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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 328 diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 9 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Del Congreso de Sonora.

De la Comisión de Salud.

Iniciativa del Congreso de Colima

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edgar Alonso Ramírez Vázquez pueda prestar servicios en la Embajada de Malasia en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Felipe Mauricio Vargas Cuevas y Mónica Lorena Ortega O'Lee puedan prestar servicios en la Embajada de Portugal en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras, José Andrés Soto Ruiz Barroeta, José Antonio Martínez Vargas, Miguel Adrián Chaparro, Olivia Islas Islas, Nelia Alicia Flores Hinojosa, José Guillermo Palacios de la Peña, Mónica Lucía Sánchez García y Sandra Eugenia Lozano de la Fuente puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Humberto García Enríquez, María Luisa Bringas Espinoza y Domingo Sánchez Martínez puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Ernesto Antonio Miranda Beltrán, Irene Cerillo Zurita y José Antonio Ricardo Licona Martínez a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.(Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida Yucatán.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de ``Oficial'', que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Demetrio Mújica Castro, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo y Francisco Tortolero Cervantes para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, Jonatan Gutiérrez Morales, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González, Érick Sánchez Flores, Damián Hernández Villa y Héctor Morán Rojo para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a crear en el Presupuesto de Egresos del año 2007 una partida para atender las pérdidas económicas del sector turismo en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que investiguen sobre hechos y violaciones a las garantías individuales de la población que reside en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la determinación adoptada por diversas entidades federativas en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Banco de México que atienda la situación relacionada con la aceptación o canje de billetes no aptos para circular, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a actualizar y publicar la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos en su sitio de Internet, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofetel que suspenda el programa ``El que llama paga'', a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Profeco que investiguen las actuaciones de la CFE por la falta de cumplimiento en las especificaciones de la NOM y el mal funcionamiento de los medidores de luz del municipio de Mexicali, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incremente los recursos destinados a la Universidad Autónoma Benito Juárez, del estado de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la cuenca del valle de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción de carreteras en diversos municipios del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE amplíe y fortalezca la protección consular de los connacionales que radican en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en relación con los estudios y estimaciones de medición de la pobreza, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal, crear un fideicomiso de administración que permita la acreditación del municipio de Cuetzalan en el estado de Puebla como patrimonio cultural y natural de la humanidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico generado por las empresas Pemex, CFE y Tekchem en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Antonio Vega Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Conagua que atienda la petición de desazolve del río Tecolutla, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes al sector salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la deportación de una connacional que radica en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Semarnat reconsidere el permiso otorgado a Minera San Xavier en San Luis Potosí el pasado 10 de abril, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para continuar los trabajos sobre la mina carbonífera de Pasta de Conchos, en Coahuila, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al titular de la SHCP, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF y a la PGJDF investiguen los posibles actos de corrupción derivados del supuesto desvío de recursos públicos utilizados para promocionar la imagen del ex candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere una partida destinada a fortalecer la conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicitan recursos para la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE envíe al Senado de la República para su pronta ratificación la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere mayores recursos para la Sedena, suscrito por integrantes de la Comisión de Defensa Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el pago de adeudos a braceros rurales del 42 al 64, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR informe a esta soberanía del resultado de sus investigaciones respecto de la denuncia de hechos presentada por legisladores de la LIX Legislatura por el otorgamiento del comodato del antiguo oratorio de San Felipe Neri, sucrito por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Emilio Ulloa Pérez y Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción y equipamiento de las unidades médicas del estado de Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad, y a la Segob suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 las previsiones desglosadas por ramo, unidad responsable y programa destinadas para impulsar el bienestar y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México suspenda las actividades de intromisión en los procesos de elección de las autoridades auxiliares de la entidad, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepic, Nayarit, a cargo de la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen recursos para la construcción de un tramo carretero que comunique al ejido de Camichin de Jauja con el poblado de Pochotitan, en el municipio de Tepic, Nayarit, a cargo de la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que entregue a los productores ganaderos los recursos presupuestales del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, a cargo del diputado Rafael Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, a solicitud de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del natalicio de sor Juana Inés de la Cruz y a la celebración del Día del Libro en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes siete de noviembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con treinta y dos minutos del martes siete de noviembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

El Congreso del estado de Guerrero, remite oficio por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, sean destinados recursos económicos para llevar a cabo la Campaña de Vacunación para prevenir el Virus del Papiloma Humano. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se reciben comunicaciones de:

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República por la que informa que el día treinta de octubre en curso, se dio cuenta con el acuerdo de la Mesa Directiva, a fin de que una delegación de senadores participe en la sesión inaugural de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana en la sede del Parlamento en Bruselas, Bélgica. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, realiza observaciones al respecto y la Presidencia hace aclaraciones.

La ciudadana María del Carmen Alanís Figueroa por la que informa de su renuncia como consejera electoral suplente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Comisión de Seguridad Social, en relación con diversos asuntos que fueron turnados a dicha comisión. De enterado.

La Junta de Coordinación Política, suscribe pronunciamiento relativo a las explosiones acontecidas durante la madrugada del seis de noviembre en la Ciudad de México. Para hablar sobre el tema, se le concede la palabra al diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Se recibe de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, remite Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del instituto al cierre de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

Dos oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que:

Remite el informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Tercer Trimestre de dos mil seis. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de octubre de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Economía para su conocimiento.

Se reciben de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios de contestaciones a puntos de acuerdo aprobados. Se turnan a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaría de Gobernación, remite:

El reporte de la Secretaría de Economía de las contrataciones por honorarios celebradas en dicha dependencia, al cierre del trimestre del ejercicio dos mil seis. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El informe complementario de la evaluación externa del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales correspondiente al periodo enero-agosto de dos mil seis, de la Secretaría de Economía. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite proposiciones con puntos de acuerdo:

Para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se asignen recursos suficientes a diversas universidades e instituciones de enseñanza e investigación dedicadas al desarrollo rural, presentada por el senador Heladio Ramírez López, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Para incluir en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, la Agenda de la Conferencia Nacional de Municipios de México, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Con relación al rezago educativo en México, presentada por el senador Fernando Ortega Bernés, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Por la que la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, del Partido Revolucionario Institucional, solicita se dictamine la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A las once horas con cincuenta y seis minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cincuenta y nueve diputadas y diputados.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Juan de Dios Castro Muñoz, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo treinta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley General de Educación.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Ana María Ramírez Cerda, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Banco de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Rogelio Muñoz Serna, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, presenta tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de: La Ley Federal de Derechos; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; y del Código Fiscal de la Federación. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la representación de México en la Asamblea General de Naciones Unidas, a votar favorablemente la resolución que condene el bloqueo económico y político impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la República de Cuba. En votación económica, la asamblea acepta la inclusión. Se le concede la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, quien presenta la proposición. En votación económica, la asamblea, la considera de urgente resolución. Se les otorga la palabra a los diputados: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; César Octavio Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional; Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México y Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo. En sendas votaciones económicas, se consideró suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

José Gildardo Guerrero Torres, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen estudios técnicos y financieros a efecto de comprobar la viabilidad de la reducción del monto del peaje que pagan las motocicletas en las autopistas del país. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Transportes.

Eduardo Sánchez Hernández, a nombre propio y del diputado Raúl Cervantes Andrade, ambos del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, emita un acuerdo relativo a la organización del Orden del Día de las Sesiones de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

María del Carmen Salvatori Bronca, de Convergencia, a fin de exhortar a la Secretaría de Turismo para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados patrimonio cultural de la humanidad. Se turna a la Comisión de Turismo. Desde su curul el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión a la proposición.

José Antonio Almazán González, del Partido de la Revolución Democrática, con el objeto de exigir al Ejecutivo federal el cese inmediato de la represión en el estado de Oaxaca, la liberación de los detenidos, la salida inmediata de la Policía Federal Preventiva y un exhorto a esta honorable Cámara para que inicie juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz. En votación económica, se considera de urgente resolución. Se les concede la palabra a los diputados: Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, del Partido Acción Nacional y José Luis Aguilera Rico, de Convergencia. Rectifica hechos el diputado Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional. Hace uso de la tribuna el diputado Othón Cuevas Córdova, del Partido de la Revolución Democrática. Contestan alusiones personales los diputados: José Luis Aguilera Rico, de Convergencia y Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Aguilera Rico. Desde su curul la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de orden, la Presidencia la concede. En votación económica, la asamblea no lo aprueba y se desecha.

Dictamen de Primera Lectura de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del diez al diecinueve de noviembre de dos mil seis, a efecto de que realice una visita de trabajo a la Comunidad de Australia, así como del dieciséis al diecinueve de noviembre para que participe en la Décimo Cuarta Reunión de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam. En votación económica, la asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen y para fundamentarlo a nombre de la comisión, se le concede la palabra a la diputada María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional. Interviene para hablar sobre el tema, la diputada Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Para fijar posición de su grupo parlamentario se les otorga el uso de la tribuna a los diputados: Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo; Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia; Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Óscar Miguel Mohamar Dainitin, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Érick López Barriga, del Partido de la Revolución Democrática; Édgar Mauricio Duck Núñez y Rogelio Carbajal Tejada, ambos del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional; Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo y José Manuel Minjares Jiménez, del Partido Acción Nacional. Con un resultado de ciento ochenta y siete votos en pro, doscientos cincuenta y ocho en contra y seis abstenciones, no se aprueba en lo general y en lo particular. En votación económica, la asamblea no acepta su devolución a la comisión. Se desecha y se devuelve al Senado de la República para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscriben proposiciones con punto de acuerdo las diputadas:

Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación para dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-cero veintinueve-PESC-dos mil cuatro por los daños que ocasionaría a la actividad turística de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Pesca.

Ana María Ramírez Cerda, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta y cinco minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves nueve de noviembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, el acta.

SESION DE CONGRESO GENERAL DEL 1o. DE DICIEMBRE

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo por el que se establece el Formato de la Sesión de Congreso General del 1o. de diciembre de 2006, en la que rendirá protesta constitucional el C. Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

La Presidencia de la Cámara de Diputados y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que de manera expresa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata en su artículo 87:``El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ``Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.''II. Que en su oportunidad la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Carta Magna, expidió el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a favor del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

III. Que atendiendo al artículo 83 de la propia Constitución, el próximo 1° de diciembre de 2006, por disposición expresa inicia su encargo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

IV. Que de conformidad con el artículo 5° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

``1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes.

2. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél''

V. Que la Cámara de Diputados, atendiendo al artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso, cuenta con la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos como órgano en donde confluyen el Presidente de la Mesa Directiva y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. En este sentido es oportuno que el Presidente de la Cámara de Diputados, como responsable de presidir y velar por el buen desarrollo de la Sesión de Congreso General del 1° de diciembre del 2006 y la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en el cual se impulsan los entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulte necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, promuevan y realicen las acciones conducentes a fin de definir el formato de la referida Sesión de Congreso General.

VI. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos está en aptitud de adoptar conforme al artículo 38 numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso, acuerdos en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 33, 37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5° del mismo ordenamiento, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 83 y 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adopta el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. La protesta constitucional que prestará el C. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2006-2012, se sujetará al Orden del Día de la Sesión de Congreso General que tendrá lugar a partir de las 09:30 horas del próximo día viernes 1° de diciembre del año en curso.

SEGUNDO. El Orden del Día de la Sesión de Congreso General a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo será el siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN DE CONGRESO GENERAL DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2006.

1. Declaración de Quórum.

2. Lectura de las listas de integrantes de las comisiones protocolarias, y petición del cumplimiento oportuno de su cometido.

Para acompañar al Presidente saliente de su residencia a Palacio Legislativo, hasta su lugar en el Salón de Sesiones.

Para acompañarlo de su lugar en el Salón de Sesiones a su residencia.

Para acompañar al Presidente entrante de su residencia al Palacio Legislativo, hasta su lugar en el Salón de Sesiones.

Para acompañarlo de su lugar en el Salón de Sesiones a su residencia.

3. Receso en espera de los presidentes saliente y entrante.

4. Honores de ordenanza al Presidente saliente (entonación del Himno Nacional)

5. Recepción del Presidente entrante.

6. Lectura del Bando Solemne.

7. Protesta Constitucional del Presidente electo.

8. Acto de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

El Presidente saliente se quita la Banda Presidencial y la entrega al Presidente del Congreso de la Unión, quien la deposita en manos del Presidente de la República, el cual se la coloca por sí mismo.9. Mensaje del Presidente de la República.

10. Entonación del Himno Nacional.

11. Lectura y aprobación del acta de la Sesión de Congreso General.

12. Clausura de la Sesión y citatorio.

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y remítase a la Cámara de Senadores para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2006.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente de la Cámara de Diputados; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete; Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado; comuníquese.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Sonora.--- Hermosillo.

Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El honorable Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Primero. El Congreso del estado de Sonora exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año, incremente la cantidad de recursos que, en calidad de subsidio ordinario, otorga a la Universidad de Sonora, de tal forma que dicho subsidio se equipare en proporción al que el gobierno federal destina en promedio a universidades en condiciones similares a la señalada en este punto.

Segundo. El Congreso del estado de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos del gobierno federal para el próximo ejercicio fiscal, realice las modificaciones y reasignaciones de recursos que resulten necesarias para que la Federación incremente la cantidad de recursos que, en calidad de subsidio ordinario, otorga a la Universidad de Sonora, de tal forma que se garantice no sólo su subsistencia sino su constante crecimiento.

Tercero. El Congreso del estado de Sonora, en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos del gobierno del estado para el próximo ejercicio fiscal, manifiesta su disposición para analizar y, conforme a la disponibilidad presupuestal, autorizar recursos del erario estatal para que la Universidad de Sonora pueda hacer frente a las necesidades económicas del próximo año.

Sin otro particular reitero a usted la seguridad de nuestra consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2006.--- Diputados: Juan Manuel Sauceda Morales (rúbrica), secretario; Ventura Félix Armenta (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

COMISION DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Salud.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

A la Comisión de Salud fueron turnados los siguientes asuntos:

1. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de atención al cáncer cérvico-uterino, turnada a las comisiones de Salud y de Economía de la Cámara de Diputados el 5 de septiembre de 2006.

2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, la fracción II del apartado A y la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, en materia de salud visual y auditiva, turnada a la Comisión de Salud el 5 de septiembre de 2006.

3. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley General de Salud, en materia de adulteración, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Salud el 5 de septiembre de 2006.

4. Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, en materia de bioética, turnada a la Comisión de Salud el 5 de septiembre de 2006.

5. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de atención prehospitalaria, turnada a la Comisión de Salud el 5 de septiembre de 2006.

6. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Ley General de Salud, en materia de nutrición, turnada a la Comisión de Salud el 5 de septiembre de 2006.

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de consumo de tabaco, turnada a la Comisión de Salud el 24 de octubre de 2006.

8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, y la actual pasa a ser la XXXI del artículo 3; se reforma la fracción II de la parte A del artículo 13, y se adiciona el título décimo primero Bis a la Ley General de Salud, en materia de cáncer cérvico-uterino, turnada a la Comisión de Salud el 17 de octubre de 2006.

9. Proposición con punto de acuerdo para que los titulares de las secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería informen acerca de las acciones contra la gripe aviar, turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería el 29 de septiembre de 2006.

Con fundamento en lo que establece el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por acuerdo de la mesa directiva de la Comisión de Salud, tomado en su reunión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2006, me permito solicitarle la demora de trámite legislativo de los asuntos antes mencionados, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Los asuntos antes mencionados demandan un procedimiento para dar cuenta al pleno de la comisión, realizar reuniones de acopio de información, así como un adecuado análisis y discusión para, finalmente, definir una solución.

Segunda. Las características de los asuntos en cuestión imposibilitan que los dictámenes legislativos se emitan dentro del término de cinco días, tal como lo establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 7 de noviembre de 2006.--- Diputado Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2006-2009.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LV Legislatura.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Por este conducto me permito informarles que en sesión pública ordinaria celebrada el doce de octubre del presente año, el diputado Roberto Chapula de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, presentó ante el Pleno de la Cámara una iniciativa que propone reformar el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que la asamblea acordó remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos del procedimiento establecido en el artículo 71 de nuestra Constitución Federal.

Con base en lo anterior, se les remite dicha iniciativa para los efectos legales correspondientes

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., a 18 de octubre de 2006.--- Diputado David Rodríguez Brizuela (rúbrica), Secretario; Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.--- LV Legislatura.--- H. Congreso del estado de Colima.

Secretarios del H. Congreso del Estado.--- Presente.

Roberto Chapula de la Mora, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, en caso de ser aprobada por el Pleno de esta Cámara, se remita al Congreso de la Unión para los efectos del numeral constitucional antes invocado; dicha iniciativa se basa en a siguiente

Exposición de Motivos

En el ámbito nacional se ha venido debatiendo sobre la necesidad de conservar o renovar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, auspiciada desde la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Con este debate se reflexiona que en México se está viviendo una cultura jurídica donde el país juzga necesario reafirmar la idea de nación, con la certeza de que formamos parte de una unidad indestructible con un mismo pasado y un mismo futuro; a través de este debate de la idea de nación existe la necesidad de realizar reformas a la Constitución, ya que la actual tiene 82 años de vida y es considerada como la más antigua de América, sólo le excede en el mundo la Constitución de los Estados Unidos de América.

Desde el año de 1921, nuestra Constitución ha sufrido alrededor de 400 reformas, y si revisamos el texto actual con su texto primigenio, nos encontramos que ya no es la misma.

Una Constitución puede ser rígida o flexible. Decimos que una Constitución es rígida en la medida en que su modificación sólo es posible a través de un procedimiento más complejo que el legislativo ordinario. La rigidez constitucional asegura la estabilidad de la opción elegida. Es más importante tener establecida una determinada estructura de gobierno que la mayoría parlamentaria de cada momento, en donde no puede aclarar ni mantener abierta la posibilidad de discutir y votar constantemente cual es la mejor estructura de gobierno con la que se debe dotar al país.

El grado de rigidez de las Constituciones depende de una serie de factores; cabe destacar los siguientes: en primer lugar, el número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para poder reformar la Constitución. En este sentido, la presencia del federalismo en el procedimiento de reforma es un factor de rigidez. Para modificar la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, se requiere, no sólo el consentimiento del Congreso federal o de una convención convocada por éste, a instancias de los legisladores de dos terceras partes de los estados, sino también el de los legisladores o convenciones de tres cuartas partes de los estados. En este extremo, la Constitución americana es más rígida que las constituciones de los países de la Unión Europea, pues ninguno de éstos ha adoptado un sistema federal o similar, siendo necesario el consentimiento de los estados miembros o regiones para reformar la Constitución.

Un segundo factor es el tamaño de las mayorías exigidas para la reforma. Algunas constituciones requieren una supermayoría parlamentaria, así como, en los países de Austria, Alemania, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Grecia y España, entre otras, exigen una supermayoría del parlamento, pero si el pueblo participa directamente, a través de un referéndum, basta entonces una mayoría simple de este Parlamento para realizar las reformas.

La rigidez o flexibilidad de una Constitución depende, pues, en gran medida del tipo de normas que establece para su reforma. Mientras más complejo y diversificado sea el procedimiento, teóricamente es más rígido un texto constitucional; en tanto que será flexible si son simples los mecanismos por los cuales puede ser transformada.

Por otra parte, la rigidez de una Constitución en sí se da cuando no puede ser modificada a través del procedimiento que se sigue para la creación o modificación de una ley; por lo que no se debe confundir con la supremacía constitucional, ya que es un documento creado por el poder constituyente, que desaparece después de haber expedido la Constitución.

Ante esto, existe rigidez débil y fuerte; la primera se da en aquellas constituciones que se limitan a precisar que su reforma debe hacerse, o bien por un órgano especial, distinto de los poderes constituidos, o por el Poder Legislativo ordinario; la segunda es una cualidad de aquellas constituciones que establecen un control jurisdiccional de la legislación que se encarga de verificar, si una norma legislativa o infralegislativa vulnera la norma constitucional y procede a anularla.

La Constitución de 1917 de nuestro país puede ser calificada como rígida en un doble sentido: por una parte, tiene un procedimiento de reforma, establecido en su artículo 135, diferente al que se utiliza para la legislación ordinaria, y por otro lado, el procedimiento de reforma se lleva a cabo por un órgano diferente al que se encarga de expedir y reformar las leyes. Para evitar continuas reformas constitucionales, un sector de la doctrina nacional ha propuesto una modificación al artículo 135 para prever un doble mecanismo de reforma:

1. El primero es conocido hasta el momento, pero con dos adiciones: fijar un plazo máximo en el que las legislaturas de los estados puedan pronunciarse sobre una iniciativa de reforma constitucional; la segunda adición sería establecer que 48 horas después de transcurrido el plazo señalado el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente deban hacer una declaratoria pública informando si se ha aprobado o no la reforma.

2. Otro más sería la implicación de la celebración de un referéndum para que fuera el cuerpo electoral quien tuviera la última palabra sobre la conveniencia o inconveniencia de aprobar una reforma constitucional.

Así, la dificultad sobre el proceso de reforma constitucional puede desprenderse de un hecho incontrovertible: debido al intenso cambio político y jurídico que ha vivido México en los últimos años; una parte del problema consiste en que no es difícil reconocer la necesidad de que el texto constitucional tenga estabilidad; pero, por otro lado, el texto actual sigue teniendo graves lagunas jurídicas y regulaciones poco consistentes y efectivas que conlleve a un contexto democrático.

En este marco, las posibilidades y los a1cances de la reforma constitucional en México en los años recientes, son las siguientes:

a) Un primer cambio se ha producido en los últimos años, que tiene que ver con la posibilidad, ya no jurídica sino política, de reformas constitucionales. En el futuro inmediato se vislumbra cada vez más difícil poder llevar a cabo reformas constitucionales. Es probable que en los próximos años asistamos a un menor ritmo de cambio del texto constitucional; disminución que tendrá que ver también con la dificultad de generar consensos entre las fuerzas políticas que tienen representación en las Cámaras; y

b) Un segundo cambio importante es el papel que han adquirido las legislaturas locales.

Todos los textos constitucionales señalan caminos complejos para ejercer reformas, porque todos parten de la base de que son intrínsecamente validos y tienen pretensiones de duración definida; lo importante es encontrar las gradaciones que sobre el particular existen. Así, se pueden encontrar varios tipos de soluciones jurídicas al problema de la reforma constitucional: una es el otorgamiento de esta atribución a los órganos legislativos ordinarios, aunque es necesario incrementar las exigencias para que una nueva reforma que se haga a todo marco jurídico de un Estado alcance validez, es decir, un cierto quórum de mayoría calificada, dos tercias partes, mayoría absoluta, etcétera, de los integrantes del poder legislativo como órgano colegiado de gobierno. Coadyuvando a ser la limitación del derecho de iniciativa de ley o la exigencia de que el nuevo dispositivo sea acordado por las asambleas de este citado órgano colegiado de gobierno.

Que como antecedentes podemos mencionar las constituciones de la URSS, de los Estados Unidos de América y la nuestra. La reforma de la Constitución de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, modificada en marzo de 1990, dentro de su artículo 174, establece que ésta puede ser modificada mediante decisión del Soviet Supremo de la URSS, adoptada por una mayoría no inferior a los dos tercios de los integrantes de cada una de sus Cámaras.

Mientras que en lo referente a la Constitución de los Estados Unidos de América, el artículo quinto de la Carta de Filadelfia dispone que, siempre que las dos terceras partes de los que integran ambas Cámaras, lo juzguen necesario, el Congreso americano propondrá enmiendas a su Constitución, a solicitud de las mismas legislaturas de estos dos tercios de los mismos estados que conforma la Unión Americana.

En nuestro país, como ya se dijo, el artículo 135 de la Constitución que entró en vigor el primero de mayo de 1917 establece que la presente constitución puede ser adicionada o reformada; para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la comisión permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y realizarán la declaración de que fueron aprobadas las adiciones o reformas.

En realidad, el contenido de este numeral es sustancialmente el mismo que el del artículo 127 de la Constitución liberal de 1857. En la historia de México ha habido dos constituciones centralistas: la de 1836 y la de 1843, de las cuales la primera encomendó al Congreso la reforma constitucional mediante el mismo procedimiento aplicado para las leyes ordinarias, pero con el requisito final de la aprobación del Supremo Poder Conservador.

El hecho de que se ejerza la mayoría calificada dentro de un parlamento, implica la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas integrantes del Poder Legislativo, con objeto de que vaya más allá la reforma constitucional de la simple mitad más uno de los legisladores que integran este órgano de gobierno colegiado, sobre todo cuando se trata de determinadas reformas legales o de asuntos trascendentes, donde se requiera, por su importancia, el apoyo considerable de los legisladores.

Desde el punto de vista del suscrito, nuestra Ley fundamental debe revisarse, a fin de que pueda ser actualizada y ponerla a tono con las condiciones económicas, políticas y sociales de la nación. De ahí que, tomando en cuenta que una Constitución rígida debe de mantener su legitimidad democrática, y dado que el único Poder que cuenta con facultades para reformar nuestra Carta Magna es el Constituyente Permanente, es por lo que, con las facultades que establece la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ustedes --compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura estatal-- el presente proyecto de decreto para reformar el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento con el que el Estado republicano se fortalece para que el mandato del Poder Ejecutivo federal no sobrepase a los otros dos poderes de la federación, ya que no es posible que el estado de derecho esté al servicio de un solo poder y sea capaz de poner en movimiento el procedimiento a la reforma constitucional a su arbitrio, ocasionando un vicio estructural de poder formal.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo Primero. Se reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135.La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría calificada de las legislaturas de los estados.

...

Artículos Transitorios

Primero. Remítase la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., a 12 de octubre de 2006.--- Diputados: Roberto Chapula de la Mora (rúbrica), José Fermín Santana (rúbrica), J. Francisco Anzar Herrera (rúbrica), José de Jesús Plascencia Herrera (rúbrica), Gonzalo Isidro Sánchez Prado (rúbrica), Crispín Gutiérrez Moreno (rúbrica), José López Ochoa (rúbrica), Arturo García Arias (rúbrica), Flavio Castillo Palomino (rúbrica), Luis Gaitán Cabrera (rúbrica), Imelda Lino Peregrina (rúbrica), David Rodríguez Brizuela (rúbrica), Aurora Espíndola Escareño (rúbrica), René Díaz Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a ésta que tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Édgard Alonso Ramírez Vázquez.

Puesto: Ejecutivo de mercadotecnia de la sección comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Malasia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a ésta que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Felipe Mauricio Vargas Cuevas.

Puesto: Empleado administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada de Portugal en México.

Nombre: Mónica Lorena Ortega O'Lee.

Puesto: Empleada administrativa.

Lugar de trabajo: Embajada de Portugal en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus currículum vitae y de sus identificaciones oficiales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Miguel Adrián Chaparro.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Olivia Isla Islas.

Puesto: Auxiliar administrativa.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Nelia Alicia Flores Hinojosa.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: José Guillermo Palacios de la Peña.

Puesto: Empleado del Departamento de Visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Mónica Lucía Sánchez García.

Puesto: Empleada del Departamento de Administración.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Sandra Eugenia Lozano de la Fuente.

Puesto: Empleada del Departamento de Visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras.

Puesto: Asistente en el Departamento de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Andrés Soto Ruiz Barroeta.

Puesto: Visa clerk.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Martínez Vargas.

Puesto: Técnico en refrigeración y aire acondicionado.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y carta de naturalización de la ciudadana Sánchez García; originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a ésta que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.

Nombre: Humberto García Enríquez.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: María Luisa Bringas Espinoza.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Domingo Sánchez Martínez.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se rea-licen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América:

Nombre: Ernesto Antonio Miranda Beltrán.

Puesto: Chofer/empleado administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Irene Cerillo Zurita.

Puesto: Secretaria de la Sección de Visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Antonio Ricardo Licona Martínez.

Puesto: Empleado.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, señor Presidente. Me voy a permitir, por economía de tiempo, leer una síntesis de la presente iniciativa, rogándole, señor Presidente, se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la misma.

Compañeras diputadas y diputados. El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente exposición de motivos:

La renovación de dos de los Poderes de la Unión se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Para ello se ha determinado en la misma Constitución que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, denominado `` Instituto Federal Electoral'', dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la ley.

El surgimiento del Instituto Federal Electoral y su consolidación han estado apegados a procesos electorales sumamente competidos y de desconfianza en los órganos dependientes del titular del Poder Ejecutivo.

Por ello, la autonomía de este órgano se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente la organización de las elecciones federales como una función de Estado. Ejemplo de ello son los cambios realizados por el poder revisor de la Constitución.

Así, con la reforma de 1990 se introdujo una nueva concepción con la creación del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que organiza las elecciones, en las que por primera vez participaron ciudadanos con importantes funciones. Ello, sin lugar a dudas, constituyó un avance sustancial hacia la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la organización electoral.

En 1994, el Constituyente Permanente afianzó la imparcialidad del órgano electoral y creó la figura de los ``consejeros ciudadanos'' designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios.

En el año de 1996, el Constituyente Permanente realizó modificaciones constitucionales a efecto de transformar la naturaleza de sus instituciones político-electorales, las cuales se sustentaron en la intención de fortalecer y consolidar valores fundamentales para la vida democrática del país, la pluralidad partidista, la participación ciudadana, la certeza, la legalidad, la transparencia y la imparcialidad en la organización de los comicios y la solución de las controversias, así como la equidad en las condiciones de la competencia electoral.

Sobre la elegibilidad e idoneidad del consejero presidente y de los consejeros electorales del IFE, debemos señalar que la designación que realizó la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2003 sobre las y los consejeros electorales que integran actualmente el Consejo General del IFE debió garantizar que se cubrieran todos los requisitos que el artículo 76 del Cofipe establece para la designación de los mismos.

La Junta de Coordinación Política en su momento no elaboró una propuesta que diera cuenta del cumplimiento de los citados requisitos y tampoco se conocieron los currículos de los consejeros electorales.

No dejamos de señalar que en la elección del consejero presidente y los ocho consejeros electorales del IFE prevaleció el sistema de cuotas partidistas, desnaturalizando y pervirtiendo su origen ciudadano de manera irresponsable, con lo que se abonó la falta de probidad de la autoridad electoral.

Debemos recordar que el Partido de la Revolución Democrática, ante el ilegal nombramiento de los consejeros electorales, impugnamos el procedimiento y el incumplimiento de los requisitos que la ley establece para la elección del consejero presidente y consejeros electorales, a través de una acción de inconstitucionalidad.

Con lo anterior, el órgano responsable de organizar las elecciones en nuestro país se integró en el año 2003 por consejeros que no tienen prestigio, que en algunos de los casos no cuentan con la preparación académica necesaria ni el perfil ético y moral que requiere un consejero electoral para desempeñar la alta responsabilidad de organizar elecciones sin cuestionamientos por parte de ciudadanos y de los partidos políticos con registro nacional.

A manera de ejemplo: Marco Antonio Gómez Alcázar --hoy consejero electoral-- no tenía conocimiento, experiencia ni estudios en materia político-electoral, tal como lo reconoció el día 3 de noviembre de 2003.

La consejera Luisa Alejandra Latapí Renner fue de las aportantes a la campaña electoral del PRI en el año 2000 y tampoco cubrió los requisitos legales, excepción hecha de un diplomado, con lo que pretendió cubrirlo.

El consejero Virgilio Andrade Martínez fue representante del PRI en la campaña electoral del 94, y en noviembre de 2003 aceptó su militancia y se negó a renunciar a su partido.

El consejero Rodrigo Morales Manzanares reconoció que no tenía título profesional, pero sí que tenía otros estudios. Dio cuenta de ello el diario El Independiente del 10 de noviembre de 2003.

Diputadas y diputados: estamos ante un grave retroceso en el país, donde la institución hasta hace poco más prestigiada, el IFE, se ve hoy disminuida y despierta serias dudas respecto de su actuación debido a que no está a la altura y al nivel que tuviera el anterior Consejo General del IFE.

No obstante lo anterior, en el reciente proceso electoral, el consejero presidente y ocho consejeros electorales han asumido una conducta a todas luces omisa, en detrimento de los principios rectores en materia electoral, lo cual quedó demostrado al permitir la participación ilegal y abusiva del actual titular del Poder Ejecutivo federal, Vicente Fox, a favor del entonces candidato presidencial Felipe Calderón. Por ello planteamos la remoción del presidente consejero y de los ocho consejeros electorales del IFE, así como de sus suplentes.

Por otra parte, proponemos que sean elegidos por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, previa comparecencia de los mismos; lograr que los grupos parlamentarios, por consenso y con una votación calificada, elijan al consejero presidente y a los consejeros electorales del Consejo General del IFE; y que, previa comparecencia de los mismos, demuestren su aptitud y conocimiento en materia electoral. Es el objetivo de la presente iniciativa.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de los consejeros electorales de acudir a comparecer las veces que sean necesarias y requeridos por la Cámara de Diputados, con la clara intención de sujetarlos al principio de rendición de cuentas ante el órgano que los ausculta y elige.

De prosperar, la presente iniciativa de reforma de la Constitución y la ley secundaria permitirá, por un lado, restablecer la legalidad y la imparcialidad del órgano electoral federal y, por el otro --quizá más importante aún--, la credibilidad y el respeto de la ciudadanía, a la que nos debemos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental de 1917; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los términos establecidos en la propia Constitución General. La renovación de dos de los Poderes de la Unión se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; para ello se ha determinado en la misma Constitución que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado `` Instituto Federal Electoral'', dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley.

El surgimiento del Instituto Federal Electoral y su consolidación han estado aparejados a procesos electorales sumamente competidos y de desconfianza en los órganos dependientes del titular del Poder Ejecutivo. Por ello, la autonomía de este órgano se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente la organización de las elecciones federales, como una función del Estado; ejemplo de ello son los cambios realizados por el revisor de la Constitución.

Así, con la reforma de 1990 se introdujo una nueva concepción con la creación del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que organiza las elecciones, en el que por primera vez participaron ciudadanos con importantes funciones. Ello, sin duda, constituyó un avance sustancial hacia la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la organización electoral.

Las reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1993 establecieron las primeras normas para regular el financiamiento de los partidos políticos cuyo origen fuera distinto del público y para limitar los gastos de las campañas electorales, vigilando el manejo de los recursos.

En 1994, el Constituyente Permanente afianzó la imparcialidad del órgano electoral y creó la figura de los consejeros ciudadanos designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.

En 1996, el Constituyente Permanente realizó modificaciones constitucionales a efecto de transformar la naturaleza de sus instituciones político-electorales, las cuales se sustentaron en la intención de fortalecer y consolidar valores fundamentales para la vida democrática del país: la pluralidad partidista; la participación ciudadana; la certeza, la legalidad, la transparencia y la imparcialidad en la organización de los comicios y la solución de las controversias, así como la equidad en las condiciones de la competencia electoral.

Así, en el último párrafo de la fracción III del artículo 41 constitucional al Instituto Federal Electoral se otorgaron las facultades que actualmente tiene.

Las reformas y adiciones de la Ley Fundamental en 1996 fueron la culminación de un esfuerzo colectivo que habría de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones políticas y de la vida democrática de la nación.

No obstante lo anterior, en el reciente proceso electoral el consejero presidente y ocho consejeros electorales del Instituto Federal Electoral han asumido una conducta a todas luces omisa en detrimento de los principios rectores en materia electoral.

Así, en el proceso electoral de 2006 se impugnaron ante el Consejo General del IFE los múltiples actos de ``precampaña'' realizados por diversos institutos políticos, formándose por ende un expediente en el que, por las causales acreditadas, la Junta General Ejecutiva propuso ante Consejo General concluir con una sanción económica para el PRI, el PAN y el PVEM. Pese a ello y a punto de resolverse tal sanción, el expediente fue devuelto por los consejeros a la Junta General Ejecutiva del propio órgano para que hiciera un segundo estudio de la sanción. Mención aparte merece la actitud omisa de los consejeros del Consejo General del IFE a las reclamaciones hechas por la ilegal e inmoral participación del ciudadano Vicente Fox en el proceso electoral, apoyando la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa.

Ambas situaciones son sólo una muestra de la omisión en que incurrieron el presidente y los consejeros electorales del IFE; es decir, tales hechos pudieron ser constitutivos de una infracción a la normatividad electoral y dar lugar, en consecuencia, a la imposición de una sanción, por lo que la autoridad electoral, en el ámbito de sus atribuciones, no actuó o no quiso actuar de manera diligente.

A pesar de exponerse hechos concretos y que evidenciaron una conducta parcial en el proceso electoral, no se determinó la infracción del principio de imparcialidad a que debe sujetarse la actuación de las autoridades electorales.

Sobre la elegibilidad e idoneidad del consejero presidente y de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, es de señalarse la designación que realizó la Cámara de Diputados el 31 octubre de 2003 sobre las y los consejeros electorales que integran actualmente el Consejo General del IFE, en el cual se debió garantizar que se cubrieran todos los requisitos que el artículo 76 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales establece para la designación de los mismos.

El artículo 76, numeral 1, del código comicial señala a la letra lo siguiente:

1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos: a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

c. Tener más de treinta años de edad el día de la designación;

d. Poseer el día de la designación título profesional o formación equivalente, y tener conocimientos en la materia político-electoral;

e. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

f. Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor de seis meses;

g. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del comité ejecutivo nacional o equivalente de un partido político;

h. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación;

i. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; y

j. No ser secretario de Estado ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación al día de su nombramiento.

La Junta de Coordinación Política en su momento no elaboró una propuesta que diera cuenta del cumplimiento de los citados requisitos, y tampoco se conocieron los currículos de los consejeros electorales; verbigracia:

El ciudadano Marco Antonio Gómez Alcázar no tenía conocimiento, experiencia ni estudios en materia político-electoral, tal como lo reconoció el 3 de noviembre de 2003.

La ciudadana Luisa Alejandra Latapí Renner fue de las aportantes a la campaña del PRI en 2000 y tampoco cubrió los requisitos legales, excepción hecha de un diplomado, con lo que pretendió cubrirlos.

El ciudadano Virgilio Andrade Martínez fue representante suplente del PRI en 1994, y en noviembre de 2003 aceptó su militancia y se negó a renunciar a su partido.

Rodrigo Morales Manzanares reconoció que no tenía título profesional, pero sí que tenía otros estudios; El Independiente del 10 de noviembre de 2003 dio cuenta de ello.

No dejamos de señalar que en la elección del consejero presidente y los ocho consejeros electorales del Instituto Federal Electoral prevaleció el sistema de cuotas, partidizando al IFE y de manera irresponsable abonaron a la falta de legitimidad de la autoridad electoral, lo que fue señalado en su momento por el Grupo Parlamentario de Convergencia.

En suma, los nombramientos de los consejeros propuestos por el PRI no recayeron en gente con prestigio por su trayectoria académica o ciudadana, particularmente en los casos mencionados.

Con lo anterior, el órgano ciudadano responsable de organizar las elecciones en nuestro país se integró en 2003 por consejeros que no tienen prestigio y cuya filiación priista es clara.

Estamos ante un retroceso en el país, donde la institución más prestigiada de la transición de la democracia, el IFE, se ve hoy disminuida y despierta dudas, al no estar a la altura en que el anterior Consejo General del IFE se mantenía.

El Partido de la Revolución Democrática, ante el ilegal nombramiento de los consejeros electorales, impugnamos el procedimiento y el incumplimiento de los requisitos que la ley establece para la elección del consejero presidente y consejeros electorales a través de una acción de inconstitucionalidad.

Por ello planteamos la remoción del presidente consejero y de los ocho consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, así como sus suplentes. Por otra parte, proponemos que sean elegidos por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, previa comparecencia de los mismos.

Lograr que los grupos parlamentarios por consenso y con una votación calificada elijan al consejero presidente y a los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y que previa comparecencia de los mismos demuestren su conocimiento en la materia electoral es el objetivo de la presente iniciativa.

Todo ello permitirá restablecer la legalidad, la imparcialidad y la constitucionalidad del órgano electoral.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. a II. ...

... ... ... ... ...

III. ...

...

El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las tres cuartaspartes del total de los miembros de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, previa comparecencia de los mismos, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes. Asimismo, rendirán un informe anual de actividades ante la Cámara de Diputados y comparecerán ante la misma en términos de la ley de la materia.

... ...... ... ...

IV. ...

...

Artículo Segundo. Seadicionael numeral 3 al artículo 77 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 77

1. ...

2. ...

3. El consejero presidente y los consejeros electorales rendirán un informe anual de actividades ante la Cámara de Diputados y comparecerán ante la misma cuantas veces sean requeridos.

4. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos siguientes.

Segundo. Los actuales presidente consejero y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y sus suplentes serán sustituidos y no podrán ser reelectos.

Tercero. El actual presidente consejero y los ocho consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, así como sus suplentes, cesarán en su encargo hasta 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto.La Cámara de Diputados, dentro del plazo señalado en el transitorio anterior, hará la elección del presidente consejero y de los ocho consejeros electorales del Instituto Federal Electoral y de sus suplentes, previa comparecencia de los mismos ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Quinto.El Congreso de la Unión, en un término de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, hará las modificaciones legales correspondientes.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de noviembre de 2006.--- Diputado Victorio Montalvo Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Víctor Montalvo Rojas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes de la preparatoria Motolinía de San Luis Potosí, aquí presentes.

ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Un servidor, diputado federal por el distrito de Aome, del estado de Sinaloa, e integrante de la LX Legislatura a la Cámara de Diputados y en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución General de la República, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de nuestro Estado mexicano, cuenta con una dualidad en sus funciones: por un lado, actúa como tribunal supremo federal; y, por otro, concede los medios de control constitucional, entre los que destacan el juicio de amparo, las controversias constitucionales, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, la facultad investigadora de la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad, entre otros, los cuales devienen de las reformas de 1994 de la Constitución Federal; todos ellos, en defensa de nuestra Carta Magna, actuando en este caso como tribunal constitucional.

De lo anterior nos damos cuenta de que el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados sino, también, cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal, con la finalidad de restablecer el orden constitucional.

Por ello, la propia Constitución prevé los llamados ``medios de control'' o ``defensa constitucional'', cuya finalidad es preservar el orden creado por la Ley Suprema.

La intención de la presente participación es destacar la importancia que representan las acciones de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano como medio de control del sistema constitucional, siendo ésta la figura más importante de protección de los preceptos consagrados en nuestra Carta Magna, pues según el artículo 105, fracción II, del ordenamiento en mención, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República, lo que significa que es el medio jurídico más valioso que tenemos y mediante el cual se protege que ninguna ley secundaria contravenga las estipulaciones de la Constitución federal.

Ahora bien, éstas se pueden ejercitar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma. Lo que resulta inconcuso es que si es el medio más eficaz e importante de protección de la Constitución Política, se le otorgue un término tan reducido para interponerlo, pues ni al juicio de amparo en contra de las leyes se otorga tal tiempo, ya que cuando un particular se ampara contra una ley cuenta con 30 días hábiles para promover esta acción.

Resulta ilógico e injusto que para la acción de inconstitucionalidad se cuente con 30 días y, lo que es peor, que sean naturales y no hábiles, pues en este tipo de procesos se requieren análisis, un estudio exhaustivo de la misma norma que se impugna para que nada más y nada menos lo que se defiende y protege sea nuestra Constitución, ya que mientras en el juicio de amparo se protegen intereses que puedan afectar a particulares y los efectos de la sentencia son sólo para éste, en la acción de inconstitucionalidad se protege el interés de respeto al irrestricto cumplimiento de los preceptos jurídicos contenidos en nuestra Constitución federal, afectándose de esta manera todo el dispositivo jurídico de nuestra máxima ley y, por tanto, lo que se afecta es la Constitución y, por ende, a la sociedad en general, pues los efectos de la sentencia son erga homes.

Por ello, la presente iniciativa propone modificar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105, a fin de ampliar el término para la interposición de la acción de inconstitucionalidad de 30 días naturales a 45 días naturales a la fecha siguiente de la publicación de la norma.

De tal manera, se intenta equiparar el mismo plazo que se tiene para promover el juicio de amparo contra leyes, que es de 30 días hábiles, donde no se cuentan sábados ni domingos, así como tampoco los que señala el artículo 23 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna.

De ello se deduce que, convirtiéndolos, serían aproximadamente de 38 a 40 días naturales para interponer este juicio de amparo, por lo que, con motivo de lo anterior, para la acción de inconstitucionalidad se proponen 45 días naturales para ejercitar dicho derecho.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma.

Por ello, señores diputados, manifiesto la necesidad de ampliar el término para promover la acción de inconstitucionalidad, pues nada más y nada menos que lo que está en juego es nuestra Carta Magna; y es que los entes legítimos para interponerla, como es el ejemplo del 33 por ciento de esta Cámara... Resultaría ser bastante cruel que permitamos que se aplique una ley inconstitucional.

Por ello se requiere tiempo suficiente de estudio y análisis; y no sólo la acción de inconstitucionalidad requiere ampliación de término sino, también, el propio juicio de amparo.

Es prudente decirlo: en septiembre pasado se facultó a las comisiones de derechos humanos para interponer acción de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos, siendo bastante pesada la tarea para analizar qué leyes resultan contrarias a la Constitución. Por ello propongo que sean 45 días naturales anteriores, obviamente a consideración por supuesto de las comisiones respectivas. Solicito respetuosamente a la Presidencia se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 37, inciso c), del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva del mismo, somete consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución General de la República, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de nuestro Estado mexicano, cuenta con una dualidad en sus funciones: por un lado actúa como tribunal supremo federal, y por otro, conoce de los medios de control constitucional entre los que destacan el juicio de amparo, las controversias constitucionales, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, la facultad investigadora de la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad, entre otros, los cuales devienen de las reformas de 1994 a la Constitución federal, todos ellos en defensa de nuestra Carta Magna, actuando en este caso como tribunal constitucional.

