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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 335 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:24 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 14 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Jalisco.

Iniciativa del Congreso de Tlaxcala

Que adiciona un artículo 47 Bis a la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se designa a las diputadas que representarán la LX Legislatura como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. (Votación)

En torno de la situación de una connacional que radica en Estados Unidos. (Votación)

Relativo a la integración de las comisiones ordinarias de Marina, de Reforma Agraria, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura. (Votación)

Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a cesar la censura de los programas del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.

De la Cámara de Senadores

Con el que comunica la designación de los senadores Felipe González González, Jorge Mendoza Garza y René Arce Islas como integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que comunica la designación de los senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Carlos Jiménez Macías y Carlos Sotelo García como integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. (Turno a Comisión)

Con el que comunica la designación de los senadores Eugenio Govea Arcos, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Minerva Hernández Ramos como integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. (Turno a Comisión)

Con el que comunica la designación de los senadores Andrés Galván Rivas, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramiro Hernández García, María Elena Orantes López, Salomón Jara Cruz, Rubén Velázquez López, Manuel Velasco Coello, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro González Yáñez como integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para que se asigne una partida especial en el Presupuesto Egresos de la Federación de 2007 con el propósito de resarcir los daños económicos y reactivar la economía del estado de Oaxaca, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar, en coordinación con el Congreso de la Unión, mesas de trabajo con la participación de gobernadores, presidentes municipales, jefes delegacionales del Distrito Federal, académicos y estudiosos del tema; e iniciar el análisis para una reforma integral del sistema nacional de protección civil y del Fonden. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 38 y 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley Federal de Archivos, suscrita por los diputados Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida Yucatán.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Especial'' y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Demetrio Mújica Castro, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo y Francisco Tortolero Cervantes para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, Jonatan Gutiérrez Morales, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González, Érick Sánchez Flores, Damián Hernández Villa y Héctor Morán Rojo para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la inclusión de una partida destinada a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la cuenca del valle de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción de carreteras en diversos municipios del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE amplíe y fortalezca la protección consular de los connacionales que radican en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en relación con los estudios y estimaciones de medición de la pobreza, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a crear un fideicomiso de administración que permita la acreditación del municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico generado por Pemex, la CFE y Tekchem en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Antonio Vega Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Conagua que atienda la petición de desazolve del río Tecolutla, en Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes al sector salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Semarnat reconsidere el permiso otorgado a Minera San Xavier en San Luis Potosí el pasado 10 de abril, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para continuar los trabajos sobre la mina carbonífera de Pasta de Conchos, en Coahuila, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al titular de la SHCP, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF y a la PGJDF investiguen los posibles actos de corrupción derivados del supuesto desvío de recursos públicos utilizados para promocionar la imagen del ex candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere una partida destinada a fortalecer la conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan recursos para la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que envíe al Senado de la República para su pronta ratificación la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía investiguen el cumplimiento de la concesión otorgada a Grupo Aeroportuario del Pacífico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere mayores recursos para la Sedena, suscrito por integrantes de la Comisión de Defensa Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para fijar postura en torno al derecho de acceso a la información pública en los estados y municipios del país, para integrar la agenda de la presente legislatura federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción y equipamiento de las unidades médicas del estado de Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad, y a la Segob suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que entregue a los productores ganaderos los recursos presupuestales del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, a cargo del diputado Rafael Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el pago de adeudos a braceros rurales de 1942 a 1964, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGJEM y de la PGR investiguen y sancionen a los responsables de la violencia porril efectuada a las puertas del CCH plantel Naucalpan, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT se corrijan las irregularidades que se presentan en las vías del estado de Chihuahua y aplique sanciones a Ferromex, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a los titulares de la SHCP y de la SEP al primer Foro parlamentario de consulta sobre la educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que contemple en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para el Ramo 21, ``Turismo'', suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Turismo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE para que informen a esta soberanía sobre la nueva metodología relativa al cálculo de tarifas eléctricas para incorporar el concepto de humedad y realicen una rezonificación de las mismas, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe para que se repare la carretera Las Choapas-Ocozocuatla, del sureste del país, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestaria especial en el ejercicio de 2007 para atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos de los estados fronterizos que, en coordinación con el Ejecutivo federal, formulen e implementen una estrategia integral para abordar la problemática de la frontera norte, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la SFP realicen auditorías respecto a la venta del Bansefi, suscrita por los diputados Luis Sánchez Jiménez y Camerino Eleazar Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de las dependencias competentes expliquen a esta soberanía las acciones gubernamentales realizadas en torno a la protección de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal ajuste los trámites relativos a la donación de bienes desde el extranjero, con el propósito de facilitar la labor de las instituciones no lucrativas encargadas de la asistencia y beneficencia social, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 asigne recursos para la construcción de comedores en las escuelas de tiempo completo, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y de Monterrey como beneficiarias de los recursos del Fondo Metropolitano del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, suscrita por los diputados Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel que otorguen permiso para el uso de banda radiofónica para el Canal del Congreso, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que, en el ámbito de sus competencias, proceda a la creación de un juzgado de distrito en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN dicte resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH, INBA y al Conaculta a llevar a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, suscrito por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de los diputados Lilia Merodio Reza, Carlos Rojas Gutiérrez, José Jesús Reyna García y Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la toma de protesta del presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del natalicio de sor Juana Inés de la Cruz y a la celebración del Día del Libro en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de noviembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiocho diputadas y diputados, a las once horas con veinticinco minutos del jueves nueve de noviembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, remite acuerdo por el que se establece el formato de la Sesión de Congreso General del primero de diciembre de dos mil seis, en la que rendirá protesta constitucional el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. De enterado. Comuníquese.

El Congreso del estado de Sonora, remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, sean destinados mayores recursos económicos a la Universidad de Sonora. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Comisión de Salud envía solicitud de demora de trámite legislativo de diversos asuntos turnados a la misma. De enterado.

Se recibe del Congreso del estado de Colima, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaría de Gobernación remite:

Tres oficios por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que doce ciudadanos puedan prestar servicios en las embajadas de Malasia, Portugal y de los Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que tres ciudadanos, puedan prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas; y comunica que tres ciudadanos han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros. Las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicio, se turna a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y setenta y siete del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A las once horas con cincuenta y cinco minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y cinco diputadas y diputados.

Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos veinte, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Mónica Arriola, de Nueva Alianza, que reforma el artículo dieciocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Comisión de Gobernación, remite cinco dictámenes de primera lectura con proyectos de decreto que conceden quince permisos, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida Yucatán; y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan: El gobierno de los Estados Unidos de América; el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador; el gobierno de la República de Nicaragua; el gobierno de la República de Nicaragua; el Senado de la República Francesa; el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia; la Fuerza Armada de la República de El Salvador; el Ejército Nacional de la República de Colombia; el Ejército de la República de Chile; el Ejército Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia; el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la República de El Salvador; el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y el Ejército de la República Federativa de Brasil.

Se reciben de la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, dos proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita que en el presupuesto de dos mil siete, se asignen recursos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, en Tepic, Nayarit; y para la construcción de un tramo carretero, en Tepic, Nayarit. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Jorge Toledo Luis, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, establezca un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca. En votación económica, la asamblea la considera de urgente resolución. Desde su curul el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento, la Presidencia hace la aclaración. Se les concede el uso de la tribuna a los diputados: Alberto Esteva Salinas, de Convergencia; René Lezama Aradillas, del Partido Acción Nacional; Carlos Altamirano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática y Jorge Toledo Luis, del Partido Revolucionario Institucional. Rectifica hechos el diputado Esteva Salinas. La asamblea aprueba la proposición en votación económica. Comuníquese.

Humberto López Lena Cruz, de Convergencia, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos del año dos mil siete, cree una partida para atender las pérdidas económicas del sector turismo en Oaxaca.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Turismo.

Othón Cuevas Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombre comisionados especiales para que investiguen sobre hechos y violaciones a las garantías individuales de la población que reside en el estado de Oaxaca. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución y se turna a la Mesa Directiva.

José Jacques y Medina, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Desde sus respectivas curules los diputados: José Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita en dos ocasiones, el trámite de urgente resolución y María Gabriela González Martínez, del Partido Acción Nacional, se adhiere a la proposición. En votación económica, la asamblea no considera el asunto de urgente resolución. Desde sus respectivas curules, los diputados: José Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, quien reitera su solicitud de trámite de urgente resolución; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional y José Jacques y Medina, del Partido de la Revolución Democrática, hacen observaciones. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza, en relación con la determinación adoptada por diversas entidades federativas, en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Se les otorga la palabra a los diputados: Dora Alicia Martínez Valero, del Partido Acción Nacional y Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

Carlos Eduardo Felton González, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Banco de México que atienda la situación relacionada con la aceptación o canje de billetes no aptos para circular.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Gobernación actualice y publique la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos, en el sitio de Internet de dicha secretaría. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.

Eduardo Sánchez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, suspenda el programa ``el que llama paga''. En votación económica, la asamblea la considera de urgente resolución. Se les concede la palabra a los diputados: Antonio Vega Corona, del Partido Acción Nacional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

José Antonio Díaz García, del Partido Acción Nacional; Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática. Habla para alusiones personales el diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición suficientemente discutida y se aprueba. Comuníquese.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, por el que esta soberanía exhorta al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos para que den mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y liquiden sus compromisos ambientales con el estado. En votación económica, la asamblea la considera de urgente resolución. Se le otorga la palabra al diputado Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Desde su curul, la diputada María Soledad López Torres, del Partido de la Revolución Democrática, se adhiere a la proposición. Hacen uso de la tribuna los diputados: Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Agustín Mollinedo Hernández, del Partido Acción Nacional; Celso David Pulido Santiago, del Partido de la Revolución Democrática y Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición suficientemente discutida y la aprueba.

Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor, investiguen las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad por la falta de cumplimiento en las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana y el mal funcionamiento de los medidores de luz del Municipio de Mexicali. Desde sus respectivas curules, expresan su adhesión a la proposición los diputados: Moisés Félix Dadug Lützow, del Partido de la Revolución Democrática; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; Layda Elena Sansores San Román, de Convergencia; Martín Ramos Castellanos, del Partido de la Revolución Democrática; y los diputados del Partido Acción Nacional Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Juan Victoria Alva. Se turna a la Comisión de Energía, junto con las adhesiones manifestadas.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, a nombre propio y de los diputados Emilio Ulloa Pérez e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, todos del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, informe el resultado de las investigaciones respecto de la denuncia presentada por diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. Desde sus respectivas curules, hacen comentarios con relación al resultado de la votación los diputados: Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, de Convergencia y José Antonio Muñoz Serrano, del Partido Acción Nacional. La Presidencia instruye recoger votación nominal. Con un resultado de doscientos un votos en pro, ciento sesenta y siete en contra y tres abstenciones, no se considera de urgente resolución al no alcanzar la mayoría calificada. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura, esta última a solicitud del diputado promovente.

Se reciben cuatro solicitudes de excitativa de los diputados:

Lourdes Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

Nohelia Ibarra Fránquez, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

José Gildardo Guerrero Torres, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De conformidad con lo que establece el artículo veintiuno, fracción dieciséis, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas, de Convergencia, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal, a que en el presupuesto de dos mil siete, incremente recursos a la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Se les concede el uso de la tribuna a los diputados: Antonio Vega Corona, del Partido Acción Nacional; y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo. Desde sus respectivas curules, se adhieren a la proposición los diputados: Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Partido de la Revolución Democrática y José Guillermo Fuentes Ortiz, del Partido Acción Nacional. Continúa con el uso de la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules, hacen observaciones los diputados: José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; Sergio Hernández Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Leobardo Curiel Preciado, del Partido Acción Nacional. Se le otorga la palabra al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus respectivas curules los diputados: Juan Victoria Alva y Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, ambos del Partido Acción Nacional; Joaquín Conrado de los Santos Molina, del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, de Convergencia; Andrés Bermudez Viramontes, del Partido Acción Nacional; Gilberto Ojeda Camacho, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Vicente Flores Morfín, del Partido Acción Nacional; hacen comentarios. En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se recibe de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de México, a no intervenir en los procesos de elección de autoridades auxiliares en dicha entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con cuatro minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes catorce de noviembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretario.Aprobada, el acta.Continúe la Secretaría.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1757/06, del que le adjunto copia, en el que se le solicita que aprueben la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, por los razonamientos y las motivaciones expresados en el cuerpo del acuerdo legislativo de referencia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 24 de octubre de 2006.--- Maestro Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario general del Congreso del estado de Jalisco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

Los que suscribimos, diputados Gabriel Guerra Béjar, Joann Novoa Mossberger, Doria Padilla Díaz, Julián Orozco González, Félix Bañuelos Jiménez, Gerardo Limón Gómez y Enrique García Hernández, con base en las facultades que nos otorga lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, y 150, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, sometemos a la consideración de este honorable Congreso iniciativa de acuerdo legislativo, para lo cual hacemos la siguiente

Exposición de Motivos

Dado el número creciente de casos de personas intoxicadas por consumir hígado de res con residuos de clembuterol presentados en 2004, la diputada Joann Novoa Mossberger y el diputado Gabriel Guerra presentaron una iniciativa de decreto dirigida al Congreso de la Unión para que se reformara la Ley Federal de Sanidad Animal, en su artículo 63, para que quedase de la siguiente manera:

``Artículo 63. Al que por cualquier medio introduzca en el país, comercialice, distribuya, ofrezca al público o utilice como sustancia activa betaagonistas o cualquier otro tipo de sustancias para uso, consumo o terminación de animales, que perjudique la salud de éstos o la humana, se impondrá una pena de tres a siete años de prisión y multa de hasta 2 mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho.

Las mismas penas se impondrán a todo el que comercialice, expenda, trafique, introduzca en el país, manufacture u ofrezca al público productos o subproductos cárnicos que pongan en riesgo la salud humana o animal.''

Con fecha 1 de septiembre de 2004, esta iniciativa fue dictaminada por las comisiones de Ganadería y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y aprobada por la totalidad del Pleno de este Congreso para ser enviada al Congreso de la Unión. Esta iniciativa fue apoyada por los congresos locales de los estados de San Luis Potosí, Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Morelos y Quintana Roo.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dictaminó a favor la reforma y fue aprobada por el Pleno el 24 de febrero de 2005, para ser enviada entonces a la Cámara de Senadores como Cámara revisora.

La Cámara de Senadores determinó incluir todas las reformas propuestas de la Ley Federal de Sanidad Animal en una nueva ley, que abrogaría la actual, la que pasó a primera lectura el 26 de abril de este año y fue aprobada por el Pleno el 27 del mismo mes, por lo que fue devuelto a la Cámara de origen, donde fue recibido el 5 de septiembre pasado, y turnado a comisiones.

Con esta reforma de la ley federal se penaliza a todos los involucrados en el ciclo de introducción y consumo del clembuterol, dotando a la autoridad de un marco jurídico con los mecanismos adecuados para poder actuar contra quienes atentan y ponen en riesgo la salud de los jaliscienses y los mexicanos. Al mismo tiempo,al convertirse esta práctica en delito grave del orden federal, los productores tendrán en la ley una herramienta contundente que les servirá para denunciar a quienes les condicionan la compra de su producto.

Debemos fortalecer la confianza en la calidad de nuestros productos cárnicos, y respaldar a los ganaderos de Jalisco, además de proteger al mismo tiempo la salud de nuestras familias.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración la siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Primero.Se envíe atento oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitando vehementemente que se apruebe la nueva Ley Federal de Sanidad Animal por los motivos expresados en el cuerpo de este acuerdo legislativo.

Segundo.Se gire atenta copia a los congresos del país para que conozcan su contenido y, de así considerarlo, se sumen enviando lo propio al Congreso de la Unión para fortalecer esta petición.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2006.--- Diputados: Gabriel Guerra Béjar, Joann Novoa Mossberger, Doria Padilla Díaz, Julián Orozco González, Gerardo Limón Gómez, Félix Bañuelos Jiménez, Enrique García Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a usted el acuerdo aprobado en sesión ordinaria pública de esta LVIII Legislatura, celebrada el martes 7 del mes en curso, mediante el cual se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa por la que se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley General de Educación. Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicoténcatl, a 9 de noviembre de 2006.--- Licenciado Felipe Nava Lemus (rúbrica), secretario parlamentario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.

Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 10 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta LVIII Legislatura local se permite someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa, a efecto de que se adicione un artículo 47 Bis a la Ley General de Educación, en los términos siguientes:

``Artículo 47 Bis.En los programas de estudio de educación primaria, secundaria y bachillerato se establecerá la educación para la prevención de las adicciones misma que tendrá como objetivo primordial brindar un conocimiento para prevenir y evitar caer en la adicción a las drogas. Esta materia se considerará como asignatura curricular desde los niveles primaria, secundaria y educación media superior.

Transitorio

``Artículo único. Este decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.''

Segundo.Remítase de este acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que se adhieran a esta propuesta y remitan su aprobación al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar.

Tercero.Se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía a afecto de que notifique este acuerdo a las partes mencionadas en los puntos anteriores, para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto.Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 7 días de noviembre de 2006.--- Diputados: José Luis Ramírez Conde, presidente; Simón Díaz Flores, Elesban Zárate Cervantes, secretarios (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVIII Legislatura.--- Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 10 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 47 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado; esta comisión ordinaria se permite presentar la iniciativa al Congreso de la Unión a efecto de adicionar un artículo 47 Bis, a la Ley General de Educación; al tenor de los siguientes

Resultandos

1. Que con fecha 6 de junio de 2006 se remite a este honorable Congreso oficio sin número signado por el ingeniero Ángel Vergara Sabbagh, presidente del Comité de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República Mexicana en el estado de Tlaxcala, que contiene dos propuestas como medidas necesarias para prevenir el consumo de drogas y alcohol en niños y jóvenes estudiantes.

2. Que por instrucciones del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente se remitió, a esta honorable Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, oficio sin número de fecha 23 de junio de 2006, signado por el licenciado Felipe Nava Lemus, secretario parlamentario, y que contiene: la iniciativa a fin de que se tomen las medidas necesarias para prevenir el consumo de drogas y alcohol en niños y jóvenes estudiantes; para su atención.

3. Que con fecha 27 de septiembre de 2006 se remite a esta honorable Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura el oficio sin número signado por el licenciado Abel Mendoza Ochoa, subdirector general de Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala, que contiene las observaciones a las propuestas del presidente del Comité de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República Mexicana en el estado de Tlaxcala a fin de que se tomen las medidas necesarias para prevenir el consumo de droga y alcohol en niños y jóvenes estudiantes.

Considerandos

I. Que el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las legislaturas locales el derecho de iniciar leyes o decretos, bajo este mismo tenor el artículo 10 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que dichas iniciativas se pueden emitir mediante acuerdo, conforme estos preceptos legales se colige la competencia de esta soberanía para conocer y en su caso aprobar la iniciativa de mérito.

II. Asimismo, los artículos 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 37 fracción IX y 47 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado, establecen la naturaleza jurídica de esta comisión signante y le otorgan la facultad para estudiar y presentar los pronunciamientos en los asuntos relativos a la educación pública; de conformidad a este precepto legal esta comisión se declara competente para conocer y analizar el proyecto de mérito.

III. Que es un derecho constitucional el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o de nuestra Carta Magna; asimismo, la Ley de Salud del estado de Tlaxcala en el artículo 46 fracción I, establece: ``Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: I. La educación para la salud''en este artículo se reafirma esta garantía constitucional.

IV. Que es innegable el grave problema social para nuestros niños y jóvenes estudiantes al enfrentarse, desde temprana edad, al riesgo de consumo de drogas y bebidas alcohólicas, que en muchos casos sucede desde el nivel de educación primaria, acentuándose en secundaria y bachillerato en donde se ven inducidos por sus compañeros o por gente externa a los planteles educativos, abusando de su ingenuidad; las causas por las que inician las adicciones pueden ser desintegración familiar, falta de atención de los profesores, influencia de sus amigos, que al dejarlos con horas libres, buscan un medio de escape o diversión mal orientada, afectando su salud y deteriorando su autoestima.

V. Que la Ley de Ecuación para el estado de Tlaxcala en el artículo 8 fracción XI establece como uno de sus fines: ``Formar individuos responsables, conscientes de preservar la salud, rechazando la práctica de la drogadicción y el alcoholismo...''por lo que resulta imperativo el educar y preservar la salud de los educandos, para formar individuos responsables y conscientes, por ende alejarlos de las adicciones al alcohol y consumo de las drogas, que aunque estas se consuman en pequeñas dosis, constituyen una práctica delictiva, por ser sustancias no permitidas. Estos orillan a la adquisición de vicios, como el robo, el abandono de sus estudios o incluso de su hogar.

VI.Que la Ley de Asistencia Social para el estado de Tlaxcala en el artículo 2, dispone: ``La asistencia social es el conjunto de acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación, dirigidas a propiciar el apoyo para la integración social y el sano desarrollo de los individuos, familias o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo..''. Se reafirma el objetivo de propiciar acciones de protección, prevención y rehabilitación para el sano desarrollo de los niños y jóvenes educandos. Ya que es una necesidad y demanda que reclama nuestra sociedad de llevar a cabo acciones coordinadas con el apoyo de padres de familia, autoridades educativas, gobierno federal, estatal y municipal a fin de atender este grave problema.

VII.Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el artículo 9, establece: ``Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobiernos del Estado y los municipales promoverán, dentro de sus respectivas esferas de competencia,''..la aplicación de programas prioritarios que permitan a su población, el acceso al empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de procurar la justicia social'';la Ley de Educación de nuestro estado en su artículo 14, fracción V, dispone: ``Estimular y coordinar con las autoridades competentes la realización de programas de educación para la salud y mejoramiento del ambiente, así como campañas para prevenir, combatir y erradicar los vicios como drogadicción,alcoholismo, tabaquismo Y demás adicciones nocivas''.

VIII. Que es de orden público e interés social el llevar a cabo las acciones coordinadas a fin de prevenir y atender el grave problema de las adicciones desde nuestras instituciones de enseñanza, para que los jóvenes no caigan en estos vicios y enfermedades que destruyen a los alumnos, familias y sociedades enteras, por ello y considerando que es una facultad de la federación diseñar los planes de estudio, esta comisión dictaminadora considera necesario y en uso del derecho de iniciativa establecer como asignatura curricular obligatoria la educación para la prevención de las adicciones, en el nivel primaria, secundaria y bachillerato.

Por lo expuesto con antelación, los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de esta LVIII Legislatura nos permitimos someter a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Proyecto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 10 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta LVIII Legislatura local se permite someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa a efecto de que se adicione un artículo 47 Bis a la Ley General de Educación, en los términos siguientes:

Artículo 47 Bis. En los programas de estudio de educación primaria, secundaria y bachillerato se establecerá la educación para la prevención de las adicciones misma que tendrá como objetivo primordial brindar un conocimiento para prevenir y evitar caer en la adicción a las drogas. Esta materia se considerará como asignatura curricular desde el nivel primaria, secundaria y educación media superior.

Transitorio

Artículo Único. Este decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

Segundo.Remítase copia de este acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal a efecto de que se adhieran a esta propuesta y remitan su aprobación al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía a afecto de que notifique este acuerdo a las partes mencionadas en los puntos anteriores, para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto.Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 31 días del mes de octubre de 2006.--- La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, diputados: Josefina Espinosa Cuéllar, presidenta; Leopoldo Toache García, Felipe Sánchez Lima, Elesban Zárate Cervantes, vocales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las diputadas que representarán a la LX Legislatura como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Junta, en uso de las atribuciones que le confieren el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de las diputadas que representarán a la LX Legislatura de esta Cámara como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres:

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputada Esperanza Morelos Borja

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputada Claudia Cruz Santiago

Diputada Lourdes Alonso Flores

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez

Diputada Aracely Escalante Jasso

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputada Pilar Guerrero Rubio

Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada María del Carmen Salvatori Bronca

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Mercedez Maciel Ortíz

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Diputada Blanca Luna Becerril

Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Diputada Elsa Conde RodríguezPalacio Legislativo, México, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ELVIRA ARELLANO

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en torno a la situación de una connacional que radica en Estados Unidos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero.Con base en las jornadas de consulta iniciadas por el Congreso de los Estados Unidos, para normar sus propuestas de reforma a las leyes de inmigración, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a aquella instancia la suspensión de la deportación de la señora Elvira Arellano para evitar la separación de su hijo menor, de nacionalidad estadounidense.

Segundo. De acuerdo a las disposiciones aprobadas recientemente por el Senado estadounidense, relativas a los derechos adquiridos por los migrantes, conforme al tiempo de residencia en Estados Unidos, la Cámara de Diputados recomienda a dicha instancia se decrete una moratoria a las deportaciones masivas.

Tercero. La Cámara de Diputados declara su apoyo firme y decidido al proceso de la autodefensa y de resistencia civil pacífica al movimiento santuario activo, última instancia de resistencia en estos casos particulares.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

COMISIONES DE MARINA, REFORMA AGRARIA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias de Marina, de Reforma Agraria, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la asamblea el acuerdo para la integración de 39 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas, que fue aprobado en la sesión del 29 de septiembre del presente.

Segunda.Que para la integración de las comisiones a que se refiere el acuerdo citado la Junta de Coordinación Política consideró la pluralidad partidista representada en la Cámara y formuló las propuestas procurando incorporar en cada comisión diputados de todos los grupos parlamentarios.

Tercera.Que derivado de lo anterior la Comisión de Marina quedó integrada por 11 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 7 diputados del PRI, 1 diputado del PVEM y 1 diputado de Convergencia. Por lo que toca a la Comisión de Reforma Agraria, ésta se configuró por 12 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 6 diputados del PRI y 1 diputado del PT. Asimismo la Comisión de Participación Ciudadana se conformó por 12 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 7 diputados del PRI, 1 diputado de Convergencia y 1 diputado de Alternativa.

Cuarta.Que este órgano de gobierno, en el ánimo de contribuir al atinado y eficiente trabajo de los órganos legislativos,considera pertinente impulsar la participación en lo conducente de los diputados sin grupo parlamentario al interior de las comisiones.

Por lo que, con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39, 40 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración del diputado Félix Castellanos Hernández en las comisiones ordinarias de Marina, de Reforma Agraria, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura.

Primero. Se modifica la proporcionalidad en la integración de las comisiones ordinarias de Marina, de Reforma Agraria, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura, para quedar como sigue:

Comisión de Marina: 11 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 7 diputados del PRI, 1 diputado del PVEM, 1 diputado de Convergencia y 1 diputado sin grupo parlamentario.

Comisión de Reforma Agraria: 12 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 6 diputados del PRI, 1 diputado del PT y 1 diputado sin grupo parlamentario.

Comisión de Participación Ciudadana: 12 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 7 diputados del PRI, 1 diputado de Convergencia, 1 diputado de Alternativa y 1 diputado sin grupo parlamentario.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-51, signado el 5 de octubre próximo pasado por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Mercedez Maciel Ortiz, Presidente y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, al presente anexo, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/1087/06, suscrito el 6 del mes en curso por el ingeniero Ignacio Loyola Vera, procurador federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al apartado tercero del punto de acuerdo por el que se exhorta a esa procuraduría a investigar sobre el daño ambiental causado a la región de Cuatrociénegas por la explotación irracional de los recursos hídricos, lo que compromete la biodiversidad y los sistemas geohidrológicos de importancia mundial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, 9 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/489/06, de fecha 6 de octubre del presente año, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para que esta procuraduría investigue sobre el daño ambiental causado a la región de Cuatrociénegas, así como las violaciones que se han realizado a la legislación ambiental, al respecto le comunico lo siguiente:

Esta procuraduría ha instaurado diversos procedimientos administrativos en predios colindantes al Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, por detectarse ciertas irregularidades la legislación ambiental, de las cuales destacan:

Cambios de uso de suelo sin autorización por actividades hidroagrícolas.

Apertura de pozos de extracción de agua.

Apertura de brechas y caminos.

Daño a flora y fauna en estatus de protección (NOM-059 Semarnat).

Instalación de obras de infraestructura.

Como parte de las acciones de protección y control de los recursos naturales, desde 2003, el ANP Cuatrociénegas cuenta con un Programa de Inspección y Vigilanciaen coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, gobierno del estado y municipio, del cual derivan, entre otras, las siguientes actividades:

Establecimiento de puestos de control en épocas críticas, como Semana Santa y meses de diciembre-enero.

Recorridos de vigilancia forestal y vida silvestre.

Visitas de inspección a predios con aprovechamiento.

Difusión de la normatividad ambiental.

Hasta agosto de 2006 se han realizado:

13 inspecciones.

94 recorridos de vigilancia.

4 operativos.

1 Comité de Vigilancia Ambiental Participativa instalado.

Durante el primer semestre del 2006 se instauró el Plan Integral de Atención para el Combatea la Tala Clandestinaen la APFF Cuatrociénegas, en el cual participan Semarnat, CONANP y el gobierno del estado de Coahuila.

Los procedimientos jurídicos que se han instaurado en el municipio de Cuatrociénegas son:

Además, se han asegurado 235 toneladas de piñas de sotol en 2001, 3 mil 40 kilogramos de cerote de candelilla en 2002; 3 mil 32 palmitos (Yucca rostrata),70 ejemplares de vida silvestre (reptiles y peces) y 182 palmitos en 2006.

En lo que corresponde a las acciones de información y difusión, en agosto de este año se realizaron, en coordinación con la Dirección del ANP Cuatrociénegas, pláticas a productores de cera de candelilla de los ejidos San Juan de Boquillas, La Vega, El Venado, Santa Teresa de Sofía, Nueva Atalaya y Antiguos Mineros del Norte. Asimismo, se dieron pláticas sobre aprovechamiento diversificado de mezquite a los artesanos de madera del ejido La Vega, como parte de los objetivos del proceso de certificación del ANP.

En materia de auditoría ambiental, se certificaron las empresas:

Nitroamonia de México, SA de CV, número de registro 202, la cual recibió el primer certificado el 17 de noviembre de 1999. El 24 de febrero de 2005 entregaron plan de diagnóstico para desertificación y en marzo del 2006 se les entregó el informe de auditoría.

Explosivos Mexicanos, SA de CV, número de registro 2285, a la que se le entregó el certificado de industria limpia el 20 de febrero de 2006.

Se encuentran en proceso de auditoría:

Área Natural Protegida de Cuatrociénegas, número de registro 4734.

CFE, subestación Cuatrociénegas, número de registro 4851.

Alumbrado Público, número de registro 4389.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, número de registro 4388.

Ecología, Turismo y Limpieza: Manejo Integral de Residuos, número de registro 4390.

Ecología, Turismo y Limpieza: Parques y Jardines, número de registro 4391.

Por último, le informo que esta procuraduría participó en el Foro Nacional de Cuatrociénegas, el 16 y 17 de octubre de 2006, en donde se emitieron las siguientes conclusiones:

1. El establecimiento de la veda por parte de la Comisión Nacional del Agua en el valle El Hundido, como principio precautorio.

2. Se destacó la necesidad de establecer medidas de uso eficiente y racional del agua en el valle de Cuatrociénegas, particularmente en la agricultura,

3. Se resaltó que la preservación no debe ir en contra del bienestar social, del desarrollo económico y de la cultura de sus habitantes.

4. Se planteó la importancia de ampliar, profundizar y coordinar los esfuerzos que las instituciones participantes llevan a cabo en materia de investigación científica, a fin de generar los conocimientos necesarios para establecer apropiadamente los criterios de gestión integral del agua y posibilitar la toma de decisiones informada por parte de las autoridades correspondientes.

5. Se resaltó la necesidad de promover procesos amplios de educación ambiental entre la población de toda la región.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 6 de noviembre de 2006.--- Ingeniero Ignacio Loyola Vera (rúbrica), procurador.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-37, signado el 29 de septiembre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 112.-000725, suscrito el 8 del actual por el licenciado Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a poner en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, así como a poner en marcha las disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, 9 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/4849/06, del 2 de octubre de 2006, a través del cual nos comunica punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que instruya a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Sagarpa, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, utilizando los instrumentos operativos de que se disponga a la fecha, adaptándolos en los que sea necesario; ampliando su cobertura y creando los programas que de manera efectiva logren tal objetivo, destacando, sin que a ello se restrinja, las acciones encaminadas a eliminar las negativas consecuencias del intermediarismo innecesario, y a poner en marcha de manera plena las disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo a informar a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo en torno a esta iniciativa, señalando de manera detallas sus contenidos y alcances.

Tercero. Que se constituya en grupo de trabajo plural integrado por legisladores de las diversas comisiones vinculadas al campo para dar puntual seguimiento al cumplimiento del punto de acuerdo mediante las acciones que se estimen pertinentes.

Al respecto, anexo al presente encontrará fotocopia del oficio número 310.-1237, del 3 de noviembre de 2006, elaborado por la subsecretaria de Agricultura para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 8 de noviembre de 2006.--- Licenciado Felipe Zavala Ponce (rúbrica), coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial.--- Presente.

En atención a su oficio número 112.-000666, de fecha 13 de octubre de los corrientes, relacionado con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo, y de manera destacada a la Sagarpa, a establecer acciones para garantizar el incremento del ingreso a los productores de maíz, frijol y cebada, al respecto me permito adjuntar a la presente la información relacionada con las acciones implantadas por la Sagarpa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2006.--- Ingeniero Simón Treviño Alcantara (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

COMISION BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo por el que se designa a los senadores Felipe González González, Jorge Mendoza Garza y René Arce Islas, como integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo por el que se designa a los senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Carlos Jiménez Macías, y Carlos Sotelo García como integrantes de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo por el que se designa a los senadores Eugenio Govea Arcos, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Minerva Hernández Ramos como integrantes de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

COMISION BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo por el que se designa a los senadores Andrés Galván Rivas, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramiro Hernández García, María Elena Orantes López, Salomón Jara Cruz, Rubén Velázquez López, Manuel Velasco Coello, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro González Yáñez como integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta; a fin de establecer estímulos fiscales a las empresas que contraten a personas con capacidades diferentes, madres solteras, adultos mayores de 40 años y jóvenes sin experiencia, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, legislador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable asamblea:

El tema de la competitividad de la economía mexicana y de las reformas que permitirían elevar la productividad y competitividad de sus empresas ha sido discutido por varios años. Las reformas necesarias se han estancado y la competitividad del país declina de manera alarmante, junto con las posibilidades de crecer y de generar riqueza, empleos y un mejor nivel de vida para los mexicanos.

Sin la cantidad de empresas exitosas que demandan los mexicanos, y sin un entorno que lo haga posible, el país continuará rezagándose y el crecimiento económico será limitado. Existen alternativas para sacar al país de esta atonía que lo caracteriza. Lo importante es explorarlas y atenderlas con premura.

Éste es justamente el espíritu que anima la presente iniciativa.

Uno de los problemas sociales que más se exige sea resuelto o efectivamente combatido por un gobierno, es el desempleo.

El tema y su situación en México es de sobra conocido, el desempeño magro en los últimos seis años, que se refleja en estadísticas nacionales e internacionales no expresan buenas noticias para los mexicanos:

Se generaron en el sexenio únicamente 1 millón 154 mil empleos formales; no entendimos que la promesa de empleos generados era por el acumulado de seis años, sino cada año. Cifra incluso superior si intentamos saber cuántos empleos se generaron directamente por políticas aplicadas por la administración pública federal.

Aún más preocupante es que de los empleos formales que se generaron sólo 27.8 por ciento fueron permanentes; el restante 72.2 por ciento fueron eventuales.

En contrasentido, por supuesto, se incrementó, como una especie de ``válvula de escape'' al desempleo creciente, el empleo informal, aquel que no tiene prestaciones, ni salarios o sueldos adecuados, ni siquiera certidumbre de desarrollo para el trabajador y sus familias, mucho menos especialización o capacitación. Se han propuesto soluciones de forma que no resuelven la problemática, tal es el caso de la propuesta de hacerlos contribuyentes, es decir, que paguen impuestos.

Las empresas establecidas en el país son las primeras en sufrir las consecuencias por el crecimiento de la informalidad; es limitado su crecimiento, hasta la quiebra. Bien podrían existir incentivos para asimilar a los comerciantes informales enfrente de sus negocios, comerciantes informales que en su mayoría pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad; mujeres, niños y adolescentes, indígenas, discapacitados, adultos mayores y desempleados con o sin estudios con edades superiores a los 40 años, todos con las mismas oportunidades para conseguir un empleo: ninguna. Todos con la misma necesidad por sobrevivir.

El empleo informal en México es un tema delicado, que sólo con políticas públicas y legislación adecuadas podría combatirse, no sólo paliarse.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que el empleo informal en México avanza aceleradamente y absorbe a 40 por ciento de la población en edad de trabajar.

Aún más, el 55 por ciento de los jóvenes mexicanos no concluyen la educación secundaria, con lo que su incorporación al mercado laboral será asimilada en su mayoría por el sector informal.

El motivo principal que impulsa esta iniciativa radica en la necesidad de combatir eficazmente los problemas de desempleo que vive actualmente el país, principalmente en aquellos sectores que, por tener ciertas condiciones de desventaja respecto al grueso de la población laboralmente activa, se ubican en una situación de vulnerabilidad. En estos supuestos se encuadra a madres solteras, adultos mayores, jóvenes y discapacitados que, ante la falta de oportunidades de incorporarse o mantenerse en el mercado formal, se ven obligados a desenvolverse en el sector informal de la economía.

Por su importancia en la economía familiar urge atender adecuadamente a estos grupos, tal es el caso de los adultos con más de 40 años de edad, a los que les resulta casi imposible reintegrarse al mercado laboral una vez que pierden su fuente original de ingresos, adultos que sin embargo tienen responsabilidades de manutención familiar. Otro caso especial son las madres solteras, que por su situación parece que en automático los empleadores no las consideran adecuadas para desempeñar ninguna actividad; lo anterior ofende, además de ser absurdo.

Estudios de la UNICEF y del propio programa Oportunidades han comprobado que las mujeres con hijos, independientemente de la existencia del varón, son más eficientes en la labor de educar, alimentar y vigilar la salud de sus dependientes, todo con base en el uso más racional de sus recursos disponibles; por qué no, entonces, favorecer el acceso al trabajo formal de esta población.

En la misma situación de vulnerabilidad se encuentran los jóvenes sin experiencia, que salen a competir al mercado de trabajo con una clara desventaja frente a los demás oferentes de fuerza laboral.

En México, la población con necesidades especiales representa el carácter y fortaleza de toda nuestra nación. Han demostrado su capacidad para desarrollar casi cualquier actividad; sin embargo, ante la inexistencia de vínculos para una capacitación adecuada, sus esfuerzos han sido absorbidos casi totalmente por el mercado de empleo informal. Es necesaria su inclusión en políticas especiales de fomento al empleo.

Reafirmando, el cambio cultural en México ha deformado el trato público hacia los adultos mayores o en plenitud, antes tan respetados y estimulados para desarrollar o mantener sus actividades cotidianas, ahora tienen que desarrollarlas por entera necesidad.Muchos de ellos se encuentran, por pertenecer a otra generación de políticas públicas, cubiertos por la seguridad social que les otorgo 20 ó 30 años de trabajo continuo, sin embargo, el nuevo ejército de desempleados con edades superiores a los 40 años de edad se encamina lentamente hacia una precarización de su vejez aún más aguda, producto de una inexistencia de fuentes laborales no existiendo más que la asistencia social para paliar su grave futura situación.

Esta iniciativa da la pauta para establecer una política de Estado para la competitividad, que rompa con los programas asistencialistas, cuyo fin es sobrevivir mediante dadivas del gobierno, el propósito es generar las condiciones para que los sectores vulnerables accedan a un empleo que les garantice un medio de vida justo y digno. Reconocemos que requerimos de una política que detone el desarrollo económico del país, mediante el desarrollo de las empresas y permita una mejor asimilación del mercado laboral de grupos vulnerables de población.

Por la prioridad del empleo en el eje de las políticas públicas y la incidencia que el Estado tiene en el conjunto de la economía, requerimos cambiar sus énfasis y sus acentos, para que el estímulo a la competitividad y al mercado sea compatible con la necesidad de crear ocupación permanente, para romper con el asistencialismo que constituye sólo una píldora de vida para los que menos tienen.

Pero la reforma que se plantea también es a favor de la competitividad de las empresas, las que necesitan contar con un entorno físico, legal y regulatorio que contribuya a reducir costos y elevar la productividad.

La intención es enfocar los esfuerzos normativos en la construcción de alicientes para una capacitación y formación educativa completa de estos grupos de población, operada por las pequeñas y medianas empresas y estimulada por incentivos fiscales.

Consideramos que la buena voluntad de una ley que obligue a la capacitación y fomente el acceso a programas públicos de desarrollo económico no es suficiente, pues para lograrlo se requiere que los patrones sean estimulados fiscalmente por el gobierno al contratar este sector de población.

Estimados senadores:

Es necesario garantizar la igualdad de oportunidades laborales para las madres solteras, jóvenes sin experiencia, personas con discapacidad y adultos mayores de 40 años; elementos necesarios para alcanzar la igualdad y la justicia en el país.

Es necesario garantizar un entorno normativo adecuado para el sano desenvolvimiento de las empresas de México, generadoras de empleo, de ingresos fiscales y de crecimiento económico. Entorno que favorezca su competitividad nacional e internacional y que les permita desarrollarse antes que estancarse.

Se requiere una política de Estado que involucre al conjunto de las instituciones y de los órdenes de gobierno, para la instrumentación de acciones que por un lado combatan las asimetrías sociales y por otro consideren el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, generadoras del 70 por ciento del empleo, todo lo anterior con base en estrategias que vinculen estos dos objetivos centrales. Que refuercen el vínculo entre actividades económicas y la necesaria responsabilidad social de las empresas.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XVIII, XIX, XX y XXI del artículo tercero de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.Para los efectos de esta ley, se entiende por

I. a XVII. ...

XVIII. Adulto mayor de cuarenta años: Toda persona que tenga una edad igual o superior a los cuarenta años.

XIX. Madre soltera: Mujer soltera encargada de la total manutención de uno o varios hijos menores de dieciocho años.

XX. Joven sin experiencia laboral: Toda persona que tenga una edad igual o superior a los 16 años y menor o igual a 25 años que no haya desempeñado trabajo remunerado alguno.

