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Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 304 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:33 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso del asesinato de Walter Herrera Ramírez, presidente municipal de Huimanguillo, Tabasco, así como la serie de asesinatos y secuestros ocurridos en la entidad. (Votación)De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a octubre de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a octubre de 2005.

De la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para exhortar a la Sagarpa y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se proyecten recursos que representen una cantidad igual o superior a la destinada en 2005 al sector pesquero y acuícola en Guerrero, presentada por el senador David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos suficientes a los programas de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias y al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico (Delfín), presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición sobre la Fiscalía Especial de Delitos contra las Mujeres, presentada por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición sobre la construcción del tramo carretero El Ceibo, México-Lagunillas, Guatemala, presentada por el senador Francisco Herrera León. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición sobre la situación en que viven los campesinos indígenas del país, particularmente en el estado de Oaxaca, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud para que se dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo por el que se solicita que se dictamine la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, del Servicio Público de Energía Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Xavier Cortés Rocha para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Ferdusi Bastar Mérito, Alma Patricia Soria Ayuso y Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma el artículo 212 de la Ley de Amparo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De Ley para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo sobre los avances generales en el cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las autoridades del gobierno del estado de Baja California que realicen acciones para garantizar la seguridad pública en esa entidad.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción de carreteras en diversos municipios del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía determina realizar un diálogo nacional para la reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE amplíe y fortalezca la protección consular de los connacionales que radican en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en relación con los estudios y estimaciones de medición de la pobreza, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal crear un fideicomiso de administración que permita la acreditación del municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Semarnat reconsidere el permiso otorgado a la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, el pasado 10 de abril, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico generado por las empresas Pemex, CFE y Tekchem en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Antonio Vega Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante el Pleno los directores generales de Pemex y de la CFE, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Conagua atienda la petición de desazolve del río Tecolutla, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos suficientes al sector salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos incluya en el programa legislativo correspondiente el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para continuar los trabajos sobre la mina carbonífera de Pasta de Conchos, en Coahuila, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP para que remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF y a la PGJDF investiguen los posibles actos de corrupción derivados del supuesto desvío de recursos públicos utilizados para promocionar la imagen del ex candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere una partida destinada a fortalecer la conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE envíe al Senado de la República para su pronta ratificación la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía investiguen el cumplimiento de la concesión otorgada a Grupo Aeroportuario del Pacífico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere mayores recursos para la Sedena, a cargo del diputado Jorge González Betancourt, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para fijar postura en torno al derecho de acceso a la información pública en los estados y municipios del país, para integrar la agenda de la presente legislatura federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan recursos para la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT inspeccione y determine las causas que interfieren la transmisión de la señal de Radio Universidad, y a la Segob suspenda las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que entregue a los productores ganaderos los recursos presupuestales del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, a cargo del diputado Rafael Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el pago de adeudos a braceros rurales del 42 al 64, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGJEM y de la PGR investiguen y sancionen a los responsables de la violencia porril efectuada a las puertas del CCH, plantel Naucalpan, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para concluir la construcción y equipamiento de las unidades médicas del estado de Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a los titulares de la SHCP y de la SEP al primer Foro parlamentario de consulta sobre la educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que contemple en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos para el Ramo 21, ``Turismo'', suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Turismo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE para que informen a esta soberanía sobre la nueva metodología relativa al cálculo de tarifas eléctricas para incorporar el concepto de humedad y realicen una rezonificación de las mismas, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe para que se repare la carretera Las Choapas-Ocozocuatla, del sureste del país, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT se corrijan las irregularidades que se presentan en las vías del estado de Chihuahua y aplique sanciones a Ferromex, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la SFP que realicen auditorías respecto a la venta del Bansefi, suscrita por los diputados Luis Sánchez Jiménez y Camerino Eleazar Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de las dependencias competentes expliquen a esta soberanía las acciones gubernamentales realizadas en torno a la protección de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ajustar los trámites relativos a la donación de bienes desde el extranjero, con el propósito de facilitar la labor de las instituciones no lucrativas encargadas de la asistencia y beneficencia social, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 asigne recursos para la construcción de comedores en las escuelas de tiempo completo, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al Presidente de la Cofetel a otorgar permiso para el uso de banda radiofónica para el Canal del Congreso, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a proceder, en el ámbito de sus competencias, a la creación de un juzgado de distrito en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a dictar resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INBA y al Conaculta a llevar a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al centro histórico de Oaxaca y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, suscrito por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 se asignen recursos para el cumplimiento de los proyectos establecidos en el Programa de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Movimiento de Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, suscrito por los diputados Margarita Arenas Guzmán y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Senadores que excite a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestaria especial en el ejercicio 2007 para atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la SE a establecer requisitos y especificaciones para la sustentabilidad y calidad de las playas, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados y el gobierno federal otorguen recursos para implantar un programa que reactive la economía en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que implante mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados, a cargo del diputado Francisco Domínguez Servién del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación al programa de difusión y publicidad que realiza el IFE en los medios masivos de comunicación, relativo a la promoción de la cultura política y la invitación para tramitar la credencial de elector, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y la problemática de la salud pública en México, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a incluir la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y del Distrito Federal para que implanten acciones en materia de seguridad pública, sin afectar el flujo de turistas internacionales ni la inversión extranjera, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro y al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal a integrar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 las previsiones desglosadas por ramo, unidad responsable y programa, destinadas para impulsar el bienestar y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto hidroeléctrico La Yesca, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que realice los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Tezuitlán y Amozoc-Entronque Perote, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría al proyecto hidroeléctrico denominado La Parota, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 se cree un fondo con recursos extraordinarios para los municipios fronterizos del norte del país, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa para que sigan otorgando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos suficientes para el Programa Especial de Seguridad Pública en Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y a la próxima administración federal a impulsar el consumo de la sardina en México, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Salud emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir la aceptación de la recomendación 38/2006 de la CNDH relativa a la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, estado de México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe a esta soberanía del aumento del precio a la gasolina y al diesel, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a explicar a esta soberanía el incremento de la gasolina premium y del diesel, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el subsidio al diesel y gasolinas para actividades agropecuarias y del sector pesquero, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se elimine en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 la clave de proyecto 0518TOQ0043 de la entidad TOQ CFE, Sector 18, Energía, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a fin de que cancele la concesión para extraer agua del río Panuco a la empresa Acueducto Pánuco al Norte, SA de CV, y se llame a comparecer a su titular, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el recorte presupuestal que realizó la SHCP a diversos ramos administrativos, generales y entidades durante el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar el pago del bono sexenal a pensionados y jubilados así como a los trabajadores de la educación, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas para que implanten políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a intervenir para solucionar el conflicto agrario y enfrentamiento entre indígenas de la Selva Lacandona, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, y del estado de Chiapas a instalar la mesa institucional para la atención integral de la Selva Lacandona y Montes Azules, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la convención y sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado y su protocolo facultativo, a cargo de la diputada Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se asigne una partida para el impulso de la producción del cine regional, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate a la pobreza y pobreza extrema en México, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a ajustar el costo en las tarifas de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos suficientes para el saneamiento integral de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Jesús Evodio Velásquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para el estado de Nuevo León en el rubro de medio ambiente y recursos naturales, a cargo del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos al sector rural a través de un fondo de apoyo para la adquisición de fertilizantes, a cargo del diputado Isael Villa Villa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, solicitud del Grupo Parlamentario del Partido del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de los diputados Lilia Merodio Reza, Carlos Rojas Gutiérrez, José Jesús Reyna García y Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto al Informe sobre Desarrollo Humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios en relación con la jornada del 1 de diciembre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y a la celebración del Día del Libro en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 213 aniversario luctuoso de Olympe de Gouges, verificado el 3 de noviembre de 1793, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario del Convergencia.

Relativa al Día Internacional de la Tolerancia, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltasar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciseis de noviembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos sesenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con veintisiete minutos del jueves dieciséis de noviembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, remite invitaciones para las ceremonias cívicas del:

Centésimo octogésimo segundo Aniversario de la expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal y del décimo Aniversario del Museo de la Luz. Se designa comisión de representación.

Nonagésimo sexto Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana de mil novecientos diez. Se designa comisión de representación.

Octogésimo cuarto Aniversario Luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón. Se designa comisión de representación.

El Congreso del estado de México, remite acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, legisle y reforme los artículos veintisiete, setenta y tres, y ciento veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que exista mayor participación de los estados y municipios en la conservación, preservación y explotación de las zonas arqueológicas. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

La Comisión de Seguridad Social envía solicitud de demora para la elaboración de dictámenes a diversos asuntos turnados a la misma. De enterado.

Se da cuenta de veinte oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez que la Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción de veinte votos aprobatorios, la Presidencia da lectura al proyecto de declaratoria de aprobación del decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta de dieciocho oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo setenta y tres, fracción vigésimo nona-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez que la Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la recepción de dieciocho votos aprobatorios, la Presidencia da lectura al proyecto de declaratoria de aprobación del decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, remite Informe Trimestral sobre la composición y situación financiera de la inversión de las Reservas Financieras y el Fondo Laboral. Se turna a las comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

Se reciben cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que un ciudadano pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo, y para que tres ciudadanos puedan prestar servicios en las embajadas de Belice e Irlanda, en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

La Cámara de Senadores remite:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

Que reforma el artículo doscientos treinta y dos-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el senador Melquíades Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional. Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

Para que en el Presupuesto de Egresos para dos mil siete, incrementen los recursos destinados al Instituto Mexicano de Cinematografía, a los estudios Churubusco-Azteca y a la Cineteca Nacional, presentada por el senador Raúl Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional. Se remite para su conocimiento a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Cultura, esta última, a petición del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.

En relación al ramo general trigésimo noveno de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos para dos mil siete, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, a nombre propio y del senador Juan Bueno Torio, ambos del Partido Acción Nacional. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Para exhortar a la Cámara de Diputados a dar curso correspondiente a las observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley General de Pesca y Acuacultura, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluyan partidas y los fondos necesarios para hacer posible la ejecución de las obras de infraestructura, presentada por el senador Heladio Ramírez López, del Partido Revolucionario Institucional. El punto primero del acuerdo se remite a la Comisión de Pesca; en lo que respecta al segundo, se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) Solicitudes para que se dictamine:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo doscientos veintiuno del Código Penal Federal presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

La Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los años dos mil dos a dos mil cinco, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

Para hablar con relación al nonagésimo sexto Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de mil novecientos diez, se les concede la palabra a los diputados: Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, de Alternativa;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza.

A las doce horas, se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados.

Continúan con el uso de la palabra los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia; José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Antonio Fraile García, del Partido Acción Nacional.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

José Gildardo Guerrero Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo noventa y cuatro de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pablo Trejo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos ciento quince, ciento dieciséis, ciento veintidós y ciento veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Luis Enrique Benítez Ojeda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.

La diputada Érika Larregi Nagel, del Partido Verde Ecologista de México, presenta dos iniciativas con proyecto de decreto: que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; y que expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se turna a la Comisión de la Función Pública.

Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Salud.

Juan Enrique Barrios Rodríguez, a nombre propio y de los diputados Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, y Rogelio Carbajal Tejada, todos del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos diez, once y doce de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobernación.

Enrique Serrano Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y tres, ciento dieciséis y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gerardo Antonio Escaroz Soler, a nombre propio y del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, ambos del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Horacio Emigdio Garza Garza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo nueve-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión de Gobernación, remite tres dictámenes de primera lectura con proyectos de decreto que conceden permisos a tres ciudadanos para prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora y en Matamoros, Tamaulipas; para que nueve ciudadanos puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León; y para que tres ciudadanos puedan prestar servicios en las embajadas de Malasia y Portugal en México. En votación económica se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión de inmediato. Sin que nadie solicite hacer uso de la palabra, se aprueban en conjunto en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por cuatrocientos veintiún votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Se remiten al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

José Antonio Muñoz Serrano, del Partido Acción Nacional, para que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se considere la inclusión de una partida destinada a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Joaquín de los Santos Molina, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a los gobiernos de los estados fronterizos que, en coordinación con el Ejecutivo federal, formulen e implanten una estrategia integral para abordar la problemática de la frontera norte. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Carlos René Sánchez Gil y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Partido Acción Nacional, para integrar las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, como beneficiarias de los recursos del Fondo Metropolitano del Ramo veintitrés en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete. Se turnan los resolutivos uno y dos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los resolutivos tres y cuatro.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Jorge Toledo Luis, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa. Con una votación de doscientos veinticuatro votos en pro; ciento setenta y uno en contra y cuatro abstenciones, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución al no alcanzar las dos terceras partes de los presentes. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social. Desde sus respectivas curules los diputados: César Horacio Duarte Jácquez, y Juana Leticia Herrera Ale, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Claudia Lilia Cruz Santiago del Partido de la Revolución Democrática y Alejandro Enrique Delgado Oscoy, del Partido Acción Nacional, realizan observaciones y la Presidencia toma nota.

Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Consejo de Administración de Liconsa para que suspendan el incremento establecido a la leche del programa Liconsa. Con una votación de doscientos diez votos en pro; ciento setenta y cinco en contra y trece abstenciones, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución al no alcanzar las dos terceras partes de los presentes. Desde sus respectivas curules los diputados: José Luis Aguilera Rico, de Convergencia, presenta una solicitud y la Presidencia la obsequia; y Salvador Barajas del Toro, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios. Se turna la proposición a la Comisión de Desarrollo Social.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios y observaciones los diputados: Édgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Gabriel Varela López e Isidro Pedraza Chávez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; César Horacio Duarte Jácquez, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática en dos ocasiones; Jesús de León Tello y Juan José Rodríguez Prats, ambos del Partido Acción Nacional; y Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional. A solicitud de los grupos parlamentarios, se incluye en el orden del día, en el capítulo de agenda política, el tema del incremento del precio de la leche del programa Liconsa, y en debate pactado, para la primera ronda se les concede el uso de la tribuna a los diputados: Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, de Nueva Alianza; José Luis Aguilera Rico, de Convergencia; María Guadalupe Josefina García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México; César Horacio Duarte Jácquez, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel Peña Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, realiza observaciones. En la Segunda Ronda de intervenciones, hacen uso de la palabra los diputados: Mónica Arriola, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México; Juana Leticia Herrera Ale, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Javier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática y José Luis Espinosa Piña, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados Mónica Fernández Balboa, Valentina Valia Batres Guadarrama y Javier Hernández Manzanares, todos del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul la diputada Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, hace observaciones.

Se les otorga el uso de la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales a los diputados: Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática y durante su participación y desde su curul, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, realiza observaciones; César Horacio Duarte Jácquez, del Partido Revolucionario Institucional; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional; Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza; y Víctor Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática.

A solicitud de los diputados de Convergencia y de otros grupos parlamentarios, la Presidencia exhorta a la Comisión de Desarrollo Social para que dictamine a la brevedad, las dos proposiciones con puntos de acuerdo con relación al incremento establecido a la leche del programa Liconsa que se presentaron en esta sesión. Desde su curul, el diputado Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia la obsequia y mediante votación económica, la asamblea aprueba y hace suyo el exhorto mencionado. Desde su curul, el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, realiza una solicitud con respecto al tema antes abordado, la Presidencia hace aclaraciones y da lectura al artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, hace observaciones.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veintiuno de noviembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Está a discusión el acta; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada.

Sonido a la curul del diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Yo quisiera, ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva, antes de aprobar el orden del día...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es el acta, no el orden del día.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Entonces espero para la aprobación del orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se dio cuenta del orden del día; estamos ya en el acta, diputado. Consulte la Secretaría si se aprueba el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio, solicitado por el diputado Tomás Gloria Requena, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Diego AguilarAcuña cause baja como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Que el diputado Ramón Barajas López cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-173, de fecha 31 de octubre, en el que se solicita a la Comisión que llame a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público para que dé respuesta a la solicitud del Pleno de la Cámara de Diputados de suspender el recorte anunciado al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tengo a bien comunicarle que el pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, en la cual se acordó que

``La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará un corte al 25 de noviembre para identificar, en la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federal, las economías, los ahorros y subejercicios de gasto y, en caso de que existan, éstos se destinen para resarcir el recorte del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará en posibilidad de adelantar las participaciones de noviembre y diciembre de los ingresos adicionales no petroleros a las entidades federativas que lo soliciten, para que puedan disponer de liquidez y así poder hacerle frente a los compromisos de gasto en los que se hayan comprometido.''

Lo anterior, con el fin de que haga del conocimiento al Pleno de la Cámara de Diputados para los efectos a que haya lugar.

Hago propicia la ocasión para expresarle mi más alta y distinguida consideración.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2005.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 15 de noviembre de 2006.--- Licenciado José Francisco Gil Díaz (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-175 signado el 31 de octubre pasado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112.- 000732, suscrito el 10 del actual por el licenciado Felipe Zavala Ponce, coordinador general de política sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual informa de la atención dada a los productores del ingenio de Puga, ubicado en el estado de Nayarit.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/5172/06 del 1 de noviembre de 2006 por medio del que nos comunica punto de acuerdo.

A través del cual se solicita requerir al titular de la Sagarpa toda la información que obre en poder de esta dependencia relacionada con el conflicto que actualmente presenta el ingenio de Puga, ubicado en el estado de Nayarit, así como exhortar al secretario se sirva fungir como mediador para la solución del conflicto en cuestión.

Al respecto, le informo que el secretario atendió a los productores del ingenio de Puga, en la Cámara de Diputados, después de su comparecencia el 31 de octubre del año en curso, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de noviembre de 2006.--- Licenciado Felipe Zavala Ponce (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.

MURO FRONTERIZO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-46 signado el 5 de octubre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, el original del similar número DCP.- 2289/06 suscrito el 13 del actual por Humberto Ballesteros Cruz, director general de coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la construcción del muro fronterizo de 1,123 kilómetros entre México y Estados Unidos de América.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Dionisio A. Meade García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al presidente de la Cámara de Diputados, diputado Jorge Zermeño Infante, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 5 de octubre de 2006, en el que señala:

Primero. La Cámara de Diputados expresa su rechazo a la decisión del Congreso de los Estados Unidos de América que aprueba la construcción del muro fronterizo de mil 123 kilómetros entre México y EUA.

Segundo. Respaldamos el pronunciamiento del Ejecutivo federal que demanda al presidente George W. Bush que vete dicha resolución.

Tercero. La Cámara de Diputados expresa su solidaridad con los 6 millones de mexicanos indocumentados que laboran en Estados Unidos, a los cuales no se les puede catalogar como delincuentes, sino como trabajadores que contribuyen al desarrollo de ambos países.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que fortalezca las medidas diplomáticas que tengan como objetivo la defensa de los derechos humanos y ante los tribunales y organismos internacionales para solucionar este diferendo.

Quinto. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados respalda plenamente el documento México frente al fenómeno migratorio emitido en marzo de 2006 por todas las fracciones parlamentarias, donde se asume el principio de responsabilidad compartida ante este problema.

Atentamente

Tlatelolco, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 5 de octubre de 2006, en el que señala:

Primero. La Cámara de Diputados expresa su rechazo a la decisión del Congreso de los Estados Unidos de América, que aprueba la construcción del muro fronterizo de mil 123 kilómetros entre México y EUA

Segundo. Respaldamos el pronunciamiento del Ejecutivo federal que demanda al presidente George W. Bush que vete dicha resolución.

Tercero. La Cámara de Diputados expresa su solidaridad con los 6 millones de mexicanos indocumentados que laboran en Estados Unidos, a los cuales no se les puede catalogar como delincuentes, sino como trabajadores que contribuyen al desarrollo de ambos países.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que fortalezca las medidas diplomáticas que tengan como objetivo la defensa de los derechos humanos y ante los tribunales y organismos internacionales para solucionar este diferendo.

Quinto. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados respalda plenamente el documento México frente al fenómeno migratorio emitido en marzo de 2006 por todas las fracciones parlamentarias, donde se asume el principio de responsabilidad compartida ante este problema.

Al respecto, le informo que:

El gobierno de México ha expresado su enérgico rechazo a la iniciativa aprobada, la cual plantea entre otras medidas, el establecimiento de barreras físicas en la frontera de Estados Unidos con México.

En ese sentido, el pasado 2 de octubre el gobierno mexicano envío a su contraparte estadounidense una nota diplomática en la que nuestro país expuso de manera clara las razones por las que considera que la construcción de una valla no es la solución al fenómeno migratorio entre ambas naciones.

En la nota diplomática se precisa que la construcción de dicha valla lastimará la relación entre los dos países, además de que no es la solución para fortalecer la seguridad en la frontera compartida.

El gobierno de México señaló que no está en contra de afianzar la seguridad en la frontera y que por ningún motivo fomenta la migración indocumentada.

En la nota se indica que, en opinión del gobierno mexicano, se requiere de un enfoque migratorio integral guiado por el principio de responsabilidad compartida, solución que de hecho abonaría a la seguridad de los ciudadanos de México y de Estados Unidos.

En la misma se solicita que estos puntos de vista sean tomados en cuenta por el Ejecutivo estadounidense, de modo que no se apruebe la legislación en cuestión.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.

MIGRANTES MEXICANOS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-60 signado el 10 de octubre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, el original del similar número DCP.- 2271/06 suscrito el 13 del actual por Humberto Ballesteros Cruz, director general de coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América a abrogar la Ley HR-6061 y a buscar la promulgación de una nueva en donde los intereses y los derechos humanos de los inmigrantes se vean reflejados.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al presidente de la Cámara de Diputados, diputado Jorge Zermeño Infante, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 5 de octubre de 2006, en el que señala:

Único.- La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América para que abrogue la Ley HR-6061 y busque promulgar una nueva, en donde los intereses y los derechos humanos de los migrantes se vean reflejados.

Atentamente

Tlatelolco, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 10 de octubre de 2006, en el que señala:

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América, para que abrogue la Ley HR-6061 y busque promulgar una nueva, en donde los intereses y los derechos humanos de los migrantes se vean reflejados.

Al respecto, le informo que:

El gobierno de México ha expresado su enérgico rechazo a la iniciativa aprobada, la cual plantea entre otras medidas, el establecimiento de barreras físicas en la frontera de Estados Unidos con México.

En ese sentido, el pasado 2 de octubre el gobierno mexicano envío a su contraparte estadounidense una nota diplomática en la que nuestro país expuso de manera clara las razones por las que considera que la construcción de una valla no es la solución al fenómeno migratorio entre ambas naciones.

En la nota diplomática se precisa que la construcción de dicha valla lastimará la relación entre los dos países, además de que no es la solución para fortalecer la seguridad en la frontera compartida.

El gobierno de México señaló que no está en contra de afianzar la seguridad en la frontera y que por ningún motivo fomenta la migración indocumentada.

En la nota se indica que, en opinión del gobierno mexicano, se requiere de un enfoque migratorio integral guiado por el principio de responsabilidad compartida, solución que de hecho abonaría a la seguridad de los ciudadanos de México y de Estados Unidos.

En la misma se solicita que estos puntos de vista sean tomados en cuenta por el Ejecutivo estadounidense, de modo que no se apruebe la legislación en cuestión.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2006.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incentivar la inversión en tecnología con la participación del sector privado, de los institutos de investigación científica y tecnológica del país, que presenta el senador Alfonso Elías Serrano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Presidente y Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presentes.

El suscrito, senador de la República de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, representante del estado de Sonora e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1, Sección XXI, Capítulo 98, Código 9806.00.03 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; y se adiciona la fracción XV que recorre la actual a una fracción XVI del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La investigación científica y el desarrollo tecnológico fomentan la competitividad y los niveles de desarrollo de cualquier país, así como el bienestar de sus habitantes.

Estas actividades son desarrolladas por empresas con un grado avanzado de especialización y disponibilidad de capital, y por universidades y centros de investigación apoyados o no con financiamiento o estímulos públicos.

El efecto de este tipo de inversiones en una economía se refleja en la disponibilidad de tecnología y capital humano con un mayor valor agregado, que en escala global posicionan el comportamiento de sectores productivos, administración pública y beneficios a la población en general, dentro del concierto de relaciones con otros países.

México requiere construir una política de Estado en materia de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, situando el tema en la agenda nacional y constituyéndose en una palanca que impulse el desarrollo económico y social del país.

La iniciativa que ahora se presenta intenta allanar el camino de las instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, sobre todo aquellas del interior de la república que enfrentan día a día obstáculos y tarifas elevadas para importar maquinaria y equipo para realizar sus labores de investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología. Asimismo estimula fiscalmente la participación del sector privado en la aportación de tecnología hacia estas instituciones.

Sin duda, las naciones dependemos de la ciencia y la tecnología. En todos los procesos de producción, alimentación, educación, salud, entre otros, están involucradas invariablemente estas dos materias.

La ciencia y la tecnología han contribuido, por una parte, a mejorar nuestra calidad de vida y, por otra, a impulsar la economía de los países a mejores niveles de desarrollo, pues está más que demostrado que las naciones más avanzadas son las que mayor atención y apoyo prestan a la ciencia y tecnología de sus comunidades y sectores.

En México se han dado pasos importantes en la materia; sin embargo, estos sectores continúan rezagados, ya que contamos con menos de un investigador por cada mil integrantes de la población económicamente activa, muy inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 7.4 investigadores por cada mil pobladores activos.

Por su parte, las instituciones encargadas de impulsar estos sectores no cuentan con las facilidades ni los apoyos suficientes para llevar al país a los niveles de competitividad que se requieren en estas materias.

Así, las instituciones educativas y los centros de investigación impulsores del desarrollo científico y tecnológico, sobre todo los del interior de la República, no tienen fácil acceso a los diversos programas federales de apoyo a estos sectores.

Estas instituciones tienen que seguir complicados requisitos para estar en posibilidad de importar tecnología a nuestro país, aún cuando se trate de instrumentos o equipo para desarrollar nuevos proyectos científicos o tecnologías de punta; lo anterior, a diferencia de la industria y las instituciones públicas federales, que gozan de ciertas exenciones y facilidades importantes en esta materia.

Por su parte, las personas morales pueden deducir del impuesto sobre la renta las inversiones que necesiten para el sano desempeño de su actividad, con lo que pueden adquirir tecnología para su procesos productivos, tomando en cuenta desde el precio del bien, los impuestos pagados, los derechos, el transporte, hasta los honorarios de los agentes aduanales. Asimismo, el impuesto a la importación pagado también es deducible si su necesidad es por importar maquinaria o equipo.

Y el sector industrial puede aplicar de manera directa un arancel cero cuando el equipo o maquinaria a importarse fuese utilizado en sus líneas de producción. En tanto que las instituciones educativas federales son sujetas de esta exención siempre y cuando cumplan con estrictos y complicados lineamientos para la importación de la maquinaria o equipo, lo que aleja el beneficio arancelario de las instituciones de las entidades federativas, tanto públicas como privadas.

De acuerdo con la fracción arancelaria 9806.00.03 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, se exenta de pago de arancel a la importación de maquinaria y equipo para investigación o desarrollos tecnológicos a los institutos de investigación científica y tecnológica, siempre que éstos se ajusten a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Economía.

En la forma y términos en lo que se encuentra redactada la fracción arancelaria señalada, el Conacyt y la Secretaría de Economía pueden, discrecionalmente, definir los requisitos que deben cumplir las instituciones para estar en posibilidad de gozar de la exención de la tarifa arancelaria citada, lo que en la práctica ha obstaculizado a las instituciones de nuestros estados a acogerse a este incentivo, inhibiendo por ende los nuevos proyectos en materia de desarrollo científico y tecnológico en los estados.

Los lineamientos más recientes a que se refiere la fracción arancelaria 9806.00.03, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2006, señalan que las instituciones que podrán contar con el beneficio del arancel cero, serán:

1. Las señaladas en el artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y

2. Las que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología, de observancia federal, establece una serie de requisitos que igualmente obstaculizan el desarrollo científico en los estados, dado que sólo pueden acceder al beneficio del arancel cero, las entidades paraestatales de la administración pública federal que, de acuerdo con su instrumento de creación, tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que efectivamente se dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas por el Conacyt y que celebren el convenio de administración por resultados para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones.

Por lo tanto, únicamente las instituciones científicas y tecnológicas de la administración pública federal y aquellas incorporadas en el Registro Nacional de Institutos y Empresas Científicas y Tecnológicas, validadas por el Conacyt, podrán hacerse acreedoras al beneficio de arancel cero en la importación de maquinaria y equipo para investigación o desarrollos tecnológicos.

Con lo anterior, miles de instituciones de las entidades federativas, ante las dificultades que impone la normatividad, desisten de emprender nuevos proyectos de desarrollo científico y tecnológico, con el consecuente rezago en la materia de nuestras comunidades.

Resulta indispensable reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, específicamente la fracción arancelaria número 9806.00.03, para evitar la discrecionalidad del gobierno federal en la definición de los requisitos para que las instituciones gocen de la exención del arancel en la importación de maquinaria y equipo para el desarrollo científico y tecnológico, e incluir, desde el texto de la ley, las instituciones y centros públicos de investigación de las entidades federativas y las instituciones privadas registradas ante el Conacyt o ante los centros y organismos rectores de las materias en los estados, como sujetos de la exención arancelaria.

En otro sentido, si bien dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece que no se consideraran contribuyentes de este impuesto las personas morales con fines no lucrativos, dentro de las cuales la ley reconoce a las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza y aquellas dedicadas a la investigación científica o tecnológica, no existe estímulo alguno para la vinculación de estas sociedades con las personas morales del país, que bien podrían participar en la aportación de tecnología bajo el esquema de donación.

Como se comentó, la ley permite que las empresas puedan hacer deducibles sus inversiones, fijando montos específicos para cada una de ellas que van desde un tres hasta un 100 por ciento. En esta reforma se establece que las personas morales puedan deducir en un 100 por ciento las compras de maquinaria, equipos, instrumentos, materiales, entre otros conceptos, destinados en donación para investigación o desarrollos tecnológicos de institutos o centros de investigación científica y tecnológica, públicos o privados, federales o estatales, reconocidos por los respectivos niveles de gobierno.

Reforma que incentivaría la asimilación pública de la tecnología nacional e internacional, beneficiando de sobremanera a Universidades, Institutos y Centros de desarrollo tecnológico e investigación de todo el país.

Es por lo anterior que se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 1, sección XXI, capítulo 98, código 9806.00.03, de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

Tarifa Sección XXI Operaciones Especiales Capítulo 98 Operaciones Especiales

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XV que recorre la actual a una fracción XVI del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

``Artículo 41. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

I. a XIV. (...)

XV. 100 por ciento en la compra de maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos, destinados en donación para investigación o desarrollos tecnológicos de institutos o centros de investigación científica y tecnológica, públicos o privados, federales o estatales que se encuentren reconocidos por la institución rectora de la ciencia y tecnología del gobierno federal o de los gobiernos de las entidades federativas, así como para las personas morales con fines no lucrativos establecidas en las fracciones X y XI del artículo 95 de esta ley.

XVI. 10 por ciento en otras actividades no especificadas en este artículo.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el primer día del siguiente ejercicio fiscal a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Alfonso Elías Serrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para solicitar que en el próximo ejercicio presupuestal de 2007 se proyecten recursos que representen cuando menos una cantidad igual o superior a la destinada en 2005 al sector pesquero y acuícola en Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Integrantes de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Quien suscribe, Senador David Jiménez Rumbo, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Senadores, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición como un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes

Considerandos

Guerrero es una de las entidades con más riquezas naturales en todo México; sin embargo, es a la vez una de las regiones con más contradicciones económicas, culturales y sociales.

Así, el desarrollo económico de la entidad se basa en el sector turístico y se concentra en las ciudades de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, sin que existan mercados emergentes que exploten la riqueza de nuestra diversidad natural, especialmente en áreas como la pesca, donde el aprovechamiento es sumamente precario y artesanal, no obstante que el estado cuenta con miles de kilómetros de litorales y que sus aguas son abundantes en especies aptas para el consumo humano, de ahí que de su correcto desarrollo puede resultar una opción para miles de familias en la entidad.

El gobierno federal ha mostrado poco interés en desarrollar y consolidar a este sector, pues la inversión económica desplegada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha ido disminuyendo, no obstante los resultados en los programas generados en 2005.

En dicho año se destinaron 13 millones 962 mil 5 pesos, en tanto que en 2006 se entregaron sólo 4 millones 249 mil 164 pesos, incluidos gastos de operación y evaluación.1

La cantidad asignada en el año 2006 significó una disminución de casi 70 por ciento de los recursos aplicados en 2005.

Como podrá advertirse, resulta incongruente que el gobierno federal no destinara más recursos dentro del ejercicio presupuestal de 2006, o cuando menos mantuviera la cantidad asignada en 2005; ello hubiera significado el camino lógico para consolidar el proceso de un mercado emergente en la economía de la región.

La disminución presupuestal a que he hecho referencia no concuerda con la misión de Conapesca, que es la de conducir y facilitar ``... el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola para incrementar el bienestar de los mexicanos''; y como podrán imaginarse, la disminución de recursos ha paralizado una serie de planes vigentes en la entidad, y ha desaparecido la viabilidad de proyectos a ejecutarse en el presente año.

Con los antecedentes descritos, resulta importante que esta soberanía intervenga en este asunto, dentro del contexto de un verdadero federalismo, y exija al gobierno federal que impulse los proyectos económicos que representan oportunidades reales para miles de personas de llevar de forma decorosa un ingreso para sus familias.

Adicionalmente, debe decirse que la inversión de recursos permanentes al sector pesquero de la entidad tendrá como resultado, a mediano plazo, la consolidación de un mercado alternativo de nuestra economía.

En este sentido, resulta oportuno recordar que por mandato constitucional, el titular del Poder Ejecutivo federal deberá presentar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a más tardar el 15 de diciembre del presente año, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007.

Por ello, es oportuno y necesario que en dicho instrumento jurídico se incorporen recursos suficientes para construir las bases de un sector pesquero y acuícola en Guerrero.

En este orden de ideas, resulta procedente que esta legislatura exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Pesca (Sagarpa), y a la Conapesca, para que dentro del ejercicio presupuestal de 2007 proyecten recursos económicos que importen cuando menos una cantidad igual o superior a la destinada en 2005; ello permitiría seguir consolidando proyectos de inversión en el sector pesquero y acuícola en la entidad.

Por lo anterior, y por ser procedente, solicito que se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero.La LX Legislatura de la Cámara de Senadores aprueba que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Pesca y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para solicitarle que dentro del ejercicio presupuestal de 2007 proyecten recursos económicos que importen cuando menos una cantidad igual o superior a la destinada en 2005 al sector pesquero y acuícola en Guerrero.

Segundo. Se instruye que se envíe oficio de estilo, acompañando copia del presente acuerdo parlamentario, a la Cámara de Diputados, para su conocimiento e intervención conforme a sus facultades constitucionales.

Nota:

1 Oficio enviado por el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Ramón Corral Ávila, al delegado estatal de la Sagarpa en Guerrero, de fecha 26 de mayo del presente año.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2006.--- Senadores: David Jiménez Rumbo y Ángel Heladio Aguirre Rivero (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, asigne recursos suficientes a los programas de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias y al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico (Delfín).

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para que la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 asigne recursos suficientes a los programas de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias y al programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico (Delfín).

El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para que la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2007, asigne recursos suficientes a los programas de formación de investigadores denominados ``Verano de la Investigación Científica'' de la Academia Mexicana de Ciencias y al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico (Delfín), al tenor de las siguientes

Consideraciones

La investigación científica es el pilar del desarrollo de las sociedades actuales; en el presente siglo la riqueza se basa en el único bien universal, que es el conocimiento. Mientras más se invierte en investigación, desarrollo e innovación más crece la economía de un país; los países que invierten en conocimiento se vuelven más competitivos y, por consiguiente, mejoran los niveles de vida de su población.

Las naciones condenadas al atraso y a la esclavitud en forma de dependencia de otros son aquellas que no han sido capaces de generar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, que son la moneda de uso corriente de nuestros tiempos, porque incluso el aprecio y la revaloración de la propia cultura pasa por este tipo de prácticas.

A la ciencia y la tecnología se llega por medio de la educación, y una de las mejores maneras de establecer la conexión entre esta forma del conocimiento y la sociedad es involucrando desde muy temprano a las mentes jóvenes con ella.

Es fundamental la necesidad de formar a más y mejores jóvenes que contribuyan al desarrollo del país. Con ese propósito, la Academia Mexicana de Ciencias, AC, desde 1990 creó la Semana y el Verano de la Investigación Científica. Este último es un programa de alcance nacional que consiste en otorgar becas a estudiantes de licenciatura de alto rendimiento, para que en una acción programada realice una estancia durante el verano con un investigador nacional y se integre a sus proyectos de investigación.

En 1996, las instituciones académicas del Pacífico mexicano decidieron integrarse para juntas fortalecer la cultura científica de la región, y dieron origen al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico, conocido como Programa Delfín, con tres subprogramas, uno editorial y dos de movilidad, académica y estudiantil, exitosos y en diferente grado de desarrollo.

El de movilidad estudiantil se ha centrado en el denominado Verano de la Investigación del Pacífico,que en parte se inspira en el de la Academia, pero que amplía la base de académicos que reciben estudiantes, al incorporar a los investigadores de la región, además de los nacionales, al mismo tiempo que incrementa espectacularmente la participación de estudiantes cuya beca depende de los fondos que su institución de origen sea capaz de allegarse y aportar al programa. Además, rescata el proceso de socialización en el doble sentido de comunicar sus logros científicos y comunicarse con otros estudiantes y profesores en un espacio de intercambio y convivencia que es el Congreso del Verano.

Por medio de estos programas se logra inculcar a los jóvenes el interés por el campo de la investigación en las diferentes áreas del conocimiento; es gracias a estos instrumentos que los estudiantes tienen la oportunidad de vivir la experiencia de tener contacto directo con investigadores de reconocido nivel y de este modo participar de manera personal en el desarrollo de proyectos específicos en los más prestigiados centros y laboratorios de investigación del país.

Estos esfuerzos llevan el firme propósito de estimular a los estudiantes para que decidan escoger a la investigación científica y el desarrollo tecnológico de su disciplina como su ejercicio profesional, y así formar cuadros académicos de alto nivel que contribuyan a consolidar la investigación y el postgrado regional y nacional.

El Verano del Pacífico ha logrado a la fecha movilizar a 3 mil 677 estudiantes, y alrededor de 40 por ciento (mil 471) cursan o concluyeron estudios de postgrado ya sea en el país o en el extranjero. Participan más de 40 instituciones nacionales ---centros de investigación, universidades públicas y privadas, institutos tecnológicos, academias--- y dos de la República de Cuba, éstas dentro de un proceso de internacionalización que ha llevado a estudiantes de la región a realizar estancias en España, Cuba, Estados Unidos, Francia y Corea.

Los buenos ejemplos afortunadamente también cunden, y se tiene noticia que en otras regiones se están gestando programas similares. Vale la pena entonces subrayar el carácter de cooperación, arraigo, regionalización y, sobre todo, de descentralización que estos programas llevan impreso.

Desafortunadamente, el financiamiento a las actividades científicas y tecnológicas se ha convertido un problema crónico que año con año se agrava con la disminución de recursos que se destinan a estos rubros. El efecto más evidente de los recortes se observa en que México ocupa el último lugar en inversión para investigación y desarrollo dentro del conjunto de los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; mientras países como China y Corea incrementan su planta de investigadores y competitividad con inversiones de 1.29 y 2.91 por ciento del PIB, respectivamente, la inversión en México se ha contraído de 0.46 por ciento del PIB en 1998 a 0.36 por ciento, aproximadamente para este año.

La situación, por tanto, es difícil, y parece que no se tiene plena conciencia por parte de las más altas autoridades federales de lo que ello significa y conlleva. Esta Cámara debe solidarizarse con los esfuerzos que por el bien del país realizan tanto la Academia Mexicana de Ciencias y el Programa Delfín, ya que el daño que ha provocado la suspensión de apoyos a la actividad científica, sobre todo en las actividades de fomento y formación de recursos humanos, ha sido catastrófico en los últimos años.

Ante la carencia de una política de Estado sobre ciencia y tecnología que dé coherencia, pertinencia y dirección a estos esfuerzos, y por la cual propugnamos desde la Cámara de Senadores, consideramos que es importante respaldar estas acciones que motivan a los jóvenes para incorporarse a un campo profesional que no sólo hace uso del conocimiento sino que genera el propio, por el que garantizaremos nuestra autodeterminación.

Por lo anterior, y con el objetivo de solidarizamos con los nobles esfuerzos de las instituciones que promueven estos programas, se pone a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 asigne recursos suficientes a los programas de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias y al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico (Delfín) para lograr el incremento de cobertura de los estudiantes beneficiados con dichos programas.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil seis.--- Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LAS MUJERES

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre la Fiscalía especial de delitos contra las Mujeres.

La Presidencia dispuso que se turnara el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo a la Comisión de Justicia; y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos, mismo que se anexa.

Atentamente

México DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

En algún momento de su vida más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. En México, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática1, mueren diariamente por causas violentas cerca de 30 mujeres en promedio, de las cuales poco más de 23 son por accidentes y 6 por homicidios y suicidios, cabe destacar que una de cada cinco muertes violentas femeninas tiene lugar en el hogar; y que nueve de cada cien mujeres de 15 años y más que conviven con su pareja son objeto de agresiones físicas por parte de ella, ocho de cada cien padecen violencia de tipo sexual, 38 de cada cien enfrentan violencia emocional y, 29 de cada cien experimentan violencia de tipo económico.

La violencia contra la mujer deriva de aspectos sociales y culturales, de normas que colocan a las mujeres en una situación de injusticia, desigualdad e inequidad ante los varones; es producto de una socialización diferenciada que considera inferior y más débil a un sexo frente al otro. Estas manifestaciones constituyen actos de desvalorización y discriminación de la mujer, así como un menoscabo a sus derechos humanos y a su autodeterminación, por lo que es labor de los legisladores contribuir a finalizar estas prácticas.

Las estadísticas nos advierten que los actos de violencia no respetan fronteras culturales, geográficas, sociales o económicas, también previenen que muchas modalidades de violencia la ejerce su pareja.

En este contexto, se puede mencionar que la violencia por parte de la pareja lesiona severamente la integridad de la mujer, su salud física y psicológica se ven vulneradas, pero además repercute en su trato con los menores. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares una mayor proporción de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja agreden a sus hijos; se estima que 45 de cada 100 mujeres que son maltratadas por su cónyuge agreden a sus hijos; la agresión hacia los infantes se incrementa en el caso de las mujeres que sufren violencia física o sexual, pues 65 de cada 100 mujeres con violencia de este tipo maltratan a sus descendientes.

Las estadísticas señalan que en las mujeres víctimas de violencia conyugal, casi 5 de cada 10 son a su vez generadoras de violencia hacía sus hijos, contra 3 de cada 10 mujeres donde el cónyuge es quien los maltrata.

La violencia contra las mujeres, en ocasiones ha estado vinculada de manera directa con la delincuencia organizada, en otras, como hemos mencionado, está relacionada con causas culturales y estructurales como la violencia familiar y el abuso de poder. Muchas veces se trata de hechos violentos que perturban la paz social de una entidad o municipio.

Consideraciones

A partir de los hechos de violencia ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se evidenció que los asesinatos de mujeres registrados en esa ciudad, son sólo uno de los ejemplos de un fenómeno que se presenta en todo el país.

Según el INEGI en 2003, 53 por ciento de un total de 10 mil 949 fallecimientos femeninos por causas violentas ocurrieron en ocho entidades federativas, el Distrito Federal y el estado de México registraron más del 19 por ciento del total; le siguen Jalisco (8 por ciento), Veracruz (6 por ciento), Puebla (6 por ciento), Guanajuato (5 por ciento), Chihuahua (5 por ciento), y Michoacán (4 por ciento).

Continua señalando la institución mencionada que, la incidencia de muertes violentas es mayor en Zacatecas, donde ocurrieron 35 muertes por cada 100 mil mujeres, le siguen: Chihuahua con 32, Baja California y Nayarit con 27 cada uno y, Colima y Aguascalientes con 26.

El Estado mexicano, como parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como de otros instrumentos internacionales aplicables, debe fortalecer su actuación en el combate a estos delitos.

En este contexto y con el impulso conjunto de las comisiones de Equidad y Género y especiales de feminicidios de las Cámaras de Diputados y Senadores, y el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios de los partidos políticos en ellos representados dentro de la LIX Legislatura, se promocionó para que el Ejecutivo, con fecha 16 de febrero de 2006, publicara en el Diario Oficial de la Federación el AcuerdoA/003/06 del Procurador General de la República por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (Fevim) dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde esa fecha, la Fevim tiene encomendado garantizar la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, para generar una cultura de respeto a sus derechos humanos y por una vida libre de violencia.

Sus tres objetivos principales han sido:

I. Investigar y perseguir delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, llevar a cabo el control y seguimiento de averiguaciones previas de homicidios y desapariciones de competencia federal, así como establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las procuradurías locales en el manejo y control de las averiguaciones previas con perspectiva de género para la atención de actos de violencia contra las mujeres en el país.

II. Establecer un modelo tipo de atención a mujeres y niñas afectadas por actos de violencia relacionados con su género en el país, así como establecer mecanismos de cooperación y coordinación con las instancias locales, nacionales e internacionales que coadyuven en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, para contribuir a la constitución de su ciudadanía.

III. Diseñar y aplicar estudios y políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país; así como especializar a ministerios públicos, peritos, investigadores y policías, tanto federales como locales, en la atención de delitos relacionados con dicha violencia.

Objetivos y resultados que han sido valorados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el cual, durante su 36 período de sesiones revisó el sexto informe periódico de México, después de manifestar una fuerte preocupación sobre las actitudes patriarcales comunes que prevalecen en el país y que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra ellas y sobre la persistencia de la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres, que llega incluso a desembocar en homicidios y desapariciones, y, en particular, los actos de violencia cometidos por las autoridades públicas contra las mujeres en San Salvador Atenco, en el estado de México, reconoció los esfuerzos que se han hecho en el ámbito federal para contrarrestar este problema, uno de ellos está representado, precisamente, por la Fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, de ahí que el Comité instó al Estado mexicano a mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección y, en este contexto, pidió que se garantizara que la encargada de la Fiscalía especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con los recursos humanos y financieros suficientes para permitirle cumplir con su mandato de forma independiente e imparcial.

Las y los suscritos senadores que promueven este punto de acuerdo consideramos que el Estado mexicano debe cumplir cabalmente sus compromisos internacionales y las recomendaciones del comité, de otra forma, no se logrará garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, de manera respetuosa y urgente, al Presidente electo, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a fortalecer la Fiscalía especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País, de la Procuraduría General de la República a fin de que cumpla con su mandato de garantizar la atención y procuración de justicia hacia las mujeres para generar una cultura de respeto a sus derechos humanos y por una vida libre de violencia.

Segundo. Se exhorta, de manera respetuosa y urgente a la Cámara de Diputados a etiquetar recursos necesarios y suficientes a fin de que la Fiscalía especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País de la Procuraduría General de la República pueda cumplir con su mandato de forma independiente e imparcial.

Notas:

1) Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Datos Nacionales, 25 de noviembre de 2005.

Recinto del Senado de la República, a 16 de noviembre de 2006.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Francisco Agundis Arias; coordinador; Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Gabriela Aguilar García, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica).--- Senadores de otros grupos parlamentarios: Dante Delgado (rúbrica), Melquíades Morales (rúbrica), Fernando Baeza Meléndez (rúbrica), Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica), José Luis García Zalvidea (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Yeidckol Polevsky Gurwitz (rúbrica) Fernando Ortega Bernés (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Equidad y Género, para su conocimiento.

CARRETERAS MEXICO-GUATEMALA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, en nombre propio y de diversos integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Sur, presentó propuesta con punto de acuerdo con relación a la construcción del tramo carretero El Ceibo, México-Lagunillas, Guatemala.

La Presidencia dispuso que se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo; y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el segundo de ellos, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta el senador Francisco Herrera León, en nombre de diversos integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con relación a la construcción del tramo carretero El Ceibo, México, y Lagunitas, Guatemala

En el marco de una política de integración regional entre México y Centroamérica, y con el propósito de alcanzar una comunicación directa con la República de Guatemala que contribuya a fortalecer el desarrollo turístico, económico y social entre ambas naciones, nuestro país, a través del gobierno del estado de Tabasco, y el gobierno de la República de Guatemala, desde el año de 1992 han venido trabajando conjuntamente para desarrollar un proyecto de convivencia mutua.

Al respecto, en ese año se estableció el punto fronterizo de cruce entre los dos países, con la intervención de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala.

A partir de entonces se han desarrollado distintos trabajos para lograr los compromisos establecidos entre ambas naciones, por lo que en el año de 1997, con recursos federales y estatales, se llevó a cabo la construcción del tramo carretero Tenosique-El Ceibo, en el estado de Tabasco.

La relevancia de esta vía fue haber tenido acceso a la zona El Ceibo para que, posteriormente, se iniciaran las negociaciones a fin de construir un puerto fronterizo en la frontera sur, destinado a la operación migratoria, aduanera, y de inspección sanitaria y fitosanitaria.

El gobierno del estado de Tabasco en 2000 realizó el proyecto correspondiente, el cual fue aprobado y formalmente se concretó el acuerdo para ser puesto en marcha mediante el intercambio de notas diplomáticas entre México y Guatemala, en mayo de 2003.

Dada la importancia que tiene el puerto fronterizo, no sólo por razones de seguridad nacional sino por la expansión de intercambios comerciales y turísticos, los presidentes de ambas naciones, ante la presencia de los gobernadores de Tabasco y de Chiapas, en 2004 anunciaron oficialmente el inicio de un proyecto de mutua convivencia para los trabajos de construcción de una carretera que uniera el estado de Tabasco con la República de Guatemala.

Sin embargo, no fue sino durante la visita oficial del presidente guatemalteco, Óscar Berger, a nuestro país el 22 de febrero de 2005, que conjuntamente con el presidente Vicente Fox se suscribió la carta de intención para la construcción dentro del territorio guatemalteco del tramo carretero que une El Ceibo, Tabasco, con Lagunitas, departamento del Petén, Guatemala, con una longitud de 19.4 kilómetros y un costo aproximado de 93 millones de pesos.

Sobre esta firma y acuerdo entre nuestros países, debemos reconocer que esta decisión, impulsada desde tiempo atrás por el estado de Tabasco, tiene un carácter estratégico y prioritario, no sólo en implantar un orden en la frontera sur, sino por el incremento de mutuos beneficios.

Es importante señalar que en un inicio, para la ejecución de las obras, el gobierno federal y los de Tabasco, Chiapas y Guatemala aportarían recursos para ello.

Entre las razones por las que el gobierno mexicano comprometió su apoyo a la construcción de la citada carretera, además de los beneficios en el comercio y la economía de la región, se busca resolver los problemas de seguridad nacional, por el tráfico ilegal de personas, productos agropecuarios, y maderas preciosas, así como el contrabando y el tráfico de drogas, los cuales ocasionan grandes perjuicios para el estado de Tabasco y para México en general.

A pesar de que a la fecha se cuenta con los permisos ambientales y la liberación del derecho de vía acordada por el gobierno de Guatemala, al igual que el proyecto ejecutivo completo y autorizado, el cual fue cubierto con recursos financieros del estado de Tabasco.

Paralelamente, desde marzo de 2004, en seguimiento del proyecto se han efectuado múltiples reuniones con la participación de las secretarías de Relaciones Exteriores, y de Comunicaciones y Transportes, así como del gobierno del estado de Tabasco, en las que se han comentado ampliamente las medidas de orden técnico y financiero que debían haber sido puestas en práctica para dar cumplimiento al compromiso presidencial de carácter internacional.

Compañeros senadoras y senadores:

Antes estos hechos, como representante por el estado de Tabasco debo expresarles mi sorpresa cuando el pasado día 10 de octubre, durante la visita de estado del presidente Fox a la República de Guatemala, conjuntamente con su homólogo el presidente Óscar Berger, dio inicio a los trabajos de construcción del tramo carretero El Ceibo-Lagunitas.