De lo anterior nos damos cuenta que el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuado los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal con la finalidad de reestablecer el orden constitucional. Por ello, la propia Constitución prevé los llamados medios de control o defensa constitucional, cuya finalidad es preservar el orden creado por la Ley Suprema.

La intención de la presente participación es destacar la importancia de las acciones de inconstitucionalidaden nuestro sistema jurídico mexicano como medio de control constitucional, siendo ésta la figura más importante de protección a los preceptos consagrados en la Constitución federal, pues según el artículo 105, fracción II, del ordenamiento en mención, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República.

Esto significa que es el medio jurídico más valioso que tenemos y mediante el cual se pretende que ninguna ley secundaria contravenga a las estipulaciones de la Constitución federal; ahora bien, éstas se pueden ejercitar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por lo que resulta inconcuso que, si es el medio mas eficaz e importante de protección a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le otorgue un término tan reducido para interponerlo, pues ni en el juicio de amparo en contra de leyes se le otorga tal tiempo, ya que cuando un particular se ampara contra una ley cuenta con treinta días hábiles para promoverlo.

Resulta ilógico e injusto que para la acción de inconstitucionalidad se cuente con 30 días y, lo que es peor, sean naturales y no hábiles, pues en la acción de inconstitucionalidad se requiere análisis y estudio exhaustivo de la norma general que se impugna porque, nada más y nada menos, lo que se defiende y protege es a la Constitución federal, que es nuestra máxima norma, ya que mientras en el juicio de amparo se protegen intereses que afectan a un particular y los efectos de la sentencia son sólo para éste, en la acción de inconstitucionalidad se protege el interés de respeto al irrestricto cumplimiento de los preceptos jurídicos contenidos en la Constitución federal, afectándose de esta manera a todo el dispositivo jurídico de nuestra máxima ley; por tanto, lo que se afecta es la Constitución y, por ende, a la sociedad en general, pues los efectos de la sentencia son erga omnes, o generales.

Por ello, la presente iniciativa propone modificar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de ampliar el término para la interposición de la acción de inconstitucionalidad de 30 a 45 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, de tal manera que se intenta equiparar el mismo plazo que se tiene para promover el juicio de amparo contra leyes, que es de treinta días hábiles, en donde no se cuentan sábados ni domingos, así como tampoco los que señala el artículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que se deduce que, convirtiéndolos, serían aproximadamente de 38 a 40 días naturales para interponer juicio de amparo, por lo que, con motivo de lo anterior, para la acción de inconstitucionalidad se proponen 45 días naturales para ejercitar dicho derecho, pues, como ya he manifestado, es el medio jurídico de control constitucional más importante de nuestro sistema jurídico mexicano, que tiene por objeto no sólo salvaguardar nuestra Máxima Norma, sino también hacer efectivo el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 de la Carta Magna.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y en nombre de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del PRI me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. La Suprema Corte d Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma d carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro.

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal...''

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vargas. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Una de las grandes causas de la deforestación y depredación de especies de flora y fauna en nuestro país lo constituye el comercio clandestino. El tráfico de especies silvestres representa una de las más importantes formas de transacción comercial ilegal en el mundo. De hecho, se considera el tercer negocio ilegal, superado sólo por el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

La demanda de ejemplares o de sus subproductos para ser utilizados como vestido, alimento, medicamento, ornato o mascota se ha incrementado a ritmos descomunales en las últimas décadas. Esta actividad se realiza a través de dos vertientes: por un lado, la extracción de especies de flora y fauna realizada por individuos o familias para subsistencia; y, por otro, a través de verdaderas redes o grupos de personas que se asocian para llevar a cabo la explotación de esta actividad ilícita, de forma constante.

En América Latina, países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Argentina y Paraguay se han convertido en las principales fuentes del tráfico de especies hacia los países de la Unión Europea, por la rica diversidad de especies de flora y fauna silvestres que albergan estos ecosistemas.

Cada año a nivel mundial se comercializan aproximadamente 4 millones de aves, 5 millones de reptiles vivos, 50 mil primates, 20 millones de peces tropicales, 10 millones de pieles de reptiles y 15 millones de pieles de mamíferos, 10 millones de cactos silvestres y 1 millón de orquídeas.

De acuerdo con un informe de la Unión Internacional para la Conservación, excluyendo los productos maderables, las pesquerías, a nivel mundial el comercio ilegal de especies silvestres genera ganancias de entre 5 y 50 mil millones de dólares anuales. A nivel nacional, las mismas ganancias oscilan en alrededor de 10 millones de dólares anuales.

Nuestro país es uno de los más ricos en especies vegetales y animales en el mundo, lo que lo coloca en un estado de peligro constante en cuanto a las especies y el número de especímenes existentes.

Desgraciadamente, nuestro sistema penal como instrumento inhibidor de conductas delictivas en materia de protección ambiental no ha podido ser suficientemente eficiente y eficaz. En el mismo sentido, existen en nuestro país diversos grupos de personas que se organizan de forma permanente y reiterada para aprovecharse ilícitamente de nuestros bosques, obteniendo anualmente en forma ilegal alrededor de 7 millones de metros cúbicos de madera, una cifra muy similar a la cantidad de madera que se produce legalmente en nuestro país.

De hecho, la actuación de esos grupos y redes debe recibir un tratamiento penal específico, toda vez que el nivel de asociación y organización para aprovecharse ilícitamente de nuestros recursos naturales supone acciones cada vez más complejas y estructuradas, como la extracción, transportación y acopio, así como las redes para comercializar recursos forestales y una gran diversidad de especies extraídas ilícitamente.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados ha considerado necesario dotar a la Procuraduría General de la República de instrumentos legales suficientes a fin de que, en el ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pueda actuar y perseguir a las bandas de traficantes de especies y, así, combatir el tráfico de especies de flora y fauna en nuestro país.

Por lo anterior, el suscrito y el Partido Verde Ecologista consideramos que de incluir en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada los tipos penales previstos en los artículos 417, 419 y 420, fracción IV, del Código Penal Federal, la Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia --y con las reformas que proponemos con la presente iniciativa--, la PGR tendrá instrumentos suficientes para que este ilícito sea debidamente perseguido, a fin de combatir eficazmente esta industria ilegal y que va claramente en contra de la sociedad mexicana y de la sustentabilidad por supuesto.

Solicito, señor Presidente, que sea íntegramente contemplada en el Diario de los Debates mi intervención, así como la iniciativa. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del PVEM

El ciudadano Antonio Xavier López Adame, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El nuestro es uno de los países megadiversos, de los más ricos en especies vegetales y animales en el mundo, lo que lo coloca en un constante estado de peligro que amenaza las especies y el número de especímenes existentes. Desafortunadamente, una de las grandes causas de la depredación de especies de flora y fauna en nuestro país la constituye el comercio clandestino: éste reporta a nivel internacional ingresos anuales cercanos a 21 mil millones de dólares, sólo por debajo del tráfico de drogas y de armas.

Esta actividad se realiza a través de dos vertientes: por un lado, la extracción de especies de flora y fauna realizada por individuos o familias para subsistencia; y por otra, a través de verdaderas redes o grupos de personas que se asocian para llevar a cabo la explotación de esta actividad ilícita.

Hay en nuestro país diversos grupos de personas que se organizan de forma permanente y reiterada para aprovecharse ilícitamente de nuestros bosques, obteniendo anualmente de forma ilegal alrededor de 7 millones de metros cúbicos de madera, cifra muy similar a la cantidad de madera que se produce legalmente en nuestro país. Esto supone una deforestación anual de por lo menos 700 mil hectáreas, lo que ha implicado la pérdida de 95 por ciento de bosques húmedos.

La actuación de esos grupos y redes debe recibir un tratamiento penal específico, toda vez que el nivel de asociación y organización para aprovecharse ilícitamente de nuestros recursos naturales supone acciones cada vez más complejas y estructuradas, como la extracción, la transportación y el acopio, así como las redes para comercializar recursos forestales y una gran diversidad de especies extraídas ilícitamente.

Desafortunadamente, nuestro sistema penal, pese a que debería servir como instrumento para inhibir las conductas delictivas en materia ambiental, no ha podido ser suficientemente eficaz para impedir el comercio ilícito de especies, debido a las restricciones legales que enfrenta la Procuraduría General de la República para perseguir ese tipo de delitos ambientales, que en muchos casos se cometen con características y elementos cuyo tratamiento debe ser propio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Nuestra propuesta busca facultar a la Procuraduría General de la República para que diversos delitos ambientales referidos en el Código Penal Federal sean investigados y sancionados de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Consideramos que con las modificaciones propuestas, y dados la operación y los recursos con que cuentan diversas bandas de traficantes de biodiversidad y de recursos forestales, se precisa de una investigación y un combate de dichos ilícitos más especializados.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados ha considerado necesario dotar a la Procuraduría General de la República de instrumentos legales suficientes a fin de que, en el ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pueda actuar y perseguir a las bandas de traficantes de especies y a los grupos de taladores ilegales; y de esa forma se contribuya a combatir el tráfico de especies y la deforestación.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de los Diputados somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2o. y se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas, por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I. a V. ...

VI. En contra del ambiente previstos en los artículos 417, 419 y 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 3o.Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VIdel artículo anterior que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

...

Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil seis.--- Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Adame. Insértese íntegro en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que, hasta el momento, hay una asistencia de 445 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretario. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Dentro de las facultades esenciales del Congreso de la Unión, podemos citar la de constatar, verificar, inspeccionar, registrar y examinar las funciones de los órganos del Estado, particularmente de la administración pública federal. Es decir, ejerce entre otras una función, que es la del control político; esta facultad es la capacidad de informar e investigar, criticar y fiscalizar el conjunto de las actividades del gobierno y otras entidades de orden público.

Esta función es hoy una de las más importantes y representativas del Congreso, ya que el gobierno aplica políticas públicas y el Congreso las controla y fiscaliza. Uno de los temas que mayor control requiere es el de los actos de gobierno en materia de protección y defensa de los derechos humanos.

Esto es, que todas y cada una de las actividades de la administración pública sean realizadas de conformidad con los criterios y estándares establecidos tanto en la Constitución Política como en el del derecho internacional de los derechos humanos, al que México se ha obligado ante la comunidad de naciones.

También sabemos que el desastre que padece la sociedad en materia de derechos humanos es desolador. De conformidad con el informe de Amnistía Internacional y de otros organismos civiles, México aún brilla como uno de los países donde se cometen graves atropellos en contra de las libertades y de los derechos humanos fundamentales de la persona humana.

Al respecto, es necesario recordar que el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la ONU ha determinado que México requiere con urgencia realizar los cambios idóneos para garantizar los principios y derechos establecidos en el conjunto de normas existentes en materia de derechos humanos, como también sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha logrado realizar las acciones de contundencia, rapidez y eficacia que la situación de emergencia que vivimos amerita.

Por decir un ejemplo: sobre el caso Atenco, seis meses después de acontecidos los hechos que toda la opinión pública conoció, sobre múltiples y graves violaciones a los derechos de mujeres, niños y personas de la tercera edad, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, que debió tener mayor celeridad y contundencia en su emisión.

Pero, aun con asombro, nos enteramos de que las autoridades, tanto federales como locales, al ser notificadas de la resolución del ombudsman sólo informaron que revisarían el caso, lo que se traduce en un caso paradigmático de no cumplimiento de la recomendación y, por tanto, de evidente impunidad.

Nosotros no podemos conformarnos con este estado de cosas y seguir sosteniendo un sistema de protección a los derechos humanos endeble, en el que las resoluciones del comisionado hacen evidentes innumerables y graves violaciones a los derechos humanos; así como la comisión de delitos por parte de autoridades sin que se generen consecuencias jurídicas ni se cumplan las recomendaciones de esta comisión. Ese círculo vicioso tiene que ser fracturado.

Por ello proponemos generar los mecanismos adecuados para que el Poder Legislativo federal contribuya a eliminar esa perversa impunidad, latente en una administración pública sin controles parlamentarios eficaces.

El incumplimiento y desdén hacia las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin duda, debilitan esta instancia y, con ello, retrasan nuestro avance hacia una cultura de pleno respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano.

Los actos omisos, evasivos e irresponsables de autoridades que simulan cumplir sus responsabilidades legales, cuando en realidad sirven a intereses distintos de los que ordena nuestra Constitución, sin duda lesionan el bienestar de la sociedad.

Parecería que en México el verbo que mejor saben conjugar quienes violan los derechos humanos es el de simular porque las autoridades formalmente aceptan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero luego éstas se diluyen en el incumplimiento y en falta de compromiso para iniciar los procedimientos administrativos y penales que proceden de acuerdo con la ley.

Por ejemplo, hoy día la PGR, ante los señalamientos en materia de tortura de la comisión, reacciona promoviendo descalificaciones y denostando a este organismo, por mostrar sólo un ejemplo.

Del informe de actividades de este organismo correspondiente a 2002 se desprende que de las 49 recomendaciones emitidas en ese año, sólo cinco se cumplieron de manera total y satisfactoria.

Ante esta situación, inaceptable, proponemos adicionar un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reformar la fracción V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de facultades de control al Congreso de la Unión y hacer comparecer a los servidores públicos por el incumplimiento o la no aceptación de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cabe precisar que cualquier acto de poder público que no esté fundado y motivado es, por ese solo hecho, arbitrario. Por ello, la autoridad o servidor público que injustificadamente no acepte o incumpla una recomendación promueve la arbitrariedad y fomenta con ello la impunidad.

Por ello proponemos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que éstos, al aceptar o desechar una recomendación del ombudsman, deben fundarlo y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en su jurisprudencia que todo acto de autoridad debe estar adecuado y justificadamente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivado, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Pero además, lo fundado y motivado de los actos de autoridad debe darse también para los actos discrecionales, ya que cuando la autoridad realiza estos actos, no lo hace con una potestad limitada, en virtud de que el servidor público debe sujetarse a determinados principios o límites, aún más tratándose de los derechos de la persona humana.

Los poderes públicos deben actuar al servicio de los intereses de los individuos que forman la sociedad a la cual se deben. En tanto eso no ocurra y no existan mecanismos adecuados de rendición de cuentas seguiremos abonando el crecimiento de la impunidad y del deterioro social e institucional. Es todo, señora Presidenta; y lo dejo para la inscripción íntegra en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Alliet Mariana Bautista Bravo, diputada federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en materia de protección a los derechos fundamentales), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las atribuciones y facultades primordiales del Poder Legislativo, a través de sus diversos actos, comprueba, inspecciona, registra, revisa, analiza o examina la actividad de las instituciones; es decir, efectúa una función de control político. Esta función es la capacidad de criticar, de informar, de investigar o fiscalizar, de debatir el total de la actividad gubernamental y demás entes públicos de naturaleza política.1

Por tanto, esta función es la más representativa del Congreso, y también la más importante, ya que el gobierno dirige las políticas y el Congreso las controla.

Sin embargo, en materia de protección a los derechos humanos nos enfrentamos a la ausencia de controles políticos, que se agrava día con día, con las conductas omisas, evasivas y hasta irresponsables de algunas autoridades, que de manera meramente formal aceptan las recomendaciones de la CNDH, pero no cumplen con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o las denuncias que les correspondería hacer ante el Ministerio Público. Todavía, hoy día, autoridades como la Procuraduría General de la República, ante los señalamientos del ombudsman reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a este organismo.

Por tanto, la ausencia de mecanismos que permitan dar cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH es uno de los temas pendientes en materia de respeto a los derechos humanos.

Por mostrar un ejemplo, del informe de actividades de ese organismo correspondiente al lapso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 se desprende que, de las 49 recomendaciones emitidas en ese año, sólo cinco se cumplieron de manera total y satisfactoria.

Ante esta situación, proponemos adicionar un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reformar la fracción V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dotar de facultades de control al Congreso de la Unión, para hacer comparecer a los servidores públicos cuyo incumplimiento de una recomendación de la CNDH se haga del conocimiento de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con la finalidad de que las comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión.

Cualquier acto del poder público que no es fundado ni motivado es, por ese solo hecho, arbitrario, por lo que la autoridad o el servidor público, al no dar cumplimiento a una recomendación por violaciones a los derechos humanos fomentan la impunidad. Por ello, proponemos que en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que éstos, al aceptar o desechar una recomendación del Defensor del Pueblo deberán fundar y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a definido en su jurisprudencia2 que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivado, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Pero además, lo fundado y motivado de los actos de autoridad deben darse también para los actos discrecionales, ya que cuando la autoridad, al realizar estos actos, no lo hace con una potestad limitada, ya que la autoridad o el servidor público debe sujetarse a determinados principios o límites, aún más tratándose de los derechos de la persona humana.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en materia de protección de los derechos fundamentales).

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 9 Bis. En los casos en que los funcionarios de la administración pública federal, centralizada o paraestatal no acepten una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aún después de habérseles hecho las precisiones necesarias o cuando no se haya cumplido satisfactoriamente alguna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá dar vista a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a fin de que las comisiones respectivas de ambas Cámaras citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión;

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXI del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. a XX. ...

XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan; asimismo, para efectos de aceptar o desechar una recomendación deberán fundar y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción XIX del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XVIII. ...

XIX: Proporcionar en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por la institución a que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentos que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar también el contenido de los informes y datos que se le hubieren proporcionado; asimismo, para efectos de aceptar o desechar una recomendación deberán fundar y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción V del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior y, por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley.En los casos en que las autoridades no acepten una recomendación, aún después de habérseles hecho las precisiones necesarias o cuando no se haya cumplido satisfactoriamente alguna, se dará vista a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a fin de que las comisiones respectivas de ambas Cámaras citen a los funcionarios o a las autoridades responsables, con objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión;

VI. a XXV. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. El Congreso mexicano. Análisis sobre su evolución y funcionamiento actual. Editorial Porrúa. México 2003, página 295.

2 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo III, tesis 40, páginas 46 y 47.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública, y de Justicia y Derechos Humanos.

ARTICULOS 21, 76, 78, 102 Y 108 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Se concede el uso de la palabra al diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con base en la facultad constitucional y en la ley reglamentaria en la materia legislativa, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular iniciativa con proyecto de decreto que contiene adiciones, derogaciones o reformas de los artículos 21, 76, 78, 108 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly de los artículos 1o., 4o., 6o., 16, 17 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para exponer las razones por las cuales consideramos que es necesaria la transformación de una institución que hoy día la sociedad reclama que sirva realmente a los intereses de la sociedad, que garantice el pleno ejercicio de estas libertades, de estos derechos que tienen los gobernados.

Corresponde al Estado el ejercicio de su potestad punitiva sobre los gobernados que con sus conductas rompan el orden armónico de las relaciones sociales. Ese atributo del Estado es fruto de una serie de conceptos fundamentales que dan origen al sistema de justicia como medio encargado de prevenir la transgresión del orden establecido.

El ejercicio de esta potestad punitiva debe sujetarse a un orden jurídico en el que prepondere la protección de los derechos del hombre, característica propia de todo estado de derecho.

El estado de derecho se apoya en dos pilares fundamentales, la legitimidad y la legalidad. En él, la división de poderes entre los órganos de gobierno proporciona el control mutuo de su actuación. El estado de derecho prevé una distribución de competencias entre los órdenes públicos. Bajo este contexto de distribución funcional del Estado se ubica la institución del Ministerio Público.

Los procesos de reforma de la administración de justicia penal exigen la discusión acerca del papel que debe desempeñar en la actualidad el Ministerio Público y cómo se ve influenciado en su quehacer por la autonomía o dependencia de los poderes del Estado. Las opciones que se han tomado en América Latina y en otras partes del mundo respecto a la independencia del Ministerio Público son dos básicamente: considerarlo un órgano autónomo, es decir desligarlo de cualquier relación de dependencia de cualquiera de los tres poderes tradicionales; o bien, regularlo como inserto en el Poder Ejecutivo o Judicial, pero otorgándole autonomía funcional a través de la autonomía e independencia del Ministerio Público, la cual ha sido adoptada por numerosos países.

Lo que se persigue en este esquema es combatir la corrupción política y administrativa, así como evitar la propagación de la figura del juez instructor, la cual presenta como principales riesgos el otorgamiento a los jueces de funciones persecutorias y de su falta de independencia cuando se realizan investigaciones que comprometen a altas autoridades. En este caso se puede limitar o coaccionar su actividad, impidiendo el desarrollo coherente y objetivo de la misma.

Entre las ventajas que se pueden mencionar de la autonomía del Ministerio Público se encuentra el hecho de que esta característica puede aminorar algunos problemas creados por la excesiva intervención de los poderes Ejecutivo y, en algunos casos, Legislativo, además del surgimiento de casos de impunidad vinculados a la corrupción política y administrativa.

A pesar de que se han realizado diversas reformas constitucionales y legales en materia de procuración de justicia en nuestro país, a la fecha no se ha materializado ninguna que otorgue autonomía constitucional al Ministerio Público.

La situación jurídica que guarda la figura del Ministerio Público en nuestro país toma real importancia si consideramos que el sistema de justicia debe ser el instrumento para salvaguardar los derechos y garantías, de tal forma que tanto los gobernados como las autoridades deben someterse al imperio de la ley, sobre la base de un esquema de confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

A fin de conseguir los objetivos anteriormente señalados, es necesario que el Ministerio Público realice sus actividades y dicte sus resoluciones en forma autónoma para garantizar a la ciudadanía la imparcialidad que debe existir en su actuación por la tendencia que se tiene en nuestro país que se ha dirigido a transformar esta institución por un reclamo de la sociedad, que cada día se ve más agraviada, que cada día hay más denuncias a las que no se da el seguimiento correspondiente ni se integran siquiera las averiguaciones respectivas. Y eso a lo que nos ha llevado es a que la sociedad cada día tenga menos confianza en la procuración de justicia y, por ello, no tiene la oportunidad o no confía en la presentación de las denuncias.

Las estadísticas son muy claras, y eso nos debe llevar a una preocupación real a todos los legisladores. Por eso el interés de trabajar en este tema, que considero de la mayor importancia.

De acuerdo con los diversos razonamientos expresados a lo largo de esta exposición, estimo que la evolución del sistema de justicia nacional e internacional reclama que se fortalezca la figura del Ministerio Público en México, mediante una reforma legislativa que le otorgue autonomía constitucional; es decir, que las facultades de investigar y perseguir los delitos del orden federal, vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, promover la procuración e impartición de justicia y atender los asuntos jurídicos del gobierno federal se ejerzan a través de un órgano constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomías de gestión y presupuestaria.

Es conveniente precisar que el establecimiento de la Procuraduría General de la República como un organismo constitucionalmente autónomo no constituye una ruptura del principio de división de poderes, ya que hay quienes argumentan que los organismos constitucionalmente autónomos forman parte de un cuarto poder. La existencia de organismos constitucionalmente autónomos --desde nuestro punto de vista-- no transgrede el principio de separación de poderes, sino que favorece la realización de determinadas funciones, que deben ser ejecutadas de forma independiente y ajena a cualquier interés político.

Asimismo, resulta oportuno señalar que, igual que los otros poderes, los organismos constitucionalmente autónomos están sujetos a un sistema de pesos y contrapesos.

En este orden de ideas, resultaría necesario realizar las siguientes modificaciones, que garantizarán realmente la autonomía plena de esa institución como es el Ministerio Público.

Las cuestiones que considero fundamentales para garantizar esta independencia son que la remoción del titular de esta institución --dicha facultad actualmente pertenece al titular del Poder Ejecutivo, lo que hace dependiente al procurador general de la República de este último--... La propuesta es que la remoción sea únicamente por causas de responsabilidad, de conformidad con la legislación en la materia.

Otro aspecto muy importante sería la autonomía financiera, la cual debe elaborar su propio proyecto de presupuesto de egresos, para que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda realizar cambios a este proyecto que presente.

De esa manera, compañeras y compañeros diputados, dejo este proyecto de reformas de diversos artículos de la Constitución y de diversas leyes que tienen que ver con la institución del Ministerio Público, para que la analicemos, para que ese reclamo de la sociedad pueda ser atendido por el Poder Legislativo.

Estoy seguro de que si hacemos el esfuerzo de dotar de esta autonomía a esta institución, la sociedad verá que el esfuerzo será en su beneficio. Por ello les pido su apoyo, su respaldo, para que hagamos realidad este proyecto, que es de muchas diputadas y de muchos diputados, respaldados por un buen número de mexicanas y de mexicanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, licenciado José Rosas Aispuro Torres, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esa soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que contienen adiciones, derogaciones o reformas a los artículos 21, 76, 78, 108, y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a los artículos 1, 4, 6, 16, 17, y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Corresponde al Estado el ejercicio de su potestad punitiva sobre aquellos gobernados que con sus conductas rompen el orden armónico de las relaciones sociales. Este atributo del Estado es fruto de una serie de conceptos fundamentales que dan origen al sistema de justicia, como medio encargado de prevenir la transgresión del orden establecido. El ejercicio de esta potestad punitiva debe sujetarse a un orden jurídico en el que prepondere la protección de los derechos del hombre, característica propia de todo estado de derecho.

Segundo. El estado de derecho se apoya en dos pilares fundamentales: la legitimidad y la legalidad, en el que la división de poderes entre los órganos de gobierno, proporciona el control mutuo de su actuación. El estado de derecho prevé una distribución de competencias entre los órganos públicos, y bajo ese contexto de distribución funcional estatal se ubica al Ministerio Público.

Tercero. Los procesos de reformas de la Administración de Justicia Penal exigen la discusión acerca del papel que debe desempeñar en la actualidad el Ministerio Público, y cómo se ve influenciado en su quehacer por la autonomía o dependencia de los poderes estatales. Las opciones que se han tomado en América Latina con respecto a la independencia del Ministerio Público son dos: considerarlo como un organismo autónomo, es decir, desligado de cualquier relación de dependencia de cualquiera de los tres poderes tradicionales, o bien, regularlo como inserto en el poder Ejecutivo o Judicial, pero otorgándole autonomía funcional.

Cuarto.A través de la autonomía e independencia del Ministerio Público, la cual ha sido adoptada por numerosos países, lo que se persigue es combatir la corrupción política y administrativa, así como evitar la propagación de la figura del juez instructor, la cual presenta como principales riesgos, el otorgamiento a los jueces de funciones persecutorias y su falta de independencia cuando se realizan investigaciones que comprometen a altas autoridades y, en ese caso, se puede limitar o coaccionar su actividad impidiendo el desarrollo coherente y objetivo de la misma. Entre las ventajas que se pueden mencionar de la autonomía del Ministerio Público se encuentra el hecho de que esta característica puede aminorar algunos problemas creados por la excesiva intervención de los poderes ejecutivo y legislativo, además del surgimiento de casos de impunidad vinculados a corrupción política o administrativa.

Quinto.A pesar de que se han realizado diversas reformas constitucionales y legales en materia de procuración de justicia en nuestro país, a la fecha no se ha materializado ninguna que otorgue autonomía constitucional al Ministerio Público. Aún cuando de ningún precepto constitucional se desprende expresamente la relación jerárquica entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República quien preside al Ministerio Público de la Federación, actualmente se le ubica en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.

Sexto.La situación jurídica que guarda la figura del Ministerio Público en nuestro país toma real importancia, si consideramos que el sistema de justicia debe ser el instrumento para salvaguardar los derechos y garantías, de tal forma que tanto los gobernados como las autoridades deben someterse al imperio de la ley, sobre la base de un esquema de confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia. A fin de conseguir los objetivos anteriores, es necesario que el Ministerio Público realice sus actividades y dicte sus resoluciones en forma autónoma para garantizar a la ciudadanía la imparcialidad que debe existir en su actuación, por lo que la tendencia en nuestro país se ha dirigido a transformar la Institución del Ministerio Público de una dependencia del Ejecutivo Federal a un órgano que goce de plena autonomía en sus funciones y atribuciones.

Séptimo.En el caso de México, el Ministerio Público adquirió la notable importancia que hoy ostenta merced a la Constitución Política de 1917. En este punto fue decisivo el examen crítico hecho por Venustiano Carranza, en su mensaje al Congreso, acerca de la autoridad judicial de entonces. Al respecto, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista indicó que los jueces, encargados de la investigación de los delitos, incurrían en prácticas inquisitivas que restaban objetividad a sus pronunciamientos finales, por lo que la dignidad y respetabilidad del Poder Judicial habían sufrido un grave quebranto. En consecuencia, se consideraba indispensable retirar al juzgador sus facultades para investigar delitos y encomendarlos al Ministerio Público, visto, hasta ese momento, como figura decorativa en el proceso penal. Con ello, el juez recuperaría su natural e indeclinable misión de administrar justicia imparcialmente. Sin duda alguna, las razones expresadas en ese tiempo son evidentes e inobjetables, toda vez que tendieron a colocar a la judicatura en la situación de imparcialidad y dignidad funcionales que le corresponde, pues mientras el Ministerio Público no se le consideró como titular exclusivo de la acción penal, los jueces gozaban de funciones inquisitivas, circunstancias que desvirtuaban considerablemente su noble y elevada misión de juzgar, constituyéndose a la vez en acusadores y sentenciadores de los inculpados, pudiendo iniciar un procedimiento penal sin que previamente se hubiese formulado la acusación correspondiente.

Octavo.Afin de establecer en nuestro país un sistema penal acusatorio el constituyente de 1917 estableció que sólo el Ministerio Público -asistido por sus auxiliares- puede llevar a cabo la averiguación previa para comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del sujeto y, de igual manera, únicamente el Ministerio Público, una vez que se han comprobado estos elementos, puede ejercitar la acción penal, a través de la consignación.

Previo a la reforma publicada el 28 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal disponía:

``Artículo 1°. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, la Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República, integran la Administración Pública centralizada.''

``Artículo 4°. El Procurador General de la República, es el Consejero Jurídico del Gobierno Federal, en los términos que determine la ley.''

Conforme a estos preceptos era bastante claro que la Procuraduría General de la República formaba parte de la Administración Pública centralizada. Sin embargo, derivado del decreto de reformas antes señalado, se modifican entre otros artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 1°, segundo párrafo y se deroga el artículo 4°, que a la letra disponían:

Artículo 1°. ...

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y los Departamentos, integran la Administración Pública Centralizada.

Artículo 4°. Se deroga.

Como consecuencia de estas reformas, formalmente la Procuraduría General de la República, no forma parte de la Administración Pública Federal. La tendencia anteriormente mencionada de transformar la Institución del Ministerio Público de una dependencia del Ejecutivo Federal a un órgano que goce de plena autonomía en sus funciones y atribuciones se fortalece con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, mediante la cual se dispuso que el Procurador General de la República será designado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con ratificación del Senado, o en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Noveno.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 102, Apartado A, que el Ministerio Público será presidido por el Procurador General de la República, quien será designado por el Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o en sus recesos, de la Comisión Permanente. Esta concurrencia en cierta medida fortaleció la independencia del Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, de los artículos 21; 76, fracción II; 78, fracción V y 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende claramente que el titular del Ejecutivo Federal es el único órgano facultado para remover libremente al Procurador General de la República y no existe; por lo tanto, ningún impedimento legal que limite al Presidente de la República en la intervención del ejercicio de las funciones técnicas propias del Ministerio Público.

Del anterior razonamiento destaca que lo importante en una relación jerárquica no deviene únicamente de la facultad de nombrar sino también de la facultad de remover del cargo, y precisamente bajo este supuesto se encuentra actualmente el Procurador General de la República. Es así que resulta necesario realizar una reforma constitucional a fin de que el Procurador General de la República sea removido del cargo en otros términos.

Décimo.Con la reforma de 1994 se separan las atribuciones de asesoría y de representación del Gobierno, de las de representación social y persecución de los delitos, mediante la creación del Consejero Jurídico del Gobierno Federal y es hasta el decreto de reformas y adiciones a diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1996, que se reforman, entre otros, los artículos 1°, 2° Y 4° para establecer que la Consejería Jurídica forma parte de la Administración Pública Centralizada y describir sus funciones. No obstante esta reforma, el Ministerio Público de la Federación constituye una Institución fundamental del estado de derecho y del Gobierno Democrático de nuestro país, ya que sus atribuciones le permiten fungir como un garante de la legalidad, un representante de la sociedad y el órgano persecutor de los delitos, circunstancias que le permiten garantizar y mantener el orden y la seguridad dentro de la convivencia social. En este sentido el Ministerio Público de la Federación, por ejemplo tiene otras funciones distintas al monopolio del ejercicio de la acción penal, tales como control constitucional, en materia de amparo, acciones inconstitucionalidad y controversias constitucionales donde tiene la representación Federal.

Décimo Primero.Como consecuencia de la evolución legislativa en materia de procuración de justicia, se puede observar que la tendencia en nuestro país se ha encaminado, al igual que en el resto de América Latina, a transformar la Institución del Ministerio Público de una dependencia del Ejecutivo Federal a un órgano que goce de plena autonomía, de absoluta independencia, para que pueda cumplir libremente sus funciones, ajeno a injerencias de cualquier índole. Esto se fortalece si consideramos el Capítulo 2 intitulado ``Derechos Civiles'' del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2003, que establece en su apartado 2.1.1.6 relativo a la autonomía del ministerio público: ``la necesidad de la independencia y autonomía del ministerio público han sido reconocidas por los organismos de derechos humanos y por los miembros de la academia, como una condición indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal, así como una forma de evitar la incorporación de criterios políticos en decisiones que deben regirse exclusivamente por razones de justicia''.

Décimo Segundo.Es importante destacar la reciente reestructuración de la Procuraduría General de la República realizada mediante reforma publicada el 27 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, la cual ha contribuido a una mejor organización de la Institución que redunda en un combate más eficaz a la delincuencia. Si bien esta reforma contribuye en el otorgamiento de procuración de justicia; la evolución del sistema de justicia tiene que continuar, máxime si tomamos en cuenta que los derechos y libertades de los gobernados sólo pueden ser ejercitados adecuadamente en un marco en el que la seguridad y la justicia estén plenamente garantizadas.

Décimo Tercero.De acuerdo a los diversos razonamientos expresados a lo largo de la presente exposición de motivos, estimo que la evolución del sistema de justicia nacional e internacional, reclama se fortalezca la figura del Ministerio Público en México, mediante una reforma legislativa que le otorgue autonomía constitucional. Es decir, que las facultades de investigar y perseguir los delitos del orden federal, vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, promover la procuración e impartición de justicia y atender los asuntos jurídicos del Gobierno Federal se ejerzan a través de un organismo constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión y presupuestaria.

Décimo Cuarto.Es conveniente precisar que el establecimiento de la Procuraduría General de la República como un organismo constitucionalmente autónomo, no constituye una ruptura al principio de división de poderes, ya que se ha argumentado que los organismos constitucionalmente autónomos forman parte de un cuarto Poder. Que la existencia de organismos constitucionalmente autónomos no transgrede el principio de separación de poderes, sino que favorece la realización de determinadas funciones que deben ser ejecutadas de forma independiente, y ajenas a cualquier interés político. Asimismo, resulta oportuno señalar que al igual que los otros tres Poderes, los organismos constitucionalmente autónomos están sujetos a un sistema de pesos y contrapesos como a continuación se señala:

El Instituto Federal Electoral (IFE), es el organismo encargado de calificar la legalidad de las elecciones presidenciales y del Poder Legislativo en el ámbito administrativo, pero sus resoluciones pueden ser revisadas por el Poder Judicial a través del Tribunal, lo que resulta un verdadero contrapeso. Adicionalmente, se debe señalar que los Consejeros electorales que forman parte del Consejo General del Instituto son elegidos por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos, de la Comisión Permanente a propuesta de los grupos parlamentarios, según lo establecido por el artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual limita la autonomía de nombramiento del organismo. La autonomía financiera del IFE se encuentra establecida en el artículo 82 numeral 1, inciso v) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al facultar al Consejo General del Instituto para elaborar su proyecto de presupuesto de egresos y enviarlo al Ejecutivo Federal para que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el Ejecutivo pueda realizar modificación alguna al citado proyecto.

El Banco de México, es el organismo regulador de la economía y las finanzas públicas; es catalogado por el artículo 28 de la Carta Magna como un organismo autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, pero carece de autonomía en el nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno, ya que en términos del párrafo séptimo del artículo 28 constitucional, éstos son designados por el Presidente de la República, con aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso. La autonomía financiera se ve reflejada en la facultad para elaborar su proyecto de presupuesto de egresos, dicha facultad se encuentra establecida en el artículo 46, fracción XI de la Ley del Banco de México.

Otro organismo constitucionalmente autónomo, calificado así por la reforma constitucional publicada el 13 de septiembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 102 apartado S constitucional, que establece que la Comisión contará con autonomía de gestión y presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios. Lo anterior con la finalidad de hacer más expedito su funcionamiento, y con ello incrementar la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones, en beneficio de la protección de los derechos humanos. Al igual que los otros dos organismos carece de autonomía de nombramiento, ya que su Titular será elegido por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de conformidad con el párrafo sexto del Apartado B artículo 102 constitucional. Asimismo, tiene la facultad de elaborar su propio presupuesto de conformidad con el artículo 15, fracción IX de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Décimo Quinto. En este orden de ideas, resultaría necesario realizar las siguientes modificaciones que garantizarían la autonomía del Ministerio Público de la Federación:

- Remoción del Titular de la Institución: dicha facultad actualmente pertenece al Titular del Ejecutivo Federal, lo que hace dependiente al Procurador General de la República de éste último. La propuesta es que la remoción sea únicamente por causas de responsabilidad, de conformidad con la legislación en la materia.

- Autonomía financiera: la facultad de elaborar su propio proyecto de presupuesto de egresos, para que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el Titular del Ejecutivo Federal pueda realizar cambio alguno.

Décimo Sexto.La presente reforma consiste en modificar los artículos 21; 76, fracción 11; 78, fracción V; 93, párrafo segundo, 102, Apartado A y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto, el contenido del apartado A del artículo 102 constitucional quedará comprendido en el artículo 21 de la Carta Magna con algunas adiciones y modificaciones, ya que la actual regulación del Ministerio Público en el artículo 102 deriva de una reminiscencia constitucional que tiene como fundamento el sistema penal de corte inquisitivo que rigió a nuestro país durante mucho tiempo, conforme al cual el Ministerio Público formó parte del Poder Judicial. Incluso la Constitución de 1857 continúo con la tradición de incorporar al Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia a un Fiscal o a un Procurador General (artículo 91) equiparándolos a la categoría de Ministros. A pesar de la reforma de 22 de mayo de 1900, en la que se reformaron los artículos 91 y 96 de la Constitución de 1857, para disponer que los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República que habría de presidirlos, serían nombrados por el Ejecutivo y la expedición de la Constitución Política de 1917, no se modificó la ubicación de la figura del Ministerio Público del capítulo relativo al Poder Judicial de la Federación.

No obstante que entre 1857 y 1917 hubo un descollante cambio constitucional relacionado con el Ministerio Público y que surgió, merced a la reforma de 1900, la figura del Procurador General de la República. Ésta quedó constituida con la unión de dos magistrados que hasta ese momento residían en la Suprema Corte: el procurador general y el fiscal general. En lo sucesivo, sus funciones respectivas concurren en las del Procurador General, encuadrado en el Poder Ejecutivo, ya no en el Judicial. Empero, la antigua pertenencia de esos funcionarios a la judicatura determinó que el precepto correspondiente continuara ubicado, como ocurre en la Constitución vigente, entre los relativos al Poder Judicial.

Décimo Séptimo.En el texto vigente, el artículo 102 continúa comprendido en el Capítulo IV denominado ``Del Poder Judicial'', correspondiente al Título Tercero de la Carta Magna. Por ello, considero que es necesaria la reubicación propuesta, máxime si se toma en cuenta que actualmente el sistema penal en México es acusatorio y que las funciones del Ministerio Público no se limitan a la investigación y persecución de los delitos del orden federal, sino que también le compete la vigilancia, la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, la promoción de la procuración e impartición de justicia y la atención de los asuntos jurídicos del Gobierno Federal. En adición a lo anterior, propongo que la remoción del Procurador General de la República no quede al arbitrio del Titular del Ejecutivo Federal, considero que es necesario que la remoción se realice cuando el Procurador incurra en responsabilidad en términos del Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto, propongo que se establezca un plazo de duración en el cargo por el equivalente a cuatro años, a fin de evitar coincidencias con el periodo de gobierno del Titular del Ejecutivo Federal.

Décimo Octavo.Si bien el proceso vigente para la designación de Procurador General de la República tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, estimo que es oportuno modificar nuevamente el proceso de nombramiento del funcionario mencionado, ya que en los términos en que actualmente se lleva a cabo, el Senado de la República está obligado a ratificar a la persona que designe el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de evitar lagunas en el texto constitucional, considero que es necesario establecer un procedimiento distinto para la designación del Procurador General de la República. Conforme a la reforma que propongo, la facultad de nombrar al Procurador corresponderá exclusivamente a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y, en sus recesos, a la Comisión Permanente. Será elegido por una mayoría calificada; es decir, será necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de los miembros presentes de la Comisión Permanente, con la misma votación calificada.

Para la elección del Procurador General de la República, la Comisión correspondiente del Senado de la República presentará una terna de candidatos al Pleno de la Cámara de Senadores. La terna será elaborada de las propuestas que al efecto hagan llegar las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad; como Colegios de Abogados, Escuelas y Facultades de Derecho, entre otros; como de las que presenten los propios Senadoras y Senadores.

Décimo Noveno.En consideración a las diversas funciones del Ministerio Público y a su creación como organismo constitucionalmente autónomo, a fin de garantizar que no habrá injerencias de carácter político, resulta indispensable que la persona en quien recaiga el desempeño del cargo de Procurador General de la República no haya sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia de alguna Entidad Federativa o del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al de su nombramiento. Actualmente este requisito se exige para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Vigésimo.El Titular del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, debe realizar investigaciones que permitan desarticular grupos delictivos organizados. Mediante el ejercicio de la acción penal se ha logrado la condena de miembros de la delincuencia organizada por la comisión de delitos contra la salud, secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de armas, tráfico de órganos, entre otros. Actualmente el crimen organizado no sólo es nacional, existen vínculos con redes internacionales. La realización de acciones para combatir a la delincuencia pone en riesgo la integridad física de quien ejerce el cargo de Procurador General de la República; sin embargo, dado sus efectos, es claro que este riesgo no se limita al tiempo durante el cual se desempeña el encargo, sino aún después de concluido. Por lo anterior, considero que es necesario otorgar ciertas garantías a quien desempeñe tan importante función. Para tal efecto, propongo que el Procurador al vencimiento de su periodo tenga derecho a un haber por retiro, por un tiempo igual al que duró en el encargo; así como a la protección de su integridad física.

Vigésimo Primero.Considero que es indispensable establecer a cargo del Procurador General de la República la obligación constitucional de rendir un informe anual al Congreso de la Unión, ya que si bien actualmente dicho servidor comparece al inicio de los periodos de sesiones ordinarias, está obligación no se encuentra regulada expresamente en la Constitución Política Federal. Lo anterior, a diferencia de los Secretarios de Estado, quienes están obligados a dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos, en términos de lo previsto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional.

Con la confianza de que la presente iniciativa logrará contribuir a fortalecer nuestro estado de derecho y mejorar la procuración de justicia en México, respetuosamente someto a la consideración de esa honorable representación popular y para su trámite parlamentario correspondiente, la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como siguen:

Artículo Primero. Se adicionan un párrafo cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo al artículo 21, se recorren en su orden los actuales párrafos cuarto a sexto para pasar a ser decimotercero a decimoquinto; se reforman la fracción II del artículo 76, la fracción V del artículo 78, y el párrafo primero del artículo 108; se derogan los párrafos primero a quinto del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

...

La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, el cual estará presidido por un Procurador General de la República, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos por la Comisión Permanente, con la misma votación calificada. La ley determinará el procedimiento a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara, en todo caso la elección del Procurador General de la República deberá realizarse a más tardar el día en que deba concluir su encargo quien se encuentre en funciones.

El Procurador General de la República durará en su encargo cuatro años y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Al vencimiento de su período, tendrá derecho a un haber de retiro por un tiempo igual al que duró en el encargo. El pago del haber de retiro se suspenderá durante su desempeño en algún empleo o encargo de la federación, de los estados, del Distrito Federal o de los particulares, salvo cuando se trate de cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Asimismo, al retirarse del cargo el procurador general de la República tendrá derecho a que se le otorgue protección con el objeto de preservar su integridad física, podrá gozar de las prerrogativas a que se refiere el presente párrafo, siempre y cuando no haya sido removido de sus funciones en términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso y no haber sido Secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia de alguna entidad federativa o del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al de su nombramiento.

El procurador general de la República presentará anualmente un informe de actividades al Congreso de la Unión, para tal efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en términos de la ley respectiva.

La Procuraduría General de la República es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el procurador general lo hará por sí o por medio de sus agentes.

El procurador general de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

...

...

...

Artículo 76. ...

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XI....

Artículo 78. ...

...

I. a IV. ...

V. Elegir al procurador general de la República, en los términos que la ley disponga;

VI. a VIII. ...

Artículo 102. ...

A. La función del consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo federal que, para tal efecto, establezca la ley.

B. ...

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral y de la Procuraduría General de la República, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

I. a XI. ...

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquicamente y funcionalmente de la Secretaría Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría; XIII. a XXVII. ...

Artículo Tercero. Se reforman el párrafo primero del artículo 1; las fracciones V y VI del artículo 6; el artículo 16; el artículo 17; el artículo 67; se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 recorriéndose el siguiente en su orden; se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 6 recorriéndose las demás en su orden; se deroga el segundo párrafo del inciso b) de la fracción II del artículo 4; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al procurador general de la República le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

La Procuraduría General de la República es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria.

...

Artículo 4. ...

I.

II. ...

a) ...

b) Intervenir como representante de la federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de las facultades que confiere al procurador general de la República la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) ...

d) ...

III. a VI. ...

Artículo 6. ...

I. a IV. ...

V. Proponer indistintamente al Ejecutivo federal o al Congreso de la Unión los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la Institución, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI. Expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la institución, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como realizar las reformas a los mismos que juzgue necesarias;

VII. a XI. ...

XII. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos de la institución y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.