XXI. Persona con discapacidad: Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Artículo Segundo.Se adiciona la fracción X al artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

I a IX. ...

X. Promover y fomentar la capacitación laboral de los adultos mayores, las madres solteras, jóvenes sin experiencia laboral y las personas con discapacidad.''

Artículo Tercero. Se modifica el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 222. El patrón que contrate a madres solteras, adultos mayores de cuarenta años y jóvenes sin experiencia laboral, personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

La deducción anterior también podrá ser aplicada en sus términos por los patrones que estimulen la conclusión de estudios de sus trabajadores con educación básica inconclusa.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el presente decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.

Salón de Sesiones del honorable Senado de la República, 31 días del mes de octubre de 2006.--- Senadores: Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Antonio Mejía Haro, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Melquíades Morales Flores, Heladio Elías Ramírez López, Ludivina Menchaca Castellanos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo con relación a la difícil situación que atraviesa la economía del estado de Oaxaca.

La Presidencia dispuso que los resolutivos primero y tercero del punto de acuerdo se remitieron a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Hacienda y Crédito Público; y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos, los cuales que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.--- Presente.

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para referirse a la difícil situación por la que atraviesa la economía del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de todos los esfuerzos gubernamentales, México se sigue caracterizando por una profunda y creciente desigualad social y la lacerante pobreza que sufre una gran parte de nuestra población.

Ni como gobierno ni como sociedad hemos podido revertir esta situación. Peor aún, no hemos logrado reducir los rezagos sociales que padece la mayoría del pueblo mexicano, sobre todo el que habita en la zona sur del país.

El ejemplo más representativo lo encontramos en los acontecimientos registrados desde hace cinco meses y medio en el seno de la sociedad oaxaqueña, que han derivado en el estallido de la crisis política, social y económica que ya todos conocemos.

Según el Consejo Nacional de Población, Oaxaca se ubica como el tercer estado más marginado del país, y es el penúltimo en desarrollo humano.

Pese a esta lamentable realidad, Oaxaca es el estado con mayor diversidad cultural y étnica del país.

Más todavía, su capital es una de las ciudades coloniales más hermosas de México y es patrimonio cultural de la humanidad, declarada así por la UNESCO.

Junto con el resto de los valles centrales es, además, el centro turístico más importante del estado.

En los 170 días que lleva el conflicto político-social que azota la entidad, la vida del estado no sólo se ha colapsado, sino que los oaxaqueños vivimos un clima de terror e incertidumbre ante la indiferencia, intolerancia y cerrazón de nuestras autoridades.

En los hechos ocurridos a partir del 27 de octubre, con la incursión de la Policía Federal Preventiva a Oaxaca, los ojos del mundo han volteado de nueva cuenta a Oaxaca por el estado de ``guerra civil'' que se vive.

Hoy los oaxaqueños estamos a dos fuegos y la sangre ha vuelto a correr. La violencia impera y gobierna las calles oaxaqueñas.

Todo está igual o peor. Incluso el encono social es mayor. Es más, yo diría mucho mayor. Lo peor es que lo sigue provocando el propio gobierno estatal.

Por eso es infantil pensar que la recuperación del zócalo signifique el fin del conflicto, y más aún que así se reactivará la deteriorada economía del estado.

Prueba de ello es que la Asociación de Bancos de México recientemente anunció el cierre de las sucursales bancarias afiliadas a ese organismo tanto en la ciudad de Oaxaca, como en varios municipios conurbados, ya que considera que no existe la seguridad suficiente para otorgar servicios a sus clientes y que pone en peligro la integridad de sus empleados.

Lo que en palabras claras significa el incremento de los índices de desempleo y la falta de liquidez, con el consecuente recrudecimiento del panorama económico para los oaxaqueños. El patrimonio de miles de oaxaqueños está en riesgo de perderse.

La economía oaxaqueña presenta una alta dependencia del sector terciario; concentra 37 por ciento del total de la población económicamente activa y 70 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal; el turismo es el eje central del desarrollo económico de la entidad.

Miles de familias en el estado viven del turismo y de la actividad artesanal, por lo que es evidente reconocer que tras el conflicto iniciado el pasado junio han visto severamente afectada su economía.

El peor embate económico que sufrió el estado fue cuando se canceló la celebración de la Guelaguetza, que es el mayor festejo cultural, tradicional y turístico de Oaxaca.

El diagnóstico es claro. La economía del estado se encuentra en una situación por demás grave.

Se ha visto disminuida peligrosamente, lo cual afecta principalmente a los micro y pequeños empresarios, así como a los indígenas y comerciantes no organizados que no pueden comerciar sus artesanías y productos tradicionales, ya que, en sus propias palabras, ``con esta situación todos perdemos, no hay quien compre nuestros productos, no hay turistas; estamos solos con nuestros problemas, nos tienen abandonados''.

Aproximadamente 2 mil trabajadores de servicios han sido despedidos, hay graves daños en el centro histórico de la ciudad y las pérdidas económicas en el turismo e industria artesanal se calculan en poco más de 2 mil 860 millones de pesos.

Sin embargo, empresarios locales afirman que las afectaciones serían de 4 mil millones de pesos, por lo que el estado vive la peor crisis económica de su historia, ya que mientras miles de oaxaqueños pierden sus empleos, a otros tantos se les retrasa el sueldo.

Derivado de esta situación, el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, ha declarado públicamente que en términos turísticos se considera a ``la ciudad de Oaxaca una tragedia''; señala también que será muy difícil reconstruir la imagen turística de esa entidad, que llevará mucho tiempo, esfuerzo y dinero.

De igual forma, el titular de la Secretaría de Economía declaró en días pasados el inicio de un programa emergente para resarcir los posibles daños para algunas pequeñas y medianas empresas, precisando que a la fecha han sido canalizados 15 millones de pesos mediante un fondo de garantía para dar crédito en condiciones preferenciales a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el conflicto.

Sin embargo, y a decir de los empresarios y comerciantes de la entidad, a la fecha estos apoyos no han sido entregados.

Compañeras y compañeros senadores: Los sectores productivos de Oaxaca no resisten más. Las autoridades del 1MSS y el Infonavit deben ser más sensibles a esta situación. Es urgente y necesario que el gobierno federal impulse programas viables e inmediatos de reactivación económica que permitan la recapitalización de los empresarios, comerciantes y artesanos, en especial los más pequeños.

Debe tomarse en cuenta que los fideicomisos públicos considerados como entidades de la administración pública paraestatal son aquellos que el gobierno federal, o alguna de las entidades paraestatales, constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.

La figura del fideicomiso público en la administración pública federal es regulada por disposiciones recogidas en diversos ordenamientos jurídicos, la justificación para el empleo de éstos en la colaboración de las funciones del Estado se encuentra señalada en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En mérito de lo anterior, y en ánimo de contribuir y dar respuesta inmediata a las pérdidas económicas y patrimoniales que aquejan a la sociedad oaxaqueña, principalmente a los sectores productivos, y en especial a los micro, pequeños y medianos empresarios, así como a los comerciantes que viven de la actividad artesanal, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales:

a) Constituya un fideicomiso público para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo en el estado de Oaxaca, en especial en la ciudad de Oaxaca y los centros turísticos afectados.

b) Instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que establezca los mecanismos necesarios de apoyo a los contribuyentes del estado de Oaxaca que fueron afectados en su actividad económica y productiva, exentándolos y/o difiriéndoles el pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre la Renta, en el periodo comprendido desde mayo de 2006 y hasta que concluya el conflicto político que prevalece en el estado de Oaxaca. Asimismo, establezca un programa de estímulos fiscales que coadyuve a la pronta reactivación del Estado oaxaqueño.

c) Instruya a los titulares del IMSS y del Infonavit para que apliquen medidas tendentes a condonar a los empresarios y comerciantes afectados el pago de cuotas correspondientes al periodo comprendido desde mayo de 2006 y hasta que concluya el conflicto político que prevalece en la entidad.

d) Instruya a Nacional Financiera para ampliar el monto y agilizar la entrega de los recursos que inicialmente ha destinado en apoyo a los comerciantes y empresarios afectados con motivo del conflicto, considerando que las pérdidas de estos sectores se han dado a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño.

e) Instruya al titular de la Secretaría de Economía para que ponga en marcha un programa especial de becas en apoyo de las empresas, y particularmente de sus trabajadores, que han tenido que soportar los embates de la crisis política que vive el estado.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que considere la asignación de una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, con el propósito de resarcir los daños económicos y reactivar la economía del estado, así como para restaurar la imagen y fortalecer la presencia turística en Oaxaca, tanto nacional como internacional.

Tercero.Se exhorta respetuosamente a la Asociación de Bancos de México a que valore la inmediata implantación de medidas de apoyo para los sectores comercial y de servicios afectados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 9 días de noviembre de 2006.--- Suscribe, senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Artículo Único.El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en coordinación con el Congreso de la Unión, se convoque, con la mayor brevedad, a la realización de mesas de trabajo con la participación de gobernadores de los estados, presidentes municipales y jefes delegacionales del Distrito Federal, académicos y estudiosos del tema para que inicien el análisis que permita llegar a una reforma integral del Sistema Nacional de Protección Civil y del Fondo de Desastres Naturales''.Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que, hasta el momento, hay una asistencia de 434 diputadas y diputados.

Los señores legisladores que hasta el momento no han registrado su asistencia dispondrán de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 2o.-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio del Valle Toca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Antonio del Valle Toca:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El suscrito,Antonio del Valle Toca, diputado federal por la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Esta iniciativa que hoy presento en la máxima tribuna del país tiene como fin el destinar parte de los recursos económicos que se asignan a los municipios fronterizos por los que se realiza la salida de hidrocarburos a los municipios donde se extraen los mismos.

En la actualidad, el régimen fiscal que regula a Pemex se encuentra contenido en dos ordenamientos legales, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación. Las reformas de la legislatura pasada a estas leyes disminuyeron la fuerte carga fiscal a la que estaba sometida Pemex y establecieron un manejo eficiente a los recursos obtenidos por los derechos establecidos, definiendo y perfeccionando sus mecanismos de distribución a las entidades federativas y municipios.

En esa tesitura, para una mejor distribución de los recursos se estableció en el artículo 261 de la ley federal en la materia, un derecho adicional destinado a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza materialmente la salida del país de los hidrocarburos.

Con la reforma de este artículo se destinó un monto económico a los municipios donde se realiza la salida de los productos de Pemex. Esto fue debido a que el tránsito y paso de los hidrocarburos de la paraestatal por las poblaciones y comunidades de salida ocasionan costos para los municipios, tales como la saturación en la demanda de servicios portuarios, contaminación en el medio ambiente y desgaste acelerado de las vías de comunicación, entre otros, por lo que es acertado destinar un monto a estas localidades para enfrentar este gasto ajeno que le produce la actividad de exportación material de los hidrocarburos.

Sin embargo, existen otros municipios, comunidades y poblaciones que también son afectados con la actividad que realiza Pemex y son las localidades donde se tienen los pozos petroleros, donde se extraen los hidrocarburos, que también enfrentan costos económicos, producto de la contaminación del medio ambiente, elevación en el costo de vida, debido a que el ingreso promedio de los empleados de la paraestatal es mayor al ingreso promedio de los habitantes de esas comunidades, así como la falta de utilización de sus tierras por estar destinadas a la extracción de los hidrocarburos.

Tanto las poblaciones de salida como las poblaciones de extracción de hidrocarburos tienen derecho de que se les destinen recursos para afrontar los costos originados por la actividad de Pemex.

En el espíritu de la Convención Nacional Hacendaria y con los criterios de proporcionalidad y equidad en el pago de las contribuciones que contempla el artículo 31 de la Constitución, así como para el beneficio de nuestros representados, que tienen la esperanza y la convicción de que esta legislatura logrará las reformas necesarias para hacer una política con valor, es que someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente decreto:

Artículo Único. Se reforman los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2-A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 261. ...

Segundo párrafo. Asimismo, el 3.17 de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley se multiplicará por el factor de 0.133. El monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, así como a los municipios donde se realiza la extracción de estos mismos hidrocarburos.

Artículo 2-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan participarán los municipios en la forma siguiente:

Fracción II. 3.17 del derecho adicional sobre la extracción del petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos --y se agrega--, así como a los municipios donde se realiza la extracción de los mismos.

Señor Presidente, solicito se turne esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del PAN

Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa propone una reforma a los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de destinar parte de los recursos que se asignan a los municipios fronterizos por los que se realiza la salida de los hidrocarburos, a los municipios donde se extraen los mismos.

I. Antecedentes

El régimen fiscal que actualmente rige a Pemex, se encuentra contenido en dos ordenamientos legales: la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación.1

Por reforma de fecha 21 de diciembre de 2005 aparecida en el Diario Oficial de la Federación se adicionó el capítulo XII denominado Hidrocarburos a la Ley Federal de Derechos, estableciendo el desglose de las contribuciones en materia de derechos que debe pagar la paraestatal.

Esta adición fue analizada y dictaminada por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Energía de esta honorable Cámara, creando un nuevo régimen fiscal, antes de esta reforma, los derechos que pagaba Pemex se encontraban contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación.

En la exposición de motivos de esta reforma legal2, se expuso que se buscaba disminuir la fuerte carga fiscal a la que estaba sometida Pemex, para permitirle contar con los recursos necesarios para incrementar la inversión en exploración y explotación de energéticos y lograr un mayor índice de sustitución de reservas del que prevalece en la actualidad.

Asimismo con esta reforma, se pretendió establecer un manejo eficiente a los recursos obtenidos por los derechos establecidos, definiendo y perfeccionando sus mecanismos de distribución a las entidades federativas y municipios, como los montos específicos destinados al Instituto Mexicano del Petróleo a través de un fideicomiso para la investigación científica y tecnológica en materia de energía.

En esa tesitura, para una mejor distribución de los recursos se estableció en el artículo 261 de la ley federal en la materia un derecho adicional destinado a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza materialmente la salida del país de los hidrocarburos de la siguiente manera:

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se le aplicará la tasa de 76.6%; el monto que resulte de esta operación se considerará como recaudación federal participable.

Asimismo, el 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se multiplicará por el factor de 0.0133; el monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.

Pemex Exploración y Producción debe informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y los Municipios a que se refiere el párrafo anterior.

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la información que se derive de la presentación de las declaraciones a que se refiere esta ley.

Con este artículo se destinó un monto económico a los municipios donde se realiza la salida de los productos de Pemex, esto fue debido a que el tránsito y paso de los hidrocarburos de la paraestatal por las poblaciones de salida, ocasionan costos económicos de diversa índole que es necesario sufragar, por lo que de forma adecuada, nuestros antecesores los diputados federales y senadores de la LIX Legislatura contemplaron en la reforma señalada, los costos que se ocasionan a los municipios donde materialmente se realiza la salida de los hidrocarburos.

También es necesario señalar que durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma del Capítulo XII a la Ley Federal de Derechos, se analizaron las observaciones del Poder Ejecutivo federal y se incorporaron al dictamen que finalmente se aprobó por esta Cámara de Diputados.3

II. Problemática

Como se ha señalado, el tránsito y la salida de los productos de Pemex en diversas poblaciones ocasionan costos para esos municipios, tales como: saturación en la demanda de servicios portuarios, contaminación en el medio ambiente y desgaste acelerado de las vías de comunicación entre otros, por lo que es acertado destinar un monto a estas localidades para enfrentar este gasto ajeno que le produce la actividad de exportación material de los hidrocarburos.

Sin embargo existen otros municipios que son afectados con la actividad que realiza Pemex y son las localidades donde se extraen los hidrocarburos que sin ser poblaciones donde se realice materialmente la salida del país de los productos derivados del petróleo también enfrentan costos económicos producto de la contaminación del medio ambiente, elevación en el costo de vida debido a que el ingreso promedio de los empleados de la paraestatal es mayor al ingreso promedio de los habitantes de esas comunidades, así como la falta de utilización de tierras por estas destinadas a la extracción de los hidrocarburos.

III. Fundamento constitucional

El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar;

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Las contribuciones que establece la Constitución en su artículo 31 deben cumplir las características de proporcionalidad y equidad, que se ha entendido como la capacidad de tributar proporcionalmente al ingreso y que en situaciones económicas similares el pago de contribuciones también tiene que ser similar.

Algunos autores han extendido la interpretación de este principio no solo a la recaudación sino a todo el sistema tributario: ``...Cuando se trata de juzgar sobre la calificación de proporcional y equitativa una ley, es decir, sobre su justicia, se deben distinguir dos situaciones: la justicia considerada desde el punto de vista de todo el sistema tributario, en relación con la necesidad de cubrir el presupuesto de egresos, y la justicia considerada con referencia a un impuesto individual aislado...''4. A lo que agregaríamos que estos principios también se extienden al sistema financiero en su totalidad, y en concreto, a la distribución equitativa y proporcional que señalen nuestras leyes fiscales.

Por lo que consideramos que la reforma que incorporó el artículo 261 a la Ley Federal de Derechos atendió a esta distribución equitativa y proporcional y la Iniciativa que presentamos se inscribe en este espíritu.

IV. Contenido de la propuesta

a) Características jurídicas

Nuestra propuesta solo agrega un enunciado a la norma vigente, para ampliar la participación de más municipios en el monto recaudado por el derecho establecido en el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos.

b) Adecuación con el marco jurídico vigente

Atendiendo a la sistematización del marco jurídico vigente, al proponer la reforma del artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, es necesario modificar el contenido del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal porque establece la misma norma jurídica que se propone cambiar.

En efecto, el artículo 2-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece:

Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:

...

II.- 3. 17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.

Por lo que proponemos modificarlo para que se adecue a nuestra reforma, a fin de no incurrir en problemas de contradicción de Leyes tan comunes en nuestro país.5

V. Conclusión

La reforma al régimen fiscal de Pemex, permitió disminuir la gran carga fiscal de la empresa, así como también contribuyó a una mejor distribución de los derechos que la paraestatal eroga al fisco federal, esto retomando los acuerdos alcanzados en la Convención Nacional Hacendaria.6

En este orden de ideas, fue un acierto que se destinaran recursos a los municipios por los cuales se realiza la salida de los hidrocarburos ya que se ocasiona costos económicos por una actividad federal.

Sin embargo, esta redistribución no fue suficiente, por que en los municipios en los cuales se extraen los hidrocarburos, tienen las mismas afectaciones económicas que en los municipios donde transitan para su salida del país.

Con los criterios de proporcionalidad y equidad en el pago de las contribuciones que contempla el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos es que se fundamenta esta propuesta para que los municipios donde se extraen los hidrocarburos también participen en el monto recaudado por el derecho que establece el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos.

Finalmente es necesario destacar que esta reforma no tendría impacto sobre las finanzas públicas, pues solo se estaría modificando la distribución de los recursos, al incluir un mayor número de municipios participantes y no se incrementaría ni la recaudación, ni la carga fiscal de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, se le aplicará la tasa de 76.6%; el monto que resulte de esta operación se considerará como recaudación federal participable.

Asimismo, el 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se multiplicará por el factor de 0.0133; el monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, así como a los municipios donde se realizan la extracción de los mismos.

Pemex Exploración y Producción debe informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y los municipios a que se refiere el párrafo anterior.

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la información que se derive de la presentación de las declaraciones a que se refiere esta ley.

Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:

...

II.- 3. 17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos, así como a los municipios donde se realizan la extracción de los mismos.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ``Régimen Fiscal de Pemex 2006'' en Series de Cuadernos de Finanzas Públicas 2006, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, México 2006, p 3

2 Iniciativa que reforma los artículos 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261, y adiciona los artículos 260-A, 261-A y 261-B en el capítulo XXI de la Ley Federal de Derechos, con el fin de modificar el régimen fiscal de PEMEX, suscrita por los diputados intrigantes de la Comisión de Energía. Cámara de Diputados. LIX Legislatura. Gaceta Parlamentaria, 14 septiembre 2004.

3 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 20 octubre 2005

4 FLORES Zavala, Ernesto, Elementos de las Finanzas Públicas Mexicanas, México, Porrúa, 1979, p 208

5 PEDROZA de la Llave, Susana Thalía, ``La técnica legislativa en México'', en Elementos de técnica legislativa, Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp. 110-115.

6 Conclusiones, Convención Nacional Hacendaria, 17 de agosto 2004.

Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Valle.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38 y 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Holly Matus Toledo:Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas. Con fundamento en las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México.

El fortalecimiento de nuestro régimen democrático ha sido un objetivo y una tarea permanente, tanto de los actores políticos como sociales, que hicieron posible la alternancia en el poder y, en consecuencia, el derrocamiento de un autoritarismo marcado por la discriminación y la exclusión de las minorías opositoras y de los grupos marginados.

A partir de ese logro histórico, tenemos la oportunidad invaluable e irrepetible de acercarnos al ideal de la democracia como proceso de inclusión, de pluralismo, de tolerancia, de apertura política, de legalidad, de justicia, pero sobre todo de reconocimiento y respeto de las diferencias de condición, de cultura y de pensamiento entre ciudadanas y ciudadanos iguales en un estado de derecho.

A pesar de los avances en la renovación de nuestras instituciones y en la participación de organizaciones de la sociedad civil, existe un gran pendiente del Estado mexicano al que no se le ha puesto atención y que por lo pronto se refleja en una posible crisis de participación, de representación y, por tanto, de legitimidad: la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política.

Discutir y abordar el tema sin prejuicios, sin reticencias ni intereses que no sean más que los de la soberanía popular puede contribuir, precisamente, el fortalecimiento de nuestra democracia a la construcción de un Estado-nación que incluya el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y que garantice un mínimo de ciudadanía civil, social, política y étnica.

El levantamiento de un movimiento armado en enero del 94 en el estado de Chiapas puso en entredicho la estructura del diseño institucional y las políticas públicas del Estado mexicano. Fue evidenciada la impostergable defensa del reconocimiento de los derechos y la cultura indígena.

A pesar de sentar las bases mínimas para el diálogo, a través de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el 18 de julio de 2001 se decretó una reforma constitucional limitada, parcial y contraria a los principios fundamentales que motivaron a miles de indígenas de nuestro país a recurrir a la lucha armada.

Sin embargo, a pesar de sus orígenes y de sus limitaciones, la reforma constitucional de 2001 reconoce una de las tantas deficiencias de nuestro sistema electoral y, por tanto, de los mecanismos de representación y participación política de los pueblos indígenas. Al respecto, en el artículo 2o. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como componente fundamental de nuestra nación y como agente externo a ella la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas o parte de ellas.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

En cuanto a las condiciones sociales de los pueblos indígenas, el mismo artículo de nuestra Constitución, en el inciso b), establece que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Es decir, en México se reconoce la contribución, las aportaciones y la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra nación, pero no se ha contemplado en la legislación electoral ninguna regla o normatividad que garantice su participación en los puestos de elección popular ni en la ocupación de los escaños en el caso del Senado de la República o curules para el caso de la Cámara de Diputados.

Los dos únicos y limitados intentos por atender esta problemática no incluyen ninguna garantía de cumplimiento de lo establecido por nuestra Carta Magna, por lo que se convierten en letra muerta hasta el día de hoy. Me refiero primeramente a la reforma de 2001, que en su artículo tercero transitorio a la letra dice: ``Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales, deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política''.

En segundo lugar, el IFE, en consecuencia de este mismo mandato constitucional y en coordinación con la Conadepi aprobó el 11 de febrero de 2005 una nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, a fin de que, tal como lo argumenta el instituto, se permita que el voto ciudadano tenga el mismo valor en cada uno de los distritos federales del país. De no haberse llevado a cabo, se correría el riesgo de distorsionar el peso del voto.

Como es de notarse, el objetivo principal de la nueva demarcación territorial es garantizar el equilibrio de los votos emitidos y no así garantizar que las personas con derecho a votar y ser votadas sean legítimas representantes de los distritos con mayor porcentaje de población indígena. Es decir, aun siendo mayoría no se garantiza que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en esos distritos participen en los puestos de elección popular y mucho menos que accedan a un puesto de representación política. Veamos este Congreso como muestra.

Por ello, la propuesta de reformas y adiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que planteo tiene como objetivo hacer tangibles en nuestra legislación los compromisos firmados por México ante organismos de incidencia internacional, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, así como una posible crisis en la participación, la representación y, por lo pronto, en la legitimidad motivada por la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política.

Por tal motivo, propongo adicionar al artículo 38 del Capítulo Cuarto del Cofipe un nuevo inciso, a fin de que se garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de los pueblos y comunidades indígenas en lo que el propio Instituto Federal Electoral denomina ``distritos indígenas''.

Así, se intentará de manera transversal cumplir con los principios de igualdad y equidad en los procesos electorales que el artículo 4, en su numeral primero, del Cofipe considera como obligación y derecho.

Además, se propone la adición de un párrafo segundo al artículo 175-A, del Título II del Capítulo Primero, del Cofipe, referente al procedimiento de registro de candidatos, con el objetivo de que los partidos políticos nacionales garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de la población indígena en cuyos distritos electorales constituyan el 40 por ciento o más de la población total.

Las reformas y adiciones propuestas se fundamentan en los principios de representación y participación, una democracia incluyente de los sujetos de derecho, pero diferenciados en su identidad. Así como en el derecho internacional la cuestión indígena ha ido tomando nuevas dimensiones, también tendría que tomarlo aquí en este país.

Legislar sobre temas como la multiculturalidad y la multietnicidad nos permite avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. ``La única ley verdadera es la que nos conduce a la libertad''.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se adiciona un inciso al numeral 1 del artículo 38, recorriéndose los demás, así como un segundo párrafo al artículo 175-A del Cofipe, en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México.

Artículo Primero. Se modifica el inciso t) y se adiciona el inciso u) al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue --concluyo:

Artículo 38, numeral 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

t) Garantizar la participación de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en cuyos distritos electorales constituyan 40 por ciento o más de la población total; y el

u) Las demás que establezca este código.

Artículo Segundo. Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 175-A. En aquellos distritos electorales en donde los pueblos y comunidades indígenas constituyan 40 por ciento o más de la población total, las solicitudes de registro para cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, deberán incluir mujeres y hombres indígenas representantes de sus respectivos pueblos y comunidades.

Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, turne la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, y se publique el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38 y 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quién suscribe, diputada federal Holly Matus Toledo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno: iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un inciso al numeral 1, del artículo 38, recorriéndose los demás, así como un segundo párrafo al artículo 175-A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El fortalecimiento de nuestro régimen democrático ha sido un objetivo y una tarea permanente tanto de los actores políticos como sociales que hicieron posible la alternancia en el poder y en consecuencia, el derrocamiento de un autoritarismo marcado por la discriminación y la exclusión de las minorías opositoras y de los grupos marginados. A partir de ese logro histórico, tenemos la oportunidad invaluable e irrepetible de acercarnos al ideal de la democracia como proceso de inclusión, de pluralismo, de tolerancia, de apertura política, de legalidad, de justicia, pero sobre todo, de reconocimiento y respeto de las diferencias de condición, de cultura y de pensamiento, entre ciudadanas y ciudadanos iguales dentro de un estado de derecho.

Sin embargo, a pesar de los importantes avances en la renovación de nuestras instituciones y en la participación de organizaciones de la sociedad civil, existe un gran pendiente del Estado mexicano al que no se le ha puesto atención y que por lo pronto se refleja en una posible crisis de participación, de representación y por lo tanto de legitimidad: la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política.

El discutir y abordar el tema sin prejuicios, sin reticencias, ni intereses que no sean más que los de la soberanía popular, puede contribuir precisamente, al fortalecimiento de nuestra democracia, a la construcción de un Estado nación que incluya el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y que garantice un mínimo de ciudadanía civil, social, política y étnica.

El levantamiento de un movimiento armado en enero de 1994, en el estado de Chiapas, puso en entredicho la estructura del diseño institucional y las políticas públicas del Estado mexicano, en materia económica y social principalmente; la defensa del reconocimiento de los derechos y cultura indígenas, su principal bandera.

Después de las consecuencias inmediatas que toda guerra devastadora trae consigo y de doce años de por medio, el 18 de julio de 2001 se decretó una reforma constitucional limitada, parcial y contraria a los principios fundamentales que motivaron a miles de indígenas de nuestro país a recurrir a la lucha armada: dignidad, democracia, justicia, libertad, igualdad y equidad. No obstante, el 14 de agosto del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Sin embargo, a pesar de sus orígenes y de sus limitaciones, la reforma constitucional de 2001 reconoce una de las tantas deficiencias de nuestro sistema electoral y por lo tanto de los mecanismos de representación y participación políticas de los pueblos indígenas, que hasta el momento han generado mayor exclusión, discriminación y marginación en sus comunidades, al considerar como objetivo de interés nacional, propiciar su participación política.

Al respecto, en su artículo segundo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como componente fundamental de nuestra nación y no como agente externo a ella: ``La composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas o parte de ellas...'' ``...El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.''

En cuanto a las condiciones sociales de los pueblos indígenas, el mismo artículo de nuestra constitución, en el inciso B. establece que: ``La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.''

Es decir, en México se reconoce la contribución, las aportaciones y la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra nación, pero no se ha contemplado en la legislación electoral ninguna regla o normatividad que garantice su participación en los puestos de elección popular, ni en la ocupación de escaños en el caso del Senado de la República o curules para el de la Cámara de Diputados.

Los dos únicos y limitados intentos por atender ésta problemática, no incluyen ninguna garantía de cumplimiento de lo establecido por nuestra Carta Magna, por lo que la convierte en letra muerta. Me refiero primeramente, a la reforma de 2001, en su artículo tercero transitorio que a la letra dice: ``para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política''.

En segundo lugar, el Instituto Federal Electoral, en consecuencia de éste mismo mandato constitucional y en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aprobó el 11 de febrero de 2005, una nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, a fin de que, tal como lo argumenta el instituto, ``se permita que el voto ciudadano tenga el mismo valor en cada uno de los distritos federales del país; de no haberse llevado a cabo se corría el riesgo de distorsionar el peso del voto''. Como es de notarse, el objetivo principal de la nueva demarcación territorial es garantizar el equilibrio de los votos emitidos, y no así, garantizar que las personas con derecho a votar y ser votadas, sean legítimas representantes de los distritos con mayor porcentaje de población indígena. Es decir, aún siendo mayoría, no se garantiza que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en esos distritos, participen en los puestos de elección popular y mucho menos que accedan a un puesto de representación política.

Es por ello que la propuesta de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que propongo, se asemeja a un primer paso para abordar el gran pendiente del Estado mexicano que mencioné al inicio, bajo dos urgencias:

1. La de una posible crisis de participación, de representación y por lo tanto de legitimidad, motivada por la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas de los puestos de elección popular y de participación política. Situación que se deja entrever si consideramos el contenido de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el pasado 28 de junio de 2005, en donde expresan una vez más su inconformidad por el estatus de marginación en el que se encuentran, pero primordialmente, plantean la necesidad de elaborar y promulgar una nueva constitución; y

2. Hacer congruente y adecuar nuestra legislación electoral con lo que establecen organismos de incidencia internacional como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo.

Para el primer caso se propone: adicionar al artículo 38, del Capítulo Cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que versa sobre las obligaciones de los partidos políticos nacionales, con un nuevo inciso, a fin de que garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de los pueblos y comunidades indígenas, en lo que el propio Instituto Federal Electoral denomina: ``distritos indígenas'', según la metodología y los criterios que hicieron posible la nueva distritación electoral del pasado 11 de febrero, que de acuerdo con sus resultados, son los siguientes:

Así, se intenta de manera ``transversal'' cumplir con los principios de igualdad y equidad en los procesos electorales que el Artículo 4, en su numeral primero, del Cofipe, considera como obligación y derecho: ``Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.''

Además, se propone la adición de un párrafo segundo al artículo 175-A, del Título Segundo, Capítulo Primero del Cofipe, referente al procedimiento de registro de candidatos, con el objetivo de que los partidos políticos nacionales, garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de la población indígena, en cuyos distritos electorales constituyan el 40% o más de la población total, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Por otro lado, las reformas y adiciones propuestas se fundamentan en los criterios que actualmente se discuten en América Latina para construir sobre los principios de representación y participación, una democracia incluyente de los sujetos de derecho, pero diferenciados por su identidad.

Es así como en el derecho internacional, la cuestión indígena ha ido tomando nuevas dimensiones y ha pasado de ser una cuestión de protección de minorías, con base en los derechos individuales de las personas que integran esas minorías, a la aproximación a formas de autodeterminación con base en derechos colectivos. Es decir, tal como lo establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe: ``La democracia en América Latina / Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos'', publicado en abril de 2004, los derechos individuales están mediados por la cultura y es posible el reconocimiento de ciertos derechos colectivos siempre y cuando éstos contribuyan al goce de los derechos de los individuos. Se pueden admitir ``protecciones externas'' que preserven a la comunidad frente a decisiones de la sociedad mayor, pero no a la inversa''.

Según el mismo informe, se calcula que hay entre 34 y 40 millones de indígenas en América Latina (entre el 8 y el 10% de la población total), lo que significa que la presencia de mujeres y hombres indígenas en la arena política puede ser un incentivo para lograr el fortalecimiento de la ciudadanía social, de los sistemas de participación y de representación que a mediano plazo, se reflejaría en los grados de gobernabilidad. En el caso de México, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el periodo 1993-2000, la población nacional indígena ascendía en su estimado superior, a 13 millones y medio, cuyo porcentaje estimado de la población total es del 14.7%, característica que nos coloca dentro de los primeros seis países latinoamericanos con mayor porcentaje de población indígena.

Es por ello que con el objetivo de lograr congruencia con ésta realidad, el Senado de la República ratificó en el año de 1991, el Convenio número 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que su artículo 6°, numeral 1, inciso b) señala que: ``Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: (...) b) establecer los medios a través de los cuáles lo pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas y programas que les conciernan''.

Legislar sobre temas como la multiculturalidad y la multietnicidad, nos permite avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. ``La única ley verdadera es aquella que nos conduce a la libertad''.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un inciso al numeral 1, del artículo 38, recorriéndose los demás, así como un segundo párrafo al artículo 175-A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México

Artículo Primero. Se modifica el inciso t) y se adiciona el inciso u) al Artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

``Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: a) a s) ...''

t) Garantizar la participación de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en cuyos distritos electorales constituyan el 40% o más de la población total;

u) Las demás que establezca este Código.

Artículo Segundo.Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 175-A

1. ...

2. En aquellos distritos electorales en donde los pueblos y comunidades indígenas constituyan el 40% o más de la población total, las solicitudes de registro para cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán incluir mujeres y hombres indígenas representantes de sus respectivos pueblos y comunidades.

Transitorio

Único.Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Matus. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas.

Esta Presidencia saluda a las alumnos del Instituto Pedagógico Anglo-Español aquí presentes y también a alumnos de la Universidad Privada del Estado de Morelos, campus Cuautla.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Yerico Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Yerico Abramo Masso:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz,Yerico Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 25 y adiciona los artículos 46 y 47 y reenumera el actual artículo 46 como artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente exposición de motivos:

Independientemente de las cuestiones teóricas que involucran las diversas concepciones acerca del Estado, la realidad nos dice que el hombre ha creado instituciones estatales y ha sido para poder solucionar sus problemas, fundamentalmente de desarrollo y progreso. La crisis del federalismo centralizador manifiesta y precisa sus límites e impone hoy día la obligación de formular un nuevo pacto federal, en el cual la dimensión política vuelva a ser significativa. De acuerdo con Cabrero y José Mejía, en su libro Marco teórico-metodológico para el estudio de las políticas descentralizadoras en México, la vinculación entre la descentralización a una diferenciación funcional y el desarrollo se expresa en el planteamiento de que una sociedad es más desarrollada en medida de que es capaz de diferenciar y especializar el mayor número de aspectos.

Así, un Estado moderno debe descentralizar responsabilidades y toma de decisiones en áreas de una mayor exigencia de la sociedad y una mayor complejidad social que la modernidad impone.

Cuando se habla de descentralización, se entiende, pues, ``la transferencia del poder de decisión y ejecución de políticas públicas del gobierno central a las entidades federativas y municipios'', pero también a la sociedad que ahí habita; luego entonces, es indispensable considerar al menos tres aspectos para que la descentralización pueda llevarse a cabo:

Uno. La transparencia de las competencias administrativas;

Dos. Los recursos para poder asumir las diversas competencias; y

Tres. La capacidad política para tomar decisiones acerca de cómo administrar las funciones y los recursos descentralizados.

Un verdadero federalismo no puede ser presidencialista porque su esencia misma es la división de poderes, la división horizontal que es saludable porque evita que un poder se corrompa, atendiendo exclusivamente las funciones para las que fueron creados.

Con la descentralización hasta ahora puesta en marcha, la federación ha incrementado su capacidad de intervención en las economías locales, pero de lo que se trata es de trasladar recursos a los estados y municipios para que tengan un manejo autónomo de los mismos, como lo apuntamos líneas arriba.

Otro aspecto más de esta descentralización tradicional es que se han incrementado los poderes federales por incremento de sus burocracias en los estados; ejemplo, las delegaciones y representaciones federales que hay en los mismos, que han cumplido, entre otras, la función de verdaderos agentes de información para la federación.

La participación de ingresos tradicionalmente ha sido la forma más debatida de interacción fiscal entre los estados y el gobierno federal en las federaciones latinoamericanas. El situado constitucional en Venezuela, la coparticipación en Argentina y la participación fiscal en México tienen características sustancialmente diferentes.

La participación de ingresos puede establecerse en la Constitución o en una ley secundaria, puede abarcar prácticamente todo el ingreso recaudado por el gobierno federal o disposiciones específicas impuesto por impuesto.

La distribución de fondos entre los estados puede caminar en repetidas ocasiones o puede seguir relativamente permanente; sin embargo, el rasgo común de todos esos sistemas es que la participación de ingresos ha permitido a Argentina, México y Venezuela concentrar la autoridad recaudatoria, lo que provoca que los estados dependan aún más de su gobierno federal.

Además de la participación de ingresos, los gobiernos federales transfieren recursos que no están directamente vinculados con la extracción de ingresos. Esas transferencias se refieren a una asignación de gasto o aportaciones que se han vuelto un tema central de debate de las políticas públicas en años recientes.

Gran parte de la discusión se ha centrado en cómo diseñar transferencias que puedan inducir el tipo del correcto comportamiento por parte de los gobiernos estatales, promoviendo la responsabilidad fiscal y evitando restricciones presupuestales suaves.

En este sentido, el programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, o PAFEF, fue concebido como un subsidio federal para promover el fortalecimiento de las entidades federativas y así ser promotor del desarrollo equitativo y regional, dando a las entidades con menos recursos una partida que les permitiera invertir en infraestructura, saneamiento de sus finanzas, apoyo a los sistemas de jubilación y fortalecimiento a los proyectos de investigación científica y tecnológica.

Este programa aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000, aunque ya había aparecido bajo otro concepto en el Presupuesto de 97, incorporándose al Ramo 23 y a partir del Presupuesto de 2003 se incorpora ya como un monto aprobado por la Cámara de Diputados.

Los excedentes petroleros y los derechos extraordinarios por la exportación de petróleo... estos dos últimos son aplicados a través del fideicomiso para la infraestructura de los estados y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas conforme a la estructura porcentual que se deriva de la distribución del Fondo General de Participaciones.

Esto le da su naturaleza de aportación del gobierno federal y no de apoyo, como se establece en la definición arriba mencionada, y mucho menos de subsidio.

De acuerdo con la tesis doctoral La construcción del sistema de coordinación fiscal. Poder y toma de decisiones son una esfera institucional, del doctor Rigoberto Soria Romo, establece que ``para 2003 se crea el Ramo 39 para el PAFEF, lo que le da un sentido de pertenencia e institucionalidad al interior del Presupuesto.

``La propuesta adicional de la Conago --continúo la cita-- de hacer del PAFEF el octavo fondo del Ramo 33, con una asignación de 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable, lo que garantizaría su permanencia desde el punto de vista legal y se evitarían los vaivenes que se han presentado durante su corta existencia.''

Esto tendría varias ventajas: aseguraría en un nivel de inversión en el presupuesto de infraestructura necesario en las entidades federativas; impactaría positivamente el empleo, el nivel de vida y la competitividad de las economías estatales; ayudaría a la toma de decisiones de inversión en las economías locales y respondería a las necesidades, como fondos auditables directamente por la federación.

Además de su monto y destino, en la importancia del PAFEF se pone en acción un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales en México. Los gobernadores de las entidades federativas que hasta este año jugaron un papel marginal, el PAFEF muestra el rompimiento de una estructura tradicional de la interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo y la resistencia entre la irrupción de un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales.

De los cuatro años en que ha estado en vigor el PAFEF, en dos años la Secretaría de Hacienda no lo ha incluido en su iniciativa; en otros tres ha recortado su asignación una vez aprobado por la Cámara de Diputados y en el Presupuesto de 2006 tenía una asignación de cero pesos. Prueba de esta resistencia es que el secretario de Hacienda tardó seis meses en recibir a los gobernadores para escuchar sus puntos de vista en relación con los problemas presupuestales que sufrieron durante los años 2001 y 2002.

En esta iniciativa se propone eso precisamente para establecer la permanencia del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como un fondo dentro del Ramo 33, de las aportaciones federales, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el decreto de Presupuesto en un monto asignable a 2.5 por ciento de las recaudaciones fiscales participables con los beneficios antes expuestos.

Por lo anterior presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 25, se adicionan los artículos 46 y 47 y el artículo 46 actual pasa a ser el artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VII. ...

