Mexicano, Lázaro Cárdenas, quien hizo suyo el programa educativo de Narciso Bassols: ``El pueblo de México es poseedor de una gran riqueza: la inteligencia de sus hombres y de sus mujeres. Podemos afirmar que su desarrollo y aprovechamiento es condición sin la cual todo intento de establecer una sociedad más justa resulta vano''.

6. El apoyo que se proporciona a cada una de las Universidades del país es, sin duda, una de las más redituables inversiones, ya que de sus aulas salen personas capacitadas y autosuficientes, lo que les permite contribuir al desarrollo social y económico de México.

7. En la sesión del martes 12 de diciembre pasado, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, hizo Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual ``La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior''. Aún más, todos los grupos parlamentarios presentaron posiciones en tribuna apoyando la necesidad imperiosa de dotar de mayores recursos a las universidades del país.

8. En el caso de a Universidad Autónoma de Guerrero, cabe destacar que es una de las que menor costo tienen por alumno en todo el país: 15 mil 361 pesos (quince mil trescientos sesenta y un pesos) sólo detrás de la Universidad de Oaxaca, a pesar de ser de las de mayor matrícula: sesenta y dos mil trescientos alumnos para el ciclo escolar 2006-2007 y una plantilla real no reconocida de mil seiscientos dos plazas. Por ello, la LIX legislatura de la Cámara de Diputados autorizó a la UAG en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, un apoyo adicional de 225 millones de pesos, de los cuales únicamente se recibieron 133 millones de pesos.

9. La Universidad Autónoma de Guerrero presenta una grave crisis financiera ante la imposibilidad para cubrir los adeudos que se han generado en los últimos años derivados principalmente del déficit de plazas sin reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública pero que son indispensables para cumplir los objetivos de la institución, incluyendo aquéllos que devienen de nuevos Programas Educativos que, paradójicamente, sí ha aprobado la propia SEP, pasando de 50 a 84 programas en los últimos 10 años.

10. El presupuesto global de egresos de la Universidad es de $1,704.8 millones de pesos, habiendo recibido como subsidio federal ordinario para el 2006, un total de $827.5 millones de pesos. Aunado los problemas señalados, hay actualmente 2,553 empleados que carecen del reconocimiento de antigüedad por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para su jubilación y/o pensión por retiro, con lo cual la UAG reporta que su adeuda ascendería a 710 millones de pesos en el 2007.

11. Para cubrir estos pasivos, la Universidad Autónoma de Guerrero solicita un apoyo extraordinario único de mil 236 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 920 millones de pesos federales y 316.5 millones de pesos estatales.

En concordancia con los posicionamientos y compromisos hechos por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y de sus grupos parlamentarios, y de acuerdo con las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen recursos extra para la Universidad Autónoma de Guerrero.

Punto de Acuerdo

Artículo Primero: Se destinan del Ramo 11, Educación, mil doscientos treinta millones de pesos para la Universidad Autónoma de Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para terminar la construcción del museo El Trompo Interactivo, en Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázarez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Franco Cázarez, en su calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a considerar recursos para la construcción del Museo Interactivo de Tijuana, AC, mejor conocido como museo El Trompo Interactivo.

Consideraciones

La era moderna de la divulgación de la ciencia en México empieza alrededor de los años sesenta, impulsada por un pequeño grupo de científicos convencidos de la importancia de promover la cultura científica, se hizo a través de revistas y programas educativos de difusión científica, para los setentas se realizaron actividades de comunicación directa con el público como ciclos de conferencias, espectáculos, cursos de verano, talleres de ciencia para niños, así como algunas exposiciones de ciencia, desde entonces existían museos tradicionales de ciencia como el Chopo y de Geología, además surgiendo en esta década los muesos de Historia Natural , el Museo Tecnológico (Ciudad de México) y el Centro Cultural Alfa (Monterrey).

En la década de los ochenta se realizaron encuentros de Divulgación de la Física (hoy Encuentros de divulgación de la ciencia), se creó la colección de libros ``La ciencia desde México''(más tarde La ciencia para todos) del Fondo de Cultura Económica, la fundación de la Casa de la cienciade la Universidad de Morelos y el Túnel de la Ciencia en el Metro de la Ciudad de México. Varias universidades del país iniciaron sus publicaciones periódicas para el público general, así como series y cápsulas radiofónicas.

En la década de los noventa se inicia la consolidación de esta actividad, lo cual se hace evidente en dos medios: el escrito y los museos y centros de ciencia.

En la última década del siglo XX proliferaron los museos interactivos y centros de ciencia. Los primeros fueron: el Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, Universum(UNAM) y Papalote, Museo del Niño (Ciudad de México). Después, comenzaron a florecer museos y centros en otras ciudades: Centro de Ciencias(Sinaloa), Centro de Ciencias Explora (León, Guanajuato), Descubre (Aguascalientes), el Museo de la Luz(UNAM, Ciudad de México), el Museo del Rehilete (Pachuca, Hidalgo), Museo de Ciencias Tecciztli(Ensenada, Baja California), Museo de Ciencia y Tecnología el Chapulín(Saltillo, Coahuila), La Burbuja, Museo del Niño (Hermosillo), Casa de las Ciencias(Universidad Autónoma del Estado de Morelos), La Casa de la Ciencia(Hermosillo, Sonora), Museo del Desierto(Coahuila), Papalote Móvil I y II(Exposiciones itinerantes del Papalote), Casa de la Ciencia y Tecnología de Campeche, Museo del Sol del Niño,(Mexicali, Baja California), El Trompo,(Guadalajara, Jalisco), El Exploratorio (Puebla), Acuario de Veracruz, Museo de la Tortuga(Mazunte, Oaxaca), La Avispa (Chilpancingo, Guerrero) y Tráiler de Ciencia(Tabasco). Esta lista ha seguido incrementándose con museos y centros de reciente creación y otros que están en proyecto, tal es el caso del Museo Interactivo Tijuana, AC.

Por ello podemos deducir que la divulgación de la ciencia en México ha evolucionado y sobre todo ha ido a la vanguardia, siendo así una labor fundamentalmente de tres instancias: universidades, instituciones gubernamentales y las asociaciones académicas o sociales.

Convencido de que la cultura científica y técnica es un factor fundamental para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno natural, social y cultural y que este compromiso es esencial para el cambio social incluyente que tanta falta hace en nuestro país, dado que se ha volcado una ola de desorden social, como delincuencia, vandalismo, drogadicción, desintegración familiar, entre otros. Un ejemplo claro es el de Tijuana, donde ha ido aumentado considerablemente el índice delictivo, sobre todo en cuanto a asesinatos de policías y funcionarios públicos de este sector.

Por eso la necesidad de construir una cultura en general y en especial científica nacional es indiscutible y la labor de divulgar la ciencia y la técnica en este proceso es indispensable. Sin embargo, la divulgación de la ciencia es todavía una disciplina joven donde todavía se enfrentan varios retos para consolidar este campo y cumplir con la gran responsabilidad que tenemos con la sociedad que es impulsar la cultura en aras de inculcar valores y actitudes que encaminen hacia una vida armónica con el medio social y natural.

Hoy tenemos la oportunidad de refrendar el compromiso con la ciencia, con el objetivo de crear en México una conciencia en este campo, ya que como país falta fomentar una cultura científica sobre todo en los niños de México.

Existen importantes esfuerzos en el espacio de museos que buscan una actualización y modernización para que sean un medio para acercar la ciencia a nuevos públicos, se busca que estos recintos sean interactivos donde los niños se interesen más por estos temas, y participen activamente en el conocimiento del tema tecnológico y científico, además de que la cultura no se centralice sino que se expanda por todo el país.

Por todo lo anterior y dado que para Acción Nacional es primordial poner al alcance de la ciudadanía los medios por los cuales podamos adquirir lo mejor de nuestra sociedad y solo a través de nuestra cultura discernimos los valores y efectuamos opciones, es de interés la continuación de la construcción del Museo Interactivo Tijuana, mejor conocido como museo El Trompo Interactivo que se estableció en 1998 a iniciativa del Municipio y un grupo de empresarios, que mediante aportaciones municipales, estatales y federales se han empleado para la construcción, considerando hasta hoy que se ha gastado más de 30 millones de pesos, los avances han sido sustantivos y los esfuerzos requeridos para culminar la obra requieren de una estrategia para obtener recursos públicos a fin de terminar la etapa de construcción y poner en práctica las campañas de procuración de fondos para equipamiento de las salas.

No hay que olvidar que este museo interactivo busca contribuir la estimulación científica y tecnológica, además de fomentar, difundir e incentivar la creatividad, imaginación y el conocimiento de la ciencia y tecnología para los niños de Tijuana, sus familias y los visitantes de la ciudad.

Actualmente se encuentra en su segunda etapa, el avance en la obra está al 30 por ciento teniendo como meta la habilitación de áreas como la sala de exhibiciones, servicio al público y oficinas con lo cual permitiría una operación parcial del museo.

Asignaciones presupuestarias

Para el ejercicio fiscal de 2006, a través del contrato C-PT-CONACULTA-06-TIJ-EP-086, se asignaron recursos federales por un monto de 13.4 Millones de Pesos y se elaboró una segunda etapa en la que se propone habilitar una parte del Museo y que para otoño del 2007 se pueda abrir parcialmente.

Es un proyecto ambiciosos, pero realmente es importante concluirlo para que sea un museo de vanguardia del cual carece Tijuana y la región, está concebido arquitectónicamente como un puente de comunicación entre el hombre, la naturaleza, la ciencia y la tecnología que impactará entre los niños, niñas, jóvenes y adultos como un sitio que estimule de manera educativa e interactiva la curiosidad por la ciencia, así mismo, es un elemento importante para la integración familiar, pilar importante de nuestra sociedad, los usuarios serán elementos activos que interactuaran con los objetos y aplicaciones que se encuentren durante el recorrido por el museo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos generales para la terminación de la construcción del Museo Interactivo Tijuana, AC, mejor conocido como El Trompo, ubicado en el Tijuana, Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Ricardo Franco Cázarez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para reactivar el complejo industrial de Ciudad Sahagún, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La economía de Hidalgo, es una economía diversa y compleja. Hidalgo tiene tierras fértiles, y gracias al uso de sistemas de riego como canales, pozos o por goteo, se ha logrado mejorar y aumentar la producción tanto en la agricultura como en la ganadería.

Nuestro estado es principalmente productor de maíz, avena, cebada, caña de azúcar, alfalfa, frijol, chile, y muchos otros productos del campo. También se cría ganado vacuno, ovino, caprino y aves de corral. El estado es rico en yacimientos de metales y también se extrae cantera y mármol.

La población total en el estado de Hidalgo (según datos del Censo 2000) ascendió a 2 millones 235 mil 591 habitantes, lo cual representó 2.3 por ciento de la población total en dicho año, y con lo que se colocó en la 18ª posición en el contexto nacional. Para 2006, el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyectó una población de 2 millones 480 mil 400 habitantes, lo cual representa 2.24 por ciento de la población nacional, y con lo que la entidad se coloca en la 19ª posición en el ámbito nacional.

En el estado de Hidalgo operaron en este año cerca de 95 mil unidades económicas y sobresalen por su mayor número los establecimientos comerciales con casi 52 mil, de ellos la mayoría realiza sus actividades en el comercio al por menor. Los dedicados a prestar servicios privados son 24 mil (24.7%).

La industria manufacturera en esta entidad reporta 11,696 unidades económicas, entre las que se cuentan: el complejo petroquímico, las cementeras y las ensambladoras de autos; también aparecen diseminados en barrios y localidades: las tortillerías, panaderías y herrerías.

Sin embargo, la situación económica se mantiene prácticamente en el estancamiento económico. Lejos está la bonanza de los años del desarrollo estabilizador en donde Hidalgo era ejemplo nacional industrial.

El 14 de octubre de 1954, el Congreso del estado de Hidalgo decretó establecer el centro de población industrial en el que se encontraba el Centro Industrial de Irolo con lo que se pretendía ser modelo nacional industrial. Este complejo, orgullo nacional, incluyó la instalación de empresas como Renault, Diesel Nacional (Dina), Siderúrgica Nacional (Sidena) y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (Concarril). Ciudad Sahagún, en ese entonces, generaba oportunidades de trabajo a los pobladores de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal.

A principio de la década de los ochenta, se cerró Renault, la empresa más grande del complejo industrial en donde se perdieron alrededor de 7 mil empleos. Concarril, a finales también de los ochenta pasó a manos de capital canadiense cambiándole el nombre a Bombardier.

Las pérdidas económicas son incuantificables, todo el complejo industrial que gozó de fama nacional por los estándares de producción y de generación de empleo hoy se encuentra prácticamente desmantelado.

Los hidalguenses y todos los estados circunvecinos necesitan de inmediato la reactivación de un complejo industrial como el que se edificó en el periodo del desarrollo estabilizador. Este simple hecho representaría una derrama económica estatal que ayudaría al crecimiento económico nacional. Con tal medida, se pretende colocar al estado de Hidalgo dentro de las primeras ocho economías estatales con una generación de empleos de arriba de los 7 mil.

Para tal efecto es necesario que las diputadas y diputados pongan sus ojos en Ciudad Sahagún Hidalgo, tanto por su ubicación geoestratégica como por su contribución económica regional del país. A todos conviene la reactivación y ésta sólo puede darse con una inyección inmediata de recursos públicos.

Es momento que esta soberanía planifique la estrategia económica de los próximos 25 años, y para ello el complejo industrial de Ciudad Sahagún tiene que regresar a lo que fue: ejemplo productivo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, una partida especial correspondiente a la Secretaría de Economía por un monto de mil millones de pesos con el objetivo de reactivar el complejo industrial de Ciudad Sahagún en el estado de Hidalgo.

Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incrementen los recursos para financiar la educación media y superior del IPN, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo de financiamiento para la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional.

Exposición de Motivos

Antecedentes

El Instituto Politécnico Nacional en los últimos tres años ha realizado importantes esfuerzos para utilizar los recursos federales que se le han asignado con toda racionalidad y transparencia, orientando su aplicación a los compromisos consignados en sus respectivos Programas Operativos Anuales y al logro de los objetivos estratégicos de calidad, pertinencia, cobertura y equidad.

El planteamiento presente en el PEF 2007, de asignar al IPN un monto de 6 mil 656 millones de pesos, inferior en 464.5 millones de pesos al cierre presupuestal de 2006 (7 mil 120.6 millones de pesos), no solamente implica detener los esfuerzos de mejoramiento del instituto con el consecuente desaliento de una comunidad que se ha empeñado en ello, sino que pondría en riesgo la operación institucional y el cumplimiento de los compromisos contractuales. En el PEF 2007 se afectan gravemente los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, becas y apoyos. La asignación propuesta es insuficiente para cubrir necesidades impostergables, asegurar productividad académica, la seguridad e integridad de la comunidad y el patrimonio institucional. El planteamiento de la situación y problemática frente a esta situación se presenta en el punto 1.

De darse la situación prevista en estos riesgos, podrían generarse consecuencias imprevisibles en la estabilidad de la institución, entre otros, por la disminución en el número de becas a estudiantes de alto desempeño y escasos recursos, y posibles conflictos con el SNTE ante la incapacidad financiera para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato colectivo; situaciones nunca antes vistas en la historia del instituto.

El IPN presentó ante la SEP una propuesta de Presupuesto 2007 que implica un incremento del 25 por ciento (1 mil 807.1 millones de pesos) respecto al cierre del ejercicio 2006. Las necesidades a ser cubiertas y su justificación se presentan en el punto 2.

1. Situación y problemática ante la propuesta PEF 2007.

Por primera ocasión en la historia del IPN, el presupuesto regularizable al cierre de 2006, muestra una reducción global de -464.5 millones de pesos (6.5 por ciento); con esta asignación no se garantiza la productividad académica, la seguridad e integridad de la comunidad y ni la preservación del patrimonio institucional, con las consecuencias a las que ya se ha hecho mención. El detalle de las reducciones puede observarse en la siguiente tabla.

De concretarse esta disminución, la reducción en 249.8 millones de pesos en el capítulo 1000 correspondiente a servicios personales implicaría que el instituto dejara de cubrir compromisos contractuales con su personal. La gravedad de esta situación es perceptible ante la presión que el SNTE podría ejercer y las consecuencias de todo ello.

En cuanto a los capítulos 2000 y 3000, las disminuciones previstas son del orden del 39.9 por ciento y 20.4 por ciento e implicarían la paralización de numerosas actividades institucionales en docencia, investigación, vinculación, innovación y extensión. El riesgo previsible es un detrimento de la calidad de los servicios fundamentales del IPN, junto con el deterioro de la infraestructura institucional consistente en: 14 millones de metros cuadrados de terrenos, 1 millón de metros cuadrados de construcción y mil 300 laboratorios y talleres.

Los resultados alcanzados en variables críticas del desempeño institucional y de alto impacto social en el periodo 2004-2006, muestran logros relevantes y superan con mucho lo alcanzado previamente, además tiene un doble mérito, si se considera que el presupuesto federal asignado al IPN en 2006, fue superior al de 2005 en 55 millones de pesos monto que no refleja los incrementos generados por la inflación del mismo año. A pesar de ello, se alcanzaron los siguientes resultados:

La matrícula inscrita en el ciclo 2006-2007, fue superior en 6.5 por ciento a la atendida en el ciclo inmediato anterior.

Al comparar 2003 con 2006, los programas con reconocimiento externo a su calidad muestra un incremento del 74 por ciento en el nivel medio superior y de 35 por ciento en el superior; en el nivel postgrado los programas con registro en el Padrón Nacional de Postgrado, pasaron de 5 a 28 en el mismo período.

Las becas otorgadas a estudiantes de los tres niveles, pasaron de 19 mil 832 a 21 mil 632 en el período 2004-2006, y las becas y estímulos a docentes pasaron de 3 mil 56 a 3 mil 402 en el período referido.

Los convenios de vinculación pasaron de 234 en 2004, a 259 en 2006.

Los docentes participantes en actividades de investigación pasaron de 2 mil 479 en 2004, a 4 mil 794 en 2006.

Los investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores pasaron de 356 a 518 aceptados por Conacyt para 2007.

2. Propuesta de Presupuesto 2007

En su oportunidad, el IPN presentó ante la SEP la propuesta de Presupuesto 2007. Para que el instituto continúe generando los resultados e impactos necesarios para contribuir al desarrollo nacional, debe atender un conjunto de necesidades y compromisos que constituyen la plataforma sobre la que se diseñó la propuesta presupuestal 2007, con un monto total de 8 mil 927.8 millones de pesos, los cuales se integran y sustentan como a continuación se detalla:

Servicios Personales. Capítulo 1000. El IPN atiende en el ciclo académico 2006-2007 una matrícula escolarizada de 137,678 alumnos en los tres niveles educativos, y una matrícula no escolarizada de poco más de 90 mil alumnos. Esa matrícula es atendida por un promedio de 14 mil docentes y 4,794 investigadores, así como por 9 mil trabajadores de apoyo y asistencia a la educación.

En 2006, el capítulo de Servicios Personales presentó insuficiencias presupuestales en diversos renglones de gasto. En consecuencia, la Propuesta del IPN 2007 plantea necesidades adicionales al cierre presupuestal de 2006, por un total de mil 109 millones de pesos, que se requieren para atender los siguientes compromisos laborales:

Prestaciones inherentes al salario: acreditación por años de servicio en la docencia; prima vacacional y dominical; remuneraciones extraordinarias y gratificación por antigüedad (238 millones de pesos).

Prestaciones sujetas al Contrato Colectivo de Trabajo como: estímulos al desempeño docente y de la investigación; jubilación y renuncia (277 millones de pesos).

Prestaciones de fin de año como vales de despensa y 10 días adicionales de aguinaldo (FA), que, sin estar reconocidas por la SHCP, se vienen pagando desde 1991 (320 millones de pesos).

Promoción docente y del personal de apoyo y asistencia a la educación, que implicó 87 millones de pesos, así como 187 millones de pesos correspondientes al incremento salarial de 2006.

En el marco de estas cifras, y sin considerar futuros crecimientos en calidad (contratación de profesores de excelencia) y en cobertura (nuevos programas educativos y Campus Virtual), se requieren mil 109 millones adicionales al cierre del ejercicio 2006 (presupuesto regularizable) que fue de 6 mil 222.2 millones de pesos. El PEF 2007 muestra una disminución del 18.5 por ciento respecto de la propuesta del IPN, y del 4 por ciento respecto al cierre de 2006.

Gasto de Operación. Capítulo 2000. El incremento por 70.1 millones de pesos, planteado en el Anteproyecto de referencia, alude a las siguientes necesidades:

Adquisición de materiales indispensables para la impartición de la docencia y el desarrollo de la investigación, tales como acervo bibliográfico, material didáctico y otros gastos requeridos por escuelas y centros de investigación.

De igual forma, se deben adquirir artículos e insumos necesarios para la operación de talleres y laboratorios; prendas de protección para la seguridad de profesores y trabajadores; herramientas, refacciones y accesorios para la operación de las Unidades Académicas; artículos deportivos para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes; materiales y artículos de construcción para la conservación, adaptación, mantenimiento y mejora de los bienes muebles e inmuebles de la infraestructura académica.

Servicios Generales. Capítulo 3000.El incremento solicitado para 2007 por un monto de 221.3 millones de pesos, responde a la necesidad de solventar los siguientes incrementos a los costos de los servicios, críticos todos ellos para la operación institucional.

Servicios básicos de operación como energía eléctrica; enlaces satelitales; conducción de señales analógicas y digitales y, telefonía convencional (37 millones de pesos).

Servicios de mantenimiento y conservación; de limpieza, higiene y fumigación; de jardinería, mantenimiento y rehabilitación de la plataforma y, parque informático (85 millones de pesos).

Contratación de licencias de software; servicios de vigilancia y seguridad para el resguardo del patrimonio institucional y, seguros patrimoniales (33 millones de pesos).

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, de bienes informáticos, de subestaciones de energía, de laboratorios, de vehículos y, de equipo especializado operando en los Centros de Investigación (66.3 millones de pesos).

Inversión. Capítulo 5000. Es particularmente crítico para que el Instituto Politécnico Nacional no suspenda procesos claves de avance, fortalecimiento y consolidación de sus funciones sustantivas. Para ello resulta indispensable una inversión de 232. 2 millones de pesos, que serán destinados a la adquisición de diferentes equipos necesarios para respaldar la calidad y la evolución de los procesos educativos' y de investigación, así como para reemplazar bienes y recursos obsoletos, indispensables para la docencia, la investigación, la extensión y la administración, tales como equipo informático; de talleres y laboratorios; de espacios deportivos y culturales; mobiliario e instrumental médico; vehículos para la realización de prácticas escolares; equipos para la consolidación del Campus VirtualPolitécnico, así como el equipamiento de los centros diseñados para promover y fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social.

Becas y apoyos. Capítulo 7000. En el marco de criterios de equidad, el Instituto Politécnico Nacional desde su creación otorga becas a estudiantes destacados que las requieren para continuar y concluir sus programas de estudio, así como a los recursos necesarios para consolidar la vinculación académica con los diferentes sectores, a través de las prácticas escolares, plantea necesidades adicionales del orden de 173 millones de pesos, indispensables para continuar apoyando a los 21 milo 632 estudiantes que hoy gozan de estos apoyos.

En síntesis, el Instituto Politécnico Nacional es hoy una institución estratégica del Estado mexicano, que asumiendo compromisos sustantivos con los sectores sociales a los que desde su origen ha brindado servicios educativos y de investigación, requiere hacer congruentes sus recursos con las demandas que la conducción de sus funciones sustantivas plantean, para consolidarse como la institución rectora de la educación superior tecnológica, comprometida desde hace 70 años con el proyecto de desarrollo nacional.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

De financiamiento para la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007, una asignación de 8 mil 927.8 millones de pesos para el financiamiento de la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional, lo que representa un incremento de mil 807 millones de pesos respecto del ejercido en 2006.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos destinados a crear la fiscalía especializada para esclarecer los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Las suscritas, diputadas federales integrantes de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentan punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Todos estamos de acuerdo en que debemos superar la inequidad, la desigualdad y la pobreza prevaleciente en el país, ello es una tarea impostergable y es punto en el cual la confluencia política debe seguir trazando posibilidades, fundamentalmente cuando nos referimos al fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia, en este sentido, debemos dar pasos firmes, paulatinos, aunque en ocasiones modestos para que las miles de mujeres desde sus distintas trincheras continuemos construyendo una sociedad igualitaria, como en su momento sucedió con la creación de la Comisión Especial para el Esclarecimiento de los Feminicidios en Ciudad Juárez, esfuerzo que dio resultados pero no los suficientes, porque se requirió redoblar esfuerzos para continuar innovando organismos funcionales para una procuración de justicia eficiente y expedita.

Un importante paso es el gestado durante la LIX Legislatura, que influyó para que el abogado de la nación se sensibilizara ante la demandante exigencia de atender los lamentables efectos que causa la violencia cíclico cultural contra las mujeres, resolviendo concienciar este juicio de reproche mediante el acuerdo número A/003/06 de fecha 19 de enero del año en curso que determinó crear la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país.

Los planteamientos anteriores, abrieron caminos para iniciar una nueva etapa en la procuración e impartición de justicia, para las mujeres, un nuevo ciclo que fortalece a las instituciones creadas en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, como sucedería con la trasformación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País por una Fiscalía Especializada.

Recordemos que el deber legal de la representación social es legitimarse a través de una eficiente labor de investigación y persecución de los delitos con una trabajo serio y comprometido con la sociedad cansada de sufrir la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas que causan daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en los ámbitos públicos y privados, pero es importante valorar que si bien es cierto la Fiscalía Especial ha realizado un loable esfuerzo en los once meses de su vigencia, los mismos son minúsculos ante la injustificada carencia de facultades plenas para luchar con infraestructura, equipo cualitativo, insumos, capital humano y económico necesarios para convertir su actividad en oportuna.

La creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres actualmente surge como una estrategia para el cumplimiento de una misión con visión de profesionalismo para dar mayor eficacia a la demostrada por la Fiscalía Especial, relativa al ejercicio de la facultad de atracción de los delitos del orden común, coordinar el desarrollo de y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integran, mantener la interrelación con las áreas de la propia Procuraduría General de la República, emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento de la fiscalía, fortalecer la cooperación con los órganos de investigación de las entidades federativas, nombrar a los servidores públicos para el adecuado cumplimiento de su encomienda, implica el fomento de una política de Estado que deben los Ministerios Públicos resolver, sin contar hasta esta fecha con una adecuada capacitación sobre el esclarecimiento de conductas típicas con perspectiva de género, suficientes para garantizar la atención con calidad y calidez a las victimas, y no sólo eso sino vigilar la integración de la enseñanza a los agentes investigadores para el debido cumplimiento a la obligación establecido en el artículo 20, inciso B de la Carta Magna, relativo al debido fomento de la reparación del daño, desde el momento de la integración de la averiguación previa y hasta el momento en que el Juez de la causa declare la sentencia definitiva en autoridad de cosa juzgada.