XIII. Elaborar el respectivo informe sobre su ejercicio para rendirse ante el Congreso de la Unión, en términos de las disposiciones aplicables.

XIV. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Artículo 16. El procurador general de la República será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos por la Comisión Permanente, con la misma votación calificada. Para tal efecto, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores presentará una terna de candidatos al Pleno de la misma, de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo. La terna será elaborada de las propuestas que al efecto hagan llegar los distintos sectores de la sociedad, así como las que presenten los propios senadoras y senadores.

El procurador general de la República sólo podrá ser removido de sus funciones por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al vencimiento de su período, tendrá derecho a un haber de retiro por un tiempo igual al que duró en el encargo, el cual será equivalente al setenta por ciento del ingreso mensual que corresponda al procurador general de la República en activo. La protección a su integridad física a que se refiere el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será otorgada por la Agencia Federal de Investigación.

Artículo 17.Los subprocuradores, oficial mayor y visitador general deberán reunir los requisitos que establezca esta ley y serán nombrados y removidos libremente por el procurador general de la República.

...

Los subprocuradores, para que estén en capacidad de suplir al procurador general de la República de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV de esta ley, deberá reunir los requisitos que para éste se establecen en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 67. Los servidores públicos y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la institución, está sujeto al régimen de responsabilidades a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Dentro de los 120 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, se deberán realizar las modificaciones necesarias al reglamento y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Cuarto.El actual procurador general de la República continuará en el desempeño del cargo por un plazo de dos años, al término de los cuales podrá ser ratificado por el Senado de la República de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a que se refiere el presente decreto y, siempre y cuando, no incurra en responsabilidad de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2006.--- Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado José Rosas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda afectuosamente la presencia de alumnos de la Universidad Iberoamericana.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado David Mendoza Arellano:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Por razones de tiempo voy a leer solamente algunas partes de la iniciativa.

El espíritu de la iniciativa que presento el día de hoy es buscar que los trabajadores informales gocen de plenos derechos como de los que gozan otros trabajadores y, además, fomentar e impulsar su inclusión en la economía formal y, por tanto, su regularización.

La expansión masiva del trabajo informal no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es una actividad de carácter mundial que traspasa nuestras fronteras y es una alternativa que encuentran millones de personas que han sido excluidas de las oportunidades del proceso productivo.

Tratar de combatir la informalidad con métodos represivos es no entender la complejidad que representa esta problemática. Debemos hacer frente a este fenómeno regulando a las personas que se encuentran bajo este esquema y suprimir el carácter anárquico que tienen actualmente.

Es imposible hablar de un proyecto de nación que excluya de su tutela e integración a los millones que viven de la actividad económica no estructurada. Esto no sólo pone en riesgo la legitimidad de las actuales instituciones, sino que incide en problemas sociales como la integración familiar, la salud, la educación, el desarrollo económico y, en general, pone en jaque a la supervivencia de toda la sociedad.

Resulta una obviedad que la crisis económica que impacta al jefe de familia acaba golpeando a todos sus dependientes económicos, niños que dejan la escuela o que bajan su rendimiento escolar, que tienen que trabajar a muy temprana edad, aumentando los riesgos de caer en la drogadicción o de incorporarse a actividades delictivas.

Lo anterior significa, en suma, que se reducen a grados intolerables el bienestar, la libertad, la felicidad y el poder de decisión de la inmensa mayoría de la comunidad, la cual busca formas alternativas de sobrevivir; es decir, sale a la calle, a la selva urbana y, por la libre, se erige en comerciante de mercancías o prestador de servicios o incluso en microproductor.

Desde este punto de vista, esas actividades indudablemente resultan estar al amparo de nuestra Constitución Política, al consagrarse en nuestra Carta Magna el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de los niños y de la familia, y el derecho al trabajo, entre otros.

Los raquíticos recursos obtenidos de la informalidad responden a una autoorganización de comunidad ante el vacío en el cumplimiento de las atribuciones del Estado en materia de empleo, educación, salud y demás, por lo que el pueblo asume las facultades originarias y su lucha por su propia supervivencia.

Lo ilícito no es que el pueblo busque algún camino para acceder a medios para su existencia, sino que el Estado no otorgue el suficiente empleo formal y demás requerimientos sociales; incluso, desarrollar el pueblo estas formas de autoempleo y autoproducción equivale a subsidiar al Estado y que omita hacer los desembolsos sociales necesarios.

Además, el ambulantaje, asumiendo todos los riesgos, cumple el importantísimo servicio de hacer llegar productos necesarios a la sociedad de manera accesible, tanto geográfica como económicamente.

Más que combatir la informalidad por medios represivos, lo que se debe hacer es utilizarla como una base para el despegue económico que exige el país, basado en el poder de iniciativa de amplias masas, contemplando con la protección laboral y de seguridad social que debe darse a este tipo de trabajo; esto, bajo el reconocimiento de la utilidad social que representa esta forma de comercio como forma de empleo, como apoyo para la supervivencia de la familia, como base económica eficiente de comercialización y producción, lo que redundará en la legalización y la dignificación de este tipo de trabajo.

A estas alturas del país, concretamente conforme a la información del INEGI, al primer trimestre de 2006 11.8 millones de jefes de familia se dedican a la actividad informal, lo que representa un número mayor que los trabajadores permanentes del IMSS y casi ya ha alcanzado el total de trabajadores inscritos en el instituto, que rondan los 13 millones de afiliados.

Es imposible hablar de justicia laboral si este enorme universo de trabajadores queda fuera de su tutela e incluso son perseguidos como infractores de la ley. Imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera y humana hacia el futuro si dejan fuera de la actividad informal, es decir, a un universo potencial de casi 50 millones de personas, si computamos el núcleo familiar, perseguidos como extranjeros en su propia tierra y por el gobierno, que los debería tutelar.

El gobierno federal debe buscar las alternativas a esos trabajadores porque no se trata de una situación que derive de caprichos personales, sino de un conjunto de circunstancias objetivas, económicas y sociales que el propio Estado ha provocado de manera directa o indirecta.

Nos encontramos con que durante el sexenio que fenece, la economía apenas creció 2.2 por ciento anualmente, frente al 7 por ciento prometido y más del 10 por ciento que nuestra población exige; que apenas crece 893 mil empleos formales, frente al mínimo de 8 millones que debió crear de acuerdo con las promesas, aunque en realidad nuestro pueblo exige al año un mínimo de 1 millón 200 mil empleos.

Frente a esta realidad, urge que la actividad informal se reconozca como una cuestión importante para la economía, y que se legalice, en el marco de la Ley Federal del Trabajo; y que se entreguen a estos mexicanos los derechos que tienen como trabajadores, en beneficio de ellos y de sus familias.

Hay que enfatizar que la mayoría de las personas dedicadas a la informalidad son mujeres, por lo que la esencia de nuestra propuesta en esta iniciativa implicaría la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Al respecto, no podemos olvidar que más de la tercera parte de los hogares en nuestro país están encabezados por una mujer.

En el marco de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, tendrán el derecho especial a no ser penalizados por el Estado por el desempeño de su sola actividad; a que se respete el lugar público en que realizan su trabajo, siempre y cuando se compruebe tener el permiso administrativo correspondiente expedido por la autoridad local y observar la norma que implica este permiso en cuanto a ubicación, giro, extensión y condiciones de seguridad e higiene, de ser el caso.

Los trabajadores informales que observen la norma administrativa correspondiente que expida la autoridad local tendrán el derecho a reclamar el auxilio del Estado en caso de siniestro, a fin de enfrentarlo adecuadamente para la preservación de su vida.

Para llevar a la práctica el precepto que se propone el presente marco jurídico, es indispensable la creación de un registro público nacional de los trabajadores informales que dé transparencia y certeza a esta actividad. Esta instancia expedirá credenciales gratuitas a los trabajadores informales para su acreditación ante las autoridades.

En las obligaciones especiales de los trabajadores informales, éstos deberán respetar los lugares que se hayan ordenado como libres de ambulantaje, mantener limpios sus lugares de trabajo, evitar actividades ilícitas y registrarse ante el registro público aludido.

Con algunas modalidades, se propone la incorporación de los trabajadores informales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, suprimiéndose en la lista del artículo 13 de la Ley del Seguro Social a las y los trabajadores domésticos, ya que éstos son a plenitud trabajadores sujetos a una relación de trabajo subordinada, debiendo ser inscritos en el régimen obligatorio de este instituto.

Por otro lado, no hay que olvidar que, conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las personas que prestan sus servicios de manera independiente pueden abrir su cuenta individual para obtener una pensión al final de su vida laboral o por lo menos un ahorro al momento de dejar su vida laboral. De ahí que no se propondrá ninguna reforma de esta ley.

Se propone la incorporación voluntaria de los trabajadores informales al Infonavit, mediante el pago de la aportación de 5 por ciento.

En materia de seguridad social, estas reformas representan un paso importante para poner fin a la escasa cobertura de instituciones como el IMSS e Infonavit, permitiéndose no sólo extender sus beneficios a favor del pueblo trabajador, como exige la justicia social, sino que serán pieza clave para poner fin al crónico desequilibrio financiero de éstas.

Con base en lo expuesto y fundamentado, he venido a someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que, por razones de tiempo, solicitaría a la Presidencia que sea inscrita íntegramente, como está publicada, en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, 62, y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Lo laboral no es un tema más sino que tiene un carácter esencial, al referirse al marco jurídico de las personas que viven de su trabajo, es decir, de la absoluta mayoría de la población. Al grado de que el derecho del trabajo es conceptuado como el nuevo derecho común por encima del derecho civil. El derecho del trabajo define la cantidad de salario que recibe el trabajador, y por tanto la parte de utilidad acumulada por el capital, es decir, define la política de acumulación de capital y el nivel de bienestar o de precariedad a que accederán los trabajadores, precisa la edad a partir de la cual los niños podrán ser empleados determinado en gran parte su vida futura, marca el tiempo que corresponderá a la empresa, y el que podrá dedicar el trabajador a su descanso, su vida personal, su autorrealización; define el respeto que la empresa tendrá sobre la estabilidad en el empleo de un trabajador y por tanto la antigüedad que podrá sumar éste y los derechos que se generarán en su favor, la menor o mayor autonomía sindical, de contratación colectiva y huelga. En suma se trata de la distribución de poder entre la clase trabajadora y la detentadora del capital, por lo que el derecho de los trabajadores influye de manera directa en la conformación política de un país, siendo este derecho factor esencial en la preservación de un mínimo equilibrio en la justicia social y luego de la paz social.

A la fecha, por esencia, hablar de derecho laboral, es referirnos a la prestación de un servicio personal subordinado a un patrón. El patrón es el que manda, el trabajador es el que obedece.

Sin embargo destacados estudiosos del derecho laboral han afirmado --desde hace tiempo-- que la subordinación como requisito indispensable para entrar a la tutela del mismo, era sólo el punto de partida para dar origen a uno de las ramas más importantes del derecho de los últimos siglos, revolucionario, humano, tutelar, camino de igualdad y equidad. Pero que por vocación el derecho del trabajo seguiría expandiéndose hasta acabar protegiendo y dignificando a todas las personas que viven de su trabajo, de su esfuerzo. Lo cual además fortalecería cuantitativa y cualitativamente a éste, una de las ramas jurídicas de mayor futuro si reconoce la realidad y los nuevos equilibrios sociales.

Por tanto, cada vez queda más claro que la subordinación pasará a ser un elemento importante pero ya no definitorio para delimitar el mundo de aplicación de esta rama del derecho. Esto abre la puerta para la incorporación de todos los trabajadores independientes, incluidos los informales.

La expansión masiva del trabajo informal no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es una actividad de carácter mundial que traspasa nuestras fronteras, y es una alternativa que encuentran millones de personas que han sido excluidas de las oportunidades del proceso productivo. Tratar de combatir la informalidad con métodos represivos es no entender la complejidad que representa esta problemática. Debemos hacer frente a este fenómeno regulando a las personas que se encuentran bajo este esquema y suprimir el carácter anárquico que tiene actualmente.

Es imposible hablar de un proyecto de nación que excluya de su tutela e integración a los millones que viven de la actividad económica no estructurada. Esto no solo pone en riesgo la legitimidad de las actuales instituciones, sino que incide en problemas sociales como la integración familiar, la salud, la educación, el desarrollo económico, y en general pone en jaque la supervivencia de toda la sociedad.

Resulta una obviedad que la crisis económica que impacta al jefe de familia acaba golpeando a todos sus dependientes económicos: niños que dejan la escuela o que bajan su rendimiento escolar, que tienen que trabajar a muy temprana edad, aumentando los riesgos de caer en la drogadicción o de incorporarse a actividades delictivas.

Lo que significa en suma que se reducen a grados intolerables el bienestar, la libertad, la felicidad y el poder de decisión de la inmensa mayoría de la comunidad, la cual busca formas alterativas para sobrevivir, es decir, sale a la calle, a la selva urbana y por la libre se erige en comerciante de mercancías o de servicios, o incluso en microproductor. Desde este punto de vista, estas actividades indudablemente resultan estar al amparo de la Constitución Política, al consagrase en nuestra Carta Magna el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de los niños y de la familia toda, el derecho al trabajo, entre otros. Los raquíticos recursos obtenidos de la informalidad, responden a una autoorganización de la comunidad ante el vacío en el cumplimiento de las atribuciones del Estado en materia de empleo, educación, salud y demás, por lo que el pueblo asume sus facultades originarias y lucha por su propia sobrevivencia. Lo ilícito pues no es que el pueblo busque algún camino para acceder a medios para su existencia, sino que el Estado no otorgue el suficiente empleo formal y demás requerimientos sociales.

Incluso al desarrollar el pueblo estas formas de autoempleo y autoproducción, equivale a subsidiar al Estado, que omite hacer los desembolsos sociales necesarios. Además el ambulantaje, asumiendo todos los riesgos, cumple el importantísimo servicio de hacer llegar productos necesarios a la sociedad de manera accesible tanto geográfica como económicamente.

Más que combatir la informalidad por medios represivos, lo que se debe hacer es utilizarla como una base para el despegue económico que exige el país, basado en el poder de iniciativa de amplias masas, complementado con la protección laboral y de seguridad social que debe darse a este tipo de trabajo. Esto bajo el reconocimiento de la utilidad social que representa el ambulantaje como forma de empleo, como apoyo para la supervivencia de la familia, como base económica eficiente de comercialización y producción. Lo que redundará en la legalización y la dignificación de este tipo de trabajo.

A estas alturas del país, concretamente conforme a la información del INEGI al primer trimestre de 2006, 11.8 millones de jefes de familia se dedican a la actividad informal, lo que representa un mayor número que los trabajadores permanentes del IMSS y casi ya alcanzando al total de los trabajadores inscritos en este instituto que ronda los 13 millones de afiliados. Es imposible hablar se justicia laboral si este enorme universo de trabajadores queda fuera de su tutela e incluso son perseguidos como infractores de la ley, imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera y humana hacia el futuro si dejan fuera a la actividad informal, es decir, un universo potencial de casi 50 millones de personas si computamos el núcleo familiar. Perseguidos como extranjeros en su propia tierra y por el gobierno que los debía tutelar. El gobierno federal debe buscar las alternativas para tutelar a estos trabajadores por que no se trata de una situación que derive de caprichos personales sino de un conjunto de circunstancias objetivas económicas y sociales que el propio Estado ha provocado, de manera directa o indirecta.

Quizás algún día se creen las condiciones para que todos estos emprendedores accedan a la economía formal, pero lo que el horizonte económico nos muestra bajo el dumping social creciente de China, es que en lo futuro se mantendrá. Es decir, con una política económica que busque el crecimiento económico y tenga visión nacionalista y popular, se podrá reducir, pero difícilmente podrá desaparecer la informalidad. Es mejor su reconocimiento en toda su significación social, económica y política y atarla a la marcha del desarrollo del país.

Nos encontramos que durante el sexenio que fenece, la economía apenas creció un 2.2 por ciento anualmente, frente al 7 por ciento prometido y más del 10 por ciento que nuestra población exige, que apenas creo 893 mil empleos formales, frente al mínimo de 8 millones que debió crear de acuerdo a sus promesas. Aunque en realidad nuestro pueblo exige al año un mínimo de un millón doscientos mil empleos.

Ante esta realidad urge que al ambulantaje se le reconozca como una actividad importante para nuestra economía, se le legalice en el marco de la Ley Federal del Trabajo, y a estos mexicanos se les entreguen los mínimos derechos que tiene como trabajadores, en beneficio de ellos y sus familias.

El derecho del trabajo no retrocede con esta inclusión sino se fortalece con estos millones de mexicanos, pero además cumple con su función humanista de dar protección a toda persona que viva de su trabajo.

Hay que enfatizar que la mayoría de las personas dedicadas a la informalidad son mujeres, por lo que la esencia de nuestra propuesta en esta iniciativa implicaría la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Al respecto no debemos de olvidar que más de la tercera parte de los hogares en nuestro país están encabezados por una mujer.

Por otra parte, si bien en el caso, no estaremos en presencia de una relación de trabajo subordinada, no hay patrón, es un autoempleo; pero indirectamente, bien analizado encontramos, por lo que llevamos dicho, que el Estado actúa como interlocutor de este tipo de relación jurídica y en la cual indudablemente tiene una responsabilidad objetiva; es trabajo y merece las garantías básicas. No es posible que hasta los patrones personas físicas puedan recibir los beneficios del seguro social y estos trabajadores queden como inexistentes.

En el marco de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, tendrán el derecho especial a no ser penalizados por el Estado por el desempeño de su sola actividad, a que se respete el lugar público en que realiza su trabajo, siempre y cuando se compruebe tener el permiso administrativo correspondiente expedido por la autoridad local, y observar la norma que implica este permiso, en cuanto a ubicación, giro, extensión y condiciones de seguridad e higiene de ser el caso.

Los trabajadores informales que observen la norma administrativa correspondiente que expida la autoridad local tendrán el derecho a reclamar el auxilio del Estado en caso de siniestro a fin de enfrentarlo adecuadamente para la preservación de su vida.

Para llevar a la práctica el precepto que se propone en el presente marco jurídico es indispensable la creación de un registro público nacional de los trabajadores informales, que dé transparencia y certeza a esta actividad. Este registro expediría credenciales gratuitas a los trabajadores informales para su acreditación ante las autoridades.

En las obligaciones especiales de los trabajadores informales, éstos deberán respetar los lugares que se hayan ordenado como libres de ambulantaje, mantener limpios sus lugares de trabajo, evitar actividades ilícitas y registrase ante el registro público antes aludido.

Con algunas modalidades se propone la incorporación de los trabajadores informales al IMSS; suprimiéndose del listado del artículo 13 de la Ley del Seguro Social a las y los trabajadores domésticos, ya que éstos son a plenitud trabajadores sujetos a una relación de trabajo subordinada, debiendo ser inscritos en el régimen obligatorio de este instituto.

Por otro lado no hay que olvidar que conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la personas que prestan sus servicios de manera independiente pueden abrir su cuenta individual para obtener una pensión al final de su vida laboral o por lo menos un ahorro al momento de dejar su vida laboral. De ahí que no se proponga ninguna reforma a esta ley.

Se propone la incorporación voluntaria de los trabajadores informales al Infonavit, mediante el pago de la aportación del 5 por ciento.

En materia de seguridad social estas reformas representan un paso importante para poner fin a la escasa cobertura de instituciones como el IMSS e Infonavit, permitiéndose no sólo extender sus beneficios a favor del pueblo trabajador como lo exige la justicia social, sino que serán pieza clave para poner fin al crónico desequilibrio financiero de éstas.

Con base en todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y la Ley del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se adiciona un capítulo XVIII al título Sexto de la Ley Federal del Trabajo relativo a los Trabajadores Informales, para quedar como sigue:

Título Sexto

Capítulo XVIII De las y los Trabajadores Informales

Artículo 353 V. Las disposiciones de este capítulo se aplican a las y los trabajadores que se dedican al comercio, prestación de servicios, o producción de mercancías de manera informal y sin subordinación a un patrón, siempre que sus percepciones diarias no rebasen los 25 salarios mínimos generales del Distrito Federal.

Artículo 353 W.Derechos especiales de las y los trabajadores informales:

I. A recibir de acuerdo a la normatividad local vigente de derechos y uso de áreas y vías públicas, los permisos correspondientes otorgados por las autoridades locales conforme a las leyes vigentes.

II. A no ser penalizados por el Estado por el sólo desempeño de su actividad, siempre y cuando cuenten con el permiso correspondiente otorgados por las autoridades locales conforme a las leyes vigentes.

III. A recibir los apoyos necesarios del gobierno federal para realizar su trabajo con seguridad, salubridad y dignidad.

IV. A que se impulsen programas federales para la tutela médica del trabajador y su familia, becas para los hijos, programas de pensiones y vivienda, capacitación en su trabajo, demás apoyos sociales para su bienestar y el de familia.

V. A que se le respete el lugar público en que realiza su trabajo, no entregándosele a otra persona con menos o sin ningún derecho, siempre y cuando cuenten con el permiso correspondiente otorgados por las autoridades locales conforme a las leyes vigentes.

VI. A recibir el auxilio del Estado en caso de siniestro a fin de protegerlo para la preservación de su vida y bienes.

VII. A que el Estado no le decomise su mercancía, si cuenta con el permiso administrativo correspondiente expedido por la autoridad local, y observa la norma que implica este permiso, en cuanto a ubicación, giro, extensión y condiciones de seguridad e higiene de ser el caso; si aún y con esta acreditación las autoridades proceden a un retiro o decomiso de mercancía arbitrario, el trabajador informal tendrá derecho a ser indemnizado por éste por el triple del valor de la mercancía.

VIII. A entrar en programas públicos de reubicación de la actividad informal en caso de que lo decida voluntariamente.

IX. A ser registrado en el Registro Nacional de los Trabajadores Informales y a recibir de éste credencial oficial que lo acredite como trabajador informal.

X. A tener derecho a la seguridad social en términos de la legislación aplicable.

Artículo 353 Y. Se crea un Registro Público Nacional de los Trabajadores Informales, como un organismo público descentralizado, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dé transparencia y certeza a esta actividad. El cual se encargará de:

I. Registrar a los trabajadores informales y expedirles gratuitamente credenciales para su acreditación ante las autoridades.

II. Registrar a las organizaciones de trabajadores informales, tal registro se acreditará con el sólo acuse de recibo de este registro.

III. Llevar todo tipo de estadísticas sobre el comercio informal.

IV. Proporcionar información a toda persona física o moral que lo solicite sobre este trabajo.

Su Junta de Gobierno estará presidida por el secretario del Trabajo, se integrará además con un representante de las secretarías de Economía y Desarrollo Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y representantes de las organizaciones más representativas de trabajadores informales.

Artículo 353 X. Obligaciones especiales de los trabajadores informales:

I. Respetar los lugares que se mantienen libres del trabajo informal.

II. Mantener limpios sus lugares de trabajo.

III. Evitar involucrarse en actividades ilícitas.

IV. Inscribirse ante el Registro Público Nacional de los Trabajadores Informales.

V. Guardar consideración y respeto a sus compañeros de trabajo y a los clientes.

Artículo Segundo. Se reforman la fracción II del artículo 13 y la II y III del artículo 227; se adiciona con un párrafo la fracción I también del artículo 227 , todos de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo 13.Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I. ...

II. Los trabajadores informales;

III a . ...

Respecto a la fracción II el instituto aceptará como cierta la palabra del trabajador informal; pudiendo hacer las inspecciones necesarias para verificar su calidad. Por tanto no se podrá exigir a estos trabajadores el registro fiscal u otros requisitos adicionales para su inscripción. Sin embargo, esto no los exenta de pagar impuestos y ser sujetos de fiscalización.

Artículo 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a los sujetos de este capítulo se cubrirán con base en:

I. Un salario mínimo del Distrito Federal vigente en el momento de la incorporación, o de la renovación anual, para los sujetos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 13 de esta ley.

Los sujetos de la fracción II podrán optar por pagar las cuotas obrero patronales sobre una base superior sin exceder los veinticinco salarios mínimos generales del Distrito Federal.

II. Conforme al salario real integrado de acuerdo al artículo 27 de este ordenamiento, para los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13 de esta ley.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 29 A a la Ley del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores, en los siguientes términos:

Artículo 29 A. Los trabajadores independientes, incluidos los informales, se podrán incorporar voluntariamente al instituto, debiendo cubrir las aportación del cinco por ciento establecida en esta ley. A consecuencia de lo cual serán titulares de los derechos previstos en ésta para los trabajadores sujetos a una relación de trabajo subordinada.

Respecto a la fracción II el instituto aceptará como cierta la palabra del trabajador informal; pudiendo hacer las inspecciones necesarias para verificar su calidad. Por tanto no se podrá exigir a estos trabajadores el registro fiscal u otros requisitos adicionales para su inscripción. Sin embargo, esto no los exenta de pagar impuestos y ser sujetos de fiscalización.

Las aportaciones se cubrirán sobre la base salarial prevista en el artículo 227 fracción I de la Ley del Seguro Social.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 y subsecuentes, se destinarán recursos suficientes para dar cumplimiento a los derechos especiales de los trabajadores informales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2006.--- Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado David Mendoza. Túrnese a la Comisión de Vivienda.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Muchas gracias, diputada Presidenta. Presentamos hoy una iniciativa de reforma de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, bajo el criterio que la propia ley vigente establece de coordinación y de gradualidad en el proceso de descentralización de la vida nacional.

Cabe destacar que la facultad de establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de bosques, que se establece a favor de las autoridades del país en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, ha estado presente desde 1986, pero tiene claros y marcados antecedentes en las profundas reflexiones políticas y sociales de Molina Enríquez.

Desde su nacimiento, nuestro artículo 27 constitucional tuvo entonces una acertada orientación hacia la preservación del medio ambiente, orientación que en atención al texto del artículo 73, fracción XXIX, inciso g), se empalma hoy por hoy con la necesidad de descentralizar la vida del país.

Se trata, compañeras y compañeros diputados, de algo más que de una mera disputa por el ejercicio de los recursos públicos entre los tres órdenes de gobierno, que pudiera asumirse como natural en un momento en que la transición democrática está sujeta a enormes presiones y en que la fragilidad de las instituciones podría generar mayores tensiones y hasta rupturas entre los órdenes de gobierno.

Por el contrario, nuestra propuesta pretende al mismo tiempo fortalecer la rectoría del Estado nacional en temas cruciales, como el desarrollo forestal que hoy tocamos; garantizar el orden interno de los estados y fortalecer su capacidad de respuesta, al tiempo que se alienta el potencial de los municipios a partir del ejercicio pleno del principio de la libertad que la Constitución les otorga.

De tal modo, la iniciativa que hoy se presenta, de reformas de la Ley General de Desarrollo Forestal, propone dar nuevos pasos en la descentralización. Nuestro país, se ha dicho reiteradamente, es rico en recursos forestales. En efecto, contamos con 141.7 millones de hectáreas forestales... 141.7 millones de hectáreas, de las cuales el 72.1 por ciento son forestales, corresponden a bosques y selvas.

Somos, entre 10 países, el noveno en hectáreas de bosques per cápita, con 7.9 hectáreas por persona, ligeramente arriba del 6.6, que es el promedio nacional.

El gobierno federal ha incrementado sustantivamente la inversión, al pasar de 254 millones en el año 2001 a 2 mil 376 millones en el año 2006 destinados a la Comisión Nacional Forestal. Y eso ha permitido avances que tenemos que reconocer. Si bien las plantaciones de árboles se redujeron de 297 a 149 millones del 2000 al 2006, el número de superficie creció, al pasar de 243 mil 591 a 290 mil y de acuerdo con el informe del gobierno federal, el logro más importante en la materia tiene que ver con que la tasa de deforestación pasó de 401 mil hectáreas durante la década de los noventa a 314 mil hectáreas en el periodo 2000-2004.

Sin embargo, cabe también mencionar que la producción forestal maderable ha disminuido de 9 mil 430 miles de metros cúbicos en 2000 a 7 mil 143 en 2006, en tanto que el consumo ha aumentado de 16 mil 200 a 29 mil 950.

Hay entonces, compañeras y compañeros diputados, un déficit en la balanza comercial, que crece día tras día y que constituye también un obstáculo por vencer. Podríamos mencionar otros indicadores que están en la iniciativa definitiva que estoy presentando.

En todo caso, son muchos los retos que tenemos que enfrentar: la insuficiencia de recursos, el crecimiento de la población, el ordenamiento urbano e industrial, la expansión de la superficie agrícola y ganadera, la falta de ingreso y empleo en las comunidades, y las dificultades para lograr una coordinación eficaz y oportuna entre los tres órdenes de gobierno.

Por esa razón, la iniciativa que hoy presentamos busca contribuir, insisto, en los términos de la Ley Forestal vigente, que fija criterios de gradualidad, que fija algunas condiciones de carácter presupuestal, para que esa coordinación de los tres órdenes de gobierno pueda ser armónica, pueda ser eficaz y pueda constituir un factor determinante de descentralización y de fortaleza de los estados y de los municipios en esta actividad de cuidado de los bosques, que estimamos de la mayor trascendencia.

La propuesta, compañeras y compañeros diputados, consiste en modificar el artículo 20 de la ley para que los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno del Distrito Federal se incorporen en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal. Actualmente sólo las dependencias federales y la Comisión Nacional del Agua están representadas en este órgano, que es de la mayor trascendencia para la ejecución de acciones eficaces y oportunas que nos permitan preservar nuestros bosques.

La incorporación de los titulares de los gobiernos de las entidades federativas permitiría además la complementación de recursos que la propia ley vigente propone para el financiamiento de los programas forestales que, como ya vimos, es cierto, han crecido, pero no significan ni 0.2 por ciento de la recaudación federal participable.

La segunda reforma consiste en modificar el artículo 24, que deja actualmente a discreción de la Semarnat y de los propios estados la transferencia de recursos y de facultades en la materia. Se propone entonces que este artículo sea más determinante, más definitivo, más indicativo, de modo que este proceso se acelere y que los estados y, en su caso, los municipios asuman este tipo de funciones, básicamente operativas, en materia de dictámenes, de usos y aprovechamientos en materia de control y de vigilancia.

Y, finalmente, proponemos modificaciones del artículo 25 para que establezca un procedimiento presupuestario que deberá considerarse en la presentación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en cada uno de los ejercicios fiscales.

Compañeras, compañeros diputados: insisto en que tenemos que ver el proceso de descentralización de la vida nacional, en efecto, con una visión de Estado. Si no lo asumimos así y lo vemos como una disputa en la competencia por los recursos, como reflejo de la competencia del poder, no avanzará este país en cuestiones vitales como el cuidado de los bosques.

Les pido que lean, que analicen esta iniciativa y que busquemos un acuerdo razonable que nos permita fortalecer la república, garantizar el orden interno de los estados y alentar la libertad de los municipios en este rubro, trascendental para la vida nacional. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Exposición de Motivos I. Antecedentes

En el clásico de 1909 ``Los grandes problemas nacionales'', don Andrés Molina Enríquez destacó la importancia de los recursos forestales para nuestro país, región del globo con escasez endémica de recursos hidrológicos, sólo la forestación y la construcción de presas podrían revertir la condicionante que la naturaleza nos habría impuesto.

Molina Enríquez quién había abrevado en un profundo conocimiento de la legislación de indias de la época virreynal, fue a su vez estudioso del biólogo y sociólogo alemán, Ernst Henkel, padre del estudio de los ecosistemas.

Señala por su parte Pastor Rouaix, la decidida participación como abogado consultor en el Congreso Constituyente de don Andrés Molina Enríquez, y su colaboración en la redacción del dictamen de la Comisión Especial encargada de formular el texto del artículo 27 Constitucional, Comisión que presidía el General Francisco J. Múgica.

La facultad de establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de bosques, que se establece a favor de las autoridades del país en el párrafo tercero del artículo 27, se introdujo a la Constitución en el año de 1986, pero tiene claros y marcados antecedentes en las profundas reflexiones políticas de Molina Enríquez; desde su nacimiento, nuestro artículo 27 constitucional tuvo una acertada orientación hacia la preservación del medio ambiente, orientación que en atención al texto del artículo 73 fracción XXIX inciso G), se empalma, hoy por hoy, con la necesidad de descentralizar la vida del país.

El federalismo clásico plasmado en la Constitución de Filadelfia, hizo una división drástica y tajante entre las atribuciones concernientes al ámbito federal del local. Por su parte nuestro artículo 124 constitucional, tomado del artículo 117 de la Constitución de 1857, se inspira menos en la décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que en los artículos de Confederación y Unión Perpetúa de las colonias angloamericanas. Lo anterior hace que, al menos teóricamente, el gobierno federal mexicano se encuentre muchos más restringido en sus atribuciones que el de los Estados Unidos, pese a la anterior consideración de índole constitucional, lo cierto, es que el poder federal entre nosotros, consustancial a un régimen presidencial puro, resulta desbordante, aún en las actuales condiciones de pluralismo y alternancia.

Tratándose de la materia concerniente al `` Desarrollo Urbano'', por reforma constitucional de fecha 6 de febrero de 1976, nuestra Carta Magna adoptó el régimen de atribuciones marco, el cual no proviene del constitucionalismo norteamericano, sino del federalismo austriaco consignado en la Constitución de 1920 redactada de puño y letra por Hans Kelsen.

Kelsen previó un tipo de atribución que correspondiendo su regulación al parlamento federal, la ley federal fuese a su vez materia de reglamentación por las legislaturas locales, por mandato expreso de la propia Constitución.

Bajo este marco conceptual y con el propósito de impulsar una nueva etapa en la descentralización en la vida nacional existe el imperativo de revisar cada uno de los rubros de las políticas públicas que es pertinente y necesario transferir con mayor determinación y prontitud a las entidades federativas, y a través de ellas, a los municipios.

No se trata de una mera disputa por el ejercicio de los recursos públicos entre los tres órdenes de Gobierno, que pudiera asumirse como natural en un momento en que la transición democrática está sujeta a enormes presiones y en el que la fragilidad de las instituciones podría generar mayores tensiones y hasta rupturas entre los órdenes de Gobierno. Por el contrario nuestra propuesta pretende, al mismo tiempo fortalecer la rectoría del Estado Nacional en temas cruciales, como el Desarrollo Forestal que hoy tocamos; garantizar el orden interno de los Estados y fortalecer su capacidad de respuesta; y alentar el potencial de los municipios, a partir del ejercicio pleno del principio de libertad que la Constitución le otorga.

De modo que, la iniciativa que hoy se presenta de reformas y adiciones a la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, bajo la tónica de gradualidad que la propia Ley vigente establece; propone dar nuevos pasos en la descentralización de esta materia, amparados en el principio de que la Federación representa, finalmente, la suma de las partes que la componen, a partir de su propia decisión Federalista y Republicana.

II. Construcción de Instituciones para el Desarrollo Forestal

En el caso mexicano, el tratamiento constitucional y legal, a los temas de medio ambiente y conservación de recursos naturales, y dentro de ellos los bosques y selvas, estuvo presente a lo largo del siglo XX, si bien cobró relevancia en el último cuarto de ese siglo. La primera Ley Forestal se expidió en 1926. En el periodo de Gobierno del General Lázaro Cárdenas se desplegó una importante actividad para declarar zonas protegidas a diversas regiones. En 1942 se publica la segunda Ley, y se promulga la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Así, de manera consecutiva, se fortalecen las funciones normativas y de fomento en materia forestal desde el ámbito de la Secretaría de Agricultura en la Ley expedida en 1960. A principios de los 70's y derivado de los problemas de contaminación del aire en la zona metropolitana, se crea en el ámbito de la SSA una Subsecretaría de medio ambiente

A partir de 1976, como ya dijimos, se han establecido en nuestra Constitución diversas materias como competencia marco de los diferentes órdenes de gobierno, siendo de destacarse la concerniente a la protección al ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, prevista en el Artículo 73 fracción XXIX inciso g) de la Constitución, la cual es fundamento Constitucional de la materia que nos ocupa. Tales facultades fueron ampliadas en la reforma de 1982 que da lugar a la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la vez que se expide la Ley Federal de Protección al Ambiente. En 1986 se publica una nueva reforma a la Ley Forestal y 1988 se publica la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se auspicia, en 1989, el surgimiento de la Comisión Nacional del Agua. En 1992 se expide la Ley Forestal, que antecede a la actual, y se crea el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; ambas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol).

En el Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, las funciones de medio ambiente se desagregan de la Sedesol y se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, (Semarnap). En similares circunstancias, a propósito del inicio de la actual administración, se crea la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Semarnap se convierte en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejando el subsector de pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Finalmente, a iniciativa de un grupo de distinguidos Senadores, entre los que destacó el Poblano Germán Sierra Sánchez, después de una amplia consulta y de un intenso proceso integrador de las tentativas múltiples en materia de Derecho Forestal, el 25 de febrero del 2003 se expide la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable misma que abrogo la Ley Forestal de diciembre del 2002.

III. Avances y retos para el desarrollo forestal sustentable.

Con base en las experiencias acumuladas, la actual administración ha logrado, entonces, consolidar un marco institucional integrado por: una Secretaría de Estado, (Semarnap), una estrategia de planeación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y cinco instituciones especializadas: la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, (Conafor), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa).

Es de mencionarse que, al impulso de las disposiciones de la Ley Forestal vigente, se ha avanzado en la promulgación de leyes similares en la mayoría de los estados así como de la creación de dependencias estatales especializadas en el tema.

El país cuenta con 141.7 millones de hectáreas forestales, el 72.1 por ciento, de las cuales 56.8 millones de hectáreas; corresponden a bosques y selvas, 58.4 a vegetación de zonas áridas, y 4.1 millones a otro tipo de vegetación. Cabe destacar que en las regiones propiamente boscosas habitan 12 millones de personas.

¿Somos un país rico en recursos forestales? A este respecto conviene destacar que México se ubica en el noveno lugar entre los diez Países del mundo con mayores recursos forestales per cápita, sin considerar la calidad de los bosques:

Como puede observarse, el Presupuesto de la Conafor, que se creó en el 2001, pasó de 254.8 millones en ese año a 2,376.7 millones en el 2006, o sea un incremento de 897.55 por ciento.

Tomando como referencia el 2006, el Presupuesto se distribuyó entre los principales programas de la siguiente forma:

a) Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) que otorga apoyos económicos a los silvicultores para desarrollo de proyectos productivos e incorporación de tecnología; 14.35 por ciento, beneficiando a 2,800 productores con 1.3 millones de hectáreas.

b) Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan) que tuvo un decremento significativo, en el 2006, y al cual se le asignó el 5.49 por ciento.

c) Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales; denominado Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, con el 13.35 por ciento; para apoyar la incorporación del manejo técnico y el ordenamiento territorial de 400 mil hectáreas en 400 ejidos.

d) Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos y por Captura de Carbono, que retribuye con un apoyo económico a los propietarios o poseedores de bosques, selvas y otros tipos de vegetación; 10.31 por ciento, para apoyar la producción en 125,268 hectáreas.

e) Programa contra Incendios, el 22.33 por ciento; y

f) Programa Nacional de Reforestación 14.05 por ciento.

Los avances en materia forestal se sintetizan en lo siguiente:

La plantación de árboles se redujo de 297 a 149 millones, del 2000 al 2006; sin embargo la superficie creció de 243,591 hectáreas, a 290,000, en el mismo periodo.

De acuerdo al informe del gobierno federal, el logro más importante, en materia forestal, ha sido la reducción de la tasa de deforestación nacional, que pasó de un promedio anual de 401 mil hectáreas, durante la década de los 90's, a 314 mil hectáreas en el periodo 2000-2004, o sea un 21.7 por ciento menos, lo que mereció el reconocimiento al Gobierno Mexicano, a propósito del Foro de Naciones Unidas sobre los bosques; realizado en mayo de 2005 en la ciudad de Nueva York, a convocatoria de la FAO.

Conviene también tomar en cuenta que la producción forestal maderable disminuyó de 9,430 miles de metro cúbicos rollo en el año 2000, a 7,143 en el año que se estima para el 2006. En tanto que, en ese mismo periodo el consumo pasó de 16,297 miles de metros cúbicos rollo a 29,950 en el 2006, con lo cual se ha acrecentado el déficit en la balanza comercial.

En el siguiente cuadro se muestra el compartimiento del PIB forestal la estructura del mismo y la producción y consumo de madera por persona.

Las tendencias indican un estancamiento en el valor de la producción; un decremento del PIB del Sector Silvícola al pasar del 38.3 al 35% del PIB total forestal del 2000 al 2006 y consecuentemente un aumento del PIB de la Industria de la Celulosa y el Papel.

Por otro lado la producción per cápita (metros cúbicos rollo por 1,000 habitantes), Baja drásticamente del 95.8 al 68.1. En tanto que el consumo per cápita crece del 165.6 a 285.6.

Otro rubro importante se refiere al combate a los incendios:

Cabe destacar que, no obstante el esfuerzo realizado, la superficie afectada por incendios (234,744.9 hectáreas) se mantiene en una dimensión equivalente a la superficie reforestada 290,000 hectáreas, lo que significa que la pérdida de recursos forestales por este sector se ha mantenido y la tasa neta de recuperación siguen siendo insuficiente.

Son varios los retos que hay que enfrentar: la insuficiencia de recursos, el crecimiento de la población, el ordenamiento urbano e industrial, la expansión de la superficie agrícola y ganadera, la falta de ingreso y empleo en las comunidades y las dificultades para lograr una coordinación eficaz y oportuna entre los tres ordenes de gobierno.

Sobre este último aspecto, uno de los factores tiene que ver con un entramado institucional que sobrepone funciones y que desde la propia Ley ha impuesto un esquema, en cierta forma, ambiguo de descentralización. Hay que recordar que en los primeros tres años de la administración se dieron fuertes tensiones al interior del sector, entre el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Director de la Comisión Forestal, quién finalmente fue designado como sustituto. Cabe mencionar, también, que dichas tensiones se dieron a lo largo de la geografía nacional entre los delegados de las dependencias federales y los responsables de las políticas forestales o ambientales en las entidades federativas, generando incertidumbre ó situaciones de conflicto.

Los legisladores que promovieron la actual Ley no desdeñaron este tipo de escenarios al establecer en los Artículos 24, 25 y 26 y en el Tercero Transitorio los criterios para la descentralización, aún bajo un concepto de aplicación gradual y acotada; que hoy debe ser modificado atendiendo a la realidad de los hechos y a las propias previsiones de la ley.

IV. Propuesta

Esta iniciativa propone, justamente, reformar y adicionar los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con el propósito de iniciar un proceso ordenado, gradual y riguroso de descentralización de facultades y recursos a las entidades federativas y a los municipios en materia forestal, de conformidad con lo siguiente:

1.Incorporación de los Gobernadores a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal. El Artículo 20 de la Ley vigente establece que: la Comisión Nacional Forestal tendrá como órgano de Gobierno a una Junta de Gobierno, que estará integrada por los titulares de las Secretarias de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Reforma Agraria y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua. A este respecto se propone la integración a esta Junta de los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tal incorporación constituiría un factor de fortaleza federalista y crearía condiciones para una coordinación franca, respetuosa entre los ordenes de gobierno y eficaz en la toma de decisiones; tal y como ya sucede por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa preserva la disposición de que la Junta será presidida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y asimismo propone que los suplentes de los Gobernadores y del Jefe de Gobierno del DF sean los titulares de las Secretarías del ramo de los gobiernos locales.

2. Transferir facultades a Estados y Municipios.Se propone establecer, de manera más definitiva, la transferencia de funciones a las entidades federativas de atribuciones que hoy por hoy, conforme al texto en vigor del Artículo 24 quedan a la discreción de la (SEMARNAT), al establecer que: ``La Federación a través de la Secretaría y de la Comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de municipios en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones: ``La propuesta consiste en modificar el texto actual para que el Artículo 24 establezca, de manera categórica, que: ``La Federación transferirá facultades y recursos a través de convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados.............

Congruente con lo anterior, se propone modificar el último párrafo del Artículo 26 que establece que la Secretaría y la Comisión darán seguimiento y evaluarán el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios entre Federación y Estados; de modo que sea la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal la responsable de la evaluación de las acciones y resultados involucrados en dichos instrumentos. De esta forma los titulares de los gobiernos locales, que serían los responsables de la operación de los programas y del ejercicio de las facultades aludidas, formarán parte del proceso de evaluación, que hoy está reservado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal.

En el mismo sentido, se establece en el Artículo primero Transitorio un periodo de seis meses para definir el proceso de descentralización y de fusión de las delegaciones federales con las dependencias locales.

3. Asignación de recursos a Estados y Municipios.El Artículo 25 establece que: ``En la Celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se tomará en consideración que los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que soliciten asumir.

Es decir, condiciona la transferencia y facultades a que los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, cuenten con los medios necesarios; de modo que al no darse simultáneamente la transferencia de recursos implícitamente se imposibilita la transferencia de facultades, dada la estrechez presupuestal que priva en los gobiernos locales.

La escasez de recursos técnicos, materiales o financieros que se esgrime como ratio legis de la disposición vigente (Artículo 25), es susceptible de modificarse mediante la propuesta de asignación presupuestaria a favor de las entidades federativas y municipios. Asignación que permitiría a éstas, hacer frente a problemas que surgen en las comunidades y en los municipios y que están mucho más cercanas a ellas. Por ende, tienen más posibilidad de atender, de manera integral, los problemas, incluyendo los de connotación política que sean correlativos. Por lo demás, el hecho de que una ley federal asigne atribuciones a las autoridades locales, siendo susceptibles las legislaturas locales de reglamentar las referidas atribuciones federales, constituye entre nosotros una práctica perfectamente aceptable desde 1976 como hemos referido ya con anterioridad.

Por ello se propone modificar el Artículo 25 estipulando que: ``En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará cada año la asignación de recursos suficientes para que los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que se contemplan en el artículo anterior.''

