---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 362 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:27 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 16 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que con motivo del 182 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y décimo aniversario del Museo de la Luz, tendrá lugar el 18 de noviembre, a las 10:30 horas, en el Museo de la Luz, situado en las calles de San Ildefonso y El Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 96 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, tendrá lugar el 20 de noviembre, a las 8:00 horas, en el Monumento a la Revolución, situado en Plaza de la República y Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 84 aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el 21 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo.

Del Congreso del estado de México.

De la Comisión de Seguridad Social.

Oficios de los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficios de los Congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite informe trimestral sobre la composición y situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo. (Turno a Comisión)

Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez puedan prestar servicios en las embajadas de Belice e Irlanda en México. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el senador Melquíades Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incrementen los recursos destinados al Instituto Mexicano de Cinematografía, a los Estudios Churubusco-Azteca y a la Cineteca Nacional, presentada por el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con relación al Ramo General 39, de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en el Presupuesto de Egresos de 2007, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, en nombre propio y del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para exhortar a la Cámara de Diputados a dar curso correspondiente a las observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley General de Pesca y Acuacultura; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a incluir las partidas y los fondos necesarios para hacer posible la ejecución de las obras de infraestructura, presentada por el senador Heladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud para que se dictamine la iniciativa que adiciona el artículo 221 del Código Penal Federal, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud para que se dictaminen las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 a 2005, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efeméride

Relativa al 96 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de diputados

Que reforma el artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 115, 116, 122 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carvajal Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Fernando Rodríguez Ahumada y Gerardo Antonio Escaroz Soler, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Santos Arreola, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Santos Arreola, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Humberto García Enríquez, María Luisa Bringas Espinoza y Domingo Sánchez Martínez para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras, Jorge Andrés Soto Ruiz Barroeta, José Antonio Martínez Vargas, Miguel Adrián Chaparro, Olivia Islas Islas, Nelia Alicia Flores Hinojosa, José Guillermo Palacios de la Peña, Sandra Eugenia Lozano de la Fuente y Mónica Lucía Sánchez García para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Édgar Alonso Ramírez Vázquez, Felipe Mauricio Vargas Cuevas y Mónica Lorena Ortega O'Lee para prestar servicios en las embajadas de Malasia y de Portugal en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la inclusión de una partida destinada a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Consejo de Administración de Liconsa para que suspendan el incremento establecido a la leche del programa Liconsa, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción de carreteras en diversos municipios del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE amplíe y fortalezca la protección consular de los connacionales que radican en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en relación con los estudios y estimaciones de medición de la pobreza, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal crear un fideicomiso de administración que permita la acreditación del municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico generado por Pemex, la CFE y Tekchem en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Antonio Vega Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Conagua atienda la petición de desazolve del río Tecolutla, en Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes al sector salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Semarnat reconsidere el permiso otorgado a Minera San Xavier en San Luis Potosí el pasado 10 de abril, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para continuar los trabajos sobre la mina carbonífera de Pasta de Conchos, en Coahuila, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al titular de la SHCP, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF y a la PGJDF investiguen los posibles actos de corrupción derivados del supuesto desvío de recursos públicos utilizados para promocionar la imagen del ex candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere una partida destinada a fortalecer la conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan recursos para la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales en Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE envíe al Senado de la República para su pronta ratificación, la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía investiguen el cumplimiento de la concesión otorgada a Grupo Aeroportuario del Pacífico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere mayores recursos para la Sedena, a cargo del diputado Jorge González Betancourt, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para fijar postura en torno al derecho de acceso a la información pública en los estados y municipios del país, para integrar la agenda de la presente legislatura federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción y equipamiento de las unidades médicas del estado de Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad; y a la Segob, suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que entregue a los productores ganaderos los recursos presupuestales del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, a cargo del diputado Rafael Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el pago de adeudos a braceros rurales del 42 al 64, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGJEM y de la PGR investiguen y sancionen a los responsables de la violencia porril efectuada a las puertas del CCH, plantel Naucalpan, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT se corrijan las irregularidades que se presentan en las vías del estado de Chihuahua y aplique sanciones a Ferromex, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a los titulares de la SHCP y de la SEP al primer Foro parlamentario de consulta sobre la educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que contemple en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para el Ramo 21, Turismo, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Turismo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE para que informen a esta soberanía sobre la nueva metodología relativa al cálculo de tarifas eléctricas para incorporar el concepto de humedad y realicen una rezonificación de las mismas, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los titulares de la SCT y al Capufe para que se repare la carretera Las Choapas-Ocozocuatla, del sureste del país, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestaria especial en el ejercicio de 2007 para atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos de los estados fronterizos que, en coordinación con el Ejecutivo federal, formulen e implanten una estrategia integral para abordar la problemática de la frontera norte, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la SFP realicen auditorías respecto a la venta del Bansefi, suscrita por los diputados Luis Sánchez Jiménez y Camerino Eleazar Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de las dependencias competentes expliquen a esta soberanía las acciones gubernamentales realizadas en torno a la protección de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal ajuste los trámites relativos a la donación de bienes desde el extranjero, con el propósito de facilitar la labor de las instituciones no lucrativas encargadas de la asistencia y beneficencia social, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 asigne recursos para la construcción de comedores en las escuelas de tiempo completo, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey como beneficiarias de los recursos del Fondo Metropolitano del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, suscrita por los diputados Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel otorguen permiso para el uso de banda radiofónica para el Canal del Congreso, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que, en el ámbito de sus competencias, proceda a la creación de un juzgado de distrito en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN dicte resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INBA y a Conaculta lleven a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, suscrita por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se asignen recursos para el cumplimiento de los proyectos establecidos en el programa de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Movimiento de Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, sucrito por los diputados Margarita Arenas Guzmán y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Senadores excite a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la SE a establecer requisitos y especificaciones para la sustentabilidad y calidad de las playas, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados y el gobierno federal otorguen recursos para implementar un programa que reactive la economía en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que implante mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados, a cargo del diputado Francisco Domínguez Servién del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con el programa de difusión y publicidad que realiza el IFE en los medios masivos de comunicación, relativo a la promoción de la cultura política y la invitación para tramitar la credencial de elector, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y la problemática de la salud pública en México, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que incluya la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al del Distrito Federal a implantar acciones en materia de seguridad pública, sin afectar el flujo de turistas internacionales ni la inversión extranjera, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro y al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 las previsiones desglosadas por ramo, unidad responsable y programa, destinadas para impulsar el bienestar y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto hidroeléctrico La Yesca, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Tezuitlán y Amozoc-Entronque Perote, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría al proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se cree un fondo con recursos extraordinarios para los municipios fronterizos del norte del país, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP a remitir recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa a seguir otorgando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes para el Programa Especial de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y a la próxima administración federal a impulsar el consumo de la sardina en México, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de los diputados Lilia Merodio Reza, Carlos Rojas Gutiérrez, José Jesús Reyna García y Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto al Informe sobre Desarrollo Humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios en relación a la jornada del 1 de diciembre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y a la celebración del Día del Libro en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 213 aniversario luctuoso de Olympe de Gouges, verificado el 3 de noviembre de 1793, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por le negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes catorce de noviembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del martes catorce de noviembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Se recibe solicitud del Congreso del estado de Jalisco para que sea aprobada la nueva Ley de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Tlaxcala remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo cuarenta y siete Bis a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Junta de Coordinación Política remite acuerdos:

Por el que se designan las diputadas que representarán a la Sexagésima Legislatura como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

En torno a la situación de una connacional que radica en Estados Unidos de América. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Relativo a la integración de las comisiones ordinarias de Marina, de Reforma Agraria y de Participación Ciudadana de la Sexagésima Legislatura. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Se reciben de la Secretaría de Gobernación dos oficios, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Se reciben siete oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:

Comunicación sobre la designación de los senadores Felipe González González, Jorge Mendoza Garza y René Arce Islas, como integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Comunicación sobre la designación de los senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Carlos Jiménez Macías y Carlos Sotelo García, como integrantes de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Comunicación sobre la designación de los senadores Eugenio Govea Arcos, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Minerva Hernández Ramos, como integrantes de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Comunicación sobre la designación de los senadores Andrés Galván Rivas, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramiro Hernández García, María Elena Orantes López, Salomón Jara Cruz, Rubén Velázquez López, Manuel Velasco Coello, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro González Yáñez, como integrantes de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito.

Proposición con punto de acuerdo para que se asigne una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil siete, con el propósito de resarcir los daños económicos y reactivar la economía del estado de Oaxaca, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar, en coordinación con el Congreso de la Unión, mesas de trabajo con la participación de gobernadores de los estados, presidentes municipales, jefes delegacionales del Distrito Federal, académicos y estudiosos del tema, a fin de iniciar el análisis para una reforma integral del Sistema Nacional de Protección Civil y del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

A las once horas con cuarenta y tres minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y cuatro diputadas y diputados.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Antonio del Valle Toca, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos sesenta y uno de la Ley Federal de Derechos y dos-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Holly Matus Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos treinta y ocho y ciento setenta y cinco-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas.

Yerico Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jorge Godoy Cárdenas, de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.

Mónica Arriola, de Nueva Alianza, que reforma el artículo cinco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género.

María Gabriela González Martínez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento diecisiete del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del.

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.

Obdulio Ávila Mayo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Efraín Morales Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Economía.

Juan Francisco Rivera Bedoya, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo.

Carlos Madrazo Limón, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, de Ley Federal de Archivos. Se turna a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Presentan los diputados del Partido Revolucionario Institucional: Carlos Armando Biebrich Torres, José Rosas Aispuro Torres y Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Francisco Dávila García, del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo dieciocho-A de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Junta de Coordinación Política, remite acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a garantizar y respetar la libertad de expresión de los partidos políticos. Desde su curul, el diputado Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, realiza observaciones y la Presidencia instruye a la Secretaría tomar nota. En votación económica, la asamblea, lo aprueba. Comuníquese.

La asamblea, en votación económica, dispensa la lectura a cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación, con los que se concede el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en la Ciudad de Mérida Yucatán; y para aceptar y usar las condecoraciones que otorgan: La Junta Interamericana de Defensa; el Gobierno de los Estados Unidos de América; la Armada de la República Argentina; el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador; el Gobierno de la República de Nicaragua; el Senado de la República Francesa; el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia; la Fuerza Armada de la República de El Salvador; el Ejército Nacional de la República de Colombia; el Ejército de la República de Chile; el Ejército Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia; el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la República de El Salvador; y el Ejército de la República Federativa de Brasil. Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, se aprueban en conjunto, en lo general y en lo particular, los proyectos de decreto por trescientos noventa y seis votos en pro, cero en contra y catorce abstenciones. El permiso constitucional para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario se turna al Ejecutivo federal en tanto los restantes al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluido en el orden del día, el tema de agenda política relacionado con el resultado de las elecciones legislativas del martes siete de noviembre de dos mil seis en los Estados Unidos de América. En votación económica, la asamblea aprueba su inclusión y se les otorga el uso de la tribuna a los diputados: Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México; María Oralia Vega Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional; Artemio Torres Gómez, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, de Alternativa. Desde su curul, el diputado Felipe Díaz Garibay, del Partido Acción Nacional, realiza algunas consideraciones y la Presidencia toma nota.

El diputado Joaquín Humberto Vela González, a nombre propio y del diputado Ricardo Cantú Garza, ambos del Partido del Trabajo, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Preservación, Desarrollo y Aprovechamiento de la Cuenca del Valle de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Desde su curul, el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia solicita que la excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, incluida en el orden del día se le conceda el trámite correspondiente. La Presidencia hace lo conducente y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con treinta y tres minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves dieciséis de noviembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 182 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y décimo aniversario del Museo de la Luz, el próximo 18 de noviembre, a las 10:30 horas, en ese sitio, situado en las calles de San Ildefonso y El Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Marilina Borona del Valle, Directora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: María Gabriela González Martínez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera; Gerardo Villanueva Albarrán y María Beatriz Pagés Llergo Rebollar.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 96 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, el próximo 20 de noviembre, a las 8:00 horas, en el monumento dedicado a ese acontecimiento histórico, situado en Plaza de la República y Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Marilina Barona del Valle, Directora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: María Gabriela González Martínez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Alfredo Adolfo Ríos Camarena.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 84 aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, el próximo 21 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Marilina Barona del Valle, Directora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: María Gabriela González Martínez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Alfredo Barba Hernández.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional.--- Estado de México.--- LVI Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto nos permitimos comunicar a usted que la honorable LVI Legislatura del estado de México, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar acuerdo que en su parte conducente refiere lo siguiente

Acuerdo

Primero.Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la aprobación del proyecto Luz y Sonido en las Pirámides de Teotihuacan.

Segundo. Se solicita al Congreso de la Unión que legisle y reforme los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que exista una participación de los estados y municipios en la conservación, preservación y explotación de las zonas arqueológicas.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes.

Se agrega texto íntegro del citado acuerdo.

Sin otro particular, le expresamos nuestra elevada consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Toluca de Lerdo, México, a 31 de octubre de 2006.--- Diputados: José Suárez Reyes, Blanca Estela Gómez Carmona, Carla Bianca Grieger Escuero, secretarios (rúbricas).»

«Con su venia, señor presidente, en marzo de 2005, el entonces director general del INAH, licenciado Sergio Raúl Arroyo, en reunión con el ex gobernador del estado, licenciado Arturo Montiel Rojas, aprobó la realización del proyecto Luz y Sonido en las Pirámides de Teotihuacan; sin embargo, el actual director de dicho instituto, licenciado Luciano Cedillo, no ha respetado el acuerdo ya mencionado.

Antecedentes

El patronato Amigos de Teotihuacan, AC, y Grupo Mundo, SA, en conjunto con el gobierno del estado de México, ha conceptualizado y desarrollado a lo largo de cuatro años este proyecto. Se ha presentado a por lo menos mil personas de la comunidad de Teotihuacán, incluyendo presidentes municipales, diputados, senadores y ciudadanos de todos los partidos políticos, y ha obtenido consenso de aprobación.

El proyecto cuenta con la aprobación del Consejo de Arqueología del INAH, con el apoyo del secretario de Turismo, de la directora del Consejo de Promoción Turística y la opinión favorable de la propia Presidencia de la República.

La asociación Amigos de Teotihuacan, AC, tuvo dos reuniones con el licenciado Cedillo, quien ha pospuesto las reuniones subsecuentes, acordadas ante la falta de argumentos para tener congelado un proyecto de alto impacto económico tanto para el INAH como para la comunidad de Teotihuacan y el estado de México.

Existe el compromiso de Amigos de Teotihuacan, AC, para donarle al INAH un millón de pesos mensuales, pues la operación y administración del proyecto no es con fines de lucro.

Exposición de Motivos

Con una inversión superior a los 70 millones de pesos, obtenidos mediante apoyos institucionales privados, con una administración sin fines de lucro por el Patronato Amigos de Teotihuacan, AC, con el apoyo de autoridades locales, municipales, estatales y federales, con un impacto económico multiplicador para la zona en cuanto a noches de pernocta, extensión del horario de visita, entre otros, resulta poco comprensible la negativa que, hasta el momento, el director general del INAH ha mostrado, al negarse a ratificar el acuerdo de su antecesor.

Existen 173 zonas arqueológicas en toda la República Mexicana que reciben a más de 10 millones de visitantes. De los cuales, cinco estados tienen funcionando sus espectáculos de luz y sonido, tales como Yucatán, Campeche, Morelos, Veracruz y Tabasco.

Un ejemplo de los beneficios obtenidos por éste es Veracruz, que al abrir Cumbre Tajín aumentó 600 por cierto su afluencia y su derrama económica.

Cabe hacer mención que para la Secretaría de Turismo del estado de México y para una servidora, este proyecto es de gran relevancia, ya que nos permitiría aprovechar integralmente a los más de 3 millones de visitantes que recibe anualmente esta zona arqueológica, que es la más visitada del país.

Por lo tanto, los diputados del Partido Acción Nacional, solicitamos la urgente aprobación del proyecto, ya que de esta forma impulsaríamos el turismo municipal, estatal y nacional, o de lo contrario exigimos una respuesta debidamente fundada y motivada por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, solicitamos que el congreso federal legisle a favor de los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Mexicana, para que exista mayor participación de los estados y municipios en la conservación, preservación y explotación de las zonas arqueológicas.

Punto de Acuerdo

Primero.Por el cual se solicita al INAH la aprobación del proyecto Luz y Sonido en las Pirámides de Teotihuacan.

Segundo. Se solicita al Congreso de la Unión que se legisle y se reformen los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que exista participación de los estados y municipios en la conservación, preservación y explotación de las zonas arqueológicas.

Es cuanto, señor Presidente.

Diputada Patricia Flores Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Seguridad Social.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

A la Comisión de Seguridad Social, le fueron turnados los siguientes asuntos:

1. El 9 de noviembre del año 2006. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. El 30 de septiembre del año 2006. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que convoque a una amplia consulta con los sectores de la producción y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, presentada por la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por acuerdo del Pleno de la Comisión de Seguridad Social, tomado, en su segunda reunión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2006, y con fundamento a lo que establece el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle transmita al Pleno de la honorable Cámara de Diputados nuestra petición en el sentido de demorar la elaboración del dictamen de los asuntos mencionados con base en las siguientes consideraciones:

Primero.Las propuestas turnadas a esta comisión demandan de un procedimiento de dar cuenta al pleno de la comisión, realizar reuniones de acopio de información y finalmente analizar y discutir para llegar a definir una solución.

Segundo.Que es prácticamente imposible emitir los dictámenes legislativos dentro del término de cinco días como lo establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración.

Palacio Legislativo, a 14 de noviembre 2006.--- Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica) Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ARTICULO 1o. CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.

C. Dip. Alvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por acuerdo de la Mesa Directiva, me permito notificar que en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo del año 2006, el Congreso del estado de Aguascalientes a través de la LIX Legislatura en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien aprobar la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la inteligencia que dicha minuta fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes.

Lo cual comunico, para que proceda en los términos del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para lo cual se anexa al presente oficio copia de decreto número 171 expedido por esta Legislatura.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Aguascalientes, Ags., a 12 de mayo de 2006.--- Lic. Mario Alberto Rivera Saucedo (rúbrica), director general de Servicios Parlamentarios en funciones de Secretario General, por Ministerio de Ley.»

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVIII Legislatura.

Dip. Fed. Alvaro Elías Loredo, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacerle llegar para su conocimiento, copia íntegra del Dictamen No. 186 aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio del año en curso, mediante el cual en los términos del artículo 135 constitucional, es procedente la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, BC, a 30 de junio de 2006.--- Diputados: René Adrián Mendívil Acosta (rúbrica), Presidente; y Carlos Alberto Astorga Othón (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

CC. secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En sesión pública ordinaria del día de hoy, el H. Congreso del Estado, aprobó un Punto de Acuerdo consistente en el siguiente resolutivo:

Primero.- El H. Congreso del Estado de Baja California Sur, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la minuta con proyecto de decreto remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante la cual se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes.

Se anexa copia simple del referido acuerdo.

Atentamente

La Paz, BCS, a 18 de mayo de 2006.--- Dip. Octavio Reséndiz Cornejo (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- LVIII Legislatura.--- Campeche.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por medio del presente memorial tenemos a bien enviar la documentación correspondiente a la aprobación, por este Congreso local, de la minuta proyecto de decreto para ``reformar el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', en cumplimiento de lo establecido por el numeral 135 de la propia Constitución General de la República.

Sin otro particular, les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Cam., 8 de agosto de 2006.--- Dip. Marta Irene Novelo Lara (rúbrica) Secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LIV Legislatura.

CC. diputados Patricia Garduño Morales y Marcos Morales Torres, Secretarios de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto remitimos a ustedes los expedientes relativos al proceso de aprobación de las minutas Proyecto de Decreto por las que se reforman los artículos 1o, párrafo tercero; la fracción I del artículo 76 y la fracción X del artículo 89; la fracción IV del artículo 99 y el artículo 73 en su fracción XXIX-H todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior lo comunicamos para los efectos todos legales procedentes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., 31 de mayo de 2006.--- Diputados: José Antonio Orozco Sandoval (rúbrica) y Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), Secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado Libre y Soberano de Chiapas.--- H. Congreso.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del Título Octavo de la Constitución Política Federal, comunicamos a ustedes que en Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de julio del año en curso, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, aprobó minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Senado de la República, misma que fue remitida a esta soberanía popular para los efectos señalados en el artículo 135 de la propia Carta Magna.

Anexamos copia autorizada del dictamen, del acta de sesión correspondiente y del decreto número 393, todos debidamente certificados, así como un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, donde fue publicado el citado decreto.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de agosto del 2006.--- Diputado Enrique Orozco González (rúbrica), Presidente; diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.

Dip. Fed. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No.193/06 II P.O. mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto enviada por el H. Congreso de la Unión, por la que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chih., a 18 de mayo de 2006. --- Dip. José Luis Canales de la Vega (rúbrica), Presidente del H. Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Guanajuato.

C. Dip. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 53 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, nos permitimos remitir el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del estado de Guanajuato, mediante el cual el Congreso del estado de Guanajuato como parte del Constituyente Permanente, aprueba la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Gto., 31 de Mayo de 2006.--- Francisco José Durán Villalpando (rúbrica), Diputado Secretario; Carlos Alberto Robles Hernández (rúbrica), Diputado Secretario.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- H. Congreso del estado de Guerrero.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. --- México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el Decreto Número 155 por el que se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión celebrada el día jueves 12 de octubre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 12 de octubre de 2006.--- Lic. José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En suplencia de la Secretaría del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, adjunto al presente, envío a ustedes, para los fines y efectos legales a que haya lugar, copias fotostáticas, debidamente certificadas del Diario de Debates, Dictamen y Decreto No. 186, mediante el que se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La mencionada minuta fue aprobada en lo general y en lo particular por unanimidad, con 22 votos a favor, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo.

Atentamente

Pachuca, Hgo., 29 de junio de 2006.--- Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica), Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado.»

«Escudo.--- Congreso del Estado.--- Michoacán de Ocampo.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite la minuta número 59, aprobada por la LXX Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, que contiene Decreto que aprueba la minuta proyecto de decreto, que reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 8 de junio de 2006.--- La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.--- Diputados: Ana Lucía Medina Galindo (rúbrica), Presidente; Martín Godoy Sánchez (rúbrica), Primer Secretario; Mauricio Montoya Manzo (rúbrica), Segundo Secretario y José Juan Marín González (rúbrica), Tercer Secretario.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- XLIX Legislatura.--- 2003-2006.

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, me permito remitirles en copia certificada el decreto número mil cien, expedido por este Congreso en sesión de esta misma fecha para los efectos a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Mor., a 8 de junio de 2006.--- Lic. Julio Ernesto Pérez Soria (rúbrica), Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente Decreto:

``Artículo Único.- En términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto, emitido por el honorable Congreso de la Unión, que reforma el artículo 1o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ``Artículo Único.- Se reforma el artículo 1o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 1o... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Transitorio: Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio: Único.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Comuníquese el presente decreto a las honorables Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como a todas las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique; y se cumpla.--- Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del Estado.--- San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., 21 de julio de 2006.--- Dip. Genaro Vásquez Colmenares (rúbrica), Presidente; Dip. Héctor César Sánchez Aguilar (rúbrica), Secretario; Dip. Adriana Lucia Cruz Carrera (rúbrica), Secretaria.

Lo que me permito transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz''

San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., 21 de julio de 2006.--- Dip. Héctor César Sánchez Aguilar (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por acuerdo de la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado, aprobado en sesión pública ordinaria del día de hoy, nos permitimos remitir, para su conocimiento y efectos procedentes la minuta de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

H. Puebla de Zaragoza, Junio 1o. de 2006.--- Diputados: María Belén Chávez Alvarado (rúbrica), Secretaria y Juan Aguilar Hernández (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, les informamos que en sesión pública extraordinaria del día de la fecha, fueron aprobadas por esta Quincuagésima Séptima Legislatura, tres minutas proyecto de decreto, las que en su orden reforman: el párrafo tercero del artículo 1o.; los artículos 76 fracción I y 89 fracción X; y lo que adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, adjuntamos el expediente referente al proceso legislativo seguido por esta Soberanía, el que contiene certificación de los siguientes documentos:

1. Actas de las sesiones ordinarias:

a) Del 17 de mayo de 2006;

b) Del 17 de mayo de 2006;

c) Del 24 de mayo de 2006, y

d) Del 22 de agosto de 2006, pública extraordinaria.

2. Dictámenes de las comisiones:

a) De Gobernación y Puntos Constitucionales, y Salud y Asistencia Social;

b) De Gobernación y Puntos Constitucionales, y

c) De Gobernación y Puntos Constitucionales, y Derechos Humanos.

Además, las correspondientes minutas proyecto de decreto, enviadas las dos primeras, por esa honorable Cámara; y la última por la Cámara Alta.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, SLP, a 22 de agosto de 2006.--- Diputados: Jesús Enedino Martínez García (rúbrica), Primer Secretario y Galdino Martínez Méndez (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó el día veintisiete de julio, la reforma al artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la minuta proyecto de decreto enviada por esa H. Cámara.

Por lo que le enviamos el acuerdo de referencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán Rosales, Sin., julio 27 de 2006.--- MC José Antonio García Becerra (rúbrica), secretario general del H. Congreso del estado de Sinaloa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretaría.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo:

Único.-El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia según el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que remitiera a esta Soberanía la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que en su parte conducente es como sigue:

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.-Se reforma el artículo lo., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o....

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.»

«Escudo.--- H. Congreso del Estado.--- LIX Legislatura.--- Tamaulipas.

Dip. María Marcela Gonzalez Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- México, DF.

En la sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, el Pleno Legislativo del honorable Congreso del Estado, se expidió el punto de acuerdo número LIX-142 mediante el cual aprueba en todas sus partes la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada a esta representación popular por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Al efecto, nos permitimos anexar copia del acuerdo en referencia.

Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Legislativo, a 8 de agosto de 2006.--- Diputado Agustín Chapa Torres (rúbrica), Secretario; Diputado Roberto Benet Ramos (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

C. Dip. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el decreto número 557 por el que se aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., junio 21 de 2006.--- Diputados: José Adrián Solís Aguilar (rúbrica), Presidente y Gladys Merlín Castro (rúbrica), Secretaria.»

«LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Adjunto nos permitimos remitir a ustedes, un ejemplar del decreto número 282, aprobado por la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto para reformar el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en vía de notificación para los efectos legales correspondientes.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., 20 de junio del año 2006.--- La H. LVIII Legislatura del Estado.--- Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica), Secretaria; Diputada Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Señor Presidente: del escrutinio y cómputo se informa que se recibieron 20 votos aprobatorios, correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 20 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.

C. Dip. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por instrucciones de la Mesa Directiva, se comunica a usted, que en sesión ordinaria llevada a cabo el día 25 de mayo del año en curso, el Poder Legislativo, en su LIX Legislatura, aprobó la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política Federal, la cual fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes.

En virtud de lo anterior, para que proceda en los términos del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para lo cual se anexa al presente oficio copia del decreto número 174 expedido por esta representación popular.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Aguascalientes, Ags., 29 de mayo del 2006.--- Lic Mario Alberto Rivera Saucedo (rúbrica), Director General de Servicios Parlamentarios en funciones de Secretario General por Ministerio de Ley.»

«Escudo.--- H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En Sesión Pública Ordinaria del día de hoy, el H. Congreso del Estado, aprobó un Punto de Acuerdo consistente en el siguiente resolutivo:

Primero.- El H. Congreso del Estado de Baja California Sur, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la minuta con proyecto de decreto remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante la cual se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes.

Se anexa copia simple del referido acuerdo.

Atentamente

La Paz, BCS, a 25 de mayo de 2006.--- Dip. Octavio Reséndiz Cornejo (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- LVIII Legislatura.--- Campeche.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por medio del presente memorial tenemos a bien enviar la documentación correspondiente a la aprobación, por este Congreso local, de la minuta proyecto de decreto para ``reformar el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', en cumplimiento de lo establecido por el numeral 135 de la propia Constitución General de la República.

Sin otro particular, les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Camp., 8 de agosto de 2006.--- Dip. Marta Irene Novela Lara (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006.--- H. Congreso del Estado de Colima.--- LIV Legislatura.

CC. Diputados Patricia Garduño Morales y Marcos Morales Torres, Secretarios de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto remitimos a ustedes los expedientes relativos al proceso de aprobación de las minutas proyecto de decreto por las que se reforman los artículos 1o., párrafo tercero; la fracción I del artículo 76 y la fracción X del artículo 89; la fracción IV del artículo 99 y el artículo 73 en su fracción XXIX-H todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior lo comunicamos para los efectos todos legales procedentes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., 31 de mayo de 2006.--- Diputados: José Antonio Orozco Sandoval (rúbrica), secretario y Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado Libre y Soberano de Chiapas.--- H. Congreso.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del Título Octavo de la Constitución Política Federal, comunicamos a ustedes que en sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio del año en curso, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, aprobó minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-H, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de nuestra Carta Magna.

Anexamos copia autorizada del dictamen, del acta de sesión correspondiente y del decreto número 393, todos debidamente certificados, así como un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, donde fue publicado el citado decreto.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

``Sufragio Efectivo. No Reelección''

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de agosto del 2006.--- Por el H. Congreso del Estado, diputado Enrique Orozco González (rúbrica), Presidente; diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.

C. Dip. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 53 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, nos permitimos remitir el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, mediante el cual el Congreso del Estado de Guanajuato como parte del Constituyente Permanente, aprueba la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 73, en su fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Gto., 1o. de agosto de 2006.--- Dip. Andrea Leticia Chávez Muñoz (rúbrica), Secretaria; Dip. Mario Aguilar Camarillo (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el decreto número 157 por el que se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión celebrada el día jueves 12 de octubre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 12 de octubre de 2006.---Lic. José Luis Barroso Merlín (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En suplencia de la Secretaría del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, adjunto al presente, envío a ustedes, para los fines y efectos legales a que haya lugar, copias fotostáticas, debidamente certificadas del Diario de Debates, dictamen y decreto número 193, mediante el que se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La mencionada minuta fue aprobada en lo general y en lo particular por unanimidad, con 24 votos a favor, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.

Atentamente

Pachuca, Hgo., 31 de julio del 2006.--- Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica), Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado.»

«Escudo.--- Congreso del Estado.--- Michoacán de Ocampo.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, atendiendo a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite la minuta número 63, de la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, que contiene decreto que aprueba la minuta proyecto de decreto, que reforma la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

``Sufragio Efectivo. No Reelección.''

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2006.--- La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.--- Dip. Ana Lucía Medina Galindo (rúbrica), Presidenta; Dip. Martín Godoy Sánchez (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Gabriel Argueta Jaimez (rúbrica), Segundo Secretario; Dip. José Juan Marín González (rúbrica), Tercer Secretario.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- XLIX Legislatura.--- 2003-2006.

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito remitir en copia certificada a ustedes el decreto número mil ochenta y tres, expedido por este Congreso en sesión de esta misma fecha para los efectos a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 1o. de junio de 2006.--- Lic. Julio Ernesto Pérez Soria (rúbrica), secretario general de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente decreto:

``Artículo Único.-En términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto, emitido por el honorable Congreso de la Unión, que reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ``Artículo Único. Se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 73.- ... I a XXIX-G.- ... XXIX-H.- Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones; XXIX-I a XXX.- ... Transitorios: Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- En tanto no se modifique la legislación que regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará rigiéndose por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.'' Transitorios: Único.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Comuníquese el presente decreto a las honorables Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como a todas las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.- Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del Estado. San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., 21 de julio de 2006.--- Dip. Genaro Vásquez Colmenares, Presidente.- Rúbrica. Dip. Héctor César Sánchez Aguilar, Secretario.- Rúbrica. Dip. Adriana Lucía Cruz Carrera, Secretaria.- Rúbrica.

Lo que me permito transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz''

San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., 21 de julio de 2006. --- Dip. Héctor César Sánchez Aguilar (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Puebla.--- LVI Legislatura.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por acuerdo de la LVI Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobado en sesión pública ordinaria del día de hoy, nos permitimos remitir, para su conocimiento y efectos procedentes; la minuta de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

H. Puebla de Zaragoza, a 1o. de junio de 2006.--- Diputados: Ma. Belén Chávez Alvarado (rúbrica), Secretaria y Juan Aguilar Hernández (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- Cd. Chetumal, Q. Roo, Méx.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Para efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos remitir a usted, copia del decreto número 101, expedido por la honorable XI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el que se aprueba la reforma del artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cd. Chetumal, Q. Roo, a 21 de septiembre de 2006.--- Diputado Francisco A. Flota Medrano (rúbrica), Presidente; Diputado Eduardo R. Quián Alcocer (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, les informamos que el día de la fecha, fueron aprobadas por esta Quincuagésima Séptima Legislatura las minutas proyecto de decreto que reforman los artículos 73 fracción XIX-H; y 99 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, adjuntamos el expediente referente al proceso legislativo seguido por esta soberanía, el que contiene certificación de los siguientes documentos:

Actas de las sesiones ordinarias de los días 17 de mayo y 20 de junio 2006;

Dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobados en la sesión ordinaria del día de la fecha; y minutas proyecto de decreto enviadas por esa honorable Cámara.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, noviembre 16 del 2006.--- Dip. Pedro Carlos Colunga González (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Pascual Martínez Martínez (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó el día veintiséis de julio, la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la minuta proyecto de decreto enviada por esa H. Cámara.

Por lo que le enviamos el acuerdo de referencia para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán Rosales, Sin., julio 27 de 2006.--- MC José Antonio García Becerra (rúbrica), secretario general del H. Congreso del Estado de Sinaloa.»

«Escudo.--- H. Congreso del Estado.--- LIX Legislatura.--- Tamaulipas.

Dip. María Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- México, DF.

En la sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, el Pleno Legislativo del honorable Congreso del Estado, se expidió el punto de acuerdo número LIX-145, mediante el cual se aprueba en todas sus partes la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada a esta representación popular por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Al efecto, nos permitimos anexar copia del Acuerdo de mérito referido.

Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Legislativo, a 8 de agosto de 2006.--- Diputado Agustín Chapa Torres (rúbrica), Secretario; Diputado Roberto Benuet Ramos (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

C. Dip. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el decreto número 558 por el que se aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., Junio 21 de 2006.--- Diputado José Adrián Solís Aguilar (rúbrica), Presidente; Diputada Gladys Merlín Castro (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Adjunto nos permitimos remitir a usted, un ejemplar del decreto No. 276 aprobado por la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual aprueba la minuta proyecto de decreto para reformar el artículo 73, fracción XXIX, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en vía de notificación para los efectos legales correspondientes.

Nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., 13 de junio del año 2006.--- Juan Francisco Ambriz Valdez (rúbrica), Diputado Secretario; Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica), Diputada Secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría que realice el escrutinio y cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Señor Presidente: del escrutinio y cómputo, se informa que se recibieron 18 votos aprobatorios, correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: « Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del instituto, en acuerdo 200/2002, estableció dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible se den a conocer la composición y situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral a través de informe trimestral con la posición en inversión, su evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, mediación y control de los riesgos financieros, entre otros, y se remita al honorable Congreso de la Unión.

Los resultados observados durante los últimos ejercicios muestran la eficiente administración de la inversión de los citados recursos, en la cual parte fundamental son las valiosas aportaciones y supervisión de la Comisión de Inversiones Financieras, integrada de manera tripartita por representantes de los sectores obrero y patronal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular del Órgano Interno de Control, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anterior, me es grato enviar a usted el informe del tercer trimestre del año en curso.

Envío a usted un respetuoso saludo.

Miércoles 1 de noviembre de 2006.--- Licenciado Fernando Flores y Pérez (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relacione Exteriores solicitó a ésta que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Por lo anterior, me permito anexar originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de su constancia de residencia, copias certificadas de la carta de nacionalidad mexicana por nacimiento y de su identificación oficial; así como copias simples de su currículum vitae y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Belice.

Agradezco la atención que concedan al presten y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 7 de noviembre de 2006--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relacione Exteriores solicitó a ésta que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Héctor Octavio Cedillo Guerra.

Puesto: Chofer.

Lugar de Trabajo: Embajada de Belice en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y originales del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; de la carta de la citada embajada, donde se solicitan lo servicios del ciudadano Cedillo Guerra y de la nota diplomática dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, 3 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a ésta que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Trinidad Fuentes Chaparro.

Puesto: Chofer y Mensajero.

Lugar de Trabajo: Embajada de Irlanda en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, 13 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a ésta que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Diana Ariadna Alcocer Martínez.

Puesto: Secretaria.

Lugar de Trabajo: Embajada de Irlanda en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Permítame, Secretaria. Pido a los señores legisladores que guarden silencio y escuchen las comunicaciones de la Secretaría. Adelante, Secretaria.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La suscrita, Martha Leticia Sosa Govea, senadora de la República de la LX legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II de los artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 7o., fracción V, señala que la zona federal marítimo-terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación, en el primer caso, son libres para cualquier persona, en el segundo supuesto requieren de una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación que implica la obligación de pago de derechos, sea por uso general, para protección u ornato y de uso agropecuario, regulados por la Ley Federal de Derechos.

Antes de 1992, los incisos I y II del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos preveían el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado a una tasa del 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante más el 1 por ciento del valor de inmueble en ella construido. Este sistema era poco práctico, pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más.

En diciembre de 1997 se modifica el artículo 232 ya mencionado, creándose un inciso C), y dividiendo los municipios costeros en 10 zonas tarifarías, en donde la zona I es la más económica, la X la más cara y colocando al municipio de Manzanillo en la zona IX.

En mayo de 1998, la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, AC, le planteó el problema económico que para los concesionarios representaba la clasificación en esa zona, al entonces secretario de Turismo del gobierno federal, lográndose una reclasificación a la zona VIII, a partir de 1999.

No obstante, la tarifa de esta zona sigue siendo lesiva, ya que se encuentra a la par de Nuevo Vallarta, Mazatlán, Veracruz y Cozumel, por dar unos ejemplos, por lo que los concesionarios han seguido su demanda de reclasificación a la zona VII ante diversas autoridades, como el presidente municipal de Manzanillo y el secretario de Turismo del gobierno del estado de Colima.

Es de señalar que las zonas federales marítimo-terrestres mexicanas están consideradas por la comunidad internacional, en gran medida, como bellezas naturales; por mucho tiempo, estuvieron sujetas a grandes análisis y debates sobre su uso, debido a su potencialidad para mover el engranaje del desarrollo turístico de un destino; sin embargo, estos análisis no han sido lo suficientemente atinados hasta el momento, por lo que se ha desalentado la inversión y dañado el desarrollo en la actividad económica de algunas de estas zonas.

En el caso particular del municipio de Manzanillo, que tuvo un incipiente desarrollo de la actividad turística al inicio de la década de los setenta, se observó también una etapa de despegue en el acelerado incremento de las tarifas por el uso de zona federal. Esto, aunado a otros factores negativos en el sector turístico, ha provocado el descontento de los concesionarios existentes y disminuido el atractivo a nuevas inversiones.

Es de hacer notar que el criterio establecido por la Ley Federal de Derechos, en cuanto a la clasificación de las zonas fiscales, para efectos del pago de uso, goce o aprovechamiento de playas, se basa en el nivel socioeconómico de los municipios costeros. Así, se consideran en el artículo232-D diez zonas fiscales, en las cuales se incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico.

Con ese criterio, al estado de Colima se le clasifica en dos zonas fiscales. Una, considerada como zona III, que comprende los municipios de Tecomán y Armería, al mismo nivel que los municipios de La Huerta, Jalisco; Coahuayana y Lázaro Cárdenas, Michoacán, entre otros. La otra, considerada como zona VIII, sólo con el municipio de Manzanillo, al mismo nivel que los municipios de Playas de Rosarito, Loreto, Isla Mujeres, Bahía de Banderas, Mazatlán, Puerto Peñasco, Boca del Río y Veracruz, entre otros.

Esta última clasificación es incongruente con los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos por la constitución en su artículo 31 fracción IV, lo que ha llevado a este destino turístico a los problemas actuales: el desuso de dichas zonas, la morosidad en el pago de los derechos por los concesionarios, accesos a las playas deteriorados e inconformidad de los usuarios de esa zona, quienes han solicitado desde hace varios años una reclasificación de zona para Manzanillo.

Asimismo, el derecho fiscal encuentra su fundamento en el principio de equidad; es decir, trato igual al igual y trato desigual al desigual, por lo que, al ubicar la ley al municipio de Manzanillo en zona VIII, está tratando igual al desigual, no sólo comparándolo con otros municipios del país incluidos en esta zona, sino comparando incluso la desigualdad de sus propios concesionarios.

Inclusive, uno de los argumentos de su demanda es que en la zona costera de este municipio se presenta una diversidad de áreas desde el punto de vista económico que no se consideró al hacer la clasificación de zona; es decir, lo mismo hay hoteles de gran turismo que de un turismo modesto, o restaurantes de especialidades junto con ramadas de pescadores o pequeños comerciantes que igualmente usan con fines turísticos la zona federal, contigua a sus instalaciones, para brindar un mejor servicio a sus clientes.

Asimismo, se observa que municipios de mayor pujanza económica como Tijuana, Baja California; o de similar desarrollo a Manzanillo, como Guaymas, Sonora, y Coatzacoalcos, Veracruz, se incluyen en la zona VII.

Por otro lado, un análisis comparativo con los destinos turísticos clasificados en la misma zona, como los municipios de Mazatlán, Isla Mujeres, Boca del Río, Veracruz y Bahía de Banderas, indica que Manzanillo está por debajo de éstos en cuanto a número de vuelos, cuartos hoteleros, cruceros turísticos que arriban e infraestructura urbana que facilite las actividades como pesca deportiva, velerismo, buceo y recreación.

Por todo ello, existen razones que justifican el cambio del municipio de Manzanillo de zona tarifaría VIII a la zona tarifaría VII, ya que con este aliento el padrón de concesionarios podría incrementarse considerablemente, lo que traería otras consecuencias positivas como son:

1) Atracción de nuevos inversionistas en las zonas costeras de Manzanillo, generando nuevos servicios turísticos y, por lo tanto, nuevos empleos.

2) Recaudación puntual de derechos de zona federal, en beneficio del ingreso oportuno a las arcas municipales.

3) Abatimiento del rezago de morosos, que no han pagado debido a la alta tarifa de estos derechos.

4) Incentivo a los concesionarios que pagan puntualmente los derechos de zona federal que ocupan.

5) Incremento de nuevas concesiones para protección y ornato de zona federal, generando un uso armónico de estas áreas.

6) Accesos a las playas con mejores condiciones, ya que los concesionarios las cuidarían.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 232-D. ...

Zona I. ...

Zona II. ...

Zona III. ...

Zona IV. ...

Zona V. ...

Zona VI. ...

Zona VII. Estado de Baja California, Tijuana; estado de Baja California Sur, Mulegé; estado de Colima, Manzanillo; estado de Jalisco, Cihuatlán; estado de Nayarit, Compostela; estado de Sonora, Guaymas; estado de Veracruz, Coatzacoalcos.

Zona VIII. Estado de Baja California, Playas de Rosarito; estado de Baja California Sur, Loreto; estado de Oaxaca, San Pedro Mixtepec; estado de Quintana Roo, Isla Mujeres; estado de Nayarit, Bahía de Banderas; estado de Sinaloa, Mazatlán; estado de Sonora, Puerto Peñasco; estado de Veracruz, Boca del Río y Veracruz.

Zona IX. ...

Zona X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el día 14 del mes de noviembre del dos mil seis, en la Ciudad de México, Distrito Federal.--- Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Melquíades Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Sen Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito Melquíades Morales Flores senador de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal y se deroga un artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), creado por la H. Cámara de Diputados en el año 2000, ha experimentado un comportamiento errático a lo largo de estos años. En cada ejercicio presupuestal el Ejecutivo ha enviado en cero este programa que se ha constituido, dada la estrechez de las finanzas públicas estatales, en la principal fuente de recursos para financiar la inversión en infraestructura en las regiones del país.

En virtud de que los recursos de los Ramos 28 (Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios) y 33 (Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios), representan el 95% del gasto federalizado, están básicamente comprometidos en cubrir las condiciones que impone la Ley de Coordinación Fiscal y su propio gasto irreductible.

Las opciones para los gobiernos estatales se han encontrado en el PAFEF, y un componente variable, que deriva de los ingresos petroleros excedentes y que se canaliza a través del Fideicomiso para Infraestructura de los Estados (FIES). Dada la rigidez de las finanzas públicas nacionales, es aquí donde se han centrado las negociaciones y la competencia por los recursos entre la Federación y los estados; todo ello en el seno de la Cámara de Diputados. Un breve recuento permite apreciar la trayectoria de esta negociación:

En el PEF 2001 los diputados autorizaron un PAFEF de 12,807.7 millones de pesos, el doble del año anterior; para 2003 se ubicó en 17 mil millones y se convirtió en el Ramo 39, así llegó hasta 2005.

Por otra parte en el PEF 2003, por primera vez, las entidades federativas participaron de los ingresos petroleros excedentes, al establecerse en el artículo 21, fracción I, inciso J, del decreto del Presupuesto que el 50% de dichos ingresos se destinaría a fortalecer los programas de inversión en infraestructura de las entidades federativas. Para ese año estos recursos alcanzaron 12,455.8 millones de pesos.

En 2004 se aprobaron 17,000.0 millones de pesos. En 2005, se aprobó un monto similar, no obstante, debido a una extraordinaria evolución en los precios internacionales del petróleo, los recursos del Ramo 39 (PAFEF + FIES) sumaron cerca de 40 mil millones de pesos.