Los representantes populares estamos obligados a responder día con día al mandato conferido por nuestros electores, luchando por alcanzar el ideal de país ajeno a la violencia contra las mujeres por una democracia sustantiva que con perspectiva de género eduzca los casos de actos reprobables como el tráfico de mujeres, de sus órganos, la violación y tortura, cuyos elementos indispensables para resolver estos ilícitos exige contar con una fiscalía debidamente integrada por personal capaz de comprender el reto que implica enfrentarse a casos de víctimas impelidas a proporcionar la información indispensable para acreditar el cuerpo del delito, sin dar lugar a continuar con viejas prácticas que debemos erradicar con firmeza: la exclusión, la falta de oportunidades, la discriminación y el maltrato; con lo cual, el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y la sociedad agraviada, será un ideal ajeno a las dificultades y complicaciones que día a día restan calidad moral a nuestras instituciones.

Todos sabemos de la importancia del personal técnico en la delicada función de esta naturaleza, de ahí la necesidad de incorporar Peritos Especializados en la Materia, mujeres forenses, psicólogos, psiquíatras, sociólogos y trabajadoras sociales, que brinden una asistencia oportuna y profesional en la declaración preparatoria y determinen con precisión los delitos y actos de violencia contra las mujeres a fin de erradicar paulatinamente la violencia de género y fomentar una sociedad más sensible al respecto, lo cual es posible dotando a la actual Fiscalía, como hemos dicho, de un área de investigación que integre y coordine a los profesionales antes citados, con el objetivo de cubrir en el ámbito nacional la protección de las mujeres.

En verdad, es indispensable brindar al órgano responsable de la procuración de justicia los estudios técnicos especializados en violencia de género, que son determinantes cuando se pretende implementar políticas públicas y sociales, que corrijan las atrofias sociales que fomentan los procesos cíclicos de violencia hacia las mujeres, a partir de lo cual, se hace indispensable formar un Centro de Análisis y Estadística, que elabore registros desde la Fiscalía de mujeres, niñas y niños ausentes y desaparecidos a fin de establecer, el encuadramiento jurídico del delito en forma expedita y se conozcan los datos reales en este sentido.

Otros aspectos en los cuales se debe profundizar, son los relacionados con los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres, a fin de terminar con la información disfuncional, situación que con la estructura de la Fiscalía Especial vigente se ha impedido su realización debido a la falta de instrumentos y medios necesarios para lograrlo.

Contar con datos veraces permitirá el esclarecimiento de la violencia feminicida, acabar con la impunidad que la caracteriza y así hacer realidad el ideal de nuestra Constitución, el de la impartición de justicia. Por ello, es importante conocer las causas, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendientes a prevenir, atender y sancionar estos delitos.

A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres y de la obligación de parte de las instituciones de satisfacer la demanda social de dar solución a los feminicidios, nos indica que no ha sido fácil convencer a sus titulares, ya que algunas autoridades continúan reaccionando con resquemor, desconfianza, con demora, burocratismo y hasta con rechazo a la visión de género, más por su desconocimiento que por falta de sensibilidad, para dar solución a los asesinatos de niñas o mujeres en todo el país.

Esta fiscalía especializada será fundamental para apreciar el acuerdo y entendimiento con los poderes de la Unión, las instituciones y las organizaciones sociales con el Ejecutivo Federal y así dar una respuesta más firme y sólida a la violencia contra las mujeres. El reto en sí mismo, está en que el feminicidio, ha rebasado a la sociedad y no se ha podido detener dada la falta de coordinación de las distintas instituciones en los distintos niveles de gobierno.

En este acuerdo de objetivos en común, se conjuga la idea de un nuevo pacto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a fin de evitar el colapso del Estado de Derecho en la materia, no sin antes impulsar la convergencia de criterios jurídicos a lo largo y ancho de la nación, para lograr la colaboración estrecha entre las distintas instituciones de seguridad pública del país, para prevenir, atender, perseguir, sancionar, procurar justicia y erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.

Por lo anterior, de conformidad con los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Bajo esta perspectiva, las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, las diputadas que aquí suscriben tienen a bien presentar el siguiente punto de acuerdo:

Las suscritas, diputadas federales en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, de conformidad con los siguientes

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esta soberanía contemple en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la creación de la fiscalía especializada para esclarecer los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para los pensionados por invalidez menores de 60 años, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad social tiene gran importancia para el desarrollo del país, ya que garantiza el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Esto, lo establece la Ley del Seguro Social, la cual a su vez, esta fundamentada por el artículo 123 de nuestra Constitución que establece que dicha Ley deberá comprender seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares.

En atención a este mandato constitucional, el Instituto Nacional del Seguro Social busca atender las necesidades públicas de salud tanto de los que se encuentran en activad como de los pensionados, sin embargo, el Instituto se ha visto frenado dada la situación financiera por la que atraviesa actualmente.

Esto nos adentra a la problemática que actualmente presenta el Instituto con la calidad y cobertura de servicios para aquellos mexicanos que solicitan asistencia y apoyo. Hoy, en particular hago mención de los miles pensionados por invalidez que solicitan que se atiendan las necesidades que actualmente demandan y que buscan un trato justo y equitativo en cuanto a la distribución del apoyo económico que reciben.

El número total de derechohabientes del IMSS al mes de diciembre del 2005 fue de 43 millones 893 mil 165 personas, cifra que por sí misma nos da una idea de la magnitud del problema para brindar atención a un gran porcentaje de la población nacional.

Como podrá observarse en los artículos 581 y 141,2 las pensiones otorgadas son considerablemente bajas, lo que prohíbe a los pensionados a, por lo menos, mantener un estilo de vida decente.

Esta claro que, las personas que son objeto de alguna incapacidad física, además de que se les impide obtener un trabajo remunerado para solventar las necesidades vitales tanto de ellas como de la familia misma, también deben luchar en contra de una serie de discriminaciones sociales y prestación de servicios.

Todos estamos enterados de los problemas financieros que presenta actualmente IMSS y debemos tratar el tema con delicadeza y profundidad. Es así que el Instituto, a medida que pasa el tiempo, tendrá que llevar a cabo esfuerzos administrativos para el pago de pensiones, de tal forma que se dispondrá de menores recursos cada vez para la prestación de otros servicios, por lo que resulta fundamental dotarlo de mayores ingresos, y que el Presidente de la República canalice más fuentes de ingresos para otorgar suficientes recursos para mejorar la calidad y la prestación de servicios de esta Institución.

Las recientes reformas vistas a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones incrementaron los ingresos otorgados a los jubilados por vejez, así como a los pensionados por invalidez mayores de 60 años, pero se mantiene ajenos de los pensionados por invalidez que cuentan con menos de 60 años, los cuales también presentan con incapacidades físicas para laborar.

La seguridad social en México cuenta con una cobertura limitada, particularmente en lo que se refiere a las pensiones por invalidez. Esta baja cobertura limita el papel de la seguridad social que brinda el Estado y reduce los mecanismos para lograr la equidad y reducir la pobreza.

Las personas que reciben una pensión por invalidez tienen pocos derechos. Por ello, debemos proveerlos de mayor asistencia y estímulos económicos, para con ello saldar una deuda histórica ante quienes con su trabajo expusieron su integridad física y mental por sacar adelante a nuestro país.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno, conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a permitir que a los pensionados por invalidez menores de 60 años se les consideren recursos dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2007.

Notas:

1 El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

Fracción II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobre vivencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de esta ley.

2 La cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios correspondientes a las últimas quinientas semanas de cotización anteriores al otorgamiento de la misma, o las que tuviere siempre que sean suficientes para ejercer el derecho, en los términos del artículo 122 de esta Ley, actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales.

En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada, el Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia.

En ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el artículo 170 de esta ley.

Diputado José Inés Palafox Núñez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para fortalecer la cadena productiva agave mezcal, a cargo del diputado Benjamín Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados Susana Monreal Ávila y Benjamín Hernández Silva, integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se le destinen y etiqueten 350 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, bajo los siguientes

Considerandos

México es el lugar de origen y evolución del maguey-mezcal, desde los primeros pobladores ha sido utilizado como alimento, bebidas como el mezcal, pulque y tequila, fibras y medicamentos. El maguey se ha reportado en América con 310 especies, de las cuales en México existen 272, por ello es considerado como el centro de origen.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 Mezcal, es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, previamente hidrolizados o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del mezcal tipo II, con hasta 20% de otros carbohidratos en la preparación de dichos mostos. El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo, incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.

El mezcal se puede elaborar con los agaves de las siguientes especies: Angustifolia Haw, Esperrima jacobi, Weberi cela, Patatorum zucc, Salmiana Otto, Karwinskii y otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con denominaciones de origen dentro del mismo estado.

El cumplimiento de la NOM establece que las materias primas e ingredientes deben ser de calidad sanitaria y deben aplicarse buenas técnicas higiénicas y de destilación que aseguren que el producto es apto para el consumo humano.

La denominación de origen mezcal comprende los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas y San Felipe Guanajuato.

En el territorio de la denominación de origen mezcal se registran alrededor de 30 mil productores, con 50 mil hectáreas establecidas y 170 mil en poblaciones naturales, que generan 5,270 empleos al año, e ingresos por el orden de los 1,700 millones de pesos.

En la zona de denominación de origen se cuenta con 625 fábricas, las condiciones socioeconómicas de los productores primarios y productores de mezcal incorporadas a la zona de denominación tienen un común denominador se trata de poblaciones de alta y muy alta marginalidad; las áreas donde se desarrolla la actividad mezcalera por lo general son marginales, como ejemplo la región mezcalera de Oaxaca es predominante por la presencia de población indígena como los: chontales, mixtecos y zapotecos.

La mayoría de los productores de mezcal carece de tecnología moderna, obteniendo el mismo de manera artesanal, mediante procesos poco eficientes. La producción de mezcal está muy dispersa, en la práctica, varios productores de mezcal abastecen envasadoras. Existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales envasan alrededor de 8 millones de litros anuales.

Los costos de producción del cultivo agave son altos. En un ciclo completo de 8 años varían entre 40 mil y 250 mil pesos la hectárea, de acuerdo a la región de que se trate, paquete tecnológico que se aplique y tipo de agave. La producción por hectárea es cercana a las 135 toneladas de materia prima y 17 mil litros de producto. Los costos de producción de mezcal a granel también varían en función del tamaño de la fábrica y del grado de tecnificación de la misma, en promedio es de 35 pesos por litro. Los rendimientos tienen que ver con la riqueza de azúcares del agave y del aprovechamiento de estos en los procesos de cocimiento, fermentación y destilación.

Por ello en octubre de 2004, se creo el Comercam, organismo de certificación acreditado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, para evaluar la conformidad de la NOM-070- Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones, la misma exige el certificado vigente en el envasado, etiquetado para la comercialización del mezcal. Lo anterior incluye un esquema de prueba de laboratorio y la vigilancia en todo proceso de producción, de lo contrario el producto no podrá comercializarse ni salir del país. El mezcal tiene un reconocimiento y aprecio por parte de los consumidores europeos, asiáticos y estadounidenses, por lo que esta certificación garantizará la calidad y origen del producto, para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

Actualmente la cadena productiva agave-mezcal se ha contraído, los productores de agave atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores estos eran hasta de 14 pesos. Mucho del agave no tiene salida de comercialización, ni se industrializa por la falta de infraestructura para éstos propósitos, por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores corre el riesgo de perderse y de que se abandone esta actividad.

Cabe mencionar que a la cadena productiva agave-mezcal, se le destinaron 99 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, de los cuales el Ejecutivo federal solo le destinó 66 millones de pesos, posteriormente en el PEF 2006 se le volvieron a etiquetar recursos a esta cadena productiva por 100 millones de pesos y solamente fueron liberados 43 millones de pesos, quedando así, proyectos sin apoyarse, situación que repercutió en la falta de atención al fortalecimiento a la planta productiva, para atender la demanda de agroindustrialización de la materia prima disponible en cada uno de los estados con denominación de origen mezcal, en grado extremo de madurez, a pesar de que los productores tienen proyectos por arriba de los 400 millones, ello demuestra que lo que se ha aprobado ha sido insuficiente para atender los proyectos.

Cabe señalar, que esta cadena productiva fue reconocida por el ejecutivo federal y la representa el Consejo Mexicano de Productores de Maguey Mezcalero, constituido por cada uno de los consejos estatales y que cuenta también con un diagnóstico y plan rector para el ordenamiento de la cadena productiva en el campo mexicano.

Hago un llamado respetuoso a las diputadas y los diputados, para que aprobemos recursos en el presupuesto 2007, para que sean orientados a la cadena productiva agave-mezcal, de los cuales dependen miles de productores de muy bajos ingresos.

Por lo anterior mencionado, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para Ejercicio Fiscal 2007, se destinen 350 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal en acciones de fortalecimiento a la agroindustria, promoción y comercialización del mezcal en los mercados nacionales e internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2005.--- Diputados: Susana Monreal Ávila, Benjamín Hernández Silva, Othón Cuevas Córdova, Carlos Martínez Martínez, Daysi Selene Hernández Gaytán, Carlos Altamirano Toledo, Daniel Dehesa Mora, Raymundo Cárdenas Hernández, Amador Campos Aburto, María Soledad López Torres, Joaquín de los Santos Molina, Jorge Toledo Luis, José Murat, César Duarte Jáquez (rúbricas).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos para el aumento de las prestaciones, la capacitación y la promoción de ascensos de las mujeres militares de México, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesada en que el gobierno federal demuestre su reconocimiento y apoyo financiero a las mujeres militares, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El adecuando funcionamiento de las instituciones de la administración pública en México, es una problemática de Estado, el cual debe fungir como detonador de la equidad en todos los espacios de las dependencias para lograr consolidar un régimen democrático republicano, para ello debemos romper con viejas ideologías y creencias, que impiden el desarrollo de la garantía de igualdad establecida en el articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de la vida castrense.

Día con día, las mujeres hemos conquistado importantes espacios en la vida política, social, cultural, económica, académica e intelectual de la sociedad a nivel nacional e internacional, que de ningún modo constituyen ayudas, atenciones o reconocimientos a nuestra participación política responsable, más bien, responde a una labor comprometida de efectos reales y positivos, que de ningún modo se ha logrado ampliar al terreno de las fuerzas armadas mexicanas.

Desde la promulgación de nuestra Carta Magna, las corporaciones militares del país, fijaron las bases elementales para la institucionalización de la Universidad de Guerra, que dio lugar a la legión de honor para academizar la formación de los miembros activos al servicio de México, evidenciando una naturaleza inminentemente dirigida a los varones; no obstante que la presencia histórica de la mujer, ha cobrado un gran trascendencia en los movimientos armados, en la creación de políticas de defensa nacional, en la armada naval, y en general el manteamiento de la paz y la soberanía nacional. La independencia y la primera revolución del siglo XX, son impensables sin la presencia de mujeres que ofrendaron su vida por un país independiente y más justo.

Por tanto, en la actualidad, sería una injusticia pensar que estos grandes acontecimientos históricos, se hayan construido solo con el esfuerzo del género masculino.

Tradicionalmente, los beneficios en estímulos económicos, únicamente se habían destinado para las prestaciones de viudas o familiares de los hombres militares, como quedó demostrado ya en la legislatura pasada con la aprobación a las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuyo espíritu busca favorecer a las mujeres militares en activo a fin de hacerlas parte de una política de Estado incluyente, que reconozca sus méritos en igualdad y equidad, dentro de las fuerzas armadas.

Las mujeres militares tienen el derecho que la Constitución, las leyes y los reglamentos respectivos les otorgan a un salario digno, prestaciones, permanencia en el trabajo, estabilidad de residencia y ascensos en igualdad como sus compañeros lo tienen, solo así su sacrificio y entrega a la nación, se verá recompensando, ya que cada día ponen en riesgo su vida misma.

Lo anterior es importante para consolidar y fortalecer los derechos militares de las mujeres, por ello instamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a darse cuenta de la obligación que desde el orden legislativo hemos contraído con las mexicanas responsables de destinar su vida al servicios de las fuerzas castrenses de manera comprometida, responsable y entregada a la lucha contra el narcotráfico, la defensa de la soberanía, la inviolabilidad de la jurisdicción nacional, el clima de civilidad en las regiones del país y el goce de los derechos de toda la población. En concordancia al decreto del ejecutivo, concerniente a fortalecer a los cuerpos y tropas militares de la Fuerza Aérea, Naval Mexicana y Armada de México.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía, de urgente y obvia resolución, a destinar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el aumento de las prestaciones, la capacitación y la promoción de ascensos a las mujeres militares de México.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos destinados al Fondo para Pensiones de los Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a valorar la asignación de recursos anuales, tendientes a formar parte del Fondo para Pensiones de los Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, al tenor de la siguientes

Consideraciones

I.Que los hospitales civiles de Guadalajara son organismos públicos descentralizados (OPD), cuya misión es brindar servicios integrales de salud hospitalaria de segundo y tercer nivel, fundamentalmente a la población que no pertenece a ningún régimen de seguridad social, buscando en la prestación de servicios la generación de conocimientos y la formación de recursos humanos de excelencia en las ciencias de la salud, ya que son hospitales escuelas.

II.Que la visión de dichas instituciones es la de conformarse en centro asistencial de referencia hospitalaria de segundo y tercer nivel, otorgando servicios de salud oportunos, con calidad y eficiencia. Ser hospital-escuela líder y de vanguardia en la enseñanza e investigación que impulse en nuestro estado una nueva cultura para la salud.

III.Que actualmente en los dos hospitales civiles de Guadalajara existen más de 6 mil 200 trabajadores sindicalizados, a parte los trabajadores eventuales. Y se da el caso que desde que los hospitales se convirtieron en OPD, la planta médica no ha aumentado en los últimos años, y en cambio la planta administrativa ha crecido exponencialmente lo cual ha afectado la cobertura de la demanda de servicios médicos de la población no sólo del estado de Jalisco, sino también de la región de influencia, pues los pacientes vienen de todos los estados vecinos.

IV. Que los trabajadores de esta institución aportan el 5 por ciento para sus jubilaciones sobre el salario nominal, y no sobre sus percepciones totales (salarios más prestaciones), tal y como lo establece la Ley de Pensiones del estado de Jalisco. Ello ha resultado en tres fenómenos negativos para los trabajadores que cotizan para Pensiones del estado: primero, que se está acumulando monto de recursos insuficientes para las jubilaciones de los propios trabajadores; segundo, que el monto de la jubilación resulta ser muy inferior al salario promedio último de trabajo en que cotizan los trabajadores.

V.Que en 1998 Pensiones del Estado de Jalisco difundió una circular a todas las instituciones públicas del Gobierno de Jalisco en donde se les exigía, de acuerdo a la Ley, que cotizarán las deducciones por concepto de jubilaciones sobre el salario real de los trabajadores (salario más prestaciones). Exigencia que sólo cumplieron pocas dependencias, entre ellas el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

VI.Que los hospitales civiles de Guadalajara actualmente sólo cotizan 20 millones de pesos anuales a Pensiones del estado. Cuando el total deberían de ser 57 millones de pesos anuales. De allí un faltante total de 37 millones de pesos para el concepto de jubilaciones.

VII. Que la Comisión de Hacienda del Congreso del estado de Jalisco planteará ante el Pleno la asignación de 10 millones de pesos para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2007 por concepto de fondos a las jubilaciones de los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara.

VIII. Que los hospitales civiles de Guadalajara se comprometen a canalizar 10 millones de pesos anuales para los fondos de jubilaciones de sus trabajadores, si el Congreso del estado aporta otros 10 millones anuales. Con ello, los trabajadores necesitarían a portar los otros 17 millones de pesos restantes anuales.

IX.Que con el fondo de 37 millones se puede subsanar los problemas a los que se enfrentarán actualmente un total de 200 trabajadores susceptibles de jubilarse, permitiéndoles una jubilación digna para ellos y sus familias, y en recompensa a todo el gran servicio y trabajo humanitario que prestan en esta institución pública.

X.Que actualmente se encuentran casos de personal que tiene más de 30 años de trabajo en los hospitales civiles y siguen laborando hasta prácticamente ``morir'' en el mismo hospital. Pero el problema de las jubilaciones los ha orillado a asumir esta estrategia de sobrevivencia, pues prefieren seguir trabajando, pese a su salud y edad, a empezar a recibir una jubilación 50 por ciento menor a su salario actual; lo cual impacta negativamente en su nivel de vida de ellos y sus familiares.

XI.Que dadas las condiciones de ingresos de los trabajadores no es posible que ellos reúnan tal cantidad. Además ello significaría una doble deducción a sus salarios por concepto de jubilaciones, lo cual resulta ser toda una injusticia. Los trabajadores no tienen que absorber este déficit de recursos.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Único. El suscrito exhorta a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea a analizar y valorar la posibilidad de asignar anualmente recursos, y a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, por un monto de 17 millones de pesos en concepto de aportación para el fondo de pensiones de los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.--- Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para ampliar los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales de Tabasco, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal, Francisco Sánchez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos.

Considerandos

La carencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es un indicador que está relacionado directamente con un bajo nivel de vida. El Estado debe proveer un marco de desarrollo que incluya un medio ambiente saludable como elemento esencial del bienestar humano.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que el gran problema de nuestro continente son las aguas residuales. El mismo informe dio a conocer que sólo el 30 por ciento de las aguas residuales son tratadas con procesos adecuados.

Si se considera que el 60 por ciento de la población de Latinoamérica vive en zonas costeras, y que la mayor parte de sus desechos desembocan en el mar sin ningún tipo de tratamiento, no es de extrañar que el dengue, el paludismo y las diarreas sean enfermedades comunes.

Otra problemática es que únicamente el 30 por ciento del agua en México es de buena calidad.

El agua es el elemento que permite sostener adecuadamente los tres factores críticos del desarrollo: el social, el económico y el ambiental, sin embargo la ausencia de infraestructura, de los servicios o acceso al suministro de agua potable y la carencia de drenaje, impiden erradicar las muertes por agua contaminada, sostener la biodiversidad de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades poniendo freno al progreso.

En el municipio de Huimanguillo, Tabasco la escasez en el suministro de agua se presenta en la cabecera municipal y en la zona costera.

La cabecera municipal es la ciudad de Huimanguillo que tiene una población de 32,113 habitantes y además está conformado por 3 villas, 18 poblados, 26 colonias agrícolas, 42 rancherías y 106 ejidos. Su extensión es de 3,757,59 km², los cuales corresponden al 15.35% del total del estado. Esto coloca al municipio en el primer lugar en extensión territorial en el estado.

La cabecera municipal se encuentra franqueado por dos caudales de gran importancia; el río Mezcalpa, que corre por la parte oriental del municipio y pasa a un costado de la cabecera municipal y el Tancochapa que luego toma el nombre de Tonalá, que corre por su parte occidental, sirviendo de límite entre los estados de Tabasco y Veracruz. A pesar de ello sólo 12,986 viviendas cuentan con agua entubada que es suministrada por 3 pozos profundos con un volumen de extracción de 18,534 lt/s, que resultan insuficientes.

En el ejido El Paraíso se encuentra abandonada desde el 2001 la obra de la planta potabilizadora y el equipo de bombeo y filtración, toda vez que el presupuesto destinado para su construcción, de 3 millones de pesos, fue insuficiente para concluirla. Esta planta pudo haber solucionado la carencia del vital líquido a los ejidos circunvecinos y en Villa la Venta, donde los dos pozos que existen no cubren la demanda de agua debido a la falta de presión. Asimismo, la obra hubiera permitido a los habitantes locales y de los ejidos La Ceiba, El Paraíso, Aquiles Serdán y el sector Ruiz Cortines recibir en sus hogares agua tratada químicamente para ser consumida sin ningún riesgo.

En Cárdenas la carencia de agua para beber se debe tanto a la falta de inversiones en el sistema de abasto de agua como a la falta de mantenimiento.

La planta potabilizadora de agua construida en el ejido Paso y Playa hace poco mas de seis años, con capacidad para abastecer 500 litros por segundo no pudo resolver el problema de abasto, toda vez que la planta se encuentra subutilizada al 30 por ciento de su capacidad, ya que los embates de la presión inicial colapsaron las desvencijadas tuberías de la red de abasto municipal; provocando problemas de fugas en toda la ciudad, al grado que el 50 por ciento del agua del sistema de suministro se pierde dejando a miles de habitantes de las colonias populares sin el abasto del líquido.

Por lo anterior se diseñaron los siguientes proyectos que en primera instancia son los que aportarían beneficios a una mayor población. Proyecto FP-062 construcción de carcamo y línea de presión de descarga en la colonia CSAT por un monto de 2.4 millones de pesos en Cárdenas, Tabasco.

Construcción de planta potabilizadora para abastecimiento de la cabecera municipal en módulos de 250lt/seg por un monto de 35 millones de pesos en Huimanguillo, Tabasco.

Construcción y encauzamiento del drem emisor A, en villa estación Chontalpa, por un monto de 8 millones de pesos en Huimanguillo, Tabasco.

Construcción de planta de tratamiento para aguas negras de ciclo combinado de 18.5 lt/seg en la colonia Lázaro Cárdenas (para dar servicio a 7 colonias) de la Ra y Río Seco y Montaña por un monto de 7 millones doscientos mil pesos en Huimanguillo, Tabasco.

CN40 Proyecto de agua potable construcción de la red de alcantarillado sanitario que incluye pozos de visita, tubería de PVC serie 20 de 6 y 8 /diam. Pozo de visita, brocales y registro por u monto de 15 millones de pesos en Huimanguillo, Tabasco.

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara a que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 autorice una ampliación a los Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas [PROSSAPYS] y Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales [APAZU] de la delegación Tabasco con un 27.4% adicional al presupuesto otorgado en el 2006.

Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para incrementar la infraestructura de las centrales de abasto del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país, los comerciantes micro, pequeños e inclusive los medianos, han visto disminuido su posicionamiento en el mercado debido, entre otras cosas, al incontenible avance de las grandes cadenas comerciales, a la falta de desarrollo y competitividad.

Como una parte de nuestras tradiciones, el comercio al menudeo de los productos agropecuarios se ha venido realizando a través de un esquema de venta muy antiguo y que por ello se conoce como comercio tradicional.

Este esquema utiliza básicamente cuatro formas de venta:

El mercado público, el mercado regional, los mercados sobre ruedas o tianguis y las centrales de abasto

Hasta la década de los 80 los supermercados se ubicaban de forma estratégica en áreas urbanas preferentemente en segmentos poblacionales con el alto y medio poder adquisitivo.

Sin embargo, en los años 90 el crecimiento de los autoservicios se presentó como un fenómeno comercial de expansión desmedido logrando un importante posicionamiento tanto en términos de ventas como en el número de establecimientos, basando este desarrollo en el entendimiento y respuesta que ofrecieron al crecimiento y exigencias de la sociedad.

Según algunos estudios del sector, se tiene identificado que algunas transnacionales controlan de forma íntegra el mercado de importaciones a nuestro país de los tres principales productos de consumo nacional: el maíz, el frijol y el sorgo.

La consecuencia directa de esto, en el mejor de los casos ha sido la afectación a los pequeños productores nacionales, pero en muchos de ellos ha sido la quiebra.

La sociedad de México y el mundo se encuentra en un permanente proceso de crecimiento, cambiando hábitos de consumo y exigiendo mayor calidad en los productos que adquiere.