Lo que en un principio parecía una buena noticia se convirtió rápidamente en una gran desilusión debido a que hasta la fecha el gobierno federal no ha destinado los recursos suficientes para desarrollar las obras a que se comprometió.

Debo subrayar igualmente en esta tribuna que no obstante todos los antecedentes previamente mencionados, el pasado día 8 de noviembre se realizó una reunión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del gobierno de Tabasco y del que les habla, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Zona Sur, del Senado de la República, en la que fuimos informados de que los trabajos de la carretera en cuestión no han sido ni podrán ser iniciados, en virtud de que el gobierno federal carece de los recursos ofrecidos, por un monto de 90 millones de pesos.

Esto, toda vez que la obra ha sido ampliamente publicitada como un elemento de primer orden para la integración regional, con impactos altamente positivos tanto para la seguridad nacional y pública como para la expansión de actividades económicas, entre las cuales destaca la consolidación de la Ruta Maya, proyecto de desarrollo turístico en el que México participa aliado de varias naciones centroamericanas.

En virtud de estas consideraciones, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el proyecto de presupuesto de la dependencia para el ejercicio fiscal de 2007, que habrá de incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que enviará el titular del Poder Ejecutivo federal a más tardar el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se incluya una partida presupuestal que considere la construcción del tramo carretero El Ceibo, México-Lagunitas, Guatemala, con base en la responsabilidad para tal fin adquirida de parte del gobierno mexicano con el gobierno de la República de Guatemala, bajo suscripción de la carta de intención firmada el 22 de febrero de 2005.

Segundo. De igual manera, se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que de inmediato finalice las negociaciones para el intercambio de notas diplomáticas o, en su caso, el instrumento jurídico internacional que se requiera, para suscribir con el gobierno de la República de Guatemala el acuerdo interinstitucional para la Ceibo, México-Lagunitas, Guatemala.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 16 de noviembre de 2006.--- Senadores: Francisco Herrera León, presidente; Rubén Fernando Velázquez López, Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, secretarios; Sebastián Calderón Centeno (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo con relación a la situación en que viven los campesinos indígenas del país y particularmente del estado de Oaxaca.

La Presidencia dispuso que se turnara el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Agricultura y Ganadería el segundo de ellos, el cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva, De la Cámara de Senadores.--- Presente.

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para referirse a la situación en que viven los campesinos indígenas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano se encuentra en un estado crítico desde el inicio de la década de los ochenta a consecuencia de las políticas neoliberales.

El Estado ha abandonado su función garante relacionada con la seguridad alimentaria, confiándola a la incertidumbre y volatilidad de los mercados internacionales.

Desde entonces no existe soberanía plena para fijar y establecer políticas de precios, fomento y abasto, y no se diga de inversión, capacitación y modernización del sector.

En tal virtud, los esfuerzos gubernamentales han sido por demás endebles y limitados.

El sector agropecuario es altamente sensible a los cambios macroeconómicos, en parte por los riesgos climáticos y naturales, y también por las limitaciones estructurales y de infraestructura agroindustrial, condiciones que son agravadas por el indebido control que ejercen los países desarrollados y las empresas trasnacionales sobre los adelantos tecnológicos, precios y mercados internacionales.

En México los productores rurales viven una situación de rezago, injusticia e iniquidad agravada tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como por los bajos presupuestos destinados al sector.

Puede parecer aventurado decir que en nuestro país no existen políticas públicas en materia rural; sin embargo, el déficit en la producción de granos básicos y su consecuente alza en las importaciones, así como el incremento en los índices de migración rural confirman la desafortunada premisa.

El paradigma neoliberal otorga un papel secundario al sector rural en el modelo de desarrollo; por consecuencia, las políticas públicas destinadas al desarrollo agrícola implantadas por el gobierno son de mediano y bajo, trayendo como consecuencia el incremento de los índices de pobreza y marginación de la población rural.

El gobierno ha centrado su política agraria en la modernización del campo para que el mercado sea el motor que impulse el desarrollo; sin embargo, esta política ha eliminando casi por completo la regulación o participación estatal.

Los campesinos mexicanos han expresado y denunciado reiteradamente la notable falta de apoyos por parte del Estado para obtener créditos, insumos y asesoría técnica, lo cual representa un grave problema, pues el campo mexicano no está al margen de los cambios provocados por la globalización y las innovaciones tecnológicas. Este hecho los pone en una marcada desventaja en cuanto a la competitividad.

El abandono de las actividades agrícolas por la escasa rentabilidad y la consecuente migración hace que los índices de desocupación y desempleo muestren un comportamiento a la alta, ya que en 1982 se empleaban aproximadamente 546 mil personas y para 2005 la cifra cayo estrepitosamente a 153 mil.

Durante el periodo 2000-2004, nuestro país registró un modesto crecimiento agropecuario del orden del 1.8 por ciento promedio anual, en donde al subsector agrícola le corresponde 1.6 por ciento y al pecuario 2.0 por ciento. Este resultado es similar al 1.8 por ciento de la década de los ochenta e inferior al de los años noventa, cuando alcanzó 2.3 por ciento.

Estos indicadores sólo demuestran que no existe una debida política de planeación agrícola que fortalezca y fomente el desarrollo del sector agrícola; por el contrario, evidencia el desinterés y falta de visión gubernamental respecto a que un país que invierte y da prioridad a su campo garantiza la autosuficiencia alimentaría y, por ende, fortalece la soberanía de producción, consumo y comercialización de sus productos agrícolas.

Así, los problemas alimentarios se han recrudecido a lo largo y ancho de país. El ejemplo más sensible y preocupante lo tenemos en la población infantil, pues el 16.5 por ciento de los niños que viven en zonas urbanas padecen desnutrición, realidad que se agudizan en las zonas rurales, donde los índices ascienden al 35 por ciento.

Por otra parte, durante las dos últimas décadas se ha presentado un éxodo masivo de la población rural e indígena de México a los centros urbanos del país y, de manera especial, hacia Estados Unidos.

Como una de las consecuencias de esa migración, en años pasados las remesas de dinero del exterior llegaron a un máximo histórico: aproximadamente más de 13 mil millones de dólares por año. Nuestros paisanos se han convertido en la principal fuente de divisas, sólo detrás de los ingresos petroleros.

El despoblamiento y el incremento de la pobreza de las comunidades rurales e indígenas se realiza paralelamente al incongruente discurso oficial, que sostiene que se han llevado a cabo importantes planes y programas de financiamiento, modernización, capacitación e innovación tecnológica en las estructuras productivas del sector agrícola nacional, con el fin de hacerlos competitivos en los mercados mundiales, dominados por la globalización y la apertura comercial. Asimismo, el gobierno federal sostiene que dichos programas están focalizados para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, especialmente los más desprotegidos, es decir los pueblos indígenas. No obstante, la migración y la pobreza rural continúan en ascenso y todo apunta a que no va a cambiar esta situación en el corto plazo.

Existen en la historia de nuestra nación tres grandes errores que han provocado un crecimiento insuficiente en este sector, los cuales son los siguientes:

1. Pretender solucionar los problemas estructurales del sector rural ---competitividad, reducción de la pobreza y las desigualdades--- sólo desde el propio sector rural, y descuidando la interacción entre lo intersectorial y lo territorial.

2. Confundir el espacio público con el espacio gubernamental, lo cual genera una situación que debilita a ambos sectores. La dispersión, la descoordinación y la discontinuidad de planes y programas gubernamentales de apoyo provocaron el dispendio de recursos.

3. Falta de continuidad en la construcción de acuerdos y consensos para dar seguimiento y continuar las reformas agrícolas iniciadas, lo que paraliza los procesos de cambio y adecuación en el diseño de políticas públicas destinadas a modernizar al sector.

La desigualdad urbano-rural es el principal flagelo que afecta el desarrollo del campo en el país, y lo que es peor, durante los últimos años ha venido aumentando de manera considerable en las áreas rurales. Como un dato que da sustento a ello, vemos que para el periodo de 2002, 31.8 por ciento del total nacional de hogares en México se encontraba bajo la línea de la pobreza, mientras que 42 por ciento del total de hogares en el sector rural estaba en dicha situación, cifra que hasta la fecha no ha mejorado.

Hasta el momento, el gobierno federal ha carecido de la aplicación de esquemas dirigidos a reducir la desigualdad social y la ausencia de políticas públicas que reconozcan las estrategias diversificadas de los productores rurales, no sólo a nivel individual, sino como familias, como comunidades, como organizaciones, como pobladores del territorio rural; estos son fuertes obstáculos a la reorganización económica que podría permitir un desarrollo basado en la multiactividad de la sociedad rural.

Otro ejemplo de la gravedad de esta situación se observa en el propio estado de Oaxaca. La economía de esta entidad tiene una alta dependencia del sector agropecuario, pues hasta el presente año 40.7 por ciento de su población económicamente activa se dedica al campo, de los cuales 95 por ciento son indígenas (mixtecos, mazatecos, chinantecos, mixes, zapotecos, nahuas, chatinos y chontales), quienes viven, la mayoría, en municipios considerados de pobreza extrema.

El estado de Oaxaca presenta un nivel muy alto de marginación; se ubica como el segundo estado más marginado en la república. De ahí que existe una marcada presión social para mejorar la cobertura de servicios básicos, una reducida inversión per cápita y una alta dependencia de ingresos federales.

Oaxaca se ubica entre las siete entidades del país con mayor número de unidades de producción de maíz. En el estado se produce aproximadamente 3.9 por ciento del maíz nacional; de ahí que de los 570 municipios de la entidad, se siembra dicho grano en 567.

Sin embargo, y pese a la importancia de su contribución a la producción nacional de maíz, el 76.3 por ciento de las unidades de producción tienen superficies menores a cinco hectáreas, en tierras por lo general de mala calidad y condiciones fisiográficas desfavorables. Los productores oaxaqueños se ubican en los estratos más pobres de la población. Por otro lado, dependen en gran medida de la mano de obra familiar y en la producción de temporal con fines de autoconsumo en al menos 75 por ciento de las unidades de producción. Sólo 3.3 por ciento de las unidades de producción tienen acceso a riego. La mayor parte de los productores pertenece a alguno de los 15 grupos étnicos que viven en la entidad.

Considerando esas cifras, y el hecho de que la mayor parte de la producción maicera en la entidad se destina al autoabasto, los productores indígenas están en el rango de campesinos que, de acuerdo a las cláusulas del Tratado de Libre Comercio referentes a la apertura del mercado del maíz, no tienen ninguna posibilidad de poder insertarse competitivamente en la producción y comercialización.

Por eso mismo, y en ello coinciden diversos especialistas, su única opción la constituye precisamente, la migración.

Los campesinos indígenas oaxaqueños saben que su sobrevivencia se debe a que han logrado mantener la tierra como un bien común o comunal, y son ciertamente desconfiados hacia cualquier iniciativa o intromisión en el manejo interno de sus territorios.

Como fruto de lo anterior, de las casi seis millones de hectáreas pertenecientes a las comunidades indígenas, sólo han sido certificadas poco más de 50 mil.

Lo lamentable es que una situación similar día a día la viven los productores de café, piña y caña, entre otros.

El presente y futuro inmediato del ejido y la comunidad indígena, de los pequeños propietarios rurales y el de amplias franjas de pobladores rurales como mujeres, jóvenes sin tierra, jornaleros, avecindados y los crecientes flujos de migrantes, están profundamente ligados.

Por ello, es urgente que las autoridades den la importancia que requieren los indígenas del país, pues son estos pueblos quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza de la nación.

Los pueblos están integrados por más de 12 millones de personas que constituyen más de la décima parte de la población mexicana, distribuidos en cerca de 20 mil localidades.

Además, representan la mayor riqueza de la nación y son los que más aportan en recursos humanos, naturales, territoriales y culturales, a pesar de ser los más pobres en el territorio nacional.

En 12 entidades se concentran 5.4 millones de hablantes de lengua indígena, los restantes 678 mil están diseminados en el resto de los estados.

803 son municipios indígenas en México.

México ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas.

En el país se hablan más de 100 lenguas, de las cuales los pueblos indígenas aportan a esta riqueza cuando menos 60.

Los ejidos y comunidades agrarias en municipios indígenas tienen en propiedad el 60 por ciento de la vegetación arbolada, principalmente de bosques templados y selvas húmedas y subhúmedas.

Los pueblos indígenas aportan 67 por ciento de su población ocupada a las actividades agrícolas, mientras que el resto de la nación sólo colabora con menos del 22 por ciento de ella.

Con responsabilidad, humanismo y compromiso se debe implementar una política de Estado que permita tener los componentes necesarios de apoyo a los campesinos en todo el país, tales como:

Un sistema de financiamiento rural que permita el ahorro, sobre todo, dentro del contexto de la economía familiar campesina.

Una política que aumente la infraestructura productiva pequeña (riego y conservación de acuíferos, cuidado del suelo), y la infraestructura comercial, como las bodegas, frigoríficos y sistemas de transporte.

Una política de financiamiento en materia de transferencia de tecnología, innovación y capacitación, entre muchos otros aspectos.

Nuestro campo debe ser espacio en donde los mexicanos indígenas que viven y trabajan en él nunca más vuelvan a quedar excluidos del desarrollo del país; y en el que sus familias tengan el bienestar y el progreso que merecen.

Son tiempos de inclusión, de debate, de construcción de consensos para acercamos a una distribución equitativa del ingreso nacional que combata de manera efectiva la pobreza, la marginación y el rezago social.

Los campesinos mexicanos han dado muestra histórica de su contribución al desarrollo nacional, por ello es importante y necesario que le apostemos a enriquecer el gasto público en beneficio de este sector.

Por lo anterior, y con fundamento en las atribuciones que me concede el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República hace un atento exhorto a la colegisladora para que en ejercicio de las facultades exclusivas que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia presupuestal, considere en la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, las previsiones presupuestales necesarias a fin de que a nivel nacional se diseñen e instrumenten programas crecientes y permanentes de apoyos financieros a tasas preferenciales para los campesinos del país y, particularmente, los indígenas del estado de Oaxaca.

Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que a la brevedad y en conjunto, instrumenten un programa de capacitación con visión estratégica en el desarrollo del campo a pequeño y mediano plazo, con especial énfasis en los estados que presentan mayor índice de población campesina indígena.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 16 días de noviembre de 2006.--- Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó solicitud de excitativa a comisiones en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud de excitativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presente.

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que presente el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos presentada en la LIX Legislatura por la diputada Irma Figueroa Romero, en la sesión ordinaria del jueves 6 de abril de 2006.

Por lo anteriormente expuesto, le solicito se envíe la presente

Excitativa

Único. Se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a que presente el dictamen, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los catorce días del mes de noviembre de 2006.--- Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Debido a las elevadas e injustas tarifas eléctricas que imperan en el país y que afectan la economía de millones de mexicanos, principalmente a los de ingresos más bajos, el Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados para que dictamine a la brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de la colegisladora el 14 de abril de 2003.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la colegisladora para que en la revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se establezca un programa social dirigido a las familias de menores ingresos del país, a fin de garantizar que cuenten con los recursos necesarios para hacer frente al alto costo de la energía eléctrica.

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por lo que se refiere al primer punto, túrnese a las comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía. En relación con el segundo punto, remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano arquitecto Xavier Cortés Rocha, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Sen Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano arquitecto Xavier Cortés Rocha para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Sen Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del ``Cedro Nacional'', en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para aceptar y usar la condecoración de la Orden del ``Cedro Nacional'', en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.»

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ferdusi Bastar Mérito para que pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Quetzal, en grado de Caballero'', que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Ferdusi Bastar Mérito para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Quetzal, en grado de Caballero'', que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Alma Patricia Soria Ayuso para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Ecuador.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Alma Patricia Soria Ayuso para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Ecuador.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Belttrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Emilio Zilli Debernardi para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Estrella de la Solidaridad Italiana'', que le otorga el gobierno de dicho país.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar la condecoración ``Estrella de la Solidaridad Italiana'', que le otorga el gobierno de dicho país.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Arredondo Ibarra, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley de Amparo.

El diputado Salvador Arredondo Ibarra:Con su permiso, señor diputado: el suscrito,Salvador Arredondo Ibarra, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, sujetando la misma al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Hoy en México, cientos de miles de mexicanos viven en asentamientos humanos irregulares que se ubican en tierras que en un tiempo fueron comunales o ejidos y su obligación es, como ejidatarios alrededor de una relación fundamental, cultivar personalmente y disfrutar del producto de una parcela individual.

El desarrollo urbano sí ofrece atractivos económicos a la venta de parcelas ejidales que se transforman en lotes de colonias habitacionales que disuelven el ejido y, por otra parte, la transformación se vino dando al grado de que esas transacciones al margen de la ley originaron los asentamientos urbanos irregulares.

Para frenar la irregularidad y compensar adecuadamente a los ejidatarios, la reforma de 1992 autorizó la urbanización de las parcelas mediante el cambio de dominio decidido en la Asamblea de la Propiedad Ejidal a la modalidad privada. La mayoría de las decisiones de cambio de dominio tomadas desde 1992 tienen la urbanización como objetivo.

Por último, afirma dicho autor que se autorizó el cambio de dominio de tierras ejidales y su venta a personas ajenas al ejido o para aportarlas a una sociedad, sujeta, en su caso, a la aprobación de la Asamblea. También se consagró la libertad del ejido y los ejidatarios para arrendar la tierra o trabajarla mediante cualquier forma de asociación. Algunos de esos arreglos eran práctica común.

Antes de la reforma de 1992 habían surgido como una respuesta a las restricciones de la propiedad ante condiciones nuevas y cambiantes, pero estrictamente eran ilegales, lo que originaba simulación y precariedad que debilitaban al ejido. La reforma al artículo 27 incorpora relativamente poco, pero reconoció, legalizó e hizo público mucho de lo que pasaba en la propiedad rural. Es decir, la creación de los ejidos tuvo como finalidad la protección de una parte de la población menos favorecida, con la intención de que los campesinos carentes de tierras en nuestro país tuvieran la oportunidad y el derecho de trabajar las tierras que les fueron concedidas, pudiendo vivir así de la explotación de las mismas en el ámbito agrícola, forestal, ganadero, etcétera.

En este tenor, con el paso del tiempo, si bien los ejidos estaban destinados a hacer espacios de siembra, de cultivo y de conservación de granos, así como los lugares de protección familiar, lo cierto es que han transitado hasta convertirse poco a poco en asentamientos humanos, lo cual sin duda nulifica inmediatamente el fin principal para el cual fueron creados estos ejidos.

Como podemos observar, con el paso del tiempo los ejidos van perdiendo irremediablemente la función social para la cual fueron creados y, en su lugar, los mismos se han ido convirtiendo en asentamientos humanos irregulares, los cuales al tratar de ser regulados por la instancia respectiva --en el caso de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra-- promueven una serie de recursos legales, incluyendo el juicio de amparo, a fin de combatir el decreto expropiatorio con el cual se pudiera dar la regularización de la tenencia de la tierra precisamente de estos asentamientos humanos, basando su actuación en ser supuestos ejidatarios, aunque materialmente ya no lo sean, pretendiendo gozar así de la protección especial que el Estado federal concede en beneficio de los verdaderos ejidatarios.

Ahora bien, es prudente manifestar que, si bien es cierto que actualmente, de manera formal, existe la figura del ejido, también lo es que materialmente muchos de ellos han dejado de cumplir la función social para la cual fueron creados; es decir, si en dichos ejidos ya no se siembra ni se cosecha más, ya no se satisfacen necesidades de proporcionar alimento a través de los frutos cultivados, ya no se satisfacen necesidades colectivas o de uso común y ya no se utilizan las tierras para poder vivir de los productos del campo a manera de protección de los campesinos y de sus familias. Entonces, al perder por completo dicha esencia social y de beneficio familiar y al dejar de ser, por ende, ejidos, entonces no debe seguir existiendo una protección especial por parte del Estado; una protección paternalista o sobreprotectora a personas o propiedades que materialmente han dejado de necesitar dicha protección y, por tanto, por estricta equidad y justicia, no merecen más seguir gozando de una protección especial.

Es por lo anterior que con la presente adición se pretende limitar la protección otorgada por el Estado, establecida en el libro segundo de la Ley de Amparo, que regula la tramitación del juicio de garantías en materia agraria, limitando así dicha protección hacia los ejidatarios o supuestos ejidatarios que promueven el juicio constitucional en contra de expropiaciones que sean decretadas con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra.

La adición de un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo que se pretende establecer, en el sentido de excluir del capítulo único y especial de la tramitación del amparo en materia agraria a las demandas de amparo que sean interpuestas, en caso de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares, encuentra su razón de ser en el hecho de que un sinnúmero de demandas de amparo que son presentadas en este sentido --expropiación-- son precisamente instauradas por personas que no son ejidatarios ni comuneros, razón por la cual ni cuidan, ni mucho menos se dedican a trabajar la tierra, sino que son personas que se han asentado de manera irregular en los ejidos o han adquirido por cualquier medio la propiedad de los mismos. Es decir, no se trata ya de ejidatarios o comuneros sino de personas físicas, morales, de carácter industrial o comercial que se ubican asentadas en los predios ejidales.

Ahora bien, si la condición que se pretende realizar excluye del capítulo especial de la tramitación de amparo agrario el reclamo de los actos de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos, entonces, al ser excluida dicha causal de amparo, esto nos llevará al extremo de que, en el caso de una expropiación para regularizar la tenencia de la tierra, no será posible interponer una demanda de amparo --fundamentándose por ello en los beneficios que concede la tramitación especial del juicio de amparo en materia agraria, regulada en el libro segundo de la ley de la materia--, sino que sería necesario intentar la tramitación ordinaria del juicio de amparo, lo cual nos parece lo más justo.

Alejada de la protección y del cuidado que el legislador le obsequió precisamente a dicha tramitación agraria, al señalar en el artículo 212 de la Ley en comento que, con la finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, se observarán las disposiciones del libro segundo de la Ley de Amparo, tratándose de los propios juicios de amparo.

Por lo anterior, con la intención de otorgar una mayor certidumbre jurídica respecto a la tramitación de los juicios de amparo que sean presentados en contra de los decretos de expropiación tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares, se propone:

Adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, con la finalidad de aclarar de manera específica que los juicios de amparo que se presenten en contra de las expropiaciones para la regularización de la tenencia de la tierra han sido excluidos del libro segundo, que regula la tramitación especial de la materia agraria y, por tanto, en su substanciación se aplicarán las reglas generales de origen de tramitación del juicio de amparo.

Con fundamento en lo anteriormente señalado y hecho valer, me permito presentar ante esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo:

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Se exceptúa de este capítulo la tramitación de juicios de amparo que se presentan en contra de los actos de expropiación que sean decretados con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra, los cuales se tramitarán conforme a las diversas reglas establecidas en la Ley de Amparo.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente; le pido que sea remitida a las comisiones de Justicia y Reforma Agraria. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley de Amparo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Salvador Arredondo Ibarra, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional perteneciente a la LX Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, sujetando la misma al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Arturo Warman en su obra titulada El Campo Mexicano en el siglo XX, establece que se concibió a la dotación de tierras como un procedimiento complementario para suplir o abreviar los complejos trámites de la restitución, que requerían la presentación y validación de los títulos primordiales. Sin embargo, con el paso del tiempo la dotación adquirió preeminencia. En total, más del 90 por ciento de los núcleos de la propiedad social, los ejidos, derivan de un acto de dotación. Sin perder su enfoque comunitario, el reparto pasó de restitutorio a redistributivo.

Por otro lado, indica que al ejido se le reconoció personalidad jurídica y una organización con autoridades: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. A los individuos se les reconocieron derechos y obligaciones como ejidatarios alrededor de una relación fundamental: cultivar personalmente y disfrutar del producto de su parcela individual.

El desarrollo urbano sí ofrece atractivos económicos a la venta de parcelas ejidales que se transforman en lotes de colonias habitacionales que disuelven el ejido. Por otra parte, la transformación se vino dando al grado de que esas transacciones al margen de la ley originaron los asentamientos urbanos irregulares. Para frenar la irregularidad y compensar adecuadamente a los ejidatarios, la reforma de 1992 autorizó la urbanización de las parcelas mediante el cambio de dominio, decidido en asamblea, de la propiedad ejidal a la modalidad privada. La mayoría de las decisiones de cambio de dominio tomadas desde 1992 tienen la urbanización como objetivo.

Por último, afirma dicho autor que se autorizó el cambio de dominio de tierra ejidales y su venta a personas ajenas al ejido o para aportarlas a una sociedad, sujeta en este caso a la aprobación de la asamblea. También se consagró la libertad del ejido y los ejidatarios para arrendar la tierra o trabajarla mediante cualquier forma de asociación. Algunos de esos arreglos eran práctica común antes de la reforma de 1992, habían surgido como una respuesta a las restricciones de la propiedad ante condiciones nuevas y cambiantes, pero estrictamente eran ilegales, lo que originaba simulación y precariedad que debilitaban el ejido. La reforma al artículo 27 inventó relativamente poco pero reconoció, legalizó e hizo público mucho de lo que pasaba en la propiedad rural.

Es decir, la creación de los ejidos tuvo como finalidad la protección de una parte de la población menos favorecida, con la intención de que los campesinos carentes de tierras en nuestro país tuvieran la oportunidad y el derecho de trabajar las tierras que les fueron concedidas pudiendo vivir así de la explotación de las mismas en el ámbito agrícola, forestal, ganadero, entre otros.

En este tenor, con el paso del tiempo, si bien los ejidos estaban destinados a ser espacios de siembra, de cultivo y de conservación de granos, así como los lugares de protección familiar, lo cierto es que han transitado en convertirse poco a poco en asentamientos humanos lo cual sin duda nulifica irremediablemente el fin principal para el cual fueron creados los ejidos.

Como podemos observar, con el paso del tiempo, los ejidos van perdiendo irremediablemente la función social para lo cual fueron creados y, en su lugar, los mismos se han ido convirtiendo en asentamientos humanos irregulares, los cuales al tratar de ser regulados por la instancia respectiva, en este caso la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), los mismos promueven una serie de recursos legales incluyendo al juicio de amparo, a fin de combatir el decreto expropiatorio con el cual se pudiera dar la regularización de la tenencia de la tierra precisamente de esos asentamientos humanos, basando su actuación en ser supuestos ejidatarios aunque materialmente no lo sean, pretendiendo gozar así de la protección especial que el Estado federal concede en beneficio de los verdaderos ejidatarios.

Ahora bien, es prudente manifestar que si bien es cierto actualmente de manera formal existe la figura del ejido, también lo es que materialmente muchos de ellos han dejado de cumplir la función social para la cual fueron creados, es decir, si en dichos ejidos ya no se siembra ni se cosecha más, ya no se satisfacen necesidades de proporcionar alimento a través de los frutos cultivados, ya no se satisfacen necesidades colectivas o de uso común y, ya no se utilizan las tierras para poder vivir de los productos del campo, a manera de protección de los campesinos y de sus familias, entonces al perder por completo dicha esencia social y de beneficio familiar y, al dejar de ser, por ende, ejidos, entonces no debe seguir existiendo una protección especial por parte del Estado, una protección paternalista o sobreprotectora hacia personas o propiedades que materialmente han dejado de necesitar dicha protección y, por lo tanto, por estricta equidad y justicia no merecen más seguir gozando de una protección especial.

Es por lo anterior, que con la presente adición se pretende limitar la protección otorgada por el Estado establecida en el Libro Segundo de la Ley de Amparo que regula la tramitación del Juicio de garantías en materia agraria, limitando así dicha protección hacia los ejidatario o supuestos ejidatarios que promuevan el juicio constitucional en contra de expropiaciones que sean decretadas con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra.

La adición de un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo que se pretende establecer en el sentido de excluir del capítulo único y especial de la tramitación del amparo en materia agraria a las demandas de amparo que sean interpuestas en caso de expropiación para la regularización de la tenencia de tierras de asentamientos humanos irregulares, encuentra su razón de ser, en el hecho de que un sinnúmero de demandas de amparo que son presentadas en este sentido (expropiación), son precisamente instauradas por personas que no son ejidatarios ni son comuneros, razón por la cual, ni cuidan, ni mucho menos se dedican a trabajar la tierra, sino que son personas que se han asentado de manera irregular en los ejidos o han adquirido por cualquier medio la propiedad de los mismos, es decir, no se trata ya de ejidatarios o comuneros sino de personas físicas o morales de carácter industrial o comercial que se ubican asentadas en los predios ejidales.

Ahora bien, si la adición que se pretende realizar excluye del capítulo especial de la tramitación del amparo agrario el reclamo de los acto de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos, entonces, al ser excluida dicha causal de amparo, esto nos llevará al extremo de que en el caso de una expropiación para regularizar la tenencia de la tierra no será posible interponer una demanda de Amparo fundándose para ello en los beneficios que concede la tramitación especial del juicios de amparo en materia agraria regulada en el Libro Segundo de la Ley de la materia, sino que sería necesario intentar la tramitación ordinaria del juicio de amparo lo cual nos parece lo más justo, alejada de la protección y el cuidado que el legislador le obsequió precisamente a dicha tramitación agraria al señalar en el artículo 212 de la ley en comento, que con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, se observarán las disposiciones del Libro Segundo de la Ley de Amparo tratándose de juicios de amparo.

Por lo anterior, con la intención de otorgar una mayor certidumbre jurídica respecto a la tramitación de los juicios de amparo que sean presentados contra los decretos de expropiación tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares, se propone adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, con la finalidad de aclarar de manera específica que los juicios de amparo que se presenten en contra de las expropiaciones para la regularización de la tenencia de la tierra, han sido excluidos del Libro Segundo que regula la tramitación especial de la materia agraria y, por lo tanto, en su substanciación se aplicarán las reglas generales que rigen la tramitación del juicio de amparo.

Con fundamento en lo anteriormente señalado y hecho valer, me permito presentar ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue

Artículo 212.

I. ...

Se exceptúa de este capítulo la tramitación de los juicios de amparo que se presenten en contra de los actos de expropiación que sean decretados con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra, los cuales se tramitarán conforme a las diversas reglas establecidas en la Ley de Amparo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Salvador Arredondo. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos, con opinión de la Comisión de la Reforma Agraria.

Sonido en la curul del diputado Murat.

CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado José Murat(desde la curul): Señor Presidente: su servidor y varias diputadas y diputados quisiéramos saber quién tomó la decisión de tomar con los cuerpos policíacos este recinto legislativo; es una moción, con todo respeto, a la Mesa Directiva y a usted, señor Presidente. Nos preguntamos quién tomó la decisión, con qué motivo y con qué objetivo de tener secuestrado este edificio del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados y, por supuesto, es inaceptable la situación que está aconteciendo; está afectando los derechos de los trabajadores, está afectando el derecho de tránsito y está afectando a este honorable cuerpo legislativo.

Le pido, con todo respeto, que dé una explicación a este Pleno, a las diputadas, a los diputados con los que estuvimos platicando; quién tomó esta decisión y con qué objetivo. Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Del Río.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señor Presidente: queremos sumarnos al comentario del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Al entrar a este recinto recibí de parte de un general, que se hizo llamar Jorge Cuevas, una serie de agresiones, porque tan sólo no portaba mi credencial de diputado ni tampoco el pin que me identifica como tal.

Exijo de parte de este señor, por supuesto, un trato responsable para todos los legisladores; y no estamos de acuerdo en la militarización de la Cámara de Diputados. Exijo respeto para las legisladoras y legisladores, señor Presidente; gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Suárez del Real, y después de la diputada...

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente: en el mismo sentido, también quisiéramos preguntar si la suspensión de la exposición en honor al general Francisco Villa, que se retiró el pasado viernes, se circunscribe en estas medidas de seguridad excesivas que estamos viviendo en la Cámara de Diputados o existe otro tipo de argumento para haber impedido que el día de hoy se inaugurara la referida exposición. Por sus respuestas, gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Claudia Cruz, del PRD; después del diputado Arreola, del PT, y después del diputado Héctor Larios.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago(desde la curul): En el mismo sentido, señor diputado; hace un momento que llegábamos aquí a la Cámara de Diputados pregunté al personal que está afuera quién era el responsable, quién había dado la orden de poner otra vez este cerco militar que estamos viviendo en este recinto legislativo; me decían que era el capitán Carlos Arrieta. Yo quisiera preguntar si él tiene facultades para estar haciendo ese tipo de cerco alrededor de la Cámara, y poder plantear un asunto que no es simplemente el cuestionamiento de qué está haciendo el cerco militar afuera de la Cámara de Diputados, sino el retiro inmediato de ese cerco. No podemos otra vez permitir que la Cámara sea violentada, no solamente en nosotros como legisladores y legisladoras, sino la ciudadanía alrededor de este recinto, violentando todos sus derechos de libre tránsito para poder vivir de una mejor manera este principio de libertades dentro de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Sí, señor Presidente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajono está de acuerdo con estas medidas; son medidas represivas, son medidas que van en contra de los principios elementales de libre tránsito; ¿cómo en nuestra propia casa vamos a tener aquí este cerco militar? Estamos en contra de él, y que se retiren de manera inmediata, esa es la propuesta del Partido del Trabajo.

Y quién puede tener atribuciones legales, señor Presidente, respecto a esta situación; pero lo fundamental está en nosotros. Creo que primero tiene que estar el principio de equidad, y no se preguntó a ningún grupo parlamentario sobre esta situación; por lo tanto, creo que lo más conveniente es que se retire todo este cerco militar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Héctor Larios.

El diputado Héctor Larios Córdova(desde la curul): Sí, Presidente, los coordinadores de los grupos parlamentarios hemos acordado que, terminando el capítulo de iniciativas, pueda fijarse posición por cada uno de los grupos parlamentarios con un orador, de tal forma yo sugeriría que esperáramos a este espacio para que, concluyendo la presentación de iniciativas, pueda cada grupo parlamentario fijar su posición.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia no tiene inconveniente en que antes de que se acabe el capítulo de iniciativas, dada la inquietud de todos los legisladores y que esta Presidencia no tiene nada que ocultar, se abra este posicionamiento por cada grupo parlamentario. Sonido a la curul del diputado Gálvez, y después el diputado Solís Parga.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez(desde la curul): Con tu permiso, diputado Presidente: con lo que han comentado mis compañeros, yo creo que incluso antes de iniciar esta sesión debimos haber tocado como punto primordial este atropello prácticamente que está haciendo la PFP, donde no nada más están afectando al cuerpo de legisladores, sino también a una multitud de ciudadanos que viven alrededor.

Nosotros tenemos prácticamente que cuidarnos en parte de la delincuencia y, por otro lado, ahora de esta actitud tan represiva de parte de la PFP; déjame platicarte, diputado Presidente, que el día de ayer tuve que entrar aquí a mi oficina, para adelantar unos trabajos que tengo pendientes de esta semana, y venía con otras personas que me acompañaban, y dice una de las personas que me acompañaba que estábamos bien cuidados, pero que ahora te vamos a robar nosotros, me dijeron los de la PFP; aunque sea de broma, es una situación muy abusiva de parte de ellos.

Yo sí, también quisiera refrendar la petición que están haciendo mis compañeros, hacerte la pregunta, diputado Presidente: ¿quién tomó esa determinación? Porque yo les preguntaba que con qué trabajo me dejaron entrar ahorita como legislador. Y déjame decirte que venimos también, como varios de aquí de los compañeros de la vía uninominal, donde tenemos muchos derechos al igual que todos, al igual que tú, Presidente; aún cuando tú presides esto, tenemos los mismos derechos y las mismas dificultades.

Y déjame decirte que con qué trabajo me dejaron entrar; a veces uno duda de llevar --con los antecedentes que ha habido de secuestros allá afuera--, a veces no puedes ni llevar tus identificaciones personales, donde te puedas acreditar como diputado federal, por el temor que hay allá afuera; y aun así no nos dejan entrar a este recinto legislativo.

Así que yo sí, con todo el respeto que tú te mereces, diputado Presidente, yo sí te pido que, si tú eres el responsable o tú pediste esa presencia de la PFP, que en su momento más oportuno hicieran lo correspondiente para que hagan la retirada, porque yo creo que está violentando un poder, que es el Ejecutivo, violando a este cuerpo Legislativo. Muchas gracias por la oportunidad que me diste de la palabra, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Solís Parga, y le pido antes de hablar que apague su cigarro.

El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Está apagado desde hace rato, señor Presidente. La verdad es que se vive un estado de sitio no declarado en la Ciudad de México. Varias calles de la Ciudad están bloqueadas por fuerzas federales, no solamente alrededor de este Palacio Legislativo; Siendo ésta la situación, yo pediría que se declare de una vez el estado de suspensión de las garantías constitucionales o que se retiren las fuerzas federales de la vía pública y regresen a sus cuarteles. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia ha asumido con toda seriedad las expresiones que son del conocimiento de todos ustedes; expresiones públicas que han sido repetidas de manera reiterada y que buscan a toda costa impedir la ceremonia del día 1 de diciembre. Bajo esta responsabilidad, y tomando en cuenta estas expresiones reiteradas, esta Presidencia asume su responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los legisladores, de garantizar el fuero constitucional de los legisladores diputados y senadores; y siendo una atribución del Presidente de la Mesa Directiva, lo hemos hecho con toda responsabilidad, como se ha hecho a lo largo de muchos años, solicitando la colaboración de distintas corporaciones para que colaboren en la seguridad de los legisladores, de los visitantes que estarán el día 1 de diciembre.

He hecho del conocimiento de todos los coordinadores, les he entregado copias de los oficios que se han girado desde el día 15 de noviembre a las distintas corporaciones y a las distintas secretarías para que contribuyan y colaboren en la buena marcha de este evento. Eso es lo que hay, y yo pido a todos su comprensión y solidaridad y que nos hagamos cargo, como legisladores, de la seguridad de todos dentro y fuera de este recinto.

Sonido a la curul del diputado Javier González Garza, y después del diputado Santiago, del diputado Pulido.

El diputado Celso David Pulido Santiago(desde la curul): Gracias, señor Presidente: fíjese que lo que voy a comentar no es reiterativo; hace ocho días, a unas cuadras de aquí, del recinto de la Cámara de Diputados, fui objeto de un asalto a mano armada. Creo que la seguridad no debe estar aquí, debe estar en las calles. Creo que se debe retirar la PFP. Nos asaltaron a unos compañeros y a mí. Yo solicitaría a los demás grupos parlamentarios del PRI, de Convergencia, del PT; si no sale la PFP, que no haya sesión, porque lo que está pasando fuera de la Cámara no es mínimo, señor Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Adrián Pedrozo; después el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo(desde la curul): Yo quiero, en primer lugar, señor Presidente, informarles que en tiempo y forma hicimos trámites para llevar a cabo un foro con universitarios; se nos autorizó el uso de las instalaciones, los servicios parlamentarios y el día de hoy se impidió la entrada a todos los universitarios que fueron convocados. Esto, quiero dejar constancia, porque además de contravenir ya el procedimiento que nosotros habíamos seguido de hacer uso de estas instalaciones, también se impidió la entrada de estos universitarios, de tal manera que nos obligó a suspender este foro que tenía como interés la defensa de la educación pública y gratuita. Dejar constancia también, sumarnos a todas las inconformidades que se han presentado de manera particular, de esta situación que vivimos el día de hoy. Gracias

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Con todo respeto, señor Presidente, pero la Ley Orgánica y la Constitución no le otorgan a la Presidencia de esta Cámara facultades para suspender de facto garantías individuales a cinco kilómetros del recinto legislativo. Las facultades que tiene el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara solamente se refieren al recinto legislativo del Palacio de San Lázaro. No a la suspensión de garantías constitucionales a todas las personas que viven alrededor de todas las cuadras, en las que, de facto, están suspendidas estas garantías, por un lado. Por otro lado, señor Presidente, tampoco la Mesa Directiva, ni su Presidencia tiene facultades para autorizar que la fuerza de un poder constitucional --como es el Poder Ejecutivo, concretamente el Estado Mayor presidencial-- tome las instalaciones de otro poder constitucional que tiene igualdad de rango constitucional ante la ley.

Este poder, el Poder Legislativo, tiene el mismo rango, constitucionalmente hablando, como poder de la Unión, que el Poder Ejecutivo. De tal manera que no puede ser sometido este Poder por las fuerzas policiacas y las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo. Por eso, es muy claro el artículo 12 de la Ley Orgánica, en el que se señala en qué casos, efectivamente, la Presidencia de la Cámara puede solicitar el arribo de la fuerza pública, y son solamente dos: garantizar la inviolabilidad del recinto y proteger el fuero de sus legisladores. Las demás atribuciones, vuelvo a repetir, no permiten la suspensión de garantías individuales en ninguna parte, ni tampoco el asalto de un poder por otro. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con todo respeto, diputado, no hay ninguna suspensión de garantías individuales. Nadie las ha decretado.

Sonido a la curul del diputado Gamboa.

El diputado Emilio Antonio Gamboa Patrón(desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente; señor Presidente, ha hecho del conocimiento de este cuerpo colegiado que el jueves, en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos nos hizo llegar a cada uno de los coordinadores todos los oficios para dar garantías para el 1 de diciembre, para la ceremonia de la toma de posesión del Presidente Electo, Felipe Calderón. No se nos hizo ver en qué magnitud iban a ser tomados estos oficios enviados por el Presidente de la Cámara a esas dependencias. Yo le solicito ahorita, señor Presidente, que convoque a la Conferencia para la Dirección y la Programación de los Trabajos Legislativos y veamos los alcances de los oficios. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gamboa. Está convocada la Conferencia --la reunión de Conferencia--; terminando la sesión ordinaria del día de hoy.

Sonido a la curul del diputado Gamboa.

El diputado Emilio Antonio Gamboa Patrón(desde la curul): Señor Presidente: lo que sentimos es que es un exceso lo que está aquí en las calles; quisiéramos que continúe la sesión y que usted convoque a la Conferencia --no tiene que levantarse la sesión-- y nos pongamos a trabajar de inmediato los coordinadores con usted.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con mucho gusto. Convoco a todos los coordinadores a que podamos reunirnos en 15 minutos en las oficinas de la Mesa Directiva. En las oficinas de la Mesa Directiva se convoca a todos los coordinadores a esta reunión de Conferencia.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría se instruya el cierre del registro de asistencia.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 463 diputadas y diputados; quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

Tiene la palabra, en el capítulo de iniciativas, el diputado José Alfonso del Real Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, inscrita por el mismo diputado y por Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez.

Continúa la sesión y estoy convocando a los coordinadores a esta reunión en este momento. La sesión continúa.

Sonido a la curul del diputado Pedraza.

CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Señor Presidente: yo nada más quisiera, en el marco de esa disposición que ha tenido de convocar a la Conferencia --para que los trabajos puedan fluir con responsabilidad--, que se pueda convocar a un receso que también inicie en este momento, que estemos en espera de lo que ustedes allá, en la Conferencia, van a resolver y que esto dé las condiciones para continuar...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado.

Pido silencio para que termine el diputado. Pido silencio para escuchar la opinión del diputado Pedraza.

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): ...Y que esto permita tener ya la información y condiciones para desarrollar los trabajos. Ustedes deben saber que estas fuerzas que están allá afuera dan terror; están acusados de violación, son los mismos que violaron a las mujeres en Atenco, son los mismos que atropellaron los derechos de los campesinos en Oaxaca, y valdría la pena que los retirase de este recinto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado: nada más les recuerdo a todos que hay 80 puntos de acuerdo inscritos, que hay 11 iniciativas de ley y que en cada sesión se van acumulando.

Sí, hay seguridad afuera; sí, hay seguridad afuera, diputado, y nada más pido a quienes nos han estado amenazando y nos siguen amenazando de que no van a permitir; que esta Presidencia se hará responsable de la seguridad de ustedes y de todas las personas que vengan el día 1 de diciembre; y que esta Presidencia no acepta ni amenazas, ni presiones ni chantajes de nadie, y que asumirá su responsabilidad para resguardar la seguridad de todos.

Continúe.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Suárez del Real, continúe con...

Cuando termine quien estaba en el uso de la palabra, por favor.

Ruego a los diputados que estaban arriba de la curul que manifiesten su respeto al recinto. Guarden silencio. Estamos en el rubro de iniciativas; en cuanto termine el uso de la palabra, se le concederá. Estamos desahogando el orden del día y tiene la palabra el diputado para presentar su iniciativa.

Adelante, señor diputado.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez(desde la curul): Están coartando mi libertad de expresión en el Pleno. Me tengo que subir a la curul para que me tomen en cuenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado Alfonso del Real, espere un momento, porque van a hacer una propuesta. Diputado Gálvez.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez(desde la curul): Con su permiso, diputada Presidenta. Para empezar, lamento mucho que nos quieran coartar el derecho de poder participar, porque tenemos todo el derecho, y eso lo marca el Reglamento Interno de este Congreso.

Número dos. Te pido, diputada Presidenta, que la propuesta que están haciendo mis compañeros, que creo que... y hoy que estamos celebrando el día de la tolerancia, que pudiéramos nosotros empezar por lo siguiente: de que tú pidieras proponer un receso correspondiente, y en lo que terminan mis compañeros coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, que pudiéramos dar continuidad, dado que no hay condiciones correspondientes; porque lo que está ocurriendo allá afuera --la fuerza pública de la PFP-- no es para menos, compañera diputada Presidenta. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias. El diputado Juan José Rodríguez Prats pidió hacer uso de la palabra. Cristián Castaño, ¿con qué objeto? Adelante, diputado Cristián Castaño, para una moción.

El diputado Cristián Castaño Contreras(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Hay un orden del día que fue aprobado por este Pleno. Cualquier modificación, cualquier interrupción a este orden del día tendría que ser aprobado por el Pleno y ser propuesto en este sentido. Hasta que no se cambie el orden del día, señora Presidenta, estamos sujetos al que ya aprobó este Pleno, por lo cual solicito que sigamos en el desarrollo del orden del día que ya fue aprobado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias. Diputado Rodríguez Prats, había pedido la palabra. ¿Ya no?

Ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 105 del Reglamento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:``Artículo 105. No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente, en los siguientes casos: para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión''.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Como han escuchado ustedes, nuestra norma, no hay razón para suspender la sesión. Podemos continuar desahogando el orden del día que fue aprobado; nuestros coordinadores están discutiendo el asunto que les inquieta. Esperemos responsablemente en este salón, continuando con el orden del día que se aprobó y que no hay condiciones reglamentarias para suspenderla, y en cuanto los coordinadores hayan dialogado, vendrán a informarnos los acuerdos a que llegaron.

Yo los exhorto a manifestar su responsabilidad y congruencia con nuestras normas, y continuemos, porque en este salón no se está alterando el orden, excepto por lo que interrumpen, y si continuamos con la sesión, daremos tiempo a que los coordinadores discutan el tema que ustedes han expresado aquí, sus inquietudes; y volverán, en cuanto tengan una respuesta, a dárnosla.

Voy a pedir a los señores diputados que, cuando pidan hacer uso de la palabra fundamenten el mecanismo que van a proponer, porque esta Cámara, la única fuerza que tiene es la fuerza de la ley. Entonces, fundamenten las propuestas que quieran hacernos en los reglamentos, en la Ley Orgánica, pero si no encuentran esa fundamentación, yo les ruego que permitan que esta sesión continúe.

El diputado Javier Hernández Manzanares (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Hernández Manzanares.

El diputado Javier Hernández Manzanares(desde la curul): Señora Presidenta, primero que nada, en términos del artículo invocado por usted misma, el Presidente de esta Cámara injurió a quienes estamos en contra de su señalamiento; por tal motivo solicitamos a usted que, si es un problema legal lo que estamos invocando, se ponga a consideración de esta honorable Asamblea nuevamente el orden del día para continuar con los trabajos.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ruego al Secretario que dé lectura nuevamente al artículo 105, porque no ha lugar. No se refiere a ese artículo lo que usted está mencionando, diputado, con todo respeto. Dé lectura al artículo 105 del Reglamento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 105, Reglamento para el Gobierno Interior: ``No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente, en los siguiente casos: para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión''. Es cuanto, Vicepresidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias. Ruego al Secretario que dé cuenta del artículo 23 de la Ley Orgánica; el inciso f).

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 23. ``Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara''.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: En virtud de este artículo, yo ruego, compañeros diputados, que permitan a la Presidencia continuar, como es su responsabilidad, con el desahogo del orden del día que fue aprobado. Y posteriormente vendrán los señores coordinadores a informar el asunto que están tratando.

Continúe la Secretaría con el orden del día. A ver, perdón, había pedido anteriormente el uso de la palabra el diputado, y con esto damos por concluido y continuamos con el orden del día. Adelante, diputado. Sonido en la curul del diputado Carlos Navarro, por favor.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López(desde la curul): Presidenta, con todo respeto, y con base en el artículo que acaba de leerse, dé trámite a una reiterada petición: someta a consideración del Pleno la propuesta de un receso por el tiempo, que ya falta muy poco, para que concluya la reunión de los coordinadores.

No le veo mayor dificultad que se apegue usted al reglamento, a la Ley Orgánica, al artículo 23 que acaba de leer, para que dé trámite a una propuesta y que los diputados, con su voto, decidan si hay sensibilidad para tener un receso aquí mismo, estar dentro del Pleno, porque hay una situación extraordinaria, Presidenta: está militarizada la Cámara de Diputados.

Eso no puede ser. Si los compañeros diputados de Acción Nacional están acostumbrados a ver imágenes de golpes militares con los que simpatizan, nosotros no. No vamos a continuar la sesión, Presidenta. No vamos a continuar la sesión, no la vamos a continuar si no se apega usted al reglamento, y someta a consideración, por favor, la propuesta..

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, mire: es facultad exclusiva de la Presidenta suspender, continuar con las sesiones, pero en atención a las inquietudes.

Pido a la Secretaría que se abra el tablero electrónico y se ponga a votación si la mayoría acepta la propuesta de que haya un receso. Que se abra el registro por 10 minutos. Lo que se va a votar es si la sesión continúa o se acepta un receso. El voto a favor quiere decir que se acepta el receso. A favor por el receso y en contra querría decir que continúa la sesión.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la votación.

(Votación.)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ciérrese el registro electrónico.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Ciérrese el sistema electrónico. Se han registrado 128 votos en pro, en contra 285 y 6 abstenciones; por tanto, no hay mayoría.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. El Pleno se ha pronunciado mayoritariamente porque continúe la sesión. Como les decía anteriormente, compañeros diputados, esta Presidencia no cuenta con ningún otro recurso ni argumento que el que le da la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso.

Con el mismo respeto que la Mesa Directiva ha permitido las intervenciones de todos ustedes que pidieron el uso de la palabra, les pido el mayor respeto para la conducción de esta sesión, a fin de que nos permitan desahogar, como estaba aprobado, el orden del día.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES - LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se le había ya concedido la palabra, y pido que continúe haciendo uso de ella, al señor diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Bienes Nacionales y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señora Presidenta: las diferentes concepciones de los bienes propiedad de la nación y la protección de los bienes culturales han tenido un desarrollo histórico ligado a la construcción de la nación mexicana. Ya en el México virreinal, en el siglo XVIII, registramos la primera querella sobre patrimonio cultural, emprendida por el virrey Pedro de Cibrián y Agustín, en 1743, en contra de don Lorenzo Boturini y Benaducci, a quien le expropia su valiosa colección de códices y antigüedades mexicanas.

El México liberal cuenta entre sus prioridades políticas el financiamiento de la hacienda pública y la identidad de la nación. En esta circunstancia, la Ley de Desamortización de Miguel Lerdo de Tejada, entonces primer ministro de Hacienda, atenderá a la creación de la hacienda pública que, consecuentemente, conducirá a la posterior expropiación de bienes del clero promovida por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

Estas iniciativas definirán el horizonte desde el cual se establece la propiedad de bienes nacionales y la legitimidad de las acciones de Estado en su custodia y administración. Cabe señalar que la intención de esta ley no era privar a la iglesia de su riqueza material, sino tan sólo modificar el carácter de una parte de tal riqueza. Las razones eran económicas y financieras, no políticas ni antirreligiosas. He de señalar que, implícitamente, los bienes culturales de culto religioso, así como la mayoría de los inmuebles que ocupaban las iglesias han quedado, hasta la fecha, en custodia de los ministros de culto religioso; sin embargo, es necesario que se promuevan políticas definidas para su protección, debido al permanente riesgo del saqueo.