VIII. Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Artículo 46. El Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente a 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Los montos de este fondo se enterarán mensualmente de acuerdo con el porcentaje de la participación a que se refiere el artículo segundo de esta ley a los estados por conducto de la federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, las correspondientes a los fines que se establezcan en el artículo 47 de esta ley.

Artículo 47. Los montos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:

I. Cuando menos 50 por ciento de la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola y hasta 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.

II. Saneamiento financiero preferentemente a través de la amortización de deuda pública expresada como una reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

III. Asimismo podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas de los estados. Apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas prioritariamente a reservas actuariales.

IV. Modernización de los catastros con objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Yerico Abramo Masso:Concluyo, Presidente:

V. Modernización de los sistemas de recaudaciones locales.

VI. Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales.

VII. Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; y

VIII. Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones; para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno federal la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

Por último, artículo segundo. Se deroga el Capítulo Tercero, del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del Título IV, del Gasto Federal de las Entidades Federativas, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Transitorio. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención; con permiso.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 25, y adiciona los artículos 46 y 47, y renumera al actual artículo 46 como artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Independientemente de las cuestiones teóricas que involucren las diversas concepciones acerca del Estado, (benefactor, árbitro, máquina de opresión, entre otros) la realidad nos dice que si el hombre ha creado instituciones estatales ha sido para obtener un fin: solucionar sus problemas fundamentales de desarrollo y progreso. La crisis del federalismo centralizador manifiesta y precisa sus límites e impone hoy en día la obligación de formular un nuevo pacto federal (o al menos su reconstrucción) en el cual la dimensión política vuelva a ser significativa.

De acuerdo con Cabrero y José Mejía, en su libro Marco Teórico-Metodológico para el Estudio de las Políticas Descentralizadoras en México: La vinculación entre la especialización o diferenciación funcional y el desarrollo, (aspectos de la descentralización), se expresa en el planteamiento de que una sociedad es más desarrollada en la medida de que es capaz de diferenciar y especializar el mayor número de aspectos. Así, un Estado moderno, debe transferir (descentralizar) responsabilidades y toma de decisiones en aras de una mayor exigencia de la sociedad y una mayor complejidad social que la modernidad impone.

Cuando se habla de descentralización se entiende pues, la transferencia del poder de decisión y ejecución de políticas públicas del gobierno central a las entidades federativas y municipios, pero también a la sociedad que ahí habita. Luego entonces es indispensable considerar al menos tres aspectos para que la descentralización pueda llevarse a cabo:

1) La transferencia de competencias administrativas.

2) Los recursos para poder asumir las diversas competencias.

3) La capacidad política para tomar decisiones acerca de cómo administrar las funciones y los recursos descentralizados.

Un verdadero federalismo no puede ser presidencialista porque su esencia misma es la división de poderes: la división horizontal que es saludable porque evita que un poder se corrompa, atendiendo exclusivamente las funciones para las que fueron creados.

Con la descentralización hasta ahora puesta en marcha la federación ha incrementado su capacidad de intervención en las economías locales, pero de lo que se trata es de trasladar recursos a los estados y municipios para que tengan un manejo autónomo de los mismos, como lo apuntamos líneas arriba. Otro aspecto más de esta descentralización ``tradicional'' es que ha incrementado los poderes federales por el incremento de sus burocracias (delegaciones, representantes, entre otros) que han cumplido, entre otras, la función de verdaderos agentes de información para la federación. (Aaron Segal en El Federalismo y el futuro mexicano).

La participación de ingresos tradicionalmente ha sido la forma más debatida de interacción fiscal entre los estados y el gobierno federal en las federaciones latinoamericanas. El situado constitucional en Venezuela, la coparticipación en Argentina y la participación fiscal en México tienen características sustancialmente diferentes. La participación de ingresos puede establecerse en la Constitución o en una ley secundaria. Puede abarcar prácticamente todo el ingreso recaudado por el gobierno federal, o disposiciones específicas impuesto por impuesto. La distribución de fondos entre los estados puede cambiar en repetidas ocasiones, o puede seguir relativamente permanente. Sin embargo, el rasgo común de todos esos sistemas es que la participación de ingresos les ha permitido a Argentina, México y Venezuela concentrar la autoridad recaudatoria, lo que provoca que los estados dependan más de su gobierno federal.

Además de la participación de ingresos, los gobiernos federales transfieren recursos que no están directamente vinculados con la extracción de ingresos. Esas transferencias se refieren a las asignaciones de gasto o aportaciones, que se han vuelto un tema central del debate de las políticas públicas en años recientes. Gran parte de esta discusión se ha centrado en cómo diseñar transferencias que puedan inducir el tipo correcto de comportamiento por parte de los Gobiernos estatales, promoviendo la responsabilidad fiscal y evitando restricciones presupuestales suaves.

En este sentido, el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), fue concebido como un subsidio federal para promover el fortalecimiento de las entidades federativas y así, ser promotor del desarrollo equitativo y regional, dando a las entidades con menos recursos una partida que le permitiera invertir en infraestructura, saneamiento de sus finanzas, apoyo a sus sistemas de jubilación y fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y tecnológica, entre otros.

Este Programa aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000 (PEF), aunque ya había aparecido bajo otro concepto en el PEF 1997, incorporándose al Ramo 23 y, a partir del PEF 2003, se incorpora ya como Ramo General 39. El PAFEF tiene tres elementos presupuestales: un monto aprobado por la Cámara de Diputados, los ARE (aprovechamiento de los recursos excedentes) y los DEEP (derecho extraordinario por la exportación de petróleo), estos dos últimos son aplicados a través del FIES (Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados) y el FEIEF (Fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas), conforme a la estructura porcentual que se deriva de la distribución del Fondo General de Participaciones. Esto le da su naturaleza de aportación del Gobierno Federal y no de apoyo como se establece en la definición arriba mencionada y mucho menos de subsidios.

De acuerdo con la tesis doctoral La Construcción del Sistema de Coordinación Fiscal: Poder y toma de decisiones en una esfera institucional, del doctor Rigoberto Soria Romo, establece que: ``Para 2003 se crea el ramo 39 para el PAFEF, lo que da un sentido de pertenencia y de institucionalidad al interior del PEF''.

``Una propuesta adicional de la Conago, --continúo con la cita--, es hacer del PAFEF el octavo fondo del ramo 33 con una asignación del 2.5 por ciento de la RFP, lo que garantizaría su permanencia desde el punto de vista legal y se evitaría los vaivenes que se han presentado durante su corta existencia. Esto tendría varias ventajas: aseguraría un nivel de inversión en infraestructura muy necesario en las entidades federativas; impactaría positivamente el empleo, el nivel de vida y la competitividad de la economías estatales y la nacional; las decisiones de inversión serían locales y responderían a sus necesidades; son fondos auditables por los órganos federales y/o estatales y; compensaría la baja en participaciones que han sufrido las entidades federativas en los últimos años (Calzada Falcón, 2004: 280-282)''.

``Además de su monto y destino, la importancia del PAFEF es que pone en acción un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales en México: los gobernadores de las entidades federativas, que hasta ese año jugaron un papel marginal. El PAFEF muestra el rompimiento de una estructura tradicional de interacción entre el legislativo y el ejecutivo, y la resistencia ante la irrupción de un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales, pues de los cuatro años en que ha estado en vigor el PAFEF, en dos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no lo ha incluido en su iniciativa, y en otros dos ha recortado su asignación una vez aprobado por la Cámara de Diputados (como actualización a esta cita, cabe destacar que en el Proyecto de Presupuesto 2006 tenía una asignación de cero pesos y que en 2005 también recortó su asignación una vez aprobado). Prueba de esta resistencia es que el secretario de Hacienda, tardó seis meses en recibir a los gobernadores para escuchar sus puntos de vista en relación con los problemas presupuestales que se sufrieron durante 2001 y 2002.''

En esta iniciativa se propone eso precisamente, establecer la permanencia del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) como un fondo dentro del Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FOFEF) de las aportaciones federales, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el decreto de presupuesto, en un moto asignable al 2.5 por ciento de las recaudaciones fiscales participables, con los beneficios arriba expuestos.

Por lo anterior, presento a esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 25, se adicionan los artículos 46 y 47, y el artículo 46 actual pasa a ser el artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VII. ...

VIII. Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

...

Artículo 46. El Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente al 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable a que se refiere el artículo segundo de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Los montos de este fondo se enterarán mensualmente, de acuerdo al porcentaje de participación a que se refiere el artículo segundo de esta ley, a los estados, por conducto de la federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47 de esta ley.

Artículo 47.Los montos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:

I. Cuando menos el 50 por ciento a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.

II. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales.

III. Apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales.

IV. Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones.

V. Modernización de los sistemas de recaudación locales.

VI. Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales.

VII. Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y

VIII. Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

Artículo 48.(Anterior artículo 46).

Artículo Segundo. Se deroga el capítulo tercero, del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del titulo cuarto, del Gasto Federal en las entidades federativas, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Transitorio. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de noviembre del año 2006.--- Diputado Jerico Abramo Masso (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Yerico Abramo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.Jorge Godoy Cárdenas, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3, y 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografíapara su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Nuestro país requiere un cambio genuino que permita avanzar hacia la democracia, cambio que en verdad es necesario para el progreso de la nación. Pero esto nunca será posible si la radio y la televisión operan bajo simulación comercial, al margen de la ley y de las demandas colectivas. Así, los medios han generado iniquidad, interfiriendo el avance político y democrático del país.

Se han convertido en difusores de penetración masiva. La radio y la televisión requieren conformar la base en donde intervengan todas las voces que integran el entorno social de una democracia en transformación, sin olvidar que los concesionarios, como todas las personas físicas y morales deben cumplir sus obligaciones tributarias.

Los informes que fueron publicados en algunos medios informativos referentes al tiempo fiscal utilizado por el Ejecutivo en televisión, entre enero y septiembre del año 2002, quien acaparó una importante proporción de tiempo aire, de acuerdo con las siguientes cifras: Presidencia de la República, 12 mil 25 horas, equivalentes a 17.72 por ciento; Secretaría de Educación Pública, 10 mil 130 horas, 14.39 por ciento; Secretaría de Gobernación, 8 mil 718 horas, 12.85 por ciento; y Secretaría de Salud, 7 mil 9 horas, equivalente a 10.33 por ciento, por sólo mencionar cuatro dependencias que gozaron de mayor presencia en televisión, en detrimento de otras dependencias menos favorecidas por los tiempos del Estado.

Además, si sumamos el informe de las transmisiones en la radio podemos advertir que el tiempo fiscal de los medios electrónicos fue aprovechado mayoritariamente por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación, en un desmesurado ejercicio discrecional de un servicio que en esencia pertenece al Estado y no al Ejecutivo federal.

Es evidente la pretensión del Ejecutivo para el aprovechamiento de los medios electrónicos, ya que las anteriores modificaciones del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión plantean un franco retroceso en los espacios que constituyan un derecho inalienable para la promoción y difusión de los mensajes emitidos por las diversas dependencias del Estado.

En su carácter de servicio público concesionado, la radio y la televisión representan uno de los mayores beneficios nacionales a favor de los gobernados y no de grupos de poder.

Son muchas las disposiciones que llaman, exigen nuestra atención porque, hoy más que nunca, es menester delimitar rigurosa y objetivamente los derechos, las obligaciones y la responsabilidad que deben regir las operaciones de los medios electrónicos.

Una notable reducción del impuesto especial de 12.5 por ciento de tiempo fiscal que debían pagar en especie los particulares por hacer uso de la concesión contemplada en el decreto de 1968, impuesto que fue reducido a 18 minutos de transmisión al día en televisión y a 35 minutos diarios de transmisión en radio, anotados en el rubro de tiempo oficial.

Esto concede un privilegio discrecional a los gravámenes de los concesionarios de los medios electrónicos y una injusta parcialidad que el Ejecutivo ejerce sobre dichos espacios, ya que si bien éste ostenta el monopolio de los tiempos oficiales; también es beneficiario de una porción de tiempo de Estado.

El artículo 1o. del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión del decreto del 10 de octubre de 2000 no define el carácter federal y estatal de los tiempos fiscales otorgados por los medios electrónicos, así como tampoco establece las instancias que deberían aprovecharlos --por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México--, sino que se ciñe única y exclusivamente a los materiales producidos por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión dispone que las estaciones de radio y televisión deberán incluir gratuitamente en su programación diaria 30 minutos, continuos o discontinuos, de mensajes de interés educativo, social, cultural, político, deportivo y de otros asuntos de interés general, sin considerar que dicho espacio y difusión puede y debe ser un instrumento de impulso democrático para dar una participación equitativa a todos los órganos del Estado.

De igual forma, el transitorio tercero abrogó el acuerdo por el que se constituía una comisión intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que disponía el Estado en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1969.

Es fundamental establecer que, ante todo, los tiempos programáticos del Estado no pertenecen únicamente al Poder Ejecutivo, sino a todos los sectores públicos de la nación, por lo que es preciso determinar parámetros justos y equitativos para la programación y el uso de estos espacios en beneficio del Estado y de la sociedad, motivo por el cual me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 59 Bis, recorriéndose el actual sucesivamente como 59 Ter; y se reforman los artículos 59 y 65 y la fracción X del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Por efectos de tiempo, solicito a esta soberanía se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas, diputado en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numeral 3, 40 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

Nuestro país requiere un cambio genuino que le permita avanzar hacia la democracia, cambio que en verdad es necesario para el progreso de la nación, pero éste nunca será posible si la radio y la televisión operan bajo simulación comercial al margen de la ley y las demandas colectivas, es así como los medios han generado inequidad ingiriendo en el avance político y democrático del país.

Se han convertido en difusores de penetración masiva, la radio y la televisión requieren conformar la base en donde intervengan todas las voces que integran el entorno social de una democracia en transformación, sin olvidar que los concesionarios, como todas las personas físicas y morales, deben cumplir con sus obligaciones tributarias.

Durante todos estos años ha venido en detrimento la calidad de la programación de la radio y la televisión, en especial la calidad de los contenidos de la programación concerniente al estímulo y fomento educativo de la sociedad, así como a una injusta relación entre todos los órganos del Estado, los medios electrónicos y la sociedad, motivo por lo que el Poder Legislativo tiene el deber de salvaguardar los intereses nacionales, y consolidar un marco legal que garantice los derechos y obligaciones que consagra la Carta Magna.

La realidad que prevalece en el siglo XXI es absolutamente la misma que regulaba hace 45 años la radio y la televisión, ya que los medios electrónicos siguen estando a plena disposición de quien ostente el Poder Ejecutivo, olvidando que esta es una función elemental del Estado, que se da en concesión a los particulares.

Lo anterior, lo demuestran los informes que fueron publicados en algunos medios informativos, referente al tiempo fiscal utilizado por el Ejecutivo en Televisión entre enero y septiembre del año 2002, de la administración actual, quien acaparó una importante proporción de tiempo aire, de acuerdo con las siguientes cifras: Presidencia de la República, 12 mil 25 horas, equivalentes al 17.72 por ciento; Secretaría de Educación Pública, 10 mil 130 horas, 14.39 por ciento; Secretaría de Gobernación, 8 mil 718 horas, 12.85 por ciento, y Secretaría de Salud, 7 mil 9 horas, equivalente al 10.33 por ciento, por sólo mencionar las cuatro dependencias que gozaron de mayor presencia en televisión, en detrimento de otras dependencias menos favorecidas por los tiempos de Estado.

Además, si sumamos el informe de las trasmisiones en la radio, podremos advertir que el tiempo fiscal de los medios electrónicos fue aprovechado mayoritariamente por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación, en un desmesurado ejercicio discrecional de un servicio que en esencia, pertenece al Estado y no al Ejecutivo federal.

Es por eso, la necesidad de reformar la ley, reforma que ha sido ampliamente debatida especialmente al uso de los tiempos fiscales de los medios, respecto del vacío legal relacionado con los tiempos del Estado, mismo que se comienza a hacer más evidentes.

Es inminente la reforma a la Ley de la Radio y la Televisión que tiene 45 años de vida, con el objeto de dar certidumbre jurídica a la sociedad, para no dejar que el Ejecutivo a través de decretos se siga beneficiando y conceda beneficios tributarios a los particulares que tienen la concesión de los medios de comunicación.

Prueba de esto, fueron las modificaciones al reglamento y al decreto tributario hechos a la Ley Federal de Radio y Televisión, publicados el 10 de octubre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, que contienen una serie de anomalías que pueden lesionar los intereses públicos en materia fiscal, así como al equilibrio de fuerzas relacionadas con la difusión y la promoción masiva.

Es evidente, la pretensión del Ejecutivo para el aprovechamiento de los medios electrónicos, ya que las anteriores modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, plantean un franco retroceso en los espacios que constituían un derecho inalienable para la promoción y difusión de los mensajes emitidos por las diversas dependencias del Estado, en su carácter de servicio público concesionado, la radio y la televisión representan uno de los mayores beneficios nacionales, a favor de los gobernados y no de grupos de poder.

Son muchas las disposiciones que llaman y exigen nuestra atención, porque hoy más que nunca, es menester delimitar rigurosa y objetivamente, los derechos, las obligaciones, y la responsabilidad que deben regir las operaciones de los medios electrónicos.

Es notable la reducción del impuesto especial del 12.5 por ciento del tiempo fiscal que debían de pagar en especie los particulares por hacer uso de la concesión que contemplaba el decreto de 1968, impuesto que fue reducido a dieciocho minutos de transmisión al día en televisión y treinta y cinco minutos diarios de transmisión en radio, anotados en el rubro de tiempo oficial, esto conceden un privilegio discrecional a los gravámenes de los concesionarios de los medios electrónicos, y una injusta parcialidad que el Ejecutivo ejerce sobre dichos espacios, ya que si bien éste detenta el monopolio de los tiempos oficiales, también es beneficiario de una porción del tiempo de Estado.

El artículo primero del reglamento de la Ley de Radio y Televisión del decreto del 10 de octubre de 2002, no define el carácter federal y estatal de los tiempos fiscales otorgados por los medios electrónicos, así como tampoco establece las instancias que deberían aprovecharlos, por ejemplo la Secretaría de Salud, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que se ciñe única y exclusivamente a los materiales producidos por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el artículo 15 del reglamento de la Ley de Radio y Televisión, dispone que las estaciones de radio y televisión, deberán incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, de mensajes de interés educativo, social, cultural, político, deportivo y de otros asuntos de interés general, sin considerar que dicho espacio de difusión, puede y debe ser un instrumento de impulso democrático, para dar una participación equitativa a todos los órganos del Estado.

De igual forma, el Transitorio Tercero, abrogo el acuerdo por el que se constituía una Comisión Intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que disponía el Estado en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1969, es fundamental establecer que ante todo, los tiempos programáticos del Estado no pertenecen únicamente al Poder Ejecutivo, sino a todos los sectores públicos de la nación, por lo que es preciso determinar parámetros justos y equitativos para la programación y el uso de estos espacios, en beneficio del Estado y de la sociedad.

El Ejecutivo debe comprender que todas las dependencias centralizadas o descentralizadas de la administración pública federal, los órdenes de gobierno, los poderes de la Unión, los gobiernos de los estados y los municipios que conforman al Estado.

En consecuencias este decreto impactará en época electoral, donde el Instituto Federal Electoral verá reducida notablemente las emisiones en los medios electrónicos, al contrario de las emisiones del Ejecutivo, ya que según el nuevo reglamento, mientras el Ejecutivo tendrá dieciocho minutos diarios en televisión, los partidos políticos sólo aparecerán durante quince minutos al mes.

Lo que con lleva, a que los diversos órganos del Estado tengan que erogar recursos, para compensar su limitada participación en los medios electrónicos, lo cual afectará los presupuestos que podrían destinarse para cubrir necesidades a favor de la sociedad, a consecuencia que con la reforma sólo la radio y la televisión se favorecen, primero, porque sus obligaciones fiscales disminuyen, y segundo, por las ganancias que les reportarán la venta de tiempo aire a las instancias públicas.

Es claro que las modificaciones llevadas a cabo por el Presidente de la República, no tomaron en cuenta las propuestas específicas que se expusieron en las mesas de trabajo para la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de eliminar el ``pago en especie'' y convertirlo en ``pago en efectivo'' de los tiempos fiscales, o de lo contrario, hacer cumplir cabalmente, el 12.5 por ciento de transmisión que la radio y la televisión debían pagar, de acuerdo con el decreto del 31 de diciembre de 1968.

Definitivamente, la decisión del Ejecutivo fue hacer valer su potestad sobre los Poderes de la Unión, la sociedad, los gobiernos de los estados, al tomar una decisión que es legal por haber emitido un decreto que es su facultad, pero no legítima por que no se apega a los principios de igualdad y equidad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un bien cuyo enorme poder de influencia debía ser utilizado equitativamente, por todos los órganos del Estado.

Todo lo anterior lo demuestran los recientes mensajes televisivos emitidos que el Ejecutivo que esta trasmitiendo a la sociedad, pretendiendo mostrar una imagen de gobierno transparente y democrático, pero la realidad es que son mensajes dirigidos a favor de su partido.

Por lo tanto, la propuesta que se plantea va encaminada a regular de manera eficaz la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que es un tópico que no se encuentra suficientemente regulado.

Motivo por el cual, me permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 59 Bis recorriéndose el actual sucesivamente como 59 Ter; se reforman los artículos 59, 65, la fracción X del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Articulo Único. Se adiciona un artículo 59 Bis se reforman los artículos 59, 65, la fracción X del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59.Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración hasta de 30 minutos, continuos o discontinuos, que corresponderán a los tiempos de Estado.

Las transmisiones difundirán mensajes con temas educativos, culturales, cívicos o de orientación social, en un horario que comprenderá entre las 6 y las 24 horas.

Las emisiones serán coordinadas por el consejo nacional de radio y televisión, conjuntamente con los representantes de los medios electrónicos.

Será obligación del consejo nacional de radio y televisión, vigilar que el uso y aprovechamiento de los tiempos de Estado se ejerzan con equidad y transparencia, entre todas las dependencias de la administración pública federal, centralizadas, descentralizadas y órganos autónomos del Estado.

Artículo 59 Bis. Se entenderá por tiempos de Estado todos los espacios de transmisión que los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación están obligados, fiscal o legalmente, a ceder al Estado, el cual se constituye por todas las dependencias de la administración pública federal, centralizadas o descentralizadas; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los gobiernos de los estados y las instituciones públicas educativas, cívicas y sociales.

Los tiempos oficiales se integran a los tiempos de Estado en radio y televisión, quedando excluidas de esta categoría, las transmisiones a que se refiere el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 59 Ter. ...

Artículo 65. ...

En el caso de programas para niños deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 59 Ter de esta ley.

Artículo 101. ...

I a la IX

X. No cumplir con la obligación que les impone el artículo 59 y 59 Bis de esta ley;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días de noviembre de 2006.--- Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates; ytúrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley General de la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

La diputada Mónica Arriola:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. ``Vieja el último'', ``aguántese como los hombres'', ``lloras como niñita'', ``corres como vieja'', ``sé hombrecito y aguántate''... Cuántas veces no hemos oído estas frases, cuántas de ellas escuchamos desde nuestros primeros años, cuántas más dejaron alguna huella en nuestra memoria, cuántas son las que todavía, a pesar de los avances en materia de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, oyen y repiten nuestras niñas y niños.

Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas y sexuales que nos diferencian desde que nacemos. Tomando en cuenta estas particularidades se han establecido funciones y roles distintos para ambos sexos, que han provocado en nuestro país discriminación y marginalidad, casi siempre en perjuicio de las mujeres mexicanas.

Por ejemplo, todavía debemos superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educación de las mujeres. En nuestro país aún persiste en la educación y en el ámbito laboral la brecha de género en detrimento de la mujer.

Hay una pirámide invertida para las mujeres tanto respecto a la educación como a puestos y salarios devengados. Esto no sólo implica que se valúa menos el trabajo femenino, sino que se considera a la mujer menos apta que el hombre en cuestión laboral.

Asimismo, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, el derecho a gozar de plena salud es esencial para el bienestar y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos.

La fuerte incidencia de la pobreza entre muchas mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas y el control limitado que tienen sobre su vida sexual y reproductiva --por sólo mencionar algunos de los problemas que viven-- las hacen más propensas y vulnerables a determinados padecimientos.

Es necesario también fortalecer los programas de formación gerencial y aliento al liderazgo, además de poner en marcha acciones orientadas a remover las barreras que obstaculizan la integración cabal de las mujeres a los distintos ámbitos y procesos de toma de decisión.

Esto nos lleva a cuestionarnos el porqué de la discriminación; qué es lo que en la actualidad lleva a gran parte de la sociedad mexicana a seguir tratando a las mujeres como desiguales, inferiores, objetos de desprecio y de maltrato, solamente por razón de nuestro sexo.

¿Qué es lo que conduce a negar todavía que somos iguales en derechos y que debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo? ¿Por qué en la práctica ha sido tan difícil asumir la idea de que todas las personas somos iguales, aceptar que la diferencia no debe implicar, en ninguna circunstancia, desigualdad...? ¿Por qué?

En México, uno de los grandes avances para llevar los principios de igualdad y equidad a la práctica e ir superando los obstáculos específicos para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del año en curso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es reglamentaria del artículo 4o. constitucional y responde a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de los instrumentos.

El objetivo de esta ley es el de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

México, como Estado parte de instrumentos y convenciones internacionales a favor de los derechos de nosotras, asumimos el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran un impedimento para alcanzar las metas propuestas o proponer, en su caso, las medidas necesarias para atacar la discriminación y la violencia. Todo ello, con el fin de que todas se encontraran --o nos encontráramos-- en condiciones de alcanzar nuestro pleno desarrollo.

Debemos hacer conciencia de la importancia del principio de igualdad. Una sociedad que excluye y discrimina no puede catalogarse como democrática. Debemos generar los cambios necesarios para hacer efectivas las leyes.

En Nueva Alianza creemos y estamos de acuerdo con que no es necesario formular nuestras promesas o nuevas promesas; lo único que se necesita es dar cumplimiento a los compromisos ya asumidos, y una de las formas para lograrlo es hacer leyes lo más claras posibles para que así cualquier ciudadano o ciudadana que desee consultarlas o hacer valer los derechos contenidos en ellas sepa de qué habla y cuáles son los derechos a que atañe.

Dado que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno de los pilares en la lucha por lograr una sociedad más igualitaria, Nueva Alianza considera que ésta debe contener las definiciones de los conceptos básicos que tienen que ver con la materia.

Género, discriminación, equidad, perspectiva de género, violencia, igualdad y transversalidad son conceptos que aunque se mencionan un sinfín de veces a lo largo del articulado de la ley, no se encuentran definidos. Y en un afán de que exista una concordancia y homogeneidad entre las leyes que rigen la administración pública de nuestro país y con el objetivo de que la falta de definiciones de los conceptos básicos en leyes fundamentales en esta materia no susciten confusiones, someto a la consideración de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente decreto, que reforma el artículo 5o. de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Por respeto al tiempo de mis compañeros, omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del PNA

La suscrita, diputada federal Mónica Arriola Gordillo, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa de ley con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos La vida para ambos sexos es ardua, difícil,

una lucha perpetua.

Más que nada... exige confianza en uno mismo...

¿Y cómo podemos generar rápidamente esta

imponderable cualidad?

Pensando que otras personas son inferiores.

Virginia Woolf

Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas y sexuales que nos diferencian desde que nacemos. Tomando en cuenta esas particularidades se han establecido, dentro de las sociedades funciones y roles distintos para ambos sexos. La diferencia sexual entre las personas tiene un valor predeterminado y éste está normalmente fortalecido por todo un sistema cultural (familia, escuela, religión, etcétera). A partir de ello se marca la diferencia entre lo que será la vida futura de un hombre y de una mujer.

El género es entonces una creación social de ideas sobre los roles que se consideran apropiados para mujeres y hombres. ``El género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual'';1 es decir, una simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual, que rige el orden humano y que se manifiesta en la vida social, política y económica de una sociedad determinada. El género en nuestra sociedad implica una subordinación de la mujer frente al hombre a través de situaciones desiguales que crean discriminación y marginalidad.

Aun cuando hemos entendido que esta forma de organización y de interpretación de la diferencia sexual no ha sido ni es justa, existen todavía actitudes y patrones de comportamiento que se encuentran sumamente arraigados y no son fáciles de cambiar. El género se vuelve un factor determinante en el proceso de construcción de las identidades de cada persona y de la forma en la que nos relacionamos y en muchos casos lleva a actos discriminatorios en detrimento de las mujeres.

Por ejemplo, todavía debemos superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educación de las mujeres. En nuestro país aún persiste en la educación y en el ámbito laboral la brecha de género en detrimento de la mujer. Hay una pirámide invertida para las mujeres, tanto respecto a la educación como a puestos y salarios devengados. Esto no sólo implica que se valúa menos el trabajo femenino, sino que se considera a la mujer menos apta que el hombre en cuestión laboral. Asimismo, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud. El derecho a gozar de plena salud es esencial para el bienestar y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos. La fuerte incidencia de la pobreza entre muchas mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas y el control limitado que tienen sobre su vida sexual y reproductiva, por sólo mencionar algunos de los problemas que viven, las hacen más propensas y vulnerables a determinados padecimientos. Es necesario también fortalecer los programas de formación gerencial y aliento al liderazgo, además de poner en marcha acciones orientadas a remover las barreras que obstaculizan la integración cabal de las mujeres a los distintos ámbitos y procesos de toma de decisión.

Según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la expresión discriminación contra la mujer denota ``toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera''2

Una de las manifestaciones más claras de la discriminación contra las mujeres es la violencia, transgresión especialmente grave de derechos humanos, dada la forma en que viola muchos otros derechos a la vez. En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 47 por ciento de las mujeres padece violencia y 7 de cada 10 familias sufren violencia intrafamiliar. Además, nuestro país se encuentra entre las 15 naciones con más homicidios dolosos de mujeres y forma parte de los 30 países con las tasas más altas de violación.3 La violencia de género es, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita y ratificada por el Estado mexicano, el mecanismo de control social sobre las mujeres consistente en cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Ante los fenómenos de la discriminación y la violencia de género, en las últimas décadas los gobiernos, entre ellos el nuestro, y los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales han emprendido diversas acciones con el fin de hacer real y efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Dicho principio constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (económica, política, social, toma de decisiones) y actividades (empleo, educación) sobre bases equitativas. La igualdad de género parte del principio de que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tienen la libertad para desarrollar sus habilidades personales y para hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios. El principio de igualdad de oportunidades se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y toda barrera sexista y discriminatoria directa o indirecta contra las mujeres. Significa que no existe discriminación con base en el sexo de la persona para la asignación de oportunidades, recursos o beneficios, ni en el acceso a servicios.

En este sentido, la igualdad entre mujeres y hombres es la ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. La equidad de género se refiere al ``principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo los socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar''.4

Para llevar los principios de igualdad y equidad a la práctica se han ido construyendo diversas estrategias cuyo fin es superar obstáculos específicos para la participación con equidad de hombres y de mujeres.

La perspectiva de género o enfoque de género se refiere a la ``metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género''.5

En la lucha por la igualdad de hombres y de mujeres y la incorporación de la perspectiva de género, en México se han llevado a cabo avances que empezaron desde la reforma en 1953 del artículo 34 constitucional, para reconocer el derecho de las mujeres a ser ciudadanas y, con ello, el derecho a votar y a poder ser electas. Del mismo modo, en 1974 se estableció en el artículo 4o. constitucional la igualdad jurídica de hombres y de mujeres, además de plantearse en ella que todo individuo tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. En 2001 se publicó la Ley que Crea el Instituto Nacional de las Mujeres, establecido formalmente el 8 de marzo. Ese año se introdujo en el artículo 1o. constitucional la cláusula de no discriminación en razón de género y con ello se logró el fundamento constitucional para la igualdad material de derechos y oportunidades de las mujeres.

En el ámbito internacional, nuestro país ha firmado y ratificado varios instrumentos internacionales que tienen que ver con la lucha por la igualdad entre hombre y mujeres y la no discriminación, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y su Protocolo Facultativo7 y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém do Pará,8 entre otros. Con ello México reconoció que la igualdad jurídica no conlleva a la igualdad material de derechos si ésta no se traduce en la creación de condiciones que faciliten el acceso y ejercicio igualitario de dichos derechos por parte de hombres y de mujeres.

Uno de los grandes avances para nuestro país fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es reglamentaria del artículo 4o. constitucional y responde a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de los instrumentos. El objetivo de la ley es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; y proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. La ley establece la concurrencia con los tres ámbitos de gobierno; fortalece la transversalización con la administración pública federal, refuerza el federalismo mediante el trabajo con estados y municipios y fortalece el Instituto Nacional de las Mujeres en sus funciones y la coordinación interinstitucional.

Como Estado parte de instrumentos y convenciones internacionales en favor de los derechos de las mujeres, nuestro país asumió el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran un impedimento para alcanzar las metas propuestas o proponer, en su caso, las medidas necesarias para atacar la discriminación y la violencia. Todo ello, con el fin de que todas las mujeres mexicanas se encontraran en condiciones de alcanzar pleno desarrollo.

Una de las obligaciones que tenemos como representantes de la sociedad es hacer lecturas críticas de las leyes existentes con el fin de construir nuevas definiciones y conceptos que nos permitan interpretar los mandatos internacionales y convertirlos en normas internas que reflejen una conciencia social más avanzada. Por ello y dado que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno de los pilares en la lucha por lograr una sociedad más igualitaria, ésta debe contener las definiciones de los conceptos básicos que tienen que ver con esta materia.

En un afán porque existan concordancia y homogeneidad entre las leyes que rigen la administración pública de nuestro país y con el objetivo de que la falta de definiciones de los conceptos básicos en leyes fundamentales en esta materia no susciten confusiones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza somete a la consideración de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombre.

II. Discriminación. Distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

IV. Equidad de género. Principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo los socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

V. Género. Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual.

VI. Igualdad entre mujeres y hombres. Ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo.

VII. Perspectiva de género. Son la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

VIII. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

IX. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

X. Transversalidad de género. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diez criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública federal, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, DF, 2006.

2 Artículo 1, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Panorama de la violencia contra las mujeres, Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

4 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

5 Ibídem.

6 Depositario: ONU, Nueva York, Estados Unidos de América.

Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979.

Vinculación de México: 23 de marzo de 1981, ratificación.

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981 general y en México.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. 7 Depositario: ONU, Nueva York, Estados Unidos de América.

Fecha de adopción: 6 de octubre de 1999.

Vinculación de México: 15 de marzo de 2002, ratificación.

Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2000 general y 15 de junio de 2002 en México.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 3 de mayo de 2002. 8 Depositario: Organización de Estados Americanos, Belém do Pará, Brasil.

Fecha de adopción: 9 de junio de 1994.

Vinculación de México: 12 de noviembre de 1998, ratificación.

Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995 general y 12 de diciembre de 1998 México.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 19 de enero de 1999. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputada Mónica Arriola (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con su venía, señora Presidenta. Honorable Asamblea. Lograr una verdadera equidad entre hombres y mujeres es todavía una tarea pendiente de nuestra sociedad y de su sistema político. Discriminar a las mujeres por el hecho de serlo tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad y, por supuesto, para el funcionamiento de sus instituciones.

Al hacerlo, nuestra nación desaprovecha un potencial inmenso de recursos humanos, al tiempo que retrasa el desarrollo general de la sociedad y la consolidación de una cultura verdaderamente democrática y equitativa para la ciudadanía mexicana.

La equidad de género supone que las mujeres accedamos a una igualdad real y sustantiva y que ésta considere las condiciones específicas del sexo femenino. Las acciones afirmativas, positivas o compensatorias, objeto de la iniciativa legal que presenta la fracción parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, son medidas temporales que han probado su eficacia en nuestro país y en muchas otras regiones del planeta.

En casos como Latinoamérica y África, las llamadas ``leyes de cuotas'' han tenido como resultado un promedio de 5 por ciento más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años.

Gracias a este tipo de medidas, en la actualidad la representación parlamentaria femenina ha aumentado significativamente en países como Suecia, con 43 por ciento de mujeres en el Parlamento; en Dinamarca, que cuenta con 38 por ciento de legisladoras; en Finlandia, con 37.5 por ciento; y 36 por ciento en los Países Bajos.

Ruanda, en el extremo del desarrollo, es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: en 10 años, ese país africano pasó de contar con 4 por ciento de mujeres en la Cámara baja a 49 por ciento de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres, elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del presente año.

Si bien los logros obtenidos por las mujeres en las últimas décadas no han sido obra de un cambio repentino en la cultura, ni se garantizan mediante decretos, es de suma importancia tomar conciencia de la importancia que tiene reformar las disposiciones que, en la práctica, significan la marginación real de las mujeres en puestos de decisión y representación política.

En el caso particular de nuestro país y de esta Cámara, ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres son una graciosa concesión; son espacios ganados a través de muchos años de lucha para transformar paulatinamente a una sociedad empeñada en negar derechos y oportunidades a la mitad de la población.

En el caso de la Cámara de Diputados, la norma que rige la organización interna, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, carece de cualquier medida que garantice una mínima representación con base en la proporcionalidad de género en la integración de las comisiones ordinarias y especiales.

En ese contexto, las legisladoras se encuentran con una desventaja numérica que no les permite contender en igualdad de circunstancias para ocupar los espacios de dirección de tales instancias de operación de la Cámara de Diputados.

La Ley que proponemos reformar fue modificada por este Pleno para garantizar que en la integración de la Mesa Directiva de la Cámara se contase con un secretario por cada grupo parlamentario. Entonces, como ahora, el fundamento esencial descansa en el hecho de que la tendencia democrática actual es a consolidar un régimen cada vez más participativo y plural, principio que rescata la propia ley, pues permite la participación de las diversas fuerzas políticas en la integración de los órganos de gobierno y la conducción de la función legislativa.

Con dicha reforma se prevé que la actual legislatura pugne --y pugnará-- por defender la proporcionalidad, la pluralidad y la debida representación de todas las fuerzas políticas en esta Cámara. En concordancia con ese espíritu, es menester garantizar que la proporcionalidad para la formación de estas instancias tome en cuenta el criterio de la proporcionalidad de género.

La ley que nos rige no contempla la representación equitativa de hombres y mujeres en la integración de las comisiones ordinarias. De hecho, en la actual integración de las comisiones de esta LX Legislatura contamos únicamente con siete mujeres presidentas de comisión, de las 43 comisiones ordinarias. Estas comisiones son Atención a Grupos Vulnerables; Economía; Equidad de Género; Juventud y Deporte; Jurisdiccional; Radio, Televisión y Cinematografía; y Ciencia y Tecnología.

Con esta distribución, sólo 16 por ciento de las presidencias de comisión son para las mujeres, contra 84 por ciento para los varones.

El artículo 43 define un número de integrantes de las comisiones, mas no una regla de proporcionalidad de género que rescate el espíritu de todas las tendencias, tanto a nivel nacional como internacional, de dotar a las mujeres de acciones positivas que aseguren su participación en igualdad de condiciones con los hombres.

México está cambiando y lo hace con, sin e, incluso, a pesar de sus autoridades. Para todos los que formamos la LX Legislatura, en nuestro papel de representantes populares es imperativo trabajar para ponernos a la altura de las circunstancias de cambio que vive el país. Es preciso responder con acciones concretas a esa sociedad que nos demanda una verdadera política para toda la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Fracción I. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura. Tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma.

Se propone adicionar: ``De la totalidad de integrantes de cada comisión, tanto ordinaria como especial, en ningún caso se incluirán más de 70 por ciento de integrantes de un solo género. Los diputados podrán pertenecer hasta a tres de ellas. Para estos efectos no se computará la pertenencia a las comisiones Jurisdiccional y de investigación''.

Párrafo tres. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirla y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidarán que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representan en el Pleno y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

Se propone adicionar: ``Asimismo, garantizará que se refleje la proporcionalidad de género, por lo que en ningún caso tanto las comisiones ordinarias como las especiales deberán ser presididas por más de 70 por ciento de un solo género''.

Esta legislatura tiene la oportunidad de dejar un legado para las mujeres que nos representen próximamente. Les extiendo una invitación a todas mis compañeras y compañeros legisladores a que se sumen a esta iniciativa.

Solicito respetuosamente a la Presidencia que esta iniciativa se turne a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La composición de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión da cuenta de que los esfuerzos por alcanzar la igualdad de oportunidades, que desde hace décadas vienen realizando las mujeres, ha tenido incipientes avances. Lo que es un hecho, es que ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres en este momento son una graciosa concesión. Son espacios ganados con muchos años de lucha para transformar, de a poco, una sociedad instaurada en un sistema sexo-género con predominio de lo masculino.

Cada mujer que en este momento ocupa o antes ocupó un espacio de dirección, representación popular o de toma de decisiones, descansa sobre la base de la lucha de aquéllas mujeres que se atrevieron a exigir, en voz alta y con acciones concretas, lo que les correspondía. Las feministas trastocaron el mundo público y privado para proponer condiciones de transformación de las ideas, valores, representaciones y normas, a nivel individual y del colectivo humano, que han permitido avanzar en la construcción de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La perspectiva de género como categoría analítica y el feminismo como nuevo sujeto histórico exigen que las mujeres accedan a la igualdad real y sustantiva, tomando en cuenta sus condiciones específicas y proponiendo medidas temporales, como son las acciones afirmativas, positivas o compensatorias, para disminuir las brechas de desigualdad, superar obstáculos y crear condiciones para la eliminación de la discriminación y exclusión que las mujeres y las niñas han padecido históricamente bajo distintas formas.

Los logros obtenidos por el movimiento feminista no han sido obra de un cambio repentino de cultura ni se garantizan mediante decretos; son, por mucho, producto de pequeños pasos, de acciones concretas, de cambios aparentemente simples pero significativos que, de a poco, nos permiten avanzar un trecho.