De igual forma, que la demanda alimenticia ha crecido, las tiendas de autoservicio han asumido un papel de satisfactor, que no les corresponde si consideramos que en su mayoría están conformadas por capital extranjero. Por ejemplo, en la actualidad, prácticamente el 80% de las ventas de productos al menudeo en la Ciudad de México, esta controlado por este sector.

Los autoservicios son dueños de agresivas estrategias de comercialización y posicionamiento en el gusto del consumidor, lo que les ha permitido la creación de sus propios sistemas de acopio y distribución, encerrando en un callejón sin salida a los grandes centros de acopio, como son las centrales de abasto.

De continuar por este camino el sistema tradicional de ventas en áreas de subasta y distribución de hortalizas, verduras o frutas por fragmentos mayoristas tiende a desaparecer.

Algunos de los efectos directos en el sector son: infraestructura inadecuada, tecnología obsoleta, inocuidad inexistente, productos y servicios sin calidad y disminución dramática de ventas.

Hoy día, las centrales de abasto aún juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, pues concentran a más de 27 mil comerciantes, generan más de 300 mil empleos directos y más de 800 mil empleos indirectos que representan la dependencia de cerca de 700 mil familias y manejan cerca del 80% del consumo nacional de frutas y hortalizas.

Por otra parte, no se puede dejar de considerar el derecho de alimentación de las personas y sobre la importancia de crear esquemas que permitan atender esta necesidad que nos incumbe específicamente a los mexicanos.

En suma, el sector se enfrenta a una compleja crisis ante el embate estratégico y de fuerte potencial económico y que resulta prioritario revertirlo. Si no se logra realizar la tarea de abasto racional y eficientemente, habremos fracasado en uno de nuestros más importantes objetivos, que es el apoyo al desarrollo social y seremos responsables de los efectos devastadores que esto conllevará en toda la estructura socioeconómica.

Por tanto, es indispensable incrementar de manera sustancial los recursos para las centrales de abasto, con el firme propósito de:

Impulsar la competitividad del sector abasto de México.

Modernizar su infraestructura y equipamiento.

Establecer importantes estrategias de posicionamiento en todos los segmentos y a todos los sistemas producto.

Impulsar y mejorar la cultura empresarial.

Crear nuevas alternativas de negocio.

Detonar igualdad de condiciones económicas para hacer frente a la competencia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, una partida especial correspondiente a la Secretaría de Economía por un monto de dos mil millones de pesos con el objetivo de incrementar la infraestructura, apoyar con tecnología de punta y modernizar a todas las centrales de abasto del país.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para que la Conagua realice diversos proyectos en la zona oriente del valle de México, suscrita por los diputados Silvia Oliva Fragoso, Lourdes Alonso Flores, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados Silvia Oliva Fragoso, Lourdes Alonso Flores, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

Es una realidad para nosotros que la Zona Metropolitana del Valle de México constituye una de las metrópolis más grandes del mundo; su actividad cultural, económica, industrial y comercial originan que un enorme flujo de personas transiten día a día a lo largo de la ciudad y los municipios que la conforman, originando innumerables problemas para la población que ahí habita.

La Zona Metropolitana del Valle de México representa un cúmulo de necesidades, sin embargo, el abastecimiento de agua limpia de manera permanente, el desalojo de aguas negras, el aprovechamiento de las aguas pluviales, y el evitar inundaciones son temas que deben atenderse de manera prioritaria, principalmente en la zona oriente del Valle de México.

Esto lo podemos justificar en la enorme necesidad de los habitantes de la zona oriente del Valle de México de salvaguardar sus bienes, que no obstante la falta permanente de agua, en temporada de lluvias corren un enorme riesgo de sufrir inundaciones de hasta metro y medio del nivel de sus casas sufriendo severos deterioros en sus construcciones y muebles, sobretodo en colonias como U.H. La Colmena, Ermita Zaragoza, Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacan, Juan Escutia, Ejército Constitucionalista, Unidad Vicente Guerrero, Renovación, Paraje Zacatepec entre otras, de la delegación Iztapalapa y municipios como Nezahualcóyotl, Chalco, o Los Reyes La Paz que por su ubicación geográfica padecen de manera conjunta esta problemática.

No es cosa menor atender la parte oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, la población que se vería beneficiada con la construcción de los colectores asciende a más de 200 mil personas. Es por ello que debemos reconocer nuestra obligación de garantizar la calidad de vida de estos habitantes, a través de una mayor captación de aguas pluviales mediante pozos de absorción y el desalojo de aguas negras que permitan dotar de este recurso a la población y evitar inundaciones como las que han padecido reiteradamente en los últimos años, en esa zona del Valle de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se solicita que del presupuesto del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México del 2007, se asignen recursos para que la Comisión Nacional del Agua realice:

Primero.El proyecto y construcción del colector de alivio ``John F. Kennedy'' que cuenta con las siguientes características:

Dip. Silvia Oliva Fragoso.»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir y ampliar el tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, presentado por el Poder Ejecutivo consideró recursos totales para el estado de Hidalgo por poco más de 15 mil millones de pesos.

La Cámara de Diputados de la pasada legislatura reasignó un total de más de 2 mil 500 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales mil 188 millones de pesos, correspondieron al gasto federalizado.

Dentro de estos recursos, se contemplaron 562 millones de pesos adicionales para el Programa Carretero.

Al considerar las ampliaciones anteriores, el estado de Hidalgo contó con aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2006.

En el mismo sentido, para el Programa Carretero, dentro de los recursos adicionales para ``Construcción y Modernización de Carreteras'' se consideraron 228.2 millones de pesos, de los cuales 90.0 millones de pesos se destinaron al tramo Atotonilco el Grande-Mineral del Monte; 68.0 millones de pesos se destinaron al tramo Pachuca Cd. Sahagún; 50.2 millones de pesos para el tramo Ixmiquilpan- Portenzuelo y 20.0 millones de pesos para el tramo Pachuca-Tulancingo.

Sin embargo, el estado de Hidalgo necesita de la construcción ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles con el propósito de reducir el tiempo de traslado entre Pachuca y Tizayuca. Asimismo, esto permitiría mejorar la seguridad para los usuarios en este tramo por el intenso tráfico de vehículos pesados que se genera y al mismo tiempo impulsar el desarrollo comercial con los estados de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Veracruz sin dejar de mencionar a nuestro estado Hidalgo ya que es por esta vía de comunicación por donde se desfoga el trasporte pesado que se dirige al norte de nuestro gran país.

Las metas específicas que se intentan conseguir son la construcción de dos carriles de 3.50 metros en cada cuerpo con acotamientos exteriores de 2.50 metros. La longitud que se considera es de 7 kilómetros. La inversión estimada sería de 45 millones de pesos para considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Con la construcción de esta carretera se estaría beneficiando a más de 200 mil habitantes de los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca, Ixtlahuaca, Villa de Tezontepec, Zapotlan de Juárez, Santa María; entre otras comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, un monto adicional de 45 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción ampliación del tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se establezcan criterios de eficiencia y transparencia administrativa para evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Irineo Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo en relación a la aplicación de las reglas de operación en los programas del sector agropecuario para el año 2007.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos institucionales para que en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la utilización de los recursos contenga los máximos criterios de eficiencia administrativa y transparencia, a fin de evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo, así mismo se entregue un informe trimestral detallado a esta soberanía, sobre los avances en la entrega de recursos de los programas bajo reglas de operación.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural a informar de manera clara y amplia; ---en las comunidades rurales y entre los productores---, los procedimientos necesarios para acceder a los beneficios de los programas federales de apoyo al campo sujetos a reglas de operación, asimismo para que modifiquen el criterio de las reglas de operación en el Programa Alianza para el Campo, con el objetivo de que en las zonas que están consideradas de alta y muy alta marginación los beneficiarios aporten la participación que les corresponde y al mismo tiempo el gobierno federal, estatal y municipal, entreguen los recursos asignados, para dicho proyecto.

Tercero.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en las discusiones sobre el presupuesto de Egresos 2007, se incrementen los recursos destinados al Programa Alianza para el Campo.

Diputado Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir el arco norte del distribuidor San Juan Ixhuatepec, México, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

En la zona limítrofe en el norte del Distrito Federal y el estado de México, se ubica la avenida Insurgentes que se prolonga como la carretera México-Pachuca, la cual presenta un aforo vehicular intenso en el que se descarga el transporte de la zona metropolitana de los municipios con la mayor densidad y población del estado de México tales como: Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcoyotl y Tultitlan entre otros; así como también todo el flujo vehicular que ingresa y sale del estado de México, Distrito Federal y estado de Hidalgo.

Vale la pena mencionar que la avenida Insurgentes es la avenida más grande del Distrito Federal, en su parte extrema al sur de la ciudad, se conecta al estado de Morelos y por el norte, al estado de México e Hidalgo. Además por esta vía de comunicación todo el tiempo ingresan y salen diariamente miles de habitantes que se trasladan a sus centros de trabajo.

Particularmente en esta zona limite del DF y el estado de México, donde convergen 2 municipios (Tlalnepantla y Ecatepec), ha quedado suspendida la obra conocida como Distribuidor San Juan Ixhuatepec en su primera etapa conocida como Arco Norte Periférico, el cual queda truncado por la avenida Insurgentes-Pachuca; este arco al no construirse, ha provocado el congestionamiento vehicular sobre estas dos importantes arterias, particularmente desde la zona conocida como la Raza, hasta la zona donde se pretende construir este distribuidor a la altura de la comunidad de San Juan Ixhuatepec. Generando con ello un punto de conflicto de transito vehicular, el cual se agrava por tener muy cercana la zona conocida como Indios Verdes donde se ubica el paradero del Metro y de autobuses utilizado por miles de personas a diario.

Agregamos que este cruce de la avenida Insurgentes-carretera Pachuca y el Periférico Norte, ha provocado innumerables accidentes: perdida de vidas humanas y también materiales; en época de lluvias se inunda provocando el congestionamiento total del transito por horas en este lugar.

Parte de la solución a dicha circunstancia, es la construcción del Arco Norte (primera etapa), del Distribuidor San Juan Ixhuatepec y que nuestro Grupo Parlamentario ha impulsado desde la legislatura anterior. Inclusive, en el año 2005 fueron presupuestados por esta honorable Cámara, y publicados en el Diario Oficial de la Federación, los recursos necesarios para la realización de dicha obra, pero fue cancelada por el veto al presupuesto interpuesto por el Ejecutivo federal durante el año 2005.

Con esta asignación de recursos federales para esta obra en el ejercicio fiscal del próximo año, contribuiremos a mejorar las condiciones de la circulación del transporte, costo, tiempo y seguridad en el traslado de las personas y bienes materiales que transitan en dichas vías.

Considerando lo antes señalado someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y de Comunicaciones, a que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, recursos por 100 millones de pesos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destinados a la construcción del Arco Norte (primera etapa) del Distribuidor San Juan Ixhuatepec estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Raciel Pérez Cruz (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para modernizar los sistemas estatales del registro civil y municipales de registro catastral; y de que se solicite a Pemex la donación de material asfáltico destinado a mejorar la infraestructura carretera de los municipios, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Calzada, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 34 incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de los fondos para la modernización de los sistemas de registro civil, de registro catastral y para solicitar a Petróleos Mexicanos que proporcione material asfáltico para mejorar la infraestructura carretera y de caminos de los municipios, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El municipio constituye la base de la división territorial, de la organización política, económica y social de la población mexicana. Las mejoras de los servicios públicos que le son propios constituyen una condición imprescindible para el fortalecimiento del federalismo y para la consecución de un desarrollo regional más equilibrado, igualitario y justo.

Cualquier ciudadano, cualquier niño mexicano, debe tener, por ese sólo hecho y con independencia del lugar en el que nazca, el mismo acceso a la provisión de bienes y servicios públicos. Es deber del Estado mexicano tomar las medidas adecuadas para garantizar que los beneficios provenientes de la acción pública se distribuyan de manera homogénea en todo el territorio nacional. Sin embargo, la disparidad que existe entre las regiones del país y que en la mayoría de los casos se reproduce hacia el interior de los estados, hace que una gran cantidad de población reciba de parte de los municipios servicios obsoletos, de baja calidad o alejados de los niveles de eficiencia que se alcanzan en las grandes ciudades. Las diferencias en los niveles de desarrollo municipal provoca una situación paradójica: debido al atraso tecnológico, a la falta de infraestructura de comunicaciones y transportes, y al difícil acceso a las cabeceras municipales, en las comunidades menos desarrolladas la gente tiene que enfrentar costos muchos más altos para acceder a los bienes y servicios públicos.

Dentro de los servicios más importantes para el desarrollo de las comunidades, se encuentra el Registro Civil, materia de competencia estatal que se presta en cada municipio y que permite dar certidumbre jurídica en la acreditación de las personas y de su estado civil. Como una forma de impulsar la modernización de los sistemas de registro civil en donde se registre la población de los municipios menos desarrollados proponemos la creación de un fondo con recursos federales que denominaremos Fondo para la Modernización de los Sistemas de Registro Civil. Nuestra propuesta es que el fondo se integre con $120,000,000.00 (ciento veinte millones de pesos) y que la Federación apoye la modernización de los sistemas de registro civil mediante la capacitación, el desarrollo y la implementación de servicios informáticos, la actualización de hardware, entre otras acciones.

Aunado al Registro Civil, el catastro constituye otro elemento fundamental para el desarrollo municipal y regional. Un sistema catastral eficiente permite a los municipios orientar acciones que abatan los rezagos sociales, como la regularización y certificación de la tenencia de la tierra y el ordenamiento territorial. Además, el que los municipios cuenten con un registro preciso de la situación de los inmuebles que se encuentran en sus demarcaciones implica que tengan una mayor capacidad para recaudar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Estos recursos, al canalizarse hacia el cumplimiento de los programas de desarrollo municipal, generan de manera inmediata una menor dependencia de los municipios hacia los recursos provenientes de la Federación o de los gobiernos estatales en forma de participaciones o aportaciones. Así, modernizar el catastro les permite a los municipios aprovechar de una mejor manera sus potestades tributarias, lograr una mayor independencia financiera con respecto a los otros órdenes de gobierno y tener una mayor capacidad para brindar servicios públicos de mejor calidad; así como dar certidumbre jurídica a los poseedores de inmuebles en cada uno de los ámbitos municipales.

Por ello, proponemos la creación de un fondo con recursos federales que sugerimos se denomine Fondo para la Modernización de los Sistemas de Catastro, integrado con una bolsa de $240 000 000.00 (doscientos cuarenta millones de pesos) que la Federación deberá utilizar para apoyar la modernización de los catastros municipales mediante la capacitación, el desarrollo y la implementación de servicios informáticos, la actualización de hardware, entre otras acciones.

Por otra parte, muchos municipios cuentan con los recursos humanos, la maquinaria y el conocimiento necesario para llevar a cabo la construcción o pavimentación de carreteras y caminos que conecten a las cabeceras municipales con rancherías, congregaciones o comunidad alejadas. Sin embargo, la parte crítica de ese proceso de construcción, en términos de recursos financieros, lo constituye la carpeta asfáltica superior. Para coadyuvar a una mejor integración de los municipios con los asentamientos humanos que los constituyen proponemos que se solicite a Petróleos Mexicanos, la donación en especie, por un monto equivalente a $340 000 000.00 (trescientos cuarenta millones de pesos), del material asfáltico conocido como AC-20. A razón de que se requieren en promedio 50 toneladas de este material por kilómetro de carretera, esta acción representaría la pavimentación de cerca de 3 mil 333 kilómetros de caminos municipales que permitirían mejorar las comunicaciones y el transporte hacia el interior de los municipios. Por lo anterior, es que se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.De acuerdo a los antecedentes expuestos en párrafos anteriores, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la creación de un Fondo para la Modernización del Registro Civil, consistente en $120000000 (ciento veinte millones de pesos).

Segundo.La creación del Fondo de Modernización de los Sistemas Catastrales, consistente en $240 000 000 (doscientos cuarenta millones de pesos) que se destinará a modernizar los sistemas de catastro de los municipios.

Tercero.Otorgar a Petróleos Mexicanos ( Pemex) recursos por $340 000 000 (trescientos cuarenta millones de pesos) para que brinde material asfáltico AC-20 a favor de los municipios, con el objeto de que se logre la pavimentación de 3 mil 333 kilómetros de caminos que conecten a las cabeceras municipales con las comunidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para ejecutar un proyecto regional de tratamiento y valorización de los residuos sólidos urbanos de la zona oriente del estado de México, suscrita por los diputados Jaime Espejel Lazcano y Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los grandes problemas a nivel nacional, es el relativo a los desechos sólidos, mejor conocidos por el término basura, al respecto, asociaciones privadas, instituciones públicas y autoridades de todos los ámbitos, han manifestado su preocupación. Sabemos, que lo relativo a este tema, no es sencillo y sí en cambio, muy delicado, esto, no solo por el daño ambiental que se provoca por el mal manejo de estos residuos, sino también por los daños que se pueden ocasionar, indudablemente, en la salud de las personas, cuando no se toman las decisiones adecuadas y precisas al respecto.

La cantidad diaria estimada de residuos sólidos urbanos que se genera en el Estado de México es de 14 mil toneladas por día y tan sólo en el municipio de Chalco es de 315 toneladas por día. Se estima que sólo el setenta y cinco por ciento es recolectada y de ella sólo el treinta por cierto se dispone en rellenos sanitarios predominantemente predios abiertos con quema indiscriminada de desechos y sin tratamiento alguno.

La responsabilidad de un medio ambiente saludable es de todos los órdenes de gobierno, esta solicitud, significa la colaboración entre la federación y los gobiernos municipales en virtud de que el recuso se destinará a la construcción de un relleno sanitario de carácter regional cuya superficie es de 85 hectáreas localizada en el kilómetro 47 de la autopista México-Puebla, ya que no podemos dejar a un lado que se generan de 500 a 1000 gramos de basura por habitante por día que nos da un aproximado de 1500 toneladas diarias que no cuentan con un destino viable.

Esta propuesta beneficiaría a la población de los municipios de Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Cocotitlán, Valle de Chalco, Chalco, Tenango del Aire, Tlalmanalco y los Reyes con la finalidad de contribuir a un ambiente más saludable. Es de señalar, que este proyecto se entregará a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para su análisis.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados y a la Comisión de Desarrollo Metropolitano del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un monto de 60 millones de pesos destinado al Fondo Metropolitano para la ejecución de un proyecto regional de tratamiento y valorización de residuos sólidos urbanos para la zona oriente del estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 diciembre de 2006.--- Diputados: Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Rafael Ramos Becerril.»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para el desarrollo y la promoción del turismo en el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdopor el que solicita se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida específica para el desarrollo y promoción turística para el estado de Zacatecasal tenor de los siguientes

Consideraciones

I. Con fecha 13 de Septiembre del año 2006, los integrantes de la Comisión Legislativa de Turismo de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Zacatecas, celebraron reunión plenaria, en la que se desahogó la necesidad de atender el desarrollo en infraestructura y promoción turística; siendo que es una prioridad de la actividad turística del Estado como una oportunidad de crecimiento económico y ha contribuido a elevar la calidad de vida de sus habitantes, de igual manera ha quedado demostrado que el turismo se ha reflejado de una forma directa en la economía de las familias zacatecanas, por ejemplo, en empleos, más inversión de capital local, nacional e internacional, más prestadores de servicios.

II. Que el trabajo realizado por el Gobierno del Estado de Zacatecas que encabeza la licenciada Amalia García Medina, a través de la Secretaría de Turismo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, en virtud del cual, el Congreso del Estado de Zacatecas aprobó mediante un punto de acuerdo la exhortación a esta soberanía para otorgar el apoyo económico para el turismo en el estado de Zacatecas; y para tales efectos se adjunta el Proyecto de Inversión turística para los diferentes municipios.

III. Que mediante Acuerdo número 129 aprobado por la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Zacatecas en su sesión ordinaria, aprobaron que se someta a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdopor el que solicita se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida específica para el desarrollo y promoción turística.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicita se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida presupuestal con un monto de 57millones 850 mil pesos para el desarrollo y promoción turística para el estado de Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.--- Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incrementen los recursos para la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quién suscribe, Alliet Mariana Bautista Bravo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incremente la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma Metropolitana en un orden del siete por ciento adicional a lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, ubicado en el Ramo 11, Educación Pública, bajo la entidad A2M, conforme a las siguientes

Consideraciones

El carácter de la política económica instrumentada por las instituciones de gobierno en materia de educación pública, define en un gran porcentaje la tendencia democrática, autoritaria o neoliberal de las sociedades actuales. El nivel de desarrollo de las naciones depende directamente de su nivel educativo. En el caso de nuestro país, con motivo de la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2007, el Presidente de la República propuso una disminución de entre 6 y 8 por ciento de los recursos destinados a las universidades públicas federales, no obstante que entre sus temas de interés plasmados en el documento denominado: Temas Legislativos. Agenda Nacional, considera como condición para hablar de desarrollo humano sustentable: garantizar al menos, el acceso a la educación, a la salud, y a los servicios públicos de calidad, y propone la adecuación del marco legal para que promueva la calidad de la educación mediante incentivos que estimulen su constante mejora y establezca responsabilidades compartidas entre padres de familia, autoridades y maestros (fin de la cita).

Es confuso que en el ánimo de lograr la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano sustentable como compormisos de gobierno de Felipe Calderón, envíe a la Cámara de Diputados un presupuesto con disminuciones importantes a universidades públicas como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Instituciones que han demostrado a lo largo de los años y con creces, un alto nivel educativo en América Latina y en el mundo, no solo en la preparación de futuros profesionistas sino en la formación de docentes y académicos que conforman el Sistema Nacional de Investigadores.

En el Proyecto de Presupuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Casa Abierta al Tiempo, sufre un recorte de alrededor de 28 millones de pesos, en comparación con el presupuesto ejercido en el 2006 que ascendió a 3 mil 395 millones 56 mil pesos (sin considerar ingresos propios); para el 2007, sólo se consideran recursos en el orden de 3 mil 367 millones 476 mil 306 pesos; cantidad que pone en riesgo los proyectos destinados a infraestructura, mantenimiento de equipo, servicios operativos, así como planes de investigación e innovación educativa, y que de no recibir incremento, no se garantizan los proyectos académicos --a corto y mediano plazo--, mucho menos si se considera la construcción y operación de la cuarta unidad Cuajimalpa.

Cabe destacar que el modelo educativo de la UAM, respaldado por la figura del profesor-investigador, proporciona a los alumnos una sólida formación profesional y el dominio de un amplio conjunto de habilidades y técnicas que les permiten incorporarse con éxito al mercado laboral, la planta académica de la universidad está formada por 2 mil 315 profesores-investigadores con dedicación de tiempo completo, por 477 de medio tiempo, y por 301 de tiempo parcial. Esto significa que cerca del 75 por ciento del personal académico de la universidad dedica tiempo completo a sus labores de docencia e investigación --de los porcentajes más altos en instituciones de educación superior. Esta capacidad académica permite a cada profesor de tiempo completo atender alrededor de 20 alumnos, lo cual da como resultado uno de los mejores promedios de relación profesor-alumno de todo el país.

El número de académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores se ha incrementado significativamente durante los últimos 12 años. La UAM garantiza a sus alumnos una adecuada atención en la impartición de los programas docentes y una infraestructura de calidad y en número suficiente: laboratorios, talleres, centros de cómputo, bibliotecas y demás servicios universitarios indispensables para el desarrollo de la formación profesional.

Tan solo en tres unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, sin contar la unidad Cuajimalpa de reciente apertura, se absorbe un total de 46 mil 200 alumnos de nivel licenciatura y de postgrado.

El 90 por ciento de los alumnos egresados de la UAM, pudo obtener un empleo en la profesión que cursó, mientras que el resto se desempeña en otra ocupación profesional. El 48 por ciento de las y los egresados, prestan sus servicios en empresas o instituciones privadas y un 47 por ciento, en el sector público. De aquéllos que laboran en el sector privado, alrededor de un 13 por ciento estableció su propia empresa.

Como puede apreciarse, los resultados en eficiencia terminal, son acordes con el compromiso de la institución en la formación de nuevos profesionistas, así como con el desarrollo del país.

Por otra parte, es importante resaltar que independientemente de tales aportaciones y logros que la Universidad Autónoma Metropolitana otorga al Sistema Educativo Nacional, organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), han señalado en diversos informes que en México persisten las desigualdades educativas entre mujeres y hombres, entre el medio rural y el urbano; que existe una vinculación insuficiente entre la educación y el aparato productivo, así como poca atención a la ciencia, a la investigación científica y al fomento de la innovación. Y por si esto fuera poco, coinciden en que los últimos resultados del modelo económico aplicado en México en materia educativa, no solo no han combatido, sino que han incrementado los niveles de desigualdad social, económica y de vulnerabilidad de diversos sectores sociales.

En el informe más reciente del PNUD respecto al índice de desarrollo humano en México, se recomienda a nuestro país: proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de las y los mexicanos, avanzar hacia la equidad en la educación; diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación media superior y superior, a fin de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto a las necesidades individuales y los requerimientos laborales; fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación. Lo anterior sin mencionar que la UNESCO establece como política educativa permanente que el gasto mínimo que los países deben destinar al rubro de educación debe ser el equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto. Para enfrentar dichas metas, lo menos que se espera por parte del Ejecutivo federal es una reducción al presupuesto de las universidades de educación superior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en términos de sus facultades y atribuciones, incremente la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma Metropolitana en un orden del siete por ciento adicional a lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, ubicado en el Ramo 11, Educación Pública, bajo la entidad A2M.

Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incorporen recursos para el desarrollo rural sustentable en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Amador Campos Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante, y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.

Dentro de este contexto los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los que manifiestan los índices mayores de marginación en el país.

El diagnóstico de la situación rural de los estados señalados es por todos conocido, no es, por tanto, necesario hacer referencia a datos que están en la mente de todos ustedes.

En virtud al proceso de revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, es ocasión propicia para reorientar recursos de manera preferente a esta marginada región del país, programas estratégicos como Alianza para el Campo, el Programa Especial para la seguridad alimentaria y el Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas forestales.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen los rubros presupuestales señalados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería a destinar a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en proporciones iguales para cada uno, 600 millones de pesos adicionales dentro del Subprograma de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, que administra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para ser aplicados bajo la mecánica del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, y 750 millones de pesos dentro del Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Forestales del Pro-Árbol, que administra la Comisión Nacional Forestal, para apoyar a los productores de menores ingresos y propiciar la conservación y restauración de los eco sistemas forestales de esas entidades federativas. Derivado de las condiciones de restricción presupuestal que se enfrenta en esta región, estos recursos se otorgaran sin necesidad de una aportación estatal en contrapartida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del año 2006.--- Diputado Amador Campos Aburto (rúbrica).»

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar recursos que garanticen el debido cumplimiento de las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes, a cargo del diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe diputado Victorio Montalvo Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura y del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgenteresolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que con fecha 28 de noviembre de 1985 fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 40/33, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

2. Que con fecha 20 de noviembre de 1989 fue abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU en su resolución 4/25 la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Que con fecha 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990, el Senado de la República aprueba la convención sobre los derechos de los niños, cuya entrada en vigor en el territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos tiene verificativo el 21 de octubre de 1990.