Este complejo proceso histórico lleva al establecimiento del marco en el que se desarrollan dos leyes: la Ley de Libertad de Cultos de diciembre de 1860 y la Ley Bienes Nacionales, origen de la actual Ley General de Bienes Nacionales. Esta última contiene disposiciones relativas al destino de los bienes nacionalizados al clero y en poder de la nación, la cual prohíbe expresamente que éstos sean cedidos de manera alguna por el Estado, en su artículo 84; sin embargo, aún no está asegurado el registro adecuado ni el resguardo de gran parte del patrimonio de los bienes culturales.

La Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos, Artísticos e Históricos definirá hasta 1972 el marco normativo del resguardo e investigación de nuestro patrimonio cultural. Las diferentes leyes que preceden a la Ley Federal de Monumentos son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización.

El 19 de enero de 1934 se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural; tiene el carácter de ley federal y dispone expresamente, en su artículo 2o y en el 4o, el dominio de la nación de los bienes arqueológicos:

``Son del dominio de la Nación --dice-- todos los monumentos arqueológicos inmuebles. La presente ley tendrá aplicación federal en sus preceptos relativos a: Primero, monumentos arqueológicos''.

Es así que gran parte de estos preceptos --producto de un proceso histórico-- se integran en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del año de 1972, definiendo por vez primera los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley, asimismo, establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales, muebles e inmuebles y lo diferencia en el ámbito de políticas, acciones y competencia de instituciones específicas, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, del concepto de monumentos en arqueológicos, artísticos e históricos y se derivan las facultades de ambos institutos.

En el país existen 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil y 120 mil inmuebles considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso. Este catálogo es un instrumento fundamental por su precisión y certeza para identificar los bienes culturales, muebles e inmuebles que hayan sido robados o productos del saqueo o del tráfico ilícito.

Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se documenta un delito se publicarán en las páginas de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías locales, de agencias aduanales y de la página e-cultura. Todo galerista, subastador o negociante de bienes muebles e inmuebles estará obligado a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los compradores.

Por tal motivo, con esta iniciativa de ley queremos hacer expresa la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en financiar el catálogo de bienes nacionales, de manera armónica con las facultades que otorga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos y Artísticos a los institutos federales.

El resguardo del patrimonio cultural se encuentra plasmado jurídicamente en la Ley Federal de Monumentos, pero falta la consideración acerca del vínculo orgánico con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

Por lo anterior someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley General de Bienes Nacionales, en los siguientes términos:

Artículo 1o. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 30, una fracción XI al artículo 81 y un segundo párrafo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

``La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los términos previstos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para consolidar y actualizar el catálogo de bienes inmuebles culturales, arqueológicos, artísticos e históricos''.

En el artículo 81, la fracción que se adiciona es la XI, quedando como sigue: ``La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios para la consolidación y actualización del catálogo de bienes culturales, muebles, utilizados para fines religiosos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional del Bellas Artes y Literatura llevarán a cabo todas las acciones de acuerdo a las facultades que les otorga la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos''.

En el artículo 150 se adiciona un segundo párrafo, que a la letra dice:

``Se aplicará esta misma pena a quien robe, saquee o trafique ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación''.

El artículo segundo.- Se modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

``Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, propiedad de la nación.

Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración en los términos previstos por las leyes. Para este efecto documentará todos los bienes recibidos y tendrá el compromiso de responder por su integridad mediante un acta de recepción y entrega a sus sucesores.

La omisión o deliberada pérdida o sustracción, será sancionada según lo establece la Ley General de Bienes Nacionales''.

Se contempla la introducción de artículos transitorios. Es cuanto tenemos que informar. Gracias, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto someten a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La formación del concepto de bienes culturales y su protección ha tenido un desarrollo ligado a la construcción de la nación mexicana. Ya en el México virreinal, en el siglo XVIII, registramos la primera querella sobre patrimonio cultural, emprendida por el virrey Pedro de Cibrián y Agustín en 1743 contra Lorenzo Boturini y Benaduci, a quien expropia su valiosa colección de códices y antigüedades mexicanas. Así surgen nociones fundamentales en torno de la riqueza cultural de México, por las que se constituye la Junta de Antigüedades, al frente de la cual estuvo el famoso arqueólogo y primer explorador de la cultura maya, Guillermo Dupaix, quien fue enviado por el rey Carlos IV en busca de antigüedades, por lo que realizó expediciones por todo el territorio de la Nueva España, entre 1805 y 1808.

El México liberal cuenta entre sus prioridades políticas el financiamiento de la hacienda pública y la identidad de la nación mexicana. En esta circunstancia, la Ley de Desamortización de Miguel Lerdo de Tejada, entonces primer ministro de Hacienda, atenderá a la creación de la hacienda pública, que consecuentemente conducirá a la posterior expropiación de bienes del clero promovida por don Benito Juárez. Estas iniciativas definirán el horizonte desde el cual se establece la propiedad de bienes nacionales y legitima las acciones de Estado en su custodia y administración. Cabe señalar que la intención de esta ley no era privar a la iglesia de su riqueza material, sino tan sólo modificar el carácter de una parte de tal riqueza. Las razones eran económicas y financieras, no políticas ni antirreligiosas. Sin embargo, la identidad de la nación que apenas surgía se construye mediante el reconocimiento simbólico de los mexicanos con su pasado prehispánico y con las creaciones culturales de su presente criollo.

Precisamente por lo mencionado, uno de los primeros decretos emitidos por Guadalupe Victoria, en 1825, fue para crear la institución del Museo Mexicano, en cuyo acervo se encontraban la Piedra de Sol (popularmente conocida como Calendario Azteca y más correctamente identificada como Piedra de Sacrificios), las piezas arqueológicas procedentes de la Isla de Sacrificios, la Coatlicue y los monolitos entregados por Diego de la Rosa. Baste considerar que este museo es la simiente de nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual, hasta entrado el siglo XX, se concentraban las colecciones arqueológicas y de historia natural, como documentó Alfonso L. Herrera en los catálogos de las colecciones del Museo Nacional.

La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859 establece de manera precisa en el artículo 12: ``Los libros impresos, manuscritos, pinturas y antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos''.

He de señalar que se optó más bien porque los bienes culturales de culto religioso, así como la mayoría de los inmuebles que ocupaban las iglesias, quedaron hasta la fecha en custodia de los ministros de culto religioso.

De manera complementaria al decreto de expropiación del presidente Juárez, el 25 de septiembre de 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada expidió una ley que modificaba la Constitución de la República con una enmienda, por medio de la cual se adicionan cinco artículos. Éstos consideraban la separación del Estado y la iglesia; la secularización del matrimonio y demás actos de registro del estado civil de las personas; la prohibición explícita sobre la propiedad de bienes raíces o capitales para cualquier corporación religiosa. Se consideró solamente la excepción, consignada en el propio artículo 27 de la Constitución, por la que se respetaron algunos edificios que se destinaban al servicio u objeto propio de dichas corporaciones, por lo que se dejaron en custodia de sus ocupantes. Este proceso culminó el 14 de diciembre de 1874, cuando se expidió finalmente el reglamento de estas reformas constitucionales. Con eso se determina el destino de los bienes de la iglesia, que incluyen tanto los muebles como los inmuebles.

Posteriormente, se emitieron dos disposiciones más, con las que el gobierno federal aseguró el destino de los bienes de la iglesia y la legitimidad de la propiedad de estos bienes por el Estado. El 8 de noviembre de 1892, el presidente Porfirio Díaz emitió una ley que permitió la adquisición de las fincas nacionalizadas por sus tenedores. Se otorga un plazo en el que puede ejercerse este decreto, término que se extiende hasta el 30 de junio de 1898, mediante diferentes decretos. El 16 de noviembre de 1900 se decretó una ley con la que se ordenaba la prescripción de derechos y acciones fiscales sobre bienes nacionalizados, excepción hecha de los bienes que se hallasen aún en custodia de las corporaciones religiosas. Con esto, se considera, termina el proceso de nacionalización de bienes de la iglesia.

Este complejo proceso histórico establece el marco en que se desarrollan dos leyes: la Ley de Libertad de Cultos de diciembre de 1860 y la Ley de Bienes Nacionales, origen de la actual Ley General de Bienes Nacionales. Esta última contiene una disposición relativa al destino de los bienes nacionalizados al clero y en poder de la nación, la cual prohíbe expresamente que éstos sean cedidos de manera alguna por el Estado, en el artículo 84. Sin embargo, aún no está asegurado el registro adecuado ni el resguardo de gran parte del patrimonio de los bienes culturales. La Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos, Artísticos e Históricos definirá, hasta 1972, el marco normativo del resguardo e investigación de nuestro patrimonio cultural.

La derivación de algunos principios en materia de política cultural tiene una historia vinculada a la configuración del horizonte de los bienes de la nación; pero por lo que respecta a la protección de nuestro patrimonio cultural, las políticas de patrimonio, resguardo e investigación se concentraron en un primer momento en el patrimonio arqueológico, el cual ha tenido una importancia sustancial en la legislación cultural y en la construcción tanto del imaginario social como de las instituciones culturales.

La historia jurídica de la protección del patrimonio arqueológico se remonta a la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, del 23 de febrero de 1861, y la del 26 de marzo de 1894; el decreto del 3 de julio de 1896; y la ley del 11 de mayo de 1897, que se refieren por vez primera a la propiedad de ruinas y monumentos arqueológicos; la ley de diciembre de 1902 que declaró las ruinas arqueológicas bienes de dominio público; y la ley del 30 de enero de 1930, que legisla en el mismo sentido.

Las diferentes leyes que preceden la federal de monumentos son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización. El 19 de enero de 1934 se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural; tiene el carácter de ley federal y dispone expresamente en los artículos 2o. y 4o. el dominio de la nación de los bienes arqueológicos:

``Son del dominio de la nación todos los monumentos arqueológicos inmuebles...

... La presente ley tendrá aplicación federal en sus preceptos relativos a

I. Monumentos arqueológicos.''

Así, gran parte de estos preceptos, producto de un proceso histórico, se integran en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, la cual define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales muebles e inmuebles, y lo diferencia en el ámbito de políticas, acciones, y competencia de instituciones específicas, Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes; del concepto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos se derivan las facultades de ambos institutos. Tenemos que reconocer, como uno de los acontecimientos más importantes para la vida cultural de México en el siglo XX, la creación de las instituciones culturales federales. A partir de entonces se han desarrollado las políticas de educación, formación de públicos, programa cultural y resguardo patrimonial: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se fundó el 31 de diciembre de 1946 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939.

En el país existen aproximadamente 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil, y 120 mil inmuebles considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso. El patrimonio de bienes muebles se estima en más de 4 millones. Es evidente que todo este patrimonio debe estar en custodia de los entes culturales del INBA y el INAH, pero también que en algunas acciones fundamentales debe buscarse la vinculación con otras dependencias federales, lo que ya ocurre en cierto sentido, pero de manera excepcional, situación que limita las acciones y programas de resguardo, investigación y custodia del patrimonio cultural. Por esto es fundamental que tal vinculación se prevea desde el marco jurídico, como se plantea en esta iniciativa de ley.

El incremento del saqueo, el robo, el fraude y el tráfico ilícito de bienes culturales es preocupante. Estudios recientes de organismos internacionales como la UNESCO señalan que México es uno de los 10 países con mayor índice de robo, saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales. Se ha documentado que verdaderas mafias locales e internacionales operan impunemente gracias a la complicidad de autoridades, a los vacíos jurídicos y a la falta catálogos y de sistemas de información que permitan ubicar los bienes culturales robados y documentar el robo y el saqueo de los bienes; nos muestra un estado de desamparo vulnerable a ciertas acciones ilícitas contra nuestro patrimonio nacional, aunado al contexto de la globalización que contribuye al desplazamiento ilegítimo de bienes culturales, a la falta de mecanismos que impidan el ingreso ilegal de nuestro patrimonio a otras naciones, al valor con el que se comercializa el mismo ante el mercado negro, la carencia de sistemas ágiles de información que impide la divulgación oportuna de los bienes sustraídos y, sobre todo, cabe resaltar que las penas de los delitos que atentan contra el patrimonio cultural son mínimas.

Es de interés nacional el resguardo de nuestro patrimonio cultural, por su importancia en la configuración de la identidad nacional, por el impacto que tiene en el tejido social de nuestras comunidades, por la paulatina participación del capital cultural en nuestra economía y por ser una vía fundamental en el desarrollo de México como nación independiente y soberana. Según estudios recientes realizados por la UNESCO, el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales se consideran de gravedad tal como el narcotráfico, Lamentablemente, nuestro país se encuentra según la Interpol entre los primeros 10 países con mayor índice de saqueo y tráfico ilícito. Consideramos que este hecho tan grave no ha sido atendido eficientemente; necesitamos actualizar nuestras leyes.

Por ello, la elaboración del catálogo de bienes culturales muebles e inmuebles propiedad de la nación es fundamental para identificar las piezas robadas de colecciones, museos, instituciones y sitios de culto religioso, u objeto de tráfico ilícito. Se tiene el cálculo de más de 4 millones de piezas en bienes muebles y de más de 100 mil inmuebles por registrar y catalogar. Este catálogo es un instrumento fundamental, por su precisión y certeza, para identificar los bienes culturales muebles e inmuebles que hayan sido robados, o producto del saqueo o del tráfico ilícito. Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se documente un delito se publicarán en las páginas de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías locales, de las agencias aduanales y de e-cultura. Todo galerista, subastador o negociante de bienes muebles e inmuebles estará obligado a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los compradores.

Está establecido el ámbito de participación de las instituciones culturales; lo que no está claro aún es la manera en que el concepto de bienes culturales se expresa en la Ley General de Bienes Nacionales, sobre todo porque ambas definiciones, la de bienes nacionales y la de bienes culturales, son producto de una elaboración histórica que no se ha concluido, por lo menos institucionalmente. El debate y el combate por la modernidad y la identidad nacional se encuentran plasmados jurídicamente en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pero falta la consideración acerca del vínculo interinstitucional en la Ley General de Bienes Nacionales y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley General de Bienes Nacionales, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se adicionan un quinto párrafo al artículo 30, una fracción XI al artículo 81 y un segundo párrafo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

...

...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los términos previstos en la ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para consolidar y actualizar el catálogo de bienes inmuebles culturales arqueológicos, artísticos e históricos.

Artículo 81. ...

XI. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios para la consolidación y actualización del catálogo de bienes culturales muebles utilizados para fines religiosos; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura llevarán a cabo todas la acciones de acuerdo con la facultades que les otorga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo 150.Se adiciona un segundo párrafo.

Se aplicará esta misma pena a quien robe, saquee o trafique ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación.

Artículo Segundo. Se modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 20. Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración, en los términos previstos en las leyes. Para este efecto, documentarán todos los bienes recibidos y tendrán el compromiso de responder por su integridad, mediante un acta de recepción y entrega a sus sucesores. La omisión, o deliberada pérdida o sustracción será sancionada según lo establece la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez, Emilio Ulloa Pérez.» La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY DE PLANEACION - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra por cinco minutos a los señores diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena para presentar, de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeacióny de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por cinco minutos a cada uno.

El diputado Víctor Samuel Palma César:Con su permiso, señora Presidenta: hago la presentación de una iniciativa que plantea reformas al artículo 5o. de la Ley de Planeacióny adiciona una fracción VII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Toda vez que ya está en la Gaceta esta iniciativa, haré algunos comentarios para ajustarme a los cinco minutos que me han conferido.

Ha sido un tema regular dentro de distintos grupos parlamentarios --y el propio gobierno-- hablar de la agenda legislativa; distintos documentos hablan de las coincidencias y también, desde luego, de las diferencias que existen entre los distintos partidos políticos y, desde luego, el tema que nos anima en esta materia es cómo construir una democracia de consensos. En opinión de algunos tratadistas, México está ubicado en este momento, ya no en un sistema de democracia de mayoría sino en una democracia consensual. Entonces la pregunta es: ¿cómo se pueden construir esos consensos cuando estamos en un sistema plural de partidos y en una conformación compleja de los grupos parlamentarios en su participación en el propio Congreso? Y, desde luego, ustedes estarán de acuerdo conmigo que la experiencia que tenemos es que la posibilidad de llegar a acuerdos no ha sido totalmente favorecida.

De tal manera que la propuesta que estamos presentando a través de esta iniciativa pretende que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por la Cámara de Diputados. Actualmente la Cámara de Diputados conoce del Plan Nacional de Desarrollo y emite opiniones al respecto, pero no lo aprueba; consideramos que la posibilidad de aprobación del mismo por parte de la Cámara de Diputados habrá de propiciar y facilitar las posibilidades de los acuerdos, a través de un mecanismo institucional y, de esta manera, también hacer seguimiento al cumplimiento del propio Plan Nacional de Desarrollo.

Cabe hacer mención que nuestra Constitución precisamente refiere al Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento ordenador y programático de las acciones de gobierno. El hecho de que esté referido en la Constitución, precisamente implica que lo ha considerado como un instrumento ordenador, integrador y de perspectiva estratégica sobre el desarrollo del país. Adicionalmente, el propio artículo 26 constitucional establece que los programas del gobierno federal deberán de ceñirse precisamente a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Si todo esto es así, la pregunta es: ¿por qué no aprobamos en la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo y, de esta manera, encontramos un mecanismo que pueda propiciar, que pueda alentar la posibilidad de los acuerdos?

Esta iniciativa es totalmente consecuente con el espíritu que establecen los artículos 25, 26 y 27 constitucionales; como todos sabemos, el 25 habla de la rectoría del Estado, el 26 del Plan Nacional de Desarrollo y el 27 del dominio de los recursos de la nación por parte de ella. Entonces la posibilidad de tener un Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso habrá de dar expresión al propósito que anima la acción del Estado.

Así pues, proponemos que el artículo 5o. de la Ley de Planeación quede como sigue:

El Presidente de la República remitirá el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su aprobación y, en su caso, modificación; el titular del Poder Ejecutivo incluirá en su informe anual de actividades los avances del Plan Nacional de Desarrollo y explicará las razones por las cuales pudiera haber objetivos y metas parcialmente logradas; el Poder Legislativo, para emitir su dictamen, se allegará de información documental y personal de integrantes del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados dispondrá de 20 días hábiles para aprobarlo; de no aprobarlo en ese término, se aplicará la afirmativa ficta del proyecto remitido por el titular del Poder Ejecutivo. Además, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará asimismo las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

Segundo. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose las actuales, al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39 fracción I. Se tendría que establecer el numeral 36, la comisión del Plan Nacional de Desarrollo.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la tribuna el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México... Perdón, faltan los otros cinco minutos del diputado Alfredo Ríos Camarena. Perdón.

El diputado Alfredo Ríos Camarena:Con su venia, señora Presidenta: qué difícil poder realizar la tarea legislativa para la que fuimos electos, en medio de un ambiente de confrontación permanente. En medio de un ambiente difícil de transitar y en el momento mismo en que van a cambiar los Poderes federales. A pesar de ello tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por cumplir la tarea para la que fuimos electos; tenemos que buscar las salidas y transitar por ellas parar encontrar denominadores comunes que le den a este cuerpo legislativo la dignidad que requiere y el camino para el que fue electo. Por eso este proyecto de iniciativa tiene que ver con la planeación y el desarrollo.

El artículo 26 constitucional tal parece que le dejó al Ejecutivo federal toda la planeación. La ley reglamentaria también. En cualquier país civilizado la planeación para el desarrollo por el que transitan los presupuestos de egresos y de ingresos tienen que ser aprobados por la Cámara de Diputados o por el Congreso. Por eso esta propuesta a la legislación secundaria que puede hacerse sin modificar el 26 constitucional tiene por objeto que el Plan Nacional de Desarrollo sea conocido por la Cámara de Diputados. Pero no solamente sea conocido, sino que pueda aprobarse y modificarse por esta soberanía.

Lo que venimos a tratar en esta iniciativa es fundamental para el destino de México en los próximos años, y no tiene que ver con colores partidistas, tiene que ver con un trabajo serio, responsable en el desarrollo nacional.

Por eso mi compañero César Palma ya les planteó a ustedes en términos generales lo que representa esta iniciativa. Se requiere también reformar la Ley Orgánica del Congreso para crear una comisión que trate del Plan de Desarrollo.

El Plan de Desarrollo es el corazón mismo, es el cerebro, la columna vertebral de lo que va a suceder en el país. Está obligada la Cámara a conocer en marzo el camino de ese Plan y el Ejecutivo a dárnoslo a conocer; pero desde su nacimiento, desde hace muchos años, ha habido simulación en la construcción de un sistema democrático de planeación. Han sido sólo organismos técnicos y fríos, desde lo que era la Secretaría de Programación los que han manejado esto.

Es necesario que la representación popular conozca a fondo hacia dónde están los programas, a dónde están los programas regionales, cómo se van a entregar los recursos a los estados. Todo esto transita, señores diputados, por el Plan Nacional de Desarrollo, que alguien dijo un día en esta Cámara que era un plan de todos con la nada, porque era un plan de simulaciones, porque era un plan en el que no se compartía a este Legislativo realmente la responsabilidad de la conducción de la planificación en México.

Tenemos que entender que el Estado tiene responsabilidades que le asignan los artículos 25, 26, 27 y 28, en la conducción económica del Estado. Éste no es un país de oferta y demanda; éste es un país que hizo una revolución que ayer se conmemoró y que le dio una estrategia, que le dio todo un equipo constitucional nuevo en el mundo a este país, para que tuviéramos objetivos sociales, de equidad nacional, de responsabilidad colectiva y, sobre todo, de acortar los grandes márgenes de la pobreza en México.

Por eso esta iniciativa, que pasará a comisiones; deseo, exhorto, pienso que todos los señores diputados tienen que entender con claridad qué es la programación democrática del desarrollo y lo que debe ser en un país civilizado y democrático un plan de desarrollo. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, con fundamento en los artículos 70, párrafos primero, segundo y tercero; 71, fracción II; y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Planeación y adiciona una fracción VII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Exigencia de una nueva gobernabilidad

Existe una preocupación generalizada en los países democráticos acerca del buen cumplimiento del orden constitucional existente y de sus instituciones que, en un marco de intensa competencia política y de mayor pluralidad, han generado una nueva dinámica en la relación entre poderes, que no siempre ha sido adecuadamente procesada por los regímenes políticos. Esta situación se percibe como un peligro para la gobernabilidad, lo que, a su vez, genera críticas y desencantos hacia la vida democrática del país.

Existe además una percepción de que las instituciones del Estado, los partidos políticos, la burocracia gubernamental e incluso los presidentes no están a la altura de las circunstancias. Pareciera que las instituciones no cumplen a cabalidad sus funciones de representar a los ciudadanos, ni las de legislar y juzgar, así como las de formular y ejecutar políticas y de controlarse mutuamente. Más específicamente, se percibe un descontento e insatisfacción generalizados por la falta de manejo adecuado de los desafíos que plantea la globalización y por la incapacidad gubernamental de satisfacer las demandas y aspiraciones de las grandes mayorías de vivir en sociedades más prósperas, más equitativas y más seguras.

La creciente insatisfacción de los ciudadanos con las instituciones públicas ha dado lugar a la amenaza más peligrosa: la crisis de legitimidad de la democracia representativa como sistema de gobierno, ya que la pérdida de confianza en las instituciones y en los líderes políticos menoscaba la legitimidad de los gobiernos democráticos. Ello resulta evidente en la pérdida de respeto a las autoridades y a las instituciones; en el rechazo a cumplir las reglas de juego establecidas, en el cuestionamiento del gobierno e incluso del régimen jurídico vigente.

Una de las lecciones que nos dejaron las elecciones del pasado 2 de julio del 2006 fue precisamente que el diseño y operación de varias instituciones fundamentales requiere de reformas que permitan mejorar la coordinación y colaboración entre poderes, los mecanismos de participación ciudadana, el federalismo y el fortalecimiento del congreso, entre otras.

Hacia una democracia de calidad

La configuración del estado de derecho es indispensable para el buen funcionamiento del régimen democrático. De esta manera, cuando se pretende construir una buena relación entre democracia y Estado se intenta resolver, al menos, la relación entre los poderes y los niveles de gobierno, a fin de crear incentivos para la cooperación y disminuir las causas de enfrentamiento. Para lograrlo es necesario poner en práctica nuevos mecanismos como la formulación presupuestal, buscando impulsar el régimen de planeación, como instancia estratégica para inscribir las leyes y políticas sociales y económicas, en una perspectiva nacional que favorezca el desarrollo del país.

De estos cambios depende un mejor funcionamiento del sistema político, de las políticas y programas públicos, para alcanzar una democracia de calidad, en la que la legitimidad no sólo sea consecuencia del ejercicio de la autoridad, sino del mejoramiento del desarrollo humano y de la calidad de vida, para cumplir con el amplio papel que el artículo 3o. de la Constitución asigna a la democracia, que debe entenderse ``no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.''

Esta dimensión de la democracia no ha sido suficientemente tomada en cuenta en los estudios acerca de la gobernabilidad.

Sin negar la importancia de realizar ajustes a los mecanismos constitucionales que norman la relación entre los Poderes de la Unión, hay que insistir en que el desapego ciudadano hacia las instituciones democráticas obedece tanto a la degradación de las condiciones de vida como a un funcionamiento insuficiente de las instituciones.

La gobernabilidad sólo puede asentarse en el consenso o en una sustancial mayoría. La multiplicación de los partidos políticos, la distribución del voto y el surgimiento de diversos movimientos sociales indica que ningún actor político puede aspirar a representar la totalidad de los intereses nacionales. Más aún, en las complejas sociedades modernas ha tenido lugar una multiplicación de intereses particulares que se enfrentan, principalmente sobre el tema de las cargas fiscales y el destino de los recursos estatales. En esta confrontación, el sentido profundo de la democracia, el bien del conjunto de la nación se ha perdido y en su lugar aparece una privatización de la política que se reduce a una lucha de intereses regida por la ley del más fuerte. Todos los análisis de distribución del ingreso, de la riqueza física o de la educación y la salud muestran una exagerada concentración que ha profundizado las diferencias entre los que todo lo tienen y los que nada poseen, ni siquiera esperanzas en un futuro mejor, ya no para ellos, sino para sus hijos.

Planeación y desarrollo

Estas consideraciones deben situar en su justa dimensión la planeación, que se establece en los términos de los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución, que definen el régimen de propiedad, sus limitaciones en función del interés público y la rectoría económica del Estado.

De este sistema se desprenden los programas gubernamentales y las políticas públicas, el sistema presupuestal, la evaluación, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y las leyes fiscales, por lo que tiene un carácter estratégico. Este sistema surge de una dilatada experiencia política basada en la rectoría estatal, que permitió armonizar los esfuerzos públicos, privados y sociales para lograr el desarrollo. Esta tarea de coordinación y arbitraje del Estado contribuyó a la estabilidad y gobernabilidad del país.

Los antecedentes de la planificación en el México contemporáneo se remontan a los años posteriores al movimiento revolucionario de 1917 y su inicio coincide con la primera transmisión pacífica del poder. En efecto, el presidente Plutarco Elías Calles, al inicio de su mandato, creó las Comisiones de eficiencia que deberían estructurar en forma moderna y ágil los servicios públicos de la administración. El mismo presidente Calles, en 1928, estableció el Consejo Nacional Económico de los Estados Unidos Mexicanos, que tenía como propósito efectuar estudios sobre los problemas económicos y sociales del país, de acuerdo con su Ley constitutiva.

En esta época también se creó el Departamento del Presupuesto de la Federación, al que le correspondía elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y garantizar el cumplimiento del programa de gobierno del Presidente de la República.

Más tarde, en 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio promulgó la primera Ley sobre Planeación General de la República, cuyo propósito fundamental era la elaboración de estudios, planes y programas para coordinar el desarrollo material del país de manera ordenada y armónica.

En 1933, el presidente Abelardo L. Rodríguez estableció un órgano técnico consultivo del presidente de la república, denominado Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo año el Partido Nacional Revolucionario elaboró el primer plan sexenal, que debería servir de plataforma electoral a su candidato presidencial en las siguientes elecciones.

En 1934 el presidente Abelardo L. Rodríguez publicó el resultado de esa tarea con el nombre de Primer Plan de Gobierno del país, que hizo suyo el candidato del PNR, Lázaro Cárdenas. Este documento presentaba la planeación como un proceso eminentemente político y establecía que el Estado es un agente activo de gestión y ordenación de los fenómenos vitales del país. Rechazaba el simple mecanismo de mercado, dando prioridad al papel rector del Estado, conformándose así un verdadero proyecto nacional.

El Segundo Plan Sexenal fue preparado para la campaña electoral de Manuel Ávila Camacho, quien estableció la Comisión Federal de Planificación Económica.

Estas experiencias permitieron al presidente Adolfo Ruiz Cortines el establecimiento, en 1954, de la Comisión de Inversiones de la Presidencia de la República, que se convirtió en la Secretaría de la Presidencia, que durante tres regímenes presidenciales compartió diversas funciones de planificación, presupuestación, control y vigilancia, con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Patrimonio Nacional, constituyendo lo que se conoció como el ``triángulo de la eficiencia administrativa''.

En ese periodo también se creó la Comisión Intersecretarial para la Formulación de Planes Económicos y Sociales a Corto y Largo Plazo --integrada por representantes de las secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público-- y que durante el régimen del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fue convocada para elaborar un programa de desarrollo económico y social para el sexenio, el cual implicaba, para el periodo 1966-1970, una inversión pública de 95 mil millones de pesos de los 280 mil millones de pesos previstos, y una meta mínima de crecimiento de 6.5 por ciento anual.

Los esfuerzos por lograr una mayor racionalización en el ejercicio del gasto público desembocaron en las reformas y adiciones a los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales de 1983, que conformaron el sistema nacional de planeación. Así, en el nuevo artículo 25 de la Constitución se establecieron los fines de la rectoría del Estado y se definió el marco de la llamada economía mixta. El artículo 26, a su vez, hizo explícitas las facultades del Estado para realizar las actividades de planeación para el desarrollo nacional y sentó las bases para lograr la participación de la sociedad en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Además, dispuso que el Congreso de la Unión interviniera en el Sistema Nacional de Planeación conforme a la ley de la materia.

En el artículo 27 se adicionaron dos fracciones, la XIX y la XX, con el propósito de elevar a rango constitucional el concepto de desarrollo rural integral y alcanzar, se dice, la expedita y honesta impartición de la justicia agraria y garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, apoyando con asesoría legal a los campesinos.

Finalmente, en el artículo 28 se introdujo el concepto de práctica monopólica, con objeto de limitar los fenómenos oligopólicos y de concentración, para proteger los derechos de los ciudadanos y beneficiar a los consumidores; en este artículo también se definieron, en concordancia con el artículo 25, las actividades estratégicas que estarían a cargo exclusivo del Estado.

La iniciativa de Ley de Planeación señaló, en su exposición de motivos, el objetivo de establecer un marco normativo para la planeación, debido a que la escasez relativa de recursos exige que la actividad económica se realice de una manera ordenada y racional, con objetivos y metas, estrategias y prioridades, a fin de poder asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y, a la vez, evaluar los resultados.

El papel del Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo

La Ley de Planeación establece que el Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo puede formular las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

Como se aprecia, el papel del Congreso es reducido, ya que puede opinar, pero no aprobar o rechazar este instrumento de gobierno. Además, el Ejecutivo sólo está obligado a informar de sus resultados al Poder Legislativo, sin que esté obligado a justificar sus acciones.

A esta laguna política se suman cuando menos dos más. La primera es que todas las dependencias y entidades están obligadas a obedecer un Plan que no tiene carácter de ley, aunque es claro que la administración pública debe estructurarse y operar con base en disposiciones legales explícitas.

La segunda es que del plan se desprenden los programas sectoriales e institucionales, los regionales, los especiales, los presupuestos de egresos, las reformas fiscales y otras más, todos con carácter de ley. Es decir, de una no ley se desprenden leyes, lo cual es un contrasentido que hay que corregir.

La racionalidad jurídica y la congruencia política obligan, por consiguiente, a una adecuación de las disposiciones vigentes, ya que el sentido común exige que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos respondan a los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo. Para lograr esta correspondencia resulta indispensable que el Congreso participe en la elaboración, aprobación y seguimiento del plan y que éste adquiera carácter de ley. El Ejecutivo, a su vez, deberá incluir, en su informe anual, las acciones que ha emprendido para dar seguimiento al plan, justificar las omisiones y explicar las desviaciones.

De esta manera, el Poder Ejecutivo y el Legislativo serán corresponsables del desarrollo del país, del mejor uso de los recursos disponibles y, sobre todo, podrán incorporar los intereses de sus votantes. Al hacerlo, desde una perspectiva nacional, se ampliará la base de una gobernabilidad democrática y se creará una instancia más de diálogo, negociación y acuerdos obligatorios para las partes.

Contenido de la iniciativa

Tomando como base las consideraciones expuestas, la presente iniciativa con proyecto de decreto propone reformar el artículo 5 de la Ley de Planeación para establecer que el Congreso debe conocer, revisar y, si es el caso, modificar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, propone la creación de una comisión ordinaria que se denominaría Comisión del Plan Nacional de Desarrollo, adicionando el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con una nueva fracción.

Cabe mencionar que esta propuesta de reforma es plenamente congruente con las disposiciones constitucionales que prevén la participación del Congreso en los términos que dispone la ley.

Con su aprobación, por parte de esta soberanía, se crearán las condiciones legales para mejorar la gobernabilidad democrática mediante el diálogo y el acuerdo entre poderes en la formulación del Plan, lo que permitirá una mejor asignación de recursos y una mayor transparencia y eficacia en la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Planeación y adiciona el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero: Se reforma el artículo 5 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 5o. El Presidente de la República remitirá el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su aprobación y, en su caso, modificación. El titular del Poder Ejecutivo incluirá en su informe anual de actividades los avances del Plan Nacional de Desarrollo y explicará las razones por las cuales pudiera haber objetivos y metas parcialmente logradas. El Poder Legislativo, para emitir su dictamen, se allegará de información documental y personal de integrantes del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados dispondrá de 20 días hábiles para aprobarlo. De no aprobarlo en ese término, se aplicará la afirmativa ficta del proyecto remitido por el titular del Poder Ejecutivo. Además, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

Segundo: Se adiciona una fracción VII, y se recorren las actuales, al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ..

I. ... ... ... ...

XXVI. Plan Nacional de Desarrollo;

... ... ...

XL. Vivienda

Transitorio

Único. El presente decreto y las adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputados: Samuel Palma César, Alfredo Ríos Camarena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Alfredo Ríos Camarena. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO PENALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Faustino Javier Estrada González:Con su permiso, señora Presidenta: en nuestro país, así como en muchas naciones de Latinoamérica, el combate a la delincuencia se encuentra limitado. En muchas ocasiones por la deficiencia o imposibilidad física de atender el gran volumen de asuntos denunciados.

Las carencias operativas de las autoridades persecutorias de los delitos se traducen en la mayoría de las ocasiones en impunidad. Nuestro sistema penal, al igual que en otros de los países occidentales, faculta al Estado para que en ejercicio del derecho sancione o castigue a aquellos que trastoquen el orden legal. Así, dentro de la teoría penal se ha hablado del monopolio de la acción penal del Estado ejercida a través de órgano constitucionalmente establecido para ello. Nuestro Máximo Ordenamiento reconoce en el Ministerio Público Federal al órgano encargado de velar por la legalidad de las actuaciones que autoridades y ciudadanos realicen en la convivencia pacífica. De ahí que se reconozca por el Estado como entidad soberana que el derecho penal debe y es el último recurso para la solución de conflictos cotidianos entre los gobernados. Desgraciadamente, la teoría penal ha sido superada por la realidad social.

Hoy día los índices delincuenciales se han incrementado alarmantemente en todo nuestro país. La corrupción e ineficiencia en la actuación de la autoridad ministerial han colaborado con la impunidad y el incremento casi incontrolable en la comisión de delitos, sobre todo patrimoniales o que implican al crimen organizado.

En los últimos años se han buscado por los conductos institucionales soluciones que, aunque en la teoría deberían funcionar, en la práctica implican un problema para la solución del fenómeno social. La colaboración de diversos niveles de gobierno --federación, estados y municipios-- ha servido al reconocimiento de éstos, del gran problema en que se ha convertido el problema que hoy nos ocupa.

Pero no ha sido suficiente la apatía de la sociedad en cuanto a la presentación de denuncias penales por razones diversas, como la pérdida de tiempo, desconfianza de las autoridades ministeriales y policiales, la nula participación de las víctimas u ofendidos dentro de los procedimientos penales se ha traducido en la falta de una claridad del problema.

Pero en cuanto a operatividad en la persecución de los delitos debemos señalar que dada la magnitud del fenómeno las autoridades se han visto superadas no sólo en la prevención sino, más gravemente, en el combate y en la persecución de los delitos.

Es en la persecución donde hoy los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara centramos la presente propuesta. Ésta pretende que las víctimas o los ofendidos de los delitos, cualquiera que fuere su naturaleza, puedan actuar en coadyuvancia con el Ministerio Público Federal, a fin de integrar debidamente la indagatoria y que, ya dentro del proceso penal, puedan participar activamente durante todo el procedimiento. Con ello, sostenemos, el Ministerio Público podrá contar con el apoyo en la integración de los expedientes a través de las pruebas que se aporten por parte de la víctima o del ofendido del delito o acelerando la conformación de aquellos y garantizando que las causas penales se lleven a buen término.

Hoy día es cierto que se reconoce la facultad a las víctimas o los ofendidos de los delitos de coadyuvar o colaborar con el Ministerio Público, pero esta participación se encuentra siempre supeditada a la voluntad de los agentes que conforman la representación social. Por ello se propone establecer como un derecho de los ciudadanos que sufran en su persona o patrimonio las consecuencias de los delitos, participar como un derecho constitucionalmente reconocido en todas y cada una de las diligencias o actuaciones, tanto en la indagatoria como dentro del procedimiento penal a través de la aportación de pruebas, solicitud de diligencias. En suma, actuando activamente en la secuela procesal no como mero espectador o por un acto de venganza, sino como alguien que tiene derecho, uno de los más altos, a que le sea impartida justicia.

Nuestra propuesta, en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un catálogo de derechos, tanto del delincuente como de la víctima u ofendido. He aquí que hemos considerado establecer la inclusión del derecho de éstos últimos a coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la indagatoria como en las distintas etapas del procedimiento ante el juez del conocimiento. Así, nuestra propuesta faculta de forma clara el derecho irrestricto y en todo momento para que pueda colaborar con el Ministerio Público a que le sea reconocida personalidad jurídica dentro del proceso, consecuentemente, podrá promover en todas las etapas pre y judiciales, ofreciendo pruebas, interrogando testigos y en suma, poder participar activamente en la persecución de la justicia.

Coadyuvar es contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo; así, las víctimas u ofendidos de los delitos asistirán como una especie de auxiliares al Ministerio Público, diferenciándose esta facultad con la ya existente en el Código Federal de Procedimientos Penales, en que nosotros proponemos la coadyuvancia obligatoria, dejando a un lado la facultad o potestad del Ministerio Público para permitir esta participación.

En cuanto a la reforma de los artículos 2o., 4o., 86, 113, 123, 136, 141 y 306 del Código Federal de Procedimientos Penales, se busca aterrizar dentro de este dispositivo dicha facultad. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del PVEM

Faustino Javier Estrada González, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de los Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Ley.

Exposición de Motivos

En nuestro país, así como en muchas naciones de Latinoamérica, el combate a la delincuencia, se encuentra limitado, en muchas ocasiones, por la deficiencia o imposibilidad física de atender el gran volumen de asuntos denunciados. Las carencias operativas de las autoridades persecutorias de los delitos se traducen en la mayoría de las ocasiones, en impunidad.

Nuestro sistema penal, al igual que en todos los países occidentales, faculta al Estado para que, en ejercicio del derecho de sancionar o castigar a aquellos que trastoquen el orden legal. Así, dentro de la teoría penal se ha hablado del monopolio de la acción penal del Estado, ejercida a través de un órgano constitucionalmente establecido para ello. Nuestro máximo ordenamiento, reconoce en el Ministerio Público Federal, al órgano encargado de velar por la legalidad de las actuaciones que, autoridades y ciudadanos, realicen en la convivencia pacífica. De ahí, que se reconoce por el Estado, como entidad soberana, que el derecho penal, debe y es el último recurso para la solución de conflictos cotidianos entre los gobernados. Desgraciadamente, la teoría penal ha sido superada por la realidad social. Hoy día, los índices delincuenciales se han incrementado alarmantemente en todo nuestro país. La corrupción e ineficiencia en la actuación de la autoridad ministerial han colaborado con la impunidad y el incremento, casi incontrolable, en la comisión de delitos sobre todo patrimoniales o que implican al crimen organizado.

En los últimos años, se ha buscado por los conductos institucionales soluciones que aunque en la teoría deberían funcionar, en la práctica implican un paliativo para la solución del fenómeno social delincuencial.

La colaboración de los diversos niveles de gobierno (Federación, estados y municipios) ha servido para el reconocimiento de estos, del gran problema en que se ha constituido el problema que nos ocupa. Pero no han sido suficientes. Las apatías de la sociedad en cuanto a la presentación de denuncias penales por razones varias como la pérdida de tiempo, la desconfianza de las autoridades ministeriales y policiales, la nula participación de las víctimas u ofendidas dentro de los procedimientos penales se han traducido en la falta de una claridad del problema.

Pero en cuanto a operatividad en la persecución de los delitos, debemos señalar que dada la magnitud del fenómeno las autoridades se han visto superadas no solo en la prevención, sino más gravemente, en el combate y en la persecución.

Es en la persecución en donde hoy, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara, centramos la presente propuesta. Esta pretende que las víctimas o los ofendidos de los delitos, cualquiera que fuere su naturaleza, puedan actuar en coadyuvancia con el Ministerio Público federal a fin de integrar, debidamente, la indagatoria; y ya dentro del proceso penal, puedan participar, activamente durante todo el procedimiento. Con ello, sostenemos, el Ministerio Público podrá contar con un apoyo en la integración de los expedientes a través de las pruebas que se aporten por parte de la víctima o del ofendido del delito, acelerando la conformación de aquellos y garantizando que las causas penales se lleven a buen término.

Hoy día, es cierto que se reconoce la facultad de coadyuvar o colaborar con el Ministerio Público a las víctimas o los ofendidos de los delitos, pero esta participación se encuentra siempre supeditada a la voluntad de los agentes que conforman esa representación social. Por ello, se propone establecer como un derecho de los ciudadanos que sufran en su persona o su patrimonio las consecuencias de los delitos, el participar como un derecho constitucionalmente reconocido en todas y cada una de las diligencias o actuaciones tanto en la indagatoria como dentro del procedimiento penal a través de la aportación de pruebas, solicitud de diligencias; en suma, actuando activamente en la secuela procesal no como mero espectador o por un dejo de venganza, sino como alguien que tiene derecho, uno de los más altos, a que le sea impartida justicia.

Nuestra propuesta

En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece un catálogo de derechos tanto del delincuente como de la víctima u ofendido. Es aquí que hemos considerado establecer la inclusión del derecho de estos últimos a coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la indagatoria, como en las distintas etapas del procedimiento ante el juez del conocimiento.

Así nuestra propuesta faculta de forma clara el derecho irrestricto y en todo momento para que pueda colaborar con el Ministerio Público, a que le sea reconocida personalidad jurídica dentro del proceso, consecuentemente podrá promover en todas las etapas pre y judiciales, ofreciendo pruebas, interrogando testigos y, en suma, poder participar activamente en la persecución de la justicia.

Coadyuvar es ``contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo''. Así, las víctimas u ofendidos de un delito asistirán, como una especie de ``auxiliares'', al Ministerio Público, diferenciándose esta facultad con la ya existente en el Código Federal de Procedimientos Penales, en que nosotros proponemos la coadyuvancia obligatoria dejando a un lado la facultad o potestad del Ministerio Público para permitir esta participación.

En cuanto a la reforma de los artículos 2o., 4o., 86, 113, 123, 136, 141 y 306 del Código Federal de Procedimientos Penales se busca aterrizar, dentro de este dispositivo, dicha facultad.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de los Diputados somete a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción II del inciso B) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se adiciona con un último enunciado al primer párrafo del artículo 2º; se adiciona un tercer párrafo al artículo 4º; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un enunciado a la parte final del tercer párrafo del artículo 86; se adiciona un último párrafo al artículo 113; se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el actual del artículo 123; se reforma la fracción VI del artículo 136; se reforma la fracción II del artículo 141; y, se reforma el primer párrafo del artículo 306 todos del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de coadyuvancia obligatoria del ofendido o víctima del delito.

Artículo Primero.- Se reforma la fracción II, inciso B) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 20....

A. ...

I al X. ...

B. De la víctima o del ofendido:

I. ...

II. La víctima u ofendido del delito, tendrá en todo momento, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público dentro de la indagatoria o el proceso; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso; a que se le reconozca personalidad procesal y promover dentro de ambas etapas, previo acuerdo con el Ministerio Público, de la realización de alguna diligencia; a aportar pruebas e interrogar al presunto responsable, testigos o peritos.

III al VI. ...

Artículo Segundo. Se adiciona con un último enunciado el primer párrafo del artículo 2º; se adiciona un tercer párrafo al artículo 4º; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un enunciado a la parte final del tercer párrafo del artículo 86; se adiciona un último párrafo al artículo 113; se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el actual del artículo 123; se reforma la fracción VI del artículo 136; se reforma la fracción II del artículo 141; y, se reforma el primer párrafo del artículo 306 todos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales. La víctima u ofendido del delito coadyuvará en la integración de la averiguación previa y la secuela procesal, si correspondiera, promoviendo o participando en el desahogo de pruebas, diligencias, audiencias y demás actuaciones, previo acuerdo con el Ministerio Público federal, siempre que no contravenga las facultades y obligaciones consagradas por la Constitución General, este código o cualquier otro ordenamiento a esta representación social.

...

I a la XI .- ...

Artículo 4. ...

...

Para el caso del primer párrafo del presente artículo la víctima u ofendido del delito, coadyuvará con el Ministerio Público federal en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución general y el presente código.

Artículo 86. ...

El Ministerio Público o la víctima u ofendido actuando en coadyuvancia, podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa contestar en cada caso.

Si el acusado tuviere varios defensores, no se oirá más que a uno de ellos cada vez que toque hablar a la defensa. Cuando intervinieren varios agentes del Ministerio Público, sólo se oirá a uno de ellos cada vez que corresponda intervenir al Ministerio Público. Para el caso de que la víctima u ofendido actúe en coadyuvancia, previo acuerdo con el Ministerio Público, podrá intervenir en cada vez que corresponda a este.

Artículo 113. ...

I. ...

II. ...

...

...

La víctima u ofendido del delito, tendrá en todo momento, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público dentro de la indagatoria o el proceso; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso; a que se le reconozca personalidad procesal y promover dentro de ambas etapas, previo acuerdo con el Ministerio Público, de la realización de alguna diligencia; a aportar pruebas e interrogar al presunto responsable, testigos o peritos.

Artículo 123. ...

...

El Ministerio Público o sus auxiliares, en todo caso garantizará la coadyuvancia establecida en el artículo 20 constitucional, a la víctima u ofendido independientemente de la característica de persecución del delito.

...

Artículo 136. ...

I al V. ...

VI. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos, asegurando el derecho de la víctima u ofendido a coadyuvar en los términos establecidos en el presente ordenamiento.

Artículo 141. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a:

I. ...

II. Coadyuvar en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este código u otro ordenamiento, con el Ministerio Público;

III al V. ...

...

...

Artículo 306. En la audiencia podrán interrogar al acusado sobre los hechos materia del juicio, el juez, el Ministerio Público, la víctima u ofendido actuando en coadyuvancia y la defensa. Podrán repetirse las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fuere necesario y posible a juicio del tribunal, y si hubieren sido solicitadas por las partes, a más tardar al día siguiente en que se notificó el auto citando para la audiencia. Se dará lectura a las constancias que las partes señalen; y después de oír los alegatos de las mismas, se declarará visto el proceso, con lo que terminará la diligencia, salvo que el juez oyendo a las partes, considere conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez.

...

Artículo Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

``Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiún días de noviembre de 2006.--- Diputado Faustino Javier Estrada González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

ARTICULOS 8o., 35, 36, 39, 71, 73, 74, 115 Y 135 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: la democracia y la justicia social son dos demandas fundamentales del pueblo de México.

En las pasadas elecciones, que fueron las más competidas de la historia de este país quedó de manifiesto que un importante número de mexicanos no votó, porque no se sienten representados por los partidos políticos. La democracia representativa, formal y de mercado está agotada y es necesario transitar hacia otras formas de democracia más evolucionadas que respondan realmente a los intereses del pueblo de México. La democracia representativa y formal exige la participación de la ciudadanía en la elección de los representantes a los cargos de elección, pero no permite la participación del pueblo en la toma de las decisiones fundamentales que tienen que ver con el rumbo que toma la nación.

Está claro que las pasadas campañas electorales se han convertido en un espectáculo mediático, donde prevalece el dinero privado de los poderes fácticos que se apropian de la democracia y el derecho a decidir, pisoteando la voluntad del pueblo de México. En las pasadas elecciones federales más del 45 por ciento del electorado no votó, entre otras razones, porque sienten que los partidos políticos no tienen interés en los problemas que padece de manera cotidiana la población mexicana, porque éstos están fuera de la solución de sus problemas.

En esas elecciones el porcentaje de los que sufragaron lo concentraron fundamentalmente entre las tres principales fuerzas políticas del país. El resultado fue que cada una de ellas no obtuvo más de un tercio de la votación nacional emitida, por lo que la fuerza política que se adjudicó la mayoría de los votos no representa la voluntad de México y mucho menos de aquellos que no votaron.

Es el caso de Calderón Hinojosa, que con las irregularidades y todas las agravantes cometidas obtuvo apenas 15 millones de votos, con lo que sólo alcanzó alrededor del 30 por ciento de los sufragios emitidos, es decir, el 70 por ciento de los votantes no lo apoyaron y votaron por otras opciones, por lo que no representa a la mayoría de los electores, menos aún a los que viven en este país. ¿Cómo puede una fuerza política gobernar siendo un gobierno de minoría? Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que dado el atraso democrático que vive México en comparación a otras naciones de América Latina y del mundo es necesario que transitemos hacia nuevas formas de participación ciudadana.

El impulso a la democracia directa y participativa forma parte de la agenda legislativa del Frente Amplio Progresista, porque es la única forma de romper con la simulación de los representantes a cargos de elección popular que traicionaron la voluntad de los mexicanos.

El artículo 339 de nuestra Norma Fundamental reconoce el inalienable derecho del pueblo para alterar o modificar su forma de gobierno; en consecuencia, y con pleno fundamento en la soberanía popular, sometemos a la digna consideración del Pleno de esta Asamblea la figura de democracia directa.

Compañeras y compañeros diputados: para que el nivel de desarrollo industrial que ha alcanzado México esté en concordancia con las exigencias del pueblo mexicano en materia de democracia es fundamental que elevemos a rango constitucional las siguientes figuras de la democracia participativa y directa, para dar lugar a una nueva era de democracia en nuestro país.

Las figuras que proponemos son la afirmativa ficta, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de petición, y si la autoridad no responde en un tiempo de cuatro meses se entenderá que la respuesta de la autoridad es a favor del demandante; la iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso de la Unión; referéndum, para que la ciudadanía exprese su aprobación o rechazo respecto de la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, de reglamentos y decretos, así como de cuestiones que afecten sus intereses; plebiscito, para que los ciudadanos manifiesten su aprobación o rechazo a las determinaciones administrativas de importancia para la vida pública de los tres niveles de gobierno; revocación de mandato, para que el pueblo tenga la facultad para separar de su cargo a un servidor público de elección popular por no haber cumplido sus compromisos de campaña electoral o las obligaciones que la ley le impone; voz ciudadana en los ayuntamientos, para que la problemática y las peticiones de los ciudadanos sean escuchados en los municipios, ya que es el orden de gobierno más cercano a la gente.