La obligatoriedad de que ninguno de los géneros pueda ocupar más del 70 por ciento de las candidaturas a los puestos de elección popular, disposición contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales desde 1996, es una clara muestra de que acciones afirmativas, concretas y definidas, son eficaces y cumplen con el propósito para el que fueron establecidas. Desde entonces ha habido un aumento paulatino, pasando de un 14 por ciento de representación de mujeres en 1995 al 16 por ciento en el 2000, mientras que para las elecciones de 2003 aumentó al 22 por ciento y en el 2006 no hubo ningún avance y se mantuvo el 22 por ciento.

Estos datos nos sirven para ilustrar que la norma es imperfecta ya que la lógica indica que, si no deben presentarse más de 70 por ciento de candidaturas de un mismo género, debiese lograrse con ello que por lo menos un 30 por ciento de los espacios de elección popular, fuesen ocupados por mujeres. Es entonces la anterior, una medida correcta pero insuficiente. Así, en tanto que la medida logra su real objetivo, sirve para garantizar un mínimo de participación femenina en cargos de elección popular y demuestra que la tendencia es hacia una representación de mujeres cada vez mayor.

Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que permiten de manera gradual eliminar obstáculos y garantizar la igualdad de oportunidades a sectores que históricamente han sido discriminados. Estas medidas temporales han demostrado su eficacia en casos como Latinoamérica y África, donde gracias a la llamada Ley de Cuotas hay en promedio 5 por ciento más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años. Gracias a esta medida, en la actualidad la representación parlamentaria ha aumentado significativamente en otros países como Suecia, con el 43 por ciento de mujeres en el parlamento, Dinamarca, que cuenta con 38 por ciento de legisladoras, Finlandia, con un 37.5 por ciento y 36 por ciento en los países bajos. Rwanda es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: en 10 años, el país africano pasó de contar con un 4 por ciento de mujeres en la cámara baja, al 49 por ciento de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del presente año.

En la materia electoral, se ha dado un primer paso que debe fortalecerse con otras acciones y estrategias, que nos convocan a profundizar en un corto plazo sobre la democracia paritaria. En sólo 11 países de todo el orbe las mujeres ocupan el 30 por ciento o más de los escaños en el parlamento: Noruega, Islandia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Austria, Alemania, Argentina, Costa Rica y Cuba.

Ahora bien, andado ese primer trecho, se llega a las instancias de representación popular --en este caso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-- una vez ahí, la norma que rige la organización interna de la institución legislativa, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, carece de cualquier medida que garantice, en la integración de las comisiones ordinarias y especiales, organismos en donde se realizan los dictámenes, una mínima representación con base en la proporcionalidad de género. En ese contexto las legisladoras se encuentran con una desventaja numérica que no les permite contender, en igualdad de circunstancias, para ocupar los espacios de dirección de tales instancias de operación de la Cámara de Diputados.

En la integración de comisiones y juntas directivas, la ley vigente contiene los siguientes criterios:

Para formar las comisiones y comités e integrar sus juntas directivas se sigue el criterio de proporcionalidad, de manera que a cada grupo parlamentario le corresponde un número de legisladores proporcional al total de espacios ocupados en la Cámara. Por ejemplo en la LIX legislatura en las comisiones ordinarias: el PRI ocupó 13 lugares, el PAN 9, el PRD seis y los otros partidos 1 lugar.

Las presidencias también siguen criterios de proporcionalidad según el número de espacios del grupo parlamentario. Por ejemplo en la LIX legislatura al PRI le correspondieron 18 presidencias, al PAN 12, al PRD siete y a los otros partidos 2.

Recientemente la ley que ahora se pretende reformar fue modificada por el Pleno de la presente Legislatura, para garantizar que en la integración de la Mesa Directiva de la Cámara, se contase con un Secretario por cada grupo parlamentario representado en la misma. Entonces como ahora, la fundamentación esencial descansa en el hecho de que la tendencia democrática actual es a consolidar un régimen cada vez más participativo y plural, principio que rescata la propia ley que ahora se propone reformar, puesto que permite la participación de las diversas fuerzas políticas en condiciones de equidad en la integración de los órganos de gobierno y la conducción de la función legislativa.

Con dicha reforma, se prevé que la actual legislatura pugna y pugnará por defender la proporcionalidad, la pluralidad y la debida representación de todas las fuerzas políticas en la Cámara. En concordancia con ese espíritu, es menester garantizar que la proporcionalidad para la conformación de ésas instancias de toma de decisión, tome en cuenta el criterio de la representatividad de género.

La Ley Orgánica que se pretende reformar, no contempla la representación equitativa de hombres y mujeres de la Cámara de Diputados en la integración de las comisiones ordinarias, lo que redunda en que la actual integración de éstas en la LX legislatura, contemple únicamente 7 mujeres presidentas de comisión, de las 43 ordinarias. Estas son las de Atención a Grupos Vulnerables (PAN); Ciencia y Tecnología (Nueva Alianza); Economía (PAN); Equidad y Género (PRD); Jurisdiccional (PRI); Juventud y Deporte (PRI) y; Radio, Televisión y Cinematografía (PVEM). Lo que representa que sólo el 16 por ciento de las presidencias de las comisiones ordinarias son para las mujeres contra un 84 por ciento para varones.

Asimismo, el artículo 43, define un número de integrantes de las comisiones, más no una regla de representatividad de género que rescate el espíritu de todas las tendencias tanto a nivel nacional como internacional de dotar a las mujeres de acciones positivas que aseguren su participación en igualdad de condiciones con los hombres.

Mediante la aplicación de este criterio de representatividad de mujeres y hombres, en donde cada comisión no puede integrarse con más de 70 por ciento de integrantes de un solo género y ninguno de los dos géneros podrá presidir más del 70 por ciento de las comisiones, cada comisión deberá integrarse con por lo menos nueve diputadas, considerando que éstas se integran por 30 legisladores. En el caso de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Jurisdiccional conformada por 18 y 16 legisladores respectivamente, deberán integrarse al menos cuatro legisladoras. Y de las 43 comisiones ordinarias, por lo menos 13 deberán ser presididas por mujeres.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. De la totalidad de integrantes de cada comisión, tanto ordinaria como especial, en ningún caso se incluirán más del setenta por ciento de integrantes de un solo género. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

2. ...

3. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados. Asimismo garantizará que se refleje la proporcionalidad de género, por lo que en ningún caso tanto las comisiones ordinarias como las especiales, deberán ser presididas por más del setenta por ciento de un sólo género.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de noviembre de dos mil seis.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II de los artículos 71 y fracción I y IV del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que faculta a las delegaciones del Distrito Federal a tener el manejo exclusivo del impuesto conocido como ``predial'', para el mejor ejercicio de sus atribuciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Distrito Federal presenta características muy particulares en cuanto a su forma gobierno. A diferencia de las entidades federativas, el Distrito Federal no cuenta con una Constitución ni un Congreso.

Las referencias directas a éstas son el Estatuto de Gobierno y la Asamblea de Legislativa. El estatus jurídico del Distrito Federal se encuentra definido en los artículos 44 y 122 constitucionales. En éste último se señala que su gobierno estará regido por un Estatuto de Gobierno, el cual es aprobado por el Congreso de la Unión.

Con respecto al marco legal que rige actualmente es importante señalar que las facultades legislativas y reglamentarias que tienen la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como el propio Poder Legislativo federal, están definidas en el artículo 122. Los ordenamientos jurídicos del Distrito Federal no son jurisdicción exclusiva de las autoridades electas del Distrito Federal, no obstante que las principales leyes a las que están sujetos los ciudadanos de la capital son emitidas por la Asamblea Legislativa.

Otro aspecto que marca una gran diferencia con respecto a las entidades federativas es que mientras los estados se encuentran divididos política y administrativamente en municipios, los cuales tienen personalidad jurídica conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional, el Distrito Federal está dividido en delegaciones. Los órganos político administrativos genéricamente llamados delegaciones, a diferencia de los municipios, no disponen de un cabildo ni poseen facultades para emitir normas ni reglamentos. Todas las facultades reglamentarias recaen en el jefe de gobierno, mientras que los jefes delegacionales tienen poder de decisión solamente en aspectos meramente administrativos.

El fortalecimiento financiero de las delegaciones, es uno de los propósitos fundamentales de los diputados de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. El presentar una reforma que apoye la autonomía financiera de estos órganos coadyuvaría al impulso de sus atribuciones para que de manera integral, puedan satisfacer sus necesidades sociales, a través de la promoción, el desarrollo y crecimiento sostenido de su productividad.

Bajo esta perspectiva, es imprescindible que el marco normativo financiero contribuya a consolidar la autonomía a las delegaciones con el objeto de que mantenga las finanzas públicas sanas, proporcione mayor certidumbre en los ingresos, amplíe el padrón de contribuyentes, otorgue equidad y proporcionalidad al contribuyente, y reoriente los ingresos hacia la atención de sus necesidades más apremiantes, procurando una menor dependencia de los recursos externos distribuibles.

Para el logro de los objetivos indicados, es necesario que la normatividad actual permita a la delegación un campo de acción más amplio, procurando que exista congruencia entre las diversas disposiciones y ordenamientos legales, de tal forma que esté reglamentado el ejercicio adecuado y oportuno de sus atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía.

Las delegaciones conforme a lo establecido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno, son órganos político administrativos que formalmente tienen asignadas tantas o más funciones de gestión del territorio local y de los servicios que los municipios, pero no reciben recursos por conceptos de participaciones federales y tienen competencias muy limitadas para generar recursos propios, como en el Capítulo III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y se refieren a cuestiones vinculadas con permisos y licencias para realizar obras, certificar usos de suelo, adquirir reservas territoriales, solicitar expropiaciones, proponer modificaciones al programa de desarrollo urbano delegacional, otorgar permisos para el uso de la vía pública, prestar servicios públicos, realizar un padrón de giros mercantiles, llevar el registro civil, promover el desarrollo económico y la participación comunitaria entre muchas otras.

Sin embargo, las capacidades que tienen actualmente estas demarcaciones para actuar como gobiernos locales, en los hechos son extremadamente limitadas. Unos de los debates actuales se centra en si las delegaciones deben trasformarse en municipios.

En el actual esquema de organización política del Distrito Federal, las delegaciones sólo reciben los recursos presupuestales que decide asignar al jefe de gobierno con aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A diferencia de los municipios del país, la delegación no tiene derecho a participar en la distribución de recursos fiscales que le aseguren ingresos mínimos como tampoco de obtener ingresos propios por vía del impuesto predial o de la operación de servicios públicos, fuentes de ingreso a la que si tienen derecho los municipios del país.

Por las consideraciones anteriores resulta injusto que una demarcación trabaje en la captación de recursos, cuando todos son concentrados de manera centralista por el gobierno de la ciudad, y el reparto presupuestario a cada una de las demarcaciones, no es conforme a lo generado por cada una de ellas, lo que hace que la delegación esté supeditada a las bondades y a un presupuesto ``virtual'' que se les otorga, para la satisfacción de sus necesidades.

Conforme el artículo 117 del Estatuto de Gobierno, señala que los jefes delegacionales tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y demás que señalan las leyes, lo que nos hace suponer que teniendo los jefes delegacionales tantas responsabilidades, es indispensable que también tengan facultades presupuestarias plenas, en donde manejen de manera integral un ingreso que les permita el mejor desempeño de sus atribuciones.

De lo anterior se desprende que toda vez que es reconocido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, tienen competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones, y toda vez que la fracción II del multicitado artículo señala que es atribución de los jefes delegacionales prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás disposiciones aplicables, dentro del marco de sus asignaciones presupuestarias. Se requiere forzosamente que el jefe delegacional pueda ejercer el ingreso captado en su demarcación, lo que llevaría a una corresponsabilidad primera de preocuparse por lograr que el contribuyente pague sus impuestos y por otro saber que con los recursos recaudados pueda cumplir tareas fundamentales en la demarcación.

Más aún, en términos del artículo 112 del Estatuto, las delegaciones informan al jefe de gobierno del ejercicio de sus atribuciones presupuestales para los efectos de la cuenta pública, de conformidad con lo que establece el propio ordenamiento y los ordenamientos aplicables. También, las delegaciones ejercen autonomía de gestión, más no del ejercicio pleno de los recursos captados, observando las disposiciones legales y reglamentarias, y pueden sin duda, realizar trasferencias presupuestarias que no afecten programas prioritarios, informando únicamente del ejercicio de esta atribución al jefe de gobierno en forma trimestral.

Sin duda, son muchas las demandas que se requiere satisfacer en la Ciudad de México, empero, si no existe una real reforma administrativa financiera en la ciudad, las delegaciones quedan limitadas en facultades que les impiden el pleno ejercicio de gestión y de calidad en los servicios que prestan a la ciudadanía.

Son muchas las tareas que cada una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal deben realizar, sin embargo, si no se les faculta a éstas de la posibilidad de generar recursos y manejar sus ingresos, seguirán dependiendo del presupuesto que el gobierno central ``considere'' necesario para la realización de sus objetivos.

Esta reforma inspira la imperiosa necesidad de la autonomía financiera de las delegaciones, sin embargo consideramos que aunque todavía falten acuerdos para una reforma política integral en la entidad, es necesario que desde esta tribuna se realicen esfuerzos por comenzar la descentralización de los impuestos en el Distrito Federal.

Asimismo uno de los impuestos que más genera ingresos es el correspondiente al impuesto predial, definido en el Capítulo II del Código Financiero del Distrito Federal, el predial conforme el artículo 148 del citado ordenamiento, es el impuesto al cual están obligados las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.

Para ejemplificar la importancia de este impuesto para las finanzas públicas, se tiene que en el ejercicio fiscal 2006 el Gobierno del Distrito Federal contempló que percibiría de los ingresos provenientes por el concepto de impuesto predial una cantidad estimada de 7 mil 170 millones 606 mil 588 pesos, lo que demuestra que este impuesto es uno de los más importantes ingresos en las arcas del gobierno de la ciudad, y sería justo que las delegaciones con el objeto de que eficienten los servicios que presta, además de que incrementaría la productividad, puedan ejercer de manera exclusiva el ingreso captado por este impuesto.

Por ello, la presente iniciativa propone la captación de recursos a través del impuesto predial a las delegaciones políticas, otorgando a su titular la posibilidad de actuar en nombre de la institución a su cargo, según las necesidades de ésta y las de aquellas personas que viven dentro de la demarcación.

La insuficiencia sistemática de recursos y, simultáneamente, la diversificación de necesidades y problemas sociales por resolver dentro de una delegación, someten a los gobiernos y sus respectivas administraciones a crecientes presiones financieras. Por ello, es que se debe tener presente, que si la recaudación de impuestos es una actividad que se lleva a cabo para poder satisfacer las necesidades sociales del mismo así como cumplir sus fines; es necesario llevar a cabo esa actividad dentro de un régimen o marco jurídico que sea justo y que regule las relaciones tributarias entre los estados y sus particulares y que a la vez otorgue beneficios a la comunidad directamente responsable del pago del impuesto, en este caso del impuesto predial.

Por las consideraciones expuestas, es que los abajo firmantes sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Único. Se adiciona la fracción II al párrafo tercero del artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 117.- ...

I ...

II. Percibir las contribuciones que establezca el Gobierno del Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora. Así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

III a XI. ...

Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Esta Presidencia da la bienvenida y un cordial saludo a los alumnos y alumnas de la Universidad de León, Guanajuato, que nos honran con su presencia.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señora Presidenta. En virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.

Ante el agotamiento del modelo agroexportador de crecimiento, el Estado transformó el lugar que ocupaba Pemex en el régimen de acumulación: de ser fundamentalmente un proveedor seguro de energía, Pemex se convirtió en la principal fuente de recursos fiscales.

La consecuencia ha sido una disminución dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, descapitalización de Pemex, un enorme endeudamiento y la disminución de su capacidad de inversión productiva. México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas.

Las finanzas de Pemex se debilitan cada día más, al punto que sus pasivos han llegado a superar el valor de sus activos. El rumbo que puede tomar Pemex en el futuro depende en buena medida de la naturaleza y orientación de los cambios que se introduzcan en el régimen fiscal, pues la normatividad jurídica en general y la fiscal muy en particular son mucho más que simples ordenamientos legales. Ellas reflejan el papel que el Estado confiere al sector petrolero en el modelo de desarrollo económico.

El objetivo de cualquier régimen fiscal petrolero debe ser extraer la renta económica que le corresponde a la nación, en tanto que propietaria de los hidrocarburos, pero dejando a Petróleos Mexicanos ingresos suficientes para garantizar los aspectos siguientes:

Viabilidad financiera de Pemex y de cada una de sus empresas subsidiarias; aprovechamiento racional de los yacimientos que ya están produciendo y de los que serán puestos en explotación, considerando una complejidad geológica creciente; la inversión en exploración suficiente no sólo para reemplazar las cantidades extraídas sino para incrementar las reservas probadas, probables y posibles; la remuneración del capital invertido; los incentivos necesarios para impulsar los métodos de recuperación mejorada, incrementar la explotación de gas natural y permitir la explotación de yacimientos de costos elevados; y las condiciones para fortalecer la investigación, el desarrollo industrial y tecnológico que permita reproducir la renta petrolera en el mediano y largo plazo.

Un régimen fiscal menos oneroso para Pemex y sus organismos subsidiarios debe buscar que los nuevos recursos disponibles sean reinvertidos en el mismo organismo y hacer más precisa la planeación multianual, así como mejorar la gestión de los recursos humanos y financieros y, en general, de todos los instrumentos que propicien una mayor productividad de la empresa.

A partir en gran medida de este tipo de consideraciones, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Energía de la pasada legislatura, de todas las fracciones parlamentarias, participaron activamente durante meses en la elaboración de una propuesta de reforma del régimen fiscal de nuestra industria petrolera.

Tras un arduo trabajo conjunto se logró presentar al Pleno una primera iniciativa para reformar diversas disposiciones del Capítulo Doce del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, las que en conjunto delineaban un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos. El objetivo fue dar un primer paso para restituirle a Pemex su vocación industrial aliviando en algo una pesada carga fiscal, que con el régimen vigente hasta el año 2005 representaba 105 por ciento de su flujo neto de efectivo.

Aprobada prácticamente por unanimidad, la minuta correspondiente fue enviada al Senado, donde también obtuvo un respaldo casi unánime. Sin embargo, el Presidente de la República vetó la reforma aprobada por el Congreso y envió sus observaciones a la Cámara de Diputados.

Finalmente, tras arduas negociaciones, el Congreso adoptó el dictamen, con el que se superaron de nueva cuenta casi por unanimidad las observaciones hechas por el Presidente de la República, y el nuevo régimen fiscal de Pemex pudo entrar en vigor el presente año.

Desafortunadamente, la complejidad e intensidad de la negociación realizada con una gran variedad de actores políticos al seno del Estado mexicano dieron como resultado que la reforma quedara trunca o no fuera del todo coherente en valiosos aspectos. Precisamente son los que intentamos corregir en la presente iniciativa.

El objetivo fundamental es que nuestra empresa cuente con un régimen fiscal coherente y menos agobiante. En este sentido, las modificaciones específicas que se presentan en la iniciativa estructuran seis aspectos que nos parece impostergable precisar en el régimen fiscal de Pemex en vigor. Para concretar los avances logrados en el tema de la legislatura pasada podemos señalar los aspectos siguientes:

Uno. Llevar a cabo una revisión del costo fiscal de producción del gas y el petróleo a más tardar en el año 2010, dado que el costo de producción se irá incrementando conforme lo haga la complejidad geológica de los nuevos yacimientos.

Dos. Modificar el piso para el pago del derecho para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Este derecho debe pagarse a partir del precio establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no como lo indica la ley actualmente, a partir de 22 dólares, independientemente del precio de referencia para el Presupuesto.

Tres. Incrementar la aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo. Nadie puede dudar que la inversión en investigación y desarrollo tecnológico es un elemento imprescindible para el fortalecimiento de la industria. Actualmente, la aportación al instituto está fijada a .05 por ciento del valor de la producción. Nosotros proponemos que sea el doble, es decir, 0.1 por ciento.

Cuatro. Realizar ajustes de técnica contable a fin de que no queden ambigüedades que puedan ser utilizadas por la Secretaría de Hacienda para elevar los montos de los derechos que debe enterar Pemex al fisco.

Cinco. Eliminar la obligación de Petróleos Mexicanos de producir un mínimo de barriles por año, ya que ello estimula la explotación irracional de los yacimientos.

Seis. Abrir la posibilidad de que los proyectos menos rentables como los de aguas profundas o el de Chicontepec puedan contar con un marco fiscal más flexible a fin de propiciar mayor recuperación de los hidrocarburos.

En síntesis, de lo que se trata es de dotar a nuestra industria petrolera de un marco normativo que permita clarificar la naturaleza y monto de sus contribuciones fiscales, abrirle la puerta para una mayor autonomía y flexibilidad de gestión, así como facilitar el diseño de una adecuada política de planeación, inversión y desarrollo, fortaleciendo al mismo tiempo la investigación e innovación tecnológica nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señora Presidenta, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el contenido del artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII, Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos. La presente iniciativa se presenta con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

La naturaleza de las relaciones monetarias entre el Estado y los sectores económicos, depende del volumen y destino del gasto público, así como del lugar conferido a las finanzas privadas. Si el financiamiento privado compite con las finanzas públicas, terminará por ocupar un lugar muy importante en la regulación y desarrollo del sector en cuestión y la deuda será el instrumento privilegiado de financiamiento de un déficit creciente. Por el contrario, si el financiamiento privado no logra imponerse como intermediario obligado entre el Estado y el sector productivo, la limitante financiera sobre el régimen monetario se debilita a favor de una limitante social, de tal suerte que la política sectorial se encuentra más ligada a un acuerdo institucionalizado a través de las diversas instancias de mediación política.

En el caso de México, la relación del Estado con el sector petrolero ha ido abriendo mayores espacios al financiamiento privado, particularmente vía Pidiregas, ya que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados como un substituto no conflictivo de una reforma fiscal progresiva. Las mayores beneficiadas han sido las grandes empresas que resultan gravadas en una proporción muy inferior al promedio que enteran entes similares al fisco en los países miembros de la OCDE. De hecho, ante el agotamiento del modelo agroexportador de crecimiento, el Estado transformó el lugar que ocupaba Pemex en el régimen de acumulación. De ser fundamentalmente un proveedor seguro de energía, Pemex se convirtió en la principal fuente de recursos fiscales.

El resultado ha sido una disminución dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de Pemex, un enorme endeudamiento y la consecuente disminución de su capacidad de inversión productiva. México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas. Las finanzas de Pemex se deterioran cada día más, al punto que sus pasivos superan ya al valor de sus activos.

Es claro entonces, que el rumbo que pueda tomar Pemex en el futuro, depende en buena medida de la naturaleza y orientación de los cambios que se introduzcan en su régimen fiscal; puesto que la normatividad jurídica en general, y la fiscal muy en particular, son mucho más que simples ordenamientos legales: ellas reflejan el papel que el Estado le confiere al sector petrolero en el modelo de desarrollo económico.

El objetivo de cualquier régimen fiscal petrolero debe ser extraer la renta económica que le corresponde a la nación en tanto que propietaria de los hidrocarburos; pero dejando a Petróleos Mexicanos ingresos suficientes para garantizar:

La viabilidad financiera de Pemex y de cada una de sus empresas subsidiarias.

El aprovechamiento racional de los yacimientos que ya están produciendo y de los que serán puestos en explotación, considerando una complejidad geológica creciente.

La inversión en exploración suficiente no sólo para remplazar las cantidades extraídas; sino para incrementar las reservas probadas, probables y posibles.

La remuneración del capital invertido.

Los incentivos necesarios para impulsar los métodos de recuperación mejorada, incrementar la explotación de gas natural y permitir la explotación de yacimientos de costos elevados (petróleo pesado, yacimientos marginales, aguas profundas).

Las condiciones para fortalecer la investigación, el desarrollo industrial y tecnológico que permita reproducir la renta petrolera en el mediano y largo plazos.

Por otro lado, deben abandonarse los criterios estrictamente microeconómicos de evaluación de proyectos pues precisamente, es en la integración vertical de la industria y, en consecuencia, en la valoración mesoeconómica y aún macroeconómica del desarrollo industrial, donde se encuentran las claves de una adecuada evaluación y prospectiva del sector. De lo contrario, los segmentos de refinación y petroquímica seguirán languideciendo puesto que las tasas internas de retorno en esa parte de la cadena son inferiores a las que se obtienen en exploración y producción.

Asimismo, un régimen fiscal menos oneroso para Pemex y sus organismos subsidiarios, debe buscar que los nuevos recursos disponibles sean reinvertidos en el mismo organismo y hacer más precisa la planeación multianual; así como mejorar la gestión de los recursos humanos y financieros y, en general, de todos los instrumentos que propicien una mayor productividad de la empresa. Entre ellos está la revisión de la política de precios interorganismos, basada hoy en día en los precios internacionales, a efecto de sentar las bases de una nueva política de precios internos que aproveche las sinergias que puedan aportar una nueva relación económica e industrial entre las subsidiarias de Pemex.

A partir en gran medida de ese tipo de consideraciones, los diputados miembros de la Comisión de Energía de la LIX Legislatura, de todas las fracciones parlamentarias, participaron activamente durante meses en la elaboración de una propuesta de reforma al régimen fiscal de nuestra industria petrolera. Tras un arduo trabajo conjunto, se logró presentar al pleno una primera iniciativa para reformar diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, las que en conjunto delineaban un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos. El objetivo fue dar un primer paso para restituirle a Pemex su vocación industrial, aliviando en algo una pesada carga fiscal que, con el régimen vigente hasta 2005, representaba el 105 % de su flujo neto de efectivo.

Aprobada prácticamente por unanimidad, la minuta correspondiente fue enviada al Senado, donde también obtuvo un respaldo casi unánime. Sin embargo, la Presidencia de la República vetó la reforma aprobada por el Congreso y envió sus observaciones a la Cámara de Diputados. Finalmente y tras arduas negociaciones, el Congreso adoptó el dictamen con el que se superaron, de nueva cuenta casi por unanimidad, las observaciones hechas por el Presidente de la República y el nuevo régimen fiscal de Pemex pudo entrar en vigor el presente año.

Desafortunadamente, la complejidad e intensidad de la negociación, realizada con una gran variedad de actores políticos al seno del Estado mexicano, dieron como resultado que la reforma quedara trunca o no fuera del todo coherente en varios aspectos, que son los que intentamos corregir con la presente iniciativa. El objetivo fundamental es que nuestra empresa cuente, como un primer pero significativo paso hacia su pleno desarrollo industrial; con un régimen fiscal coherente y menos agobiante.

En ese sentido, las modificaciones específicas que se presentan en la presente iniciativa, estructuran seis aspectos que nos parece impostergable precisar en el régimen fiscal de Pemex en vigor, para concretar los avances logrados en el tema en la Legislatura pasada. Estos aspectos son:

1. Llevar a cabo una revisión del costo fiscal de producción del gas y el petróleo, a más tardar en el año 2010, dado que el costo de producción se irá incrementando conforme lo haga la complejidad geológica de los nuevos yacimientos.

2. Modificar el ``piso'' para el pago del derecho para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Este derecho debe pagarse a partir del precio establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no, como lo indica la ley actualmente, a partir de 22 dólares, independientemente del precio de referencia para el presupuesto.

3. Incrementar la aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo. Nadie puede dudar que la inversión en investigación y desarrollo tecnológico es un elemento imprescindible para el fortalecimiento de la industria. Actualmente la aportación al IMP está fijada al .05% del valor de la producción. Nosotros proponemos que sea el doble, es decir, 0.1%.

4. Realizar ajustes de técnica contable a fin de que no queden ambigüedades que puedan ser utilizadas por la Secretaría de Hacienda para elevar artificiosamente los montos de los derechos que debe enterar Pemex al fisco.

5. Eliminar la obligación de Petróleos Mexicanos de producir un mínimo de barriles por año, ya que ello estimula la explotación irracional de los yacimientos.

6. Abrir la posibilidad de que los proyectos menos rentables, como los de aguas profundas o el de Chicontepec, puedan contar con un marco fiscal más flexible, a fin de propiciar una mayor recuperación de hidrocarburos.

En síntesis, de lo que se trata es de dotar a nuestra industria petrolera de un marco normativo que permita clarificar la naturaleza y monto de sus contribuciones fiscales, abrirle la puerta para una mayor autonomía y flexibilidad de gestión; así como facilitarle el diseño de una adecuada política de planeación, inversión y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo XII, Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos, en materia del régimen fiscal de Pemex.

Artículo Primero.- Se reforman el párrafo tercero y las fracciones I y IV; y se le adiciona una fracción IX al artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 254. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 79% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas, en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.

Para la determinación de la base de este derecho, serán deducibles los siguientes conceptos:

I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en el que se efectúen, dándosele a éste último el tratamiento a que se refiere la fracción IV de este artículo;

II. El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio;

III. El 5% del monto original de las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento, en cada ejercicio;

IV. Los costos, considerándose para tales efectos las erogaciones necesarias para la explotación de los yacimientos de petróleo crudo o gas natural determinados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo. Los únicos gastos que se podrán deducir serán los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos. Los costos y gastos se deducirán cuando hayan sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el pago;

V. El derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo efectivamente pagado y la diferencia que efectivamente se pague por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización una vez realizado el acreditamiento a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 257 de esta ley. En el caso de que la deducción por estos conceptos sea menor a la determinada en el trimestre inmediato anterior, la diferencia resultante se restará del monto a que ascienda el valor de las demás deducciones que señala este artículo;

VI. El derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía al que se refiere el artículo 254 Bis de esta ley;

VII. El derecho para la fiscalización petrolera al que se refiere el artículo 254 Ter de esta ley, y

VIII. Un monto adicional de 0.50 dólares de los Estados Unidos de América por cada millar de pie cúbico de gas natural no asociado extraído, adicional al volumen de extracción que se registre para 2006.

IX.- Un monto adicional por cada barril de petróleo crudo equivalente tratándose de proyectos de intensa inversión en desarrollo y explotación de yacimientos; así como en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento necesarias para la producción de hidrocarburos. Dichos proyectos y la deducción adicional serán propuestos por Pemex Exploración y Producción, a través de Petróleos Mexicanos y, en su caso, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, comprenderá además del precio de las mismas, únicamente las contribuciones al comercio exterior efectivamente pagados con motivo de tales inversiones.

...

...

...

Artículo Segundo.- Se reforma el primer párrafo del artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 254 Bis. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa de 0.1 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor anual de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

...

...

...

...

Artículo Tercero.- Se reforman las fracciones II y VI del artículo 255 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 255.A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 254, se harán pagos provisionales mensuales, aplicando la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 254 al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los siguientes conceptos:

I. Los costos, gastos y la parte proporcional de las inversiones correspondientes al mismo periodo, sin que excedan de los montos máximos a que se refiere el artículo 254;

II. La parte proporcional del monto deducible de la inversión, que se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos en los que el bien o bienes objeto de la inversión hayan sido utilizados o se hayan realizado las erogaciones para la adquisición de las mismas por Pemex Exploración y Producción respecto de doce meses, en la proporción que el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del periodo al que corresponda el pago, representen en el total de meses comprendidos en el año;

III. El derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo efectivamente pagado, así como la diferencia que efectivamente se pague por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización una vez realizado el acreditamiento a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 257 de esta ley, en el periodo de que se trate;

IV. El derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el artículo 254 Bis;

V. El derecho para la fiscalización petrolera a que se refiere el artículo 254 Ter, y

VI. La deducción a que se refieren las fracciones VIII y IX del artículo 254.

...

...

...

Artículo Cuarto.- Se reforma el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 256. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, cuando en el año el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado exceda el valor en dólares de los Estados Unidos de América, estimado en la Ley de Ingresos que corresponda, conforme a la siguiente tabla:

Donde PELIF es el precio estimado en la Ley de Ingresos del año que corresponda. Cuando el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo exportado se ubique dentro de los rangos establecidos en la tabla anterior, se aplicará el por ciento que corresponda al valor anual del petróleo crudo extraído en el año, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PEMEX Exploración y Producción. El valor anual de este producto se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

...

...

...

...

...

Artículo Quinto.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 257 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 257. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo conforme a lo siguiente:

Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exceda del precio considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, el derecho se calculará aplicando la tasa de 13.1 % sobre el valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por el volumen total de exportación acumulado de petróleo crudo mexicano en el mismo ejercicio.

La valuación de las ventas de exportación en pesos mexicanos, se hará conforme a lo señalado en el artículo 56 de la Ley Aduanera.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo Sexto.- Se reforman las fracciones I y II; y se le adiciona un párrafo tercero al artículo 258 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 258. Para los efectos de los artículos a que se refiere este Capítulo, se considerará:

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo extraído. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio promedio ponderado de enajenación por barril de petróleo crudo, en el periodo de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. En el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo por la calidad del petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que contenga;

II. Como valor del gas natural extraído, el precio promedio que en el periodo que corresponda haya tenido la unidad térmica BTU (British Thermal Unit) de gas natural enajenado por el propio contribuyente, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho, y

III. Como efectivamente pagado la suma de los montos que Pemex Exploración y Producción aplicó para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras contribuciones.

Los derechos se deberán pagar sobre la totalidad del petróleo crudo y gas natural extraídos en el periodo, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos.

Para los efectos de este Capítulo, se entenderá como gas natural producido, al gas natural extraído menos el gas utilizado para bombeo neumático; menos el gas usado en operación; menos el gas de quema permitido.

Artículo Séptimo.- Se reforman los párrafos tercero y cuarto; se adiciona un párrafo quinto, con fracciones I y II; así como un párrafo sexto; al artículo tercero transitorio de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año 2005; recorriéndose el subsiguiente a párrafo sexto; para quedar como sigue:

Artículo tercero. A partir de la entrada en vigor de este decreto y hasta el año de 2009, el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se calculará aplicando la tasa que corresponda, según el año y rango en el que se ubique el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exportado, de acuerdo con la siguiente tabla:

Los pagos provisionales a cuenta de este derecho, establecidos en el artículo 255 de esta Ley, se calcularán aplicando las tasas de la tabla anterior, según el año y rango en el que se ubique el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano exportado.

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI, VII y IX del artículo 254, no excederá el precio de 6.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente al volumen total del mismo en el año de que se trate.

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el gas natural no asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI, VII, VIII y IXdel artículo 254, no excederá el precio de 2.7 dólares de los Estados Unidos de América por cada mil pies cúbicos de gas natural al volumen de gas natural neto en el año de que se trate.

Para efectos de determinar el límite de las deducciones a que se refieren el tercero y cuarto párrafos de este artículo, se considerará la suma de:

I. El producto de la extracción de crudo y gas asociado multiplicada por el precio de 6.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente, mas

II. El producto de la extracción de gas natural no asociado multiplicada por el precio de 2.70 dólares de los Estados Unidos de América por cada mil pies cúbicos.

El resultado de la suma anterior se comparará con la suma de las deducciones de crudo y gas natural que señalan las fracciones I, II, III y IV del artículo 254. La deducción a aplicar en el periodo de que se trate corresponderá al monto menor.

...

...

Artículo Octavo.- Se adiciona una fracción II al artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año 2005, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto.- Para los efectos del presente decreto se estará a lo siguiente:

I. Durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009, aplicarán las siguientes disposiciones: 1. Petróleos Mexicanos elaborará un informe sobre los resultados de la aplicación del régimen contenido en el presente decreto respecto a la deducción de los costos, gastos e inversiones relacionados con el petróleo crudo y gas extraídos, así como sobre los resultados del programa de racionalización de costos a que se refiere el artículo tercero transitorio.

Dicho informe deberá ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el último día hábil del mes de junio del año siguiente del término del ejercicio, para que ésta a su vez lo envíe a la Cámara de Diputados acompañado con las observaciones que en su caso correspondan antes del último día hábil de julio del mismo año.

2. Al revisar la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación deberá presentar un informe especial en el que emitirá sus observaciones y recomendaciones sobre la aplicación del régimen contenido en el presente decreto.

II. Los límites a las deducciones de costos y el programa de racionalización de costos establecidos en el artículo transitorio anterior, dejarán de aplicar en el año 2010, en caso de cumplirse las metas establecidas por Pemex y avaladas por la SHCP para el programa de racionalización de costos.

Artículo Noveno.- Se deroga la fracción II y se reforman las fracciones I, III y IV del artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año 2005, para quedar como sigue:

Artículo Quinto. Para los efectos de este decreto, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. Durante el ejercicio de 2007, Pemex Exploración y Producción deberá presentar las declaraciones correspondientes a los pagos provisionales señalados en el artículo 255 de esta Ley, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquel al que corresponda el pago;

II. Se deroga

III. Los costos y gastos a que se refieren los artículos 254 y 255 de esta Ley, realizados con anterioridad al primero de enero de 2006, no serán deducibles, aún cuando efectivamente se eroguen a partir de dicha fecha, y

IV. Se podrá deducir el valor remanente de las inversiones realizadas con anterioridad al primero de enero de 2006, determinado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, conforme a lo señalado en el capítulo de las Inversiones establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La depreciación que se deduzca por este concepto queda comprendida dentro de los límites de las deducciones a que se refiere el artículo Tercero transitorio de este decreto y se deducirán conforme a lo establecido en el mismo artículo.

Artículo Décimo.- Se deroga el artículo Sexto transitorio de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año 2005, para quedar como sigue:

Artículo Sexto. Se deroga.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil siete.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se encuentran en este salón de sesiones los integrantes del Grupo de Amistad Finlandia-México, del Parlamento finlandés, encabezada por su Presidente, el diputado Kauko Juhantalo, así como el diputado Klaus Hellberg, la diputada Anne Huotari, el diputado Kalevi Lamminen, y la diputada Aila Paloniemi, a quienes acompaña el excelentísimo señor Ilkka Heiskanen, embajador de Finlandia en México. Sean ustedes bienvenidos a la casa del pueblo mexicano y les deseamos el mejor de los éxitos durante su estancia en nuestro país, que los acoge con muchísimo afecto. Gracias por su visita.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

«Iniiciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional

Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el distrito de Ahome, Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad nacional es una cuestión que no puede ser vista superficialmente o de forma aislada, menos cuando ocurren diversos actos violentos que vulneran la paz y la seguridad de la nación. Los acontecimientos del pasado lunes seis de noviembre, con los que se atento contra el patrimonio de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas mi partido, el Revolucionario Institucional, son una muestra poco cuestionable de que los órganos de inteligencia encargados de la seguridad nacional han sido superados sin dificultad alguna.

En diversas ocasiones, desde esta tribuna, se han buscado soluciones a los problemas relacionados con la seguridad nacional, pues entendemos ésta como un elemento que tiene relación directa con los principios rectores de la vida democrática en cualquier Estado moderno.

Para ello, desde el 13 de diciembre del 2002 la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión en materia de seguridad nacional y para que el propio titular del Poder Ejecutivo federal pudiera garantizar que esta actividad no vulnerase los derechos de los gobernados. Dicha reforma fue aprobada en la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2003 y publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de abril de 2004.

Durante la sesión de Pleno de la Cámara de Senadores del 30 de octubre del 2003 se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional, que fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos. El 15 de abril de 2004 la Cámara de Senadores aprobaría el dictamen presentado, remitiéndose a la Cámara de Diputados.

El estudio de la minuta se realizaría durante los meses de octubre a noviembre de 2004 en las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos de este órgano legislativo, para finalmente publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.

La llamada Ley de Seguridad Nacional, vigente a partir del primero de febrero de 2005, busca ser un instrumento para regular de manera clara y eficaz los tópicos relacionados con la seguridad nacional, al sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de su preservación, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán en dicha tarea.

El legislador originario comprendió lo trascendental de la participación del Congreso en esta materia y creó lo que la doctrina llama en el derecho parlamentario comparado ``comisiones permanentes creadas por una disposición legal'', es decir, órganos de trabajo legislativo que tienen su origen en una ley ajena al marco normativo que regula la organización y funcionamiento internos del Congreso.

Adicionalmente a su particular origen, encontramos que tal comisión es de tipo ``bicamaral'', es decir, compuesta tanto por diputados como por senadores, siendo su presidencia rotativa.

Para el 26 de diciembre de 2005 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 56 de la multicitada ley, para definir la ``rotatividad'' de la presidencia de la comisión bicamaral. Esta reforma impuso al Congreso General, en su artículo segundo transitorio, la obligación de reformar su ley orgánica para regular las atribuciones necesarias para el buen desempeño de la comisión bicamaral. El precepto señala:

``Artículo Segundo Transitorio.Al entrar en vigor el presente decreto y para los efectos del segundo párrafo del artículo 56 de este decreto de reformas, en un plazo de un año deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para contar con las atribuciones necesarias para el mejor desempeño de la comisión bicamaral.''

La intención del legislador fue generar un conjunto de normas para la organización y funcionamiento internos de la comisión bicamaral, tomando como base las características de su presidencia rotativa, es decir, regular las atribuciones de quien la presida y, en consecuencia, conformar la integración de su mesa directiva, definir el número de integrantes, precisar el tipo y número de reuniones y lo relacionado con el personal de apoyo técnico.

No debemos perder de vista que el plazo fijado a esta soberanía para incorporar las reformas y adiciones a su ley orgánica está por llegar a su fin el próximo mes de diciembre, por lo que la presente iniciativa busca dar cumplimiento al mandato legal que la anterior legislatura fijó en la norma, tomando en cuenta que la seguridad nacional es un tema que merece la atención inmediata y directa de quienes integramos esta asamblea representativa.

La técnica legislativa sugiere para estos casos la creación de un apartado específico en la ley por modificar, que desarrolle de forma precisa los supuestos propios del hecho o acto motivo de la reforma; por ello, proponemos con esta iniciativa la adición de un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que contendrá específicamente las atribuciones necesarias para el buen desempeño de la comisión bicamaral.