4. Que con fecha 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/113, adoptó las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.

5. Que con la misma fecha, la Asamblea General en su resolución 45/112 adopta y proclama las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la delincuencia juvenil.

6. Que con fecha 7 de abril de 2000, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la obligación en el respeto del pleno ejercicio de los derechos de las niñas y los niños.

7. Que con fecha 29 de mayo de 2000, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8. Que el Título Cuarto de la ley está dedicado a desarrollar las garantías y los derechos procesales constitucionales en caso de que un adolescente infrinja la ley penal, y que el articulado del citado título atiende a las reglas de Beijing y las directrices de Riad, y principalmente a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, protegiendo, de esta forma, a niñas, niños y adolescentes de cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus derechos humanos, haciendo obligatorias las garantías de presunción de inocencia, de celeridad, de defensa, de no ser obligado a careo judicial o ministerial, de contradicción y de oralidad en el proceso.

9. Que con fecha 29 de agosto de 2001 se firman dos convenios de colaboración entre la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El primero general, con el objeto de establecer las bases de colaboración para contribuir en una generación de una cultura de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para impulsar y promover tanto en la federación, como en las entidades federativas, las reformas a códigos y normas, respecto de los derechos de la niñez y adolescencia; el segundo especifico, mediante el cual UNICEF se obliga a prestar asistencia técnica al proceso de reformas legislativas sobre el sistema penal juvenil.

10. Con fecha 12 de diciembre de 2005, en cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por México, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto pro el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma que entró en vigor el día 12 de marzo de 2006.

La reforma en comento dispone a la federación, los estados y el Distrito Federal a establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que sea aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por los ordenamientos penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución para todo individuo.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 constitucional, el Senado de la República presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes así como reformas a diversos ordenamientos que se encuentran relacionados con la materia. Actualmente la minuta que dictamina la iniciativa presentada, se encuentra en las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación del honorable Congreso de la Unión, quedando pendiente su aprobación ante el Pleno, y así poder continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

Consideraciones

a) A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta enviada por la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y la Ley Federal de Defensoría Pública.

b) La creación de este nuevo sistema de justicia para adolescentes, despertó preocupaciones de gobernadores con base en que será el inicio de la creación de un nuevo sistema estructural, en virtud de que se encuentra basado principalmente en proteger los derechos humanos de los adolescentes y es un sistema que contempla las garantías al debido proceso y establece lineamientos que otorgan una verdadera reincorporación social, familiar y cultural de los adolescentes.

Motivo por el cual este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, representa una referencia estructural trascendental en el país, en virtud que requiere financiamiento suficiente a fin de llevar a cabo la creación de instituciones, órganos y especialización que se requieran para la aplicación del mismo.

c) La Conferencia Nacional de Gobernadores, en su XXVIII Reunión Ordinaria, celebrada el pasado 19 de mayo de 2006, en Ixtapan de la Sal, estado de México, instruyó a su Comisión de Seguridad Pública a efecto de que dé seguimiento a los siguientes acuerdos:

...

Décimo Tercero. A propuesta del gobernador Ney González Sánchez, y en el marco de las recientes reformas al artículo 18 constitucional, respecto de la instrumentación de un sistema integral de justicia para menores que ponga especial énfasis en la reintegración social y el tratamiento de los menores infractores, concediendo a los niños y adolescentes la calidad de sujetos de derechos y titulares de garantías, este pleno aprueba los siguientes puntos:

Llamar a la firma de un acuerdo de coordinación entre los gobiernos estatales y la federación, que contemple los recursos financieros necesarios para dar respuesta a la sociedad en esta nueva responsabilidad institucional.

Conjuntar los esfuerzos de la federación y las entidades federativas para enfrentar las tareas de capacitación y profesionalización de los responsables de velar y orientar a una nueva generación que requiere reincorporarse a nuestra sociedad.

Impulsar la elaboración de una ley tipo en el país que homogenice un modelo de legislación estatal en materia de justicia para adolescentes, en donde se plasmen los principios de la reforma constitucional.

De lo anterior se desprende la necesidad de proponer, se contemple etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo concerniente a la creación de este nuevo sistema de justicia, a fin de que se garantice el apoyo financiero de recursos, a los estados y el Distrito Federal que conforman la República Mexicana.

Asimismo el incluir etiquetas presupuéstales con la finalidad de apoyar al Poder Judicial a nivel federal y local; para llevar a cabo la creación y apertura de tribunales especializados en la materia.

Por todo lo anterior, someto respetuosamente a la consideración del Pleno el siguiente:

PuntodeAcuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asigne recursos suficientes dentro del Presupuesto 2007 con el objeto de permitir el debido funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes, tanto en el ámbito federal, como en los sistemas estatales y del Ditrito Federal de justicia para adolescentes.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días de diciembre de 2006.--- Diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica).»

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense todos estos puntos de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.---Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente a las siguientes proposiciones.

1.-Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la creación de un fondo de prevención de riesgos de desastres naturales, orientado a la inversión en infraestructura y mantenimiento en zonas de desastre; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa. Sólo turno a comisión.

2.- Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se revisen los criterios de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de incrementar las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, así como garantizar a los ayuntamientos la entrega directa de estos recursos; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa. Sólo turno a comisión.

3.-Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se complemente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, que la partida correspondiente a las pensiones de los ex Presidentes de la República Mexicana sean reasignados a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al programa de Adquisiciones de Leche, a cargo de Liconsa, S. A., de C. V., y al programa de Abasto Social de Leche; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa. Sólo turno a comisión.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 un fondo de prevención de riesgos de desastres naturales, orientado a la inversión en infraestructura y mantenimiento de zonas de desastre, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, y recibida en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2006

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes presentamos proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales han sido instrumentos financieros mediante los cuales el Sistema Nacional de Protección Civil, y las reglas de operación del propio fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integran un conjunto de competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal en la prevención, atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación, y cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

Durante los últimos años las situaciones de riesgo y desastres humanitarios registrados en México han superado por mucho la capacidad de respuesta y la disponibilidad de recursos financieros de las instituciones a nivel federal, local y municipal; situaciones en las que se prioriza la prevención y la atención de los efectos que producen los fenómenos naturales, más que el rescate de su infraestructura.

Solamente en 2006 se emitieron declaratorias de emergencia en Tlaxcala, Colima, Jalisco, Durango, Sinaloa, Veracruz (en 5 ocasiones) y Zacatecas, entre otros; estados en los que los efectos secundarios de los desastres registrados no fueron debidamente atendidos por los tres órdenes de gobierno.

Actualmente los fondos destinados a la atención de las situaciones de riesgos que se registran en todo el país, como producto de desastres naturales, se encuentran orientados fundamentalmente a atender la emergencia del momento en el lugar declarado como zona de desastre, sin embargo, poco se hace para lograr que las zonas siniestradas recuperen su viabilidad y puedan, una vez superada la emergencia, reconstruir su infraestructura y reponer el equipamiento urbano o rural que se perdió.

Por ello, consideramos fundamental que para el ejercicio fiscal de 2007, tomando en cuenta que en el año 2006 se destinaron mil 126 millones de pesos en el ramo 23 para ambos fondos, y que en el proyecto de Presupuesto de 2007 sólo se destinan 500 millones para el Fonden y 250 millones para la prevención de desastres, se incluya un fondo específico de prevención de riesgos en desastres naturales que permita contar con suficientes recursos económicos que se orienten a la inversión en infraestructura y mantenimiento en zonas de desastres.

Por lo anterior, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya un fondo específico de prevención de riesgos en desastres naturales orientado a la inversión en infraestructura y mantenimiento en zonas de desastres y se le destinen suficientes recursos económicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica).»

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se revisen los criterios de la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales y garantizar a los ayuntamientos la entrega directa de estos recursos, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, y recibida en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2006

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes presentamos proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tomando en cuenta que en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se reunieron las asociaciones municipalistas que integran la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), el 13 de octubre de 2006.

Que como parte de los acuerdos que se adoptaron en su declaratoria, en el punto cuarto se suscribió la Agenda para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal, que contiene las prioridades que la Conamm impulsará a corto y mediano plazos ante el Congreso de la Unión, la Conago y el Ejecutivo federal.

Que en el punto quinto del mismo documento, se plantea para el mejoramiento de las haciendas públicas municipales, ``el incremento gradual de las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, un punto porcentual al año, hasta alcanzar el 25 por ciento, así como garantizar la entrega directa de las transferencias federales a los ayuntamientos.''

Consideramos fundamental retomar estas propuestas de la Conferencia Nacional de Municipios de México con el propósito de revertir los efectos negativos de una participación federal escasa e injustamente distribuida.

Para ello proponemos que se revisen los criterios técnicos y los dispositivos legales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal que se utilizan para calcular el incremento de las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, así como los criterios que garanticen la entrega directa a los ayuntamientos de los recursos federales.

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que revisen los criterios técnicos y los dispositivos legales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal que se utilizan para calcular el incremento de las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, así como las garantías a los ayuntamientos para la entrega directa de estos recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica).»

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a reasignar al Programa de Adquisición de Leche a cargo de Liconsa y al Programa de Abasto Social de Leche la partida del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 correspondiente a los recursos destinados a los ex presidentes de la República, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, y recibida en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2006

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de diciembre fue entregado a esta soberanía el paquete presupuestal de 2007, que deberemos aprobar en los próximos días. En torno a este paquete se han establecido planteamientos de austeridad que tienen como propósito obtener recursos financieros para resolver los graves problemas que aquejan a nuestro país. Como parte de este planteamiento general, esta soberanía también recibió un proyecto de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista, en el que también se abonan argumentos y propuestas en este sentido. La idea es reasignar recursos a proyectos y programas de desarrollo social y combate de la pobreza.

Si el planteamiento de austeridad republicana cobra fuerza en esta legislatura se debe al reconocimiento del enorme rezago en que se encuentran grandes sectores de la población que, laborando, alcanzan a sobrevivir con los sueldos del raquítico salario mínimo. En este contexto, quiero llamar la atención sobre los apoyos económicos y administrativos que se otorgan a favor de las personas que han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo federal.

Desde 1987, un acuerdo presidencial enviado por el entonces titular de ese poder, Miguel de la Madrid Hurtado, indicaba que, como reconocimiento del gobierno federal a la labor de todos los servidores públicos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que tanto ellos como sus derechohabientes cuenten con los recursos económicos, prestaciones de seguridad social, servicios de apoyo y de seguridad suficientes para preservar su integridad e independencia económica a que tienen derecho por haber desempeñado tan honroso y alto cargo de la federación.

El ciudadano que haya sido titular del Poder Ejecutivo, al concluir el periodo constitucional de su gestión, dispondrá no sólo del personal de seguridad adscrito al Ejército, Armada y Fuerza Aérea sino también de personal civil de apoyo que resulte indispensable para el desarrollo de sus actividades personales.

Estos mismos ciudadanos ex presidentes actualmente disfrutan de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado; esta pensión se otorga con cargo al erario federal. Igualmente, tienen derecho a percibir las prestaciones de seguridad social, como un seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, ambos a cargo del erario federal. Y también tienen a su disposición y servicio, mientras vivan, a 25 empleados de la federación adscritos a la planta personal de la Presidencia de la República, con las siguientes categorías: un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, una secretaria de director de área, dos secretarias de subdirector, tres técnicos especializados, tres choferes y, finalmente, cuatro auxiliares administrativos.

Esto significa que entre los seis ex presidentes cuentan para su servicio personal de al menos 150 servidores públicos, además del personal militar asignado para su seguridad, todos con cago al erario federal. Es importante destacar que la Constitución establece en el artículo 73, fracción XI, que es facultad del Congreso la creación y supresión de empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de servicios contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo. Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de presidente de la república son acuerdos unilaterales del Ejecutivo que ya no responden a la nueva realidad democrática de nuestro país.

No es baladí recordar que varios de los seis ex presidentes tienen muy buenos empleos y riqueza acumulada. Ernesto Zedillo, por ejemplo, es directivo de la transnacional Union Pacific y académico de la Universidad de Yale, entre otras chambas. ¿Por qué si el gobierno quiere terminar con el gasto suntuario y consolidar un régimen de austeridad no elimina la partida destinada a los ex presidentes de la república? ¿No es más importante para nuestra nación resolver los problemas de la alimentación, por ejemplo?

México ha celebrado múltiples tratados internacionales respecto al derecho a la alimentación, y hoy el gobierno federal ha decidido incrementar el precio de la leche, violando un principio universal de alimento para todos. En los últimos seis años, Liconsa generó ahorros a sus beneficiarios por más de 22 mil 284 millones de pesos. Ello significa que por cada peso de recursos fiscales asignado a Liconsa, se detonó un ahorro de 8.50 pesos en beneficio de la población de escasos recursos atendida por esta empresa y que actualmente es de 5.8 millones de personas. Sin embargo, y como es del conocimiento de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, el gobierno federal anunció el incremento de 1 peso al litro de la leche que distribuye Liconsa. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 pesos, como vino costando los últimos cinco años, a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 del mes de noviembre. Esto representa una aumento de casi 29 por ciento, superior al de 26.8 por ciento acumulado en el sexenio.

Por tal motivo es menester dotar de mayores recursos en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 al rubro particular de la leche en comento, con el objetivo de mantener el beneficio a casi 6 millones de mexicanos de bajos recursos. El incremento presupuestario, además de reducido, no es comparable con lo erogado por las pensiones y personal que se destina a los ex presidentes, que alcanzan una suma superior 600 millones de pesos.

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar en el análisis, la discusión y la modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 que se elimine la partida correspondiente a los recursos destinados a los ex presidentes de la república, y que esos recursos sean reasignados a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al Programa de Adquisición de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV, y al Programa de Abasto Social de Leche.

Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pido a la Secretaría que dé cuenta de los asuntos turnados también.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los problemas de contaminación del río Sedeño, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del PVEM

Francisco Elizondo Garrido, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Veracruz se caracteriza por ser uno de los más representativos a nivel nacional por la flora y fauna que lo constituyen como un valuarte nacional. Específicamente, su capital, Xalapa, presenta un considerable número de manantiales, y en sus inmediaciones encontramos al río Sedeño y el Sordo; así como los arroyos Sucio, Limpio, Carneros, Honduras y Verdes.

No obstante ello, y que el Estado recibe la tercera parte del escurrimiento nacional, las coberturas de agua y saneamiento están por debajo de la media nacional lo que origina una degradación ambiental que impacta directamente a los habitantes de la zona, quienes se ven afectados por factores como los fenómenos climatológicos, contaminación y deterioro de los cauces de agua.

Específicamente, me referiré al río Sedeño, el cual, se origina en el Cofre de Perote, a una elevación de 2960 m y que actualmente sufre de problemas de contaminación, no obstante es el cargado de abastecer de agua a la ciudad de Xalapa.

Su cuenca abastece a una población superior a los 330 mil habitantes, en donde el peso mayor y la dinámica de migración esta marcada por la conurbación de Xalapa y Banderilla de perfil urbano (95 por ciento de la población total), que en términos gruesos atrae a la población regional.

Las actividades productivas están marcadas por los pisos ecológicos y así las tierras más altas están cubiertas por bosque y pastizales para ovinos y caprinos; las medias se dedican al cultivo de maíz y ovinos mientras que las tierras bajas poseen una ocupación agrícola.

Aunado a lo anterior, el río Sedeño cobra importancia en virtud de que presta importantes servicios ambientales a la región central de Veracruz: Tiene una precipitación media anual de 1,350 mm³. Recarga los mantos acuíferos a través de la infiltración del agua en sus zonas boscosas por la lluvia convencional, así como por la lluvia horizontal proveniente de la niebla, propiciada por los vientos alisios dominantes. Ambas precipitaciones alimentan los numerosos manantiales característicos de la región y que son los que le dieran nombre autóctono a la ciudad de Xalapa: ``Manantiales en la arena''.

No obstante ello, fenómenos como el crecimiento urbano, y una inadecuada política en materia hidráulica ha impactado significativamente la riqueza y el valor ecológico de la Cuenca y la calidad de vida de sus habitantes propiciando deforestación; y patrones de cultivo que han empobrecido el suelo y que han fomentado la disminución en la recarga de agua; aunado a la sobreexplotación del recurso mediante extracciones irregulares.

Al respecto, sorprende que en lugar de tomar conciencia con respecto a la problemática existente, las autoridades del Municipio de Barandilla entubaron gran parte del cauce del río, contraviniendo las disposiciones legales; aunado a que en el cauce del río se están vertiendo los desagües de las casas habitación, con lo que se prevé en el corto plazo fuertes situaciones de riesgos a la salud, por la evaporación de desechos fecales que empezaran a inundar la ciudad de Xalapa, en tanto las corriente de aire se desplazan del frió hacia lo cálido y, precisamente, el río corre por partes más frías que las del centro de la ciudad de Xalapa.

Es así, como se evidencia el grave problema de contaminación del agua que existe en esta ciudad por la descarga de aguas residuales, y por el deficiente sistema de alcantarillado, que en época de lluvias se ve rebasado en su capacidad para conducir las aguas; generándose problemas de contaminación graves.

Es así, como consideramos urgente que las autoridades competentes tanto en el ámbito municipal, como en el estatal tomen las medidas tanto legislativas como administrativas que permitan frenar y en su caso, revertir el deterioro que sufre el Río Sedeña y a los cauces de agua aledaños.

Ello, ya que de continuar en las actuales condiciones, dicho Río se verá afectado de manera que se volverá insostenible su existencia; y consecuentemente la salud de los veracruzanos que viven en Xalapa se verá mermada al ser la principal fuente de abastecimiento del recurso.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades municipales y estatales del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen medidas administrativas y legislativas que permitan frenar y revertir las tendencias de deterioro ambiental que sufre actualmente el río Sedeño.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, para el desarrollo de Tlacuilotepec, Puebla, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal, Mario Mendoza Cortés y Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso de la Unión, presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo para el desarrollo del municipio de Tlacuilotepec perteneciente al estado de Puebla, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio de Tlacuilotepec es uno de los 35 municipios que integran la Sierra Norte de Puebla, una de las zonas que por los índices de marginación y aislamiento físico es considerada como de atención prioritaria. Herederos de una tradición de lucha, forjada en la fuerza de las tradiciones y de la cultura indígena y de un mestizaje, arraigado en los principios liberales; los hombres y mujeres de la Sierra Norte de Puebla han dado una lucha histórica ejemplar, la mayor de las veces librados a sus propias fuerzas, para transformar de manera consistente la compleja realidad local.

La economía del municipio se ha sustentado históricamente, en la producción agrícola, de ganado, de café y de otros productos frutícolas. La población disminuyó al pasar de 17 mil 764 habitantes en el año 2000 a 16 mil 797 en el 2005, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen orgullosamente a las comunidades indígenas totonacas y náhuatl.

En 1983 se dio un paso importante con la apertura del camino de terracería del municipio de Pahuatlán a la cabecera municipal de Tlacuilotepec. En 1985, Luis Donaldo Colosio siendo director general de Desarrollo Regional de la SPP promovió la extensión de esta carretera hasta el municipio vecino de Tlaxco, también del estado de Puebla, y por la parte baja la carretera embalastrada de la Ceiba municipio de Xicotepec a San Pedro Petalacotla; lo que detono el desarrollo de esta micro-región aparejado al auge de la producción cafetalera. Debe destacarse que la geografía del municipio es particularmente complejas ya que las comunidades de la parte alta, y de la propia cabecera municipal, están asiladas de las comunidades de la parte baja, en las que se concentra la mayor parte de la población, lo cual reclama un doble esfuerzo de inversión sobre todo en lo que concierne a la construcción y pavimentación de carreteras.

Con Solidaridad, se avanzo en la ampliación de la red caminera, incluyendo la apertura de carreteras de terracería a las principales comunidades como Cuatepec, Papalotipan, Plan de Ayala, el Zacatal; al tiempo que se ampliaron los sistemas de agua potable, salud y educación. En 1998 se introdujo el Progresa, y se iniciaron obras en la mayor parte de las comunidades a través del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Fism) del denominado Ramo 33, que en ese año fue descentralizado a los municipios.

Recientemente, con inversión Fism y el Programa de Infraestructura para el Bienestar de los Pueblos Indígenas (Pibai), se inició la pavimentación del tramo Pahuatlán-Tlacuilotepec. Al mismo tiempo el gobierno del estado ha promovido la expansión del sistema educativo y obras de agua potable. En tanto que el Programa de la alianza para el campo mantiene una presencia, que no contenido la contracción económica derivada de la caída de los precios del café, lo cual se refleja en signos crecientes de migración laboral, incluso a EUA.

En el periodo 2000-2005, el número de viviendas con piso de tierra se redujo del 75 al 46 por ciento; con agua potable del 42 al 46 por ciento; con drenaje del 23 al 45 por ciento y la cobertura de energía eléctrica del 80.9 al 93 por ciento; al tiempo que descendió ligeramente el analfabetismo.

Actualmente el municipio enfrenta nuevos retos, es necesario replantear la estrategia de desarrollo para recuperar el crecimiento y el empleo, al tiempo que se sostiene el esfuerzo en materia de educación (particularmente en materia de y salud y se termina el rezago de agua potable y drenaje.

El ramo 33 transferido al municipio es ya insuficiente para enfrentar estos retos. Ejemplo de ello es el proyecto de pavimentación del tramo La Ceiba-Tlacuilotepec-Tlaxco, proyecto que ha sido pospuesto, al ser excluido en dos ocasiones del Programa Indígena(Pibai), no obstante que el gobierno del municipio cuenta ya con el proyecto validado por las autoridades normativas del estado y por la federación.

El pasado 28 de octubre realizamos un foro sobre el Pibai en el municipio de Huauchinango, en el que participaron miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara, representantes del gobierno del estado y de la CDI, así como los presidentes municipales y representantes de las comunidades.

A su vez se han realizado dos reuniones una en San Pedro Petlacotla y otra en Papalotipan, en donde las comunidades han reiterado la justa exigencia de la pavimentación de este camino, que después del periodo de lluvias se encuentra en situación francamente desastrosa e intransitable. El contraste será mayor, en los siguientes meses cuando se construya el tramo correspondiente a la autopista México--Tuxpan, próximo a concluir.

La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas que recién concluyo su encomienda y los gobiernos del estado de Puebla y del municipio han priorizado ya este proyecto para el 2007. No obstante, el Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, considera la reducción de la inversión de aproximadamente 4 mil 500 millones al cierre del 2006 ha 2 mil 300 para el 2007. De modo que es apremiante que la nueva administración federal tome conciencia de la urgente necesidad de esta obra y ratifique su inclusión en el ejercicio del 2007, tal y como estaba programado.

Es por estas razones que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Para el Desarrollo del municipio de Tlacuilotepec perteneciente al estado de Puebla.

Primero. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla, para que en el desempeño de las facultades concurrentes que les son propias, apoyen el desarrollo del Municipio de Tlacuilotepec, para impulsar una estrategia de crecimiento económico y bienestar, que permita superar los problemas estructurales de este municipio.

Segundo. Que, en este contexto, se ratifique la inclusión de la pavimentación de la carretera La Ceiba-San Pedro Petlacotla-Tlaxco en el Pibai, en el ejercicio del 2007.

Diputados: Alberto Amador Leal, Wenceslao Herrera Coyac, Mario Mendoza Cortés (rúbricas).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las comisiones de Asuntos Indígenas, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Nayarit que emprenda medidas para detener los feminicidios en esa entidad, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en contra de las mujeres es una realidad aberrante en nuestro país. En pleno siglo XXI, la marginación, la falta de oportunidades para el desarrollo y la exclusión social son signos permanentes en nuestra sociedad y en la vida de millones de mujeres mexicanas.

Actualmente, de 9 millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, 47 por ciento reporta un incidente de violencia, 38 por ciento padece violencia emocional, 29 por ciento económica, 9 por ciento física y el 7 restante por ciento violencia sexual.

Conocer las causas, los tipos de violencia y sus mecanismos tanto sociales, culturales y jurídicos, son un deber público de cualquier gobierno para poder poner en marcha políticas públicas efectivas tendientes a prevenir, atender y sancionar estas conductas.

La comisión especial sobre feminicidios de la anterior legislatura indicó que de 1999 a 2005 fueron asesinadas más de seis mil niñas y mujeres en México. El ambiente propicio para este tipo de actos, es el abandono de la función estatal para garantizar mejores condiciones sociales, culturales, educativas y económicas para las mujeres. Esta demostrado que en ambientes fragmentados y de marginación social, la violencia contra las mujeres es mayor.

Como expresa Celia Aguilar, representante del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer: ``el feminicidio es la expresión más cruda de la falta de derechos''. Según el estudio antes referido, esta problemática abarca casi la totalidad de los estados de la república.

Desgraciadamente el estado de Nayarit ocupa el primer lugar en feminicidios en materia de porcentaje en todo el país. El dato es revelador: en ese estado mueren cuatro mujeres por día. Una situación que es necesario combatir con todos los recursos del estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Nayarit a tomar las medidas necesarias para combatir eficazmente los feminicidios cometidos en ese estado, pues es una obligación de Estado proveer la seguridad necesaria a sus habitantes.

Segundo.Se exhorta al gobernador antes citado a que inicie una campaña permanente de prevención de las conductas que fomentan la discriminación de género, la marginación y la violencia que sufren las mujeres en el estado. La responsabilidad estatal abarca la prevención del delito, y es una de las cuestiones fundamentales que el gobernador debe atender.

Tercero. Se exhorta al gobernador antes citado a que inicie de manera expedita una campaña permanente para difundir los derechos humanos que se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, pues ello coadyuvará en la reestructuración del tejido social dañado profundamente por las muertes de estas mujeres.

Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a practicar una revisión que transparente el manejo de los recursos utilizados en la organización y operación del Fórum universal de las culturas, Monterrey 2007, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hago uso de esta alta tribuna para revisar un evento internacional que se realizará en mi Estado el próximo año.

Se trata de la realización del Forum universal de las culturas en el estado de Nuevo León entre el 20 de septiembre al 8 de diciembre de 2007, para el cual el gobierno estatal ha recibido recursos de la Federación desde el año pasado.

Dicho forum es un macrofestival que contará con conferencias y exposiciones que se encaminan a dar a conocer a Monterrey como la Ciudad Internacional del Conocimiento. Si bien esto supone un desarrollo urbano de la ciudad por todo el interés internacional y la derrama económica que generaría, por la mayor ocupación hotelera y toda la infraestructura física que tendría que derivarse, es importante que el Gobierno estatal maneje con total transparencia la información referente a este proyecto.

Sin embargo, a pesar de las muchas voces que se han alzado en mi entidad en el sentido de solicitar al gobierno del estado que defina sus prioridades de inversión pública, así como las incontables peticiones para consultar con la ciudadanía sobre la realización de este evento, es un hecho que se llevará a cabo por voluntad personal del gobernador de Nuevo León.

Todavía siguen sin contestar preguntas como ¿Cuál es el detalle de la ``ruta económica'' que seguirá este proyecto?, ¿Cuál será el espacio físico que se utilizará para el mismo? Ya que el Parque Fundidora es insuficiente. Y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos los neoleoneses ¿Es necesario un Forum de estas características, cuando son evidentes las grandes carencias y necesidades que padecen nuestros habitantes? ¿No será mejor utilizar estos recursos para realizar el Forum en obras de alto impacto social?