Los diputados del Partido del Trabajo hacemos un llamado a las diferentes fracciones parlamentarias, particularmente a los diputados de Acción Nacional y del PRI, a debatir estas propuestas y que acepten el reto de la democracia. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario del PT

La sociedad mexicana tiene dos demandas muy elementales: la justicia y la democracia.

Respecto a esta última, quedó demostrada en las pasadas elecciones, que fueron las más competidas con una baja participación de la ciudadanía, porque los ciudadanos ya no se sienten representados por los partidos políticos.

La democracia representativa, formal y de mercado está agotada; es necesario transitar hacia formas de democracia más evolucionadas que respondan realmente a los intereses del pueblo.

La democracia representativa y formal exige la participación de los ciudadanos en la elección de los representantes a los cargos de elección, pero no permite la participación del pueblo en la toma de las decisiones fundamentales que tienen que ver con el rumbo que toma la nación.

En las pasadas elecciones federales, más de 45 por ciento del electorado no votó; entre otras cosas, porque sienten que los partidos políticos no tienen interés en los problemas que padece de manera cotidiana la población mexicana porque éstos están fuera de la solución de sus problemas.

En estas elecciones, el porcentaje de los que sufragaron lo concentraron fundamentalmente entre las tres principales fuerzas políticas del país.

El resultado fue que cada una de ellas no obtuvo más de un tercio de la votación nacional emitida, por lo que la fuerza política que se adjudicó la mayoría de los votos no representa la voluntad del pueblo de México y mucho menos de los no votaron.

¿Cómo puede una fuerza política gobernar, cuando la participación de la ciudadanía es sumamente limitada?

Está claro que las campañas electorales se han convertido en un espectáculo mediático, donde prevalece el dinero privado, que corrompe por igual a candidatos de una u otra fuerza política y que los aleja de trabajar por los intereses de sus electores y los pone al servicio de intereses económicos locales, regionales y nacionales que sólo buscan el lucro fácil.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que, dado el atraso democrático que se vive México en comparación con otras naciones de América Latina y del mundo, es necesario que transitemos hacia una democracia directa y participativa.

Compañeras y compañeros diputados: Para que el nivel de desarrollo industrial que ha alcanzado México esté en concordancia con las exigencias del pueblo en materia de democracia, es fundamental que elevemos a rango constitucional las siguientes figuras de la democracia participativa y directa, para dar lugar a una nueva era de democracia en nuestro país.

Las figuras que proponemos son

La afirmativa ficta, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de petición; y si la autoridad no lo hace en un tiempo de cuatro meses, se entenderá que la respuesta de la autoridad en a favor del demandante.

Iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso del Unión.

Referéndum, para que la ciudadanía exprese su aprobación o rechazo respecto de la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, de reglamentos y decretos, así como de cuestiones que afecten sus intereses.

Plebiscito, para que los ciudadanos manifiesten su aprobación o rechazo a las determinaciones administrativas de importancia para la vida pública de los tres niveles de gobierno.

Revocación de mandato, para que el pueblo tenga la facultad de separar del cargo a un servidor público de elección popular por no haber cumplido sus compromisos de campaña electoral o las obligaciones que la ley le impone.

Voz ciudadana en los ayuntamientos, para que la problemática y las peticiones de los ciudadanos sean escuchadas en los municipios, ya que es el orden de gobierno más cercano a la gente.

Asimismo, se propone la inclusión de un artículo transitorio que establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir en un plazo de seis meses, a partir de la aprobación de la presente adicción constitucional, la ley reglamentaria de las figuras jurídicas de democracia participativa y que los congresos de las entidades federativas, en un plazo de un año, a partir de la publicación de las presentes adiciones constitucionales, la de adecuar las constituciones locales respecto a la Norma Fundamental.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anterior y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de

Decreto que adiciona los artículos 80, 35, 36, 39, 71, 73, 74, 115 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 80; se adicionan una fracción IV y una V al artículo 35, corriéndose en su orden las actuales fracciones IV y V, para pasar a ser VI y VII, respectivamente; se adiciona una fracción VI al artículo 36; se adiciona una fracción IV al artículo 71; se adiciona una fracción XXVIII, actualmente derogada, al artículo 73; se adiciona una fracción VII, actualmente derogada, al artículo 74; se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 115; se adiciona un párrafo 11 al artículo 135, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 80. ...

En caso de que hayan transcurrido cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la petición sin que se haya obtenido respuesta por parte de la autoridad, la misma debe entenderse en sentido positivo a favor del peticionario.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. a III. ...

IV. Participar en los referéndum y plebiscitos en los términos que señale la ley.

V. Presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, según se establezca en la ley correspondiente.

VI. a VII. ...

Artículo 36. Son obligaciones de los ciudadanos de la república:

I. a V. ...

VI. Participar en los referéndum y plebiscitos.

Artículo 39. ...

El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de, en términos de lo que disponga la ley correspondiente, revocar el mandato a los titulares de los órganos del poder público cuyo acceso al cargo derive de un proceso electoral.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a III. ...

IV. A los ciudadanos, en los términos establecidos en la ley correspondiente, requiriéndose por lo menos la firma de 50 mil ciudadanos.

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Expedir la ley que regule lo referente a iniciativa popular, plebiscito, referendo y revocación de mandato, estableciendo las modalidades para el ejercicio de cada una de estas figuras.

XXIX. a XXX. ...

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. ...

VII. Convocar a referéndum o plebiscito, salvo en los casos de designación de presidente de la república con carácter de interino, provisional o sustituto, lo referente al régimen interior del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras, en ejercicio de facultades exclusivas, juicio político, declaración de procedencia y leyes tributarias.

VIII. ...

Artículo 115....

I. y II. ...

Los habitantes del municipio tendrán derecho a voz ciudadana en los ayuntamientos.

III. a VIII. ...

Artículo 135....

Las adiciones o reformas de la Constitución serán objeto de referéndum, en los términos que disponga la ley reglamentaria, según sus resultados, las adiciones o reformas quedarán aprobadas o no. Las adiciones o reformas de la Constitución que incidan en decisiones políticas fundamentales serán objeto de plebiscito en términos de lo establecido en la ley reglamentaria, según sus resultados las adiciones o reformas quedarán aprobadas o no.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto, expedirá la ley reglamentaria en la que se regularán las modalidades del ejercicio de iniciativa popular, revocación de mandato, referéndum y plebiscito.

Tercero. El Constituyente Permanente de las entidades federativas, en un plazo de un año a partir de la publicación del presente decreto, realizará las adecuaciones a la Constitución local para ponerla en concordancia con las adiciones contenidas en el presente decreto.

Diputados: Ricardo Cantú Garza, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La siguiente iniciativa que estaba agendada por la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, a petición de la misma, se retira.

LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene uso de la palabra el diputado Juan N. Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de ley para la reforma del Estado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Muchas gracias ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros: quiero, al presentar esta iniciativa, comentarles los criterios que la motivan, pero también quiero hablar de una propuesta de acuerdo mínimo que hemos estado insistiendo se concrete aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, y esto me va a llevar también a comentar estos últimos acontecimientos que estamos viviendo, por supuesto, todo esto en el marco de la iniciativa que estamos presentando.

Esta iniciativa tiene un antecedente, está inscrito todavía, si lo revisan en el orden del día, como un punto de acuerdo, el que la Cámara de Diputados pudiera convocar a un diálogo nacional, es decir, a todos los sectores del país, para construir acuerdos que la propia sociedad requiere y necesita y se armarán consensos para darle estabilidad al país para ponerle fin a esta polarización que vive la sociedad y al deterioro también que se está sintiendo en todos los órdenes, no sólo político, sino económico y social.

Ese punto de acuerdo está ahí, se lo entregué personalmente a los coordinadores de los grupos parlamentarios, no sólo del Frente sino también de las otras bancadas. Creo que mereció el comentario en la Junta Directiva de que estaba interesante, de que lo iban a revisar y todavía es asunto que lo siguen revisando; por lo mismo, y por la forma como se presenta aquí en el orden del día, lo hemos hecho hoy como iniciativa. Como iniciativa es muy similar, también lo quiero señalar, a la que presentó ya en el Senado el senador Manlio Fabio Beltrones. Tiene algunas diferencias; nosotros ponemos mucho énfasis en lo que ya estaba en el punto de acuerdo y que está todavía ahí.

Más allá de las propuestas que tenga el PAN, de las que tenga el PRI, de las que tenga el Frente, de las que tengan otras bancadas, el asunto es ¿qué pueden todos los sectores y la sociedad mexicana construir como consensos para hacer reformas e iniciativas de ley o constitucionales reformas que consensuemos en lo que se podría llamar ``un nuevo acuerdo nacional'' para darle perspectiva de futuro a nuestra nación? Seguimos insistiendo en este diálogo; hemos además agregado otros temas que no fueron considerados en la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones; él no toca el asunto fiscal ni económico.

Hemos colocado el asunto fiscal por una razón: es una verdadera vergüenza que México sólo cobre impuestos más que Haití, que Guatemala y que esté abajo de todo el resto del mundo; que mientras en Estados Unidos se cobra el 22 por ciento --es más, en Sudamérica--; en Argentina, el 17, 18 por ciento, igual que en Chile, aquí nos diga el SAT que se cobra el 9.5 por ciento de impuestos. Es una verdadera vergüenza que siempre que discutamos el Presupuesto, nos haga depender del petróleo en gran medida y estar sangrando a esa empresa y nos lleve, por supuesto, también a que no haya recursos para programas sociales. Por eso hemos agregado este tema.

Otro tema que no venía considerado es el del desarrollo social, que también incluimos; además, hemos puesto que no sea tan largo, de un año, sino que en este proceso de diálogo, toda la construcción de acuerdos vaya a siete meses a partir de que se convoca y se publica en el Diario Oficial esta iniciativa ya como ley.

En la iniciativa del Senado todo se cargaba a la Junta Directiva del Senado; es más, el Senado absorbía todos los temas. Hemos hecho una división de temas para que unos se puedan dictaminar en la Cámara de Diputados y otros en el Senado y, además, pensamos que son las comisiones de dictamen ordinario las encargadas de tomar los acuerdos que se construyan en la sociedad y de convertirlos en iniciativas, y no las Juntas Directivas ni del Senado ni de la Cámara, porque su naturaleza es otra: dirigir. La naturaleza de las comisiones es la que se adapta a esto precisamente.

Mi pregunta es esta: ¿vale la pena que el senador Manlio Fabio Beltrones haya presentado esa iniciativa allá; y vale la pena que nosotros la hayamos presentado aquí? Vamos a amarrar cuando menos un mecanismo para dialogar en la sociedad y hacer una reforma del Estado; ¿o estamos hablando a oídos sordos o simplemente se trata de hacer como que legislamos y como que consultamos a la sociedad y seguir autistamente encerrados en resolver otro tipo de dinámicas? En esto me dirijo mucho a la bancada mayoritaria de esta Cámara. No hay acuerdos sin la bancada mayoritaria, y sin la bancada mayoritaria, que tiene más de un tercio, suficiente para bloquear cualquier adición o reforma constitucional, no va a haber acuerdos. Dígannos ustedes si tienen interés en construir acuerdos para la sociedad o si ya se les olvidó todo aquello que plantearon alguna vez.

Sinceramente los emplazamos a eso, porque de igual forma hemos presentado en este marco, ahora con motivo de ingresos, de la Ley de Ingresos, y también del Presupuesto de Egresos hemos presentado un acuerdo mínimo donde se incluyen temas que aprobó la bancada del PRD, pero que tienen que ver con lo que ya aprobó el Frente.

En esos temas estamos planteando precisamente que en ingresos incrementemos la tributación vía derogar estas excepciones fiscales, estos paraísos fiscales que nos podían dar cuatro o cinco puntos más del producto interno bruto en captación, y que nos permitiría también hacer programas como el de Adultos Mayores, que nos permitiría hacer un programa para el Combate a la Pobreza, que todo mundo tenga alimentos o garantizar que los jóvenes permanezcan en la educación --ya que no tienen empleo-- y no se vayan a la delincuencia, al narcotráfico y quizá al rato a las ``maras salvatruchas'' y a la guerrilla. Estos programas se podrían hacer si hay más, pero además, si hay más tributación podríamos darle la autonomía a Pemex, que es una empresa que hemos estado sangrando y que merece hacerle frente a sus propias circunstancias.

La pregunta nuevamente es ¿se puede hacer algún acuerdo o no se puede? Frente al primero, cualquier persona con oficio político busca construir acuerdos; porque si hacemos acuerdos y distendemos el país, esto se va a resentir en la Cámara; pero si no hay acuerdos para distender, si no hay acuerdos que consensuemos para sacar cosas a favor de la población ¿cuál es la única dinámica que queda? Yo insisto, y soy muy reiterativo: ¿se pueden hacer acuerdos aquí y ahora, se pueden hacer acuerdos en la Cámara de Diputados, en el Congreso, o no se van a hacer acuerdos?

El Presidente Zermeño nos amenaza... les voy a decir una cosa, no nos van a parar las amenazas y pueden cercar lo que quieran, pero tampoco lo vamos a permitir. Y puede haber la ira que quiera, y se puede encorajinar, pero eso no nos va a parar. Finalmente es un exceso lo que están haciendo...

Sí le acepto la interpelación, pídala por el conducto...

Bueno, si no quiere, entonces cálmese.

No nos va a parar eso. Lo que sí decimos, cuando se hacen acuerdos en una Cámara, en un Congreso, eso trae distensión. ¿Quieren distensión?, vamos por la ruta de los acuerdos; si no, ni nos digan nada. Si estamos dispuestos a hacer acuerdo, sólo vamos a tener una opción y es la de no sólo impedir la toma de protesta de Calderón, sino boicotear todo lo que sea necesario para que no saquen sus nefastas reformas a favor de unos cuantos amigos que ilegalmente hicieron posible el triunfo de este señor.

Hay una mano para acordar, pero también hay una firme decisión nuestra: que no nos para el Presidente ni con sus rabietas para actuar en consecuencia. Ésa es la situación. No sé si iba a haber alguna pregunta, si no, por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa de Ley para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa, que contiene proyecto de decreto que crea la Ley para la Reforma del Estado, con el objetivo de convocar a un diálogo amplio y efectivo a las fuerzas políticas y actores fundamentales de la vida política nacional, proveyendo un método específico y apropiado para la negociación y el acuerdo político respecto de los temas prioritarios de la nación, bajo los siguientes antecedentes y exposición de motivos.

Antecedentes

Desde hace varios años, en el país se ha debatido un conjunto de reformas sustantivas para el desarrollo político, económico y social. Sin embargo, el debate público no ha tenido como resultante la actualización de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanan a las nuevas circunstancias de un México diverso, plural y que pugna por emerger a la democracia, sino que se ha propiciado el desencuentro entre el titular del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, al prevalecer inercias propias de un sistema político centrado en el Presidente de la República, con la consecuente incapacidad de los diferentes actores políticos para negociar y establecer una mayoría útil en el Congreso de la Unión en un contexto diferente, caracterizado por la pluralidad y la democracia.

A ello se agregan los hechos de una elección federal de 2006 profundamente injusta e inequitativa, un debate postelectoral enconado y con posturas encontradas en las principales fuerzas políticas que amenazan con dejar una herida profunda en el ser nacional. En el horizonte está la polarización de la sociedad y la confrontación o la exclusión como método para conciliar diferencias, encauzar conflictos y tomar decisiones. De persistir esta situación entre los extremos que quieren esquilmar el avance democrático y de quienes queremos la democracia ya y sin adjetivos, el país difícilmente encontrará la manera de enfrentar los retos y los temas nacionales para poder encauzar soluciones efectivas, no sólo buenos deseos como los prometidos en los últimos seis años.

El 6 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el dictamen de validez de la elección presidencial y procedió a la declaratoria de Presidente Electo de Felipe Calderón Hinojosa. Esta declaratoria, inatacable por disposición constitucional, si bien cierra el proceso electoral federal de 2006 y resuelve la parte legal, no ha permitido encauzar el conflicto político y ha generado un inconmensurable déficit de legitimidad, de ahí que las posturas de desencuentro y descalificación de la mayoría de los actores políticos, tienden a agravar la situación de parálisis y falta de consensos vividos en los últimos seis años.

Un aspecto relevante de este diagnóstico que compartimos casi todos en México lo representa lo que en medio político y académico se le ha denominado la reforma del Estado. Con independencia de la caracterización, alcance y profundidad de dicha reforma, todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados coinciden en incluirla entre sus prioridades legislativas. De esta manera, y de acuerdo con las propuestas entregadas por los distintos grupos parlamentarios, entre los ejes temáticos de la reforma del Estado están la reforma electoral, el fortalecimiento del Poder Legislativo, la revigorización del equilibrio de poderes, la reelección legislativa, el cambio de régimen político, reformas al Poder Judicial y del sistema de justicia, un nuevo federalismo, adopción de mecanismos de democracia participativa, regulación del cabildeo, modificaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos y la introducción de medidas de austeridad en el pago de sus remuneraciones, transparencia y acceso a la información pública gubernamental, democratización de los medios de comunicación, participación de las Cámaras en la celebración de tratados internacionales y la autonomía del Distrito Federal.

En sintonía con estos cambios, los grupos parlamentarios presentaron un conjunto de propuestas orientadas a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, la generación de empleo y la erradicación de las causas estructurales de la pobreza.

Adicionalmente, la reforma del Estado resulta un proceso fundamental y necesario para la integración nacional y para la recuperación del desarrollo económico, social, político y cultural, así como para el fortalecimiento de nuestra independencia, libertad y soberanía.

México enfrenta una situación crítica que debe ser enfrentada por los poderes del Estado sin mayor dilación. En lo social el pueblo mexicano ha sufrido un acelerado proceso de pauperización, como lo señalan los principales indicadores socioeconómicos tanto nacionales como internacionales, en especial los que miden la pobreza y la desigualdad social: los cuales cuantifican en estado de pobreza a 55 millones de compatriotas, y que muestran que el 10 por ciento de la población más rica concentra cada vez más ingresos, del orden de más del 50 por ciento de la riqueza nacional; al tiempo que el 20 por ciento más pobre subsiste en condiciones infrahumanas, debajo de la franja mínima de consumo de calorías por persona, según los indicadores utilizados por Naciones Unidas. Todos estos datos constituyen los factores que aceleran la profundización de la desigualdad social, tal y como lo refleja el coeficiente Gini, que coloca a México en el lugar 112 entre 150 países, en cuanto a la distribución del ingreso. El sistema de instituciones de seguridad y previsión social y de pensiones está prácticamente en quiebra, y México ocupa el lugar 112 en mortalidad infantil y el 53 en esperanza de vida.

Desde 1982, se han reducido seriamente los niveles de bienestar de la población, ha menguado la tasa de crecimiento del empleo formal a niveles mínimos y esto ha forzado el crecimiento de la ocupación informal de baja productividad. La tasa de rendimiento de la rentabilidad empresarial formalmente es inferior a la internacional, a saber de los rendimientos que el Estado recaba en cuanto a impuestos sobre la renta y al valor agregado, más allá del terrible problema de la evasión y de la elusión fiscal.

A estas alturas está claro que las políticas neoliberales de liberalización, privatización, y de desincorporación de los activos económicos del Estado mexicano y el libre comercio han impactado negativamente en el bolsillo de la gran mayoría de los mexicanos, y que en lugar de consolidar la comunidad económica mexicana, estas políticas han logrado expulsar a una gran cantidad de mexicanos a Estados Unidos como inmigrantes ilegales, y por tanto han logrado que el campo mexicano luzca crecientemente despoblado, con serias amenazas y baja rentabilidad, y también han logrado que desde 1994, cientos de miles de Pymes hayan quebrado o hayan visto seriamente rotas sus cadenas productivas, y que hasta algunos sectores empresariales de alta escala e integración global perciban serias amenazas por las prácticas de comercio internacional desleal, entre otros serios problemas.

En términos de desarrollo regional, la frontera norte sufre una grave crisis social, de seguridad pública, económica, urbana y ambiental, mientras que el sur del país se estanca y retrocede más allá de lo prudente bajo serias presiones de migración internacional, narcotráfico, deuda histórica con los pueblos indios y por serios desafíos de gobernancia estructural, como en el caso vigente de Oaxaca, y que la región centro está llegando a serios límites de crecimiento y viabilidad, por la severa crisis ambiental, la escasez del agua y, por la demanda energética y sobrepoblación, entre otros problemas metropolitanos.

En el ámbito internacional, México sigue estando en el sótano de la OCDE en prácticamente todos los indicadores; recordemos como al inicio del actual sexenio la economía mexicana era la novena del mundo y que ahora termina siendo la decimocuarta. Perdimos veinte lugares en términos de productividad y la inversión extranjera a pesar de ser significativa no se traduce en expansión del empleo formal; la competencia asiática amenaza con desbancar a México en los sectores industriales que aún le son favorables en Estados Unidos y en Europa y hemos perdido las ventajas comparadas derivadas de los tratados de libre comercio signados.

En el ámbito político, la sociedad mexicana vive hoy un proceso de crisis con francos procesos de ingobernabilidad en varios puntos del país y está exigiendo cada vez más una democracia transparente, legítima y efectiva, y precisamente una de las aspiraciones y demandas sociales en ese contexto, es la de transformar las instituciones públicas para arribar a estadios superiores de convivencia, de oportunidades y de una mayor igualdad social, que produzca esperanza en el futuro para las generaciones venideras.

Hoy debemos recordar que históricamente, nuestro pueblo ha sabido emprender grandes transformaciones políticas cuando es necesario renovar los pactos fundamentales. Reconocemos que resulta ya necesario acotar vertical y horizontalmente al Poder Ejecutivo; lograr un verdadero equilibrio de poderes mediante puentes de comunicación que hagan productiva la vida parlamentaria y ayuden a construir mayorías para la gobernancia democrática. Reconocemos que debemos fortalecer los poderes judiciales y construir el federalismo judicial; avanzar hacia un federalismo coherente con la pluralidad política y los gobiernos de origen multipartidario; asegurar la constitución de un nuevo pacto fiscal y hacendario; acotar al máximo los poderes fácticos y corporativistas de la vieja economía; asegurar la viabilidad de las reformas a la seguridad social y la universalidad de las políticas sociales, a fin de llenar de contenido los derechos y garantías sociales de todos los mexicanos.

El pueblo mexicano ha vivido desde su independencia bajo el yugo del presidencialismo, del centralismo y estas inercias han opacado los resultados en lo social, en lo económico y lo político.

La relevancia de la Ley para la Reforma del Estado que proponemos las diputadas y los diputados de esta Cámara es para pronunciarnos abierta y mayoritariamente en la disposición de convocar a un diálogo respetuoso, productivo, plural e incluyente, desde el seno del Congreso de la Unión para transformar nuestras instituciones políticas, para renovar la regulación de los mercados, para replantear las políticas sociales, para recuperar la confianza, y para fortalecer la convicción de que la república democrática, representativa y federal de los Estados Unidos Mexicanos debe tener un mejor futuro para las próximas generaciones y que deberá ser un mejor país, más justo y más igualitario.

Ante ello, en los últimos tres meses, mediante decenas de encuentros, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados ha dado forma a una propuesta para el diálogo nacional, que busca una base auténtica de reconciliación nacional y de transformación de las instituciones, sin proponer el olvido o la vuelta de página, sino que parte de la necesidad de tomar en consideración la profunda insatisfacción generada por un proceso electoral y político tan controvertido e impugnado como el de 2006, proponiéndose trascender el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las disputas inmediatas derivadas de los agravios de los que hemos sido objeto.

A nosotros, los diputados perredistas, y a todos los legisladores de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, nos corresponde ir más allá de lo circunstancial, crear mejores perspectivas y cursos de acción para la actividad política, innovar y abrir nuevos espacios para el diálogo y la negociación, preservar la base para los acuerdos y proveer incentivos para construir soluciones viables pero integrales. Para ello, necesitamos crear instrumentos jurídicos apropiados que motiven a los actores a convenir los cambios que el país requiere.

Exposición de Motivos

Primero. En las elecciones se ha expresado un México plural, exigente y demandante, que obliga a los políticos a asumir su responsabilidad pública para generar las condiciones que garanticen un mejor futuro para todos los mexicanos, que las distintas fuerzas políticas nacionales propongan y construyan una nueva vía para dialogar, negociar y construir los acuerdos necesarios, sin que cada fuerza política pierda su identidad o se diluya en el proceso. La sociedad demanda superar el dilema de cooperación política a ultranza o bloqueo partidario dogmático, pues inhibe el libre y público examen de ideas, proyectos e iniciativas, así como los contrapesos que se deben dar en el Congreso, impidiendo la construcción de soluciones viables.

No se ignora que en la última década han sido planteadas distintas iniciativas de diálogo para promover o profundizar distintos aspectos de la reforma política o de algunas reformas económicas. Por todos los partidos políticos y grupos sociales es conocido el tono de los debates, así como la calidad de las diferentes posturas. Es posible afirmar que no ha sido por falta de ideas que los cambios necesarios no se hayan logrado concretar. En el pasado reciente, conocimos los casos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado convocada e integrada por el Ejecutivo federal, así como de la discusión de las llamadas reformas estructurales o la insistencia de garantizar constitucionalmente los derechos humanos y sociales de última generación, respecto de las cuales hubo mucho ruido y ningún resultado que hubiese llegado a un debate efectivo en el Congreso.

Segundo.Ha sido recurrente, casi un lugar común, pretender responsabilizar al Congreso de la falta de acuerdos. Se ha perdido de vista en esta simplificación, que lo que ha propiciado el desencuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha sido la evolución del propio entorno político y democrático de nuestro país, en donde ya no existe la identidad lineal entre el Presidente de la República y una mayoría dócil en el Congreso, sino que todo cambio o decisión trascendental requiere de negociación, construcción de puentes, de entendimiento y formación de acuerdos que propicien una mayoría útil que les otorgue viabilidad.

Recientemente, la falta de acuerdos ha permitido que prevalezcan las diferencias sobre las coincidencias, pero no sólo esto, sino también la carencia de mecanismos apropiados para dialogar y convenir sin perder en el camino identidad y propósitos de cada uno de los grupos políticos que han pretendido asumir la representación de la sociedad. Es por ello que las convocatorias unilaterales, hechas desde la cima del poder o en el seno de grupos de notables ciudadanos no han encontrado el eco ni el respaldo político suficiente para contar con una mayoría útil que las impulse en el seno del Congreso de la Unión, porque --no debe olvidarse-- el Congreso de la Unión no está para servir al poder sino para representar al pueblo, por ello las pretensiones vergonzosas de subordinación o sumisión del Legislativo ante impulsos voluntaristas o autoritarios pertenecen a otro tiempo en la vida de la República. Hoy, ya no podría pensarse que es posible adoptar decisiones trascendentales sin contar con el respaldo explícito y suficiente de la representación popular.

Tercero.La política es negociar, es dialogar y pactar con los aliados y con los adversarios, y en el marco de la ley, se puede hacer con reglas públicas claras que despejen las sospechas y hagan explícito lo posible. El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se propone impulsar una iniciativa de Ley para la Reforma del Estado que, de aprobarse, convoque, con la garantía de la ley, a todos los actores relevantes de la vida nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a las entidades federativas y los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión para que participen en una discusión ordenada, con procedimientos, agenda y tiempos perentorios, que permita el avance político del país, defina lo inmediato y permita concluir una etapa pendiente en la transición democrática mexicana, que es la estabilización de la política y la integración plena de la representación nacional en la gobernabilidad del país para servir en lo económico y social a los ciudadanos.

Como nación, no podríamos plantearnos ahora el esperar otra década para resolver nuestras diferencias y realizar las transformaciones que necesitamos, de una manera ordenada y sin rupturas.

Cuarto. Nuestro régimen político muestra signos de agotamiento, el presidencialismo mexicano omnipresente y hegemónico ha desaparecido, cada vez encuentra mayores dificultades para construir mayorías estables o consensos útiles para el gobierno, y en nuestra sociedad ha emergido un pluralismo vigoroso que exige límites al ejercicio unilateral del poder, así como un mayor peso de la representación nacional en la formación de las decisiones públicas.

Por otra parte, en un entorno plural y democrático, el Congreso no podría funcionar ni en el acuerdo total ni en el desacuerdo total. Los parlamentos son espacios para deliberar y discutir, pero también requieren mostrar capacidad para generar acuerdos e iniciativas y establecer mayorías útiles para la nación.

Este es el tiempo para negociar públicamente y establecer un nuevo balance entre los poderes constituidos tanto de la federación como de las entidades federativas y el Congreso de la Unión, que dote a nuestro régimen político de nuevas capacidades para integrar adecuadamente, la representación y las decisiones políticas, a su racionalidad y su vinculación con el interés público.

Quinto.Cabe tener presente que el 2 de julio de 2006, por cuarta ocasión consecutiva desde 1997, los electores definieron un esquema de gobierno dividido y propiciaron un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que ningún partido por sí mismo puede constituir una mayoría o imponer al resto un proyecto nacional.

El mandato más claro de las urnas, puede concebirse correcta y en forma transparente como un mandato para la negociación política, una nueva y responsable articulación de intereses y la construcción de acuerdos entre varias fuerzas políticas. Hoy sabemos que todos los partidos somos minorías, pero también que toda mayoría es el resultado de una compleja suma de minorías, que cada partido necesita de los demás, que debemos tenerlo claro e integrarlo a nuestra cultura política, a fin de evitar que en una eventual negociación prevalezcan los disensos. Sólo si somos capaces de construir un modelo de negociación y de acuerdos en el que todos ganemos, en el que sumarse a las mejores causas no sea percibido como una derrota o una cesión de principios, tendremos la posibilidad de hacer realidad un cambio democrático con rumbo y con visión política.

Sexto.Proponemos al conjunto de las fuerzas políticas del país y a la representación nacional, una vía propia de la razón, la cual, mediante un mandato jurídico, haga posible el diálogo político que permita reformar al Estado y construir juntos las soluciones en los temas prioritarios que debemos enfrentar y resolver para destrabar los obstáculos que frenan el desarrollo nacional, con tiempos perentorios y un mecanismo que permite generar acuerdos sobre el ritmo y la profundidad de los cambios y, por ende, al final del proceso de diálogo, estar en posibilidad de presentar a la consideración del Congreso, las iniciativas de ley o modificaciones que resulten necesarias a nuestra Constitución Política, para su correspondiente proceso legislativo.

De ser aprobada, la Ley para la Reforma del Estado, que se somete a la consideración del Congreso de la Unión, habrá de proveer el procedimiento apropiado para convocar con la fuerza y legitimidad de la ley a todos los actores relevantes de la vida nacional: los poderes federales, los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a las entidades federativas y a los ciudadanos que deseen participar y así lo manifiesten.

Se trata de una propuesta de ley que tiene como objeto dar cauce ordenado al diálogo, la negociación y los acuerdos políticos en pro de la reforma del Estado, con agenda y tiempos perentorios, que si bien puede ser signada de naturaleza heterodoxa por no establecer explícitamente sanciones, queda claro que en política la mayor sanción que puede tener un actor es quedar ausente de la discusión y de los acuerdos, siendo entonces política la propia sanción.

Séptimo.En nuestra legislación, existen precedentes de este tipo de leyes. En 1867, el presidente Benito Juárez promulgó la Ley de Convocatoria y de Plebiscito con el propósito de consultar sobre las decisiones de reconstitución de la República, que ha sido reconocida en derecho constitucional como una ley de convocatoria. Nuestra Constitución Política consagra derechos amplios, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, cuyas leyes reglamentarias no contemplan sanciones específicas para castigar a alguna persona física o moral porque no se provea de trabajo, salud o vivienda a todos los mexicanos que tienen derecho a ello. Tenemos también leyes y procedimientos, como el Código de Procedimientos Penales o la Ley del Proceso Administrativo, que si bien contemplan algunas sanciones, su principal objetivo es ordenar el procedimiento mediante el cual se aplica la ley, y contamos con leyes marco, como la Ley de Planeación del Desarrollo.

En 1996, se establecieron bases jurídicas en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, a fin de propiciar el diálogo y la negociación, con el establecimiento de disposiciones para pactar calendarios, agenda y bases para el diálogo y la negociación de un acuerdo de paz con dignidad y justicia. En otras latitudes han existido leyes para encauzar procesos de reforma política, como en España, con la Ley para la Reforma del Estado de 1977, o en Argentina, con la ley que en 1994 declara la necesidad de reforma de su Constitución nacional.

Octavo.A diferencia de otros esfuerzos de reforma política que permitieron alcanzar avances graduales en la construcción de nuestra democracia, como fueron los procesos de reforma política de los años 1977, 1986, 1990 o 1996, en los que aún estaba presente con enorme entereza, el presidencialismo, que permitía conducir las negociaciones y convocar a los actores políticos para motivar y propiciar los cambios, hoy, la realidad es otra. La presidencia ha disminuido su presencia y representación política expresa una correlación de fuerzas muy diferente, pues como consecuencia del desarrollo político que hemos experimentado en las tres últimas décadas, cada vez más porciones de poder se comparten con otros actores, por lo que la capacidad que tenía la institución presidencial de imponer a la manera vertical un proyecto nacional, se ha deteriorado paulatinamente sin que hasta el momento se haya expresado en un arreglo institucional que refleje apropiadamente la nueva realidad política.

Ante esta situación, México se debate estérilmente ante la disyuntiva entre cooperación o paralización, el cual puede extenderse indefinidamente si los actores políticos no somos capaces de encontrar la manera de romper esta inercia negativa, que podría postergar los cambios necesarios por muchos años más. No vale la pena correr el riesgo de esperar 3, 6 o más años para aventurar una correlación de fuerzas que permita el retorno de una hegemonía indeseable, lo que ahora tenemos es la oportunidad de concretar un acuerdo y construir una vía apropiada para ello.

Noveno.Vivimos una era de pluralidad y constituye un riesgo innecesario e inaceptable pretender adoptar decisiones de fondo sin el concurso explícito de la representación nacional integrada en el Congreso de la Unión. Por ello, creemos que en un entorno político en el que la autoridad presidencial presumiblemente se ejercerá en un ambiente de pluralidad y desafío a su legitimidad, puede ser el Congreso un nuevo sujeto histórico, una institución fundamental para consolidar nuestra democracia e interlocutor válido y confiable, quien convoque al diálogo político mediante el cauce del derecho, con la expedición de la Ley para la Reforma del Estado.

Décimo. Una reforma del Estado que integre los aspectos más relevantes para construir un futuro deseable para todos los mexicanos, que resuelva la transformación del régimen político, al tiempo que las reformas hacendarias y de fomento económico, así como la integración de las garantías sociales y humanas de última generación. Una auténtica reforma del Estado.

Décimo Primero. La iniciativa de Ley para la Reforma del Estado propone la creación de una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Consensos, en la que se integra la representación de los actores fundamentales para un diálogo político efectivo e institucional, disponiendo la presidencia rotativa del titular de la mesa directiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de manera alternada cada tres meses.

Se propone la integración, asimismo, de una subcomisión redactora que será nombrada bicameralmente, como órgano técnico integrado por especialistas en derecho constitucional y de política y gobierno, así como la creación de una subcomisión de consulta pública, a efecto de expedir la más amplia convocatoria a los actores políticos y sociales, las legislaturas estatales y académicos y ciudadanos interesados en participar, para recabar de esta manera, el acervo de ideas que servirán de base para integrar el máximo consenso respecto de los cambios posibles en el contexto actual.

Décimo Segundo.Es preciso destacar que no se trata de establecer un concurso de ocurrencias o de buenas ideas, sino de establecer la concurrencia de las fuerzas políticas y de los actores fundamentales del país para construir los acuerdos que generen el respaldo mayoritario a las propuestas viables, como razonablemente se espera de la actividad democrática, cuando convergen protagonistas con sentido de la responsabilidad pública que actúan en consonancia con las necesidades del país.

Lo relevante en este proceso será tanto plantear una visión del México que queremos como contar con un marco normativo que obligue a concretarlo.

La ley, mediante procedimientos acotados y precisos, así como con garantías para la participación que propone a los actores y fuerzas políticas fundamentales sin menoscabo de su identidad o posiciones propias, se constituye en un método de labor e intercambio, el contraste de ideas y la construcción de los acuerdos que generen el respaldo político suficiente en el Congreso como para promover las reformas constitucionales y legales que se convengan.

Décimo Tercero. En la propuesta de la iniciativa de ley, los temas de pronunciamiento obligatorio para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, así como para los partidos políticos nacionales con registro, se disponen en seis apartados: el primero atañe al régimen del Estado y del gobierno, a efecto de adecuarlos a las circunstancias de un presente democrático y plural, con contrapesos efectivos entre los poderes de la Unión, para generar legitimidad, eficacia y gobernanza en la conducción de los asuntos públicos; el segundo, se refiere al perfeccionamiento de la democracia y las reformas al sistema electoral, a efecto de asegurar que los procesos electorales transcurran efectivamente en el marco de la certidumbre, la legalidad, la imparcialidad, la equidad y la justicia, como es propio de todo régimen democrático, con medios de comunicación regulados para el florecimiento de la democracia; el tercer apartado es inherente a la revisión profunda e integral del federalismo, en tanto esquema de unidad, cohesión, coordinación, cooperación, solidaridad y pertenencia de nuestra República, y en un cuarto tema se propone abordar los asuntos inherentes a la reforma del Poder Judicial, y de su administración y procuración.

En el quinto punto impulsa una reforma hacendaria que permita reducir la evasión fiscal, aumentar la eficiencia recaudatoria del Estado, revisar la carga tributaria y su distribución por tipo de persona jurídica para generar una mayor justicia y equidad, y que busque simultáneamente que los impuestos sean simples, generales y competitivos, al tiempo que produzcan los ingresos que el Estado necesita para una nueva generación de políticas sociales. El sexto punto se enfoca en los ciudadanos, los sujetos de la democracia, en sus garantías sociales y el rediseño de la convivencia en la pluralidad, en la renovación de las relaciones entre el Estado, sus gobiernos y las sociedades, comunidades y pueblos.

Décimo Cuarto.La iniciativa de ley prevé que estos temas no sean limitativos, sino que constituyen el punto de partida desde el cual sea posible definir nuevos alcances para el diálogo político, la negociación y los acuerdos, dado que se incluye la previsión para que, de convenir las fuerzas políticas y los actores involucrados que existen otros temas de interés en materia de reforma del Estado, éstos podrán seguir el procedimiento establecido por la ley, bastando para ello el acuerdo de las partes actoras.

Décimo Quinto.Es importante subrayar que no se pretende en ningún momento sustraer la facultad de iniciativa o de legislación que contempla la Constitución General de la República, sino de lo que se trata es de propiciar un mecanismo que genere las condiciones para un diálogo político sin exclusiones, en el marco de la ley, para procesar en el ámbito del Poder Legislativo aquellas propuestas que cuenten con el respaldo político y congresional necesario para ser aprobadas en el seno del propio Congreso.

Décimo Sexto.Se concibe a la reforma del Estado como el resultado de un proceso plural para rediseñar la organización y funcionalidad del Estado, con una amplia participación ciudadana y de los actores políticos sustantivos, de naturaleza propositiva y deliberativa, y con el alcance de los acuerdos que resulten del diálogo, el contraste de ideas y el máximo consenso posible a establecer por los actores políticos participantes.

La Ley para la Reforma del Estado se propone declarar de interés público la necesidad de lograr la reforma de las leyes e instituciones de México. La Ley para la Reforma del Estado tendrá por objeto definir temas, establecer etapas, procedimientos y términos que hagan posible concretar y procesar los cambios pactados en un tiempo perentorio, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo políticos.

En consideración a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados somete a consideración de este honorable pleno el siguiente

Proyecto de decreto que crea la Ley para la Reforma del Estado

Artículo 1. Se crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Consensos, en lo sucesivo Comisión Ejecutiva, con el objeto que sea el órgano rector del proceso de reforma del Estado en México.

La Comisión Ejecutiva será un órgano plural integrado por un representante de cada grupo parlamentario de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como por un representante del Poder Ejecutivo federal si así lo determinara y de uno por cada partido político nacional con registro ante las autoridades electorales federales. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

Artículo 2. La Comisión Ejecutiva será presidida por los presidentes de la Mesa Directiva de las Cámaras de Senadores y de Diputados; en ese orden, por tres meses en forma rotativa y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Conducir y coordinar el proceso para la reforma del Estado;

II. Integrar e instalar las subcomisiones previstas en el presente ordenamiento y los grupos que sean necesarios para la realización de los trabajos y la consulta;

III. Expedir el reglamento interno, las convocatorias y otros instrumentos normativos necesarios para garantizar la mayor participación posible de organizaciones políticas y sociales, expertos en la materia y ciudadanos;

IV. Presentar a las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, según sea el caso, los documentos que expresen el consenso básico para traducirlos en iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el consenso obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo; y

V. Interpretar los alcances de la presente ley y emitir los lineamientos, normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 3. La Comisión Ejecutiva contará con las subcomisiones Redactora y de Consulta Pública. Asimismo, tendrá facultades para integrar otras subcomisiones, grupos de trabajo específicos y establecer cualquier forma de trabajo que estime pertinente.

La Comisión Ejecutiva contará con un secretario técnico que será el responsable de llevar el seguimiento de los acuerdos y coadyuvar a su cumplimiento. Será propuesto por el Presidente de dicha Comisión y su nombramiento deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la misma.

Artículo 4. La Subcomisión Redactora será un órgano técnico dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará hasta por siete especialistas en materia de derecho constitucional o política y gobierno, de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional.

La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los proyectos de propuestas que le solicite la Comisión Ejecutiva, conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba de la misma.

Artículo 5. La Subcomisión de Consulta Pública será un órgano operativo dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará por tres representantes de cada una de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como por un representante del Poder Ejecutivo Federal.

La Subcomisión de Consulta Pública tendrá como funciones organizar la consulta pública nacional para la reforma del Estado, en los términos de la convocatoria respectiva que al efecto emita la Comisión Ejecutiva y conforme a las indicaciones que ésta formule.

Artículo 6. Para que la Comisión Ejecutiva y las subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deben reunirse por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. Las decisiones y acuerdos se tomarán por las dos terceras partes de los presentes. Las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva sólo serán válidas siempre y cuando el número de suplentes que concurran en lugar de los miembros titulares no sea mayor de cinco.

Los presidentes de la Comisión Ejecutiva y de las subcomisiones podrán ausentarse de las sesiones hasta por tres veces consecutivas, para lo cual nombrarán un presidente suplente entre los miembros que integren el órgano respectivo.

Artículo 7. El proceso de reforma del Estado constará de seis etapas:

I. Presentación de propuestas;

II. Consulta pública;

III. Negociación y consenso;

IV. Redacción de los proyectos;

V. Validación y propuestas finales y

VI. Proceso legislativo.

Artículo 8. Los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y los partidos políticos nacionales con registro ante las autoridades electorales federales, así como todos los que participen en la consulta, deberán entregar a la Comisión Ejecutiva sus propuestas concretas de reforma en los temas que señala el artículo 10 de esta Ley, conforme a los requisitos y en los plazos que determine la Comisión Ejecutiva en la convocatoria que al efecto expida.

Artículo 9. Las iniciativas de reformas y adiciones o de nuevas leyes que acuerde la Comisión Ejecutiva, deberán enviarse a las Mesa Directivas de la Cámaras de Senadores y de Diputados para el proceso legislativo correspondiente, de acuerdo a su organización temática en el artículo 10. La Cámara de Senadores será de origen, preferentemente en los temas correspondientes a los numerales III, IV, y VI; mientras que la Cámara de Diputados recibirá los proyectos derivados de los numerales I; II; y V.

La Comisión Ejecutiva dispondrá de un plazo no mayor a un mes para lograr los acuerdos temáticos necesarios después de concluida la consulta pública. Los acuerdos deberán adoptar la forma de proyectos legislativos.

Una vez concluido este proceso, la Comisión Ejecutiva enviará los proyectos legislativos que impliquen reformas constitucionales, a las leyes o nuevas leyes a las mesas directivas de las Cámaras, quienes las turnaran de urgente resolución a las comisiones ordinarias correspondientes para que se dictaminen en un plazo no mayor de dos meses a partir del día en que reciban los proyectos.

Los temas que señala como obligatorios el primer párrafo del artículo 10 de esta ley deberán ser completados y haberse remitido a las mesas directivas de las Cámaras las iniciativas respectivas, a más tardar en 7 meses calendario a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente ordenamiento legal.

Artículo 10. Los temas de pronunciamiento obligatorio para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y los partidos políticos nacionales serán:

I. Régimen de estado y gobierno;

II. Democracia y sistema electoral;

III. Federalismo y crecimiento económico;

IV. Reforma al Poder Judicial y la procuración de la justicia;

V. Reforma hacendaria;

VI. Garantías sociales.

En caso de que surgieren otros temas de interés inherentes a la reforma del Estado, éstos podrán seguir el procedimiento señalado en la presente ley. Para ello, será necesario que antes se hayan completado los trabajos concernientes a los temas de pronunciamiento obligatorio que señala este artículo y que se esté en posibilidades de concluir los nuevos temas durante el periodo de vigencia de la presente ley.

Artículo 11. La Comisión Ejecutiva convocará a más tardar en 15 días de publicado el presente decreto a ocho asambleas regionales, a efecto de que se cumpla la etapa de consulta pública y la agenda contemplada en el artículo 10.

Se convocará a participar en las asambleas a: diputados y senadores del honorable Congreso de la Unión, a los Congresos estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Poder Ejecutivo federal; a los delegados y representantes del mismo en las entidades federativas; al Poder Judicial Federal; a los Gobiernos Estatales; a los Tribunales Superiores de Justicia; a los Gobiernos Municipales; a los partidos y organizaciones políticas; a las instituciones académicas; a los organismos empresariales; a las organizaciones civiles; a los sindicatos; a las asociaciones y organizaciones de productores; a las organizaciones y agrupaciones juveniles; a las organizaciones y agrupaciones no lucrativas; a los colegios, barras, ligas de profesionistas; a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos en general, los cuales dispondrán de un plazo de dos meses para inscribirse y participar de acuerdo a los términos de la convocatoria.

Las sedes de las asambleas serán las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Zacatecas, Zacatecas; Guadalajara, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; Veracruz, Veracruz; Acapulco Guerrero; y Ciudad de México Distrito Federal. Las cuales se realizarán simultáneamente por pares durante cuatro semanas.

Artículo 12. A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley y para garantizar la equidad en la difusión de los consenso, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, de las partidas de comunicación social o de las partidas de programas no sustantivos que estimen pertinentes los poderes Legislativo y Ejecutivo de la federación; en este caso, los gastos que se causen se repartirán proporcionalmente entre dichos poderes de la Unión. De igual manera, se deberán incluir en los Presupuestos de Egresos de la Federación para el año 2007 y, de ser necesario, en 2008, los gastos que se programe erogar por los mismos motivos durante dichos periodos anuales.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Ejecutiva deberá quedar integrada e instalada dentro de los quince días naturales siguientes de la entrada en vigor de esta ley.

Tercero. La Comisión Ejecutiva deberá, dentro de los quince días naturales siguientes a su instalación, integrar e instalar las Subcomisiones Redactora y de Consulta Pública.

Cuarto. La Comisión Ejecutiva y las subcomisiones deberán aprobar sus reglas y lineamientos de operación a más tardar en la sesión inmediata posterior a la de su instalación.

Quinto. La Comisión Ejecutiva deberá expedir la convocatoria para la consulta pública de la reforma del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes a partir de la instalación de ésta.

Sexto. La presente Ley para la Reforma del Estado concluirá su vigencia transcurridos doce meses calendario de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa declaratoria al respecto de la Comisión Ejecutiva, pudiendo ésta solicitar al pleno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente, una prórroga hasta por seis meses adicionales, presentando la justificación correspondiente. Los plenos de ambas Cámaras determinarán lo procedente mediante el voto de dos terceras partes de los presentes en la sesión en que se realice la votación.

Diputado Juan N. Guerra Ochoa (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra a la diputada Arely Madrid Tovilla para presentar iniciativa que viene signada por el diputado Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola. Esa iniciativa fue cambiada de lugar con la número diez; en atención al acuerdo que los dos proponentes tuvieron. La iniciativa que estaba en el número diez, pasa al ocho, y la ocho pasa al diez y se refiere a una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Arely Madrid Tovilla:Muchas gracias, diputada Presidenta; compañeras, compañeros:

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, diputados federales integrantes de la Comisión Jurisdiccional, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de ésta honorable asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 40, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las instituciones democráticas requieren de instancias de control, vigilancia y sanción para perfeccionarse y mantener su vigencia, garantizando así el desarrollo armónico y equilibrado de la sociedad.

Una de las mayores responsabilidades de esta Soberanía es garantizar un marco jurídico eficaz, siendo urgente su actualización para facilitar así el cumplimiento de las atribuciones y deberes del Poder Legislativo a través de las comisiones.

Ante este desafío, el Poder Legislativo está obligado a impulsar reformas legales que contribuyan a erradicar la percepción negativa de la función legislativa y del trabajo en comisiones.

En consecuencia, la Comisión Jurisdiccional, de acuerdo con su objetivo jurídico, requiere una plataforma legal que le permita enfrentar nuevos retos no previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Considero necesario que se otorguen facultades a la Comisión Jurisdiccional a efecto de que se le permita cumplir con las tareas que debe desarrollar como responsable de velar por el buen funcionamiento de los mecanismos de Juicio Político y Declaración de Procedencia, ya que hasta ahora se ha querido subsanar las deficiencias procesales de la ley mediante acuerdos parlamentarios.

Conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Comisión Jurisdiccional ejerce sus atribuciones a través de la Sección Instructora; sin embargo, al no existir atribuciones expresamente a ella conferidas, dicha comisión está limitada en sus actuaciones.

La Comisión Jurisdiccional se constituye al inicio de cada legislatura, observándose un procedimiento similar al resto de las comisiones ordinarias, por lo que su naturaleza jurídica está debidamente justificada.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contiene un Capítulo Sexto, denominado ``De las Comisiones y los Comités'', donde se señala, en su artículo 39, que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones legales.

Sólo que la Comisión Jurisdiccional tiene un alcance limitado, pues como única función legislativa se establece que de entre sus integrantes se nombra a quienes deben integrar la Sección Instructora.

De conformidad con la actual Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Jurisdiccional tiene las siguientes facultades:

Artículo 40, numeral 5: La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructoraencargada de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En un contexto de creciente pluralismo, de alta competencia política, pero sobre todo de profunda exigencia ciudadana, se necesitan instituciones sólidas y eficaces para el cumplimiento de la norma jurídica. Por esta razón, la Comisión Jurisdiccional requiere de un diseño que le permita atender y resolver problemas sobre responsabilidades de los servidores públicos.

En consecuencia, es necesario dotar de facultades expresas a la Comisión Jurisdiccional, ya que de esa manera se crearán las condiciones para que en el futuro se puedan expedir leyes que constituyan un marco jurídico eficiente.

La presente iniciativa busca resolver las lagunas de la ley, por ello se propone facultar a la Comisión Jurisdiccional para

Dictaminar iniciativas de ley.

Realizar estudios.

Emitir opiniones.

Presentar informes semestrales y anuales.

Constituirse en instancia para resolver las controversias que se den al interior de la Sección Instructora.

Con estas atribuciones se fortalece la naturaleza jurídica de la Comisión Jurisdiccional, dando certeza y objetividad a sus actuaciones.

Con la presente iniciativa se consolida una parte fundamental de la base legal que requiere la Comisión Jurisdiccional para el fiel cumplimiento de su encomienda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 40, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único

Artículo 40.

1.Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo desarrollan las tareas específicas que en cada caso se señalan.

2. a 4. ...

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora, encargada de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.''

La propia Comisión tendrá las siguientes facultades:

A. Dictaminar, opinar y realizar estudios relacionados con iniciativas de ley que se presenten en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

B. Conocer y dirimir las controversias que surjan al interior de la Sección Instructora.

C. Conocer de los informes semestrales de la Sección Instructora.

Para la integración de esta Comisión, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta el perfil profesional de los diputados electos, preferentemente a quienes gocen de experiencia jurídica.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputados: Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbricas).»