Para 2006, el PAFEF aprobado aumentó en más de 5 mmp para ubicarse en 22.5 mmp.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte de casi 5 mil millones de pesos al PAFEF, lo cual deja el monto aprobado en los mismos niveles de 2004 en términos nominales. Este recorte se da en un contexto en el que los ingresos excedentes del gobierno federal petroleros y no petroleros suman 205.1 miles de millones de pesos, con crecimientos reales, por ejemplo en la recaudación del ISR y de IVA, de 21.1% y 16.9% respectivamente. Es decir, el gobierno está sobreajustando su gasto y con ello, en un año excepcionalmente bueno en materia de ingresos, partiendo el financiamiento de la inversión en las entidades federativas.

Si en lo que hace a montos, la incertidumbre es lo que ha imperado en la historia del PAFEF, lo que corresponde a la normatividad del programa no le va a la zaga. En efecto más allá de su monto anual, las reglas para su aplicación varían año con año. Incluso en el PEF 2006, se contemplan disposiciones que varían respecto de los incluidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados 15 días después del PEF 2006. A continuación se muestra la evolución regulatoria del PAFEF:

Como se observa cada año se integraron nuevos rubros en los que el PAFEF podía ejercerse, pero los estados no tenían la certeza de contar con esos recursos. A lo anterior hay que agregar los de la emisión de los lineamientos para la aplicación de los recursos del Ramo General 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal de 2006 publicados por la SHCP el 22 de febrero de 2006, los cuales sobrerregulan el ejercicio del PAFEF.

Asimismo, a lo largo de estos años ha sido una petición constante de la Conago el hacer que el PAFEF sea parte de la Ley de Coordinación Fiscal, atando su monto a una proporción fija de la Recaudación Federal Participable, a fin de darle certeza en el tiempo y regularlo con claridad con el claro propósito de que las entidades federativas puedan planear y comprometer recursos en proyectos estratégicos. La inclusión del artículo 85 en la LFPRH para asegurar la existencia del PAFEF, no ha sido suficiente ya que no se estableció ninguna referencia para determinar su monto, el enviarlo en o no en el proyecto de presupuesto, sigue siendo una potestad discrecional del Ejecutivo.

Es por ello que esta iniciativa propone incluir el PAFEF como uno de los fondos que se establecen en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, regulándolo de manera similar a los que componen el Ramo 33.

De esta manera el artículo 25 de la citada ley quedaría como sigue:

``CAPITULO VDe los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

VIII. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dichos fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo.''

Se propone adicionar el artículo 47 ala Ley de Coordinación Fiscal a fin de establecer que el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas debe fijarse como proporción de la Recaudación Federal Participable equivalente al 2.5% de la misma, con el fin de garantizar un monto de recursos que apuntalen el desarrollo de las regiones del país. Asimismo, en ese artículo se determinan los factores para la distribución del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, misma que respeta la fórmula aprobada desde el año 2000 por la H. Cámara de Diputados. Por tanto el artículo 47 quedaría como sigue:

``Artículo 47. El Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al2.5% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se deberá enterar mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones que las de carácter administrativo y las correspondientes al artículo 48 de esta ley. Para efectos del entero a que se refiere este párrafo no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá los recursos para Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas conforme lo establecen los factores del cuadro siguiente:

Con el fin de mantener el esquema general de aplicación del PAFEF pero ahora para el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se propone tomar como referencia lo establecido en el artículo 85 de la LFPRH, pero otorgando más facultades a la entidades federativas para orientar los recursos del fondo, para lo cual se añade a la Ley de Coordinación Fiscal un artículo 48 para quedar como sigue:

``Artículo 48. El Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas podrá destinarse principalmente:I. Cuando menos el 50 por ciento a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura;

II. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

III. Apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales;

IV. Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones;

V. Modernización de los sistemas de recaudación locales;

VI. Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales;

VII. Fortalecimiento de la educación superior y de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y

VIII. Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Los recursos del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.''

Asimismo, se propone en un nuevo artículo 49 señalando la obligación de las entidades federativas de informar a la SHCP y a la población, sobre el ejercicio de los recursos del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, por tanto el artículo quedaría redactado de la manera siguiente:

``Artículo 49. Las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el uso de los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Los estados deberán hacer del conocimiento de sus habitantes, a través de su órgano oficial y de los principales medios de comunicación de la entidad federativa de que se trate, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.''

Finalmente, al ser parte de la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la existencia del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en la LFPRH, no tiene razón de ser por lo que se propone la derogación del artículo 85 de esa ley.

Por lo expuesto y fundado, señor Presidente, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y deroga un artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal adicionando una fracción VIII. Asimismo, se adicionan los artículos 47, 48 y 49 para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VII. ...

``VIII. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.''

Artículo 47. El Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se deberá enterar mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones que las de carácter administrativo y las correspondientes al artículo 48 de esta ley. Para efectos del entero a que se refiere este párrafo, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá los recursos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas conforme lo establecen los factores del cuadro siguiente:

Artículo 48. El Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas podrá destinarse principalmente:

I. Cuando menos el 50 por ciento a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura;

II. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

III. Apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales;

IV. Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones;

V. Modernización de los sistemas de recaudación locales;

VI. Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales;

VII. Fortalecimiento de la educación superior y de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y

VIII. Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Los recursos del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

Artículo 49. Las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el uso de los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Los estados deberán hacer del conocimiento de sus habitantes, a través de su órgano oficial y de los principales medios de comunicación de la entidad federativa de que se trate, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

Artículo Segundo. Se deroga el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2007.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 14 de noviembre de dos mil seis.--- Senador Melquiades Morales Flores, (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA - ESTUDIOS CHURUBUSCO-AZTECA - CINETECA NACIONAL

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a proponer un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 en cuanto a los recursos destinados al Instituto Mexicano de Cinematografía, al Centro de Capacitación Cinematográfica, a los Estudios Churubusco-Azteca y a la Cineteca Nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito, senador Raúl Mejía, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, e integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Consideraciones

I. La apertura comercial mundial que se vive en el concierto de las naciones y la vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha significado para nuestro país el inicio de una nueva era en todos los órdenes, y en materia de industria cinematográfica nacional, la premisa se basa en el apoyo y orientación de las entidades gubernamentales.

En este contexto, en los últimos diez años ha surgido en México una nueva concepción del cine nacional, caracterizada por la competencia que las películas mexicanas representan para las extranjeras, logrando incluso igualarlas en los montos de recaudación en taquillas, en algunos casos.

La producción cinematográfica nacional, además, es fuente generadora de empleos directos e indirectos y, desde luego, de ingresos tributarios para el gobierno federal; sin embargo, el éxito reciente de esta industria no puede entenderse sin la indispensable participación y apoyo de entidades tales como el Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco Azteca, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Cineteca Nacional.

II. El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) es un organismo público descentralizado, creado el 25 de marzo de 1983, cuyo objeto consiste en operar, de manera integrada, las diversas entidades relacionadas con la actividad cinematográfica perteneciente al Poder Ejecutivo federal. Es la entidad encargada de promover y coordinar la producción cinematográfica del sector público, orientada a garantizar la continuidad y la superación artística del cine mexicano.

Las diversas acciones que realiza están orientadas a impulsar el desarrollo del cine mexicano, fortaleciendo los tres rubros básicos de la industria: la producción, la distribución-exhibición y la promoción y difusión cinematográficas, tanto en el plano nacional como extranjero.

El Imcine se propone impulsar la producción del cine mexicano de calidad, mediante mecanismos de cooperación entre los diversos sectores sociales, así como mejorar y ampliar las posibilidades de exhibición del cine mexicano de calidad, asumiéndolo como una expresión artística fundamental en la formación social y cultural de la población.

Los objetivos del Imcine se han centrado en promover y propiciar la producción de audiovisuales de calidad que ofrezcan a la población alternativas distintas; apoyar el desarrollo del cine mexicano e impulsar la difusión de los valores artísticos y culturales de nuestro país; fomentar el desarrollo de proyectos cinematográficos de calidad y difundir en el extranjero el cine mexicano de calidad. Además, otro de sus objetivos es invertir los recursos fiscales disponibles para la coproducción cinematográfica, mediante procedimientos competitivos, confiables y de decisión colegiada altamente calificada, con miras a que dicha producción se acreciente y alcance niveles satisfactorios de calidad y recuperación financiera, para reinvertirse en producciones subsecuentes, a través del Foprocine y del Fidecine.

El Imcine ha iniciado un proceso de redimensionamiento de su administración a fin de hacerla más eficiente y destinar la mayor parte de sus recursos a las tareas sustantivas que tiene encomendadas. Es por ello que ahora se plantea la necesidad de incrementar los recursos asignados a esta entidad, a fin de que pueda cumplir satisfactoriamente con sus objetivos de promoción y fomento al desarrollo de proyectos cinematográficos.

III. Los Estudios Churubusco Azteca fueron inaugurados en 1945. Para 1950, se constituyeron como una empresa de participación estatal mayoritaria que proporciona servicios de producción, postproducción y estructura inmobiliaria a la producción cinematográfica, televisiva y de video nacional o extranjera que se realice en nuestro país. Los servicios técnicos que actualmente brindan son el resultado de un proceso de modernización tecnológica que llevó a la adquisición de equipos para las áreas de laboratorio y sonido, los más modernos de América Latina. Los servicios que presta son usados, por lo menos, en el cincuenta por ciento de las cintas nacionales y en algunas producciones extranjeras.

Disponen de tecnología para filmar, revelar, editar y dar sonido a las cintas cinematográficas, a un costo más accesible para los productores nacionales, comparado con el que pagarían, por ejemplo, en Estados Unidos de América. También obtienen ingresos propios, por la prestación de sus servicios de laboratorios y la renta de foros y oficinas. Sin embargo, como empresa, están sometidos a una excesiva carga tributaria y a una compleja regulación que dificulta sus proyectos de expansión y mejora tecnológica y de instalaciones.

Los estudios rebasan el carácter de simples foros de producción, pues además de los servicios de laboratorio, realizan la postproducción para diversas películas y escuelas de cine, como el Centro de Capacitación Cinematográfica. También han colaborado con la Cineteca Nacional en la restauración de distintos materiales y en la recuperación de pistas sonoras de películas regrabadas en sus instalaciones, mediante la digitalización de pistas musicales incluidas en películas, garantizando su preservación y reproducción.

IV. El Centro de Capacitación Cinematográfica es una escuela de cine en el amplio sentido de la palabra y, desde su fundación en 1975, tiene el propósito de apoyar el desarrollo y mejoramiento de la producción cinematográfica nacional. De sus aulas han egresado importantes cineastas, especializados en las áreas técnicas y artísticas de cine-fotografía, producción, sonido, edición, guión y realización, en el marco de una concepción integral de quehacer y lenguaje cinematográficos. Su nivel es similar al de las mejores escuelas del mundo y su prestigio en el medio cinematográfico se manifiesta con su participación en cerca de 25 muestras y festivales nacionales e internacionales en los que participa anualmente, en los que ha obtenido numerosos premios.

El centro participa activamente de la discusión sobre metodologías y herramientas para la enseñanza del cine y se inserta en proyectos de investigación y producción que se generan en todo el mundo, no sólo para el beneficio de sus alumnos, sino para el de su planta docente.

Destacan entre sus proyectos más fructíferos para la industria cinematográfica nacional el denominado Opera Prima, apoyado por el Imcine y del cual han surgido películas de reconocimiento nacional e internacional. Este proyecto permite a los jóvenes realizadores, productores, guionistas y cinefotógrafos, producir su primer largometraje.

V. Fundada en 1974, la Cineteca Nacional es el organismo gubernamental encargado de rescatar, clasificar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica más destacada de México y el mundo.

Perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y miembro de la Federación Internacional de los Archivos Fílmicos (FIAF) desde 1977, la Cineteca Nacional ofrece los servicios de exhibición y documentación cinematográficas, tanto para el público en general como para investigadores especializados.

VI. La cinematografía mexicana es una industria prioritaria, de orden público, como lo consigna la Ley Federal de Cinematografía, derivado de su reforma en 1999, en cuyo artículo 14 se precisa que la producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman.

Por ello, el Estado tiene el deber de fomentar su desarrollo, mediante el otorgamiento de apoyos e incentivos, a fin de fortalecer nuestras expresiones artísticas e identidad nacional. Definitivamente, el apoyo que la industria cinematográfica nacional requiere se materializará con la asignación de mayores recursos a las entidades a que me he referido en esta proposición, atendiendo a la naturaleza de las funciones que tienen encomendadas. Además, se habrá de desarrollar un nicho que promueve la imagen de México en esferas internacionales, la formación de nuevos valores de calidad internacional y finalmente el crecimiento de una industria que se traduce en inversión directa, y oportunidad de empleo para muchos.

Por las razones antes expuestas, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Senadores se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se evalúen los programas y proyectos del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, AC, los Estudios Churubusco-Azteca, SA, y la Cineteca Nacional, a fin de apoyar con mayores recursos sus actividades e incentivar un sector que requiere su reactivación.

Senado de la República, a 14 de noviembre de 2006.--- Senadores: Raúl Mejía González; Carlos Sotelo García, María Rojo e Incháustegui, Francisco Arroyo Vieyra, Javier Orozco Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar, a nombre propio y del senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación al Ramo General 39 de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Sen. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos senadores Rosalía Peredo Aguilar y Juan Bueno Torio concurrimos a esta honorable Asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo y sea considerado de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la H. Cámara de Diputados a que consideren en las erogaciones previstas para el Ramo General 39 de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del decreto de Presupuesto de Egresos, dos fracciones más al cuerpo del artículo y del anexo correspondiente que contenga dicha erogación. Una, en el que se contemplen recursos para la reconversión productiva en el campo, en particular para la agroindustria. Dos, considerar recursos para el fortalecimiento financiero de las Pymes y de la productividad de las mismas, bajo las siguientes:

Consideraciones

El campo requiere de manera urgente recursos públicos y privados para poder cumplir con los objetivos y metas que se han comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas correspondientes del sector pero, sobre todo, con los compromisos que tenemos con la gente del campo. Aunque resulte redundante, nunca está de más recordar que el campo es una de nuestras asignaturas pendientes.

Esto no parece ser privativo de nuestro país, según un estudio de la FAO, los campesinos latinoamericanos reciben hoy menos dinero de forma directa, debido a la modificación en las prioridades rurales de sus gobiernos en los últimos 15 años. El campo parece haber quedado en el olvido de los gobernantes latinoamericanos. México y Brasil (ambos representan el 70% del gasto público total de la región), junto a Jamaica, Venezuela y Colombia, han mostrado un retroceso en el gasto rural por habitante.

Por otra parte, los efectos de la apertura comercial como consecuencia del TLC con Estados Unidos y Canadá se han dejado sentir de forma altamente desfavorable, en varios de nuestros productos agrícolas. La inminente apertura de nuestro mercado a los productores externos del maíz, nos debe poner todavía más en situación de alerta.

Los años pasan y México no resuelve la grave asimetría que tiene con nuestro principal socio comercial. Seguimos teniendo enormes desventajas que nos impiden, bajo cualquier circunstancia, ser competitivos en este renglón.

Bastan tan sólo unos cuantos datos para reconocer que el panorama es desolador:

El financiamiento para el campo mexicano es tan sólo del 7 por ciento del valor de la producción contra el 85 por ciento para el mismo valor en los Estados Unidos.

La productividad es muy reducida, de tan sólo 1,800 dólares por trabajador en México, en tanto que en Estados Unidos es de 50 mil dólares.

Los apoyos al productor son de 1,000 dólares per cápita en México, contra 19 mil dólares en Estados Unidos.

El valor agregado en México es de 1.7 veces el valor de la producción primaria, mientras que en los Estados Unidos es de 5.3 veces.

Insuficiente tecnología e infraestructura básica que afecta la competitividad: en México hay 38 tractores por cada mil trabajadores agrícolas, mientras que esta cifra en Estados Unidos es de 1,619 tractores.

Es evidente que con esas diferencias entre ambos países, verdaderamente desproporcionadas, no es posible pretender un trato que se acerque a lo igualitario. Debemos dotar a México, ya, de los recursos financieros y de los apoyos técnicos necesarios para que, por lo menos, estemos en condiciones de reducir esa enorme brecha que tenemos con nuestro principal socio comercial. Ese es nuestro propósito.

Con relación a las Pymes, la situación es similar. Se requieren de apoyos financieros y técnicos que permitan que ese renglón estratégico en nuestro país funcione adecuadamente. Las Pymes a nivel mundial han mostrado sus bondades no sólo como generadoras de altos volúmenes de empleo, sino también, como elementos integradores en las cadenas productivas y, en general, como detonadoras del crecimiento económico.

Lamentablemente, los resultados en México no son tan buenos como quisiéramos.

Existe un alto grado de concentración del empleo, en tan sólo en 8 entidades federativas, se encuentra el 58.1 por ciento del personal ocupado, según datos del INEGI.

Las tasas de interés para las Pymes alcanza alrededor de un 20 por ciento, en tanto en que para la Unión Europea, las tasas alcanzan la cifra de tan sólo un 10 por ciento.

De las empresas Pymes beneficiadas por programas gubernamentales en el año de 2004, el 26.7 por ciento recibieron financiamiento, en tanto que las restantes, 73.3 por ciento tuvieron apoyos de consultoría, seminarios, impulsoras, programas integrales de apoyo, entre otros.

Según un estudio de la empresa Grant Thornton, la ``Encuesta Empresarial Internacional 2005'', las principales restricciones para el crecimiento de las Pymes fueron: los problemas relacionados a las regulaciones y burocracia (47 por ciento), el costo del financiamiento (42 por ciento), el financiamiento a largo plazo (39 por ciento) y la escasez de capital de trabajo (36 por ciento).

La banca comercial no ha podido remontar el monto del crédito otorgado al sector privado del año 1994, que fue de 1,503.7 mil millones de pesos a precios constantes de abril de 2005. Para abril de ese mismo año, el monto fue de tan sólo de 378.5 mil millones de pesos, aunque en los últimos años se aprecia un leve repunte en la tendencia del crédito comercial.

Como puede observarse, el financiamiento en sus diversas modalidades es el problema central existente en nuestro país para que las empresas puedan cumplir adecuadamente su papel de impulsoras del desarrollo económico.

Por las consideraciones expuestas, me permito poner a consideración de este Pleno para que sea tratado de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Exhortar a la H. Cámara de Diputados a que consideren en las erogaciones previstas para el Ramo General 39 de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del decreto de Presupuesto de Egresos, dos fracciones más al cuerpo del artículo y del anexo correspondiente, que contenga dicha erogación. Una, en el que se contemplen recursos para la reconversión productiva en el campo, en particular para la agroindustria. Dos, considerar recursos para el fortalecimiento financiero de las Pymes y de la productividad de las mismas, de las erogaciones previstas para el ramo citado.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 14 días del mes de noviembre de 2006.--- Senadores: Rosalía Peredo Aguilar, Juan Bueno Torio (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a dar el curso correspondiente a las observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley General de Pesca y Acuacultura, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que incluya las partidas y los fondos necesarios para hacer posible la pronta ejecución de las obras de infraestructura y los programas previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Punto de acuerdo que presenta el senador Heladio Ramírez López, para que se exhorte a la honorable Cámara de Diputados a dar el curso correspondiente a las observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que incluya las partidas y los fondos necesarios para hacer posible la pronta ejecución de las obras de infraestructura y los programas previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Honorable Asamblea:

México es un país privilegiado en sus recursos naturales, pesqueros y acuícolas por su situación y características ecológicas específicas en el Pacífico, el Golfo de Cortés, el Golfo de México y el Mar Caribe, que le confieren una gran diversidad de climas y nichos, y le permite el desarrollo de una gran variedad de especies. Además, para la actividad acuícola existen condiciones muy favorables en sus aguas tanto costeras, como continentales.

Simplemente por esas razones, el sector pesquero debería tener una importancia estratégica fundamental: su zona económica exclusiva y su mar territorial cuentan con 3 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la realidad es que la economía del mar ha sido abandonada o minimizada. Parecería que desdeñamos el potencial de esos recursos como fuente inusitada de riqueza, frente al empobrecimiento que cada día constatamos de nuestros suelos improductivos que dificultan nuestra autosuficiencia alimentaria y el bienestar de nuestra población rural.

Hemos superado la etapa en que nuestros estados costeros veían cómo las flotillas extranjeras se movían en nuestras costas arramblando con nuestros recursos pesqueros, haciendo una extracción tan violenta, que convertían a nuestros océanos en una masa de aguas muertas. Sin embargo, ahora nos enfrentamos localmente al desorden por la falta de vigilancia y respeto a las disposiciones administrativas, que muchas veces propician la corrupción.

Debemos preocuparnos por la profunda desigualdad que divide a los grupos económicos de pescadores organizados, de las debilitadas y endeudadas cooperativas de pescadores ribereños de mediana altura, algunas uniones de pescadores o sociedades rurales de producción pesquera, que muchas veces sólo recogen lo que va quedando de una explotación irracional. De acuerdo con datos oficiales, la producción nacional pesquera en el periodo 2004-2005 muestra una caída del 42 por ciento, al pasar la producción de 1 millón 515 mil a 880 mil toneladas.

En el mar, la desigualdad entre las personas y el agotamiento de los recursos, afecta a los pescadores, pero en la tierra, afecta a los consumidores que compran pescado más caro, si es que lo consiguen.

Es necesario poner remedio a esta situación. Es importante para la economía de México y para la alimentación de nuestro pueblo reivindicar la potencialidad de nuestros mares y de la actividad pesquera y acuícola de nuestro país. Darle rango administrativo a la dependencia responsable de este sector que salvo momentos de lucidez gubernamental que la elevaron a Secretaría de Estado, ha sufrido continuas degradaciones que denotan el desinterés de las políticas públicas.

Este abandono y falta de consideración se manifiesta en la sistemática disminución de su presupuesto; como un ejemplo, en el informe del avance presupuestal al primer trimestre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación puede observarse que se ha afectado nuevamente al presupuesto autorizado, ahora con una reducción de cerca de 741 millones de pesos. Pero también en la debilidad estructural para planear de manera adecuada el manejo de los recursos del mar disponibles, lo que pone al sector en constantes crisis, sobre todo en el golfo y en las costas de Oaxaca o de Chiapas, donde los pescadores trabajan de manera rudimentaria.

Lo mismo sucede en el aspecto crediticio. Si alguna vez el Banco Nacional Pesquero y Portuario y Ocean Garden fueron el sustento de esta promisoria actividad, estas instancias han desaparecido y la pesca ahora sólo cuenta con una mínima línea de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura y, por tanto, carece de esta determinante política para que pueda sobrevivir. La desarticulación crediticia se evidencia de la siguiente manera: la cartera de crédito para las actividades pesqueras pasó, de representar el 4.3 por ciento en el año 2000, al 2.2 por ciento en el año 2005.

Puede afirmarse que siendo México, geográficamente hablando, un país marítimo por excelencia, vivimos de espaldas al mar; sin una cultura de aprovechamiento sustentable de nuestros recursos marítimos y sin una industria pesquera a la altura de nuestras potencialidades.

En la hora de la globalidad, cuando nos abrimos al mundo y decidimos entrar a competir, tenemos que hacer conciencia que la actividad pesquera y acuícola sobre todo esta última, es una de nuestras mejores cartas y debemos jugarla con toda determinación.

Pero para ello tendrá que hacerse un replanteamiento a fondo de nuestras estrategias de políticas públicas, para incorporar apropiadamente nuestros recursos al desarrollo nacional, superando el tratamiento errático o el menosprecio de los mismos, muchas veces en perjuicio de su conservación o de su racional aprovechamiento.

Hace falta una nueva y efectiva política de Estado sobre la pesca y los recursos marítimos y acuícolas en general. Seguramente esas fueron las razones para que la LIX Legislatura del Congreso de la Unión aprobara la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a la que el Ejecutivo presentó en septiembre pasado algunas observaciones. Sin negar que las observaciones del Ejecutivo son atendibles, no cabe la menor duda que los avances que representa la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dan otra perspectiva; nos impulsa hacia una nueva política de la economía del mar y da certidumbre al mundo de la pesca.

Por primera vez se contempla la participación real y efectiva de los estados y municipios en la regulación de determinadas pesquerías y la acuacultura; actualiza, moderniza, eficienta y enriquece el marco legal que rige la pesca; reduce la discrecionalidad de la burocracia y promueve la transparencia; establece normas para preservar el ambiente y la sustentabilidad económica de la pesca; regula las actividades acuícolas; para los pueblos indígenas ribereños, la Ley desarrolla los principios del artículo 2º constitucional; crea los instrumentos para cuidar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos; se crea el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola; define las funciones del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; fortalece la investigación científica y técnica y se regula la Carta Nacional Pesquera donde se definen con claridad los límites de aprovechamiento para otorgar permisos y concesiones.

Esta ley, cuyas observaciones deben ser atendibles y en su aplicación propiciar la participación activa de todos los sectores interesados, debe ser la plataforma para una política de Estado que le dé un lugar prioritario a nuestros mares, costas y aguas interiores, hoy sujetos a un manejo depredatorio, deficientemente regulado. La alarma mundial que recientemente algunos especialistas han hecho sonar, cuando afirman que antes de cincuenta años, en la forma que hoy se explota el mar, a nivel planetario, el hombre ya no podrá contar con los alimentos de origen marino de que actualmente dispone, es también una llamada a nuestra conciencia que no podemos, ni debemos soslayar.

Es por todo esto que me permito presentar a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a la honorable Cámara de Diputados para que, con la mayor brevedad, dé curso a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al decreto por el que se expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de hacer factible su pronta promulgación en el Diario Oficial de la Federación, y su entrada en vigor.

Segundo. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2007 se incluyan las partidas y los fondos necesarios para hacer posible la pronta ejecución de las obras de infraestructura y los programas previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Senado de la República, noviembre 14 de 2006.--- Senadores: Heladio Ramírez López, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Mendoza Garza, Antonio Mejía Haro, Dante Delgado, Josefina Cota Cota, Silvano Aureoles Conejo, Fernando Eutimio Ortega Bernés, Renán Cleominio Zoreda Novelo, María Rojo e Incháustegui, José Eduardo Calzada Rovirosa y Manuel Velasco Coello (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase el punto de acuerdo a la Comisión de Pesca, y el punto segundo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Permítame, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA - ESTUDIOS CHURUBUSCO-AZTECA - CINETECA NACIONAL

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Presidente: solicitándole que el turno que se refiere a la proposición de recursos destinados al Instituto Mexicano de Cinematografíay Estudios Churubusco-Azteca no sólo sea a la Comisión de Presupuesto, sino también a la Comisión de Cultura, en virtud de que corresponde al ramo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tome nota la Secretaría para que el turno sea también a la Comisión de Cultura.Adelante, Secretaria.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 221 del Código Penal Federal, presentada el 24 de julio de 2002.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud de excitativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica.--- Presente.

Tomas Torres Mercado, senador de la República de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, le solicito atentamente que en uso de la facultad que confiere al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21, de la fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a las Comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a que presente el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona artículo 221 del Código Penal Federal, que tipifica la conducta de los diputados o senadores que representen a particulares en sus intereses patrimoniales frente al Estado, presentada por el suscrito cuando fue diputado federal en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2002.

Para lo cual solicito respetuosamente, se envíe la presente

Excitativa

Único. Se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora, excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona artículo 221 del Código Penal Federal, que tipifica la conducta de los diputados o senadores que representen a particulares en sus intereses patrimoniales frente al Estado, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2002, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Senador Tomas Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 2002-2005

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar, con la mayor brevedad, las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 a 2005.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF., a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Senado de la República exhorte a la Cámara de Diputados a dictaminar, con la mayor brevedad, las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005.

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Senado de la República exhorte a la Cámara de Diputados a dictaminar, con la mayor brevedad, las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005 al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

2. Que la Auditoría Superior de la Federación tiene como facultad la fiscalización en forma posterior de los ingresos y egresos, del manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, así como del cumplimiento de objetivos contenidos en los programas federales.

3. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva para revisar la Cuenta Pública del año anterior, y el artículo 45 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con objeto de hacer aportaciones sobre aspectos programático-presupuestales específicos y sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública. En ese sentido, la comisión recibió durante la LIX legislatura opiniones de las Comisiones de Desarrollo Social y Seguridad entre otras, que servirán de apoyo para la elaboración del dictamen.

4. Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala, en sus artículos 80 y 81 que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación examinar la Cuenta Pública y presentar el dictamen dentro de los treinta días.

5. Que el pasado 21 de abril de 2005 la Cámara de Diputados aprobó con reservas la Cuenta de la Hacienda Pública 2001, en ejercicio de su facultad exclusiva otorgada por la fracción IV del artículo 74 constitucional, instruyendo a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones legales, continuara con los procesos de solventación que quedaron pendientes y diera trámite al fincamiento de responsabilidades procedentes, ya que se detectaron diversas irregularidades. Las dependencias y entidades revisadas en mayor o menor medida no cumplieron estrictamente algunas de las disposiciones y normas jurídicas aplicables, teniendo un efecto económico del orden de 339 mil 456.2 millones de pesos, cifra equivalente a la quinta parte del gasto ejercido durante el ejercicio 2001.

6. Que nos encontramos a escasos días de la conclusión de la presente administración y sólo se ha aprobado con reservas el primer año de gestión del Presidente Vicente Fox, estando pendientes por revisar los cinco años restantes de su administración y, por tanto, el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y el que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Que, de acuerdo con un estudio denominado Proyecto internacional de presupuesto, realizado a 59 países, México ocupa el lugar 22 con apenas 50 de los 100 puntos posibles, caracterizándose por no tener espacios para la apertura y transparencia presupuestaria sino opacidad.

8. Que la sociedad a la que representamos demanda de los poderes públicos transparencia en la administración de recursos y eficiencia en los programas y acciones de gobierno. Esto no es una cuestión de posturas políticas, ni de ideologías partidistas, sino más bien es un elemento esencial de la rendición de cuentas y del eficaz ejercicio gubernamental tendiente a la erradicación de prácticas de corrupción, de arbitrariedad y del autoritarismo.

Por lo expuesto, se propone:

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar, con la mayor brevedad, las Cuentas de la Hacienda Federal correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005.

Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que informe detalladamente a ambas Cámaras respecto de los procesos de solventación que quedaron pendientes y el fincamiento de responsabilidades procedentes de la Cuenta Pública 2001.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiséis días del mes de octubre de 2006.--- Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la efeméride relativa al XCVI aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Se han registrado, para referirse al tema los siguientes diputados: Eduardo de la Torre Jaramillo, de Alternativa; Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del PT; Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia; José Antonio Arévalo González, del Verde Ecologista; Víctor Valencia de los Santos, del PRI; Víctor Manuel Lizárraga Pereza, del PRD; y Francisco Antonio Fraile García, del PAN.

En consecuencia, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con el permiso de la Presidencia: reflexionar, después de 96 años, el significado de la Revolución Mexicana debe tener un ejercicio no solamente de reflexión retrospectiva, sino también preguntarnos cuál es la vigencia de este discurso, de este referente hoy en el país.

El saldo de la Revolución Mexicana fue un millón de mexicanos muertos por la confrontación; es decir, la violencia ha significado en este país uno de los constructores del poder político, entendido en una vertiente que no es saludable. La violencia en este país, no solamente discursiva, no solamente física, genera violencia. La concepción de lo político de Carl Schmitt: Si tú eres mi enemigo, te tengo que destruir necesariamente para poder continuar con nuestra identidad política y en esta parte de lo político.

Si la cultura política de los actores de ese tiempo y la vieja cultura del autoritarismo se fue definiendo, se fue mimetizando con otros actores, va a significar que no solamente una visión autoritaria de la política tenga como resultados la negación, la exclusión del diálogo, del consenso, de la participación, de tener un país distinto; no solamente hoy, la pregunta pertinente es si ``el último presidente de la Revolución'', como se autodefinió José López Portillo en alguna revista --en la revista Proceso--, hoy tenemos que redefinir que hemos transitado de ese proceso ideológico, de ese proceso político de la Revolución Mexicana a la democracia mexicana.

Tenemos una democracia frágil, una democracia en construcción pero al fin y al cabo democracia; una democracia en la que hasta el día de hoy hemos tenido diálogo de sordos, un soliloquio desde el poder; sin embargo, nos estamos negando a la construcción de las nuevas instituciones.

La apuesta dentro de la nueva democracia mexicana tiene que ser el rediseño institucional del Estado. ¿Qué significa esto? El viejo régimen en esa concepción revolucionaria tiene sus instituciones, algunas muy nobles en la parte social, pero hoy tenemos que transitar hacia instituciones mucho más flexibles, instituciones que generen no solamente una gobernabilidad democrática sino también referentes de nueva gobernanza, donde los actores públicos, los actores privados, los actores del tercer sector sean los que empiecen a diseñar la política del siglo XXI.

La política del siglo XXI en que hoy también nos toca colaborar significa, a partir del 1 de diciembre, una política de reconciliación nacional, que vaya puliendo, que vaya elevando la calidad de la democracia. El mejor homenaje que se le puede hacer hoy a la Revolución Mexicana es redefinirla, es repensarla, construyendo el nuevo rostro estatal que necesita este país. Muchísimas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: toda revolución sin pensamiento crítico, sin libertad para contradecir al poderoso, es una revolución que se derrota a sí misma; un fraude, como decía Octavio Paz. Entre 1910 y 1920, México fue sacudido por una serie de luchas que originaron la Revolución Mexicana, que intentaba transformar el sistema político y social, creado por el régimen porfirista.

En sus orígenes, las luchas revolucionarias --inspiradas por Madero, Villa, Zapata, Carranza y, tanto caudillos distinguidos del movimiento revolucionario de 1910-- pretendían no sólo el derrocamiento de la dictadura que se había mantenido en el poder por más de 30 años, sino el establecimiento de una democracia con justicia e igualdad para todos los desprotegidos y explotados. Tras el triunfo revolucionario se inició la necesaria reconstrucción del país hacia una vida institucional y progresista.

Al margen de las interpretaciones del discurso oficial, lo cierto es que los postulados de justicia social de la Revolución Mexicana de 1910 no se han logrado a cabalidad como fueron planteados y como siguen vigentes. Lo cierto es que intervinieron en la gesta heroica, cimentaron las directrices que deberían conducir al país por el sendero de la justicia social y reconocimiento de las garantías fundamentales con que todo mexicano debe contar.

Actualmente el país transita por una etapa sumamente difícil, debido a la presencia de factores poderosos que influyen no en la solución, sino en la agudización de los problemas que padecen importantes segmentos de la población. La pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la desigual e inequitativa distribución del ingreso, parecieran destino de los grupos vulnerables de nuestra sociedad; aunado a lo anterior, la crisis política que vive el país viene a agravar la vida de los mexicanos que demandan soluciones a los problemas que los aquejan.

Por todo eso, Nueva Alianza convoca a preservar el diálogo y los acuerdos que deben ser un imperativo para lograr la concordia y la unidad nacional; para que los objetivos que plasmó la gesta revolucionaria que dio forma a la sociedad y al Estado del México contemporáneo, y que fue ejemplo de movimientos sociales reivindicatorios a nivel mundial no sólo se cumplan a plenitud, sino que se mantengan como lo que son históricamente: la base del Estado mexicano para el cumplimiento de sus fines de progreso y proyección positiva de la sociedad mexicana en el presente y hacia el futuro. El discurso oficial sobre el papel trascendente de la Revolución en el desarrollo social de México debe abordar la realidad sin poses demagógicas. Es necesario retomar las experiencias adquiridas, con la finalidad de reconocer las flaquezas de un modelo económico que está lejos de cumplir las expectativas que decidieron su aplicación.

Caso coyuntural presente --y sirve de ejemplo para ello-- son los recientes aumentos a la gasolina y a la leche de consumo popular. Al pueblo de México se le deben evitar discursos políticos que sólo maquillan los hechos por medio de los cuales se pretende ocultar la crítica situación en que viven millones de mexicanos.

Frente a los efectos del modelo económico fundamentado en el neoliberalismo salvaje y el programa globalizador negativo, que aplasta las aspiraciones de crecimiento de las naciones emergentes, los postulados sociales que fueron enarbolados en la Revolución han quedado en la retórica.

La democracia es hoy una realidad; sólo a través de su práctica cotidiana avanzaremos firmemente hacia la grandeza de México. La Revolución Mexicana no sólo debe ser motivo de una simple celebración anual retórica ni debe ser tampoco pretexto para eliminar referentes históricos fundamentales para el pueblo mexicano que deben seguirse conservando como lo que son: elementos de recordatorio y de fundamento para mantener y consolidar dinámica y permanentemente la unidad social de todos los mexicanos. Los objetivos de la Revolución Mexicana, como movimiento armado, plasmado en un sistema político, siguen vigentes, deben actualizarse pero deben conservarse. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 437 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

REVOLUCION MEXICANA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: el lunes 20 de noviembre se celebra el XCVI aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En el Plan de San Luis, de octubre de 1910, Francisco I. Madero convocó a los mexicanos a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, precisamente para el 20 de noviembre de 1910. El lema del Plan de San Luis fue: ``Sufragio efectivo. No Reelección''.

Resulta paradójico que a 96 años de este lema el sufragio en México no se respete, como quedó evidenciado en el pasado proceso electoral, en donde se orquestó un fraude en contra de la Coalición por el Bien de Todos y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Esta situación acredita que los grupos fácticos de poder harán todo para impedir el triunfo de un candidato que cuente con el respaldo del pueblo y que, desde la Presidencia de la República, implante medidas para sacar de la postración económica y del atraso a millones de mexicanos que en nuestros días se debaten en la pobreza, la marginación y el abandono.

Sin embargo, debemos de recordar que Madero accedió a la Presidencia de la República, pero no respetó el contenido del Plan de San Luis y pactó con la oligarquía porfirista. La auténtica revolución social vendría después, cuando el general Emiliano Zapata y el general Francisco Villa se niegan a reconocer la transacción que Madero hizo con el porfirismo, al no repartir a los campesinos la tierra, como se había establecido en el artículo 3o., párrafo tercero, del Plan de San Luis.

En consecuencia, en noviembre de 1911 Zapata expide el Plan de Ayala, documento de enorme trascendencia histórica en el que se reconoce el derecho de los campesinos a la tierra. Madero tuvo todo para transformar a México y no lo hizo. De esa misma manera, en el 2000 Fox tuvo todo para consolidar la democracia y convertir la alternancia política en una auténtica transición a la democracia, y tampoco lo hizo. Pero pudieron más en Fox la defensa de los intereses hegemónicos del gran capital que el interés de los millones de mexicanos que por él sufragaron. Hoy, Vicente Fox nos deja un país dividido, un país con casi 40 millones de pobres, un campo devastado en donde millones de mexicanos se ven forzados a buscar en otras partes las oportunidades laborales que aquí no se tienen; un país que, como en 1910, está ``tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos de América''.

Como resultado del golpe de Estado en contra de Madero por Victoriano Huerta, golpe de Estado fraguado en la sede de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, emitió en marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, que tuvo como propósito central el orden constitucional roto por la traición de Huerta. En 1916 se convoca al Congreso Constituyente, cuyos trabajos iniciaron el 1 de diciembre de 1916 y culminaron el 31 de enero de 1917. El mérito de esta Constitución, promulgada el 5 de febrero, es ser la primera Constitución social del mundo. En ella se incorporó la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional e incluso del subsuelo.

De 1910 a 1917 murieron millones de mexicanos. En su memoria y, como homenaje a ellos, debemos mantener como propiedad de la nación el petróleo y la energía eléctrica. En materia de privatizaciones de la riqueza nacional, el Partido del Trabajo dice un no rotundo a que los bienes de la nación pasen a manos particulares.

Compañeras y compañeros diputados: para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 20 de noviembre es una fecha histórica por dos razones: la primera, por la Revolución de 1910; y la segunda, porque el 20 de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta, por decisión mayoritaria de los mexicanos, como Presidente legítimo de este país. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia saluda cordialmente al grupo de estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho del campus de Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que hoy nos visitan y que son atendidos por los diputados integrantes de la coordinación sinaloense, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por su visita y que tengan un feliz retorno.

Tiene el uso de la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Partido Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez:Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: celebrar el XCVI aniversario del inicio de la Revolución Mexicana parece, en este clima de descomposición política y apostasía ideológica, una osadía y, paradójicamente, una irreverencia. Aquellos que antaño sustentaban los principios revolucionarios como escudo moral contra las fuerzas reaccionarias sobrevivientes, hoy la tienen abandonada en el desván cívico de sus ilusiones perdidas y magnifican sus intereses partidistas y personales. Los otros, que se significaron por sus permanentes reconcomios, resentimientos y diatribas a la acción de los gobiernos de la Revolución en favor de los intereses colectivos, hoy festinan un regreso efímero con sombras del gobierno inmoral de Victoriano Huerta.

Pero quienes por amnesia o por rencor histórico pretenden condenarlo ignoran que con su actitud la están convocando. El hilo conductor de la historia es indestructible, su trama está tejida con las fuerzas de la esperanza y la victoria.

México, dice un clásico de la ciencia política, Maurice Duverger, no tuvo revolución pasada, lo que tiene es una revolución pendiente. La Revolución Mexicana inauguró la Tercera República, que toca hoy a su fin, antecedida por la de la Independencia y la de la Reforma.

Hoy somos testigos privilegiados del nacimiento de la Cuarta República, que sienta ya los cimientos de una nueva alborada para los mexicanos. La Revolución de 1910 fue la lucha por la propiedad de la tierra, la libertad política y los derechos sociales; la que hoy se gesta es la batalla por la restauración profunda de las instituciones, por la reivindicación de las bases de los derechos fundamentales y por el bienestar social, justo y compartido, que se adeuda a millones de mexicanos en la pobreza. Los presagios de la revolución en cierne se muestran como una revolución no violenta, pacífica y democrática. Su única arma moral es la fuerza de la gran mayoría de los mexicanos que lo han perdido todo menos la esperanza y la decisión de construir una patria ordenada, justa y solidaria.

Estas razones bastarían para honrar debidamente el movimiento social que convoca esta efeméride. Los espíritus de Madero, Carranza, Villa y Zapata y el pueblo, que siguió su palabra y su acción revolucionaria, son los manes tutelares de la nueva lucha que deberemos librar contra la dictadura de los poderes fácticos y los cómplices que los acompañan, que mantienen un gobierno invisible pero real e impúdico, que ahoga a millones de mexicanos y ensombrece con sus conflictos de intereses, sus privilegios y su impunidad, la vida nacional.

El gobierno foxista celebra este preámbulo con los aumentos a la gasolina, la leche, las tortillas, todo para limpiar el camino de su distinguido delfín.

Viva la nueva Revolución Mexicana. Viva la Cuarta República.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia saluda, en nombre del Pleno de la Cámara de Diputados, a los alumnas y alumnos de la escuela primaria vespertina General Lázaro Cárdenas, del grupo de cuarto año A, del municipio de San Agustín Tlaxiaca, del estado de Hidalgo, que asisten a este recinto invitados por el diputado profesor Isidro Pedraza Chávez. Muchas gracias por su visita.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Arévalo González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910consolidó un parteaguas en la historia de la democracia y la sociedad civil del país. También fue el primer movimiento social armado --del ámbito mundial-- del siglo, seguido por la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. Cien años antes los mexicanos emprendieron una lucha revolucionaria en contra del imperialismo español, que los llevó a construir una nación. Un siglo después, este país ya gobernado por monarcas extranjeros, como en aquel entonces, por el dictador Porfirio Díaz.

Durante el mandato del general Díaz, los ciudadanos se encontraban con la falta de libertad de elegir a su gobernante y, aunado a esto, el poder estaba concentrado en un grupo pequeño de personas, provocando la desigualdad social, el rezago en materia de educación, falta de libertad de expresión en los medios de comunicación, por mencionar algunos problemas.

Esto llevó a la población, encabezada por Francisco I. Madero, a sublevarse en contra de la tiranía a través de unas elecciones para dar una salida democrática, por lo cual los resultados fueron respetados, provocando el movimiento armado y la elaboración del Plan de San Luis, en donde se enuncia el principio de ``Sufragio Efectivo. No Reelección'', que sigue siendo pilar de nuestra democracia hasta el día de hoy.

La Revolución Mexicana no sólo buscaba la lucha por la democracia, sino una reforma agraria que devolviera la tierra a los campesinos de manera equitativa, encabezada por Emiliano Zapata, con su lema: ``Tierra y Libertad''. La lucha posterior entre caudillos revolucionarios como Villa, Carranza, Zapata, Obregón --por mencionar algunos-- provocó un estado de anarquía y de lucha de poder en el país; sin embargo, después de numerosos enfrentamientos, Venustiano Carranza asume el poder en 1917, se promulga nuestra Constitución actual.

El grupo parlamentario del Partido Verde exhorta a todos los legisladores a seguir y respetar los ideales del pensamiento social que fue esta lucha armada, que dejó más de un millón de muertes como saldo.

Nosotros como representantes de la población tenemos una gran responsabilidad de seguir trabajando para satisfacer las necesidades de todos los mexicanos; sabemos que hay mucho camino por recorrer y que varios de los problemas que suscitaron el movimiento armado se han intensificado; por ejemplo, la situación laboral, que ha disparado las cifras de migrantes a Estados Unidos; el rezago educativo; el problema agrícola, que sumado con el deterioro ambiental hace más difícil que la gente del campo pueda sobrevivir de sus cosechas.