En el Congreso del estado de Nuevo León se han hecho exhortos al Gobierno estatal para que entregue información referente al Forum sin respuesta alguna. Dichos exhortos se han formulado al propio gobernador y ante la negativa a éstos es que acudo a esta alta tribuna.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a reflexionar sobre la importancia de este tema y sus posibles efectos para el estado de Nuevo León. Finalmente, si se trata de un proyecto rentable y positivo para la sociedad, no veo las razones para que el gobierno del estado no quiera transparentar la información acerca del Forum. Hasta el día de hoy seguimos sin conocer la estrategia seguida por el Gobierno estatal para conseguir los recursos económicos que se necesitan para concretar la sede. Tampoco conocemos los estudios técnicos, de ubicación y de infraestructura necesarios para llevar a cabo este magno evento.

Ante estas irregularidades, y atendiendo a la facultad que tiene esta honorable Cámara de Diputados para fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y sus municipios, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 y del 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que propongo este punto de acuerdo, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación realice una profunda revisión sobre los recursos otorgados al estado de Nuevo León para este evento.

Vivimos tiempos en los que la transparencia en la aplicación de los recursos públicos es una obligación para cualquier institución, más tratándose del Estado, ya que utiliza recursos del pueblo.

Por ello, y ante la reiterada negativa de las autoridades de Nuevo León, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que realice un atento exhorto a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie una amplia auditoría, así como para que lleve a cabo las acciones necesarias con el fin de trasparentar el manejo de los recursos utilizados en la organización y operación del Fórum universal de la culturas Monterrey 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra la diputada la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar... Perdón, ésta ya está turnada.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputadoNemesio Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que solicita que la afiliación al Seguro Popular Familiar en el estado de Veracruz sea ágil.El diputado Nemesio Domínguez Domínguez:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. El suscrito diputado federalNemesio Domínguez Domínguez, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossolicita se someta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo sustentada en los siguientes antecedentes.

El Seguro Popular es público y voluntario, dirigido a las familias de bajos ingresos que están excluidas del sistema de seguridad social; preserva la salud de las familias aseguradas, fomenta la atención oportuna en salud, garantiza el acceso a medicamentos, fortalece el sistema público de salud, reduce el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos catastróficos de salud y otros.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el año 2010 el Seguro Popular tiene como meta asegurar a 11 millones 898 mil 254 familias que están excluidas del sistema de seguridad social, lo que representa una población no derechohabiente de 57 millones 577 mil 295 habitantes.

Específicamente para el estado de Veracruz se estimó que hasta el año 2010 se podrían afiliar a este programa un millón 44 mil 612 familias; es decir, el 8.78 por ciento de los hogares del país que están excluidos de la seguridad social.

Con base en la información proporcionada por el anexo seis del VI Informe de Gobierno 2006 y de la Secretaría de Salud se observó que hasta el primer semestre del 2006, Aguascalientes, Tabasco, Nayarit, Colima y Guanajuato han cubierto y rebasado su meta de afiliación de hogares. Por el contrario, Veracruz forma parte de las tres entidades del país, junto con el estado de México y el Distrito Federal, que registran los más altos déficit de afiliación de familias al Seguro Popular.

En el estado de Veracruz al cierre del 2006 se han afiliado 343 mil 861 hogares, que si se compara con el número de hogares sujetos de afiliación para la entidad, se traduce en un déficit de afiliación de 700 mil 751 hogares; lo que implica que únicamente el 32.92 por ciento de los hogares sujetos de afiliación están cubiertos por el Seguro Popular, aún cuando, de acuerdo con la información proporcionado por la Conapo en el año 2005, esta entidad federativa registró un alto grado de marginación, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional en este rubro y el lugar número 29 del país en lo referente al índice de desarrollo urbano, superado únicamente por Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Para cubrir la meta de hogares sujetos a afiliación para el estado de Veracruz es necesario que durante el año 2007 el gobierno federal autorice la incorporación de 279 mil familias al Seguro Popular para el periodo 2008-2009; se incorporen 210 mil 876 familias por año para que en el 2010 las autoridades de salud de la entidad lleven a cabo un proceso de reidentificación, con el objetivo de perfeccionar el padrón de beneficiarios de este programa social.

Con base en la información proporcionada por el anexo del VI Informe de Gobierno 2006, Veracruz es de las entidades del país que registra los más altos índices de infraestructura en salud, ocupando los primeros lugares en número de médicos, número de enfermeras, número de camas y número de consultorios por cada 100 mil hogares.

Esta situación permitirá a las autoridades de salud de la entidad prestar a los derechohabientes que se incorporen al Seguro Popular durante el periodo 2007-2009, un seguro, un servicio eficiente y de calidad.

Por las razones expuestas anteriormente, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias localizadas en el estado de Veracruz, dándole cobertura a 279 mil familias en el año 2007 y 10 mil 876 familias por el año, durante el periodo 2008-2009. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Nemesio Domínguez Domínguez, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, sustentando en los siguientes

Antecedentes

El Seguro Popular

El Seguro Popular es público y voluntario, dirigido a las familias de bajos ingresos que están excluidos del sistema de seguridad social. Responde a los siguientes objetivos:

Brinda protección financiera a la población beneficiaria a través de la opción de aseguramiento público en materia de salud.

Reduce el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos catastróficos de salud.

Preserva la salud de las familias aseguradas.

Fomenta la atención oportuna en salud.

Garantiza el acceso a medicamentos.

Fortalece el sistema público salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el año 2010 el Seguro Popular tiene como meta asegurar a 11 millones 898 mil 254 familias que están excluidas del sistema de seguridad social, lo que representa una población no derechohabiente de 57 millones 577 mil 295 habitantes.

El gobierno federal estableció una meta de hogares sujetos de afiliación por entidad federativa; específicamente para el estado de Veracruz se estimó que hasta el año 2010 se podrán afiliar a este programa 1 millón 44 mil 612 familias, es decir, el 8.78 por ciento de los hogares del país que están excluidos de la seguridad social.

Con base en la información proporcionada en el anexo del VI Informe de Gobierno 2006 y de la Secretaría de Salud, se observó que hasta el primer semestre del 2006 Aguascalientes, Tabasco, Nayarit, Colima y Guanajuato han cubierto y rebasado su meta de afiliación de hogares. Por el contrario, Veracruz forma parte de las tres entidades del país, junto con el estado de México y el Distrito Federal, que registran los más altos déficit de afiliación de familias al Seguro Popular.

Con base en la información proporcionada en el anexo del VI Informe de Gobierno-2006,en el estado de Veracruz, hasta el primer semestre del 2006, se han afiliado 339 mil 824 hogares, que si se comparan con el número de hogares sujetos de afiliación, se traduce en un déficit de afiliación de 704 mil 788 hogares, lo que implica que únicamente el 32.53 por ciento de los hogares sujetos de afiliación en la entidad están cubiertos por el Seguro Popular.

Esta es una de las contradicciones más significativas del programa del Seguro Popular, que, como ya se citó, está dirigido a proteger a las familias de más bajos ingresos que están excluidas del sistema de protección social.

Sin embargo, el estado de Veracruz presenta un déficit de afiliación de hogares, aún cuando, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2005 esta entidad federativa registró un alto grado de marginación, ocupando el cuarto lugar nacional en este rubro y el lugar número 29 del país en lo referente al índice de desarrollo humano, superado únicamente por Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Además, con base en la información proporcionada por la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Veracruz:

Esta entidad es la que cuenta con el mayor número de familias sin seguridad social, superada únicamente por el estado de México.

Aunque en la Ley General de Salud, en su artículo octavo transitorio, se prevé que el estado de Veracruz incorpore hasta el 14.3 por ciento anual acumulado de familias al Seguro Popular, este porcentaje nunca se ha autorizado. Esta situación, ha generado un déficit de afiliación a este programa desde el año 2004 de más de 80 mil familias.

De continuar esta tendencia, en Veracruz no se podrá alcanzar la cobertura total y, por consiguiente, estará imposibilitado de levantar la bandera blanca en el año 2010.

Para cubrir la meta de hogares sujetos de afiliación para el estado de Veracruz es necesario que durante el periodo 2007-2009 el gobierno federal autorice la incorporación de 235 mil familias por año al Seguro Popular, y que durante el año 2010 las autoridades de salud de la entidad lleven a cabo un proceso de redensificación, con el objetivo de perfeccionar el padrón de beneficiarios de este programa social.

Con base en la información proporcionada en el anexo del VI Informe de Gobierno-2006, Veracruz es de las entidades del país que registran los más altos índices de infraestructura en salud, ocupando los primeros lugares en número de médicos, número de enfermeras, número de camas y número de consultorios por cada 100 mil habitantes.

Esta situación permitirá a las autoridades de salud de la entidad prestar a los derechohabientes que se incorporarán al Seguro Popular durante el periodo 2007-2009 un servicio eficiente y de calidad.

Asimismo, es necesario que el 3 por ciento retenido de la cuota social federal, en el renglón de previsión presupuestal, sea ejercido directamente por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el cual se utilizará en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud.

Por las razones expuestas anteriormente, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados que aceleren el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias localizadas en el estado de Veracruz, dando cobertura a 235 mil familias cada año durante el periodo 2007-2009.

Segundo. Se solicita a las autoridades correspondientes que la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Veracruz pueda ejercer el 3 por ciento retenido de la cuota social federal en el renglón de previsión presupuestal.

Diputado Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Desa-rrollo Social.

ENTIDADES FEDERATIVAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Armando Reyes López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo a fin de que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales.

El diputado Carlos Armando Reyes López:Con el permiso de la Presidencia: el suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.

Representamos los intereses de los estados y, por consiguiente, somos voceros de las demandas presupuestales que requieren nuestras entidades para desarrollar infraestructura y generar crecimiento económico, además de buscar proveer de mayores recursos a nuestras entidades federativas. Debemos colaborar para garantizar la vigilancia, la auditoría y la fiscalización de los recursos para que se aplique correctamente y cumplan el fin social para el que fueron asignados.

Hoy en día la sociedad reclama claridad en el manejo de los fondos públicos. La información ya no es secreto inviolable al permitirse su revisión y fiscalización. Los avances en este rubro son significativos, fortalecen los pilares de la democracia y vislumbran una sociedad más informada y más participativa. Sin embargo, pese al esfuerzo que se ha gestado a lo largo de los últimos años, aún encontramos resistencia por parte de algunos gobiernos en el seguimiento y fiscalización del presupuesto y en la aplicación de una política de transparencia y rendición de cuentas.

Ha quedado demostrado que a mayor transparencia, mayores son los beneficios sociales generados. Por el contrario, en los estados donde aún no se tienen avances en la materia, el uso discrecional de los recursos y las viejas prácticas administrativas de gobiernos antidemocráticos no permiten que el gasto y la inversión de los recursos se realicen eficientemente, se genere el impacto positivo que se requiere para lograr disminuir los rezagos y distribuir en forma más justa y equitativa los beneficios a la sociedad. Así pues, a menor transparencia, mayor corrupción e impunidad, mayor injusticia y rezago social.

Compañeras y compañeros legisladores. Les invito a que, en un acto de corresponsabilidad, sumemos esfuerzos para demandar que en todas las entidades federativas actualicen sus leyes de transparencia, se creen los institutos que aplicarán la ley; creen los reglamentos para el funcionamiento de dichos institutos, diseñen aquellos mecanismos prácticos de objetivos para que la ciudadanía reciba en forma oportuna la información que solicite.

En virtud de lo anterior y por considerarse de urgente u obvia resolución, me permito presentar ante el Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a los gobiernos estatales a coadyuvar con los órganos de gobierno correspondientes para facilitar la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada entidad federativa.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados, así como a sus congresos locales a que actualicen sus ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información, para establecer mecanismos prácticos y más eficientes en la rendición de cuentas. Asimismo, se les exhorta a llevar a cabo la creación de reglamentos y convenios en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, que establezcan la aplicación de dichos mecanismos.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que informe semestralmente a esta Asamblea sobre el avance en la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada estado y sobre el nivel de transparencia y rendición de cuentas en cada uno de ellos.

Cuarto. Se exhorta el Ejecutivo federal para que desarrolle programas que estimulen y promuevan la transparencia y fiscalización de los recursos otorgados a las entidades federativas. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La discusión del presupuesto del ejercicio de 2007 concentrará nuestra atención a lo largo de las siguientes semanas, las intervenciones en esta tribuna tendrán mayor relevancia y el interés no cesará hasta que se apruebe el dictamen correspondiente.

Representamos los intereses de los estados y por consiguiente somos voceros de las demandas presupuestales que requieren nuestras entidades para desarrollar infraestructura o generar crecimiento económico. La exposición de motivos y la solidez de la argumentación serán fundamentales para que se asignen recursos extraordinarios y se atiendan las necesidades más importantes.

Además de buscar que se provea de mayores recursos a nuestras entidades federativas, debemos colaborar para garantizar la vigilancia, la auditoría y la fiscalización de los recursos, para que se apliquen correctamente y cumplan el fin social para lo que fueron asignados.

En México el tema de la transparencia es relativamente nuevo, la mayoría de las entidades federativas han aceptado de la mejor manera los principios fundamentales que se persiguen, y la transparencia avanza en forma paulatina a lo largo y ancho de la nación.

La promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental1 y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública2 (IFAI), persiguen una mejor relación entre el gobierno y los ciudadanos, disminuir la corrupción y lograr que la sociedad tenga herramientas suficientes para exigir a sus gobernantes cuentas claras de sus actos y decisiones.

En otras palabras, se han desarrollado herramientas para garantizar que el gobierno no incurra en abusos de poder, esté obligado a permitir un constante monitoreo y desalentar el desvío de recursos federales ante el escrutinio público.

Hoy en día la sociedad reclama claridad en el manejo de los fondos públicos. La información ya no es secreto inviolable, al permitirse su revisión y fiscalización. Los avances en este rubro son significativos, fortalecen los pilares de la democracia y vislumbran una sociedad más informada y mucho más participativa. Sin embargo, pese al esfuerzo que se ha gestado a lo largo de los últimos años, aún encontramos resistencia por parte de algunos gobiernos en el seguimiento y fiscalización del presupuesto y en la aplicación de una política de transparencia y rendición de cuentas.

Ha quedado demostrado que a mayor transparencia, mayores son los beneficios sociales generados. Por el contrario, en los estados donde aún no se tienen avances en la materia, el uso discrecional de los recursos y las viejas prácticas administrativas de gobiernos antidemocráticos no permiten que el gasto y la inversión de los recursos se realice eficientemente, se genere el impacto positivo que se requiere para lograr disminuir los rezagos y distribuir en forma más justa y equitativa los beneficios a la sociedad. Así pues, a menor transparencia, mayor corrupción e impunidad, mayor injusticia y rezago social.

No podemos permitir más arbitrariedades y discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, debemos establecer un incentivo para evitar viejas prácticas administrativas en las que los recursos se obtenían a manos llenas y la rendición de cuentas podía obviarse. Asimismo, debemos colaborar en la consolidación de la transparencia y cambiar la percepción de que los puestos públicos son un medio para el enriquecimiento personal.

Compañeros y compañeras legisladores: en nuestras manos está la cabal aplicación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación,3 cumplir las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y materializar lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Por ello, les invito a que, en un acto de corresponsabilidad, sumemos esfuerzos para demandar que en todas las entidades federativas actualicen sus leyes de transparencia, se creen los institutos que aplicaran la ley, se creen los reglamentos para el funcionamiento de dichos institutos y se diseñen aquellos mecanismos prácticos y objetivos para que los ciudadanos reciban en forma oportuna la información que soliciten.

En virtud de lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a los gobiernos estatales a coadyuvar con los órganos de gobierno correspondientes para facilitar la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada entidad federativa.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados, así como a los Congresos locales, a que actualicen sus ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información, para establecer mecanismos prácticos y más eficientes en la rendición de cuentas. Asimismo, se les exhorta a llevar a cabo la creación de reglamentos y convenios en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación que establezcan la aplicación de dichos mecanismos.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que informe semestralmente a esta asamblea respecto al avance en la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada estado, y en cuanto al nivel de transparencia y rendición de cuentas en cada uno de ellos.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que desarrolle programas que estimulen y promuevan la transparencia y fiscalización de los recursos otorgados a las entidades federativas.

Notas:

1 Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Vigencia a partir del 12 de junio de 2002.

2 El instituto es el organismo público encargado de establecer y vigilar los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos podemos ejercer el derecho de acceso a la información pública gubernamental.

3 Publicada en diciembre de 2000 y que tiene por objeto regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior. Son entidades fiscalizadas los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra el diputado Érick López Barriga...

Perdón, está prevista de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores que hayan solicitado hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada; comuníquese.

COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Érick López Barriga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo sobre el funcionamiento irregular de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El diputado Érick López Barriga:Muchas gracias; con permiso de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados: quiero abordar este tema --está el texto en la Gaceta Parlamentaria-- en nombre de mis compañeros integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratoriosque signamos este documento y lo hago con todo respeto para las compañeras, para los compañeros legisladores; con todo respeto para la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para esta Cámara de Diputados y sobre todo, con el respeto que merecen nuestros connacionales migrantes y sus familias.

Este documento es un exhorto y también es una reflexión para todas las Comisiones que han retardado el trabajo que les fue conferido. En este caso la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que fue instalada el día 17 de octubre del presente año, no ha convocado una reunión plenaria para analizar los temas que son de su competencia; los temas que son en este momento sumamente importantes y relevantes para los trabajos propios de esta Comisión y, tal y como lo marca la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Me parece que la responsabilidad que aquí tenemos cada uno, cada una de las legisladoras, con respecto a las Comisiones y a los trabajos legislativos, los tenemos que asumir con toda seriedad.

Hoy tenemos en el caso de esta comisión que tiene tres temas sumamente fuertes, sumamente importantes y relevantes, como es el de la población, como es el tema de nuestras dos fronteras y como es el tema de los asuntos migratorios.

En este momento, solamente por citar algunos de los temas que requieren de una urgente atención, tenemos el tema del programa Paisano, el tema de la revisión de la Ley General de Población, el tema del muro fronterizo, que parece que se nos está quedando atrás y olvidado; el tema del envío de remesas, el tema de las estaciones migratorias, de los derechos humanos.

Nada menos hace unos días detuvieron en Estados Unidos a alrededor de mil 200 inmigrantes en aquel país, de los cuales cerca de 600 son de origen mexicano y que se les están imputando cargos graves y donde no hemos tenido ni siquiera una posición al respecto.

Sobre todo, los tiempos se nos vinieron encima, no hemos analizado el tema presupuestal que compete a esta Comisión y en el cual debemos, por el acuerdo que tomó esta misma Cámara, tenemos que emitir una opinión a la Comisión de Presupuesto a más tardar el día lunes y no tenemos ni siquiera una reunión de trabajo donde podamos nosotros integrarnos a las subcomisiones respectivas.

Lo hago en nombre de mis compañeros, de quienes firmamos. Esto va más allá de los partidos políticos o de las posiciones políticas; es una posición de responsabilidad con la tarea para la cual acudimos ante esta representación. Por lo tanto, me permito leer únicamente la parte del punto de acuerdo, que dice como punto único:

Que el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un severo extrañamiento al diputado Andrés Bermúdez Viramontes y se le exhorta para que, en su calidad de presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios dé cumplimiento a las normas que nos rigen, las que nos comprometimos a cumplir, y a la brevedad convoque a una reunión de trabajo de la citada Comisión ordinaria.

Le pediría a la Presidencia que por favor incluyera esta comunicación --este exhorto-- en el Diario de Debates y también mi intervención. Gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el funcionamiento irregular de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de esta soberanía, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. A partir de la sesión de instalación de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, celebrada el día 17 de octubre del presente año, la presidencia no ha convocado a reunión plenaria para analizar los asuntos pendientes y presentar su programa de trabajo, contraviniendo lo señalado en los incisos a), d), e), f) y g) del numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Existe un importante rezago legislativo en la comisión que incluye temas turnados desde la LVIII Legislatura y que requieren atención inmediata.

3. Es imperativo resolver la distribución de actividades y la integración de subcomisiones para analizar los diversos temas relacionados con la atención a nuestros connacionales migrantes y sus familias, a fin de dar cumplimiento con las normas internas del Congreso y a los Instrumentos Internacionales que nos obligan.

4. Dada la importancia que reviste la protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, su participación en la economía nacional y el bienestar de sus familiares y comunidades en México, no podemos permitir la inmovilidad de la comisión sin dar respuestas a sus demandas.

5. Resulta urgente ajustar nuestro marco jurídico, en materia de población, a fin de dar respuesta a la nueva dinámica poblacional de nuestro país, la inmigración al interior de nuestro país y sentar bases para la planeación demográfica y las políticas públicas derivadas de ella.

6. Ante la inminente discusión del paquete presupuestal para el año 2007, debemos elaborar las propuestas necesarias para atender los programas de atención a migrantes y los demás que tienen que ver con los temas propios de la comisión.

7. Es prioritario dar atención al problema derivado de la migración de personas provenientes del sur de nuestro país y garantizar la protección a sus derechos humanos, en congruencia con nuestras demandas de defensa y auxilio a los migrantes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un severo extrañamiento al diputado Andrés Bermúdez Viramontes y se le exhorta, en su calidad de Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; a dar cumplimiento a las normas que nos rigen y a las que nos comprometimos a cumplir y, con la mayor brevedad, convoque a reunión de trabajo de la citada comisión ordinaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios: Roberto Badillo Martínez, Enrique Cárdenas de Avellano, Antonio de Jesús Días Athié, Isael Villa Villa, Yari del Carmen Gebhardt Garduza, Mario Mendoza Cortés, Ramón Álvarez Silvestre, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Está agendado de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, solicito que se abra el sistema de votación electrónico para tener certidumbre en esta votación.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos. Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Conforme a la Ley Orgánica, todas las atribuciones para integrar las comisiones y para hacer ese tipo de trámites, como lo ha solicitado el orador que me antecedió en el uso de la palabra, corresponden a la Junta de Coordinación Política. Yo le suplicaría que ése sea el turno y así podamos obviar, levantar la votación y poder proseguir con el orden del día.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado, pero vamos a hacer la votación para que haya claridad en la voluntad de los señores legisladores. Por cinco minutos solamente.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Hágase el aviso a que se refiere el artículo 161 del Reglamento...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Perdón. Sonido en la curul del diputado Érick López Barriga.

El diputado Érick López Barriga:Gracias a la Presidencia: quiero reiterar que, este punto, a lo que nos invita es a que le demos curso y trámite a los trabajos respectivos. Yo acepto la proposición del diputado Rodríguez Prats y me parece que lo importante aquí es que hagamos la reflexión, que el exhorto se atienda y que nos pongamos a trabajar en las comisiones respectivas.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.Gracias, señor diputado.

REFORMA DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a los grupos parlamentarios a crear una agenda legislativa para la reforma del Estado.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez:Gracias, señora Presidenta. Me permito señalar algunas de las consideraciones del punto de acuerdo que se presenta hoy en este Pleno.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios a crear una agenda legislativa conjunta encaminada a una reforma del Estado concreta.

La que suscribe, diputada María del Pilar Ortega Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, atendiendo a las siguientes:

Consideraciones

El Partido Acción Nacional, en congruencia con sus 62 años de participación política, reitera su compromiso con México y asume la responsabilidad de responder ante los mexicanos que en las urnas se pronunciaron por un cambio que fuera más allá de la alternancia, para ser factor de rectificación profunda a partir de fortalecimiento de las instituciones fundamentales de la nación mexicana.

Con el impulso-aprobación de leyes y reformas constitucionales, desde 1946 en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como la obtención de gobiernos municipales desde 1946 y estatales desde 1989, que aplicaron nuevas formas de gobernar hasta donde la tradicional resistencia gobiernista lo permitió; fue elemento esencial para el avance gradual de la Reforma del Estado.

Acción Nacional, ha contribuido en el diseño de las instituciones del Estado que hoy son valuarte de nuestra democracia y de nuestro ser social, así por ejemplo:

A la libertad de cátedra y la consolidación de la autonomía universitaria, como una de las contribuciones más importantes de nuestro fundador.

Fue Gómez Morín en 1927, quien siendo asesor en la Secretaría de Hacienda, propuso la creación del Seguro Social.

Fue Acción Nacional quien puso en la mesa de discusión el tema del derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Contribuimos a la creación de nuestras instituciones electorales, independientes y autónomas.

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

El derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal.

La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La judicialización para dignificar el sistema penal para adolescentes.

La autonomía constitucional del INEGI.

Ejemplos como los anteriores, son prueba del compromiso del PAN con el fortalecimiento de nuestras instituciones y del Estado.

Compañeras y compañeros diputados, entendemos que una reforma del Estado no estará completa sin las reformas en materia económica y social.

También reconocemos que hay rezagos dentro del perfeccionamiento de algunas de nuestras instituciones políticas, sin duda es tiempo de abordar las estructuras que habían sostenido al viejo régimen, para determinar --de una vez por todas-- las bases institucionales de lo que debe ser un país en el que la justicia y la legalidad sean el motor para un desarrollo democrático incluyente.

En efecto, la consolidación de las instituciones democráticas, reclama la redefinición de normas constitucionales y legales que ajuste los preceptos previamente integrados, con el fin de hacer efectiva su función, delimitando y definiendo ámbitos y competencias, atribuciones y facultades, así como organizar los procesos democráticos y determinar los derechos y los deberes de los ciudadanos.

Entendemos que debe ser, a partir de la misma Constitución Política, donde habremos de abordar los cambios para fortalecer nuestras instituciones y nuestro sistema de gobierno. En este sentido, debemos definir cual será ese sistema, y dotarlo de condiciones para que sea un sistema equilibrado, mediante el ejercicio pleno de los otros poderes públicos, federalista, municipalista, democrático y constitucional.

Se trata de que la reforma política, o también llamada del Estado, avance y se procese dentro de los cauces institucionales, considerando siempre que no estamos empezando de cero, que si bien las instituciones son perfectibles, han dando sustento a la gobernabilidad.

Por tanto, se trata de encontrar nuevos instrumentos o mecanismos sin dejar de lado los ya existentes y que solo requieren reformarse a fin de ser eficaces. Es precisamente esto el contenido de la reforma política o como otros llaman la recuperación constitucional.

Hoy más que nunca, México necesita acuerdos. Por ello invito a todas y todos los diputados de cada una de las fracciones parlamentarias de esta honorable Cámara, para que fijemos una agenda legislativa en común, donde se plasmen los aspectos fundamentales sobre los cuales deba versar la reforma del Estado, y que con los puntos de vista de todos los partidos políticos enriquezcamos las propuestas de los otros y así, desde las comisiones de las cuales formamos parte, construyamos consensos que la hagan posible.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a todas y cada una de las comisiones ordinarias de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia y de manera urgente incluyan dentro de su plan anual de trabajo los temas relativos a las reformas institucionales o de Estado que habrán de abordarse en su análisis, estudio y aprobación, mismas que deben contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural que requiere nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el día 28 de noviembre de 2006.--- Diputada María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, como fue agendado.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. Para hablar en pro de la propuesta ha solicitado el uso de la palabra y se le concede, al diputado Juan José Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señora Presidenta: como ustedes podrán apreciar, señores diputados, este punto de acuerdo, que ha sido votado por obvia o urgente resolución por ustedes es muy similar al que en días anteriores presentó aquí el diputado Juan N. Guerra, haciendo algunas imputaciones a mi fracción parlamentaria, que procedo a responder lo más puntualmente que sea posible.