Muchas gracias y esperamos que sea de urgente u obvia resolución.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Arely Madrid Tovilla. Túrnese a la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO

La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Se rectifica el turno que se dio a la iniciativa presentada por el diputado Juan Guerra Ochoa, para que quede turnada a petición suya a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alan Notholt Guerrero, del grupo... Se pospone esta iniciativa que está agendada por el Partido Verde Ecologista de México.

Diputada Arely, sonido en la curul.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Arely Madrid Tovilla(desde la curul): Yo pedí el trámite de urgente u obvia resolución y se pasó directo. Le pido por favor que considere el trámite, por favor.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El turno está agendado en el orden del día para turnarse a las comisiones que señalamos. No fue registrado así el turno. Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Le recuerdo a mi distinguida colega y amiga que es una iniciativa y las iniciativas no pueden someterse a trámite de obvia o urgente resolución, tienen que turnarse a comisión.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Rodríguez Prats. El diputado Chaurand tiene el uso de la palabra.

El diputado Carlos Chaurand Arzate(desde la curul): Sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa, pero no hay ninguna disposición que prohíba el turno de urgente u obvia resolución a una iniciativa; nuestro reglamento es muy claro, diciendo que ningún asunto podrá resolverse si no es turnado a comisiones, salvo los asuntos que las dos terceras partes consideren de urgente u obvia resolución. También es cierto que existe un acuerdo en el sentido de que si el asunto no se registra como de urgente u obvia resolución no habría por qué turnarlo; sin embargo, un acuerdo no puede estar por encima del reglamento, y el reglamento, en sus artículos, establece la posibilidad de que un legislador solicite el turno de urgente u obvia resolución; no quiere decir con esto que yo, en mi carácter de presidente de la comisión a la que fue turnado el asunto estuviese de acuerdo, lo único es que sí estoy señalando es que el legislador tiene la facultad de solicitar el turno de urgente u obvia resolución, aun tratándose de una iniciativa. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Si, tiene razón el diputado. Yo insistiría en que no fue agendado con el carácter de urgente u obvia resolución y por ese motivo fue turnada a la Comisión.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez para presentar iniciativa que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; esta iniciativa, además del diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, está suscrita por la diputada Arely Madrid Tovilla y el diputados Francisco Santos Arreola, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez:Con su venia, señora Presidenta: Arely Madrid Tovilla,Francisco Javier Santos Arreolay el de la voz, Mauricio Duck Núñez, en nuestro carácter de presidente y secretario de la Comisión Jurisdiccional, respectivamente, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

Las leyes deben perfeccionarse y mantener su vigencia, garantizando así el desarrollo armónico y equilibrado de la aplicación de justicia en la sociedad.

Uno de los compromisos que tiene esta institución es proporcionar un régimen jurídico eficiente, siendo apremiante su actualización para suministrar mayores elementos para su cabal cumplimiento. Este Poder Legislativo tiene como objetivo fundamental actualizar el marco jurídico que permita estar a la altura de los nuevos paradigmas en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

De conformidad con la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 3, fracción II, menciona la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, como una de las autoridades competentes para aplicar dicha ley. El artículo 10 señala que la Subcomisión de Examen Previo se integra por dos comisiones: de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia. El artículo 12, inciso e), expresa que la resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. El artículo 11 menciona a la Gran Comisión como órgano de gobierno para intervenir en los procedimientos de juicio político.

La primera figura legal tiene hoy en día nueva denominación: Secretaría de la Función Pública. En la segunda y tercera, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha cambiado de nombre en la Ley Orgánica de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y pasó a ser la de Gobernación. Y la cuarta tiene una nueva denominación: Junta de Coordinación Política.

Actualmente esos dos artículos a la letra dicen:

Artículo 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán primero, las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.

Primero Bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Segundo. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Tercero. Las dependencias del Ejecutivo federal.

Cuarto. El órgano Ejecutivo local del Gobierno del Distrito Federal.

Quinto. Derogado.

Sexto. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

Séptimo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Octavo. Los tribunales de trabajo en los términos de la legislación respectiva y

Noveno. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.

Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

La Cámara de Diputados substanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas, para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

Artículo 11. Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para substanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia al párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada Cámara serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión de entre los miembros de las comisiones respectivas.

Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación.

b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en la lengua indígena ordenará su traducción inmediata al español y lo turnará conforme al procedimiento establecido.

c) La Subcomisión de Examen Previo procederá en un plazo no mayor a 30 días hábiles a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley; así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley; y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y, por tanto, amerita la incoación del procedimiento.

En caso contrario, la subcomisión desechará la denuncia presentada. En caso de la presentación de pruebas supervenientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas.

d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo desechando una denuncia podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas, a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud de cuando menos el 10 por ciento de los diputados integrantes de ambas comisiones; y

e) La resolución que dicta la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para efectos de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

En un contexto de creciente y profunda exigencia ciudadana se necesitan reformas sólidas y eficaces para el cumplimiento de la norma jurídica. Por esta razón, se propone la actualización que permita atender y resolver problemas sobre las responsabilidades de los servidores públicos.

La presente iniciativa busca resolver las imprecisiones de la ley; por ello se propone actualizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A su vez, con la presente iniciativa se consolida una parte fundamental de la base legal que se requiere para el fiel cumplimiento de la encomienda con leyes que constituyan un marco jurídico actual y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 fracción II; 10, 11 y 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como el texto lo señala, y lo omito, señora Presidenta.

Ruego a usted que se incluya en la Gaceta y en el Diario de los Debates con el texto que originalmente fue entregado por economía del tiempo. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Santos Arreola, de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, y del PRD, respectivamente

Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, diputados federales integrantes de la Comisión Jurisdiccional, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las leyes deben perfeccionarse y mantener su vigencia, garantizando así el desarrollo armónico y equilibrado de la aplicación de justicia en la sociedad.

Uno de los compromisos que tiene esta institución es proporcionar un régimen jurídico eficiente, siendo apremiante su actualización a fin de suministrar mayores elementos para su cabal cumplimiento.

En esta tesitura, esta soberanía está compelida a promover reformas reglamentarias que permitan desvirtuar la apreciación negativa que la opinión pública tiene sobre el trabajo legislativo y el quehacer en las diversas comisiones que lo integran.

Además, este Poder Legislativo tiene como objetivo fundamental actualizar el marco jurídico, de modo que le permita estar a la altura de los nuevos paradigmas en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

De conformidad con la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 3, fracción II, menciona a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativocomo una de las autoridades competentes para aplicar la presente ley. El artículo 10 señala que la Subcomisión de Examen Previo se integra por dos comisiones: la de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Justicia, y el artículo 12, inciso e), expresa que la resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia.El artículo 11 menciona la Gran Comisión como órgano de gobierno para intervenir en los procedimientos de juicio político.

La primera figura legal tiene hoy en día nueva denominación: Secretaría de la Función Pública; en la segunda y tercera, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha cambiado de nombre en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: de Gobernación, y la cuarta tiene nueva denominación:Junta de Coordinación Política.

Actualmente estos artículos, a la letra dicen:

``Artículo 3o.Las autoridades competentes para aplicar la presente ley serán:

I.Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión;

I. Bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

III.Las dependencias del Ejecutivo federal;

IV.El órgano ejecutivo local del Gobierno del Distrito Federal;

V. (Se deroga)

VI. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal;

VII.El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

VIII.Los tribunales de trabajo, en los términos de la legislación respectiva;

IX.Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.

Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos, que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta ley.

Artículo 11.Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la Sección Instructora correspondiente de cada Cámara serán cubiertas, por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.

Artículo 12.La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

a)El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación;

b)Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y la turnará conforme al procedimiento establecido;

c)La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley; así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y, por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario, la Subcomisión de Examen Previo desechará de plano la denuncia presentada.

En caso de la presentación de pruebas supervinientes, la Subcomisión podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas;

d)La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud de, cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas comisiones, y

e)La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar que se turne a la Sección Instructora de la Cámara.''

En un contexto de creciente y profunda exigencia ciudadana, se necesitan reformas sólidas y eficaces para el cumplimiento de la norma jurídica. Por esta razón, se propone la actualización que permita atender y resolver problemas sobre las responsabilidades de los servidores públicos.

La presente iniciativa busca resolver las imprecisiones de la ley, por ello se propone actualizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con la presente iniciativa se consolida una parte fundamental de la base legal que se requiere para el fiel cumplimiento de la encomienda con leyes que constituyan un marco jurídico actual y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 3, fracción II, 10, 11 y 12, inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículos 3, 10, 11 y 12.

Artículo 3.Las autoridades competentes, para aplicar la presente ley, serán:

I....

I Bis. ...

II. La Secretaría de la Función Pública.

III. a IX. ...

Artículo 10.Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta ley.

Artículo 11.Al proponer, la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara serán cubiertas por designación que haga la Junta de Coordinación Política de entre los miembros de las Comisiones respectivas.

Artículo 12.La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.--- Diputados: Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núnez, Francisco Javier Santos Arreola.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobernación.

ARTICULOS 4o. Y 73 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con el permiso de la Presidencia: hoy aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, en el tercer anexo, la propuesta de iniciativa que presentamos ante este Pleno el día de hoy. En primera instancia quiero comentar que es una iniciativa que busca legislar para las próximas generaciones; es decir, no solamente una visión prospectiva del trabajo legislativo --que es el que tenemos que realizar desde mi punto de vista--, sino también ir ubicando el rol que el Congreso de la Unión tiene que jugar en estos momentos y en particular la Cámara de Diputados.

Dentro del artículo 73, en sus 30 fracciones, no existe una fracción en particular que legisle sobre las niñas y los niños de este país. La inquietud de un servidor proviene de que el Estado mexicano ha signado tratados, declaraciones para defender y apoyar a la niñez desde 1989, ratificados por el Senado de la República en 1990; sin embargo, existe un vacío constitucional que nos impide a los diputados federales poder legislar sobre este tema en específico; esto, desde nuestro punto de vista, como las niñas y los niños son un grupo vulnerable en este país --más allá de las cifras que puedan dar todas nuestras instituciones sociales en el país--, la Comisión del Niño de la ONU, desde 1996, ha realizado observaciones al Estado mexicano en sus incumplimientos, en sus fallas, no solamente en los acuerdos, sino también ha sugerido realizar modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias de este país.

Sin embargo, es importante para nosotros, y esto de acuerdo al último libro del diputado Rodríguez Prats, del que me voy a permitir realizar una cita; dice el diputado Rodríguez Prats: ``El escenario de los retos para construir un Congreso útil sería incompleto si no se consideran las repercusiones de la globalización''. Tiene toda la razón el diputado Rodríguez Prats. No solamente en una visión económica de la globalización, sino también en la vertiente del rostro humano de la globalización, que es la defensa de los derechos humanos y, en particular, de los derechos humanos de las niñas y de los niños.

Partiendo de este hilo conductor del diputado Rodríguez Prats sobre la utilidad del Congreso puedo decir --junto con el filósofo y jurista Luigi Ferrajoli-- que el primer problema por enfrentar dentro del debate entre el derecho y la democracia, sobre el garantismo o este paradigma constitucional --del cual ha desarrollado largas tesis Luigi Ferrajoli-- está la separación entre el deber ser externo o ético político y el ser de los sistemas jurídicos en su conjunto; es decir, entre derecho y moral, entre justicia y validez; entre legitimación externa y legitimación interna. Sin embargo, siguiendo a Ferrajoli, la democracia constitucional que tenemos que instrumentar en este país estaría constituida por cuatro dimensiones: la dimensión política, la dimensión civil, la dimensión liberal y la dimensión social, fundamentalmente.

Por eso --sigo citando a Ferrajoli-- la Constitución misma, en cuanto a pacto de convivencia, mediante el cual se estipula la igualdad en derechos fundamentales y, por tanto, la igual identidad y dignidad de cada uno de sus miembros como persona y como ciudadano, en este contexto de la teoría jurídica y la teoría política va insertada esta iniciativa. Por supuesto tiene un sólido sustento teórico y responde a una necesidad de satisfacción de los derechos humanos de las niñas y de los niños. En estricto sentido jurídico y moral, podríamos afirmar que en la sociedad los únicos privilegiados deben ser las niñas y los niños. La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.

Es así como nosotros, no solamente rescatando la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño --reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos-- estamos proponiendo en la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo VI del artículo 4o. y se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el párrafo VI del artículo 4o. constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o. ``El Estado garantizará en todo momento el interés superior de las niñas y los niños, los cuales tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo regional''.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. ``El Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de derechos de las niñas y los niños, atendiendo en todo momento el interés superior de éstos últimos''. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el párrafo sexto del artículo 4o. y adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 4o. y se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Conforme a los artículos 50, 70, párrafos I y II, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función más importante que compete al Poder Legislativo es la elaboración de las leyes, con sus características de generalidad, abstracción e impersonalidad que, en lo señalado específicamente en el artículo 73 constitucional, atiende básicamente lo concedido al Congreso de la Unión como facultad para legislar en todas las materias esenciales al desarrollo y progreso de nuestro país, el cual atiende a las bases del derecho consagradas en la propia Constitución.

Dicha facultad, que se establece en el artículo 73, se refiere a la competencia federal expresa y limitada del Congreso de la Unión que otorga a las entidades federativas facultad para legislar en todas las materias que la Constitución no reserva a favor del Poder Legislativo federal.

A lo largo de sus 30 fracciones, el artículo 73 establece facultades legislativas, de interés prioritario para la nación, entre las que no observamos la facultad expresa de legislar en materia de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Al plasmar en nuestra Carta Magna la relevancia que tienen los derechos de la niñez mexicana, se evita que el tema quede supeditado a la exigencia en el cumplimiento de los derechos de otros grupos o sectores sociales.

En el ámbito internacional, el tema de la protección de la niñez ha sido motivo de preocupación y estudio desde hace varios años, ya que la gravedad de los problemas que enfrentan los menores se ha agudizado considerablemente, sobre todo en los países con mayor desigualdad social, de los que, lamentablemente, nuestro país no está excluido. Dicha situación ha dado origen a diversas convenciones y tratados multilaterales, a los que México se ha adherido como Estado parte y que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de las niñas y de los niños; entre ellos, la Convención de los Derechos de la Infancia, de 1989, ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990.

De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, todo tratado celebrado por México y ratificado por el Senado es ley suprema del país y obliga al mismo a observar en su legislación nacional los principios plasmados en dicho instrumento internacional, entre los que se encuentran el artículo 3o., numeral 1, de la Convención de los Derechos de la Infancia, que dispone expresamente: ``En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niño''.

El interés superior del niño debe entenderse como el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente, alcanzando el máximo de bienestar posible. Para atender dicho interés en forma debida, es necesario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue facultades al Poder Legislativo federal para abordar y legislar sobre el tema.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, como organismo encargado de evaluar los informes presentados por los gobiernos acerca de las medidas tomadas para garantizar los derechos consagrados en la convención, y el progreso alcanzado en el goce de tales derechos, ha presentado múltiples recomendaciones respectivas al Estado mexicano, las que no han sido observadas del todo.

Entre éstas, vale la pena señalar las emitidas al segundo informe mexicano del 10 de noviembre de 1999, en la cual el comité exhorta a nuestro país a emprender una reforma legislativa para introducir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los principios de no discriminación y del interés superior del niño, señalado en los artículos 2 y 3 de la Convención de los Derechos de la Infancia. Ello obliga legal y moralmente a reformar el artículo 73 para otorgar al Legislativo federal facultades en la materia.

De nuevo, en junio de 2006, en el examen del tercer informe del gobierno mexicano, el Comité de los Derechos del Niño ``lamenta que no se hayan abordado suficientemente algunas de las recomendaciones'' que hizo, y le preocupa que ``en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del interés superior del niño''. Estos señalamientos, tristemente, ponen en entredicho la voluntad y el grado de compromiso de nuestro país en el combate de este mal. De acuerdo con cifras del UNICEF y del DIF, más de 16 mil niños mexicanos son víctimas de abuso y explotación sexual. Por si esto fuera poco, la violencia intrafamiliar afecta principalmente a los niños.

Plasmar específicamente el interés superior de las niñas y los niños en el marco jurídico constitucional coadyuvaría y obligaría a que los ordenamientos, y aún más las políticas públicas nacionales, reconozcan de manera integral y plena los derechos de las niñas y los niños del país. De esa forma, no sólo se garantiza la protección de un sector vulnerable de la sociedad mexicana sino que se contribuye al cumplimiento de las obligaciones contraídas por México a nivel internacional.

Es necesario insistir para que dicha facultad del Congreso sea suficiente, y pueda incidir favorablemente en la situación de vulnerabilidad que padecen miles de niños en nuestra sociedad, con efectividad de medios y técnicas jurídicas que garanticen y hagan efectivo el ejercicio de sus derechos, basado en el principio de legalidad.

Por lo anterior, presento la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 4o. y se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o....

...

...

...

...

El Estado garantizará en todo momento el interés superior de las niñas y los niños, los cuales tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

...

...

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-M. ...

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de derechos de las niñas y los niños, atendiendo en todo momento el interés superior de estos últimos.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a los 21 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por diversos diputados y diputadas de la Comisión de Pesca ante el Pleno el 9 de diciembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 26 de abril de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fue presentada por diversos diputados y diputadas de la Comisión de Pesca, ante el Pleno, con fecha 9 de diciembre de 2004. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de enriquecer el dictamen, la Comisión de Pesca llevó a cabo una amplia consulta nacional al sector pesquero y en general a todos los interesados en la materia. En tal virtud, se realizaron 18 foros de consulta en diversos puntos del país; además de reuniones de trabajo con sectores relacionados con la actividad, como el industrial; el social; el académico; el acuícola; las dependencias involucradas con el sector; entidades federativas; por citar algunos. Asimismo, se recibió un amplio número de opiniones de interesados en plantear sus comentarios.

El propio Ejecutivo federal, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hizo llegar a la Comisión de Pesca, en el mes de agosto de 2005, un documento que representa la opinión única del gobierno federal respecto al proyecto de dictamen, mismo que fue tomado en cuenta por la Comisión durante los trabajos de elaboración del dictamen en comento.

Como fruto de los trabajos de la Comisión de Pesca el día 19 de abril de 2006, se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso su aprobación el proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Dicho proyecto fue aprobado por el pleno de la Cámara de origen con 363 votos a favor, cero en contra y una abstención.

2. Con fecha 19 de abril de 2006 se presentó y fue aprobado ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, mismo que aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria del 18 de abril de 2006.

3. El Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el 27 de abril de 2006 y remitió el correspondiente decreto al Ejecutivo federal para efectos de su promulgación y publicación conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Mediante oficio del 1° de septiembre de 2006, la Secretaría de Gobernación remite al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados las observaciones del Presidente de la República al decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con fundamento en el artículo 72, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el asunto a la Comisión de Pesca, para efectos de su estudio y dictamen.

Consideraciones

I. Las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo al decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) se refieren a los siguientes temas particulares:

1. Verificación del cumplimiento de la ley, en lo relativo a la zona económica exclusiva.

2. Extraterritorialidad de la ley, en cuanto que la aplicación de algunos de sus artículos implica explicación extraterritorialidad y viola el derecho internacional.

3. Posible violación de las facultades del Ministerio Público de la Federación, en cuanto se otorgan a la autoridad administrativa facultades de investigación de ilícitos pesqueros.

4. Conflicto con el ámbito de aplicación de la legislación ambiental, en cuanto se invaden temas materia de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

5. Aspectos presupuestarios, en cuanto que no se hizo la valoración del impacto presupuestario del proyecto de decreto y porque hay una referencia incorrecta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

6. Determinación de la naturaleza jurídica de diversos organismos, en cuanto que no se precisa la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y del Instituto Nacional de Pesca.

7. Omisión en las disposiciones transitorias de la LGPAS para cubrir vacatio legis, en cuanto que es omisa en prever quien ejerce facultades en el inter de que las legislaturas de los estados remitan las leyes correspondientes en la materia.

II. La Comisión Dictaminadora aprecia que las observaciones del titular del Poder Ejecutivo se refieren a precisiones y aclaraciones de carácter gramatical o de técnica jurídica que no modifican sustancialmente el decreto-ley aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con la salvedad de las observaciones relativas a los organismos previstos en la legislación en cuestión y a las cuestiones presupuestales a que nos referiremos con posterioridad.

A) Las precisiones y aclaraciones gramaticales y de orden técnico son las siguientes:

La fracción II del artículo 3° (en todos los casos nos referimos a disposiciones relativas del decreto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), simplemente se propone: eliminar la repetición de la proposición ``en'', en el enunciado del artículo y en la entrada de la fracción II; y explicitar que la norma se aplica, además del territorio nacional que está contemplado en el Decreto, en ``las zonas en donde la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción''.

Ambas observaciones nos parecen correctas y procedentes en cuanto que mejoran el texto legal y fortalecen el ámbito soberano de la nación mexicana.

En la fracción III del mismo artículo 3°, la observación sugiere eliminar los vocablos ``altamar'' y ``aguas de jurisdicción extranjera'', a fin de evitar confusión en el ámbito territorial de aplicación de la ley y eventuales contravenciones a los tratados y convenios internacionales en la materia.

Esta observación es igualmente procedente por razones de técnica jurídica relacionadas con el ámbito de aplicación territorial de la ley.

En la fracción III del artículo 10 se propone aclarar que la investigación de ilícitos que realicen las autoridades marinas, sean de ``apoyo o coadyuvancia'' del Ministerio Público, con el propósito de deslindar claramente los ámbitos de competencia y evitar invasiones a la jurisdicción del Ministerio Público federal, en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se considera que esta observación es igualmente procedente y no afecta el sentido y objetivos del decreto aprobado por el Congreso.

En cuanto a las atribuciones que se contemplan en el artículo 9 del decreto, parece válida la observación en el sentido de que sean debidamente acotadas, incluyendo que dichas atribuciones se ejerciten ``sin menoscabo de las atribuciones que competan a otras dependencias de la Administración Pública Federal''.

Se considera que es procedente la observación.

Por lo que se refiere al último párrafo del artículo 19, es claro que procede actualizar la referencia al ordenamiento vigente en materia de presupuesto y sustituir la denominación: `` Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal'' por la de `` Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria'', que entró en vigor el día 1° de abril de 2006.

En el escrito de observaciones del Ejecutivo se señala que al entrar en vigor la nueva ley materia del decreto en comentario, la Federación dejará de tener competencia en diversas materias, según establece la fracción XV del artículo 13, por lo que parece a todas luces recomendable y prudente que en los artículos transitorios se establezca un periodo de transición (``vacatio legis'') que permita a la Federación continuar ejerciendo sus atribuciones, en tanto las legislaturas de los Estados emiten las leyes correspondientes en la materia.

B) Por lo que se refiere a la determinación de la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y del Instituto Nacional de Pesca, la Comisión Dictaminadora reconoce que en el texto de los artículos 22 y 30 del decreto -- ley aprobado por el Congreso, existe cierta imprecisión o ambigüedad en la determinación de dicha naturaleza.

Sobre el particular, es pertinente tomar en cuenta que de acuerdo con la normatividad vigente existen tres organismos administrativos que ahora se distribuyen las atribuciones y funciones contempladas en el decreto -- ley materia de nuestro análisis. Estos son:

a) La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), creada por decreto del Ejecutivo federal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 junio de 2001.

b) El Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano consultivo a que se refieren los artículos 3 y 6 del decreto del Ejecutivo citado en el inciso anterior.

c) El Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca), previsto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Pesca vigente y con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

La Comisión y el Instituto son entidades que tienen el carácter de órganos administrativos desconcentrados de la Sagarpa. El Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura será el foro intersectorial consultivo.

Para evitar cualquier confusión, se mejora la redacción atendiendo a esta observación del Ejecutivo federal.

Por lo que hace al Instituto Nacional de Pesca regulado por la LGPAS, en las observaciones se señala que se considere la posibilidad de aclarar la naturaleza y el tratamiento jurídico que tendría dicho Instituto. Se considera que deben modificarse los artículos 4º en su fracción 21, 8 fracción 29, 29 y 31 en su primer párrafo para que no se considere que es una nueva institución sino que es el Instituto Nacional de Pesca que desde 1971 es un órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa y en cuyo Reglamento Interior en el artículo 73, se señalan sus atribuciones y en los artículos 74 a 78, se establece su forma de funcionamiento y los órganos que lo integran.

C) Por cuanto se refiere a los aspectos presupuestarios, tenemos lo siguiente:

a) Por oficio número HCD/CP/CMB/JC/020/06, de fecha 13 de octubre de 2006, se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que emitiera su opinión respecto a la valoración del impacto presupuestario de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

b) El Centro citado, mediante oficio CEFP/800/2006, de 8 de noviembre de 2006, manifestó lo siguiente, que se cita literalmente en la parte conducente:

``La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, cuyo decreto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2006 por la LIX Legislatura, remitido al Ejecutivo para sus efectos constitucionales y devuelto por éste el 1 de septiembre con algunas observaciones, mismo que fue enviado al Centro para la valoración del impacto presupuestario en los términos que ahí se prevén, no busca crear nuevas estructuras ni órganos administrativos, por o que su entrada en vigor no implicaría impacto presupuestario adicional al que señala el marco normativo vigente. En este sentido, la LGPAS pretende únicamente cambiar el nombre del Instituto Nacional de la Pesca (Inpesca) por el de Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca (Inapesca).

Por su parte, la constitución del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola no significaría necesariamente mayores erogaciones a las establecidas en la ley actual, en virtud de que éste busca hacer más eficiente el uso y destino de su recursos, mismo que se integrarán por las aportaciones de los tres órdenes de gobierno; de los créditos y apoyos de organismos nacionales; de las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales; de las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a los bienes pesqueros y acuícolas importados, entre otros factores. En última instancia, con el fin de definir correctamente el impacto presupuestario que tuviera este Fondo, será necesario definir la forma de participación y contribuciones del gobierno federal, dado que en el esquema previsto, no se contempla la obligatoriedad de un monto a cubrir por parte de éste.

La integración del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura no representaría impacto adicional alguno en materia presupuestaria, ya que será un órgano intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría cuyo Consejo estará conformado por representantes de las dependencias federales y locales del país, así como los representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola por lo que no requerirá de la disposición recursos financieros, materiales y humanos adicionales a los que marca el marco legal actual.

De igual manera, no existiría transferencia extraordinaria alguna ni disposición de recursos financieros por parte de la Sagarpa respecto a diversos puntos que contiene el decreto de ley que, en primera instancia, podría presumirse que tienen algún impacto presupuestario adicional como son: la transferencia de recursos a entidades federativas, la aplicación de estímulos fiscales, económicos y financieros para fomentar el desarrollo del sector pesquero, la disposición de recursos humanos, técnicos y materiales para la ejecución de acciones, entre otros factores. En este contexto, cabe señalar que la referencia a varias de estas acciones es de carácter promocional e indicativo.

Asimismo, bajo la LGPAS no existirían transferencias ni subsidios gubernamentales adicionales para programa alguno o para apoyar algún grupo de productores o sector productivo en particular, de no ser los programas normales o especiales que actualmente existen como son el Apoyo Extraordinario al Diesel Marino, el Precio Preferencial a Tarifas Eléctricas, el Programa de Retiro Voluntario de la Flota Camaronera, el Fondo de Reconversión Productiva para el Golfo de México, entre otros programas''.

III.- Conforme a los términos anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora considera procedentes las observaciones del titular del Poder Ejecutivo, materia de este dictamen y en consecuencia propone una serie de correcciones, modificaciones y adiciones a diversos artículos a efecto de dar debida respuesta a las observaciones en cuestión.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Pesca, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO

QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

Artículo Único.- Se expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

ARTÍCULO 2.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos, y ambientales;

II. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola;

III. Establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos;

IV. Fijar las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, en medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo biológico parcial o completo, en aguas marinas, continentales o salobres, así como en terrenos del dominio público o de propiedad privada;

V. Procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de la presente Ley, de los lugares que ocupen y habiten;

VI. Establecer las bases y los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley;

VII. Determinar y establecer las bases para la creación, operación y funcionamiento de mecanismos de participación de los productores dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas;

VIII. Apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura y pesca;

IX. Establecer el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de pesca y acuacultura;

X. Establecer las bases para el desarrollo e implementación de medidas de sanidad de recursos pesqueros y acuícolas;

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos e instalaciones en los que se produzcan o conserven;

XII. Establecer el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura y el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

XIII. Establecer las bases para la realización de acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura, así como los mecanismos de coordinación con las autoridades competentes;

XIV. Establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o violación a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma, y

XV. Proponer mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos.

ARTÍCULO 3.- La presente Ley, para los efectos de las actividades pesqueras y acuícolas, tendrá aplicación en:

I. Los recursos naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua, de conformidad con el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Todo el territorio nacional y en las zonas en donde la Nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción respecto de la verificación del cumplimiento de sus preceptos, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que de ella deriven, y

III. Las embarcaciones de bandera mexicana o extranjera que realicen actividades pesqueras en todo el territorio nacional y en las áreas en las que el Estado mexicano goza de derechos de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional que resulten aplicables.

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Acuacultura: Es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa;

II. Acuacultura comercial: Es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos;

III. Acuacultura de fomento: Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua;

IV. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal;

V. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas;

VI. Aviso de arribo: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente los volúmenes de captura obtenidos por especie durante una jornada o viaje de pesca;

VII. Aviso de cosecha:Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente la producción obtenida en unidades de producción acuícolas;

VIII. Aviso de producción: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente, la producción obtenida en laboratorios acuícolas;

IX. Aviso de recolección: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente el número de organismos colectados del medio natural, al amparo de un permiso;

X. Aviso de siembra: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente las especies a cultivar, la cantidad de organismos, las fechas de siembra y las medidas sanitarias aplicadas previamente al cultivo;

XI. Barco-fábrica: Es la embarcación pesquera autopropulsada que disponga de equipos para la industrialización de la materia prima resultado de su captura y/o de las capturas realizadas por otras embarcaciones;

XII. Bitácora de pesca: Es el documento de registro y control del quehacer pesquero a bordo de una embarcación, por medio del cual la autoridad competente recibe del pescador el reporte de la actividad que se le ha concesionado o permitido;

XIII. Captura incidental: La extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita;

XIV. Certificado de sanidad acuícola: Documento oficial expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, o a través de laboratorios acreditados y aprobados en los términos de esta Ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el que se hace constar que las especies acuícolas o las instalaciones en las que se producen se encuentran libres de patógenos causantes de enfermedades;

XV. Concesión: Es el Titulo que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica;

XVI. Cuarentena: El tiempo que determine la autoridad competente para mantener en observación los organismos acuáticos, para determinar su calidad sanitaria, mediante normas oficiales mexicanas u otras regulaciones que emita el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

XVII. Embarcación menor: Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de 3 días como máximo;

XVIII. Embarcación pesquera: Es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se utilice para la realización de actividades de pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la superficie de las aguas;

XIX. Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en la captura o extracción de una o varias especies en una zona y periodo determinados;

XX. Guía de pesca: Es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, provenientes de la acuacultura o de la pesca;

XXI. INAPESCA:Instituto Nacional de Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXII. Inocuidad: Es la garantía de que el consumo de los recursos pesqueros y acuícolas no cause daño en la salud de los consumidores;

XXIII. Introducción de especies: Actividad que se refiere a aquellas especies que no se distribuyen naturalmente existentes en el cuerpo de agua en el que se pretenden introducir;

XXIV. Normas: Las normas expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y esta Ley;

XXV. Ordenamiento pesquero: Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción, usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio;

XXVI. Permiso: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a cabo las actividades de pesca y acuacultura que se señalan en la presentes Ley;

XXVII. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua;

XXVIII. Pesca comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico;

XXIX. Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes;

XXX. Pesca didáctica: Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas oficialmente, para llevar a cabo sus programas de capacitación y enseñanza;

XXXI. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto no podrá ser objeto de comercialización;

XXXII. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías;

XXXIII. Pesquería: Conjunto de sistemas de producción pesquera, que comprenden en todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido;

XXXIV. Pesquería en recuperación: Es aquella pesquería que se encuentra en deterioro y sujeta a un conjunto de medidas con el propósito de su recuperación;

XXXV. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería que se encuentra explotada por encima de su límite de recuperación;

XXXVI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella;

XXXVII. Procesamiento Primario: Proceso basado exclusivamente en la conservación del producto por la acción del frío, enhielado y congelado, y que no se le aplican métodos de cocción o calor en ninguna forma, incluyendo actividades de empacado, eviscerado, descabezado, fileteado o desangrado;

XXXVIII. Recursos Acuícolas: Las especies acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos;

XXXIX. Recursos Pesqueros: Las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante su cultivo o extracción o captura, en su estado natural;

XL. Registro: El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

XLI. Repoblación: Es el acto de introducir organismos acuáticos vivos nativos en cualquiera de los estadios de su ciclo de vida, en cuerpos de agua de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar o incrementar las poblaciones naturales pesqueras;

XLII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y enfermedades que afectan a dichas especies;

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de SENASICA;

XLIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XLV. SENASICA: El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

XLVI. Unidad de manejo acuícola: Se integra con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que se establece un conjunto de unidades de producción con una infraestructura básica y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento compartido, operada de forma común;

XLVII. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona especifica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie;

L. Zona de escasa prevalencia: Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos;

LI. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea.

ARTÍCULO 5.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

TÍTULO SEGUNDO

COMPETENCIAS Y CONCURRENCIA EN MATERIA DE PESCA Y ACUACULTURA

CAPÍTULO I

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

ARTÍCULO 6.- La Federación, los Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de pesca y acuacultura sustentables de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

ARTÍCULO 7.- Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la República por disposición expresa de la ley.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas;

II. Proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura sustentables así como los planes y programas que de ella se deriven;

III. Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y acuacultura;

IV. Establecer los volúmenes de captura permisible;

V. Expedir los decretos para establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda;

VI. Fijar talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura;

VII. Expedir normas para el aprovechamiento, manejo, conservación y traslado de los recursos pesqueros y acuícolas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

VIII. Promover y ejecutar acciones orientadas a la homologación y armonización de medidas con otros países en materia de sanidad, inocuidad y calidad de especies acuáticas;

IX. Acreditar la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros y acuícolas;

X. Concertar acuerdos y ejecutar programas de cooperación técnica en materia pesquera y acuícola y proponer las posiciones relacionadas con estas materias que sean presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XI. Resolver sobre la expedición de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola, en los términos de ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias y normas oficiales que de ella deriven;

XII. Fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda;

XIII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, que deberá incluir al menos los siguientes programas: fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura;

XIV. Regular y fijar el conjunto de instrumentos, artes, equipos, métodos, personal y técnicas de pesca;

XV. Fomentar y promover las actividades pesqueras y acuícolas y el desarrollo integral de quienes participan en dichas actividades;

XVI. Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola;

XVII. Determinar las zonas de captura y cultivo, en aguas interiores y frentes de playa, para la recolección de reproductores, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta;

XVIII. Aprobar, expedir y publicar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, y sus actualizaciones;

XIX. Establecer con la participación que en su caso, corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, viveros, criaderos, épocas y zonas de veda;

XX. Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades y plagas pesqueras y acuícolas;

XXI. Proponer el establecimiento y regulación de los sitios de desembarque y acopio para las operaciones pesqueras y acuícolas y promover ante las autoridades competentes la ubicación de los mismos;

XXII. Proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la participación que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal;

XXIII. Solicitar y verificar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros y acuícolas, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda;

XXIV. Fomentar y promover la producción, industrialización, abasto, comercialización, calidad, competitividad y exportación de los productos pesqueros y acuícolas, en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

XXV. Proponer y coordinar la política nacional de competitividad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado internacional;

XXVI. Promover el establecimiento de zonas de acuacultura, así como la construcción de unidades de producción acuícola;

XXVII. Promover la organización y capacitación para el trabajo pesquero y acuícola y prestar servicios de asesoría y capacitación a las organizaciones pesqueras y acuícolas que lo soliciten;

XXVIII. Promover y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de la pesca y la acuacultura, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional;

XXIX. Establecer las bases de organización y funcionamiento del INAPESCA, como organismo coordinador de la investigación científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional;

XXX. Establecer y operar el Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola y el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, así como mantenerlos actualizados en forma permanente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XXXI. Establecer bases de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores productivos para la ejecución de programas y proyectos de fomento y desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas;

XXXII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la presente Ley;

XXXIII. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes de la administración pública, el consumo de productos pesqueros y acuícolas;

XXXIV. Promover la inclusión de proyectos de inversión en obra pública a la cartera de programas y proyectos de inversión de la administración pública federal, mediante la concertación y colaboración con los tres órdenes de gobierno y los productores pesqueros y acuícolas;

XXXV. Promover la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas, a través del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura;

XXXVI. Determinar, con la participación de las instituciones de investigación, sectores productivos y Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, zonas de repoblación de especies;

XXXVII. Expedir los lineamientos y llevar a cabo la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola;

XXXVIII. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos normas oficiales y demás disposiciones que de ella se deriven;

XXXIX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a los ordenamientos mencionados en la presente Ley, y

XL. Las demás que expresamente le atribuya esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 9.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, la SEMARNAT se coordinará con la Secretaría para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley, en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente, en los siguientes aspectos:

I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la declaratoria de creación o el programa de manejo, emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental, las cuales deberán ser atendidas;

II. En el ámbito de su competencia llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas y coordinarse con la Secretaría o la Secretaría de Marina, según sea el caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

III. Fomentar, promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros, lagunarios y de aguas interiores, en los términos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. Participar en la formulación del proyecto de Carta Nacional Pesquera, en los términos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables; y

V. Dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a un estado especial de protección y determinarlas con la participación de la Secretaría y otras dependencias competentes. Asimismo, establecerá las vedas, totales o parciales, referentes a estas especies.

ARTÍCULO 10.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Marina, para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley, en coordinación con la Secretaría, llevará a cabo:

I. La vigilancia en las zonas marinas mexicanas y realizar las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación nacional, así como con los Tratados Internacionales vigentes en los que México sea parte;

II. El levantamiento del acta de inspección si como resultado de la inspección realizada se detectan irregularidades de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma que se pondrá a disposición de la autoridad competente, junto con las embarcaciones, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos relacionados con las mismas cuando así proceda, conforme a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

III. Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al Ministerio Público, para efectos de investigar ilícitos pesqueros en las zonas marítimas mexicanas.

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones y que se relacionen directamente con las actividades pesqueras.

CAPÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN

ARTÍCULO 11.- Para la consecución de los objetivos de la presente Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes funciones:

I. La administración de los permisos para la realización de pesca deportivo-recreativa;

II. La administración sustentable de las especies sésiles que se encuentren en los sistemas lagunarios estuarinos y en el mar territorial frente a sus costas, que se determinen previamente en la Carta Nacional Pesquera y en la Carta Nacional Acuícola;

III. La administración de la pesca en cuerpos de agua que sirvan de límite a dos Entidades Federativas, o que pasen de una a otra, que comprenderá además las funciones de inspección y vigilancia;

IV. El ordenamiento territorial y la sanidad de los desarrollos acuícolas;

V. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento, o

VI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven.

ARTÍCULO 12.- Los convenios y acuerdos de coordinación que suscriba la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus municipios y el Distrito Federal deberán sujetarse a lo siguiente:

I. Establecer su objeto con precisión, las materias y facultades que se asumirán, que deberán ser acordes con la política nacional de pesca y acuacultura sustentables;

II. Establecerán las responsabilidades y la participación de cada una de las partes, los bienes y recursos aportados por cada una, su destino y su forma de administración;

III. Se celebrarán a petición de una entidad federativa cuando garantice que cuenta con los recursos humanos capacitados y la estructura institucional específica para atender las funciones que asumiría de acuerdo con los recursos financieros que serán transferidos para cumplir con las responsabilidades;

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación y definirán los procedimientos informativos correspondientes para vigilar el cumplimiento de los objetivos, y

V. Definirán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, la duración de sus prórrogas.

Los convenios y acuerdos de coordinación, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial del gobierno local respectivo.

CAPÍTULO III

DE LA CONCURRENCIA

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal, en concordancia con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, vinculándolos con los programas nacionales, sectoriales y regionales, así como con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo;

II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia pesquera y acuícola en el marco del Convenio específico signado con la Secretaría en estas materias y participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación en las acciones de prevención y combate a la pesca ilegal, así como en la formulación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal;

III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal en materia de pesca y acuacultura;

IV. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la elaboración de planes de manejo y de normas oficiales de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización y otras disposición aplicables;

V. Integrar el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura para promover la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas y participar en la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola;

VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola y participar en la integración del Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como integrar y operar el sistema estadístico pesquero y acuícola estatal y proporcionar la información estadística local a las autoridades federales competentes para actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;

VII. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura con carácter público y participar en la integración del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

VIII. Promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola;

IX. Participar en la formulación e implementación de los programas de ordenamiento pesquero y acuícola;

X. Promover la investigación aplicada y la innovación tecnológica de la pesca y acuacultura;

XI. Promover el consumo de una mayor variedad de productos pesqueros y acuícolas;

XII. La aplicación de los instrumentos de política acuícola, previstos en las leyes locales en la materia, así como en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación;

XIII. Coordinarse con la Federación, sus Municipios y con otras Entidades Federativas, para el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas;

XIV. Promover mecanismos de participación pública de los productores en el manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas conforme a lo dispuesto en esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales aplicables;

XV. En los cuerpos de agua dulce continental a que se refiere el párrafo quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de las aguas continentales que abarquen dos o mas entidades federativas, las que pasen de una a otra, y las transfronterizas sujetas a la jurisdicción federal:

a) Administrar las actividades de pesca y acuacultura que se realicen en zonas y bienes de su competencia;

b) Expedir, de acuerdo a sus respectivas legislaciones, las autorizaciones que correspondan;

c) Ordenar, fomentar y promover el desarrollo de la pesca y acuacultura;

d) Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la determinación de especies acuáticas sujetas a la protección especial, amenazadas o en peligro de extinción;

e) Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas de captura, cultivo y recolección;

f) Establecer viveros, criaderos, reservas de especies acuáticas y épocas y zonas de veda; y

g) Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, en la elaboración de normas oficiales y planes de manejo relativos al aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;

XVI. El ejercicio de las funciones que les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto por la presente Ley, y

XVII. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la Federación.

ARTÍCULO 14.- Corresponden a los Municipios en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales;

II. Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola y del Registro Estatal de Pesca y Acuacultura;

III. Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;

IV. Proponer a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca;

V. Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y acuícola;

VI. En coordinación con el gobierno estatal, participar en las acciones de sanidad acuícola, en los términos de esta ley y de la legislación local;

VII. Promover y fomentar la actividad acuícola, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad; y

VIII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción.

ARTÍCULO 15.- Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven.

ARTÍCULO 16.- Las contribuciones que por el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas se generen, así como los que se obtengan por el otorgamiento de concesiones o permisos y por cualquier otro concepto relacionado con esta actividad y cuya administración se efectúe por los gobiernos locales, ingresarán a sus haciendas públicas, con base en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse en los programas relacionados con el sector pesquero y acuícola.

Los convenios y acuerdos de coordinación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial del gobierno local respectivo.

TÍTULO TERCERO

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 17.- Para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta Ley, se deberán observar los siguientes principios:

I. El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas;

II. Que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo para el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación;

III. Que el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su conservación, restauración y la protección de los ecosistemas en los que se encuentren, sea compatible con su capacidad natural de recuperación y disponibilidad;

IV. Que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;

V. Reconocer a la acuacultura como una actividad productiva que permita la diversificación pesquera, ofrecer opciones de empleo en el medio rural, incrementar la producción pesquera y la oferta de alimentos que mejoren la dieta de la población mexicana, así como la generación de divisas;

VI. El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y que permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven;

VII. El uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental, a fin de conservar y mantener la disponibilidad de los recursos pesqueros, la estructura de las poblaciones, la restauración de los ecosistemas costeros y acuáticos, así como, la calidad de los productos de la pesca;

VIII. Con el fin de conservar y proteger los recursos pesqueros y los ecosistemas en los que se encuentran las autoridades administrativas competentes en materia de pesca y acuacultura adoptarán el enfoque precautorio que incluya la definición de límites de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del impacto de la actividad pesquera sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones;

IX. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y permisos para realizar actividades pesqueras y acuícolas, así como en las medidas para el control del esfuerzo pesquero, para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los productores, y

X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.

ARTÍCULO 18.- Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 19.- En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política nacional de pesca y acuacultura que se establezca de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se observarán los lineamientos de política nacional de pesca y acuacultura que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.

Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, deberán sujetarse a las disposiciones de las Leyes de Ingresos, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia. En todo caso los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades pesquera y acuícola.

ARTÍCULO 20.- El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y contemplará, entre otros aspectos:

I. Información general sobre la distribución y abundancia de las especies susceptibles de aprovechamiento comercial;

II. Estado o condición de las pesquerías aprovechadas;

III. Estimación de los volúmenes de captura máxima permisible;

IV. Investigación y desarrollo de tecnologías de captura, que incluyan estudios sobre selectividad, eficiencia de las artes, métodos y equipos de pesca;

V. Investigación y desarrollo tecnológico para el manejo y procesamiento de recursos pesqueros;

VI. Investigación científica y tecnológica orientada a incrementar la capacidad de producción pesquera;

VII. Programas que fomenten la pesca de los habitantes de las comunidades indígenas, utilizando sus artes y métodos de pesca tradicionales;

VIII. Estudios para identificar los cuerpos de agua susceptibles de ser restaurados para la recuperación de los ecosistemas y, por ende, el incremento de la producción;

IX. Mecanismos específicos para el impulso a la producción comercialización y consumo en la población nacional;

X. Programas que promuevan proyectos de infraestructura productiva y social que fomenten el desarrollo de las comunidades pesqueras;

XI. Planes de manejo pesquero y de acuacultura publicados por la autoridad correspondiente;

XII. Programas que impulsen el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para la diversificación productiva y el aprovechamiento de las acuacultura de especies nativas;

XIII. Programas que promuevan la acuacultura rural e industrial, así como la reconversión productiva como una alternativa de desarrollo; y

XIV. El Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal.

ARTÍCULO 21.- Para las acciones de inspección y vigilancia, la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Marina, tendrá como función primordial la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas.

La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

La Secretaría dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de las acciones previstas en el Programa y promoverá la participación de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.

CAPITULO II

DEL CONSEJO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

ARTÍCULO 22.- A efecto de proponer programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría, que será convocado cuando menos una vez al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de CONAPESCA, que tendrá como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.

El Consejo estará conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con las atribuciones de la Secretaría, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como por los titulares de las dependencias competentes en estas materias de los gobiernos de las entidades federativas del país, y participará en el Comité Mixto del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.

ARTÍCULO 23.- La Secretaría promoverá la integración de Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura en las entidades federativas del país. La Secretaria podrá solicitar al Consejo Estatal de que se trate, opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas, previamente a que sean resueltas. El Consejo correspondiente contará con quince días hábiles para emitir su opinión.

TÍTULO CUARTO

DEL FOMENTO A LA PESCA Y A LA ACUAULTURA

CAPÍTULO I

DEL FOMENTO

ARTÍCULO 24.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:

I. Establecerá servicios de investigación en reproducción, genética, nutrición, sanidad y extensionismo, entre otros, para apoyar a las personas y organizaciones que se dediquen a esas actividades;

II. Asesorará a los acuacultores para que el cultivo y explotación de la flora y fauna acuática, se realicen de acuerdo con las prácticas que las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; así como en materia de construcción de infraestructura, adquisición y operación de plantas de conservación y transformación industrial, insumos, artes y equipos de cultivo y demás bienes que requiera el desarrollo de la actividad acuícola;

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a:

a. La formulación y ejecución de programas de apoyo financiero para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, que incluyan, entre otros aspectos, la producción de especies comestibles y ornamentales de agua dulce, estuarinas y marinas, la reconversión productiva, la transferencia tecnológica y la importación de tecnologías de ciclo completo probadas y amigables con el ambiente;

b. La construcción de parques de acuacultura, así como de unidades de producción, centros acuícolas y laboratorios dedicados a la producción de organismos destinados al ornato, al cultivo y repoblamiento de las especies de la flora y fauna acuática;

c. La construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y de artes de pesca selectiva y ambientalmente seguras, mediante el apoyo a programas de sustitución y modernización de las mismas;

d. La construcción de infraestructura portuaria pesquera, así como el mejoramiento de la infraestructura existente;

e. La investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura;

f. La elaboración coordinada de programas de industrialización, comercialización y consumo de productos pesqueros y acuícolas, tendientes a fortalecer las redes de valor de los productos generados por la pesca y la acuacultura, mediante acciones de apoyo y difusión;

g. La organización económica de los productores y demás agentes relacionados al sector, a través de mecanismos de comunicación, concertación y planeación;

h. La realización de obras de rehabilitación ambiental en sistemas lagunarios costeros;

i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para el desarrollo productivo y competitivo de la pesca y la acuacultura. Para estos efectos, la Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades competentes, además de observar y aplicar lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo;

j. Impulsar acciones para la formación de capital humano que se vincule con organizaciones de productores que participan en las cadenas productivas acuícolas y pesqueras;

k. Favorecer la creación de figuras organizativas para la promoción comercial de los productos pesqueros y acuícolas en los mercados nacional e internacional; y

l. Establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento de las redes de valor, en coordinación con los diversos comités sistema-producto acuícolas y pesqueros.

IV. La Secretaría podrá vender los productos obtenidos de la reproducción de especies generadas en sus centros acuícolas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación; y

V. Promoverá el ordenamiento de la pesca y acuacultura y diseñará estructuras y mecanismos para el otorgamiento de créditos a sus beneficiarios y su capacitación, así como para instrumentar servicios de comercialización de productos, investigación y adaptación al cambio tecnológico.

ARTÍCULO 25.-En materia de pesca deportivo-recreativa, la Secretaría fomentará la práctica y el desarrollo de esta actividad, para lo cual, en coordinación con las dependencias y entidades competentes y con los sectores interesados:

I. Promoverá la construcción de la infraestructura necesaria para esta actividad;

II. Dispondrá las medidas de conservación y protección necesarias;

III. Promoverá y autorizará torneos de pesca deportivo-recreativa;

IV. Propiciará la celebración de convenios con organizaciones y prestadores de servicios, para que los pescadores deportivos protejan las especies;

V. Fomentará la práctica de capturar y liberar, y

VI. Promoverá la celebración de convenios con organizaciones, prestadores de servicios y particulares para facilitar la obtención de los permisos que se requieran para la pesca deportivo-recreativa, mediante el pago de los derechos correspondientes.

CAPÍTULO II

DEL FONDO MEXICANO PARA EL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA PROMAR

ARTÍCULO 26.- El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, PROMAR, será el instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos adecuados, así como para garantizar a las instituciones financieras de banca de desarrollo, Financiera Rural o a los Intermediarios Financieros Rurales que operen con el Fondo, la recuperación de los créditos que se otorguen a las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas.

El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, operará a través de un Comité Mixto, en el habrá una representación equilibrada y proporcionada del sector publico federal, las entidades federativas, así como de las organizaciones privadas y sociales de productores pesqueros y acuícolas.

La existencia del fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el desarrollo pesqueros y acuícolas.

ARTÍCULO 27.- El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a los bienes pesqueros y acuícolas importados;

V. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público; y

VI. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

TÍTULO QUINTO

DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA

CAPITULO I

DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

ARTÍCULO 28.- La investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura, así como la capacitación en estas materias, tendrán como propósitos esenciales:

I. Orientar las decisiones de las autoridades competentes en materia de pesca y acuacultura, relativas a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;

II. Incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar las especies pesqueras y acuícolas;

III. Promover el diseño de nuevas artes y métodos de pesca selectivos y ambientalmente seguros;

IV. Establecer procedimientos de evaluación para determinar el estado de las pesquerías del país;

V. Brindar elementos para determinar las condiciones en que deben realizarse la pesca y los cultivos de especies acuícolas, de manera que se lleven a cabo en equilibrio con el medio ambiente,

VI. Desarrollar investigación en materia de sanidad e inocuidad acuícola y pesquera; y

VII. Brindar elementos para el establecimiento de medidas encaminadas a protección de especies pesqueras sobreexplotadas.

ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo del gobierno federal encargado de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:

I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura;

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;

III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de productores;

IV. Coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de infraestructura;

V. Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;

VI. Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas;

VII. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el Instituto de forma accesible a los productores pesqueros y acuícolas;

VIII. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con centros de investigación, universidades, autoridades federales, de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal;

IX. Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas;

X. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de pesca y acuacultura;

XI. Promover los estudios técnicos y el desarrollo de la acuacultura de especies nativas;

XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto;

XIII. Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación al sector pesquero y acuícola;

XIV. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la ley de la materia;

XV. Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos;

XVI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XVII. Designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones; y

XVIII. Las demás que expresamente le atribuya ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven, las leyes y reglamentos correspondientes vinculados al ámbito de la pesca y la acuacultura.

El INAPESCA contará con centros regionales y estatales de investigación acuícola y pesquera.

ARTÍCULO 30.- El INAPESCA contará con un comité asesor técnico y científico, que se integrará por el Titular del Instituto, quien lo presidirá, un Coordinador General y por representantes de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura. El Comité asesor técnico científico se integrará, organizará y funcionará en los términos que señale el reglamento que para tal efecto se dicte.

ARTÍCULO 31.- El INAPESCA promoverá y coordinará la integración de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura.

La Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura estará integrada por los centros de investigación, universidades, escuelas o cualquier institución académica con reconocimiento en el ámbito de las ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura, que sea aceptado para su incorporación a la Red.

El INAPESCA evaluará los resultados de las investigaciones realizadas por las instituciones integrantes de la Red y, en su caso, les otorgará la validez para que puedan ser tomadas en cuenta por las unidades administrativas de la Secretaría, para establecer las medidas de regulación, manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas.

CAPÍTULO II

DE LA CARTA NACIONAL PESQUERA

ARTÍCULO 32.- La Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.

La elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera estará a cargo de la INAPESCA, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría y las contribuciones del sector académico y productivo, que deberán hacerse del conocimiento del Comité Asesor Técnico Científico del INAPESCA y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la Carta pierda su validez.

ARTÍCULO 33.- La Carta Nacional Pesquera, contendrá:

I. El inventario de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;

II. El esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de especies en un área determinada;

III. Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros, para la realización de actividades productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas respectivos y las artes y métodos de pesca;

IV. Las normas aplicables en materia de preservación, protección, aprovechamiento de los recursos pesqueros, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros, y

V. La demás información que se determine en el reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 34- La SEMARNAT participará en la revisión del proyecto de Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones. Para tales efectos, contará con un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de que reciba el proyecto, enviado por el INAPESCA, pudiendo solicitar información adicional si así lo requiere y emitir, en su caso, las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes, debidamente motivadas y fundamentadas, las cuales serán tomadas en cuenta por el INAPESCA en la formulación del documento definitivo.

Si en el plazo señalado la SEMARNAT no realiza observaciones o recomendaciones al proyecto de Carta Nacional Pesquera o a sus actualizaciones, se entenderá que no existe objeción de su parte al contenido de dicho proyecto y el INAPESCA lo turnará a la Secretaría para su expedición.

ARTÍCULO 35.- Bajo el marco de coordinación y durante la elaboración del proyecto y previo a la publicación de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones, la Secretaría deberá solicitar la opinión de las dependencias de la administración pública federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, para que en un plazo no mayor de treinta días la emitan.

TÍTULO SEXTO

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA PESQUERA

CAPITULO I

DE LOS INSTRUMENTOS

ARTÍCULO 36.- Para los fines y objetivos de la presente Ley, se reconocen como instrumentos de la política pesquera a los siguientes:

I. Los programas de ordenamiento pesquero;

II. Los planes de manejo pesquero; y

III. Las concesiones y permisos.

Los instrumentos contenidos en esta Ley, se aplicarán en congruencia con los previstos en otras disposiciones legales.

CAPÍTULO II

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO

ARTÍCULO 37.- Los programas de ordenamiento pesquero deberán contener, al menos:

I. La delimitación precisa del área que abarcará el programa;

II. Lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la región;

III. Recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento; y

IV. Los planes de manejo pesquero sancionados y publicados.

ARTÍCULO 38.- Las autoridades apoyarán la creación de mecanismos de control de los propios productores, apoyados en el conocimiento tradicional de sistemas de manejo, donde existan, y promoverá la formación de grupos comunitarios que coadyuven a la administración y protección de dichos recursos sobre la base de los principios rectores de la presente Ley.

CAPÍTULO III

PLANES DE MANEJO

ARTICULO 39.- Para los fines y objetivos de la presente Ley, los planes de manejo pesquero deberán incluir:

I. Los objetivos de manejo definidos por el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura;

II. Descripción del las características biológicas de las especies sujetas a explotación;

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma;

IV. Ciclo de captura y estado de aprovechamiento de la pesquería;

V. Ubicación de las áreas geográficas a que estará sujeto el aprovechamiento;

VI. Indicadores socioeconómicos de la población dedicada a la pesca en la región y su impacto en la misma, y

VII. Artes y métodos de pesca autorizados.

CAPÍTULO IV

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS.

ARTÍCULO 40.- Requieren concesión las siguientes actividades:

I. La pesca comercial; y

II. La acuacultura comercial.

ARTÍCULO 41.- Requieren permiso las siguientes actividades:

I. Acuacultura comercial;

II. Acuacultura de fomento;

III. Acuacultura didáctica;

IV. Pesca comercial;

V. Pesca de fomento;

VI. Pesca didáctica;

VII. Pesca deportivo-recreativa, excepto la que se realice desde tierra;

VIII. Trabajos pesqueros necesarios para fundamentar las solicitudes de concesión;

IX. Pesca por extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva;

X. Pesca en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera por Convenios Internacionales de los que México sea parte;

XI. La instalación de artes de pesca fijas en aguas de jurisdicción federal;

XII. La recolección del medio natural de reproductores;

XIII. La introducción y la repoblación de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal;

XIV. La descarga en puertos extranjeros o el trasbordo de especies capturadas por embarcaciones pesqueras de bandera mexicana, y

XV. El desembarque de productos pesqueros comerciales en cualquier presentación en puertos mexicanos, por embarcaciones pesqueras extranjeras.

ARTÍCULO 42.- La Secretaría podrá otorgar concesiones o permisos para la pesca comercial a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias.

La Secretaría podrá otorgar concesiones o permisos a personas físicas o morales para la acuacultura comercial, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias.

Las concesiones se otorgarán en función de la evaluación de los resultados que arrojen los estudios técnicos y económicos, así como de la cuantía y recuperación de la inversión.

Los permisos se otorgarán cuando por la cuantía de la inversión no se requiera de estudios técnicos y económicos.

ARTÍCULO 43.-El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.

En igualdad de circunstancias, tendrán preferencia las solicitudes de las comunidades indígenas. Cuando la concesión o permiso pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad.

Con el fin de apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas, la Secretaría promoverá programas que favorezcan su desarrollo sustentable. Asimismo les dotará de estímulos, recursos y tecnologías para que incrementen sus capacidades productivas.

La Secretaría establecerá los procedimientos y mecanismos necesarios, para que los títulos o documentos en los que consten las concesiones y permisos, sean traducidos a las lenguas de los concesionarios o permisionarios pertenecientes a los pueblos indígenas, o bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido.

ARTÍCULO 44.- Para el otorgamiento de concesiones o permisos de recursos que se encuentren bajo el estatus de recuperación o sobreexplotación se procederá además de los requisitos señalados en la presente ley y su reglamento, conforme a lo que disponga la Carta Nacional Pesquera.

ARTÍCULO 45.- La Secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el reglamento.

En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la Secretaría requerirá por escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento.

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.

ARTÍCULO 46.- Las concesiones o permisos que expida la Secretaría se otorgarán por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, según se defina para cada especie, grupo de especies o áreas, en el reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales que deriven de la misma.

El concesionario o permisionario deberá tener siempre a bordo el documento que demuestre que la embarcación está autorizada para operar, la cual deberá tener matrícula y bandera mexicanas y estar registrada en el Registro Público Marítimo Nacional, en los términos de la Ley de Navegación, así como en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.

Las embarcaciones pesqueras que establezca el reglamento de la presente Ley deberán llevar un libro de registro que se denominará bitácora de pesca, que contendrá la información que se determine en el propio reglamento.

Las demás obligaciones y derechos de los concesionarios y permisionarios, se fijarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, así como en el título de concesión o permiso correspondiente.

ARTÍCULO 47.- Para el otorgamiento de una concesión de un recurso pesquero por área, especie o grupo de especies para la pesca comercial, la Secretaría procederá conforme a lo siguiente:

I. Evaluará la capacidad técnica, administrativa y financiera del solicitante;

II. Evaluará la trayectoria previa del solicitante en cuanto a cumplimiento de normas oficiales y otras disposiciones aplicables incluyendo las de protección del medio ambiente;

III. Priorizará las solicitudes de habitantes de las comunidades locales y las que tengan un impacto benéfico en lo económico y social en la región;

IV. Informará de la solicitud al Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, quien podrá emitir opinión respecto a la solicitud recibida y contará con quince días naturales para hacerla del conocimiento de Secretaría, y

V. Una vez dictada la resolución, la Secretaría, en su caso, publicará la concesión en el Diario Oficial de la Federación, a costa del solicitante.

ARTÍCULO 48.- Los solicitantes de concesiones deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud. La solicitud de concesión deberá contener la información siguiente:

I. Nombre y domicilio del solicitante;

II. Región geográfica donde pretenda llevar a cabo la actividad;

III. La duración por la que pretenda sea otorgada;

IV. Acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la solicitud, si se encuentra en trámite;

V. Propuesta de manejo de la pesquería o recurso en los términos que señale el reglamento;

VI. Descripción de las características tecnológicas de la embarcación, equipos y artes de pesca con las cuales se pretende llevar a cabo la actividad, y

VII. Los demás lineamientos que se establezcan en el reglamento de la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 49.-Las concesiones a que se refiere esta Ley podrán tener una duración de cinco hasta veinte años para la pesca comercial, y de cincuenta para la acuacultura comercial. Con base en los planes de manejo pesqueros y de acuacultura sancionados y publicados, las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por los plazos equivalentes a los concedidos originalmente.

Para la pesca comercial el concesionario deberá entregar un informe al INAPESCA cada dos años, y con base en el dictamen emitido por el Instituto se podrá prorrogar la concesión.

Para la acuacultura comercial el concesionario deberá entregar un informe al INAPESCA cada cinco años, y con base en el dictamen emitido por el Instituto se podrá prorrogar la concesión.

ARTÍCULO 50.- Los titulares de las concesiones podrán ser sustituidos previa autorización expresa que otorgue la Secretaría, siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento de la presente Ley. En el caso del fallecimiento del titular de la concesión, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 51.- Los permisos de pesca comercial tendrán una duración de dos hasta cinco años, de acuerdo a la pesquería de que se trate y lo que determine el reglamento de la presente Ley.

Los permisos a que se refieren las fracciones V a la XV del artículo 41 de esta Ley, tendrán la duración que determine su reglamento, de acuerdo a las características y naturaleza de la actividad, y en su caso, se sujetarán a los planes de manejo.

Podrán ser prorrogados si la evaluación realizada por el INAPESCA resulta positiva en cuanto al manejo de la pesquería, acorde con las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente Ley y no podrán ser transferidos a terceros.

En caso de fallecimiento del permisionario, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 52.- Los solicitantes de permisos deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud. La solicitud de permiso deberá contener la información siguiente:

I. Nombre y domicilio del solicitante;

II. Región donde pretenda llevar a cabo la actividad;

III. La duración que se pretenda;

IV. Acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la solicitud, si se encuentra en trámite;

V. Descripción de las características tecnológicas de la embarcación, equipos y artes de pesca con las cuales se pretende llevar a cabo la actividad, y

VI. Los demás lineamientos que se establezcan en el reglamento de la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 53.- Son causas de extinción de las concesiones y permisos: la caducidad, la revocación, la nulidad, la terminación del plazo y la declaratoria de rescate por causa de interés público.

ARTÍCULO 54.- Son causas de caducidad:

I. No iniciar, sin causa justificada, la actividad en el plazo establecido;

II. Suspender, sin causa justificada, la explotación por más de tres meses consecutivos;

III. No iniciar la construcción de obras e instalaciones o la adquisición de equipos en los términos y plazos convenidos en el permiso o concesión, y

IV. No concluir las obras e instalaciones en las fechas señaladas.

En los supuestos anteriores para que no constituyan causa de caducidad, se requiere que el interesado someta a consideración de la Secretaría los motivos que lo justifiquen para que ésta los califique y resuelva lo conducente.

ARTÍCULO 55.- La Secretaría, procederá a la revocación de la concesión o permiso, cuando sus titulares:

I. Afecten al ecosistema o lo pongan en riesgo inminente, con base en un dictamen emitido por la autoridad correspondiente;

II. Cuando se excedan en el ejercicio de los derechos consignados en la concesión o permiso;

III. Incumplan o violen lo establecido en esta Ley, en las disposiciones reglamentarias que de ella deriven y en los títulos de concesión o permiso respectivos;

IV. No proporcionen la información en los términos y plazos que le solicite la Secretaría o incurran en falsedad al rendir ésta;

V. No acaten, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico que indique la Secretaría, dentro del plazo establecido para ello;

VI. Transfieran la concesión o permiso, contraviniendo lo señalado la presente Ley;

VII. Incurran en quiebra, liquidación, disolución o concurso necesario;

VIII. Que al amparo del permiso o concesión se comercialice producto de origen ilegal, y

IX. La comercialización, bajo cualquier título jurídico, de las capturas de la pesca deportivo-recreativa.

ARTÍCULO 56.- Serán causas de nulidad de las concesiones y permisos, la omisión o irregularidad de los elementos exigidos en la presente Ley y su reglamento de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO 57.- Las concesiones o permisos a que se refiere esta Ley, se extinguen por terminación del plazo para el que se hayan otorgado, sin necesidad de declaración expresa de la Secretaría al respecto.

ARTÍCULO 58.- Los titulares de concesiones o permisos, que incurran en causas de caducidad o revocación, no podrán ser titulares de concesiones o permisos, sino transcurridos cuatro años, contados a partir de la declaración firme de la caducidad o revocación. Igual tratamiento se dará en los casos de anulación imputables a sus titulares.

ARTÍCULO 59.- Las concesiones para la pesca y acuacultura comerciales, podrán rescatarse por causa de interés público. Son causas de rescate por interés público, cuando:

I. La pesquería tenga el estatus de sobreexplotación; y

II. El particular no garantice el mantenimiento de la misma en un plazo basado en un dictamen emitido por el INAPESCA.

Los titulares de los permisos o concesiones que hubiesen sido rescatados tendrán prelación para el acceso a otras pesquerías.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA PESCA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 60.- La pesca se puede realizar mediante concesión o permiso. Requieren permiso la pesca comercial, de fomento, deportivo-recreativa, didáctica y las demás actividades que expresamente se señalen en esta Ley. Se prohíbe la operación de barcos-fábrica y de plantas flotantes.

ARTÍCULO 61.- El establecimiento y operación de artes de pesca fijas o cimentadas en aguas de jurisdicción federal, así como su cambio de localización o dimensiones, sólo podrá realizarse si se cuenta previamente con permiso de la Secretaría, sujetándose a las disposiciones en materia de impacto ambiental contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y aquellas que sean de la competencia de otras autoridades. Su temporalidad no podrá exceder a la señalada en el permiso correspondiente y el interesado deberá cumplir con los requisitos que establezcan el reglamento de esta Ley y las normas oficiales.

ARTÍCULO 62.- La Secretaría, de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los Tratados y Acuerdos Internacionales de los que México sea parte, determinará y en su caso, declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más rigurosa reciprocidad.

La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá exclusivamente mediante Acuerdo del Titular de la Secretaría, basado en un dictamen elaborado por el INAPESCA y con la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Los permisos respectivos los expedirá la Secretaría, serán intransferibles y se sujetarán a la suscripción de convenios con los Estados que lo soliciten y, en el caso de personas físicas y morales de nacionalidad extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley.

Los permisos se expedirán por embarcación, por temporada de pesca o por el tiempo que determine la Secretaría, que consignará en cada uno de ellos la vigencia, zona de captura, artes y equipos de pesca, recurso o recursos pesqueros permitidos y las condiciones de operación.

Tendrán prelación en la captura de dichos excedentes en la zona económica exclusiva, las embarcaciones de bandera extranjera que acrediten que su quilla se fabricó en astilleros mexicanos.

ARTÍCULO 63.- Los interesados en obtener permiso para pescar en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera, así como los interesados en descargar en puertos extranjeros, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, deberán cumplir para ello los requisitos que establezcan el reglamento de esta Ley y los Tratados o Acuerdos internacionales de los que México sea parte, así como con los requisitos y permisos que para este efecto los países les requieran. Los permisos respectivos los expedirá la Secretaría únicamente a personas de nacionalidad mexicana.

Las cuotas que otorguen al país los gobiernos extranjeros, para el aprovechamiento o explotación de sus recursos pesqueros, serán administradas por la Secretaría.

En caso de que los propios gobiernos permitan a los particulares adquirir directamente licencias, permisos o sus equivalentes para pesca comercial, sus titulares, a solicitud de la Secretaría, comprobarán que las capturas realizadas se efectuaron al amparo de dichas licencias, permisos o equivalentes.

Los titulares de los permisos para pescar en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, están obligados a presentar el aviso de arribo, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 64.- La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente Ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan.

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

ARTÍCULO 65.- La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca didáctica a las instituciones de enseñanza que desarrollen programas educativos de pesca las cuales deberán informar a la Secretaría, acerca del volumen y especies obtenidas, dentro del plazo que se determine en el permiso.

La captura producto de las actividades realizadas al amparo de estos permisos podrá comercializarse, siempre que el producto de su venta se aplique exclusivamente al desarrollo de las labores propias de la institución, en los términos que establezca el reglamento.

ARTÍCULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.

ARTÍCULO 67.- Los permisos para la pesca deportivo-recreativa se expedirán a personas físicas nacionales o extranjeras y serán individuales, improrrogables e intransferibles. Requerirán permiso para efectuar este tipo de pesca la persona que la realice por sí y los prestadores de servicios a terceros para llevar a cabo dicha actividad, de conformidad con los programas correspondientes.

Lo anterior es aplicable, sin perjuicio del pago de derechos que deba efectuarse por la utilización de embarcaciones en las que se realicen actividades de pesca deportivo-recreativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia.

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 69.- Las personas que practiquen la pesca deportivo-recreativa desde tierra no requerirán permiso, y estarán obligados a utilizar las artes de pesca y respetar las tallas mínimas y límites de captura que autorice la Secretaría conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan.

ARTÍCULO 70.- La Secretaría, con base en el dictamen emitido por el INAPESCA y acorde a los planes de manejo pesquero sancionados, establecerá las épocas, zonas y tallas mínimas de pesca, el número máximo de ejemplares susceptibles de captura por pescador deportivo y por día, así como las características particulares de las artes y métodos de pesca permitidos, en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley. Lo anterior considerando, entre otros aspectos, las condiciones del recurso de que se trate y las características del lugar donde se pretenda desarrollar dicha actividad.

ARTÍCULO 71.- Los prestadores de servicios o los titulares de los permisos de la pesca deportivo-recreativa, deberán entregar a la Secretaría la bitácora de pesca correspondiente, en los términos del reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 72.-La pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las costas, no requiere concesión o permiso.

Sólo podrá efectuarse con redes y líneas manuales que pueda utilizar individualmente el pescador, observando y respetando las vedas y las normas oficiales que se expidan.

Tratándose de zonas concesionadas se podrá practicar la pesca de consumo doméstico, siempre y cuando no se capturen las especies materia de las concesiones otorgadas a terceros.

En los casos que se requiera, la Secretaría establecerá, en normas oficiales, las artes de pesca de consumo doméstico y sus especificaciones técnicas, considerando entre otros aspectos, las condiciones biológicas, tecnológicas y ambientales.

Las cantidades permitidas por pesquería o especie se especificarán en el reglamento de la presente Ley, y en las normas correspondientes.

CAPÍTULO II

DE LOS PERMISOS PARA DESCARGAR EN PUERTOS EXTRANJEROS Y TRANSBORDAR ESPECIES CAPTURADAS POR EMBARCACIONES PESQUERAS DE BANDERA MEXICANA

ARTÍCULO 73.- El permiso para descargar en puertos extranjeros o transbordar especies capturadas por embarcaciones pesqueras de bandera mexicana, será otorgado por la Secretaría, siempre y cuando los interesados proporcionen, adjunta a la solicitud del permiso, la información que se determine en el reglamento de esta Ley.

En los casos de emergencia, contingencias climáticas y averías en las embarcaciones se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 74.- Se requiere permiso para la descarga en puertos mexicanos, que realicen embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca comercial. Para ello los interesados deberán adjuntar a su solicitud el título correspondiente al amparo del cual se realizó la actividad pesquera, expedido por la autoridad competente del país de origen, y cumplir con los demás requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

En los casos de emergencia, contingencias climáticas y averías en las embarcaciones se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

TÍTULO OCTAVO

DE LA LEGAL PROCEDENCIA

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 75.- La legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, se acreditará con los avisos de arribo, de cosecha, de producción, de recolección, permiso de importación y con la guía de pesca, según corresponda, en los términos y con los requisitos que establezca esta Ley y su reglamento. Para las especies obtenidas al amparo de permisos de pesca deportivo-recreativa, la legal procedencia se comprobará con el permiso respectivo.

Para la comercialización de los productos de la pesca y de la acuacultura, los comprobantes fiscales que emitan deberán incluir el número de permiso o concesión respectiva.

ARTÍCULO 76.- El traslado por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca o acuacultura deberá realizarse al amparo de la guía de pesca, de conformidad con el formato que expida la Secretaría. Se exceptúan de esta obligación las personas que hayan obtenido especies al amparo de permisos de pesca deportivo-recreativa, cuyo traslado se amparará con el propio permiso y el que traslade productos cuyo destino sea el consumo doméstico directo del que lo transporta.

ARTÍCULO 77.- El trámite, los requisitos y la vigencia de los documentos para acreditar la legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, se establecerán en el reglamento de esta Ley.

En el ejercicio de sus funciones, el SENASICA coadyuvará en la inspección y vigilancia del traslado de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca o la acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del territorio nacional.

TÍTULO NOVENO

DE LA ACUACULTURA

CAPITULO I

DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO ACUÍCOLA

ARTÍCULO 78.- En materia de acuacultura, son objetivos de esta Ley:

I. Fomentar el desarrollo de la acuacultura como una actividad productiva que permita la diversificación pesquera, para ofrecer opciones de empleo en el medio rural;

II. Incrementar la producción acuícola y la oferta de alimentos que mejoren la dieta de la población mexicana, así como generar divisas;

III. Promover la definición de sitios para su realización, su tecnificación y diversificación, orientándola para incrementar su eficiencia productiva reduciendo los impactos ambientales y buscando nuevas tecnológicas que permitan ampliar el numero de especies que se cultiven;

IV. Impulsar el desarrollo de las actividades acuícolas para revertir los efectos de sobreexplotación pesquera;

V. Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas, para asegurar su producción óptima y su disponibilidad; y

VI. Fomentar y promover la calidad y la diversidad de los recursos acuícolas.

ARTÍCULO 79.- La Secretaría, regulará el crecimiento ordenado de la acuacultura, atendiendo principalmente a las áreas o zonas con potencial para desarrollar esta actividad, mediante la expedición de concesiones o permisos por especie o grupos de especies.

ARTÍCULO 80.- El Programa Nacional de Acuacultura, como parte del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y contemplará la concurrencia que en materia de acuacultura lleven a cabo la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios, de acuerdo a la distribución de competencias establecidas en esta Ley.

ARTÍCULO 81.- La planeación y regulación del ordenamiento acuícola, se llevará a cabo a través de:

I. El Programa Nacional de Acuacultura y la Carta Nacional Acuícola;

II. Los programas estatales de acuacultura;

III. Los planes de ordenamiento acuícola; y

IV. Los programas de desarrollo de la acuacultura derivados de los señalados en las fracciones anteriores.

La Federación y las Entidades Federativas, en los términos de la presente Ley, podrán convenir acciones que propicien el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas ubicados en aguas continentales.

ARTÍCULO 82.- Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en una región del país, con el propósito de garantizar la productividad, la funcionalidad y sustentabilidad del medio natural, las entidades federativas podrán establecer planes regionales de acuacultura, como instrumentos de planeación, conforme a las disposiciones de la presente Ley.

CAPÍTULO II

DE LA CARTA NACIONAL ACUÍCOLA

Artículo 83.- La Carta Nacional Acuícola, es la presentación cartográfica y escrita de los indicadores de la actividad, de las especies destinadas a la acuacultura, del desarrollo de la biotecnología y de las zonas por su vocación de cultivo. Su contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será consultivo y orientador para las autoridades competentes en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de las actividades acuícolas.

La Secretaría aprobará y expedirá la Carta Nacional Acuícola y sus actualizaciones, y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 84.- La Carta Nacional Acuícola deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. El inventario de las especies acuícolas susceptibles de reproducción y cultivo;

II. Caracterización de las zonas por su vocación y potencial de cultivo;

III. Análisis de capacidad instalada por región;

IV. Las especificaciones respecto al dominio de la tecnología para la reproducción y cultivo de las especies acuícolas;

V. Los planes de ordenamiento acuícola;

VI. Las normas aplicables a aspectos de conservación, protección y/o aprovechamiento de los recursos acuícolas, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos acuícolas;

VII. Estadísticas de producción; y

VIII. La información que se determine en el reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO III

DE LOS INSTRUMENTOS DE MANEJO PARA LA ACUACULTURA

ARTÍCULO 85.- Para el desarrollo integral, ordenado y sustentable de la acuacultura, se fomentará la creación de Unidades de Manejo Acuícola que estarán basadas en la evaluación de los recursos naturales disponibles para la acuacultura.

ARTÍCULO 86.- Cada unidad de manejo acuícola, deberá contar con un plan de manejo que contendrá:

I. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo la vinculación con los planes y programas aplicables;

II. La capacidad de carga de los cuerpos de agua de donde se pretendan alimentar las unidades de producción acuícola;

III. Las características geográficas de la zona o región;

IV. Las obras de infraestructura existentes y aquellas que se planeen desarrollar y su programa de administración;

V. La forma de organización y administración de la unidad de manejo, así como los mecanismos de participación de los acuicultores asentados en la misma;

VI. La descripción de las características físicas y biológicas de la Unidad de Manejo Acuícola;

VII. Acciones de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y un cronograma de cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;

VIII. Acciones de sanidad, inocuidad y calidad acuícola;

IX. Acciones de crecimiento y tecnificación, y

X. El programa de prevención y control de contingencias, de monitoreo y las demás que por las características propias de la unidad de manejo acuícola se requieran.

ARTÍCULO 87.- Las auditorias técnicas preventivas tendrán la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de la normatividad y de los planes de manejo respectivos por parte de los acuacultores. La Secretaría, emitirá un dictamen que haga constar el adecuado cumplimiento de la legislación en la materia y de los planes de manejo y, en su caso, hará las recomendaciones sobre las medidas preventivas y correctivas necesarias, para garantizar una actividad sustentable.

ARTÍCULO 88.- La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política acuícola.

TÍTULO DÉCIMO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ACUACULTURA

CAPITULO ÚNICO

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS DE ACUACULTURA

ARTÍCULO 89.- La acuacultura se puede realizar mediante concesión para la acuacultura comercial y mediante permiso, para:

I. La acuacultura comercial;

II. La acuacultura de fomento;

III. La acuacultura didáctica;

IV. La recolección del medio natural de reproductores; y

V. La introducción y la repoblación de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal.

ARTÍCULO 90.- La Secretaría podrá otorgar permisos para la acuacultura a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias, mismos que deberán ser congruentes con los planes de ordenamiento acuícola.

Los solicitantes de permisos deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud.

La solicitud deberá contener, al menos, lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del solicitante;

II. Entidad federativa y municipio donde pretenda llevar a cabo la actividad;

III. La duración por la que pretenda sea otorgada, y

IV. Acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la solicitud, si se encuentra en trámite.

ARTÍCULO 91.- La Secretaría podrá otorgar concesión para la acuacultura comercial en aguas de jurisdicción federal a personas físicas o morales, a solicitud del interesado y previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 92.- Las personas que realicen actividades de acuacultura, deberían presentar a la Secretaría los avisos de cosecha, producción y recolección, en la forma y términos que determine el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 93.- Con el propósito de estimular la diversificación y tecnificación de cultivos, la Secretaría promoverá la acuacultura de fomento y podrá permitirla a instituciones de investigación científica y docencia, así como a personas físicas dedicadas a actividades científicas y técnicas.

La Secretaría podrá otorgar permiso de acuacultura de fomento a personas morales cuya actividad u objeto social sea la pesca o el cultivo, comercialización o transformación de productos acuícolas, debiendo cumplir con los mismos requisitos que se establecen para las instituciones de investigación.

El permiso podrá comprender la comercialización de las cosechas que se obtengan, con los límites y condiciones que se establezcan en el reglamento de esta Ley y en el propio permiso.

En caso de que los resultados obtenidos sean favorables y se haya dado cumplimiento a las condicionantes establecidas para la acuacultura de fomento, la Secretaría podrá otorgar las concesiones o permisos correspondientes.

ARTÍCULO 94.- Las personas físicas o morales que desarrollen programas de enseñanza en materia acuícola al amparo de un permiso, podrán comercializar la producción obtenida del programa de cultivo, siempre que el producto de su venta se aplique al desarrollo de actividades académicas.

ARTÍCULO 95.- Para la importación de semillas, ovas, alevines, larvas, postlarvas, cepas algales, reproductores o cualquier otro estadio de especies silvestres, cultivadas o de laboratorio, se deberá adjuntar a la solicitud el certificado de sanidad acuícola otorgado por el SENASICA. En el caso de organismos genéticamente modificados se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

ARTÍCULO 96.- Respecto de la introducción de especies vivas que no existan de forma natural en el cuerpo de agua de jurisdicción federal receptor, la Secretaría, considerando la opinión del INAPESCA, y de acuerdo a los resultados del periodo de cuarentena previo, resolverá sobre la procedencia de la misma, observando lo que dispongan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley.

Será requisito para obtener el permiso de introducción de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal, que el solicitante cuente con el certificado de sanidad acuícola que otorgue el SENASICA, en los términos de esta Ley. El interesado podrá iniciar el trámite para obtener dicho permiso ante la Secretaría, pero no le será otorgado hasta que acredite en el expediente respectivo haber obtenido el certificado del SENASICA.

ARTÍCULO 97.- La Secretaría otorgará permisos para recolectar del medio natural reproductores para destinarlos al abasto de las actividades acuícolas exclusivamente a:

I. Propietarios de laboratorios de producción acuícola, únicamente para satisfacer sus necesidades de operación, hasta la segunda corrida de producción, y

II. Concesionarios de la pesca comercial de la especie de que se trate, que cumplan con los requisitos y condiciones que se establezcan en el reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 98.-Aquellas personas que recolecten organismos del medio natural y los acuacultores que se abastezcan de ellos, quedan obligados a realizar acciones de repoblación en los términos y condiciones que en cada caso determine la Secretaría en normas oficiales y en los propios permisos.

Para otorgar los permisos para la recolección de especies en cualquier estadio, la Secretaría considerará el dictamen emitido por el INAPESCA, en el que se determinará el número de ejemplares, zonas y épocas para su recolección. No se otorgará permiso cuando se determine que se pone en riesgo la conservación de la especie de que se trate.

Los permisionarios deberán presentar a la Secretaría el aviso de recolección correspondiente, con la información y requisitos que se establezcan en el reglamento.

ARTÍCULO 99.- Las personas que colecten en cualquiera de las fases de desarrollo organismos acuáticos vivos provenientes de poblaciones naturales con fines de acuacultura, deberán observar los lineamientos que en materia de recolección, aclimatación, manejo, transporte y siembra de los mismos se establezcan en normas oficiales.

ARTÍCULO 100.- Los permisos de acuacultura tendrán una vigencia de hasta cinco años de acuerdo a las características y naturaleza de la actividad, y los demás requisitos que determinen en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, y en su caso se sujetarán a los planes de manejo.

Podrán ser prorrogados en los casos y condiciones que se determinen en el propio reglamento, y serán intransferibles.

Para la acuacultura comercial el titular deberá entregar un informe al INAPESCA a la mitad del plazo estipulado en el permiso, y con base en el dictamen emitido por el Instituto se podrá prorrogar la concesión.

ARTÍCULO 101.- La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en la acuacultura, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión respectiva otorgada por la Autoridad del Agua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, la presente Ley y sus reglamentos.

La Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Secretaría, otorgará facilidades para el desarrollo de la acuacultura y el otorgamiento de las concesiones de agua necesarias; asimismo apoyará, a solicitud de los interesados, el aprovechamiento acuícola en la infraestructura hidráulica federal, que sea compatible con su explotación, uso o aprovechamiento, con la participación que corresponda a los Organismos de Cuenca.

Las actividades de acuacultura efectuadas en sistemas suspendidos en aguas nacionales no requerirán de concesión de agua, en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no se afecten la calidad de agua, la navegación, otros usos permitidos y los derechos de terceros, en los términos de la presente Ley, la Ley de Aguas Nacionales, y sus reglamentos.

ARTÍCULO 102.- Las concesiones sobre aguas de jurisdicción federal, para construir, operar y explotar unidades de producción acuícola se otorgan preferentemente a los propietarios de los terrenos que colindan con dichos cuerpos de agua conforme al procedimiento que establezca el reglamento de esta Ley.

TÍTULO UNDÉCIMO

DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD

CAPÍTULO I

DE LA SANIDAD DE ESPECIES ACUÍCOLAS

ARTÍCULO 103.- La Secretaría, ejercerá sus atribuciones y facultades en materia de sanidad de especies acuícolas a través del SENASICA, de conformidad con esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.

La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán sus funciones en forma coordinada.

ARTÍCULO 104.- La Secretaría expedirá las Normas Oficiales Mexicanas y establecerá las medidas de diagnóstico, detección, erradicación, prevención, y control para evitar la introducción y dispersión de enfermedades, determinar y clasificas las patologías de alto riesgo; así como para evaluar los daños, restaurar las áreas afectadas y establecer procesos de seguimiento.

ARTÍCULO 105.- Requerirán de certificado de sanidad acuícola, de manera previa a su realización, las siguientes actividades:

I. La importación y exportación y tránsito internacional de especies acuáticas, sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies;

II. La movilización de especies acuícolas vivas, en cualesquiera de sus fases de desarrollo, que se cultiven en instalaciones ubicadas en el territorio nacional, que se haga de una unidad de producción acuícola a otra, así como sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies;

III. Los establecimientos en operación en los que se produzcan, procesen, comercialicen, transporten y almacenen productos y subproductos acuícolas, así como productos químicos, biológicos, farmacéuticos y alimenticios para el uso o consumo de dichas especies;

IV. Uso y aplicación de antibióticos, medicamentos veterinarios, aditivos y demás sustancias químicas a los organismos de cultivo; y

V. La introducción de especies acuícolas vivas a un cuerpo de agua de jurisdicción federal.

Respecto de la importación de especies acuáticas a que se refiere la fracción I de este artículo, será requisito para obtener el certificado de sanidad que el solicitante cuente con la autorización correspondiente expedida por la autoridad competente del país de origen y acredite dicha situación en el expediente respectivo.

ARTÍCULO 106.- También requerirán certificado de sanidad acuícola:

I. Las instalaciones en las que se realicen actividades acuícolas;

II. Las especies acuáticas vivas que se capturen de poblaciones naturales y se destinen a la acuacultura, y

III. Las unidades de cuarentena.

Para los efectos de este artículo, la Secretaría tomará en cuenta la opinión del SENASICA para establecer en normas oficiales los lineamientos sanitarios para el funcionamiento y operación de unidades de producción acuícola y de unidades de cuarentena, así como las especificaciones sanitarias para el cultivo, siembra y cosecha de organismos acuáticos.

ARTÍCULO 107.- Los certificados de sanidad acuícola podrán ser expedidos directamente por el SENASICA o a través por los organismos de certificación, acreditados y aprobados en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y del reglamento de esta Ley.

Los Comités de Sanidad Acuícola serán órganos auxiliares para que el SENASICA lleve a cabo la prevención, diagnóstico y control de enfermedades. La organización y funcionamiento de dichos Comités se determinará en el reglamento que al efecto se expida.

Los demás requisitos y previsiones para obtener el certificado de sanidad correspondiente se establecerán en las disposiciones reglamentarias y en las normas oficiales que deriven de esta Ley. El SENASICA expedirá el certificado, siempre que el interesado cumpla con dichos requisitos y previsiones.

En las concesiones y los permisos para acuacultura comercial se establecerán las condiciones sanitarias que requiera la introducción de organismos a instalaciones dedicadas a la producción de las primeras fases de desarrollo de cualquier organismo acuático.

ARTÍCULO 108.- Las Entidades Federativas, se coordinarán con la Secretaría, con el objeto de:

I. Organizar, apoyar y supervisar el funcionamiento de los Organismos Auxiliares;

II. Inducir el cumplimiento de las disposiciones legales y las medidas de seguridad de sanidad acuícola establecidas;

III. Difundir permanentemente la información y conocimientos sobre sanidad acuícola, y

IV. Realizar acciones de saneamiento acuícola.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS SANITARIAS

ARTÍCULO 109.- Las medidas sanitarias tienen por objeto prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre. Las medidas sanitarias serán establecidas por el SENASICA.

Corresponde a la Secretaría con la opinión del SENASICA la emisión de normas oficiales relativas a esta materia, y cuando la situación lo amerite, podrán ser emergentes. Las normas oficiales podrán comprender alguna o algunas de las siguientes medidas:

I. Campañas sanitarias, entendidas como el conjunto de medidas para prevenir, controlar o erradicar enfermedades o plagas de las especies acuáticas vivas en un área o zona determinada;

II. La cuarentena, siendo una medida basada en el aislamiento, observación y restricción de la movilización de especies acuáticas vivas, por la sospecha o existencia de una enfermedad de las mismas, sujeta a control;

III. El diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas de las especies mencionadas;

IV. La retención y disposición de especies acuáticas vivas, sus productos, subproductos y productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso o consumo de dichas especies, que puedan ocasionar enfermedades o plagas en los mismos, y

V. Las demás que se establezcan en las propias normas oficiales, así como aquellas que, conforme a los avances y adelantos científicos y tecnológicos, sean eficaces para la atención de cada caso de enfermedad o plaga.

ARTÍCULO 110.- Para la aplicación de medidas sanitarias, la Secretaría declarará mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, el estatus sanitario de las entidades federativas, como zona libre, zona en vigilancia, zona de escasa prevalencia y zona infectada de enfermedades o plagas de especies acuáticas vivas, considerando entre otros factores:

I. La prevalencia y recurrencia de enfermedades en la zona;

II. Las condiciones geográficas y de los ecosistemas; y

III. La eficacia de las medidas sanitarias que se hayan aplicado, en su caso.

El SENASICA considerará dicha zonificación para la aplicación de las medidas sanitarias procedentes.

ARTÍCULO 111.- La aplicación, inspección y vigilancia de los lineamientos, acuerdos, normas y demás disposiciones en materia sanitaria a que se refiere este capítulo, corresponderá exclusivamente al SENASICA en los términos de esta Ley.

El cumplimiento de dichas disposiciones podrá ser evaluado por organismos auxiliares, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas, aprobados por el propio SENASICA de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 112.- Por razones sanitarias y de protección de la salud pública, el SENASICA podrá proponer a la Secretaría la prohibición de la importación de especies acuáticas. Para estos efectos, dicha autoridad deberá fundar y motivar su resolución basándose, entre otras cosas, en elementos e información científica y técnica, y considerando los compromisos establecidos en Tratados y Acuerdos Internacionales sanitarios y comerciales de los que México sea parte.

ARTÍCULO 113.- La Secretaría, mediante Acuerdos, determinará los requisitos y medidas sanitarias que deberán cumplirse para movilizar a zonas libres o en vigilancia, organismos acuícolas vivos, productos y subproductos, alimentos y productos para uso o consumo por éstos, cuarentenados, así como los vehículos, maquinaria, materiales o equipo y otros artículos reglamentados que hayan estado en contacto con ellos.

Las mercancías que se pretendan ingresar al territorio nacional, en importación temporal o definitiva, o en tránsito internacional, deberán provenir de países que cuenten con servicios veterinarios equivalentes a los que se regulan en esta Ley y su reglamento.

Los servicios veterinarios de inspección, verificación y certificación para las mercancías destinadas al comercio exterior las realizará exclusivamente el SENASICA, quien podrá solicitar el apoyo de los organismos de coadyuvancia para que realicen determinados actos en los términos del Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 114.- Quedan prohibidas la importación o exportación, temporal o definitiva y el tránsito internacional de organismos acuícolas, derivados, alimentos, deshechos y despojos, cuando sean originarios o procedan de zonas o países que no han sido reconocidos como libres de enfermedades emergentes o endémicas. El reconocimiento de zonas o países como libres de enfermedades, lo realizará la Secretaría en términos del Reglamento de esta Ley, mediante acuerdos que publicará en el Diario Oficial de la Federación.

En todo caso, la Secretaría, previo análisis de riesgo y en los términos que se establezcan en la gestión del riesgo, podrá suspender la prohibición y condicionar la importación o exportación de las mercancías en riesgo.

Cuando el riesgo sanitario o la situación concreta a prevenirse, no este contemplada en una norma oficial específica, los interesados deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las normas oficiales aplicables en situaciones generales u observar el procedimiento que se regula en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 115.- Para fines de exportación la Secretaría, a petición y con cargo a los interesados, podrá llevar el control sanitario en las unidades de producción en las que se críen, alojen o manejen especies acuícolas vivas, así como en los establecimientos en los que se almacenen, transformen y/o procesen derivados, alimentos y productos para uso o consumo de éstos, a fin de certificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente del país al que se destinarán las mercancías.

En el caso de la exportación de productos para uso o consumo acuícola, la Secretaría, a solicitud de los interesados, expedirá la certificación de libre venta, de origen y de regulación vigente de empresas y productos regulados.

Cuando se opte por la destrucción o el tratamiento, el interesado solicitará a la Secretaría, la evaluación del riesgo sanitario, en cuyo caso el ingreso de las mercancías se hará bajo el procedimiento de cuarentena postentrada, y el interesado deberá solicitar a la autoridad aduanera la suspensión del despacho aduanero, y en su caso, el cambio de régimen aduanero.

ARTÍCULO 116.- Cuando se detecte o se tenga evidencia científica sobre la presencia o entrada inminente de enfermedades emergentes o de notificación obligatoria, erradicadas, desconocidas o inexistentes en el país, que pongan en situación de emergencia sanitaria a una o varias especies acuícolas en todo o en parte del territorio nacional, la Secretaría instrumentará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, que implicará la publicación inmediata del Acuerdo en el que se establezca la instrumentación urgente y coordinada de las medidas sanitarias que deberán aplicarse, cuando la evidencia científica confirme la presencia de alguna enfermedad emergente o de notificación obligatoria, erradicada, desconocida o inexistente, o la epidemia de una enfermedad endémica.

También se justificará la activación del dispositivo de emergencia y la aplicación inmediata de medidas de inocuidad, cuando se sospeche o se tenga evidencia científica sobre un incremento en los niveles de contaminantes o la presencia de residuos tóxicos en alimentos para consumo humano o acuícola, que afecten su inocuidad.

La Secretaría podrá determinar en los acuerdos por los que se instrumente el Dispositivo, los productos para uso o consumo de los organismos acuáticos cuya aplicación es la adecuada para el control de la enfermedad a controlar o erradicar, así como las medidas de inocuidad aplicables para reducir los riesgos de contaminación alimentaria.

ARTÍCULO 117.- La Secretaría podrá acordar y convenir con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, órganos de coadyuvancia y particulares interesados, la creación de uno o varios fondos de contingencia para afrontar inmediatamente las emergencias sanitarias que surjan por la presencia de enfermedades emergentes o de notificación obligatoria, erradicadas, desconocidas o inexistentes que pongan en peligro la producción acuícola en el territorio nacional, así como, las emergencias de contaminación en los alimentos cuando se detecte un incremento en los niveles de contaminantes o la presencia de residuos tóxicos que vulneren su inocuidad.

CAPÍTULO III

DE LA INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

ARTÍCULO 118.- La inocuidad y la calidad de los productos acuícolas y pesqueros a que se refiere este capítulo comprende los productos de la pesca y la acuacultura, desde su captura o cosecha y hasta su procesamiento primario.

El SENASICA podrá proponer a la Secretaría la inclusión en las normas oficiales, las medidas de inocuidad de dichos productos, desde su producción primaria, hasta su procesamiento primario incluyendo actividades tales como: cortado, refrigerado y congelado, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a las autoridades competentes en materia de salubridad general.

La inocuidad de los productos a que se refiere este artículo se acreditará a través del certificado que expida el SENASICA, de conformidad con lo que se establezca en las normas de la materia.

ARTÍCULO 119.- Los estándares de calidad de los productos pesqueros y acuícolas desde su captura o cosecha y hasta su procesamiento primario, serán determinados por el SENASICA a efecto de crear las condiciones necesarias para inducir el ordenamiento de los mercados tanto nacional como de exportación pesqueros y acuícolas.

La calidad de los productos a que se refiere este artículo se acreditará a través del certificado que expida el SENASICA, conforme lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas. Los certificados tendrán las características, vigencia, requisitos y formalidades que establezcan las disposiciones reglamentarias, y los Acuerdos y Tratados Internacionales en la materia de los que México sea parte.

TÍTULO DUODÉCIMO

DE LA INFORMACIÓN SOBRE PESCA Y ACUACULTURA

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

ARTÍCULO 120.- La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el país. El sistema se integrará con la información siguiente:

I. La Carta Nacional Pesquera;

II. La Carta Nacional Acuícola;

III. El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

IV. El Informe de la situación general de la pesca y acuacultura en México e indicadores de su desarrollo;

V. Los Tratados y Acuerdos Internacionales en las materias mencionadas;

VI. Las resoluciones definitivas acerca de concesiones, permisos y para realizar actividades pesqueras y acuícolas, y

VII. El anuario estadístico de pesca y acuacultura.

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información mencionada en el presente artículo deberá ser publicada en la página electrónica de la Secretaría y por los medios impresos a su alcance.

ARTÍCULO 121.- Todos los titulares de concesiones o permisos deberán, en los términos de la presente Ley, presentar los informes acerca de los datos estadísticos requeridos por las autoridades para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

CAPÍTULO II

DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

ARTÍCULO 122.- El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura estará a cargo de la Secretaría, tendrá carácter público y tiene por objeto la inscripción y actualización obligatorias de la siguiente información relativa a las actividades pesqueras y acuícolas:

I. Las personas físicas o morales que se dediquen a la pesca y la acuacultura, con excepción de las personas físicas que realicen actividades de pesca deportivo-recreativa y de pesca para consumo doméstico;

II. La información sobre los permisos y concesiones expedidos que incluya los nombre del titular, especies, artes y equipos de pesca, vigencia, cuotas de captura o zonas de captura;

III. Las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera;

IV. Las unidades de producción acuícola, incluyendo parques, granjas y laboratorios;

V. Las personas físicas o morales que cuenten con certificados de sanidad, inocuidad o calidad, y

VI. Las escuelas pesqueras y los centros dedicados a la investigación o enseñanza en materia de flora y fauna acuáticas aprovechables para la pesca y acuacultura.

La Secretaría expedirá el certificado de registro correspondiente.

La organización y funcionamiento del Registro se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley. El INAPESCA, el SENASICA y los gobiernos de las entidades federativas contribuirán a la integración, actualización y funcionamiento del Registro, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 123.- La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas integraran una Red de Información Acuícola, que concentrará la información de los diversos organismos y entidades respecto a esta actividad e incluirá, entre otros, la identificación de las especies y ubicación de áreas apropiadas para la acuacultura, los planes de ordenamiento, los resultados de los proyectos de investigación, así como las estadísticas de producción e información de precios, oferta y demanda de los productos acuícolas.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 124.- Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven, la Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia, por conducto de personal debidamente autorizado y con la participación de la Secretaría de Marina en los casos en que corresponda.

ARTÍCULO 125.- En las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella deriven, se podrán utilizar todos aquellos instrumentos que aporten los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, siempre que su utilización no se encuentre restringida o prohibida por la ley.

En la inspección y vigilancia de actividades pesqueras que se realicen en sistemas lagunarios, estuarinos, mar territorial y la zona económica exclusiva, la Secretaría podrá utilizar sistemas de localización y monitoreo satelital. Para estos efectos, dicha autoridad determinará, mediante disposiciones reglamentarias o en las concesiones y permisos, las embarcaciones que requieran el equipo especializado de monitoreo, para la operación de dichos sistemas.

Los elementos que arrojen los instrumentos a que se refiere este Artículo se considerarán como medios de prueba, y tendrán el valor probatorio que se determine en las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 126.- El personal de la Secretaría debidamente autorizado para la realización de los actos a que se refiere el presente capítulo, podrá llevar a cabo visitas de inspección para lo cual deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad competente de la Secretaría, en la que se precisará el lugar o la zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de la misma.

ARTÍCULO 127.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

ARTICULO 128.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia el artículo 124, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.

ARTÍCULO 129.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna persona obstaculice o se oponga a la práctica de la diligencia, con independencia de las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO 130.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con las concesiones y permisos respectivos, fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de quince días exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con la actuación de la autoridad.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles presente por escrito sus alegatos.

Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

En los casos en que proceda, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

ARTÍCULO 131.- En materia de notificación de actos de inspección y vigilancia a que se refiere este Título, además de las formas comprendidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Secretaría podrá realizar notificaciones por estrados, las cuales se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad competente que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezca la propia Secretaría.

Dicha autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del decimosexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado el documento.

Por lo que hace a los demás requisitos y formalidades que deben observarse en la realización de visitas de inspección y vigilancia, son aplicables supletoriamente a este capítulo las disposiciones, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como los que señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización respecto de la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas.