El nuevo Título Sexto definirá puntualmente el plazo para la instalación de la comisión bicamaral, su número de integrantes y el de su mesa directiva, el método para integrar ambas, el periodo de duración de la presidencia rotativa, las facultades que tendrá el legislador que la presida, el tipo de reuniones a celebrar, así como el apoyo de las áreas administrativas para su buen funcionamiento.

En cuanto a nuestra propuesta de reforma al primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, ésta deriva de la necesidad de reflejar la pluralidad existente en nuestro Congreso. La importancia de las actividades que realiza la comisión bicamaral no puede estar limitada taxativamente a un número fijo de integrantes. Por ello consideramos que dicho artículo debe contemplar la representatividad y pluralidad existente en las Cámaras.

Podemos decir que este ejercicio de fijar un número determinado de integrantes en la norma no es benéfico para un órgano representativo que se encuentra constantemente en cambio. La norma jurídica no debe ser particular y específica, por el contrario, sus propiedades son la abstracción y la generalidad. En consecuencia, consideramos necesario que el artículo tenga la flexibilidad necesaria para regular los diversos casos originados por la propia dinámica de nuestro estado democrático.

La propuesta de nuestra iniciativa busca incorporar a la norma la utilización de dos principios del derecho parlamentario: la ``pluralidad'', representada en las Cámaras, y la ``proporcionalidad'', en el número de integrantes por fuerza política, remitiendo la forma de su integración a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

Artículo Primero. Se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título Sexto Del Control y la Evaluación las Políticas y Acciones Vinculadas con la Seguridad Nacional

Artículo 136.Para el control y la evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional, el Congreso de la Unión contará con una comisión bicamaral que tendrá las atribuciones que le confiera la Ley de Seguridad Nacional.

Artículo 137. La Junta de Coordinación Política de cada Cámara propondrá ante el Pleno la designación de los legisladores que integrarán la comisión bicamaral, con el señalamiento de quienes se desempeñaran como presidente y secretarios de su mesa directiva.

Artículo 138.La comisión bicamaral deberá instalarse dentro de los quince días posteriores a la aprobación del acuerdo que emita la Junta de Coordinación Política de cada Cámara para el nombramiento de los legisladores que la integrarán.

Artículo 139.La comisión bicamaral se integrará por un mínimo de tres senadores y tres diputados y un máximo de diez senadores y diez diputados, tomando en cuenta los principios de pluralidad y proporcionalidad que rigen a las comisiones ordinarias.

Artículo 140. Para la integración de la mesa directiva de la comisión bicamaral la Junta de Coordinación Política de cada Cámara tomará en cuenta la representatividad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios existentes.

Artículo 141. El presidente de la comisión bicamaral durará un año legislativo en su encargo.

Artículo 142.Son facultades del presidente de la comisión bicamaral:

a) Enviar su programa anual de trabajo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política;

b) Convocar a reuniones de pleno de la comisión bicamaral y de la mesa directiva por lo menos una vez al mes;

c) Remitir un informe anual de actividades a la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras que integran el Congreso de la Unión, el cual contendrá un dictamen relativo al control y la evaluación las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional y los acuerdos generados en las reuniones con el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional;

d) Citar al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y demás autoridades relacionadas con el tema o la problemática a evaluar; y

e) Coadyuvar con el Consejo de Seguridad Nacional en la generación de proyectos de iniciativas de ley o decreto que permitan la realización de acciones destinadas a preservar de manera inmediata y directa la estabilidad del Estado mexicano.

Artículo 143. Las reuniones de la comisión bicamaral serán privadas, salvo en aquellos casos que los integrantes de la mesa directiva aprueben lo contrario. El uso indebido de la información que se genere se sancionará de conformidad con las leyes aplicables.

Artículo 144. La Secretaría de Servicios Administrativos de cada Cámara proporcionará los recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento de la comisión bicamaral de acuerdo con la solicitud que realice el presidente en turno.

Artículo Segundo.Se reforma el primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

``Artículo 56.Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo federal por conducto de una comisión bicamaral, la cual estará integrada por el número de senadores y diputados que señale la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Primero.Las adiciones y reformas contenidas en el presente decreto entrarán en vigor a partir del primer día de actividades del siguiente periodo ordinario de sesiones que corresponda, previa publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Junta de Coordinación Política de cada Cámara designará a los legisladores que integrarán la comisión bicamaral dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente decreto, tomando en cuenta la composición de la propia comisión al momento de la entrada en vigor.

Tercero.La Secretaría de Servicios Administrativos de cada Cámara tomará las medidas presupuestarias que se requieran para el cabal funcionamiento de la comisión bicamaral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación.

La siguiente iniciativa, agendada por el grupo parlamentario Nueva Alianza y que presentaría la diputada Silvia Luna Rodríguez, a petición del grupo parlamentario se pospone.

ARTICULOS 110, 111 Y 122 CONSTITUCIONALES - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Obdulio Ávila Mayo:Con la venia de la Presidencia, misma a la cual pido la inserción íntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates dado que, por economía parlamentaria y por la publicación de la propuesta normativa en la Gaceta, sólo daré cuenta de una síntesis en tribuna.

Sin duda, la consolidación de la democracia trae aparejada la ineludible rendición de cuentas, ya que los gobernantes, al ser electos libremente por la sociedad, llevan consigo la responsabilidad primaria de rendir cuentas en un marco de transparencia y objetividad sobre los gastos de su administración.

En este sentido, resulta necesario contar con instituciones sólidas y confiables, capaces de generar certidumbre y transparencia en el análisis del uso de dichos recursos, logrando que la ciudadanía tenga plena confianza sobre la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos.

La fiscalización que realiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deriva de las facultades conferidas constitucional y estatutariamente a la misma, que son el examen, discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Por lo anterior, tiene una posición inmejorable para investigar que los egresos que esta misma aprobó se sujeten al marco normativo y examinar los resultados de la gestión gubernamental desde la perspectiva de los propósitos, objetivos y metas establecidos por el Ejecutivo local, ante esa Asamblea Legislativa.

Desafortunadamente, los alcances de la Contaduría Mayor de Hacienda resultan incompatibles con el proceso democrático mexicano. El modelo imperante en la citada contaduría puede llegar a convertirse en instrumento mediante el cual el sistema legitime actos de corrupción en la administración pública del Distrito Federal.

Por ello, y atendiendo a la enseñanza práctica de que una institución no puede sobrevivir cuando sus procedimientos internos están encaminados a la impunidad, debe impulsarse un nuevo modelo que privilegie la apertura, la transparencia, el derecho a la información, el apartidismo, la prevalencia de la técnica y la responsabilidad en sus integrantes.

Por estas razones y ante los reclamos de una sociedad cada día más exigente, resulta impostergable reforzar la estructura legal que establece el manejo y control presupuestal del Distrito Federal.

El proyecto de iniciativa propone reformas de los artículos 122 constitucional, y 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con objeto de fortalecer el actual esquema y órgano de fiscalización de la capital federal dotándolo de mayores grados de autonomía, ampliando sus funciones sustantivas y cambiando su denominación. Con ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional confirma su ardua tarea por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos como un elemento primordial de la transición democrática del país, pues a mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor democratización y competitividad del régimen.

En efecto, las instituciones federales y locales encargadas de controlar el ejercicio de los recursos públicos deben consolidarse como los mecanismos óptimos, con la sociedad, para la transparencia de los actos de gobierno.

En este tenor, la presentación de esta iniciativa de reformas consiste en transformar la actual Contaduría Mayor de Hacienda en un órgano de fiscalización superior de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Asimismo, se pretende fortalecer los ámbitos de autonomía institucional, tanto técnica como de gestión financiera, ya que la autonomía es fundamental para conseguir la eficiencia y efectividad plena de los fiscalizadores.

La aprobación de la presente iniciativa redundará en el reordenamiento de las facultades del órgano técnico de fiscalización del Distrito Federal, que deben girar en torno a la revisión de la Cuenta Pública, en términos de los criterios previstos para el ámbito federal en el artículo 74 de nuestra Ley Suprema.

También se amplían los sujetos sobre los cuales contará con facultad fiscalizadora, de entre los cuales quedarán comprendidos los órganos del Gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos; los que se han transferido a los particulares; los partidos políticos inscritos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México; y los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier acto jurídico que ejerzan recursos públicos.

De igual manera, dentro del cuerpo de reformas se determina en el Estatuto de Gobierno la inamovilidad de los miembros de su órgano de dirección, estableciendo el mecanismo para su designación y remoción, así como la duración de sus cargos y con la finalidad de garantizarles certidumbre e inamovilidad en las funciones que deberán desempeñar, a los auditores superiores de fiscalización del Distrito Federal se les incorpora en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia previstos en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se establecen dentro de los artículos transitorios, las disposiciones y mecanismos necesarios para dotar de certeza legal la transición que necesariamente se da entre el órgano que desaparece y el que se pretende crear.

Al respecto, se prevé lo relativo a la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, la causahabiencia de los derechos y obligaciones, así como la resolución de trámites pendientes y un aspecto destacable como lo es la prohibición de que alguno de los auditores pueda ser nombrado para ocupar dicho cargo en el nuevo ente que se crea.

Es importante señalar en este sentido que el órgano responsable de la fiscalización interorgánica en la Ciudad de México debe ser objeto de un proceso de modernización y adecuación del marco jurídico en materia de fiscalización, en aras de que el cumplimiento de sus actividades se encuentre alejado de cualquier interés partidista, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y de transparencia que exige la sociedad. Es cuanto.

«Iniiciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de fortalecer el órgano de fiscalización de esta entidad federativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. En su mayoría, los estados republicanos consagran en sus regímenes constitucionales como eje toral que la función revisora de la hacienda pública corresponde al Poder Legislativo, el cual la ejecuta a través de una comisión o entidad de su Cámara de representantes.

En el caso específico de nuestro sistema jurídico, se establece que corresponde a la administración pública la organización y estructura de la Cuenta Pública, mientras que el Poder Legislativo tiene asignada la función de revisar, en nombre del pueblo, dicha cuenta, y constatar su legalidad.

2.De acuerdo con Camargo1 existen dos especies de control que se ejercen entre los órganos de gobierno: los externos y los internos, y es dentro de la primera clasificación donde se ubica la actividad de la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, ya que pertenece a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En este tenor, se reconoce que la fiscalización realizada por la Asamblea Legislativa deriva de las facultades conferidas constitucional y estatutariamente a la misma, que son: el examen, discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, por lo que tiene una posición inmejorable para inspeccionar que los egresos que ésta misma aprobó se sujeten al marco normativo, y examinar los resultados de la gestión gubernamental desde la perspectiva de los propósitos, objetivos y metas establecidos por el ejecutivo local ante la Asamblea.

3.El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional confirma su ardua tarea por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, como un elemento primordial de la transición democrática del país, pues a mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor democratización y competitividad del régimen.

En este orden de ideas, las instituciones federales y locales encargadas de controlar el ejercicio público deben consolidarse como los mecanismos óptimos, conjuntamente con la sociedad, para la transparencia de los actos del gobierno.

4.-Actualmente, los alcances de la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal resultan incompatibles con el proceso democrático mexicano. El modelo imperante en la citada contaduría puede llegar a convertirse en instrumento mediante el cual el sistema legitime actos de corrupción en la administración pública del Distrito Federal.

Debemos atender a la enseñanza práctica de que una institución no puede sobrevivir cuando sus procedimientos internos están encaminados a la impunidad. Por consiguiente, debe impulsarse un nuevo modelo que privilegie la apertura, la transparencia y el derecho a la información, la apoliticidad y la prevalencia de la técnica y la responsabilidad de sus integrantes.

Por estas razones y ante los reclamos de una sociedad cada día más exigente resulta impostergable reforzar la estructura legal que establece el manejo y control presupuestal en el Distrito Federal.

5. Para la preparación de la presente propuesta de reformas también se consideraron las opiniones que la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por su nombre en inglés abreviado) ha vertido respecto de los principios y tendencias a que deben sujetarse las entidades en materia de fiscalización2

Primero, la función fiscalizadora debe efectuarse con una escrupulosa autonomía técnica, operativa y financiera.

Segundo, las entidades fiscalizadoras deben buscar, en el desarrollo de sus trabajos y en la presentación de sus resultados, la pulcritud técnica y metodológica al margen de políticas partidistas e ideológicas. Las entidades fiscalizadoras han venido adquiriendo una conciencia creciente de la importancia que deben salvaguardar los resultados de las auditorías para evitar su politización, y, por tanto, su posterior manipulación.

Tercero, la adecuada difusión pública de los resultados de la fiscalización, por conducto de los parlamentos o congresos y, en muchos casos, mediante informes de las propias entidades fiscalizadoras a la opinión pública.

6. El espíritu de la presente iniciativa es transformar a la Contaduría Mayor de Hacienda en un órgano de fiscalización superior de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, se pretende fortalecer los ámbitos de autonomía institucional, tanto técnica como de gestión financiera, ya que la autonomía es fundamental para conseguir la eficacia y efectividad plena de los órganos fiscalizadores.

La autonomía de gestión consistirá en dotar de facultades suficientes para decidir sus programas de auditoría, maniatadas actualmente por el órgano legislativo. Por otra parte, la autonomía presupuestaria supondrá el manejo de ingresos y de egresos de manera independiente para evitar la coacción política al órgano fiscalizador.

Al efecto, debe recordarse que la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Contaduría Federal de 1978 establecía el carácter técnico del órgano para encontrarse situado ``al margen de la política partidista'', a fin de garantizar su respeto.

En este sentido, la iniciativa que hoy se pone a consideración de esta representación pretende, por una parte, dotar al órgano de fiscalización superior de autonomía técnica, que le permita participar en proyectos para normar el control de los procesos de gestión de la administración pública del Distrito Federal y planear y ejecutar auditorías sin atender a presiones de grupos o personas con ciertos fines partidistas, políticos y económicos. Por otra parte, se le dotará de autonomía de gestión financiera para administrar su patrimonio, y ejercer su presupuesto con base en las estrategias y prioridades que éste mismo defina.

Además, habría que considerar que la prudencia sugiere adoptar un esquema de transición gradualista, por lo que, en esta tesitura, se estima conveniente transitar del modelo parcial e ineficiente de la actual Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal hacia el esquema implantado en el ámbito federal, que ha mostrado grados de autonomía y profesionalismo en sus labores.

A la luz de lo hasta ahora señalado, se estima conveniente que la entidad de carácter técnico encargada de llevar a cabo la revisión y la fiscalización mantenga una vinculación con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sin embargo, debe remarcarse que dicha pertenencia no debe implicar, en modo alguno, dependencia o subordinación del órgano de fiscalización respecto de la Asamblea Legislativa; por el contrario, el fin debe ser la existencia de un órgano fiscalizador vinculado orgánicamente con la Asamblea Legislativa, pero dotado de plena autonomía de gestión y técnica respecto de su organización interior, recursos, funcionamiento y resoluciones.

Con lo anterior, se persigue implementar el esquema que funciona en el orden federal, que consiste en que la función revisora y fiscalizadora quede depositada originariamente en la Cámara de Diputados, y que ésta la realice a través de su entidad técnica y autónoma de auditoría.

7.Asimismo, la aprobación de la presente iniciativa deberá redundar en el reordenamiento de las facultades del órgano superior de fiscalización del Distrito Federal, que deben girar en torno de la revisión de la Cuenta Pública, en términos de los criterios previstos para el ámbito federal en el artículo 74 de nuestra Ley Suprema.

También se amplían los sujetos sobre los cuales contará con facultad fiscalizadora, de entre los cuales quedarán comprendidos: los órganos del gobierno del Distrito Federal, organismos autónomos, los que se han transferido a los particulares, los partidos políticos inscritos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, que ejerzan recursos públicos.

De igual manera, dentro del cuerpo de reformas se determina en el Estatuto de Gobierno la inamovilidad de los miembros de su órgano de dirección, estableciendo el mecanismo para su designación y remoción, así como la duración en sus cargos; y con la finalidad de garantizarles certidumbre e inamovilidad en las funciones que deberán desempeñar los auditores superiores de fiscalización del Distrito Federal, se les incorpora en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia previstos en los artículos 110 y 11 de la Constitución general.

8. Asimismo, se establecen dentro de los artículos transitorios las disposiciones y mecanismos necesarios para dar certeza legal a la transición que necesariamente se da entre el órgano que desaparece y el que se pretende crear. Al respecto, se prevé lo relativo a la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros; la causahabiencia de los derechos y obligaciones, así como la resolución de trámites pendientes; y un aspecto destacable, como lo es la prohibición de que alguno de los actuales auditores pueda ser nombrado para ocupar dicho cargo en el nuevo ente que se crea.

9.En efecto, deberán reformarse los artículos 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de homologar la denominación del multialudido órgano para establecer a nivel estatutario las bases del mismo, así como las pautas para que la Asamblea Legislativa emita en la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior del Distrito Federal.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito federal, a efecto de fortalecer el órgano de fiscalización de esta entidad federativa.

Artículo Primero. Se reforman los párrafos primero de los artículos 110 y 111, así como los incisos c) y e), y se adiciona un párrafo tercero al inciso c) de la fracción V de la Base Primera del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 110.Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, los auditores superiores de Fiscalización del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

...

...

...

...

Artículo 111.Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como los auditores superiores de Fiscalización del Distrito Federal, el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 122. ...

Base Primera. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a b) ...

c) Revisar por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal,conforme a los criterios establecidos que le sean aplicables.

...

El Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal contará con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que establezcan el Estatuto de Gobierno y la ley respectiva. Tendrá como función principal revisar la Cuenta Pública, a efecto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.

d) ...

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal.

...

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones IX y XX del artículo 42, párrafo primero, del artículo 43, y el numeral 3 del inciso a) de la fracción IV del artículo 46; se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 43, recorriéndose en su orden los actuales segundo, tercero y cuarto para ser los párrafos sexto, séptimo y octavo, todos ellos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 42.La Asamblea Legislativa tiene facultades para:

I. a VIII. ...

IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;

X. a XIX. ...

XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. Los resultados de dichos análisis se considerarán para la revisión de la cuenta pública que realice el Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal;

XXI. a XXX. ...

Artículo 43.Para la revisión de la Cuenta Pública, la Asamblea Legislativa dispondrá de un Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que establezcasu propia ley orgánica. La vigilancia del cumplimiento de sus funciones estará a cargo de la comisión respectiva que señale la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.

El Órgano Superior de Fiscalización llevará a cabo sus funciones bajo la dirección de un órgano colegiado, que será la máxima autoridad del ente y estará integrado por tres auditores superiores de Fiscalización. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

La Asamblea Legislativa designará a los titulares del órgano de dirección del Órgano Superior de Fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Los titulares durarán en su cargo ocho años, de manera escalonada, y podrán ser nombrados nuevamente por una sola vez. Podrán ser removidos exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para sus nombramientos.

El Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior, mediante los principios de posteridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, los ingresos y egresos, la recaudación, manejo, administración, ejercicio, custodia y la aplicación de fondos y recursos de los órganos del Gobierno del Distrito Federal, organismos autónomos, los que se han transferido a los particulares, los partidos políticos inscritos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, que ejerzan recursos públicos, así como los objetivos y metas contenidos en los programas de gobierno u operativos anuales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley;

II. Elaborar el informe de avance programático presupuestal, el cual tendrá una periodicidad semestral, y deberá entregarlo a la Asamblea Legislativa a más tardar en el mes posterior al término del semestre;

III. Investigar actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos públicos, y cuando de la revisión se derive, promover ante las autoridades competentes el financiamiento de responsabilidades, y

IV. Las demás que determine la ley de la materia.

Los sujetos de fiscalización estarán obligados a proporcionar la información que requiera el Órgano Superior de la Fiscalización del Distrito Federal; de lo contrario, deberán ser sancionados en los términos que fije la ley.

La fiscalización de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Si del examen que realiceel Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federalaparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La cuenta pública del año anterior deberá ser presentada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Artículo 46. ...

I. a III. ...

IV. ...

a. ... 1. a 2. ...

3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y del Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal;

4. a 5. ...

b. ...

c. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los inmuebles, equipos, archivos, expedientes, papeles y, en general, los bienes de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasarán al Órgano Superior de Fiscalización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal creado por virtud de este decreto, quedando destinados y afectos a su servicio. El Órgano Superior de Fiscalización, igualmente se subroga en todos los derechos y obligaciones de aquélla.

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasarán a formar parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y se respetarán sus derechos en los términos de ley.

Tercero. Las solicitudes y recursos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución ante la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la entrada en vigor del presente decreto se seguirán substanciando en sus términos, en tanto queda debidamente constituido el órgano creado por este decreto.

Cuarto. No podrán ser miembros o presidente del órgano superior de dirección del Órgano Superior de Fiscalización quienes con anterioridad hubiesen ocupado el cargo de miembro del órgano de dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de Asamblea Legislativa.

Quinto.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades expresas, deberá promulgar la Ley Orgánica del Órgano Superior de Fiscalización del Distrito Federal, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Camargo, Pedro Pablo, El control fiscal en los Estados americanos y México, Serie D, Cuadernos de Derecho Comparado, número 7, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969.

2.Cfr. Órgano Superior de Fiscalización. Supervisará el correcto uso de los recursos públicos.Crónica Legislativa, órgano de información de la LVIII Legislatura, Cámara de Diputados, número 57.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

El diputado Efraín Morales Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorgan el artículo 71, fracción II; 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II; 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Dentro del marco de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4o. establece el derecho de todo mexicano a la protección de su salud.

Es la salud uno de los bienes sociales más preciados, que todo ser humano debería tratar de conservar, y por el que día a día debería pugnar, ya que si se tiene salud, cualquier proyecto o perspectiva de vida, por sí mismo, adquiere posibilidades de ser logrado.

En muchos casos, nuestra salud, incluso nuestra propia vida, puede depender de la administración de uno o varios medicamentos, ya que la prevención, curación, rehabilitación o control de las enfermedades, pueden ser tratadas mediante los efectos terapéuticos que conllevan los principios activos de las formas farmacéuticas. Por ello, la evolución de la humanidad ha hecho que los medicamentos sean considerados artículos de primera necesidad, es decir, bienes básicos para cualquier sociedad, y que al pasar del tiempo su consumo adquiera grandes proporciones. Dicho sea de paso, somos un país, cuya tendencia orilla al envejecimiento de la población, lo que de suyo implica el aumento en la demanda y consumo de medicamentos.

Respecto al consumo de medicamentos, podemos destacar los siguientes aspectos: México, Brasil y Argentina, concentran actualmente el 80 por ciento del consumo total de medicamentos en toda América Latina. Estos países, junto con Europa, Estados Unidos y Japón, concentran la principal fuente de consumo de la industria farmacéutica a nivel internacional.

Para el caso de los tres primeros países, el consumo de medicamentos asciende a los 12 mil millones de dólares anuales, y para el caso de Europa, Estados Unidos y Japón, el consumo, en conjunto, asciende a los 310 mil millones de dólares.

De acuerdo a la OCDE, nuestro país destina 22 por ciento de sus erogaciones totales de salud a la compra de medicamentos, al mismo tiempo que 91 por ciento de dicho gasto proviene del bolsillo de las personas. Cabe decir, que entrado el año 2005 ascendió a 2 800 millones de dólares el gasto de medicamentos en el mercado privado de nuestro país.

En lo que respecta a la producción de medicamentos, es menester destacar lo siguiente: En Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia, se concentra la producción farmacéutica a nivel internacional, al mismo tiempo, que son pocos los laboratorios que concentran la producción de medicamentos, a saber: Pfizer; GlaxoSmithKline; Merck; AstraZeneca y Novartis.

Cabe decir, que hoy día, el mercado farmacéutico en nuestro país ha alcanzado la novena posición a nivel mundial, y el primero en América Latina en materia de producción de medicamentos. De hecho, se espera que para el presente año, la industria farmacéutica en México reporte ventas por 9 mil millones de dólares, y siga aumentando su tendencia de crecimiento, el cual ha sido de 13 por ciento en los últimos cinco años, lo que ha significado ser un sector altamente rentable a los industriales del ramo, especialmente, a los laboratorios trasnacionales, que tienen concentrada la producción y comercialización de medicamentos a nivel internacional.

El hecho de que la producción y comercialización de los medicamentos a nivel internacional esté concentrada y manejada por una minoría de laboratorios, ha derivado en la monopolización del sector farmacéutico, lo cual ha trascendido a nuestro país, y cuyo resultado final lo sentimos en los elevados precios de los medicamentos patentados, afectando directamente el bolsillo de los consumidores y, lo que es peor, contribuyendo a la precarización e inequidad de la salud de aquellas personas que requieren de algún medicamento para gozar de salud, incluso para salvar su vida.

En el mercado farmacéutico mexicano se encuentran establecidas alrededor de 250 empresas, de las cuales 10 por ciento son de gran capital y 90 por ciento de mediano y pequeño. Esta industria alcanzó en México, en el año 2005, ventas por 6 mil millones de dólares, de los cuales la mitad se concentraron en 10 laboratorios de empresas trasnacionales asentadas en nuestro país, entre los cuales se encuentran Pfizer; Roche; GlaxoSmithKline; Novartis; SheringPloug y Johnson amp; Jonson.

Las ganancias multimillonarias de estas grandes empresas, en gran medida, derivan del beneficio que actualmente les otorga la ley en materia de patentes, específicamente, el prolongado lapso de vigencia establecido en la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país, que a la letra dicta:

Artículo 23. La patente tendrá vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Situación que se refuerza con la normatividad internacional, como es el caso del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de Comercio, y que en su artículo 33 establece:

Artículo 33. La protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un periodo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Por ello, hacemos un categórico y enérgico llamado al Ejecutivo, a fin de hacer cumplir cabal y estrictamente el espíritu y la letra del legislador respecto a la vigencia de las patentes establecidas en la normatividad nacional e internacional, a objeto de evitar a los titulares de patentes y autoridades incurran en prácticas que conlleven indirectamente a la extensión de dicha vigencia, ya que si bien es cierto que las patentes tienen como finalidad incentivar económicamente a los creadores de productos para dar a conocer al resto de la sociedad los beneficios de sus innovaciones, así como estimular la investigación y desarrollo de nuevos productos, también es cierto, para el caso del sector farmacéutico, que no son suficientes para mantener una sana industria de medicamentos; o como dice el maestro Santiago González Luna M1.: tampoco significa que las patentes deban ser derechos absolutos e ilimitados, ya que la hipertrofia de las patentes no acarrea más innovación, por el contrario, facilita el abuso de derechos y disminuye la libre competencia, que es el otro motor de la innovación.

El hecho de que los medicamentos innovadores sean una creación humana científica, de gran aporte, valor y beneficio a la sociedad, sin menoscabo del desarrollo y competencia industrial; no debe ser factor para que su producción y venta se desvirtúe del beneficio social y cause un gran daño a la comunidad, en el momento en el que su valor se exagera, sale de control y se convierte en absoluto, como lo que ocurre en la industria de medicamentos en nuestro país, cuyos altos precios de venta merman el beneficio a la población, al padecer ésta, día a día, el alto costo económico y social de no poder pagarlos.

Anteponiendo el interés común sobre el privado, la iniciativa que presento hoy, pretende contribuir a la disminución de los precios de los medicamentos, por tanto, a flexibilizar el acceso a los mismos, a través del fomento a la competencia industrial que la concesión de licencias de utilidad pública puede aportar mediante la explotación de ciertas patentes de medicamentos que atiendan a las exigencias de la propia transición epidemiológica de la que nuestra población mexicana es objeto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y considerando que los derechos exclusivos que confieren las patentes pueden incidir en el precio y la disponibilidad de los medicamentos, y en apoyo al derecho de proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos para todos2, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 77; se adiciona una fracción VII al artículo 223; y se reforma el artículo 224, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Ley de la Propiedad Industrial

Título Segundo De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales

Capítulo VI De las licencias y la transmisión de derechos

Artículo 77. Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, y en caso de enfermedades, consecuencia de la transición epidemiológica general del país, cuyos niveles de morbilidad y mortalidad demanden atención prioritaria, previamente autorizadas por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá la declaración correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinando que la explotación de las patentes que la misma declaración establezca, se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública.

...

...

...

...

Título Séptimo De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos

Capítulo III De los delitos

Artículo 223. Son delitos:

I a VI. ...

VII. La trasgresión por parte de los titulares de las patentes, a lo dispuesto por el artículo 77 de esta ley.

...

Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta ley. En caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Prestigiado licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y maestro en derecho por la London School of Economics and Political Science, en Londres, Inglaterra.

2 Organización Mundial de la Salud. 59ª Asamblea Mundial de la Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Morales. Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:Con su permiso, señor Presidente. Estimados compañeros diputados. México tiene una añeja tradición en juegos y sorteos, que forman parte de una convivencia familiar. Así, conocemos la lotería mexicana, carreras parejeras de caballos, peleas de gallos, otras como Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, Melate y otras muchas que existen con ánimos altruistas de apoyo a universidades, a patronatos, incluso a partidos políticos. Son manifestaciones populares muy propias de nuestra gente y de nuestro pueblo.

La ley que nos ocupa, si bien responde a legislar las manifestaciones antes descritas, también aborda un fenómeno novedoso en el que los sorteos y las apuestas son de carácter permanente y también el riesgo de que estas actividades estén distorsionadas. Hace algunos días, el PRD presentó una iniciativa para exhortar a la Suprema Corte sobre la resolución de una controversia constitucional que creó un reglamento --el señor Presidente-- y que está pendiente todavía de resolverse su constitucionalidad.

Ante estas actividades, mucho se ha hablado de en qué lugar serían ubicados estos centros de apuestas o de diversión: centros turísticos, en playas; son temas que todavía están por analizarse. Sin embargo, para los municipios y para los estados, el establecimiento de este tipo de negocios provoca --de alguna manera-- en algún tipo de negocios violencia, tráfico de estupefacientes y comercio carnal, altera la vida de la comunidad y, por ello, debe ser regulado adecuadamente.

Debemos considerar que son las autoridades locales, municipales y estatales, las que reciben los principales impactos del establecimiento de estos centros. Y, por tanto, pues deben también tener opinión y decisión en cuanto a su establecimiento. Sabemos bien que muchos de estos negocios son especulativos, buscan beneficios mercantiles, muchas de dichas actividades son lícitas. Estos recursos pues también sirven para desarrollar el turismo para beneficiar a ciertas comunidades.

Sin embargo, considerando el grave impacto que de alguna manera se provoca en las comunidades, hemos considerado justo que los beneficios que se obtengan de estas actividades sean divididos en beneficio principalmente de los municipios y de los estados o, en última instancia, compartidos con la federación.

En este espíritu de federalismo y de respeto a nuestras comunidades, quiero expresarles que para los municipios representa un grave problema el hecho de que se llegue, con permiso de Gobernación, con establecimientos que se asientan sin ninguna autorización de los cabildos ni del Estado y es hasta que ya están funcionando cuando se pueden tomar algunas medidas.

Esta iniciativa, que pretende reformar la Ley de Juegos y Apuestas, conserva precisamente una regulación para que haya un respeto a los municipios y a los estados. Precisamente fortalecer las atribuciones de las entidades federativas, pugnar por una mayor cooperación, promover el establecimiento y normas de operación, este tema ya ha sido también discutido en la Conago, existe una comisión específica para esta regulación.

Es importante señalar que el problema se ha acelerado, se ha evidenciado cuando se han entregado recientemente --en 2005-- siete nuevos permisos con la posibilidad de instalar 198 nuevos centros de apuesta en nuestro país; todo ello, con un grave perjuicio para las comunidades, para los municipios y para los estados.

Por esa razón hemos elaborado esta iniciativa, donde concretamente queremos regular algunos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, que para poder instalar un negocio de este tipo previamente se consulta a los cabildos de los municipios, que se les dé la autorización previa, no que sea primero Gobernación y luego los cabildos o los estados quienes reciban el impacto, sino partir del lado opuesto: primero solicitar ante la autoridad municipal esos permisos, porque son los que conocen perfectamente los problemas que se pueden generar. Igualmente, establecer responsabilidades para los propietarios de inmuebles que sin tener a la vista o a la mano los permisos autorizados por los cabildos o los municipios den entrada a estos establecimientos que luego constituyen una verdadera lacra para poderlos sacar, violan los horarios de alcohol, provocan una serie de incidencias que molestan a las personas.

En igual forma, se establecen las posibilidades de sancionar a funcionarios estatales, federales y municipales que transgredan las disposiciones y hagan funcionar este tipo de establecimientos. En igual forma, prevemos la necesidad de que los recursos que se obtengan de esos negocios puedan ser válidamente compartidos entre los estados y los municipios. Se considera igualmente imponer sanciones de naturaleza penal a quienes de alguna manera transgredan estas responsabilidades.

En realidad, este problema lo vivimos todos en todos los estados. Como alcalde que fue un servidor del municipio de Guadalupe, Nuevo León, nos tocó luchar con gente que se establecía sin contar con esos permisos y era una lucha de amparos, autorizaciones de aperturas, de cierres y sé que este mismo problema está prevaleciendo en todo el país.

Hace algunos momentos, compañeros míos, diputados, estaban tratando de establecer una comisión de investigación precisamente para que se indague cuántos centros de apuestas, cuántos negocios se abrieron en estos últimos meses, en el año anterior y los dos últimos años, ver qué gente es la que está metida en estos negocios.

Creo que es muy importante que como diputados nos solidaricemos con este programa, sobre todo porque necesitamos desarrollar un país donde la diversión, donde se pueda compartir la diversión con el orden normativo. Creo que, dadas las condiciones que vive nuestro país, de inseguridad, estos centros, si no están regulados debidamente y vigilados, provocan muchas incidencias criminales.

Por tal razón, los estados y municipios necesitan tener recursos también para poder sostener a sus policías, para poder tener los centros de vigilancia y garantizar el buen desempeño de estos negocios.

¿Por qué no pensar en instalar los centros de diversión o de apuesta en lugares fuera de las zonas urbanas donde no provoquen problemas a las áreas municipales conurbadas, buscar áreas donde se pueda desarrollar una empresa de este tipo y tratar de beneficiar de alguna manera a esas comunidades? La costumbre mexicana no puede abdicar de esa diversión, desde las loterías que no tienen un premio efectivo hasta las demás actividades de las cuales participan todos los mexicanos.

Pero sí debemos vivir dentro de un orden cuidando la seguridad, cuidando los recursos y, sobre todo, cuidando que se respeten los municipios y los estados y que sean ellos los que determinen la posibilidad de instalar estos centros o negar en su momento, no que sea al revés, que primero nos los manden con libros de apuestas con autorizaciones y nos echan la carga para tratar luego de ordenar este tipo de problemas.

Por su atención, muchas gracias. Espero sea esto incorporado a la Gaceta.

«Iniiciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 2o., 4o., 5o., párrafos primero y segundo, 7o., 11, 12, fracciones I y II, y 13, fracción I, de Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Exposición de Motivos

México tiene una añeja tradición de juegos y sorteos, que forman parte de su cultura popular, en los que la base son la diversión y la convivencia familiar y social. Sólo baste mencionar que las ferias de la gran mayoría de los pueblos cuentan entre sus principales diversiones con la llamada ``lotería mexicana'', en la cual la participación y los premios son realmente simbólicos.

Las carreras llamadas parejeras, o bien, las peleas de gallos, dentro de las tradiciones charras forman parte de estas manifestaciones de la cultura popular.

Otras manifestaciones de estos juegos incluso son medios para la solidaridad de los mexicanos, como la Lotería Nacional, que se juega con la idea de participar y así ganar un premio, pero también porque lo que se persigue son fines de asistencia pública, o bien, los Pronósticos Deportivos, el Melate, y otros más de estas características.

Existen muchas otras en que se participa en estos sorteos, que tienen fines altruistas o para el fortalecimiento de instituciones sociales, como los que realizan las escuelas, universidades, diversos patronatos e incluso los partidos políticos.

Todas estas manifestaciones de juegos y sorteos, a lo largo de los años, se han consolidado como manifestaciones populares, en los que la convivencia social no se ve alterada, y la mayoría de ellos se realizan de manera esporádica, o bien, son regulados por leyes específicas cuando estas manifestaciones se dan de manera permanente y establecida.

La ley que nos ocupa, si bien responde a legislar las manifestaciones antes descritas, también aborda a un fenómeno novedoso en el que los sorteos y las apuestas son de carácter permanente y los que, de no regularse adecuadamente, conllevan la posibilidad de la alteración de la convivencia social, y aun la familiar, en razón de la adicción que el juego puede ocasionar o las actividades colaterales que se pueden manifestar dependiendo de la actividad especifica que se desarrolle.

Las reformas que se presentan tienen como finalidad eliminar, en la medida de lo posible, distorsiones en la sociedad, involucrando a las autoridades locales en la toma de decisiones para la realización de estos juegos y sorteos.

Sabemos que ha habido diversas posturas para ubicar los centros en los que se realizan estas actividades y regular sus actividades. Algunas pretendían que sólo se llevaran a cabo estas actividades en lugares con vocación turística, principalmente las playas; aquéllas que pretendían atraer los apostadores internacionales, o bien, sólo ofrecer estos juegos y sorteos como un complemento turístico. Otras pretendían que estas actividades sólo se pudieran llevar a cabo en los lugares y estadios en donde se realiza la actividad por la que se apuesta, etcétera.

El problema realmente es complejo, ya que, de no atenderse de manera integral, se podría ocasionar violencia, trafico de estupefacientes, comercio carnal, alterar la vida de la comunidad, alcoholismo, etcétera. Por ello es que las autorizaciones deben de ser otorgadas con la participación de las autoridades locales; ellas deben de ser quienes determinen un uso del suelo o lugares específicos en donde se puedan establecer estos centros de juego para no alterar la convivencia social y poder brindar una mejor seguridad tanto para quienes asisten a estos centros como para quienes viven cerca de dichos lugares.

Deben de ser estas autoridades locales las que habrán de evaluar los impactos que tendrá en la convivencia social y familiar de su comunidad el establecimiento de estos centros, atendiendo a su conformación demográfica o la propia idiosincrasia de quienes ahí habitan u otros muy diversos factores, que sólo la autoridad local, que es quien convive permanentemente con ellos, puede determinar.

Sabemos que estos centros, que trabajan como empresas, tienen fines especulativos, mercantiles, de obtención de una ganancia legítima, a la que todos quienes desarrollan una actividad legalmente permitida tienen derecho; que generan ingresos importantes para la federación, como son los derechos por los permisos que se otorgan, lo cual también es legítimo y además necesario para que el Estado mexicano esté en condiciones de apoyar sus actividades solidarias con la población de nuestra nación.

Pero también es cierto que estos recursos son centralizados en las instituciones federales y no se atiende a las necesidades del ámbito local, donde se establecen estos centros, que ocasionan actividades adicionales a cargo de estas autoridades y, por tanto, aplicación de recursos extraordinarios por el simple hecho de su establecimiento, sin que se vean compensados con los recursos necesarios para poder llevarlas a cabo; sólo por mencionar alguna, sería el caso de la seguridad, que necesariamente se ve incrementada.

Por ello es que las autoridades locales deben de ser beneficiarias directas de los ingresos que por concepto de participaciones se obtiene con el otorgamiento de estos permisos, por lo que se propone que el 50 por ciento de los ingresos por este concepto de participaciones sea otorgado de manera directa para las autoridades locales, para que sean dedicados, por ministerio de ley, a la asistencia pública. Se pretende que los habitantes que de laguna manera van a ver alterada la convivencia social se vean beneficiados directamente. Sé está conciente de que cualquier actividad empresarial en sí misma genera empleos y derrama económica por diversos motivos.

Por todo lo anterior, se insiste en que deben ser las autoridades locales las que evalúen los impactos, positivos y negativos en la operación de los centros en donde se realizan apuestas y sorteos.

Este era el espíritu de la ley vigente, y que en ánimo de la buena fe el legislador dejó a la reglamentación específica su normatividad. Sabemos qué es lo que pasó al final con esta atribución reglamentaria de Ejecutivo federal, quien negó toda participación a las autoridades locales en la toma de decisiones, con procedimientos poco claros para el otorgamiento de los permisos, dejando amplios márgenes de discrecionalidad, lo cual ocasionó que los permisos que se otorgaron de conformidad con el reglamento en comento se vieran involucrados en una amplia polémica, que ha desgastado la imagen del Estado mexicano, por lo que mereció que el honorable Congreso de la Unión presentara una controversia constitucional, porque se consideró que el Ejecutivo fue mucho mas allá de lo dispuesto por la ley, atribuyéndose facultades legislativas; o que la propia Conferencia de Nacional de Gobernadores (Conago) creara una comisión específica para la atención de este problema. Así, en atención al acuerdo vigésimo cuarto de la XV reunión ordinaria celebrada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en febrero de 2004, dos meses más tarde se constituyó la Comisión de Juegos y Sorteos, con los siguientes objetivos:

a) Promover el fortalecimiento de las atribuciones de las entidades federativas para reglamentar y regular las actividades de juegos con apuestas, ferias, peleas de gallos, carreras de caballos en escenarios temporales y sorteos en sus distintas modalidades, cuando éstos no ocurran simultáneamente en el ámbito nacional o en dos o más estados; lo anterior excluye las acciones que pudieran derivarse de una eventual ley que apruebe la operación de casinos.

b) Pugnar porque los recursos cuya operación y fuente de riqueza provengan de las entidades sean distribuidos en forma equitativa entre las haciendas estatal y municipal, etiquetándose su destino para la asistencia pública y grupos vulnerables.

c) Promover el establecimiento de los criterios y normas de operación, control y supervisión de las actividades correspondientes.

d) Dar seguimiento a y evaluar las iniciativas de ley que se encuentran en proceso de dictamen en el Congreso de la Unión; difundir la posición de la Conago y presentar sus recomendaciones al trabajo legislativo.