En complemento a lo anterior, se propone en el Artículo Segundo Transitorio el origen de los recursos involucrados en esta modificación.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de ésta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 20.-La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Reforma Agraria y Turismo;los Gobiernos de los Estados y del DF,así como de la Comisión Nacional del Agua. La Junta será presidida por el titular de la Secretaría.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante de este órgano colegiado deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario y de Secretario del Ramo; en el caso de los representantes de las Entidades Federativas;en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de Subdirector General.

Artículo 24.-La Federación, a través de la Secretaría y de la Comisión transferirá facultades y recursos a través de convenios y o acuerdos de coordinación, para que los gobiernos del Distrito Federal y de los Estados, con la participación, en su caso, de los municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones:

I.Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Servicio Nacional Forestal y de los sistemas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los usuarios del sector;

II.Programar y operar las tareas de prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de control de plagas y enfermedades;

III.Inspección y vigilancia forestales;

IV.Imponer medidas de seguridad y las sanciones a las infracciones que se cometan en materia forestal;

V.Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales;

VI.Otorgar los permisos y avisos para el combate y control de plagas y enfermedades;

VII.Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales maderables, no maderables, de forestación, y los de plantaciones forestales comerciales;

VIII.Autorizar el cambio de uso del suelo de los terrenos de uso forestal;

IX.Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables y de plantaciones forestales comerciales;

X.Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, así como evaluar y asistir a los servicios técnico forestales, o

XI.Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades forestales a que se refiere el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Artículo 25.-En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se determinará cada año, la asignación de recursos pertinentes a efecto de que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en su caso,cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que se establecen en el artículo anterior.

Artículo 26.-...

...

...

La Junta de Gobierno de la Comisióndará seguimiento y evaluará el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los instrumentos a que se refiere este capítulo.

Transitorios

Primero.-La Secretaría y la Comisión realizaran, en un periodo no mayor de 6 meses, un programa de fusión de sus Delegaciones con las Secretarías correspondientes de los Estados y del DF, de modo que los efectos presupuéstales se consideren en la Iniciativa con Proyecto de Decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio del 2008.

Segundo.-Los recursos que involucra la transferencia de facultades, motivo de esta iniciativa, se integraran con el presupuesto destinado por la Secretaría y la Comisión al desarrollo de las mismas y con partidas provenientes de la Hacienda Pública Federal, que determine la Cámara de Diputados.

Tercero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de La Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 de noviembre de 2006.--- Diputad Alberto Amador Leal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado Alberto Amador. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la tribuna la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Mónica Arriola:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. La grave situación de inseguridad que azota nuestro país y, sobre todo, los pobres resultados en la lucha contra la delincuencia hacen urgente una revisión integral de cómo estamos enfrentando el problema.

Y me refiero a una revisión de fondo, a un enfoque humanista que ponga al individuo en el centro de nuestros esfuerzos. No se trata de descuidar las modificaciones de todos los procedimientos de procuración e impartición de justicia que hoy no funcionan, pero debemos hacerlo poniendo énfasis precisamente en esa palabra: justicia. Para ello, centremos nuestra atención ahí, adonde hemos menos volteado, en las personas.

No basta castigar el delito: nuestro reto como sociedad es generar oportunidades y, para ello, ciudadanos libres, capaces de integrarse a la comunidad y de abrirse paso de forma productiva con los instrumentos y hábitos para crecer en lo individual y generar valor para la comunidad.

Como hemos olvidado al hombre, hemos descuidado las etapas de nuestro sistema de justicia que salvan al hombre en lugar de condenarlo; me refiero a la prevención del delito y a la readaptación social. Seamos una sociedad con menos delincuentes, no con más cárceles; por supuesto que hay que enfrentar y castigar a la delincuencia, pero debemos sobre todo dedicar recursos y energía para que nuestros ciudadanos no se conviertan en delincuentes o bien que los que delincan puedan rectificar el rumbo.

Por eso es nuestra propuesta para una readaptación social de verdad, que haga de la pena en prisión no sólo un castigo sino una oportunidad para que el interno se inserte en la legalidad. La reinserción no se garantizará nunca con el simple cumplimiento de la sentencia sino cuando los internos adquieran conductas y herramientas que les permitan ganarse la vida dignamente y respetando la ley.

La reinserción de los presos es también una segunda oportunidad para toda nuestra sociedad, que muchas veces por no abrir oportunidades ni saber encauzar a los ciudadanos, es en parte culpable de la propia delincuencia que la azota.

Finalmente, la reinserción social es un eficaz instrumento --actualmente no utilizado-- para combatir, para bien de todos, el crimen. Toda vez que en nuestro país es alto el porcentaje de quienes pisan una cárcel y vuelven a cometer algún delito cuando salen de ella, debemos actuar ya frente a uno de los retos sociales más significativos en el proyecto humanista de México.

Por eso es pertinente mencionar que nuestra Constitución, en el artículo 18, establece que la readaptación social de los reos se hará sobre la base del trabajo, la capacitación para él mismo y la educación. Y aunque el trabajo y la educación han sido ejes históricos del desarrollo nacional, son elementos ausentes en las cárceles de nuestro país donde, en consecuencia, la reinserción social está sólo en el papel.

Nuestras cárceles son en realidad academias del crimen, donde muchos reos se conectan con redes criminales y aprenden a delinquir, en lugar de que se les enseñe a valerse por sí mismos de forma honesta. Raramente los prisioneros reciben educación o tienen oportunidad de trabajar mientras se encuentran en prisión.

Por el bien de todos, la readaptación social del preso debe ser una realidad. La educación, las actividades laborales y la capacitación para el trabajo deben ser obligatorias en nuestras cárceles. La reforma que se propone parte de que el trabajo, en contraposición con la ociosidad, genera autoestima, sentido de vida y la oportunidad de aprender oficios, por lo que debe ser obligatorio, sea en ejecución de sentencia o --incluso-- en prisión preventiva.

Para todos los internos que se encuentren en las distintas cárceles del país, federales o estatales, recordemos que actualmente existen más de 80 mil detenidos en prisión preventiva, lo cual representa casi 43 por ciento de la población total del sistema penitenciario.

La educación, por su lado, es un eje rector del desarrollo de los seres humanos y de las naciones. En ese sentido y retomando la garantía establecida en el artículo 3o. de nuestra Constitución, que a la letra dice: ``La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia'', vemos en la educación un instrumento para la readaptación social que hoy no hemos sido capaces de conseguir.

La propuesta de reforma que sometemos a su consideración asume que el proceso educativo es obligación compartida entre las autoridades y el preso porque, en primera instancia, corresponde al Estado, de manera precisa, proporcionar el acceso al conocimiento por medio de la educación. En segunda, habrá que asegurar que el procesado o penado, atienda la instrucción académica de acuerdo con sus posibilidades y necesidades, con la finalidad de que se supere armónicamente y eleve su nivel cultural y de entendimiento, y con ello tenga mayores elementos de readaptación.

No se omite mencionar que en la actualidad el trabajo que realizan algunos presidiarios en los Ceresos es sólo a iniciativa propia, de carácter voluntario. Hagamos que la enorme inversión del Estado en la manutención de los presos sea productiva, confiriendo mediante la educación y la práctica de oficios mayor productividad para quienes algún día se enfrentarán de nuevo a su libertad.

Lo anterior generaría además una terapia ocupacional para el reo que podría contribuir a alejarlo de posibles inclinaciones a la delincuencia. Para que se alcance el objetivo buscado con la readaptación, resulta indispensable que el régimen carcelario adopte procedimientos que se sustenten en el respeto de los derechos humanos de los reclusos.

Así, la modificación del artículo constitucional en comento está relacionada con la prisión preventiva y con el cumplimiento de las sentencias, y ello debe darse en un marco de absoluto respeto de los derechos humanos.

El penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un juez o tribunal no debe ser un castigo sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad y no sólo no vuelva a causar daño sino que, además, haga el bien y sea productivo. Hagamos de este principio una realidad.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, que quedaría como sigue: ``Los gobiernos de la federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación; como medios para la readaptación social, serán obligatorios para los individuos que se encuentren en prisión''. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Les agradezco su atención. Por favor, pido que se inserte en la Gaceta Parlamentaria. Y le agradezco.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del PNA

Mónica Arriola Gordillo, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La pena ha sido el medio por el cual las comunidades humanas han reaccionado respecto a quienes atentan contra la subsistencia del grupo, sus valores sociales, religiosos y morales. A esos valores se les ha inscrito en el sistema jurídico penal para una protección especial mediante la aplicación de una pena para aquellos casos de desobediencia o violación a la norma jurídica.

El Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en 1955, celebrado en la ciudad de Ginebra, estableció las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, reglas que fueron adoptadas en nuestro país cuando en 1971 fue aprobada la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Dichas reglas son modelo de los sistemas penitenciarios de gran parte de los países del mundo, y son consideradas el estatuto universal del preso común.

En el apartado que regula el sistema penitenciario de nuestra Carta Política, se reunieron principios tales como el de legalidad, individualización de tratamiento del delito, presunción de inocencia, etcétera, con lo cual se estructuró un sistema penitenciario de carácter progresivo fundado en el estudio de la personalidad; asimismo se incorporó un régimen de beneficios y sustitutivos de la pena como la condena condicional, la libertad preparatoria, la preliberación, la remisión parcial de la pena y el tratamiento en semilibertad entre otros.

Es pertinente mencionar que nuestra constitución, en su artículo 18, establece que la readaptación social de los reos será sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

En 1965 se registró la primera reforma al artículo mencionado vigente desde 1917, para consignar que el propósito del sistema penitenciario mexicano es la readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Además estableció que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, y en cuanto a los menores infractores, dispuso el establecimiento de instituciones especiales.

También señaló que los reos sentenciados por delitos del orden común podrán extinguir su condena en establecimientos federales, mediante convenios de carácter general celebrados entre las autoridades de los dos órdenes de gobierno.

Sin embargo, las condiciones en materia de delincuencia que presenta México hacen necesario y urgente revisar los procedimientos y formas de operar de manera conjunta los sistemas de prevención, procuración e impartición de justicia y de readaptación social. Se debe reconocer que este último es la etapa final de la ejecución de la pena, un momento fundamental para que todo el camino que ya se recorrió se vea culminado en un trabajo serio y de calidad, que conceda congruencia a los esfuerzos gubernamentales, con el fin de reinsertar al interno en la sociedad como persona libre.

La readaptación social del preso debe ser una realidad y no quedar únicamente en el discurso, por eso se justifica plenamente la reforma que se propone, en virtud de que el trabajo, en contraposición con la ociosidad, debe ser obligatorio, sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, para todos los internos que se encuentran en las distintas cárceles del país, federales o estatales.

En el mismo orden de ideas, la educación es un eje rector del desarrollo de los seres humanos, los pueblos y las naciones. En ese sentido y retomando la garantía establecida en el artículo tercero de nuestra Carta Política, que a la letra dice: ``la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia''.

Como se desprende del precitado artículo, la educación primaria y secundaria serán obligatorias, por tanto, es responsabilidad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, cumplir con ese mandato constitucional, por lo que en los centros de readaptación social no debe ser la excepción; sin embargo, en esta propuesta de reforma esa obligación es compartida entre las autoridades y el preso, porque en primera instancia corresponde al Estado de manera obligatoria proporcionar el acceso al conocimiento por medio de la educación y, en segunda, constreñir al procesado o al penado a recibir la instrucción académica, con la finalidad de que se supere armónicamente y eleve su nivel cultural, y con ello readaptarlo socialmente.

Los incentivos son la parte sustancial para que una persona logre su progreso; la educación es, en la especie, sólo uno de ellos. La gente preparada y capacitada tiene mejores horizontes, mira las cosas con otro perfil, al Estado le es más costosa la manutención de los reos, por tanto, si los internos trabajan y estudian, durante el tiempo que estén privados de su libertad, se harían personas productivas y el sustento de los presos disminuiría.

No se omite mencionar que en la actualidad el trabajo que realizan algunos presidiarios en los centros de readaptación social es de carácter voluntario, por lo que la mayoría de ellos no realizan actividades productivas, por tanto, su vida en prisión transcurre con los cotos de poder que le imprimen a los demás, mediante la intimidación o extorsión que le aplican a sus compañeros reclusos y a sus familiares; con las cuotas de dinero que se les obliga reportar, so pena de ser torturados o afectados en su integridad física.

Pero mediante el trabajo y la capacitación para el mismo, obliga a recibir una terapia ocupacional, que en mucho coadyuvaría a su readaptación social y, por tanto, a su reinserción social.

De la redacción del párrafo tercero del artículo 5o. constitucional se desprende que el trabajo que se impone será como pena, es decir, como la sanción que el Estado aplica a la persona por su conducta delictiva; sin embargo, y atento a lo que establece el numeral 18 del mismo ordenamiento, que a la letra dice: ``Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados''. Por prisión preventiva se entiende aquella que se decreta para los presos que están sujetos a proceso penal, es decir que no han recibido sentencia por parte del juzgador. De aquí surge otra justificación para la reforma que se propone con la presente iniciativa, en el sentido de que el trabajo en prisión sea obligatorio para la persona privada de su libertad, entre tanto se desahoga el proceso; así como en el tiempo que cumpla su condena. Esto es así en virtud de que en la realidad los procesos penales de manera regular pueden prorrogarse mas allá de un año, es decir pueden durar dos o más años.

Por eso, la obligación al trabajo que se plantea para los reclusos, será independiente de lo que resuelva el juez en su sentencia, la condición es que al sujeto se le procese por un delito grave así sancionado por la ley, en términos del artículo 20 de la Norma Suprema, se le imponga la obligación de trabajar como medio para demostrar que esta suficientemente preparado para convivir en sociedad y sea una persona de bien.

Lo anterior generaría ventajas efectivas como las siguientes: el reo tendría una terapia ocupacional que lo alejaría de su inclinación a delinquir; recibiría la instrucción académica para que cuando recobre su libertad se vuelva un hombre de bien y tenga un modo honesto de vida.

Para que se alcance el objetivo buscado con la readaptación social, resulta indispensable que el régimen carcelario adopte procedimientos que se sustenten en el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Algunos de esos principios, están íntimamente vinculados a esos derechos y se encuentran previstos, de forma directa o indirecta, en los tratados internacionales, en la Constitución federal y en las leyes secundarias, y deben ser aplicados en el encierro; ellos son el principio de la seguridad jurídica, de la proporcionalidad, de la no trascendencia de la pena, de la dignidad humana, el de legalidad, de la presunción de inocencia y el derecho de la defensa. Todo en un sistema jurídico garantista como el nuestro.

Es así que la modificación al artículo constitucional en comento está relacionada con la prisión preventiva y con el cumplimento de las sentencias; ello debe darse en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos.Lo anterior significa que es indispensable establecer como obligatorias, para todos los internos, las actividades laborales, educativas, de capacitación para el trabajo, e incluso, aquellas médico-toxicológicas que en su caso pudiera necesitar el individuo, como auxilio a su condición humana.

Se debe reconocer que la educación y la capacitación para el trabajo en los centros penitenciarios constituyen un medio fundamental que favorece la readaptación y la reinserción social del delincuente, esto constituirá uno de los avances sociales más significativos en el proyecto humanista de México.

El marco legal vigente lleva a un uso excesivo de la prisión preventiva --un problema que se ha visto agravado a medida se ha ampliado el catálogo de delitos considerados ``graves''--. El número de prisioneros mexicanos que no han sido condenados por los delitos que se les imputan se ha duplicado en la última década.1 Actualmente existen más de ochenta mil detenidos en prisión preventiva, lo cual representa casi el 43 por ciento de la población total del sistema penitenciario.2

El alto número de sospechosos que se encuentran en prisión preventiva es uno de los principales factores que contribuye a la sobrepoblación de las prisiones mexicanas. El hecho que México no separe a los prisioneros condenados de quienes aguardan su sentencia sólo agrava el problema.3 La tasa promedio de ocupación de las prisiones mexicanas actualmente asciende al 135 por ciento de su capacidad real.4

La provisión de servicios básicos dentro de las prisiones, el mantenimiento de la higiene y la seguridad, así como los programas de rehabilitación se encuentran en un estado de profundo deterioro. Los internos dependen de sus familias para servicios básicos, la corrupción es latente, y la arbitrariedad y abusos son la práctica de cada día dentro de las cárceles.

La sobrepoblación lleva a condiciones cada vez peores para las personas que se encuentran detenidas en las prisiones mexicanas. Un 53 por ciento de los prisioneros de tres jurisdicciones locales (Distrito Federal, estado de México y Morelos) denuncia que no recibe suficiente comida y un 29 por ciento señala que no tiene suficiente agua para beber.

La mayoría de los prisioneros dependen de sus familias para acceder a medicamentos, vestimenta, calzado y los recursos básicos necesarios para su higiene (por ejemplo, jabón, papel higiénico y pasta dentífrica).Raramente los prisioneros reciben una educación o tienen la oportunidad de trabajar mientras se encuentran en prisión.5 La sobrepoblación, con consecuencias similares, ha sido documentada en la mayoría de las prisiones estatales.6

El delito se comete desde que el hombre existe; sin embargo, ha tomado diversas modalidades o formas de perpetración, atendiendo a la época o las características de la sociedad de que se trate. Como vemos, en el devenir del tiempo las formas de organización social se han modificado conjuntamente con la estructura familiar, ocasionando situaciones que propician su desintegración y, con ello, entre otras cuestiones, una mayor incidencia en las actividades delictivas, por ello la reacción social es diferente.

En las sociedades modernas la estructura familiar y la actividad delictiva son diferentes y variables; en los tiempos actuales hombres y mujeres deben salir a trabajar fuera del hogar, en tanto el sistema normativo es variable, complejo y muchas veces contradictorio; esto es así porque la delincuencia se vuelve cada vez más sofisticada y actúa con mayor organización en su forma de operar, por lo que la tendencia actual en cuanto a la política criminal tiende al endurecimiento de las penas, mas que a utilizar medios alternativos y preventivos del delito.

La delincuencia ha logrado actuar bajo esquemas tácticos que en muchas de las ocasiones no permiten detectar a los líderes de las bandas o mafias. Los adelantos tecnológicos han sido tan trascendentes que facilita, la internacionalización del delito, por ello se exige la colaboración entre países, conjuntando sus experiencias y proponiendo medios alternativos de solución.

Debe reconocerse, igualmente, que la actuación de las autoridades encargadas de la ejecución de las penas consiste en que quienes hayan cometido delitos o actos criminales se readapten para que no los vuelvan a cometer, y con esta función imprescindible colaboran para asegurar, de igual forma, el orden y la tranquilidad social.

El sistema de seguridad pública se encuentra íntimamente vinculado con otros sistemas como el educativo, el de salud, el de protección civil, el de saneamiento ambiental o el de protección de las instalaciones o servicios estratégicos, etcétera, ya que todos ellos en conjunto tienen el objetivo final de buscar la preservación del orden y la tranquilidad social.

La represión penal no es otra cosa que el ejercicio del derecho punitivo como facultad del Estado para castigar a través de la imposición de las penas; sin embargo, por su naturaleza y delicadeza se le aplican determinadas reglas específicas que respeten el principio de legalidad previsto en el artículo 14 de nuestra Norma Suprema.

De ahí surge nuestra tesis; el sistema de justicia penal abarca desde la procuración de justicia continúa con la impartición de la misma y culmina con la ejecución de la pena. Conviene hacer una reflexión respecto a ésta última, ya que tiene intrínsicamente una función de prevención general, por ejemplo su ejemplaridad, cuya finalidad es inhibir a los demás miembros de la sociedad a cometer delitos; así también, la pena realiza una prevención especial que consiste en una función segregativa, es decir separar del resto de la sociedad a la persona que ha delinquido para ponerlo en un lugar (la cárcel); una función readaptadora, en cuanto que a través de medidas aplicadas y concretas (reclusión, trabajo en prisión, educación, tratamientos psicológicos, etcétera) logra que el delincuente supere su intención delictiva y esté en posición de vivir o convivir socialmente.

El penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un juez o un tribunal no debe ser un castigo, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad, y que no sólo no vuelva a causar daño sino que además haga el bien y sea productivo.7

Debemos deducir que la prisión debe ser entendida como la ultima ratio, como un mal necesario que debe aplicarse a los criminales violentos, a los peligrosos, a los reincidentes y por último a los delincuentes habituales. El trabajo obligatorio debe ser un vehículo capaz de garantizar su reincorporación a la sociedad, a la familia, a estar preparados para desempeñar un trabajo honesto cuando recupere su libertad.

No es posible alargar el abandono del sistema penitenciario, es inadmisible permitir que la prisión sea, a causa del hacinamiento, del ocio, de la inasistencia, del autogobierno, del desinterés en cuanto a la valoración de su personal, un núcleo de perfeccionamiento del crimen, porque la experiencia acredita todos los días que todos o los más que van a prisión vuelven peores y algunos enteramente incorregibles; porque la percepción es que las cárceles son ``las universidades del crimen'' o ``las escuelas del delito''.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma al párrafo segundo del artículo 18 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se Reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 18.Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Los gobiernos de la federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social serán obligatorios para los individuos que se encuentren en prisión. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

(Los demás párrafos quedan igual)

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, una vez publicado este decreto, adecuaran sus leyes a la presente.

Notas:

1 Entre 1994 y 2004 el número de detenidos sin condena en México prácticamente se duplicó: pasó de 42 mil 167 a 81 mil 947. Guillermo Zepeda, Los mitos de la prisión preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2004, página 8.

2 Guillermo Zepeda, Los mitos de la prisión preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2004, página 6 (el porcentaje de detenidos con prisión preventiva a nivel estatal es del 44.5 por ciento, y a nivel federal es del 31.2 por ciento. Open Society Justice Initiative, The Economic Costs of Pretrial Detention in México: A Cost-Benefit Analysis, [los costos económicos de la prisión preventiva en México: un análisis costo-beneficio] (por publicarse en 2006), página 22.

3 CNDH, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana dependientes de gobiernos locales y municipales, disponible en http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/creclus/index.htm (consultado en diciembre de 2005), 2004, parte IV.b.4 y parte V.B.

4 Elena Azaola et. al., El sistema penitenciario mexicano, Project on Reforming the Administration of Justice in México [Proyecto para la reforma de la administración de justicia en México], Centro de Estudios México-Estados Unidos, 2003, página 6.

5 CNDH, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana dependientes de gobiernos locales y municipales, disponible en http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/creclus/index.htm (consultado en diciembre de 2005), 2004, parte V.B.

6 Ibid. Véase también Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita a México'', E/CN.4/2003/8/Add.3, 17 de diciembre del 2002, p. 3.

7 Galindo, Antonio Sánchez. Manual de conocimientos básicos para el personal de centros penitenciarios. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1990, p. 33. Apud Bringas, Alejandro H. y Quiñones, Luis F. Roldán. Op. cit., página 26.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Mónica Arriola (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Se rectifica el trámite de la iniciativa del diputado David Mendoza: ``a la Comisión de Seguridad Social''.

Esta Presidencia da un atento saludo al personal docente y estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz.

CONSUL HONORARIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 20 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 26 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán, serán de carácter consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa la ciudad de Mérida, Yucatán.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable con la Unión.- México, DF, a 2 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, secretario; Rogelio Carbajal Tejeda (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Prieto Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla Especial'' y Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla Especial'' y ``Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejeda (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica); César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica); Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Prieto Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 26 de octubre de 2006 le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de ``Oficial'', que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de ``Oficial'', que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 26 de octubre de 2006 le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos capitán de navío CG DEM Demetrio Mújica Castro, general de brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, general Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo, y Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla de la Armada Argentina al Mérito''; ``Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar''; ``Medalla Amistad, Defensa y Honor'', y la de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz; y ``Médaille du Sénat'', que les otorga la Armada de la República Argentina, el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador, el gobierno de la República de Nicaragua y el Senado de la República Francesa, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al capitán de navío CG DEM Demetrio Mújica Castro para aceptar y usar la Condecoración ``Medalla de la Armada Argentina al Mérito'', que le otorga la Armada de la República Argentina.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano general de brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas para aceptar y usar la condecoración ``Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar'', que le otorga el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano general Gerardo Clemente Ricardo Vega y García parar aceptar y usar la condecoración ``Medalla Amistad, Defensa y Honor'', que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Cuevas y Novelo para aceptar y usar la condecoración de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Tortolero Cervantes para aceptar y usar la condecoración ``Medaille du Sénat'', que le otorga el Senado de la República Francesa.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejeda (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Prieto Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 26 de octubre del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González, subteniente de arma blindada Jonatan Gutiérrez Morales, subteniente de infantería Pedro Madera Pelayo, subteniente de caballería José Antonio Cruz González, subteniente de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación Érick Sánchez Flores, subteniente de fuerza aérea aerologista Damián Hernández Villa y subteniente de intendencia Héctor Morán Rojo, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la Federación de Rusia, de las repúblicas de El Salvador, de Colombia, de Chile, Bolivariana de Venezuela y Federativa de Brasil, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González para aceptar y usar la condecoración medalla del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ``Por el fortalecimiento de la confraternidad bélica'', que le otorga el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano subteniente de arma blindada Jonatan Gutiérrez Morales para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano subteniente de infantería Pedro Madera Pelayo para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorga el Ejército Nacional de la República de Colombia.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano subteniente de caballería José Antonio Cruz González, para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Bernardo O'Higgins'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano subteniente de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación Érick Sánchez Flores para aceptar y usar la ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorgan el Ejército Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia y la condecoración ``Teniente Carlos Meyer Baldo'', de la aviación militar, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano subteniente de fuerza aérea aerologista Damián Hernández Villa para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la República de El Salvador.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano subteniente de intendencia Héctor Morán Rojo para aceptar y usar la condecoración ``Estrella de Carabobo'', del ejército, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la medalla ``Mariscal Hermes'', que le otorga el Ejército de la República Federativa de Brasil.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, secretaria; Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavo Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

ESTADO DE NAYARIT

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:En el capítulo de proposiciones, la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de 2007 se asignen recursos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Tepic, Nayarit.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos para construir una planta de tratamiento de aguas residuales en Tepic, Nayarit, a cargo de la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Eugenia Jiménez Valenzuela, diputada federal por el II distrito del estado de Nayarit e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a consideración de esta honorable Asamblea con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El deterioro contínuo en la calidad de los acuíferos que abastecen de agua potable a las grandes ciudades, ha obligado a las autoridades y gobiernos a construir plantas potabilizadoras con el fin de suministrar a la ciudadanía agua con características óptimas para el consumo humano. Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, la deforestación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo notablemente la disponibilidad de agua utilizable. El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de las necesidades surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica. En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial, es decir, mil quinientos millones de personas, que principalmente habitan en los países en desarrollo sufren escasez severa de agua limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de 10 millones de muertes al año producto de enfermedades hídricas.

Esta problemática no escapa al estado de Nayarit, y se recrudece en su capital debido fundamentalmente a que solamente en Tepic, se concentra más del 35 por ciento de la población total en el estado, es decir, 336,406 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de acuerdo al ultimo censo, en 2005. Este hecho, hace imprescindible y urgente la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en esta capital, a efecto de prevenir un siniestro en materia de salud y medio ambiente que traiga consigo graves problemas epidemiológicos que se tenga que lamentar, más aún, cuando de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional del Agua, dicha entidad se encuentra en el lugar vigésimo cuarto con respecto al saneamiento y calidad del agua, muy por de bajo de la media nacional. Por tal motivo y ante las situaciones referidas, resulta indispensable que en el contexto de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, se asignen los recursos necesarios para dar cumplimiento a este reclamo social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se asignen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepic, Nayarit.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2006.--- Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica).»La Presidenta diputadaRuth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE NAYARIT

La Presidenta diputadaRuth Zavaleta Salgado: La diputadaMaría Eugenia Jiménez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de 2007 se asignen recursos para la construcción de un tramo carretero en Tepic, Nayarit.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos para construir un tramo carretero que comunique el ejido de Camichin de Jauja con el poblado de Pochotitan, en Tepic, Nayarit, a cargo de la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Eugenia Jiménez Valenzuela, diputada federal por el II distrito del estado de Nayarit e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a consideración de esta honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo integral de cualquier centro poblacional pasa invariablemente por una efectiva red de comunicación portuaria, ferroviaria, aeroportuaria y carretera, o en su defecto, contar con una de éstas de modo tal que le signifique a la comunidad no sólo un rápido desplazamiento de mercancías, bienes y servicios, generando con ello condiciones óptimas para su progreso económico, sino además, por que ello permitiría insertarse de manera efectiva en su ámbito regional con respecto a cuestiones fundamentales tales como la educación, salud, cultura, ciencia y tecnología, necesarios e indispensables para el crecimiento pleno de todo ciudadano mexicano.

En este sentido, el estado de Nayarit ha quedado rezagado en cuanto a infraestructura carretera se refiere, y gran parte de las demandas recogidas durante la campaña electoral fueron encaminadas a solicitar la pavimentación de caminos que conecten poblaciones que se encuentran en la periferia de la cabecera municipal de Tepic y con una alta densidad poblacional. Tal es el caso de la brecha que comunica al ejido de Camichin de Jauja con la localidad de Pochotitan en el municipio de Tepic, y la cual ha sido una demanda reiterada de los lugareños ante las distintas instancias de gobierno sin que se les haya dado una respuesta satisfactoria durante décadas, aun cuando existe un expediente técnico ya elaborado por el gobierno municipal. Por tal motivo y ante las situaciones referidas, resulta indispensable que en el contexto de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, se asignen los recursos necesarios para dar cumplimiento a este reclamo social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, para la construcción del tramo carretero que comunica al ejido de Camichin de Jauja con el poblado de Pochotitan en el municipio de Tepic, Nayarit.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a nueve de noviembre de dos mil seis.--- Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica).»La Presidenta diputadaRuth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca.

El diputado Jorge Toledo Luis:Compañeras y compañeros legisladores. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de obvia o urgente resolución, con base en los siguientes motivos:

El progreso, el desarrollo, el bienestar y la seguridad son indispensables para la convivencia y la superación de todos los pueblos. Nadie, absolutamente nadie, debe estar exento de estos derechos.

El estado de Oaxaca ha transitado a lo largo de su historia por la senda de la marginación y el rezago; sin embargo, ha contribuido a la construcción democrática y a la grandeza de nuestro país: me bastaría mencionar sólo las obras y los legados de Benito Juárez, Matías Romero, los maestros Margarita Maza, José Vasconcelos, los hermanos Flores Magón, Abraham Castellanos o artistas como Rufino Tamayo y Rodolfo Morales, sólo por mencionar algunos.

Contamos en Oaxaca con una gran riqueza cultural y geográfica. Muestra de ello es la división política, de 570 municipios, diseminados en siete regiones. Poseemos en Oaxaca un extraordinario bagaje pluriétnico, donde convergen 16 grupos, cada uno de ellos con sus expresiones culturales, que dan identidad a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños, pero que también abonan a la unidad nacional.

Oaxaca, a pesar de la adversidad y gracias a su historia, a su cultura, tradiciones, sus mujeres y sus hombres, sigue viendo hacia delante, avanza con paso firme para alcanzar y lograr el camino del progreso.

Lamentablemente, en la actualidad Oaxaca ocupa el último lugar en materia educativa. Oaxaca es el estado que ocupa el tercer lugar con el más alto índice de marginación en el país. Oaxaca, igual que muchos de los estados del sur, tiene el menor porcentaje de población con acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, servicios educativos y salud de alta calidad.

De hecho, los índices de analfabetismo y esperanza de vida en Oaxaca son semejantes a los países de bajo ingreso, como Argelia, Serbia y Túnez.

Otra muestra de ello es que, durante los últimos cinco años, Oaxaca registró ingresos ínfimos en materia de ingreso per cápita del orden de 0.6 por ciento, mientras que estados como Nuevo León y Coahuila observaron crecimientos entre cinco y ocho veces más elevados, respectivamente.

Sin embargo, no hace falta revelar muchas estadísticas para percatarnos de la situación de Oaxaca, pues ocupa el último lugar en materia de desarrollo.

Como es del conocimiento de todos ustedes, hace ya más de cinco meses Oaxaca vive un conflicto que lo perfila hacia el abismo cada vez más profundo, cinco meses han pasado desde que las oaxaqueñas y los oaxaqueños han perdido su tranquilidad y bienestar para convivir.

Tenemos muy presente que la problemática se origina por la insatisfacción de la demanda de rezonificación salarial por más de 70 mil maestras y maestros, pero también la demanda de organizaciones que reclaman la deuda histórica en Oaxaca.

En la actualidad se ve con agrado que el gremio magisterial está volviendo a las aulas para reafirmar su compromiso con la educación de más de 1 millón 300 mil niñas y niños oaxaqueños. Han comenzado clases en 80 por ciento de las escuelas del estado, cifras que se irán incrementando con el paso de los días hasta lograr que 100 por ciento de los niños esté en las escuelas.

Igualmente, resulta alentador que en las últimas fechas más de 80 por ciento de los negocios instalados en el centro histórico de la capital oaxaqueña hayan reabierto sus puertas al público, no obstante que han existido pérdidas económicas por más de 4 mil millones de pesos, que fue reconocido por la parte del gobierno federal y el secretario de Economía. Esas pérdidas se reflejan en la economía de los artesanos, restauranteros, hoteleros, pequeños comerciantes, locatarios, mercados, transportistas y otros sectores.

También es imprescindible el apoyo a los centros turísticos que se encuentran en el interior del estado y en donde se ha reflejado una baja de afluencia.

Las pérdidas mencionadas debemos resarcirlas con el trabajo y el esfuerzo de todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, de todos los mexicanos, porque la solución para Oaxaca somos todos.

Debemos abandonar los rencores, el encono, los actos de revanchismo; tenemos que actuar en un sentido propositivo de compromiso y unidad. Se debe ver Oaxaca como la entidad que aún tiene mucho que dar, aún tiene mucho que entregar para el engrandecimiento de la nación.

La recuperación de Oaxaca urge a todos. Como mexicanos y oaxaqueños debemos ser solidarios, tendernos la mano y juntos transitar por la vía del progreso y el desarrollo. Oaxaca tiene derecho al desarrollo y a la justicia, tiene derecho a recuperar lo que es suyo. Por lo antes expuesto, propongo a esta Asamblea el siguiente unto de acuerdo

Solicitar al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevar a cabo la coordinación, estructuración y desarrollo de las dependencias federales, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y las demás que para el caso se requieran, con la finalidad de impulsar un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca, para destinar recursos económicos necesarios para resarcir las pérdidas millonarias en los sectores productivos.

Suscribimos el acuerdo el diputado Jorge Toledo Luis, la diputada Patricia Villanueva Abraján y el diputado Ismael Ordaz. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a establecer un programa urgente de apoyo al estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El progreso, el desarrollo, el bienestar y la seguridad son indispensables para la convivencia y la superación de todos los pueblos; nadie, absolutamente nadie debe carecer de estos derechos.

El estado de Oaxaca ha transitado a lo largo de su historia por la senda de la marginación y el rezago; sin embargo, ha contribuido a la construcción democrática y la grandeza de nuestro país; como muestra de ello me bastaría con sólo mencionar las obras y legados de Benito Juárez y Matías Romero; maestros como Margarita Maza de Juárez, José Vasconcelos, los Hermanos Flores Magón, Abraham Castellanos; artistas como Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, solo por mencionar algunos.

El estado de Oaxaca cuenta con amplia riqueza cultural y geográfica; prueba palpable de ello es el vasto territorio con que contamos, compuesto por 570 municipios, diseminados en 7 regiones; poseemos un extraordinario bagaje pluriétnico, donde convergen 16 grupos, cada uno de ellos con sus expresiones culturales, que dan identidad a cada una de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, pero que también abonan a la unidad nacional.

Oaxaca, a pesar de la adversidad y gracias a su historia, a su cultura, a sus tradiciones y a sus mujeres y hombres sigue viendo hacia delante, avanza con paso firme por el camino del progreso, porque vislumbra un mejor futuro para las generaciones venideras.

Lamentablemente, en la actualidad Oaxaca es el estado que ocupa el tercer lugar con el más alto índice de marginación del país; Oaxaca se encuentra en el lugar 32 en materia educativa; Oaxaca, al igual que muchos de los estados del Sur, tiene el menor porcentaje de población con acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, servicios educativos y de salud de alta calidad. De hecho, los índices de alfabetización y de esperanza de vida en Oaxaca son semejantes a los de países de bajo ingreso como Argelia, Serbia y Túnez. Otra muestra de ello es que, durante los últimos cinco años, Oaxaca registró incrementos ínfimos en su ingreso per cápita, del orden de 0.6 por ciento lo que se traduce en 34 mil 124 pesos. Mientras que en estados como Nuevo León y Coahuila se observaron crecimientos entre 5 y 8 veces más elevados, de 5.7 por ciento y 9.4 por ciento respectivamente; estos datos, registran ingreso per cápita anual para los habitantes de Nuevo León por 142 mil 305 pesos y a los coahuilenses por el monto de 114 mil 81 pesos. Sin embargo, no hace falta revelar muchas estadísticas para percatarnos de la situación de Oaxaca, pues ocupa los últimos lugares en materia de desarrollo, mientras que su aportación a la cultura, la historia y sustento natural, política y social de México es insoslayable.

Como es del conocimiento de todos ustedes, hace ya más de cinco meses que Oaxaca vive un conflicto que lo perfila hacia un abismo cada vez mas profundo; cinco meses han pasado de que las oaxaqueñas y oaxaqueños han perdido su tranquilidad y bienestar para convivir. Tenemos muy presente que la problemática en Oaxaca se origina por la insatisfacción de la demanda de rezonificación salarial para más de 70 mil maestras y maestros de la entidad, pero también, la demanda de organizaciones sociales que reclaman la deuda histórica que se tiene con la entidad; demandas que compartimos íntegramente.

En la actualidad un millón 300 mil alumnos perdieron dos meses del ciclo escolar 2006-2007, lo que refleja un claro retroceso en materia educativa, el cual se desdibuja con el regreso a clases inminente de las maestras y maestros comprometidos con la educación de las niñas y niños oaxaqueños. Aquí tenemos que hacer hincapié y reconocer la determinación de las maestras y maestros de la base magisterial que pugnaron de forma estoica y actuaron con responsabilidad por el regreso a las aulas y por brindar un mejor futuro a la niñez oaxaqueña.

Asimismo, la actual problemática que vive Oaxaca ha puesto un freno al crecimiento económico, como mencioné anteriormente, que era lento, pero con firmeza y seguridad, prueba de ello, es el reconocimiento por parte del gobierno federal vía el secretario de Economía, al aseverar que el actual conflicto a acarreado pérdidas económicas por el monto de 4 mil millones de pesos, viéndose reflejadas en los artesanos, industria restaurantera, industria hotelera, pequeños comerciantes, locatarios de los mercados y transportistas, entre otros sectores. Asimismo, es imperante para los oaxaqueños recuperar la belleza de nuestras edificaciones del centro histórico que son orgullo y patrimonio nacional, además de ser patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO.

Esas pérdidas debemos resarcirlas con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los oaxaqueños y de todos los mexicanos, porque la solución somos todos. Debemos abandonar los rencores, el encono, los actos de revanchismos, tenemos que actuar con un sentido benéfico, de compromiso y unidad, se debe de voltear a ver a Oaxaca como la entidad que aun tiene mucho que entregar al engrandecimiento de nuestra nación.

La recuperación de Oaxaca urge a todos; como mexicanos y oaxaqueños, debemos ser solidarios, tendernos la mano y juntos transitar por la vía del progreso y desarrollo. Oaxaca tiene derecho al desarrollo y a la justicia, tiene derecho a recuperar lo que es suyo. Somos oaxaqueños, somos mexicanos, requerimos tener una sola voz: rescatemos y reimpulsemos a Oaxaca, que no puede esperar más.

Por los motivos antes expuestos, propongo ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a llevar a cabo la coordinación, estructuración y desarrollo con las dependencias federales, tales como: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y las demás que para el caso se requiera, con la finalidad de impulsar un programa emergente de apoyo a Oaxaca, para destinar recursos económicos necesarios que permitan resarcir las pérdidas millonarias de los sectores productivos del estado.

Transitorio

Único. El presente decreto surtirá efecto al siguiente día de su aprobación

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público... Perdón, diputado, no le escuché que lo había solicitado de urgente u obvia resolución; permítame por favor. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Sí, diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Diputada Presidenta: en términos del Reglamento, solicitamos que se vuelva a hacer el conteo porque no nos queda claro que sean dos terceras partes. El Reglamento establece que se pueden poner de pie los diputados que lo apoyen y, enseguida, de pie los diputados que estemos por la negativa. Solicitamos el procedimiento si es tan amable, señora Presidenta, que contempla el Reglamento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Diputado Tonatiuh: se ha votado la propuesta y, a vista también de esta Presidencia, existe la mayoría para turnarse como de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Tenemos registrado al diputado Alberto Esteva Salinas, de la fracción parlamentaria de Convergencia, y al diputado René Lezama Aradillas, de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia. Y solicitamos a quienes van a hacer uso de la palabra que suban a este lugar para inscribirse.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con su permiso, ciudadana diputada Presidenta de la Mesa Directiva. Desde luego que no podemos, como oaxaqueños y como mexicanos, oponernos a la autorización de un programa de emergencia que recupere la belleza del centro histórico de la capital y la economía, tan lastimada, en el estado de Oaxaca. Sin embargo, creo que es importante hacer algunas consideraciones.

Hemos escuchado al diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, los argumentos que expone a este Pleno, en el sentido del rezago estructural que tiene Oaxaca. Ciertamente es así, pero sería un despropósito dejar de mencionar en la más alta tribuna del país qué es lo que ha motivado este atraso y qué lo ha acentuado.

Durante los ocho últimos años hemos tenido en Oaxaca gobiernos corruptos, y en el momento actual no es una excepción. Voy a citar algunos ejemplos: el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca fue diputado federal en la LIX Legislatura y después titular del área de comunicación del gobierno del estado; se construyó una modesta casa, de cerca de 25 millones de pesos, en la zona residencial de la capital del estado. Lo mismo ocurrió con quien hasta hace unos días fue secretario general de Gobierno, con una casa similar en valor y en la misma ubicación en la zona residencial. Así podemos revisar a cada uno de los que han sido funcionarios, incluidos, por cierto, un neopanista, hoy vuelto priista, que fue regidor y lo hicieron presidente municipal en contubernio con quien fue gobernador en la administración pasada y que hoy, premiado, lo hacen titular del instituto del patrimonio edificado en la capital del estado y le han autorizado recursos sin presentar proyectos, sin presentar presupuestos, modificaron el zócalo de la capital, lo que fue uno de los orígenes del conflicto y de la indignación del pueblo oaxaqueño.

Hoy, nosotros vemos publicado en los medios nacionales que el gobierno del estado está pidiendo --bueno, todavía no pide, pero ya nosotros estamos enterados--... está pidiendo 2 mil millones de pesos para la recuperación, a la que hace alusión el diputado priista que me antecedió en el uso de la palabra.

Y están pidiendo este recurso --y eso, para mis compañeros de Acción Nacional, para que cuando se revise puntualmente cómo se va autorizar ese monto veamos la cantidad--... están pidiendo 2 mil millones de pesos adicionales, pero además lo están haciendo en función de las mismas obras que ya el titular del patrimonio edificado ha efectuado por tres ocasiones.

Están hablando de 238 millones de pesos para reactivar los daños que se ocasionaron en la economía: un programa de empleo temporal de 238 millones de pesos, pero no puntualizan en qué; están pidiendo un apoyo de 360 millones de pesos para actividad artesanal. Lo único que quiero rescatar en la atención de este Pleno es que, ciertamente, se requiere ese recurso, pero aquí mi llamado respetuoso y atento a mis compañeros de Acción Nacional es éste: antes que se autorice, tenemos que establecer mecanismos de fiscalización; se tiene que revisar con lupa porque no podemos permitir que 2 mil millones de pesos más, más 124 mil millones que pretende que le autoricen para el Presupuesto de 2007, sirvan para volver a saquear Oaxaca.

Creo que tenemos que ser cuidadosos y no podemos exponernos al nuevo saqueo en Oaxaca. ¿Quién va a revisar esos recursos? Por eso es importante que demos formalidad a una comisión de fiscalización especial, dentro de la Comisión de Hacienda de esta Cámara, que vaya a Oaxaca y que revise cómo se va a adjudicar cada una de las obras de remodelación o de recuperación del centro histórico y los distintos programas sociales que se pretenden. Es todo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado Alberto Esteva. Tiene el uso de la palabra el diputado René Lezama Aradillas, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.

El diputado René Lezama Aradillas: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras diputadas, diputados. Agradezco la oportunidad de fijar claramente la postura de la fracción parlamentaria de mi partido, Acción Nacional, con relación a esta propuesta de programa emergente de apoyo económico para la entidad de Oaxaca, dados los conflictos de que todos hemos sido testigos.

Pero este apoyo, este respaldo que estamos dando a esta iniciativa no es de ninguna manera una carta en blanco, un cheque en blanco. Sirva mi participación para reiterar una vez más el interés que tenemos de hacer sentir nuestro respaldo a los grupos sociales que han quedado atrapados en medio de este conflicto.

Es grande nuestra preocupación por el millón 300 mil alumnos que están prácticamente ya perdiendo o han perdido su ciclo escolar. Nos preocupa grandemente la planta laboral de los 25 hoteles que han debido cerrar sus operaciones durante este tiempo que ha durado el conflicto. Estamos muy preocupados por los trabajadores y propietarios de los más de 30 comercios cerrados ya hoy día allá, en Oaxaca.

También nos produce angustia pensar en las familias de los 20 mil empleados que han sido ya dados de baja en el Seguro Social; y qué decir de las mil 500 familias de locatarios de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez, que también se han visto seriamente afectados por la ocurrencia de este conflicto.