Respecto de los actos de verificación que realice el SENASICA para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la sanidad de especies acuícolas, es aplicable de forma supletoria en lo que corresponda, lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

INFRACCIONES, SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. Realizar la pesca sin contar para ello con la concesión o permiso correspondiente;

II. Recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines de las especies pesqueras, sin contar para ello con la concesión o permiso correspondientes;

III. Operar barcos-fábrica o plantas flotantes;

IV. Explotar, siendo titular de una concesión o permiso, una especie o grupo de especies, en volúmenes mayores o fuera de lo establecido en las normas oficiales o en el título respectivo;

V. Facturar o amparar productos pesqueros, que no hubieran sido obtenidos en los términos de su concesión o permiso por sus titulares;

VI. Realizar actividades de acuacultura o pesca de fomento, didáctica o deportivo-recreativa, sin contar con la concesión o el permiso respectivo;

VII. Simular actos de pesca de consumo doméstico, de fomento, deportivo-recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas;

VIII. Sustituir al titular de los derechos consignados en las concesiones o permisos sin autorización expresa de la Secretaría;

IX. No llevar a bordo de las embarcaciones la documentación original expedida por la Secretaría para acreditar la concesión o permiso, o no tener en las instalaciones acuícolas copia certificada de la misma;

X. Efectuar operaciones de pesca con embarcaciones extranjeras sin el permiso correspondiente;

XI. Desembarcar productos pesqueros en el extranjero o transbordarlos sin contar con el permiso de la Secretaría, salvo en los casos previstos en el segundo párrafo en el artículo 74 de esta Ley;

XII. Descargar en puertos mexicanos productos de pesca comercial provenientes de embarcaciones extranjeras, sin permiso de la Secretaría, salvo en los casos previstos en el segundo párrafo en el artículo 75 de esta Ley;

XIII. Practicar la pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, sin el permiso correspondiente;

XIV. No acatar las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones otorgadas por gobiernos extranjeros al gobierno mexicano, para la captura de especies;

XV. Hacer uso indebido de la información técnica o científica de la Secretaría o del INAPESCA;

XVI. Transportar o utilizar en embarcaciones destinadas a la pesca, instrumentos explosivos, sustancias contaminantes;

XVII. Utilizar o transportar instrumentos, artes o métodos de pesca prohibidos o no permitidos por la Secretaría;

XVIII. Practicar la pesca con embarcaciones distintas de aquellas que haya permitido y registrado la Secretaría;

XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mínimo especificado por la Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios de refugio o de repoblación;

XX. Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con falsedad los datos técnicos que se asienten en la misma o no entregarla a la Secretaría cuando dicha autoridad requiera su exhibición;

XXI. Comercializar las capturas de la pesca deportivo-recreativa;

XXII. No proporcionar la información en los términos y plazos que solicite la Secretaría o incurrir en falsedad al rendir ésta;

XXIII. Instalar artes de pesca fija, sin contar con el permiso correspondiente;

XXIV. Introducir o manejar bajo cualquier forma, especies o material biológico en aguas de jurisdicción federal, que causen daño, alteren o pongan en peligro la conservación de los recursos pesqueros;

XXV. No cumplir con la obligación de inscripción y actualización en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, en los términos de esta Ley y su reglamento;

XXVI. Incumplir lo establecido en las normas oficiales que deriven de esta Ley;

XXVII. No demostrar documentalmente a la Secretaría la legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas por parte de quienes los posean, almacenen, transporten o comercialicen, con base en lo señalado en el párrafo primero del artículo 75 de la presente Ley;

XXVIII. No contar con el equipo especializado de monitoreo satelital, cuando así lo establezcan las disposiciones reglamentarias o la concesión o permiso correspondientes;

XXIX. No cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas en la presente Ley y en los ordenamientos jurídicos aplicables;

XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan los derechos de los permisos o concesiones, y

XXXI. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 133.- Las infracciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Imposición de multa;

III. Imposición de multa adicional por cada día que persista la infracción;

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;

V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de la instalación o instalaciones en las que se hayan cometido las infracciones;

VI. El decomiso de embarcaciones, vehículos, artes de pesca y/o productos obtenidos de la acuacultura y la pesca directamente relacionada con las infracciones cometidas, y

VII. Suspensión o revocación de los permisos, concesiones y autorizaciones correspondientes.

ARTÍCULO 134.- En materia de sanidad de especies acuícolas y de inocuidad y calidad de productos acuícolas y pesqueros, el SENASICA, además de aplicar cualquiera de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y V del artículo anterior, podrá suspender o revocar los certificados correspondientes.

ARTÍCULO 135.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, la Secretaría tomará en cuenta:

I. La gravedad de la infracción;

II. Las condiciones económicas del infractor, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. La reincidencia, si la hubiere;

IV. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora, y

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que motiven la sanción.

ARTÍCULO 136.- Para los efectos de esta Ley, se considerara reincidente al infractor que incurra mas de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada.

ARTÍCULO 137.- La amonestación solo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría, a quienes:

I. Realicen pesca de consumo doméstico, en temporada de veda o con artes de pesca no permitidas, o tallas inferiores a las autorizadas o en contravención a las normas establecidas; y

II. Realicen actividades de acuacultura y pesca didáctica, sin contar con la concesión o permiso respectivo.

La amonestación servirá de apoyo para determinar la multa a los reincidentes.

ARTÍCULO 138.- La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VI, XXV del artículo 132;

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI del artículo 132;

III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VIII, XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX del artículo 132, y

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.

Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia se duplicará el monto establecido para cada una de las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 139.- La imposición de las sanciones de clausura temporal o definitiva, parcial o total de la instalación o instalaciones en las que se hayan cometido las infracciones, se aplicara cuando:

I. Se cause daño a las especies acuícolas y pesqueras o a los ecosistemas en que dichas especies se encuentran, y

II. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas por la Secretaría, con las medidas de seguridad o de urgente aplicación establecidas en la presente Ley, su reglamento o normas oficiales.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.

ARTÍCULO 140.- El decomiso de las embarcaciones se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, III, X, XIII, XVI y XIX del artículo 132 de la presente Ley, así como cuando se incurra en reincidencia de la infracción establecida en los numerales XVII y XVIII del mismo artículo, independientemente de la multa correspondiente.

ARTÍCULO 141.- El decomiso de los vehículos se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones XIX y XXVII del artículo 132 de la Ley, independientemente de la multa correspondiente.

ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XIX, XXI, XXIII, XXVII y XXX del artículo 132, independientemente de la multa correspondiente.

ARTÍCULO 143.- A los productos o bienes decomisados, se les dará el destino que disponga la Secretaría, conforme a las siguientes alternativas:

I. Remate en subasta pública;

II. Venta directa de productos pesqueros;

III. Donación a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación, tratándose de productos de la pesca deportivo-recreativa o productos capturados en época de veda o en tallas menores a las autorizadas; y

IV. Destrucción de productos contaminados o en estado de descomposición y en el caso de artes de pesca prohibidas, cuando sea procedente.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la Secretaría se coordinará con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y observará lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En caso de que los productos o bienes decomisados sean de los denominados como perecederos, estos deberán de ser donados, vendidos o rematados, antes de que se consideren no aptos para su consumo humano.

ARTÍCULO 144.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados se destinaran a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 145.- En el caso de embarcaciones extranjeras detenidas por pescar ilegalmente en aguas de jurisdicción federal, deberán observarse las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, con base en la más estricta reciprocidad.

ARTÍCULO 146.- Son aplicables supletoriamente a este capítulo en cuanto a las sanciones administrativas, las disposiciones del Capítulo Único del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del artículo 70-A de dicho ordenamiento.

CAPÍTULO III

DE LAS RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 147.- Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior se aplicarán sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones sean también constitutivos de delito, en los términos de las disposiciones penales aplicables y sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que pudiera resultar, para lo cual será aplicable lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Son responsables solidarios de las sanciones a que haya lugar, aquellas personas físicas o morales que intervienen en la preparación o realización de las infracciones contenidas en el artículo 132 de la presente Ley.

El capitán o patrón de embarcaciones pesqueras con que se hubiesen cometido las infracciones contenidas en el artículo 132 de la presente Ley, sufrirá la pena accesoria de cancelación de su matrícula o título otorgado para realizar la actividad pesquera. En todo caso la autoridad de navegación no expedirá los despachos vía la pesca a las embarcaciones pesqueras en las cuales éstos formen parte de su tripulación.

ARTÍCULO 148.- El incumplimiento por parte de los Servidores Públicos Federales, Estatales y Municipales de las disposiciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y normas oficiales que de ella deriven, dará lugar a la responsabilidad en términos de lo establecido en el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y las Leyes Estatales de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o civil que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial.

CAPÍTULO IV

DEL RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 149.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos instaurados con motivo de la aplicación de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales que de ella deriven, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación o ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la unidad administrativa que emitió la resolución impugnada, la que resolverá sobre su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido y turnará posteriormente el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

ARTÍCULO 150.- Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 1992.

ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la expedición de esta Ley, no serán afectados a su entrada en vigor en los derechos y obligaciones consignados en los mismos.

ARTÍCULO CUARTO.- Las solicitudes de concesiones, permisos y autorizaciones cuya tramitación haya iniciado con anterioridad a la expedición de la presente Ley, y que se encuentren pendientes de resolución, deberán ser resueltas conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento en que aquellas fueron ingresadas.

ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de la Ley de Pesca, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se tramitaran y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento, y las demás disposiciones aplicables en la materia de que se trate.

ARTÍCULO SEXTO.-El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal. Mientras se expide dicho Reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de esta Ley.

ARTICULO SÉPTIMO.- La Circular relativa a los procedimientos administrativos de inspección y calificación de infracciones en materia de pesca y acuacultura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2003, continuará en vigor en lo que no se oponga a lo establecido en el Título Noveno de esta Ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Ley será aplicable, sin menoscabo de las atribuciones que competan a otras dependencias de la Administración Pública Federal, de conformidad con las leyes que resulten aplicables.

ARTÍCULO NOVENO.- En tanto las legislaturas de las Entidades Federativas expidan las leyes previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley, se continuará aplicando en lo conducente la Ley de Pesca promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1992.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2006.

Por la Comisión de Pesca, diputados: Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), presidente; Joaquín Jesús Díaz Mena, secretario; Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Pedro Pulido Pecero (rúbrica), secretario; Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), secretario; Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), secretario; Sergio González García (rúbrica), secretario; Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), secretario; María Guadalupe Josefina García Noriega, secretaria; Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón, Cuitláhuac Condado Escamilla, Leobardo Curiel Preciado, Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Delber Medina Rodríguez, Víctor Manuel Méndez Lanz, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

Es de primera lectura.

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:El siguiente punto del orden del día se refiere a los dictámenes a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputada Vicepresidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se autoriza.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Seguridad Pública.

Dictamen con puntos de acuerdo sobre los avances generales en el cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a verificar de manera exhaustiva la contratación de personal y los procedimientos de operación en las empresas de seguridad privada.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; siendo competente y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 19 de octubre de 2006, la diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a verificar de manera exhaustiva la contratación de personal y los procedimientos de operación en las empresas de seguridad privada.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

3. En sesión plenaria del 16 de noviembre de 2006 se sometió a consideración de los integrantes de esta Comisión el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Contenido

La diputada Silvia Oliva Fragoso expone que la industria de seguridad privada ha tenido gran auge en nuestro país en los últimos veinte años, reconociendo que es una industria que genera numerosos empleos.

En la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, se detallan diversas obligaciones que deberá cumplir la industria de la seguridad pública a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Seguridad Pública, el pasado mes de julio.

No obstante lo anterior, aún cuando se cuenta con una ley federal que regula esta actividad, aún no se perciben avances en la ordenación de estos servicios. Incidentes de robo con gran violencia y con armas de uso reservado del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; de filtraciones del crimen organizado a las empresas prestadoras de servicios; de falta de tecnología o de capacitación del personal operativo de las mismas, son ---a decir de la diputada proponente--- circunstancias que se presentan con demasiada frecuencia y ameritan un pronunciamiento por parte del Poder Legislativo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que la Ley Federal de Seguridad Privada tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada, cuando éstos se presten en dos o más entidades federativas, en las modalidades previstas en la ley y en el reglamento que al efecto se expida, así como regular la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas.

2. Que sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

3. Que la citada ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2006, entrando en vigor al día siguiente.

4. Que el artículo 2o. de la citada ley define a los servicios de seguridad privada de la siguiente manera:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:I. Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.5. Que en el ámbito administrativo, la aplicación e interpretación de la ley corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública.

6. Que a lo largo de sus 44 artículos la Ley establece diversas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública entre las que destacan:

a) Emitir las autorizaciones y revalidaciones para prestar servicios de seguridad privada;

b) Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada;

c) Realizar visitas de verificación a fin de comprobar el cumplimiento de las diversas obligaciones contenidas en la ley;

d) Otorgar diversas certificaciones, cédulas y permisos en materia de idoneidad, identificación, capacitación, y adiestramiento del personal administrativo y operativo de los prestadores de servicios en la materia;

e) Suscribir convenios o acuerdos con las autoridades competentes de los estados, Distrito Federal y municipios, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con los servicios de seguridad privada;

f) Determinar e imponer las medidas de seguridad y las sanciones que procedan.

7. Que en el Título Cuarto de la ley se detallan numerosas obligaciones, de naturaleza periódica, que deben cumplir los prestadores de servicios de seguridad privada, a las que corresponden sanciones por incumplimiento que van desde la amonestación, hasta la revocación del permiso para prestar estos servicios;

8. Que por su parte, los artículos transitorios del decreto que expide la Ley Federal de Seguridad Privada establecen diversas tareas que deberán realizarse una vez que la ley entre en vigor, mismos que se reproducen a la letra:

Tercero. El prestador de servicios, que no cuente con la autorización correspondiente dispondrá de un término noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para regularizar su situación.

Cuarto. El prestador de servicios que a la fecha de entrada en vigor de esta ley cuente con autorización o revalidación de la misma para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, dispondrá de un término noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, para regularizar su situación de acuerdo a lo establecido en la misma.

Quinto. El reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de un plazo no mayor de noventa días hábiles siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor.

Sexto. Los prestadores de servicios que a la fecha de entrada en vigor de esta ley cuenten con autorización o revalidación otorgada por la dirección, dispondrán del término de seis meses contados a partir de que entre en vigor esta ley, para apegarse a las obligaciones previstas en la misma en materia de capacitación.

Octavo. La Secretaría de Seguridad Pública deberá modificar el nombre de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, por el de Dirección General de Seguridad Privada, dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la fecha en que la presente Ley entre en vigor.

9. Que en este tenor, el plazo de noventa días señalado en los artículos tercero a quinto del decreto referido venció el pasado 4 de octubre sin que a la fecha se hayan hecho las adecuaciones exigidas a las normas reglamentarias y administrativas.

Resultando

1. Que la adecuación de las normas reglamentarias derivadas es un requisito indispensable para asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes federales.

2. Que dada la reciente expedición de la ley en comento y el interés que se ha generado al seno de la Comisión de Seguridad Pública respecto de los avances en su aplicación, coincidimos con las consideraciones vertidas en la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen y hacemos nuestros los planteamientos de la diputada proponente.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública que suscribimos el presente dictamen, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta la Secretaría de Seguridad Pública para que informe a esta soberanía sobre los avances generales en el cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada, y en específico en los rubros siguientes:

a) Avances en los procedimientos de registro y verificación de las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación y selección de personal administrativo y operativo, así como en los procedimientos de operación;

b) Establecimiento y operación del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada;

c) Convenios de coordinación institucional que se han celebrado entre los estados y la Federación.

d) Comprobación de la capacitación y adiestramiento del personal operativo de los prestadores del servicio de seguridad privada.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita atentamente que la información solicitada sea remitida a esta soberanía dentro de un término de 30 días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de noviembre de dos mil seis.

Por la Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; María Sofía Castro Romero (rúbrica), secretaria; Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), secretario; Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), secretario; Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), secretaria; Armando Barreiro Pérez (rúbrica), secretario; Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretario; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt, María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario.

Se abre el registro de oradores; no habiendo oradores, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputada Vicepresidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquese.Continúe la Secretaría.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Seguridad Pública.

Dictamen con puntos de acuerdo por los que se solicita a las autoridades del gobierno del estado de Baja California que realicen acciones para garantizar la seguridad pública en esa entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente municipal de Tijuana, así como al secretario de Seguridad Pública de dicho municipio a realizar las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal; se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en dicha localidad un programa de acción emergente, tendente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; siendo competente y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 29 de septiembre de 2006, el diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de la ciudad de Tijuana, así como al secretario de Seguridad Pública de dicho municipio a realizar las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal; se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en dicha localidad un programa de acción emergente, tendente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen.

3. En sesión plenaria del 16 de noviembre de 2006 se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de esta comisión el dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Contenido

El punto de acuerdo presentado por el diputado Enríquez Martínez tiene como propósito central el exhortar al presidente municipal y al secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para realizar las acciones pertinentes encaminadas a combatir la ola de violencia que azota a la población de este municipio, en virtud de que, en los últimos meses se ha presentado una escalada de ejecuciones y secuestros. Lo anterior, se sustenta en diversas cifras contenidas en su exposición de motivos. Relata el diputado proponente que en lo que va del año han ocurrido 272 muertes violentas aproximadamente; de las que 82 se presumen relacionadas con el crimen organizado. Por su parte el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado ha señalado que a la fecha se han registrado alrededor de 60 secuestros.

El diputado Enríquez Martínez manifiesta su preocupación por la presunta corrupción de diversos funcionarios que integran o integraron los cuerpos de seguridad pública municipal, ya que estos, a decir del diputado, han dejado la ciudad a merced del hampa, al grado de llegar a considerar la existencia de colusión entre diversos mandos municipales de seguridad pública y el crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Enríquez Martínez solicita se haga un exhorto a las autoridades municipales a realizar acciones que permitan la inmediata depuración de la policía municipal, así como realizar las investigaciones para responsabilizar penalmente a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento de actos delictivos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que en virtud de que los bienes jurídicos tutelados por la seguridad pública como función del Estado son la vida, la integridad y la seguridad jurídica de las personas, aunados a la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece una competencia compartida entre los tres ordenes de gobierno, tal como se transcribe a continuación:Artículo 21. ... ... ... ... ...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

2. Que las tareas de seguridad pública corresponden a las tres instancias del gobierno ---Federación, estados y municipios--- y que debe imperar en ellas un marco de comunicación permanente y de control ordenado de acciones.

3. Que es la Secretaría de Seguridad Pública la dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada que tiene por objeto prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de la política criminal del Poder Ejecutivo federal y que entre otras funciones le corresponde la de participar en la celebración de convenios de colaboración con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Que en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su sección segunda denominada ``De los Consejos Locales y Regionales de Coordinación'', se establece que los consejos locales serán los encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de gobierno.

5. Que los municipios participarán en los consejos estatales y que estos atenderán a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.

6. Que por su parte, en el párrafo primero y su fracción III inciso h) del artículo 115 constitucional establece que los estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, mismo que tendrá a su cargo, entre otras funciones y servicios públicos, el de la seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional mencionado anteriormente; tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:I a II. ...

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a g) ...

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

i) ...

...

...

...

IV. a X. ...

Resultando

1. Que en los últimos años en diferentes regiones del país, como advierte el proponente del punto de acuerdo, la inseguridad se ha hecho patente y que afecta en más de un aspecto la calidad de vida de todos los ciudadanos incluyendo la de aquellos que no han sido víctimas directas.

2. Que la seguridad es un derecho humano fundamental, cuya preservación es condición sin la cual no hay disfrute de todos los demás derechos y garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que para cumplir cabalmente la función de seguridad pública establecida para los ámbitos locales y municipales, cada entidad federativa ha expedido el correspondiente marco legal que atribuye facultades a sus autoridades para actuar en esta importante labor.

4. Que la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de abril de 1998, y que ésta tiene como fines el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública.

5. Que de acuerdo con esta ley, las autoridades competentes en el estado y los municipios alcanzarán estos fines mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y los delitos, así como la reinserción social del delincuente y del infractor.

6. Que el titular del Poder Ejecutivo del estado y los ayuntamientos, de acuerdo a la competencia que para cada uno establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, tendrán entre otras funciones, la de mantener el orden y la tranquilidad pública en el estado; la protección de la integridad física de las personas así como sus bienes; la promoción y coordinación de los programas de prevención de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos, y el establecimiento de los mecanismos de coordinación y colaboración en la investigación y persecución de los delitos y de los delincuentes.

7. Que además de lo anterior, los cuerpos de seguridad pública entre otras obligaciones deberán abstenerse de todo acto de corrupción y de hacer uso de sus atribuciones para lucrar; así como que al obedecer las ordenes de sus superiores jerárquicos en el ejercicio de sus obligaciones y cumplimiento de ellas, siempre y cuando no signifique la comisión de delito; establecidos en las fracciones V y XII del artículo 58 de la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 58. ...I. a IV. ...

V. Desempeñar con honradez, responsabilidad, eficacia y veracidad el servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, así como hacer uso de sus atribuciones para lucrar;

VI. a XI. ...

XII. Obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con todas las obligaciones que tengan a su cargo, siempre y cuando la ejecución de estas o el cumplimiento de aquellas no signifique la comisión de delito;

XIII. a XVIII. ...

8. Que las autoridades encargadas de la función de seguridad pública quedan sujetos a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y otras leyes específicas.

9. Que en virtud de lo anterior, esta comisión considera de relevancia que tanto la autoridad estatal como la municipal en lo que corresponde a su competencia atiendan la problemática detallada con acciones que permitan brindar seguridad a los ciudadanos que habitan ese estado y hacer frente a la ola de violencia que se ha desatado en fecha reciente.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Lic. Eugenio Elorduy Walther, gobernador constitucional del estado de Baja California y al XVIII ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a continuar realizando sus mejores esfuerzos a fin de abatir los índices de criminalidad en el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Lic. Jorge Hank Rhon, presidente municipal de Tijuana, Baja California, a que informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevan a cabo para profesionalizar, capacitar y hacer más efectiva la actuación de la policía municipal.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al XVIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que informe a esta soberanía si ha iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal y, en su caso, en que estado se encuentra, a servidores públicos municipales con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita atentamente que la información solicitada sea remitida a esta soberanía dentro de un término de 30 días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de noviembre de dos mil seis.

Por la Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; María Sofía Castro Romero (rúbrica), secretaria; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), secretario; Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), secretario; Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), secretaria; Armando Barreiro Pérez (rúbrica), secretario; Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretario; Gregorio Barradas Miravete, Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt, María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor Secretario, sírvase dar lectura a la fe de erratas enviada por la Comisión.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Seguridad Pública

Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, inciso e) y 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades del Gobierno de estado de Baja California a realizar acciones para garantizar la seguridad pública en esa entidad, publicado el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria, por este conducto me permito solicitar a usted se publique la siguiente fe de erratas, por razones de corrección y precisión de estilo.

Aunado a lo anterior, pido a usted que por tratarse de un asunto agendado en el orden del día de hoy para su discusión y aprobación, en el momento oportuno se haga la aclaración pertinente a esta honorable Asamblea.

Dice:

Primero a Segundo ...

Tercero.-La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al XVIII ayuntamiento de Tijuana, Baja California para que informe a esta soberanía si ha iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal y, en su caso, en que estado se encuentra, a servidores públicos municipales con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos.

Cuarto.- ...

Debe decir:

Primero a Segundo ...

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al XVIII ayuntamiento de Tijuana, Baja California para que informe a esta soberanía si tienen conocimiento de que se haya iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal y, en su caso, en que estado se encuentra, a servidores públicos municipales con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos.

Cuarto-. ...

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Dip. Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario.

En virtud de que no se ha anotado registro de oradores, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay mayoría por la afirmativa, diputada Vicepresidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

ESTADO DE HIDALGO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Pasando al capítulo de proposiciones, se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Hernández Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el Presupuesto de 2007 se incluyan recursos para concluir la construcción de las carreteras en el estado de Hidalgo.

El diputado Sergio Hernández Hernández:Con su venia, señora Presidenta: México es un país con serios problemas de subdesarrollo, atraso y marginación. En los estados del centro y sur la marginación y estancamiento económico se acentúan, principalmente por la falta de servicios públicos que permitan a las comunidades más pobres subsistir y, por otra parte, derivado de la insuficiente infraestructura carretera que une a las comunidades más apartadas y de difícil acceso, con las principales vías de comunicación.

Actualmente la pobreza de nuestro país se concentra en esas regiones, en las zonas rurales más apartadas y con menores posibilidades de acercamiento con las grandes concentraciones urbanas. Es con estas comunidades con las cuales debemos establecer nuestro mayor compromiso, nuestro mayor trabajo, nuestro mejor esfuerzo.

El estado de Hidalgo es una de las entidades más pobres de México; su índice de marginación es muy alto, ocupando el quinto lugar respecto del resto del país. En mi estado aún existen comunidades aisladas que viven en extrema pobreza, en donde la gente aún muere por la falta de servicios médicos, en donde la gente aún necesita caminar entre cerros y brechas para llegar a un hospital y ser atendido, en donde un alto porcentaje de la población habla su lengua indígena y no tiene oportunidad alguna de acceder a los servicios más elementales para su subsistencia.

En este sentido, es importante comentarles que los caminos rurales y las brechas constituyen la mayor parte de la infraestructura carretera en la entidad, en donde sólo el 30 por ciento de ésta se encuentra cubierta de asfalto, dejando descubiertas las zonas con mayor índice de marginación. Dicho fenómeno ha sido un factor determinante para el atraso de las comunidades que se encuentran en la sierra del estado, en donde el ejemplo de marginación extrema lo constituyen los municipios de Juárez Hidalgo y Tlahuiltepa, en los cuales más del 70 por ciento de la población mayor de 15 años no concluyó la primaria, el 80 por ciento de ésta no tiene acceso a energía eléctrica y el 75 por ciento aún vive en casas con pisos de tierra. Es por esto que, paradójicamente a lo anterior, mi estado tiene una posición geográfica estratégica a nivel nacional que derivada de su excelente ubicación, constituye en un vínculo obligado entre el sur y el norte del país, al ser un paso forzoso para el traslado de mercancías y personas a los principales puertos marítimos del Golfo y del Pacífico. Sin embargo, encontramos que toda comunicación terrestre en la entidad implica necesariamente el paso por la capital del estado, obligando a los transportistas a hacer recorridos innecesarios ocasionándoles pérdidas económicas y el tiempo valioso para la entrega de sus mercancías.

Ejemplo de lo anterior es la falta de conexión entre el Valle del Mezquital con la huasteca hidalguense, misma que puede solucionarse con la construcción de una carretera que va del municipio de Actopan al de Atotonilco, ahorrando más de dos horas de recorrido. La construcción de caminos en estas regiones debe ser considerada como prioritaria para su desarrollo, ya que traería consigo diversos beneficios, permitiendo una efectiva comunicación con otros centros poblacionales, el fomento al turismo y al empleo, deteniendo los altos índices de migración y finalmente integrando a las comunidades rurales con los servicios públicos que debe proporcionar el estado. Tal es la importancia de dichos proyectos, y ambos fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

En el caso de la carretera de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa, solamente fueron aprobados 27 millones de pesos, suficientes para la construcción de sólo seis kilómetros con respecto a los 40 que abarca la totalidad de la obra. En relación con la construcción de la carretera de Actopan a Atotonilco, los 160 millones de pesos que fueron incluidos en dicho Presupuesto fueron cancelados debido a la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en diciembre de 2004, eliminando con esto un proyecto indispensable para el desarrollo de la entidad y del país, que permitiría la conexión estratégica de los estados del centro con el puerto de Tampico.

Es importante hacer mención que ambos proyectos cumplen con los criterios para la asignación de recursos, al atender a las comunidades más necesitadas y con mayor grado de marginación, y al mismo tiempo garantizar el costo-beneficio de la obra, por tratarse de proyectos estratégicos que permitirán el desarrollo de comunidades.

Diputadas y diputados: la apertura de nuevos caminos es un factor esencial para el desarrollo económico y de cohesión territorial, que permita a la población local mejorar permanentemente sus condiciones de vida y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo, por lo que fortalecer y modernizar nuestras vías de comunicación deberá ser una prioridad estratégica que nos permita luchar contra la pobreza y transformar así los medios de existencia de las poblaciones rurales. Como legisladores, debemos impulsar puntos de acuerdo que ayuden a sacar adelante a las comunidades más atrasadas; por eso

Único. Solicito al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos para concluir la carretera que va del municipio de Juárez Hidalgo al de Tlahuiltepa, así como para la construcción de la carretera del municipio de Actopan a Atotonilco, en el estado de Hidalgo.

Es importante destacar que este punto de acuerdo cuenta con el respaldo de todos los diputados federales de las diferentes fracciones parlamentarias del estado de Hidalgo.

Debido a las modificaciones que he hecho a este documento, pido que sean publicadas en el Diario de los Debates.

Y finalmente, no podría concluir sin decirles lo siguiente: hace un momento un diputado expresaba aquí que debemos ver el rostro humano de la globalización. Yo les diría que también debemos ver el rostro humano de la política. Todos cuando fuimos en campaña pedimos a la gente que nos ayudara y prometimos que ayudaríamos. Ojalá seamos congruentes y hagamos más por los que menos tienen. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para concluir la construcción de carreteras en diversos municipios de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo para solicitar que el Ejecutivo federal asigne en el Presupuesto de Egresos 2007, recursos suficientes para la construcción de las carreteras que van de los municipios de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa y de Actopan a Atotonilco, en el estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es aún un país con serios problemas de subdesarrollo, atraso y marginación. En los estados del centro y sur, la marginación y estancamiento económico se acentúan, principalmente, por la falta de servicios públicos que permitan a las comunidades más pobres subsistir y, por otra parte, derivado de la insuficiente infraestructura carretera que una a las comunidades más apartadas y de difícil acceso, con las principales vías de comunicación.

Actualmente, la pobreza del país se concentra en estas regiones, en las zonas rurales más apartadas y con menores posibilidades de acercamiento con las grandes concentraciones urbanas. Es, con éstas comunidades, con quienes debemos establecer el mayor compromiso, el mayor trabajo, el mejor esfuerzo.

El estado de Hidalgo es una de las entidades más pobres de México. Su índice de marginación es muy alto, ocupando el quinto lugar respecto el resto del país. En el estado aún existen comunidades aisladas que viven en extrema pobreza, en donde la gente aún muere por la falta de servicios médicos, en donde la gente aún necesita caminar entre cerros y brechas para llegar a un hospital y ser atendidos, en donde la gente aún habla únicamente sus lenguas ancestrales y no tiene oportunidad alguna de acceder a los servicios más elementales para su subsistencia.

En éste sentido, es importante comentarles que los caminos rurales y las brechas constituyen la mayor parte de la infraestructura carretera de la entidad. Tan sólo el 30 por ciento de ésta, se encuentra cubierta de asfalto, dejando descubiertas las zonas con mayor índice de marginación. Es de interés señalar que gran parte de los recursos que llegan al estado de Hidalgo destinados a dicha infraestructura, son invertidos en la parte centro-sur de la entidad, produciendo la falta de desarrollo y la desintegración de las zonas más pobres y marginadas del estado.

Dicho fenómeno ha sido un factor determinante para el atraso de las comunidades que se encuentran en la sierra del estado, en donde el ejemplo de marginación extrema, lo constituyen los municipios de Juárez Hidalgo y Tlahuiltepa, en los cuales más del 70 por ciento de la población mayor de 15 años no concluyó la primaria, el 80 por ciento de ésta no tiene acceso a energía eléctrica, el 75 por ciento aún vive en casas con piso de tierra, sin escusados, y el 85 por ciento de la población ocupada subsiste con menos de dos salarios mínimos.

En tal sentido, concluir la construcción de una carretera que vaya desde el municipio de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa, beneficiará directamente a 24 comunidades rurales, permitiendo que un gran número de personas tengan acceso a servicios básicos, como salud, educación, electricidad, agua potable y mayores oportunidades de empleo.

Paradójicamente a lo anterior, el estado de Hidalgo tiene una posición geográfica estratégica a nivel nacional que, derivado de su excelente ubicación, se constituye en un vínculo obligado entre el sur y el norte del país, al ser un paso forzoso para el traslado de mercancías y personas, a los principales puertos marítimos del Golfo y del Pacífico.

Sin embargo, encontramos que toda comunicación terrestre en la entidad, implica, necesariamente, el paso por la capital del estado, obligando a los transportistas a hacer recorridos innecesarios, ocasionándoles pérdidas económicas y de tiempo valioso para la entrega de sus mercancías.

Ejemplo de lo anterior, es la falta de conexión que existe entre el Valle del Mezquital con la Huasteca hidalguense, misma que puede solucionarse con la construcción de una carretera que va del municipio de Actopan al de Atotonilco El Grande, ahorrando más de dos horas de recorrido y el paso obligado por al menos en 4 municipios de la entidad.

La construcción de caminos en estas regiones debe ser considerada como prioritaria para su desarrollo, ya que traería consigo diversos beneficios, permitiendo una efectiva comunicación con otros centros poblacionales, el fomento al turismo, deteniendo los altos índices de migración y, finalmente, integrando a las comunidades rurales con los servicios públicos que debe proporcionar el Estado.

Tal es la importancia de dichos proyectos, que ambos fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005; sin embargo, en el caso de la carretera de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa, solamente fueron aprobados 27 millones de pesos, suficientes para la construcción de 6 kilómetros, con respecto a los 40 kilómetros que abarcan la totalidad de la obra.

En relación a la construcción de la carretera de Actopan a Atotonilco El Grande, los 160 millones de pesos que fueron incluidos en dicho presupuesto, fueron cancelados derivado de la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en diciembre de 2004, eliminando con esto un proyecto indispensable para el desarrollo de la entidad, que permitirá la conexión estratégica de los estados del centro del país con el puerto de Tampico.

Es importante hacer mención que ambos proyectos cumplen con los criterios para la asignación de recursos, al atender a las comunidades más necesitadas y con mayor grado de marginación y, al mismo tiempo, garantizar el costo beneficio de la obra, por tratarse de proyectos estratégicos que permitirán el desarrollo de diversas comunidades, facilitando así los intercambios comerciales y, beneficiando directamente a los habitantes de las zonas más marginadas de la entidad.

La apertura de nuevos caminos es un factor esencial para el desarrollo económico y la cohesión territorial, que le permita a la población local mejorar permanentemente sus condiciones de vida y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo, por lo que, fortalecer y modernizar nuestras vías de comunicación, deberá ser una prioridad estratégica que nos permita luchar contra la pobreza y transformar así los medios de existencia de las poblaciones rurales.

Como legisladores, debemos impulsar las actividades productivas regionales que permitan generar condiciones de igualdad en la población más desfavorecida e incorporar al crecimiento económico a las zonas marginadas.

Por lo anterior, es urgente que la asignación de recursos para la construcción de carreteras atienda, en gran medida, al grado de marginación de las zonas más pobres del país, garantizando así una aplicación eficiente y equitativa de los recursos públicos.

Recordemos que debemos luchar por combatir las necesidades de los más pobres, de los más desprotegidos.

En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar al Ejecutivo federal, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, la asignación de recursos para concluir la carretera que va del municipio de Juárez Hidalgo al de Tlahuiltepa, así como para la construcción de la carretera del municipio de Actopan a Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo.

Diputados: Sergio Hernández Hernández, Joel Guerrero Juárez, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Miguel Ángel Peña Sánchez, José Edmundo Ramírez Martínez, María Oralia Vega Ortiz, Gerardo Sosa Castelán, Isidro Pedraza Chávez, (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Hernández Hernández. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Por acuerdo de los proponentes, el punto de acuerdo que estaba agendado en el lugar 28 pasa al dos y el dos pasa al lugar 28.

ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la tribuna el diputado Adrián Pedrozo Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las procuradurías de Justicia del Estado de México y General de la República investiguen la violencia porril del Colegio de Bachilleres del plantel Naucalpan.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo:Con su permiso, diputada Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGJEM y de la PGR a investigar y sancionar a los responsables de la violencia porril efectuada a las puertas del CCH, plantel Naucalpan.

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El pasado 26 de octubre, a unos metros de las puertas del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se produjeron hechos vandálicos de tipo porriles, en los que resultó con heridas de gravedad, que causaron su muerte, el alumno del plantel David Hernández Lorenzo, así como otros jóvenes resultaron con lesiones de consideración.

2. Autoridades Universitarias han intervenido directamente desde la noche de los hechos, presentando oportuna denuncia, de la cual se deriva una averiguación previa radicada en la Procuraduría General de la República, así como la investigación abierta por parte del Ministerio Público con folio LVHT/III/684/2006 del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, han solicitado a las autoridades del estado de México, que agilicen sus investigaciones y resuelvan a la brevedad posible.

3. Esa misma noche, funcionarios de la Dirección General de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del plantel Naucalpan, junto con profesores y trabajadores, intervinieron directamente para que los estudiantes se resguardaran en las instalaciones de la escuela, así como en la atención directa para el traslado de los heridos al hospital.

4. El 30 de octubre, autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Dirección General, del plantel Naucalpan y del estado de México sostuvieron una reunión de trabajo para que el gobierno del estado brinde las condiciones de seguridad que se requieren para el buen funcionamiento de la unidad académica y para la tranquilidad de la comunidad estudiantil y la de sus familias

Considerando

La situación de inseguridad en que se encuentra el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y el no esclarecimiento de quienes fueron responsables de estos actos violentos, así como que no haya ningún detenido, generan incertidumbre en la comunidad estudiantil y también en los vecinos de la zona.

En virtud de lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. Que la honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de división de poderes y la soberanía de los estados, exhorte al procurador de Justicia del Estado de México y al procurador general de la República a agilizar sus investigaciones, respectivamente, y a concluir con la mayor brevedad esta averiguación y castigar a los responsables tanto materiales como intelectuales de esos hechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputados: Adrián Pedrozo Castillo, Pablo Trejo Pérez, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Andrés Lozano Lozano, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Tomás del Toro del Villar, Alejandro Sánchez Camacho, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, José Luis Varela Lagunes, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Luis Aguilera Rico, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza , Joaquín Humberto Vela González, Pablo Arreola Ortega, Joel Ayala Almeida, Héctor Hugo Olivares Ventura, Juan Carlos Velasco Pérez, Alfredo Barba Hernández, Patricio Flores Sandoval, Juan José Rodríguez Prats, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Pedrozo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiéndose registrado oradores, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

Por acuerdo de los proponentes, el punto de acuerdo que estaba en el lugar 84 pasa al lugar tres, y el que estaba en el punto tres pasa al lugar 84.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la República atraiga el caso del asesinato de Walter Herrera Ramírez, presidente municipal de Huimanguillo, Tabasco.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señora Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del asesinato de Walter Herrera Ramírez, presidente municipal de Huimanguillo, Tabasco, así como la serie de asesinatos y secuestros ocurridos en la entidad, a fin de que se consigne a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

El suscrito, diputado federal Pedro Landero López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de esta asamblea la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el último semestre, los habitantes de Tabasco hemos sido víctimas de un proceso de intimidación social, hechos que por su naturaleza escapan del comportamiento del ciudadano de nuestra entidad.

Ante la violencia inusitada es evidente la incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia estatal para hacer frente a estos acontecimientos que preocupan a la sociedad.

Ejemplos de la anterior afirmación y de la necesidad de la intervención de la Procuraduría General de la Republica en el estado son los siguientes:

El 15 de enero, individuos atacan la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, con la intención de rescatar a dos detenidos en el municipio de Nacajuca.

El 12 de julio un grupo delictivo asesina a Carlos Mario de la Cruz, mejor conocido como ``El Katty'', en el Hospital General del municipio de Cárdenas.

Asimismo, el 16 de julio un comando armado asalta la Casa de Justicia de Cunduacan con armas de alto poder.

Podemos enumerar múltiples secuestros, como de los empresarios Aquiles Reyes Quiroz en Centla, Salvador Suárez y Emilio Juárez en Villahermosa, y Arturo Romero Rosique en Cárdenas.

Hay que recordar el asesinato del director administrativo del municipio de Nacajuca, David Rivera, el 21 de octubre pasado, quien fue encontrado dentro de una bolsa en el río Jolochero, de la Villa de Tamulté de las Sabanas, con 10 puñaladas en el cuerpo; él participó activamente en el proceso electoral del 15 de octubre.

En la avenida Luis Donaldo Colosio, del municipio del Centro, fue emboscado el subdirector de la Policía Judicial, y el 27 de noviembre en las inmediaciones de la colonia Atasta perecieron tres policías estatales en un enfrentamiento armado, y dos más resultaron heridos de gravedad.

La SIEDO inspeccionó y resguardó hace cinco días el rancho del director de Seguridad Pública de Tabasco; no podemos omitir que hace dos meses trasladó a sus instalaciones al subdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado de Tabasco, en donde permaneció más de tres semanas.

Ayer, en un hecho lamentable e inédito en la vida pública de Tabasco, fue arteramente asesinado a tiros el alcalde de Huimanguillo, Tabasco, Walter Herrera Ramírez.

Compañeros legisladores: la preocupación sobre la violencia en nuestro país no es poca cosa, merece nuestra principal atención, ya que lejos de privilegiar los cauces pacíficos de la legalidad y los medios del diálogo para solucionar nuestras diferencias, estamos haciendo del crimen el común denominador de la forma de hacer política. Esto debe tener un fin, no podemos creer que México ha cambiado y vive una democracia cuando se comenten asesinatos y desapariciones políticas.

Por eso exigimos que este crimen artero se castigue, se busque a los responsables, caiga quien caiga, y que sobre todo se respeten los derechos individuales que nuestra Constitución nos confiere, seamos o no servidores públicos o representantes populares.

Por lo anterior, sometemos a consideración de este honorable Pleno, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Único.La LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del asesinato de Walter Herrera Ramírez, presidente municipal de Huimanguillo, Tabasco, así como la serie de asesinatos y secuestros ocurridos en la entidad, a fin de que se consigne a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Pedro Landero López (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Suárez del Real.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jíménez Valenzuela:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo registro de oradores, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada; comuníquese.

DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para que se instrumente el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.

El diputado David Sánchez Camacho:Con su permiso, señora Presidenta: quien suscribe, diputado federalDavid Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticade la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de constituir el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, con las siguientes consideraciones:

Primera. Sin lugar a dudas los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros todavía pertenecen a un sector de la sociedad que por siglos ha sido discriminado, extorsionado y humillado. Muchos han sido quemados vivos, expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados o, en el peor de los casos, asesinados.

Cientos de adolescentes han decidido quitarse la vida por miedo a ser rechazados por sus amigos, vecinos o incluso sus padres. Por el solo hecho de ser personas no heterosexuales se les ha estigmatizado, calificado de enfermos, depravados, desviados, antinaturales, delincuentes; se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

Es más, se ha permitido que la sociedad, los jerarcas religiosos, los medios de comunicación y los grupos conservadores fomenten la discriminación, el odio y la violencia contra las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual; es decir, se ha permitido fomentar la homofobia.

Segunda. En nuestro país aproximadamente mil personas han sido ejecutadas por homofobia de 1995 a 2003, sin contar a los ejecutados en los últimos tres años.

En la primera encuesta sobre discriminación en México realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual, se señala que el 36 por ciento son discriminados en el hogar, de los cuales 59 por ciento asegura haber recibido agresiones verbales; el 23 por ciento, indiferencia ante su orientación sexual; 13 por ciento fue corrido de su casa; mientras que el 6 por ciento llegó a recibir agresiones físicas.

Para casi el 70 por ciento de los homosexuales la discriminación en contra de ellos ha aumentado en los últimos cinco años. Por otro lado, 48.4 por ciento de los mexicanos no estaría dispuesto a convivir en su casa con un homosexual.

Tercera. Por lo antes expuesto, se propone que el 17 de mayo de cada año se instituya como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, debido a que fue ese día del año de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la palabra ``homosexualidad'' de la lista de enfermedades mentales, considerando que la orientación sexual por sí misma, no debe ser considerada como un trastorno.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud, a través de Sensida, implementó en el mes de marzo del 2005 una campaña temporal contra la homofobia en 14 ciudades de México, con la finalidad de erradicar la discriminación por orientación sexual.

Cuarta. Porque el objetivo de instituir ese día nos remitirá a la reflexión y a la articulación de acciones de lucha contra todos los tipos de violencia ligadas a la orientación sexual o a la identidad de género, además de contribuir a la igualdad de derechos de todas las personas y sumarnos al concierto internacional de los más de 30 países que a través de la sociedad civil celebran ese día.

Compañeras y compañeros diputados, si con el solo hecho de aprobar este punto de acuerdo cada uno de nosotros que conformamos esta Asamblea puede contribuir a salvarle la vida a una sola persona, con orientación sexual distinta a la heterosexual a manos de asesinos homófobos, o bien, influir hasta gritar que algún joven homosexual desista de quitarse la vida, bien vale la pena que este punto de acuerdo sea aprobado.

En virtud de lo anterior y por considerarse de urgente u obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se instituya el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos, federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que, en uso de sus atribuciones, adopten las medidas conducentes para promocionar el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado federal David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo, a fin de constituir el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. Sin lugar a dudas los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, todavía pertenecemos a un sector de la sociedad que por siglos hemos sido discriminados, extorsionados y humillados, muchos han sido quemados vivos, expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados o en el peor de los casos asesinados, cientos de adolescentes han decidido quitarse la vida por miedo a ser rechazados por sus amigos, vecinos o incluso sus padres. Por el sólo hecho de ser personas no heterosexuales, se nos ha estigmatizado, se nos ha calificado de enfermos, depravados, desviados, antinaturales, delincuentes; se nos ha condenado a ocultar nuestros sentimientos y a vivir en la clandestinidad. Es más, se ha permitido que la sociedad, los jerarcas religiosos, los medios de comunicación y los grupos conservadores fomenten el odio y la violencia contra las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual, es decir se ha permitido fomentar la homofobia.

Segundo. La homofobia es entendida como el odio ``...a los disidentes sexuales, a los que se alejan del orden sexual impuesto, a quienes eligen ser, o se descubren diferentes, a los que manchan con su apariencia o conducta los emblemas del machismo, a los adolescentes frágiles, a los niños amanerados, a las niñas que juegan con rifles y soldados, a los jóvenes que detestan el poliéster, a los que se visten de seda, a las locas, a las fuertes y llamativas locas que no saben (ni pueden disimular) ni cambiar la voz ni enderezarse a tiempo, a aquellos que Carlos Monsiváis llama los imposibilitados de fingimiento.1

Tercero. En nuestro país aproximadamente mil personas han sido ejecutadas por homofobia de 1995 a 2003 sin contar a los ejecutados en los últimos tres años2. En la Primera encuesta sobre discriminación en México realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación se señalan datos que reflejan el nivel de discriminación contra la población no heterosexual; 48.4 por ciento de los mexicanos no estarían dispuestos a convivir en su casa con un homosexual. Para casi el 70 por ciento de los homosexuales, la discriminación en contra de ellos ha aumentado, en los últimos cinco años.

Cuarto. Por lo antes expuesto, se propone que el 17 de mayo de cada año se instituya como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia; debido a que fue ese día del año de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la palabra ``homosexualidad'' de la lista de enfermedades mentales, ``considerando que la orientación sexual por sí misma no debe ser considerada como un trastorno''.

Quinto. Porque el objetivo de instituir ese día, nos remitirá a la reflexión y la articulación de acciones de lucha contra todos los tipos de violencia ligadas a la orientación sexual o la identidad de género, además de contribuir a la igualdad de derechos de todas las personas.

Compañeras y compañeros diputados, si con el sólo hecho de aprobar este punto de acuerdo, cada uno de nosotros que conformamos esta Asamblea, puede contribuir a salvarle la vida a una sola persona con orientación sexual distinta a la heterosexual a manos de asesinos homófobos, o bien, influir hasta evitar que algún joven homosexual desista de quitarse la vida, bien vale la pena que este punto de acuerdo sea aprobado.

En virtud de lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.

Notas:

1 Bonfil, Carlos, Homofobia y Sociedad., Memoria del Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Orientación Sexual y Expresión Genérica, Ed. Nueva Generación Editores, 1999, pp. 34.

2 www.jornada.unam.mx.- Reportaje ``Crímenes de odio por homofobia.- Señalados para morir''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado David Sánchez Camacho. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Pido a la Secretaría que dé lectura al comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativa a la sesión del 1 de diciembre de 2006

Secretarios de la Mesa Directiva:

Comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo a la sesión del 1 de diciembre de 2006.

1. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra, de acuerdo con lo señalado por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el Presidente de la Mesa Directiva y los miembros de la Junta de Coordinación Política.

2. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se reunió el día de hoy a efecto de expresar las inquietudes con respecto a las medidas de seguridad.

3. Que la Presidencia de la Mesa Directiva ha actuado conforme a derecho en términos de las propias atribuciones que la Ley Orgánica le confiere y que ha compartido con los integrantes de la Junta de Coordinación Política las medidas de seguridad adoptadas para salvaguardar la integridad de cada uno de los legisladores de la LX Legislatura.

Al tenor de las consideraciones anteriores, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adoptó el siguiente

Acuerdo

Primero.Queda claro que el próximo 1o. de diciembre del año en curso, la rendición de protesta constitucional del Presidente electo licenciado Felipe Calderón Hinojosa es un acto del Congreso de la Unión que mandata la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 83 y 87.

Segundo.Que se han girado oficios al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que nombre al representante de la Cámara de Senadores para conformar el Comité de Organización de dicho acto.

Tercero.Que el Pleno de esta soberanía conoció el orden del día para dicha sesión, mismo que fue remitido a la Cámara de Senadores para su conocimiento.

Cuarto.Que esta Conferencia, a través de su Presidente, entablará hoy mismo comunicación con las dependencias federales y locales (PFP, y del DF) a efecto de que se comprometan a disminuir el número de elementos que resguardan los alrededores de este recinto legislativo hasta el 29 de noviembre.

Quinto.Que la Presidencia de la Cámara de Diputados girará instrucciones a la Secretaría General para que hoy mismo se tomen las medidas necesarias a efecto de facilitar el acceso a todos los integrantes de la LX Legislatura, asimismo les hará de su conocimiento los accesos por los cuales podrán ingresar a la Cámara de Diputados.

Sexto.Las sesiones de la próxima semana serán los días martes 28 y miércoles 29 de noviembre, a las 11:00 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de noviembre.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La Comisión de Desarrollo Social ha entregado a esta Presidencia el dictamen relativo al exhorto al Ejecutivo federal para revocar el incremento en el precio de la leche que distribuye Liconsa. Se consulta a la Asamblea si se modifica el orden del día para su discusión de inmediato.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se modifica el orden del día para su discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se modifica el orden del día para su discusión de inmediato.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

LECHE LICONSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se incluye en el orden del día y, en consecuencia, tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Antes de iniciar la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Socialquisiera hacer un comentario breve: hemos estado hablando en nuestra legislatura de la posibilidad de que se llegue a acuerdos importantes por parte de todos los grupos parlamentarios. Hoy podemos decir que no es una posibilidad, que es una realidad. Poniendo como parte fundamental de elementos en la discusión de los dictámenes la seriedad, la profundidad en la discusión y la posibilidad de que los acuerdos que se toman al interior de las comisiones y que sean debidamente respetadas, se ha podido el día de hoy llegar a un acuerdo sustancial importante por unanimidad por parte de la Comisión de Desarrollo Social.

Con su permiso, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las proposiciones con punto de acuerdo, siguientes:

1. La que planteó el diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, ante el Pleno de la Cámara de Diputados con fecha 16 de noviembre de 2006 relacionado con el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa.

2. A su vez, la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó ante el Pleno, con la misma fecha un segundo proyecto, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al consejo de Liconsa, para que suspendan el incremento establecido a la leche del programa Liconsa.

3. Ambas proposiciones se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 16 de noviembre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a las proposiciones mencionadas.

Antecedentes 1. El diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Diputados con fecha 16 de noviembre de 2006, relacionado con el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa.

2. La diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados con fecha 16 de noviembre de 2006, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al consejo de Liconsa, para que suspendan el incremento establecido a la leche del programa Liconsa.

Las proposiciones con punto de acuerdo citadas fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva a esta Comisión de Desarrollo Social el mismo día 16 de noviembre de 2006, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficios número D.G.P.L.60-II-5- 221 y D.G.P.L. 60-II-1-153, respectivamente.

Consideraciones

I. Los integrantes de la comisión dictaminadora, procedieron a analizar cuidadosamente las dos proposiciones con punto de acuerdo que se dictaminan y encontró que ambas tienen el objetivo común de que se suspendan la decisión de incrementar el precio de la leche que distribuye Liconsa entre la población del país.

Por ello, la comisión dictaminadora consideró analizar y dictaminar en un solo instrumento las dos proposiciones con punto de Acuerdo citadas.

II. En la proposición con punto de acuerdo del diputado Jorge Toledo Luis, se manifiesta fundamentalmente lo siguiente:

a) Que el diputado proponente del Grupo Parlamentario del PRI, manifiesta su más enérgico rechazo a la medida de referencia, que atenta en contra de las familias mexicanas más desprotegidas, argumentando que elimina una de las pocas ayudas que reciben los grupos tradicionalmente excluidos de la economía y de la política social formal.

b) Se destaca que Liconsa abastece principalmente a familias rurales y a las urbanas marginales, lo que representa 5.8 millones de personas beneficiadas con la distribución de este producto lácteo. Estas personas se encuentran incluidas en el 42 por ciento de la población del país que viven con menos de dos salarios mínimos al mes y que forman parte de la economía informal.

c) Que en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los que tienen más altos índices de marginación, el incremento representaría a sus pobladores la restricción a sus niños a tener una formación y crecimiento adecuados. Este efecto se extenderá a todo nuestro territorio nacional y afectará a las familias más desamparadas.

d) Que el aumento del 28 por ciento en la leche traerá como consecuencia un índice mayor de desnutrición y severos riesgos en la salud, por los valores nutrimentales que aporta a los consumidores de este importante producto lácteo.