Yo creo que para avanzar en las reformas que requiere el país tenemos que focalizar la discusión. Si nos enfrascamos en una discusión sobre el proyecto nacional o sobre el pacto social o sobre un nuevo pacto social, va a ser difícil que encontremos coincidencias; pero si empezamos a analizar puntualmente los temas y ya están aquí iniciativas o en el Senado de la República, yo creo que el avance puede ser notable. Ahí está nuestra primera diferencia, una diferencia de método.

Bien decía un gran pensador del siglo XX, Karl Popper, que cuando el diablo no quiere que se haga lo bueno, pasa ante Dios exigiendo lo excelente. Y, efectivamente, un debate sobre el proyecto nacional podría ser muy interesante, pero yo creo que aquí debemos focalizar y yo plantearía los siguientes temas.

¿No hay acaso aquí una iniciativa para disminuir la Cámara de Diputados? Yo creo que toda la ciudadanía coincide en que tenemos una Asamblea que no es adecuada para el trabajo y que simplemente se incrementó en su número en un momento en el que se le imputaba al gobierno de la República el famoso fraude patriótico del 86, y se consideró que aumentando 100 diputados de representación proporcional se podía aliviar el problema.

¿Cómo entendería, cómo aceptaría, cómo tomaría el pueblo de México una iniciativa a disminuir a 400 o a 300 diputados? O bien, ¿qué acaso no ya está presentada en el Senado de la República la propuesta de los juicios orales?

Hay coincidencia en muchos mexicanos, en muchos juristas, que este procedimiento sería mucho más eficaz que el vigente y que nos llevaría a una justicia más pronta y expedita y, sobre todo, aproximaría al acusado y al juzgador.

Podríamos mencionar la minuta que está aquí del artículo 124, que fue aprobada en el Senado para descentralizar auténticamente la vida nacional. O como la reforma que llegó a plantearse con el acuerdo de varios partidos políticos en el Senado, en donde se le daban atribuciones al Instituto Federal Electoral para revisar las finanzas de los partidos y en donde inclusive se contemplaba que en la elección intermedia no tenían por qué percibirse mil 200 millones de pesos, y que éstos deberían de devolverlos los partidos al pueblo de México; reforma que estaríamos perfectamente en tiempo para realizar antes de la elección intermedia de 2009. Y podríamos referirnos a muchas otras reformas que ya están en las iniciativas.

Tenemos un gran rezago en la Comisión de Puntos Constitucionales. Prácticamente no hay un artículo de los 136 donde no haya una iniciativa de cambio o una reforma propuesta.

Yo creo que en nuestra historia es evidente que la realidad demanda nueva legalidad; así surgió la independencia. Primero se logró la independencia y, después, en 1824, nos dimos una Constitución. En 1853 surgió la Revolución de Ayutla, y en 1856 surgió la Constitución, que tal vez haya sido uno de los documentos más completos en la historia jurídica de México.

Después de la Revolución Mexicana surgió la Constitución del 17. Y hoy que tenemos, sin duda, una nueva realidad, cuando hemos trascendido el sistema del presidencialismo exacerbado y del partido hegemónico, cuando tenemos que analizar de nuevo el equilibrio para mejorar la relación entre poderes, cuando tenemos que ir a fondo en una reforma del Estado, sin lugar a dudas hay el compromiso de todos los partidos políticos por asumir decisiones.

La Unión Interparlamentaria dice que un congreso es adecuado cuando logra cumplir las siguientes metas:

Ser representativo. Creemos que nosotros somos representativos. Éste es un mosaico de lo que es la opinión pública nacional.

Ser accesible. Siento que podríamos mejorar.

Ser transparentes. Sin duda aquí tenemos algunas tareas por realizar.

Ser responsables de sus actos. Aquí tenemos que esmerarnos.

Y fundamentalmente, ser eficaz. Y sin duda, no somos eficaces.

El primer debate que se dio en el Congreso mexicano en 1824 termino, señor Presidente, entre Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, cuando un diputado sugería que se saliera a hacer alguna consulta en los cuatro millones de kilómetros cuadrados que teníamos de territorio nacional y ante los seis millones de mexicanos; Fray Servando Teresa de Mier respondió: ``Yo aquí --y su nombre está precisamente en estas paredes-- yo aquí vine a tomar decisiones. Yo no soy lacayo; yo soy representante popular y vamos a hacer las reformas que México requiere''.

Yo creo que lo que espera el pueblo de México de este Congreso son decisiones. Tomemos decisiones con voluntad política sobre las iniciativas que ya están presentadas, demandando desde luego otras, si éstas fueran necesarias. Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El diputado Juan Guerra Ochoa solicitó la palabra para alusiones personales.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Muchas gracias. La vehemencia del diputado Rodríguez Prats de convocar a trabajar es buena; el problema es que cada cosa hay que ponerla en su lugar. La verdad es que ha estado parado por ustedes. Lo que no hemos resuelto es por ustedes. Nosotros les hemos entregado agenda tras agenda y ese punto de ayer, como la iniciativa, tenemos rato que la presentamos y que la subimos a la Junta de Coordinación, y queremos que nos tomen la palabra para ver cómo le entramos.

La parálisis que haya habido en la Cámara se debe, en primer lugar, a la primera minoría. Yo espero que haya sido un exhorto a su propia bancada, porque ganas de trabajar evidentemente es lo que tiene que haber.

Ahora, nosotros no vamos a desechar, a descartar ninguno de los temas que nos propongan. Absurdo sería de nuestra parte. Podemos no compartirlo. Por ejemplo, si su preocupación es cómo se reduce el número de bancadas, eso es muy discutible. Inglaterra tiene más bancadas; Francia anda muy cerca de aquí con mucho menos poblaciones; como Estados Unidos tiene menos bancadas con más poblaciones.

Eso se puede discutir pero no es eso lo que le da la fortaleza a un Congreso. No es un problema cuantitativo sino cualitativo la forma en que se planta ese Congreso. Los cuántos los podemos discutir pero el fortalecimiento del Poder Legislativo, si ésa es su propuesta me parece que es muy pobre el asunto de reducir que por demás en el mundo hay experiencias para una cosa u otra.

También la agenda y al asunto que no mencionaron, incluso le entramos y discutimos otra sobre el Poder Legislativo. También la agenda sobre la reforma en materia de justicia, estamos dispuestos a discutirlas. No tenemos ningún problema. Es más, pedimos que todas las bancadas, no nada más ustedes, propongamos una agenda común. El gran problema es que ustedes se creen con el derecho de imponer sólo la agenda a partir de sus únicos puntos de vista.

Si están abiertos a entender que en un parlamento plural --y ustedes sólo son la primera minoría-- la agenda la tenemos que consensuar entre todos. A ustedes les preocupan estas cosas; qué bueno. Hay además otras cosas que preocupan. A nosotros nos preocupa mucho y lo vamos a insistir, lo económico. Y lo vamos a seguir reiterando.

En México, no se pagan impuestos. Sólo es comparable Haití. Se cobra de acuerdo al jefe del SAT, 9.5 y la mayoría del impuesto sobre la renta es de cautivos, de las personas cautivas. Las empresas no llegan ni al 50 por ciento del impuesto sobre la renta. Aquí existe el poder de los monopolios, no hay mercado, hay monopolio o duopolio; ustedes presumen del libre mercado, no hay. Es monopolio o duopolio y los gobernantes terminan siendo empleados de los grandes monopolios o duopolios. Éste es el problema.

Por supuesto que nos interesa por eso discutir lo económico. Nos interesa lo político. Nosotros no queremos que baje cualquier cosa el financiamiento a partidos. Nosotros queremos que baje drásticamente, pero queremos que desaparezca la contratación de spots como ocurre en Europa, como ocurre en Brasil. No tenemos por qué recurrir a los spots ni a las trampas que se hacen a través de las televisoras que sí aceptó la contratación del Consejo Coordinador Empresarial y la contratación de mil 750 millones por Fox. Saquemos eso. Si no ocupan bules para nadar ni muletas para caminar, saquemos los spots de los medios y bajemos drásticamente el financiamiento, porque los medios masivos se llevan el 70 por ciento de los ingresos que tienen los partidos.

Si queremos ser congruentes y no hipócritas, hay que decir las cosas como son y entrarle y no andar queriendo decirle a la nación: ``Bajemos a los partidos'', que es muy popular, pero que las televisoras, a ver de dónde se consigue dinero para seguirlo pagando.

Hay que prohibir ya los spots y que no haya este tipo de publicidad. Hay que prohibir incluso el financiamiento privado y atenernos cada partido a sus recursos, por bajos que éstos sean.

Requerimos discutir, y este es el asunto, cuando Rousseau escribió El contrato social, la lógica que lo llevó es muy sencilla: en lugar de la ley de la selva, en lugar de la ley de la guerra, de imponer las razones del que gana la guerra, lo que se requiere en la sociedad son acuerdos.

Si en México ha habido revoluciones --las que usted citó-- es porque no ha habido acuerdos. Lo que una sociedad requiere es construir un nuevo pacto para definir las reglas que ustedes, que nosotros y que todos --no te me desesperes, cita a tu comisión, ``Tomate''-- para definir las reglas que ustedes y que todos nosotros vamos a aceptar, porque la democracia es eso: son reglas procesales pero que todos aceptemos.

Y termino diciendo: no sigamos hablando de reglas jugando al básquetbol, donde ustedes quieren tener un larguirucho, la canasta abajo, salirse cuando quieran, haciendo trampa. El pacto es que todos nos sometamos a la misma regla y ese es el verdadero estado de derecho. Por eso qué bueno que hayan avanzado, pero fijemos la agenda entre todos. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodríguez Prats, para rectificación de hechos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Hombre, demos altura al debate.

Con su permiso, señora Presidenta: el único discurso que pronunció Manuel Gómez Morín, en un inútil esfuerzo por defender su caso en 1946 ante el Colegio Electoral, decía que los mexicanos hemos sacado un lenguaje y hemos procurado, palabras más, palabras menos, un discurso en el que nos agredimos inútilmente y buscamos palabras que nos dividen y que nos separan; palabras como ``izquierda'' o ``derecha'', ``reaccionario'', ``revolucionario'', ``liberal'', ``conservador'', que muchas veces cuando se concretizan los temas, y ésta es mi insistencia, señores diputados, no escaparnos del debate, no salirnos de lo que se está fijando como agenda. Y yo aquí les puedo decir que hay 206 votos del Partido Acción Nacional y hagamos esa primera reforma para simplemente disminuir la Cámara de Diputados.

Vean ustedes en la opinión pública, cómo hay un enorme clamor por propiciar un ahorro del Poder Legislativo. Cada diputado le cuesta a la nación ocho millones de pesos anuales, cada diputado federal. Dividiendo el presupuesto entre los 500 diputados, le cuesta ocho millones de pesos. Cada senador cuesta 15 millones de pesos...

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí, diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Sí, Presidenta, diputada, quisiera ver si me acepta una pregunta el diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto, diputada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí la acepta.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): De repente creo que le creo sobre su preocupación del presupuesto y lo que genera el gasto de los diputados, de los 500 diputados; pero después me acuerdo que el PAN votó hace poco un aumento verdaderamente grosero en comparación con las necesidades de este país, y no vi que usted se levantara para decir que la Cámara no necesitara un aumento.

Entonces, si su preocupación, diputado, es el gasto que generan 500 diputados, haciendo su trabajo legislativo, por qué no empezamos con lo más práctico, lo que nos queda a la mano, y le reducimos el aumento que acaba de aprobar la Cámara al presupuesto de la misma.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Coincidiría con usted plenamente, diputada, puede usted revisar hoy en el orden del día cómo fue turnado a comisiones un punto de acuerdo de un compañero de mi bancada precisamente en el sentido de no aumentar prestaciones a los diputados.

Aquí el diputado Abel Cuevas explicó que simplemente se estaba buscando aumentar partidas para mejorar el edificio y mejorar algunas cuestiones que era ya un gasto comprometido; pero yo suscribiría perfectamente ese acuerdo y puede usted revisar el orden del día, cómo está un punto de acuerdo presentado por un diputado de la bancada panista, precisamente en el sentido que usted expone. Muchas gracias. Yo creo que no sabemos discutir. Yo creo que evadimos las cuestiones fundamentales; tenemos que mejorar nuestro discurso político, tenemos que esmerarnos en encontrar coincidencias.

Octavio Paz decía que la democracia es saber discutir. Y vamos a los puntos concretos, podemos discutir sobre todas las tesis económicas.

Yo aquí escuché al diputado Raymundo Cárdenas decir que el PRD está de acuerdo en la economía de mercado; sin embargo, se opone a que haya inversiones de los particulares en el sector eléctrico, por ejemplo, y señalo esta contradicción; pero lo más importante es que busquemos, porque el trabajo que hagamos en el futuro y yo creo que la LVIII y LIX Legislaturas fueron un enorme desperdicio por culpa de todos, porque si hacemos la excepción de la Ley de Transparencia, de la interpretación que se le dio a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y algunas modificaciones en el aspecto financiero, de la modificación del artículo 21 constitucional que ha sido muy criticada en materia de la Corte Penal Internacional, la LVIII y LIX Legislaturas dieron muy pobres resultados en lo que la nación esperó para dar una nueva realidad, una nueva legalidad a una nueva realidad, empezando por el texto constitucional mismo.

Entonces evitemos dispersarnos, evitarnos simplemente irnos con el viejo esquema de hablar de otras cosas y procuremos concretizar, y yo les garantizo que el debate se va a enaltecer, se va a levantar y con toda certeza podremos encontrar coincidencias para darle un nuevo marco jurídico, como lo requiere el pueblo de México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, el diputado Cortés pide la palabra. ¿Con qué objeto?

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés(desde la curul): Para hacer una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta, diputado?

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con muchísimo gusto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado Cortés.

El diputado Santiago Gustavo PedroCortés(desde la curul): Señor diputado, los partidos que integran el Frente Amplio Progresista le hicieron una propuesta de agenda a esta Cámara, entregaron un documento a las diferentes fracciones parlamentarias, hasta hoy no hemos tenido una opinión de su fracción respecto a esta agenda, ¿les parece innecesario discutir la propuesta del Frente Amplio, diputado?

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con mucho gusto, señor diputado. Mire, el Partido Acción Nacional, desde que surgió, ha pugnado por la reforma del Estado, yo le puedo mencionar muchísimos textos, Christlieb Ibarrolla posiblemente fue el que arrancó en 1962 lo que fue la reforma con los famosos diputados de partido y posteriormente, Abel Vicencio Tovar, don Luis H. Álvarez, las reformas constitucionales que se hicieron en la LV Legislatura.

Entonces de nuestra parte estamos abiertos, si quieren comenzar por la agenda del PRD, comenzamos por la agenda del PRD, pero quiero decirle, quiero decirles que todos los partidos políticos tenemos una agenda, tan es así que esta agenda por disposición de ley se inscribió en el Registro Federal Electoral y el pueblo de México votó y votó mayoritariamente por la agenda del Partido Acción Nacional.

Pero, repito, en ánimo de llegar a acuerdos, no tenemos ningún inconveniente en comenzar con discutir la agenda de ustedes. Muchas gracias, señora Presidente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para responder alusiones personales, indica el señor diputado.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, estimada diputada Presidenta; compañeras y compañeros: yo creo que es muy importante que la primera minoría de esta Legislatura se disponga a hacer con seriedad una agenda para la reforma del Estado, es muy importante porque hasta ahora no había habido más que silencio e indiferencia frente a las propuestas que la izquierda de esta Cámara ha propuesto.

Creo que es fundamental que pensemos en qué cosas son las importantes para el pueblo de México, hay cosas que suenan bien para la opinión pública que le dan bolita a aquellos que han tomado como deporte nacional, pegarle a los partidos, pegarle al Congreso, pegarle a la política, y ese tipo de propuestas son como la que aquí se nos viene a recordar, de disminuir el número de legisladores, como si eso fuera realmente a resolver un grave problema de disfunción del Poder Legislativo y de la relación de éste con el Ejecutivo.

Miren, si disminuimos el número de legisladores ¿va a bajar el gasto de mantenimiento de este edificio?, ¿va a disminuir el gasto en la diplomacia parlamentaria?, ¿va a disminuir el gasto de muchas cosas? No es así. No es así. Lo que seguro va a disminuir son las dietas, ¿cuánto es eso? Supongamos que bajamos a 100 el número de diputados, en dietas yo creo que ha de andar por unos dos millones de pesos al año, cuando mucho; 100 menos son 200 millones al año lo que se ahorraría.

Es absurdo compañeros, poner estas propuestas como la respuesta al pueblo de México a su exigencia. Miren...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Perdón un momento. El diputado Ríos Camarena, sonido en su curul, ¿con qué objeto diputado?

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): Para que me haga usted favor de preguntarle al señor diputado Cárdenas si me acepta una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta señor diputado?

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Con todo gusto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí la acepta.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): Señor diputado, subió usted a la tribuna con el propósito de responder alusiones personales. Yo me quedé muy preocupado porque aquí dijo el señor diputado Prats que usted había aceptado de alguna manera la globalización, no dijo la globalización neoliberal, son términos distintos, pero que eso afectaba el tema del mercado libre en materias que son exclusivas para el Estado, como lo señalan algunos artículos constitucionales, 26, 27 y 28, sobre la energía eléctrica.

Entonces para mí era muy importante que las alusiones personales a que se refirió el señor diputado Prats las abordara usted y que fuéramos concretos en ese tema que para mí es muy interesante. Muchas gracias.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias. Con todo gusto. Miren ustedes, la globalización es un hecho, lo que no es un hecho es que la que se ha conducido por parte de la potencia del norte sea justa y equitativa para todos los pueblos del mundo.

México tiene que luchar en los organismos multilaterales del mundo por abrirle paso a una globalización distinta, a una en la que los avances científicos y tecnológicos beneficien a todos los pueblos del mundo y no sólo a los poderosos, a las multinacionales.

Ese tema de cómo México se inserta en la globalización es un tema que nos divide a los mexicanos. Desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Zedillo y Fox se ha impreso a la política exterior de México un rumbo de subordinación. Y creo que ahí tenemos unas graves diferencias que hay que discutir, porque de otro modo, a la chita callando, van a continuar con este proceso y lo único que les queda ya por entregar son los energéticos, es la electricidad y es el petróleo.

Ya vender el Palacio Nacional yo creo que no les interesa, porque no han de dar mucho dinero por ello; si no, lo vendían.

Creo, estimado compañero diputado, que entonces tenemos que encontrar la manera de que el pueblo de México tenga la fortaleza necesaria como para que los norteamericanos nos respeten; como ellos respetan a China, a Vietnam, que no han abierto su sistema financiero. Los chinos y los vietnamitas han hecho lo que han querido con su sistema político y los gringos están invirtiendo en esos países.

¿Por qué aquí nos exigen de a tiro por viaje en cada reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que abramos el petróleo?, ¿por qué lo hacen?, ¿por qué va Fox a las reuniones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte a decir que se va a abrir el sector energético? Porque en México ya hay un sector de la población que no se respeta como pueblo. Ese es el problema.

Creo que esto hay que discutirlo, compañeras y compañeros --termino la pregunta-- y voy a continuar con mi turno...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Permítame, diputado Cárdenas. ¿Con qué objeto diputado Carbajal?

El diputado Rogelio Carbajal Tejada(desde la curul): Saber si el orador acepta una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta usted otra pregunta, diputado Cárdenas?

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Con todo gusto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado Carbajal.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada(desde la curul): Gracias, Presidenta. Todos estamos de acuerdo, y aquí se ha discutido que un trabajo fundamental para desahogar las agendas de todos los grupos parlamentarios es el trabajo en las comisiones. De hecho, hace unos minutos hubo un punto de acuerdo que ha sido turnado a la Junta de Coordinación.

Yo quisiera preguntarle al señor orador que, en virtud de que él preside la Comisión de Puntos Constitucionales, toral para el debate que estamos sosteniendo de la reforma del Estado, quisiera preguntarle: ¿por qué no ha citado a la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, más allá de la sesión de instalación que tuvimos el pasado mes de octubre?

En la Comisión de Puntos Constitucionales hay más de 600 iniciativas, 13 minutas --si mal no recuerdo-- del Senado de la República, muchas de las cuales abonarían a la reforma del Estado, a la que tanto ustedes y nosotros y todo este Pleno estamos apelando. Quisiera saber, señor Presidente, si el diputado me pudiera contestar, ¿por qué razón no ha citado, para ver ese trabajo, a sesión de Puntos Constitucionales?

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, le contesto con todo gusto. En la reunión a la que usted asistió se acordó que íbamos a instalar seis o siete subcomisiones y eso se ha estado haciendo. Todavía anteayer nuestra compañera diputada Mónica Fernández citó a la Subcomisión para la Reforma Electoral. Eso está en marcha; en el momento en que estén todas las subcomisiones, muy pronto estará, y será usted convocado a la siguiente reunión del pleno. Con todo gusto, lo vamos ha hacer.

Entonces, vuelvo al tema. ¿Cuál es la agenda, compañeras y compañeros?, ¿es la agenda puntual de pequeñeces, como esto de disminuir el número de legisladores, o vamos a discutir el papel de México en el mundo; o vamos a discutir el régimen político?

Compañeros ¿por qué no hay colaboración entre este Poder y el Ejecutivo? Porque el sistema presidencial no lo promueve, no promueve la colaboración, sino el choque. Yo escuché a Felipe Calderón decir durante su campaña que iba a ser un gobierno de coalición para promover la construcción de una mayoría. Eso se llama ir en el camino de semipresidencialismo, y eso, a mi juicio, es inevitable. ¿Dónde está la propuesta?

Ya hizo una Comisión monocolor, perdón, un gobierno, en donde hay alianzas vergonzantes. ¿Por qué no publican y dicen frente a la nación que hay una alianza para gobernar bien este país entre el PAN y Elba Esther Gordillo?

Sí, ahí están los cargos importantes que se le están dando a esa corriente política y yo diría, ¿hay responsabilidad de los legisladores que corresponden a esa corriente, para darle la mayoría que requiere el PAN? Ésos son los acuerdos que necesitamos, no alianzas por debajo de la mesa ni compromisos que no se pueden sostener de cara a la nación. Hay que discutir entonces el régimen político.

Tenemos que discutir los derechos humanos, cómo todos los instrumentos del mundo se integran a nuestra Constitución. Tenemos que resolver el federalismo; tenemos que ver muchas cosas y eso implica revisar integralmente la Constitución y eso implica un nuevo pacto social, querámoslo o no.

Si queremos un Congreso que le sirva a México, estimados compañeros, compañeras, hagamos una buena agenda. Creo que aquí se dijo que había en la Comisión de Puntos Constitucionales reformas propuestas para todos los artículos --voy a terminar, señor Presidente; ojalá que a algún panista ya le den la chamba de relojero o de medidor de tiempo, porque sólo eso les gusta--; entonces ojalá que hagamos, estimado Presidente, una agenda porque, efectivamente, hay reformas para casi todos los artículos constitucionales, excepto cinco. Eso nos indica la insatisfacción que hay en relación con nuestro pacto social.

Por eso, si no les gusta la palabra que hagamos un nuevo pacto social, revisemos integralmente la Constitución o revisemos todas las iniciativas que ahí están, porque a fin de cuentas equivalen a lo mismo. Gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas.

Esta Presidencia saluda a los integrantes del Comité Ejecutivo Federal del Partido Alternativa Socialdemócrata; a la licenciada Patricia Mercado, ex candidata a la Presidencia, y al maestro Alberto Begné, que se encuentran aquí presentes.

Tiene la palabra el diputado Rodolfo Solís Parga, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Rodolfo Solís Parga:Con la venia de la Presidencia: consideramos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por el creador de ciertos derechos inalienables.

Que entre éstos están el derecho a la vida y la libertad y a la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos cuyos poderes legítimos derivan del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno se haga demoledora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma en que juzgue más conveniente para lograr su seguridad y felicidad.

Es uno de los primeros párrafos de la Declaración de Independencia de las 13 colonias, escrita por Thomas Jefferson, y habla de algunas otras razones y causas que obligaron a las 13 colonias a declarar su independencia respecto del régimen legal de la administración de la justicia, de la burocracia onerosa y pesada sobre las espaldas del pueblo, de las alianzas para someter a una nación a jurisdicciones ajenas, vía leyes y tratados, de la revocación de los derechos constitucionales --y hoy hablamos de derechos humanos-- y de las formas en que aquellos pueblos colonizadores se dirigían al Rey Jorge; un libro que batallé para encontrar y tuve que acudir a las librerías de viejo; 20 pesos cuesta.

Evidentemente, este país está dividido, pero no es una división política o una división de la llamada clase política la que ocurre y la que debe preocupar, porque finalmente la división política es producto de una profunda división social.

Hemos planteado, en anteriores intervenciones y en anteriores legislaturas, la necesidad de la reforma del Estado. Hemos hecho planteamientos concretos, tales como la afirmativa ficta para proteger el derecho de los ciudadanos respecto de la omisión de las autoridades.

Hemos planteado la revocación de mandato como parte de reformas importantes y, sin embargo, cosas como éstas, muy concretas, simplemente están en ``el cajón del olvido''.

Proponemos, efectivamente, reformar el Estado y una nueva relación de la sociedad con el Estado. Proponemos que el Parlamento mexicano, que es el último reducto institucional de la discusión política en este país, sea en efecto una autoridad política para toda la nación.

Proponemos la abolición del régimen presidencialista y pasar al régimen parlamentario. Proponemos la separación de funciones entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Proponemos también la independencia del procurador de la República, del fiscal.

Esto es parte de la agenda que hemos planteado; es parte de la agenda que tenemos que construir entre todos los legisladores y las fuerzas políticas.

El espanto que hoy causan los asuntos del Congreso, implican --y termino con esto, señor Presidente-- que lo que realmente está ocurriendo hoy es que el Congreso empieza a ser un poder constitucional real del Estado, que significa que aquí están representadas fuerzas políticas y fuerzas económicas de la nación completa.

Eso implica, entonces, la necesidad de construir una nueva relación para darle viabilidad al país, para darle futuro a este país, para construir una nueva nación. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodolfo Solís. Tiene la palabra el diputadoNarcizo Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI.El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Muchas gracias, señor Presidente. Todos quisiéramos, compañeras y compañeros diputados, que el estado de la nación fuera de normalidad, por la seguridad de nuestras familias, por el bienestar y el progreso de la nación, pero tenemos que enfrentar la realidad.

El país enfrenta una encrucijada, el país está polarizado, los problemas sociales si los pusiéramos hoy en un mapa, los conflictos pequeños y grandes a lo largo y ancho de la geografía nacional, quizás nos alarmaríamos de los focos rojos en todas las entidades federativas.

De modo que el primer compromiso para poder salir adelante tiene que ser un compromiso político, de determinación política, real, para dentro de esa situación tan compleja poder construir acuerdos. ¿Por qué? Porque los problemas coyunturales y también los de fondo están ahí.