Tenemos que seguir trabajando para edificar de manera más sólida los valores que nos dejó la herencia de la Revolución Mexicana, como la democracia electoral, los derechos civiles; combatir la desigualdad social y económica de la población, entre otros. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos:Con el permiso de la honorable Asamblea: hoy, los grandes temas que constituyen la agenda política de nuestro país están planteados y se desarrollan como prolongación del gran movimiento político, social, económico y cultural que cimbró a la nación entre 1911 y 1916. La fuerza de las ideas sustituyó la de las armas, y nunca más debemos regresar a ellas.

El aniversario de la Revolución Mexicana cobra especial relevancia para la fracción parlamentaria de mi partido, ya que deseamos significar con profunda reverencia a todos y cada uno de los conductores de la Revolución, porque el movimiento, los principios que lo motivaron, la vida misma de sus caudillos han sido el eje rector de nuestra vida nacional y la circunstancia obliga, a los que provenimos de la estirpe de este hecho histórico, a observar el mayor de los deberes: el de la memoria y el de los derechos.

Los priístas no podemos olvidar nuestro origen y, por tanto, tenemos el derecho a retomar el rumbo, a reorientar al gobierno con la revisión de la biografía de esta gesta histórica, además de sus muchos logros, que tenemos que recordar una vez más como todos los años, para no olvidar nuestra raíz y nuestro origen. En la Revolución Mexicana de 1910 el ansia de justicia social encontró verbo y punto; la doctrina floreció y se tradujo en hechos, propósitos, ideas e instituciones, que luego convertidos en programas fueron un poderoso motor del desarrollo.

La historia de México, desde la perspectiva de la Revolución, se nos presenta como una realidad apasionada, innegable y viviente, con sus luchas y transformaciones, sus logros y sus sinsabores, sus firmezas y desviaciones, con la huella del paso abrumador del tiempo; con las dificultades económicas de este nuevo siglo y con las desigualdades que todavía hoy nos caracterizan. Ciertamente, tenemos que abandonar la terca repetición de catecismos que hayan demostrado su equivocación y despojarnos también de inercias y lastres negativos; asumir la aparición de nuevas reglas del juego en la economía mundial, reglas que no dependen necesariamente de la voluntad de los gobernantes, pero que sí tienen que atenderlas.

Ser leales a la Revolución ahora es pugnar por una rectoría estatal de mayor calidad; ser capaces de orientar el desarrollo económico en función de las necesidades sociales, de poner diques ante los perjuicios de las fuerzas del mercado, de rechazar el autoritarismo que avasalla y de hacer que se respete el estado de derecho. La Revolución ahora es hacer que su proyecto original tenga una dimensión, y la tendrá si responde a los millones de mexicanos que demandan salud, educación y empleo. Por eso debemos pugnar por un federalismo que permita a las entidades recuperar también sus potestades tributarias. Debemos oponernos, desde este honorable Congreso, a una reforma fiscal que grave el gasto para alimentación y la salud de las clases populares.

Nuestro deber ahora es consolidar el sistema de partidos para fortalecer la democracia y corresponder con lealtad a ese gran movimiento que hoy conmemoramos; ayer, con las armas; hoy, mediante la negociación y la concertación. Avanzará en tanto se consolide la autonomía y la división de poderes; avanzará en tanto logremos revitalizar la vida legislativa y hagamos eco aquí, en la casa de todos, a la voz de todos.

Quiérase o no, estamos inmersos en la vida que nos legó la Revolución; nuestras instituciones provienen de ella, nuestro sistema político y, como si esto fuera poco, vivimos regidos por una Constitución, que fue el producto más acabado, orientado y generoso de esta gesta revolucionaria, que además originó el pacto social que tantos y tantos hoy se han empeñado en violentar. No hay que olvidar que estamos tan inmersos en ella que hasta el acto protocolario de rendir aquí la protesta de un Presidente de la República se sujeta precisamente a la jura de la lealtad a nuestra Carta Magna, que proviene justamente de la Revolución Mexicana.

Por eso, venimos aquí a dejar constancia ciertamente de nuestra vocación de cambio, de perfeccionamiento de instituciones, de progreso y de justicia; pero, a la par con ello, de nuestra firme e ineludible adhesión a los principios de la Revolución Mexicana, que hoy deben ser traducidos en gobernabilidad democrática. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia, en nombre del Pleno de la Cámara de Diputados, da un atento saludo a nuestros visitantes que se encuentran en el área de visitantes distinguidos: el señor rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y el contador público Guadalupe Flores Bolívar, contralor general de la misma universidad. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su visita.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza:Gracias, diputada Presidenta; compañeras, compañeros diputados: ``México se salvará de la ruina y la deshonra, porque aún cuenta con hijos que sienten en su pecho arder el fuego sagrado de la virtud cívica y porque hay una divina providencia que ve por el destino de los pueblos que luchan por la justicia y la dignidad'' --palabras del general sudcaliforniano Manuel Márquez de León dirigidas a Porfirio Díaz en 1879, que a 127 años de su pronunciamiento en el México de hoy continúan vigentes.

Compañeras, compañeros legisladores: es un honor abordar la tribuna en ocasión del próximo aniversario del inicio de la Revolución Mexicana para destacar el capítulo glorioso que puso fin a la dictadura porfirista, consagrándose como un auténtico inspirador de la era constitucional y de las obras más relevantes del presente. Han transcurrido 96 años de aquella conmoción desatada por el rechazo popular hacia el gobierno de Díaz, aunada a la inconformidad de los maderistas con motivo de las arbitrariedades ejecutadas por el dictador en las elecciones presidenciales del 6 de junio de 1910.

Sin lugar a dudas, por injerencias en los comicios electorales tan infames como la de entonces, el presente se parece en lo peor a su pasado; el presente se parece en lo peor a su pasado, cuando debería suceder lo contrario y servir para ilustrarnos en la construcción de épocas más rectas, más justas y mejores. La conmemoración, no obstante, es oportuna para elevar, junto con la figura monumental de Francisco I. Madero, la acción de las bandas armadas que en los distintos puntos de la nación encabezaron los jefes revolucionarios, constituyendo el alma del ejército cuyo triunfo anunció, en esas horas estoicas, el advenimiento de un mejor porvenir para la patria reivindicada.

Al repasar los logros constitucionales y la serie de transformaciones emanadas de esa lucha, vemos con frustración que siguen existiendo mentalidades herederas del porfirismo, que continúan, como antaño, abusando del poder y, entre otros delitos imperdonables, violando leyes electorales con singular cinismo y decomisando resultados con toda desfachatez.

Apátridas los que se dicen demócratas y que, como el místico encuentro del diablo con la cruz, huyen despavoridos ante las imágenes de Juárez y Madero, por su reconocido antagonismo hacia estos próceres de la Reforma y la Revolución, héroes magnánimos hasta su último aliento e inquebrantables hasta la última gota de su sangre.

En 1963, al exaltar el movimiento de 1910, el maestro Agustín Yáñez declaraba que a sus paladines no les importó imaginar que serían tildados de locos, anarquistas, facinerosos. No desfallecieron ante ningún género de calumnia ni amenaza; prefirieron la muerte a la claudicación. En cambio, el móvil predominante de los falsos revolucionarios fue y es el medro, la satisfacción de ruines apetitos, el desprecio a los que menos tienen y el atropello como sistema. Por retratos como éstos, que en la política contemporánea se siguen retocando, tenemos una patria lastimada, exhibiendo crudamente sus heridas y un estado de Oaxaca cimbrando en sus enconos.

Para vergüenza del gobierno ya expirante de Vicente Fox, la historia revolucionaria se reinscribe, pero en el fascículo de las ignominias que la produjeron; no en el de la legalidad que fue su fruto; legalidad que permite la manifestación de un gremio como el educativo de Oaxaca; y justicia que debería sancionar con pertinencia la negación gubernamental a este derecho. Legalidad que impide la intromisión del titular del Ejecutivo en los procesos electorales; y justicia que debería frenar y castigar a tiempo este modo de autoritarismo presidencial tan detestable. Legalidad que nosotros, compañeras y compañeros legisladores, debemos hacer valer hasta los límites que ha alcanzado y perfeccionarla hasta donde las circunstancias lo demanden.

En medio de las turbulencias políticas actuales, comprometernos con el presente y el destino de la nación será el único homenaje que podemos ofrendar a los patricios de la Revolución para recuperar y devolverle al país el honor democrático mancillado. No cabe ningún otro camino, a eso nos llama la patria; a eso nos llama el clarín de guerra, porque legislar y cuidar con seguimiento sostenido el desempeño de las instituciones es y deberá ser nuestra bandera de combate; es y deberá ser nuestro sagrado territorio de batalla. Sólo así, diputadas y diputados, México se salvará de la ruina y la deshonra y reencauzará con gloria el camino hacia la justicia y la dignidad atropelladas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señor diputado.

Para terminar con la efeméride que conmemora el XCVI aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, hará uso de la palabra el diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Antonio Fraile García:Con su permiso, señora Presidenta: recordar la historia es para no repetir los mismos errores. La vida de un solo mexicano vale todo. Los hombres y las mujeres, ante la imposibilidad de cambiar su entorno, su México, escogen dos caminos: uno, el uso de la violencia, la asonada, las manifestaciones como punto esencial del cambio, esperando que a este proceder se sume el Ejército o alguien use la fuerza física para imponer su visión; el otro, el que escogimos los mexicanos después de la Revolución, ir transformando día con día, ir acotando el poder, ir tomándole cuentas al mismo hasta convertirse en un nuevo México, implica inteligencia, respeto a los otros, el uso de la libertad, pero con el binomio de la responsabilidad.

Sólo así, sin sangre, se cambian las cosas; de la otra manera se vuelve a iniciar. Pero la sangre, el sufrimiento, la desaparición de la propia propiedad no tendrían razón si al final del proceso revolucionario de esa gesta de 1910 no se concluyera en instituciones fuertes. Costó tiempo, costó un gran esfuerzo ir calando en la vida social y transformando a México en una nación de instituciones, instituciones que en el propio proceso revolucionario se iniciaron. Ahí está el crédito agrícola, los partidos políticos, el Banco de México. Y si bien, es cierto, hubo el abuso y reparto de poder entre los generales revolucionarios; hubo también la madurez de un pueblo de ir obligando a éstos a modificar su conducta e ir aceptando que el México moderno tiene instituciones nacidas del dolor de un pueblo.

Hoy, esta Cámara puede plantearle al otro poder alternativas, iniciativas, propuestas, y todo esto sin odio y sin violencia. Porque la institución camaral a que pertenecemos, como la institución presidencial, como todas las instituciones nacionales, costaron mucha sangre, mucho dolor, mucha entrega y hoy el pueblo de México nos pide con urgencia transformar más estas instituciones sin provocar más sangre; por eso, incluso, nos pagan por estar aquí, para defender estas instituciones.

Acción Nacional siempre ha amado esa Revolución Mexicana como el origen del México moderno, y la sangre de aquellos aún tiene valor para que no se derrame más sangre por México, sino que, al contrario, nosotros, legisladores, honremos su muerte con instituciones sólidas. Acción Nacional asume un nuevo compromiso: queremos un México donde hombres y mujeres vivan con dignidad; aspiramos al fortalecimiento de nuestras comunidades y a la construcción de una nación sólida.

Gobierno y sociedades deben asumir sus responsabilidades sociales en la generación de un desarrollo humano sustentable, acorde con las necesidades del país; éste es el compromiso de Acción Nacional para no repetir errores de 1910. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Esta Presidencia, en nombre del Pleno de esta Cámara de Diputados, da la bienvenida a los alumnos visitantes que nos honran con su presencia de la División de Postgrado de la Universidad La Salle, de las licenciaturas ejecutivas de la Universidad del Valle de México y de la licenciatura de la Universidad del Tepeyac. Les damos un cordial saludo y les agradecemos su visita.

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pasando al apartado de iniciativas de los ciudadanos diputados, se concede el uso de la palabra al diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Cono su venia, diputada Vicepresidenta: por encontrarse publicado el texto íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, a continuación citaré algunos de los argumentos que ponen en evidencia y refuerzan los motivos de la necesidad de la presentación y aprobación de la iniciativa, pidiéndole se inserte íntegro el contenido de la presente en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros diputados: con el ánimo de acrecentar el grado de confianza de los usuarios de los servicios que proporcionan las instituciones financieras, así como para fortalecer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el desempeño de sus funciones, el día de hoy me complazco en poner a la consideración de esta honorable Asamblea la reforma de la fracción II del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Cabe destacar que la concepción de esta reforma se originó de la práctica, pues personal de la Condusef nos indicó que en el mismo procedimiento de conciliación, si el usuario presenta una reclamación en la cual el nombre de la institución no fuera preciso, al solicitar ellos a la autoridad financiera o bien a las comisiones del sistema financiero algún tipo de información para proceder a la plena identificación de la institución financiera y éstos no contestan, es imposible allegarse de los elementos necesarios para continuar con su acción; pero tampoco pueden sancionar a aquella autoridad o comisiones nacionales, pues la ley no es clara en la aplicación de sanciones. Considero entonces que es de vital importancia impulsar las prerrogativas relativas a la defensa de los derechos e intereses de los usuarios del sistema financiero.

Por ende, esta iniciativa es con la finalidad de precisar que, dentro del procedimiento de conciliación administrado por la Condusef, esta Comisión tiene la facultad de imponer una sanción de 200 a mil días de salario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, y Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuando éstas no cumplan con la obligación que se desprende del artículo 64, que establece:

``Las autoridades a que se refiere la fracción IV del artículo anterior deberán contestar la solicitud que le formule la Comisión Nacional --es decir, la Condusef--, en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, consistiendo la misma en aportar los datos necesarios para proceder a la identificación de la institución financiera''.

Y me refiero a precisar, en consideración a que la fracción II del mencionado artículo 94 ya sanciona la omisión de la obligación contemplada en el artículo 12, que a la letra dice:

``Artículo 12. Para el debido cumplimiento de las facultades que esta ley atribuye a la Comisión Nacional, las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las comisiones nacionales, así como las instituciones financieras, deberán proporcionarle la información y datos que les soliciten''.

Ahora bien, siendo que la primera obligación sería especie dentro del género de la segunda obligación --es decir, la del artículo 64--, es de considerarse que son de la misma naturaleza y, por tanto, su omisión debe ser también sancionada en los mismos términos, en un acto de congruencia. No obstante, la fracción II del artículo 94, a la letra, sólo establece: ``La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones: multa de 200 a mil días de salario. La institución financiera que no proporcione la información que le solicita la Comisión Nacional para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo solamente con los artículos 12, 53 y 58 de la ley''.

Por si lo anterior fuera poco, se observa que, aun cuando la obligación prevista en el artículo 12 establece como sujetos obligados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a las multicitadas comisiones nacionales y a las instituciones financieras, únicamente se sanciona la omisión de las instituciones financieras, lo cual es, a todas luces, inequitativo.

Por lo anteriormente expresado, propongo la siguiente reforma de la fracción II del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en los siguientes términos:

Artículo 94. La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:

II. Multa de 200 a 1000 días de salario a la institución financiera y autoridades que no proporcionen la información que les solicite la Comisión Nacional para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 64 de esta ley. Muchas gracias; es cuanto diputada Vicepresidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de ésta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Exposición de Motivos

Con el ánimo de proveer a los ciudadanos de un sistema integral y uniforme en la consecución de la defensa de sus derechos e intereses frente a los intermediarios financieros, la LVII Legislatura del Congreso de la Unión se dio a la tarea de aprobar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que fuera publicada el día 18 de enero de 1999, en el Diario Oficial de la Federación y que a la fecha ha dado claro ejemplo de su eficacia en el establecimiento de medios alternos de solución de controversias.

Actualmente, a esta LX Legislatura, corresponde abonar al fortalecimiento del trabajo hecho por nuestros antecesores, con el espíritu de comunión y armonía que fortalezca a las entidades financieras e incremente el grado de confianza de sus usuarios.

Y en concreto me refiero a la necesidad de precisar que dentro del procedimiento de conciliación, administrado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Comisión Nacional), la obligación de proporcionar información a cargo de las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; y del Sistema de Ahorro para el Retiro; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemplada en el artículo 64 que a la letra dice:

Artículo 64.- Las autoridades a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, deberán contestar la solicitud que les formule la Comisión Nacional en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud.

Es de la misma naturaleza, que la que se señala en el artículo 12 del mencionado ordenamiento:

Artículo 12.- Para el debido cumplimiento de las facultades que esta Ley atribuye a la Comisión Nacional, las unidades administrativas de la Secretaría, las Comisiones Nacionales, así como las Instituciones Financieras, deberán proporcionarle la información y datos que les solicite.

Luego entonces, debe ser sancionada en los mismos términos, es decir como lo establece la fracción II del diverso 94.

II. Multa de 200 a 1,000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53 y 58 de esta Ley;

En definitiva, es de especial relevancia puntualizar que en correspondencia a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Servicios Bancarios y Financieros, así como con los principios rectores del ordenamiento que se pretende reformar y el espíritu del legislativo, debemos asegurar el claro entendiendo de nuestras leyes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 94, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 94.- ...

I. ...

II. Multa de 200 a 1,000 días de salario, a la Institución Financiera y autoridades que no proporcionen la información que le solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 64 de esta Ley;

III. a IX. ...

...

Transitorio

Artículo Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 del mes de noviembre de 2006.--- Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULOS 115, 116, 122 Y 126 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 115, 116, 122 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pablo Trejo Pérez:Con su permiso, diputada Presidenta: el suscrito,Pablo Trejo Pérez, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un último párrafo a la fracción IV, inciso c), del artículo 115; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un último párrafo al numeral C, fracción V, del inciso c), del artículo 122; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El federalismo en México se vive en sincronía con el avance democrático de sus instituciones, ya que se trata de un sistema que supone la existencia de varios centros de decisión política con plena autonomía a lo largo y ancho del territorio nacional, y que son la federación, las entidades federativas y los municipios. Federalismo y democracia constituyen, entonces, elementos básicos del sistema político mexicano.

El federalismo de México tiene hondas raíces en su historia y ha permitido por igual lograr la formación de una nacionalidad y mantener las peculiaridades de las distintas colectividades que integran a la República. Esta vocación y espíritu han estado siempre presentes en los textos constitucionales en nuestros dos siglos de vida independiente.

El ánimo municipalista en la elaboración del artículo 115 de la Constitución de 1917 tenía como propósito garantizar la libertad política del municipio y suficiencia económica, asegurándole los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de la colectividad. Por ello, las cuestiones fundamentales de este precepto tratan sobre la naturaleza del municipio con base en el concepto de libertad, el gobierno municipal y la relación con los estados, la hacienda municipal y la libertad política de los municipios. Desde entonces ha estado presente la voluntad y decisión de avanzar y consolidar el desarrollo nacional, actuando en las distintas etapas y circunstancias para actualizar y fortalecer a la célula básica del sistema federal, que es el municipio.

El artículo 115 constitucional ha sido el instrumento jurídico que ha reflejado este esfuerzo, habiéndose hecho 10 reformas durante el siglo XX, de las cuales la última de 1999 abrió la posibilidad de que las legislaturas de los estados fueran actores fundamentales para el fortalecimiento de las atribuciones de los municipios mexicanos.

Por otra parte, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de las democracias, toda vez que suponen la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobiernos de sus actos y decisiones en los distintos niveles de poder. Esto permite, dentro de lo posible, evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder, conciliando los intereses colectivos con el interés particular de los gobernantes.

El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas es aún incipiente en México y se ha centrado principalmente en el ámbito federal de gobierno, dejando sin la debida atención el estudio de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales. Esa omisión es preocupante, toda vez que desde los años 80 México inició un proceso gradual de descentralización --particularmente en educación, servicios de salud y seguridad pública--, que ha transferido sumas crecientes de recursos que hoy son ejercidos desde los estados y municipios. Sin embargo, ese proceso no se ha acompañado de otro paralelo para instruir mecanismos modernos y eficaces de rendición de cuentas, por lo que es probable que los espacios para el dispendio y la corrupción se hayan expandido en esos ámbitos de gobierno.

Adicionalmente, debe señalarse que en agosto de 2004 se presentó la declaratoria nacional que sintetiza las propuestas finales derivadas de la I Convención Nacional Hacendaria. Esta declaratoria alcanzó acuerdos en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, los cuales consideran dos estrategias: fortalecer los sistemas de información hacendaria de los tres niveles de gobierno, impulsando su homologación y armonización correspondiente, y fortalecer los órganos de fiscalización y control interno de los tres ámbitos de gobierno.

Con esa perspectiva se identificaron los principales obstáculos que han presentado la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito municipal, concentrándose éstos en los siguientes tres factores: marco jurídico ambiguo, responsabilidad política limitada y falta de capacidad e infraestructura administrativa. Ante esto, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior deben revalorarse como procesos de vanguardia e impulsarse decididamente por las distintas instancias de autoridad.

En este propósito se han emprendido diversos esfuerzos y trabajos para derivar lineamientos y normas generales que permiten establecer, adecuar o complementar los sistemas de registro gubernamentales, particularmente y con mayor énfasis en el ámbito municipal.

Es así que la propuesta de adicionar los artículos 115, 116, 122 y 126 constitucionales, en lo referente al mandato para el registro contable y la fiscalización de los recursos federales en esas instancias de gobierno, tiene como objetivo hacer posible la valoración e integración de las operaciones y su inclusión uniforme a la Cuenta Pública correspondiente, facilitando de esta forma un análisis comparativo de los recursos públicos aplicados, su alineación para efectos de estadísticas presupuestales y financieras, cubrir requerimientos de información transparente a sus ciudadanos y concurrentemente, fortalecer los procesos de rendición de cuentas y fiscalización superior.

Derivado de lo anterior, se considera que, sin violentar los principios que se reconocieron a los municipios, a los estados y al Distrito Federal, los mismos deben ser incluidos de manera clara y precisa en los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir al ejercicio del gasto público federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 115, 116, 122 y 126 constitucionales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un último párrafo a la fracción IV, inciso c), del artículo 115; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un último párrafo al numeral C de la fracción V del inciso c) del sexto párrafo del artículo 122; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que le solicito, diputada Presidenta, que esta iniciativa sea incluida íntegramente tal como fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, en obvio de tiempo.

Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros de la Comisión de Vigilancia de todos los grupos parlamentarios que suscriben esta iniciativa de reforma, así como a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y a la vicecoordinadora de Alternativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 115, 116, 122 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Pablo Trejo Pérez, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformael cuarto párrafo y se adiciona un último párrafo a la fracción IV, inciso c), del artículo 115; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un último párrafo al numeral C, fracción V, inciso c), del artículo 122; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El federalismo en México se vive en sincronía con el avance democrático de sus instituciones, ya que se trata de un sistema que supone la existencia de varios centros de decisión política con plena autonomía a lo largo y ancho del territorio nacional, y que son la federación, las entidades federativas y los municipios. Federalismo y democracia constituyen entonces, elementos básicos del sistema político mexicano.

El federalismo de México tiene hondas raíces en su historia y ha permitido por igual lograr la formación de una nacionalidad y mantener las peculiaridades de las distintas colectividades que integran la república. Esta vocación y espíritu han estado siempre presentes en los textos constitucionales en nuestros dos siglos de vida independiente.

El ánimo municipalista en la elaboración del artículo 115 de la Constitución de 1917 tenía como propósito garantizar la libertad política del municipio y suficiencia económica, asegurándole los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de la colectividad. Por ello, las cuestiones fundamentales de este precepto tratan sobre la naturaleza del municipio con base en el concepto de libertad,el gobierno municipal y la relación con los estados, la hacienda municipal, y la libertad política de los municipios.

Desde entonces han estado presentes la voluntad y decisión de avanzar y consolidar el desarrollo nacional, actuando en las distintas etapas y circunstancias para actualizar y fortalecer la célula básica del sistema federal, el municipio. El artículo 115 constitucional ha sido el instrumento jurídico que ha reflejado este esfuerzo, habiéndose hecho 10 reformas durante el siglo XX, de las cuales la última, de 1999, abrió la posibilidad de que las legislaturas de los estados fueran actores fundamentales para el fortalecimiento de las atribuciones de los municipios mexicanos.

Por otra parte, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de las democracias, toda vez que supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernadores de sus actos y decisiones en los distintos niveles de poder. Esto permite, en lo posible, evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder, conciliando el interés colectivo con el particular de los gobernantes.

El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas es aún muy incipiente en México, y se ha centrado principalmente en el ámbito federal de gobierno, dejando sin la debida atención el estudio de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y los municipales. Esa omisión es preocupante, toda vez que en los años ochenta México inició un proceso gradual de descentralización, particularmente en educación, servicios de salud y seguridad pública, que ha transferido sumas crecientes de recursos que hoy son ejercidos desde los estados y municipios. Sin embargo, ese proceso no se ha acompañado de otro paralelo para instituir mecanismos modernos y eficaces de rendición de cuentas, por lo que es probable que los espacios para el dispendio y la corrupción se hayan expandido en esos ámbitos de gobierno.

En efecto, la hacienda pública municipal se fortalecido con la canalización creciente de recursos provenientes de las participaciones federales y de los fondos de aportaciones federales, establecidas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo que hace a las participaciones federales, éstas se concretan con los convenios que celebran los estados con la federación, los cuales son autorizados por las legislaturas locales. Los municipios reciben recursos provenientes de estas participaciones por conducto de los Ejecutivos estatales.

Respecto a los recursos públicos federales transferidos a estados y a municipios a través de los ramos generales 33 y 39, éstos significan ya en el Presupuesto de 2006 aproximadamente una tercera parte del gasto público programable. Todos ellos están regulados por reglas de operación que se contienen en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación y en la normativa federal y en la local que les es aplicable.

Adicionalmente, debe señalarse que en agosto de 2004 se presentó la Declaratoria a la nación, que sintetiza las propuestas finales derivadas de la primera Convención Nacional Hacendaria.

Esa declaratoria alcanzó acuerdos en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, los cuales consideraron las dos estrategias siguientes: fortalecer los sistemas de información hacendaria de los tres niveles de gobierno, impulsando su homologación y armonización correspondiente; y fortalecer los órganos de fiscalización y control interno de los tres ámbitos de gobierno.

Con esa perspectiva, se identificaron los principales obstáculos que han presentado la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito municipal, centrándose éstos en los siguientes tres factores: marco jurídico ambiguo, responsabilidad política limitada y falta de capacidad e infraestructura administrativa.

Un buen número de municipios no cuenta con normatividad administrativa ni con reglamentos de planeación municipal, debido --entre otras causas-- a que la aprobación de su propio marco jurídico depende de los Congresos federal y estatales. Por otra parte, la alta subordinación fiscal de los ayuntamientos respecto a la federación y, consecuentemente, la menor dependencia de éstos frente a los ciudadanos han estimulado un bajo nivel de responsabilidad política de los gobernantes y un desinterés de los habitantes para llamar a cuentas a sus presidentes municipales. Finalmente, la escasa capacidad e infraestructura técnica para la administración, operación y registro en muchos municipios del país constriñe la obligación de los ayuntamientos de rendir cuentas a sus ciudadanos y a sus respectivos Poderes Legislativos. La ausencia de un sistema básico que regule y ordene la función de administración y registro del ingreso, del gasto y del patrimonio impide que los procesos de asignación, ejercicio y control de los recursos sean desarrollados con transparencia y con el mínimo de eficiencia requerido.

Ante eso, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior deben revalorarse como procesos de vanguardia e impulsarse decididamente por las distintas instancias de autoridad.

De esa forma, al tener los tres niveles de gobierno foros de expresión y participación activa en las decisiones nacionales y en la asignación, distribución y aplicación de los recursos públicos, el Presupuesto, en sus componentes de ingreso y gasto, sin duda se constituye como uno de los principales instrumentos de la política económica para alcanzar los objetivos y las metas de las distintas instancias de gobierno. Por ello, en el ejercicio del presupuesto público, para alcanzar su efectividad, debe sustentarse en un sistema de registro, estructurado de forma tal, que posibilite la adecuada rendición de cuentas y una correcta toma de decisiones.

Con ese propósito se han emprendido diversos esfuerzos y trabajos para derivar lineamientos y normas generales que permiten establecer, adecuar o complementar los sistemas de registro gubernamentales, particularmente --y con mayor énfasis-- en el ámbito municipal.

Al efecto, cabe señalar que en los acuerdos alcanzados en la Convención Nacional Hacendaria se resolvió armonizar y modernizar los sistemas de información contable para los tres ámbitos de gobierno, donde se consideren marcos jurídicos similares, principios y normas contables comunes y modelos de información de cuentas, de tal manera compatibles, que permitan integrar de manera uniforme el ejercicio presupuestal y, con ello, propiciar un adecuado control, evaluación y fiscalización de los recursos públicos.

Actualmente no existen normas claras sobre el registro de los recursos federales que reciben y ejercen los estados, los municipios y el Distrito Federal, lo que trae como consecuencia que los recursos federales se contabilicen con el criterio que estime conveniente cada estado, municipio o el Distrito Federal dificultando la transparencia y la rendición de cuentas, impidiéndose de igual forma la evaluación de la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos, así como el registro de los activos que se adquieren con los recursos federales y que deben incorporarse al patrimonio de la hacienda estatal, municipal o del Distrito Federal.

Así, la propuesta de adicionar a los artículos 115, 116, 122 y 126 constitucionales el mandato para el registro contable y la fiscalización de los recursos federales en esa instancia de gobierno tiene como objetivo hacer posible la valoración e integración de las operaciones y su inclusión uniforme en la Cuenta Pública correspondientes, facilitando de esa forma un análisis comparativo de los recursos públicos aplicados, su alineación para efectos de estadísticas presupuestales y financieras, cubrir requerimientos de información transparente a sus ciudadanos y, concurrentemente, fortalecer los procesos de rendición de cuentas y fiscalización superior.

Derivado de lo anterior, se considera que, sin violentar los principios que se reconocieron a los municipios, a los estados y al Distrito Federal, aquéllos deben ser incluidos de manera clara y precisa en los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el ejercicio del gasto público federal.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 115, 116, 122 y 126 constitucionales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se reformael cuarto párrafo y se adiciona un último párrafo a la fracción IV, inciso c), del artículo 115; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un último párrafo al numeral C, fracción V, inciso c), del sexto párrafo del artículo 122; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Título Quinto De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

...

(Se reforma y adiciona)

Artículo 115....

I. a III....

IV. ...

a) a c) ...

...

...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, mediante un sistema de evaluación del desempeño, análisis costo-impacto social, auditorías y conforme a la contabilidad gubernamental que será de aplicación obligatoria y se llevará con base acumulativa. Para ello, los sistemas de contabilidad se diseñarán y operarán en forma que faciliten el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y proyectos y, en general, de manera que permita medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público municipal.Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Por su parte, los recursos públicos federales que reciban y ejerzan los municipios serán fiscalizados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

...

Las aportaciones federales, por ser recursos de la federación que en su manejo y aplicación se rigen por disposiciones emanadas del Congreso de la Unión, corresponde a este último emitir las normas para sus registros mediante una contabilidad gubernamental que se llevará con una base acumulativa, que permita sus registros de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Asimismo, los municipios deberán proporcionar toda la información a la entidad de fiscalización superior de la federación para que ésta pueda llevar a cabo la fiscalización de conformidad con los convenios que tenga celebrados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas, sin menoscabo de que la Auditoría Superior de la Federación las pueda realizar de manera directa.

Artículo 116. ...

I. a VII....

VIII. Los recursos públicos federales que reciban y ejerzan los estados serán fiscalizados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Las aportaciones federales, por ser recursos de la Federación que en su manejo y aplicación se rigen por disposiciones emanadas del Congreso de la Unión, corresponde a este último emitir las normas para sus registros mediante una contabilidad gubernamental que se llevará con una base acumulativa que permita sus registros de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Asimismo, los estados deberán proporcionar toda la información a la entidad de fiscalización superior de la federación para que ésta pueda llevar a cabo la fiscalización de conformidad con los convenios que tenga celebrados con las entidades de fiscalización de los estados, sin menoscabo de que la Auditoría Superior de la Federación las pueda realizar de manera directa.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. y B. ...

C....

I. a IV....

V....

a) y b)...

c) Revisar la Cuenta Pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del Presupuesto de Egresos, solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea. Los recursos públicos federales que reciba y ejerza el Distrito Federal serán fiscalizados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Las aportaciones federales, al ser recursos de la federación que en su manejo y aplicación se rigen por disposiciones emanadas del Congreso de la Unión, corresponde a este último emitir las normas para sus registros mediante una contabilidad gubernamental que se llevará con una base acumulativa y permita sus registros de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Asimismo, las demarcaciones territoriales deberán proporcionar toda la información a la entidad de fiscalización superior de la federación para que ésta pueda llevar a cabo la fiscalización de conformidad con los convenios que tenga celebrados con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin menoscabo de que la Auditoría Superior de la Federación las pueda realizar de manera directa.

Artículo 126. ...

Los gobiernos de los estados y de los municipios, el gobierno del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales cuando reciban aportaciones federales deberán someterse a las normas que emita el Congreso de la Unión para sus registros mediante una contabilidad gubernamental que se llevará con una base acumulativa, que permita sus registros de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, debiendo proporcionar la información que les solicite la Auditoría Superior de la Federación para que ésta pueda llevar a cabo la fiscalización de conformidad con los convenios que tenga celebrados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas, sin menoscabo de que la Auditoría Superior de la Federación las pueda realizar de manera directa.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputados: Pablo Trejo Pérez, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Alan Notholt Guerrero, Antonio Ortega Martínez, Javier González Garza, Ricardo Cantú Garza, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Elías Cárdenas Márquez, Antonio Valladolid Rodríguez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia agradece a los señores diputados que han presentado iniciativas, que han estado aprovechando menos del tiempo destinado y seguimos invitando a los demás señores legisladores a que traten de utilizar el tiempo indispensable para que podamos desahogar el vasto número de asuntos que están en el orden del día. Muchas gracias.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda:Con su venia, señora Vicepresidenta en funciones; compañeras y compañeros legisladores: en días pasados este Congreso negó al Presidente Fox el permiso para viajar a Vietnam y a Australia, por considerar que la situación social, política y de seguridad en la que se encuentra el país ameritan la presencia del Ejecutivo federal. Dicha resolución fue votada por una amplia mayoría.

A pesar de ello, el Presidente Vicente Fox, abusando de sus atribuciones constitucionales interrumpió la programación nacional de radio y televisión para dar un mensaje a la nación con el único y claro propósito de desprestigiar el Poder Legislativo. Criticó duramente a los diputados por asumir, según él, decisiones con tintes claramente partidistas, al negarle el permiso para viajar a Australia y Vietnam; dijo también que en tiempos de democracia no se debe permitir el secuestro del Presidente por la voluntad autoritaria --así lo dijo-- de unos cuantos. Opinó que los legisladores del PRI se niegan a escuchar la voz del pueblo, de no ser capaces de actuar con responsabilidad ante conflictos locales y de asumir una postura oportunista, que pretende transferir responsabilidades a otros Poderes, en lugar de subordinar su actuación a los intereses superiores de la nación y acusó a los diputados federales del PRD de utilizar como argumentos para no autorizar este viaje, conflictos --dijo-- que ellos mismos promueven.

En su mensaje, Fox consideró que la política exterior del Estado mexicano tampoco puede ser rehén de intereses particulares, ni quedar atrapada en posiciones irreductibles, y sostuvo que no existen argumentos sólidos de estos dos partidos políticos que justifiquen la cancelación de esta gira. Añadió que si bajo el autoritarismo el poder presidencial decidía todo, no podemos permitir que en tiempos de democracia el Presidente pueda verse secuestrado por la voluntad autoritaria de unos cuantos.

La cancelación de esta gira --sostuvo el Presidente-- constituye una grave descortesía hacia los pueblos de las naciones que habrían de ser visitadas y un revés --agregó-- a los intereses de la nación y de la sociedad mexicana. Lamentó en cadena nacional que tanto el PRI como el PRD sustenten sus posiciones en consideraciones extremas, apartadas de la realidad.

El equilibrio de poderes no es una carta en blanco para que un poder debilite, obstaculice o neutralice a otro, señaló Fox, quien consideró que esta decisión atenta contra los intereses de México, argumentando que esta decisión no hace quedar mal al Presidente sino a México ante el mundo, al colocarlo como una nación incapaz de resolver sus problemas y de responder sus compromisos internacionales.

No queda duda que las declaraciones del Presidente son un cúmulo de descalificaciones y de calificativos peyorativos a los legisladores que no pertenecen a su partido. Es evidente que las decisiones de este Congreso a él le parecen poca cosa y nada significan las decisiones mayoritarias de esta representación nacional. Ha utilizado los medios de comunicación y sus facultades metaconstitucionales para mal informar a la ciudadanía e insiste en crear un clima de confrontación y desconfianza hacia las instituciones del Estado.

Poco hay que decir sobre su actuación al frente del gobierno durante estos seis años. Los resultados están a la vista, al igual que su incapacidad e irresponsabilidad: Fox se ha equivocado en todas y cada una de sus acciones; como nunca, la ingobernabilidad en este país alcanza niveles de alarma y, como nunca también, la investidura presidencial ha sido manchada, violentada y desacreditada.

El encono y el revanchismo no pueden ser el eje que rija las decisiones gubernamentales: la intolerancia, la falta de respeto y el autoritarismo no son y no serán la base que cimiente las relaciones entre los poderes e instituciones públicas. En este país han existido códigos éticos y políticos que han sido fracturados en perjuicio de la sociedad nacional. Es necesario regresar a las mejores costumbres políticas, recuperar la dignidad republicana y salvaguardar la soberanía de la cual somos depositarios.

Por esa razón es necesario modificar el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en aras de impedir que las pasiones personales, los intereses minoritarios, las fobias políticas, la escasez de luces y la cortedad de mira violenten el estado de derecho; es urgente impedir que el Estado atente contra sí mismo, porque este poder forma parte del Estado.

La negativa al permiso del Presidente para abandonar el país no fue una decisión arbitraria ni mezquina, no fue un secuestro. En la génesis de la negativa iba implícita la petición de permanecer, de quedarse a atender los asuntos nacionales, de quedarse a gobernar, a enfrentar conjuntamente la grave problemática por la que este país atraviesa; no ir al extranjero significa escuchar y dar solución a las demandas del pueblo de México, estar con los suyos, hacer lo que le corresponde, y eso, señoras y señores, no puede ser ni aquí ni en ninguna parte, motivo de agravio.

Por ello es necesario maniatar desde la ley la obligación de acatar las decisiones de los poderes; la ciudadanía no puede estar a merced del estado de ánimo de un funcionario; las instituciones de este país no pueden ser blanco de las neurosis de nadie, y los asuntos de envergadura nacional no deben esperar ser atendidos con migajas de tiempo. En tal virtud y con objeto de dar cauce a la gobernabilidad democrática e impedir los abusos de poder, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se modifica el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 62: Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. El tiempo en cadena no podrá ser utilizado en detrimento de alguno de los poderes del Estado para descalificar sus decisiones, reconvenir a sus miembros o causar controversias sobre asuntos políticos.

Transitorio. Único. El presente decreto surtirá efectos al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pido a la Vicepresidencia de esta Cámara que quede incorporado al Diario de los Debates lo relativo a esta iniciativa en su totalidad tal como se ha presentado y aparece en la Gaceta Parlamentaria, para que en su momento la podamos discutir, primero en el seno de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la que formo parte, y una vez elaborado el dictamen, someterlo a esta soberanía. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI

En días pasados este Congreso negó al Presidente Fox permiso para viajar a Vietnam y Australia, por considerar que la situación social, política y de seguridad en lo que se encuentra el país, ameritan la presencia del Ejecutivo federal.

Dicha resolución fue votada por una amplia mayoría; a pesar de ello, el Presidente Vicente Fox, abusando de sus atribuciones constitucionales, interrumpió la programación nacional de radio y televisión para dar un mensaje a la Nación, con el único y claro propósito de desprestigiar al Poder Legislativo: criticó duramente a los diputados por asumir, según él, decisiones con tintes ``claramente'' partidistas, al negarle el permiso para viajar a Australia y Vietnam, y dijo que en tiempos de democracia no se debe permitir el secuestro del Presidente por la ``voluntad autoritaria'' de unos cuantos; opinó que los legisladores del PRI se niegan a escuchar la voz del pueblo; de no ser capaces de actuar con responsabilidad ante conflictos locales, y de asumir una postura ``oportunista'', que pretende transferir responsabilidades a otros poderes, en lugar de subordinar su actuación a los intereses superiores de la nación; y acusó a los diputados federales del PRD de utilizar, como argumentos para no autorizar este viaje, conflictos que ``ellos mismos promueven''.

En su mensaje Fox consideró que la política exterior del Estado mexicano tampoco puede ser rehén de intereses particulares, ni quedar atrapada en posiciones irreductibles, y sostuvo que no existen argumentos sólidos de estos dos partidos políticos que justifiquen la cancelación de esta gira. Añadió que, si bajo el autoritarismo el poder presidencial decidía todo, no podemos permitir que en tiempos de democracia el Presidente pueda verse secuestrado por la voluntad autoritaria de unos cuantos''.

La cancelación de esta gira, sostuvo el Presidente, constituye una grave descortesía hacia los pueblos de las naciones que habrían de ser visitadas y un revés, agregó, a los intereses de la nación y de la sociedad mexicana. Lamentó en cadena nacional que tanto el PRI como el PRD sustenten sus posiciones en consideraciones extremas, apartadas de la realidad.

``El equilibrio de poderes no es una carta en blanco para que un poder debilite, obstaculice o neutralice a otro'', señaló Fox, quien consideró que esta decisión atenta contra los intereses de México. Argumentó que esta decisión no hace quedar mal al Presidente, sino a México ante el mundo, al colocarlo como una nación incapaz de resolver sus problemas y de responder a sus compromisos internacionales.

No queda duda que las declaraciones del Presidente son un cúmulo de descalificaciones y de calificativos peyorativos a los legisladores que no pertenecen a su partido; es evidente que las decisiones de este Congreso a él le parecen poca cosa y nada significan las decisiones mayoritarias de esta representación nacional. Ha utilizado los medios de comunicación y sus facultades metaconstitucionales para mal informar a la ciudadanía e insiste en crear un clima de confrontación y desconfianza hacia las instituciones del Estado.

Poco hay que decir sobre su actuación al frente del gobierno; durante estos seis años los resultados están a la vista, al igual que su incapacidad e irresponsabilidad. Fox, se ha equivocado en todas y cada una de sus acciones; como nunca, la ingobernabilidad en este país alcanza niveles de alarma y, como nunca también, la investidura presidencial ha sido manchada, violentada y desacreditada. El encono y el revanchismo no pueden ser el eje que rija las decisiones gubernamentales; la intolerancia, la falta de respeto y el autoritarismo no son y no serán la base que cimiente las relaciones entre los Poderes e instituciones públicas.

En este país han existido códigos éticos y políticos que han sido fracturados en perjuicio de la sociedad nacional. Es necesario regresar a las mejores costumbres políticas, recuperar la dignidad republicana y salvaguardar la soberanía de la cual somos depositarios.

Por esa razón es necesario modificar el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en aras de impedir que las pasiones personales, los intereses minoritarios, las fobias políticas, la escasez de luces y la cortedad de miras violenten el estado de derecho. Es urgente impedir que el Estado atente contra sí mismo.

La negativa al permiso del Presidente para abandonar el país no fue una decisión arbitraria ni mezquina, no fue un secuestro. En la génesis de la negativa iba implícita la petición de permanecer, de quedarse a atender los asuntos nacionales, de quedarse a gobernar, a enfrentar conjuntamente la grave problemática por la que este país atraviesa. No ir al extranjero significa escuchar y dar solución a las demandas del pueblo de México, estar con los suyos, hacer lo que le corresponde, y eso, señoras y señores, no puede ser motivo de agravio.

Por ello es necesario mandatar desde la ley la obligación de acatar las decisiones de los Poderes; los ciudadanos no pueden estar a merced del estado de ánimo de un funcionario, las instituciones de este país no pueden ser blanco de las neurosis de nadie, y los asuntos de envergadura nacional no deben esperar ser atendidos con migajas de tiempo.

En tal virtud, y con el objeto de dar cause a la gobernabilidad democrática e impedir los abusos de poder, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. El tiempo en cadena no podrá ser utilizado en detrimento de alguno de los Poderes del Estado, para descalificar sus decisiones, reconvenir a sus miembros o causar controversias sobre los asuntos públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto surtirá efectos al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.

ARTICULOS 6; 26, 73, 108, 110, 111, 115, 122 Y 134 CONSTITUCIONALES - LEY DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar, en el mismo lapso de 10 minutos, dos iniciativas; la primera, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda, que reforma la Ley de Transparencia de Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La diputada Érika Larregui Nagel:Muchas gracias; con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: el 6 de diciembre de 1977fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la única reforma al artículo 6o. constitucional mediante la cual se estableció que el derecho a la información será garantizada por el Estado.

Derivada de un juicio de amparo interpuesto en 1983 por el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en el cual se dolía de que la Secretaría de Hacienda y Crédito no le proporcionó la información relacionada con los empréstitos que aumentan en la cantidad de 37 mil 600 millones de dólares la deuda externa de México durante el gobierno que presidió López Portillo.

En 1992, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el derecho a la información estaba restringido a ser considerado como una garantía de partidos políticos, para que éstos expusieran a la sociedad sus idearios, programas y plataformas a través de los medios masivos de comunicación. Afortunadamente, en 1996 el máximo órgano jurisdiccional del país amplió los alcances del derecho a la información a resolver, entre otros, que tal es el derecho básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada; lo cual es esencial para el provecho de nuestra sociedad.

Si las autoridades públicas asumen ante estas actitudes que permitan atribuirles conductas, faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada e incompleta, condicionada a través de grupos o personas, le deben la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo.