Con todo lo anterior sólo se pretende demostrar que existe un problema que no ha sido resuelto y que se vio agravado con un reglamento que está más allá de la ley, que es oscuro y permite una amplia discrecionalidad para el otorgamiento de los permisos y es absolutamente omiso con la participación de las autoridades locales y que, no obstante ello, en el mes de mayo del 2005 la Secretaría de Gobernación otorgó 7 nuevos permisos con la posibilidad de instalar 198 nuevos centros de apuesta en las distintas entidades federativas, que se sumaban a los 14 permisos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento, y que estos últimos permisionarios, en su conjunto, operan actualmente 123 centros de apuesta, aproximadamente. Esta centralización hace nugatorio el concepto de federalismo, por lo que es indispensable involucrar directamente a las autoridades locales en las toma de decisiones.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente, proyecto de

Decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 2o., 4o., 5o., párrafos primero y segundo, 7o., 11, 12, fracciones I y II, y 13, fracción I, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Sólo podrán permitirse en los lugares cuyo uso del suelo esté destinado para tal fin y con autorización del cabildo del lugar, previo a la emisión del permiso correspondiente:

...

...

Artículo 3o.Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, y con la participación de las autoridades estatales y municipales,laautorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley.

Artículo 4o. No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado en que se practiquen juegos con apuestas o sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, quien en todo caso deberá contar con la autorización previa del cabildo del lugar correspondiente; ésta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse, con base en la autorización emitida por el cabildo.

Artículo 5o.En los permisos y autorizacionesque conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que de los productos obtenidos por el permisionario deba corresponder al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales, que serán en todo caso de al menos 50 por ciento para estas últimas en forma proporcional.

Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de prevención social y de asistencia dependientes de las secretarías de Gobernación, y de Salubridad y Asistencia, y sus correspondientes en el ámbito local,que se expresen en los permisos que se otorguen.

Artículo 7o.La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta ley, por medio de los inspectores que designe de común acuerdo con las autoridades locales.

...

Artículo 11.La Secretaría de Gobernación queda facultada para autorizar, previo acuerdo del cabildo del lugar, en las ferias regionales, el cruce de apuestas en los espectáculos que determine el reglamento de esta ley.

Artículo 12.Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a diez mil pesos, y destitución de empleo en su caso:

I.A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que operen estos giros y que no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas sólo entre amigos y parientes con fines no lucrativos;

II. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación y el previo acuerdo del cabildo local, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

...

Artículo 13.Se aplicará prisión de un mes a dos años y multa de cien a cinco mil pesos:

I.A los que alquilen, a sabiendas, un local para juegos prohibidos o con apuestas o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación y el previo acuerdo del cabildo local, en términos de la presente ley;

...

Transitorios

1o.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2o. El Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones reglamentarias, atendiendo a las disposiciones de la presente ley, dentro de los sesenta días a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3o. Se concede un plazo de sesenta días a las personas que, con autorización legal, tengan en explotación establecimientos o locales en que se practique los juegos y sorteos a que se refiere esta ley para que obtengan permiso de la Secretaría de Gobernación en los términos de la presente ley, sin el cual se considerará ilícito el funcionamiento de tales establecimientos.

4o. La Secretaría de Gobernación deberá proceder a recabar de inmediato, y en un plazo no mayor de treinta días, a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, las autorizaciones de los cabildos correspondientes a fin de estar en condiciones de atender a lo dispuesto en el 5o. transitorio de la ley que se reforma.

5o. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior por parte de la Secretaría de Gobernación, se sancionará al funcionario que, teniendo la obligación de hacerlo, incumpla, con un monto que atienda a la ponderación de la inversión y las ganancias promedio de la actividad que se trate en una suma equivalente al 20 por ciento y, en su caso, se considerará coparticipante de las conductas delictivas que se pudieran derivar.

6o. Quedan derogados todas las leyes, reglamentos o disposiciones que se opongan a la presente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre del 2006.--- Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya. Insértese en el Diario de los Debates; y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo.

Esta Mesa Directiva saluda a los estudiantes de derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la Anáhuac, de Tejupilco, estado de México, aquí presentes en la sesión.

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Madrazo Limón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley Federal de Archivos, suscrita por el diputado Madrazo y la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Carlos Madrazo Limón:Con su permiso, señor Presidente; los que suscriben,Carlos Madrazo LimónyRuth Zavaleta Salgado, diputados federales en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacionaly del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Archivos, al tenor de lo siguiente:

En su paso por la Tierra, el hombre siempre ha tenido la obsesión de dejar testimonio de sus actos, incluso de los más cotidianos. Esta necesidad de perpetuar su memoria histórica nos ha dado elementos para la investigación puntual de su desarrollo en todos los aspectos de su coexistencia con la naturaleza y otros grupos humanos.

Los testimonios que ha dejado desde las etapas primigenias de la evolución de su pensamiento son los documentos que elaboró utilizando los soportes que tuvo a su alcance. La trascendencia de los testimonios documentales es tan grande, que con ellos nació la historia misma.

Sólo a partir de que el hombre deja documentos en sus actos se habla de historia, se habla de un pasado de la humanidad. Hoy día, la historia no se hace exclusivamente con documentos escritos; el pasado se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los testimonios que se conservan en los museos y en los laboratorios científicos, con encuestas y testimonios orales, con las imágenes trasmitidas por los más diversos objetos y más recientemente con las imágenes del cine, la televisión y por supuesto el Internet.

Sin embargo, puede decirse que estos cambios y enriquecimientos no han disminuido la importancia de los archivos como sus conservadores y transmisores de la memoria histórica. La riqueza documental acumulada en los archivos nacionales, provinciales, locales, eclesiásticos y privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar en esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como uno de los fondos más ricos, homogéneos y confiables para estudiar el pasado.

El documento es el registro, prueba y memoria de los actos del hombre y de los hechos de la naturaleza. De ahí la importancia de establecer criterios que nos resulten útiles para el manejo adecuado de los millones de documentos cuya conservación y acceso incumben a los archivos del país.

La iniciativa que se presenta ante esta soberanía parte de la premisa de que es necesario replantear en forma sencilla y moderna el papel que deben desempeñar los archivos, no exclusivamente como guardianes del patrimonio sino como centros de información y cultura para así contribuir de manera eficiente al desarrollo de la cultura nacional.

Es importante destacar los siguientes elementos para la evaluación de la presente iniciativa:

Primero. Que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en la materia, como se desprende de la obligación de crear instrumentos legales que garanticen el derecho al acceso a la información, contenida en el 6o. de la Constitución General.

Segundo. Que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de regulación de archivos en posesión de los órganos inmediatos y mediatos de la federación es impostergable, dado que debe crearse una política de Estado respecto a la protección, la preservación, conservación y difusión de los archivos en función de todos los órganos federales y no únicamente unos lineamientos sobre el manejo de los mismos en Poder del Ejecutivo federal.

Debe hacerse notar la importancia que reviste el establecimiento de la definición del patrimonio documental de la nación, sin duda un instrumento legal del que podría hacer uso el Estado para poder custodiar de mejor manera los archivos tanto públicos como privados que por su relevancia deben de ser protegidos en términos de la ley.

Cuarto. Que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en el orden jurídico nacional, como las contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, entre otras más.

Quinto. Que si bien es cierto que la naturaleza jurídico-administrativa del Archivo General de la Nación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se ha estimado pertinente brindar certeza jurídica y permanencia, vía ley, a este ente y convertirlo --con pleno respeto de los demás órganos federales y órdenes de gobierno-- en el eje sobre el cual debe girar la política de Estado en materia de conservación y difusión de archivos.

Sexto. Que en todo caso, la iniciativa deja a salvo para su reglamentación por la vía de disposiciones generales o reglamentos la conservación, difusión, acceso y consulta de archivos que detenten los demás órganos federales distintos del Poder Ejecutivo.

Séptimo. Se reconocen los adelantos tecnológicos actuales y los que estén por venir, previéndose que los documentos pueden estar incorporados en cualquier forma o soporte.

Octavo. Se dispone de la necesidad de preservar en territorio nacional aquellos documentos que no sean fácilmente sustituibles. Dicha medida deberá abonar a la conservación de nuestra memoria histórica, evitando así las ventas de diversos documentos históricos como ha acontecido en tiempos pretéritos.

Noveno. Un elemento básico de la presente iniciativa lo constituye el reconocimiento que le da la ley al Archivo General de la Nación.

Si bien se considera que la actual forma de organización administrativa del Archivo General de la Nación es la más adecuada para desarrollar sus actividades y, por lo mismo, se conserva ésta, el avance de este hecho lo podemos medir a través de dotar de permanencia y seguridad jurídica a dicho órgano desconcentrado, al ya no depender su existencia de la voluntad y discreción del titular del Ejecutivo en turno.

Décimo. Se instruye al Archivo General de la Nación, como el eje rector del Poder Ejecutivo Federal, para la administración de los archivos e incluso, dada su experiencia, sus brazos técnicos se expandirán en otros terrenos y ámbitos orgánicos, fortaleciendo de esta manera la política del Estado sobre la materia.

Décimo Primero. Es creado un cuerpo colegiado que, además de los órganos de administración y de gobierno del Archivo General de la Nación, coadyuvarán de manera seria y razonada sobre las políticas por implementarse en materia de administración de archivos, dado que su conformación contará con servidores públicos, académicos y especialistas de las disciplinas vinculadas con las funciones del Archivo General de la Nación.

Décimo Segundo. Se pretende plasmar, vía ley, la obligación de registrar los archivos que los sujetos obligados posean, así como de manera potestativa las personas y organizaciones privadas y del sector social. Con esa medida deberá tenerse certeza sobre el universo de archivos que deben protegerse, así como las medidas por instrumentarse para ello.

Décimo Tercero. Por último, si bien es cierto, tal y como se ha señalado en este documento, que operativamente ya existe un sistema nacional de archivos, coordinado por el Archivo General de la Nación, a través de este proyecto de cuerpo legal se pretende establecer las bases y su permanencia como requisito básico para hablar de una verdadera política de Estado en materia de administración de archivos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de este órgano del Poder Legislativo federal la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Archivos.

Agradecemos la disposición del personal del Archivo General de la Nación y, en especial, al maestro Jorge Ruiz Dueñas, por su participación.

Señor Presidente, le solicito sea tan amable de integrar en el Diario de los Debates el documento íntegro. Asimismo, le solicito turnarlo a la Comisión de Gobernación. Muchas gracias.

«Iniiciativa de Ley Federal de Archivos, suscrita por los diputados Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado, de los grupos parlamentarios del PAN, y del PRD, respectivamente

Los que suscriben, Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado, diputados federales en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Archivos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En su paso por la tierra el hombre ha dejado testimonio de sus actos, incluso los cotidianos. Esta necesidad de perpetuar su memoria ha dado los elementos para investigar puntualmente su desarrollo y coexistencia con la naturaleza. Las evidencias que ha dejado de la evolución de su pensamiento, desde las etapas primigenias, son los documentos que elaboró, utilizando los materiales que tuvo a su alcance.

De la trascendencia de los testimonios documentales se originó el nacimiento de la historia. Sólo a partir de que el hombre deja evidencia de sus actos se habla de un pasado de la humanidad.

La historia no se hace exclusivamente con documentos escritos. Se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los objetos conservados en los museos, con los resultados realizados en los laboratorios científicos, con encuestas, con entrevistas grabadas, con las imágenes transmitidas por los más diversos medios y, más recientemente, con el cine, la televisión y el Internet.

Sin embargo, esos cambios no han disminuido la importancia de los archivos como conservadores y transmisores de la memoria. Al contrario, la riqueza documental acumulada en los repositorios federales, estatales, municipales, eclesiásticos y privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar a esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como legado rico, homogéneo y confiable para estudiar el pasado.

Los millones de documentos acumulados a la fecha son registro, prueba y memoria de los actos del hombre en su entorno natural y social. De ahí la importancia de establecer criterios que nos resulten útiles para su manejo adecuado, cuya conservación y acceso incumbe a los archivos del país.

La vida del Estado es objeto de renovación constante y el instrumento natural de esa renovación se plasma en los documentos que están en posesión de los poderes de la Unión, al alcance de quienes desean consultarlos. Por esta razón, los archivos tienen que marchar por el mismo rumbo que las demás instituciones públicas y a la par de los cambios históricos que vive el país.

La relación entre los acervos y las instituciones se ha consolidado a partir del marco jurídico que regula su funcionamiento, sin embargo, a pesar de las disposiciones aprobadas a lo largo de siglos en esta materia, el país carece de una legislación federal que regule a los diferentes órdenes de gobierno, cubra los actuales vacíos legales, se apegue a las normas internacionales y, a su vez, garantice el fortalecimiento de las instituciones públicas desde la perspectiva del patrimonio documental que generan y resguardan.

En nuestro país, los antecedentes de la relación entre archivos, legislación e instituciones los encontramos a partir de las disposiciones emitidas por el gobierno de la Nueva España.

En 1790 el conde de Revillagigedo elaboró el primer reglamento para establecer el archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato, el cual concentraba documentos administrativos e históricos y su consulta era privativa del gobierno para la toma de las decisiones que requería, ``ya que a nadie se le debía dar copia o razón de papel alguno, ni aún se consentiría a persona alguna manejar los inventarios''.

El reglamento citado señalaba que las oficinas y tribunales debían enviar cada diez años los papeles que consideraban concluidos; se recibían los generados por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, los de la Universidad Pontificia y los de las ciudades de la Nueva España que quisieran ``poner sus papeles a cubierto y desembarazar sus archivos''. Con esto, se buscaba concentrar lo más relevante de la vida pública.

En 1823 la Junta Superior Gubernativa, a propuesta de Lucas Alamán, expidió un decreto por el que se creó el Archivo General y Público de la Nación, el cual conservó las características señaladas por Revillagigedo. La diferencia entre ambos ordenamientos fue que a la nueva institución se le dio el carácter público y no privativo.

En 1846 el reglamento del Archivo General y Público de la Nación señalaba que debían enviarse todos los expedientes concluidos de los ministerios y de las oficinas extinguidas. Ordenaba también que los gobiernos estatales debían remitir sus disposiciones legislativas y resúmenes estadísticos y que las imprentas particulares entregarían los periódicos o libros impresos cada año.

En 1856 se expidió un nuevo reglamento que incluyó como obligación del archivo la de concentrar los datos estadísticos sobre el valor de la propiedad, la producción agrícola y los comportamientos demográficos y sociales de la población. Este ordenamiento hizo énfasis en el abandono y criminal descuido en el que se encontraban los archivos públicos, así como en la necesidad de conservar los documentos y divulgar su contenido.

En el decreto presidencial emitido el 25 de diciembre de 1917, en el que Venustiano Carranza dio a conocer la nueva Ley de Secretarías de Estado, la institución pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Poco después, al aprobarse el reglamento del 21 de septiembre de 1920, tomó su actual denominación y se desvinculó del manejo de los archivos de trámite administrativo, ya que sus atribuciones se redujeron al depósito de documentos históricos, a la concentración de leyes y decretos, a la publicación de obras sobre el tema y a la expedición de copias certificadas de títulos originales de las propiedades comunales.

Años más tarde, el 13 de abril de 1946, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento del Archivo General de la Nación (AGN), el cual agregó a sus atribuciones la de conceder permisos para la exportación de libros y documentos. Éste conservó la atribución de concentrar los expedientes pertenecientes a los archivos de las oficinas federales. En la actualidad, este dispositivo regulatorio sigue vigente a pesar que ha sido rebasado por la realidad archivística de la administración pública federal y que no se corresponde cabalmente con la estructura funcional ni con todo el marco jurídico que rige al AGN.

Muestra del interés en la materia, en el mismo año, durante la Reunión Nacional de Archivos efectuada en la ciudad de Puebla, se presentó la propuesta para constituir el Sistema Nacional de Archivos, el cual tenía como objetivos regular, coordinar, homogeneizar y dinamizar el funcionamiento y uso de los archivos administrativos e históricos de las administraciones públicas federal, estatales y municipales.

En 1969, dentro del marco de un proyecto nacional administrativo del ámbito público se inició un proceso de modernización de los servicios en la materia en el gobierno federal. Ante la magnitud de esta tarea, la Comisión de Administración Pública (CAP), creada en 1965 para renovar la gestión pública, creó el Comité Técnico Consultivo de las Unidades de Correspondencia y Archivo (Cotecuca) con el propósito de coadyuvar al mejoramiento de los servicios de correspondencia y archivo de las entidades públicas, estudiando, analizando y proponiendo reformas en sistemas de organización y procedimientos para los repositorios vinculados al Ejecutivo federal.

Posteriormente, en 1979, se documentó en el manual de organización del AGN la creación del Sistema Nacional de Archivos, con funciones de regulación, supervisión y evaluación, coordinación general, apoyo técnico global e investigación y capacitación sobre archivonomía.

En 1980 la Federación se vio fortalecida, ya que el 14 de julio de ese año se expidió en el Diario Oficial el acuerdo presidencial que designaba al AGN entidad central y de consulta del Ejecutivo federal para el manejo de los archivos administrativos e históricos de la administración pública federal.

El artículo tercero de este acuerdo presidencial, para el mejor desarrollo de las funciones asignadas al AGN, estableció que se asesoraría de un comité integrado ``con representantes de las dependencias de la administración pública centralizada'' a cuyas sesiones podría invitar ``a los representantes de las entidades de la administración pública paraestatal, de los otros poderes federales, estados y municipios y de instituciones de carácter privado o social relacionadas con la materia, cuando así lo considere conveniente''.

El acuerdo de 1980 dispuso que el AGN tendría a su cargo ``emitir las normas, políticas y lineamientos generales conforme a los cuales se fijen las relaciones operativas internas y externas entre las unidades que ejerzan las funciones de correspondencia y archivos administrativos e históricos de la administración pública federal''. También se facultó a esta institución para ``vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas expedidas para regular el manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos que integran los archivos con motivo de la gestión administrativa''.

El 22 de septiembre de 1988 se expidió el decreto por el cual se crea la sección de archivos presidenciales del Archivo General de la Nación, cuyo artículo sexto señala que la institución requería ``de una sección dedicada especialmente a los archivos presidenciales, para facilitar la organización y consulta de esta trascendental documentación''.

Posteriormente, el 31 de agosto de 1998, al expedirse el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, se abrogó el acuerdo presidencial de 1980 citado con anterioridad y aunque se retomaron algunas de las atribuciones del AGN, no sucedió lo mismo con el artículo tercero en el que se aludía al comité asesor que tendría la institución. Por esta razón el Cotecuca pasó por una etapa difícil, si bien, actualmente ha desarrollado un programa de trabajo permanente y funge como órgano consultivo del AGN.

El 11 de junio de 2002, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, expedidos el 27 de enero del 2004 por el Archivo General de la Nación y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, se emitieron nuevos ordenamientos sobre la organización, conservación y acceso a los archivos de la administración pública federal.

En los últimos 25 años se aprecia un notorio proceso de transformación de los archivos públicos, al que se ha sumado el incremento de los archivos privados, universitarios y eclesiásticos, sin perder de vista los factores externos, merced a que el AGN promueve las normas, los estándares y las mejores prácticas internacionales avaladas por el Consejo Internacional de Archivos (International Council of Archives) (ICA) y la Organización Internacional para Estandarización (International Organization for Standardization) (ISO).

Estas normas se desarrollan considerando las experiencias de diversos países y ámbitos, con aportaciones de expertos de todas las latitudes. Entre las vigentes y de más amplia vinculación con los archivos destacan, en este contexto, la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD-G, la Norma Internacional de Registros de Autoridades Archivísticas relativos a Instituciones, Personas o Familias ISAAR-CPF y las normas internacionales de administración de archivos ISO 15489-1 e ISO 15489-2.

Por ello, la presente iniciativa estimula la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se logra así, que la evidencia e información contenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos homogéneos.

Concretamente, algunos apartados de las normas ISO 15489-1 y 15489-2 hacen referencia a los criterios para la clasificación funcional de los documentos de archivo. La ventaja de usar los sistemas de clasificación funcionales radica en señalar las atribuciones de la institución, además, presenta un conjunto de ventajas, si bien presuponen afrontar una serie de condiciones previas ineludibles, que son, fundamentalmente: la existencia de una voluntad política de implantar un sistema transparente que va más allá de la estricta acción archivística y que precisa de la colaboración de otras instancias (servicios de informática, departamentos de organización y métodos, etcétera), así como la presencia de un cuerpo de especialistas que cuenten con preparación técnica y la capacidad de instrumentar un sistema que requiere el compromiso del personal de la organización, y una nueva cultura administrativa democrática.

Recientemente, la propuesta Norma Internacional para la Descripción de Funciones y Actividades Colectivas, en proceso de elaboración y aprobación por parte de la Sección Provisional de Normas y Mejores Prácticas del Consejo Internacional de Archivos, es señal de que la dirección actual de los repositorios del orbe es a favor del sistema de clasificación funcional propuesto en esta iniciativa de ley, ya que éstos resisten los cambios de las estructuras orgánicas, no multiplican los archivos y son suficientemente ágiles para localizar la información y dar continuidad, durante los cambios administrativos del organigrama institucional, a los proyectos de clasificación documentales.

Adicionalmente, el usuario de los archivos ya no es más un conjunto de historiadores. Su clientela abarca un grupo diverso integrado, entre otros, por viejos y nuevos usuarios como los genealogistas, campesinos, académicos, comunicadores, instituciones públicas y privadas, así como procuradores de justicia que han desarrollado nuevas formas de analizar, interpretar y aprovechar la información de los documentos. Esto ha provocado una mutación profunda en las instituciones. Lo más notorio de esta evolución, además de los variados servicios que ellas prestan, es la aparición de los respaldos digitales y otras herramientas informáticas y de almacenamiento.

Con todo, la vieja función que dio origen a los archivos sigue siendo la misma: conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria histórica acumulada. Sin embargo, también es cierto, esta tarea enfrenta nuevos retos que es necesario solventar de una manera institucional y eficaz, mediante la creación de un ordenamiento jurídico que defina con base en experiencias nacionales e internacionales, un proyecto uniforme de los sistemas de clasificación. Con base en esto, el AGN debe seguir promoviendo reuniones entre los directores y técnicos que tienen a su cargo los archivos federales, estatales, municipales, universitarios, eclesiásticos y privados, con el objeto de proponer disposiciones que contribuyan a crear la normatividad general para un sistema nacional de archivos.

En este sentido, la iniciativa que se presenta ante esta soberanía, parte de la premisa de que es necesario replantear el papel desempeñado por los repositorios, no sólo como guardianes del patrimonio documental de nuestra nación y centros de información y cultura, sino también, como fuente de defensa de los derechos humanos y centros de consulta inagotables, desde la perspectiva de nuestro momento histórico.

Es importante destacar los siguientes elementos para la evaluación de la presente iniciativa:

1. Primero, que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de regulación de archivos en posesión de los órganos inmediatos y mediatos de la Federación es impostergable, dado que debe crearse una política de Estado sobre la preservación y difusión de su patrimonio documental.

2. El Congreso de la Unión está facultado para legislar en la materia, como se desprende de la obligación de crear instrumentos legales que garanticen el derecho de acceso a la información, contenido en el artículo 6° de la Constitución General.

3. Que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en el orden jurídico nacional en materia de conservación, protección, custodia y difusión de archivos y documentos de relevancia, como las contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, entre otras más.

4. Que si bien la naturaleza jurídico-administrativo actual del Archivo General de la Nación es de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se ha estimado pertinente brindar al ente certeza jurídica y permanencia mediante esta ley, y convertirlo, con pleno respeto a los demás poderes federales y órdenes de gobierno, en el eje sobre el cual debe girar la política de Estado en materia de conservación y difusión de archivos.

5. Que, en todo caso, la iniciativa deja a salvo para su regulación, por la vía de disposiciones generales o reglamentos, la conservación, difusión, acceso y consulta de archivos que detenten los demás poderes federales distintos al Poder Ejecutivo.

Por cuanto toca al contenido de la iniciativa propuesta, se compone de tres títulos que versan respectivamente sobre las disposiciones generales, la organización de los archivos, y los aspectos institucionales.

El Título Primero sobre Disposiciones Generales, se compone de un capítulo único en el que se precisan los objetivos generales y específicos de la ley y se incluye un glosario de términos referentes a los aspectos más importantes de este instrumento. Éste incluye conceptos confrontados con las definiciones archivísticas normalizadas internacionalmente y retoma definiciones de otras disposiciones nacionales vigentes.

Es preciso resaltar en esta primera parte de la iniciativa, la regulación del importante concepto de patrimonio documental de la nación. Se integra así en esta noción a los documentos de archivo que dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público.

En seguida se hace referencia a la observancia obligatoria de esta ley y se destaca el respeto a la soberanía y competencia de los distintos órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, para que en el marco de este instrumento establezcan sus propios criterios y procedimientos institucionales, relativos a la administración de sus archivos.

El Título Segundo de esta iniciativa, de la organización de los archivos, inicia con un primer capítulo sobre la administración de éstos con el fin de asegurar que los documentos sirvan para el cumplimiento y sustento de las atribuciones o funciones institucionales. En este sentido se busca armonizar la administración de documentos con las nuevas corrientes y sistemas impuestos por la realidad.

También se hace alusión a los documentos en posesión de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, para determinar que éstos formarán parte de un sistema de archivos que incluya: los procesos para el registro o captura; la clasificación por funciones; la descripción a partir de sección (grupo general), serie (subgrupo) y expediente, y la preservación, el uso y la disposición final, entre otros, que resulten relevantes.

En relación a esta citada clasificación por funciones, ampliamente descrita con anterioridad, es preciso subrayar que constituye un aspecto básico de la iniciativa, y, más aún, razón de existir de la presente propuesta legislativa, en virtud que toma como base el modelo de organización funcional sustentado en normas, estándares y mejores prácticas internacionales de administración de archivos y descripción archivísticas.

De especial relevancia es establecer al AGN la obligación de sentar las bases para desarrollar, evaluar y aprobar las herramientas informáticas de gestión y control archivístico, aplicadas por las dependencias y entidades en la organización y conservación de sus archivos. Esta propuesta, empero, permite armonizar criterios cuando la organización es diferente, ya que respeta los casos como los del Archivo Diplomático que por razones históricas ha desarrollado su propio modelo de clasificación y control.

En un siguiente orden de ideas, se menciona que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal contarán con un área coordinadora de archivos, cuyo papel garantiza el seguimiento, vigilancia y control al interior de las instituciones, en virtud que se encarga de aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de esta ley y demás disposiciones reglamentarias o administrativas; determina la manera de administrar y mejorar el funcionamiento y operación de sus archivos y es responsable de la formación de archivos de trámite, concentración e históricos en cada dependencia o entidad.

Por otra parte, la presente iniciativa hace referencia a las medidas necesarias para la conservación y administración los documentos electrónicos generados o recibidos en diversos medios por las dependencias y entidades productoras de los documentos, los cuales deben conservarse en la medida que forman parte del inicio, desarrollo o conclusión de una actividad individual o institucional, inscrita en un contexto, contenido y estructura, suficientes para proporcionar evidencia de una actividad.

En la parte final de este apartado se exponen los criterios a seguir en los organismos constitucionales autónomos y en los organismos con autonomía legal.

El siguiente asunto desarrollado en el Título Segundo se refiere a la autorización de salida y enajenación de documentos públicos y libros que por su naturaleza no son fácilmente sustituibles. Esta medida deberá abonar a la conservación de nuestra memoria histórica, evitando así el comercio ilegal de piezas que forman parte de nuestros archivos públicos. En este mismo sentido, se preserva el interés nacional sobre el interés particular, respecto de la transmisión de la propiedad de los archivos relevantes para la nación; por lo que, en apego a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se instituye el mecanismo del derecho del tanto a favor del ente rector de los archivos nacionales, con el propósito de instituir con él una práctica positiva ejercida en otros países para evitar los expolios y favorecer la identificación y custodia del patrimonio documental. Adicionalmente, queda establecida la posibilidad de expropiar por causa de utilidad pública, mediante previa indemnización, documentos relevantes para la historia de México.

El Título Tercero sobre los aspectos institucionales contiene un elemento básico de la presente iniciativa: el reconocimiento que se le da al AGN como el eje rector del Poder Ejecutivo federal para la administración de los archivos. Se considera que la actual forma de organización administrativa de la institución es la más adecuada para desarrollar sus actividades, por lo mismo, se conserva su figura como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Es así que al AGN se le dota de permanencia y seguridad jurídica, al no depender su existencia de la voluntad y discreción del titular del Ejecutivo en turno.

Es de subrayar la intención por crear un Consejo Asesor, independiente de los órganos de gobierno y administración del AGN, que constituya un grupo plural e inclusivo, integrado por los representantes de los archivos de la administración pública centralizada del Ejecutivo federal, así como por académicos especialistas en muy diversas disciplinas. Con ello se lograrán conciliar los puntos de vista de archivistas y académicos, quienes coadyuvarán de manera seria y razonada para definir y enriquecer las políticas en materia de administración de archivos e investigación documental.

Sobre este mismo tema, la iniciativa le asigna presencia de jure al recuperar la composición del Comité Técnico de Unidades de Correspondencia y Archivo del Poder Ejecutivo federal, al que se le valora por su experiencia archivística y por ser un grupo que tiende a homogeneizar puntos de vista, con frecuencia, diversos.

Esta iniciativa desglosa las atribuciones del órgano desconcentrado, entre las que sobresale la de establecer puntualmente la de concertar convenios y acuerdos de la colaboración con toda clase de entes afines, tanto públicos, como privados, nacionales como extranjeros.

Adicionalmente, destaca la presencia del Registro Nacional de Archivos como un instrumento catastral del AGN dedicado a registrar, difundir y certificar la existencia de los archivos federales, estatales y municipales, así como, de manera potestativa, de los repositorios privados declarados de interés público. A través de este registro se estimula la organización, consulta, conservación, protección y salvaguarda del patrimonio nacional.

Por su parte, el Sistema Nacional de Archivos, coordinado por el AGN, establece sus bases y su permanencia a fin de promover una política de Estado en materia de administración de archivos, apegada a las normas, estándares y mejores prácticas internacionales. Es de resaltar el propósito de formalizar este Sistema como un mecanismo de colaboración permanente entre los distintos archivos públicos y privados, basado en el respeto pleno a la autonomía y soberanía de sus integrantes y en apego al respeto a su marco jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este órgano del Poder Legislativo federal; la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos.

Artículo Único.- Se expide la Ley Federal de Archivos para quedar como sigue.

Ley Federal de Archivos

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.El objeto de esta ley es regular la administración de los archivos en posesión de los poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer los mecanismos de colaboración entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para la conservación del patrimonio documental de la nación, y fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de especial relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Artículo 2. Para efectos de la presente ley y su ámbito de aplicación se entenderá por:

I. Administración de documentos: conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo.

II. Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su forma y soporte material, producidos o recibidos por una persona física o moral, o por un organismo público o privado en el ejercicio de sus funciones o actividades.

III. Archivo de concentración: unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de las dependencias y entidades, y que permanecen en ella hasta su destino final.

IV. Archivo de trámite: unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa.

V. Archivo histórico: unidad responsable de administrar, organizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional.

VI. Archivo privado: documentos o colecciones que ostenten interés público, histórico o cultural en poder de particulares.

VII. Archivística: disciplina dedicada al estudio y aplicación de las teorías y técnicas relativas a la función de los archivos, su organización, legislación, reglamentación, tratamiento y gestión.

VIII. Área coordinadora de archivo: la que podrá ser creada por cada dependencia y entidad para apoyar a su comité de información, establecer criterios en materia de organización y conservación de archivos, facilitar el acceso a la información, elaborar los instrumentos de control archivístico, coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, establecer un programa de capacitación y asesoría archivísticos así como coordinar con el área de tecnologías de la información de la dependencia o entidad, las actividades destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos. En caso de no existir ésta área, las funciones serán realizadas por el responsable del archivo de concentración.

IX. Baja documental: eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no contenga valores históricos.

X. Catálogo de disposición documental: registro general y sistemático que establece los valores administrativos, legales, fiscales, contables e históricos, así como los plazos de conservación, clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final de los documentos e información de un archivo.

XI. Clasificación archivística: proceso de identificación y organización sistemática de las funciones o documentos de archivo en categorías de acuerdo con esquemas lógicos previamente establecidos, y métodos y reglas determinados.

XII. Conservación de archivos: conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas y de información de los documentos de archivo.

XIII. Cuadro general de clasificación archivística: instrumento técnico y de consulta que refleja mediante niveles de agrupaciones documentales y códigos asignados, la estructura de la documentación producida o recibida por una dependencia o entidad con base en sus atribuciones o funciones.

XIV. Dependencias y entidades: las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República.

XV. Destino final: selección en los archivos de trámite o concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico.

XVI. Documento: expresión oral, escrita, gráfica, sonora, natural o codificada, recogida en cualquier tipo de soporte

XVII. Documento activo: el necesario para el ejercicio de las atribuciones de las unidades administrativas de las dependencias o entidades, que por su uso frecuente se conserva en el archivo de trámite.

XVIII. Documento de archivo: el creado, recibido, manejado y usado por un particular o por una dependencia o entidad en cumplimiento de sus obligaciones legales o en el ejercicio de su actividad o función.

XIX. Documento de archivo electrónico: representación electrónica de documentos, información, imágenes, videos, sonidos o bases de datos que se preservan en diversos medios, los cuales requieren de una aplicación informática o dispositivo electrónico que permita reproducirlos para ser legibles y que formen parte del inicio, desarrollo o conclusión de una actividad individual o institucional, inscrita en un contexto, contenido y estructura, suficientes para proporcionar evidencia de la actividad.

XX. Documento histórico: el que contiene evidencia y testimonios de las acciones de la dependencia o entidad, por lo que debe conservarse permanentemente.

XXI. Documento semiactivo: el de uso esporádico, que debe conservarse durante un plazo precautorio por razones administrativas, legales, fiscales o contables en la unidad de archivo de concentración.

XXII. Expediente: unidad constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados de acuerdo con un mismo asunto, actividad o trámite en una dependencia o entidad.

XXIII. Ley: Ley Federal de Archivos.

XXIV. Plazo de conservación: periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite, de concentración e histórico. Consiste en la combinación de la vigencia documental, el plazo precautorio, el periodo de reserva, en su caso, y los periodos adicionales establecidos en los Lineamientos.

XXV. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

XXVI. Transferencia: traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración conocido como transferencia primaria, y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico, conocido como transferencia secundaria.

XXVII. Valor documental: condición de los documentos de archivo que les confiere características administrativas, legales, fiscales o contables durante su etapa activa y semiactiva, denominada como valores primarios; o bien, de evidencia, testimoniales e informativas en su etapa inactiva o histórica, denominada como valores secundarios.

XXVIII. Valoración documental: actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia.

XXIX. Vigencia documental: periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales, contables o históricos, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.

Artículo 3. La ley tiene como objetivos específicos:

I. Organizar la gestión documental.

II. Asegurar la conservación, difusión, acceso y consulta de los documentos e información administrada.

III. Formular los mecanismos para la coordinación entre las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales en materia de archivos.

IV. Propiciar el uso y desarrollo de tecnologías de la información para la mejor administración de los archivos.

V. Promover la preservación, difusión, acceso y consulta de acervos documentales privados que sean declarados de interés público por su especial relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Artículo 4. El patrimonio documental de la nación es el acervo o los documentos de archivo que dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país.

Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales.

Artículo 6.El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los organismos constitucionales autónomos o con autonomía legal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los órganos, criterios y procedimientos institucionales relativos a la administración de sus respectivos archivos, de acuerdo con los principios y reglas establecidos en la presente ley.

Título Segundo De la organización de los archivos

Capítulo I Administración de los archivos

Artículo 7.El propósito de la administración de archivos es asegurar que los documentos, sin importar su soporte o formato, sirvan para el cumplimiento y sustento de las atribuciones o funciones institucionales, el trámite y gestión de asuntos, la transparencia de acciones, la rendición de cuentas y el acceso a la información, además de ser fuente para la investigación histórica.

Artículo 8.Todo documento en posesión de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal formará parte de un sistema de archivos. Dicho sistema incluirá al menos:

I. Los procesos para el registro o captura.

II. La clasificación por funciones.

III. La descripción a partir de sección (grupo general), serie (subgrupo) y expediente.

IV. La preservación, el uso y la disposición final, entre otros que resulten relevantes.

Cuando las dependencias y entidades cuenten con una clasificación archivística distinta a la que se refiere la fracción II de este artículo, deberán someter ésta a la consideración del Archivo General de la Nación quien revisará cada caso y resolverá lo conducente en consulta con su Consejo Asesor.

Artículo 9. El Archivo General de la Nación establecerá las bases para el desarrollo de herramientas informáticas de gestión y control para coadyuvar en la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades. Los plazos para su adopción serán determinados en cada caso por el Archivo General de la Nación en consulta con su Consejo Asesor.

Cuando las dependencias y entidades hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de archivos distintas a las que establece el párrafo anterior, éstas deberán ser sometidas a la evaluación del Archivo General de la Nación, quien revisará cada caso y resolverá lo conducente en consulta con su Consejo Asesor.

Artículo 10. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal contarán con un área coordinadora de archivos encargada de aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de esta ley y demás disposiciones reglamentarias o administrativas, a efecto de lograr homogeneidad entre todas las unidades administrativas en la materia.

Artículo 11.Las áreas coordinadoras de archivos determinarán la manera de administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos de la dependencia o entidad con base en los lineamientos y criterios definidos por el Archivo General de la Nación.

Artículo 12. En cada dependencia o entidad existirán los archivos de trámite, concentración e históricos que determinen sus respectivas áreas coordinadoras de archivos.

Artículo 13. Las dependencias y entidades productoras de documentos de archivo tomarán las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido, contexto y estructura permitan identificarlos como documentos de archivo que aseguren su identidad e integridad, confiabilidad, autenticidad y acceso.

Artículo 14.Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal se regirán por las disposiciones que dicten al respecto.

Capítulo II Autorización de salida y enajenación de documentos

Artículo 15.No podrán salir del país documentos que hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios y casas curiales, así como, documentos originales relacionados con la historia de México y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, sin la previa autorización del Archivo General de la Nación.

Artículo 16.En los casos de enajenación por venta de un acervo o documento declarado patrimonio documental de la Nación, y en general cuando se trate de documentos acordes con lo previsto en el artículo 36, fracciones II y III de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Ejecutivo federal, a través del Archivo General de la Nación, gozará del derecho del tanto en los términos que establezca el reglamento respectivo.

Artículo 17. Cuando los archivos o documentos de interés público y en poder de los particulares se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro o pérdida, podrán ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública mediante indemnización, ateniéndose a la legislación en la materia.

Título Tercero De los aspectos institucionales

Capítulo I Archivo General de la Nación

Artículo 18.El Archivo General de la Nación es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, rector de la archivística nacional y entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de sus dependencias y entidades.

Además de los órganos de gobierno y administración correspondientes, el Archivo General de la Nación contará con un Consejo Asesor para el mejor desarrollo de las atribuciones asignadas y reflexión sobre las mejores prácticas en las diversas materias afines. El Consejo Asesor estará integrado por representantes de los archivos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada del Ejecutivo Federal, así como por académicos destacados de las disciplinas vinculadas con sus funciones, de acuerdo con los lineamientos que sobre la materia expida el Archivo General de la Nación.

Artículo 19.El Archivo General tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ser ente rector de la archivística nacional, y prestar asesoría técnica para la organización y la operación de los servicios en materia de administración de documentos, información y archivos dentro de las dependencias y entidades federales.

II. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación e información liberada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

III. Gestionar la recuperación e incorporación a sus acervos de aquellos archivos que tengan valor histórico.

IV. Dictaminar las normas relacionadas con la creación y resguardo de los archivos históricos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal.

V. Proponer la adopción de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos ante las autoridades correspondientes.

VI. Administrar los documentos, información, expedientes y archivos que conforman sus acervos, facilitando y promoviendo su consulta y aprovechamiento público.

VII. Expedir copias certificadas de los documentos existentes en sus acervos así como determinar las políticas y procedimientos para proporcionar los servicios de consulta y reprografía al público usuario.

VIII. Establecer lineamientos para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes para el conocimiento y difusión de la historia de México, existentes en archivos y colecciones públicas y privadas, nacionales o del extranjero.

IX. Declarar patrimonio documental de la Nación aquellos acervos o documentos que sean de interés público y se ajusten a la definición prevista en esta ley.

X. Preparar, publicar y distribuir, en forma onerosa o gratuita, las obras y colecciones necesarias para apoyar el conocimiento de su acervo, así como promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental del país.

XI. Determinar lineamientos para concentrar en sus instalaciones, el Diario Oficial de la Federación y demás publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones;

XII. Establecer políticas para reunir, organizar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico necesario para apoyar el desarrollo archivístico y la investigación histórica nacional, con base en las mejores prácticas internacionales adecuadas a la realidad nacional, y

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20. El Archivo General de la Nación podrá concertar convenios y acuerdos de colaboración con dependencias y entidades de los poderes federales, organismos constitucionales autónomos, organismos con autonomía legal, así como con dependencias y entidades de los Estados y municipios y con los archivos propiedad de particulares o asociaciones afines, con el propósito de desarrollar acciones que permitan la modernización de los servicios archivísticos, el rescate y administración del patrimonio documental de la Nación, en el marco de la normatividad aplicable. Así mismo, podrá establecer vínculos con otros archivos nacionales o con las asociaciones internacionales afines.

Capítulo II Registro Nacional de Archivos

Artículo 21. El Registro Nacional de Archivos es un instrumento catastral del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país en el ámbito federal y, de manera potestativa, de los archivos de los demás ámbitos: público, privado y del sector social, mediante el acopio de los datos sobre los acervos y la infraestructura de los archivos, así como sobre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación. Podrán certificarse en el Registro:

I. Los archivos públicos de la Administración Pública Federal.

II. Los organismos constitucionales autónomos;

III. Los organismos autónomos por ley.

IV. Los archivos de los estados y los municipios.

V. Los archivos universitarios y de instituciones de educación superior.

VI. Los archivos privados que soliciten su incorporación.

VII. Todos los acervos y documentos declarados patrimonio documental de la Nación.

Artículo 22.Los archivos adscritos al Registro Nacional de Archivos deberán incorporar y luego actualizar anualmente los datos sobre sus acervos, conforme a las disposiciones y requisitos que establezca el Archivo General de la Nación.