Se dice aquí hemos superado el régimen de presidencialismo exacerbado. El régimen es el mismo, el régimen no ha cambiado. Ha habido alternancia en el gobierno, hay mayor pluralismo producto de un avance democrático que todos hemos construido, pero el régimen político es presidencialismo puro.

¿Hay equilibrio de poderes en México? Yo he preguntado en esta tribuna. Y yo he planteado que no hay equilibrio de poderes, pese --estoy de acuerdo con el compañero diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra-- a la fortaleza que da la pluralidad representada en esta Cámara de Diputados.

Para que haya equilibrio de poderes necesitamos esa reforma del Estado, necesitamos revisar la facultad de veto del ciudadano Presidente de la República, del titular del Poder Ejecutivo, y que éste se resuelva con la mayoría simple.

Necesitamos que la entidad de fiscalización superior de la federación asuma plenamente las facultades de control y de fiscalización en que hoy tiene más peso la Secretaría de la Función Pública.

¿Tiene sentido que exista la Secretaría de la Función Pública, compañeras, compañeros diputados? ¿No podía ser una comisión del servicio civil de carrera y transferir los recursos a esta Cámara de Diputados, para que ese órgano tenga representación en cada uno de los distritos que nosotros representamos ahí mismo, en una oficina de la Cámara de Diputados? O sea, no estamos realmente tocando los temas de fondo.

Y el tema, por último, de la organización de la Cámara. El problema no es si son 400 o 500 o 300, más allá del problema pecuniario presupuestal, que comparativamente es mucho menor a otras partidas presupuestales, el tema es cómo está organizada esta Cámara y cuáles son las condiciones en las que el representante popular puede ejercer a plenitud su función. Y, compañeras y compañeros diputados, lo sabemos todos, esas condiciones no están dadas.

Ni siquiera tenemos acceso a los medios, por lo menos en condiciones de igualdad al Poder Ejecutivo, en nuestros distritos. Hay spots, hay programas de la Cámara a nivel general, pero no hay una representación en los medios; no tenemos capacidad de acceso a los medios para poder equilibrar, por lo menos en términos de opinión pública y por eso nos apabullan ante la imagen de la ciudadanía.

Quiero decir por último lo siguiente. La fracción del Partido Revolucionario Institucional ha dado muestras de seriedad y consistencia en la búsqueda de una salida al laberinto en el que se encuentra la nación.

Y el punto de acuerdo que hoy se discute y el que presentó el diputado Guerra tiene que ver con el método. Por eso el senador Manlio Fabio Beltrones presentó en la Cámara de Senadores --justamente por la complejidad del problema-- una propuesta de ley para la reforma del Estado.

Yo los llamo, compañeras, compañeros diputados, a que encontremos la lucidez, la serenidad y la determinación política necesaria para construir los acuerdos que está demandando la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Narcizo Amador Leal. Después de los dos oradores que faltan, consultaré a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, Presidente; compañeras y compañeros diputados: ya basta de rasgarnos las vestiduras aquí en la tribuna. Ya basta de la simulación del trabajo. Ya basta de la política de decir algo y hacer otra cosa.

Se han hecho muchas propuestas desde que iniciamos esta legislatura en el afán de ir construyendo inicialmente ideas que vayan dando una salida a la construcción de una reforma del Estado. Y no ha sido una, han sido varias propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, lo mismo se ha hecho en la Cámara de Senadores, ¿y qué encontramos? Lo que encontramos es una inercia del trabajo de los legisladores.

Mi grupo parlamentario hace pocos días hicimos la propuesta de la afirmativa ficta parlamentaria, que permite que en menos de tres meses tiene que haber soluciones, tiene que haber dictámenes por todas las comisiones legislativas y en caso de que no sea así, pasar al Pleno y aquí el Pleno tome la decisión correspondiente y así terminaríamos con todo el rezago legislativo que se encuentra desde legislaturas anteriores.

¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está la voluntad política? Yo les pregunto a las compañeras y compañeros de Acción Nacional, ¿dónde está esa verdadera voluntad política para discutir los problemas nacionales?

¿Qué está pasando en este momento? Cuestiones fundamentales del presupuesto. Ahí es donde deberíamos de estar discutiendo la finalidad de si realmente va a haber un cambio de rumbo económico social de nuestro país. ¿Qué nos encontramos con un presupuesto recesivo, un presupuesto que va fundamentalmente a mantener las cosas como están, a administrar la pobreza de este país y ayudar a los grandes grupos financieros internacionales a mantener su rentabilidad económica en este país?

Los programas que vayan encaminados a fortalecer proyectos productivos vienen a la baja. Es donde vemos la incongruencia de lo que se dice y se hace. Felipe Calderón dijo que iba a ser el Presidente del empleo, ¿qué es lo que estamos encontrado en este proyecto? Estamos encontrando migajas y no estamos encontrando ningún instrumento de política económica para fortalecer el empleo en nuestro país.

Es de preocupar la situación en la que nos encontramos. Hay diferentes iniciativas, ahí está la propuesta de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional para tener ya reglas mínimas para poder llevar y desarrollar la reforma del Estado; caso omiso.

Entonces yo creo que sí, si hay intención de discutir a profundidad los problemas reales de este país, vayámosle entrando y no hablemos de minucias y de esconder las cosas con aparentes cuestiones que son de trascendencia en lo medios de comunicación.

Fíjense nada más, el presupuesto de nuestra Legislatura para este año son cuatro mil 700 millones de pesos. ¿Saben cuánto le vamos a aportar, a pagar a la deuda externa, a los usureros internacionales? 267 mil millones de pesos. Es decir, que nosotros no tenemos ni el uno punto cinco por ciento de lo que representa el pago de la deuda externa.

¿Qué hay en el IPAB? Se le están asignando este año 27 mil 500 millones de pesos. Hay un estudio de parte de los mismos compañeros de Acción Nacional, del PRI y de las demás fracciones de la legislatura anterior, donde nos hacen recomendaciones, que si revisamos a conciencia técnicamente y legalmente el asunto del IPAB, bajaría sustancialmente el apoyo de parte de nosotros, de parte del Presupuesto de Egresos. ¿Por qué no se ha hecho? Falta voluntad política.

Yo sí les hago un llamado a todos ustedes y no nada más a nosotros como diputados, también a los otros poderes, a que nos pongamos a la altura de lo que está pidiendo México. México lo que está pidiendo es un cambio en el rumbo del trabajo de las instituciones; que le pongamos más atención al asunto económico y social que está prevaleciendo en nuestro país. Ojalá que lo hagamos por el bien de México y por el bien de todos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

Finalmente tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre, del grupo parlamentario de Alternativa.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con el permiso de la Presidencia: el proceso de relegitimación que necesita esta Cámara de Diputados, después de los últimos acontecimientos, la tenemos que asociar con la agenda legislativa y un proceso de rediseño institucional del Estado o de reforma del Estado; sin embargo, también lo tenemos que asociar con el momento histórico que estamos viviendo.

Desde 1997 este país está experimentando una democracia. Si ven una democracia débil, una democracia frágil, la mayor evidencia es un gobierno dividido, un gobierno compartido, que esto ha hecho mucho más complejo el funcionamiento del viejo régimen político; es decir, el viejo régimen político hoy es disfuncional ante el nuevo entorno no solamente nacional, regional e internacional.

Por eso, y traigo a la memoria a Octavio Paz, cuando ubicaba que el proceso de independencia, reforma y revolución eran procesos de ruptura y continuidad; hoy, en estos tiempos de la democracia, tenemos que construir la institucionalidad de un régimen democrático.

Para Alternativa, en la propuesta de agenda legislativa, el primer eje fue la reforma al poder; la reforma al poder en sus tres niveles.

Al Poder Ejecutivo. Efectivamente, como aquí se mencionó, la propuesta nuestra es dirigirnos hacia un semipresidencialismo, pero también aquí en septiembre ya presentamos una propuesta para modernizar al Poder Legislativo. La reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución, donde propusimos ampliar los periodos de sesiones de seis punto cinco meses a 10 meses, es un proceso de modernización, como lo han hecho otras fracciones parlamentarias en cuanto a los dictámenes, en cuanto a lo que ha realizado no solamente el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Pero el trabajo está en comisiones. Aquí podemos plantear las ideas, pero el trabajo legislativo se va a desarrollar en las comisiones; y es allí donde no solamente la Comisión Especial para la Reforma del Estado va a tener un rol fundamental, sino también en Puntos Constitucionales, y también es un trabajo de todos. Tenemos que hacer un ejercicio de reconstrucción de la política.

La ciudadanía --basta leer cualquier periódico-- tiene la peor imagen de esta Cámara de Diputados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Nuestra ética de la responsabilidad es responder a esos ciudadanos, a los cuales nos debemos y por quienes estamos aquí.

Por eso la posición de Alternativa va a ser no solamente contribuir para la reforma del Estado sino también vamos a apoyar no el método, el método me parece equívoco, el método no es una ley. Ese es el error de copiar modelos teóricos rebasados, como España o Argentina. España no tenía una constitución, nosotros hemos tenido una transición votada. Hemos tenido una serie de leyes electorales que nos han permitido estar aquí, la nueva pluralidad política.

Es ahí donde sí tenemos que discutir cuál es el método. Las leyes, con todo respeto para los compañeros del PRI en el senado y aquí, en el PRD, el método no es una ley para la reforma del Estado

Hemos tenido, y lo hemos platicado, diversos procesos de reforma del Estado. Desde el redimensionamiento del Estado, con Miguel de la Madrid; los procesos de modernización económica y política con Salinas; los procesos de modernización administrativa con Ernesto Zedillo y tenemos siempre el discurso de la modernización de la reforma del Estado; ya hemos tenido varios caminos.

Hoy en día, el único camino es construir el nuevo régimen democrático y no con las instituciones zombis que tenemos del viejo régimen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Eduardo de la Torre.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido y se pone a votación de inmediato.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta del punto de acuerdo por el que se exhorta a los grupos parlamentarios a crear una agenda legislativa para la reforma del Estado.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

Y esperemos que esto se traduzca en una voluntad de los grupos parlamentarios para realmente sentarse a negociar la agenda legislativa. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.Aprobado; comuníquese.

Se retira la propuesta que estaba inscrita del diputado Evodio Velázquez Aguirre, del grupo parlamentario del PRD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la Junta de Coordinación Políticaun punto de acuerdo que a la letra dice lo siguiente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente a las siguiente proposición:

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, dentro del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se destinen 500 millones de pesos etiquetados al fideicomiso 1928 para la realización del proyecto de entubamiento del Canal Nacional del Desagüe, en la parte que corresponde al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez. Sólo turno a Comisión.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen 500 millones de pesos, etiquetados al fideicomiso 1928, para el entubamiento del Canal Nacional del Desagüe en la parte correspondiente a Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, y recibida en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2006

Los diputados firmantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, a través del diputado Salvador Ruiz Sánchez, integrante de este grupo parlamentario la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

I. A los diputados federales de esta LX Legislatura nos corresponde salvaguardar los derechos constitucionales de los habitantes de la República Mexicana, a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, como establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El Gran Canal es una de las pocas corrientes fluviales a cielo abierto existentes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, mezcla sus aguas con las del río de los Remedios, el cual proviene del Distrito Federal.

III. El Gran Canal es un conducto de desalojo de aguas negras de la Ciudad de México hacia el municipio de Ecatepec, propiciando un foco de infección ya que contienen una concentración importante de sustancias nocivas como metales pesados, solventes, ácidos, grasas, aceites, gases contaminantes y acumulación de fauna nociva, basura y maleza.

IV. Que el artículo 5o., en sus fracciones IV, VI, XII y XX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que son facultades de la federación:

``IV. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;

VI. La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;

XII. La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;

XX. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas.''

V. Que el artículo 7o., en sus fracciones XI y XX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes locales en la materia, dispone que corresponden a los estados, las siguientes facultades:

``XI. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;

XX. La atención coordinada con la federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas.''

VI. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 8o., en sus fracciones II, VII y X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes locales en la materia, corresponden a los municipios, las siguientes facultades:

``II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación o a los estados;

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;''

VII. Que el artículo 11, en sus fracciones II y IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que la federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

``II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven.''

VIII. Que el artículo 23, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

``IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida.''

IX. Que el Gran Canal se ha convertido en un grave problema de contaminación que afecta a más de un millón y medio de habitantes del municipio de Ecatepec, dañando la atmósfera, suelos y sobre todo la salud de las personas debido a que emite una gran cantidad de bacterias infecciosas, virus y sustancias químico-toxicas.

La descomposición de las aguas residuales desprende gases contaminantes que propician enfermedades en la población, principalmente en niños y ancianos. La conjuntivitis, dermatitis, tifoidea y amibiasis, son algunas de las enfermedades más recurrentes en la población asentada en los márgenes del Gran Canal.

Desde hace cincuenta años los habitantes que viven en sus márgenes no han disfrutado de un ambiente sano y seguro debido a las condiciones en que se encuentra. Es un terreno propicio para la inseguridad y la delincuencia, ya que se presentan casos de asaltos, violaciones, venta de drogas y homicidios.

Asimismo, el canal contiene una gran cantidad de basura, escombros y la población vive en un constante riesgo de inundaciones.

X. Con el entubamiento del Gran Canal se cumple una demanda añeja de la población. Dicha obra impactará a millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México con los beneficios siguientes:

a) Proteger el derecho a la salud y propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo y calidad de vida de la población.

b) Abatir las enfermedades que se presentan por la exposición a cielo abierto de residuos sólidos y líquidos.

c) Eliminar focos de infección y contaminación en el municipio de Ecatepec y zona metropolitana de la Ciudad de México.

d) Construir una vialidad alterna de comunicación norte-sur en el municipio de Ecatepec, que se integraría al sistema vial metropolitano, mejorando la interconexión vial y el transporte con el Distrito Federal y otras entidades federativas.

e) Crear espacios seguros y limpios para la convivencia familiar.

f) Contribuir a la disminución de la delincuencia y drogadicción.

g) Detonar el desarrollo económico, local y regional, atrayendo inversiones que impulsen el desarrollo de las actividades industriales, comerciales y de servicios, así como la creación de fuentes de empleo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y por la gravedad de las condiciones de vida de los habitantes de Ecatepec aledaños al Gran Canal, se somete a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se destinen quinientos millones de pesos, etiquetados al fideicomiso 1928, para la realización del proyecto de entubamiento del Canal Nacional de Desagüe, en la parte que corresponde al municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2006.--- Diputados: Salvador Ruiz Sánchez, Sonia Ibarra Franquez, Francisco Javier Calzada Vázquez, Irene Aragón Castillo, Daniel Torres García, Miguel Ángel Solares Chávez, Fausto Mendoza Maldonado, Daisy Selene Hernández Gaytán, Martín Zepeda Hernández, Holly Matus Toledo, Hugo Martínez Padilla, Octavio Martínez Vega, Racial Pérez Cruz, Sergio Augusto López, Maribel Luisa Alva Olvera, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Pablo Trejo Pérez, Rafael Villicaña García, Miguel Ángel Arellano Pulido, Francisco Martínez Martínez, Héctor Narcia Álvarez, Carlos Navarro López, Francisco Santos Arreola, Humberto Zazueta Aguilar, Raymundo Cárdenas Hernández, José Antonio Saavedra Coronel, Silvia Oliva Fragoso, Adriana Díaz Contreras, Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbricas).»El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

Se recibió también de la Junta de Coordinación Política un comunicado que crea las comisiones especiales. Pido a la Secretaría dé lectura a las mismas...

El trámite de este asunto se hará el próximo lunes.

PAQUETE ECONOMICO 2007

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar a usted, lo siguiente:

Único. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ámbito de las facultades que le confiere el inciso b), numeral 1, del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cite a la asamblea a sesiones ordinarias los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre del año en curso, a fin de desahogar los asuntos relacionados con el paquete económico de 2007 y otros temas de interés.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Coordinación Política; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputadaMarina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que requiere al Consejo General del IFE reduzca los costos de campaña.La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Con su permiso, señor Presidente. El pasado 30 de noviembre el Consejo General del Instituto Federal Electoralaprobó su presupuesto para el año 2007. De acuerdo con tal documento el financiamiento total a los partidos políticos nacionales, ascenderá a un total de dos mil 899 millones de pesos. De esta cifra el más importante rubro lo integra el financiamiento por actividades ordinarias permanentes, el cual asciende casi a dos mil 700 millones de pesos.

Comparada con el año anterior esa cifra es equivalente a un incremento cercano a 35 por ciento, es decir, 700 millones de pesos adicionales, no obstante que 2007 no será año de elecciones federales.

De continuar esta tendencia, para el 2009, año en que habrá de renovarse esta legislatura, el financiamiento a partidos alcanzará una cifra de al menos cinco mil 400 millones de pesos. Los partidos políticos no podemos gastar tales cantidades de dinero en nuestra actividad; digámoslo con todas las letras. Tales montos son injustificables ante la enormidad de carencias y necesidades del país y es un agravio para la ciudadanía.

También es cierto que éste es el resultado de un diseño constitucional ilegal que requiere ser modificado a la brevedad y que es una asignatura pendiente de esta legislatura. Acabamos de escuchar a los diputados hablar de la reforma del Estado y en ese tema se inscribe.

Pero mientras tanto, sí hay algo que podemos hacer. En efecto no se requiere de una reforma constitucional para atender esta demanda ciudadana. Lo podemos hacer aquí y ahora con los propios instrumentos que hoy nos provee la normatividad electoral.

El artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I, del Cofipe, establece que ``el Consejo General determinará anualmente, con base en estudios que presente su consejero presidente, los costos mínimos de campaña para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando como base los costos aprobados en el año inmediato anterior, actualizándolos mediante el índice nacional de precios al consumidor, así como los demás factores que el Consejo determine''.

En razón de lo anterior, el Consejo General puede determinar, tomando como base el punto de acuerdo que ahora se propone, una reducción de 20 por ciento de los costos mínimos de campaña para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La reducción señalada a los costos mínimos de campaña. Tendrá por efecto que el incremento del presupuesto a partidos políticos correspondiente a este rubro sea cercano a cuatro por ciento en relación con el año pasado. Esto es similar a la inflación proyectada en el paquete económico presentado por el gobierno federal para 2007.

En números redondos implicaría un ahorro de 538 millones de pesos. Con tal determinación el financiamiento a los partidos crecerá en un monto mucho menor al proyectado, apenas superior al ejercido por este mismo concepto durante 2006, sin perjudicar los compromisos contraídos con terceros, por los propios partidos políticos, así como independientemente de otros rubros de su financiamiento.

La plataforma que prácticamente todos los partidos políticos presentamos a los ciudadanos en la pasada contienda electoral incluía como uno de los aspectos más importantes la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Por ende no necesito convencerlos de esta necesidad ni dudo de la sinceridad y la altura de miras que prevalece en cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados.

538 millones de pesos son sólo 50 por ciento de la dimensión presupuestal que se pretendía para la UNAM, un poco más de 100 por ciento del recorte al Politécnico. Y en esta danza de cifras, quizás no represente gran cosa, en cambio sí puede impactar en el resultado del trabajo y la vida de los partidos políticos. Esta reflexión se vale.

Pero hagámonos cargo, el debate de la pasada sesión dio cuenta de la preocupación que todos en este recinto manifestamos por la disminución en el presupuesto a la educación, lo que yo les presento, quiero planteárselos como una oportunidad real y concreta de hacer ahorros para apoyar justo este rubro de educación.

Pero fundamentalmente quiero convencerlos de que es un buen momento para decirles a los ciudadanos y ciudadanas de este país que la Cámara de Diputados sí le da vuelta a la página de los agravios del primero de diciembre con un acto de congruencia y voluntad política.

Señoras y señores legisladores, este debate no sólo se coloca en el marco del presupuesto, está inscrito en el marco de la ética política, hechos son amores. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración. Perdón...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada Marina Arvizu.

Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval, ¿con qué objeto diputado?

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Para ver si la diputada Marina acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta del diputado Sandoval?

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:No señor Presidente, no la acepto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Primero. Que esta Cámara de Diputados requiera al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I apruebe los costos mínimos de campaña de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que incluyan una reducción de 20 por ciento a los costos mínimos aprobados para 2006.

Segundo. Que se informe a la Comisión de Presupuesto a efecto de que la misma considere, para la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 la reducción motivo del presente punto de acuerdo y destine los recursos que del mismo se deriven al rubro de ciencia y tecnología del citado Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente solicito que el presente punto de acuerdo se integre de manera completa en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere al Consejo General del Instituto Federal Electoral a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, determine reducir en 20 por ciento los costos mínimos de campañas para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos aprobados para 2006, y de que los recursos derivados de lo anterior se destinen al rubro de ciencia y tecnología, presentada por la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa, en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2006

La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Base 11, inciso a), establece el denominado ``costo mínimo de campaña'' entre los factores para determinar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos nacionales, el cual debe ser calculado por el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral.

Por su parte, el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con base en los estudios que presente su consejero presidente, los costos mínimos de una campaña para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados en el año inmediato anterior, actualizándolos mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, así como los demás factores que el consejo determine.

Asimismo, el citado precepto señala que una vez concluido el proceso electoral ordinario, el Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá revisar los elementos o factores, conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña.

De lo anterior se desprende, en primer lugar, que la propia legislación secundaria permite revisar, una vez concluido el recién transcurrido proceso electoral, los elementos constitutivos de los citados costos mínimos, sea al alza o a la baja, sin que sea necesaria, por lo tanto, una reforma constitucional o legal para modificar y reducir los montos de financiamiento público ordinario a los partidos políticos.

En segundo término que, conforme a la normativa citada, es responsabilidad exclusiva del consejero presidente y del Consejo General del instituto, aprobar tales costos mínimos, al encontrarse tal facultad expresamente señalada en su ámbito de competencias.

En tercer lugar, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró en su tesis relevante S3EL 004/2003, que cuando el referido artículo 49 del código de la materia emplea el término actualizar, dicho vocablo no necesariamente implica incrementar, lo que se refuerza con el señalamiento expreso en dicho código de que, además del Índice Nacional de Precios al Consumidor, se pueden introducir todos aquellos factores que el propio Consejo General del IFE determine.

En cuarto lugar, la determinación por introducir factores adicionales para modificar los citados costos mínimos ya ha sido una práctica empleada por la autoridad federal electoral, como concretamente lo ha hecho desde al año 2003.

Por otra parte, y conforme lo establecen las fracciones II y III del inciso a), párrafo 7, del citado artículo 49 del código de la materia, para determinar el monto de financiamiento público ordinario a los partidos políticos, se debe considerarse el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso, razón por la cual, al pasar de 6 a 8 los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, el financiamiento público se incrementará por esta situación, independientemente del aumento derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Concretamente, y tomando como base la nueva integración de éste órgano legislativo, el financiamiento público ordinario correspondiente al año 2006, equivalente a mil 988 millones 822 mil 705 pesos con 51 centavos, habrá de elevarse a 2 mil 565 millones 577 mil 697 pesos con 28 centavos, para 2007, sin considerar aún el aumento derivado del efecto inflacionario, es decir, un incremento de alrededor del 25 por ciento entre un año y el siguiente.

En tal sentido, la Cámara de Diputados es el espacio idóneo para demostrar a la ciudadanía que existe la voluntad de todas fuerzas políticas de sobreponer los intereses de la nación a los propios. Por eso debe ser determinación de esta Cámara aprobar el presente punto de acuerdo, para que la autoridad electoral reduzca el monto de los costos mínimos de campaña en un 20 por ciento. Esto es, al reducir el señalado porcentaje, el monto del financiamiento ordinario para partidos políticos habrá de ser equivalente a 2 mil 52 millones 462 mil 157 pesos con 82 centavos, lo que implicará un ahorro de 513 millones 115 mil 539 pesos con 46 centavos, independientemente del incremento derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Dicha cifra permitirá que el financiamiento a los partidos crezca en un monto mucho menor al proyectado, y apenas superior al ejercido por este mismo concepto durante 2006, sin considerar la inflación, y sin perjudicar los compromisos contraídos con terceros por los propios partidos políticos, así como independiente de otros rubros de financiamiento.

Es un hecho que esta reducción no es la deseada, pero si resulta útil para contener la tendencia de persistente incremento de financiamiento a partidos políticos, y constituye un primer paso para su inversión hacia fórmulas más acordes a la realidad del país.

Finalmente, los recursos no ejercidos por esta vía, podrán ser canalizados a uno de los requerimientos más importantes para el propio proyecto nacional y su viabilidad a futuro, tal como lo es el desarrollo de la ciencia y tecnología, y las instituciones académicas y de investigación que se avocan a tales actividades, dado que los recursos destinados a dicho rubro son inferiores a los establecidos en los parámetros internacionales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados requiera al consejero presidente del Instituto Federal Electoral para que, en los estudios que presente relativos a los costos mínimos de campaña, incluya una reducción del 20 por ciento a los mismos, con rerlación a los presentados en el 2006.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados requiera al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I, apruebe los costos mínimos de campaña de diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que incluyan una reducción del 20 por ciento a los costos mínimos aprobados para el año 2006.

Tercero. Que la honorable Cámara de Diputados acuerde que los recursos que se deriven de esta reducción, se canalicen al rubro de ciencia y tecnología para el ejercicio presupuestal 2007.

Cuarto. Que el presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que la misma considere, para la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la reducción motivo del presente punto de acuerdo y destine los recursos que del mismo se deriven al rubro de ciencia y tecnología del citado Presupuesto de Egresos de la federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2006.--- Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta.

Han solicitado a esta Mesa Directiva, antes de dar el trámite de la votación si el asunto se considera de urgente resolución, de fijar posición diputados de diversos grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza. Y esta Presidencia saluda afectuosamente a los presidentes municipales del estado de Querétaro aquí presentes.

Permítame, diputado Godínez.

Sonido a la curul del diputado Oviedo.

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo(desde la curul): Presidente: ¿sería tan amable de rectificar el quórum?El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia considera que sí hay quórum diputado. Adelante, diputado.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: el Partido Nueva Alianza apoya decididamente el punto de acuerdo sometido a esta soberanía por el grupo parlamentario de Alternativa.

El sistema de financiamiento predominantemente público a los partidos políticos y campañas, que se adoptó a partir de las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el año de 1996 ha contribuido a mejorar la organización, competitividad y transparencia de las elecciones.

La mejor prueba de ello es la aceptación de los resultados por los partidos políticos, los ciudadanos, la opinión pública nacional y, por supuesto, la comunidad internacional. No obstante los avances registrados y reconocidos en los cuatro procesos electorales que bajo su amparo se han realizado ----las elecciones de 1997, 2000, 2003 y 2006-- se han podido comprobar las deficiencias que hay que corregir con urgencia para legitimar a la política y a los políticos y aumentar así la participación y la vigilancia ciudadana.

Todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara hemos coincidido ampliamente en la urgencia de una nueva reforma electoral haciendo eco al clamor popular del desprestigio y la poca credibilidad de sus políticos. Esto es urgente, tenemos que hacer que la democracia cueste menos y represente mucho más.