Debemos tener presente que esta crisis económica también tiene como consecuencia la pérdida cada día, cada día que pasa, de 5 millones de pesos en el sector hotelero y de 9 millones de pesos que dejan de circular a través del sector comercio; pero demandamos --a la vez, también, que damos nuestro apoyo-- una política de aplicación responsable y estrictamente transparente de este presupuesto, sin soslayar que dependerá del estricto análisis que se haga de esta petición en la Comisión --precisamente-- de Presupuesto.

Quisiera agregar, compañero diputado Alberto Esteva, que me precedió en la palabra, que el auditor mayor de la Federación tiene facultades para supervisar la aplicación de estos recursos y enterarse de todos esos cuestionamientos que él está haciendo y dar su visto bueno para la creación de un fondo de este tipo.

Compartimos, junto con el pueblo de Oaxaca, la percepción de que ha habido irregularidades en el manejo de los recursos del Ramo 33 que, efectivamente, han sido excepcionales para esta entidad federativa y lo que no queremos es que la creación de estos programas emergentes de apoyo para entidades se conviertan o se interpreten como un premio a la ocurrencia de estos alarmantes sucesos, que el desencadenar una crisis de este tipo no tenga de ninguna manera, como consecuencia, el premio de mayores aportaciones federales.

Entendemos, por un lado, la seria problemática que están viviendo los oaxaqueños. Queremos ser solidarios y subsidiarios con la problemática que están viviendo, pero exigimos que, de crearse este programa, que de existir recursos suficientes para su aplicación, para su creación, éstos sean aplicados directamente por el gobierno federal y supervisados estrictamente con toda transparencia. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado René Lezama. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Sí, diputado Alberto Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Ciudadana Presidenta, para aclaración de hechos, le solicito que me otorgue el uso de la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado; si nos permite la intervención del diputado que está en la tribuna y, terminando el diputado, usted pueda pasar para hechos.

El diputado Carlos Altamirano Toledo:Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores diputados. Los diputados oaxaqueños del Partido de la Revolución Democráticaante esta tribuna hemos insistido, hemos dicho que Oaxaca vive una crisis política y social de gran trascendencia. Hemos dicho que la toma de la policía federal de la ciudad de Oaxaca es un hecho gravísimo para todo el país y no hemos aceptado que ahora se piense que la situación en Oaxaca es de normalidad. Sigue Oaxaca con graves problemas; no hay gobernabilidad, no tenemos gobernador.

Nosotros no nos oponemos, de ninguna manera, a que se destinen a Oaxaca más recursos federales. Los diputados oaxaqueños de la fracción del PRD desde luego que queremos más dinero para Oaxaca. Queremos, como muchos mexicanos, que nuestro estado salga de la pobreza, de la marginación y del abandono en que lo han tenido por más de 70 años los gobiernos del PRI.

Queremos que los oaxaqueños tengan una vida productiva, que tengan empleos bien remunerados, que tengan salud y que tengan educación de calidad. Pero para eso, para que a Oaxaca se destinen más recursos, primero hay que resolver la crisis política en que se vive actualmente. Más recursos para Oaxaca en estos momentos significa avalar a Ulises Ruiz y a los sistemas administrativos y de manejo de recursos que han sucedido en Oaxaca.

Queremos más recursos para Oaxaca, pero antes queremos una reforma profunda del estado. Queremos que haya en Oaxaca verdadera democracia. Queremos en Oaxaca que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Nada garantiza que los recursos que hoy se destinarán a Oaxaca se vayan a emplear de manera diferente de como lo han hecho los gobiernos que ha tenido Oaxaca.

Los recursos en Oaxaca se han utilizado mal y no han rendido los frutos para los cuales fueron autorizados. La prueba son los índices de pobreza y de marginación que aquí se han comentado. Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado Carlos Altamirano. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Toledo Luis, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Toledo Luis:Compañeros diputados. Sólo para dejar constancia de que los oaxaqueños tenemos coincidencias. En esta tribuna ha habido muchas situaciones de divergencia, situaciones que nosotros respetamos mucho, las diferencias. Pero creo que en esta situación es momento de que tengamos puntos de coincidencia, anteponer lo mucho que nos une por Oaxaca por encima de lo que nos separa. Éste es un momento para que los diputados en esta Cámara podamos determinar apoyar a quienes han estado lastimados.

Quiero decirles que no hay ninguna situación en el punto; incluso, se plantea que se audite. De acuerdo, que se reviese con lupa; de acuerdo, que se revisen todas las situaciones institucionales y jurídicas que el estado tiene para poder transparentar los recursos.

Lo que le urge a Oaxaca ahorita es restablecer las situaciones, restablecer el orden. Solamente quise volver a estar en esta tribuna para poder decir a los diputados que han subido que tenemos coincidencias y que si en el seno de este Congreso fortalecemos nuestras coincidencias y nos vamos en una situación de amor, de cariño, de respeto y de respaldo a Oaxaca, seguramente el destino de Oaxaca va a ser otro. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado Jorge Toledo. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva, para hechos.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Muchas gracias, ciudadana Presidenta, con su permiso. Quiero referirme a lo que el ciudadano diputado, nuestro amigo, René Lezama, del Partido Acción Nacional, ha comentado con relación a la Auditoría Superior de la Federación: ciertamente, ése es el camino, pero quiero compartirle a usted y a quienes integran la fracción de Acción Nacional que durante la administración pasada la Auditoría Superior de la Federación ordenó revisar las cuentas de quien fue gobernador, el gobernador del autoatentado, por si no lo ubicamos. Este personaje impuso una controversia constitucional, y hoy forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso también habría que preguntarnos dónde está el código de ética, dónde están los principios y los valores de todos los que integramos este Pleno, al permitir que sea alguien juez y parte en el asunto. Creo que es una arista que hay que revisar.

También decir que el asunto del autoatentado es parte también de los agravios pendientes al pueblo de Oaxaca y que sí sería importante que cuando se revisen los ocho años de ejercicio de los últimos gobiernos en Oaxaca se pueda hacer de manera puntual. Porque decía en mi intervención pasada, diputado René Lezama, que quien hoy es titular del patrimonio edificado del estado de Oaxaca ha sido beneficiado. Él fue regidor, insisto, del Partido Acción Nacional; lo volvieron presidente municipal al destituir o al dar un cabildazo al ayuntamiento del que él formaba parte y que había ganado el Partido Acción Nacional en la capital.

Lo premiaron con obras durante lo que restaba de la administración de quien fue gobernador, el del autoatentado, y hoy continúa siendo parte del gabinete del actual gobernador. Por cierto, es otro de los funcionarios que está terminando de construir una residencia, también de cerca de 25 millones, en la zona residencial de la capital del estado.

Entonces, si este presupuesto que están elaborando para el plan de emergencia en Oaxaca, que además está elaborado por este personaje que hoy entiendo ya no es panista sino es neopriista o ciudadano, no sé, está solicitando y quiero corregir, no 2 mil millones, el monto que están solicitando son 6 mil 711.20.

Es decir, si no puntualizamos, si no establecemos un mecanismo adecuado para que se permita al auditor superior de la Federación proceder a revisar, entonces estamos nuevamente dándole a la clase política en Oaxaca, que tiene el control, la llave de las arcas para que vuelvan a saquear un estado que está rezagado.

Y por eso es importante que ustedes conozcan --y me voy a permitir entregar a su fracción parlamentaria, de parte de la fracción parlamentaria de Convergencia-- los datos para que ustedes sean cuidadosos y vean de qué tamaño es la infamia que se está construyendo para Oaxaca. No nos oponemos a que demos recursos a Oaxaca, somos oaxaqueños, somos mexicanos. Lo que no podemos permitir es el saqueo descomunal.

Vean nada más la desproporción. Por cierto, hoy publica un diario que están pidiendo 200 millones de pesos para tanquetas antimotines, entre otras cosas, eso en el rubro de los 124 mil millones de pesos que quieren que se autoricen a Oaxaca y representa 350 por ciento adicional del presupuesto que tuvo el año pasado el estado de Oaxaca. Creo que sí es importante que se autorice, pero que establezcamos los mecanismos.

Y cuando vemos los montos, por ejemplo, cito el caso del Congreso del estado --la sede del Congreso del estado--, piden 30 millones para reparar vidrios, pintas que hizo el movimiento popular en Oaxaca. No dudo que hay daños, pero creo que estos 30 millones de pesos no significarían siquiera... digo, significaría cerca de 50 por ciento para la construcción de una nueva sede del Palacio Legislativo.

Entonces, hay que revisar si el gobierno del estado hizo esta estimación. Veámoslo puntualmente para que no se les otorgue lo que no se va a ejercer con transparencia. Es todo, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Se encuentra en el salón de sesiones el señor Alan Bryden, secretario general de la Organización Internacional para la Estandarización, quien ha participado en reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Fortalecimiento al Federalismo, y de Economía. Sea usted bienvenido, señor Bryden, y le deseamos el mejor de los éxitos durante su estancia en nuestro país.

No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear una partida para el sector turismo en Oaxaca en el Presupuesto de 2007.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Gracias; con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Oaxaca es reconocida en el mundo entero por su pueblo, su gente, su cultura, costumbres y tradiciones, por su rica tradición culinaria, por sus hermosas playas, por la arquitectura colonial de la ciudad capital, por la majestuosa construcción de los pueblos zapotecos, como Monte Albán y Mitla.

Oaxaca es un estado cuya economía depende en gran medida del subsidio de la Federación, con un presupuesto raquítico, de casi 26 mil millones de pesos anuales; más de 90 por ciento proviene precisamente de las participaciones federales. Depende de igual manera del turismo y, en los últimos años, de las remesas de miles de oaxaqueños radicados en Estados Unidos. Oaxaca es un estado con población mayoritariamente indígena y campesina, un pueblo de usos y costumbres. El campo oaxaqueño hoy es un desastre. El conflicto que hoy cumple 172 días ha representado para los prestadores de servicios turísticos, de los distintos ramos, pérdidas millonarias difíciles de cuantificar.

Se han cerrado más de 20 hoteles, se han perdido más de 3 mil empleos y se habla de que las pérdidas en este sector ascienden ya a 3 mil millones de pesos. El daño en México y en el extranjero que se ha causado a la imagen de Oaxaca como destino turístico, por un lado, y como patrimonio cultural, por otro, es y debe ser motivo de preocupación para quienes tenemos la responsabilidad de representar en la Cámara de Diputados nuestro estado y nuestro país.

La demanda turística se ha desplomado en 70 por ciento. Sin duda, éste es el mayor daño que se ha causado a la débil economía de Oaxaca. Oaxaca nos demanda toda la atención, celebramos el anuncio que en días pasados realizó el secretario de Turismo Rodolfo Elizondo, en el sentido de que terminando el conflicto impulsaría un plan emergente para promover y difundir turísticamente Oaxaca. El secretario Elizondo ofreció 50 millones de pesos para difundir y promover turísticamente en el país, en Europa y en Estados Unidos y Canadá.

En virtud de que estamos a escasos 20 días de que concluya este gobierno, estamos solicitando de igual manera que esos recursos ofrecidos se etiqueten para que puedan ser ejercidos en los días posteriores a que el conflicto se resuelva.

Es necesario que los recursos para la entidad sean etiquetados desde aquí, desde la Cámara de Diputados, que sean fiscalizados, porque no podemos seguir despilfarrando los recursos y tampoco que éstos sean desviados para pagar campañas políticas, para favorecer a amigos y a familiares. Que Ulises Ruiz deje ya de engordar su ``cochinito''.

Si bien es cierto que el presidente Fox no quita ni pone gobernadores, sí debe exigir que se auditen los recursos del pueblo de Oaxaca. Ahí están los señalamientos del director de Operaciones Regionales de la Secretaría de la Función Pública, Alejandro Luna, quien señaló que al auditarse parte de los fondos federales entregados a Oaxaca durante 2005 se encontraron anomalías para comprobar estos recursos, o los 5 millones de pesos entregados de manera irregular a 2 mil oaxaqueños, dentro del Programa de Desempleo, como señala la delegada de la Secretaría del Trabajo; o como los casi 93 mil millones de pesos que se recibieron en los últimos ocho años y todavía no son justificados.

Solicitamos que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se aboque a esta investigación. Oaxaca requiere mayores recursos, pero también mayor fiscalización y transparencia de los recursos asignados desde la Federación.

Por todo esto, señor Presidente, solicito que se integre en el Diario de los Debates mi proposición de punto de acuerdo, por falta de tiempo. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 una partida para atender las pérdidas económicas del sector turístico en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Oaxaca es reconocida en el mundo entero, por su pueblo, su gente, su cultura, costumbres y tradiciones; por su rica tradición culinaria, por sus hermosas playas, por la arquitectura colonial de la ciudad capital, por la majestuosa construcción de los pueblos zapotecas, como Mitla y Monte Albán.

Oaxaca, es un estado cuya economía depende en gran medida del subsidio de la Federación. Con un presupuesto raquítico de casi 26 mil millones de pesos anuales, más del 90% proviene precisamente de las participaciones federales; depende de igual manera del turismo y en los últimos años, de las remesas que miles de oaxaqueños radicados en los Estados Unidos, envían a nuestro estado.

Oaxaca, es un estado con población mayoritariamente indígena y campesina, un pueblo de usos y costumbres. El campo oaxaqueño hoy es un desastre y en los últimos años se encuentra abandonado.

El conflicto que hoy cumple 172 días, ha representado para los prestadores de servicios turísticos de los distintos ramos; pérdidas millonarias difíciles de cuantificar.

Se han cerrado más de 20 hoteles, se han perdido más de 3 mil empleos, y se habla de que las pérdidas en este sector ascienden ya a 3 mil millones de pesos.

El daño que en México y en el extranjero se ha causado a la imagen de Oaxaca, como destino turístico por un lado, y como patrimonio cultural de la humanidad, por el otro, es y debe ser un motivo de preocupación para quienes tenemos la responsabilidad de representar en esta Cámara de Diputados a nuestro estado y a nuestro país.

La demanda turística se ha desplomado en un 70 por ciento. Sin duda alguna, este es el mayor daño que se ha causado a la débil economía oaxaqueña.

Oaxaca nos demanda toda la atención. Celebramos el anuncio que en días pasados realizó el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, en el sentido de que terminado el conflicto se impulsaría un plan emergente para la promoción y difusión turística de Oaxaca.

El secretario Elizondo ofreció 50 millones de pesos para difundir y promover turística mente a Oaxaca, en el país, en Europa, en los Estados Unidos y Canadá.

En virtud de que estamos a escasos 20 días de que concluya este gobierno, estamos solicitando de igual manera, que esos recursos ofrecidos, se etiqueten para que puedan ser ejercidos en los días posteriores a que el conflicto se resuelva.

Es necesario que los recursos para la entidad, sean etiquetados desde aquí, desde la Cámara de Diputados; que sean fiscalizados, por que no podemos seguir despilfarrando los recursos y tampoco, que estos sean desviados para pagar campañas políticas o para favorecer a amigos y familiares. Que Ulises deje ya de engordar su chinito.

Si bien es cierto que el presidente Fox no tiene facultades para poner o quitar gobernadores, sí tiene la obligación de exigir que se auditen los recursos del pueblo, como lo es el caso de Oaxaca. y pruebas tiene suficientes.

Ahí están los señalamientos del director de operaciones regionales de la Secretaría de la Función Pública. Alejandro Luna, quien señaló que al auditarse parte de los fondos federales entregados a Oaxaca durante 2005, se encontraron anomalías para comprobar el uso de los recursos recibidos.

O los 5 millones de pesos entregados de manera irregular a 2 mil oaxaqueños dentro del programa de desempleo, como lo señaló la delegada de la secretaría del trabajo"" María Guadalupe González Ruiz.

O como los casi 93 mil millones de pesos que se recibieron en los últimos ocho años y todavía no son justificados, según datos que dieron a conocer diversos medios nacionales.

Solicitamos que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se avoque a esta investigación.

Oaxaca requiere mayores recursos, pero también de una mayor fiscalización y transparencia de los recursos asignados desde la Federación.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero:Se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a destinar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del 2007, una partida especial por 150 millones de pesos para el estado de Oaxaca, para implementar un programa de difusión turística a nivel nacional e internacional, que tenga como objetivo principal promocionar a la entidad y recuperar la confianza de los visitantes nacionales y extranjeros en Oaxaca.

De igual manera, y considerando que el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, señaló que se cuentan con 50 millones de pesos para la promoción turística de la entidad, se exhorta al gobierno federal que dichos recursos se etiqueten para ser utilizados en el presente ejercicio fiscal.

Segundo: Se exhorta a los titulares de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones implementen programas específicos y recursos en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del 2007, para la atención al campo oaxaqueño, fomento de las artesanías, pesca, infraestructura carretera, salud, educación, vivienda, y que tendrán por objeto contribuir al rescate de la economía del estado de Oaxaca.

Tercero:Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de sus atribuciones, aprobar el presupuesto que el gobierno federal someta a la consideración de esta representación nacional que tenga como fin impulsar el rescate urgente de la economía del estado de Oaxaca.

Cuarto:Los recursos públicos, de aprobarse, estarán sujetos a los mecanismos de fiscalización, control y transparencia por parte de las autoridades competentes.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Lena. Túrnese a la Comisión de Turismo.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales a fin de que no se violen las garantías individuales en Oaxaca.

El diputado Othón Cuevas Córdova:Con su venía, señor Presidente. Compañeros y compañeras. Celebro la sensibilidad de los diputados del PAN y diputados del PRI, que ante el conflicto oaxaqueño han aprobado como de urgente u obvia resolución la solicitud presentada a efecto de apoyar económicamente a Oaxaca, después de este conflicto que aún estamos padeciendo.

Requiero de ustedes la misma sensibilidad para entender que el problema de Oaxaca no es solamente de carácter económico; justamente por interpretarlo así tenemos hoy las consecuencias que estamos padeciendo.

El artículo 99 constitucional tiene gran relevancia para la formación del estado de derecho y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana. Los elementos expresados en este artículo consagran la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar entre los miembros del Poder Judicial de la Federación uno o varios comisionados para que averigüen hechos que constituyan varias violaciones de alguna o algunas garantías individuales establecidas en nuestra Carta Magna.

Esta facultad de nuestro máximo tribunal sólo puede ser ejercida a petición del Ejecutivo federal, de algún gobernador o de algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Con base en este precepto y ante los graves acontecimientos que han sucedido en el estado de Oaxaca, los cuales han sometido a la sociedad oaxaqueña al desamparo del estado de derecho durante más de 170 días y que han dejado como resultado al día de hoy 17 personas fallecidas, más de 20 desaparecidas, más de 157 heridas y lesionadas, cinco de ellas representantes de medios de comunicación, y 47 de gravedad, más de 80 detenidos en diferentes cárceles del estado y del país y convertido el centro de la capital en un cuartel de la Policía Federal Preventiva como un ejército de ocupación.

Proponemos a este Pleno solicitar a la Suprema Corte ejercer esta facultad constitucional, en virtud de que en tales acontecimientos se puede apreciar la sistemática violación de las garantías individuales que privan en el estado de Oaxaca.

Ya el propio Senado de la República, el pasado 20 de octubre, discutió el dictamen de la Comisión de Gobernación por el cual se analiza la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, y en el capítulo relativo a las consideraciones políticas, sociales y económicas señala lo siguiente: ``Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se han incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad. La autoridad local desplegó una operación política tardía e ineficiente y alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y en la desesperación''.

Además del reconocimiento que hace la Cámara de Senadores de la crisis que vivimos en Oaxaca, compañeros y compañeras, el viernes 27 de octubre se dieron enfrentamientos violentos en diversos municipios del estado, en los que fallecieron el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de Loxicha, el comunero Esteban Ruiz y el camarógrafo estadounidense Bradley Roland Will, además de 23 personas heridas por arma de fuego. Entre otros, se encontraba el fotógrafo Osvaldo Ramírez, del periódico Milenio.

El propio titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en ese operativo se detuvo de manera arbitraria a 22 personas, a las que ubicaron en los separos de una cárcel cercana a la zona militar número 28.

Apenas el día de ayer, señores diputados, señoras diputadas, fueron detenidos arbitrariamente por elementos policiacos vestidos de civil, en el barrio de Xochimilco de la ciudad de Oaxaca, los jóvenes Benito Pereda Fernández, René Trujillo Martínez y Mauricio Marmolejo Rivera.

Por esos hechos y otros más, como los del 14 de junio y del 2 de noviembre, que por la brevedad del tiempo omito señalar, proponemos la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución... permítaseme el tiempo para leer estos cinco renglones:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de investigación y nombre a alguno, o algunos de sus miembros comisionados especiales para que investiguen sobre los hechos suscitados en el estado de Oaxaca, que constituyan graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside, habita o transita en dicha entidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que investiguen sobre hechos y violaciones de las garantías individuales de la población de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo por la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales, para que averigüen sobre los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanentemente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene gran relevancia para la conformación del estado de derecho y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana.

Los elementos expresados en este artículo consagran la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar de entre alguno de los miembros del Poder Judicial de la Federación, a petición del Ejecutivo federal, de algún gobernador o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, para que averigüen hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

A mayor abundamiento, el máximo tribunal de la nación ha sostenido el siguiente criterio para ejercer la facultad de investigación:

Registro No. 395157

Localización:

Sexta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Apéndice de 1985

Parte I

Página: 227

Tesis: 117

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

Suprema Corte de Justicia. Investigaciones autorizadas por el artículo 97, párrafo III, de la Constitución Federal.

El artículo 97 de la Constitución otorga a la Suprema Corte de Justicia la facultad para investigar algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal, únicamente cuando ella así lo juzgue conveniente, o lo pidan el Ejecutivo federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador de un estado. Cuando ninguno de los funcionarios o de los poderes mencionados solicitan la investigación, ésta no es obligatoria sino que discrecionalmente la Corte resuelve lo que estima más conveniente para mantener la paz pública. Los particulares no están legitimados en ningún caso para solicitar la investigación a la Suprema Corte, sino que sólo ella puede hacer uso de una atribución de tanta importancia, cuando a su juicio el interés nacional reclame su intervención por la trascendencia de los hechos denunciados y su vinculación con las condiciones que prevalezcan en el país, porque revistan características singulares que puedan afectar las condiciones generales de la nación. Si en todos los casos y cualesquiera que fueran las circunstancias, la Suprema Corte de Justicia ejercitara estas facultades, se desvirtuarían sus altas funciones constitucionales y se convertiría en un cuerpo político. En todo caso, cuando resuelve la Corte su abstención, no puede alegarse indefensión, porque las leyes establecen otros órganos y diversos recursos ordinarios para conocer y resolver sobre ellas.

Sexta Época, Primera Parte: Vol. XC, Pág. 109. Varios 60/42. Fernando Zavala González. 4 de febrero de 1942. Mayoría de 14 votos. Ponente: Gabino Fraga.

Vol. XC, Pág. 109. Varios. 211/43. Aquiles Elorduy. 17 de agosto de 1943. Mayoría de 14 votos. En la publicación no aparece el nombre del ponente. Vol. XCIII, Pág. 60. Varios 301/46. Partidos Democrático y Nacional Constitucionalista, Agustín Tamayo y otros. 7 de agosto de 1946. Mayoría de 14 votos. En la publicación no aparece el nombre del ponente.

Vol. XCIII, Pág. 60. Varios 3/46. Comité Nacional Directivo del Partido Acción Nacional. 7 de enero de 1946. Mayoría de 20 votos. Ponente: Hilario Medina.

Vol. XCIII, Pág. 60. Varios 280/47. Ayuntamiento de Honey, Puebla, 29 de julio de 1947. Mayoría de 16 votos. En la publicación no aparece el nombre del ponente.

Nota: En los precedentes primero y quinto se publica el tipo de negocio como Varios 211/42 y Varios 286/47, respectivamente, en las diversas publicaciones de los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación.

Genealogía:

Apéndice al Tomo XXXVI N. L. PG. N. L.

Apéndice al Tomo L N. L. PG. N. L.

Apéndice al Tomo LXIV N. L. PG. N. L.

Apéndice AL TOMO LXXVI N. L. PG. N. L.

Apéndice AL TOMO XCVII N. L. PG. N. L.

Apéndice 54: TESIS N. L. PG. N. L.

Apéndice E 65: TESIS 26 PG. 73

Apéndice 75: TESIS 112 PG 246

Apéndice 85: TESIS 117 PG. 227

Apéndice 88: TESIS 192 PG. 324

Los lamentables acontecimientos que han sucedido en el estado de Oaxaca durante 163 días, han sometido a la sociedad oaxaqueña al desamparo del estado de derecho.

Por acción u omisión de las autoridades estatales, las garantías individuales de los oaxaqueños y las personas que visitan esta entidad federativa, penden de la voluntad de la anarquía.

Para apoyar la petición de ejercicio de la facultad de investigación de la Corte, es necesario describir algunos acontecimientos que se consideran necesarios hacer del conocimiento, mismos que se señalan a continuación y de los cuales se pueden apreciar la sistemática violación a las garantías individuales que priva en el estado de Oaxaca:

Conflicto Magisterial

El 22 de mayo del 2006 alrededor de 70 mil maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) del estado de Oaxaca realizaron un paro de labores en el Zócalo del estado en demanda de una serie de peticiones, entre ellas, exigen una mejora salarial.

En la madrugada del 14 de junio cientos de policías estatales trataron de desalojar a los maestros sin tener éxito, ya que retomaron el Zócalo. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana un comando fuertemente armado irrumpió en el Hotel del Magisterio y al mismo tiempo en el plantón, instalado desde el 22 de mayo, con la intención de llegar al edificio sindical. Se calcula que en el plantón se encontraban aproximadamente 30 mil personas, entre maestros, maestras y miembros integrantes de diferentes organizaciones como la Promotora Estatal por la Unidad Contra el Neoliberalismo, y del Frente de Sindicatos y Organizaciones de Oaxaca (FSODO).

El ingreso al plantón del 14 de junio fue violento y se realizó por las calles de Bustamante, Las Casas, Fiallo y 5 de Mayo, principalmente; la policía preventiva entró disparando granadas de gas lacrimógeno, gas pimienta y disparando con armas de fuego, sin dar tiempo a que los plantonistas desalojaran el lugar en calma.

De los testimonios de los agredidos se ha establecido que algunos cuerpos policíacos portaban armas AR-15, Super 38 y calibre .45, otros más portaban toletes, escudos, picanas eléctricas y morteros lanzagranadas.

Durante el desalojo, fueron abiertas varias escuelas ubicadas en el centro histórico para refugiar a maestras, niñas y niños, a quienes les fueron lanzadas granadas de gas lacrimógeno. A las 6 de la mañana el desalojo de los maestros prácticamente se había realizado, parte de los ministeriales se retiran dejando a los preventivos en la plancha del Zócalo.

Durante las siguientes horas del desalojo de la Sección 22 del SNTE, el bloqueo a la ciudad se extendió, se suspendió prácticamente el servicio de transporte público. En las calles cercanas al centro podían verse pequeños retenes y barricadas, se realizaron acciones como bloqueos de carreteras y marchas en municipios de las diferentes regiones del estado en protesta por la represión contra el magisterio, así como tomas de palacios municipales en Huautla de Jiménez, Jalapa del Marqués, Pinotepa Nacional, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa, Matías Romero, Zanatepec, Tapanatepec, Chahuites y Santiago Juxtlahuaca.

El reporte de la Cruz Roja, señala 11 muertos en el asalto de 3 mil 500 policías al plantón pacífico de los maestros en la capital de Oaxaca: 8 adultos, una de ellas una maestra embarazada que falleció luego de ser tundida a golpes por la policía, otro falleció por un impacto que le hizo saltar un ojo, 3 niños que pernoctaban al lado de sus padres en el plantón también han fallecido. Asimismo se reporto un total de 192 personas atendidas, a decir de su titular porque en algunos casos la atención fue rápida y en otros 6 porque fueron canalizados de inmediato.

En total se tienen identificadas a 113 personas atendidas en diversos hospitales públicos de la ciudad, de ellas se han identificado a 65 policías preventivos, 29 profesores, 5 civiles, 3 policías ministeriales, 3 menores, 1 estudiante, 1 policía y otras 6 personas más de las que no pudo precisarse su ocupación.

Hubo cientos de lesionados por el exceso de gas lacrimógeno y golpeados, que fueron atendidos por sus mismos compañeros, por los médicos y enfermeras voluntarias que se instalaron en diversos puntos del centro y la Facultad de Medicina. Otros más acudieron a servicios médicos particulares y otros definitivamente prefirieron llegar a sus lugares de origen para atenderse.

El 15 de junio el vocero presidencial, Rubén Aguilar, deslindó al gobierno federal de la acción del gobierno estatal, aunque la justificó al señalar que había fracasado todo intento de diálogo. El desalojo, insistió el funcionario: fue una decisión del gobierno de Oaxaca y este gobierno (el federal) respeta la soberanía de los estados. ¡Nunca más el autoritarismo presidencial y nunca más el centralismo!

El 2 de agosto el magisterio determinó no negociar las ofertas a su pliego petitorio hasta que el gobernador del estado, Ulises Ruiz, sea destituido de su cargo.

El 14 de julio más de 60 organizaciones civiles presentan informe sobre violaciones a derechos humanos durante el desalojo y recomiendan la destitución de Ulises Ruiz como gobernador por considerarlo responsable directo de los hechos del 14 de junio que se traducen en una vulneración grave y sistemática a los derechos humanos.

Ingobernabilidad en el estado de Oaxaca

El 17 de julio se cancela el Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza. El gobierno del estado argumenta que para evitar confrontaciones se suspende.

El 22 de julio, aproximadamente a las 21:15 un comando armado ataca Radio Universidad con rifles de asalto. No se reportan heridos ni muertes. Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación por estos hechos. En los días pasados se reportaron otras agresiones, como el intento de atentado contra Alejandro Cruz, integrante de OIDHO.

El 23 de julio, integrantes de la Asamblea Popular de Oaxaca rescatan a una persona detenida por la policía metropolitana. Durante la trifulca generada se captura a dos policías (luego liberados) y se causan destrozos a las instalaciones del cuartel de la policía metropolitana.

El 1 agosto miles de mujeres rebeldes marchan por las calles y ocupan instalaciones de radio y de Televisión del gobierno del estado.

Medios corporativos toman precauciones y evacuan instalaciones.

El 7 de agosto, Catarino Torres Pereda, vocero del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) organización integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca es detenido en Tuxtepec por la policía ministerial en atención a una de las ordenes de aprehensión que, según indican funcionarios del gobierno estatal, comenzarán a ejecutarse contra dirigentes sociales participantes en las movilizaciones populares de protesta.

El 10 de agosto, un maestro murió durante una balacera registrada durante la marcha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, para demandar la liberación de sus dirigentes.

Desde el inició del conflicto magisterial han muerto varias personas en hechos suscitados en la ciudad de Oaxaca:

El 22 de agosto murió Lorenzo San Pablo, quien trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y apoyaba a la Asamblea Popular. Su muerte se registró durante un operativo que la Policía Ministerial, la Preventiva y la Municipal organizaron en contra de los manifestantes que tienen tomada la estación radiofónica La Ley.

El 11 de agosto murió José Jiménez Colmenares tras recibir un impacto de bala en el corazón durante una marcha organizada por el magisterio y la Asamblea Popular para exigir la liberación de los presos políticos.

El 14 de octubre Alejandro García Hernández de 39 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada del sábado, cuando se encontraba en la barricada 14 de junio ubicada en la avenida Símbolos Patrios.

El pasado 5 de octubre asesinaron al maestro Jaime René Calvo Aragón. El sujeto fue degollado por dos sujetos que lo interceptaron antes de abordar su automóvil. El profesor pertenecía al grupo disidente de la sección 22, al Consejo Central de Lucha, y esa noche se dirigía a una reunión de trabajo en donde se analizaba la reapertura de escuelas en el estado.

El 3 de octubre murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.

El 2 de octubre murió degollado Daniel Ovando, de 24 años de edad. A bordo de una motocicleta, el joven se dirigía a su domicilio. Los manifestantes amarraron un cable de un poste de luz hasta un semáforo. El joven no se percató del obstáculo en el camino y murió.

Algunos datos documentados por diversos medios indican que se ha afectado a más de un millón 300 mil alumnos por la falta de clases, se han cerrado 42 mil escuelas, dos meses del ciclo escolar 2006-2007 perdidos, más de 5 mil millones de pesos perdidos en cinco meses

La cancelación de la festividad de la Guelaguetza, representó pérdidas por 330 millones de pesos para hoteleros y restauranteros. Las protestas han reducido el turismo en 75 por ciento y le ha costado a la ciudad al menos 45 millones de dólares., ya que se estima en 5 millones de pesos de pérdida diaria para el sector hotelero, 9 millones de pesos de pérdida diaria, para los comerciantes.

Más de 10 edificios públicos tomados, 25 hoteles cerrados 30 comercios cerrados, mil 500 desempleados, 20 mil empleados dados de baja en el IMSS, 1 mil 500 locales afectados de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez.

Se calcula que tardará al menos 2 años para recuperarse de la crisis económica.

Después de este operativo se unieron a ellos miembros de organizaciones sociales, y a partir de ese momento, con los sucesos antes mencionados, exigen la renuncia del gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz; ante la serie de protestas el gobernador realizó cuatro cambios a su gabinete, entre ellos la destitución del secretario de Gobierno, así como la de Director General de Seguridad Pública.

De la visita que diversos diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión al estado de Oaxaca se desprende que las sedes de los poderes estatales han sido cambiadas: el Tribunal Superior del Estado y la Junta de Conciliación y Arbitraje han estado cerrados por más de tres meses.

El 20 de octubre en la Cámara de Senadores se discutió el dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se analiza la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, presentada por particulares, en el mismo se señalaba lo siguiente

``V. Consideraciones políticas, sociales y económicas con relación al estado de Oaxaca.

Independientemente del análisis jurídico que precede, esta Comisión de Gobernación no puede sustraerse ni dejar de lado la realidad política, social y económica que priva en el estado de Oaxaca. La dictaminadora está obligada a considerar los elementos que enseguida se mencionan:

A nadie escapa que Oaxaca atraviesa por una crisis político-jurídica de proporciones mayores, misma que ha afectado --y continúa afectando gravemente-- la vida institucional y el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos.

No cabe duda de que la magnitud actual del conflicto se debe, en buena medida, a la falta de conducción política, así como a las acciones y omisiones en que se ha incurrido.

Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad. Los hechos violentos que los mexicanos hemos presenciado --tanto el operativo instrumentado por el gobierno del estado el 14 de junio pasado, así como las acciones violentas y violatorias de los más elementales derechos humanos por parte de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO)-- se han transmitido a toda la nación por los distintos medios de comunicación y demuestran, fehacientemente, que la gobernabilidad en dicho estado ha dejado de ser la regla y, con ello, se ha perdido la vigencia plena del orden jurídico y de las instituciones.

La autoridad local, desplegó una operación política tardía e ineficiente, que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación.

A mayor abundamiento, la falta de interlocución entre las partes es signo de debilidad institucional y hace frágil la capacidad de ejercicio.

De tal situación son responsables, por un lado, el gobierno del estado de Oaxaca y, por la otra, los grupos y organizaciones populares inconformes.

Ante todo ello, es claro que la permanencia del titular del Poder Ejecutivo del estado no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a reestablecer la normalidad.

Por una parte, la sociedad oaxaqueña, en particular la que habita en la ciudad capital, padece la arbitrariedad, la inseguridad, la incertidumbre y el desgobierno. Con ello, ha resultado afectada en el disfrute de sus garantías individuales, en el ejercicio de sus derechos, en la protección de su integridad física y su patrimonio, en el acceso a los servicios públicos y en el detrimento de su fuente de ingresos.

Los efectos perniciosos del conflicto impactan, por igual, a trabajadores y patrones, a comerciantes y a prestadores de servicios, a los sectores sociales económicamente favorecidos y a los que menos tienen.

Las pérdidas económicas que la población ha soportado durante los últimos meses, así como el incremento del saldo de la deuda social frente a los oaxaqueños, han alcanzado proporciones inaceptables en una sociedad democrática.

Tampoco son admisibles los efectos de la inacción y la irresponsabilidad que han afectado la armonía social de los ciudadanos a quienes debe servir.

Por otro lado, las instituciones de la entidad han visto vulnerada su integridad, y el ejercicio cabal y normal de sus atribuciones se ha tornado difícil. La autoridad ha sufrido el menoscabo de sus potestades.

Asimismo, se han endurecido las posiciones con lo que se ha transitado de la intransigencia a la violencia. Esto lamentablemente ha causado la muerte de algunos ciudadanos enrareciendo el clima político del estado.

Debe mencionarse que en Oaxaca, los problemas, los rezagos, las carencias y la violación a los derechos humanos, los rencores, enconos y prácticas caciquiles no son privativos del periodo que estamos analizando. Por ello, la sociedad oaxaqueña no encuentra respuestas a sus demandas, ni siquiera interlocución responsable con los servidores públicos de las distintas dependencias del gobierno local.

Por último, también debe señalarse como hecho notorio y patente, que durante los cinco últimos meses, se ha impedido que los niños de Oaxaca reciban la educación pública a que tienen derecho y que el Estado tiene la obligación constitucional de proporcionar.''

En fecha reciente la opinión pública nacional e internacional ha sido testigo de la violencia que priva en el estado de Oaxaca.

El día viernes 27 de octubre de 2006, se tiene confirmado enfrentamientos violentos en diversos municipios del estado, en los que fallecieron el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, y el camarógrafo estadounidense Bradley Roland Will, quien fuera ultimado en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbano con la capital oaxaqueña.

Además de 23 personas heridas por arma de fuego, entre los que se encontraba el fotógrafo Oswaldo Ramírez, del periódico Milenio, quién recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda.

Después de las 21:00 horas se informó que en Santa María Coyotepec fueron detenidos 20 profesores, de los cuales 13 estaban heridos de bala y fueron hacinados en la cárcel municipal.

Entrada la noche, el embajador Antonio Garza confirmó la nacionalidad estadounidense del periodista asesinado y alertó a sus conciudadanos sobre los peligros de visitar el estado por el creciente encono social.

Estos últimos hechos derivaron en la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la ciudad de Oaxaca, en día domingo 29 de octubre.

El operativo inició a las 13 horas, y no fue sino hasta las 16 horas que la PFP pudo avanzar a las primeras calles del zócalo de la ciudad.

El operativo policial-militar se desarrollo en un ambiente de enfrentamientos y protestas contra su presencia en esa ciudad.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, informa que tienen conocimiento de 22 detenidos ubicados en los separos de una cárcel cercana de la zona militar 28.

También confirma la muerte de un menor de edad de nombre Jorge Arturo López Bernal, quien era velado en la casa de sus padres pues el MP se negaba a acudir para practicar la diligencia, por lo que personal de la CNDH intervino para que se realizara y enviar el cuerpo al anfiteatro de la ciudad.

Ante este clima de inseguridad, de encono social y a la falta de las mínimas garantías de respeto al estado de derecho y al interés de la colectividad en la entidad, sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Que con fundamento en los dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales, para que averigüen sobre los hechos que se han puesto en su conocimiento en el presente documento, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanentemente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los siete días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Othón Cuevas. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes, y no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva.

Esta Presidencia saluda a los ciudadanos del municipio de Ixtlahuaca, estado de México, que se encuentran aquí presentes... ah, y a los diputados del Congreso local del estado de Coahuila que nos visitan en esta sesión.

TRABAJADORES MIGRANTES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado José Jacques y Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.

El diputado José Jacques y Medina:Con el permiso de la Presidencia: me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, con base en las siguientes consideraciones

La República Mexicana es esencialmente un país expulsor de mano de obra, pero su ubicación geopolítica también lo define como país de destino y tránsito de un creciente número de migrantes que proceden, en su mayoría, de Centroamérica. Las fronteras de México se han convertido en ruta de corrientes migratorias de temple mundial. Las medidas de terror no han frenado el flujo migratorio hacia Estados Unidos; han logrado, en cambio, que las muertes evitables y los peligros del cruce fronterizo se hayan incrementado exponencialmente en los últimos años y que la reunificación familiar sea más difícil.

Es evidente que sus medidas de contención sí han producido los resultados esperados. La agenda oculta de los estrategas de la economía estadounidense ha determinado endurecer sus políticas y apareció en el horizonte electoral el muro fronterizo, que, más que frenar la migración indocumentada, buscaba la obtención del voto racial anglosajón, además de impedir la circularidad de los trabajadores migratorios. Este diseño perverso aumenta el costo financiero y humano del regreso a casa y obliga a los migrantes a cambiar su patrón de temporal a permanente, con lo que aseguran el más eficiente de los mercados laborales: el mercado ilegal.

La circularidad impedida es factor importante en los cambios de parámetros constatados a partir de la Operación Guardián y de las subsecuentes medidas de seguridad nacional que nos han impuesto, al amparo de la lucha contra el terror, que sólo son acciones encubiertas para lograr la permanencia de industrias básicas, ya que Estados Unidos depende del valor agregado extraído de la explotación inhumana y descarada; es decir, de la mano de obra indocumentada.

Los derechos humanos de la población migrante han pasado a segundo plano y están muy lejos de ser respetados; estos derechos son, entre otros, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y su comercio, la prohibición de detenciones arbitrarias prolongadas, la tortura o cualquier otro trato inhumano o degradante, la prohibición de penas con efectos retroactivos, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a salir de cualquier país y regresar al propio.

Es impostergable y obligación de todo gobierno democrático velar por la unidad familiar, por la integridad física y patrimonial de los migrantes y sus familias, y garantizar el respeto de los derechos humanos, sin importar su nacionalidad, sexo, estado de salud, condición y situación jurídica o estatus migratorio. Es urgente que México reconozca su nacionalidad y actúe en apoyo de los ciudadanos que expulsa, exigiendo que los derechos de los mexicanos sean respetados y modificada la normatividad en México, con la adopción del lenguaje acordado por la Convención Internacional, desdeñada por los países receptores a que va dirigido, y justo es donde más se presentan estas violaciones. Debemos hacer cumplir lo acordado en la Convención Internacional desde hace 16 años por las Naciones Unidas.

Ya nadie puede sentirse alejado al fenómeno migratorio en México; por ello, la misión y propósito de esta comisión especial será atender la problemática del migrante y sus familiares, ante una realidad que se ha agravado. Esta comisión tendrá, en su primer gran intento, que unificar los criterios en torno al marco jurídico de la Convención para su adaptación local en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias.

Por lo anterior, se propone el siguiente punto de acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Esta comisión especial tendrá por objeto, además de lo arriba mencionado, lo siguiente: proponer las reformas a la política migratoria mexicana y a su marco jurídico, adoptando el lenguaje de la Convención Internacional ratificada desde 1999 por el Senado mexicano para que se refleje transversalmente en el derecho positivo vigente de nuestra nación.

Pido a la Presidenta que se inscriba ésta en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Jacques Medina, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 34, incisos a), b) y c), artículo 42 y artículo 43, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 55, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, con base en los siguientes:

Considerandos

La República Mexicana, es esencialmente un país expulsor de mano de obra, pero su ubicación geopolítica también la definen como país de destino y tránsito de un creciente número de migrantes que proceden, en su mayoría, de Centroamérica. Las fronteras de México se han convertido en ruta de corrientes migratorias de temple mundial.

Los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de los ataques del 11 de septiembre, consideran la migración y en particular a la frontera con México, como un problema de seguridad nacional. En la línea de la muerte evitable, son detenidos cada vez más inmigrantes indocumentados sospechosos de provenir de países fuente de organizaciones terroristas. El ambiente de terror sirve como excusa para todo tipo de violaciones a los derechos humanos, a un incremento perverso del activismo anti-mexicano y al endurecimiento de las medidas de control de las fronteras que re-inicia en 1994 la ``operación guardián''.

Estas medidas no han frenado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, han logrado en cambio que las muertes evitables y los peligros del cruce fronterizo se hayan incrementado exponencialmente en los últimos años y que la reunif'icación familiar sea más difícil. Es evidente que sus medidas de contención, sí les han producido los resultados esperados. La agenda oculta de los estrategas de la economía estadounidense ha determinado endurecer sus políticas y aparece en el horizonte electoral el muro fronterizo que más que frenar la migración indocumentada, buscaba la obtención del voto racial-anglo-sajón además de impedir la circu1aridad de los trabajadores migratorios. Este diseño eficaz y perverso aumenta el costo financiero y humano del regreso a casa y obliga a los migrantes a cambiar su patrón de temporal a permanente con lo que aseguran el más eficiente de los mercados laborales, ``el mercado ilegal''.

La circularidad impedida y amedrentada es, sin duda, factor importante en los cambios de parámetros constatados a partir de la operación guardián y de las subsecuentes medidas de seguridad nacional que nos han impuesto al amparo de la ``lucha contra el terror'', que solo son acciones encubiertas para lograr la permanencia de industrias básicas que en los EU dependen del valor agregado extraído de la explotación inhumana y descarada. Es decir, de la mano de obra indocumentada.

Los derechos humanos de la población migrante, han pasado a segundo plano y están muy lejos de ser respetados. Estos derechos son ---entre otros--- el derecho a la vida; prohibición de la esclavitud y su comercio; prohibición de detenciones arbitrarias prolongadas, la tortura o cualquier otro trato inhumano o degradante; prohibición de penas con efectos retroactivos; derecho a la igualdad ante la ley; derecho a salir de cualquier país y de regresar al propio.

Continúa siendo letra muerta el que se respeten los plenos derechos individuales y colectivos de la población migrante que continúa muriendo en las fronteras, continúa sufriendo discriminación y condiciones laborales de esclavismo moderno, y continúa separada de sus familias, aguantando abusos, extorsiones, discriminación, xenofobia, detenciones ilegales y arbitrarias, trato indigno y otros actos que los denigran a manos de civiles, servidores públicos, autoridades migratorias, y fuerzas policíacas de todos los niveles de gobierno tanto en los países de origen, los de tránsito, como en los receptores.