Los particulares propietarios de documentos o archivos declarados patrimonio documental de la nación inscritos en el Registro Nacional de Archivos, informarán sobre cualquier cambio que afecte los documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial.

Artículo 23. Los archivos privados que por solicitud de sus propietarios se inscriban en el Registro Nacional de Archivos, contarán con asistencia técnica por parte del Archivo General de la Nación y se estimulará su organización, conservación, difusión y consulta.

Capítulo III Sistema Nacional de Archivos

Artículo 24. El Sistema Nacional de Archivos es un mecanismo de colaboración permanente entre los archivos públicos, los privados y del sector social, presidido por el Archivo General de la Nación para promover el marco jurídico, técnico y normativo de los archivos y garantizar la preservación, conservación, organización, descripción, y uso adecuado y difusión del patrimonio documental de la Nación, con base en las mejores prácticas internacionales. El Sistema Nacional de Archivos se conducirá de conformidad con las disposiciones previstas en el reglamento.

Artículo 25. Para fines de colaboración y con pleno respeto a su condición de independencia, autonomía, soberanía y a su marco jurídico propio, podrán incorporarse al Sistema Nacional de Archivos:

I. El Ejecutivo Federal a través del Comité Técnico de Unidades de Correspondencia y Archivo del Ejecutivo Federal, compuesto por representantes de los archivos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada del Gobierno Federal;

II. El Poder Judicial de la Federación, a través del órgano que determine;

III. El Congreso de la Unión, a través del órgano que determine;

IV. Los organismos constitucionales autónomos según lo determinen;

V. Los organismos autónomos por ley según lo determinen;

VI. Las entidades federativas a través de los archivos generales e históricos de los estados;

VII. Los municipios a través de sus correspondientes archivos;

VIII. Los archivos privados y sus asociaciones a través de sus representantes, y

IX. Las universidades e instituciones de educación superior a través de sus representantes.

Artículo 26. El Sistema Nacional de Archivos tendrá los siguientes objetivos:

I. Fomentar la modernización y homogeneización metodológica de la función archivística, propiciando la cooperación e integración de los archivos.

II. Promover la gestión, preservación y el acceso a la información documental;

III. Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la gestión de documentos en entorno electrónico.

IV. Promover el desarrollo de las instituciones formadoras de recursos humanos en archivística, y

V. Estimular la sensibilización de la sociedad acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de información esencial, y de los históricos como parte fundamental de la memoria colectiva.

Para el cumplimiento de sus objetivos los integrantes del Sistema Nacional de Archivos aplicarán los principios de unidad normativa y descentralización operativa.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Archivo General de la Nación expedirá las bases para el desarrollo de herramientas informáticas de gestión y control para coadyuvar en la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo federal, en los siguientes 60 días hábiles posteriores a la publicación de la presente ley.

Tercero.El Archivo General de la Nación expedirá los lineamientos para la estructura y funcionamiento del Consejo Asesor en los siguientes 60 días hábiles posteriores al inicio de vigencia de la presente ley.

Cuarto.El Archivo General de la Nación pondrá en su portal electrónico las disposiciones y requisitos citados en el artículo 21 para incorporar y actualizar los datos en el Registro Nacional de Archivos a más tardar en 60 días hábiles posteriores a la publicación de la presente ley.

Quinto. Los sujetos obligados al cumplimiento de esta ley, deberán establecer los órganos y aplicar los principios de la misma, en un plazo máximo de un año contado a partir de su entrada en vigor.

Sexto.Se derogan todas aquellas disposiciones legales que contravengan la presente ley.

Palacio Legislativo a 7 de noviembre de 2006.--- Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), diputado Carlos Madrazo Limón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Madrazo. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates; ytúrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En sesión celebrada el 18 de marzo de 2004, durante la LIX Legislatura fue creada la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, cuya función y objeto se circunscribieron de forma exclusiva a la denominación; es decir, sólo una comisión encargada de dar seguimiento a programas y desarrollo para esa región.

De conformidad con el resolutivo cuarto del acuerdo de constitución, la comisión especial ejerció la función que se le encomendó a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril de 2006, por lo que en sesión del Pleno en la Cámara de Diputados celebrada el 5 de abril de 2006 se presentó una proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dicha comisión especial tuviera vigencia hasta el término de la LIX Legislatura, recién fenecida.

En aquella ocasión se advirtió que la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la comisión especial respondía a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones de desarrollo regional que se han implementado entre dicha comisión y los gobiernos de los estados que componen la región sur-sureste del país, por lo que la Junta de Coordinación Política consideró viable extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le fueron encomendadas a la comisión especial multicitada, con el argumento de que resultaba pertinente seguir avanzando en la construcción de políticas legislativas y de gobierno, sobre todo de carácter presupuestal, dirigidas a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de una región del país caracterizada por sus altos índices de pobreza y de marginación.

De esa manera, el Pleno de la Cámara aprobó el 20 de abril de 2006 el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que en su numeral 1 establece: ``Se amplía el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México hasta el 31 de agosto del año 2006. La comisión especial continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución''.

Compañeras y compañeros diputados, una de las principales aspiraciones de todo Estado democrático es alcanzar y consolidar el desarrollo y bienestar social de sus ciudadanos. Nuestra Norma Suprema contiene como uno de sus principios fundamentales el de la democracia, concebida no sólo como una estructura o régimen de gobierno sino como el constante mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales de la sociedad mexicana.

Hay que reconocer que en este propósito el Poder Legislativo ha contribuido a través de las actividades legislativas para consolidar un marco jurídico que permita la adopción de políticas de gobierno que atiendan y reviertan las condiciones de atraso y de marginación en las que se encuentran sumergidas algunas zonas del país como la región sur-sureste, que se integra con estados cuyas estadísticas advierten de su alto grado de marginación y olvido, tal como son los casos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado desde el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo no han sido suficientes para dar respuesta a los reclamos sociales básicos de salud, educación, vivienda y creación de empleo bien remunerado que nos permitan hablar de bienestar y desarrollo social sustentable e integral, por lo que es necesario implementar nuevas acciones que analicen y complementen el trabajo que durante la LIX Legislatura realizó la Comisión Especial para el desarrollo de la región sur-sureste para alcanzar tal derrotero.

Para ello se propone que a partir de la creación de una comisión ordinaria se establezcan, con fundamento en los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, los criterios básicos para la elaboración de un plan regional de desarrollo de la región sur-sureste del país a fin de que se incluya y considere en el Plan Nacional de Desarrollo y en el que participen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como los congresos estatales, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y el Congreso de la Unión, sin olvidar la participación inevitable de la ciudadanía organizada.

Lo anterior, con objeto de que los programas y proyectos de desarrollo de dichas regiones tengan en su conformación y aplicación congruencia, articulación y eficacia, además de que respondan a la formulación de una estrategia de desarrollo integral para la región sur-sureste del país.

No hay que perder de vista datos aprobados en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2006, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que indican que los niveles de desarrollo no han variado en México, por lo que lo ubican en el lugar 53 por debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba, que se ubican en los lugares 36, 38, 43, 48 y 50, respectivamente.

La búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico alto y estable. Pero éste no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas desfavorables, como ha sido el caso de la región sur-sureste en las últimas décadas.

En efecto, los objetivos sociales no se pueden lograr si la agenda de desarrollo no los coloca en el centro de la política económica. Es necesario entonces que los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, constituyan el marco ético para la formación de la política de desarrollo.

Como bien lo ha sostenido la CEPAL, esta visión integral del desarrollo va más allá de la complementariedad de la política social, económica y ambiental y el reordenamiento democrático entre capital humano, bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía; debe interpretarse como el sentido mismo del desarrollo.

Esta nueva agenda debe permitir el reconocimiento de que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad, por lo que también es necesario abrir nuevos espacios para la participación de la sociedad civil en este complejo proceso.

No le queda otro camino a esta Cámara del Poder Legislativo que ser promotora del desarrollo económico y, en particular, de la formulación y aplicación de políticas públicas en el ámbito de su competencia para reducir la iniquidad y disminuir la pobreza de la región sur-sureste de México.

Indudablemente, para la consecución de tales metas y objetivos es preciso constituir una comisión cuya función sea permanente y no de carácter transitorio, a fin de lograr verdaderos resultados.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, existe razón para constituir una comisión ordinaria a partir de una reforma de la Ley Orgánica del Congreso General, que proponemos se denomine, por la trascendencia de su función, comisión para el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, recorriéndose todas las fracciones en el mismo orden, hasta llegar a la fracción XL, para quedar como sigue:

Capítulo VI, ``De las Comisiones y Comités'', Sección Primera. Artículo 39, fracción IX. Comisión para el Desarrollo Integral Sustentable de la Región Sur-Sureste de México.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ojalá, compañeras y compañeros diputados, volteen sus ojos a la región sur-sureste, la región más rica de México y a la vez, en contraste, la más pobre, con una desigualdad social importante. Ojalá y nos apoyen. Así como tenemos la Comisión del o la comisión metropolitana, así tengamos una comisión ordinaria del sur-sureste.

Por su atención, muchas gracias. Señor Presidente, solicito que lo inserten en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniiciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX (sexagésima) Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

En sesión celebrada el 18 de marzo de 2004 durante la LIX Legislatura, fue creada la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, cuya función y objeto se circunscribió de forma exclusiva a su denominación; es decir, sólo una comisión encargada de dar seguimiento a programas de desarrollo para esa región.

De conformidad con el resolutivo cuarto del acuerdo de constitución, la Comisión Especial ejerció la función que se le encomendó a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril de 2006. Por lo que en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de abril de 2006, se presentó una proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dicha Comisión Especial, tuviera vigencia hasta el término de la Quincuagésima Novena Legislatura, recién fenecida.

En aquella ocasión, se advirtió que la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la Comisión Especial respondía a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones de desarrollo regional que se han implementado entre dicha Comisión y los gobiernos de los estados que componen la región sur-sureste del país; por lo que la Junta de Coordinación Política consideró viable extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le fueron encomendadas a la Comisión Especial multicitada, bajo el argumento de que resultaba pertinente seguir avanzando en la construcción de políticas legislativas y de gobierno, sobre todo de carácter presupuestal, dirigidas a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de una región del país caracterizada por sus altos índices de pobreza y marginación.

De esta manera, el Pleno de la Cámara aprobó el 20 de abril de 2006, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que en su numeral primero, se establece: ``Se amplía el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, hasta el 31 de agosto de 2006. La Comisión Especial continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución.''

Compañeras y compañeros Diputados: una de las principales aspiraciones de todo estado democrático, es el de alcanzar y consolidar el desarrollo y bienestar social de sus ciudadanos. Nuestra norma suprema contiene como uno de sus principios fundamentales, el de la democracia concebida no sólo como una estructura o régimen de gobierno sino como el constante mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales de la sociedad mexicana.

Hay que reconocer, que en ese propósito el Poder Legislativo ha contribuido a través de la actividad legislativa para consolidar un marco jurídico que permita la adopción de políticas de gobierno que atiendan y reviertan las condiciones de atraso y marginación en las que se encuentran sumergidas algunas zonas del país, como la región sur sureste que se integra con estados cuyas estadísticas advierten de su alto grado de marginación y olvido, tales son los casos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado desde el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, aún no han sido suficientes para dar respuesta a los reclamos sociales básicos de salud, educación, vivienda y creación de empleo bien remunerado, que nos permita hablar de bienestar y desarrollo social sustentable e integral; por lo que es necesario implementar nuevas acciones que analicen y complementen el trabajo que durante la Quincuagésima Novena Legislatura, realizó la Comisión Especial para el desarrollo de las regiones Sur-Sureste, para alcanzar tal derrotero.

Para ello, se propone que a partir de la creación de una comisión ordinaria, se establezcan con fundamento en los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, los criterios básicos para la elaboración de un plan regional de desarrollo de la región sur sureste del país, a fin de que se incluya y considere en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el que participen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como los Congresos estatales en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y el Congreso de la Unión, sin olvidar la participación inevitable de la ciudadanía organizada.

Lo anterior, con el objeto de que los programas y proyectos de desarrollo de dichas regiones, tengan en su conformación y aplicación, congruencia, articulación y eficacia; además de que los mismos respondan a la formulación de una estrategia de desarrollo integral para la región sur sureste del país.

No hay que perder de vista los recientes datos aportados en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que indican que los niveles de desarrollo no han variado en México, por lo que lo ubican en el lugar 53 por debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba que se ubican en los lugares 36, 38, 43, 48 y 50, respectivamente.

La búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico alto y estable, pero este no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas desfavorables, como ha sido el caso de la región sur sureste en las últimas décadas.

En efecto, los objetivos sociales no se pueden lograr si la agenda de desarrollo no los coloca en el centro de la política económica. Es necesario entonces que los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, constituyan el marco ético para la formulación de las políticas de desarrollo.

Como bien lo ha sostenido la CEPAL, esta visión integral del desarrollo va más allá de la complementariedad de las políticas sociales, económicas y ambientales y el ordenamiento democrático, entre capital humano, bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía: debe interpretarse como el sentido mismo del desarrollo.

Esta nueva agenda debe partir del reconocimiento de que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad. Por lo que también, es necesario abrir nuevos espacios para la participación de la sociedad civil en este complejo proceso.

No le queda otro camino a esta Cámara del Poder Legislativo, más que ser promotora del desarrollo económico y, en particular, de la formulación y aplicación de políticas públicas en el ámbito de su competencia, para reducir la inequidad y disminuir la pobreza de la región sur-sureste de México.

Indudablemente, para la consecución de tales metas u objetivos, es preciso constituir una Comisión cuya función sea permanente y no de carácter transitoria, a fin de lograr verdaderos resultados.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, existe razón para constituir una Comisión ordinaria a partir de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, que proponemos se denomine por la trascendencia de su función: ``Comisión para el Desarrollo Integral Sustentable de la Región Sur-Sureste de México''.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.- Se adiciona una fracción IX al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, recorriéndose todas las fracciones en el mismo orden hasta llegar a la fracción XL, para quedar como sigue:

Capítulo Sexto De las Comisiones y Comités

Sección Primera De las Comisiones

Artículo 39.

1. ...

2.

I a la VIII ...

IX. Comisión para el Desarrollo Integral Sustentable de la Región Sur-Sureste de México.

X. a XL.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones, a los catorce días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mayans. Insértese en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULOS 52, 53, 54 Y 56 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra a los diputados Carlos Armando Biebrich Torres, José Rosas Aispuro Torres y Víctor Leopoldo Valencia de los Santos para que, de manera conjunta, presenten iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Armando Biebrich Torres:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el mecanismo de elección de diputados federales está previsto en el artículo 54, donde estableció llanamente: ``La elección de diputados será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral''; 46 años después se modifica el artículo 54 y se introduce adicionalmente a diputados electos por el voto directo, la figura de ``diputados de partido''.

Esta nueva vía de acceso a la Cámara de Diputados fue concebida desde el mismo nombre como un elemento marginal a la representación nacional, como un factor de pluralización, más bien artificial de dicha representación.

La evolución de este concepto de 1963 que se instauró, a la fecha ha tenido constantes modificaciones, procurando alcanzar la representación proporcional y plural de las distintas corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados; transitando de 20 diputados de partido entonces, a 200 diputados de representación proporcional en la actualidad.

La iniciativa puesta a su consideración que modifica y adiciona los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de buscar reducir la conformación del Congreso General, pretende dar gobernabilidad al Poder Legislativo, en particular a esta Cámara que se ha vuelto vulnerable por la composición de fracciones minoritarias, que aunado al exceso numérico de sus miembros impiden su funcionalidad operativa y consecuentemente su gobernabilidad.

Si en el pasado establecieron candados para impedir la sobrerrepresentación parlamentaria de un partido político y se precisó en el texto constitucional, que ninguno tendría más diputados que en números de distritos en que se divide la geografía electoral de la república; la cerrada competencia electoral que vivimos ha impedido desde hace una década que un partido político alcance la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que nos ha llevado a negociaciones y consensos que no siempre responden al interés nacional, ni cumplimos el mandato popular de servir legislando para sustentar el desarrollo nacional y la paz social de la república.

La iniciativa propone limitar la sobrerrepresentación de un partido, reduciendo de 8 a 5 por ciento la relación voto-escaños en la Cámara de Diputados y otorga lo que podríamos llamar: ``premio electoral de gobernabilidad'', que permite a un partido político alcanzar la mitad más uno de los miembros de la Cámara, con lo que se preserva al mismo tiempo, la pluralidad y proporcionalidad en la integración partidaria de la representación popular.

Si un partido político obtiene el mayor número de triunfos electorales logra la mayoría absoluta; que entre otras ventajas en esta Cámara daría eficacia a la actividad legislativa, resuelve con mayor facilidad asuntos de legislación ordinaria, que sólo requiere para ser aprobada de la mayoría absoluta de sus miembros presentes y no en el caso de modificaciones constitucionales que requieren el voto aprobatorio de dos terceras partes, que ningún partido por sí solo puede alcanzar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Biebrich. Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Los que suscribimos la presente iniciativa, Carlos Armando Biebrich, Víctor Valencia y el de la voz proponemos modificar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reformar la integración del Poder Legislativo.

Es una demanda muy importante de la ciudadanía el que este Poder Legislativo pueda ser cada día más profesional, que responda más a las expectativas de la sociedad y para lograr ese objetivo nos parece muy importante que se pueda dar la reducción del número de sus integrantes, que eliminemos en el caso de la integración del Senado, el principio de representación proporcional, porque éste no obedece a las actuales circunstancias de un sistema federal, donde de inicio nuestra república --desde 1824--, una de las funciones más importantes del Senado de la República era precisamente el de representar al pacto federal y hoy en día hemos quebrantado y hemos violentado ese principio muy importante de los constituyentes de 1824.

Por eso consideramos que el Senado de la República debe eliminar en su integración la representación proporcional, para que de esa manera podamos tener a un Senado que responda realmente a los intereses de la nación y que, por otro lado, la lista de los senadores plurinominales debe ser eliminada para devolverle al Senado ese carácter federalista.

No podemos negar que los senadores de representación proporcional en realidad violentan el pacto y la representación federal. No hay que olvidar tampoco que la Cámara de Senadores es ante todo una institución en la que descansa la decisión política fundamental constitucional, de adopción del sistema federal, por lo que debe acercarse lo más posible a una integración paritaria de los estados que la forman.

En el caso de la Cámara de Diputados nos parece que se debe de eliminar, de los 200 diputados electos por el principio de representación proporcional, 100; para que sólo se elijan 100 por ese principio y bajo el principio, también de mayoría relativa, proponemos que se puedan reducir de 300 a 250 distritos para que la Cámara de Diputados pueda quedar integrada con 350 miembros y con 96 el Senado de la República.

Esto para hacer un Poder Legislativo más eficiente, un Poder Legislativo más profesional que realmente responda a los intereses de la sociedad, porque hoy en día la sociedad lo que busca es que el Poder Legislativo logre acuerdos, ¿primero hacia dónde? Hacia el interior, pero también que pueda lograr los acuerdos necesarios con los otros Poderes de la Unión y particularmente con el Poder Ejecutivo federal.

Por ello esta reforma, además de que podamos profesionalizar aún más al Poder Legislativo, estoy seguro que también la sociedad vería muy bien el que en el gasto público --el gasto financiero que hace el gobierno--, el costo del Poder Legislativo pueda ser menor.

Yo estoy seguro, compañeras y compañeros diputados, que si trabajamos en ésta, que es una demanda de la sociedad, vamos a lograr que el Poder Legislativo en un futuro no sólo le cueste menos al pueblo de México, sino lo más importante; que logre los acuerdos para que éstos se traduzcan en leyes, para que se traduzcan en beneficio a la sociedad. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rosas Aispuro. Para terminar esta presentación, tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos:Gracias. Con el permiso de la honorable Asamblea. Sólo para efectivamente complementar la información de esta reforma que se pretende por parte de estos integrantes de la propuesta.

Hay que reconocer que esta Cámara de Diputados, del tamaño de la de ahora, no es un órgano legislativo eficiente; no permite el debate responsable; impide el procesamiento ordenado del trabajo de comisiones; dificulta la asignación de responsabilidades adecuadas y, lo más grave, entorpece la formación de consensos necesarios a la definición de prioridades legislativas comunes a todas las fracciones ideológicas que la nación requiere con urgencia. Además, genera costos que, aun cuando no son lo más importante, también le preocupan a la ciudadanía y también desprestigian la tarea legislativa.

Un ejemplo que pudiera ubicar la presente propuesta es atendiendo al derecho comparado. En países cuya población es similar a la nuestra resulta fácil observar que sus órganos legislativos, en cuanto a su integración, son representativamente menores en comparación con el nuestro.

Por ejemplo, Argentina, 40 millones de habitantes. Se conforma la Cámara de Diputados por 256 miembros. En Brasil, con 285 millones de habitantes, la Cámara de Diputados no rebasa los 513. En España, un país con 44 millones de habitantes, el Congreso, la Cámara de Diputados, se compone con un mínimo de 300 y un máximo de 400. Actualmente son 350.

Una vez garantizada esta pluralidad de ideas y la fortaleza del sistema de partidos, es necesario también hacerlo con la organización legislativa para que el gobierno pueda ser conducido sin el obstáculo paralizador que significa la atomización política, como ha estado sucediendo en legislaciones recientes.

Se hace indispensable realizar una nueva forma y reforma constitucional que permita modernizar la composición del Congreso para que sea una institución más fuerte, eficaz y desde luego eficiente, acorde con la nueva realidad política del país y siga reflejando la pluralidad en que vivimos y constituya una expresión organizada de todos los sectores sociales y de todos los mexicanos, todo esto congruente con los nuevos tiempos que vive nuestro país. Muchas gracias.

«Iniiciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Carlos Armando Biebrich Torres, José Rosas Aispuro Torres y Víctor Valencia de los Santos, diputados federales integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados a la LX Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa, que contiene proyecto de decreto para reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reducir el número de legisladores que integran las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, bajo los siguientes antecedentes y exposición de motivos.

Antecedentes

En los tiempos democráticos que vive nuestro país, la sociedad exige a las autoridades un verdadero estado de derecho. En ese contexto, los órganos y entidades públicas están obligados a circunscribir su acción a lo que la ley les señala y a cumplir su labor con eficacia y profesionalismo, y procurando siempre el bienestar colectivo. Esta exigencia obliga a la revisión de los principios constitucionales que fundamentan nuestro sistema normativo, con objeto de que se adapten a las nuevas realidades y se conviertan en la base para que el principio de equilibrio y división de órganos del poder público sea una realidad actuante y permanente.

El dinamismo de la sociedad mexicana hace necesario analizar el principio constitucional de separación de poderes, poniendo especial énfasis en el órgano legislativo, a fin de perfeccionar un proceso de reforma del Estado que desde hace algunos años trata de consolidar un Poder Legislativo profesional e independiente. En este sentido adquieren preponderancia los temas de la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el caso de la Cámara de Diputados, el articulado constitucional correspondiente ha sido materia de nueve reformas, que han modificado sustancialmente su formación, desde su base poblacional hasta la creación de los diputados de partido, antecedente de los diputados plurinominales y los de representación proporcional.

La primera gran reforma se dio en 1963, durante la presidencia de Adolfo López Mateos. En ella se introdujo por primera vez la figura jurídica del denominado sistema de diputados de partido, al establecer que para que un partido político tuviera derecho a la asignación de cinco diputados debería alcanzar cuando menos 2.5 por ciento de la votación total del país en una elección nacional y por cada medio por ciento obtendría un diputado más, sin que rebasara un número mayor de 20 diputados.

Para 1976, la Cámara estaba integrada por un total de 238 legisladores, de los que 196 eran de mayoría relativa y 41 diputados de partido. Con la reforma de 1976 se disminuyó el porcentaje mínimo requerido, pasando de 2.5 a 1.5 por ciento de la votación total para poder acceder a una curul de diputado de partido.

En 1977 se dio el primer aumento desproporcionado, pasando de 238 a 400 diputados. Con esta reforma se suprimió la figura de los diputados de partido, estableciéndose un sistema mixto, en el que predominaba el principio de mayoría relativa por encima del de representación proporcional. De los 400 diputados que integraban la Cámara de Diputados, 300 eran electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 de acuerdo con el de representación proporcional.

Para ello, el territorio nacional se dividió en 300 distritos electorales. Por virtud de esta reforma son elegidos 100 diputados mediante un sistema de listas regionales, que serían votadas en circunscripciones plurinominales.

La última reforma que se hizo en este sentido data de 1986, año en que se dio un nuevo aumento en el número de diputados, pasando de 100 a 200 diputados de representación proporcional y manteniendo los 300 diputados de mayoría relativa; con ello suman los 500 diputados que corresponden a la actual integración de la Cámara de Diputados.

La historia de la composición de la Cámara de Senadores no ha sido muy diferente: el número de senadores aumentó en desproporción atendiendo solamente a cuestiones de carácter político.

La primera reforma que sufrió el artículo 56 de la Constitución fue en abril de 1933, al establecer que la Cámara de Senadores se compondría de dos miembros por estado y dos por el Distrito Federal, electos directamente en su totalidad y con duración de seis años en el encargo.

El 15 de diciembre de 1986, en otra reforma constitucional, el citado artículo cambió su composición al procedimiento de elección, que consistió en renovar la Cámara de Senadores por mitad cada tres años.

La última reforma, que se dio en 1996, estableció la integración de la Cámara de Senadores por 128 senadores; cambiaron nuevamente el número y la forma de integración, y por cada estado se elegirían 2 por el principio de votación mayoritaria y uno por primera minoría. Se introduce la figura de la representación proporcional mediante un sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, por lo que bajo este sistema se elegirán 32 senadores para hacer un total de 128 que tiene actualmente la Cámara alta.

Sin duda, ésta y la anterior reforma marcaron un mal precedente para los mexicanos porque en ellas predominó el interés meramente político, fuera de lo que representa el pacto federal.

Exposición de Motivos

Primero.La realidad actual nos muestra un sistema de partidos cada vez más sólido y estructurado. Por ello es preciso reconocer que las circunstancias que vive México difieren de las que en su momento justificaron la introducción del principio de representación proporcional en la integración de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en los términos que ahora conocemos. Los partidos políticos son hoy día opciones bien organizadas, electoralmente fuertes, que disputan en pie de igualdad posiciones político-electorales.

Consecuentemente, el principio de mayoría relativa es ya un cauce suficiente para darles cabida en las Cámaras, por lo que el número de curules asignadas por el principio de representación proporcional puede ser legítimamente reducido en su importancia relativa e, incluso, suprimido como se propone para el caso del Senado.

Segundo.Una reducción del número de diputados federales y de senadores plurinominales permitiría lograr que el trabajo de ambas colegisladoras fuera mejor y más eficiente. En la actualidad, con 500 diputados federales y 128 senadores, su labor se complica, con el consiguiente estancamiento del proceso legislativo.

Una Cámara de Diputados del tamaño de la de ahora no es un órgano legislativo eficiente, no permite el debate responsable, impide el procesamiento ordenado del trabajo de comisiones, dificulta la asignación de responsabilidades adecuadas y, lo más grave, entorpece la formación de consensos necesarios a la definición de prioridades legislativas comunes a todas las fracciones ideológicas que la nación requiere con urgencia. Además, genera costos que, aun cuando no son lo más importante, también preocupan a la ciudadanía y desprestigian la tarea legislativa.

Un ejemplo que pudiera ubicar la presente propuesta es atendiendo al derecho comparado en países cuya población es similar a la nuestra. Resulta fácil observar que sus órganos legislativos en cuanto a su integración son representativamente menores en comparación con nuestro Congreso de la Unión, tal como se muestra a continuación:

Tercero.Por otro lado, la lista nacional de senadores plurinominales debe ser eliminada para devolver al Senado su carácter federalista. No podemos negar que los senadores de representación proporcional en realidad violentan el pacto y la representatividad federales.

No hay que olvidar que la Cámara de Senadores es ante todo una institución en la que descansa la decisión política fundamental constitucional de adopción del sistema federal, por lo que debe acercarse lo más posible a una integración paritaria de los estados que lo forman.

Cuarto.Desde hace más de un lustro, la Cámara de Diputados opera mediante fracciones parlamentarias que no alcanzan la mayoría absoluta, como consecuencia de una intensa competencia electoral, lo cual nos muestra que el sistema mixto de representación ha madurado, pues garantiza plenamente el derecho de participación política de las minorías.

Sin embargo, el exceso de legisladores ya está generando más inconvenientes que beneficios porque se integran mayorías formadas de minorías sin cohesión. En estos momentos, el exceso de cantidad ya está afectando la calidad. El camino de 1963, ampliado en 1977, que introdujo el sistema electoral mixto, garantizando la pluralidad en el intercambio de ideas, está comenzando a generar renovaciones poco sustanciales de los marcos jurídicos y bloqueos a las grandes transformaciones jurídicas que requieren con urgencia las políticas de gobierno para un país que ya no puede esperar demasiado tiempo en la atención eficaz de sus grandes demandas de orden político, económico y social.

Quinto.Una vez garantizadas la pluralidad de ideas y la fortaleza del sistema de partidos, es necesario también hacerlo con la organización legislativa para que el gobierno pueda ser conducido sin el obstáculo paralizador que significa la atomización política, como ha estado sucediendo en legislaturas recientes.

Se hace indispensable realizar una nueva reforma constitucional que permita modernizar la composición del Congreso, para que sea una institución más fuerte, eficaz y eficiente que, acorde con la nueva realidad política del país, sigua reflejando la pluralidad en que vivimos y constituya una expresión organizada de todos los sectores sociales y de todos los mexicanos, congruente con los nuevos tiempos de México.

Para lograr los fines anteriores, en esta iniciativa proponemos reducir a 250 el número de diputados de mayoría relativa y a 100 el de representación proporcional, así como la supresión de ese mismo principio en la elección de parte del Senado.Como consecuencia de este cambio y para mantener la misma proporción en relación con los topes y la sobrerrepresentación establecidos en el artículo 54 constitucional, también proponemos disminuir a 250 el número máximo de diputados que por ambos principios puede tener un partido político.

Sexto.Estas cifras responden a varios criterios fundamentales: en primer término, a la adecuación cuantitativa exigida por una mejor funcionalidad del Congreso, tal como lo muestra la experiencia internacional antes señalada; en segundo término, a la modernización de la institución, que recoge la experiencia histórica y avanza en nuevos parámetros que dicta la intensa competencia electoral del país.

Por tanto, se propone a esta soberanía que los candados para evitar la sobrerrepresentación se reformen de la siguiente forma: modificando el requisito a los partidos políticos para que el nuevo tope del número de diputados que obtengan en una elección, por ambos principios, se reduzca de 300 a 250, lo cual resulta consecuente con el supuesto de que un solo partido pueda ganar en todos los distritos electorales uninominales; y disminuyendo de 8 a 5 los puntos porcentuales de representación adicional máxima en la relación entre votos y escaños.

Séptimo.La gobernabilidad del Congreso, en particular de la Cámara baja, es ahora sumamente vulnerable como consecuencia de una composición de fracciones parlamentarias minoritarias, aunado al exceso numérico de sus miembros, antes comentado.

La ineficacia de la dirección se origina, debemos reconocerlo, por la falta de un mecanismo de gobernabilidad que otorgue estabilidad, organización y rumbo a la tarea legislativa, sobre todo en estos momentos de toma de decisiones trascendentes para el ulterior desarrollo nacional. Este mecanismo, sostenido en la llamada ``cláusula de gobernabilidad'', tiene antecedentes recientes en el texto constitucional y ha sido objeto de diversos juicios de valor, pero no hay que olvidar que se adoptó y luego se desechó, atendiendo a una realidad política distinta de las que hoy prevalecen.

En 1986 se introdujo supliendo las barreras y candados que venían funcionando, como parte de una necesidad política de estabilidad, en caso de que ningún partido obtuviera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. En 1993 se derogó para dar cabida a una mayor proporcionalidad al resultado electoral, agregando límites al número máximo de curules que algún partido político podía tener. En ambos casos, la cláusula de gobernabilidad obedeció a un contexto de partido dominante, de impulso gubernamental a las incipientes minorías en ese entonces poco organizadas y dentro de un proceso histórico de perfeccionamiento de los topes a la sobrerrepresentación.

Actualmente, y como se vislumbra para el futuro cercano, la realidad política es totalmente diferente: está impregnada de una fuerte competencia entre partidos y claramente identificada por variadas plataformas ideológicas, cuyo efecto se materializa en fracciones minoritarias dentro del Congreso General.

La cláusula de gobernabilidad es por tanto una necesidad de estabilidad y eficacia para la modernización del Congreso, particularmente por lo que respecta a un trabajo legislativo inteligente y consensuado, sin caer en la eventualidad de alianzas partidarias aleatorias y frágiles; todo esto, acorde con la urgencia que reclama la configuración de un país más productivo en lo económico, más justo en lo social y más democrático en lo político.

Proponemos que el artículo 54 constitucional sea adicionado para que al partido político que más constancias de mayoría obtenga, en caso de no lograr 51 por ciento de la votación nacional, le sean asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Si se diera un empate, la mayoría absoluta sería decidida en favor de aquel de los partidos empatados que haya alcanzado la mayor votación nacional en la elección de diputados por mayoría relativa.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por doscientos cincuenta diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y cien diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los doscientos cincuenta distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los cien diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los cien diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I.Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos ciento sesenta y cinco distritos uninominales;

II. y III. ...

IV.Ningún partido político podrá contar con más de doscientos cincuenta diputados por ambos principios;

V.En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en cinco puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida, más el cincopor ciento;

VI. Si ningún partido obtiene 51 por ciento de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza, con sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría serán asignados diputados de representación proporcional hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. En caso de empate en el número de constancias, la mayoría absoluta de la Cámara será decidida en favor de aquel de los partidos empatados que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional en la elección de diputados por mayoría relativa; y

VII.En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV, V y VI anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV, V o VI se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá lo necesario para adaptar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a los preceptos relativos de esta Constitución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputados: Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Víctor Valencia de los Santos.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Valencia. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Francisco Dávila García:Con su permiso, señor Presidente.

«Iniiciativa que reforma el articulo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

El suscrito, diputado Francisco Dávila García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presenta iniciativa de modificaciones al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para la reasignación del pago por concepto de derechos de no inmigrante, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros diputados, la actividad turística en México ha tenido en los últimos años políticas de gobierno tendientes a la planeación, crecimiento y desarrollo en los tres órdenes de gobierno, toda vez que el inicio de la derrama económica se da en el destino turístico, beneficiando en primera instancia a los habitantes del lugar y éste, a su vez, al estado y a la federación, generando también empleos que actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se encuentran en un promedio del 30 por ciento por encima del ingreso de la media nacional de otros tipos de empleos; sin dejar de mencionar que en los últimos tres años se han generado anualmente alrededor de 100 mil nuevos empleos en este sector; así, de acuerdo con el reporte de ocupaciones remuneradas en la actividad turística, actualizado al mes de junio de 2006, el número total de empleos por este concepto es de 1 millón 830 mil 732. Además, también se ha observado un crecimiento en la contribución al producto interno bruto, alcanzando una aportación del 7.7 por ciento.

En está generación de políticas tendientes al fomento del crecimiento y desarrollo sostenido de la actividad turística, el Poder Legislativo ha sido y es congruente y partidario de este objetivo, por lo que se creó el cobro del derecho de no inmigrante a los turistas internacionales que visiten nuestro país, asignando la totalidad de lo recaudado por este derecho a la promoción turística; sin embargo, al momento de establecer estos recursos se consideró necesario destinar el 50 por ciento de ellos al Instituto Nacional de Migración para que con este recurso se pudieran modernizar y eficientar los servicios migratorios para hacerlos más ágiles y, con ello, el visitante no prolongara su estancia en las oficinas del servicio migratorio, situación que al día de hoy se ha logrado, por lo que se debe retomar la idea que dio origen al pago por el derecho de no inmigrante, destinándolo en su totalidad a la promoción turística.

Este derecho constituye la cuota a pagar por los extranjeros por el permiso de estancia en México en calidad de turista; recordemos que el ejercicio del cobro de este derecho es una práctica que se lleva a cabo en otros países que tienen una alta demanda de visitantes internacionales, por lo que no se ha desalentado el arribo de visitantes internacionales.

Con la modificación al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos se busca continuar con el crecimiento y desarrollo de la actividad turística, ya que se pretende que con los ingresos recaudados por este derecho se aumente la promoción de nuestros destinos turísticos, sin olvidar que México cuenta con una diversidad de ofertas y destinos turísticos; queremos que a través de la información recibida por todo aquel extranjero que esté próximo a realizar un viaje a otro país tenga como primera opción visitar México; esto no sólo se logra con la riqueza geográfica, cultural, gastronómica y el excelente servicio que brinda a todo visitante nuestro país, entre otros de sus atractivos, sino que es necesario también promover todos estos atributos por todo el mundo, hagamos que conocer y pasear por México sea un deseo constante de todo extranjero.

Como legisladores debemos continuar encauzando reformas o modificaciones en nuestro marco jurídico para lograr que el turismo expanda los beneficios económicos, laborales y sociales que permitan un bienestar de todos con una mejor calidad de vida; esto, al existir un mayor ingreso para el país, por ello la reasignación del importe recaudado por el derecho de no inmigrante cubriría la continua difusión y promoción de nuestro país como un destino turístico.

Por lo antes expuesto, se propone la

Iniciativa que modifica el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo Único.

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley se destinarán al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.

Artículo 18-B. ...

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputado Francisco Dávila García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dávila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Continúe la Secretaría.

LIBERTAD DE EXPRESION DE PARTIDOS POLITICOS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a que garanticen y respeten la libertad de expresión de los partidos políticos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a la consideración el Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Federal Electoral para que, en el marco de la ley, garanticen y respeten la libertad de expresión a la que los partidos políticos tienen derecho en la difusión de sus ideas y mensajes contenidos en los programas que, en ejercicio de sus prerrogativas, tienen derecho a que se transmitan en los tiempos oficiales del Estado.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Cordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba...

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, secretario. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Nosotros suscribimos ese punto de acuerdo; sin embargo, no corresponde al título. El título que se le está dando y que se le dio lectura es al viejo punto de acuerdo que fue modificado por un acuerdo de todos los partidos políticos y que estamos suscribiendo por unanimidad.

El Partido Acción Nacional va a votar a favor, pero que se corrija el título y coincida con el contenido del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tome nota la Secretaría y corríjase el título. Sométalo a votación.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura a los dictámenes.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 20 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 26 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán, serán de carácter consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa la ciudad de Mérida, Yucatán.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable con la Unión.- México, DF, a 2 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, secretario; Rogelio Carbajal Tejeda (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Prieto Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla Especial'' y Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla Especial'' y ``Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carvajal Tejeda (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica); César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica); Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Prieto Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta, cuerpo general, Luis Alfonso Medina Martínez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 26 de octubre de 2006 le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de ``Oficial'', que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de ``Oficial'', que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración Legión de Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 26 de octubre de 2006 le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos capitán de navío CG DEM Demetrio Mújica Castro, general de brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, general Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo, y Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla de la Armada Argentina al Mérito''; ``Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar''; ``Medalla Amistad, Defensa y Honor'', y la de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz; y ``Médaille du Sénat'', que les otorga la Armada de la República Argentina, el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador, el gobierno de la República de Nicaragua y el Senado de la República Francesa, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al capitán de navío CG DEM Demetrio Mújica Castro para aceptar y usar la Condecoración ``Medalla de la Armada Argentina al Mérito'', que le otorga la Armada de la República Argentina.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano general de brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas para aceptar y usar la condecoración ``Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar'', que le otorga el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano general Gerardo Clemente Ricardo Vega y García para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Amistad, Defensa y Honor'', que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Cuevas y Novelo para aceptar y usar la condecoración de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Tortolero Cervantes para aceptar y usar la condecoración ``Medaille du Sénat'', que le otorga el Senado de la República Francesa.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejeda (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Prieto Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Demetrio Mújica Castro, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo y Francisco Tortolero Cervantes para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 26 de octubre del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González, subteniente de arma blindada Jonatan Gutiérrez Morales, subteniente de infantería Pedro Madera Pelayo, subteniente de caballería José Antonio Cruz González, subteniente de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación Érick Sánchez Flores, subteniente de fuerza aérea aerologista Damián Hernández Villa y subteniente de intendencia Héctor Morán Rojo, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la Federación de Rusia, de las repúblicas de El Salvador, de Colombia, de Chile, Bolivariana de Venezuela y Federativa de Brasil, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González para aceptar y usar la condecoración medalla del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ``Por el fortalecimiento de la confraternidad bélica'', que le otorga el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano subteniente de arma blindada Jonatan Gutiérrez Morales para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano subteniente de infantería Pedro Madera Pelayo para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorga el Ejército Nacional de la República de Colombia.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano subteniente de caballería José Antonio Cruz González, para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Bernardo O'Higgins'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano subteniente de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación Érick Sánchez Flores para aceptar y usar la ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorgan el Ejército Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia y la condecoración ``Teniente Carlos Meyer Baldo'', de la aviación militar, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano subteniente de fuerza aérea aerologista Damián Hernández Villa para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la República de El Salvador.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano subteniente de intendencia Héctor Morán Rojo para aceptar y usar la condecoración ``Estrella de Carabobo'', del ejército, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la medalla ``Mariscal Hermes'', que le otorga el Ejército de la República Federativa de Brasil.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama, secretaria; Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavo Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, Jonatan Gutiérrez Morales, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González, Érick Sánchez Flores, Damián Hernández Villa y Héctor Morán Rojo para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. Al no haber oradores, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presidente...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en votación, diputado. Ya no se permite el uso de la palabra. Se la di antes; lamentablemente, no estaba.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 396 votos en pro, 14 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados, los proyectos de decreto por 396 votos a favor. Pasan al Ejecutivo y al Senado, para sus efectos constitucionales.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió un acuerdo suscrito por diputados federales, a nombre de los grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura. Proceda la Secretaría a dar cuenta de esto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo parlamentario.