En los últimos procesos electorales se ha podido observar que aún con los avances por la vía de las precampañas se hicieron gastos que condicionaron todo el proceso y expusieron la autonomía de las decisiones políticas; que los procesos de selección de candidatos se prestaron a la utilización de métodos arcaicos y resultaron a tal punto inicuos y onerosos que debilitaron a los partidos al momento de la competencia electoral; que el dinero se volvió el factor determinante de los resultados y que la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los políticos y de los candidatos.

Pero aún sin considerar los casos de violaciones a la ley en lo que toca al financiamiento de las campañas, la competencia para la selección de los candidatos, los márgenes estrechos entre la primera y segunda fuerza en prácticamente todas y cada una de las elecciones federales y locales, la duración de las campañas y el alto costo de la publicidad comercial en la televisión y la radio han llevado a un verdadero círculo vicioso, que es mejor ejemplificado por el circo que vive la política en México el día de hoy.

Para ganar se depende enteramente de la publicidad y no hay dinero que alcance. Es la hora de dar un golpe de timón y poner un hasta aquí. El alto costo de la política y los aún insuficientes controles al financiamiento, requieren de una nueva reforma electoral que se lleva con los principios de austeridad, equidad, protección del interés público, transparencia y prevención de la corrupción, así como del fortalecimiento de las prácticas democráticas y la rendición de cuentas en la vida de los partidos políticos.

Como parte de una nueva reforma electoral que reduzca el costo de la competencia y mejore las condiciones de la competencia es indispensable revisar particularmente la fórmula de financiamiento de los partidos políticos, en particular esta fórmula de asignación de financiamiento público de los partidos, para que se considere únicamente el número de diputados de mayoría y se reduzca porcentualmente, como se ha propuesto en este punto de acuerdo, el costo mínimo de campaña.

Es urgente dar pleno sustento a la reforma electoral que reduzca el costo de la política, proteja el interés público y transparente la vida de los partidos y las actividades que se realizan antes, durante y después de las elecciones.

Estas reformas han sido reclamadas por los ciudadanos que urgen a sus representantes populares, una mayor austeridad y transparencia en la utilización de los recursos que les pertenecen, los recursos públicos.

Si las enmiendas electorales anteriores lograron el objetivo de aumentar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, este punto de acuerdo es un punto de partida para iniciar una reforma que deberá legitimar la vida política y asegurar la independencia de las autoridades de los intereses económicos. Estas mejoras legales constituirán la parte central de una urgente e impostergable reforma del Estado.

Es por ello que los legisladores del grupo parlamentario Nueva Alianza nos sumamos plenamente a favor del punto de acuerdo en discusión. Es cuanto, señor Presidente, le ruego se incluya íntegra mi participación en el Diario de los Debates.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado; se insertará en el Diario de los Debates su participación.

Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Partido Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez:Con su permiso señora Presidenta; honorable Asamblea: Convergencia ha propuesto una serie de medidas que permitan reformar el sistema electoral y de partidos vigente.

La idea es propiciar más equidad en la competencia electoral y más responsabilidad por parte de los partidos políticos ante la sociedad.

Adicionalmente se busca bajar los costos del sistema electoral y de partidos, que actualmente es muy caro, contrastando con una sociedad de grandes carencias. Por supuesto, se busca privilegiar la discusión de propuestas y la construcción de acuerdos por encima de la lucha electoral. Las propuestas de Convergencia respecto de estos son de fondo.

Primera. Reducir el número de procesos electorales que se celebran a nivel nacional. Para ello se debe hacer empatar las fechas de las elecciones federales y las locales, en la medida de lo posible. De esa manera se podrían reducir las más de las 70 jornadas electorales que se celebran actualmente a todo lo largo y ancho del país durante un periodo sexenal, a solamente dos o cuatro por sexenio. Con ello se reducirían los costos de campaña.

Se tiene un cálculo aproximado de que con esto se reducirían 50 mil millones de pesos, lo cual es de suma importancia para dar respuesta a la sociedad que nos califica como que los partidos somos quienes más gastamos en esto. Después se verá que los beneficiarios terminales no son tanto los partidos, sino algunos medios de comunicación.

Otra propuesta de Convergencia es reducir el tiempo de las campañas electorales. No hay ninguna necesidad de que las campañas se desarrollen con tanto tiempo de antelación a las elecciones. Si se reduce el tiempo de campaña, se disminuyen automáticamente los costos; no es lo mismo sostener campañas de seis meses, que de tres meses.

Por otra parte, Convergencia ha venido planteando desde hace más de siete años la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. La sociedad tiene la percepción correcta de que se les da un financiamiento excesivo a los partidos políticos.

La mayor parte del dinero que se da a los partidos es para campañas; así que, si se disminuyen tanto éstas como su duración, es posible eliminar el financiamiento público a los partidos a cambio de normar, clara y estrictamente, sobre cómo se financiarían.

La homologación de tiempos en los medios. La mayor parte del dinero que se utiliza en campañas es para la difusión de ideas y candidatos en medios. Esto ha provocado que los precios que cobran los medios se aumenten y que, además, utilicen criterios discrecionales para cobrar o para dar tiempo a los distintos partidos.

La propuesta es que para compensar la disminución de financiamiento a los partidos se les dé a todos igualdad de acceso a los medios. Además, el pago a estos lo deberá hacer directamente el IFE, en lugar de entregar estos recursos al partido. El instituto deberá concertar con los medios criterios de aplicación general y un precio justo para la difusión, en igualdad de condiciones, de las propuestas de todos los partidos políticos.

Esto es justamente lo que plantea Convergencia, pero eso debe verse en un paquete integral, no solamente con motivo de las campañas. Todo eso va directamente a reducir el financiamiento de los partidos políticos, que es el clamor general de la sociedad y con lo que nosotros estamos de acuerdo; pero también planteamos que sea en un paquete integral donde se vean todas estas reformas, para no tener más parches en nuestra legislación electoral. Muchas gracias, a todos ustedes.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Las propuestas quedan reservadas para el momento de la votación. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicoen esta Cámara consideramos necesario el destino de mayores recursos a éste y otros rubros, así, consideramos apoyar el presente punto de acuerdo no sólo por compromiso con la juventud mexicana y su desarrollo, sino por convicción de que México requiere un impulso en este sentido para lograr un avance en todos los rubros; sin embargo, diputadas y diputados, me permito hacer a nombre de mi grupo parlamentario las siguientes consideraciones.

Primero, quiero manifestar que no quedan claras las motivaciones a fin de que los recursos que se pretenden para ciencia y tecnología sean erigidos única y exclusivamente a este rubro. En esta virtud, consideramos que es necesario el estudio a profundidad de este punto de acuerdo para que sea evaluada con mayor precisión y profundidad la propuesta, a fin de no sólo beneficiar con estos recursos a un solo aspecto de las necesidades nacionales, sino que además sean beneficiados otros temas como los ambientales y sociales.

Recordemos, ciudadanas y ciudadanos diputados, que nuestro país, como megadiverso y signatario de diferentes convenios en materia ambiental, tiene la encomienda de tomar las medidas que permitan preservar los recursos naturales que conforman la riqueza biológica nacional.

Es así como el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera fundamentalmente priorizar las siguientes áreas que han sido castigadas mediante la reducción presupuestal prevista por el Ejecutivo, a saber: el Instituto Nacional de Ecología; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

En segundo lugar, me permito señalar que es necesario llevar a cabo una propuesta encaminada a que sea esta soberanía, en el ejercicio de su derecho y cumplimiento de su obligación constitucional, determine, a través de la Comisión de Presupuesto, los montos destinados a cada uno de los rubros del gasto público a ejercer en el próximo ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que para lograr niveles óptimos de competitividad en el escenario mundial debe llevarse a cabo un importante esfuerzo en el fortalecimiento, en la educación; pero también lo es que otro de los sectores determinantes es el manejo sustentable del medio ambiente, toda vez que en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007 se ha planteado una disminución a los recursos en esta materia; por tanto, invertir también en este rubro permitirá que nuestro país genere oportunidades reales de inversión y desarrollo en el corto, mediano y largo plazos, es necesario considerar un equilibrio en la inversión en ambos factores. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña:Con su permiso, señora Presidenta: en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a posicionar y a justificar que estamos plenamente convencidos y apoyamos este punto de acuerdo.

En nuestro país se registran bajos niveles de aceptación de la política, de los políticos y de las instituciones de representación popular. La Secretaría de Gobernación encargó una encuesta para medir el nivel de cultura política entre los mexicanos, cuyo resultado estableció que tan sólo el 20 por ciento de los mexicanos están satisfechos con el sistema político y participan, de una u otra forma, en actividades relevantes a la política.

Debemos reconocer que los mexicanos se sienten poco representados por las instituciones democráticas y tienen escasa confianza en que pueden influir, de alguna manera, sobre la marcha de los asuntos políticos e institucionales de este país.

Para el Partido Revolucionario Institucional es una asignatura pendiente, por lo que nuestro grupo parlamentario no descansará hasta concretar las modificaciones a nuestro sistema electoral, que consideren desde el modelo de financiamiento hasta los partidos políticos, sus precampañas y de los candidatos, hasta la reducción de los periodos electorales y, por supuesto, la supervisión estricta de la aplicación de los recursos.

Sin embargo, la revisión debe ser integral, que forme parte de la reforma del Estado, en la que debemos de trabajar en esta legislatura. Ésta tendrá que versar sobre el actual sistema de representación política y la forma de integración de los poderes que incluya la reelección inmediata de legisladores y se introduzca un modelo de incompatibilidades para quienes desempeñen la representación popular, entre otros aspectos.

En el PRI estamos de acuerdo en que es necesario propiciar el fortalecimiento de los partidos políticos, transparentando sus decisiones, clarificando el origen y destino de sus recursos, disminuyendo los tiempos y, por tanto, los costos tan elevados de los procesos electorales y, por supuesto, los gastos de las continuas y prolongadas campañas políticas.

Debe prevalecer la idea de que, mediante elecciones libres, legítimas, equitativas y transparentes, integremos instituciones y poderes idóneos, lo que es exigido para todos los niveles y ámbitos de representación, porque, al fin y al cabo, éstos serán los órganos que prueben y apliquen las leyes que puedan cambiar realidades sustantivas en beneficio de todos los mexicanos.

En todo país democrático el sistema jurídico político-electoral es de suma trascendencia para la estabilidad social, más aún cuando la actuación de los sujetos de derecho electoral se someten al supremo principio de constitucionalidad, de legalidad, objetividad y transparencia.

Es importante que contemos con los mecanismos institucionales que mantengan el equilibrio de Poderes, que existan los controles y la necesaria solidez de los instrumentos para hacerlos operar, sin introducir falsos discursos en aras de reivindicar una imagen de un solo grupo o un sector en particular.

Estas modificaciones deberán ir a la vanguardia política y establecer la agenda de los asuntos públicos más relevantes de que dan cuenta los medios de comunicación.

Es necesario resaltar que, en la existencia de problemas de división social y política en el país, debemos consolidar las instituciones políticas partidos e instituciones electorales para que reivindiquemos ante la sociedad el ejercicio de la política.

Es imprescindible contar con instituciones políticas altamente especializadas y especificadas, con una administración profesional, con una organización sólida de los partidos políticos que incluya una ampliación considerable del concepto de ciudadanía.

La falta de reglamentación o de una ley de partidos políticos en México incide en los actuales niveles de abstencionismo, ya que la mayoría de la gente no desea participar en los distintos partidos políticos ni en los procesos electorales, por lo que el punto de acuerdo que hoy se pone a consideración deberá ser motivo de un estudio profundo que considere su relevancia en un marco de discusión mucho más amplio.

El objetivo básico es mantener las condiciones suficientes de equidad e imparcialidad y dotar de plena legitimidad los procesos y sus resultados, reafirmando así la existencia de una democracia electoral eficaz, producto del consenso de los partidos, ya que como ha quedado de manifiesto en el último proceso electoral, la desconfianza sigue existiendo.

En el México plural de hoy deben prevalecer los consensos sobre los profundos disensos articulados por un tejido de organizaciones cívicas y políticas que entiendan la necesidad de convivir y la vía electoral que es necesario reformar, y ofrezca muchas más de sus virtudes. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros: el PRD sí quiere que disminuya el costo de la política en México, de las campañas políticas. El PRD sí quiere que disminuyan las prerrogativas de los partidos políticos. El PRD está convencido de que el pueblo de México quiere todo ello. Pero ahora haría algunas preguntas.

Si nosotros pedimos al IFE que disminuya, como se nos solicita, el costo mínimo de la campaña, tenemos que decirle exactamente en cuál de sus componentes va a haber reducción real, porque eso no es un capricho. El problema es que el costo mínimo de campaña tiene que disminuir en algún rubro y el PRD propone varios rubros, y aquí lo han hecho algunos otros.

¿En qué debe disminuir el costo mínimo de campaña? Uno, medios de comunicación. Que el tiempo del Estado que los medios están obligados a entregar sea del que se disponga para toda la propaganda electoral. También proponemos que disminuyan el tiempo de campañas. También proponemos que hay que resolver el problema del gigantismo de nuestras estructuras electorales.

Les doy un dato. El IFE sólo dedica hacia los partidos políticos un tercio de su presupuesto. Dos tercios se dedican al funcionamiento de una estructura que sólo funciona hasta el óptimo cada tres años. Y eso ya se volvió norma para todas las estructuras estatales y locales.

Por esas razones, compañeras y compañeros, nosotros estamos de acuerdo con lo que han dicho casi todos los oradores, de que este tema hay que abordarlo globalmente, porque tendríamos que responder las siguientes preguntas.

Si hoy a los partidos que dependen básicamente del financiamiento público, disminuimos éste y no baja el costo de la propaganda en la televisión y en el radio. ¿De dónde van a sacar los partidos y los candidatos el dinero? Porque sólo hay de dos, o entras a la televisión y al radio pagando o estás fuera de la competencia.

Y si no hay dinero público, entonces la respuesta es: Vamos a buscar los patrocinadores legales o ilegales. Nosotros decimos que no se requieran patrocinadores. Vamos a disminuir en serio el costo de la política, pero hagamos la reforma electoral.

Hace un ratito acordamos aquí iniciar de inmediato la construcción de la agenda electoral y se nos dice que en el Senado ya van aprobando la Ley para la Reforma del Estado. Hagamos ese compromiso. El primer tema a discutir estos días; hagamos el compromiso, insisto, de que sea el tema de la reforma electoral y el costo de las campañas.

Ojalá que podamos eliminar esta duplicidad de estructuras electorales. No tiene por qué haber un IFE y estructuras electorales en cada estado. Fundamos las dos estructuras para hacer una sola que le cueste menos al país: un Instituto Nacional Electoral. Es una propuesta específica del PRD.

Y vamos a ahorrar mucho dinero. Y les sugiero de una vez a dónde se vaya ese dinero: a crear un fondo compensatorio para cumplir los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y que vaya destinado a los estados y regiones más pobres del país. Hagamos un paquete fuerte de financiamiento. No está bien, compañeras y compañeros, que digamos que se disminuya el presupuesto --con esto termino, Presidente-- a los partidos y que no digamos que disminuyamos el costo de la propaganda electoral en medios de comunicación.

Termino diciendo: los medios que han dado hoy tanta difusión a esta propuesta ¿la habrían dado si la propuesta fuera ``disminuyamos el presupuesto a los partidos por la vía de hacer gratuita la propaganda electoral, por la vía de la reducción de ese gasto que es el más oneroso''?

Yo creo que no le habrían dado este tiempo que hoy le han dado en casi todos los noticieros, porque es una propuesta --permítanme que lo diga-- que alimenta esta campaña en contra de todos los partidos políticos mexicanos. Gracias, muy amables.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño InfanteEl Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra la diputadaDora Alicia Martínez Valero, del grupo parlamentario del PAN.La diputada Dora Alicia Martínez Valero:Con su venia, señor Presidente: Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo presentado por el Partido Alternativa.

El debate suscitado en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación nos abre la posibilidad para que, frente a la ciudadanía y sin rodeos, las fuerzas políticas aquí representadas nos manifestemos por un tema que ya es un justo reclamo de la sociedad, como es la disminución de los costos de campaña y el financiamiento a los partidos y agrupaciones políticas, recursos que bien podrían utilizarse en seguridad, en programas sociales, en salud, en programas educativos o en todo aquello que hace falta.

El respaldo de nuestra bancada en este punto de acuerdo no es oportunismo político, ni una postura inevitable; por el contrario, se inscribe en la congruencia y el determinismo de avanzar por una propuesta que hemos sostenido desde que se creó el Partido Acción Nacional.

Permítanme recordarles que en 1997 el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido criticó el excesivo financiamiento asignado y decidió que sólo haría uso de 61 por ciento de dicho presupuesto. Por eso, el 23 de enero de ese año devolvimos, entregamos un cheque a la Secretaría de Hacienda por 29 millones de pesos.

Les recuerdo también que quien cumplió, quien hizo eso, era entonces el presidente de Acción Nacional y hoy es el Presidente de México: Felipe Calderón Hinojosa. Pero no sólo hicimos eso; además, en 1996 presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del financiamiento excesivo de los partidos políticos, y hace dos semanas --en el Senado-- también en congruencia, el senador Federico Döring presentó un punto de acuerdo similar al que se está presentando hoy y que en el punto tercero de su propuesta señalaba que exhortaba a los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que se revisara precisamente el presupuesto de los partidos políticos y que se hiciera una reasignación a los mismos.

Coincidimos en que esta Cámara de Diputados se ha convertido en elemento idóneo para demostrar a la ciudadanía que existe voluntad de todas las fuerzas políticas de sobreponer los intereses de la nación por encima de los propios; en ese sentido, respaldamos esta proposición.

Pero no sólo eso, además creemos que tenemos que hacer reformas que ya lo han planteado aquí otros grupos parlamentarios y nosotros, particularmente, respecto al financiamiento decimos que se tienen que acotar los tiempos de campaña. Sería la forma más rápida de poder acotar el costo de las mismas y disminuir en un 25 por ciento el financiamiento público de los partidos para las elecciones en las que se renueva el Congreso y hay elección de Presidente y reducir en un 50 por ciento para las elecciones intermedias.

También consideramos que es necesario reducir del dos por ciento al uno por ciento a las asociaciones políticas.

Por lo anterior, queremos dejar de manifiesto nuestro compromiso y nuestra determinación por hacer realidad permanente la reducción del financiamiento de los partidos políticos.

Yo solo les digo, para concluir, que no sólo exhortemos a una autoridad autónoma a que realice algo que en principio es nuestra responsabilidad. Asumamos nuestro compromiso de legislar; asumamos nuestro compromiso de responder al mandato de la ciudadanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputadaDora Alicia Martínez Valero.

Dígame, diputado. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Velasco.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva(desde la curul): Quisiera solicitar una adición a este punto de acuerdo.El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva(desde la curul): Con base en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía que se incluya que la reducción de los costos mínimos de campaña para los cargos de representación popular no sólo sea para el Instituto Federal Electoralsino también para las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión.

Me parece que este tema debe ser incluido, el monto y el uso que hacen las fracciones parlamentarias del financiamiento que recibimos en esta Cámara de Diputados, motivo por el cual solicito que mi petición sea adicionada al punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Vamos a dar el trámite que corresponde. En primer lugar está la propuesta hecha por la diputada Marina Arvizu que había solicitado de obvia o urgente resolución, y una vez votado esto le damos trámite.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa. No hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La propuesta hecha por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva la turnamos también, en los mismos términos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Túrnense ambas.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Lunes 18 de diciembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 17:15 horas): Se cita a todas las ciudadanas y ciudadanos diputados a la sesión que tendrá lugar el próximo lunes 18, a partir de las 12:00 horas. Se levanta la sesión y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 46 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 342 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 455 diputados
• Acuerdos de Mesa Directiva, aprobados: 2
• Puntos de acuerdo aprobados: 2
• Proposiciones con punto de acuerdo: 44
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 90PAN-16, PRD-33, PRI-18, PVEM-5, Convergencia-7, PT-4, Nueva Alianza-2, Alternativa-5.
• Se recibió:
• 4 oficios de Congresos de los estados de Hidalgo, Nuevo León y Querétaro;
• 3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que informa de cambios en la integración de las Comisiones de Salud, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicocon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que informa que elsecretario de la Defensa Nacional, comunica que el 1 de diciembre se asumieran los cargos de subsecretario de la Defensa Nacionaly Oficial Mayor de esa dependencia;
• 3 oficios de la Cámara de Senadorescon los que remite acuerdos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007;
• 8 oficios de la Cámara de Senadorescon los que remite proposiciones con puntos de acuerdo relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Políticapor el que se solicita a la Mesa Directiva cite a la asamblea a sesiones ordinarias los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre del año en curso, a efecto de desahogar los asuntos relacionados con el paquete económico 2007 y otros temas de interés;
• 1 iniciativa de senador del PVEM;
• 1 iniciativa de senador de Convergencia;
• 2 iniciativas del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 8 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que expida el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal envíe a ésta soberanía la posición del gobierno mexicano sobre el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia y, a su vez, condene dicho acto;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para emitir comunicación oficial al parlamento canadiense, reconociendo la solidaridad de los legisladores que participaron en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México, en la firma de la Declaración Conjunta signada por ambas delegaciones;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la Repúblicaratifique la Enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados ratifique su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, y se comprometa a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance;
• 1 de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo a proposiciones presentadas en las sesiones del 30 de octubre y 7 de noviembre pasados, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióna definir la entrada en vigor de la NOM-029-PESC-2006, a fin de que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley de Coordinación Fiscal: 169
• Alonso Flores, Lourdes(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 228
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Estado de Puebla: 270
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación: 238
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Reforma del Estado: 290
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Reforma del Estado: 291
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Instituto Federal Electoral: 297
• Barrios Rodríguez, Juan Enrique(PAN) Ley Reglamentaria de las Fracciones II, III y IV del Apartado C del Artículo 37 Constitucional: 75
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Reforma del Estado: 286
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 260
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 155, 163
• Blanco Pajón, José Luis(PRI) Pesca deportiva y ribereña: 199
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 257, 259
• Campos Aburto, Amador(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 262
• Carbajal Tejada, Rogelio(PAN) Reforma del Estado: 289
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Instituto Federal Electoral: 304
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Reforma del Estado: 287
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Instituto Federal Electoral: 302
• Castillo Nájera, Ariel(Nueva Alianza) Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos: 136
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Presupuesto de Egresos de la Federación: 223, 234
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Reforma del Estado: 292
• Domínguez Domínguez, Nemesio(PRI) Estado de Veracruz: 274
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Estado de Veracruz: 269
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Instituto Federal Electoral: 302
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Ley del Impuesto sobre la Renta - Ley Federal de Derechos: 102
• Enríquez Martínez, Luis Rodolfo(PAN) Pesca deportiva y ribereña: 197
• Escajeda Jiménez, Rubén (PRI) Ley Federal de Acciones Compensatorias a Favor de las Mujeres: 85
• Espejel Lazcano, Jaime(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 258
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Artículos 35, 36, 40, 41 y 71 constitucionales - Ley de Participación Ciudadana: 108
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 266, 267
• Flores Maldonado, César(PRD) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 174
• Franco Cázarez, Ricardo (PAN) Presupuesto de Egresos de la Federación: 235
• García Noriega, María Guadalupe Josefina(PVEM) Pesca deportiva y ribereña: 198
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Reforma del Estado: 285
• Guerrero Torres, José Gildardo(PAN) Código de Comercio - Ley de Concursos Mercantiles: 165
• Hernández Silva, Benjamín(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 245
• Herrera Ale Juana Leticia(PRI) Ley Federal de Acciones Compensatorias a Favor de las Mujeres: 84
• Herrera Solís, Anuario Luis(PT) Presupuesto de Egresos de la Federación: 220
• Ibarra Fránquez, Sonia Nohelia (PRD) Estado de Nayarit: 272
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Instituto Federal Electoral: 300
• Landeros González, Ramón(PAN) Presupuesto de Egresos de la Federación: 206
• López Barriga, Érick (PRD) Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios: 279, 281
• López Cisneros, José Martín(PAN) Estado de Nuevo León: 273
• Martínez Valero, Dora Alicia(PAN) Instituto Federal Electoral: 305
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Ley del Impuesto sobre la Renta: 138
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 250
• Mendoza Mendoza, Irineo(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 255
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 263
• Morales García, Elizabeth(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación: 231
• Morales Vázquez, Carlos Orsoe(PRD) Pesca deportiva y ribereña: 199
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 252
• Orihuela Bárcenas, José Ascensión (PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación: 209
• Ortega Martínez, María del Pilar(PAN) Reforma del Estado: 282
• Palafox Núñez, José Inés(PAN) Presupuesto de Egresos de la Federación: 243
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Reforma del Estado: 287
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 237, 255
• Peñuelas Acuña, Mayra Gisela(PRI) Instituto Federal Electoral: 303
• Pérez Cruz, Raciel(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 256
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Presupuesto de Egresos de la Federación: 221
• Quintero Bello, Jorge(PAN) Presupuesto de Egresos de la Federación: 248
• Quiñones Canales, Lourdes(PRI) Código de Comercio: 145
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Presupuesto de Egresos de la Federación: 211
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Ley del Servicio Exterior Mexicano: 142
• Ramírez Stabros, Jesús(PRI) Artículo 69 constitucional: 148
• Ramos Covarrubias, Héctor Manuel(PAN) Presupuesto de Egresos de la Federación: 226
• Reyes López, Carlos Armando(PAN) Entidades federativas: 276
• Ríos Camarena, Alfredo Adolfo(PRI) Reforma del Estado: 288
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios: 281
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Reforma del Estado: 283, 286
• Ruiz Sánchez, Salvador(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 294
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 79
• Sánchez Ramos, Francisco(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 249
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Reunión Interparlamentaria Canadá- México: 201
• Solís Parga, Rodolfo(PT) Reforma del Estado: 290
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Presupuesto de Egresos de la Federación: 219, 233, 241, 247
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 151
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Instituto Federal Electoral: 306
• Zepeda Hernández, Martín(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación: 207

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	INASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	INASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	INASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	INASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	OFICIAL COMISIÓN
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
142Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	INASISTENCIA
145Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	INASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
161 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
163 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
164 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
165 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 194
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	PERMISO MESA DIRECTIVA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	CÉDULA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	INASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	PERMISO MESA DIRECTIVA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 112
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 10
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	CÉDULA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	OFICIAL COMISIÓN
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	OFICIAL COMISIÓN
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	CÉDULA
88 Reyna García José Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	PERMISO MESA DIRECTIVA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 95
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
9 Guerrero Rubio Pilar	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	CÉDULA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	INASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	INASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	INASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Aguilar López José Alejandro
2 Barradas Miravete Gregorio
3 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo
4 Díaz Gordillo Martha Cecilia
5 Franco Cazarez Ricardo
6 Olvera Higuera Edgar Armando
7 Parra Noriega Luis Gustavo
Faltas por grupo: 7

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 García Rodríguez Víctor Hugo
2 Ríos Gamboa Raúl
Faltas por grupo: 2

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
Faltas por grupo: 1

CONVERGENCIA
Diputado
1 López Lena Cruz Humberto
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Dávila Esquivel Humberto
2 Luna Becerril Blanca
Faltas por grupo: 2