De esta forma, el Poder Judicial de la Federación determinó que el derecho a la información es una garantía individual y que el Estado tiene la obligación de informar verazmente, limitado por los intereses nacionales de la sociedad, así como por los derechos a terceros.

Las iniciativas que en este día propongo a esta Cámara de Diputados tienen como finalidad robustecer el derecho de acceso a la información pública en forma más sencilla y expedita, tanto para la federación, las entidades federativas, los municipios, los correlativos en el Distrito Federal --léase las demarcaciones territoriales-- y para toda persona física, moral, nacional o extranjera, que por cualquier motivo o título, por sí o a través de la interpósita persona haya administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos.

En el ámbito federal se propone la creación de un organismo autónomo, encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, los organismos autónomos, incluyendo el que se propone a cualquier otro órgano federal. Las resoluciones de dicho organismo serán definitivas para esos poderes, organismos u órganos, así como para aquellos que desempeñen otro empleo, cargo o comisión de los mismos. Es conveniente señalar que el acceso a la información pública del Poder Judicial Federal se realizará por conducto del Consejo de la Judicatura Federal.

El organismo estará integrado por cinco comisionados, sujetos al Título Cuarto constitucional, nombrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; los requisitos de elegibilidad de dichos comisionados, aspectos de remoción y periodo de encargo se establecen en la ley que también se presenta en este acto legislativo.

Por lo que respecta a las partes integrantes de la federación, también se propone que de cada una de las mismas exista un organismo especializado en materia de acceso a la información, para garantizar que sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la administración pública correspondiente municipal o de la demarcación territorial otorguen la información que las personas requieren.

En este punto se señala que en ciertas entidades federativas, una vez que se niega la información o se responde que la misma no existe, las personas deben interponer recursos de reconsideración ante quien le respondió su solicitud de acceso. Si dicho recurso no es favorable para el peticionario de la información, debe de acudir a los Tribunales Contenciosos Administrativos para que, si aún cuentan con recursos económicos y, si el caso lo amerita, impugnen ante el Poder Judicial de la Federación. Para minimizar los costos de transacción relativos a la obtención de la información, se propone que, al igual que en lo federal, las personas acudan directamente al instituto de la entidad federativa para recurrir las respuestas que les otorguen, para que de esa forma posterior, si es el caso, se inicie el juicio de amparo.

Por otra parte, de conformidad con las modificaciones constitucionales que se proponen, se plantea una nueva ley de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, la cual tendrá como finalidad proveer todo lo necesario para garantizar --sea en castellano o en la lengua de nuestros pueblos y comunidades indígenas-- el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal o cualquier otro federal; así como establecer las bases de concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Algunos de los aspectos que se proponen en esta ley, entre otros, son los siguientes: que toda persona tiene derecho a solicitar y que le sean entregados por el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todas y cada una de las boletas electorales que contengan las votaciones en las que este instituto o tribunal haya participado en su organización o calificación; que esa información pública obligatoria, los nombres de aquellos, así como también el de los que representan, que realicen acciones de cabildeo ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, aquellos de las entidades federativas, así como de los municipios y demarcaciones territoriales tendientes a promover o influir sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución, las leyes que emanen de ellas, a decretos, reglamentos, reglas de operación, acuerdos, convenios o cualquier otro acto administrativo, así como --según se trate-- en la firma, ratificación o denuncia de los tratados internacionales.

También se considerará como pública toda la información relacionada con los montos de recursos públicos sean en efectivo o en especie, que se entreguen por cualquier motivo o título a personas físicas y morales, ya sean nacionales o extranjeras; que en casos de que no pudieran eliminar los documentos de las partes o secciones clasificadas, los sujetos obligados deberán de elaborar y entregar versiones públicas de tales documentos a los solicitantes de la información.

Por ningún motivo se podrán comercializar los datos personales que estén en posesión de los sujetos obligados; que las personas puedan interponer, que se admitan y resuelvan recursos de revisión sobre las posibles orientaciones que señalen los sujetos obligados y que no se viole la garantía de audiencia.

Sólo se podrá clasificar la información como reservada por un periodo de cuatro años y dicho periodo se podrá ampliar únicamente por un año más. Se disminuyen los plazos para responder la solicitud de información, pasando de 20 a 10 días hábiles para entregar la información una vez que se haya cubierto la cuota correspondiente de 10 a cinco días hábiles; para que el comisionado presente los proyectos de resolución a los recursos de revisión dentro de los 20 días hábiles posteriores de cuando se turnaron esos recursos, en vez de los 30 días hábiles que actualmente establece la ley; para que el pleno del instituto resuelva los recursos de revisión en lugar de los 20 días antes que dispone la actual ley, dentro de los 15 días hábiles posteriores de cuando el comisionado potente haya presentado al pleno del proyecto de resolución. En estos casos, la notificación de las resoluciones a las partes se llevará a cabo dentro de los tres días posteriores de cuando se adoptaron las mismas para minimizar el tiempo destinado al llamado engrose.

Compañeras y compañeros legisladores: fortalezcamos el derecho a la información para que las personas, de forma sencilla y expedita, cuenten con los elementos necesarios para evaluar el desempeño de la acción u omisión gubernamental; al mismo tiempo, para transitar de una democracia representativa a una participativa, en donde todos y cada uno de los mexicanos, mediante el sistema de planeación democrática, manifiesten sus demandas y aspiraciones que conduzcan a un mejoramiento del bienestar de la sociedad en su conjunto.

Señora Vicepresidenta: le solicito que las iniciativas, así como mi intervención, se incluyan íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del PVEM

Érika Larregui Nagel, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6°; 26; 71, fracción II; 72; 73, fracción XXX, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El Poder Revisor o Constituyente Permanente lo ha señalado y establecido en nuestra Constitución Política, especialmente en el artículo 6º.: ``...el derecho a la información será garantizado por el Estado...''.

Ante esto, no está demás recordar lo que en el siglo pasado se expresó por el H. Congreso de la Unión y que los legisladores, que en ese momento tuvieron la alta responsabilidad de analizar, comprender y aprobar esa garantía individual que ha revolucionado el entender y reclamar la actuación u omisión de los gobernantes, establecieron en la Norma Fundamental para que el pueblo:

``... disponga de la información suficiente que le permita llegar al conocimiento de la realidad nacional. Entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupo o de personas que le vede la posibilidad de conceder la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, es característica de los regímenes dictatoriales. El Estado mexicano, mediante la reforma propuesta, eleva a rango constitucional el derecho a la información, que es una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida. Tal derecho no puede quedar en manos de los particulares, ni de organismos intermedios, sino que le corresponde al Estado garantizarlo...''.

Así como también que cualquier persona busque:

``... el progresivo mejoramiento del conocimiento y de la conciencia ciudadana, que han de contribuir a que todos los mexicanos estemos más enterados y mejor informados con una conciencia crítica, vigilante, analítica y participativa, que es imprescindible en la época actual, para el logro de un mejor país y una mejor sociedad que hemos de legar a nuestros hijos...''

``... sustentar una comunicación continua y veraz entre representantes y representados, como única base sólida y trascendente de la participación popular, dentro del nivel de desarrollo de nuestro país, que ha alcanzado un notable adelanto en sus sistemas de información y estadísticas...''

``... al ser garantizado por el Estado el derecho a la información, como lo señala la iniciativa, también impone al organismo gubernamental una obligación institucional constante, de asegurar ese derecho al ciudadano o grupo social, para que bien informado se encuentre en las mejores condiciones para poner su iniciativa al servicio de las tareas que aseguren una mejor convivencia y un espíritu participativo...''.

De esta forma, es necesario fortalecer la garantía individual de acceso a la información pública; el derecho a la misma que debe ser garantizado por el Estado y no quedar en manos de terceros interesados para que, mediante procedimientos sencillos y expeditos, se pueda obtener la información pública y evaluar el desempeño de la acción u omisión gubernamental.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de derecho de acceso a la información pública de forma sencilla y expedita, tanto para la Federación; estados; municipios; Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como para aquellas personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, por si o por medio de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos. Para éste último caso, debemos hacer transparente y que rindan cuentas todos los que recibieron recursos públicos, para así controlar y monitorear sus acciones, y cómo han destinado y aplicado esos recursos, que deben estar dirigidos en todo caso a incrementar el beneficio de la colectividad.

Esta iniciativa tiene como objetivos principales que toda persona pueda contar con los elementos mínimos y adecuados en materia de información pública para que se pueda evaluar el desempeño de la acción gubernamental y, entre otros, se manifiesten aspiraciones y demandas que, si así se considera, deban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo mediante la participación en el Sistema de Planeación Democrática que establece nuestra Constitución.

Mediante la iniciativa que se propone, se crea un organismo público autónomo, el cual estará encargado de garantizar el acceso a la información pública federal y la protección de datos personales en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; los organismos autónomos, incluido el que se propone, y cualquier otro órgano federal. Esto es conveniente debido a que debemos contar con un cuerpo colegiado que, únicamente en materia de acceso a la información pública, obligue a los demás entes de la Federación a que cumplan con las disposiciones de información pública y de protección de datos personales.

Para esto, el Instituto resolverá sobre las respuestas, evasivas o negativas de acceso a la información pública del i) Ejecutivo federal: las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal), la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica del propio Ejecutivo federal, entre otros; ii) de las Cámaras en que se compone el H. Congreso de la Unión, su Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la Federación o cualquier unidad administrativa en el Congreso de la Unión; iii) aquellas del Poder Judicial de la Federación que se den por conducto del Consejo de la Judicatura Federal; iv) los organismos autónomos que estable la propia Constitución General, y v) cualquier otro órgano federal como, entre otros, los tribunales administrativos federales, los fideicomisos públicos en los que intervenga el Ejecutivo federal, las universidades públicas o las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Para garantizar la colaboración de poderes, misma que debe estar establecida en la Constitución, se propone que el Instituto presente un informe al Congreso de la Unión conforme a lo que establezca la ley en la materia.

Dichas resoluciones serán definitivas para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, los organismos autónomos que disponga la Constitución o cualquier otro órgano federal, y para los funcionarios o servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los todos los anteriores.

A ese organismo público autónomo que se plantea en esta iniciativa se le denominará de igual forma que la actual entidad Administración Pública Federal, es decir, Instituto Federal de Acceso a la Información, el cual estará integrado por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República o en su recesos por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

En efecto, se propone elevar a rango constitucional que dichos comisionados, una vez nombrados por el Ejecutivo federal, sean aprobados por la Cámara Alta o por la Comisión Permanente del Congreso General, según corresponda, para evitar posibles acciones legales por parte de aquellos que fueran ``objetados'', o en contra de las resoluciones del Instituto, toda vez que se estima que el actual artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, transgrede los artículos 49 y 133 del código supremo, y como consecuencia el 16 del mismo; en otras palabras, los principios de división de poderes; de autonomía de cada poder; de supremacía constitucional y por extensión el de legalidad, debido a que las actuaciones de las autoridades deben fundarse y motivarse en la ley que les otorga sus atribuciones y deberes, y más aún en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Básicamente se señala que esa colaboración de poderes no se encuentra establecida en la norma fundamental y por tal razón, si deseamos realmente que dicha colaboración entre el Ejecutivo federal y el Senado de la República (o la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal) sea constitucional y por ende legal, debemos incorporarla en el máximo ordenamiento del país, pues de lo contrario únicamente estaría en el ámbito de las atribuciones del Ejecutivo federal nombrar a los ya señalados comisionados, dejando fuera la intervención concreta de una de las Cámaras que componen el Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente del mismo.

Relacionado con lo anterior, también se propone que los mencionados comisionados del Instituto estén sujetos al Título Cuarto de la propia Constitución General, ya que el Presidente de la República, junto con los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, rubricaron un decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002 en el cual se establece, en su artículo 9, que ``... El Instituto contará con una Contraloría Interna, órgano de control interno, que ejercerá sus funciones acorde con la naturaleza especializada del Instituto y sin interferir en las decisiones sustantivas de la entidad, de conformidad con la legislación en la materia...''.

Esto ha conducido a que el Órgano Interno de Control en el actual Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, fundando y motivando su actuación en ese artículo 9, no pueda actuar o iniciar el procedimiento correspondiente en torno a las presuntas responsabilidades por actos u omisiones llevadas a cabo por los comisionados de ese Instituto, probablemente violando lo establecido en la Carta Magna sobre que ``...Para efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos... en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal... quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones...'', así como también que ``... Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones...''.Así, y como ya se mencionó, para que no quede duda alguna, los comisionados del organismo autónomo que se propone son servidores públicos sujetos a responsabilidades conforme a lo que mandata nuestra Constitución Política.

Con relación a las entidades federativas, entendiendo por éstas a los estados y al Distrito Federal, a través del Artículo Segundo del decreto se propone que en cada una exista un organismo especializado en materia de acceso a la información pública, integrado por no más de cinco comisionados, quienes serán nombrados por el gobernador del estado o por el jefe de gobierno del Distrito Federal, con la aprobación del Congreso del estado o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según corresponda. Los requisitos de elegibilidad, su periodo de tiempo y los supuestos de su remoción se establecerán en la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional, favoreciendo el principio de máxima publicidad y con sujeción a la clasificación que disponga esa ley, que en ningún caso se deberá menoscabar el derecho a obtener esa información pública para que así las personas puedan calificar el ejercicio gubernamental o, entre otros, participar en el Sistema de Planeación Democrática a nivel federal o, en su caso, en los planes de desarrollo de las entidades federativas así como de los municipios.

Al igual que en lo federal, según sea, en el ámbito de los estados, municipios, Distrito Federal y las demarcaciones territoriales del mismo, las resoluciones de los mencionados organismos especializados serán definitivas para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas, y para sus servidores o funcionarios que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los mismos. Los demás particulares podrán impugnar esas resoluciones directamente ante el Poder Judicial de la Federación.

Lo señalado en la última parte del párrafo anterior es de suma importancia, toda vez que en algunas entidades federativas se ha establecido, contrario al derecho de acceso a la información pública de forma sencilla y expedita, que las respuestas que se dan a las personas y si éstas no estén conformes con aquellas, en primer término tendrán que seguir un procedimiento de reconsideración ante quien se solicitó la información; después recurrirse ante los tribunales de lo contencioso administrativo, y de forma posterior, si así se amerita, iniciar el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Esto ocasiona que las personas tengan que seguir un proceso largo, tedioso y engorroso, por lo cual así se justifica que, como en la esfera federal, las respuestas que otorguen a las personas los comités de información correspondientes, únicamente se recurran tales respuestas ante el organismo especializado en materia de acceso a la información pública, para que de forma posterior las personas, si están inconformes, acudan directamente al amparo y protección de la justicia de la unión, es decir al Poder Judicial de la Federación que, con su capacidad y compromiso con la nación, podrá resolver las evasivas o negativas de acceso a la información pública conforme al Estado de derecho que debe imperar en todo momento en nuestro país.

Es importante recalcar que en esta iniciativa se propone, en el Artículo Tercero del decreto, que ningún legislador, sea federal, estatal o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, podrá ser parte de aquellos entes que se establezcan en la Constitución o por medio de ley, que intervinieron en su formulación, reforma o adición, o en la ratificación o aprobación de los titulares de esos entes, para así evitar posibles conflictos de intereses o señalamientos de que se favoreció a una persona o un sector de la sociedad, para que de esta forma sea más transparente la actuación del poder legislativo.

Asimismo, con el objeto de lograr la independencia de aquellos que organizaron o calificaron la elección de Presidente de la República, también en esta iniciativa se propone que los servidores o funcionarios públicos que hayan sido magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros o directivos en el Instituto Federal Electoral, no podrán desempeñar, en ningún tiempo, un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal encabezada por quien ganó la elección que ellos mismos organizaron o calificaron. Asimismo, se estima que la reserva anterior debe trasladarse a las entidades federativas y sus municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda.

Finalmente, es conveniente señalar que en este acto legislativo se presentan a esta soberanía, tanto la iniciativa que nos ocupa, la cual contempla reformas y adiciones a la Carta Magna que ya se mencionaron y otras que se realizan para estar acordes con las modificaciones que se proponen, así como también su correspondiente iniciativa con proyecto de ley reglamentaria que retoma la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, robusteciendo el derecho de acceso a la información pública que no debe estar en manos de particulares, terceros o sujeto a la tramitología pública, en este caso a los costos de transacción en la obtención de la misma que desincentivan la participación de la sociedad en las decisiones públicas, sino una real transparencia y rendición de cuentas que todo Estado debe facilitar a sus gobernados mediante procedimientos sencillos y expeditos, para que se lleven a cabo las evaluaciones de desempeño de los gobernantes; para que se adopten las decisiones adecuadas al momento de sufragar en las elecciones populares, así como la debida expresión de demandas y aspiraciones en el Sistema de Planeación Democrática.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6to.; 26 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 6o.; 26, apartado A, segundo párrafo; 73, fracción XXVIII; 134, primer párrafo; y se adiciona el artículo 134, con un último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

El Estado garantizará, mediante procedimientos sencillos y expeditos, el derecho de acceso a la información pública. Este derecho no estará sujeto a demostración, interés, justificación, motivación o utilización alguna de la información pública, sino en los casos que establece el párrafo anterior y en los términos que disponga la ley, la cual fijará la información pública obligatoria que, por cualquier medio, estará disponible en todo momento para las personas.

En ningún caso podrá clasificarse la información relacionada con delitos de lesa humanidad o de violaciones graves a derechos fundamentales.

En los términos que disponga la ley, será pública toda la información que por cualquier motivo o título los sectores social o privado, nacionales o extranjeros, por si o a través de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos. Los informes que deberán presentar esos sectores serán públicos y deberán contener la información que establezca la ley.

La garantía de acceso a la información pública federal estará encargada a un organismo público autónomo denominado Instituto Federal de Acceso a la Información, con independencia técnica, de gestión y decisión, y con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual estará integrado por cinco comisionados, sujetos al Título Cuarto de esta Constitución, cuyos periodos de encargo, aspectos de remoción y requisitos de elegibilidad serán establecidos en la ley, nombrados por el Ejecutivo federal con aprobación del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En ningún caso podrán ser comisionados del Instituto aquellos a que se refieren los párrafos quinto y sexto del artículo 108 de esta Constitución o los que señale la ley. El Instituto Federal de Acceso a la Información resolverá sobre la evasiva o negativa de acceso a la información pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos que establece esta Constitución o de cualquier otro órgano federal, y protegerá la información personal en posesión de dichos poderes, organismos y órganos. El Instituto rendirá anualmente al Congreso de la Unión un informe en los términos que establezca la ley.

Las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información serán definitivas para la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, para los Poderes Legislativo y Judicial Federales, los organismos autónomos así como para las personas desempeñen un empleo, cargo o comisión en los mismos. Esas resoluciones serán públicas y estarán sujetas a la clasificación que disponga la ley. Los demás particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

El acceso a la información pública en las entidades federativas se garantizará conforme a lo que establece esta Constitución.

Artículo 26.

A. ...

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante los derechos de acceso a la información pública y de participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

...

...

B. ...

Artículo 73. ...

I. a XXVII. ...

XXVIII. Para legislar en materia de acceso a la información pública en la República;

XXIX. a XXX. ...

Artículo 134.Los recursos económicos, ya sean en efectivo o en especie, que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, sus respectivas administraciones públicas paraestatales, así como aquellos que reciban recursos federales por cualquier motivo o título, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

...

...

...

...

En los términos que disponga la ley que señala el artículo 6o. de esta Constitución, será pública toda la información materia de este artículo.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 115, fracción II, párrafos segundo y tercero en sus incisos a) y c); Se adicionan los artículos 115, fracción II, tercer párrafo, inciso a), con un segundo párrafo; 116, con una fracción VI, las actuales fracciones VI y VII se recorren y pasan a ser VII y VIII, respectivamente; y 122, apartado C., con una BASE SEXTA, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. .-.

I. ...

II. ...

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, garanticen el derecho de acceso a la información pública y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

...

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

Las controversias que se susciten entre la administración pública municipal y los particulares en torno al acceso de información pública, serán dirimidas por el organismo especializado en materia de acceso a la información pública de cada Estado, conforme a la ley que expida el Congreso Estatal, la cual se sujetará a lo dispuesto en esta Constitución General;

b) ...

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 116 de esta Constitución;

d) a e) ... ...

III. a X. ...

Artículo 116. ... ...

I. a V. ...

VI. Las Constituciones de los estados establecerán el derecho de acceso a la información pública conforme a lo dispuesto en esta Constitución.

Cada estado contará con un organismo especializado en materia de acceso a la información pública, que resolverá favoreciendo el principio de máxima publicidad en los términos que señale la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional y sin que se menoscabe lo dispuesto en el artículo 26 de esta Constitución. Cada organismo estará integrado por no más de cinco comisionados, sujetos al Título Cuarto de esta Constitución, cuyos periodos de encargo, aspectos de remoción y requisitos de elegibilidad serán establecidos en la ley que señala el artículo 6o. Constitucional, nombrados por el gobernador del estado con aprobación del Congreso estatal.

Las resoluciones de los organismos especializados de los estados serán definitivas para los Poderes Legislativo y Judicial estatales, las administraciones públicas centralizadas o paraestatales de los estados, los municipios, así como para las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los mismos. Dichas resoluciones serán públicas, sujetas a la clasificación que establezca la ley y podrán ser impugnadas por los demás particulares ante el Poder Judicial de la Federación.

VII. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

VIII. La Federación y los estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. a B. ...

C. ...

BASE PRIMERA.- a BASE QUINTA.- ...

BASE SEXTA.- Existirá en el Distrito Federal un organismo especializado en materia de acceso a la información pública, que resolverá favoreciendo el principio de máxima publicidad en los términos que señale la ley a que se refiere el artículo 6o. de esta Constitución y sin que se menoscabe lo dispuesto en el artículo 26 constitucional. El organismo estará integrado por no más de cinco comisionados, sujetos al Título Cuarto de esta Constitución, cuyos periodos de encargo, aspectos de remoción y requisitos de elegibilidad serán aquellos establecidos en la ley que señala el artículo 6o. de esta Constitución, nombrados por el Jefe de Gobierno con aprobación de la Asamblea Legislativa.

Las resoluciones del organismo especializado en materia de información pública en el Distrito Federal serán definitivas para la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados del Distrito Federal, y las demarcaciones territoriales. Esas resoluciones serán públicas, sujetas a la clasificación que establezca la ley y podrán ser impugnadas por los demás particulares ante el Poder Judicial de la Federación.

D. a H. ...

Artículo Tercero.-Se reforman los artículos 108, primer párrafo; 110, primer párrafo; 111, primer párrafo; y se adiciona el artículo 108, con los párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal,en el Distrito Federal, en las Cámaras en que se divide el Congreso de la Unión así como a los servidores del Instituto Federal de Acceso a la Información; del organismo encargado de normar y coordinar el Sistema de Nacional de Información Estadística y Geográfica; del banco central; del Instituto Federal Electoral y los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, comisiones o encargos.

...

...

...

Los servidores o funcionarios públicos que hayan sido o sean magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros o directivos en el Instituto Federal Electoral, no podrán desempeñar un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal encabezada por quien ganó la elección que ellos mismos organizaron o calificaron. Las leyes de las entidades federativas, según corresponda, atenderán lo establecido en este párrafo para las mismas así como para sus municipios o demarcaciones territoriales.

Tampoco podrán desempeñar un empleo, cargo o comisión en los desconcentrados, entidades paraestatales u organismos constitucionales autónomos aquellos legisladores que intervinieron en la formación, reforma o adición de esta Constitución, leyes o decretos que los crean, reformen o adicionen, o que intervinieron en la aprobación o ratificación de sus titulares. Asimismo los diputados o senadores al Congreso General pertenecientes a la legislatura en la cual se haga la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos o los Senadores que pertenezcan a la legislatura inmediata posterior de cuando se haya hecho esa declaración, en ningún tiempo ni por cualquier motivo podrán desempeñar un empleo, cargo o comisión en la administración que aquel encabeza.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral,los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, los integrantes de la junta de gobierno del organismo encargado de normar y coordinar el Sistema de Nacional de Información Estadística, el gobernador del Banco Central, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

...

...

...

...

Artículo 111.Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, los integrantes de la junta de gobierno del organismo encargado de normar y coordinar el Sistema de Nacional de Información Estadística, el gobernador del Banco Central, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan y en su caso se abrogan, todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

Tercero.- El H. Congreso de la Unión deberá, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, expedir la ley en materia de acceso a la información pública así como, en su caso, las modificaciones correspondientes al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de este decreto.

Cuarto.- Las Legislaturas de los estados realizarán, en lo conducente, dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, las reformas, adiciones o derogaciones correspondientes a las Constituciones estatales y, en su caso, la expedición de las leyes que correspondan para garantizar el acceso a la información pública conforme a lo dispuesto en este decreto.

Quinto.- El Ejecutivo federal podrá nombrar como Comisionados del organismo autónomo que se crea mediante el presente decreto a aquellos que fungen con dicha función en la actual entidad de la Administración Pública Federal en materia de acceso a la información pública, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establezcan en la ley que señala el artículo 6o. constitucional y los párrafos quinto y sexto que se adicionan al artículo 108 constitucional mediante este decreto.

``2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Dip. Érika Larregui Nagel (rúbrica).»

«Iniciativa de Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del PVEM

Érika Larregui Nagel, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6o.; 26; 71, fracción II; 72; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México hoy día, se encuentra en clara evolución y consolidación de un régimen democrático. En esta virtud, y para lograr dichos fines es necesario el establecimiento de mecanismos de control eficaces para que, a través de ellos, los ciudadanos puedan exigir cuentas a los servidores públicos. Uno de estos mecanismos es el de información. Así a través de los mecanismos legales se garantiza la transparencia de las actuaciones de gobierno en todos sus sentidos.

Así, el Congreso de la Unión logró un avance en esta materia. Se expidió una ley que establecía los mecanismos para la solicitud de información a las dependencias y entidades del gobierno federal. Desgraciadamente, ciertos instrumentos contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental actualmente en vigor, no han permitido avances claros y profundos lo que ocasiona que, los fines de la transparencia y la información no sean cumplidos a cabalidad.

El acceso a la información como garantía constitucional del ciudadano, debe ser un mecanismo eficiente para la rendición de cuentas. Esto implica compromisos que deben ser elevados y debidamente reglamentados a fin de evitar que a través de una simple discrecionalidad aquellos obligados puedan sustraerse de dicho deber legal.

Ésta garantía individual, no debe estar sujeta a limitaciones mayores que las que establezca la Constitución y la ley correspondiente.

Por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se propone a esta soberanía un proyecto de decreto con el cual se expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública con la que básicamente se deberá garantizar la información en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal o cualquier otro federal; de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y aquella relacionada con los recursos públicos que cualquier persona, física o moral, nacional o extranjera, que por cualquier motivo o título, por si o través de interpósita persona, haya administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado dichos recursos.

Para estos efectos, serán sujetos obligados de la Ley que se expone los siguientes:

Los poderes Ejecutivos federal y de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los titulares de las demarcaciones territoriales, y sus correspondientes administraciones públicas centralizadas, desconcentradas y descentralizadas.

El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y, en su caso, la Comisión Permanente; el de las entidades federativas y sus respectivas Comisiones Permanentes, y cualquiera de los órganos que integran a los anteriores.

El Poder Judicial de la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal; el de las Entidades Federativas, a través de sus consejos de judicatura, según corresponda o de aquellos encargados al respecto.

Los órganos constitucionales autónomos.

Los partidos políticos, nacionales o de las entidades federativas, así como las agrupaciones políticas nacionales o, en su caso, de dichas entidades.

Los tribunales administrativos federales o de las entidades federativas.

Cualquier otro órgano federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales.

Las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, ya sea por si o a través de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos.

Para este caso, y como más adelante se precisa, éstas personas deberán designar un enlace que estará atento a los requerimientos de información de los demás sujetos obligados para que se éstos satisfagan las solicitudes de acceso a la información que les realicen las demás personas.

Conforme a la iniciativa constitucional que también se propone, mediante la presente iniciativa se establece el organismo autónomo Instituto Federal de Acceso a la Información, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la evasiva o negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; de los demás organismos constitucionales autónomos; los tribunales administrativos federales así como de cualquier otro órgano federal.

En lo que se refiere a las entidades federativas, existirán Institutos que, en lo conducente, tendrán las mismas obligaciones y facultades establecidas para aquel que se desempeñará en el ámbito federal.

Es conveniente señalar que la presente iniciativa toma como base la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo cual únicamente se adecua para que en nuestro país exista una ley marco en la materia que nos ocupa, ley que tomarán como base las entidades federativas y así evitar que en los diversos estados del país o en el Distrito Federal existan diferencias en torno al acceso de la información pública.

Por ejemplo, hay estados en donde una vez que se niega la información o se responde que la misma no existe, las personas deben interponer un recurso de reconsideración ante la unidad administrativa correspondiente; si aún están inconformes con ésta resolución, tienen que acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, para que de forma posterior, y si cuentan con los recursos para contratar un abogado, puedan realizar las impugnaciones correspondientes ante el Poder Judicial de la Federación.

En otras palabras, toda una tramitología que desalienta a las personas a ejercer plenamente el derecho de acceso a la información, ya que incurren en cuantiosos costos de transacción, pecuniarios o no monetarios, para obtener la información de su interés.

Así, se propone que las respuestas que otorguen los sujetos obligados en las entidades federativas, tanto órganos estatales, municipales o del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, pueden recurrirse directamente ante los institutos de acceso a la información en dichas entidades (federativas) y las resoluciones de tales institutos, en su caso, combatirse también de forma directa ante el Poder Judicial de la Federación.

A continuación se señalan algunas de las demás propuestas que contiene la iniciativa que se somete a la consideración de la Cámara de Diputados:

Se deberá proveer todo lo necesario para garantizar, ya sea en castellano o en la lengua de nuestros pueblos y comunidades indígenas, según corresponda, el acceso de toda persona a la información pública.

En este tenor, las solicitudes de acceso a la información deberán responderse en castellano o en la lengua de los pueblos y comunidades indígenas.

Que toda persona tiene derecho a solicitar y que le sean entregadas por el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas y cada una de las boletas electorales que contengan las votaciones en los que ese Instituto o Tribunal haya participado en su organización o calificación. Está información ---las boletas electorales--- será pública y debe ser puesta a disposición de las personas, por cualquier medio, dentro de los diez días hábiles de cuando se haya realizado la elección o calificación correspondiente.

Lo anterior también será aplicable para los institutos electorales de las entidades federativas y para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Será información pública obligatoria el nombre, razón o denominación social de las personas físicas o morales que realicen acciones de cabildeo ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales; aquellos de las entidades federativas, así como en los municipios y demarcaciones territoriales, tendientes a promover o influir sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución; las leyes que emanen de ella; a decretos, reglamentos, reglas de operación, acuerdos, convenios o cualquier otro acto administrativo, así como, según se trate, en la firma, ratificación o denuncia de tratados internacionales.

Al respecto, la información que se publicitará deberá señalar puntualmente y de forma relacionada, qué personas y cuáles disposiciones pretenden o pretendieron promover o influir, y a quienes representan.

Con lo anterior, se transparentaría aún más el trabajo legislativo federal o de las entidades federativas, así como de aquellos que se sitúen en los poderes ejecutivos de los distintos niveles de gobierno.

Será pública toda la información relacionada con los montos de recursos públicos, sean en efectivo o en especie, que se entreguen por cualquier motivo o título a las personas físicas y morales, ya sean nacionales o extranjeras.

Esas personas deberán informar cual ha sido el destino de esos recursos públicos, y cómo fueron utilizados o aplicados los mismos.

De la misma forma, deberán designar un enlace que estará encargado de atender los requerimientos que los demás sujetos obligados les hagan derivados de solicitudes de información relacionadas con los recursos públicos que hayan recibido.

Esto es de suma importancia ya que los gobernados deben conocer cómo se utilizan los recursos públicos que con esfuerzo contribuyen para el sostenimiento del Estado y las actividades del mismo, y que son otorgados a los particulares.

Sólo se podrá clasificar la información como reservada por un periodo de cuatro años, y dicho periodo se podrá ampliar únicamente por un año más.

Con esto, se fortalece el principio que todo Estado debe estar sometido al escrutinio de la sociedad, sin esconder o clasificar información más allá de un periodo de tiempo razonable, con el objeto de que se conozca la verdad.

Por ningún motivo se podrán comercializar los datos personales que estén en posesión de los sujetos obligados.

Que las personas puedan interponer recursos de revisión sobre las posibles orientaciones que señalen los sujetos obligados.

Esto es, que los sujetos obligados no invoquen la parte final del artículo 69 del Reglamento de la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para eludir dar respuesta a las solicitudes de información, disposición que establece:

``... Las Unidades de Enlace que reciban una solicitud de acceso a la información que no posea la dependencia o entidad de que se trate, deberán auxiliar y orientar a los particulares, a través del medio que éstos señalaron en su solicitud y dentro de los cinco días hábiles siguientes, sobre las dependencias o entidades que pudiesen poseerla. En esos casos, la petición del particular no tendrá el carácter de solicitud de acceso conforme a la Ley y este Reglamento...''.

En pocas palabras, eliminar las conductas que propician lo que bien se puede denominar ``ping-pong'' de opacidad, en la que ningún sujeto obligado es responsable de atender los requerimientos de información pública, y que con lo cual los Institutos encargados de garantizar el derecho de información pudieran transgredir la garantía de audiencia de las personas al fundar sus resoluciones en aquel artículo.

Que en casos en que no se pudiesen eliminar de los documentos las partes o secciones clasificadas, los sujetos obligados deberán elaborar y entregar versiones públicas de tales documentos a los solicitantes de la información.

Por ejemplo, en los casos en que se soliciten bases de datos que contengan información pública como el número de contribuyentes registrados y cantidad de ingresos distribuidos por salarios mínimos y que no sea posible retirar, excluir o eliminar datos personales como nombre, domicilio o cualquier otro que haga identificable a esos contribuyentes, los sujetos obligados estarán obligados a elaborar y entregar a los peticionarios versiones públicas impresas o electrónicas para que éstos tengan acceso a la información que el Estado debe garantizar.

Que el recurso de revisión que se interponga no estará sujeto a que los recurrentes presenten aquella información que los sujetos obligados pusieron a su disposición, sino que tal información podrá ser presentada por esos sujetos (obligados) en las audiencias que al efecto determine el Instituto correspondiente, para no menoscabar el derecho a interponer esos recursos de revisión.

Se disminuyen los plazos para que:

- Los sujetos obligados respondan las solicitudes de acceso a la información: diez días hábiles posteriores de cuando se hayan recibido y cinco días hábiles para entregar la información una vez que se hayan cubierto el pago de las cuotas correspondientes.

- Se resuelvan y notifiquen los recursos de revisión: veinte días hábiles para que el comisionado ponente presente al Pleno un proyecto de resolución, sobre el cual deberá decidirse dentro de los quince días hábiles posteriores de cuando se presentó, y que las resoluciones se notifiquen a las partes dentro de los tres días en que se haya resuelto lo conducente, en este último caso para minimizar el tiempo del denominado ``engrose''.

La reducción de los plazos señalados es con el fin que las personas puedan obtener la información de forma expedita y puedan analizar la misma a la mayor brevedad posible.

Que cesarán de sus encargos los integrantes propietarios de los Comités de Información que hayan clasificado una información que no sea reservada o confidencial, así como también en los casos en que no se notifiquen las resoluciones que declaren la inexistencia de la información en el plazo que se establece para responder las solicitudes de acceso.

Para estos efectos, entrarán en funciones los suplentes de dichos Comités y los propietarios cesados en ningún caso podrán integrar cualquier comité de información.

Conforme al Artículo Tercero del decreto de la presente iniciativa, también se proponen reformas y adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para establecer, conforme a la iniciativa constitucional que también se plantea en este acto legislativo, que ningún legislador podrá ser parte de aquellos entes que se establezcan en la Constitución o por medio de ley, que intervinieron en su formulación, reforma o adición, o en la ratificación o aprobación de los titulares de esos entes, para así evitar posibles conflictos de intereses o señalamientos de que se favoreció a una persona o un sector de la sociedad, así como también que los servidores o funcionarios públicos que hayan sido magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros o directivos en el Instituto Federal Electoral, no podrán desempeñar, en ningún tiempo, un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal encabezada por quien ganó la elección que éstos organizaron o calificaron.

Con esta iniciativa se intenta que toda persona tenga la información pública suficiente para que pueda evaluar el desempeño de la acción gubernamental, una autentica rendición de cuentas de los gobernantes hacia los gobernados, al mismo tiempo de fortalecer la democracia participativa que impera en las naciones modernas señalando, en su caso, las desviaciones a los objetivos plasmados en el pacto social, proponiendo mejoras que incrementen cada vez más el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6o.; 26 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública

Título Primero Disposiciones comunes para los sujetos obligados

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene como finalidad proveer todo lo necesario para garantizar, sea en castellano o en la lengua de nuestros pueblos y comunidades indígenas, según corresponda, el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal o cualquier otro federal; así como establecer las bases de concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

También será aplicable la presente ley y con respecto a recursos públicos, para cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, que por cualquier motivo o título, ya sea por si o a través de interpósita persona, haya administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado dichos recursos.

En lo que no se oponga a esta ley, se aplicará de forma supletoria a la misma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, o las disposiciones correspondientes en las entidades federativas, en lo conducente.

Artículo 2. Toda la información a que se refiere esta ley es pública y se tendrá acceso a la misma en los términos y condiciones que la presente ley establezca. Las solicitudes de acceso a la información deberán responderse en castellano o en la lengua de los pueblos y comunidades indígena, según corresponda.

Artículo 3.Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Comités: Los Comités de Información que deberán tener cada uno de los Sujetos Obligados mencionados en el artículo 30, el titular de las referidas en el artículo 32 o, en su caso, el enlace a que se refiere el último párrafo del artículo 29;

II. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de las Entidades Federativas.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá como Constitución al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

III. Datos Personales:La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, foto, domicilio, número telefónico, correo electrónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;

IV. Documentos:Las actas, acuerdos, análisis, autorizaciones, bases de datos, circulares, concesiones, contratos, convenios, correspondencia, directivas, directrices, encuestas, estadísticas, estimaciones, estimaciones econométricas, estudios, expedientes, instructivos, memorandos, memorias de cálculo, notas, oficios, permisos, reportes, resoluciones o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las atribuciones, facultades, deberes u obligaciones o, según corresponda, la actividad de los sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea electrónico, escrito, impreso, informático, holográfico, sonoro o visual;

V. Entidades Federativas: A las partes integrantes de la Federación que establece el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Información:La contenida en los documentos que los sujetos obligados adquieran, generen, obtengan, transformen o conserven por cualquier título;

VII. Información Reservada:Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley;

VIII. Instituto: En singular o plural, al Instituto Federal de Acceso a la Información o a los Institutos de Acceso a la Información de las Entidades Federativas, según corresponda;

IX. Ley:La Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública;

X. Órganos Constitucionales Autónomos:El Banco de México; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Federal de Acceso a la Información; el Instituto Federal Electoral; el organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía; las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI. Reglamento: El Reglamento respecto a esta Ley y, según corresponda, del Instituto;

XII. Servidores Públicos:Los mencionados en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para efectos de esta Ley, serán considerados como Servidores Públicos toda persona física o moral, nacional o extranjera, que por cualquier motivo o título, por si o a través de interpósita persona, haya administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos, únicamente en lo que respecta a dichos recursos.

Para los efectos de esta ley y solamente para las situaciones que a continuación se señalan en i) y ii) de esta fracción, no se considerarán Servidores Públicos las personas físicas que:

i)Estén inscritas en los registros de los programas sociales orientados al combate de la pobreza y que reciban recursos públicos por ese concepto, o

ii) Gocen y reciban el subsidio a que se refieren los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o el crédito al salario que establece esa ley tributaria.

XIII. Seguridad Nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

XIV. Sistema de Datos Personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de cualquier sujeto obligado;

XV. Sujetos Obligados:

a)Los poderes Ejecutivos Federal y de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los titulares de las demarcaciones territoriales, y sus correspondientes administraciones públicas centralizadas, desconcentradas y descentralizadas.

Para efectos de esta ley, también son sujetos obligados la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, las Procuradurías de las Entidades Federativas y los jefes de los Departamentos Administrativos, entre otros análogos en la Federación, las entidades federativas o en su caso, en los municipios o demarcaciones territoriales;

b) El Poder Legislativo:

i) Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y, en su caso, la Comisión Permanente;

ii)De las Entidades Federativas y sus respectivas Comisiones Permanentes, y

iii)Cualquiera de los órganos que integran los sujetos obligados señalados en i) y ii) anteriores del presente inciso b) de esta fracción XV;

c)El Poder Judicial: i)De la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal;

ii)De las Entidades Federativas, a través de sus consejos de judicatura, según corresponda o de aquellos encargados al respecto;

d)Los órganos constitucionales autónomos;

e)Los partidos políticos, nacionales o de las Entidades Federativas, así como las agrupaciones políticas nacionales o, en su caso, de dichas entidades;

f)Los tribunales administrativos federales o de las Entidades Federativas,

g)Cualquier otro órgano federal, de las Entidades Federativas, de los Municipios o de las Demarcaciones Territoriales, y

h)Las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, ya sea por si o a través de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos.

No se considerarán Sujetos Obligados las personas físicas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XII, ``Servidores Públicos'', del presente artículo, únicamente en lo que respecta a la recepción de esos recursos públicos.

El acceso a la información en posesión de las personas que señala el primer párrafo de este inciso h) se realizará conforme lo que establece esta Ley.

XVI. Unidades Administrativas:Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los Sujetos Obligados tengan la información de conformidad con las atribuciones, facultades, deberes u obligaciones que les correspondan, así como en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 4.Son objetivos de esta ley:

I. Garantizar y proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Transparentar la gestión pública y, en cada caso concreto, la administración, aplicación, disposición, ejercicio, manejo, recaudación, recepción, transferencia o utilización de recursos públicos, mediante la difusión de los documentos de los sujetos obligados;

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de cualquier sujeto obligado;

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los personas, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados para que, entre otros, se amplíe la participación en el Sistema de Planeación Democrática establecido en la Constitución para que las personas puedan manifestar sus aspiraciones y demandas;

V. Mejorar e incrementar la publicidad, clasificación, manejo y organización de los Documentos, y

VI. Contribuir a la democratización de los mexicanos y la plena vigencia del Estado de derecho.

Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para todo aquel que desempeñe un empleo, cargo o comisión conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para todas las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, por si o a través de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos.

Artículo 6.En la interpretación de esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados, y de la presente ley.

Capítulo II Obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial que establece esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, por cualquier medio y principalmente por Internet, y actualizar por lo menos cada 90 días naturales, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto, entre otra y según corresponda, la información siguiente:

I. Su estructura orgánica;

II. Las atribuciones, facultades, deberes u obligaciones de cada Unidad Administrativa;

III. El directorio, entendiendo por éste el puesto, foto, teléfono y correo electrónico públicos de funcionarios o servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, así como, en su caso, del enlace designado por las físicas o morales, según corresponda, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, por si o través de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos;

IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes, y para aquellos que compongan o integren las Unidades Administrativas;

V. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Enlace, según corresponda.

Todas las unidades de enlace deberán señalar la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la información.

VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;

VII. Los servicios y en su caso, los bienes que ofrecen;

VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En los casos en que se encuentren inscritos en registros ya sea de la Federación, de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, deberán publicarse tal y como se registraron.

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezcan el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada sujeto obligado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto.

En las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, la información a que se refiere el párrafo anterior se proporcionará por las Secretarías de Finanzas, los tesoreros municipales o los equivalentes correspondientes.

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pública o aquella de las entidades federativas, las contralorías internas, la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en las entidades federativas y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezcan los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, según corresponda;

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones, así como licencias y demás documentos otorgados por la autoridad administrativa correspondiente, especificando los titulares de aquéllos;

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, también

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

Los sujetos obligados deberán dar a conocer el nombre, razón o denominación social de las personas físicas y morales, según corresponda, que hubiesen sido sancionadas por incumplimiento de los contratos, las multas interpuestas así como aquellas personas que ya no podrán celebrar contratos con los sujetos obligados. Esta información incluirá los nombres de los accionistas o socios de las personas morales.

XIV.El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;

XV.Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;

XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana;

XVII. El nombre, razón o denominación social, según corresponda, de las personas físicas y morales que realicen acciones de cabildeo ante los sujetos obligados que se señalan en los incisos a) y b) de la fracción XV del artículo 3 de esta ley, tendientes a promover o influir sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a las leyes que emanen de ella; a decretos, reglamentos, reglas de operación, acuerdos, convenios o cualquier otro acto administrativo; así como, en su caso, la firma, ratificación o denuncia de tratados internacionales.

La información a que se refiere esta fracción también deberá incluir expresa, puntual e indubitablemente, de forma relacionada, todas y cada una de las disposiciones que esas personas pretendan promover o influir, así como también a quien o quienes representan dichas personas.

Para estos efectos, los sujetos obligados deberán elaborar minutas que contendrán, por lo menos, la fecha en que las mencionadas personas solicitaron audiencia, los temas que propusieron tratar y aquella fecha en que se llevó a cabo la o las reuniones correspondientes con las mismas y los temas que se discutieron.

XVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados que señala el inciso h) de la fracción XV del artículo 3, deberán publicar en el Internet, y actualizar por lo menos cada 90 días naturales, la información relacionada con los recursos públicos que hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado. Asimismo, dicha información contendrá los informes sobre el destino específico de esos recursos públicos señalando, por lo menos, a qué áreas o actividades específicas fueron destinados y, en su caso, quienes lo recibieron.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite el uso y comprensión de cualquier persona, y que permita asegurar la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información. Los sujetos obligados deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.

Artículo 8. El Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, debiendo en todo momento proteger los datos personales.

Artículo 9. La información a que se refiere el artículo 7 deberá estar a disposición de las personas por cualquier medio, principalmente a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, en castellano y en la lengua de los pueblos y comunidades indígenas en México

Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan solicitar u obtener la Información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a las personas que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten, y más aún para aquellas personas con capacidades diferentes.

Los sujetos obligados deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, así como también su integración en línea en el Internet, en los términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el Instituto.

Artículo 10. El Poder Ejecutivo Federal deberá hacer públicas, directamente o a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos que establezca el Reglamento, y por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a firma del titular del Ejecutivo federal, los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, salvo que se determine a juicio de la Consejería o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, según sea el caso, que su publicación puede comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con esa ley.

Las entidades federativas, en su caso, deberán atender lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 11.Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la correspondiente comisión encargada de la fiscalización de los recursos públicos de los partidos y agrupaciones políticas, deberán hacerse públicos, por cualquier medio, al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo, así como también el resultado de ese procedimiento.

Dado que esta ley establece, entre otros, que no se pueden asociar los datos personales con el individuo a quien o quienes se refieran o refieren, por razones estadísticas, científicas o de interés general toda persona tiene derecho a solicitar al Instituto Federal Electoral o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según corresponda, todas y cada una de las boletas electorales que contengan las votaciones en los que ese instituto o Tribunal haya participado en su organización o calificación. Esta información es pública y deberá ser puesta a disposición de las personas, por cualquier medio, dentro de los diez días hábiles de cuando se haya hecho la elección o calificación correspondiente. Lo dispuesto en este párrafo también es obligatorio para los institutos electorales de las entidades federativas y para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según corresponda y proceda.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos de recursos públicos, sean en efectivo o en especie, que entreguen o transfieran a las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, sean oficiales o no, que por cualquier motivo o título, esas personas hayan administrado, aplicado, dispuesto, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado.

En los términos de esta ley, cualquier persona que haya administrado, aplicado, dispuesto, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos, deberá presentar informes sobre esos recursos. Dichos informes serán públicos conforme al artículo 7 y demás disposiciones de esta ley y su reglamento, que en todo caso deberán señalar, por lo menos, el destino de tales recursos públicos y cómo fueron utilizados o aplicados los mismos.

Capítulo III Información Reservada y Confidencial

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I.Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano;

III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

IV.Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;

II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal.

Con excepción de los datos personales, en ningún caso podrá clasificarse la información que esté relacionada con recursos públicos en fondos, fideicomisos o cualquier otra figura análoga;

III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o

VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, dicha información podrá ser pública, protegiéndose la información confidencial que en ella se contenga.

Artículo 15. La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cuatro años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

El Instituto, de conformidad con el Reglamento, establecerá los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada.

Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto la ampliación del periodo de reserva hasta por un año más, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 16.Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta ley, su reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto.

Artículo 17. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

El titular de cada sujeto obligado deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

Artículo 18.Como información confidencial se considerará:

I. La entregada con tal carácter por las personas a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión en los términos de esta ley.

Por ningún motivo se podrán comercializar los datos personales que se posean los sujetos obligados.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

Artículo 19. Cuando las personas entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo 18, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso de la persona titular de la información confidencial.

Artículo 20.En ningún caso podrá clasificarse la información relacionada con la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Capítulo IV Protección de Datos Personales

Artículo 21.Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I.Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Instituto;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 22. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23.No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

I. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;

II. Cuando se transmitan entre sujetos obligados, siempre y cuando no se difundan, comercialicen o distribuyan.

III. Cuando exista una orden judicial;

IV. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos personales. Dichos terceros no utilizarán los datos personales para propósitos distintos a aquéllos para los cuales se les hubieren transmitido, o

V. En los demás casos que establezcan las leyes.

Las personas físicas, o las morales sean éstas oficiales o no, en ningún caso utilizarán los datos personales para obtener ventaja o lucro alguno.

Artículo 24.Los sujetos obligados que posean, por cualquier motivo o título, sistemas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto, quienes mantendrán un listado actualizado de los sistemas de datos personales.

Artículo 25. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una Unidad de Enlace, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de cinco días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.

Artículo 26. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la Unidad de Enlace, que modifiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la Unidad de Enlace, que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquélla deberá entregar al solicitante, en un plazo de quince días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada, según corresponda, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Artículo 27.Contra la evasiva o negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso a que se refiere el artículo 51. También procederá en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refieren los artículos 25 y 26.

Capítulo V Cuotas de Acceso

Artículo 28.Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y, en su caso,

II. El costo de envío.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán estar establecidas en la Ley Federal de Derechos o en aquellas leyes de las entidades federativas, según corresponda, las cuales tomarán en cuenta el costo real por la prestación del servicio.

Los sujetos obligados deberán minimizar los costos de entrega de información.

Capítulo VI Unidades de Enlace y Comités de Información

Artículo 29.Los titulares de cada uno de los sujetos obligados designarán a la Unidad de Enlace que tendrá las funciones siguientes:

I.Recabar y difundir la información a que se refiere el artículo 7, además de propiciar que las Unidades Administrativas la actualicen periódicamente;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, referidas en los artículos 25, 26 y 34;

III. Auxiliar a las personas en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información que solicitan;

IV. Realizar los trámites internos de cada sujeto obligado, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a las personas;

V. Proponer al Comité de Información los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

VI. Habilitar a los servidores públicos del sujeto obligado que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos, y

VIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre los sujetos obligados y las personas.

Las personas físicas o morales que señala el inciso h) de la fracción XV del artículo 3, deberán designar a un enlace que será el encargado de atender los requerimientos que los demás sujetos obligados les hagan derivados de solicitudes de acceso a la información relacionadas con los recursos públicos que aquellas hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado, así como también de los informes sobre esos recursos. Dicho enlace también tendrá las mismas obligaciones que establece este Título paras las Unidades de Enlace y los Comités de Información, según corresponda.

Artículo 30. Cada sujeto obligado integrará un Comité de Información que tendrá las funciones siguientes:

I. Coordinar y supervisar las acciones de los sujetos obligados tendientes a proporcionar la información prevista en esta ley;

II.Instituir, de conformidad con el reglamento, los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los titulares de las unidades administrativas de los sujetos obligados;

IV. Realizar a través de la Unidad de Enlace, las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste la información solicitada;

V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para el sujeto obligado, en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el Instituto y el Archivo General de la Nación, según corresponda;

VI. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información del sujeto obligado, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los archivos, y

VII. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el artículo 49 o, en su caso, el artículo 66.

Artículo 31.Cada Comité de Información estará integrado por:

I. Un servidor o funcionario público designado por el titular del sujeto obligado;

II. El titular de la Unidad de Enlace, y

III. El titular del órgano interno de control de cada sujeto obligado y, en su caso, aquel que designe el Auditor Superior de la Federación.

Por cada propietario que integre el Comité de Información, habrá un suplente; dicho Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos.

El enlace a que se refiere el último párrafo del artículo 29 hará las funciones de Comité de Información, según corresponda.

Artículo 32.En el ámbito federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro de Planeación para el Control de Drogas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva; la Unidad contra la Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités a que se refiere el artículo 30, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa.

Artículo 33.Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos de los sujetos obligados. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Los titulares de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo.

Capítulo VII Del Procedimiento de Acceso ante los Sujetos Obligados

Artículo 34. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener:

I.El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;

II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;

III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y

IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la unidad de enlace deberá requerir, por una vez y dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 38.

Las unidades de enlace auxiliarán a las personas en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir.

Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente a la persona sobre el sujeto obligado competente, sin perjuicio de que solicitante pueda interponer el recurso de revisión ante el Instituto sobre dicha orientación

Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta a la unidad de enlace, aquélla tendrá la obligación de indicar a la persona la ubicación física de la unidad de enlace.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Artículo 35. La unidad de enlace será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información.

Artículo 36. En los términos que establece esta ley, los sujetos obligados estarán obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante. Si los documentos que se encuentran en los archivos de los sujetos obligados contienen información confidencial o reservada, o sea imposible retirar esta información de aquella que se solicite, el sujeto obligado deberá elaborar y entregar a los solicitantes versiones públicas de los documentos.

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito especificando claramente la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 37. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas. Si no se pudieran eliminar las partes o secciones clasificadas, el sujeto obligado elaborará y entregará versiones públicas de los documentos a los solicitantes de información.

En la forma y plazo que establezca el reglamento, las unidades administrativas correspondientes deberán requerir al enlace a que se refiere el último párrafo del artículo 29 aquella información que satisfaga plenamente la solicitud de acceso que le fue pedida al sujeto obligado.

Artículo 38.La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de diez días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen de forma fundada y motivada al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de las cuotas correspondientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 de esta ley, será causal de responsabilidad en los términos de esta ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las leyes de responsabilidades administrativas en las entidades federativas y demás disposiciones jurídicas aplicables, los actos u omisiones de los funcionarios o servidores públicos que conlleven a no dar respuesta o entregar la información en los plazos que establece el presente artículo.

El reglamento establecerá la manera y términos para el trámite interno de las solicitudes de acceso a la información.

Artículo 39.En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité del sujeto obligado, mismo que deberá resolver si:

I.Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o

II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.

El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa. La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo que establece el artículo 38. En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

Será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 40 cuando el Instituto revoque o modifique una resolución en donde el Comité haya clasificado la información como reservada o confidencial.

Artículo 40. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la Unidad Administrativa, ésta deberá remitir al Comité del sujeto obligado la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en el sujeto obligado, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución fundada y motivada que confirme la inexistencia del documento solicitado y dicha resolución se notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el artículo 38.

Si no se llegaré a notificar la resolución en el plazo que se establece en el párrafo anterior, entrarán en funciones los suplentes de los Comités de Información, y los propietarios que dejaron de serlo serán sujetos, independientemente de las sanciones civiles, penales o cualquier otra que corresponda, de responsabilidad administrativa y nunca más podrán ser integrantes de ningún Comité de Información. Lo señalado en este párrafo también será aplicable cuando el Instituto revoque o modifique una resolución de un Comité que haya resuelto confirmar la inexistencia de información.

Artículo 41. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo la información entregada o enviada, serán públicas, puestas a disposición de las personas, por cualquier medio y principalmente en el Internet, en castellano y en la lengua de los pueblos o comunidades indígenas, según corresponda.

Artículo 42.Las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso a la información cuando:

I. Sean ofensivas;

II. A la misma persona se la haya entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud que esa persona realizó, o

III. El sujeto obligado haya hecho pública la información que se le requiere. Para este caso, el sujeto obligado deberá indicar al solicitante de la información el lugar específico donde se encuentra la misma y, en su caso, la enviará gratuitamente al correo electrónico del solicitante, o remitirla a su domicilio una vez que se hayan cubierto los costos de envío correspondientes.

Con excepción de lo dispuesto en la fracción II de este artículo, las unidades de enlace no podrán responder a los peticionarios de información que no se dará trámite a su solicitud debido a que con anterioridad ya sea había respondido una solicitud de información sustancialmente idéntica.

Título Segundo De los Institutos de Acceso a la Información en la Federación y en las Entidades Federativas

Capítulo I Instituto Federal de Acceso a la Información

Artículo 43. De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información es un órgano con autonomía técnica, de gestión y decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la evasiva o negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; de los demás organismos constitucionales autónomos; los tribunales administrativos federales así como de cualquier otro órgano federal.

Artículo 44. El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo federal con aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los comisionados podrán ser removidos de sus funciones, entre otros, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal, o cuando incumplan un mandamiento judicial.

Durarán en su encargo ocho años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Los comisionados estarán sujetos a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución, por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones. El Instituto, para efectos de sus resoluciones, no estará subordinado a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 45.Para ser comisionado se requiere:

I.Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de padre y madre mexicanos, y en pleno goce de sus derechos;

II.No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso o que mereciera pena corporal;

III.Tener cuando menos treinta años de edad el día de su nombramiento;

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley, y

VI. No haber sido senador, diputado federal, local o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, secretario de Estado o en las entidades federativas, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República, procurador de Justicia en las entidades federativas, presidente municipal o titular de demarcación territorial, consejero o directivo en el Instituto Federal Electoral, ministro, magistrado o juez del Poder Judicial de la Federación, dirigente de un partido o asociación política, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal, titular de organismo autónomo, con autonomía legal o de aquellos que sean centralizados, desconcentrados o descentralizados en la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales. En ningún caso podrán ser comisionados los ministros de culto, los diáconos o cualquier otra denominación que reciban.

Artículo 46.El Instituto será presidido por un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y será elegido por la mayoría de los comisionados.

Artículo 47. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar en el orden administrativo esta ley, de conformidad con el artículo 6;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión o reconsideración interpuestos por los solicitantes, así como también de aquellas verificaciones de falta de respuesta de los sujetos obligados conforme a lo que señala el artículo 54;

III. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial;

IV. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de los sujetos obligados;

V. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7;

VI. Orientar y asesorar a las personas acerca de las solicitudes de acceso a la información;

VII. Proporcionar apoyo técnico a los sujetos obligados en la elaboración y ejecución de sus programas de información establecidos en la fracción VI del artículo 30;

VIII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos personales, sin perjuicio de que las personas puedan presentar solicitudes de acceso en formato libre;

IX. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en posesión de los sujetos obligados;

X. Hacer del conocimiento del órgano interno de control o equivalente de cada sujeto obligado, o en su caso denunciar ante el ministerio público, de conformidad con el último párrafo del artículo 57, las presuntas infracciones a esta ley y su reglamento, o cualquier contravención a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de acceso a la información.

Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control o equivalentes y que hayan causado estado deberán ser notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual. También será aplicable lo dispuesto este párrafo las denuncias que se hayan presentado ante el Ministerio Público, según proceda;

XI. Elaborar la guía a que se refiere el artículo 48;

XII. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información y protección de datos personales;

XIII. Difundir entre los servidores públicos y las personas, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla;

XIV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta ley;

XV.Cooperar en el cumplimiento de la materia de esta ley con los demás sujetos obligados, y con los Institutos a que se refiere el Capítulo III de este Título;

XVI. Elaborar su reglamento interior y demás normas de operación;

XVII. Designar a los servidores públicos a su cargo;

XVIII. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la instancia que corresponda correspondiente para que se integre al presupuesto correspondiente, y

XIX. Las demás que le confieran esta ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica aplicable.

Artículo 48.El Instituto elaborará una guía que describirá, de manera clara y sencilla, los procedimientos de acceso a la información de los sujetos obligados.

Artículo 49. Dentro de los diez primeros días del mes de julio del año que corresponda, el Instituto rendirá anualmente un informe público al H. Congreso de la Unión sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan los sujetos obligados según lo señala la fracción VII del artículo 30, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada dependencia y entidad así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control o equivalentes en los sujetos obligados, o ante el ministerio público; las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley; el número de juicios de amparo interpuestos contra el Instituto y en cuantos de éstos las resoluciones no han sido favorables para el mismo, y demás que considere pertinentes. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.

Capítulo II Del Procedimiento ante el Instituto

Artículo 50. El solicitante a quien se le haya notificado por medio de la Unidad de Enlace, la respuesta o resolución de cualquier sujeto obligado, la evasiva o negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de dicha notificación. La Unidad de Enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido, y se tomará como fecha de interposición del recurso aquella en que se haya presentado el mismo.

El Reglamento establecerá las sanciones correspondientes cuando la Unidad de Enlace no haya remitido al Instituto el asunto dentro del día siguiente de haberlo recibirlo.

Artículo 51. El recurso también procederá en los mismos términos cuando:

I. Cualquier sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;

II. Los sujetos obligados se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;

III. El solicitante de la información o de los datos personales no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o

IV. El solicitante de la información considere que la información entregada es incompleta, incomprensible o no corresponda a la información requerida en la solicitud.

Artículo 52.El recurso previsto en los artículos 50 y 51 procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o de aquellos recursos similares establecidos en las leyes de las Entidades Federativas.

Artículo 53.El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por las personas.

Artículo 54.La falta de respuesta a una solicitud de acceso en el plazo señalado en el artículo 38, se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que el sujeto obligado deberá dar acceso a la información y enviarla al solicitante en un periodo de tiempo no mayor a los 5 días hábiles, cubriendo el sujeto obligado todos los costos generados por el envío y la reproducción del material informativo, salvo que el Instituto determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales, debiendo otorgarse y enviarse al solicitante las versiones públicas de los mismos. En ningún caso el Instituto podrá resolver implícita o explícitamente que, una vez pasado el plazo señalado en el artículo 38 y que los sujetos obligados hayan respondido con posterioridad a ese plazo, que la información se puso a disposición del solicitante y que por tal motivo el sujeto obligado no deberá enviar y cubrir los costos generados por el envío y la reproducción del material informativo.

A efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el reglamento establecerá un procedimiento sencillo y expedito para subsanar el incumplimiento de entregar la información por parte de los sujetos obligados. Para este efecto, las personas podrán presentar la constancia a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o de aquellas constancias similares a que se refieran las leyes de las Entidades Federativas, expedida por la Unidad de Enlace que corresponda, o bien bastará que presenten copia de la solicitud en la que conste la fecha de su presentación ante el sujeto obligado. En este último caso, el procedimiento asegurará que éstos tengan la oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al particular.

Artículo 55. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;

II. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;

III. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado;

IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios;

V. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, y

VI.Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso la interposición y admisión del recurso de revisión estará sujeto a que los recurrentes presenten ante el Instituto la información que los Sujetos Obligados pusieron a su disposición.

Artículo 56.Salvo lo previsto en el artículo 54, el Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

I.Interpuesto el recurso, el Presidente del Instituto, lo turnará al Comisionado ponente, quien deberá, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la interposición del recurso, integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno del Instituto;

II. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias con las partes en las cuales, entre otros, el sujeto obligado podrá presentar la información que puso a disposición de los recurrentes;

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente y asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos, los cuales podrán presentarse hasta el día hábil anterior a aquel en que el Instituto resuelva el recurso;

IV. Mediante solicitud del interesado podrán recibirse, por vía electrónica, las promociones y escritos;

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los quince días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución, y

VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas y deberán notificarse a las partes dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se adoptó la resolución.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por diez días hábiles, los plazos establecidos en las fracciones I y V de este artículo.

Procederá la acumulación de recursos de revisión cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)Exista identidad de partes;

b)El objeto de la solicitud implique sustancialmente la misma información, y

c) Si de resolverse dos recursos de revisión, aunque el objeto de la solicitud no sea sustancialmente igual, y pueda implicar una contradicción en la resolución emitida por el Instituto.

La acumulación procederá de oficio o a petición de parte interesada, acumulándose al expediente más antiguo. Por ningún motivo se podrán ampliar los plazos para la resolución de los recursos de revisión acumulados.

En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, o las disposiciones correspondientes en las entidades federativas, en lo conducente.

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea recibida o solicitada por el Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente.

Artículo 57. Las resoluciones del Instituto podrán:

I.Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;

II. Confirmar la decisión del Comité, o

III. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar al sujeto obligado que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento que no podrán ser superiores a quince días hábiles y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Si el Instituto no resuelve en el plazo establecido en esta ley, la resolución que se recurrió se entenderá como no confirmada.

Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado responsable para que se inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Asimismo el Instituto denunciará ante el Ministerio Público, según sea el caso, las infracciones de la presente ley o cualquier otra disposición jurídica aplicable.

Artículo 58. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 50;

II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva, o

III. Ante los tribunales del Poder Judicial federal se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente.

Artículo 59.El recurso será sobreseído cuando:

I.El recurrente se desista expresamente del recurso;

II.El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;

III.Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley, o

IV.El sujeto obligado responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 60.Las resoluciones del Instituto serán definitivas para la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, para el Poder Legislativo Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, los organismos autónomos o con autonomía legal así como para las personas que en los anteriores desempeñen un empleo, cargo o comisión.

Esas resoluciones serán públicas y las demás personas podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.

Artículo 61. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, transcurridos ciento ochenta días naturales de que el Instituto expidió una resolución que confirme la decisión de un Comité, la persona afectada podrá solicitar ante el mismo Instituto que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud y se resolverá en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores de cuando se presentó.

Con el objeto de que las personas puedan contar con la información suficiente y adecuada para participar en el Sistema de Planeación Democrática establecido en la Constitución, cuando el Instituto confirme la decisión de un Comité dentro del año natural en que la Cámara de Diputados expida el Bando Solemne de declaratoria de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, la persona afectada podrá solicitar al Instituto dentro de los diez días hábiles siguientes de cuando haya expedido una resolución que reconsidere la misma, y tal reconsideración deberá resolverse dentro de los veinte días hábiles de cuando se haya presentado, siempre y cuando se trate de la misma solicitud

Lo dispuesto en este artículo, según corresponda, será aplicable en las entidades federativas, favoreciendo que las personas puedan obtener la información suficiente y adecuada para que puedan participar en la elaboración de los planes de desarrollo de esas entidades, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

Capítulo III De los Institutos de Acceso a la Información en las Entidades Federativas

Artículo 62.Cada una de las entidades federativas contará con un Instituto que promoverá y difundirá el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolverá sobre la evasiva o negativa a las solicitudes de acceso a la información y protegerá los datos personales en posesión de los Poderes Legislativo y Judicial, y de las administraciones públicas centralizadas, desconcentradas o paraestatales de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales.

Artículo 63.El Instituto estará integrado por no más de cinco Comisionados, nombrados por el gobernador del estado o por el jefe de gobierno del Distrito Federal, y aprobados por las legislaturas de los estados o por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según corresponda.

Los Comisionados durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 64. Para ser Comisionado se requieren los mismos requisitos establecidos en el artículo 45. Los Comisionados podrán ser removidos de sus funciones cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal, o cuando incumplan un mandamiento judicial.

El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos años y será elegido por los comisionados.

Artículo 65. Las resoluciones del Instituto serán definitivas para los Poderes Legislativo y Judicial, las administraciones públicas centralizadas o paraestatales de las entidades federativas, los municipios, y de las demarcaciones territoriales, según se trate.

Dichas resoluciones serán públicas y podrán ser impugnadas por las demás personas ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 66. Dentro de los diez primeros días del mes de julio del año que se trate, cada Instituto rendirá anualmente al correspondiente Congreso estatal o, en su caso, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un informe sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan los sujetos obligados según lo señala la fracción VII del artículo 30, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control o equivalentes en los sujetos obligados, o ante el ministerio público; las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley; el número de juicios de amparo interpuestos contra el Instituto y en cuantos de éstos las resoluciones no han sido favorables para el mismo, y demás que considere pertinentes. Para este efecto, el Instituto que corresponda expedirá los lineamientos que considere necesarios.

El informe que señala el párrafo anterior será enviado al Instituto Federal de Acceso a la Información.

Artículo 67. Además de lo establecido en el presente Capítulo será aplicable, en lo que corresponda y, en su caso, conforme a las leyes de las entidades federativas, el Capítulo I y II de este Título Segundo y demás disposiciones que establece esta ley.

Título Terero Responsabilidades y Sanciones

Capítulo Único

Artículo 68. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes:

I.Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

II.Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley;

III.Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta ley;

IV.Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en esta ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del Instituto o Comité de Información;

V.Entregar, divulgar o comercializar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta ley;

VI.Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso, argumentar incompetencia, o

VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos a que se refiere la fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las leyes de responsabilidades de los servidores públicos en las entidades federativas y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VI de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

Artículo 69.Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 68, son independientes de las del orden civil o penal que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Disposiciones Transitorias de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública

Artículo Segundo.- En relación con la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública que se expide mediante elArtículo Primerode estedecreto, se estará a lo siguiente:

I. La Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública a que se refiere el Artículo Primero del presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades establecidas en las siguientes fracciones.

II.Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y sus reformas y derogaciones de fechas 6 de junio de 2006 y 11 de mayo de 2004, respectivamente.

III. Las disposiciones que se hayan emitido o expedito en torno a la ley que se abroga mediante este decreto, continuarán aplicándose en lo que no se opongan a la ley que se expide en el Artículo Primero del presente decreto.

El Reglamento, lineamientos y demás disposiciones que correspondan a que se refiere la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los doscientos cuarenta días naturales posteriores de cuando haya entrado en vigor dicha ley.

IV. Los nombramientos de los cinco primeros Comisionados será realizada a más tardar dentro de los noventa días naturales posteriores de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública. Una vez nombrados, el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tendrá treinta días naturales para aprobar o no dichos nombramientos.

El Ejecutivo federal podrá nombrar como comisionados a aquellos que fueron designados conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que se abroga mediante el presente decreto, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 45 de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Serán aplicables los mismos plazos y requisitos que establece esta fracción para los nombramientos y aprobaciones de los comisionados de los Institutos en las entidades federativas.

V. En el ámbito federal, las solicitudes de acceso a la información así como los recursos de revisión, de reconsideración o de verificación de falta de respuesta que se hayan realizado o interpuesto conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que se abroga por medio de este decreto, deberán ser cumplidas en tiempo y forma según lo dispuesto en esa ley. Lo mismo se aplicará, en lo conducente, en las entidades federativas.

VI. La información pública obligatoria que establece el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública deberá completarse a más tardar un año posterior a la entrada en vigor de esa ley.

VII. Los integrantes de los Comités de Información y de las Unidades de Enlace de los sujetos obligados deberán ser designados dentro de los trescientos días posteriores de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, y en el mismo plazo entrarán en funciones. Deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en sus equivalentes de las entidades federativas, según corresponda, la lista de unidades de enlace.

Para los efectos del último párrafo del artículo 29 de la ley, el enlace deberá ser designado en el plazo señalado en el párrafo anterior. En los demás casos, será designado dentro de los diez días hábiles posteriores de cuando las personas a que se refiere el inciso h) de la fracción XV del artículo 3 de la ley, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos.

VIII.La conformación de las estructuras a que se refiere el primer párrafo de la fracción anterior deberá realizarse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados, por lo que en ningún caso deberán implicar erogaciones adicionales.

IX. Las personas podrán presentar solicitudes de acceso a la información o de acceso y corrección de datos personales un año posterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública.

X. Con excepción de lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, no será aplicable a dicha ley el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o aquellas disposiciones equivalentes que dispongan las leyes de las entidades federativas.

XI. El Presupuesto de Egresos de la Federación y los de las entidades federativas para el ejercicio fiscal que se trate deberán establecer la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado de los Institutos que se establecen mediante el presente decreto.

Artículo Tercero.-Se reforman los artículos 2; 3, fracción IX; 9, primer párrafo; y se adicionan los artículos 3, con las fracciones X y XI, la actual fracción X se recorre y pasa a ser la fracción XII; y el 9, con un segundo y tercer párrafos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Son sujetos de esta ley, los servidores o funcionarios públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, por si o a través de interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos federales.

Artículo 3.- ...

I.- a VIII.- ...

IX.- El Banco de México;

X.- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública;

XI.- El organismo de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y

XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.

Artículo 9.- El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar lo siguiente:

a) a c) ...

No podrán desempeñar un empleo, cargo o comisión en las entidades paraestatales u órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal o en los organismos constitucionales autónomos, los legisladores que intervinieron en la formación, reforma o adición de la Constitución, leyes o decretos que los crean, reformen o adicionen, o que intervinieron en la aprobación o ratificación de sus titulares.

Los diputados o senadores al Congreso General pertenecientes a la legislatura en la cual se haga la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o los senadores que pertenezcan a la legislatura inmediata posterior de cuando se haya hecho esa declaración en ningún tiempo ni por cualquier motivo podrán desempeñar un empleo, cargo o comisión en la administración que aquel encabeza.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-Se derogan y en su caso se abrogan, todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

``2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputada Érika Larregui Nagel (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señora diputada. Insértense íntegros los textos de las dos iniciativas en el Diario de los Debates y túrnese la primera a la Comisión de Puntos Constitucionales, y la segunda túrnese a la Comisión de la Función Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Silvia Luna Rodríguez:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores: la suscrita, diputada federalSilvia Luna Rodríguez, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Comisión de Saludla siguiente propuesta de iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se adiciona una Capítulo Quinto, denominado ``Programa contra las Adicciones Comportamentales'', al Título Undécimo, ``Programas contra las Adicciones'', y los artículos 193 Bis al 193 Bis-4, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Hoy día, uno de los motivos de consulta más frecuentes en el área de la psiquiatría, y especialmente en la dedicada al cuidado y atención de adolescentes, está vinculada con la manifiesta preocupación de los padres de familia por ciertas modificaciones conductuales de sus hijos que los llevan a actos de desobediencia ante padres y maestros, desinterés por las actividades escolares y el fracaso escolar.

Ante ese problema, los especialistas en ciencia de la conducta han empezado a reconsiderar si un grupo de entidades clínicas que fueron incluidas como trastornos de la personalidad en el manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales se deben ubicar en el rubro de adicciones, lo que requiere ampliar el panorama del diagnóstico en salud mental y no sólo referirse a las clásicas adicciones a sustancias, ya que en este caso se requiere incluir las conductas adictivas o del tipo comportamental. La falta de una descripción moderna complica la catalogación de este tipo de adicciones. Para efecto de nuestra propuesta, nosotros hemos adoptado la definición de ``adicciones comportamentales''.

Algunos autores señalan que cualquier conducta repetida deja de ser un hábito o afición en el momento en que la persona pierde el control sobre la repetición de la misma; aumenta la intensidad, la frecuencia, la cantidad de tiempo y el dinero invertido en ésta y, sobre todo, en la medida en que esta adicción interfiere en su vida escolar, laboral, profesional, familiar y social.

Desde hace un par de décadas se han desarrollado diversas líneas de investigación neurobiológica para explicar los mecanismos etiológicos de la enfermedad, entre los cuales sobresalen cuatro teorías principales: la primera considera las adicciones comportamentales como un trastorno del control de los impulsos; la segunda señala como fundamento un nivel de activación y un rasgo de búsqueda de sensaciones; la tercera hace hincapié en la relación de las adicciones comportamentales con otros trastornos adictivos; y la última las explica como un trastorno psiquiátrico del orden obsesivo-compulsivo.

Las adicciones comportamentales se definen como ``aquellas conductas que producen placer o que evitan la incomodidad, en las que hay un patrón consistente en una excesiva preocupación y deseos intensos de satisfacer la necesidad de llevar a cabo la conducta adictiva''.

Diversos autores han encontrado que la edad de inicio promedio en las conductas adictivas es entre los 12 y 14 años de edad. Tienen mayor incidencia en el sexo masculino en una relación de tres a uno, con excepción de la ludopatía o adicción al juego y la adicción a las compras, las cuales son más frecuentes en mujeres.

Aunado a lo ya referido, lo más importante y, obviamente, lo que es más grave es que a las adicciones comportamentales se suma el consumo de sustancias y esta multiadicción es hasta del 45 por ciento en el caso de adolescentes. Resalta además, en el caso de la psicopatología de los adictos, que hasta el 72 por ciento de ellos presentan alguna vez un cuadro depresivo, tiene multiadicciones en un 57 por ciento y el 52 por ciento tiene trastornos afectivos y se observa una tendencia mayor al suicidio que en resto de la población.

Son tan numerosas las nuevas adicciones comportamentales, que han requerido una clasificación para su atención. Existen adicciones a conductas que generan riesgo o peligro, como la referente a los deportes extremos, la cleptomanía, el síndrome de Munchausen --que es asumir papel de enfermo sin estarlo-- y la ampliamente conocida ludopatía o adicción a los juegos de azar.

De todas las adicciones o conductas podemos claramente observar que las referidas al uso del Internet, a deportes extremos, a los videojuegos, la ludopatía, al futbol, al consumo de golosinas, a las conversaciones telefónicas y al denominado jugueteo con controles remotos, son realizadas preferentemente por adolescentes e incluso por niños y que, además, lo más grave es que todas éstas son anunciadas y motivadas, promocionadas en los medios masivos de comunicación.

Es preciso reconocer que existen intereses económicos detrás de la promoción de las conductas adictivas, tal es el caso de programas de televisión donde se hace proselitismo y apología de los deportes de alto riesgo, incluyendo algunas conductas antisociales, y qué decir de los modelos que se presentan a la niñez en materia de videojuegos y las adicciones al Internet, que incluye las conversaciones en grupo, las cuales han sido denominadas como chatear.

No sorprende que grupos mercantiles sin ninguna ética apuesten al desarrollo de las adicciones juveniles, más aún cuando sabemos que este tipo de adicciones hasta hoy no están prohibidas, mucho menos tipificadas ni penalizadas. Además es preciso que todos sepamos con claridad que las adicciones comportamentales serán la puerta de entrada a las adicciones a sustancias, como ya ha sido ampliamente señalado.

Es necesario establecer una moderna legislación que impida el crecimiento de este tipo de adicciones, que afectan sobre todo a los niños y a los adolescentes y que los conducen a conductas antisociales, como el robo, la mentira, la vagancia; a multiadicciones, a problemas familiares, deserción escolar y eventualmente a la depresión, por lo cual proponemos una normatividad sustentada en el conocimiento científico de este tipo de padecimientos, que incluya su prevención, tratamiento y rehabilitación.

Debemos afrontar que nunca antes la niñez y la juventud habían estado tan gravemente expuestas a un fenómeno como las adicciones comportamentales. Su prevención debe incluir acciones desde las instituciones educativas, sanitarias, laborales y políticas, y los legisladores deben actuar en concordia con el bien jurídico que constituye la salud.

Compañeras y compañeros diputados: los invito a que contribuyamos a salvaguardar los valores éticos y sociales de nuestro país, por lo que debemos enfrentar las adicciones, tanto las conocidas a sustancias como las del tipo comportamental y velar por la salud de nuestros niños y jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el cual se adiciona al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud un Capítulo V, denominado ``Programa contra las Adicciones Comportamentales'', y los artículos 193 Bis al 193 Bis 3, para quedar de la siguiente manera:

Título Undécimo. Programa contra las Adicciones

Capítulo V. Programa contra las Adicciones Comportamentales

Artículo 193 Bis. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra las adicciones comportamentales que comprenderán, entre otras, las siguientes acciones:

La prevención, el tratamiento y la rehabilitación de problemas originados por adicciones comportamentales.

Segundo. La educación sobre los efectos nocivos de las adicciones comportamentales en la salud y en las relaciones sociales, escolares y familiares, dirigida especialmente a la familia, a los adolescentes, a través de medios de comunicación.

Tercero. La educación a la familia y a la sociedad sobre los diversos tipos de las adicciones comportamentales.

Artículo 193 Bis 2. La Secretaría de Salud elaborará un programa de investigación neurobiológico, psicológico y fisiológico sobre las adicciones comportamentales, y lo ejecutará en coordinación con los institutos nacionales de Psiquiatría, de Neurología y Neurocirugía, el cual incluirá:

Primero. Las causas de las adicciones comportamentales y las acciones para combatirlas.

Segundo. Los efectos de la publicidad en las adicciones comportamentales.

Tercero. Los efectos nocivos y repercusiones de las adicciones comportamentales sobre el ámbito familiar, escolar, laboral y social.

Cuarto. La morbilidad entre las adicciones comportamentales y las adicciones a sustancias.

Artículo 193 Bis 3. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con las autoridades estatales.

Artículo 193 Bis 4. La Secretaría de Salud establecerá un programa de actualización en el estudio de las adicciones comportamentales que incluya, además de a los trabajadores de la salud, preferentemente a los maestros de educación básica, media superior y superior.

Artículos Transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 60 días, realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de noviembre del 2006. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PNA

La suscrita, diputada federal Silvia Luna Rodríguez, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículo 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la cual se adiciona un Capítulo Quinto, denominado ``Programa contra las Adicciones Comportamentales'', al Título Décimo Primero, ``Programas contra las Adicciones'', y los artículos 193 Bis al 193 Bis 4, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día, uno de los motivos de consulta más frecuentes en el área de la psiquiatría, y especialmente en la dedicada al cuidado y atención de adolescentes, está vinculado con la manifiesta preocupación de los padres por ciertas modificaciones conductuales de sus hijos, niños y adolescentes; los cambios que ellos refieren, incluyen desobediencia a padres y maestros, desinterés por las actividades escolares con el consiguiente fracaso escolar y desatención en las actividades cotidianas, cambios que se encuentran ligados a modificaciones de hábitos del niño o joven en cuestión y que se hayan vinculadas, sobre todo, con la dedicación y satisfacción de los tiempos libres y las actividades lúdicas, en que el niño o joven paciente en cuestión ocupa todo su tiempo en desempeñar únicamente una actividad o hábito, desatendiendo, como ya se ha señalado, el resto de sus actividades.

Ante este problema, que por cierto ha mostrado un gran crecimiento en el mundo entero en los últimos años, los especialistas en ciencias de la conducta y la salud mental han empezado a reconsiderar si un grupo de entidades clínicas que fueron incluidas por primera vez en el año de 1980 en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales(DSM) como trastornos de la personalidad, y que incluían la ludopatía, la tricotilomanía, y la onicofagia, en realidad se deban ubicar en el rubro de las adicciones, lo que requiere ampliar el panorama del diagnóstico en salud mental y no tan sólo referirse a las clásicas adicciones a sustancias, y que en este caso se requiere incluir las conductas adictivas o del tipo comportamental.

Posteriormente a la anterior referencia, en la última versión del DSM-IV se ubicó este tipo de enfermedades en el apartado de trastornos del control de los impulsos, aun y cuando se sabe que el perfil clínico de los adictos comportamentales y el enfoque terapéutico requerido sea muy similar a los del resto de las adicciones a sustancias.

De la falta de una descripción moderna --lo que complica su catalogación-- se puede comprender que, debido a que todavía no hay una exacta definición en los instrumentos mundiales de diagnóstico psiquiátrico para este tipo de adicciones, es que se les denomina de diversas maneras, según cada autor, así tenemos que se les llama adicciones comportamentales, conductas adictivas, adicciones psicológicas, adicciones sin drogas y nuevas adicciones.

Para efecto de nuestra propuesta nosotros adoptaremos la definición de adicciones comportamentales.

Aunque tradicionalmente el concepto de adicción había estado ligado al de alguna sustancia, cada vez más se acepta la idea de las adicciones sin sustancia, ya que esta comprobado que, casi cualquier conducta es susceptible de convertirse en adicción y aumenta la intensidad del debate, porque además son cada vez son más los sujetos que requieren de atención médica especializada, debido a los problemas que suscitan las dependencias.

Algunos autores señalan que cualquier conducta repetida deja de ser un hábito o afición en el momento en que la persona pierde el control sobre la repetición de la misma, aumenta la intensidad, la frecuencia, la cantidad de tiempo y de dinero invertido en ésta y, sobre todo, en la medida que esta adición interfiera con su vida escolar, laboral, profesional, familiar y social y se pierda interés por otro tipo de actividades.

La dependencia, en el caso de las adicciones comportamentales se ve en la necesidad, que es incluso somática, de realizar la conducta o el hábito que se ha hecho adicción, y señalamos que la dependencia no es sólo psicológica, ya que el síndrome de abstinencia en el caso de las adicciones comportamentales es aun más persistente y difuso que en las adicciones a sustancias, además tenemos visiblemente la supeditación del estilo de vida al mantenimiento de la conducta adictiva.

Desde hace un par de décadas se han desarrollado diversas líneas de investigación neurobiológica para explicar los mecanismos etiológicos de la enfermedad, de los cuales sobresalen cuatro teorías principales: la primera de ellas, que considera las adiciones comportamentales como un trastorno del control de los impulsos y que supone la implicación de mecanismos serotoninérgicos; la segunda, que señala como fundamento un nivel de activación y un rasgo de búsqueda de sensaciones que sustentaría una alteración del sistema noradrenérgico; la tercera, que hace hincapié en la relación de las adicciones comportamentales con otros trastornos adictivos, y la última, que las explica como un trastorno psiquiátrico del orden obsesivo-compulsivo.

Más recientemente se ha sumado a las anteriores hipótesis o teorías la que enuncia un origen hereditario, toda vez que existe una alta frecuencia de antecedentes familiares de los adictos comportamentales diagnosticados, que según algunos autores es de hasta 35 por ciento en padres.

Las adicciones comportamentales se definen como aquellas conductas que producen placer o que evitan la incomodidad, en las que hay un patrón consistente en una excesiva preocupación y deseos intensos de satisfacer la necesidad de llevar a cabo la conducta adictiva, sumada a una pérdida del control, caracterizado por la incapacidad de detener la conducta una vez que se ha iniciado y la aparición de un síndrome de abstinencia, con la presencia de síntomas físicos y un fenómeno de tolerancia, es decir, la necesidad de aumentar la cantidad y tiempo de la conducta adictiva, que equivale al incremento de la dosis en las adicciones a sustancias.

Diversos autores han encontrado que la edad de inicio promedio en las conductas adictivas es entre los 12 y 14 años de edad, tiene mayor incidencia en el sexo masculino en una relación de 3 a 1, con excepción de la ludopatía o adicción al juego y la adicción a las compras, las cuales son más frecuentes en mujeres, aunque las manifestaciones clínicas de la ludopatía son más graves en los hombres. Aunado a lo ya referido, lo más importante y, obviamente, lo que es más grave que se ha observado es que, a las adicciones comportamentales se suma el consumo de sustancias y esta multiadicción es hasta del 45 por ciento, en el caso de los adolescentes se observa este porcentaje en el consumo de tabaco y alcohol, a los cuales posteriormente se suman sustancias psicoativas, como la mariguana.

Resalta además, en el caso de la psicopatología de los adictos, que hasta un 72 por ciento de ellos presentan alguna vez un cuadro depresivo, tienen multiadicciones en un 57 por ciento y el 52 por ciento tiene trastornos afectivos y se observa una tendencia mayor al suicidio que en el resto de la población.

Son tan numerosas las nuevas adiciones comportamentales, que han requerido una clasificación de éstas; a continuación, señalaremos las más importantes por sus riesgos y peligrosidad para el paciente y su entorno social: en primer lugar tenemos las adicciones relacionadas con los instintos tales como las vinculadas con la ingesta --entre las que sobresalen la adición a la ingesta desmesurada de alimentos--, siendo la más importante la del consumo de golosinas; en segundo lugar están las adiciones al sexo --que se manifiesta por una necesidad imperiosa de tener actividad sexual con personas anónimas y se repite en forma mecánica, incluso sin ser satisfactoria-, así como la adicción a la utilización del teléfono en conversaciones de contenido erótico u obsceno y la adicción a la pornografía; en tercer lugar están las adiciones comportamentales del orden social, que incluye la adicción al trabajo, la adicción a las compras --a la que Kraepelin denominó ``oniomanía''-- y que se define como una compra compulsiva, irreflexiva, no planificada y repentina, así como la adicción a los videojuegos, al Internet, al futbol y al éxito. Existen adicciones a conductas que generan riesgo o peligro, como la adicción a los deportes extremos, la cleptomanía, el síndrome de Munchaussen, que es asumir papel de enfermo sin estarlo, y la ampliamente conocida ludopatía o adicción a los juegos de azar.

De todas las anteriores adicciones a conductas podemos claramente observar que las referidas al uso del Internet, a deportes extremos, a los videojuegos, la ludopatía, al futbol, al consumo de golosinas, la adicción al sexo, a las conversaciones telefónicas y el denominado zapping, o jugueteo con los controles remotos; son realizadas preferentemente por adolescentes e incluso por niños y que, además, lo más grave es que todas éstas son anunciadas, motivadas y promovidas en los medios masivos de comunicación.

Es preciso reconocer que existen intereses económicos ilegítimos detrás de la promoción de las conductas adictivas, debido a los ingresos que éstas generan; tal es el caso de programas de televisión donde se hace proselitismo y apología a los deportes de alto riesgo, en los cuales se convierte en héroes juveniles a adictos comportamentales, incluyendo algunas conductas antisociales, y que decir de los modelos que se presentan a la niñez en materia de videojuegos y las adicciones al Internet, que incluye las conversaciones en grupo las cuales han sido denominadas como ``chatear''.

Como resultado del análisis anterior, no es de extrañar que grupos mercantiles sin ninguna ética apuesten al desarrollo de las adicciones juveniles, más aún cuando sabemos que este tipo de adicciones hasta hoy no están prohibidas, mucho menos tipificadas ni penalizadas; además, es preciso que todos sepamos con claridad que las adicciones comportamentales serán la puerta de entrada a las adicciones a sustancias, como ya ha sido ampliamente señalado por diversos grupos de investigadores y que la proliferación de las multiadicciones trae consigo el desmembramiento de la familia y la sociedad.

En el caso específico de una de las más frecuentes adicciones comportamentales, que es la adicción al juego de azar o ludopatía, las mafias internacionales apuestan a la creación de centros de juego y apuestas en todo el mundo; hoy invierten millones de dólares en cabildeos para legalizar esta actividad en México y otros países, donde la sociedad ha impedido su penetración. En el caso específico de nuestro país esta situación agravaría la inseguridad, la impunidad, la violencia y la criminalidad.

Es necesario establecer una moderna legislación que impida el crecimiento de este tipo de adicciones, que afectan sobre todo a los niños y a los adolescentes y que los conducen a conductas antisociales como el robo, la mentira, la vagancia, a multiadicciones, a problemas familiares, deserción escolar y eventualmente a depresión, trastornos psiquiátricos y suicidios, por lo cual proponemos una normatividad sustentada en el conocimiento científico de este tipo de padecimientos que incluya su prevención, tratamiento y rehabilitación.