Los suscritos diputados federales, a nombre de los grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura, acuerdan sugerir que se incluya en el orden del día en la agenda política de la sesión del martes 14 de noviembre de 2006 el siguiente punto:

Comentarios sobre el resultado de las elecciones legislativas del martes 7 de noviembre en los Estados Unidos.Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado Cristián Castaño Contreras (rúbrica), por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier Calzada Vázquez (rúbrica), por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), por el grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, y diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica), por el grupo parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por los suscritos.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, para hacer comentarios sobre el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos de América tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, diputado Presidente. Como todos sabemos, el pasado martes 7 de noviembre hubo elecciones en Estados Unidos. Se renovó totalmente la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los resultados le dieron la vuelta a la hegemonía política del Partido Republicano. Hoy, el pueblo norteamericano le dio mayoría al Partido Demócrata en ambas cámaras.

Aparte de que debemos de examinar lo que eso significa para la política internacional en su conjunto, sobre la guerra de Irak, sobre las reformas a la ONU, sobre la posibilidad de que Estados Unidos finalmente sea responsable y firme convenciones como el Protocolo de Kyoto, sobre el medio ambiente y otros de esa envergadura, los mexicanos debemos examinar qué posibilidades se abren en la relación entre México y nuestro vecino del norte. A mi juicio, compañeras y compañeros diputados, deberíamos valorar muy bien este significado porque los diputados que van a tomar posesión el próximo mes de enero van a convivir con nosotros los siguientes dos años. Esto es, vamos a tener una relación cercana, casi durante nuestra legislatura.

¿Qué es lo que deberíamos impulsar, aprovechando la atmósfera de cambio que se produjo por la elección del primer martes de noviembre? A mi juicio, estimadas amigas y amigos, una primera decisión que deberíamos tomar aquí es renovar nuestro interés de mantener relaciones bilaterales con nuestros colegas norteamericanos y tratar de convencerlos de que de una vez por todas hablemos con los canadienses en reuniones trilaterales, ése es un primer tema.

Ya no sólo reuniones interparlamentarias separadas México-Estados Unidos, México-Canadá, sino reuniones trilaterales para hablar sobre el proceso de integración de América del Norte. Ése es un primer tema que hay que plantear de inmediato. Coloco a su consideración la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política nombre un equipo especial --como lo tuvimos en el Senado las dos legislaturas anteriores-- para dar seguimiento a la relación con el Capitolio norteamericano.

Se puede renovar --y debemos decírselo de inmediato-- el interés sobre el tema migratorio; todos sabemos que los más duros en contra de nuestros paisanos en Estados Unidos son republicanos, neoconservadores, y su política, en su conjunto, fue derrotada.

Creo que nuestra legislatura debe mandar el mensaje rápido, con los nuevos liderazgos de Estados Unidos diciéndoles que estamos dispuestos a dialogar de inmediato, para revivir el tema de la reforma integral sobre el asunto migratorio. Hay que ir para que podamos aprovechar un año que no hay elecciones en Estados Unidos, que es el año próximo.

Creo que podríamos también, en ese mismo orden, revisar aquí el documento que aprobaron las dos cámaras en la legislatura pasada y que se llamó México frente al fenómeno migratorio. Hay que renovarlo, hay que rediscutirlo, hay que actualizarlo.

Y por último, señor Presidente, creo que es necesario discutir con los norteamericanos la corresponsabilidad de los tres gobiernos de América del Norte en el desarrollo del ``socio pobre'', que es México.

Los republicanos nos impusieron la idea de que la prosperidad de México pasa única y exclusivamente por el desarrollo de la empresa privada. Nunca quisieron aceptar la idea de los fondos compensatorios para la construcción de una infraestructura en México y para otras cosas.

Creo que con el cambio de hegemonía allá --con esto termino-- podemos convencer al Congreso norteamericano de que vayamos por la vía de los fondos de cohesión social o compensatorios, como en el caso de la integración europea. Muy amable, gracias señor Presidente por su tolerancia, y a todos los que nos chiflaron, igual, muy amables.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa.

En virtud de no encontrarse, tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Sonido a la curul de la diputada Irma Piñeyro.

La diputada Irma Piñeyro Arias(desde la curul): Señor Presidente, quiero comentarle que el Partido Nueva Alianzaha declinado su participación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Piñeyro. Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con el permiso de la Presidencia. Las elecciones del pasado martes 7 de noviembre para la renovación parcial de las cámaras del Congreso de Estados Unidos de América, en las que el Partido Demócrata obtuvo la mayoría de la Cámara de Representantes y en el Senado, representa un severo golpe a la ultraderecha de Estados Unidos y al aparato militar de Los Halcones del gobierno norteamericano.

Esta elección demostró que la sociedad norteamericana repudia el belicismo de su gobierno, condena la injusta invasión que Estados Unidos han hecho a Irak, así como la muerte de miles de jóvenes, muchos de ellos de origen latino, en aquel país, que han servido de ``carne de cañón'' en el Ejército de Estados Unidos de América en esta invasión. Esta elección demuestra que sin la manipulación de la elección presidencial de 2004, George Bush no hubiera ganado la reelección.

Tan contundente ha sido la derrota de Bush que ha removido de la Secretaría de la Defensa a Donald Rumsfeld. Sin embargo, no puede ser considerado un triunfo de las fuerzas progresistas ya que el nuevo secretario de Defensa Robert Gates, fue director de la CIA, por lo que no puede ser considerado un pacifista.

Perdieron los conservadores republicanos, pero ganaron los conservadores demócratas. El triunfo del pasado demócrata permite inferir que este partido obtendrá la Presidencia en la próxima elección presidencial de 2008.

Ahora bien, el triunfo del Partido Demócrata en el Congreso debe ser aprovechado por el gobierno mexicano para negociar y obtener, ahora sí, un tratado migratorio que reconozca el derecho que nuestros connacionales en aquel país tienen al trabajo y a la seguridad jurídica, para que no perciban salarios más bajos que otra persona cuya calidad migratoria es legal.

Además, es necesario discutir la renegociación del Tratado de Libre Comercio en su Capítulo Agropecuario para contener el daño que éste genera en el campo mexicano, toda vez que para el año de 2008 entrará de manera libre el maíz, el frijol y la leche en polvo, libre de todo arancel; y las importaciones se verán incrementadas.

Por eso es necesario que valoremos en su justa dimensión el triunfo del Partido Demócrata y que aprovechemos esta gran oportunidad para que México pueda hacer una relación más estable, pero también una relación que permita que el gobierno de México con Estados Unidos, pueda hablar de igual a igual.

Pero que también nos dé certeza a todos los mexicanos que tratados que se den de aquí en adelante sean recíprocos y que exista primeramente una igualdad entre los dos Estados. Tenemos muchos problemas con ellos, ahora sabemos que la construcción del muro que se está dando en Estados Unidos abrirá la gran oportunidad para que podamos renegociar esa situación y que les digamos a ellos, que ese muro no debe de construirse y que ahora, en estas nuevas condiciones de Estados Unidos pueda haber una respuesta favorable a nuestro país, en éste y muchos más problemas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Diego Cobo Terrazas: Muchas gracias, Presidente. Señoras y señores legisladores. Los resultados de las elecciones en Estados Unidos cambian el panorama político de ese país en materia del arreglo de fuerzas en el Congreso de aquella nación.

Los demócratas obtuvieron en la Cámara baja una ventaja al lograr 229 escaños de los 435 en disputa y en el Senado pudieron asegurar junto con dos candidatos independientes afines, una mayoría al lograr 51 de los escaños. Gracias a estos resultados, los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras, de los comités y de la agenda legislativa.

También vale poner en consideración la participación del Partido Verde de Estados Unidos de América, que si bien no logró ganar algún escaño porque en esa nación no existe el sistema de representación proporcional; sí logro ya votaciones cercanas a 30 por ciento en algunos distritos, los que lo perfilan en los próximos comicios de aquella nación, como la tercera fuerza política de Estados Unidos de América, lo cual aplaudimos los verdes mexicanos. Pero no echemos de este lado de la frontera las campanas al vuelo al creer que las causas que nos interesan serán aprobadas en automático. Hemos de comprender que el fracaso de los republicanos tendrá importantes consecuencias en la política interna y exterior de Estados Unidos.

La existencia de un gobierno dividido impedirá que el presidente Bush tenga las manos libres durante los últimos dos años de su mandato. No obstante, los demócratas serán en sumo cautelosos, pues estos dos últimos años del segundo periodo del presidente Bush se perfilan hacia la próxima elección presidencial.

En este sentido y, dada la alta participación hispana en el proceso electoral, es que existen nuevas oportunidades para impulsar cambios en materia migratoria en Estados Unidos, pues podría empezar a bajar la algidez del activismo antimigratorio en el Congreso y en el discurso utilizado por los candidatos republicanos que tuvo efectos contrarios que ya hemos observado.

Los demócratas han demostrado una mayor inclinación a impulsar una reforma migratoria integral. No obstante, hay miembros de esa opción política que son tanto o más opositores a ella. Ahí es donde nuestras habilidades políticas debieran centrarse.

Legisladores y diplomáticos, políticos y operadores gubernamentales, tenemos que unirnos para alentar a que ese liderazgo demócrata, proclive a la causa migratoria, considere iniciativas imparciales y eficaces en dicha materia, que apoyen una reforma migratoria equilibrada que contemple medios de control fronterizo, pero que considere seriamente la instauración de un programa de trabajadores temporales y la regularización de los indocumentados.

El gobierno que está por iniciar funciones debe encontrar nuevos espacios de negociación frente a esta nueva coyuntura de la relación entre México y Estados Unidos. Es por mucho la relación bilateral más importante, nos guste o no aceptarlo; y, por ende, la más dinámica y compleja.

En ese sentido, los resultados de las elecciones en Estados Unidos abren la puerta para que el nuevo gobierno abra estas puertas en una serie de temas importantes que significarán grandes beneficios para millones de mexicanos, de aquí y de allende en nuestras fronteras. Allá hay que aprovechar los nuevos espacios que se abren en el cambio legislativo de nuestro vecino país.

Entendamos que el cambio en el mapa político de Estados Unidos nos permitirá nuevos márgenes de maniobra, pero no tengamos lecturas erróneas, pues ese cambio no significará la desaparición de propuestas antimigratorias y antimexicanas en ese Congreso.

No olvidemos que 62 legisladores del Partido Demócrata votaron a favor de la ley que autoriza la construcción del muro en nuestra frontera. La discriminación y la xenofobia asociada a la inmigración indocumentada con las amenazas terroristas y su criminalización están muy arraigadas en la opinión pública norteamericana.

Además, esperamos que dada la trayectoria que ha seguido el gobierno de Bush hasta ahora y de su carácter personal como gobernante, un giro como el que vimos electoralmente no lleve a una parálisis política que complique más las cosas.

Por todo ello insistiremos en que debemos seguir trabajando en un proyecto que logre consensos al interior de la opinión pública de Estados Unidos para lograr los objetivos que beneficien a nuestros connacionales. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cobo. Tiene la palabra la diputada María Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI.

La diputada María Oralia Vega Ortiz:Señoras y señores legisladores. Queda claro que los resultados de las elecciones en Estados Unidos de América merecen una profunda reflexión, en particular sobre los asuntos que involucran a nuestro país tanto en las relaciones de corte formal que sostenemos con nuestros vecinos del norte, como con aquellos que nos institucionalizamos, pero en la realidad existen y trastocan nuestra economía y los mercados y también el desarrollo social.

Lo anterior, sin lugar a dudas merece decisiones políticas de todas y cada una de las fuerzas que aquí representamos, pero desde luego implica también decisiones de Estado que incidan en el rumbo de nuestra nación.

Nunca como hoy, la política de Estados Unidos ofrece un elemento de análisis que quizá no se repita en los próximos años entre las agendas internacional y nacional. En tal virtud, la política internacional de este país no puede ser producto de decisiones unilaterales ni hegemónicas que se concentren sólo en el Poder Ejecutivo. La participación puntual y eficaz de ambas cámaras del Congreso será fundamental para enfrentar los retos que en la materia se nos plantean.

Entender la política internacional desde la perspectiva de Estado es hacerlo no sólo desde la gobernabilidad democrática, sino además es hacerlo desde el espíritu de la república, teniendo como principal marco de referencia los mandatos constitucionales y el origen del mismo.

El muro y las medidas antiinmigrantes son resultado tanto de las presiones electorales de Estados Unidos como de la debilidad de las relaciones entre los países. México necesita una mejor relación con Estados Unidos y reconstruir los lazos y contactos, aprovechando la llegada del nuevo gobierno.

El Poder Legislativo debe tener un papel más activo con su contraparte de Estados Unidos, por ello debemos reconocer que la renovación del Legislativo norteamericano es una oportunidad para tender nuevos nexos que será primordial para la construcción de nuestra agenda legislativa.

Bajo este orden de ideas, desde la Cámara de Diputados necesitamos construir con el Ejecutivo una nueva política exterior, recuperar el respeto hacia la integridad y los derechos humanos de los mexicanos. Es impostergable para salvaguardar nuestra soberanía.

Las elites americanas deben saber que la relación bilateral no puede basarse en la exclusión y en el racismo. Resulta a todas luces conveniente que el nuevo canciller esté cerca de este Congreso para contar con su apoyo en la construcción de un frente común por encima de diferencias partidistas y haga de los intereses de los mexicanos la principal preocupación del gobierno.

Los norteamericanos saben que es necesario tener una relación bilateral armónica, para que en temas tan importantes como el comercio, el narcotráfico y la migración podamos avanzar sustantivamente.

México debe cooperar en materia de seguridad bilateral, sin perder la dignidad del país y sin ceder soberanía. En este tema, los diputados debemos ser vigilantes para evitar que se cometan excesos.

A partir del 1 de diciembre, el grupo parlamentario del PRI espera que el presidente electo retome el camino de una política exterior con rumbo para poder relacionarnos con Estados Unidos de manera diferente, sobre todo ahora que sus resultados electorales indican que apostarle a los muros del racismo y la exclusión no rinde buenos frutos.

Compañeras y compañeros diputados. El diálogo, el consenso y el interés superior de la nación han de ser los principios que nos legitimen y que nos unan en identificación social. Por ello, el grupo parlamentario del PRI está convencido de que para salvaguardar la soberanía nacional, la cual reside en el pueblo debe encontrar su mejor garantía en este Palacio Legislativo porque es precisamente aquí donde debemos destruir los muros de concreto, los muros ideológicos que nos impidan respetar a cabalidad los anhelos y aspiraciones de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Oralia Vega. Tiene la palabra el diputado Artemio Torres Gómez, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Artemio Torres Gómez:Con su permiso, señor Presidente. Antes que nada, quiero manifestar que el grupo parlamentario de Acción Nacional se pronuncia por el respeto a los procesos internos en otros países, como es el caso de Estados Unidos.

Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros diputados. El acontecer político en Estados Unidos de América es cada vez un asunto de mayor interés para México, dada la interdependencia que la relación bilateral entre ambos países ha generado a través del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en materia económica, así como el impacto y alcance de las políticas en materia de seguridad, migración, lucha contra el terrorismo y otras que se derivan de compartir poco más de 3 mil kilómetros de frontera.

La coyuntura actual constituye una oportunidad con un gran potencial para ser aprovechada por el gobierno de México en sus diferentes instancias, para buscar el diálogo y la concertación en temas que son de vital importancia y de mutuo interés para ambas naciones.

En lo que se refiere al diálogo entre ambos poderes legislativos, un nuevo acercamiento es posible a través de foros como la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, así como el establecimiento de un cabildeo directo con legisladores, clave en los temas de mayor relevancia en la relación bilateral, con miras a crear y fortalecer vínculos que permitan una mayor comprensión de la visión y las condicionantes que llevan con nuestros homólogos del norte a impulsar o no, medidas que de manera directa o indirecta, nos afectan.

Así pues, la nueva composición del Congreso norteamericano, así como la de esta legislatura, ponen de manifiesto la necesidad de generar acuerdos a través del diálogo, de evitar la polarización de las posturas en aras de soluciones integrales de largo plazo, además de poner a prueba la voluntad política de ambas naciones y las diferentes fracciones al interior de éstas, para enfrentar los temas que trascienden la frontera y que inciden de manera directa en el destino de los habitantes de ambas naciones, más allá del estatus migratorio o filiación política. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Artemio Torres. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.

Sonido en la curul del diputado Díaz Garibay.

El diputado Felipe Díaz Garibay(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Quizás un poco fuera de los tiempos que se marcaron en esas intervenciones, pero sí quiero solamente hacer un comentario al respecto.

Hace algunos días escuché de boca de algún compañero diputado de la fracción parlamentaria de Convergencia la situación específica en el sentido de que no había cosa peor que le pudiera suceder a un país que el aislacionismo internacional. Y ahorita escucho que están preocupados sobre el hecho de que nuestro país tenga una sana política exterior sustentada también en una activa relación bilateral, trilateral y multilateral con algunos países, específicamente con Estados Unidos y Canadá.

Creo que sí, eso es digno de resaltarse, pero antes que otra cosa tenemos que llegar aquí, en el seno de este Congreso, a acuerdos sólidos, a acuerdos muy claros, sustentados en el proyecto nacional, lo que estamos buscando como país, y sí alejados también de situaciones concretas como ciertos odios histéricos que únicamente han hecho complicar más las cosas.

Conmino a los compañeros diputados a que en lo sucesivo de alguna forma u otra sepamos que el ir al exterior es en busca de fortalecer la posición geopolítica de nuestro país es en busca quizás de rescatar liderazgos y tener una posición consolidada, pero eso implica evidentemente que internamente tengamos un poquito de amor a la patria, un poquito de amor a la república y sepamos lo que queremos. Muchas gracias, señor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma nota, diputado. Gracias. Adelante, diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:Muchas gracias, señor Presidente. El resultado de las elecciones legislativas del 7 de noviembre en Estados Unidos es un hecho histórico de primera importancia, porque se trata de la derrota del conservadurismo norteamericano representado por George W. Bush, que en estos seis años que está en la Presidencia de Estados Unidos ha atentado contra la democracia al interior de su país y ha impuesto la ley de la fuerza a nivel internacional.

El atentado interno comenzó en el 2000. Recordemos las polémicas elecciones del año 2000, cuando el candidato demócrata, Al Gore, tuvo más votos de la ciudadanía, pero la elección --como ustedes saben-- en Estados Unidos se decide no por voto popular, sino por voto de los delegados de los estados, y en el estado de Florida, donde gobierna su hermano Jeff Bush, ahí se convirtió en un laboratorio típico de las mejores épocas del gangsterismo electoral.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dio un fallo absolutamente ideológico y no político y no apegado a las leyes electorales de ese país, y de esta manera Bush pudo tomar posesión en el año 2000.

Este inicio democrático de Bush posteriormente se vio reforzado con los atentados terroristas del 11 de septiembre, que los llevaron a plantear un conjunto de legislaciones como la famosa Acta Patriótica, como el permitir la tortura, como un conjunto de legislaciones antiinmigrantes que han estado impulsándose y cuya nota más relevante es la construcción del muro.

Hay muchos, muchos libros que se han editado en Estados Unidos ya sobre la presidencia de Bush, pero hay uno en especial, que es éste, se llama El precio de la lealtad, que escribió nada más y nada menos, que su secretario del Tesoro, Paul O'Neill, que cuenta los inicios --porque él estuvo sólo dos años en la administración Bush-- cuenta los inicios del gobierno, la forma absolutamente irresponsable de Bush para decidir un conjunto de temas, como el retiro de Estados Unidos de la firma del Protocolo de Kyoto, que se refiere a los gases de efecto invernadero y que están produciendo grandes cambios climáticos en el planeta.

Cuenta, por ejemplo, que iba a la cumbre del G-8, en aquél entonces G-7 en Génova, Italia se llevó a algunos legisladores republicanos en el avión y llegando a Milano, en Italia, ahí mismo en el aeropuerto dio una conferencia de prensa donde Estados Unidos retiraba la firma de los protocolos de Kyoto.

También relata cómo la forma absolutamente irresponsable en que se retiró Estados Unidos de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, que mucho habían avanzado durante el gobierno de Clinton. Y nosotros ahora vemos que el panorama electoral en Estados Unidos estuvo influenciado por la catástrofe militar que tiene Estados Unidos en Irak, donde está habiendo bajas del ejército norteamericano y llamó la atención de este Congreso, que cientos, por no decir, miles de soldados alistados en el Ejército norteamericano son de origen mexicano y tenemos cientos de bajas ya, de mexicanos en esa guerra.

Hoy, en el periódico La Opinión de los Ángeles, en su edición matutina, nos cuenta, nos relata el caso de un soldado mexicano que ya obtuvo su naturalización, ya regularizó sus papeles migratorios, gracias a que estuvo en la guerra de Irak. Y muchos paisanos se están alistando en el Ejército de Estados Unidos y en la Marina, para regularizar sus papeles.

Y el voto de los estadounidenses fue un voto de castigo a esta agresión militar contra Irak, también fue un voto de castigo por la negligencia de la administración Bush en relación a la catástrofe climática del huracán Katrina y también --concluyo, señor Presidente-- por los escándalos sexuales de los congresistas republicanos que por un lado están criticando las leyes sobre las uniones entre el mismo sexo, y por otro lado, son pederastas, y por otro lado son acosadores sexuales. El periódico The New York Times decía...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine, señor diputado.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:Termino, señor Presidente... que éste es un gobierno, el de Bush, lame duck que quiere decir ``pato cojo'', pero quiere decir ``un gobierno inútil'', ``un gobierno incapaz'' y ahora y lo vamos a tener que sufrir todavía dos años, lo cual exige que la nación mexicana tenga muy clara la situación interna de Estados Unidos y enfoquemos nuestra atención en los organismos multilaterales en la ONU, en un conjunto de organismos internacionales que permitan detener la agresividad de este gobierno y permitan derrotar su política unilateral. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sandoval. Tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con el permiso de la Presidencia. Hablar sobre las elecciones de Estados Unidos es hablar sobre un hecho político. Son importantes los juicios morales, el relativismo; sin embargo, tenemos que evaluar las elecciones en Estados Unidos con una perspectiva rumbo al nuevo gobierno que va a tener este país a partir del 1 de diciembre.

Fundamentalmente, tenemos que reconstruir una agenda bilateral donde lo que prive no sea el asunto migratorio; si bien también es importante, tenemos que observar que en la nueva reconfiguración del Congreso estadounidense, las comisiones de Asuntos Legales y de Migración, van a pertenecer a esta fracción política.

¿Qué es lo que podemos obtener de ello? En primera instancia, un diálogo político, un diálogo de tú a tú con el Congreso estadounidense. Las tareas del próximo gobierno son, en primera instancia, poner orden en la frontera norte: Tijuana, no solamente Juárez, también algunas ciudades del estado de Tamaulipas; pero también cuidar la frontera sur. Tenemos que darle otro trato también a los migrantes de Centro y Sudamérica; de lo que aquí se quejan muchos o nos podemos quejar, también se padece en la frontera sur.

Y lo más importante es mirar la nueva relación que vamos a tener con Estados Unidos, con un país altamente pragmático y con una visión tan necesaria en este país de madurez política para los próximos años. Si bien está permeado de pragmatismo y de realismo, es una ventana, es una posibilidad, es una oportunidad de tener otro tipo de relación con Estados Unidos, sobre todo de Congreso a Congreso.

Esto se podrá hacer única y exclusivamente cuando podamos plantear desde aquí, desde la casa de la política, consensos operativos. Consensos operativos que nos permitan construir no solamente políticas de Estado en diversos temas como educación, como salud, como vivienda y que podamos tener una cogobernabilidad con el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el debate ideológico, que si bien es importante, en muchas ocasiones nos desvía de los asuntos más importantes y más próximos, como fortalecer una economía del conocimiento en pleno retroceso o en plena pérdida de competitividad económica a nivel global.

La tarea de este Congreso es, en primera instancia, tener un diálogo profundamente inteligente, tener no solamente un análisis político, sino también empezar a crear nuevas instituciones dentro de la relación con Estados Unidos y por supuesto con Canadá.

Podemos hablar de historia, podemos hablar de muchas cosas el día de hoy; sin embargo, necesitamos ver a este país de manera prospectiva para los próximos 20, 30, 40 o 50 años.

El papel de los congresistas mexicanos, fundamentalmente, es en tener otra visión de las relaciones internacionales y sobre todo, del papel que va a jugar el próximo gobierno en el nuevo contexto de la globalización y de una nueva fortaleza económica en el país y para eso es necesario tener una visión política mucho más amplia para los próximos años y en la cual no dudo que este Congreso va a aportar lo que tenga que aportar en los próximos años. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado De la Torre. En el capítulo de proposiciones se pospone la propuesta que iba a presentar el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del PAN.

CUENCA DEL VALLE DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la cuenca del valle de México.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:Con su venia, señor Presidente. Los suscritos, diputados federalesJoaquín Humberto Vela GonzálezyRicardo Cantú Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajoen esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 42, numeral uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

Que actualmente prevalece a nivel mundial una grave crisis en la disponibilidad de agua potable, producto de la sobreexplotación y del desperdicio de este vital recurso, de la deforestación desmedida y de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas y mantos freáticos, principalmente por parte de las grandes industrias que están fuera de control.

En la República Mexicana, la crisis de agua potable se agudiza año con año y en el caso específico de la cuenca del valle de México y de las regiones que reciben sus cargas acuíferas, enfrentamos el umbral de un colapso ecológico con una contaminación o disminución alarmante de agua potable para una población de más de 20 millones de personas de los estados de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo y el Distrito Federal.

En combinación con el gigantesco proceso de deforestación, el desmesurado crecimiento de las manchas urbanas, de su demanda de agua y de sus planchas asfálticas ha representado sobreexplotación de pozos y mantos freáticos índices de contaminación de agua en constante aumento y bloqueo de los canales de filtración de agua de lluvia.

Rotas las estructuras de filtración que la naturaleza construyó durante miles de años, los mantos acuíferos se secan rápidamente y la metrópoli prosigue su inexorable proceso de hundimiento con el correspondiente incremento de riesgos tectónicos.

Que la población de las zonas proveedoras de agua, desde los años 40 a la fecha, se encuentran afectadas o sin servicios públicos o sus mantos acuíferos ya se han secado como en las zonas altas del Distrito Federal y municipios del estado de México como Temoaya, Santa Cruz Atizapán, Villa de Allende, Xilotzingo y Luvianos.

Que sólo con una visión integral e interinstitucional e interdisciplinaria a través de acciones combinadas a corto, mediano y largo plazo, se puede enfrentar la problemática de la cuenca y subcuencas del valle de México.

Que la población y algunos organismos ciudadanos, dependencias de gobiernos locales y federal, instituciones académicas y organismos internacionales han cobrado conciencia de la problemática del patrimonio acuífero y han abierto espacios de debate, reflexión, coordinación e investigación para diagnosticar y enfrentar el posible colapso del conjunto del valle de México y en particular, de su disponibilidad de agua potable.

La mayor parte de las propuestas para el rescate del patrimonio acuífero son viables y necesarias a corto plazo. La solución a esta problemática sólo es posible con el concurso de las diferentes áreas del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los sectores social, privado y de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se aprueba crear la Comisión Especial para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la cuenca del valle de México, con fundamento en las facultades que establece el artículo 27 constitucional para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar la condición de vida de la población.

Segundo. Hacer del conocimiento de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, de instituciones de educación y de salud, de los gobiernos estatales de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, así como de los municipios de las regiones proveedoras, los trabajos de esta comisión especial para evaluar, exhortar o apoyar acciones o inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de las cuencas y de las subcuencas del valle de México.

Tercero. Sustentar solicitudes al Senado y a la Presidencia de la República para la gestión de recursos financieros de organismos multilaterales, fundaciones de desarrollo e instituciones ecológicas internacionales para proyectos específicos en los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, para el rescate del patrimonio acuífero.

Cuarto. Esta comisión especial estará integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2006. Firman, el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT; y el diputado Joaquín Humberto Vela González, que atiende esa lectura.

Le suplico al señor Presiente que, por razones de tiempo, no alcancé a leer todas las consideraciones, pero que sea integrado en su totalidad en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el rescate, la preservación, el desarrollo y el aprovechamiento de la cuenca del valle de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales Joaquín Humberto Vela González y Ricardo Cantú Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Que actualmente prevalece a nivel mundial una grave crisis en la disponibilidad del agua potable, producto de la sobreexplotación y del desperdicio de este vital recurso; de la deforestación desmedida y de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas y mantos freáticos, principalmente por parte de las grandes industrias sin control.

En la República Mexicana, la crisis del agua potable se agudiza año con año y en el caso específico de la Cuenca del Valle de México y de las regiones que reciben sus cargas acuíferas, enfrentamos el umbral de un colapso ecológico, con una contaminación o disminución alarmante del agua potable para una población de más de 20 millones de personas de los estados de México, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y Distrito Federal.

En combinación con el gigantesco proceso de deforestación, el desmesurado crecimiento de las manchas urbanas, de su demanda de agua y de sus planchas asfálticas ha representado: sobre-explotación de pozos y mantos freáticos, índices de contaminación del agua en constante aumento y bloqueo de los canales de filtración del agua de lluvia. Rotas las estructuras de filtración que la naturaleza construyó durante miles de años, los mantos acuíferos se secan rápidamente y la metrópoli prosigue su inexorable proceso de hundimiento con el correspondiente incremento de riesgos tectónicos.

Que la población de las zonas proveedoras de agua desde los años cuarenta a la fecha se encuentra afectada o sin servicios públicos o sus mantos acuíferos ya se han secado, como en zonas altas del DF y en los municipios del estado de México: Temoaya, Santa Cruz, Atizapán y Villa de Allende, entre otros.

Que sólo con una visión integral, interinstitucional e interdisciplinaria, a través de acciones combinadas a corto, mediano y largo plazo, se puede enfrentar a la problemática de la Cuenca del Valle de México y de sus subcuencas.

Que la población en general y algunos organismos ciudadanos en particular; dependencias de gobierno locales y federales; instituciones académicas y organismos internacionales, han cobrado conciencia de la problemática del patrimonio acuífero y han abierto espacios de debate, reflexión, coordinación e investigación para diagnosticar y enfrentar el posible colapso del agua potable y del conjunto del Valle de México.

La mayoría de la gran cantidad y diversidad de propuestas para el rescate del patrimonio acuífero, son viables y necesarias al corto plazo. Las soluciones a esta problemática sólo es posible con el concurso de las diferentes áreas del gobierno federal, de los gobiernos locales, así como de los sectores social y privado y la ciudadanía en general.

La ruta de implantación parte de grandes obras de construcción y mantenimiento de las infraestructuras de suministro de agua y de saneamiento, que es necesario respaldar presupuestalmente. La ruta prosigue con acciones combinadas como son: el control de talas e incendios de bosques y selvas, para proteger el proceso de filtración de agua, de lluvia en la recarga de mantos acuíferos, contemplándose campañas guardabosques permanentes; brechas forestales por cuadrantes y pararayos; promover el reciclado de papel; emprender la mayor campaña de reforestación y forestación en la historia de México, con la participación del ejército, de estudiantes y de la ciudadanía en general; proteger zonas de filtración; separar cauces de aguas negras de agua de lluvia; construir grandes sistemas colectores de agua de lluvia; aplicar recursos de desarrollo social para que las comunidades autóctonas cuiden patrimonios acuíferos y forestales; concretar e incrementar pagos de servicios ambientales; desarrollar y construir la mayor cantidad de plantas tratadoras; implantar metodologías alternativas de filtración, de reciclaje y de oxidación; reducción del desperdicio en mecanismos de riego y revestimiento de canales; cultura del ahorro de agua, educación masiva para la modificación de hábitos e infraestructura doméstica y atención a fugas en la línea de suministro, que representan más del 50 por ciento de desperdicio.

Que en la LIX Legislatura se creó la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala, comisión que organizó foros; recolectó y analizó información y procesó soluciones a los problemas que enfrenta la Cuenca Lerma-Chapala; siendo esta comisión legislativa un claro antecedente de la forma de articular el trabajo de diferentes comisiones legislativas así como de consensar, coadyuvar y coordinar las soluciones que apliquen diferentes dependencias y niveles de gobierno para el rescate del patrimonio acuífero.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.Se aprueba crear la Comisión Especial para el Rescate, Preservación, Desarrollo y Aprovechamiento de la Cuenca del Valle de México, con fundamento en las facultades que establece el artículo 27 constitucional para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar la condición de vida de la población.

Segundo. Hacer del conocimiento de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, de instituciones de educación y de salud y de los gobiernos estatales de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Distrito Federal y municipales de regiones proveedoras, respecto a los trabajos de esta comisión especial, para evaluar, exhortar o apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la Cuenca y de las subcuencas del Valle de México.

Tercero. Sustentar solicitudes al Senado y a la Presidencia de la República para la gestión de recursos financieros de organismos multilaterales; fundaciones de desarrollo e instituciones ecológicas internacionales, para proyectos específicos en los estados: de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Distrito Federal para el rescate del patrimonio acuífero.

Cuarto. Esta Comisión Especial se formará por dos miembros de cada grupo parlamentario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 31 de octubre de 2006.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Diputado Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vela. Insértese en el Diario de los Debates la versión completa; y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señor Presidente, tengo una excitativa al artículo 62 de la Ley del IPAB; para ayudar a este trámite, le pido que la turne a la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Hacienda sea excitada inmediatamente para que la resuelva. Muchas gracias, señor Presidente.

«Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de abril de 2005 se presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 62 Bis a la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

El objetivo de la iniciativa fue adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a fin de que se encuentre en la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de ``derecho al tanto''.

El 8 de diciembre de 2005 el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones tanto a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como a la Ley del IPAB, que coinciden ampliamente con el contenido de la iniciativa presentada por Convergencia en abril del año pasado, y que sin lugar a dudas servirán para apoyar y restaurar a muchos deudores buena parte del costo social y económico del rescate bancario.

La iniciativa aprobada por el Senado de la República establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente que deberán permitir que se lleven a cabo las siguientes acciones por el IPAB y el SAE:

I. El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) celebrará un contrato de administración con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que dicho organismo administre los créditos que se sujeten a los montos mencionados en el primer párrafo de este artículo.

II. El IPAB, en coordinación con el SAE, publicará una convocatoria en donde se informe a los deudores en general la posibilidad de adherirse al programa de recuperación previsto en dicho ordenamiento.

III. El SAE servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de adhesión de los pequeños y medianos deudores que cumplan las condiciones de entrada al programa, y recibirá el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran al programa.

IV. Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores deberán pagar en un plazo no mayor de 12 meses, el importe de los recursos recibidos por parte de la institución respectiva, que no podrá exceder de 50 por ciento del monto originalmente recibido por el deudor cuando se trate de créditos agropecuarios, de 60 por ciento para créditos comerciales, empresariales y refaccionarios, y de 70 por ciento para créditos hipotecarios de vivienda.

V. En adición a los montos establecidos en el inciso anterior, los deudores que se adhieran al programa deberán pagar 2 por ciento adicional por concepto de gastos de administración al SAE.

VI. Los deudores que se adhieran al programa deberán cubrir todos los gastos derivados de la cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales.

VII. El programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad y para discapacitados

VIII. Todos los créditos que el IPAB cedió en administración a empresas especializadas o compradoras de cartera deberán ser transferidos al SAE.

IX. Cuando la cartera referida en el artículo 62 Bis haya sido entregada por el IPAB, a alguna administradora de cartera, el instituto instruirá a la administradora correspondiente para que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 Bis.

X. Las instituciones de crédito deberán extender una carta de cesión de derechos de los créditos que transfieran al IPAB, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de administración de los créditos respectivos.

XI. Una vez que el IPAB y el SAE hayan publicado la convocatoria al Programa de Enajenación de Créditos Menores, los deudores que opten por adherirse a éste contarán con un plazo máximo de cuatro meses para formalizar su adhesión al programa. De lo contrario, el SAE podrá disponer de otros mecanismos para la recuperación de los créditos, incluyendo los procedimientos judiciales o la enajenación de los derechos litigiosos.

XII. Durante el periodo previsto en el punto anterior y para dar certidumbre a los deudores que se adhieran al programa, los bancos y las administradoras de cartera se abstendrán de promover las ventas judiciales y desalojos de viviendas. Los juicios que se encuentren en proceso se detendrán con la simple adhesión del deudor al programa.

Por ello, y dada la importancia económica y social de la iniciativa en comento, solicito al Pleno de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se lleven a cabo las acciones conducentes para aprobar esta iniciativa y que sea publicada a la brevedad posible.

Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna la excitativa del diputado Del Río Virgen a la Comisión de Hacienda.Sonido en la curul del diputado Espinosa.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui(desde la curul): Declino. Ya no.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 16 de noviembre de 2006.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXXII aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y X aniversario del Museo de la Luz, tendrá lugar el 18 de noviembre a las 10:30 horas, en el Museo de la Luz, ubicado en las calles de San Ildefonso y el Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.

Del Congreso del estado de México.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite informe trimestral sobre la composición y situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado secretario. Esta Presidencia les comenta a los diputados y a las diputadas que han quedado pendientes 49 proposiciones, más otras excitativas, de tal manera que si colaboramos todos, si algunos diputados quieren que se turne a comisión alguna de sus propuestas, ayudaríamos a bajar el rezago.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:33 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 16 de noviembre, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 9 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 335 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 434 diputados.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 4.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 1.
• Excitativas a comisiones: 1.
• Temas de agenda política: 1.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 30PAN-8, PRD-6, PRI-7, PVEM-1, Convergencia-2, PT-2, Nueva Alianza-2, Alternativa-2.
• Se recibió:
• 1 oficio del Congreso del estado de Jalisco;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 4 oficios de la Cámara de Senadores;
• 2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Tlaxcala;
• 1 iniciativa presentada por senador del PRI;
• 5 iniciativas del PAN;
• 4 iniciativas del PRD;
• 4 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza;
• 1 iniciativa de Alternativa.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán;
• 4 de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a 14 ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos e instituciones extranjeras, respectivamente.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Abramo Masso, Yerico(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 50
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales: 117
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estados Unidos de América: 131
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 60
• Ávila Mayo, Obdulio(PAN) Artículos 110, 111 y 122 constitucionales - Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 84
• Biebrich Torres, Carlos Armando(PRI) Artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales: 116
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Estados Unidos de América: 130
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Estados Unidos de América: 131
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 65
• Dávila García, Francisco(PAN) Ley Federal de Derechos: 122
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Estados Unidos de América: 135
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Ley de Protección al Ahorro Bancario: 139
• Del Valle Toca, Antonio(PAN) Ley Federal de Derechos - Ley de Coordinación Fiscal: 39
• Díaz Garibay, Felipe(PAN) Estados Unidos de América: 134
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Ley Federal de Radio y Televisión: 56
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 69
• Madrazo Limón, Carlos(PAN) Ley Federal de Archivos: 98
• Matus Toledo, Holly(PRD) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 44
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 112
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) Ley de la Propiedad Industrial: 91
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Estados Unidos de América: 130
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Ley Federal de Juegos y Sorteos: 93
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Libertad de expresión de partidos políticos: 124
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Ley Federal de Derechos: 72
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Estados Unidos de América: 134
• Torres Gómez, Artemio(PAN) Estados Unidos de América: 133
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales: 117
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 81
• Vega Ortiz, María Oralia(PRI) Estados Unidos de América: 132
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Cuenca del Valle de México: 136

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	INASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	CÉDULA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	INASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	INASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	OFICIAL COMISIÓN
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	OFICIAL COMISIÓN
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	INASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	INASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	CÉDULA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	CÉDULA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	INASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	INASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	CÉDULA
109 López Reyna Omeheira	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	PERMISO MESA DIRECTIVA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	CÉDULA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	INASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	INASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	PERMISO MESA DIRECTIVA
184 Sánchez Juárez Claudia	CÉDULA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	CÉDULA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 175
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 11
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 11
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	INASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	CÉDULA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	PERMISO MESA DIRECTIVA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	PERMISO MESA DIRECTIVA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	PERMISO MESA DIRECTIVA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	CÉDULA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	CÉDULA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	CÉDULA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	INASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	INASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	CÉDULA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	INASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	CÉDULA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	CÉDULA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	CÉDULA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	CÉDULA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	OFICIAL COMISIÓN
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 108
Asistencias por cédula: 9
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	INASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	OFICIAL COMISIÓN
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	CÉDULA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	OFICIAL COMISIÓN
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	PERMISO MESA DIRECTIVA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 97
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	OFICIAL COMISIÓN
11 Lavara Mejía Gloria	CÉDULA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	CÉDULA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	CÉDULA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Aranda Orozco Gerardo
2 Corral Aguilar María Mercedes
3 Cuevas Melo Abel Ignacio
4 Félix Holguín Armando Jesús
5 Figueroa Ortega David
6 Gómez Leyva Silvio
7 Larios Córdova Héctor
8 Macías Zambrano Gustavo
9 Navarro Sugich Carlos Alberto
10 Rivera Rivera José Guadalupe
11 Rodríguez Ahumada Luis Fernando
Faltas por grupo: 11

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Wilfrido Alonso Razo Humberto
2 Condado Escamilla Cuitlahuac
3 Martínez Martínez Carlos Roberto
4 Matías Alonso Marcos
5 Navarro López Carlos Ernesto
Faltas por grupo: 5

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aguilar Solís Samuel
Faltas por grupo: 1

CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
Faltas por grupo: 1