Es impostergable y obligación de todo gobierno democrático, velar por la unidad familiar, por la integridad física y patrimonial de los migrantes y sus familias y garantizar el respeto a los derechos humanos sin importar su nacionalidad, sexo, estado de salud, condición y situación jurídica o status migratorio.

Es urgente que México reconozca su bi-nacionalidad y actué en apoyo de los ciudadanos que expulsa exigiendo que los derechos de los mexicanos sean respetados y modificando la normatividad en México con la adopción del lenguaje acordado por la convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, desdeñada por los países receptores, a los que va dirigida y justo donde mas violaciones presenciamos.

Hago un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión, que cumplamos con nuestra obligación republicana y atendamos de manera urgente un tema prioritario en la agenda de gobierno: los migrantes. Debemos cumplir y hacer cumplir lo acordado en la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU, que México ha ratificado y poco se ha aplicado a poner en práctica.

Ya nadie puede sentirse alejado del fenómeno migratorio en México, por ello, la misión y propósitos de esta comisión especial serán atender la problemática del migrante y sus familiares, ante una realidad que se ha agravado dolorosamente, por la indolencia en uno y otro lado de nuestras fronteras. Su creación es una respuesta inmediata y necesaria para la protección de los derechos de los migrantes mexicanos y de los que cruzan por nuestro territorio cuyos derechos son igualmente vulnerados aquí, lo cual debilita nuestra capacidad de presionar a favor de los migantes mexicanos al no ser capaces de brindar el mismo trato que pretendemos reivindicar.

Así, esta comisión especial entre su misión y objetivos tendrá el trabajar a favor de los migrantes y sus familiares, haciendo énfasis en las mujeres, niños, trabajadores, refugiados y discapacitados, ante todo aquello que vulnere sus derechos.

Esta comisión, será el primer gran intento de unificar los criterios en torno al marco jurídico de la Convención Internacional para su adaptación local en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares para construir una auténtica política migratoria apegada a la realidad social de la región norte y mesoamericana.

Ante esto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Segundo.Esta Comisión Especial tendrá por objeto además de los arriba mencionados, lo siguiente:

Proponer las reformas a la política migratoria mexicana y su marco jurídico, adoptando el lenguaje de la convención Internacional, ratificada desde 1999 por el Senado Mexicano para que se refleje transversalmente en el derecho posito vigente de nuestra nación;

Contribuir en lo general a la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familiares, y en la defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y en lo particular; preservar sus derechos a: la vida, la alimentación, la salud, la educación, así como al trabajo lícito y renumerado equitativamente.

Pugnar por eliminar todo tipo de discriminación, maltrato, tortura o represión que se pretendan infringir a nuestros connacionales radicados en el exterior a los migrantes nacionales o extranjeros que se encuentren en nuestro territorio.

Recurrir a los organismos e instancias internacionales para exigir el estricto cumplimiento de los pactos y tratados multilaterales suscritos con relación a los flujos migratorios; y responsabilizar a las naciones rectoras en cuanto al respeto y salvaguarda de la integridad física, la dignidad y los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

Aprovechar los foros internacionales como los de la ``Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos'', ``Conferencia Regional sobre Migración'' y la ``Cumbre Iberoamericana'', entre otros, para presentar propuestas concretas a fin de preservar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los migrantes indocumentados.

Fortalecer el combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, al delito de trata de mujeres, niñas y niños; a la falsificación de documentos y a los demás delitos asociados a este fenómeno; con el fin de garantizar la integridad física y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, mejorando la cooperación en la materia con los países vecinos. Así mismo, desde este órgano legislativo impulsar un acuerdo de cooperación entre el gobierno y las organizaciones sociales, civiles, políticas y religiosas para consolidar una política de atención eficaz y organizada para los trabajadores migratorios y sus familias.

Tercero.Esta Comisión estará integrada por treinta diputados, los cuales serán designados tomando en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y funcionará por el término de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, y contará con los recursos humanos, materiales y financieros, así como las instalaciones necesarias para el desarrollo de sus trabajos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los a los nueve días del mes de noviembre del dos mil seis.--- Diputado José Jacques Medina (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Ramírez. Sonido al diputado Ramírez, por favor.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez(desde la curul): Presidenta: considerando este punto que el diputado Jacques ha expuesto, solicito a usted muy respetuosamente, con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento, que consulte a la Asamblea si este asunto puede ser de urgente y obvia resolución; por favor, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Antes de someterlo, solicito sonido a la diputada González, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.

La diputada María Gabriela González Martínez(desde la curul): Gracias, señora diputada: me sumo al proyecto del diputado Pepe Jacques; es a favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señores diputados, el diputado José Jacques pidió que se turnara a la Junta de Coordinación Política el punto que acaba de mencionar. Esta Presidencia lo turnará a la Junta de Coordinación Política para que se procese y pueda presentarse a este pleno. Sí, diputado. Sonido al diputado Ramírez, por favor.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez(desde la curul): Presidenta: estoy solicitándo a usted muy respetuosamente, con base al artículo 59 y 60, por considerar que este asunto, que el diputado José Jacques ha expuesto a esta Asamblea, que es un asunto prioritario para los mexicanos, en este momento poder consultar a la Asamblea para que sea de urgente y obvia resolución. Esa es mi petición, Presidenta; y estoy escuchando que la diputada González, de Acción Nacional, se está sumando a mi petición. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Escuché a la diputada pidiendo sumarse a la petición del diputado Jacques; sin embargo, a petición de usted vamos a proponer a esta Asamblea si se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, no hay las dos terceras partes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Edmundo Ramírez. ¿Le dan por favor sonido a su curul? Sí, permítame que hable primero el diputado Ramírez que pidió la palabra primero. Por favor diputado.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez(desde la curul): Diputada Presidenta: le reitero la petición --y para que los compañeros de Acción Nacional vayamos en ese mismo orden de ideas--: la petición que le estoy haciendo muy atentamente a usted es que solicite a la Secretaría sobre el punto que el diputado José Jacques acaba de enumerar ante esta Asamblea, de hacerlo de urgente u obvia resolución, con base en que es un tema prioridad de prioridades para la nación, la atención a los migrantes y a sus familias. Creo, Presidenta, con mucho respeto, que los compañeros de Acción Nacional no tuvieron el tiempo necesario para hacer el análisis en su dirección del voto; por eso, Presidenta, gracias por esta última intervención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Por favor, el diputado Rodríguez Prats, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, si le dan sonido.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señora Presidenta, las disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno son muy claras en que es función de la Junta de Coordinación Políticay de la Conferencia analizar la creación de comisiones. Nosotros podemos coincidir en que esta comisión pudiera crearse, pero es facultad y función de la Junta de Coordinación Políticaver su viabilidad; por tanto, creo que ha sido adecuado el turno y ya se votó. Pido que se continúe con la sesión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Prats. El diputado ponente.

El diputado José Jacques y Medina(desde la curul): Sí, Presidenta: la petición original fue que se turnara a la Junta de Coordinación para que se discutiera, sostengo esta petición y que se tramite hacia la Junta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco mucho, diputado José Jacques. Túrnese a la Junta de Coordinación Política el punto en discusión.

DURACION DE MANDATO DE REPRESENTANTES DE ELECCION POPULAR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra al diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo sobre la determinación de diversas entidades federativas de prorrogar el mandato de sus representantes de elección popular.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la determinación adoptada por diversas entidades federativas en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular.

Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios que integramos la Junta de Coordinación Política, presentamos ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Poder Constituyente originario creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917.

2. En los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 constitucionales se estableció la decisión política fundamental del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación; asimismo, que la duración del mandato de los gobernadores de las entidades federativas no podrá exceder de seis años y en lo concerniente al mandato de los diputados a las legislaturas de los estados, de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, el mismo tampoco puede prolongarse más tiempo del establecido en cada entidad federativa, pues existe prohibición expresa de reelección para el periodo inmediato.

3. Al haberse creado la Constitución, el Constituyente originario desapareció, pero en la misma Norma Suprema se dio origen al Constituyente Permanente, que sería el encargado de reformar y adicionar la Constitución, evitando con ello la violación de la misma.

4. En términos de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución federal, la Cámara de Diputados integra el Poder Constituyente Permanente.

5. Diversas entidades federativas, en contravención de lo establecido en la Carta Magna, han prolongado el mandato de los representantes de elección popular haciendo nugatorias las disposiciones establecidas por el Constituyente originario y el Permanente en la Norma Suprema, pasando por alto la inviolabilidad de la Constitución y que la única vía mediante la cual se pueden dejar de observar los preceptos contenidos en la Carta Magna es exclusivamente la reforma o adición de la Constitución hecha por el Poder Constituyente Permanente.

6. Las elecciones concurrentes pueden ser un instrumento para ayudar a reducir los costos electorales y a aumentar la participación del electorado en las urnas y con esto dar mayor legitimidad al proceso; sin embargo, las entidades federativas deben respetar las decisiones políticas fundamentales consagradas en la Constitución federal y por ningún motivo pueden pasar por alto lo establecido en la misma respecto de la duración del mandato de sus representantes de elección popular.

7. El Poder Constituyente Permanente estableció en la misma Carta Magna diversos instrumentos de carácter procesal, como la acción de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad, a efecto de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitarle la invalidez de normas y actos emanados de los órganos constituidos que rompan el orden constitucional.

Por lo expuesto y fundado en los principios esenciales de un Estado democrático y federal, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados toma conocimiento el día de hoy de la indebida prolongación del mandato de los representantes de elección popular en algunas entidades federativas y, por tanto, se ostenta sabedor de tales actos.

Segundo. Se exhorta a las siguientes autoridades para que presenten los medios de control constitucional que en el ámbito de su competencia procedan:

a) Al procurador general de la República para que presente acción de inconstitucionalidad; y

b) A los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, así como a los partidos políticos con registro en las entidades federativas en que se haya aprobado la prolongación del mandato con objeto de que a través de sus dirigencias presenten acción de inconstitucionalidad.

Tercero. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que, previo estudio del asunto, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el medio de control constitucional que resulte pertinente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los a los siete días del mes de noviembre del dos mil seis.--- Diputados: Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Gloria Lavara Mejía, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Aída Marina Rivas (rúbrica), Mónica T. Arriola (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Castillo Nájera Ariel (rúbrica).»

Lo presentamos solicitando el apoyo de todos ustedes para la proposición y punto de acuerdo y reitero a la Presidencia que se ponga a consideración que sea de urgente u obvia resolución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se ha inscrito a esta Mesa la diputada Dora Martínez Valero, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, quien tiene el uso de la palabra, por favor.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero:Con su venia, señora Presidenta: el grupo parlamentario de Acción Nacional se suma a la propuesta hecha por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianzasobre la determinación adoptada en diversas entidades federativas en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular, particularmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Giovanni Sartori señala que ``la democracia es base del consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos; no acepta autoinvestiduras y con ella el poder está legitimado por elecciones libres y recurrentes''. Cierro la cita.

Compañeros legisladores. Siete de 32 estados han realizado reformas constitucionales y legales en sus estados, pero tres de ellos han decidido ampliar el periodo para permanecer en el cargo para el que fueron electos. Siendo respetuosos de la soberanía estatal, manifestamos nuestra disidencia por las reformas hechas en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, que con el pretexto de buscar la concurrencia con el proceso electoral federal, realizaron una reforma electoral a modo de los legisladores y de los ayuntamientos en funciones, que permitió la prolongación de su mandato.

Estamos conscientes de que estas reformas vulneran nuestra Carta Magna y también los principios rectores de legalidad y certeza. Los ciudadanos de esos estados votaron únicamente para que los legisladores y los alcaldes duraran tres años y en ningún momento fueron requeridos para refrendar la posible ampliación del periodo.

Para nuestro grupo parlamentario es de suma importancia que haya concurrencia en los procesos electorales y por eso es que en esta tribuna en días pasados presentó un punto de acuerdo y también hemos sido promotores en los congresos locales para que se lleven a cabo reformas en ese sentido, porque estamos conscientes de que la sociedad demanda procesos electorales menos costosos y simplificados; pero no estamos de acuerdo en que estas reformas sean a modo de los legisladores y de los ayuntamientos que están en este momento en funciones.

Sabemos también que esas reformas fueron acuerdos políticos de los estados; sin embargo, al momento de llevarlos a la práctica, dichos acuerdos no se respetaron, caso particular el caso de Michoacán. Las reformas también han sido severamente criticadas por la sociedad civil y por organismos empresariales, incluyendo la ampliación del periodo de gobernador en el caso de Michoacán.

Sabemos que los partidos políticos cuentan con la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad en este sentido y por eso es que Acción Nacional en breve estará presentando diversas acciones de inconstitucionalidad para que la Corte declare inconstitucionales estas reformas; pero, sobre todo, para que obligue a dichos estados a realizar las modificaciones a la legislación.

Somos todos los mexicanos depositarios de nuestra democracia; expresamos nuestras convicciones con nuestro voto y en las urnas; suplantar ese derecho sienta un peligroso antecedente que viola la constitucionalidad. No lo permitamos; hacerlo nos volvería cómplices del pasado y México necesita un futuro próspero digno y plenamente democrático. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Mucha gracias, diputada Dora Martínez. Tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Compañeras y compañeros diputados: el tema que ha traído el grupo parlamentario de Acción Nacional en este caso, nos hace llegar a la convicción, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de estar de acuerdo con él, toda vez que no estamos de acuerdo en que, si hay una elección popular que define fechas de inicio y de término, se pueda, por un acto legislativo acomodaticio, ampliar el periodo. Eso equivaldría a una reelección.

Nosotros recordemos, tenemos una controversia constitucional para el caso de Michoacán y estamos esperando la resolución. En consecuencia, manifestamos nuestro acuerdo con este tema y seremos congruentes a la hora de debatirlo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Victorio Montalvo. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Aprobada; comuníquese.

BANCO DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para que el Banco de México atienda la situación de la aceptación y canje de billetes no aptos para circular.

El diputado Carlos Eduardo Felton González:Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: en reciente fecha, que nadie puede precisar con exactitud, los diferentes bancos comerciales en nuestro país han adoptado una política muy estricta en lo que se refiere a la aceptación de los billetes de curso legal. Ha dejado de provocar sorpresa el hecho de que los bancos no quieran aceptar billetes, algunos de los cuales son rechazados solamente por traer el sello de alguna institución bancaria, aunque muchas veces dicho sello corresponde a la misma institución que ahora lo rechaza. Ha dejado de provocar sorpresa, pero el malestar de la población y el caos y el desconcierto va en aumento.

Si a esto le agregamos que muchos cajeros automáticos, al momento de dispensar el efectivo solicitado por el cliente, entregan billetes sellados e inclusive billetes deteriorados o rotos, los cuales son rechazados no sólo por los bancos sino por el comercio en general, ya que una especie de psicosis ha crecido en todos lados ante la negativa de las instituciones bancarias de recibirlos, ocasionando pérdida de tiempo, quebrantos y desconcierto entre la comunidad en general, situación que debemos de evitar de inmediato.

Investigando un poco sobre el uso y el destino de los billetes de curso legal en la República Mexicana, encontramos en la página de Internet del Banco de México, de acuerdo con el numeral 2.1 de la circular 2026/96, de fecha primero de julio de 2005, que una de las obligaciones de las instituciones de crédito es precisamente, y cito textual: ``...canjear por billetes aptos para circular o por monedas metálicas los billetes no aptos para circular, así como los billetes y monedas metálicas en proceso de retiro y/o desmonetizados''.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Único. Exhortar al Banco de México para que solicite a las diversas instituciones bancarias que se apeguen a lo establecido en el numeral 2, ``Obligaciones de las instituciones de crédito'', de la circular del mismo Banco de México 2026/96, del primero de julio de 2005, para que se resuelvan de manera inmediata las situaciones irregulares en los bancos relacionadas con la aceptación o canje; así como la entrega en cajeros automáticos de billetes deteriorados. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Banco de México que atienda la situación relacionada con la aceptación o el canje de billetes no aptos para circular, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del PAN

En reciente fecha, que nadie puede precisar con exactitud, los diferentes bancos comerciales en nuestro país han adoptado una política muy estricta por lo que se refiere a la aceptación de billetes de curso legal.

Ha dejado de provocar sorpresa el hecho de que los bancos no quieren aceptar billetes, algunos de los cuales son rechazados solamente por traer sello de alguna institución bancaria, aunque muchas veces dicho sello corresponde a la misma institución que ahora lo rechaza.

Ha dejado de provocar sorpresa, pero el malestar de la población y el caos y desconcierto van en aumento.

A eso se agrega que muchos cajeros automáticos entregan billetes sellados e incluso deteriorados o rotos, los cuales son rechazados no sólo por los bancos sino por el comercio en general, ya que una especie de psicosis ha crecido en todos lados ante la negativa de las instituciones bancarias a recibirlos, ocasionando pérdida de tiempo, quebrantos y desconcierto entre la comunidad en general, situación que debemos evitar de inmediato.

Investigando un poco sobre el uso y el destino de los billetes de curso legal en la República Mexicana, encontramos en la página de Internet del Banco de México, de acuerdo con el numeral II.1 de la circular número 2026/96, de fecha 1 de julio de 2005, que una de las obligaciones de las instituciones de crédito es ``canjear por billetes aptos para circular o por monedas metálicas los billetes no aptos para circular, así como los billetes y las monedas metálicas en proceso de retiro o desmonetizados''.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar al Banco de México que atienda de inmediato a situación irregular relacionada con la aceptación o el canje de billetes no aptos para circular, e instruya a las diversas instituciones bancarias sobre el acuerdo con el numeral II.1 de la circular número 2026/96 para que lo acaten de inmediato.

Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Felton González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación actualice la base de datos sobre juegos y sorteos en su sitio de Internet.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el de la voz, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes:

El 27 de octubre del 2004 se propuso al Pleno interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo federal, consistente en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La LIX Legislatura creó la Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos, y en particular los relativos a centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, solicitando a la Secretaría de Gobernación la información siguiente: copia certificada de los permisos otorgados a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; así como la copia certificada de los permisos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho reglamento; relación de las sociedades mercantiles que obtuvieron permiso para operar dichos establecimientos, y fue el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el 3 de agosto del 2005, la que emitió acuerdo por el cual se establecían los lineamientos para la clasificación-desclasificación de la información enviada por la Secretaría de Gobernación, en materia de juegos y sorteos.

Desde 1973 al año 2000 se otorgaron diversos permisos para instalar y operar establecimientos relacionados con centros de apuestas remotas; en mayo de 2005 reanudó la Secretaría de Gobernación, por el entonces secretario, la entrega y otorgó permisos de manera discrecional de esta naturaleza a varios amigos, conocidos por la empresa de Televisa y de todos conocidos también por los Amigos de Fox, a diversas sociedades mercantiles; estableciendo condiciones que no cumplieron con los permisos; sin olvidar que Carlos Abascal informó que ya no se otorgarían nuevos permisos hasta conocer el resultado de la controversia constitucional, que después de dos años no ha resuelto. De igual manera, el VI Informe de Gobierno de Vicente Fox omitió el tema y ocultó la información respectiva.

Recientemente se ha publicado en diversos medios de información la existencia de casas de apuestas y casinos clandestinos, salas de sorteos de números, así como establecimientos con máquinas tragamonedas.

El artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que la dirección integrará y mantendrá actualizada una base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos, cosa que en los hechos no sucede. De igual forma, el artículo 19 dispone que la Secretaría mantenga debidamente actualizada esta base de datos --que tampoco lo está-- y no presenta la información que permita identificar con claridad quiénes son los funcionarios y empleados de los permisionarios.

Por lo expuesto anteriormente, señoras diputados y diputadas, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos sobre la autorización de estos permisos para operar juegos con apuestas y sorteos, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se actualice la base de datos, que se difunda en su sitio de Internet en términos señalados por los artículos 17 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Gobernación para que, en el uso de la atribución que le otorga la fracción XII del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publique en la página de Internet la mecánica de operación del sistema de apuestas, las reglas de juego, la infraestructura, los sistemas de seguridad tecnológica e informática --entre otra información-- que garantice a los usuarios o participantes la seguridad y certeza en los eventos en los que decida participan...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya, por favor.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid: ...De conformidad con lo previsto en los artículos 22, fracciones relativas.

Finalmente, concluyo, se informe a la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobernación para determinar las responsabilidades de las omisiones señaladas en el punto primero.

Solicito se inserte en el Diario de Debates íntegramente, toda vez que esta propuesta ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. También rectifico el procedimiento de la votación, solicitando se remita a la Comisión de Gobernación y de Turismo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a actualizar y publicar en su sitio de Internet la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Camerino Eleazar Márquez Madrid, diputado federal en la LX legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El veintisiete de octubre de dos mil cuatro se presentó al pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura proposición con punto de acuerdo por el que se propuso al Pleno interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, suscrita por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.

2. El veintidós de junio del dos mil cinco la Junta de Coordinación Política propuso al Pleno de la Cámara de la LIX legislatura la creación de la Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos y, en particular, los relativos a centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números. La comisión señalada celebró sesión de instalación el veintiocho de junio del mismo año.

3. Mediante la aprobación de la proposición con punto de acuerdo presentada en sesión de la Comisión Permanente celebrada el seis de julio de dos mil cinco, se solicitó a la Secretaría de Gobernación la información siguiente:

Único. Exhorta al secretario de Gobernación, licenciado Carlos M. Abascal Carranza, a entregar, con la mayor brevedad, a la Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos la documentación, antecedentes e información que a continuación se cita, a fin de que ésta última esté en posibilidad material de cumplimentar con su objeto:

I. Documentación y antecedentes

1. Copia certificada de los permisos otorgados por la secretaría a su cargo para la instalación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números expedidos a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

2. Copia certificada de los permisos otorgados por la Secretaría a su cargo para la instalación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, actualmente en operación, expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y, en especial, los que conforme al mismo fueron ``regularizados'', en los términos del artículo tercero transitorio del reglamento en cita.

3. Copia certificada de la documentación con que los permisionarios a que se refieren los puntos 1 y 2 anteriores acompañaron su solicitud, a fin de que esta autoridad otorgase los permisos correspondientes.

4. Copia certificada de todas las actas de sesión del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, previsto en el Capítulo II del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, desde el inicio de sus funciones a la fecha.

II. Información

1. Relación de los permisionarios con autorización otorgada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, respecto de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números; especificando los que actualmente se encuentran en operación, los que no operan, así como los revocados administrativamente o regularizados.

2. Relación de las sociedades mercantiles que obtuvieron permiso para operar hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuesta remota y salas de sorteos de números posterior a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, especificando lo siguiente:

a) Fecha de constitución de la sociedad;

b) La identidad de los permisionarios y de los operadores autorizados, incluyendo, en su caso, la de las personas físicas o morales que los conformen hasta el último accionista o beneficiario; y,

c) La identidad de los funcionarios y empleados de primer nivel de cada permisionario y de su operador u operadores.

3. Relación de las solicitudes presentadas ante la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, para la apertura y operación de hipódromos, galgódromos, frontones, salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, especificando el número de establecimientos, modalidades requeridas originalmente y estado actual de los expedientes, así como el de aquellos actualmente en estudio en el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos.

4. En respuesta, la Secretaría de Gobernación envió parte de la información solicitada, señalando que se omitía la información clasificada como reservada y confidencial, por lo que la Comisión Especial solicito la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Dicho Instituto, el tres de agosto de dos mil cinco, emitió acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información enviada por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos; en respuesta, la secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal solicitó una aclaración de dicho acuerdo, por lo que el pleno del IFAI emitió el veintiocho de agosto del año dos mil cinco el acuerdo mediante el cual se explican los alcances del acuerdo emitido el tres de agosto de dos mil cinco.

5. En cumplimiento a dichos acuerdos, y a través de oficio de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, la Comisión Especial recibió de la Secretaría de Gobernación cuatro cajas que contenían documentación diversa de la expedición de permisos en materia de juegos y sorteos, por lo que se dio a la tarea de iniciar la revisión y análisis de la documentación remitida, concluyendo lo siguiente:

a) Desde mil novecientos setenta y tres al año dos mil, se otorgaron diversos permisos para instalar y operar establecimientos relacionados con centros de apuestas remotas (books) y salas de sorteos de números (bingos), sumando un total de dieciséis permisos, de los cuales se desprende la operación hasta esa fecha de ciento veintidós centros de apuestas de esa naturaleza en el país;

b) En mayo de dos mil cinco, la Secretaría de Gobernación reanudó el otorgamiento de permisos de esa naturaleza, expidiendo a siete sociedades mercantiles un permiso a cada una y que constituyen la aprobación de ciento noventa y ocho nuevos centros de apuestas para books y bingos, de los cuales sólo uno, el otorgado a Mio Games, SA de CV, con domicilio marcado en el número 116 de la calle de Doctor Navarro 218, esquina con Doctor Carmona y Valle, colonia Doctores, CP 06720, en esta ciudad, ya está en funcionamiento; es decir, existen ciento noventa y siete centros de apuestas que están en espera de autorización por parte de la Secretaría de Gobernación para iniciar su funcionamiento.

c) Para la instalación y operación de los restantes ciento noventa y siete establecimientos autorizados a las siete permisionarias, se estableció la condición de exhibir por parte del permisionario ante la Secretaría de Gobernación, con quince días hábiles de anticipación a su apertura, la información y documentación siguiente:

Acreditar que cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento;

Manifestar por escrito la ubicación exacta del lugar en el que se pretenda instalar el establecimiento;

Acreditar la legítima posesión o propiedad del inmueble en que se pretenda ubicar el establecimiento;

Estudio que justifique la ubicación geográfica.

Se observó que de los anteriores, no todos los permisionarios cumplían, por lo que, en su mayoría, no habían podido iniciar operaciones; aunado a ello, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, informó en la comparecencia ante esta Cámara de Diputados, celebrada el siete de septiembre del año dos mil cinco, que ya no se otorgarían nuevos permisos para esas actividades, hasta conocer el resultado de la controversia constitucional, en los términos siguientes:

``Hoy los permisos están suspendidos porque quiero resolver un estudio de impacto sociológico... y están suspendidos hasta conocer el resultado de la controversia constitucional...

...si hay un motivo fundado que conforme a la ley me permita conocer de un recurso que pida la anulación de estos permisos con fundamento en la ley, por supuesto que lo consideraremos...''

6. En el VI Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el tomo correspondiente a la Secretaría de Gobernación, se omite el tema y carece de información específica del estado que guardan las autorizaciones otorgadas por la secretaría y que fueron objeto de la revisión de la Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en la LIX Legislatura.

En el apartado de acciones del informe citado, se señala que se realizaron 131 operativos para combatir el juego ilegal; se realizaron 125 supervisiones de diferentes tipos para la detección de eventos y establecimientos ilegales; se clausuraron 3 mil 764 máquinas tragamonedas y una casa de juego ilegal; se resolvieron 121 procedimientos administrativos y se otorgaron 6 mil 5 para juegos (gallos y caballos), mil 216 permisos para sorteos, 16 permisos de autofinanciamiento, 6 permisos a ferias, sin que de dicha información se dé cuenta en forma objetiva de las 197 autorizaciones para centros de apuesta otorgadas en 2005 por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda.

7. Recientemente se ha publicado información en diversos medios de comunicación de la operación de centros de apuestas remotas (books), y salas de sorteos de números (bingos), así como establecimientos con máquinas tragamonedas de azar.

8. El artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que la dirección integrará y mantendrá actualizada una base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos que contendrá, al menos, la siguiente información:

I. Los permisos otorgados y sus modificaciones;

II. Las sanciones que imponga la secretaría con motivo de la aplicación de la ley y el reglamento;

III. La identidad de los permisionarios y de los operadores que contraten, incluyendo, en su caso, la de las personas físicas o morales que los conformen hasta el último accionista o beneficiario;

IV. La identidad de los funcionarios y empleados de primer nivel de cada permisionario y de su operador u operadores;

V. La identidad de las personas que presten servicios profesionales vinculados al corretaje y cruce de apuestas en los establecimientos autorizados;

VI. Nombre y fotografía de los inspectores de la secretaría y, en su caso, las sanciones definitivas que se les hayan impuesto, así como de aquéllos que hubieren causado baja;

VII. Datos y estadísticas sobre la actividad nacional de juegos con apuestas y sorteos;

VIII. Los estados financieros trimestrales y anuales de los permisionarios de juegos con apuestas, cuando corresponda;

IX. Los procedimientos de sanción administrativa en curso en materia de juegos con apuestas y sorteos, incluidos aquellos que se encuentren en litigio judicial, así como cualquier procedimiento legal ejercido en contra del permisionario, sus operadores, accionistas o beneficiarios;

X. Las resoluciones que adopte el Consejo Consultivo;

XI. La relativa a los órganos técnicos de consulta en materia de hipódromos, galgódromos y frontones, y

XII. La que determine la secretaría.

Aunado a lo anterior, el artículo 19 del mismo reglamento dispone que la secretaría mantenga debidamente actualizada la base de datos, señalando la fecha de la última actualización, que nunca podrá ser mayor a diez días hábiles anteriores a la fecha en curso.

De la revisión de la base de datos sobre juegos y sorteos que la Secretaría de Gobernación publica en su página en la red de Internet, se encuentra que ésta no está actualizada y no presenta la información que permita identificar a los funcionarios y empelados de los permisionarios; los procedimientos y sanciones aplicados por irregularidades detectadas en las verificaciones; los datos estadísticos sobre la actividad nacional de juegos con apuestas y sorteos, entre otros, en los términos señalados en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, situación que deja en estado vulnerable a los ciudadanos que acuden a los centros donde se realizan juegos con apuestas y sorteos, al desconocer el estatus legal de los permisionarios y operadores.

Para muestra se señala un caso en particular.

En la dirección electrónica de la Dirección General adjunta de la Secretaría de Gobernación: http://juegosysorteos. gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=83 & nIdPanel=153 & nIdFooter=86 se publica la relación de empresas a las que se le otorgaron permisos durante 2005; entre éstas se encuentra Promojuegos de México, SA de CV, en la información contenida en el ``permiso nuevo'' se especifica que el permisionario no tiene establecimientos en operación.

En la misma página de esta Secretaría, en la dirección electrónica http://juegosysorteos.gob.mx/J505-Docs/-UPP.Promojueos2.pdf, se publica un documento, el cual se encuentra encriptado, por lo que resulta imposible su impresión, que contiene el permiso N.DGAJS/SCEVF/D.04/2005 para ``instalación, apertura y operación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números a favor de Promojuegos de México, SA de CV. Dicho permiso señala que

En las disposiciones transitorias del permiso N.DGAJS/ SCEVF/D.04/2005 se estipula lo siguiente:

Primera: Se tiene por autorizados en lo general el programa general de operación y funcionamiento de los establecimientos, la mecánica de operación del sistema de apuestas, los mecanismos de control de las apuestas, las reglas de los sorteos de números, las reglas de los juegos con apuestas y el programa de divulgación, presentados por la permisionaria.

Segunda. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la expedición del presente permiso, la permisionaria deberá exhibir ante la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección Ajunta de Juegos y Sorteos la siguiente información y documentación:

a) El reglamento de operación del establecimiento, el reglamento interno del mismo, así como las reglas de los eventos celebrados en los centros de apuestas remotas y de las salas de sorteos de números que serán difundidos al público en general. Dichos instrumentos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el presente permiso.

En el transitorio primero del permiso en cuestión, la autoridad responsable tiene por autorizados la operación y funcionamiento de los establecimientos, la mecánica de operación del sistema de apuestas, los mecanismos de control de las apuestas, las reglas de los sorteos de números, las reglas de los juegos con apuestas y el programa de divulgación, presentados por la permisionaria, y por otro lado, en el transitorio segundo solicita que dentro de los 20 días hábiles posteriores a la expedición del permiso, la permisionaria se obliga a exhibir a la misma autoridad el reglamento de operación del establecimiento. Esto es, la autoridad expidió un permiso sin conocer a detalle las reglas de operación del establecimiento. En consecuencia, las disposiciones transitorias resultan contradictorias y confusas.

Aunado a las irregularidades que presenta la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, se omite exhibir en la propia página de Internet de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, la información y documentación que se señala en el artículo 22, fracciones X, XIII y XVI, la cual resulta fundamental para la certeza y legalidad de la operación de los juegos y sorteos autorizados, puesto que en al misma se exponen la mecánica de operación del sistema de apuestas, las reglas de juego, la infraestructura, los sistemas de seguridad tecnológica e informática entre otra información, que garantizan a los usuarios o participantes la seguridad y certeza en los eventos en los que decida participar.

Artículo 22. Para efecto de los permisos previstos en la fracción I del artículo 20, en adición a los requisitos que señala el artículo anterior, el solicitante deberá acompañar a su solicitud la información y documentación siguiente: I. al IX. (...)

X. Programa general de operación y funcionamiento del establecimiento, que deberá incluir por lo menos el plan de operación, programa de controles y cronograma de actividades, desde el punto de vista técnico y de las apuestas;

XI. (...)

XII. (...)

XIII. Mecánica de operación del sistema de apuestas, mecanismos de control de las mismas y reglas del juego con apuestas que se ofrezca al público, especificados en forma detallada. Deberá precisarse la infraestructura informática, el sistema de seguridad tecnológica e informática, así como las políticas de soporte técnico a utilizar;

XIV. Acreditar experiencia en la operación del cruce de apuestas u organización del sorteo de que se trate o, en su defecto, identificar y acreditar la experiencia del operador que, en su caso, tendría a su cargo el funcionamiento u organización del establecimiento. En este último supuesto, deberá solicitarse la autorización a que se refiere el artículo 30 de este reglamento;

XV. Proyecto de programa de divulgación de las actividades a realizar en el establecimiento, así como de aquéllas tendentes al fomento de la actividad para la que se solicita el permiso, y

XVI. Proyecto del reglamento de operación del establecimiento.

Aunado a lo anterior, el artículo 85 del mismo Reglamento de la Ley Federal de Juegos señala la obligación de los pemisionarios para establecer sistemas de control en la captación apuestas vía Internet, telefónica o electrónica, para lo cual deberán establecer un sistema de control interno para las transacciones que se efectúen por estas vías, elaborando por escrito la descripción de los procedimientos y reglas que aseguren la inviolabilidad e impidan la manipulación de los sistemas de apuestas, mismos que deberán ser aprobados previamente por la secretaría, con el objeto de garantizar la certeza de los participantes, la forma de registro de los mismos y las medidas de seguridad para expedir comprobantes y realizar los pagos de premios, condiciones que la propia Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos no informa que hayan sido cubiertos por cada uno de los permisionarios autorizados.

Volviendo al caso de permisionaria Promojuegos de México, SA, en la página de Internet https://www.bwin.- com.mx/page.aspx?view=lastminutes, exhibe la siguiente información:

1. bwin es operado por Promojuegos de México, SA de CV. Permiso SEGOB DGAJS/SCEVF/P-04/2006, con fecha 18 de mayo de 2005. Autorización mediante oficio número DGAJS/SCEVF/2536/2005, con fecha 22 de diciembre de 2005, expedida por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

2. Disposiciones generales en su edición del 28 de septiembre de 2006.

3. Registro/cuenta de apuesta/cierre de apuestas.

4. Protección de datos informe de confidencialidad.

5. Licencia.

6. Información acerca de la pauta de Diccionario de comercio electrónico.

7. Seguridad en operaciones de pago. Transferencias.

Dicha información no cuenta con garantía alguna en su validez legal, puesto que de la información que hasta la fecha ha proporcionado la Secretaría de Gobernación a la anterior comisión para revisar la legalidad de los permisos otorgados, así como de la información que se publica en la página de Internet de dicha secretaría no se acredita fehaciente que los procedimientos y las reglas de operación para dar certeza a las apuestas que se realizan a través de Internet hayan sido autorizados por dicha secretaría.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. y 4o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos, cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase;asimismo, es responsable de otorgar los permisos para el funcionamiento de casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas.

Punto de Acuerdo

Primero. Para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos sobre las autorizaciones a permisionarios para operar juegos con apuesta y sorteos, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a actualizar, a través del secretario de Gobernación, la base de datos que se difunde en su sitio de Internet, en los términos señalados en los artículos 17 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar, en uso de la atribución que le otorga la fracción XII del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en la página de Internet la mecánica de operación del sistema de apuestas, las reglas de juego, la infraestructura, los sistemas de seguridad tecnológica e informática, entre otra información, que garantizan a los usuarios o participantes la seguridad y certeza en los eventos en los que decida participar, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, fracciones X, XIII y XVI del reglamento de la materia.

Tercero.Se informe a la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobernación para determinar la responsabilidad de las omisiones señaladas en el punto primero del este acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.

TELEFONIA CELULAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo a fin de solicitar a la Cofetel que suspenda el programa ``El que llama paga''.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el 11 de octubre de este año, representantes de los principales operadores de telefonía fija y móvil de México notificaron al pleno de la Comisión Federal de Telecomunicacionesun acuerdo en el que manifiestan que están en condiciones de ofrecer a sus usuarios la modalidad ``el que llama paga'' nacional.

En este documento se establece que estos operadores que representan a más del 90 por ciento de los usuarios de telefonía, tanto fija como móvil, iniciarían la aplicación de esta modalidad de servicio a partir del primer minuto del 4 de noviembre de 2006, en donde los operadores de larga distancia que suscribieron el acuerdo pagarán a los operadores móviles por el servicio de terminación de la llamada una tarifa de 1.54 pesos por minuto o fracción en cada llamada. Para instrumentar lo anterior se estableció una nueva marcación 045 más el código de área de servicio local más el número de destino y, en el caso de las llamadas originadas desde otros países, quien realice la llamada deberá marcar 52 más uno más el número de área más el número del teléfono móvil.

Pareciera que quienes diseñaron este esquema no pensaron en la necesidad de hacerlo simple y funcional. En nuestro país existen cerca de 50 millones de teléfonos móviles y, de esta cantidad, más del 90 por ciento funciona con tarjetas de prepago a precios unitarios mucho más altos que los usuarios de postpago. Por lo visto en México no hay nada más caro que ser pobre.

Otra de las condiciones acordadas por los signatarios del acuerdo es que los operadores de larga distancia no permitirán que sus usuarios finales utilicen el prefijo 01 para originar llamadas de larga distancia nacional, cuyo destino sea un usuario de las redes móviles del tipo ``el que llama paga''.

Cabe destacar que este acuerdo no incluye la totalidad de las redes de larga distancia, y esto, desde luego, complica aún más el asunto. Es del dominio público que compañías como Alestra, Avantel, Axtel y Maxcom cuentan con una suspensión a su favor otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa y Federal, lo que ha generado una dualidad de marcación y cobro que confunde todavía más a los usuarios.

En consideración al nuevo servicio, en donde los usuarios requerirán de tiempo para familiarizarse con las marcaciones, el acuerdo estableció un período de 45 días naturales, a partir del 11 de octubre, para que los operadores que lo suscribieron hicieran sus mejores esfuerzos, con el fin de difundir entre sus usuarios la nueva modalidad, así como concluir los convenios de interconexión correspondientes y sus respectivos anexos de precios y tarifas.

Hoy queda claro que estos esfuerzos han sido insuficientes para difundir entre los usuarios las nuevas modalidades, por lo que las posibles ventajas del nuevo servicio se han convertido para muchos usuarios en graves problemas de comunicación, viéndose afectados en sus negocios, relaciones laborales, familiares y personales.

En tal virtud y con el propósito fundamental de que quienes hacen uso de los servicios telefónicos cuenten con información suficiente y adecuada, que les permita contar con los beneficios del nuevo programa, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. Solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que revise el programa denominado ``El que llama paga nacional'', a efecto de que se lleve a cabo una campaña de difusión adecuada que informe a los usuarios sobre las nuevas modalidades de marcación y las tarifas correspondientes.

La acción de la Cofetel deberá orientarse a promover la adecuada difusión del programa y no afectar a los millones de usuarios que hoy encuentran en el mismo una metodología más justa para el pago de sus tarifas, así como el beneficio de recibir llamadas de larga distancia encontrándose en sus lugares de origen.

En virtud, señor Presidente, de que el presente punto de acuerdo ha sufrido algunas modificaciones que se realizaron en aras de conseguir el consenso de mis compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias, solicito que el texto íntegro de esta proposición se inserte en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofetel que suspenda el programa ``El que llama paga'', a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El 11 de octubre de este año representantes de los principales operadores de telefonía fija y móvil de México notificaron al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) un acuerdo en el que manifiestan estar en condiciones para ofrecer a sus usuarios la modalidad ``el que llama paga nacional''.

En este documento, se establece que estos operadores, que representan a más del 90 por ciento de los usuarios de telefonía tanto fija como móvil, iniciarían la aplicación de esta modalidad de servicio a partir del primer minuto del 4 de noviembre de 2006, en donde los operadores de larga distancia que suscribieron el acuerdo, pagarán a los operadores móviles por el servicio de terminación de la llamada, una tarifa de 1.54 pesos por minuto o fracción, en cada llamada.

Para instrumentar lo anterior, se estableció una nueva marcación: 045 más el código de área de servicio local, más el número de destino y en el caso de las llamadas originadas desde otros países, quien realice la llamada deberá marcar 52+1+el número de área +el número del teléfono móvil. Pareciera que quienes diseñaron este esquema, no pensaron en la necesidad de hacerla simple y funcional. En nuestro país, existen cerca de cincuenta millones de teléfonos móviles. y de esta cantidad, más del 90 por ciento funciona con tarjetas de prepago, a precios unitarios mucho más altos que los usuarios de post-pago. Por lo visto, en México no hay nada más caro que ser pobre.

Otra de las condiciones acordadas es que los operadores de larga distancia no permitirán que sus usuarios finales utilicen el prefijo ``01'' para originar llamadas de larga distancia nacional cuyo destino sea un usuario de las redes móviles del tipo ``el que llama paga''.

Cabe destacar, que este acuerdo no incluye la totalidad de las redes de larga distancia. y esto, desde luego, complica aún más este asunto. Es del dominio público que compañías como Alestra, Avantel, Axtel y Maxcom cuentan con una suspensión a su favor otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que ha generado una dualidad de marcación y cobro, que confunde todavía más a los usuarios.

En consideración del nuevo servicio, donde los usuarios requerirían tiempo para familiarizarse con las marcaciones, el acuerdo estableció un periodo de 45 días naturales a partir del 11 de octubre para que los operadores que lo suscribieron hicieran sus mejores esfuerzos con el fin de difundir entre sus usuarios dicha modalidad, así como concluir los convenios de interconexión correspondientes y sus respectivos anexos de precios y tarifas.

Hoy queda claro que estos esfuerzos han sido insuficientes para difundir entre los usuarios las nuevas modalidades, por lo que las posibles ventajas del nuevo servicio se han convertido para muchos usuarios en graves problemas de comunicación, viéndose afectados en sus negocios, relaciones laborales, familiares y personales.

En tal virtud y con el propósito fundamental de que quienes hacen uso de los servicios telefónicos cuenten con información suficiente y adecuada que les permita contar con los beneficios del nuevo programa, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) revise el programa denominado ``el que llama paga nacional'' a efecto de que se lleve a cabo una campaña de difusión adecuada que informe a los usuarios sobre las nuevas modalidades de marcación y las tarifas correspondientes.

La acción de la Cofetel, deberá orientarse a promover la adecuada difusión del programa y no afectar a los millones de usuarios que hoy encuentran en el mismo una metodología más justa para el pago de sus tarifas, así como el beneficio de recibir llamadas de larga distancia, encontrándose en sus lugares de origen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2006.--- Diputados: Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Convergencia; José Antonio Díaz García (rúbrica), Acción Nacional; Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Verde Ecologista; Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Nueva Alianza; Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Alternativa Social; Patricio Flores Sandoval (rúbrica), PRI; Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica). Partido del Trabajo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Hernández. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Ha solicitado la palabra el diputado Antonio Vega Corona, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Antonio Vega Corona:Con su permiso, señor Presidente: el grupo parlamentario de Acción Nacional apoya este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por considerar que es responsabilidad de la Cofetel y de las empresas telefónicas la rápida restauración del sistema de interconexión telefónica del programa ``El que llama paga nacional'', ya que consideramos que fue muy escaso el tiempo e insuficiente en los medios de comunicación la difusión de dicho programa.

Suscribimos este punto de acuerdo por considerar que la inadecuada información y problemas de interconexión lesionan la economía de este país y causan molestia a los usuarios; reconocemos que el programa es de beneficio para el usuario. Es preciso ponderar el beneficio que tendrían los usuarios de todos los sectores, sobre todo aquéllos de escasos recursos económicos. Por ejemplo, el caso de los migrantes, que son usuarios frecuentes, sin soslayar otros, que igualmente se benefician con este programa.

Es necesario, pues, hacer notar que en la actualidad la telefonía móvil ha rebasado en mucho la telefonía convencional fija, lo cual es un indicador relevante en la solicitud de este punto de acuerdo. Por eso se debe acelerar la respuesta técnica, sin lugar a dudas, para resolver este problema de comunicación; ojalá y la Cofetel atienda. Esa es la razón por la que nos sumamos a este punto de acuerdo.

Muchas gracias, señor Presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vega. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Muchas gracias, ciudadano Presidente; compañeras y compañeros: el grupo parlamentario del PRD votó en contra de que se revisara este programa, ``El que llama paga'', no porque consideremos que se ha difundido suficientemente; es más, nuestra intención era que se diera mayor difusión para evitar confusiones; pero este punto de acuerdo pasó de rechazar el programa, como estaba inscrito, al asunto de revisarlo, que para el caso viene a ser lo mismo. Y la pregunta que yo le hago a los legisladores de todos los grupos es ¿cuáles son los derechos que vamos a buscar tutelar o a apoyar: los de los consumidores o los de los empresarios de estas compañías? ¿Qué tutelamos nosotros? ¿Qué buscamos?