Debemos afrontar que nunca antes la niñez y la juventud habían estado tan gravemente expuestas a un fenómeno tal como las adicciones comportamentales, ya que los grupos dedicados a la promoción de estas adicciones pueden hoy actuar con toda impunidad, simultáneamente en varios países, sin que los niños y jóvenes tengan ninguna protección y que la prevención a las adicciones debe incluir acciones desde las instituciones educativas, sanitarias, laborales, políticas y los legisladores deban actuar en concordancia al bien jurídico que constituye la salud.

Es urgente reflexionar en que los niños y jóvenes que presentan una conducta adictiva deben ser referidos a centros de atención especializada en salud mental y que las escuelas e instituciones de educación media superior y superior deben formar recursos apropiados para la referencia y atención de este tipo de problemas.

Compañeras y compañeros diputados, no podemos negar las evidencias científicas y sociales sobre este creciente problema de salud pública, que afecta de manera particular a nuestra juventud; tampoco podemos obviar nuestro compromiso para combatir efectivamente con normas adecuadas las conductas que vulneran a la sociedad en su conjunto; yo los invito a que contribuyamos a salvaguardar los valores éticos y sociales de nuestro país, por lo que debemos enfrentar las adicciones, tanto las conocidas a sustancias como las del tipo comportamental, y velar solícitamente por la salud de los ciudadanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y las disposiciones señaladas al inicio de este documento, y de las responsabilidades que la ley me confiere para legislar en materia de las necesidades de la sociedad, me permito someter ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto por el cual se adiciona al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud un Capítulo Quinto, denominado ``Programa contra las Adicciones Comportamentales'', y los artículos 193 Bis al 193 Bis 3, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud

Título Décimo Primero Programas contra las Adicciones

Capítulo V Programa contra las Adicciones Comportamentales

Artículo 193 Bis. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra las adicciones comportamentales, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención, el tratamiento y la rehabilitación de problemas originados por las adicciones comportamentales.

II. La educación sobre los efectos nocivos de las adicciones comportamentales en la salud y en las relaciones sociales, escolares y familiares, dirigida especialmente a la familia y a los adolescentes, a través de medios de comunicación.

III. La educación a la familia y a la sociedad sobre los diversos tipos de las adicciones comportamentales.

Artículo 193 Bis 2. La Secretaría de Salud elaborará un programa de investigación neurobiológico, psicológico y fisiológico sobre las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con los Institutos Nacionales de Psiquiatría y el de Neurología y Neurocirugía, el cual incluirá:

I. Las causas de las adicciones comportamentales y las acciones para combatirlas.

II. Los efectos de la publicidad en las adicciones comportamentales.

III. Los efectos nocivos y repercusiones de las adicciones comportamentales sobre el ámbito familiar, escolar, laboral y social.

IV. La comorbilidad entre las adicciones comportamentales y las adicciones a sustancias.

Artículo 193 Bis 3. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con las autoridades estatales.

Artículo 193 Bis 4. La Secretaría de Salud establecerá un programa de actualización en el estudio de las adicciones comportamentales, que incluya además de los trabajadores de la salud, preferentemente a los maestros de educación básica, media superior y superior.

Artículos Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 60 días, realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil seis.--- Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Luna. Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Barrios Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Rogelio Carbajal Tejeda, así como el diputado Enrique Barrios.

El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez:Gracias, señor Presidente, con su permiso:

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Los que suscriben la presente iniciativa, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo anterior con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El constante desarrollo de México y su transición en torno a la democracia ha dado lugar a que, con el transcurso de las legislaturas, se presente una clara manifestación de pluralidad política. Esto ha sido resultado de un largo proceso de apertura que ha permitido que las diversas fuerzas políticas queden representadas en mayor medida en el Congreso de la Unión.

En el contexto parlamentario de un grupo político dominante, la Ley del Congreso General de 1979 preveía, para el caso de conformarse una mayoría absoluta de diputados de un mismo partido, la figura de la Gran Comisión. Sin embargo, desde 1997, ha dejado de existir fuerza política alguna que detente la mayoría absoluta en el Congreso. Es por ello, que mediante acuerdo publicado el 12 de mayo de 1998, la Gran Comisión fue sustituida en sus funciones, por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

En virtud de lo anterior y a fin de plasmar los resultados derivados de la pluralidad y la democracia en México, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de septiembre de 1999, suprime definitivamente la figura de la Gran Comisión, depositando sus funciones en la Junta de Coordinación Política y en distintas Comisiones. Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al procedimiento de juicio político, particularmente respecto de la integración de la Subcomisión de Examen Previo y de la Sección Instructora, presenta una discrepancia con la actual Ley Orgánica del Congreso, pues aun hace mención a la figura de la Gran Comisión.

Por lo anterior, es menester llevar a cabo las correcciones necesarias a fin de que se encuentre acorde con la estructura del Congreso General.

Asimismo, con fecha 29 de septiembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificando las comisiones ordinarias que integran la Cámara de Diputados, estableciendo así a la Comisión de Gobernación como una Comisión independiente de la de Puntos Constitucionales. No obstante lo anterior, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que la Subcomisión de Examen Previo se integrará por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Asimismo, la Cámara de Diputados de esta LX legislatura aprobó el 17 de octubre del presente año, un decreto de reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, mediante el cual se separa a la Comisión de Justicia de la de Derechos Humanos, constituyendo así distintas comisiones.

En este contexto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debe ser modificada con el objeto de ser concordante con las reformas que anteriormente se mencionan, estableciendo así que la Subcomisión de Examen Previo, que se constituye para efectos del juicio político, se componga por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Con la reforma que se propone, además de lograr concordancia entre las leyes que nos ocupan, se busca facilitar el trabajo de la Comisión de Gobernación, porque, en virtud de la discrepancia que ya se ha mencionado, se ha generado un conflicto al momento de conformar la Subcomisión de Examen Previo, misma que debe integrarse junto con las comisiones ordinarias. Siendo nuestra labor como legisladores no sólo proponer nuevas leyes o modificar las existentes desarrollando nuevas ideas, sino también procurar que en la medida en que nuestros ordenamientos se van modificando, exista concordancia entre unos y otros, consideramos relevante la reforma que se propone, pues con ella se respaldará el trabajo que se ha ido generando en el transcurso de nuestras funciones y las de nuestros compañeros legisladores.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 10, el primer y tercer párrafo del artículo 11 y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

Artículo 11. Al proponer la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la integración de las Comisiones para el cumplimiento de las atribuciones y el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Junta de Coordinación Política, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.

Artículo 12....

a) a d) ...

e)La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez que la actual Comisión de Justicia y Derechos Humanos se separe en Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, corresponderá a la Comisión de Justicia junto con la Comisión de Gobernación, conocer de los procedimientos de juicio político, en los términos que fije la ley.

Tercero. Los asuntos que venían conociendo las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subcomisión de Examen Previo, se seguirán conociendo en los términos que disponga la ley, por los integrantes de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, en dicha subcomisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006. --- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barrios. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia saluda respetuosamente a los integrantes del Consejo Nacional de Estudiantes del Estado de Puebla, que nos visitan en esta sesión. También saluda a los estudiantes del centro educativo Jean Piaget, bachillerato de Córdoba, Veracruz; invitados del diputado Buganza.

ARTICULOS 73, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Enrique Serrano Escobar:Con su permiso, diputado Presidente: honorable Asamblea.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Enrique Serrano Escobar, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 73, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El gasto público de los tres órdenes de gobierno se ha visto presionado para crecer a un ritmo mayor que el de los ingresos, debido al incremento de las necesidades de la población. Satisfacer dichas demandas requiere de gobiernos más fuertes, con mayores recursos y más autónomos.

No en balde, cada año somos testigos de las propuestas, iniciativas y debates que se desarrollan en busca de mayores recursos para los estados y municipios. Sin embargo, un gran porcentaje del gasto se encuentra comprometido y los recursos descentralizados a entidades federativas y municipios resultan insuficientes.

Por otra parte, el esquema actual del federalismo fiscal genera que la mayoría de las entidades federativas dependan, para su gasto anual, en más del 90 por ciento, de los recursos federales.1

No obstante que los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios han crecido de manera importante en los últimos años, resultan insuficientes para cumplir sus mandatos constitucionales de gasto. Lo cual se agrava al no tener contribuciones propias de peso recaudatorio relevante, haciendo mínima su corresponsabilidad fiscal.

El hecho de que, bajo el actual esquema, sea en gran parte la legislatura federal, y no la local, la que decida en que deben gastarse la mayor parte de los recursos e incluso si las entidades deben o no tener un impuesto local de peso recaudatorio, mantiene subutilizada la capacidad generadora de recursos para las entidades federativas. Sin embargo, la obtención de los nuevos recursos para atender dicha necesidad financiera debe ocurrir con visión de mediano y largo plazos, hasta lograr una mayor correspondencia entre la carga tributaria nacional, la satisfacción de las demandas de la población y la capacidad contributiva de la economía.

Para el fortalecimiento del federalismo se debe iniciar la descentralización responsable y aprovechar la capacidad generadora de recursos de las entidades federativas y de los municipios, a fin de que mediante actividades propias, aprobadas y reguladas por sus legislaturas, se contrarreste la excesiva dependencia que tienen del ámbito federal y puedan recuperar el papel que largos años de centralización y burocratismo les arrebataron, obteniendo así una mayor autonomía financiera.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad dotar a las entidades federativas de otras prerrogativas que les permitan obtener recursos adicionales, convirtiendo en coincidente una facultad que hasta hoy ha sido competencia exclusiva de la federación; me refiero a la facultad de organizar, legislar y crear sorteos de carácter local, cuando éstas no ocurran simultáneamente en el nivel nacional o en dos o más estados permitiendo con ello fortalecimiento de sus finanzas públicas.

La Lotería Nacional es, por antonomasia, símbolo de tradición mexicana, habiendo sido creada desde 1770, en épocas del Virreinato, como un instrumento para crear beneficios a la corona. Desde entonces ha destinado los recursos obtenidos a la asistencia pública. Sin embargo, y a pesar de que su objetivo principal es apoyar las actividades del Ejecutivo en el campo de la asistencia pública, resulta insuficiente el beneficio obtenido en este renglón.

Es por ello que, lejos de pretender la eliminación de la institución que representa la Lotería Nacional o de etiquetar el destino de sus ingresos, se busca fortalecer las atribuciones de las entidades federativas para reglamentar y regular las loterías que se realicen a nivel estatal, a través de la creación de organismos públicos descentralizados que les permitan obtener ingresos adicionales, cuando no ocurran simultáneamente a nivel nacional o en dos o más estados.

De igual forma, no se pretende trastocar las facultades que actualmente se confieren a la Secretaría de Gobernación, a través tanto de la Ley Federal de Juegos y Sorteos como de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en materia de juegos y sorteos de índole nacional, ya que, bajo el principio de exclusión que se consagra en el artículo 124 de nuestra Carta Magna, es facultad reservada a los estados las que no se confieran expresamente a los funcionarios federales.

Los sorteos a se refiere esta iniciativa no deben entenderse como casinos o cruce de apuestas de cualquier índole, ni a que éstos se otorguen o puedan ser concesionados a personas físicas o morales distintas al gobierno estatal, sino como el hecho de facultar a los estados para que, a través de un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo estatal, puedan celebrar sorteos de manera autónoma, para maximizar la generación de recursos, que les permitan apoyar las prioridades estatales de educación, salud, seguridad, obras públicas y combate a la pobreza, trasladando para sí mismos la experiencia positiva que ha representado la Lotería Nacional durante muchos años, logrando así instrumentar una modalidad de loterías estatales.

La creación de organismos descentralizados será en aras de imprimir dinamismo en la atención de esta acción gubernamental, ahorrando pasos que impliquen el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados, sin perjuicio de estar sometidos a la vigilancia del Poder Legislativo estatal, por medio del órgano de fiscalización correspondiente.

Lo anterior se pretende lograrlo a través de la reforma de los artículos 73, 116 y 122 constitucionales, así como mediante la creación de una ley reglamentaria que establezca los criterios básicos para su instrumentación.

En este tenor, y siendo evidente la necesidad de impulsar el papel estratégico del las entidades federativas y municipios para aprovechar las oportunidades y afrontar positivamente los desafíos que nos imponen las nuevas condiciones de competitividad, promoviendo el desarrollo económico y social de las regiones, con un enfoque desde lo local; resulta, éste, un primer paso para que los recursos cuya operación y fuente de riqueza provenga de las entidades se distribuya de manera equitativa entre las haciendas estatal y municipal.

Diputadas y diputados que buscan mayores recursos para sus entidades federativas, ésta es una oportunidad. Si esta iniciativa se convierte en ley, le proveerá una fuente permanente de ingresos adicionales a las entidades federativas que tanto lo reclaman.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la aprobación de esta asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a IX....

X.Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas, sorteos de cobertura nacional, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

...

I....

II....

...

...

Las legislaturas de los estados estarán facultadas para legislar sobre la creación y administración de loterías públicas de carácter local, siempre y cuando los recursos que se obtengan sean destinados y enterados a las haciendas públicas estatales, sean participables a los municipios, se organicen y operen por el Poder Ejecutivo estatal u organismos descentralizados del mismo y se destinen a educación, salud, seguridad, obras públicas y combate a la pobreza en las entidades federativas.

III. a VII. ...

Artículo Tercero. se adiciona un inciso ñ) a la fracción V de la base primera del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando el vigente ñ) a ser o) y recorriéndose en su orden los demás incisos.

Artículo 122....

Base Primera. ...

I. a V. ... a) a n) ...

ñ) Para legislar sobre la creación y administración de loterías públicas de carácter local, siempre y cuando los recursos que se obtengan sean destinados y enterados a la hacienda pública del Distrito Federal, sean participables a sus órganos político-administrativos, se organicen y operen por el Ejecutivo del Distrito Federal u organismos descentralizados del mismo y se destinen a educación, salud, seguridad, obras públicas y combate a la pobreza en el Distrito Federal.

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Declaratoria a la nación; Primera Convención Nacional Hacendaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Serrano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, en nombre de los diputados Luis Fernando Rodríguez Ahumada y de él mismo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler:Gracias, señor Presidente:

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los que suscriben ciudadanos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta representación nacional, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país cuenta con más de 11 mil 500 kilómetros de litorales y una enorme diversidad de especies que le ofrecen amplias posibilidades de crecimiento en el mercado interno y en los mercados internacionales, razón por la cual el fomento de las actividades pesqueras contribuye al fortalecimiento de la economía nacional, a través de la captación de divisas procedentes de las exportaciones pesqueras.

Durante esta administración, el apoyo hacia las actividades pesqueras permitió que la producción creciera 9 por ciento, respecto al sexenio anterior, destacando la acuacultura como el motor principal de este sector productivo.

En efecto, a pesar de que en este sexenio la acuacultura sólo representó el 14 por ciento de la producción pesquera nacional, logró un crecimiento de 28 por ciento, mientras que la pesca de captura tuvo un ritmo de crecimiento de 7 por ciento, lo cual es reflejo de la situación que a nivel mundial se viene presentando en esta materia.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la contribución de la acuacultura a la producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos se ha incrementado de manera continua entre 1970 y 2002, al pasar de 3.9 a 29.9 por ciento de la producción total.

Este crecimiento supera el logrado en cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal. En todo el mundo, la tasa media de crecimiento anual de la acuacultura entre 1970 y 2002 a nivel mundial ha sido de 8.9 por ciento, mientras que la pesca de captura ha crecido solamente 1.2 por ciento y los sistemas de producción de carne de cría en tierra 2.8 por ciento.

Por otro lado, la producción acuícola en el mundo ha sido muy superior al crecimiento demográfico, puesto que en términos per cápita pasó de 0.7 a 6.4 kg. entre 1970 y 2002, es decir, a una tasa media anual del 7.2 por ciento, lo que se debe en gran medida al crecimiento declarado por China.

En 2002, la producción mundial acuícola (incluidas las plantas acuáticas) ascendió a 51.4 millones de toneladas en volumen y su valor alcanzó los 60 mil millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 6.1 por ciento en volumen y el 2.9 por ciento en valor. En 2002, los países de Asia representaron el 91.2 por ciento de la producción y el 82.0 por ciento del valor, mientras que China aportó 71.2 por ciento del volumen total y el 54.7 por ciento del valor.

De acuerdo con la FAO, las actividades de producción pesquera y acuícola proporcionaron empleo directo e ingresos a unos 38 millones de personas a nivel mundial en 2002.

Los pescadores y acuacultores representaban en 2002 el 2.8 por ciento de los 1,330 millones de personas económicamente activas en el sector agrícola en todo el mundo, frente al 2.3 por ciento de 1990.

En nuestro país, la importancia que cobra el sector acuícola ha sido reconocida por este Poder Legislativo mediante el impulso de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la que se pretende dotar a nuestro país de un instrumento jurídico que permita el ordenamiento de la pesca y acuacultura para fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible.

En este sentido, se considera necesario reconocer la importancia de la acuacultura en la denominación de la actual Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados, mediante una reforma al artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que permita incluir de manera expresa a esta actividad pesquera en el desarrollo de su trabajo legislativo, ya que si bien hasta el momento los asuntos relacionados con esta actividad son atendidos por esta Comisión, se considera pertinente actualizar su denominación, en función de la importancia que ha cobrado la acuacultura a nivel mundial.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

XXV. Pesca y Acuacultura Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputados: Luis Fernando Rodríguez Ahumada, Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Antonio Escaroz. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se pospone la iniciativa que habían inscrito los diputados Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Santos Arreola. También se pospone la presentación de la iniciativa de ley que habían inscrito los mismos diputados Arely Madrid, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Santos Arreola.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Horacio Emigdio Garza Garza, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Horacio Emigdio Garza Garza:Con su venia señor Presidente:

«Iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

Consideraciones generales

Los municipios y las entidades federativas aún mantienen grandes rezagos en materia de federalismo fiscal. La falta de potestades tributarias les hacen excesivamente dependientes de la gestión centralizada de la Federación. A pesar de los logros alcanzados en los últimos años, la búsqueda para darle más fortaleza e independencia a los estados y municipios sigue siendo prioritaria en la consolidación del México democrático.

Históricamente los estados y municipios han solicitado una mayor participación en los ingresos provenientes del cobro de peaje, en puentes nacionales e internacionales. La finalidad de dicha solicitud es la de brindar un mejor servicio a la ciudadanía través de la inversión en construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de impacto regional.

Ante el aumento considerable del flujo y aforo vehicular de las distintas carreteras, puentes y caminos del país, existe una creciente demanda por obras de infraestructura que permitan hacer frente a las nuevas necesidades de la población. El actual esquema de reparto de los ingresos provenientes de los puentes de peaje ha mostrado su insuficiencia para satisfacer las demandas señaladas.

La justificación original del cobro de peaje en los puentes se basa en la recuperación de la inversión inicial, así como en la posibilidad de cubrir los gastos de mantenimiento de los mismos. Sin embargo, el peaje se ha convertido en un impuesto que se carga a la población que utiliza estas vialidades, sin que ésta se beneficie sustancialmente por su pago.

Para lograr mejorar la infraestructura carretera alrededor de los puentes de peaje es necesario que los ingresos obtenidos se apliquen a ese concepto y no al gasto corriente.

La forma de garantizar mayores ingresos, es el incremento en la aportación máxima que la Federación, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), distribuye a los estados y municipios provenientes de las cuotas de los puentes de peaje.

Antecedentes

En junio de 1992 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal para permitir la cooperación de la Federación, los estados y los municipios, a fin de que con aportaciones de cantidades iguales se reformasen fondos destinados a la conservación, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los municipios con puentes de peaje operados por la Federación; la aportación de esta última, tenía como límite hasta el año de 1996 el 10 por ciento bruto de lo obtenido por la operación del puente.

En diciembre de 1995, se modificó el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un incremento del porcentaje máximo de aportación de la Federación de 10 por ciento a 25 por ciento de los ingresos brutos generados en cada puente.

El 14 de julio de 2003, se publicó, a iniciativa de la Cámara de Diputados, aprobada por el Pleno de la misma y ratificada por el Pleno de la Cámara de Senadores, una nueva reforma en el Diario Oficial de la Federación que modificaba sustancialmente el esquema que había venido operando. El nuevo esquema ampliaba el porcentaje máximo de aportación de la federación de 25 a 50 por ciento en aras de avanzar en el camino del federalismo fiscal. Sin embargo, dejó sin efecto los convenios celebrados con relación a puentes nacionales, puesto que únicamente se aplicaba con los estados y municipios donde existían puentes internacionales de peaje.

Posterior e inexplicablemente por parte de la Federación y de las Cámaras de Diputados y Senadores, el 30 de diciembre del mismo año del 2003, se publicó un decreto en donde se regresa al esquema de aportación máxima por parte de la Federación del 25 por ciento; lo que significó un retroceso injustificable en el impulso al federalismo y al fortalecimiento de las finanzas estatales y municipales.

La ley vigente funciona bajo un esquema de participación de la Federación que no se ha modificado desde 1995. Si incrementamos la aportación máxima de la Federación hasta un 50 por ciento, como se establece en el decreto del 14 de julio del 2003, se da un paso adelante en materia de federalismo fiscal y se cumple con la demanda por crear, mantener, reparar y ampliar la infraestructura que permita el buen funcionamiento de las carreteras y puentes. Además, la misma ley es clara al incentivar a los municipios a mantener un nivel de recaudación considerable en el impuesto predial y al prohibir la utilización de los recursos en gasto corriente, por lo que el uso correcto y destino de los mismos esta garantizado.

Con base en los motivos aquí expuestos, los diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proponemos regresar al esquema de participación de fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubiquen tales puentes, nacionales o internacionales; quienes podrán obtener hasta el 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que se deriven de la operación de los mismos, presentando esta iniciativa de ley con proyecto de

Decreto, que reforma al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 9-A de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existían puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20 por ciento del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50 por ciento y estados 50 por ciento.

Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50 por ciento mas uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la hacienda pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50 por ciento, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de éste decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2007 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Horacio Emigdio Garza Garza (rúbrica).»

Ahí queda esta propuesta para fortalecer el federalismo con responsabilidad y compromiso, que es el único camino que nos queda a los mexicanos para fortalecer la vida democrática de nuestra nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Horacio Garza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Humberto García Enríquez, María Luisa Bringas Espinoza y Domingo Sánchez Martínez puedan prestar servicios de carácter administrativo en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Matamoros, Tamaulipas, serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Humberto García Enríquez para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Bringas Espinoza para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Domingo Sánchez Martínez para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de noviembre de 2006.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Santiago Gustavo Pedro Cortés, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, José Jesús Reyna García (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 27 de octubre de 2006, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras, Jorge Andrés Soto Ruiz Barroeta, José Antonio Martínez Vargas, Miguel Adrián Chaparro, Olivia Islas Islas, Nelia Alicia Flores Hinojosa, José Guillermo Palacios de la Peña, Sandra Eugenia Lozano de la Fuente y Mónica Lucía Sánchez García puedan prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Estados Unidos de América en México y en los consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y de la carta de naturalización número 40837 de Mónica Lucía Sánchez García.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la embajada de Estados Unidos de América en México y en los consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional, y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras para prestar servicios como asistente en el Departamento de Recursos Humanos, en la embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jorge Andrés Soto Ruiz Barroeta para prestar servicios como visa clerk en la embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Martínez Vargas para prestar servicios como técnico en refrigeración y aire acondicionado en la embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Miguel Adrián Chaparro para prestar servicios como asistente de visas en el consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Olivia Islas Islas para prestar servicios como auxiliar administrativo en el consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Nelia Alicia Flores Hinojosa para prestar servicios como asistente consular en el consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano José Guillermo Palacios de la Peña para prestar servicios como empleado del Departamento de Visas en el consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Sandra Eugenia Lozano de la Fuente para prestar servicios como empleada del Departamento de Visas en el consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Lucía Sánchez García para prestar servicios como empleada del Departamento de Administración en el consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de noviembre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Santiago Gustavo Pedro Cortés, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 24 y el 27 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Édgard Alonso Ramírez Vázquez, Felipe Mauricio Vargas Cuevas y Mónica Lorena Ortega O'Lee puedan prestar servicios de carácter administrativo en las embajadas de Malasia y de Portugal, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de noviembre de 2006 se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno extranjero serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción 11 del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Édgard Alonso Ramírez Vázquez para prestar servicios como ejecutivo de mercadotecnia de la sección comercial de la embajada de Malasia en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Mauricio Vargas Cuevas para prestar servicios como empleado administrativo en la embajada de Portugal en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Lorena Ortega O'Lee para prestar servicios como empleada administrativa en la embajada de Portugal en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de noviembre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Santiago Gustavo Pedro Cortés, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura; En consecuencia, se pide a la Secretaría que ponga a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Humberto García Enríquez, María Luisa Bringas Espinoza y Domingo Sánchez Martínez para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, y en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras, Jorge Andrés Soto Ruiz Barroeta, José Antonio Martínez Vargas, Miguel Adrián Chaparro, Olivia Islas Islas, Nelia Alicia Flores Hinojosa, José Guillermo Palacios de la Peña, Sandra Eugenia Lozano de la Fuente y Mónica Lucía Sánchez García, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus consulados en Cuidad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; al no haber quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. No habiendo quien reserve artículo alguno, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Édgar Alonso Ramírez Vázquez, Felipe Mauricio Vargas Cuevas y Mónica Lorena Ortega O'Lee, para prestar servicios en las Embajadas de Malasia y de Portugal, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; al no haber quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento, pregunto a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no hay ningún artículo reservado, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónica.

Se emitieron 421 votos por la afirmativa. Hay unanimidad, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 421 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de proposiciones, esta Presidencia recibió la del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere la inclusión de una partida presupuestal para el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la inclusión de una partida destinada a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Muñoz Serrano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

I. Durante el periodo comprendido entre 1942 y 1964 se calcula que aproximadamente cuatro millones y medio de mexicanos fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas y en la construcción de vías en dicho país.

A los ex braceros, como se les ha conocido desde entonces, se les estuvo descontando durante esos años el diez por ciento de su salario, en calidad de fondo de ahorro, lo anterior tras la firma de un tratado entre México y Estados Unidos, que tuvo lugar bajo las presidencias de Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt, respectivamente.

Sin embargo, como ya todos saben, aunque el dinero producto de la retención fue depositado en el desaparecido Banco Nacional de Crédito Agrícola; éste nunca se entregó a los jornaleros cuando regresaron a México, situación a todas luces injusta para quienes hicieron grandes sacrificios al abandonar su tierra y a sus familiares en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los suyos.

II. Con el propósito de dar una solución justa a los braceros o a sus legítimos beneficiarios y como resultado de diversas reuniones entre las organizaciones de los ex trabajadores y autoridades tanto ejecutivas como legislativas se aprobó por el Congreso de la Unión la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.

Este fideicomiso tiene por finalidad otorgar un apoyo económico a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos durante los años de 1942 a 1964, de acuerdo con los procedimientos y reglas de operación que la propia ley establece.

El patrimonio inicial del fideicomiso en comento se constituyó mediante los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento que le dio vida, podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, durante el lapso de cinco años contados a partir del inicio de sus actividades o, por menor tiempo, en caso de que se haya cumplido con el fin objeto de creación.

III. Si bien los recursos aportados por el fideicomiso para los ex trabajadores migratorios han contribuido a reparar en parte la situación de injusticia social que prevalecía hasta antes de 2005, lo cierto es que estas aportaciones aún son insuficientes para dar una solución satisfactoria y total a las legítimas demandas de quienes trabajaron gran parte de su vida en Estados Unidos.

De igual forma, aunque el patrimonio del fideicomiso también puede incrementarse con los productos financieros que se generen por la inversión y administración de los bienes con que cuenta el fondo, así como por otros conceptos señalados por la ley, los ingresos que se generen por dichos rubros no serán suficientes para que en el periodo de vigencia del fideicomiso se alcance a cumplir con el objetivo de apoyar dignamente a los ex braceros y a sus beneficiarios.

Por tal motivo, considero que es un acto de justicia y de responsabilidad social que esta Cámara de Diputados, como representante de la ciudadanía, se involucre activamente en la solución de esta problemática y realice las gestiones necesarias ante el titular del Ejecutivo para aumentar los recursos presupuestales que se destinen al pago de adeudos a los trabajadores migratorios.

De esta forma, contribuiremos a mejorar la calidad de vida de quienes sólo reclaman lo que legítimamente les corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Gírese respetuoso oficio al titular del Ejecutivo para que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere la inclusión de una partida presupuestal destinada a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Inclúyase el texto en el Diario de los Debates de manera íntegra ytúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También se recibió del diputado Joaquín de los Santos Molina, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el Presupuesto 2007 considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 una partida destinada al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante esta soberanía a presentar punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Para solucionar la problemática de los ex trabajadores migratorios, en el año 2005 se constituyó, a instancia del Poder Legislativo y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. El Fideicomiso fue instituido para encauzar la solución de las demandas que venían prestando los ex trabajadores migratorios, con respecto a la bonificación de los ahorros que realizaron durante los años de 1942 a 1964.

3. El Fideicomiso fue el mecanismo institucional para encauzar la solución de las demandas que se venían presentando, sin embargo, la integración del padrón fue el motivo de inconformidades del proceso de registro y pago que han sido objeto los trabajadores mexicanos ex braceros.

La desorganización por parte de las mesas receptoras dispuestas para tal fin por la Secretaría de Gobernación, y que no han respetado los acuerdos sobre los requisitos, ha prolongado la inconformidad de muchos trabajadores ex braceros migratorios y de sus organizaciones por quedar excluidos de este beneficio social.

4. En el último informe trimestre del Comité Técnico del Fideicomiso, con fecha 30 de junio del 2006, informó el estado financiero de dicha fiduciaria, que arroja un saldo inicial de 145 millones de pesos, aplicables al 31 de diciembre del 2005, siendo que el Ramo 6, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005 se destinó para el pago de adeudo a ex braceros migratorios del 42 al 64, una partida de 298.5 millones de pesos. Lo anterior significa un déficit de 153.4 millones de pesos, mismos que dicho Comité Técnico no ha informado.

Asimismo, la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo, con fecha 6 de abril de 2006, exhortó a la Secretaría de Gobernación a que ampliará el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo del 2006.

5. Actualmente el Fideicomiso está administrando el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios y viene operando directamente los pagos a los beneficiarios. No obstante que se ha legislado para tratar de normar la operación del programa y a su vez se han emitido las reglas de operación del Fideicomiso, pero en el cual se han presentado irregularidades que se deben subsanar de inmediato, es por tal motivo que se exhorta a que el pago de dicho Fideicomiso se lleve a cabo no solo una sola exhibición, también debe llevarse a cabo de manera rápida y fehaciente debido a que Gobernación ya cuenta con un padrón de beneficiarios de dicho Fideicomiso, y como bien sabemos los acreedores a dicha prestación son personas adultas motivo por el cual varias de ellas están perdiendo la vida, sin poder así gozar de un beneficio que con esfuerzo recaudaron durante años de trabajo lejos de su familia.

6. Es necesario que las dependencias del Ejecutivo federal que intervienen en el Comité Técnico del Fideicomiso no solo transparenten las operaciones del Fideicomiso, de tal manera que hagan público el manejo de lo recursos y que a su vez se lleve a cabo el pago del mismo en una sola exhibición, así como se debe informar periódicamente a la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados.

Ya que conforme a lo establecido en su artículo sexto transitorio del decreto por el que se crea el fideicomiso, el Comité Técnico informará trimestralmente a la Comisión Especial de Braceros sobre el avance de la gestión que permita conocer la situación financiera y determinará en su caso la cantidad a presupuestar para el siguiente año.

7. El Fideicomiso debe asegurar que el servicio que está proporcionando Telecom para el pago de los giros a los ex trabajadores migratorios, sea eficaz, toda vez que existe un sinnúmero de casos en que se ha demorado el pago sin ninguna justificación y simplemente dan prioridad a otros usuarios señalando que ya no tienen recursos para cubrir el pago y haciéndoles saber que tendrán que esperar a que reciban numerario.

8. Debe ser considerado que un gran número de beneficiarios del programa, actualmente reside en los Estados Unidos de América, por lo que resulta muy complejo y costoso realizar el cobro de dicha pensión, por tal motivo es que se considera urgente la resolución al mismo, debido a la necesidad de instrumentar un sistema de pago único y rápido, el cual se podría llevar a cabo a la brevedad posible mediante los consulados mexicanos en ese país.

9. Es de destacar que por disposición legal, se debe tener preferencia en el pago de sus pensiones a los ex trabajadores migratorios de mayor edad, sin embargo las instancias encargadas de operar el programa lo están corrompiendo al hacer caso omiso de dicha disposición, negando así la preferencia a las personas mayores y optando por privilegiar a quienes pertenecen a organizaciones o agrupaciones con vínculos panistas.

Así como también la falta de difusión oficial que diera a conocer eficazmente los términos y requisitos para inscribirse en el padrón, generó desconfianza, pues se han presentado hechos fraudulentos que pretenden manipular a los ex trabajadores migratorios mexicanos.

10. Sabemos que es de suma importancia que se les otorgue a cada uno de los ex trabajadores migratorios que se encuentran registrados en el padrón, su parte proporcional de dicho Fideicomiso, ya que si revisamos los tiempos nos podemos percatar que son personas de edad avanzada y por tanto muchos de ellos están falleciendo sin recibir su atribución correspondiente, es entonces que se considera de imperiosa necesidad el otorgamiento a su prestación, de manera rápida y fehaciente.

Debemos evitar de manera inmediata no solo la partidización del programa, a su vez se debemos tomar las acciones correspondientes para que dichos trabajadores puedan recibir sus recursos de manera inmediata, sin necesidad de que se les atrasen sus pagos, ni reciban algunos, un trato preferencial.

Debiendo tener siempre presente la responsabilidad que nos demanda el ser representantes sociales, y cumplir con la obligación de atender los reclamos de los ex trabajadores braceros garantizándoles el pago correspondiente, el cual debe de efectuarse de manera eficaz y expedita.

11. Siendo en su caso la Secretaría de la Función Pública en el control de la fiscalización del programa quien en su caso además de aplicar las sanciones contra quienes resulten responsables, quien pudiera realizar de manera inmediata la propuesta para que todos aquellos ex trabajadores migratorios que se encuentren en el padrón de beneficiarios de dicho Fideicomiso el cual tiene en su poder la Secretaría de Gobernación recibieran el pago del dicho programa de manera rápida y el cual se debe llevar a cabo mediante una sola exhibición. Así como también por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es necesario y urgente que como instancia del Ejecutivo federal que remite a la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 considere, en dicho proyecto, una partida presupuestaria para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en mediante el cual se pueda otorgarles a todos y cada uno de ellos la prestación correspondiente durante ese mismo año, y procurando así dar por terminado en su totalidad dicho compromiso.

12. Es de considerarse que las Cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de representación social, así como, de control parlamentario al Ejecutivo federal, están obligadas a coadyuvar en la gestión de este tipo de apoyos para los ex trabajadores migratorios.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; a fin de que se pueda pagar en su totalidad la bonificación de los ahorros que realizaron dichos trabajadores durante los años de 1942 a 1946, y en el caso de los beneficiarios a este programa que residan en los Estados Unidos de América dicho pago se lleve a cabo a través de los consulados mexicanos en ese país.

Diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates.

FRONTERA NORTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De la diputada María Eugenia Campos Galván, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de los estados fronterizos en coordinación con el Ejecutivo federal que implanten estrategias sobre la problemática de la frontera norte.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos de los estados fronterizos que formulen e implanten en coordinación con el Ejecutivo federal una estrategia integral para abordar la problemática de la frontera norte, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1) La reciente promulgación en los Estados Unidos de América de una ley que contempla la construcción de un muro de poco más de mil kilómetros (700 millas) de la frontera con México, ha puesto de manifiesto la complejidad del tema migratorio en la agenda bilateral, así como las crecientes y substanciales diferencias en las visiones de ambos países al respecto. En México y América Latina, como ha sido demostrado a través de declaraciones de líderes y jefes de Estado y de gobierno, existe consenso sobre el rechazo a esta medida que además de ser inviable en su implantación, y previsiblemente ineficiente en su funcionamiento, tiene implicaciones de corte político en el que se vislumbra un distanciamiento entre Estados Unidos y los países al sur de su frontera, así como un aplazamiento de la solución a los problemas estructurales que aquejan a toda la región, incluidos los Estados Unidos.

2) Por si esto fuera poco, las medidas adoptadas por los Estados Unidos a partir de los ataques del 11 de septiembre, aduciendo a la seguridad nacional, han transformado la protección de la frontera entre dicho país del norte y México en un asunto de seguridad hemisférica, en el que, además de la lucha contra el terrorismo, han incluido temas como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tomando muy en serio las prioridades nacionales, es decir, de Estado, y muy poco las prioridades democráticas, es decir de los ciudadanos. Hecho que ha suscitado enfrentamientos con la postura mexicana, que tiene como una de sus prioridades en la agenda de política exterior la defensa y promoción de los derechos humanos y que ha manifestado en los foros apropiados, como se hizo en el caso Avena ante la Corte Penal Internacional y donde se obtuvo una resolución favorable a México en defensa de nuestros connacionales.

3) El endurecimiento de las medidas de seguridad y los controles fronterizos por parte de las autoridades norteamericanas, ha provocado un fenómeno de cuello de botella en las ciudades fronterizas que no sólo prolonga la estancia de los migrantes nacionales en tránsito, sino también a los procedentes de Centro y Sudamérica, así como el contrabando, crimen organizado y tráfico de drogas que han contribuido a la escalada de inseguridad, violencia y aumento generalizado de la criminalidad en la región. Además del incremento de la marginación, la pobreza y la desigualdad.

4) En ese sentido, los estados fronterizos se han visto rebasados no sólo por la emergencia de los carteles de drogas y crimen organizado en la región, sino también por un crecimiento poblacional fuera de control, entre otros problemas, que por su naturaleza exceden la competencia local pero tampoco son alcanzados de forma efectiva por las políticas implantadas a nivel federal.

5) Por lo tanto, es urgente que los gobiernos de los estados fronterizos, en colaboración con las dependencias federales correspondientes, tomen medidas para prevenir y contrarrestar los efectos que la expansión y extraterritorialidad que las políticas de seguridad nacional norteamericanas tienen sobre sus estados, ya que, aun cuando la construcción del muro quizá no llegue a volverse una realidad, es un hecho que progresivamente las medidas de reforzamiento de la frontera han ido y seguirán aumentando con el paso del tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante este Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos locales de los estados fronterizos del norte del país, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, se impulse una estrategia integral de políticas públicas para prevenir y contrarrestar los efectos derivados del endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad en los Estados Unidos de América.

Diputada María Eugenia Campos Galván (rúbrica)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ZONAS METROPOLITANAS DE GUADALAJARA Y MONTERREY

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De los diputados Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que solicita integrar las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey como beneficiarias de los recursos del Fondo Metropolitano del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos del 2007.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de integrar las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey como beneficiarias de los recursos del Fondo Metropolitano del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, suscrita por los diputados Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El crecimiento desbordado de la población urbana de algunas ciudades capitales de nuestro país en las últimas décadas, como las de México, Guadalajara, Monterrey y otras, comparten un mismo territorio y han absorbido prácticamente a otros municipios en sus zonas conurbadas, lo que está generando una serie de problemas y demandas sociales, que por su magnitud y complejidad los gobiernos municipales involucrados no alcanzan a resolver, en materia de asentamientos humanos, infraestructura y desarrollo urbano, agua potable, transporte público y seguridad pública por citar algunos.

Siete de cada diez mexicanos vivimos en zonas urbanas, y más de la mitad vivimos en las 55 zonas metropolitanas del país; más de siete de cada diez mexicanos que habitamos ciudades, lo hacemos en zonas metropolitanas; la población en las zonas metropolitanas crece a un ritmo de 20 por ciento superior que el aumento promedio de la población del país (2.3 por ciento contra 1.9 por ciento). Este crecimiento se debe principalmente a la inmigración hacia estos centros urbanos proveniente del resto del país y a la incorporación de nuevos asentamientos a las metrópolis.

Esta nueva clasificación del sistema urbano nacional fue reconocida oficialmente el año pasado por las tres dependencias federales responsables de definir las orientaciones de política territorial y poblacional en México, y que son la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

De las 55 zonas metropolitanas, nueve superan el millón de habitantes; de ellas, dos se encuentran en un rango superior a los tres millones y sólo una, la megalópolis del valle de México --segunda en población a nivel mundial-- rebasa los 18 millones de habitantes; entre nueve zonas metropolitanas concentran poco más del 65 por ciento de la población que habita en la totalidad de ellas; la zona metropolitana del valle de México concentra por sí sola 32 por ciento de la población total de las 55 zonas metropolitanas y 55 por ciento de la población que habita en las nueve más grandes. En términos económicos, en las zonas metropolitanas del país se produce el 80 por ciento del producto interno bruto nacional.

Estas megalópolis, por su dimensión y población urbana, comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales y urgentes, ya que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos de los municipios involucrados para realizar las obras y servicios que demanda su población.

Los municipios que comparten este crecimiento metropolitano de sus ciudades, demandan la participación y apoyo conjunto y coordinado de los gobiernos estatales y federal para abatir dicho rezago y otorgar a sus habitantes los servicios apropiados para su desarrollo integral, mejorando la calidad de vida de su población.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al municipio la facultad de coordinarse y asociarse con otros municipios o con el estado para la prestación eficaz de los servicios públicos de su competencia, mediante la celebración de convenios o acuerdos que al respecto se suscriban sobre este particular.

La autonomía que la Constitución federal otorga a los municipios carece de trascendencia y sentido cuando estos carecen de una hacienda fuerte y solvente, cuando carecen de los recursos económicos suficientes para atender las necesidades prioritarias de su población; en este sentido, la facultad legal que la Constitución Federal otorga a los municipios y al estado (artículo115) para asociarse y coordinarse en la eficaz prestación de los servicios públicos, de su planeación y desarrollo urbano, constituye el instrumento jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de estas zonas metropolitanas.

La Ley General de Asentamientos Humanos, en su Capítulo IV faculta a la federación, estados y municipios para la planeación y regulación conjunta y coordinada en el tema de la conurbación; fijando la forma y contenido de los convenios correspondientes para la ordenación de zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura, para poner en operación políticas públicas, acciones e inversiones comunes y congruentes en este proceso de concertación entre las entidades estatales y los municipios involucrados; así como la suscripción de convenios entre entidades y municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, especificando las obras y acciones por financiar, la aportación de las entidades y municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano.

En este ámbito de competencias, el 13 de marzo de 1998 el gobierno del estado de México y el Gobierno del Distrito Federal suscribieron un convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como instancia de coordinación y colaboración bilateral en áreas de interés común, a fin de atender los temas metropolitanos en acciones conjuntas de gobierno para eliminar los rezagos en servicios y obras prioritarias; esta comisión ejecutiva, a su vez, impulsó la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, como fuente alternativa de financiamiento en las acciones y obras de alcance metropolitano.

El 22 de diciembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en donde se aprobó la inclusión del Fondo Metropolitano en merito a la voluntad y compromiso del actual gobierno federal, en el Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', con un monto de mil millones de pesos, clasificado como gasto de capital, para el desarrollo de acciones en infraestructura de comunicaciones y transporte en áreas conurbanas de la zona metropolitana de la ciudad de México; conforme a este decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería la encargada de administrar y ejercer los recursos del fondo, con la corresponsabilidad de que los gobiernos del estado México y del Distrito Federal aportaran una cantidad igual para el referido fondo.

En este contexto es importante resaltar que la población de las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, que enfrentan los mismos rezagos, retos y necesidades como la zona metropolitana de la Ciudad de México, requieren, en condiciones de igualdad y equidad de su población, ser consideradas e integradas como beneficiarias del fondo en cuestión para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, habida cuenta de que también cuentan con instrumentos legales e instancias de cooperación y colaboración en el ámbito de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales para la atención y solución de asuntos prioritarios de carácter metropolitano.

Al respecto, cabe citar la experiencia del Consejo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, creado el 6 de marzo de 1989, organismo de coordinación y concertación social para las acciones de alcance intermunicipal en la zona metropolitana de Guadalajara, con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipales conurbados (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapopan); consejo en el cual se han aprobado y ejecutado obras de infraestructura urbana de gran impacto y beneficio de su población.

En la ciudad de Monterrey también se cuenta con una instancia de gobierno denominada Agencia Estatal para la Planeación del Desarrollo Urbano, en la que participan el gobierno del estado y los gobiernos municipales metropolitanos (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Apodaca y Escobedo), instancia en la cual se han planeado y ejecutado obras de infraestructura prioritarias a su desarrollo metropolitano.

En consecuencia a lo anterior se propone que los recursos del fondo en cuestión se constituya con una aportación de las tres instancias de gobierno, en forma proporcional y equitativa, para su ejercicio en un ámbito de colaboración, coordinación y corresponsabilidad, proponiendo que los recursos del fondo sean liberados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público una vez que los estados y municipios de las zonas metropolitanas, garanticen el depósito de la parte proporcional que les corresponde respecto a los proyectos de las obras y acciones que se pretendan realizar.