Actualmente a cualquier persona --y los que menos tienen lo sufren más-- que paga con tarjeta recibe una llamada y le cuesta cinco pesos el minuto. Sale más barato a veces hablar de Europa hacia aquí; y te cobran menos el minuto que lo que te cobran aquí en una llamada nacional; eso es lo correcto. Y además de que pagas la llamada, tú que estás llamando, al agente que aparece ahí con una tarjeta también le van a cobrar la llamada. Entonces, por eso les pregunto: ¿cuál es el derecho que se busca tutelar como Poder Legislativo: el de las grandes corporaciones o cuál? ¿Acaso en México tenemos de las telefonías más baratas del mundo o de las más caras? Claro, el servicio telefónico de México es más caro incluso que en países como Estados Unidos. Es de los más caros del mundo, no sólo domiciliario, también el de telefonía celular.

Siguiente pregunta: ¿acaso pagan impuestos y no se van por el régimen consolidado la mayoría de estas empresas telefónicas? Porque la Legislatura anterior les permitió consolidar el 100 por ciento. Ahora lo que te dicen es: ``sabes qué, de lo que me tocaba pagar de impuestos, abrí el Prodigy o abrí otras empresas y allá se fue lo que te iba a pagar de impuestos y ya está invertido, porque en aquella otra empresa se perdió''.

Sólo por eso, por los beneficios cuantiosos que se tienen aquí y porque no se protege al consumidor es por lo que ocurre que, a partir de 18 millones de teléfonos domiciliarios en México se tenga más riqueza por alguien --incluso que la AT & T--, tenga más ganancias. Por eso mi pregunta vuelve a ser: ¿qué derecho estamos tutelando? ¿Somos diputados para proteger los intereses de unos cuantos que más tienen o para proteger a la gran mayoría de los ciudadanos y los que menos tienen?

Por eso entiendo que se quiere informar; no entiendo que se quiera revisar y que el Poder Legislativo siga viendo cómo ayuda a los que más tienen y no ver a los que menos tienen. Si nos hacen una propuesta de revisar para que la telefonía en México se adecue a los precios que existen en Europa o en Estados Unidos, si nos hacen una proposición para revisar cómo apoyamos más a los ciudadanos y a los consumidores los vamos a apoyar.

Mientras nos hagan propuestas de proteger a los que más tienen, ciudadanos legisladores, les digo: apóyenlos si quieren, pero esta Cámara no está tutelando a los más desprotegidos, sino a los más poderosos, que de pilón ni impuestos pagan. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado. ¿Con qué objeto?, ¿quiere pasar a la tribuna? Adelante, diputado José Díaz.

El diputado José Antonio Díaz García:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: me parece que es muy importante aclarar que el Partido Acción Nacionalse ha sumado a esta propuesta, que ha iniciado el diputado Eduardo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, porque consideramos que sí tutela los derechos de los usuarios, y precisamente aquí venimos a velar por los intereses de todos los mexicanos, pero principalmente de los que menos tienen. De manera que esta medida ``el que llama paga nacional'' es una medida positiva que favorece a los que menos tienen.

De manera que nos sumamos al punto de acuerdo, considerando que la medida hace más justo el cobro, favorece la comunicación, sobre todo de aquellos que tienen planes de prepago, que son los que menos tienen: los artesanos, las amas de casa, los estudiantes. Favorece también a los que, por necesidad, han migrado al extranjero o dentro del país y necesitan comunicarse con sus familiares. Favorece también el desarrollo regional al hacer accesible la comunicación para favorecer relaciones comerciales y de negocio de los pequeños comerciantes, de los artesanos.

Desgraciadamente, la aplicación técnica ha sido ineficiente e inadecuada; la información y comunicación a los usuarios ha sido insuficiente; por tanto, exhortamos a la Cofetel y a las empresas de telecomunicaciones que prestan el servicio a que realicen una campaña de información y comunicación suficiente y lleven a cabo las adecuaciones técnicas necesarias para que la medida ``el que llama paga nacional'' funcione eficientemente en el menor tiempo posible y así no se vulnere la comunicación de los que menos tienen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente: en el proceso de cabildeo para este punto de acuerdo, en nuestro grupo parlamentario evaluamos la posibilidad de apoyarlo, pero sugerimos al ponente una modificación básica: si el interés real, verdadero es impulsar una campaña de difusión adecuada para que los usuarios estén informados de estas modalidades de marcación y las tarifas correspondientes, obviamente que nuestro voto es a favor, en ese sentido; sin embargo, el punto de acuerdo tiene un señalamiento que puede ocultar en el fondo la verdadera intención de este punto de acuerdo. No compartimos, y por eso votamos en contra, porque se habla de revisar el programa denominado ``El que llama paga nacional'', y éste es el segundo concepto, revisar, porque el inicial en ese punto de acuerdo, era suspender.

En realidad, todo indica que este punto de acuerdo lo que persigue en el fondo es abrir la puerta trasera para algunos sectores empresariales. No es ajeno el siguiente dato: la Comisión Federal de Telecomunicaciones reporta que sólo dos empresas de telefonía local han solicitado la suspensión definitiva y otras empresas la suspensión provisional de este programa, lo que se traduce en que las cuatro empresas de telefonía celular están advirtiendo a sus usuarios que en las llamadas provenientes de esas empresas que están bajo el proceso de una suspensión o un amparo no se aplica dicho esquema.

Estamos hablando de las siguientes empresas: Alestra, Avantel, Maxcom y Axtel; ellas interpusieron un juicio de nulidad en contra de la aplicación de este sistema; por tanto, los clientes que reciban llamadas de larga distancia desde las redes de esas empresas sí tendrán que pagar. ¿No será que acaso este punto de acuerdo en el fondo está abriendo la puerta para que estas empresas se vean beneficiadas? Por eso nosotros propusimos que a este punto de acuerdo se le quitara ``revisar el programa denominado 'El que llama paga nacional'''. Como no se quitó este párrafo, es nuestro voto en contra.

Y más aún, debemos sospechar, porque precisamente el ponente de este punto de acuerdo --al menos la información que hay en Internet de la página del Congreso de la Unión-- es vicepresidente de la Coordinación de Radio y Televisión y también vicepresidente de Multivisión. No se vale que se quieran meter por la puerta de atrás los beneficios a las grandes empresas.

Sí, una campaña de difusión; sí, que se explique a la gente las tarifas y la manera de marcación, pero no nos quieran tomar el pelo; abajo de eso quieren beneficiar a los grandes empresarios. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández(desde la curul): Señor Presidente: pido la palabra.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: ¿Con qué objeto, diputado Eduardo Sánchez?

El diputado Eduardo Sánchez Hernández(desde la curul): Para alusiones personales, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra, diputado.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández:Muchas gracias, señor Presidente: en primer lugar, quiero hacer la aclaración a mi compañero diputado, de manera muy respetuosa, que nunca he sido vicepresidente de la Coordinación de Radio y Televisión; y efectivamente, hasta el 31 de agosto tuve el alto honor de ser vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la empresa Multivisión. Lamento mucho también que encuentre usted alguna intención oculta. Desafortunadamente, la buena fe parece brillar por su ausencia cuando alguien hace una propuesta por aquí: no hay ninguna cuestión oculta, señor diputado.

Es lamentable que no haya sido yo, probablemente, lo suficientemente explícito para explicar a usted el fondo del proyecto; y el fondo del proyecto, efectivamente, es que haya una mayor difusión, como usted mencionó; de manera, señor diputado, que celebro mucho que estemos de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada; comuníquese.

Saludamos a los alumnos de la Escuela de Derecho del Complejo Educativo Leonardo da Vinci, de Irapuato, Guanajuato. Bienvenidos.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la tribuna el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señor Presidente: quiero rogarle, Presidente, que este punto sea de urgente u obvia resolución, toda vez que diputados de los ocho partidos firman este punto de acuerdo. Está fundamentado básicamente en que el estado de Veracruz tiene siete mil 600 kilómetros, que atraviesan su territorio, de ductos de Pemex. Buscan los diputados, la inmensa mayoría de ellos veracruzanos y de otros estados, que Petróleos Mexicanosdestine una partida para poderle dar el mantenimiento correspondiente.

Pemex, en algunas regiones de Veracruz, ha tenido graves derrames de petróleo. Lo mismo ha pasado en la Huasteca, en el Totonacapa, en Tecolutla, en Pajaritos, en Coatzacoalcos, en Nanchital, en todos lados. Requerimos que los siete mil 600 kilómetros de ductos que pasan por el estado de Veracruz tengan mantenimiento.

Por otro lado, en el documento señalamos, los 282 diputados que firman este documento, señalamos todos, absolutamente todos los accidentes que ha habido; lo mismo en Nogales, lo mismo en Veracruz, lo mismo en Boca del Río, lo mismo en Gutiérrez Zamora. Requerimos ese mantenimiento con carácter de urgente.

Quiero destacar que el gobierno del estado de Veracruz, en voz del licenciado Fidel Herrera Beltrán, tomó la decisión también de solicitar que el adeudo por daño ambiental pueda ser cubierto por Pemex. Por eso los diputados del Partido Verde Ecologista firmaron este documento; se sumaron a él porque les preocupa el daño ambiental y su firma razonada va en el sentido de que el daño ambiental que se está ocasionando en Veracruz cuando hay derrames pueda ser resarcido por la institución Petróleos Mexicanos.

Nos anima, compañeras y compañeros diputados, el hecho de que se exhorte a Petróleos Mexicanos con el poder de este Congreso, de los diputados, para que se haga caso al llamado del gobernador; pero también de todos los presidentes municipales que han sufrido los derrames de petróleo.

Nos sumamos a este punto de acuerdo, compañeras y compañeros diputados, porque Veracruz --que es un gran productor de petróleo-- no ha recibido el apoyo que requiere de Petróleos Mexicanos. Con la fuerza de todos los diputados y diputadas, estoy convencido de que Pemex va a voltear sus ojos a Veracruz, va a dar el mantenimiento que se requiere y hará los estudios correspondientes para el pago, si procede, del daño ambiental correspondiente.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y aquí están las firmas de todos los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Convergencia, del Partido del Trabajo, del Partido Nueva Alianza, del Partido Alternativa, de todos los partidos y, también, del señor diputado Félix Castellanos, que es diputado federal independiente. Gracias, señor Presidente. Está puesta mi solicitud de que sea de urgente u obvia resolución. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía exhorta al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos ( Pemex) a dar mantenimiento a sus instalaciones en Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado.

Antecedentes

Por su riqueza en hidrocarburos, Veracruz ha hecho una gran aportación de petróleo y gas a la nación. Esas contribuciones explican en buena medida la bonanza por la que han atravesado nuestras finanzas públicas durante los últimos años.

Si bien los excedentes de ingresos que ha obtenido el erario federal se explican también por los elevados precios de los hidrocarburos, es un hecho que sin hidrocarburos no habría excedentes petroleros.

Sin embargo, esa la contribución a la nación ha cobrado al Estado una factura muy alta, en cuanto al ambiente y a la ecología de la región.

Considerando 1. Que durante los últimos años, los accidentes relacionados con derrames petroleros, fracturas de oleoductos y explosiones registrados en las instalaciones de Pemex parecería que se han convertido ya en un asunto ``normal'' para los diferentes municipios y regiones del estado.

2. Que así, por ejemplo, el 5 de junio de 2003, los habitantes de Nogales, Veracruz, fueron sorprendidos por una explosión que causó la rotura de tres conductores de hidrocarburos, cuyo saldo fue la pérdida de vidas de la población civil, además del daño ecológico sobre 157 hectáreas de terrenos afectadas.

3. Que en 2004 otro accidente en la estación de bombeo de Mazumiapan derivó en un incendio, y en el derrame de hidrocarburos que contaminó más de 14 kilómetros a lo largo en los márgenes del río Coatzacoalcos y la laguna de Pajaritos.

4. Que durante 2005 se registraron incendios en las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Huichapan, en Nanchital e Ixhuatlán, en el oleoducto del complejo petroquímico de Pajaritos; todos ellos, con lamentables pérdidas humanas y graves daños ecológicos.

5. Que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos.

6. Que de acuerdo con actas del Consejo de Administración de Pemex, más de 7 mil 600 kilómetros de esos ductos han sido clasificados como ``críticos'' por el estado en que se encuentran.

7. Que resulta incomprensible que después de haber obtenido más de 250 mil millones de pesos de excedentes petroleros, el gobierno federal tenga en esa situación de olvido la infraestructura de Pemex.

8. Que es necesario que el gobierno federal y Pemex den el mantenimiento requerido a sus instalaciones en Veracruz.

9. Que es urgente que el gobierno federal y Pemex restituyan el grave daño ambiental que han infligido a Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 31 de octubre de 2006.--- Diputados: José Manuel del Río Virgen (Convergencia); Édgar Mauricio Duck Núñez (PAN); Adolfo Mota Hernández (PRI); Nemesio Domínguez Domínguez (PRI); Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI); Pedro Montalvo Gómez (PRI); Holly Matus Toledo (PRD); Iñigo Antonio Laviada Hernández (PAN); Ricardo Cantú Garza (PT); María Mercedez Maciel Ortiz (PT); Antonio Vega Corona (PAN); Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia); Juan Abad de Jesús (Convergencia); Salvador Barajas del Toro (PRI); Isael Villa Villa (PRI); Miguel Ángel Peña Sánchez (PRD); Maribel Luisa Alva Olvera (PRD); Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD); Mónica Fernández Balboa (PRD); Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD); Adriana Díaz Contreras (PRD); Camerino Eleazar Márquez Madrid (PRD); Neftalí Garzón Contreras (PRD); María Soledad López Torres (PRD); Javier González Garza (PRD); Elizabeth Morales García (PVEM); Ramón Barajas López (PRI); José Luis Blanco Pajón (PRI); Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD); Yary del Carmen Gebhardt Garduza (PRI); Arnulfo Elías Cordero Alfonso (PRI); Horacio Emigdio Garza Garza (PRI); Tomás Gloria Requena (PRI); Roberto Badillo Martínez (PRI); Carlos Ernesto Zatarain González (PRI); Félix Castellanos Hernández (PT); Ramón Valdés Chávez (Convergencia); Elías Cárdenas Márquez (Convergencia); Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía (PVEM); José Antonio Arévalo González (PVEM); Érika Larregui Nagel (PVEM); Faustino Javier Estrada González (PVEM); María Guadalupe Josefina García Noriega (PVEM); Carlos Alberto Puente Salas (PVEM); Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (PAN); Carlos Rojas Gutiérrez (PRI); Javier Guerrero García (PRI); Sergio Augusto López Ramírez (PVEM); Víctor Manuel Méndez Lanz (PRI); Mario Mendoza Cortés (PRI); Héctor Padilla Gutiérrez (PRI); José Rubén Escajeda Jiménez (PRI); Juan Dario Arreola Calderón (PRD); Raciel Pérez Cruz (PRD); Francisco Sánchez Ramos (PRD); Daniel Dehesa Mora (PRD); José Luis Aguilera Rico (Convergencia); Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (Convergencia); Layda Elena Sansores San Román (Convergencia); Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia); Humberto López Lena Cruz (Convergencia); Delio Hernández Valadés (Alternativa); Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa); Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo (Alternativa); Juan Manuel Parás González (PVEM); Jesús Ramírez Stabros (PRI); Daniel Amador Gaxiola (PRI); Eduardo Sánchez Hernández (PRI); Enrique Cárdenas del Avellano (PRI); Antonio de Jesús Díaz Athié (PRI); Andrés Carballo Bustamante (PRI); Francisco Javier Santos Arreola (PRD); Alberto López Rojas (PRD); Francisco Martínez Martínez (PRD); Jesús Humberto Zazueta Aguilar (PRD); Silbestre Álvarez Ramón (PRD); Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD); Héctor Narcía Álvarez (PRD); Aida Marina Arvizu Rivas (Alternativa); Miguel Ángel Jiménez Godínez (Nueva Alianza); Humberto Dávila Esquivel (Nueva Alianza); Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza); Ariel Castillo Nájera (Nueva Alianza); Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza); Silvia Luna Rodríguez (Nueva Alianza); Sergio Hernández Hernández (PRD); Alejandro Chanona Burguete (Convergencia); Martín Jaime Espejel Lazcano (PRD); Tomás José Luis Varela Lagunas (Convergencia); Robinson Uscanga Cruz (Convergencia); Mónica Tzasna Arriola Gordillo (Nueva Alianza); Diego Cobo Terrazas (PVEM) (rúbricas).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Del Río. De acuerdo con la petición del diputado Del Río, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadano diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes y es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición. Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda:Con su permiso, diputado Presidente; estimadas compañeras y compañeros diputados: el punto de acuerdo solicitado por nuestro compañero José Manuel del Río Virgenes de mucha relevancia para quienes tenemos en nuestros estados ductos de Pemexy refinerías.

Son seis las refinerías del país, pero los ductos atraviesan muchas comunidades; algo para considerar este punto de acuerdo: 80 por ciento de los ductos instalados en el país están fuera de norma, cumplieron su etapa de calidad y hoy este porcentaje tan alto pudiera generar nuevos siniestros en el país. Además de ello, es inconcebible que Petróleos Mexicanos y, particularmente, la Secretaría de Hacienda, del gasto programable estimado en el 2006, solamente para el mantenimiento, destine el 3.07 por ciento del Presupuesto. Solamente de esta manera se sostienen las cuatro subsidiarias de Pemex: Pemex-Refinación, Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Gas y Pemex-Petroquímica.

¿Qué pueden hacer los trabajadores de Pemex ante tan raquítico presupuesto? Hoy necesitamos, los representantes populares, exigir a la Secretaría de Hacienda libere en tiempo y en forma los recursos para que el mantenimiento se dé con oportunidad. Así como los tanques de almacenamiento de gas en los domicilios de los mexicanos tienen una fecha de caducidad, quiero decirles que también así son los tanques de almacenamiento de las refinerías del país; algunos de ellos ya rebasaron los 25 años de desgaste, y quiero decirles que, si no se hace de inmediato una auditoría a todo este mantenimiento en general, estaremos lamentando en muy poco tiempo que alguna refinería del país pueda tener el más alto siniestro que genere decesos de muchos mexicanos.

Por eso la fracción del Partido Revolucionario Institucional se suma a este punto de acuerdo y ojalá pudiera quedar adicionado que no solamente Veracruz, sino todas las entidades que cuentan con ductos y refinerías pudieran contar con este presupuesto. No podríamos tolerar un siniestro más, y lo más importante: quienes viven en las áreas de los ductos demandan de los representantes populares su atención. Cuando todos anduvimos en campaña, queríamos ser escuchados. Estas personas están siendo escuchadas.

Yo pido a todos que pudieran sumarse a ese punto de acuerdo y que se hicieran las revisiones urgentes para evitar en muy corto plazo; lamentablemente, la ruptura de ductos, e inclusive el estallamiento de algunas refinerías.

Estamos en apoyo a este punto de acuerdo, ojalá escuchemos a la gente; ojalá hoy no nos distraigamos un momento más; cuando andamos en campaña sí les pedimos a todos que nos escuchen, hoy escuchen esta petición que es de muchos mexicanos; hoy escuchen esta petición de los familiares de la gente que ha muerto y que quieren hablar por ellos.

Yo les pido su absoluto respeto al mantenimiento de las plantas, sólo 3.07 por ciento del presupuesto destinado a Pemex se destina a mantenimiento; ojalá lo tengan muy presente y sean respetuosos con el pueblo mexicano en votar por destinar estos recursos. Es cuanto, diputado Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Moctezuma. Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del grupo parlamentario del Verde Ecologista. Sonido a la curul de la diputada Soledad López. Dígame, diputada.

La diputada María Soledad López Torres(desde la curul): Si, señor Presidente, para sumarme al punto de acuerdo que presentó el compañero diputado José Manuel del Río Virgen, ya que yo pertenezco al estado de Guanajuato y tenemos la refinería ingeniero Antonio M. Amores, de Salamanca, Guanajuato, y es nulo el mantenimiento que hay en las plantas de la refinería. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Adelante diputado Sergio Augusto López Ramírez.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez:Gracias; con la venia Presidente; compañeros colegisladores, compañeras colegisladoras: en esta ocasión hago uso de la palabra para manifestar el apoyo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicoal punto de acuerdo que presentó el diputado José Manuel del Río Virgen, mediante el cual se exhorta al gobierno federal y a Pemexa dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales en dicha entidad.

Es de resaltar la preocupación que existe respecto al estado que guardan sus instalaciones, sus buques-tanques de Petróleos Mexicanos, así como las condiciones de los trabajadores, como lo han evidenciado los diferentes accidentes que en los últimos años se han presentado, con los consecuentes impactos ambientales sobre los ecosistemas y recursos naturales.

La proposición con punto de acuerdo busca cuidar el medio ambiente de las afectaciones que han causado sobre los ecosistemas y recursos naturales del estado de Veracruz, la explotación de hidrocarburos en la entidad, que han contribuido al desarrollo nacional, aunado a la explotación de los hidrocarburos, no debe dejarse de lado los accidentes relacionados con derrames petroleros, fracturas en los oleoductos y explosiones registradas en las instalaciones de Pemex.

Es por ello que el Partido Verde Ecologista de México se suma a la petición hecha, en el sentido de que la paraestatal asuma su responsabilidad en materia ambiental y que asuma el compromiso de restaurar el daño ecológico que ha causado y prevenga el que pudiera derivarse de todas y cada una de sus actividades.

Cabe recordar que, en materia ambiental, el que contamine está obligado a reparar las afectaciones sobre el medio ambiente y cada uno de los recursos naturales; es así como nos congratulamos de la presentación del punto de acuerdo, ya que asumir nuestro compromiso con el medio ambiente constituye una de las principales tareas que debemos cumplir como ciudadanos y como legisladores, toda vez que del cuidado y aprovechamiento sustentables de nuestra riqueza natural pende nuestra supervivencia y desarrollo.

Consideramos básico apoyar el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero y aprovechamos la oportunidad para instar a todos nuestros compañeros legisladores de las ocho fracciones a no permanecer impávidos ante una problemática que nos afecta de manera directa y que es nuestra obligación impedirlo; por ello, votaremos a favor del mismo. No se nos olvide cualquier acción que contribuya a asegurar el cuidado del medio ambiente actúa en realidad como un seguro de vida comunitario. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Ramírez. Tiene la palabra el diputado Agustín Mollinedo Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Agustín Mollinedo Hernández:Con su permiso, señor Presidente: vengo, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a sumarme a este punto de acuerdo propuesto por mi compañero diputado del estado de Veracruz, Manuel del Río Virgen, ya que consideramos que su propuesta es de interés nacional y coincide sustancialmente con la visión de nuestro partido, Acción Nacional, que impulsa un ambiente limpio y transparente; por eso este asunto es vital para todos los mexicanos y nos preocupa.

Quiero señalar por ello que nuestro partido ha impulsado siempre, y dentro de su plataforma de protección al medio ambiente, el fortalecimiento y la transparencia de las exportaciones de la paraestatal, como lo es Petróleos Mexicanos, ya que independientemente de los lamentables accidentes que han padecido la población veracruzana y la mayor parte del territorio mexicano, la paraestatal, dentro de sus capacidades técnicas y financieras, ha cumplido con el profesionalismo y responsabilidad ante estos siniestros expuestos por el compañero convergente.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarse a este punto de acuerdo, para que se exhorte al Gobierno federal y también a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y en el territorio nacional, para que se liquiden sus compromisos ambientales en estos daños; pero, además, quiero exponer: que se autorice el mantenimiento propuesto, pero que éste esté soportado presupuestalmente por un programa técnico financiero que permita a la paraestatal poder solventar los gastos referentes; que es impostergable, asimismo, que se integre estratégicamente la política energética: exploración, explotación, pasando irremisiblemente por la administración de Pemex.

De lo que se trata es que, de una vez por todas, se dé mantenimiento a los siete mil 600 kilómetros de ductos que pasan y atraviesan la entidad veracruzana, pero también a los ductos en todo el territorio nacional, que están catalogados por la misma paraestatal como ductos que requieren un mantenimiento. Con ello queremos apoyar a trabajadores, a la paraestatal, a las subsidiarias, pero también a todo el pueblo mexicano.

Quiero precisar ante este Pleno, también, que los lamentables accidentes en territorio veracruzano y nacional no han sido producto de la falta de profesionalismo o responsabilidad técnica, ya que Pemex siempre ha tenido una relación clara y transparente, además de ser una empresa orgullosamente mexicana. Lamentablemente, estamos conscientes que sí se requiere un mantenimiento urgente.

Éste es el momento, compañeros diputados, para exhortarlos a que sumemos esfuerzos con espíritu republicano y apoyemos este punto de acuerdo; mi propuesta, amigos diputados, la concluyo manifestándoles que nuestro acuerdo parlamentario sea a favor de Veracruz, de Pemex y de todo México. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mollinedo. Tiene la palabra el diputado Celso David Pulido Santiago, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Celso David Pulido Santiago:Con su permiso, señor Presidente: los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticanos sumamos en la totalidad de este punto de acuerdo y, como legislador veracruzano, sé que Pemexes el pilar de la economía de nuestro país, pero también es una de las ramas de donde más exprimimos para nuestro presupuesto. Queremos decir que Pemexdebe de cumplir, donde pasan sus ductos, con los municipios; afectan también los ecosistemas, tienen impactos ambientales en ríos y en muchas cosas del mar también.

Necesitamos que Pemex se actualice, darle mantenimiento a sus refinerías, por eso creo que es una forma viable; siempre que sea algo a favor del pueblo y el bienestar de todos los mexicanos y, en este momento, de los pobladores del estado de Veracruz, nos sumamos en los términos que ha presentado el diputado José Manuel del Río Virgen. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pulido. Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:Gracias, señor Presidente; compañeras legisladoras, compañeros: como Partido del Trabajovenimos a sumarnos al punto de acuerdo que propone nuestro compañeroJosé Manuel del Río Virgen, de Convergencia, por una razón básica y fundamental: México tiene características naturales para poder tener en el costo de extracción del petróleo un precio adecuado que nos permite año con año, hasta ahora afortunadamente, tener un excedente petrolero. Ese excedente petrolero, en términos estrictos, se debe denominar renta energética o renta petrolera, que es el diferencial entre el costo de extracción y a cómo se vende en el mercado mundial cada uno de los barriles de petróleo.

Ese excedente tiene que ser una parte importante destinada al mantenimiento de las instalaciones, porque si no se hace eso, como ha venido pasando, las instalaciones van a sufrir un deterioro y va a traer efectos tanto para la población --como señala el punto de acuerdo-- como también para la viabilidad de la empresa en el futuro.

Es fundamental que esta Cámara de Diputados, entre sus puntos centrales de debate, discuta qué se debe hacer con ese excedente petrolero, y uno de ellos, sin duda, es apoyar el mantenimiento para que nuestra población no corra ningún peligro; en función de eso venimos a sumarnos a este punto de acuerdo. Gracias. Muy amables.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vela. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Consulte ahora si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición; los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de que se investigue el mal funcionamiento de los medidores de luz en el municipio de Mexicali, Baja California.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo:Con su venia, señor Presidente: la Comisión Federal de Electricidades un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene como objeto la planeación del sistema eléctrico nacional, y entre sus funciones están las de generar, conducir, transformar, distribuir y vender la energía eléctrica, teniendo como obligación cumplir con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctricay demás ordenamientos aplicables.

Con fundamento en lo anterior, es importante destacar que la Comisión Federal de Electricidad comprendida en la zona de Baja California y parcial de Sonora emplea medidores de luz que no cumplen con los estándares de calidad indicados en la Norma Oficial Mexicana que al respecto se publicó en el Diario Oficial y, por tanto, se está faltando a lo dispuesto en la normatividad. Los problemas que enfrentan estos medidores se deben a las condiciones meteorológicas de esta zona, causadas por las altas temperaturas, provocando que estos instrumentos de medición no cuenten con las características adecuadas y, por consiguiente, fallen en su funcionamiento; disparándose con ello las mediciones y los costos, con la respectiva afectación a los consumidores domésticos y de comercios.

Tras un estudio detallado a esos aparatos se puede desprender que los mismos presentan diversas irregularidades o deficiencias: como primer punto, podemos indicar que las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar correctamente por encima de 40 grados centígrados, por lo que al menos cuatro meses del año se encuentran fuera del rango. Para un correcto funcionamiento, los medidores deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, ya que en el interior del medidor ésta se incrementa en un 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo cual está afectando a miles de consumidores en el municipio de Mexicali y algunos municipios fronterizos del estado de Sonora. Asimismo, los medidores no cuentan con la leyenda de la Norma Oficial Mexicana, cuestión que ya de por sí es una falta a la misma.

También es pertinente indicar que la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de tener obligación de adquirir este tipo de equipos mediante licitación pública, es de extrañar, o cuando menos requiere claridad en su contratación, puesto que todos los medidores pertenecen a una sola marca comercial a la que parece dar preferencia.

De igual manera podemos señalar también la deficiencia en la toma de lecturas. Según lo indica la propia Comisión Federal de Electricidad, el estándar de lecturas debe de ser de mil lecturas por operador en turno, lo que equivaldría a tomar una lectura cada 17 segundos, cuestión que de por sí es imposible.

En suma, podemos indicar que ya han sido levantadas varias voces, señalando estas irregularidades durante muchísimos años, entre las que se encuentran sociedad civil, distintas organizaciones sociales, la Cámara de Comercio de Mexicali, así como su servidora, quienes hemos señalado que es indispensable que la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Electricidad investiguen estas inconsistencias en el cumplimiento de la ley.

Es importante transparentar y responder a los usuarios y consumidores sobre esta situación. Por eso venimos a esta alta tribuna, en vista de que no hemos recibido atención y una respuesta clara por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la zona correspondiente a Baja California y parcial de Sonora. La situación no es menor, pues las situaciones a que se enfrentan los mexicalenses, por las altas temperaturas se relacionan íntimamente con el empleo de la energía eléctrica y, por ello, contar con los instrumentos adecuados para enfrentar estas características climatológicas es indispensable, y que tengan un buen funcionamiento.

Por ello, con fundamento en lo anterior, es que venimos a solicitar que las inquietudes de los pobladores de Mexicali, que durante décadas han hecho sentir en las diferentes legislaturas, sean atendidas y, en su caso, se deslinden responsabilidades.

Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar acuciosamente las faltas en que la Comisión Federal de Electricidad hubiera podido incurrir por incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad en los medidores de luz en el municipio de Mexicali y San Luis Río Colorado.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que envíe a esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado del resultado de la investigación.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, con estricto apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se inicien las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de verificación necesarias respecto al mal funcionamiento en los medidores y el cobro excesivo de luz, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, del municipio de Mexicali.

Es cuanto, señor Presidente. Le pido que sea insertado en el Diario de los Debates tal como fue expuesto por su servidora en esta tribuna.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Profeco que investiguen las actuaciones de la CFE por el incumplimiento de las especificaciones de la NOM y el mal funcionamiento de los medidores de luz en Mexicali, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Dolores de María Manuell Gómez Angulo a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar acuciosamente las faltas en que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) hubiere podido incurrir por incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad, en los medidores de luz del municipio de Mexicali; también se solicita a la Secretaría de la Función Pública que envíe a la Cámara de Diputados un informe detallado del resultado de esa investigación; y se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a iniciar, con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de verificación necesarias, respecto al mal funcionamiento de los medidores de luz, y el cobro excesivo del servicio de luz, proporcionados por la CFE en Mexicali, razonado en las siguientes

Consideraciones

La CFE es un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene como objeto la planeación del sistema eléctrico nacional; entre sus funciones están las de generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, teniendo como obligación cumplir lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás ordenamientos aplicables.

La Comisión Federal de Electricidad comprendida en la zona de Baja California y parcial de Sonora emplea medidores de luz que no cumplen los estándares de calidad indicados en la norma oficial mexicana que al respecto se publicó en el Diario Oficial y, por tanto, se está faltando a lo dispuesto en la normatividad.

Los problemas que enfrentan esos medidores se deben a las condiciones metrológicas de la zona, causadas por las altas temperaturas, provocando que esos instrumentos de medición no cuenten con las características adecuadas, y por consiguiente fallen en su funcionamiento, disparándose con ello las mediciones y los costos, con la respectiva afectación a los consumidores de uso doméstico.

De un estudio detallado de esos aparatos se desprende que los mismos presentan diversas irregularidades o deficiencias.

Las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar correctamente por encima de 40° centígrados, por lo que al menos durante cuatro meses del año se encuentran fuera de rango.

Para un correcto funcionamiento, los medidores deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30° centígrados, ya que en el medidor ésta se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en Mexicali y algunos municipios fronterizos de Sonora.

Asimismo, los medidores no cuentan con la leyenda de la NOM, lo que de por sí ya es una falta a ésta.

La CFE, a pesar de tener la obligación de adquirir ese tipo de equipos mediante licitación pública, es de extrañar o cuando menos requiere claridad su contratación, pues todos los medidores pertenecen a una sola marca comercial, a la que parece dar preferencia.

De igual manera, podemos señalar también la deficiente toma de lecturas. Según indica la propia CFE, el estándar de lecturas debe ser de mil lecturas por operador en un turno, lo que equivaldría a tomar 1 lectura cada 17 segundos, lo que de por sí es imposible.

En suma, han sido levantadas varias voces señalando estas irregularidades, entre las que se encuentran sociedad civil, distintas organizaciones sociales, la Cámara de Comercio de Mexicali y su servidora, quienes hemos señalado que es indispensable que la Secretaría de la Función Pública y la CFE investiguen esas inconsistencias en el cumplimiento de la ley.

Es importante transparentar y responder a los usuarios y consumidores sobre esta situación. Por eso venimos a esta alta tribuna, en vista de que no hemos recibido atención y una respuesta clara de la CFE en la zona correspondiente a Baja California.

La situación no es menor, pues las condiciones a que se enfrentan los mexicalenses por las altas temperaturas se relacionan estrechamente con el empleo de la energía eléctrica, y por ello contar con los instrumentos adecuados para enfrentar estas características climáticas es indispensable, y que tengan un buen funcionamiento.

Por ello, con fundamento en lo anterior venimos a solicitar que las inquietudes de los pobladores de Mexicali sean atendidas y, en su caso, se deslinden responsabilidades.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar acuciosamente las faltas en que la CFE hubiere podido incurrir por incumplimiento de las especificaciones técnicas, establecidas en la normatividad, en los medidores de luz del municipio de Mexicali.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que envíe a la Cámara de Diputados un informe detallado del resultado de la investigación.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a iniciar con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de verificación necesarias respecto del mal funcionamiento de los medidores de luz y el cobro excesivo del servicio de luz, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Manuell. Sonido a la curul del diputado Moisés Dagdug.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow(desde la curul): Sí, señor Presidente: para adherirme al punto de acuerdo de la diputadaDolores de María Manuell-Gómez Angulo, y para pedir que no sólo se circunscriba a Mexicali, sino que se agregue también todo el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco padecemos y sufrimos de estas ineficiencias por parte de la Comisión Federal de Electricidadcon respecto de los medidores. Le pido atentamente, señor Presidente, que se agregue también todo el estado de Tabasco. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dagdug; se toma nota y se turna a la Comisión de Energía.

Sonido a la curul de la diputada Maciel Ortíz.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz(desde la curul): Presidente: para sumarnos de manera íntegra al punto de acuerdo que está proponiendo la diputada Dolores de María Manuell. Es un grave problema para los mexicalenses, que sufren año con año los problemas sobre las tarifas eléctricas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mercedez Maciel. Sonido a la curul de la diputada Layda Sansores y también del diputado Ramos.

La diputada Layda Elena Sansores San Román(desde la curul): Con la petición, señor Presidente, de que en la propuesta sea incluido Campeche.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Sansores. Sonido a la curul del diputado Ramos.

El diputado Martín Ramos Castellanos(desde la curul): Gracias, Presidente: de igual manera, creo que esta problemática de Comisión Federal de Electricidad, nosotros también nos anexaríamos a la propuesta de la compañera diputada ponente y que se agregara el estado de Chiapas, pero estamos seguros que esa problemática la tenemos en todo el país. Aquí la propuesta nuestra sería que el exhorto fuera para que se cubriera toda la República Mexicana. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese esta parte de la versión estenográfica a la Comisión,porque el punto de acuerdo es de manera específica para una región y, tal como lo han solicitado los demás diputados, que se turne también la versión estenográfica de sus propuestas.

Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez(desde la curul): También al estado de Tamaulipas. Y creo que es una petición por parte de todas las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del PRD y del propio Partido Acción Nacional. Nos sumamos a esto también.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Sonido a la curul del diputado Juan Victoria Alva.

El diputado Juan Victoria Alva(desde la curul): Señor Presidente: también me uno a esta iniciativa de mi compañera del Partido Acción Nacional, no solamente para pedirle a la Comisión Federal de Electricidad, sino a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que es la que más nos ha hecho daño, sobre todo en el estado de México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Túrnense todas las intervenciones a la comisión, y les pido que, siendo plural la comisión, evidentemente cuando discutan el dictamen podrán hacerle todos los agregados que quieran dentro de la comisión. Gracias.

ANTIGUO ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de la República que informe el resultado de las investigaciones respecto de la denuncia presentada por diputados de la LIX Legislatura.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señor Presidente: en la prensa escrita trascendió la noticia de que la oficina del Ejecutivo federal prepara un decreto presidencial que establece el retiro de una parte sustancial de la sede de la Universidad Claustro de Sor Juana, Asociación Civil, con el objeto de cumplir una exigencia a la Iglesia Católica, consistente en regresarle el ex templo de San Jerónimo y la casa cural. Afortunadamente, este agravio al Estado mexicano no se ha consumado y, a pesar de las declaraciones de varios funcionarios, aún no se cuenta con ninguna garantía de parte del gobierno federal de que no se intentará firmar el mencionado decreto presidencial y así consumar esta infamia.

Utilizo este término porque me preocupa la manera en que desde el poder presidencial se puede destruir, de un plumazo, el esfuerzo que durante décadas ha permitido consolidar un proyecto educativo y cultural, como acertadamente han reivindicado cientos de escritores, creadores, investigadores y un conjunto amplio de personalidades de la cultura nacional que suscribieron el desplegado titulado ``Reconocimiento a la Universidad del Claustro de Sor Juana'', que fue publicado en la prensa escrita.

Si ya es preocupante la sola intención de desaparecer una institución educativa con un gran proyecto cultural, además se conocen versiones --también publicadas por la prensa-- de que tres inmuebles más estarán en espera del decreto presidencial correspondiente para que, de manera directa o enmascarada, se concedan a la Iglesia Católica. Este tipo de acciones ilegales han representado gran parte de los diferendos y conflictos del Poder Legislativo con el gobierno expirante del Presidente Vicente Fox; baste recordar a esta soberanía que el comodato, otorgado a una asociación civil con estrechos vínculos a la misma Iglesia Católica, del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri provocó que el PRD y el PRI, en la LIX Legislatura --en particular la entonces senadora Dulce María Sauri y el grupo parlamentario de mi partido-- denunciaran la ilegalidad del comodato por el que se cedió este inmueble.

Adicionalmente a lo expuesto, en su última comparecencia ante esta soberanía, el día 30 de octubre del año en curso, el secretario de Educación Pública defendió el comodato del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri; ante el cuestionamiento directo, justificaba tal proceso afirmando que no se había otorgado al clero tal comodato, sino a la asociación civil Manuel Toussaint, sólo que omitió --el señor secretario-- que la citada asociación civil es presidida por el cardenal Rivera y que tiene registrado por domicilio el mismo del Episcopado Mexicano.

Es inconcebible que se llegue al poder por la vía de procesos democráticos para socavar sus instituciones y la consolidación de la democracia misma; va contra la naturaleza de esta misma Cámara que se permita la vulneración del Estado laico. Es imperdonable para nosotros permitir que se revierta un proceso histórico que ha costado tantas vidas de mexicanos. Es impensable que esta institución democrática acepte que se pervierten las instituciones políticas al ponerse al servicio de un credo religioso.

En suma, por todo lo anterior, conmino a esta soberanía a pronunciarnos a favor de esta propuesta al tenor de los siguientes puntos:

Uno. Pedimos que la Procuraduría General de la República informe acerca del resultado de sus investigaciones sobre la denuncia presentada por el otorgamiento del comodato del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri.

Dos. Exhortamos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación que investigue la existencia de procesos de concesión o comodato de más inmuebles históricos, artísticos o arqueológicos.

Tres. Exhortamos respetuosamente al Presidente Vicente Fox Quesada a respetar el espíritu laico que rige nuestra Carta Magna; a revocar el comodato del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri; a impedir cualquier otra concesión de esta naturaleza como sería la firma de decretos a favor del clero sobre la Capilla de Santa Teresa y los ex conventos de San Antonio Abad y de Montserrat, y a respetar el histórico uso y destino como centro de educación y de cultura del Claustro de Sor Juana.

Firman esta propuesta de punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, el suscrito, el diputado Emilio Ulloa Pérez, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla y el diputado Miguel Ángel Solares Chávez. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que informe a esta soberanía del resultado de sus investigaciones respecto a la denuncia de hechos presentada por integrantes de la LIX Legislatura por el otorgamiento del comodato del antiguo oratorio de San Felipe Neri, sucrito por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Emilio Ulloa Pérez y Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, diputado Tonatiuh Bravo Padilla y diputado Emilio Ulloa Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la prensa escrita trascendió la noticia de que la oficina del Ejecutivo federal prepara un decreto presidencial que establece el retiro de la sede de la Universidad Claustro de Sor Juana AC, con el objetivo de regresar ese inmueble histórico, propiedad de la nación, a la Iglesia católica. Afortunadamente este agravio al Estado mexicano no se ha consumado, y a pesar de las declaraciones de varios funcionarios aún no se cuenta con ninguna garantía de parte del gobierno federal de que no se intentará firmar el mencionado decreto presidencial y así consumar esta infamia. Utilizo este término porque me preocupa la manera en que desde el poder presidencial se puede destruir ---de un plumazo--- el esfuerzo que durante décadas ha permitido consolidar un proyecto educativo y cultural como acertadamente lo han reivindicado cientos de escritores, creadores, investigadores y un conjunto amplio de personalidades de la cultura nacional que suscribieron el desplegado titulado ``Reconocimiento a la Universidad del Claustro de Sor Juana'', mismo que fue publicado en la prensa escrita.

Si ya es preocupante la sola intención de desaparecer una institución educativa con un gran proyecto cultural, además se conocen versiones ---también publicadas por la prensa--- de que tres inmuebles más estarían en espera del decreto presidencial correspondiente para que de manera directa o enmascarada, se concedan estos a la Iglesia católica.

Este tipo de acciones ilegales han representado gran parte de los diferendos y conflictos del Poder Legislativo con el gobierno expirante del presidente Vicente Fox Quesada. Baste recordar a esta soberanía que el comodato ---otorgado a una asociación civil con estrechos vínculos a la misma Iglesia católica--- del antiguo oratorio de San Felipe Neri, provocó que el PRD y el PRI en la LIX Legislatura ---en particular la entonces senadora Dulce María Sauri y el grupo parlamentario del PRD--- denunciaran la ilegalidad del comodato por el que se cedió este inmueble. Resumo los argumentos del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, no sin antes subrayar que, ahora, los suscribimos en su totalidad:

1. Con base en la Ley General de Bienes Nacionales, la Secretaría de la Función Pública puede dar en comodato bienes inmuebles de la Federación incluso los que mediante declaratoria correspondiente son monumentos históricos, entendiendo por comodato un contrato a través del cual uno de los contratantes, llamado comodante, se obliga a transmitir gratuitamente el uso de una cosa no consumible a otra persona, llamada comodatario, quien se obliga a restituirla individualmente.

2. Para resolver el destino de un bien inmueble federal se debieron tomar en cuenta diversos aspectos, señalados en el artículo 62 de la ley en comento, entre el que destaca: ``El dictamen de la Secretaría de Educación Pública que emita a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, tratándose de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente'', como es el caso del antiguo oratorio de San Felipe el Viejo.

3. La Ley establece que en caso de que las instituciones destinatarias, como lo era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no requieran usar la totalidad del inmueble, lo dejen de utilizar o de necesitar o le den un uso distinto al autorizado, el responsable inmobiliario respectivo deberá poner el mismo a disposición de la Secretaría de la Función Pública, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que ya no sean útiles para su servicio.

4. El artículo 84 de la Ley General de Bienes Nacionales señala que se podrá otorgar en comodato bienes inmuebles federales a favor de instituciones que realicen actividades de asistencia social o labores de investigación científica, siempre que no persigan fines de lucro.

5. El antepenúltimo párrafo del artículo 84 establece que para llevar a cabo los actos de disposición que tengan el carácter de gratuitos a que se refiere este artículo, deberá contarse con el respectivo dictamen que justifique la operación, sobre el particular sería conveniente pedir copia del dictamen en el cual se fundamenta y justifica el otorgamiento del antiguo oratorio de San Felipe el Viejo por el contrato de comodato a la Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, Asociación Civil.

6. El inmueble en cuestión se encontraba aún siendo utilizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que era necesario cumplir con los términos y disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que su omisión representa un daño al patrimonio nacional, y que requiere la investigación de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública para sancionar a los funcionarios que hayan cometido los presuntos ilícitos.

Adicionalmente a lo expuesto, en su última comparecencia ante esta soberanía, el día 30 de octubre del año en curso, el secretario de Educación Pública defendió el comodato del antiguo oratorio de San Felipe Neri. Ante cuestionamiento directo justificaba tal proceso, porque no se había otorgado al Clero tal comodato, sino a la Asociación Civil Manuel Toussaint; sólo que omitió, el señor secretario, que la citada asociación civil es presidida por el cardenal Norberto Rivera, y que tiene registrado por domicilio el mismo del Episcopado mexicano. El gobierno que por seis años asoló al país y a sus instituciones con la arenga del Estado de derecho, se mofa de la ley vigente y de la Constitución, la misma que el presidente Fox y sus secretarios protestaron guardar y hacer guardar, y de paso, quieren borrar el proceso histórico por el cual México ha consolidado su independencia como país, su integración hacendaria, sus instituciones políticas, la libre convivencia entre religiones y credos, y su democracia.

Es inconcebible que se llegue al poder por la vía de los procesos democráticos para socavar sus instituciones y a la consolidación de la democracia misma; va contra la naturaleza de esta misma Cámara que se permita la vulneración del Estado laico; es imperdonable para nosotros permitir que se revierta un proceso histórico que ha costado tantas vidas de mexicanos; es impensable que esta institución democrática acepte que se perviertan las instituciones políticas al ponerse al servicio de un credo religioso. En suma, por todo lo anterior conmino a esta soberanía a pronunciarnos a favor de esta propuesta al tenor de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Uno. Pedimos que la Procuraduría General de la República informe a esta soberanía acerca del resultado de sus investigaciones sobre la denuncia de hechos presentada por legisladores de la LIX legislatura por el otorgamiento de comodato del antiguo oratorio de San Felipe Neri, la presunción de ilegalidad de este comodato y de la posible comisión de delitos por funcionarios públicos federales.

Dos. Exhortamos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación para que investiguen la existencia de procesos de concesión o comodatos de más inmuebles históricos, artísticos o arqueológicos, propiedad de la nación, y que se evite cualquier decreto presidencial, contrato o medio de concesión.

Tres. Exhortamos respetuosamente al presidente Vicente Fox Quesada a respetar la ley vigente, a revocar el comodato del antiguo oratorio de San Felipe Neri y a impedir cualquiera otra concesión que violente el Estado laico; consagrado por nuestra Constitución Política.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2006.--- Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Emilio Ulloa Pérez, Tonatiuh Bravo Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.... Señor Presidente, no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado Fernel Gálvez. Sonido en su curul, por favor.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez(desde la curul): Sí, diputado: para pedirle aquí a la compañera, yo creo que debemos tener la visibilidad de lo importante y que seamos totalmente imparciales en este sentido, y que tomemos en consideración esta situación de la votación de los compañeros en ese sentido, de que fuera aprobado de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de dos terceras partes, diputado. La Secretaria ha dado certificado de que no están las dos terceras partes. Sonido a la curul del diputado Aguilera.

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Señor Presidente: quisiera solicitarle, ya que siempre ha sucedido en estos casos, que se pudiera abrir por tres minutos el sistema electrónico y decidir en las dos terceras partes ante la duda. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para que no exista duda, ábrase hasta por tres... El diputado Muñoz Serrano, sonido a su curul.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano (desde la curul): Gracias, diputado Presidente: creo que se trata de un asunto de interés de todos, por eso los diputados del PAN estamos pidiendo que pase a comisión para que sea revisado debidamente y podamos emitir un voto con suma responsabilidad, ya que se trata de dos instituciones muy importantes y creo que vale la pena revisar el tema. Además está siendo revisado por la Procuraduría, y me parece que vale la pena que lo podamos revisar con sumo cuidado. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado. Para que no haya ninguna duda, ábrase el sistema hasta por tres minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Faltan 45 segundos para concluir la votación; se les recuerda que no se admitirá ningún voto después del cierre del sistema de votación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Ciérrese el sistema electrónico. Señor Presidente, se emitieron 201 votos en pro, 167 en contra, 3 abstenciones. No hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Quisiera que pudiese usted valorar la posibilidad de turnarla también a la Comisión de Cultura, toda vez que se trata de patrimonio cultural.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura.

LEY FEDERAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables.

«Excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, respetuosamente propone a esa Presidencia que formule una excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminen la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, en atención a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 29 de septiembre de 2004, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, en nombre propio y del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.

2. En la misma fecha, dicha iniciativa se turnó para su dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3. El 7 de octubre de ese año, la Presidencia de la Mesa Directiva modificó el turno dictado y la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Consideraciones

Como se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, y como se observa, casi todos los días en los diferentes medios de comunicación, en los últimos años hemos venido siendo testigos de un descomunal incremento de la comisión de delitos de orden sexual en los que se involucra a niños y a niñas de diversas y cada vez más numerosas ciudades del país, derivados fundamentalmente de la desproporcionada demanda en el creciente y fuera de control mercado nacional e internacional.

La ahora muy recurrente práctica de la utilización de menores para elaborar material pornográfico, la extensión del turismo sexual y la venta de infantes con propósitos sexuales, aunadas a otras muchas modalidades delictivas, ponen en grave riesgo la seguridad y la tranquilidad de las niñas y los niños de las familias mexicanas, pues las grandes mafias internacionales, asociadas con las locales, sin distinción de fronteras sociales o culturales y considerablemente favorecidas por la globalización de las comunicaciones y de los avances tecnológicos, concentran la mayor parte de su actividad en los países en que las leyes para la protección de la niñez no son tan rígidas o contienen lagunas legales, como en el caso del nuestro.

Conforme a la información recabada por nuestros compañeros para la sustentación de la iniciativa que nos ocupa, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó en 2004 que la explotación sexual infantil generaba en los mercados del mundo la escandalosa cantidad de 7 mil millones de dólares anuales, cifra con la que --según cálculos de ese entonces-- se podría garantizar el acceso a la educación primaria de todas las niñas y los niños del mundo. Ante tan enormes ganancias, la explotación sexual infantil se ha colocado en el tercer lugar de los grandes negocios ilícitos del mundo, tan sólo después de las drogas y las armas.

En los hechos se demuestra que, debido a nuestra débil legislación, en los últimos años México se ha convertido en el lugar idóneo para la infinidad de bandas internacionales dedicadas a la explotación sexual de la niñez mexicana, prácticas tan terribles que atentan contra su correcto desarrollo psicosexual y contra la sociedad mexicana en su conjunto.

Frente a esas circunstancias y considerando que la explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, destruye moral, psicológica, física y socialmente a generaciones enteras, resulta de vital importancia estructurar el marco jurídico que permita conjuntamente a sociedad y gobierno prevenir el delito y, en su caso, combatirlo eficazmente.

La iniciativa de ley presentada tiene por objeto prevenir y eliminar en nuestro país toda forma de explotación sexual infantil; introduce diversas innovaciones, como la creación del organismo descentralizado Consejo Nacional para Prevenir la Explotación Sexual Infantil; y considera, entre otros importantes aspectos, la indispensable participación de la sociedad civil mexicana.

Por lo anterior, a usted, ciudadano Presidente, atentamente me permito solicitarle:

Único. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, para que con la mayor brevedad dictaminen la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica).»

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También se recibió de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

«Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, en mi calidad de diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito de manera respetuosa a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 del Código Penal Federal, misma que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido expongo los siguientes

Antecedentes

1. Que en la sesión del 18 de octubre de 2005, la diputada Angélica de la Peña Gómez, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 del Código Penal Federal.

2. Que en la misma fecha, el Presidente de la Cámara de Diputados dictó trámite, turnando dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Que habiendo transcurrido hasta la fecha más de doce meses del trámite dictado a dicha iniciativa, la comisión dictaminadora no ha presentado el dictamen correspondiente, en contravención de lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que me presento ante esta soberanía para expresar las siguientes

Consideraciones

Primera. La prescripción de la acción es un límite al ejercicio del poder penal del Estado, de forma que transcurrido el plazo previsto en la ley no se puede llevar adelante la persecución penal pública derivada de la sospecha de que se ha cometido un hecho punible concreto, el instituto de la prescripción es la herramienta que efectiviza aquellos derechos, y uno de los mecanismos para alcanzar la seguridad jurídica y afianzar la justicia, impidiendo al Estado ejercer arbitraria e indefinidamente su poder de castigar.

Segunda. No obstante lo anterior, todos los sistemas procesales prevén causales de suspensión y de interrupción de la prescripción. La interrupción significa que el día en que el hecho interruptivo se produce, se pierde para el imputado todo el tiempo de prescripción ya transcurrido y, a partir de ese momento, comienza a correr nuevamente el plazo original completo necesario para que la prescripción se produzca, mientras que la suspensión implica que, operada la causal indicada, es imposible seguir computando el tiempo que transcurre y que el plazo interruptivo podrá continuar su camino cuando haya terminado o desaparecido la causa suspensiva.

Tercera. La iniciativa en comento plantea en el apartado de exposición de motivos, la necesidad de incluir en la legislación penal, una causal suspensiva de la prescripción considerando que, cuando el sujeto pasivo del delito sea una persona menor de dieciocho años de edad y, específicamente, haya sido víctima de cualquiera de las conductas descritas en los títulos octavo o decimoquinto del libro segundo del Código Penal Federal, no debe seguir computando el tiempo para la prescripción por los motivos vertidos en dicho apartado, en tanto el sujeto pasivo no haya cumplido la mayoría de edad.

Cuarta. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 del Código Penal Federal ofrece a las niñas, niños y adolescentes víctimas de los delitos mencionados en la consideración anterior, la posibilidad de allegarse la justicia que hasta ahora les ha sido negada.

Por lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta

Excitativa

Único. Se sirva excitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 del Código Penal Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2006.--- Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica).»

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También se recibió excitativa del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

«Excitativa a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, a solicitud del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que, en uso de la facultad que le confiere fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de esta Cámara a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 5 de septiembre de 2006, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con que remitió el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó la referida minuta a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

Consideraciones

Después de un largo proceso de reformas que inició en 1977 y continuó con modificaciones al marco legal en 1986, 1989-1990, 1993 y 1994, en 1996 quedaron perfeccionados los mecanismos constitucionales de control jurisdiccional para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

Dichos mecanismos, quedaron contemplados en la fracciones IV del artículo 41 y V del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen la constitución de un sistema de medios de impugnación que garantice los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; y la creación y competencias del Tribunal Electoral, el cual funcionara en una Sala Superior y Salas Regionales.

Como consecuencia de estas reformas constitucionales, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en su texto contempla diversos medios de defensa, como son: el recurso de apelación, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos político electorales, entre otros.

No obstante, hoy corresponde a esta LX Legislatura abonar al fortalecimiento de nuestro sistema electoral, en vista de garantizar el principio de economía procesal y, en general, fortalecer los objetivos de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia con que se desempeña el Tribunal Electoral, para lo cual es urgente la aprobación de las reformas que contempla la minuta referida, con las cuales se modificarían cuestiones tan relevantes como son las atribuciones de la Sala Superior; los tiempos de instalación; atribuciones, designación de presidente, de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; las atribuciones de la Comisión de Administración; la competencia para conocer sobre el recurso de apelación; la procedencia y competencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; la procedencia, el trámite, las sentencias y notificaciones del juicio de revisión constitucional electoral; así como las reglas especiales y el trámite de sustanciación del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, todas ellas en pro del fortalecimiento de nuestras instituciones electorales y la certeza en la justicia electoral.

Por todo lo expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva:

Único. Excite a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, en términos del reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Otra excitativa de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

«Excitativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería, a solicitud de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Lorena Martínez Rodríguez del Grupo Parlamentario del PRI, presento ante el Pleno de esta soberanía solicitud de excitativa al Presidente de la Mesa Directiva, para que en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 21 fracción XVI de nuestro Reglamento, exhorte a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que dictamine la minuta sobre la Ley Federal de Sanidad Animal, bajo las siguientes

Consideraciones

Con fecha 26 de abril del año en curso fue turnada a esta honorable Cámara de Diputados por el Senado de la República, minuta con proyecto de decreto sobre la Ley Federal de Sanidad Animal, misma que fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dicha minuta entre otras cosas, contempla sanciones para quien use sustancias prohibidas para la engorda de ganado como lo es el clorhidrato de clenbuterol y el zipalterol, fármacos que su ingesta a través de estos productos son muy dañino para la salud.

La preocupación de la Cámara de Diputados por atender este reclamo ciudadano ha sido manifiesto, incluso el 1 de marzo del 2005 la Cámara de Senadores recibió minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Sanidad Animal, misma que agrupa cuatro iniciativas en el mismo sentido.

Lo anterior es una muestra de la importancia que para el Congreso de la Unión reviste este asunto que de no atenderlo puede desbordarse y convertirse en un problema de salud pública.

Actualmente el clorhidrato de clenbuterol y zipalterol lo utilizan de manera indiscriminada algunos ganaderos para aumentar el rendimiento de los canales de su ganado, y con ello sus ganancias, además de que son condicionados por ciertos introductores que no aceptan el producto si no es engordado con estos fármacos, no obstante que saben y conocen el daño que ocasiona el consumo de este producto con altos niveles de dichas substancias, cuyos efectos de toxicidad pueden causar aumento en la respiración y frecuencia cardiaca, taquicardia, aumento de la presión sanguínea, mareos, vómitos, incluso la muerte.

Por lo anterior presento ante esta honorable asamblea solicitud de excitativa para que el Presidente de la Mesa Directiva exhorte a la comisiones de Agricultura y Ganadería con opinión de la Presupuesto y Cuenta Publica para que dictamen la minuta de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre del 2006--- Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones antes señaladas para que emitan el dictamen correspondiente.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo que en el Presupuesto de 2007 incremente recursos a la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: me da mucho gusto que tengamos quórum.

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 estableció que la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos, para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y tecnologías, y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.

La educación superior en nuestro país enfrenta graves rezagos y serios retos, debido en parte a las difíciles circunstancias económicas que enfrenta nuestro país y a la falta de recursos necesarios para su desarrollo y expansión. Uno de los aspectos que se tienen que atender es el del financiamiento. Nuestro país ha encomendado y sido objeto de evaluaciones externas del sistema de educación superior por diversos organismos internacionales, como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación, el CIDE, el Banco Mundial, o los solicitados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE; mientras instituciones como el Banco Mundial, en 1995, recomendaban la privatización de las universidades, la CEPAL y la UNESCO proponen el desarrollo e implementación de políticas educativas que incorporen los requerimientos del crecimiento económico y de la equidad social, desde la óptica del desarrollo humano sostenido, señalando la obligación del Estado de fortalecer la educación pública.

Con la posición asumida por la UNESCO, queda clara la función social de la educación y la obligación del Estado. El Estado debe considerar la inversión en la educación como una inversión social a mediano plazo y exhortar a los países en desarrollo, como el nuestro, a reforzar el financiamiento para permitir el crecimiento de su matrícula.

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como muchas otras universidades estatales, atraviesa por una crisis financiera, a partir del abandono a que la han sometido los gobiernos federal y estatal; en distintas y reiteradas ocasiones las universidades no han recibido ningún presupuesto adecuado y las autoridades, en especial de la UABJ, han solicitado a las autoridades correspondientes un incremento presupuestal a los recursos otorgados, que durante el año de 2006 ascienden a 501 millones de pesos, lo que representa un costo total promedio por alumno de 14 mil 601 pesos, muy por debajo del promedio nacional, que --según datos de la ANUIES-- es de aproximadamente 34 mil 20 pesos.

El costo actual por alumno en el 2006 que tiene presupuestado la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es del orden de 14 mil 601 pesos, que constituye la cifra más baja presupuestalmente hablando a nivel nacional, y es que la crisis política, social y económica que enfrenta el estado de Oaxaca obliga a la federación y a esta representación nacional, a ustedes, señores diputados, que voy a esperar me pongan un poco de atención, porque veo, bueno, casi todos están platicando...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame diputado.

Solicito respeto par el orador y pongan atención a sus palabras. Adelante, diputado.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas:Muchas gracias, señor Presidente: el costo anual por alumno en el 2006 que tiene presupuestada la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es del orden de 14 mil 601 pesos, que constituye la cifra más baja --presupuestalmente hablando-- a nivel nacional, y que la crisis política, social y económica que enfrenta el estado de Oaxaca obliga a la Federación y a esta representación nacional --espero, muy bien representada-- a mirar hacia el desarrollo de nuestra entidad. Yo pediría, y pido a todos mis compañeros diputados que atiendan esta petición, porque nuestra Universidad, la Benito Juárez, ya no puede seguir en el abandono.

Por todo lo anterior se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que en la integración del presupuesto destinado a las universidades públicas del país en el Presupuesto de Egresos del 2007 se establezca que el presupuesto destinado a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se haga sobre la base del costo promedio anual por alumno que reporta a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Superiores, que asciende a 34 mil 20 pesos.

Segundo. Se solicita a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública a revisar de manera detallada el presupuesto destinado a las universidades de educación superior de nuestro país para el Presupuesto de Egresos de 2007, para que, en el marco de sus atribuciones, asignen el presupuesto que demanda la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Por su atención, muchas gracias, y créanme que les agradezco su atención. Tengan ustedes muy buena tarde.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incremente los recursos destinados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El Programa Nacional de Educación 2001-2006, señalaba que ``La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la democracia y la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población''.1

Segundo.La educación superior en nuestro país enfrenta graves rezagos y serios retos debido en parte a las difíciles circunstancias económicas que enfrenta nuestro país, y a la falta de recursos necesarios para su desarrollo y expansión.

Tercero.En días pasados esta Cámara de Diputados aprobó la creación de un grupo de trabajo que se encargará de organizar y dirigir los trabajos para el primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, superior y ciencia y tecnología de México, que tendrá como objetivo construir una plataforma de lineamientos y políticas de Estado para la educación media superior, superior y ciencia y tecnología de México.

Cuarto. Que sin demérito de la importancia que tienen los foros, encuentros, seminarios, etcétera, diversas instituciones nacionales e internacionales han realizado estudios sobre la situación de la educación superior en México, encontrando que uno de los aspectos que se tienen que atender es el del financiamiento.

Quinto. Que nuestro país ha encomendado y sido objeto de evaluaciones externas de su sistema de educación superior por diversos organismos internacionales, como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación, el Banco Mundial o los solicitados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Sexto. Que mientras instituciones como el Banco Mundial en 1995, recomendaban la privatización de las universidades; la CEPAL y la UNESCO, proponen el desarrollo e implementación de políticas educativas que incorporen los requerimientos del crecimiento económico y de la equidad social, desde la óptica del desarrollo humano sostenido, señalando la obligación del Estado de fortalecer la educación pública.

Séptimo. Con la posición asumida por la UNESCO queda clara la función social de la educación y la obligación del Estado. El Estado debe considerar la inversión en la educación como una inversión social a mediano plazo y exhortar a los países en desarrollo --México entre ellos-- a reforzar el financiamiento para permitir el crecimiento de su matrícula.

Octavo. Que diversas universidades del país, como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, atraviesan por una crisis financiera a partir del abandono al que la han sometido los gobiernos federal y estatal.

Noveno. Que en distintas y reiteradas ocasiones, las autoridades de la UABJO han solicitado a las autoridades correspondientes, un incremento presupuestal a los recursos otorgados, que durante el año de 2006, ascienden a 501 millones 14 mil 228 pesos, lo que representa un costo total promedio por alumno de 14 mil 601 pesos, muy por debajo del promedio nacional, que según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es de aproximadamente 34 mil 20 pesos.

Décimo. Que como se refleja en la tabla siguiente, la UABJO necesita de un incremento sustancial para hacer frente a la crisis financiera por la que actualmente atraviesa, mismo que asciende a más de 667 millones de pesos, que permitiría que la universidad contara con un costo promedio por estudiante casi similar al que establece la ANUIES.

Undécimo. Que en consideración a que el costo actual por alumno, que tiene presupuestada la Universidad Autónoma ``Benito Juárez'' de Oaxaca es del orden de 14 mil 601 pesos, mismo que constituye la cifra mas baja, presupuestalmente hablando, a nivel nacional y que la crisis política, social y económica que enfrenta el estado de Oaxaca, obliga a la federación y a esta representación nacional a mirar hacia el desarrollo de nuestra entidad.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que en la integración del presupuesto destinado a las universidades públicas del país para el Presupuesto de Egresos de 2007, se establezca que el presupuesto destinado a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se haga sobre la base del costo promedio anual por alumno, que reporta la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y que asciende a 34 mil 20 pesos.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública a revisar de manera detallada el presupuesto destinado a las universidades de educación superior de nuestro país para el Presupuesto de Egresos de 2007, para que en el marco de sus atribuciones, asignen el presupuesto que demanda la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y que asciende a un mil 178 millones 849 mil 560 pesos.

Nota:

1 (SEP, Programa Nacional de Educación 2001-2006:183)

Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.Continúe la Secretaría.

A ver, diputado Varela, ¿la solicitud es de urgente resolución? Consulte la Secretaría si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa y es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Ha pedido la palabra el diputado Antonio Vega Corona, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Antonio Vega Corona:Con su permiso, señor Presidente: por mi conducto, el grupo parlamentario de Acción Nacional apoya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para el incremento del monto de recursos destinados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Consideramos además a las demás universidades públicas para que entren dentro de estos aumentos en el Presupuesto.

Las consideraciones expuestas en relación con las políticas y recomendaciones de los organismos internacionales a favor de implementar políticas educativas que promuevan la equidad social y el desarrollo humano sostenido son por sí mismas fundamento suficiente para que se atienda a esta proposición.

Es cierto que nuestro país, en su condición emergente, de emergente económico, debe considerar como prioritario el incremento en la asignación presupuestal para inversión en la educación pública. La situación de crisis financiera no es, con seguridad, exclusiva de esta universidad.

El incremento al presupuesto es urgente, sin embargo, no debemos pasar por alto algunas cuestiones, pues no basta asignar recursos frescos; sí se hace necesaria una profunda reforma de la forma de organización de las universidades públicas. La historia y los datos duros sobre las formas de operar de las universidades nos muestran claramente que toda institución que no posea y dé seguimiento a un plan de crecimiento y desarrollo, que tenga como base la modernización y optimización de su estructura administrativa, estará destina a vivir en la eterna crisis.

Tenemos casos en que los montos derivados de los costos fijos son mayores que los aplicados al desarrollo e incremento del patrimonio de las universidades. Un país con grandes problemas debe proponer grandes soluciones, y hoy es posible llevar educación a más personas, sin que ello demerite la calidad educativa; como ejemplo tenemos algunas universidades de este país.

Es tarea de este honorable Congreso no sólo asignar los recursos públicos, es también su responsabilidad vigilar que se apliquen con oportunidad y pertinencia; para ello debe existir un proyecto que permita asegurar que la asignación financiera cumplirá con su cometido.

Manifestamos pues nuestro apoyo total al incremento de la asignación presupuestal de la educación superior. Pero también nos pronunciamos como grupo parlamentario por asegurar que este dinero, que es de propiedad pública se aplique en forma adecuada, y que para ello se establezca un ágil mecanismo de ejercicio. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Vega. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con el permiso de la Presidencia: el grupo parlamentario del Partido del Trabajoestá totalmente de acuerdo con este punto, que es de suma importancia para la vida académica de las universidades. Yo sí pediría a las compañeras y compañeros diputados, en especial a nuestro Presidente de la Mesa, que este punto, más otros que hemos tratado, que ya son como cuatro puntos relacionados con este tema, sean realmente ejecutados, que sean instrumentados. A veces creo que estos puntos de acuerdo son como llamadas a misa, no hay la atención suficiente.

Más de la mitad de las universidades de nuestro país, en este momento, tienen problemas financieros fuertes, no van a poder cubrir sus necesidades financieras de fin de año. Si no atendemos esto de manera inmediata, así como se hizo un punto de acuerdo donde se proponía que de inmediato se reunieran varios rectores con el secretario de Hacienda y a la fecha no ha habido solución a ese problema. Yo puedo poner un ejemplo: la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene ahorita un problema muy grave, se acerca diciembre y no hay capacidad financiera para resolver las contingencias que se tienen para ese mes, y así están la mayoría de las universidades. De ahí la solicitud --de nuevo, señor Presidente-- para que este punto de acuerdo, junto con los demás que se han acumulado respecto al problema de las universidades, se pueda atender de inmediato y así podamos ver una solución por lo menos para que de aquí a diciembre todo el problema financiero pueda salir adelante. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del grupo parlamentario del PRI... Sonido a la curul del diputado Camerino Márquez, del PRD.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid(desde la curul): Para sumarme al punto de acuerdo y también reiterar que hay un punto de acuerdo para que reciban a los rectores de las Universidades de Zacatecas, de Sinaloa y de Guerrero, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública. Solicito a la Presidencia de esta Mesa Directiva que requiera en lo inmediato la cita acordada, porque han transcurrido ya prácticamente dos meses y no se ha concretizado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Permítame diputada. También, sonido a la curul del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del PAN.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz(desde la curul): Con su permiso, señor Presidente: quiero poner también a la consideración de la honorable Asamblea que también sea anexado en esta petición mayores recursos al campus universitario de Geohidráulica, en la ciudad de Teziutlán, Puebla, y también al Instituto Politécnico Nacional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Adelante, diputada Patricia Villanueva.

La diputada Patricia Villanueva Abraján:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: los diputados del estado de Oaxaca del Partido Revolucionario Institucional, con el respaldo de nuestra fracción, apoyamos este punto de acuerdo para otorgar mayor presupuesto a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El destino de nuestros pueblos está en la educación; sin educación no tenemos rumbo ni tampoco proyecto de futuro. Es importante poder incrementar el presupuesto para las universidades de los estados del sur-sureste, que son los que tienen el mayor rezago, no solamente para abrir la currícula educativa y poderla perfeccionar a través de sus docentes, sino también para poder albergar al mayor número de las y los adolescentes y de nuestros jóvenes en adultez que puedan ingresar para poder cursar la educación superior.

Es importantísimo no solamente retomar todos los puntos de acuerdo que han sido sometidos a la consideración de esta honorable Asamblea de otros estados; Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán viven severas condiciones económicas en sus universidades.

Apoyemos este proyecto; esta honorable Asamblea tiene la facultad suficiente para poderlo impulsar en el Presupuesto de 2007, y también --como lo dijera acertadamente el compañero diputado de la fracción parlamentaria del PRD-- convocar a los rectores para poder hacer una verdadera planeación y con ello mayor presupuesto en bien de nuestros jóvenes mexicanos. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Villanueva. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo, del grupo parlamentario del PRD y, mientras, sonido a la curul.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Señor Presidente: creo que todos los que somos parte de los estados somos coincidentes en la necesidad que hay de que todas las universidades del país sean apoyadas. En reiteradas ocasiones ha habido algunos puntos de acuerdo tendientes en lo particular a las universidades de algunos estados. Yo hablo por la Universidad Juárez del estado de Durango, que está en las mismas circunstancias.

Solicito que ojalá a este punto de acuerdo se le pueda agregar que sea genérico, que sea para todas las universidades del país y que se pase la versión estenográfica a la comisión correspondiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Escajeda. Permítame, diputado Bravo. Sonido a la curul del diputado Sergio Hernández.

El diputado Sergio Hernández Hernández(desde la curul): Señor Presidente: es innegable que, si preguntáramos a cada uno de los diputados que estamos aquí, todos vamos a pedir por las universidades de nuestros estados. Es importante que no lo pasemos por alto y ojalá todos, en el momento en que tengamos que votarlo, asumamos nuestro papel como diputados federales. La Constitución, nuestra Constitución, en el artículo 74, fracción IV, es muy precisa; es nuestra facultad, cuando tengamos que examinar el proyecto de Presupuesto para analizar o reformar, en su caso, dicho presupuesto.

Es ahí donde todos tenemos que asumir nuestro papel, porque de esta manera nos pasaríamos toda la tarde para sumarnos a este punto de acuerdo. Yo creo que nadie estaría en contra de asignar más recursos a cada una de las universidades de nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Por último, sonido a la curul del diputado Leobardo Curiel, del PAN.

El diputado Leobardo Curiel Preciado(desde la curul): Nada más para decirles que todas las universidades ocupan dinero de la Federación; necesitamos que, en la medida de las posibilidades, se les reintegre a todas ese servicio. Yo, por mi parte, pido para Puerto Vallarta, el campus de la Universidad de Guadalajara, que le den, porque hay en Pino Suárez, en Tomatlán muchas instituciones que necesitan ese servicio.

Me uno al esfuerzo y a la opinión de los compañeros diputados, y que le echemos para adelante para que haya lana, para que se hagan las universidades donde haya necesidad. Es todo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Diputado Tonatiuh Bravo, adelante.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Gracias, Presidente: efectivamente, como aquí ha sido comentado, yo quisiera referirme a tres puntos muy concretos. El primero de ellos es que la Comisión de Educación ha turnado a todos sus integrantes los puntos de acuerdo que han sido planteados aquí por ustedes en torno a las distintas universidades; pero no sólo eso, ya se ha tenido la oportunidad de plantear directamente a la Secretaría de Educación Públicalos temas de cada una de estas universidades y, además de ello, ustedes recordarán que en la comparecencia del secretario de Hacienda se solicitó en una de las intervenciones que se destrabaran recursos por 549 millones de pesos que estaban presupuestados en el Anexo 19 C y que estaban asignados al modelo adicional, al subsidio federal ordinario acordado por la fórmula del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

Me ha sido comunicado, por parte del secretario de Educación Pública, que ya está siendo comunicada a cada una de las universidades la asignación de estos 549 millones de pesos, pero que, evidentemente, al ser más de 35, 36 instituciones estatales y al asignarse por el porcentaje de alumnos, de acuerdo con la fórmula y de acuerdo con programas acreditados y otros indicadores, son insuficientes para dar la respuesta que las universidades están requiriendo. Por otro lado, hay que recordar que el año pasado bajó la asignación a educación superior a 0.67 por ciento del producto interno bruto, cuando en el año antepasado había ocupado un porcentaje superior al 0.75 por ciento.

De esta manera, es imposible que pueda el recurso ser suficiente para atender a las universidades públicas. De tal manera que no solamente nos sumamos y hacemos nuestro el punto planteado aquí por el diputado de Convergencia, sino que además hacemos eco de las necesidades planteadas por todos los rectores de las universidades públicas y, en particular, por algunas de ellas, que están sufriendo una crisis por el cierre presupuestal del año. Además de ello, adelantamos nosotros que en los acuerdos subsiguientes que esta comisión tenga a bien adoptar a través de su mesa directiva con la Secretaría de Educación Pública, insistirá en los temas que aquí han sido tocados, para que cada uno de ellos pueda tener una resolución específica.

Pero el problema de fondo ha sido planteado aquí por el diputado Sergio Hernández, en el sentido de que, al concretarse la aprobación del Presupuesto 2007, todos nosotros tenemos que sumarnos para convertir a la educación en una prioridad del Presupuesto 2007; una prioridad que no solamente vele por mayores recursos, sino también por su ejercicio transparente y por el compromiso con la calidad de los servicios que las instituciones que los reciben pueden proporcionar a la población.

De tal manera que, en mi carácter de presidente de la Comisión de Educación, simplemente señalo a todos ustedes que en breve tendrán la dictaminación de estos puntos de acuerdo y que paralelo a ello tendrán el seguimiento de la gestión puntual de todo lo que ustedes han estado planteando aquí en forma expedita. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bravo. Sonido a la curul del diputado Juan Victoria. Adelante diputado.

El diputado Juan Victoria Alva(desde la curul): Gracias, señor Presidente: me congratula que todos los diputados aquí en la Cámara estemos preocupados por la educación, en especial la de las universidades de todo el país; pero también solicitaría, señor Presidente, y a todos los diputados, que también tomemos en cuenta a todos los institutos tecnológicos del país, que realmente por ahí no los estamos tomando en cuenta, y eso, señor Presidente, que quede en la versión estenográfica, porque queremos hacer énfasis en este aspecto educativo y en especial el Instituto Tecnológico de Toluca, ya que soy diputado por el estado de México y del distrito 40.

También quería agregar que no nada más estas universidades y tecnológicos, sino los CBTIS y en especial las secundarias, señor Presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Victoria. Esta Presidencia remitirá la transcripción de estas peticiones, pero les recuerdo que cuando se quiere agregar al punto de acuerdo, debe presentarse por escrito. Sonido a la curul de la diputada Dolores Manuell.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo(desde la curul): Sí, señor Presidente, aunque aquí en este punto de acuerdo se ha hablado de dar mayor presupuesto a todas las universidades, yo sí quiero dejar asentado que la Universidad de Baja California necesita también recursos. Es un estado, Baja California, receptor de miles de mexicanos que, diario, van a radicar a este estado, y también a los institutos tecnológicos del estado. Está calificada la Universidad Autónoma de Baja California como una de las mejores universidades que tiene el país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada. Sonido a la curul del diputado Joaquín de los Santos, del PRD.

El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina(desde la curul): Señor Presidente: en nombre de los diputados del estado de Oaxaca, también me sumo a esta propuesta, y quisiera pedirle al diputado Varela que nos permita firmarla.

Si bien es cierto que en la mayor parte de las universidades públicas se necesitan recursos, creo que no podemos comparar a una universidad del norte del país con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hay un rezago histórico y creo que todos estamos de acuerdo en que la Federación tiene una deuda con nosotros.

Por la situación en la que está atravesando nuestro estado, es importante atenderla, ya que las cifras que está manejando el diputado Varela creo que son reales y en este momento no podemos negarle a Oaxaca un apoyo económico, sobre todo en el sector educativo, ya que de ahí dependen estudiantes de muy, muy bajos recursos, que viajan desde la sierra de pueblos de alta marginación y sí es importante reactivarla, sobre todo por la situación por la que estamos atravesando.

Yo le solicitaría que el punto, si bien es cierto tiene mucho para dar, que quede para que esta solicitud sea atendida de manera urgente como fue aprobada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado De los Santos. Sonido a la curul del diputado José Luis Aguilera, de Convergencia.

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Para solicitarle, señor Presidente, que se pudiera ya votar el punto de acuerdo del diputado José Luis Varela, debido a que si tenemos la intención todos y cada uno de los diputados de apoyar a nuestros estados y, en específico, universidades, que hiciéramos el mismo procedimiento que hizo el diputado Varela, de presentar un punto de acuerdo. Entonces, solamente pediría que ya se pudiera votar, agotar la discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido a la curul del diputado Andrés Bermúdez.

El diputado Andrés Bermúdez Viramontes(desde la curul): También, nada más para unirme, ya que en mi municipio de Jerez se está construyendo, o se empezó a construir, una universidad y también solicito recursos para terminarla.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Bermúdez. Sonido a la curul del diputado Gilberto Ojeda, del PRI.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho(desde la curul): Aunque esta película ya la vimos el mes pasado, desde luego que apoyamos la propuesta del punto de acuerdo que acaban de presentar los compañeros de Oaxaca. Únicamente recordar que en este mismo tema se votó aquí en el Pleno y decidimos, entre todos, unánimemente, apoyar ese punto de acuerdo, que tiene que ver con el apoyo a todas las universidades del país. En esta ocasión yo aprovecho para ratificar que la de Sinaloa está también ubicada dentro de las universidades que tienen severos problemas financieros, por lo cual me uno a ese punto de acuerdo.

Pero, además, aprovecho, señor Presidente, para informarle que en unos momentos le va a llegar --si no le ha llegado-- un oficio que enviamos todos los diputados federales de Sinaloa, de todos los grupos parlamentarios, pidiéndole una explicación acerca de qué se hizo o en qué paró ese punto de acuerdo que ya fue votado por el Pleno y del cual no supimos hacia dónde llegó, porque es importante que le demos seguimiento a los puntos de acuerdo y que no únicamente queden en discurso. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ojeda. Sonido a la curul del diputado Jesús Flores Morfin, del PAN.

El diputado Jesús Vicente Flores Morfín(desde la curul): Nada más para hacer una consideración: debemos estar apoyando este punto de acuerdo y también apoyar a aquellas instituciones que, por su desempeño, por el bajo costo por alumno, se tenga esta consideración. Creo que los tecnológicos tienen esta característica al igual que otras universidades, especialmente el Tecnológico de La Laguna.

Pero, específicamente, pido con todo respeto a todos los diputados, compañeros y compañeras, que abonemos a esto. La cobija es la misma y va a estar muy restringida. En este Presupuesto del 2007 tenemos la oportunidad de realmente presentar el ocho por ciento del PIB para educación y además las reformas estructurales necesarias para tener la riqueza necesaria que tanto se está pidiendo para estas universidades. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Flores Morfín.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo, una vez agotada la lista de oradores.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México a no intervenir en los procesos de elección de autoridades auxiliares en dicha entidad.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a suspender las actividades de intromisión en los procesos de elección de las autoridades auxiliares de la entidad, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputadas y diputados federales del estado de México del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos a la consideración de esta honorable representación, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes antecedentes.

Antecedentes

En este mes que inicia se llevarán a cabo elecciones de autoridades auxiliares municipales en el estado de México.

Estas autoridades, conocidas como Consejos de Participación Ciudadana, por su implantación en el territorio y entre la base de la población representan la vinculación directa de los ciudadanos y sus necesidades con el gobierno municipal. Son además un referente importante para la vida democrática, pues concitan tanto la movilización directa de los ciudadanos, la percepción de sus necesidades así como su colaboración directa en la realización de la obra pública y en las tareas de gobierno.

Por su naturaleza, no pueden ser pervertidas en sus funciones por otros poderes, ni pueden ser instancias corporativas de ninguna fuerza política. Los resultados electorales son y deben ser obra exclusiva de cada comunidad de manera autónoma.

Consideraciones

Para preocupación nuestra hemos observado que el gobierno estatal está interviniendo en este proceso y pretende manipular estas elecciones a favor del PRI. Con ello desvirtúa este proceso e interviene indebidamente en un asunto que es potestad exclusiva, insistimos, de los ciudadanos en cada comunidad.

Bodega de materiales, despensas, entrega de las tarjetas de apoyo a los adultos mayores y todo tipo de materiales se encuentran en oficinas o en casas de priístas.

Expresamos nuestro más enérgico rechazo que de manera directa o a través de programas gubernamentales aplicados de manera oportunista como Comités de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social (Concides), se pretenda comprar o manipular la voluntad de los ciudadanos.

Por ello le exigimos, C. Gobernador, detenga su intromisión y saque las manos de este proceso ciudadano. Si cree que con ello va a favorecer a los priístas para recuperar el terreno perdido, se equivoca.

Esta actitud suya no favorece la convivencia, ni la equidad en la entrega de recursos a las comunidades.

Esperamos que esta solicitud sea atendida y se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar que las elecciones de nuestras autoridades auxiliares en nuestras comunidades se desarrollen libre y soberanamente por los ciudadanos y en un ambiente de tranquilidad y espíritu democrático.

Por las consideraciones anteriores proponemos el siguiente punto de

Acuerdo

Único. Se exhorta al C. Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, a suspender las actividades de intromisión en los procesos de elección de las autoridades auxiliares del estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputados: Maribel Luisa Alva Olvera, Javier Hernández Manzanares, Jaime Espejel Lazcano, Juan Darío Arreola Calderón, Raciel Pérez Cruz, Santiago López Becerra, Francisco Martínez Martínez, Alberto López Rojas, Juan Manuel San Martín Hernández, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Ana Yurixi Leyva Piñón, Octavio Martínez Vargas, Juan Hugo de la Rosa García, Martín Zepeda Hernández, Francisco Javier Santos Arreola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Mario Enrique del Toro, Alma Lilia Luna Munguía (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 14 de novoembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Jalisco.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigeil, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 16:04 horas): Gracias, señor Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 14 de noviembre a las 11:00 horas y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 39 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 328 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 445 diputados.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 10.
• Puntos de acuerdo aprobados: 5.
• Excitativas a comisiones: 4.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 78PAN-19, PRD-28, PRI-16, PVEM-2, Convergencia-8, PT-3, Nueva Alianza-2.
• Se recibió:
• 1 oficio del Congreso del estado de Sonora;
• 1 comunicación de la Comisión de Salud;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que 12 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que 3 ciudadanos, puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas; y comunica que 3 ciudadanos han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Colima;
• 3 iniciativas del PRD;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán;
• 4 de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a 14 ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos e instituciones extranjeras, respectivamente.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Antiguo Oratorio de San Felipe Neri: 132
• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Estado de Oaxaca: 144
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Artículos 21, 76, 78, 102 y 108 constitucionales - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 47
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Estado de Oaxaca: 90
• Alva Olvera, Maribel Luisa(PRD) Estado de México: 145
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 64
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Oaxaca: 141
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Artículo 18 constitucional: 73
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos - Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 43
• Bermúdez Viramontes, Andrés(PAN) Estado de Oaxaca: 144
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Estado de Oaxaca: 88, 142
• Cárdenas Gutiérrez, Gustavo Adolfo(PAN) Estado de Baja California: 129
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Estado de Oaxaca: 94
• Curiel Preciado, Leobardo(PAN) Estado de Oaxaca: 142
• Dagdug Lützow, Moisés Félix(PRD) Estado de Baja California: 128
• De los Santos Molina, Joaquín Conrado(PRD) Estado de Oaxaca: 143
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Estado de Veracruz: 120
• Díaz García, José Antonio(PAN) Telefonía celular: 119
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Estado de Oaxaca: 142
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 88, 91
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Banco de México: 108
• Flores Morfín, Jesús Vicente(PAN) Estado de Oaxaca: 144
• Fuentes Ortiz, José Guillermo(PAN) Estado de Oaxaca: 141
• Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo(PRD) Antiguo Oratorio de San Felipe Neri: 132
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Duración de mandato de representantes de elección popular: 105
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Trabajadores migrantes: 104
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Telefonía celular: 118
• Guerrero Torres, José Gildardo(PAN) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 135
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Estado de Oaxaca: 142
• Ibarra Fránquez, Sonia Nohelia (PRD) Código Penal Federal: 134
• Jacques y Medina, José(PRD) Trabajadores migrantes: 101, 105
• Jiménez Valenzuela, María Eugenia(PRD) Estado de Nayarit: 83, 84
• Lezama Aradillas, René(PAN) Estado de Oaxaca: 89
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 40
• López Lena Cruz, Humberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 92
• López Ramírez, Sergio Augusto(PVEM) Estado de Veracruz: 124
• López Torres, María Soledad(PRD) Estado de Veracruz: 124
• Maciel Ortíz, María Mercedez(PT) Estado de Baja California: 129
• Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María(PAN) Estado de Baja California: 126
• Manuell-Gómez Ángulo, Dolores de María (PAN) Estado de Oaxaca: 143
• Márquez Madrid, Camerino Eleazar(PRD) Estado de Oaxaca: 141
• Márquez Madrid, Camerino Eleazar(PRD) Juegos con apuestas y sorteos: 109
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ley Federal de Sanidad Animal: 136
• Martínez Valero, Dora Alicia(PAN) Duración de mandato de representantes de elección popular: 107
• Mendoza Arellano, David(PRD) Ley Federal del Trabajo - Ley del Seguro Social - Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 57
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl(PRI) Estado de Veracruz: 123
• Mollinedo Hernández, Agustín(PAN) Estado de Veracruz: 124
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Artículo 41 constitucional - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 131
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Duración de mandato de representantes de elección popular: 107
• Muñoz Serrano, José Antonio(PAN) Antiguo Oratorio de San Felipe Neri: 132
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Estado de Oaxaca: 144
• Pulido Santiago, Celso David(PRD) Estado de Veracruz: 125
• Quiñones Canales, Lourdes(PRI) Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil: 133
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Trabajadores migrantes: 104, 105
• Ramos Castellanos, Martín(PRD) Estado de Baja California: 129
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Trabajadores migrantes: 105
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Telefonía celular: 119
• Sánchez Hernández, Eduardo(PRI) Telefonía celular: 115, 120
• Sansores San Román, Layda Elena(Convergencia) Estado de Baja California: 129
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Antiguo Oratorio de San Felipe Neri: 129, 133
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Estado de Oaxaca: 85, 90
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) Estado de Oaxaca: 137
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Artículo 105 constitucional: 37
• Vega Corona, Antonio(PAN) Estado de Oaxaca: 140
• Vega Corona, Antonio(PAN) Telefonía celular: 118
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Estado de Veracruz: 125
• Victoria Alva, Juan(PAN) Estado de Oaxaca: 143
• Victoria Alva, Juan(PRD) Estado de Baja California: 129
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI) Estado de Oaxaca: 141

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	INASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	PERMISO MESA DIRECTIVA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	OFICIAL COMISIÓN
25Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	INASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	PERMISO MESA DIRECTIVA
129 Minjares Jiménez José Manuel	INASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	CÉDULA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	INASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 196
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	INASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	INASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	PERMISO MESA DIRECTIVA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	INASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	CÉDULA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 González Garza Javier	INASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	INASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	INASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	INASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	PERMISO MESA DIRECTIVA
85 Oliva Fragoso Silvia	OFICIAL COMISIÓN
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	CÉDULA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	INASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	INASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	INASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	PERMISO MESA DIRECTIVA
119 Ulloa Pérez Emilio	PERMISO MESA DIRECTIVA
120 Vallejo Estevez Mario	INASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	CÉDULA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	PERMISO MESA DIRECTIVA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	INASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 96
Asistencias por cédula: 5
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 12
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 13
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	PERMISO MESA DIRECTIVA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	INASISTENCIA
67 Murat José	OFICIAL COMISIÓN
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	CÉDULA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	INASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	INASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 97
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	INASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	INASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	INASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	INASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	INASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 3
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Barrios Rodríguez Juan Enrique
2 Larios Córdova Héctor
3 Medina Rodríguez Delber
4 Minjares Jiménez José Manuel
5 Torres Herrera Víctor Manuel
Faltas por grupo: 5

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Aguirre Alcaide Victor
2 Arellano Pulido Miguel Ángel
3 Cervantes Rodríguez Aurora
4 González Garza Javier
5 López Barriga Erick
6 Márquez Tinoco Francisco
7 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio
8 Ríos Gamboa Raúl
9 Soriano Sánchez Rosa Elva
10 Soto Sánchez Antonio
11 Torres Baltazar María Elena
12 Vallejo Estevez Mario
13 Villicaña García Rafael
Faltas por grupo: 13

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Muñoz Serna Rogelio
2 Parás González Juan Manuel
3 Sosa Castelán Gerardo
Faltas por grupo: 3

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Notholt Guerrero Alan
Faltas por grupo: 1

CONVERGENCIA
Diputado
1 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Jiménez Godínez Miguel Ángel
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 Arvizu Rivas Aida Marina
2 García Méndez Armando
Faltas por grupo: 2