Se solicita, asimismo, se exhorte al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social a modificar el rubro de Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas, del Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio del año 2007, para denominarse Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, atendiendo a la inclusión y participación de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey como beneficiarias del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta soberanía en pleno las siguientes proposiciones con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social a incorporar e integrar a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, como beneficiarias del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, relativas al Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a efecto de atender y resolver los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, atento a los motivos y fundamentos legales antes citados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social a modificar el rubro de Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, para denominarse Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos en los puntos de consideraciones de este acuerdo.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2007 sean incorporadas las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey, como beneficiarias del Fondo Metropolitano de Impacto Ambientaldel Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas''.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de Desarrollo Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública citados a establecer como condición en el ejercicio del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que los gobiernos estatales y municipales de las zonas metropolitanas beneficiadas aporten una parte proporcional del costo de las obras y acciones propuestas en un ámbito de colaboración, coordinación y corresponsabilidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de2006.--- Diputados: Carlos René Sánchez Gil, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público los puntos primero y segundo; y a la de Presupuesto y Cuenta y Pública los puntos tercero y cuarto.

LECHE LICONSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo sobre el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa.

El diputado Jorge Toledo Luis:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucionaly con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Como es del conocimiento de las diputadas y los diputados, el gobierno federal anunció, a través del consejo administrativo de Liconsa, el incremento de un peso al litro de leche que distribuye esta empresa paraestatal. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 de este mes, el día de mañana. No conformes con este aumento, el día de hoy se vuelve a trastocar la economía mexicana de forma dolosa y sin previo aviso con el aumento de la gasolina y el diesel. Es claro que este aumento inesperado a los combustibles afecta no sólo a los automovilistas, sino al aparato productivo nacional; atenta en contra la competitividad y el desarrollo de los sectores agropecuarios, industrial, artesanal, la comercialización y el bolsillo de las familias mexicanas.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifiesta su más enérgico rechazo a estas medidas, que atentan en contra de las familias mexicanas más desprotegidas. Rechazamos el aumento de la leche Liconsa porque lastima a los grupos tradicionalmente excluidos de la economía y de la política social formal. Recordemos que Liconsa abastece principalmente a las familias rurales y urbanas marginales, a más de cinco millones 800 personas, por lo cual el aumento del 28 por ciento a la leche es irresponsable, insultante y ofensivo para los más desprotegidos.

No es sensato que, a escasos 15 días de que expire, la actual administración implante este tipo de medidas que atentan en contra de las economías, de por sí ya deplorables, de los dos millones 744 mil 448 familias mexicanas que son beneficiadas por este producto básico. Las familias beneficiadas forman parte del 42 por ciento de la población del país que viven con menos de dos salarios mínimos al mes, como lo revela la última actualización censal del INEGI, salarios mínimos que sufrieron un incremento ínfimo del cuatro por ciento en el año 2006. Por tanto, es lastimoso que se dé un aumento del 28 por ciento a la leche Liconsa y que el salario de los trabajadores sólo sufra un aumento del cuatro por ciento. No es un punto de comparación en ambos rubros.

La sociedad mexicana no puede tolerar un aumento tan irresponsable e inconsciente, mucho menos en un producto de primera necesidad. Garantizar el abasto fue la justificante para tan lamentable aumento. Es patética la falta de capacidad y sensibilidad para la búsqueda de alternativas viables para garantizar el abasto, y que la única medida factible que se les ocurra sea el aumento excesivo en el precio de la leche. A este ominoso aumento de un peso sumémosle la iniquidad de la distribución de este producto; entonces serán cada vez menos las familias que demanden y obtengan los beneficios otorgados por la leche.

Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, sólo por mencionar algunos ejemplos, son los que tienen los más altos índices de marginación y el incremento representa para sus pobladores la restricción a sus niños; paradójicamente, son esos tres estados donde se concentra el mayor número de familias que requieren este apoyo. Ahí la leche Liconsa llega en menor cantidad, porque más del 50 por ciento de la distribución total se concentra en la zona centro del país, es decir, de los tres millones 125 mil litros de leche que se distribuyen, dos millones 104 mil 893 litros son consumidos en el Distrito Federal y el área metropolitana; muy contrastante a los cerca de 100 mil que se destinan a los tres estados marginados del sureste del país.

No nos apartamos de la distribución en dichas cantidades en esas áreas del país, pero demandamos que el producto llegue a los que más lo requieren. En esta medida representa la cancelación de una fuente fundamental de nutrición para garantizar el mínimo aprovechamiento escolar.

Es preciso mencionar que México produce el 2.4 por ciento del total de la leche mundial, por lo que no es posible que exista un sector lechero fuerte ni que este producto siga siendo accesible y a bajo costo en la población.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al gobierno federal y al Consejo de Administración de Liconsa a que se reconsidere y se retracte en su decisión de incrementar el precio de la leche que distribuye a la población del país, en un 20 por ciento, que entrará en vigor el día 17 de noviembre.

Segundo. Que de acuerdo con los datos con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social, se identifiquen las zonas de mayor marginación del país, para que el Consejo de Administración de Liconsa revise las rutas de distribución de la leche Liconsa, así como que el producto lácteo llegue a las regiones que más lo demandan y más lo requieran. Muchas gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, el gobierno federal anunció el incremento de 1 peso al litro de la leche que distribuye la empresa paraestatal Liconsa. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 pesos, como vino costando los últimos cinco años, a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 de este mes.

Mi grupo parlamentario, por medio de los diputados que suscribimos la siguiente proposición, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a esa medida, que atenta contra las familias mexicanas más desprotegidas.

Esta deplorable decisión se suma a otros hechos, como la desaparición de la Conasupo, de las bodegas rurales de abasto y del sistema de tiendas Diconsa. Son una cascada de acciones que, paulatinamente, pretenden desmantelar el sistema de políticas sociales que llevó más de medio siglo edificar.

Rechazamos esta medida porque elimina una de las pocas ayudas que reciben los grupos tradicionalmente excluidos de la economía y de la política social formal. Recordemos que Liconsa abastece principalmente a familias rurales y a las urbanas marginales, lo cual representa 5.8 millones de personas, que son las beneficiadas de ese producto lácteo. Esas personas se encuentran inmersas en 42 por ciento de la población del país que viven con menos de dos salarios mínimos al mes, como revela la última actualización censal del INEGI y que forman parte de la economía informal. Por ello, el aumento de 28 por ciento a la leche traerá como consecuencia mayor índice de desnutrición y severos riesgos en la salud, por los valores nutrimentales que aportan a los consumidores de tan importante producto lácteo.

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los estados de mayores índices de marginación, el incremento representaría a los pobladores la restricción a los niños a tener una formación y un crecimiento adecuados y demandados por los tiempos actuales. Sin embargo, no representará sólo impedimento a las familias de esos estados: será un fenómeno que se extenderá a lo vasto de nuestro territorio nacional y afectará a las familias más desamparadas.

Actualmente, un peso en la economía de este sector de la población representa el alejamiento de la posibilidad de dar de desayunar a los niños en la casa, la cancelación de una fuente fundamental de nutrición para garantizar el mínimo aprovechamiento escolar y laboral de nuestros niños.

México produce 2.4 por ciento de la leche mundial, por lo que no es posible que no exista un sector lechero fuerte ni que este producto siga siendo accesible y a bajo costo para la población de menores ingresos y que más lo requieren.

Con lo anterior, esta propuesta manifiesta nuestra censura al incremento de la leche Lincosa y hace un llamado al gobierno federal para que se cancele la decisión tomada y se mantenga el precio actual, con un criterio eminentemente social.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al gobierno federal y al Consejo de Administración de Liconsa a reconsiderar y retractarse de su decisión de incrementar el precio de la leche que se distribuye entre la población del país en 28 por ciento, que entrará en vigor el próximo 17 de noviembre de 2006.

Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Toledo. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Algún diputado quiere que se rectifique la votación?

Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento; ábrase el sistema de votación electrónica.

(Votación.)

Ciérrese el registro.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Señor Presidente, hay 224 en pro, 171 en contra, 4 abstenciones. No hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Irma Piñeyro.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Señor Presidente: sólo para solicitar que acentúe en el Diario de los Debates la votación, que quede claro que Acción Nacional se opone a la discusión y aprueba el aumento de Liconsa; pero además, Presidente, que sea publicada la lista de los votos que decidieron no llegar a la discusión.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma nota diputado, se toma nota.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Leticia Herrera.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale(desde la curul): Señor Presidente: igual, y estoy de acuerdo con el diputado Duarte, solicito que se publique en el Diario Oficial esta votación donde Acción Nacional está a favor de que Liconsa suba el precio de la leche para los que menos tienen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está en el Diario de los Debates la votación; gracias, diputada.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Claudia Cruz.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago(desde la curul): Señor Presidente: así como los diputados del PRI han solicitado que se integre al Diario Oficial quiénes fueron los que no votaron a favor de esta propuesta, yo sí solicito que tenga usted a bien también publicar los nombres de cada uno de los diputados que votaron en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día sobre el mismo tema...

Permítame la Asamblea, hay inscrito otro punto de acuerdo exactamente sobre el mismo tema. Si me permiten darle la palabra a la diputada Irma Piñeyro y a lo mejor convencen a quienes votaron en contra. Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias.

El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Alejandro Delgado.

Permítame, diputada Piñeyro.

El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy(desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente: solamente para señalar la distorsión que tratan de hacer algunos diputados. Yo quisiera pedir respeto, soy integrante de la Comisión de Prácticas Parlamentarias, donde estamos haciendo un análisis importante sobre la ley orgánica y los reglamentos. Ese tema incluye Presupuesto y necesitamos que vaya a la Comisión correspondiente para poderlo hacer.

Nosotros vemos, en la Comisión de Prácticas Parlamentarias, necesario poder ir modificando tanto la ley orgánica, también los reglamentos. Nosotros estamos a favor de los que menos tienen y necesitamos, por eso mismo, Acción Nacional, analizar con mayor puntualidad lo que hoy se está discutiendo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado, permítame.

Hemos escuchado todas las participaciones, pido respeto para escuchar también el punto de vista del señor diputado. Concluya, diputado.

El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy(desde la curul):Sí, nada más para concluir: en lo que sí estamos en contra es de que todo lo quieren resolver con obvias resoluciones o urgentes. No resuelve nada este tema si hoy lo aprobamos. Vamos a discutirlo en las Comisiones y seguramente ahí estaremos poniendo cada quien nuestro posicionamiento, porque es importante el tema presupuestal. Muchas gracias, señor Presidente.

LECHE LICONSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. A ver, pido a los diputados que están pidiendo la palabra que permitan que presente la diputada Irma Piñeyro su propuesta, que es sobre el mismo tema.

No está a discusión en este momento, diputado. Ya fue votada. Permitan que presente la diputada y después le doy la palabra, si me permite. Adelante, diputada Piñeyro.

La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias:Con su permiso, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Consejo de Administración de Liconsa a suspender el incremento establecido para la leche del programa Liconsa.

La suscrita, diputada federal Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el pasado informe presidencial (2006), la estabilidad económica no se ha reflejado suficientemente en la generación de empleos y fuentes de ingreso para atender, sobre todo, las aspiraciones de nuestros jóvenes. Por ello, generar trabajo digno y oportunidades de ingreso independientes para todas las familias y personas continúa siendo un reto para México.

El ritmo de crecimiento de la economía fue de alrededor de 1.9 por ciento en promedio anual de 2001 a 2005. Y precisamente es también de ese orden el crecimiento poblacional, por lo que se vive una situación de estancamiento grave.

De 2000 a la fecha, la tasa de desempleo abierto ha aumentado casi 80 por ciento, al pasar de una tasa 2.2 por ciento al inicio del presente gobierno a 4.4 en el presente año. A lo largo del sexenio se crearon apenas 1 millón 155 mil empleos, cifra que incluye tanto empleos permanentes como eventuales.

La desocupación abierta, que en 2001 afectaba a más de 600 mil personas, se fue expandiendo año con año hasta generar un déficit en la generación de empleos de aproximadamente 5 millones de mexicanos, de los cuales 2.7 emigraron a Estados Unidos y 2.5 se refugiaron en el mercado informal. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 (ONU) y con el Banco Mundial, el empleo en México ha caído por 180 mil desde 2001.

Siguiendo los estudios realizados por el Banco Mundial, México baja al lugar 70 en cuanto al ingreso por habitante (su ingreso per cápita en el último año fue de 6 mil 790 dólares), y al sitio 80 si el ingreso se mide por la capacidad real de compra, rango comparable con Bostwana, un pequeños país africano al sur del Sahara, con sólo 2 millones de habitantes. De acuerdo con la Cepal en cuanto a economías de la región en 2005, en 5 años el PIB por habitante creció a una tasa de tan sólo 0.4 por ciento. El ingreso de los hogares creció más despacio que el PIB, por lo que el nivel real de crecimiento del ingreso disponible de los hogares debe ubicarse en alrededor de 1 por ciento, o incluso menos. La recuperación del poder adquisitivo fue únicamente de 3.58 puntos porcentuales, es decir, 80 centavos.

La línea de pobreza no se ha abatido, por lo que más de 50 por ciento de la población mexicana se ubica en pobreza y cerca de 20 por ciento en pobreza extrema. Uno de cada cinco mexicanos no tiene lo suficiente para comer, mientras que 15.8 por ciento de las familias mexicanas es extremadamente pobre.

Cincuenta millones de mexicanos viven con 10 pesos diarios, mientras que un poco más de 4 millones se quedan con 80 por ciento del ingreso nacional.

En este contexto, el objetivo del Programa de Leche de Liconsa consiste en contribuir a la nutrición y al desarrollo de capacidades, garantizando un beneficio en el ingreso de familias en condiciones de pobreza, con la intención de proveerles leche fortificada con vitaminas y minerales a un precio autorizado por el Consejo de Administración.

La misión de Liconsa consiste en industrializar y distribuir leche de alta calidad al accesible precio de 3.50 por litro. Su infraestructura comprende 10 plantas productoras, las cuales distribuyen posteriormente 84 por ciento de la leche líquida y 16 por ciento en polvo, con 7 mil 240 distribuidores a lo largo del país en mil 793 municipios y 4 mil 916 localidades.

Las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche (PASL) 2006, definen como población objetivo a las familias que tienen dentro de sus miembros del hogar a niños de 6 meses a 12 años de edad, a mujeres en periodo de gestación y lactancia, enfermos crónicos y personas con discapacidad mayores a 12 años, adultos de 60 o más años, mujeres de 45 a 59 años y, mujeres adolescentes de 2 a 15 años; además deberán cumplir con los criterios de elegibilidad que justifiquen su condición de pobreza mediante la evaluación de la situación económica y social de las familias a través de la aplicación de un sistema de puntaje.

La cobertura del PASL va de 4 millones 185 mil 166 beneficiarios en 2000 a 5 millones 766 mil 835 beneficiarios en 2006; y de 2 millones 407 mil 710 familias en 2000 a 2 millones 774 mil 448 en 2006.

El PASL es único en el mundo, debido a que combina diversas características, como la integración de producción vertical, la estructura de distribución, el subsidio económico y la formulación de la leche. En general, el programa cuenta con la cobertura efectiva de 20 por ciento de su población objetivo, con un error relativo de inclusión de 16 por ciento. La operación de Liconsa es sumamente eficiente, por lo que absorbe la mayoría de sus costos. Sus beneficiarios muestran un alto grado de satisfacción en términos de servicio, calidad, precio y sabor de la leche.

El consumo de leche por las familias beneficiadas aumenta entre 60 y 100 por ciento (3 a 5 litros por semana), dependiendo de su economía familiar. Los ahorros en gastos alcanzan hasta 50 por ciento.

Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo de Administración de Liconsa a suspender el incremento establecido a la leche del programa Liconsa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, sí hay las dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Sonido en la curul del diputado Larios.

El diputado Héctor Larios Córdova(desde la curul): Señor Presidente, solicito se haga la votación nominal por la vía electrónica.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase hasta por dos minutos el registro de votación. Les recuerdo que se puede solicitar la rectificación de la votación, como se hizo en la ocasión anterior. Estamos haciendo el mismo procedimiento. Ábranlo por dos minutos.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Háganse los avisos del artículo 161 del Reglamento; ábrase por dos minutos el sistema electrónico.

(Votación.)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Los que no han votado, háganlo por favor. Ciérrese el registro y dé cuenta la Secretaría.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Ciérrese el registro. Hay una votación de 209 a favor; 175 en contra y 13 abstenciones. Señor Presidente, no hay las dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Marina Arvizu y del diputado José Luis Aguilera. Diputada Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas(desde la curul): Sí, señor Presidente. Sólo para aclarar que en las dos ocasiones no pude votar y que mi voto es a favor. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tome nota la Secretaría de un voto más a favor. Diputado Aguilera, sonido a su curul.

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Muchas gracias, Presidente: en nombre del grupo parlamentario, solicitarle copia certificada de la primera y segunda votaciones, con los tiempos que se marcaron. De manera muy atenta, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Barajas y luego...

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Sí, Presidente: para solicitarle que a través de la Presidencia pida a los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social y Agricultura y Ganadería que citen de manera rápida al director de Liconsa y explique el motivo de esta alza, debido a que la fracción parlamentaria de Acción Nacional no ha aprobado los puntos antes mencionados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido con todo respeto a las señoras y señores diputados, que se bajen de la tribuna. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Jorge Toledo Luis... Permítame. Sonido en la curul del diputado Ramírez Pech.

El diputado Édgar Martín Ramírez Pech(desde la curul): Señor Presidente, con el mismo derecho que le asiste a las otras fracciones parlamentarias para decir lo que les conviene y lo que mañosamente interpretan, la fracción parlamentaria de Acción Nacional desea que se inscriba también en el Diario de los Debates que en esta votación hay que dejar muy claro qué es lo que se estaba votando, y que no se votaba, de ninguna manera, una disminución o un aumento a ninguna...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Ramírez Pech. Señoras y señores diputados, les pido que nos respetemos, que escuchemos con respeto las ideas, aunque no estemos de acuerdo. Todos tienen derecho de decir lo que piensan en un espacio de libertad, como debe ser éste. Les pido respeto. Si alguien tiene algo más que decir, que pida la palabra. Diputado Ramírez Pech.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech(desde la curul): Continúo, señor Presidente: que se inscriba en el Diario de los Debates que lo que estaba en votación era si un asunto era votado de obvia o urgente resolución, no se votaba del incremento ni el decremento a nada. La posición de Acción Nacional es una posición de responsabilidad. Hay que recordar que la nueva Ley de Presupuesto establece que a todo gasto, que a toda erogación, que finalmente sería est

Acción Nacional lo que ha dicho con esta votación es que se estudie con serenidad, con responsabilidad el punto, y por supuesto que Acción Nacional, si existen recursos y financiamiento, está dispuesto a proteger a todas las clases desprotegidas que existen en México; pero que no sea mañosa la interpretación ni para los ciudadanos ni para los medios. Se votaba si un asunto era de obvia o urgente resolución; también pedimos copia certificada, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido en la curul del diputado Izquierdo.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante(desde la curul): Señor Presidente: solamente ratifico que se anote que para los que votaron en contra no son de urgente u obvia resolución los asuntos del pueblo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Varela.

El diputado Víctor Gabriel Varela López(desde la curul): Diputado: nada más es para solicitar que abra el debate si los compañeros del PAN están dispuestos a debatir, que debatamos allá arriba, no desde su tribuna, que sean por lo menos congruentes en esto; si para ellos vale más un reglamento que el hambre del pueblo, para nosotros no. Es todo, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Pedraza y después al diputado Duarte Jáquez.

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): A ver, no he entendido, gracias. Compañero Presidente, compañeros diputados, creo que este asunto si requiere discusión, no creo que la forma de expresarnos ahorita cuando hay asuntos delicados, que pueden enviar señales al pueblo de México que estamos dispuestos a construir y a construir con responsabilidad, se nieguen a debatir en este asunto.

Pido a usted, señor Presidente, con toda responsabilidad que nos abra el micrófono para que hagamos una lista de oradores y veamos por este punto y volvamos nuevamente a ver si es posible que se enderece esta votación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Solamente para ratificar que es un asunto que a partir de mañana se determinó el aumento, si no es eso de obvia o urgente resolución, no sé qué otro tema pueda ser. Por otra parte, que quede muy claro que la negación a la discusión es del mismo partido que promueve el aumento; no se pueden retirar precisamente de esa responsabilidad política.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Leopoldo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Sí, señor Presidente, no entiendo cuál es la razón; por qué las compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional tienen miedo al debate; por qué no quieren enfrentar esta situación, si siempre han hablado que quieren estar de frente y de cara al pueblo y no lo quieren hacer en este momento. A mí se me hace una actitud de mala leche esa de no querer debatir.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señor Presidente: quiero hacer una petición a los compañeros diputados y diputadas del PAN para que se pueda discutir este asunto; me parece un asunto de orden político, me parece un asunto fundamental, creo que ellos tienen argumentos; escuchémoslos, que nos digan cuáles son sus argumentos, discutámoslo, no nos neguemos al diálogo. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Jesús de León Tello, del PAN. Adelante.

El diputado Jesús de León Tello(desde la curul): Diputado Presidente: se están dando opiniones respecto al punto de acuerdo que ya fue votado, que no logró las dos terceras partes para que se considerara de urgente u obvia resolución; le solicito que se continúe con el desahogo del orden del día y que todas las opiniones se den en la comisión a la cual fue turnado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Javier González y después al diputado Rodríguez Prats.

El diputado Javier González Garza(desde la curul): A ver, compañeros, compañeras: efectivamente todos reconocemos que hubo una votación, estoy de acuerdo, lo que estoy argumentando es que éste, para todos nosotros, es un asunto de carácter político y entonces a usted, señor Presidente, le pido que abra en este momento el punto de agenda política para discutirlo en esos términos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido al diputado Javier González que se pongan de acuerdo los coordinadores; si lo solicita la Junta de Coordinación por consenso, se puede hacer lo que usted está pidiendo. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): En nombre del Partido Acción Nacional, que nunca ha rehuido el debate, lo aceptamos, y si les parece bien que pudiera ser a dos vueltas, con dos oradores por cada grupo parlamentario.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Gamboa.

El diputado Emilio Antonio Gamboa Patrón(desde la curul): Señor Presidente: iba a solicitarle que se pusiera en la agenda política, pero aceptamos el planteamiento del diputado Rodríguez Prats.

LECHE LICONSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que está listo el consenso de un tema de interés para todos, se anticipa la agenda política y está abierto el registro; pido que se anoten hasta dos oradores por grupo parlamentario. Se concede la palabra por cinco minutos a la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias:Con su permiso, señor Presidente: vengo a esta tribuna a refrendar el propósito que presenté en mi punto de acuerdo. Como legisladores, como representantes populares, no podemos estar ajenos a la necesidad de más de 50 millones de mexicanos. El México profundo ha sido severamente lastimado.

Debemos los diputados federales rescatar en nuestra responsabilidad respuestas y apoyos que son fundamentales para que ellos puedan encontrar un camino y una salida a la crisis y rezago histórico y estructural que han vivido.

Es en la Cámara de Diputados; somos los diputados federales los responsables de aprobar presupuestos. Hemos hecho rescates carreteros; hemos llevado a cabo votaciones para el rescate de los ahorradores. Podemos hoy, y se hizo en su momento en la aprobación del presupuesto del 2006; la previsión para un programa fundamental como es el de la leche para los niños más pobres. No dejemos sin un ingrediente mínimo a esas millones de familias mexicanas que requieren de este importante servicio.

Quiero pedir a mis compañeros diputados del Partido Acción Nacional que reflexionen y no hagamos de esto un debate político; es un debate de responsabilidad y compromiso social; es un debate que nos debe traer a la tribuna para que asumamos en nuestra responsabilidad también que demos respuestas a quienes nos trajeron aquí a esta Cámara de Diputados. Ellos han presentado un punto de acuerdo; no es una cuestión de trámite y técnica legislativa; es un hecho de carácter eminentemente social al que tenemos que dar respuesta hoy. El precio sube mañana. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Piñeyro.Tiene la palabra el diputado Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el gobierno del Presidente Fox asestó la estocada final a los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana, con el aumento del precio de la leche Liconsa.

En días pasados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Consejo de Liconsa dieron a conocer que se ajustaría al alza el precio de leche Liconsa en un peso, pasando de 3.50 a 4.50 cada litro. No se podía esperar menos de una administración que en seis años se ha dedicado a golpear de manera sistemática a la clase trabajadora de nuestro país.

Para los gobiernos neoliberales el abasto popular no es una cuestión prioritaria. En el sexenio de Miguel de la Madrid desaparecieron las tiendas de abasto popular Conasupo. Recordemos que en la administración del presidente Zedillo se buscó desaparecer Liconsa y Diconsa; esto sólo pudo ser impedido mediante la movilización y la protesta de los sectores afectados.

De los pilares de la política de apoyo social del viejo régimen sólo subsiste el programa de abasto de leche, que de acuerdo con las metas programadas para este año beneficiará a dos millones 774 mil 448 familias; lo que implica que poco más de cinco millones y medio de mexicanos podrán consumir leche de alta calidad a un precio preferencial.

La medida de elevar el precio de la leche Liconsa es particularmente lesiva para los mexicanos más pobres, porque este programa está enfocado a proveer de este vital alimento a los miembros más pequeños de la familia y a los adultos mayores.

Es necesario señalar que la estructura de abasto de leche del programa Liconsa funciona de manera eficiente, lo que permite que prácticamente no se opere con pérdidas, por lo que nos parece totalmente innecesario que se ajuste el precio al alza de este producto. Los propios directivos de Liconsa reconocen que en los últimos seis años el Programa de Abasto Popular de Leche Liconsa ha permitido a los beneficiarios ahorrar, de manera acumulada, más de 22 mil 284 millones de pesos, producto del diferencial de precios entre la leche fortificada que produce y distribuye y el precio promedio de las marcas comerciales de lácteos. Con el aumento recién aprobado, no cabe duda que millones de familias tendrán que destinar una mayor parte de sus ingresos para poder consumir leche Liconsa, lo que además provocará que dejen de comprar otros productos de la canasta básica.

Nos da la impresión que el gobierno de Vicente Fox está implementando medidas impopulares; es decir, aumento al precio de bienes y servicios del sector público para allanar el camino al nuevo gobierno que está altamente cuestionado, producto de la elección fraudulenta del 2 de julio. Vicente Fox, una vez más, le está haciendo el trabajo sucio a Felipe Calderón.

El día de hoy amanecemos con la noticia de que también incrementaron el precio de la gasolina Premium y del diesel. Este incremento en el combustible generará una escalada en los precios de otros bienes y servicios, porque los costos de transporte de mercancías y pasajeros se elevarán. Seguramente cerraremos el año con un incremento en el nivel de precios, que pondrá en riesgo la meta inflacionaria para este año. Es contradictorio que en las postrimerías de su mandato Vicente Fox abandoné su paradigma de férreo control de la inflación. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo rechaza de manera tajante que se estén dando estas acciones que afectan de forma directa al poder adquisitivo de los mexicanos.

Por las razones antes expuestas, nos sumamos al punto de acuerdo en comento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Luis Aguilera Rico:Con su permiso, señor Presidente; con el permiso de la Mesa Directiva: ésta es la carta de presentación de Felipe Calderón; así nos levantamos hoy los mexicanos, con gratas sorpresas que afectan nuestra economía; pero, hoy también, piensa Felipe Calderón que arrollando a los pobres él quiere rebasar por la izquierda.

Somos representantes populares, representantes de una nación que es México, que tiene hambre y sed de justicia. El voto que hoy el PAN da al punto de acuerdo es un voto ciego y los entendemos. Entendemos sus compromisos económicos que desde hoy están fraguando desde el equipo de transición de Felipe Calderón Hinojosa. No están enfrentando una responsabilidad social, lo que reclaman millones de mexicanos y que expresaron también en las urnas; llamarlos cómplices, amigos panistas, es poco; la pobreza de México no se mide con estadísticas y, sobre todo, esa realidad que ustedes se niegan a enfrentar.

Convergencia no traiciona la voluntad popular; somos un partido político de acuerdos y hoy se demostró, y estamos apoyando a una gran sociedad. Cómo se ve que al Partido Acción Nacional y a sus diputados no les interesa el tema del 1 de diciembre; no preparen una toma de protesta incierta, como hoy lo han comentado.

Más de 60 millones de pobres que inician y que precisamente quieren acabar con esa pobreza, los quieren acabar porque los están matando de hambre, por eso hay menos pobres en México y ésas son las estadísticas de un presidente, pero esta carta de presentación de Felipe Calderón no nos sorprende. Los comentarios que ha vertido en el extranjero, y más en los rincones del país, llegan a una conclusión; este binomio Fox-Calderón se está haciendo presente.

La pobreza está siendo lastimada; los pueblos indígenas donde llegan estos recursos son lastimados y es precisamente que en esta Cámara de Diputados tenemos que poner las reglas, tenemos que poner las condiciones; pero sobre todo, como legisladores, tenemos que ser responsables ante el pueblo de México. Somos diputados federales y así tenemos que presentarnos ante la nación. Dicen ustedes representar al pueblo de México; no se ve, señores diputados. No sean cobardes, voten una propuesta a favor de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Aguilera. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: simple y sencillamente podemos decir que el Consejo de Administración de Liconsa determinó incrementar el precio de venta del lácteo en un peso para ofrecerla al público a 4.50 bajo el argumento --si es que así le podemos llamar-- de que sólo así puede garantizarse el abasto.

Lamentablemente, lo anterior demuestra nuevamente una visión equivocada del objetivo del programa Liconsa; se les olvida que este programa está hecho para garantizar el consumo de leche a la clase más desprotegida de nuestro país, y con el incremento anunciado miles de mexicanos simplemente no podrán comprar leche, por lo que el objetivo del programa será verdaderamente inalcanzable. Además, se dice que los insumos y los ingredientes adicionales que se le han agregado al producto para disminuir la desnutrición de los niños no permite mantener el costo de 3.50 pesos por litro que se venía ofreciendo desde hace cinco años y medio, y agregan que es mejor que la actual administración saliente asuma el costo político --absurdo nuevamente--; y dicen que con esta determinación no heredará este costo político el próximo gobierno encabezado por Felipe Calderón.

Lo anterior es una afirmación ridícula y verdaderamente ofensiva, porque pone en términos de oportunismo político --y reitero--, oportunismo político, un asunto de primera necesidad para los más pobres de nuestro país; además de que genera duda sobre los motivos reales de aplicar hasta ahora dicho incremento. Creemos que, justamente, lo que están haciendo en la actual administración es heredar un problema al próximo gobierno, por no haber asumido el costo político de incrementar el precio de la leche conforme al índice de inflación. No es justo que se pretenda incrementar el precio en más de 28 por ciento de un solo golpe, cuando la inflación acumulada durante el presente año es mucho menor y cuando el incremento en el salario mínimo general alcanzó apenas --recordemos--cerca del cuatro por ciento.

Otro argumento esgrimido por Liconsa es que, aún con el incremento en el precio, éste se encuentra muy por debajo del precio de la leche comercial, que es de 9.30; nueve pesos con 30 centavos el litro. Esta afirmación trata de confundir y engañar y deja de lado el carácter social y subsidiario del programa. Es obvio que el precio debe estar muy por debajo del valor comercial; para ello fue creado y por eso surgen los subsidios financiados por el presupuesto, que además año con año nosotros aprobamos.

Finalmente, Liconsa reconoce que este incremento al lácteo, dice, causará molestias, solamente molestias entre sus 5.8 millones de beneficiarios, por lo que se espera una disminución en la demanda en los próximos tres meses, pero habrá una recuperación, porque esto ha ocurrido en otras ocasiones; claro, y en este análisis, nuevamente equivocado, de quienes aplican dicho programa se olvida que los efectos de nutrición en la salud de los miles que dejarán de consumir el producto es irreversible. Tal vez la demanda tienda a equilibrarse, pero los efectos en las personas no se equilibrarán jamás. La desnutrición seguirá adelante en este país.

Por lo anterior, reiteramos que la fracción parlamentaria del Partido Verde no acepta el aumento en el costo de la leche Liconsa. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada García Noriega. Tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Gracias, Presidente: saludo la oportunidad de tocar un tema tan importante respecto a la posición que está guardando el Ejecutivo federal a la salida del sexenio: ``Puedo decir tonterías, al fin que ya me voy''. Y vaya de qué tonterías hablaba: generar, a la salida del gobierno, de manera tan irresponsable, un terrorismo económico al país, con la inestabilidad política y las condiciones que guarda el país, no sólo en el aumento de la leche, en el aumento del diesel.

Pero, hablando del tema de la leche, que Acción Nacional trate de deslindarse de un debate y hoy renuncie a su vínculo con el gobierno federal en los aumentos; quieren ir sólo a las buenas con su partido y quieren darle la espalda en la responsabilidad que tienen en la Cámara de Diputados ante el pueblo de México. No es un discurso populista, es un discurso de reflexión respecto a las instituciones que hemos creado para atender los problemas sociales. Lo que hoy nos ahorremos en atender los programas de nutrición a los niños, mañana los pagaremos en salud.

Los programas fueron diseñados para atender los rezagos sociales y hoy, con artimañas, una empresa como Liconsa --que atiende un problema social fundamental-- tratan de destruirla porque han permitido los manejos poco claros de esa empresa; porque no hay claridad y ahí no funciona la Ley de Transparencia, porque de los cuatro millones 700 mil beneficiarios, como estamos demostrando, solamente un millón 700 cumplen los requisitos para acceder a ese programa.

Pero ésa es una trampa que le han tendido al gobierno del DF, a la zona metropolitana, porque de ese 80 por ciento de los lácteos que manejan subsidiados aquí en el centro del país, lo hacen de manera discrecional, sin transparencia. Y sostengo que es una trampa porque manejar este programa es muy fácil, es redituable, pero es una gran irresponsabilidad caer en la trampa de un gobierno que plantea desmantelar a las instituciones que atiendan los problemas fundamentales de la sociedad.

El aumento de la leche hoy tiene que ver naturalmente con una empresa que han estimulado a importar, a ser la empresa importadora más grande del mundo de leche en polvo. Solamente compran el cuatro por ciento de la leche a los productores de lácteos del país, y eso es canalizar recursos fiscales para estar atendiendo de manera clara intereses oscuros, llenos de corrupción. Pero no caeremos en la trampa de descalificar a Liconsa; no caeremos en la trampa de apostarle a destruir a Liconsa. Al revés, hay que poner muy claro quién está haciendo negocios, quién está rompiendo a esa empresa y que nos está llevando a una trampa sin salida para destruir las instituciones.

El aumento al diesel, el aumento a la leche, verdaderamente es --pobre Felipe-- un desastre de terrorismo inducido con la irresponsabilidad que ha caracterizado al Presidente Fox en el manejo administrativo, en el manejo irresponsable de los programas sociales, que los quiso mientras les dieron votos. Pero el año próximo habrá elecciones en 14 estados. Hoy suben la leche, pero va a bajar el PAN, va a bajar el PAN, porque habremos de decirle al pueblo de México quién impulsa desmantelar a las empresas que sirven para el desarrollo nacional.

No nos confundamos. Mientras sigan impulsando esas políticas irresponsables, habrán de seguir uniendo de manera muy clara al pueblo de México en contra de esas decisiones cupulares, faltas de sensibilidad. E insisto, no es ésta una posición que el PRI sostenga como demagógica o simple y sencillamente coyuntural. Es irresponsable que en una decisión de salida de gobierno, mientras en los seis años del gobierno de Fox subieron 12 pesos los ingresos en el salario mínimo, suban el 30 por ciento de jalón y de plumazo al valor de la leche que le llega al pueblo de México.

Es por eso que la irresponsabilidad en el diesel y en la leche tendrán que ver con el aumento de la leche, pero con la baja del PAN. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: qué lamentable la actitud del gobierno de derecha que encabeza Vicente Fox; qué actitud tan cínica y descarada en esta agresión que hacen a los pobres de este país. No se atrevieron a hacerlo antes del 2 de julio --hipócritas, cínicos--, porque sabían que les iba a costar votos en las urnas. Pero hoy --como ha sido característico de la derecha-- agraden a los más pobres de este país, incrementando 30 por ciento a la leche, que apoya principalmente a las familias más desprotegidas en las zonas más atrasadas del país; en la Sierra Gorda de Querétaro, en la sierra tarahumara, en el sureste, en Oaxaca, en Chiapas. Es muy grave lo que se está haciendo en contra de los mexicanos.

Que le quede muy claro a los mexicanos, es el partido de derecha, es el partido del PAN, que tradicionalmente, que históricamente ha estado en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Yo quiero plantear en esta oportunidad cuál ha sido el incremento que ha hecho a los salarios de los trabajadores: 5 por ciento; un aumento miserable. Y hoy incremento a la leche; y hoy también incremento a la gasolina y al diesel, cuando todos sabemos que el transporte público se mueve a través de este combustible, del diesel.

Por eso, los hemos exhortado a que, en un acto de patriotismo, en un acto de solidaridad humana, ustedes puedan votar a favor, respaldar la propuesta de que no se incremente el precio a la leche, que se siga subsidiando a las familias de los más pobres. Porque esto está generando que se quede sin subsidio una gran parte de la población rural y campesina, que siga incrementándose la desnutrición, como se ha venido informando por parte del Instituto de Solidaridad Pública, donde se manifiesta que el 12.7 por ciento ha crecido en desnutrición de los niños de las zonas urbanas, y en las zonas rurales se ha incrementado hasta un 20 por ciento. ¿Qué futuro le espera a la infancia de este país?

Ciudadanas y ciudadanos diputados, el mandato popular, los votos que los ciudadanos depositaron en las urnas ha sido para proteger sus intereses, no para golpear su economía, no para agredirlos, no para sumirlos más en la pobreza y en la desesperación.

Responsabilizo a los diputados de Acción Nacional de este atraco, de este atropello, de esta agresión a la mayoría del pueblo de México. Son los responsables de más desnutrición y de más pobreza en contra de los mexicanos. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Peña. Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera:Con su permiso, señor Presidente. Me da mucho gusto que se haya hecho este debate, porque no cabe duda que ya estamos encontrando coincidencias. Efectivamente, este debate no debe convertirse en un debate político; este debate no debe convertirse demagógico ni mucho menos populista. Qué bueno que coincidimos en esto. Estamos coincidiendo ya en este debate, porque ciertamente no nada más es una cuestión de técnica administrativa. Acción Nacional, Acción Nacional está por los que menos tienen y cuando nosotros pedimos que pase esto a comisiones, es porque se tiene que analizar con responsabilidad.

Yo les quiero decir que este precio de la leche, y ustedes lo saben muy bien, se mantuvo por 65 meses, más de cinco años. Nunca en la historia de Liconsa se había mantenido el precio de la leche en 3 pesos 50 centavos.

Los insumos han aumentado en un 40 por ciento y Liconsa absorbió este costo, porque Liconsa...

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame; permítame, diputado. Dígame, diputado Cárdenas.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): Si me permite hacer una pregunta al orador.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted una pregunta, diputado?

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera:Sí, al final de la intervención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Al final, diputado Cárdenas. Adelante.

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera:...Liconsa absorbió este costo. Liconsa tenía un presupuesto precisamente asignado por esta Cámara de los Diputados y ese presupuesto se ha respetado, que ha sido en este sexenio alrededor de dos mil 500 millones de pesos, que se tradujo en 25 mil millones de pesos, más de 22 mil --como se acaba de decir hace un momento--, en beneficio de los propios consumidores, de la gente que menos tiene. Ciertamente, el precio que ahora queda es la mitad --como ya también ahora se ha comentado-- del precio comercial. La leche de Liconsa no sólo se buscó por esa empresa que se vendiera --que es su obligación, su objetivo-- a precios bajos, mucho más bajos que el precio comercial; sino que también se fortaleció de tal manera que está, esta leche, terminando con la desnutrición, que a fin de cuentas debe ser el principal objetivo que debemos nosotros perseguir.

Se decía hace un momento que Liconsa es la importadora más grande del mundo, y es totalmente cierto. Nada más les queremos decir que cuando empezó este sexenio Liconsa compraba 20 millones de litros de leche a los pequeños productores nacionales; hoy, Liconsa compra 450 millones de litros a los productores nacionales. Se lograron en esta empresa dos cosas que son muy difíciles de conseguir en cualquier empresa de la índole o tipo que sea: tener el precio bajo más de cinco años y, al mismo tiempo, comprar a productores nacionales. No se había conseguido en ningún gobierno pasado.

Precisamente porque estamos por las instituciones y por las empresas del gobierno para que éstas se fortalezcan; ¿para qué? para servir a los más pobres; se fortalezcan para que realmente logren y cumplan su objetivo. No estamos para desmantelar, como aquí se ha dicho, a las instituciones. Lo que buscamos es que haya una política social de largo plazo. De nada serviría una medida temporal si la empresa no subsiste o si la empresa no es suficientemente sana para seguir sirviendo, repito, a los más pobres de este país.

Por eso mismo, por ello, pedimos que se estudiara en comisiones, y a lo que nosotros estamos exhortando es que las comisiones respectivas se reúnan hoy, en serio, hoy, para que se analice con seriedad, con responsabilidad, porque lo que queremos es que esas instituciones perduren sirviendo a los que menos tienen. Para Acción Nacional ésa es su intención, ése es su objetivo y eso es lo que queremos, por eso votamos como votamos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Sánchez Díaz de Rivera. Sonido a la curul primero del diputado Edmundo Ramírez. Dígame, diputado.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez(desde la curul): Señor Presidente: solamente para hacerle una reflexión a este bonito discurso del orador. Estamos hablando del incremento... Espérense compañeros, espérense.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Qué se le ofrece, diputado?

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez(desde la curul): Estamos hablando del incremento del precio de la leche, no de las reglas generales de operación ni de las bondades de Liconsa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si quiere pedir la palabra, pídala.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Ya terminé, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Enrique Cárdenas del Avellano.

Señor diputado, pido respeto a la Asamblea. Si alguno de ustedes quiere pedir la palabra, solicítela y lo inscribimos. Si quieren hacer alguna pregunta, ya saben cuál es el trámite.

Gracias. Diputado Enrique Cárdenas, haga su pregunta.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Gracias. Señor orador, ¿me permite hacerle la pregunta?

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera:Cómo no, diputado.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): Usted quiere que se vaya a Comisiones. Le pregunto: ¿sabe usted cuándo va a entrar el incremento de la leche?

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera: Sí, como no; se acaba de decir que entra mañana. Por eso exhortamos a que las Comisiones analicen a profundidad. En las Comisiones hay gente capaz, de todos los partidos políticos, de todas las fracciones parlamentarias, para determinar a fondo y con responsabilidad esa medida. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Díaz de Rivera. Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Éste no es un espacio para agredirnos unos a otros buscando cómo golpear políticamente; éste es un lugar para darle voz a las necesidades de la sociedad, de justicia, de urgente u obvia resolución, porque la población ya exige respuestas claras, que verdaderamente respetemos y demos voz a sus necesidades. Responsabilicemos nuestras acciones con coherencia y con actitudes claras. Este debate no es sólo por el precio de la leche, es un debate sobre el país que queremos los mexicanos. ¿Queremos o no ser un país justo, grande?

No podemos aceptar que se hipoteque el futuro de los niños más necesitados de México por motivos de racionalidad económica. Se nos dice que subir el precio mejorará el abasto; que los insumos han subido de precio; éste es un error, este debate no es un debate de necesidades políticas nuestras; tenemos que dar clara voz a las necesidades de la sociedad, tenemos un compromiso de legislar aquí para la gente que menos tienen. ¿Quién va a hablar por nuestros niños, por nuestras familias? ¿Quién va a tener el valor de poner un alto? No es una cuestión política, señores, es una cuestión de valores fundamentales para el México que soñamos.

No podemos estar decidiendo qué México queremos si no somos obvios y claros. Actuemos en congruencia con las necesidades de la sociedad y con las necesidades del México que queremos. Esto es para que todos reflexionemos y para que realmente demos y empecemos a votar y a tener valor nuestras decisiones y nuestros espacios, aquí mismo; para dar claridad al México que buscamos; es conscientizarnos nosotros, como políticos y como legisladores.

Esperemos que lleguemos a buscar realmente lo que estamos buscando, que es coherencia con el México que soñamos y no nada más venir a pelearnos y a agredirnos unos con otros. Gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputada Mónica Arriola.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:¿Con qué objeto, diputado? Sonido, por favor, en la curul del diputado Varela.

El diputado Víctor Gabriel Varela López(desde la curul): Para solicitarle que se me inscriba en la lista de oradores en atención a la invitación que el Presidente hizo. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Diputado, tenemos pactado cuántos oradores son por fracción. Terminando esos oradores, vamos a checar si vamos a pasar a atender más oradores de cada grupo parlamentario. Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, de la fracción parlamentaria del PT.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: para el Partido del Trabajodiscutir y acordar, suspender el incremento al precio de la leche, es un asunto de urgente resolución; por esa razón hemos propuesto este debate, para intentar convencer a nuestros compañeros diputados de Acción Nacional para que rectifiquen el sentido de su voto.

En los últimos días hemos conocido decisiones que afectan al pueblo de México. Está el asunto del incremento a la leche, está el asunto del incremento a la gasolina; pero además se han anunciado en días pasados otros recortes. No ha sido suficiente con esos incrementos; se han anunciado recortes por un total de 27 millones de pesos en rubros que tienen que ver exactamente con la política social; se ha afectado a los campesinos por los recortes que se han hecho a la educación, a la salud, a los rubros del desarrollo social. Por eso este debate, compañeros; no nos parece un asunto menor, porque el programa de Liconsa es un programa que está dirigido exactamente a los sectores más pobres de la sociedad.

La propuesta de los compañeros de Acción Nacional de someter a discusión este tema, sin detener el incremento, nos parece una trampa, porque lo que quieren es ganar tiempo y esperar que el precio se incremente efectivamente. Nosotros queremos hacer a los compañeros de Acción Nacional una propuesta: que se acepte la propuesta de evitar el incremento y que la comisión o las comisiones respectivas discutan el tema de la leche, pero que esta Asamblea acuerde suspender ese incremento, porque es claro que lesiona la economía, sobre todo de los que menos tienen.

Compañeros de Acción Nacional, ¿cómo pueden ustedes explicarle a los pobres que reciben este programa, cómo les pueden explicar este incremento, cuando va a lesionar su economía? Nos parece, compañeros, que estas acciones que el Presidente de la República ha anunciado están generando un ambiente de mayor tensión; ustedes quieren tranquilidad el 1 de diciembre, pero quienes están provocando al pueblo de México son exactamente quienes están planteando estas medidas, que son totalmente antipopulares. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de la fracción parlamentaria de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: este tema es verdaderamente importante e impactante para la economía nacional de este país, es una apuesta muy arriesgada de parte de Vicente Fox desafiar el hambre de los mexicanos, bolsear a los que menos tienen y dejarle un problema enorme a Felipe Calderón. Este país ha sido manejado con un estilo de gobernar que ha permitido que se puedan comprar vestidos lujosos, se pueda viajar al extranjero, se puedan pagar las frivolidades, pero no se pueda subsidiar a los pobres.

Hace un momento cuando oía la participación del compañero del Partido Acción Nacional, estoy de acuerdo en dos cosas que dijo, las celebro, es cierto: ha crecido la compra de leche a los productores nacionales, pero también es cierto que se autorizaron cupos importantes de importación de leche a un grupúsculo de mexicanos que precisamente se está haciendo rico vendiéndole a los más pobres; también es cierto que habiendo dinero para el IPAB para los rescates carreteros y para las frivolidades, no hay dinero, compañeros, para subsidiar a los más pobres. No creemos que sea la mejor forma de desmantelar a las instituciones.

Voy a leer, con todo respeto, un dato, el dato del Consejo de Administración de Liconsa, en el que participan por cierto representantes de las dependencias gubernamentales, pero también los industriales de la leche. El único argumento que dan es que para garantizar el abasto --de modificar el precio de la leche subsidiada, por supuesto al alza, que en los últimos cinco años no había ocurrido--, se requiere adecuar el precio en la leche, en la tortilla, en el diesel, en la gasolina.

¿Es éste el verdadero rostro del Partido Acción Nacional? ¿Éste es el verdadero rostro de un partido que quiere construir esta posibilidad del 1 de diciembre? ¿Éste es el verdadero rostro de ustedes, compañeras y compañeros, que nos han dicho que van a rebasar por la izquierda, cuando en la realidad el rostro es el de la derecha?

Termino, compañeras y compañeros, con la siguiente propuesta: acepto la segunda consideración de mi compañero del Partido Acción Nacional, y le pido, señora Presidenta, que lo ponga a votación. Aceptamos, Convergencia acepta que se reúnan hoy, hoy, hoy las comisiones, pero que se haga un receso, que regresen las comisiones con el dictamen y lo discutamos. Porque es de una trascendencia moral y económica tan importante, que no podemos irnos a comer y a festejar el 20 de noviembre con un puente tan largo.

Hoy, hoy, hoy, como dijo mi compañero del Partido Acción Nacional, hoy, hoy, hoy que se vayan las comisiones; hagamos un receso, que se reúna la Junta de Coordinación Política; que tome una decisión y que traigan aquí el dictamen, lo discutamos y podamos darle a los que menos tienen el subsidio que se le ha dado a los que se han enriquecido a través del IPAB. Los que se han enriquecido con el rescate carretero; los más ricos, que han saqueado y bolseado a los más pobres.

Por favor Presidenta, ponga a consideración la propuesta que estoy presentando en este momento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:El diputado ha solicitado poner a consideración su propuesta; sin embargo, tenemos una lista de oradores. Yo les sugeriría que terminaran la lista de oradores y pudiéramos al final someter a votación la propuesta que el diputado ha solicitado.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con todo gusto, señora Presidenta, me quedo con su autorización: que una vez que terminen los compañeros diputados se someta a consideración lo de que trabajen las comisiones; hacemos un receso y regresamos. Es muy importante para todo el país que se detenga el precio de la leche, el incremento a la leche de Liconsa. Muchísimas gracias compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores: Liconsa es una empresa en la que tuve el honor y el orgullo de trabajar hace algunos años y me atrevo a decir que para todos los que hemos colaborado en dicha empresa siempre es indigno que se trate de incrementar el precio y que para financiar un programa social, que debe ser de subsidio, sean los propios beneficiarios los que tengan que pagar dicho financiamiento.

Ya basta, señores, Liconsa, que quede claro, es una empresa pública, es un programa social sujeto a subsidio, no un afán de lucro; para eso sirve el Estado, señores, precisamente para poder financiar y subsidiar aquellas labores prioritarias y Liconsa, en este sentido, cumple una atención prioritaria en nutrición para miles de niños, madres solteras y adultos mayores. Sí, es verdad, y en el Partido Verde reconocemos que es necesario establecer formas para financiar los programas sociales; pero es falso que sea la única manera de financiar la leche de Liconsa, incrementando el precio.

Los compañeros del PAN establecen que sí, efectivamente, se ha incrementado el porcentaje de captación de leche de productores nacionales; pero no es suficiente señores, aún quedan muchos productores locales que, al no tener posibilidades de comercialización, acaban tirando y arrojando su leche. Lo que es peor aún, el secretario de Economía, Sergio García de Alba, pretende culpar a los ganaderos mexicanos del incremento al precio de la leche Liconsa, al afirmar que el aumento responde a distorsiones generadas por los ganaderos, quienes se negaron al inicio de este año a vender el lácteo al precio que la paraestatal podía pagar.

La afirmación anterior es, a todas luces, falsa e hipócrita; pretende endosar a terceros el costo político de esta decisión, cuando es perfectamente claro que el precio de la leche se mantuvo sólo por cuestiones políticas y ahora pretenden sorprender a la población.

Yo, como ex trabajador de Liconsa, manifiesto mi indignación porque siempre se quiera financiar el precio de la leche de esta manera; por tanto, los diputados del Partido Verde consideramos que el Presidente electo se debe deslindar de esta decisión, pues, de no hacerlo, sería una pésima carta de presentación para su nuevo gobierno.

Nos sumamos, por tanto, a la propuesta que hacía el diputado de Convergencia para que trabajen las comisiones en este momento y en este momento se decida y en este momento podamos votar hoy aquí en el pleno, que no, no, no, no, no al aumento del precio de la leche de Liconsa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Herrera Ale, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale:Buenas tardes. Con su venía, señora Presidenta: la política social en México ha sido objeto de una embestida sin precedentes para desaparecerla. La histórica base social creada con instituciones de acceso universal, como el IMSS, el ISSSTE, los programas de vivienda y alimentarios con el tiempo han sido sustituidos por programas focalizados, dirigidos a personas específicas, diluyendo el poder y la organización comunitaria.

El abasto social de leche es uno de los componentes más importantes de la estrategia de lucha contra la pobreza; contribuye de manera directa a la alimentación de casi cinco millones 400 mil familias en todo el país, con una distribución diaria de tres millones de litros en mil 793 municipios.

Quiero decirles de todo corazón a las mujeres diputadas de Acción Nacional, si no saben, cuántas mujeres se levantan a las cuatro de la mañana para hacer largas filas, para recibir dos litros de leche, señoras, para sus hijos, para nuestros hijos. Qué pena me da, qué pena me da por ustedes, que como mujeres y madres de familia hayan votado para que se aumente el precio de la leche. Algo que lastima profundamente la economía diaria de la familia.

Y a ustedes, señores diputados de Acción Nacional, que no tienen la necesidad de que se incremente en un 30 por ciento el precio de la leche. Qué les vamos a decir a los niños que...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Permítame, diputada. ¿Me permite por favor, diputada Leticia Herrera, me permite por favor?

¿Con qué objeto diputada Morgan Franco?

La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde la curul): Gracias, Presidenta. Con el objeto de hacerle una pregunta a la oradora, por favor.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale: Al terminar de hablar, con mucho gusto. ¿Qué? Es lo que quiero que ustedes me digan: ¿qué les vamos a decir a esos niños desnutridos? Por lo que veo no les interesan los grupos vulnerables de nuestra patria. Y, por tanto, señor subsecretario de Acción Nacional, es falso lo establecido aquí por usted, en defensa del PAN; ustedes han privilegiado la importación y la corrupción, ¿por qué no entregan los padrones de Liconsa? Yo soy productora de leche, señores, y sé de lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué no entregan los padrones de Liconsa?

Hay denuncias de posibles aprovechamientos indebidos de sus licitaciones; también existen señalamientos de una asignación sesgada de las casi nueve mil lecherías existentes, por motivos principalmente políticos; recordemos que el 30 por ciento de ellos correspondieron al uso de programas sociales con fines electorales presentados por las elecciones del 2 de julio, donde sobresalen Sedesol y Liconsa.

¿Por qué no hablar claro y con transparencia? Además de ser su impacto social, se ha denunciado la adquisición importante de volúmenes de leche de forma láctea importada, en detrimento de los productos nacionales, que son competitivos y de calidad, pero que son relegados para favorecer a las empresas extranjeras. Es tan crítica la situación, que han llegado al extremo de que los productores lecheros han llegado a tirar hasta millón y medio de litros de leche fresca que debería tener como destino el consumo de las familias mexicanas. Pero lo más grave del asunto es que se han hecho importaciones por empresas nacionales y éstas, a su vez, se las han venido a Liconsa, obteniendo cuantiosas utilidades. ¿Qué esconden, compañeros, qué esconden? Eso es lo que yo me pregunto. Les recuerdo que somos representantes populares.

Por lo expuesto... Sí señor, y usted también lo es, aunque no le guste, o a lo mejor es pluri. Por lo expuesto, someto a consideración lo siguiente: lo que aquí se constituyó con el precio de la leche ciertamente no es un golpe de Estado, pero sí es un golpe social. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez:Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados: en México las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud de 1979 reflejaron que 54 por ciento de los niños en edad preescolar mostraba desnutrición. En 1996 el 42.7 por ciento de los niños menores de cinco años padecía algún tipo de desnutrición y 25.9 por ciento mostraba desnutrición leve; 12.7, desnutrición moderada, y 4.2, desnutrición severa. Ya en 1999, informes del Instituto Nacional de Salud Pública refirieron cuatro millones 480 mil 100, que equivalen al 25.2 por ciento de los niños menores de cinco años padecían desnutrición, de los cuales 800 mil sufrían desnutrición de alto riesgo.

El Instituto Nacional de Salud Pública reportó una baja de talla en los niños menores de cinco años de 17.8 por ciento; de bajo peso, en 7.6 por ciento, y 27.2 de ellos padecían anemia. Qué eficientes son los responsables de la administración pública federal para aplicar la disciplina presupuestaria cuando se trata de afectar a los más pobres.

El artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece los criterios que deben seguirse para realizar las adecuaciones presupuestarias, y ahí dice cuáles son las partidas y los conceptos que deben de verse disminuidos en primer lugar. Ahí están los gastos de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que se han convertido en un verdadero derroche. Ahí están también los servicios personales, las percepciones extraordinarias, los bonos sexenales; ahí están los ahorros y las economías, ahí está el subejercicio en el equipo de transición de Felipe Calderón. Lo que se pretende en este artículo es que se procure no afectar los programas sociales y que se afecte todo aquello que no esté vinculado directamente con la atención a la población. Todos estos criterios no son observados cuando se trata de atacar a los que menos tienen.

Pero aquí está la bancada del Partido de la Revolución Democrática, dispuesta a defender los derechos sociales, como es el derecho a la alimentación. Estamos aquí para decirle a la nación que no queremos seguir alimentando este círculo vicioso, que es el círculo de la desnutrición, el círculo de la salud pública, porque la desnutrición luego tiene que ver con una serie de problemas sociales, sobre todo en la gente que menos tiene.

Habría que decirle a la gente, no a las diputadas y diputados que votaron en contra de este punto de acuerdo; habría que decirle a la gente que nos escucha en todo el país que este voto en contra de Acción Nacional para que este asunto se resuelva como de urgente u obvia resolución es una manera de darle largas; es una manera de evitar que la gente pueda tener el derecho de poder seguir disfrutando de un subsidio de una empresa como es Liconsa, que solamente recibe el nueve por ciento de subsidio de sus ingresos totales y que beneficia a un gran número de mexicanos.

Hay que decirle a la gente que aquí Acción Nacional votó en contra de los que menos tienen, votó a favor de que el gobierno federal siga aplicando estas políticas antipopulares, que van en detrimento de la gente más pobre del país; y muchos de ellos el día de hoy seguramente estarán muy arrepentidos de haber creído en un proyecto que les decía que en el futuro tendrían cabida los desposeídos, que tendrían cabida los más pobres del país, cuando en la visión de Acción Nacional solamente los pobres son un instrumento de políticas populistas, que buscan obtener votos con ilusiones y que en la realidad están yendo en contra de los intereses del pueblo. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Espinosa Piña, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado José Luis Espinosa Piña:Compañeras y compañeros: aquí, un diputado que subió a defender la leche popular se le olvidó su leche de marca --vamos a guardarla--, con el agradecimiento de la marca, que estuvo aquí expuesta media hora.

Compañeros. El punto de discusión de este tema era que no era tan ligero como para un juicio somero. No era de urgente u obvia resolución; finalmente va a comisiones porque es un asunto en el que se tiene que profundizar; todos han argumentado muchas cosas. Algún diputado decía que nosotros agredimos a los pobres, pero yo le quiero decir, si no se ha dado una vuelta la diputada que lo argumentó, por las lecherías de Liconsa. En campaña, muchos de los aquí presentes fuimos a las lecherías de Liconsa a las cinco de la mañana y yo fui testigo, como muchos, de que algunos ciudadanos, algunas personas llegaban en taxi o en vehículos de reciente modelo.

Habrá que revisar también los padrones de Liconsa: cómo se vienen integrando, por qué hay gestores sociales que meten en las listas y le dan credencial de Liconsa a personas que no lo necesitan. Y lo que hay que recordar es que este programa está diseñado para atender a las personas de menores recursos, a las personas con menor nivel de ingreso. Es cuestión de valores, dijo otra diputada. Sí, por supuesto, por lo tanto creemos que es un asunto que debe discutirse más ampliamente.

Y si vamos a hablar de lo que ha venido sucediendo del 2000 hacia acá con Liconsa, pues hay que decir que sí, seguimos siendo deficitarios; pero como nunca se ha venido atendiendo este rezago y se ha dado importancia a los productores nacionales y ya no estamos en la época, compañeros, de la leche que importaba Conasupo; no queremos regresarnos a la leche radioactiva, no queremos depender de la leche en polvo. Liconsa está comprando leche fluida y no queremos abaratar el tema a tal grado de que, por diseñar programas populistas y demagógicos para repartir leche, minemos o depreciemos, deterioremos la calidad de la misma. No queremos...

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado, permítame tantito. Sonido en la curul de la diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Gracias, señor Presidente: para preguntarle al ponente si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta diputado?

El diputado José Luis Espinosa Piña: Acepto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Gracias diputado: para preguntarle, porque ya no entendí: la propuesta era que el punto de acuerdo era de urgente y obvia resolución; votaron en contra, sin embargo el diputado del PAN que lo antecedió pidió que hoy, hoy, hoy, se juntaran las comisiones para trabajar al respecto. Entonces, perdón, pero ya no entendí cuál era el sentido.

El diputado José Luis Espinosa Piña: Lo que abrió el debate, diputada, fue que nosotros, desde un principio, jamás estábamos por lo que ustedes comentan de atentar contra las clases populares; no estábamos discutiendo precios, no estábamos fijando montos ni tasas ni estábamos gravando absolutamente nada; lo que pedíamos era que el asunto se discutiera en comisiones y que no se tratara de una forma demagógica y abusiva como se ha venido tratando en algunos momentos.

Regreso a mi discurso. No queremos...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado. Sonido a la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente: quisiera saber si el diputado me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta de la diputada Batres?

El diputado José Luis Espinosa Piña:Adelante, diputada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Me llama la atención su intervención, sobre todo por el inicio de la misma. Quiero preguntarle, para usted, señor diputado, como representante de la sociedad mexicana, que es muy plural y que seguramente en su distrito donde salió diputado, hay pobres, hay ricos, hay clase media, quiero preguntarle un asunto: ¿usted cree que la gente que llega en taxi a una lechería no tiene derecho a política social subsidiada en este país? Y otra, permítame, es la misma pregunta: ¿usted cree que porque vio llegar a una gente en taxi ya sabe el estatus económico de la familia y a partir de ahí se hace un juicio para saber si es merecedor de la política social de este país, que se paga con el erario público, o sea, con los impuestos de todos?

El diputado José Luis Espinosa Piña:Diputada, si usted escuchó con detenimiento mi intervención, yo hablé de personas que llegaban en taxi o en vehículos de reciente modelo. Vaya a su distrito, a cualquier lechería y pregunte a los vecinos, y verá la inconformidad de muchos de ellos que conocen a los que concurren a la lechería, muchos de los cuales no tienen necesidad, pero porque son amigos del gestor social de la colonia, muchos de esos gestores sociales, algunos son diputados, otros pertenecen a partidos políticos, por eso están inscritos en un padrón y tienen una credencial, pero voy a algo más, compañera diputada, voy a algo más.

El diputado Javier Hernández Manzanares(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame otra vez diputado. Sonido a la curul del diputado Javier Hernández.

El diputado Javier Hernández Manzanares(desde la curul): Presidente: para solicitarle, por su conducto, al orador, si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta otra pregunta, diputado?

El diputado José Luis Espinosa Piña: Si me permiten terminar las que están en puerta, con mucho gusto señor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Al final, diputado. Continúe diputado Espinosa.

El diputado José Luis Espinosa Piña: Muy bien, como le decía a la diputada, si vamos a entrar de manera integral a revisar las políticas de Liconsa y si queremos que sea una empresa viable financieramente, pues tenemos que entrarle a una discusión de fondo en comisiones con argumentos técnicos, escuchando a los actores y tomando determinaciones por el bien del país, porque las épocas de tomar decisiones a la ligera nos llevaron a comprar leche cara en el extranjero, de pésima calidad; nos llevaron a la leche Bety, contaminada con coliformes y con graves daños a la salud humana y con el argumento populista y fácilmente comprable del precio barato y la distribución gratuita, pues pusimos en riesgo a la población. Entonces, por eso era mi argumento.

Continúo: entonces, señoras y señores, es en efecto un asunto de suma responsabilidad. Se han venido fortaleciendo las cadenas productivas para que sean los productores nacionales los que poco a poco, paulatinamente y de una manera consistente, empiecen a ser los que abastezcan al mercado nacional. Nuestra dependencia se verá reducida en los próximos años. Pero también hay otro elemento que hay que destacar, la anterior Legislatura, por tomarlo tal vez sin la profundidad debida, no contempló que los costos de los insumos venían paulatinamente acrecentándose.

Y esto debió haberse indexado para hacer los cálculos respectivos y las previsiones presupuestales. Estamos a favor de que sea un programa social que subsidie el Estado mexicano, pero estamos a favor de sanear Liconsa, estamos a favor de que las empresas sociales del pueblo sean viables financieramente y no que políticas demagógicas, que argumentos populistas fácilmente comprables terminen acabando con un programa que es de beneficio para la gente.

Claro, todos queremos que sea el costo menor; claro, todos queremos que llegue a las clases populares, pero que, en efecto, llegue a las clases populares, no a los padrones de los gestores sociales. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado Espinosa. ¿Acepta la pregunta?

El diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Javier Hernández Manzanares.

El diputado Javier Hernández Manzanares(desde la curul): Diputado, es evidente que conocemos y hemos estado en las lecherías; usted sabe cuáles son los procedimientos para poder registrase en estos programas, los conocemos perfectamente y sabe usted también que es personal de Liconsa quien hace el estudio socioeconómico y la evaluación correspondiente; con lo que usted está mencionando aquí, ¿está aceptando la corrupción que existe en Liconsa?

El diputado José Luis Espinosa Piña: Señor diputado: como sabemos, todos los programas tienen reglas de operación; las tiene Liconsa, las tiene el programa Oportunidades y no por ello deja de haber asuntos que atender; no por ello deja de haber problemas, fallas, asuntos pendientes; corrupción, si gusta, si la palabra le gusta, no por ello deja de haber corrupción.

Las reglas están claramente fijadas, con lo que tenemos que combatir es con mejores medidas de fiscalización, observancia para que estos programas cumplan con su fin, y todos sabemos --los aquí presentes-- que hay gestores que se dicen sociales, que hay promotores, hay políticos de diferentes niveles de gobierno y hay infinidad de personas que meten las manos en algunos asuntos que son para bajar programas sociales.

En las lecherías, como bien decía la diputada, no podemos juzgar a nadie por llegar en taxi, pero la regla de operación marca que la lechería es para los habitantes de la colonia popular altamente depauperada; todos los vecinos por lo general llegan por sus medios, a pie. Lo que es aberrante --y tengo fotografías, diputados--, que individuos con credencial lleguen en automóvil de modelo reciente, y ustedes también lo saben. Espero haber contestado su pregunta.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Es para lo mismo, si me permite un par de preguntas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta otra pregunta, diputado Espinosa?

El diputado José Luis Espinosa Piña:Creo que ya han sido bastantes y tal vez incurramos en lo mismo; aquí concluyo, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No acepta, diputado Juan Guerra.

El diputado Víctor Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Montalvo.

El diputado Víctor Rubén Montalvo Rojas(desde la curul): Si me inscribe para hechos, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se había pactado un debate de dos oradores por grupo parlamentario; sin embargo tiene usted la palabra para hechos. Permítame tantito, hay varios legisladores.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado Varela. Sonido a la curul del diputado Varela, dígame.

El diputado Víctor Gabriel Varela López(desde la curul): Solicité hace un momento la palabra, en atención a la invitación que usted expresamente hizo de que se anotaran como oradores. Pido la palabra en este momento. Sé que usted sabe honrar su palabra y que me la va a conceder. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está anotado para hablar después del orador. Permítame, diputado. Sonido a la curul de la diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señor Presidente, para solicitar al diputado que hizo aquí una afirmación de que había legisladores que estaban utilizando ese programa en beneficio diferente a un beneficio social. Hizo una afirmación. Le solicito que dé los nombres, que presente las pruebas y, si no, que se retracte de lo que aquí afirmó. Es irresponsable hacer señalamientos sin tener datos puntuales. Señor Presidente, solicito que le haga esa rectificación al diputado, porque queda en el Diario de Debates y, si no, que rectifique la afirmación que ha hecho en esta tribuna.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada; ya lo escuchó el diputado. Adelante, señor diputado.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, diputado Duarte, si se va a anotar para pedir la palabra, nada más mándelo decir. Sonido a la curul del diputado Duarte.

El diputado César Horario Duarte Jáquez(desde la curul): Señor Presidente, sé que le causa molestia cada que le pido la palabra, pero hubo alusiones personales y tengo derecho. Hace quince oradores le estoy pidiendo para el punto, desde que me aludieron, y usted hace caso omiso. Sólo le pido que me dé el derecho que tengo por alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No me causa ninguna molestia, diputado, que pida usted la palabra, y lo digo con todo respeto, lo que no quiero es interrumpir al orador. Si alguien quiere pedir la palabra anótese. Con mucho gusto. Está usted anotado también para alusiones personales. Adelante, diputado.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Hoy estamos siendo testigos de la mala leche del señor Presidente electo, porque ésta no es decisión, no nos confundamos, ésta no es decisión del señor Fox, ésta es una decisión del señor Calderón, quien ha acordado, en Los Pinos, atentar contra las clases más desprotegidas, simple y sencillamente porque no quiere pagar el costo político.

Ayer subió la gasolina, ahora quieren subir la leche; qué mala leche, señores de Acción Nacional. Pero más allá de eso, más allá de eso tenemos que entender que todos los argumentos técnicos, jurídicos y políticos que han vertido aquí, no les alcanzan y no les alcanzan porque lo hacen forzadamente. A ustedes no les interesan las clases desprotegidas, les interesa los grandes empresarios de la leche y embolsarse esos recursos para aviesos destinos político-electorales de su grupo y de su partido...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente: hace un momento la diputada del Partido de la Revolución Democráticademandaba que, cuando se hicieran imputaciones, se precisaran pruebas y se dijeran nombres; yo exhortaría al señor orador que si tiene algún testimonio de algún panista o algún empresario que esté involucrado en este tipo de negocios, que por favor presente la denuncia o de lo contrario, que se retracte.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continué, señor diputado.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Bien. No desviemos el tema con cuestiones superficiales: el fondo del tema es el beneficio político que ustedes están perdiendo, es por ello que no vamos a desviar la atención. Es muy hábil el compañero Rodríguez Prats, lo reconozco, pero en este caso está rotundamente equivocado, no es por ahí. El asunto es muy claro, el asunto es que el señor Calderón ha ido a Los Pinos a instruir al señor que ya tiene ganas de irse para que le haga el favor y no pague el costo político; ése es el asunto, no nos desviemos y vamos a estar muy pendientes de ello.

También, decirles que hay un compromiso de los diputados del Partido de la Revolución Democrática de luchar a la hora de la discusión del Presupuesto de Egresos del 2007 porque se mantenga el subsidio del que hoy actualmente gozan los usuarios de la leche Liconsa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del PRI.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Gracias, señor Presidente. Me parece absolutamente fuera de contexto que las descalificaciones que se dieron en torno a la posición que hicimos de manera seria, en torno a una empresa que pretendemos cuidar, y que hoy se diga que se aumenta la leche a los beneficiarios que realmente la requieren, sea el conducto para salvar o tratar de salvar a esa empresa. Pierde el contenido y el origen para lo que fue creada: mantener precios subsidiados para los beneficiarios.

Si el gobierno del cambio, el gobierno de la transparencia, no ha entregado los padrones, siquiera para que sean auditados, revisados, y no lo digo yo, lo dice la Asociación Nacional de Ganaderos Productores de Leche; lo dice la industria láctea nacional: Liconsa no entrega los padrones de los beneficiarios, en los que se presume --como aquí bien ha sostenido Acción Nacional-- que hay mucha gente que no tiene necesidad de acceder. Pero no es el asunto, el asunto no es por qué algunos desvían un programa, se afecte a quien realmente lo requiere.

Nuestra defensa es porque se mantenga el precio de la leche subsidiada y no aumente un 30 por ciento de un día para otro, no aumente de manera cobarde, en una decisión de un gobierno de salida que pretende únicamente, porque ni es tanto el dinero, desmantelar las instituciones que están para atender los programas sociales.

No desviemos el debate: si hay corruptos, no han tenido el valor de enfrentarlos y desmantelarlos hacia adentro de Liconsa, la han dirigido cinco años; es por eso que este Congreso debe pronunciarse para mantener instituciones que le den alimentación a las clases más desprotegidas.

Esta semana estuvo en la Comisión de Desarrollo Social el relator de la UNICEF y venía a decirnos, a notificarnos formalmente la necesidad de que aumentemos la entrega de este vital alimento a los niños del país, y parece, de veras, que en este país sucede todo lo contrario; cuando viene la UNICEF a decírnoslo formalmente, aumenta la leche el 30 por ciento en la misma semana.

Ahora, pues, el aumento del diesel se ha visto como un asunto pasajero, pero se nos olvida que ya la gran mayoría, el 90 por ciento de los productos del país hoy se transportan por medio de camiones movidos con diesel. El aumento del diesel tiene un impacto directo en el alimento, en el vestido, en la industria de la construcción, en la ganadería, en la producción agropecuaria.

Entonces ¿en dónde está ese discurso del cambio? ¿En dónde está ese discurso de responsabilidad? Porque, insisto, a la salida del sexenio con esta turbulencia política, dejar una turbulencia económica, ésa es la irresponsabilidad de Fox, que debe asumir con responsabilidad el Partido Acción Nacional, y me llevo la leche, porque está bastante cara. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Tiene la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Con su venia, señor Presidente: en primera instancia, quisiera hacer una reflexión; a mí me parece que el circo que se está formando en torno a este tema, con todas las actitudes que estoy viendo, no es precisamente el mejor mensaje que podemos mandar a la sociedad de que estamos tomando con plena responsabilidad este tema. Al menos yo no se los creo.

Quiero decirles, por aquellos cuestionamientos que han existido en torno al padrón de los beneficiarios, que --señores-- al menos en esta Cámara tenemos Internet y estos padrones están íntegramente publicados en la página de Internet. Quiero decirles, también, que queremos dejar bien en claro que el sentido del voto de Acción Nacional no va en contra del aumento o a favor del aumento del precio de la leche, va a favor de que asumamos con responsabilidad el análisis y, en consecuencia, la mejor propuesta ante esta decisión, que sin duda no es producto ni de la ociosidad ni de ninguna ocurrencia.

Acción Nacional se opone y se va a oponer siempre a que se medre con la pobreza de los mexicanos; señores, la pobreza lastima, la pobreza indigna, pero más indigno es que quienes hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones que la combatan, más perdamos el tiempo en ataques y en denostaciones. Ha quedado demostrado que las políticas demagógicas y populistas sobre la pobreza sólo condenan a estos grupos a seguir viviendo en la marginación.

Que quede claro, estamos en contra de los ataques que se hagan a las economías de las familias que menos tienen, y los ataques más arteros hacia estas familias vienen de aquellos que en vez de legislar con responsabilidad, más pareciera que buscan una bandera para justificar el atraso y detener el trabajo legislativo de este Congreso.

Cómo esperar responsabilidad de aquellos que juraron respetar y hacer respetar la ley, que son los mismos que, por cierto mandaron al diablo a las instituciones. No esperen que la patria los juzgue, señores, la patria hoy ya les demanda actitud madura, ética y responsable.

Señores diputados, vamos a poner a trabajar a esos grupos que les llamamos comisiones, ellos tienen la responsabilidad de analizar la motivación de esta decisión y en consecuencia, proponer lo que mejor convenga a la patria y, por supuesto, a las familias que viven hoy en condiciones de pobreza.

México es más grande que la circunstancia que le quieren construir. Las acciones de los gobiernos de Acción Nacional no provienen de la pasividad ni del desánimo; son decisiones responsables y su juicio será frente a la nación y hoy son consecuencia de aquellas políticas que nunca observaron el bien de la nación y más bien asumieron con poca capacidad profesional el encargo supremo que México les había encomendado.

Los que hoy estamos aquí tenemos una gran deuda con la patria y con los pobres, yo los invito a que la asumamos con responsabilidad; yo los invito, señores, a que no estén aquí sentados tres años gritando, tomando tribunas y asumiendo actitudes que muchas veces rayan ya en lo ridículo. Esas actitudes sólo van a derivar en toda una vida de vergüenza. No busquen el falso cobijo en los sistemas pasados y en las costumbres que hoy ya hemos rebasado, amigas y amigos diputados, ojalá y seamos capaces de proyectar nuestros valores y nuestros ideales en la nación y en la familia; aunque a algunos les cause risa, México hoy lo demanda y México hoy lo necesita. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bolaños.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido...

Dígame, diputada Piñeyro. Sonido a la curul de la diputada Piñeyro.

La diputada Irma Piñeyro Arias(desde la curul): Señor Presidente, con anticipación estuve haciendo la solicitud del uso de la palabra para hechos, si me permite, por favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si, diputado, dígame. Permítame que me está hablando el diputado Varela.

El diputado Víctor Gabriel Varela López(desde la curul): Me había anotado como orador, le pido que me ceda el micrófono en estos momentos, por favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene razón. Tiene la palabra la diputada Piñeyro, después el diputado Varela.

La diputada Irma Piñeyro Arias:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: es lamentable que con tecnicismos, subterfugios y descalificaciones desviemos el centro de la atención de este debate, que es el incremento al precio de la leche, que será mañana. Que el consejo de Liconsa haya considerado y aprobado este incremento es lamentable; que en esta Cámara no se juzgue que es de obvia o urgente resolución, pobre México. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Piñeyro. Tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Víctor Gabriel Varela López:Con su permiso, diputado Presidente: nada más para solicitarle a los compañeros del PAN que no defiendan lo indefendible, por más vueltas que le den a esto no caen nada distinto a la miseria y al hambre que van a agudizar en la población más pobre de nuestra nación. Llevar esto a Comisión no va a ser para ahondar el debate, para ahondar los gastos o cualquier cosa que nos hiciera tomar una mejor decisión; llevar esto a una postergación lo único que va a ahondar es precisamente el hambre de los más pobres de nuestra patria.

Por favor, no defiendan lo indefendible, el PRI está ahorita en tercer lugar en esta Cámara de Diputados, precisamente porque durante mucho tiempo ellos quisieron defender lo indefendible. Ellos se pusieron atrás del Presidente en turno para defender lo que no se puede.

A ustedes que tanto les gusta, que tanto les gustan la cifras, les voy a citar algunas compañeros del PAN, y si quieren debatir pidan la palabra y con gusto debatimos aquí arriba. De recursos fiscales --según los datos que nos da la Secretaría de Hacienda-- solamente 850 millones de pesos se invierten al programa anual de Liconsa; nada más eso compañeros, para cinco millones de familias que se benefician con ese programa, es decir, unos cuantos pesos se le están regateando a mejorar la nutrición de nuestros niños.

Esto es terrible. Un comparativo nada más les voy a decir. Lo que gastó el señor Presidente Vicente Fox en su propaganda política en tiempos electorales fueron un mil 700 millones de pesos, el doble de lo que ahora se le escatima y se le regatea para el programa de Liconsa. Hay muchísimas formas de mejorar y hacer este programa más amplio, sin que tenga números rojos la propia empresa

Quisiera decirle al compañero que hace un rato tomó la palabra y que ahora se convierte en fiscal y mucho mejor conocedor que el propio director de Liconsa, hace algunos días que estuvo en una mesa de trabajo en la Comisión de Desarrollo Social, el director de la empresa: él claramente lo dijo, que estos casos no se daban, que eran mínimos los que se daban de cuando alguien que no tenía el perfil socioeconómico para ser beneficiario, se colaba para serlo. Ahora resulta, entonces, que el diputado sabe mucho mejor y hace mucho mejor el trabajo que el director de la empresa Liconsa; pues entonces despídanlo y pongan al buen vigilante que aquí sube a dar datos y a elucubrar con lo que Liconsa dice que no existe.

Éstos son datos también que quiero comentarles, compañeros, que hablan de la sanidad financiera con que está trabajando la empresa. Al cierre del mes de septiembre se generaron ingresos propios por el orden de tres mil 521 millones de pesos, 8.1 por ciento superior al presupuesto autorizado; es decir, se está generando más de lo que se ha previsto en este año. El comportamiento observado en el periodo de enero a septiembre de 2006 por los ingresos y el gasto programable llevaron a la entidad a observar un déficit primario de 205.1 millones de pesos, menor al déficit programado por 696 millones de pesos; es decir, el déficit que estaban programando fue tres veces mayor al que realmente se dio. No hay entonces una razón para estar aumentando el precio de la leche Liconsa y dañando así a la población que la recibe. Es de las pocas empresas, de los pocos programas que han subsistido a eras como el salinato, a eras como el foxismo y ahora ustedes, con esto, están tratando de acabarla.

Para terminar mi intervención yo nada más les digo datos alarmantes, compañeros del PAN, y a ver si esto se puede refutar; en diversos estudios que se han hecho del impacto nutricional que tiene el consumo de la leche Liconsa se dice que incluso quien no consume, quien deja de consumir este producto, tiene incluso taras mentales...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine, por favor, diputado.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: ... tiene disminución en peso y en talla. A esto están condenando a la niñez mexicana nada más en aras de defender al usurpador. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela.

A esta Presidencia llegó un exhorto firmado por los diputados de Convergencia y diputados de algunos otros partidos.

Esta Presidencia exhorta a la Comisión de Desarrollo Social a dictaminar, a la brevedad, los dos puntos de acuerdo que sobre este tema fueron presentados el día de hoy.

Continúe la Secretaría... Diputado Chanona, sonido a su curul.

El diputado Alejandro Chanona Burguete(desde la curul): Ciudadano Presidente: si bien reconocemos que en agenda política esencialmente no se plantean puntos de acuerdo; sí quiero tomarle la palabra a la Vicepresidenta del Partido de la Revolución Democrática, que en su momento lo sustituía, de que se votara un punto de acuerdo en relación con la propuesta del diputado José Manuel del Río. En consulta con los coordinadores y algunos vicecoordinadores y en consulta con usted, el acuerdo era exhortarlo; pero votándolo en el Pleno y le solicito que aunque se modifica, se vote en el Pleno para que se valore que todos estamos de acuerdo y que el exhorto proceda a la brevedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría en votación económica si este exhorto hecho a la Comisión de Desarrollo Social para que dictamine a la brevedad lo hace suyo la Asamblea.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si el exhorto hecho por la Presidencia lo hace suyo la Asamblea.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

Sonido a la curul del diputado Del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Gracias, señor Presidente: agradezco a todos los compañeros que hayan votado esta decisión que la Presidenta, en su momento, la diputada Ruth Zavaleta, así lo dijo, y tengo la versión estenográfica. Señor Presidente, yo quisiera rogarle lo siguiente: con base en la Ley Orgánica, le ruego también que usted someta a la consideración la posibilidad de que el precio del incremento a la leche Liconsa no entre hoy, hasta en tanto no dictamine nuestra comisión correspondiente. Si es tan amable, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No está en mis atribuciones, diputado Del Río. Nosotros no fijamos los precios ni los hacemos efectivos; es claro que hay una discusión que seguramente los medios la harán suya. Hay esta petición para que el punto de acuerdo que fue presentado, los dos, se dictaminen a la brevedad y se dé a conocer el punto de vista de los integrantes de la comisión y, en su momento, la Asamblea lo votará. Nosotros no podemos decir cuándo entra o no en vigor un precio. Gracias, diputado.

Dígame diputado, otra vez. Sonido a la curul

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Estoy convencido de cuáles son sus facultades. Me expliqué mal, señor Presidente, le ruego una disculpa, le ruego una disculpa; lo que quiero solicitarle es que someta usted a la soberanía de esta Asamblea si se le exhorta, precisamente a la Secretaría de Desarrollo Socialy al Poder Ejecutivo, a que el incremento se detenga hasta en tanto nuestras comisiones no dictaminen. Solamente es un exhorto, señor Presidente, y ésa es facultad de la Asamblea que está aquí en este momento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado, le voy a leer lo que dice el artículo 34, dice: ``... A la Junta de Coordinación le corresponden las atribuciones siguientes:

b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado.''

No tenemos más atribuciones y no viene esto como una propuesta de la Junta de Coordinación. Gracias, diputado.

Continúe la Secretaría.

Diputada Batres, sonido a su curul.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama :Sí, señor Presidente, porque fue un dato que expresó uno de los diputados de la bancada del PAN, que en Internet se podía consultar la página de Sedesol, el Programa Social de Leche Liconsa y que era público el padrón de beneficiarios. Solamente quiero que quede asentado en la versión estenográfica que la bancada del PRD consultó en la página de Internet y no hay acceso a ningún padrón de beneficiarios, como lo indicaba la bancada del PAN.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2005.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 16:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 21 de noviembre a las 11:00 horas. Se informa que el sistema estará abierto a partir de las 9: 30.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 19 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 362 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 437 diputados.
• Proyecto de declaratoria de aprobación del decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Proyecto de declaratoria de aprobación del decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 6.
• Temas de agenda política: 1.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 74PAN-17, PRD-19, PRI-17, PVEM-4, Convergencia-6, PT-4, Nueva Alianza-6, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 3 invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federalpara ceremonias cívicas conmemorativas;
• 1 oficio del Congreso del estado de México;
• 1 comunicación de la Comisión de Seguridad Social;
• 20 oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción;
• 18 oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción;
• 1 oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadano pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas;
• 3 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo;
• 2 oficios de la Cámara de Senadores, con solicitudes de excitativa;
• 1 iniciativa de senadora del Partido Acción Nacional;
• 1 iniciativa de senador del Partido Revolucionario Institucional;
• 3 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PRD;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.
• Dictámenes de primera lectura:
• 3 de la Comisión de Gobernacióncon proyectos de decreto que conceden permisos a 15 ciudadanos para que puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas.
• Dictámenes aprobados:
• 3 de la Comisión de Gobernacióncon proyectos de decreto que conceden permisos a 15 ciudadanos para que puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Leche Liconsa: 141, 144
• Arévalo González, José Antonio(PVEM) Revolución Mexicana: 62
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Leche Liconsa: 142, 143
• Arriola Gordillo, Mónica(Nueva Alianza) Leche Liconsa: 148
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Leche Liconsa: 141
• Barrios Rodríguez, Juan Enrique(PAN) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 116
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Leche Liconsa: 153, 159
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Ley Federal de Radio y Televisión: 74
• Bolaños Aguilar, Edmundo Javier(PAN) Leche Liconsa: 156
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Instituto Mexicano de Cinematografía-Estudios Churubusco-Azteca-Cineteca Nacional: 56
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Leche Liconsa: 151
• Campos Galván, María Eugenia(PAN) Frontera norte: 131
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Revolución Mexicana: 60
• Cárdenas del Avellano, Enrique(PRI) Leche Liconsa: 148
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Revolución Mexicana: 61
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Leche Liconsa: 159
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Leche Liconsa: 138
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Revolución Mexicana: 59
• De León Tello, Jesús(PAN) Leche Liconsa: 142
• De los Santos Molina, Joaquín Conrado(PRD) Ex trabajadores migratorios mexicanos: 129
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Leche Liconsa: 149, 159
• Delgado Oscoy, Alejandro Enrique(PAN) Leche Liconsa: 138
• Duarte Jácquez, César Horacio (PRI) Leche Liconsa: 138, 142, 145, 155, 156
• Escaroz Soler, Gerardo Antonio(PAN) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 120
• Espinosa Piña, José Luis(PAN) Leche Liconsa: 152
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Leche Liconsa: 153
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Revolución Mexicana: 65
• Gamboa Patrón, Emilio(PRI) Leche Liconsa: 142
• García Noriega, María Guadalupe Josefina(PVEM) Leche Liconsa: 144
• Garza Garza, Horacio Emigdio(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 122
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Revolución Mexicana: 59
• González Garza, Javier(PRD) Leche Liconsa: 142
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Leche Liconsa: 154
• Guerrero Torres, José Gildardo(PAN) Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros: 66
• Hernández Manzanares, Javier(PRD) Leche Liconsa: 153
• Herrera Ale, Juana Leticia(PRI) Leche Liconsa: 138, 150
• Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando(PRI) Leche Liconsa: 141
• Larios Córdova, Héctor(PAN) Leche Liconsa: 140
• Larregi Nagel, Erika (PVEM) Artículos 6o.; 26, 73, 108, 110, 111, 115, 122 y 134 constitucionales - Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 77
• Lizárraga Peraza, Víctor Manuel(PRD) Revolución Mexicana: 64
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Leche Liconsa: 150
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Ley General de Salud: 110
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Leche Liconsa: 155
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Leche Liconsa: 155
• Morgan Franco, Rocío del Carmen(PAN) Leche Liconsa: 151
• Muñoz Serrano, José Antonio(PAN) Ex trabajadores migratorios mexicanos: 128
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Leche Liconsa: 142
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Leche Liconsa: 149
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Leche Liconsa: 146
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Leche Liconsa: 139, 143, 157
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Leche Liconsa: 147
• Ramírez Pech, Édgar Martín (PAN) Leche Liconsa: 141
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Leche Liconsa: 142, 145
• Sánchez Díaz de Rivera, Antonio(PAN) Leche Liconsa: 146
• Sánchez Gil, Carlos René(PAN) Zonas Metropolitanas de Guadalajara y Monterrey: 132
• Serrano Escobar, Enrique(PRI) Artículos 73, 116 y 122 constitucionales: 118
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Leche Liconsa: 135
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Artículos 115, 116, 122 y 126 constitucionales: 68
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Revolución Mexicana: 63
• Varela López, Víctor Gabriel(PRD) Leche Liconsa: 141, 158

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	CÉDULA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	INASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	INASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	INASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	INASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	CÉDULA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	INASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	INASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	INASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Ramón Flores Domínguez Emilio	INASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	CÉDULA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	CÉDULA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	CÉDULA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	PERMISO MESA DIRECTIVA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	CÉDULA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	CÉDULA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	CÉDULA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 186
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	CÉDULA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	CÉDULA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	INASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	CÉDULA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	CÉDULA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Sánchez Camacho Alejandro	CÉDULA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 115
Asistencias por cédula: 6
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	INASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Chaurand Arzate Carlos	PERMISO MESA DIRECTIVA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	OFICIAL COMISIÓN
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	INASISTENCIA
44 González García Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Salum Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	PERMISO MESA DIRECTIVA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	CÉDULA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	INASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	PERMISO MESA DIRECTIVA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	INASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	CÉDULA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	PERMISO MESA DIRECTIVA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 84
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 15
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	CÉDULA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	CÉDULA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	CÉDULA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	CÉDULA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges
2 Caballero Chávez Claudia Gabriela
3 Campos Galván María Eugenia
4 Castro De la Rosa Osiel
5 Corral Aguilar María Mercedes
6 Curiel Preciado Leobardo
7 Dávila García Francisco
8 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro
9 Medina Rodríguez Delber
10 Navarro Sugich Carlos Alberto
Faltas por grupo: 10

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Contreras Julián Maricela
Faltas por grupo: 1

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aguilar Solís Samuel
2 González Calderón Martha Hilda
3 Montalvo Gómez Pedro
4 Orihuela Trejo José Amado
Faltas por grupo: 4

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
Faltas por grupo: 1