III. La diputada Irma Piñeyro Arias, sustenta su proposición en lo siguiente:

a) Invoca el informe presidencial de 2006, para señalar que la estabilidad económica no se ha reflejado suficientemente en la generación de empleos y fuentes de ingreso para atender, sobre todo, las aspiraciones de nuestros jóvenes.

b) El ritmo de crecimiento de la economía ha sido de alrededor del 1.9 por ciento en promedio anual, de 2001 a 2005, y ese promedio ha tenido también el crecimiento poblacional, por lo que se vive una situación de estancamiento grave. Cita diversos datos indicadores de nuestra economía para destacar el crecimiento de la desocupación abierta, que ha generado un déficit en la generación de empleos de aproximadamente 5 millones de mexicanos, sin abatir la línea de la pobreza.

c) Menciona que el objetivo del programa de leche Liconsa consiste en contribuir a la nutrición y desarrollo de capacidades, garantizando un beneficio en el ingreso de las familias en condiciones de pobreza, proveyéndoles de leche fortificada con vitaminas y minerales a un precio accesible, determinado por el consejo de administración de la paraestatal citada.

d) En este tenor, concluye proponiendo que el Ejecutivo federal y las autoridades de Liconsa revoquen el incremento señalado.

IV. Los integrantes de la comisión dictaminadora comparten plenamente las inquietudes expresadas en las dos proposiciones con punto de acuerdo mencionadas con anterioridad, y consideran que ambas se complementan en el objetivo de proporcionar información clara y contundente que da sustento suficiente a sus propuestas.

Por su parte, la comisión dictaminadora invoca el contenido del documento ``Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al III Informe de México sobre Niñez'', entregado a este órgano legislativo, por medio de la Comisión de Desarrollo Social, el día 13 de noviembre pasado, por el señor Norberto Liwsky, relator para México por parte de del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, que subraya la importancia estratégica del Programa de Abasto de Leche Subsidiada. Ese documento señala, entre otras cosas, que:

``En materia nutricional, Oportunidades otorga complementos alimenticios a menores de 4 años, que cubren el 100 por ciento de sus necesidades de micronutrientes... incidiendo en un incremento de un centímetro en la talla y de 0.5 kg en el peso de niños menores de 6 meses; se presentó una disminución en la prevalencia de talla baja en menores de 24 meses en zonas urbanas, la magnitud del impacto es mayor mientras más joven es el niño al recibir los apoyos del programa; y se registró un mejor nivel de hierro y vitamina A.

De acuerdo a la última evaluación de impacto llevada a cabo en 2006 por el Instituto Nacional de Salud Pública, (1) los niños que consumieron leche Liconsa por dos años tuvieron tres veces menos anemia que los que no la tomaron; (2) una estatura de 2.6 centímetros mayor y una masa muscular de 700 gramos más, y (3) el 62 por ciento de los niños tienen menos deficiencia de hierro.''

Es claro que no pueden ponerse en riesgo los avances alcanzados en esta materia. La salud y el desarrollo de los niños y jóvenes es elemento prioritario del desarrollo integral del país y por ningún motivo pueden afectarse o degradarse los programas que tienen la función de favorecer e impulsar ese desarrollo.

Por todas las razones esgrimidas en las proposiciones con punto de acuerdo que se dictaminan, la comisión dictaminadora considera procedente la propuesta de solicitar al titular del Ejecutivo de la Unión que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al consejo de administración de Liconsa, para que revoquen el incremento al precio de la leche que distribuye la empresa para estatal Liconsa.

Por otra parte, existe el consenso entre los integrantes de la comisión dictaminadora de atender los problemas de costos y financieros de Liconsa, por lo que independientemente del cumplimiento oportuno por parte de la administración pública federal del exhorto de esta soberanía, se considera conveniente y procedente sugerir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones, en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, determine las asignaciones y mecanismos presupuestales para absorber y retribuir a Liconsa el impacto económico que signifique la no aplicación del incremento de precios multicitado.

Es necesario que ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, asuman el compromiso de analizar y adoptar las medidas necesarias para prever las asignaciones y mecanismos presupuestales para garantizar la fortaleza financiera de Liconsa, así como la participación que corresponda a los gobiernos estatales y al del Distrito Federal y, con ello, siga prestando los servicios de industrialización y distribución de leche de calidad a precios accesibles a los sectores más vulnerables y necesitados de nuestra población.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Desarrollo Social, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre poderes para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al consejo de administración de Liconsa a efecto de que, conforme a sus respectivas competencias, revoquen el incremento al precio de la leche que distribuye esa empresa paraestatal, de 3.50 pesos a 4.50 pesos, que entró en vigor el 17 de noviembre de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de noviembre de 2006.---

Por la Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Mario Mendoza Cortés (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón, Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez, Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Martín Oscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Antonio Sánchez Díaz de Rivera (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Jorge Toledo Luis, Verónica Velasco Rodríguez, Claudia G. Caballero Chávez.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

POBREZA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en relación con los estudios y mediciones de la pobreza.

El diputado Víctor Gabriel Varela López:Con su permiso, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre los estudios y las estimaciones de medición de la pobreza

El suscrito diputado federal Víctor Gabriel Varela López integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un órgano público descentralizado con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto evaluar la política de desarrollo social, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Segunda. Que este órgano también es responsable de emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para la definición, identificación y medición de la pobreza.

Tercera. Que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 36 que los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México deben considerar necesariamente los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación, y grado de cohesión social.

Cuarta. Que el proceso de integración del Consejo y la emisión de las normas jurídicas específicas que regulan su funcionamiento fue retrasado inexplicablemente por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, toda vez que la ley estableció un periodo máximo de 180 días naturales para su constitución e instalación contados a partir de la entrada en vigor del decreto, hecho que ocurrió el día 19 de enero de 2004. Pero fue hasta el 24 de agosto de 2005 que se produjo el primer acto jurídico orientado a conformar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la expedición del decreto que regula a este órgano y es hasta febrero de 2006 que se nombran a los seis investigadores académicos que refiere la ley. Es decir más de dos años después de la entrada en vigor de este ordenamiento jurídico.

Quinta. Que incluso, durante este proceso el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal toda vez que el decreto de creación del Consejo invadía la esfera exclusiva de competencia del Poder Legislativo federal al contener disposiciones que modificaban, contradecían o limitaban el texto de la ley, excediendo con ello la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo federal.

Sexta. Que la Cámara de Diputados se desistió de presentar este recurso al lograr el compromiso escrito por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de modificar los artículos 5, fracciones I, VIII, X, XI, XXIV; el párrafo primero del 6 y la fracción I; párrafo tercero del 8; primer párrafo del 10; fracción I y de suprimir las fracciones VIII y IX del 11, y la fracción I del 12 del decreto que por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicado el 24 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho acuerdo no fue cumplido por parte del Ejecutivo federal y el decreto aludido nunca fue modificado a pesar del reconocimiento explícito de que dicha norma transgredía la ley.

Séptima. Que esto permitió que el Ejecutivo federal implementara mecanismos discrecionales de evaluación y de medición de la pobreza, para utilizarlos como instrumentos de propaganda política.

Octava. Que para nuestro grupo parlamentario, la consolidación de este órgano es un paso fundamental para la transparencia y la evaluación objetiva e imparcial del impacto cualitativo que tienen las políticas públicas de desarrollo social sobre la población.

Novena. Que hasta la fecha el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no ha cumplido con sus obligaciones legales referidas a la evaluación y a la medición de la pobreza. Hasta ahora no han expedido ninguno de los documentos normativos que les mandata la ley y han permitido que continúe la autoevaluación y la autocomplacencia en cuanto al reto de la disminución de la pobreza.

Décima. Que nos resulta preocupante que el único documento emitido por el Consejo sea un boletín de prensa difundido el 1 de octubre del presente año donde con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2005, refieren algunos datos en relación con la evolución de la pobreza en México con base en una metodología distinta a la que expresamente señala la Ley General de Desarrollo Social.

Décima Primera. Que este hecho en sí mismo constituye una transgresión al objeto y mandato legal del Consejo, toda vez que su función en relación a la medición de la pobreza es emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, con base en los indicadores establecidos en el artículo 36 de la ley, no es otorgarle insumos al gobierno para hacer campañas publicitarias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión emite un atento llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que se conduzca con apego a la Ley General de Desarrollo Social en la elaboración de los estudios y estimaciones relacionadas a la medición de la pobreza.

Segundo.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que emita a la brevedad los documentos normativos referidos a las evaluación y medición de la pobreza que manda la Ley General de Desarrollo Social y presente a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Consejo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno federal crear un fideicomiso que permita la acreditación del municipio de Cuetzalan, en Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

El diputado Francisco Antonio Fraile García:Gracias, señor Presidente: éste es un asunto de pueblos indígenas, de un pueblo indígena enclavado en la sierra norte de Puebla, que tiene una belleza excepcional, y el pasado 27 de septiembre la UNESCO aceptó la inscripción del municipio de Cuetzalan del Progreso, del estado de Puebla, así como su entorno histórico, cultural y natural en la lista indicativa mexicana.

De acuerdo al procedimiento estipulado por la Convención del Patrimonio Mundial y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la inscripción de un bien en la lista indicativa nacional representa el primer paso para que la UNESCO acredite a la ciudad de Cuetzalan y su entorno histórico, cultural y natural como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

La inscripción del municipio de Cuetzalan del Progreso en la lista indicativa mexicana está precedida por la convocatoria que para tal efecto hizo la Fundación Humboldt para el Desarrollo Social y de la Biodiversidad, en la colaboración con el honorable ayuntamiento constitucional de dicho municipio, así como del gobierno del estado de Puebla, a través de las secretarías de Gobernación, de Turismo, de Cultura, de Ecología y Medio Ambiente, de Desarrollo Social, y de Desarrollo Rural; el Centro Regional del INAH, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Zacapoaxtla; de Conaculta, Culturas Populares e Indígenas, Unidad Regional Puebla; y de la Semarnat, delegación Puebla, también.

Cada una de estas instituciones, en su momento, aportó sus puntos de vista para integrar el expediente que da cuenta del valor universal excepcional de Cuetzalan, que acompañó a la solicitud del 29 de septiembre del 2005 y su ratificación el 11 de septiembre del año en curso.

La iniciativa conlleva el propósito de un desarrollo integral mediante el equilibrio de variables de sustentabilidad. Los indicadores de tales variables apuntan al rescate y preservación de los valores propios de la comunidad, a la generación de empleos e impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin que pierda esta región sus recursos naturales y sin que pierda sus tradiciones y cultura. El propósito es sentar las bases para un desarrollo integral que redunde en beneficio para Cuetzalan y para toda la región, contribuyendo con ello a la superación del rezago social en una región de alta marginalidad.

Insertar a Cuetzalan como destino turístico enfocado a las ciudades patrimonio propiciará una rápida generación de recursos vía turismo y la restauración para su aprovechamiento integral del medio ambiente.

Por estas razones, entre otras, me permito poner a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que la Honorable Cámara de diputados exhorte al gobierno federal para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cree un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, del estado de Puebla, como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Por razones de que se trata de los pueblos indígenas, y en especial éste, que tiene una belleza excepcional, me gustaría, señor Presidente, dado que este punto de acuerdo lleva esperando cerca de dos meses, que pueda ponerse de urgente u obvia resolución, y creo que podemos ponernos de acuerdo todos por los indígenas. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a crear un fideicomiso de administración que permita la acreditación de Cuetzalan, Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones.

Nuestro patrimonio cultural y natural son fuentes insustituibles de vida e inspiración; son nuestra piedra de toque, nuestros puntos de referencia, nuestra identidad.

Los sitios de patrimonio mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en que estén localizados, de ahí que todas las acciones que desarrollemos para rescatar y preservar nuestro patrimonio cultural y natural habrán de traducirse en la mejor heredad a los tiempos y generaciones por venir.

Esta es una de las tareas sustantivas de todo gobierno y una de las misiones fundamentales del Poder Legislativo. Esta es la materia del punto de acuerdo que hoy presento a ésta soberanía.

El 27 de septiembre próximo pasado la UNESCO aceptó la inscripción de Cuetzalan y su entorno histórico, cultural y natural, en la lista indicativa mexicana.

De acuerdo con el procedimiento estipulado por la Convención del Patrimonio Mundial y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la inscripción de un bien en la lista indicativa nacional representa el primer paso para aspirar a formar parte de la lista de patrimonio mundial; de ahí que para que un sitio sea acreditado patrimonio de la humanidad se requiera satisfacer múltiples requisitos.

Esta primera resolución representa, luego entonces, el principio de un largo proceso de cuya solventación dependerá que en un corto o mediano plazo la UNESCO acredite a la ciudad de Cuetzalan y su entorno histórico, cultural y natural como un sitio de valor universal excepcional.

La inscripción de Cuetzalan y su entorno histórico cultural y natural, en la lista indicativa mexicana está precedida de la convocatoria que para tal efecto hizo la Fundación Humbert para el Desarrollo Social y de la Biodiversidad, y la concurrencia del honorable ayuntamiento constitucional de Cuetzalan del Progreso, del gobierno del estado, a través de las secretarías de Gobernación, de Turismo, de Cultura, de Ecología y Medio Ambiente, de Desarrollo Social, y de Desarrollo Rural; del Centro Regional INAH; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CCDI Zacapoaxtla; del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Culturas Populares e Indígenas, Unidad Regional Puebla, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, delegación Puebla.

Cada una de estas instituciones, en su momento, aportó sus puntos de vista para integrar el expediente que da cuenta del valor universal excepcional de Cuetzalan y que acompañó la solicitud del 29 de septiembre de 2005 y su ratificación del 11 de septiembre del año en curso.

La iniciativa conlleva el propósito de un desarrollo integral mediante el equilibrio de variables de sustentabilidad.

Los indicadores de tales variables apuntan al rescate y preservación de los valores propios de la comunidad; a la generación de empleos e impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas; a la integración de constructos culturales reales, patrimonio de Cuetzalan, de Puebla y de México, y a la restauración de ecosistemas en peligro de extinción, todo ello para beneficiar a una población preponderantemente de origen náhuatl.

El propósito es sentar las bases para un desarrollo integral que redunde en beneficios para Cuetzalan y para toda la región; contribuir a la superación del rezago social en una región de alta marginalidad, insertando a Cuetzalan como destino turístico, enfocado a las ciudades patrimonio; contribuir a la preservación del patrimonio de México y su valor universal, propiciando con ello la generación de recursos vía turismo; y restaurar, para su aprovechamiento integral, el medio ambiente.

El éxito del proyecto depende en mucho, dentro de otros aspectos, de la aplicación puntual de las disposiciones legales vigentes aplicables en materia de patrimonio, de la elaboración y ejecución de un proyecto ejecutivo integrador, dar sistematicidad a la inversión pública y categorización de las políticas públicas en torno al proyecto integrador, pero sobre todo, de la voluntad política de los tres niveles de gobierno para persuadir, con hechos, a la UNESCO de que Cuetzalan cuenta con atributos esenciales para ser patrimonio de la humanidad.

Las acciones realizadas hasta ahora, el interés mostrado por las autoridades competentes y la inscripción en la lista indicativa mexicana, según resolución de la UNESCO, permiten advertir que el proyecto se conduce a buen puerto; sin embargo, cabe señalar que el transcurso del tiempo la acción nociva del hombre y la incuria han propiciado que, desde las últimas décadas del siglo pasado, las bondades y atributos de Cuetzalan hayan sido violentados, atentando contra su invaluable acervo cultural y su rica diversidad ecológica.

El propósito de lograr que la UNESCO acredite a la ciudad de Cuetzalan y su entorno histórico, cultural y natural como patrimonio mundial, incorporándola como la segunda ciudad acreditada del estado de Puebla y la décima de la República Mexicana, obliga a solventar a corto, mediano y largo plazos, gobierno y sociedad civil organizada, el cúmulo de elementos deficitarios que derivan de un diagnóstico somero.

Para ello, es necesario conformar un fideicomiso de administración que cuente con órganos de gobierno que hagan posible la participación clara y transparente de las instituciones y patrocinadores del proyecto. Desde esta figura legal-económica se podrá diseñar un proyecto integrador que permita concentrar, coordinar y desarrollar todos los esfuerzos humanos y materiales que conviertan a Cuetzalan en un verdadero polo de desarrollo regional, dada su posición geográfica, su vocación turística y el conjunto de valores que conjuga.

El presente punto de acuerdo, tiene la intención de posibilitar la creación de un fideicomiso de administración que cuente con órganos de gobierno que permitan la participación clara y transparente de los patrocinadores del proyecto ``Salvemos a Cuetzalan, patrimonio de la humanidad'', donde el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Turismo, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, funja como fiduciaria y garantice el desarrollo de los programas y acciones tendentes a crear las condiciones para que en un corto o mediano plazo se logre la acreditación de Cuetzalan como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, privilegiando la participación ciudadana. Con ésta figura económico-legal quedarán abiertas las puertas para que todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que deseen participar, lo hagan con la certidumbre de que se privilegia la participación ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Que la honorable Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal a crear, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, del estado de Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2006.--- Diputado Francisco A. Fraile García (rubrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fraile. Esta Presidencia ha recibido la adhesión del diputado Alfonso Suárez del Real para que se tome nota en la Secretaría de que también suscribe este punto de acuerdo y, como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente u obvia resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso otorgado a Minera San Xavier, en San Luis Potosí...

Permítame diputado Barreiro. Sonido a la curul del diputado Beltrán.

El diputado Israel Beltrán Montes(desde la curul): Rectificación del quórum, señor Presidente; sea tan amable en hacer la verificación del quórum correspondiente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para esta Presidencia es evidente que sí hay quórum, señor diputado. Continúe, diputado Armando Barreiro.

El diputado Armando Barreiro Pérez:El que suscribe, diputado Armando Barreiro Pérez, integrante del grupo parlamentario del PRD en esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossomete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones.

A lo largo de los últimos tres años hemos presenciado la valiente lucha que libran los pobladores y ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, en contra de una minera de capital canadiense y estadounidense perteneciente al consorcio Metálica Resources, que en San Luis Potosí está registrada bajo la denominación de Minera San Xavier.

Integrados en el Frente Amplio Opositor los habitantes de Cerro de San Pedro han luchado por la preservación del patrimonio histórico, cultural, natural y ecológico de las potosinas y potosinos y, sobre todo, para evitar el riesgo por severos daños a la salud de los miles de habitantes de ese municipio y de la propia capital potosina.

El fondo del asunto es la naturaleza del proyecto minero que pretende explotar la zona mediante dos técnicas combinadas que son completamente depredadoras, tajo a cielo abierto y lixiviación. La lixiviación es un procedimiento que consiste en la aplicación de una solución de cianuro de sodio, que es sumamente tóxico y se emplea para la recuperación de oro y plata, de minerales, a través del uso de soluciones acuosas a las que se aplica tal sustancia tóxica. En el mismo estado existen este tipo de explotaciones donde se ha registrado alta contaminación de plomo y cianuro en la sangre de los niños. El tajo es una excavación a suelo abierto para obtener mineral, para lo que se tendrán que emplear 25 toneladas de explosivos diariamente.

Esa explotación carece de permisos para operar, en virtud de que la Asociación Pro San Luis Ecológico, mediante la instauración de un juicio de nulidad, logró anular el permiso de uso de suelo otorgado en 1999 por el Instituto Nacional de Ecología a la transnacional Minera San Javier. La sentencia fue emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa el 5 de octubre del 2005. La inatacable sentencia que implica la anulación total e irreversible del permiso se dio con base en que dicho permiso era totalmente violatorio al decreto estatal del 24 de septiembre de 1993, que define que Cerro San Pedro es una zona de preservación de la vida silvestre, con una política de restauración; que deberá aplicarse durante 20 años la protección del manto acuífero y que además violaba la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Sin embargo, la Semarnat emitió el 10 de abril del 2006 un supuesto nuevo permiso, que resulta ilegal y desacata la sentencia del 5 de octubre de 2005, que ordenó la nulidad de cualquier actividad de Minera San Javier en Cerro de San Pedro. A pesar de ello, la empresa Minera San Javier ha iniciado desde hace tres semanas las detonaciones, con las consecuentes afectaciones que esto implica, ante la pasividad del Ejército y de las autoridades federales y estatales, propiciando una mayor movilización y resistencia de los potosinos en defensa de su patrimonio histórico.

Ante el embate de la minera, en contubernio con la autoridad ambiental, el Frente Amplio Opositor organizó una consulta, de la cual resultó que más de 19 mil 608 ciudadanos se manifestaron, más del 97 por ciento en contra de esta actividad. Los resultados serán entregados en este momento a esta soberanía. Ya se han entregado al gobernador del estado Marcelo de los Santos Fraga.

Por todo lo anterior me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso, otorgado el 10 de abril pasado, a la Minera San Javier, toda vez que ha sido evidente --no sólo para los diversos tribunales, sino también para la sociedad-- la naturaleza altamente contaminante y contra la salud, que significa esta explotación.

Segundo. Por otra parte, exhortamos respetuosamente a las autoridades federales y estatales involucradas en esta explotación a que consideren los resultados de la consulta organizada el pasado 22 y 23 de octubre, por el Frente Amplio Opositor. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a reconsiderar el permiso otorgado a Minera San Xavier en San Luis Potosí el pasado 10 de abril, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Armando Barreiro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

A lo largo de los tres últimos años hemos presenciado la valiente lucha que libran los pobladores y ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en contra de una minera de capital canadiense y estadounidense perteneciente al consorcio Metallica Resources, que en San Luis Potosí está registrada bajo la denominación de Minera San Xavier (MSX). Integrados en el Frente Amplio Opositor (FAO) los habitantes de Cerro de San Pedro han luchado por la preservación del patrimonio histórico, cultural natural y ecológico de los potosinos y, sobre todo, evitar el riesgo de que se presenten severos daños a la salud de los miles de habitantes de ese municipio y de la propia capital potosina.

El fondo del asunto es la naturaleza del proyecto minero que pretende explotar la zona mediante dos técnicas combinadas que son completamente depredadoras: tajo a cielo abierto y lixiviación.

La lixiviación es un procedimiento que consiste en la aplicación de una solución de cianuro de sodio, que es sumamente tóxico, y que se emplea para la recuperación de oro y plata de minerales a través del uso de soluciones acuosas a las que se aplica tal sustancia tóxica. En el mismo estado existen este tipo de explotaciones donde se ha registrado alta contaminación de plomo y cianuro en la sangre de los niños. El tajo es una excavación a cielo abierto para obtener mineral, para lo que se tendrán que emplear 25 toneladas de explosivos diariamente.

Esta explotación carece de permisos para operar en virtud de que Pro San Luis Ecológico, mediante la instauración de un juicio de nulidad, logró anular el permiso de uso de suelo otorgado en 1999 por el Instituto Nacional de Ecología a la trasnacional Minera San Xavier, la sentencia fue emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa el 5 de octubre del 2005. La inatacable sentencia, que implica la anulación total e irreversible del permiso se dio con base en que dicho permiso era totalmente violatorio al decreto estatal del 24 septiembre de 1993 que define que Cerro de San Pedro es una zona de preservación de la vida silvestre, con una política de restauración que deberá implementarse durante 20 años, protección del manto acuífero, así como violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el 10 de abril del 2006 un supuesto nuevo permiso que resulta ilegal y desacata la sentencia del 5 de octubre del 2005 que ordenó la nulidad de cualquier actividad de MSX en Cerro de San Pedro. Resulta extraño que se justifique que éste se dio con base en un nuevo estudio, cuando el que había realizado llevó a múltiples conclusiones y posibilitó que se emitieran diversas resoluciones.

A pesar de que la Minera San Xavier carece de los permisos y que diversos tribunales han fallado en contra de la explotación de esta minera, llama la atención que altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente insistan en otorgar un permiso que ya fue anulado. Parece que es necesario recordarles que pueden ser indiciados judicialmente pues de conformidad con el artículo 181 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se establece con claridad que en caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta ley, serán nulas y no producirán efecto alguno; asimismo, los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la ley en la materia.

Ante el embate de la minera, en contubernio con la autoridad ambiental, el Frente Amplio Opositor se dio a la tarea de organizar una consulta entre la población para saber su opinión sobre la explotación minera. Esta consulta se sustenta en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, que define con claridad que este tipo de actos, que derivan en autorizaciones en el rubro federal, estatal y municipal deberán ser sometidos a consulta; asimismo, se basa en el artículo 34 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece la obligación de la autoridad de someter a una consulta pública la opinión de la sociedad que sería afectada con la autorización de la manifestación de impacto ambiental.

Los resultados de esta consulta han rebasado la meta de los 15 mil participantes, con una tendencia casi del 97 por ciento contra la Minera San Xavier. Todavía el FAO procesa la información de decenas de casillas instaladas con el propósito de presentar un informe muy completo, que incluye los planteamientos de quienes defendieron a MSX ante la abrumadora mayoría ciudadana que la repudia. Los resultados serán entregados a esta soberanía y al gobernador del estado Marcelo de los Santos Fraga.

Por todo lo anterior, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso otorgado el 10 de abril pasado a la Minera San Xavier toda vez que ha sido evidente no sólo para los diversos tribunales sino también para la sociedad, la naturaleza altamente contaminante y contra la salud que significa esta explotación.

Segundo. Por otra parte, exhortamos respetuosamente a las autoridades federales y estatales involucradas en esta explotación a que consideren los resultados de la consulta organizada el pasado 22 y 23 de octubre pasado por el Frente Amplio Opositor.

Palacio de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2006.--- Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica).»

«La Coordinación de la Consulta Ciudadana Cerro de San Pedro-MSX publica su informe y los resultados definitivos del evento.

Los integrantes de la coordinación de la Consulta Ciudadana, dan a conocer al público y dependencias oficiales interesadas, este informe de actividades y resultados de la encuesta ciudadana que se llevó a cabo los días 22 y 23 de octubre de 2006, por medio de la cual, con la participación de la sociedad, se hizo una muestra cívica a fin de pulsar su opinión respecto a la aceptación o rechazo al proyecto de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro.

Lo anterior se manifiesta bajo los siguientes puntos:

a).- Se informó de acuerdo con la convocatoria e invitó en tiempo y forma a participar y en calidad de observadores a: 1.- Consejo Estatal Electoral,

2.- Gobierno del Estado,

3.- Minera San Xavier S.A. de C.V.

b ).- Las actividades logísticas del evento, se iniciaron a mediados del mes de septiembre, y a partir del día 12 de octubre arrancó la campaña de difusión, esta consistió en el reparto de 50 mil volantes tamaño media carta, la pega de 3000 convocatorias tamaño doble carta y 1000 posters tamaño 4 cartas en selección a color. Para complementar se llevó a cabo una rueda de prensa, una inserción pagada (media plana) el sábado 21 de octubre en el periódico Pulso, y algunos espacios de cortesía en dos difusoras locales.

c).- Asimismo, se llevó a cabo el trabajo de infraestructura consistente en la adquisición de urnas, impresión de boletas para votar y en sí, todo el material requerido para el funcionamiento de las casillas, la ubicación de éstas y la capacitación del personal para su atención, calculado éste en un promedio de 200 voluntarios.

d).- El costo total del evento se calcula con notas de gastos en $24.600

e).- Los recursos adquiridos hasta esta fecha por la Comisión de Acopio suman $12.450.

f).- De 68 casillas propuestas, para los dos días, se instalaron 56 fijas repartidas en 4 municipios, más dos itinerantes, una de ellas atendida por ¡ya basta! AC que destacó por haber encuestado 4 mil 644 personas que suman el 24 por ciento de los sufragios, de un total de 19 mil 608, con 109 mil 153 preguntas contestadas en el orden siguiente:

i).- Asimismo se inscribieron 4 mil 121 direcciones electrónicas; esto para nosotros, es un indicativo que denota interés especial de estas personas por el problema, situación que se va a aprovechar con estos correos en la construcción de una red, tendiente a mantener con ellos el intercambio de información y actividades propias del movimiento.

j).- Por otro lado, los resultados se van a mandar a todas las dependencias oficiales involucradas en la problemática, así como a una red a nivel internacional de los países con los que tenemos contacto, que de antemano fueron informados del evento y que a su vez, están librando luchas similares a la nuestra.

Para mayor información al respecto, ver página electrónica:

www.angelfire.com/rebellion2/antimsx

Correos para información extra:

myno@hotmail.com charquillo66@ yahoo.com.mx San Luis Potosí, SLP, a 30 de octubre de 2006.--- Por la coordinación de la Consulta Ciudadana: Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Lic. Carlos Covarrubias Rendón, Ing. Mario Martínez Ramos, James del Tedesco.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barreiro. Como ha sido solicitado...

Bueno, primero quiero señalar que el diputado Diego Cobo y el diputado Sergio Augusto López Ramírez, ambos del Partido Verde Ecologista, se adhieren a esta propuesta presentada por usted.

Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente.

PLAN PUEBLA-PANAMA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui:Con su permiso, diputado Presidente; honorable legislatura: el 12 de septiembre de 2000, el entonces Presidente electo de México, Vicente Fox, durante una gira por los países de Centroamérica, planteó la posibilidad de un plan de desa-rrollo regional desde Puebla hasta Panamá, que cubriera los estados del sur-sureste de México y los siete países del istmo Centroamericano.

El Plan Puebla-Panamá fue propuesto el 30 de noviembre de 2000 a los presidentes de los países centroamericanos y al Primer Ministro de Belice, basándose en una nueva concepción de la planeación regional que busca adecuarse a un nuevo contexto nacional e internacional de democratización, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil organizada en la formulación de políticas públicas.

A principios de octubre, en una conferencia de prensa, junto a Óscar Arias, Presidente de Costa Rica; el Presidente electo, Felipe Calderón, manifestó su interés de replantear el horizonte del Plan Puebla-Panamá y replantear los proyectos de desarrollo regional que unan a México y a Centroamérica.

En un mundo globalizado, donde cada día estamos expuestos a economías agresivas, la necesidad de realizar trabajos conjuntos de beneficios regionales con los países vecinos debe ser una prioridad. El Plan Puebla-Panamá es un ejemplo que debemos continuar y consolidar.

Es importante señalar que son 64 millones los habitantes que integran Mesoamérica: 28 millones en la región sur-sureste en México de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y mi estado, Quintana Roo; 36 millones en Centroamérica, en los países de Guatemala, Costa Rica, Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua y Panamá.

La creación de esta nueva Comisión Especial pretende impulsar y coadyuvar en el sur-sureste de México y Centroamérica un desarrollo integral basado en un crecimiento económico sustentable; que sea a la vez socialmente incluyente, ambientalmente sostenible y territorialmente ordenado.

Dentro de los objetivos del Plan Puebla-Panamá destacan: desarrollo urbano y social de la región; participación de la sociedad civil mexicana en el sur-sureste de la república; cambio estructural en la dinámica económica de la zona; aprovechamiento de vocaciones y ventajas comparativas de la región; promoción de las inversiones productivas; manejo sustentable de los recursos naturales regionales; concertación de planes y estrategias conjuntas con Centroamérica; modernización y fortalecimiento de las instituciones en la región.

Estos objetivos son un primer planteamiento que incluía una cartera de proyectos, compuestos principalmente por infraestructura; sin embargo, el tema más importante del plan es fortalecer los aspectos sociales y ambientales del mismo y, en general, la estrategia integral del desarrollo regional sustentable de la región.

Por ello, a fin de que todas las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, estimo que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una comisión especial del Plan Puebla-Panamá, para que el nuevo gobierno federal lo agende y el Congreso de la Unión lo contemple e impulse desde una perspectiva global, por ser un tema de interés para nuestras regiones. Esta aportación de la LX Legislatura será al enriquecimiento de las funciones legislativas y podría llevar más adelante a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se propone la creación de la comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura encargada de coadyuvar y dar seguimiento al Plan Puebla-Panamá, la cual se integrará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá una vigencia durante toda la presente legislatura.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la honorable Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para el Plan Puebla-Panamá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Señor Presidente, respetuosamente solicito se publique en el Diario de los Debates tal y como fue entregado este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, para proponer la creación de la comisión especial del Plan Puebla-Panamá, conforme a los siguientes

Motivos

El Congreso de la Unión ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor vigor las funciones que le corresponden; en consecuencia, se ha vuelto un referente obligado para la toma de decisiones que darán continuidad a los proyectos de desarrollo y competitividad del país.

Entre los aspectos fortalecidos en la función parlamentaria, encontramos una creciente influencia en la formulación de nuevas comisiones especiales. En la realidad, la tarea de legislar ya no es la única función de los Congresos. A la tarea de hacer leyes se agregan las de control, fiscalización y supervisión de un trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno; el debate de los grandes temas nacionales, la apertura a distintas corrientes de opinión y la constitución de una arena para el diálogo y los acuerdos políticos nacionales. Todas ellas, no hay duda, fortalecen las prácticas y valores democráticos.

Por otro lado, el 12 de septiembre de 2000 el entonces presidente electo de México, Vicente Fox, durante una gira por los países de Centroamérica, planteó la posibilidad de un plan de desarrollo regional desde Panamá hasta Puebla, que cubriera los nueve estados del sur sureste de México y los siete países del istmo centroamericano.

El Plan Puebla-Panamá fue propuesto formalmente el 30 de noviembre de 2000 a los presidentes de los países centroamericanos y al primer ministro de Belice, basándose en una nueva concepción de la planeación regional que busca adecuarse a un nuevo contexto nacional e internacional de democratización, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil organizada en la formulación de políticas públicas.

La creación de esta nueva comisión especial pretende impulsar y coadyuvar en el sur-sureste de México y Centroamérica un desarrollo integral equilibrado, basado en un crecimiento económico sustentable, que sea a la vez socialmente incluyente, ambientalmente sostenible y territorialmente ordenado.

Los objetivos del Plan Puebla-Panamá son:

1. Desarrollo humano y social de la región.

2. Participación de la sociedad civil mexicana en el sur sureste de la República.

3. Cambio estructural en la dinámica económica de la zona.

4. Aprovechamiento de vocaciones y ventajas comparativas de la región.

5. Promoción de las inversiones productivas.

6. Manejo sustentable de los recursos naturales regionales.

7. Concertación de planes y estrategias conjuntas con Centroamérica.

8. Modernización y fortalecimiento de las instituciones en la región.

Estos objetivos son un primer planteamiento, que incluyó una cartera de proyectos compuestos principalmente por infraestructura; sin embargo, el tema más importante del plan es fortalecer los aspectos sociales y ambientales del mismo y, en general, la estrategia integral del desarrollo regional sustentable de la región sur-sureste.

El plan plasma la visión de mediano y largo plazos de un proyecto de región que busca dar un salto cualitativo en el modelo de desarrollo, identificando ocho líneas de trabajo denominadas Iniciativas Mesoamericanas.

Así, la comprensión del nuevo esquema administrativo, político y social, es importante para ajustar los procedimientos de carácter legislativo a las nuevas necesidades. Al hacerlo, el Poder Legislativo gana en confianza social, lo que permite que la sociedad se interese más por los asuntos públicos, que se fortalezcan la comunicación, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones en la vida pública. Por ello, debemos trabajar en esquemas nuevos que impulsen el desarrollo de nuestras regiones, como la creación de esta comisión especial, que tiene su antecedente en la Comisión Especial Sur-Sureste, creada en la legislatura anterior.

Por ello, a fin de que las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, estimamos que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una comisión especial del Plan Puebla-Panamá, para que el nuevo gobierno federal lo agende y el Congreso de la Unión lo contemple e impulse desde una perspectiva global, por ser un tema de interés para nuestras regiones. Esta aportación de la LX Legislatura será al enriquecimiento de las funciones legislativas y podría llevar, más adelante, a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.

Punto de Acuerdo

Primero. Se propone la creación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura encargada de coadyuvar y dar seguimiento al Plan Puebla-Panamá, la cual se integrará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá una vigencia durante toda la presenta legislatura.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la honorable Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para el Plan Puebla-Panamá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Eduardo Elías Espinosa. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Antonio Vega Corona, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.

El diputado Antonio Vega Corona:Gracias, señor Presidente: el diputado Antonio Vega, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, y los diputados abajo firmantes, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente exposición de motivos:

Considerando que la proposición se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día 7 del mes presente, de manera sucinta, en ésta, la más alta tribuna de la nación, presentaré ante ustedes el caso del deterioro ecológico generado por tres empresas de orden federal en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Estas empresas son la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, la central termoeléctrica de Salamanca y la empresa privada Tekchem. El daño deriva de las actividades productivas de estas tres industrias y afecta en forma permanente a los habitantes de la ciudad de Salamanca, así como a sus recursos naturales e infraestructura.

El gravísimo caso de contaminación atmosférica es consecuencia de la forma obsoleta de operación en los procesos productivos y de la forma en cómo sus pasivos ambientales son expelidos al aire o expuestos a cielo abierto en forma de dióxido de azufre o trióxido de azufre y partículas suspendidas que, como ladrones de la vida, se esparcen clandestinamente cada noche, aniquilando el sueño tranquilo que todo ciudadano debería de tener, pues pestilentes olores rodean esta ciudad y negro es el panorama. Y para agregarle una rayita más al tigre, los derivados de la producción de plaguicidas y fungicidas como el malation y el paration.

Los efectos que en la salud ocasionan estos contaminantes son descritos en múltiples documentos y el problema no es nuevo, lleva mucho tiempo y ha sido atendido en legislaturas anteriores: en la LVIII y LIX, y no han sido suficientes estos esfuerzos, dado que no se ha cumplido con la función para la que fueron creadas, como tampoco se ha resuelto el problema. No han sido suficientes las leyes y normas, como tampoco han asumido su papel en forma cabal instituciones como la Profepa y la Semarnat. La preocupación es tan grande y el daño es mortal.

El hecho de que no se hayan investigado los efectos en la salud, no desaparece el dolor de cabeza, de garganta, de picazón en la nariz y el ardor en los ojos de los niños salamantinos, los cuales reportaron y obligaron a suspender las actividades al aire libre hace un poco más de un mes, durante cuatro días; como tampoco puede esconder el deterioro permanente en la calidad del aire que respiran. Algunas autoridades piensan que ``poco veneno no mata'', pero se suman ya más de 25 episodios de precontingencia en lo que va del año, cuando la normatividad vigente solamente permite un episodio al año.

Organizaciones civiles, con la finalidad de medir el problema que se ha creado en la desesperada lucha por resolver el problema, ha emprendido acciones en el orden estatal y se ha establecido, por ejemplo, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, que ha contribuido únicamente a verificar que el problema existe, y su magnitud es tal que, no obstante la falta de empleo del honorable ayuntamiento de Salamanca, el 12 de mayo del presente año se exigió a la Profepa y a la Semarnat el cierre definitivo de la planta de Teckchem, así como la reubicación correcta de sus pasivos ambientales. Los salamantinos no hemos olvidado el trágico accidente registrado el año 2000 por la fuga de malation, en donde esta planta es una de las únicas que existen en este país y solamente hay una en la ciudad, en el país hindú.

Estimados legisladores, seguir respirando un aire de mala calidad es un precio que los salamantinos no podemos pagar más; como representantes del pueblo, no podemos mantenernos indiferentes ante esta situación, nuestro deber es legislar, así como vigilar que la ley se cumpla. En este sentido, propongo este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. Se propone la creación de una subcomisión en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que investigue los efectos a la salud causados por las elevadas concentraciones de contaminantes en aire, agua y suelo en la ciudad de Salamanca; la existencia de pasivos ambientales generados y confinados en las industrias paraestatales y privadas de la ciudad de Salamanca y sus alrededores; así como la opción para su adecuado manejo, el impacto que generan y el depósito de estos pasivos ambientales.

Solicito, señor Presidente, que se incluya íntegro el documento de la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en el Diario de los Debates e intervenciones. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico generado por Pemex, la CFE y Tekchem en Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Antonio Vega Corona, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Antonio Vega Corona, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, y los diputados abajo firmantes, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La mayoría de las actividades productivas en el territorio nacional han propiciado el desarrollo de diversos sectores sin tomar en cuenta las afectaciones a nuestro entorno natural y, por ende, a la salud de los mexicanos.

El incremento en la frecuencia e incidencia de enfermedades respiratorias asociadas con la contaminación atmosférica en algunas ciudades han propiciado una serie de ajustes a las políticas y programas de la administración pública federal, además de la adopción de nuevas tecnologías que permiten reducir considerablemente la emisión de contaminantes a la atmósfera. El tema de la contaminación atmosférica se convirtió en dos décadas en un asunto de salud pública a nivel de secretaría de Estado.

Aun cuando hubo avances, éstos se concentraron en las grandes urbes: Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Si bien ello obedeció a que en esas ciudades los problemas de contaminación atmosférica eran más graves que en otras, poco a poco nuevas metrópolis se han visto afectadas por este problema.

Si bien en algunas ciudades se ha reducido la frecuencia con que se presentan elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos y con ello el riesgo a la salud pública, hoy en día la contaminación atmosférica sigue siendo uno de los principales problemas ambientales a resolver, y a éste se suman los problemas provocados por la contaminación a suelos y cuerpos de agua, tal es el caso de la ciudad de Salamanca, Guanajuato.

La contaminación atmosférica, resultado de actividades productivas, particularmente la industrial, petroquímica y la derivada de la generación de electricidad, ha afectado de manera permanente a los habitantes de la ciudad de Salamanca y de forma indirecta a sus recursos naturales e infraestructura al precipitarse como lluvia ácida. De igual forma, los pasivos ambientales de empresas como Tekchem continúan contaminando suelos y mantos acuíferos salmantinos.

Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica, se identifica al dióxido de azufre (SO---2) y al material particulado, fracción respirable de diez micrómetros, como los principales contaminantes.

Bajo condiciones ambientales los óxidos de azufre gaseosos se presentan como dióxido de azufre y trióxido de azufre. El dióxido de azufre es incoloro, no flamable y no explosivo, con un olor sofocante y altamente soluble en el agua. La principal fuente antropogénica de emisión de óxidos de azufre son los combustibles fósiles que contienen azufre. En forma natural son emitidos por la acción volcánica. El ácido sulfúrico, el bióxido de azufre y las sales de sulfato son irritantes de las membranas mucosas tanto del tracto respiratorio como a las conjuntivas. Incluso llegan a ocasionar enfermedades crónicas del sistema respiratorio como rinitis, bronquitis, asma y, en algunos casos, enfisema pulmonar, además de afecciones oculares y vasculares.

En cuanto a los recursos naturales, el dióxido de azufre causa daños a las plantas, llegando a necrosar los tejidos aéreos como hojas y tallos. Pero el principal problema del dióxido de azufre en el ambiente es su potencial para generar la lluvia ácida. Ya que al contacto con el agua de lluvia, mediante reacciones químicas que se dan en la naturaleza, el dióxido de azufre se puede convertir en ácido sulfhídrico o ácido sulfúrico modificando el pH de la lluvia convirtiéndola en un agente corrosivo y que al depositarse sobre materiales de construcción como el mármol, la cantera, la cal y el mortero termina por deshacerlos. Por ello podemos observar que los monumentos, edificios, esculturas e iglesias de Salamanca se han deteriorado rápidamente. Pero el problema de la lluvia ácida no acaba allí, ésta se deposita en el suelo y modifica el pH de éste, altera la composición de la microflora que mantiene la riqueza de los suelos y altera la capacidad de las plantas para absorber nutrientes y sustancias tóxicas, haciendo a estas últimas más fácilmente biodisponibles. Esta lluvia ácida también llega a los acuíferos superficiales y los convierte en aguas ácidas difíciles para sostener la vida.

Por su parte, el material particulado puede estar conformado por una diversidad de sustancias. Las partículas cuyo diámetro es menor o igual a 10 micrómetros (PM10) pueden estar formadas por aerosoles, polvos, metales, productos de combustión, o microorganismos como protozoarios, bacterias, virus, hongos y polen. Las principales fuentes antropogénicas de material particulado incluyen: la quema de combustibles sólidos como la madera y el carbón, las actividades agrícolas como la fertilización y almacenamiento de granos y las actividades de la industria de la construcción.

Las partículas inhaladas no siempre se expulsan del organismo, causando problemas principalmente en el tracto respiratorio, lo cual contribuye a la presencia de enfermedades crónicas respiratorias. De hecho se estima que el riesgo de morir prematuramente aumenta en 2 por ciento, 8 por ciento por cada incremento de 50 mg de PM10, que pueden causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía y, en casos graves, la muerte.

Tanto la exposición esporádica a elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos como la exposición recurrente a concentraciones dentro de la normatividad vigente ha sido asociada a problemas en la salud, particularmente de la población más vulnerable, que son los niños y las personas adultas mayores. Los efectos se agudizan cuando el dióxido de azufre se combina con material particulado o la humedad del aire, pues el efecto negativo total es mayor que el que cada contaminante puede producir individualmente, esto quiere decir que se producen ``sinergias'' en sus efectos.

La refinería Antonio M. Amor, de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, que comenzó sus operaciones en la década de los cincuenta es una de las principales fuentes fijas de dióxido de azufre para Salamanca. esta refinería se conforma por 53 plantas de proceso, las cuales elaboran 42 productos terminados y a lo largo de su vida útil ha tenido varias etapas de crecimiento en 1955, 1962, 1970-74, 1979, 1992-96 (plantas del paquete ecológico). En el año 2000 inició un proyecto de reconfiguración de largo plazo que tiene por objeto mejorar la eficiencia operativa de la refinería e incrementar la producción de gasolina de alta calidad, lo que contribuyó a reducir la importación de gasolinas. Para ello se construyeron 2 plantas de proceso nuevas: una unidad reformadora de naftas, una unidad hidrodesulfuradora de naftas, así como la integración y servicios auxiliares.

De acuerdo con Pemex Refinación, los beneficios de esta reconfiguración de largo plazo son: el incremento de la producción de gasolina, diésel y combustóleo. También hubo beneficios ambientales por la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera al implantar sistemas de lavado de gases en dos calderas.1

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con una central termoeléctrica en esa ciudad que opera desde 1971, la que cuenta con cuatro unidades y tiene una capacidad instalada de 866 MW. Esta planta aún utiliza combustóleo para generar electricidad, por lo que sus emisiones de dióxido de azufre también son elevadas.

Las autoridades estatales y federales han reconocido que el problema de contaminación atmosférica en Salamanca es grave y han iniciado una serie de acciones para remediarlo. Entre las acciones que destacan se encuentran la conformación de una red de monitoreo atmosférico que fue establecida en 1998 y es administrada por el Patronato para el Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire de Salamanca, AC. A partir de los datos recabados por la red se elaboró el primer inventario de emisiones en 2000.

Los datos del inventario demostraron que la industria ``es la principal fuente generadora de dióxido de azufre, contribuyendo con más de 99 por ciento de las emisiones. Con respecto a las partículas menores a 10 micrómetros, las aportadas por la generación de energía eléctrica representan 29 por ciento de las emisiones, seguido por el tráfico vehicular en los caminos sin pavimentar con 27 por ciento, la quema de esquilmos con el 17 por ciento y las emisiones provenientes del sector transporte con 10 por ciento. El 17 por ciento restante es emitido por los demás subsectores.2

Con esta información se inició el diseño de políticas para mejorar la calidad del aire de Salamanca; se logró en 2004 la firma del Convenio para Mejorar la Calidad del Aire y se publicó el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2003-2006. Este programa comprometió recursos por un monto de 330 millones de pesos y estableció 15 acciones que lograrían el cometido de reducir las emisiones contaminantes, particularmente las de los principales contaminantes atmosféricos de la ciudad. En ese sentido, no es casualidad que muchas de estas medidas estén dirigidas a mejorar la calidad ambiental de la refinería y la termoeléctrica, destacando para la primera la implementación de un programa para reducir las emisiones de dióxido de azufre, así como realizar sus operaciones con una mezcla de combustibles que le permitieran cumplir con la normatividad todo ello desde el año 2004.

En el caso de la termoeléctrica se acordó reducir emisiones de dióxido de azufre en 40 por ciento, ello a partir del suministro de combustóleo con un contenido máximo de azufre de 3 por ciento en peso y la sustitución del combustóleo de 3.8 por ciento de azufre en peso por gas natural. Cabe mencionar que ese proceso inició en 2003, por lo que se infiere que se trató de una medida que no tendría un impacto económico considerable para la empresa, pues de todas formas ya se estaba llevando a cabo. También es importante mencionar que el porcentaje estándar de azufre en el combustóleo en la Ciudad de México es de 2 por ciento, es decir, mucho menor que el establecido en el Proaire Salamanca.

Otras medidas complementarias se relacionan con la implantación del Programa de Contingencias Atmosféricas, así como el fortalecimiento de la Red de Monitoreo Atmosférico.

A pesar de que las acciones, políticas y programas del Proaire Salamanca concluyen este año es claro que no sólo no han cumplido con el objetivo para el que fueron establecidas sino que, además, no han resuelto el grave problema de salud pública que viven los salmantinos. Prueba de ello es que en el Inventario Nacional de Emisiones publicado recientemente por el Instituto Nacional de Ecología, la ciudad de Salamanca registró emisiones de dióxido de azufre por 111.098.8 megagramos por año y de material particulado de 10 micrómetros por 5866.9 megagramos por año. Cabe señalar que éstas fueron las más altas del estado de Guanajuato.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con la información proporcionada por el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca, AC, desde el 6 de enero del presente año se han registrado 22 episodios de precontingencia cuando la normatividad aplicable sólo permite 1 episodio al año, siendo el más reciente el que se registró del 7 al 10 de octubre de 2006. Más aún, durante enero de 2006 se decretó en 10 ocasiones la fase de contingencia.

Tal parece que para las autoridades competentes la grave situación que atraviesan los salmantinos es un asunto cotidiano que no requiere más que ordenar a las industrias que ocasionan estos episodios mediante la reducción de sus actividades para facilitar la dispersión de los contaminantes.

Aún cuando existe un convenio entre Semarnat y el Centro Nacional de Capacitación Ambiental (Cenica), para monitorear la contaminación atmosférica en ciudades, éste es reciente y el Cenica apenas iniciará el monitoreo de la calidad del aire en Salamanca. Por lo que respecta a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, hasta ahora ésta ha tomado cartas en el asunto y ha intentado reunirse con los directivos de la Refinería Antonio M. Amor y la Termoeléctrica Salamanca, pues se ha especulado que éstas están utilizando el combustóleo inadecuado o lo están consumiendo en mayor cantidad.

Mientras tanto, la población padece los daños de la negligencia industrial. De hecho se tiene conocimiento de que a fin de evitar un mayor costo político por la mala calidad del aire que prevaleció esa semana, el Comité de Contingencias Ambientales por conducto del Instituto de Ecología de Guanajuato decidió de forma unilateral dar por terminada la precontingencia.

El dolor de cabeza y garganta, la picazón en la nariz y el ardor en los ojos fueron los síntomas más comunes reportados por la población. En las escuelas las actividades al aire libre se suspendieron, sin embargo los profesores han advertido que la regularidad de las fases de precontingencia y contingencia están ocasionando cambios en la conducta de los educandos.

Cabe hacer notar que el Proaire Salamanca estableció como una de sus estrategias que el Sistema de Vigilancia en Salud Pública Ambiental recopilara información primaria sobre diferentes indicadores de morbilidad, para a partir de ello construir una base de datos sobre los efectos en la salud asociados a la exposición a contaminantes atmosféricos. Esta estrategia comprendía el monitoreo periódico de los efectos agudos durante fase de contingencia y sin ésta, así como el análisis de morbilidad en las unidades médicas en fase de contingencia. Sin embargo, la autoridad sanitaria del estado carece de un programa de seguimiento del impacto en la población y de forma particular los más vulnerables como consecuencia de la exposición prolongada a estos contaminantes. A nivel federal, aun cuando existe el mecanismo denominado ``sala de situación'', dedicado a disminuir la concentración de los contaminantes, no existe un directorio del personal especializado para atender los daños a la salud en las ciudades de mayor riesgo como Salamanca.

Ahora bien, por lo que se refiere a la contaminación de suelos y agua, preocupa el caso de la empresa Tekchem, que inició actividades en Salamanca en 1991. Tekchem produce plaguicidas como el DDT, hexaclorobenceno, toxafeno y endrín. Éstos pertenecen a la docena sucia, es decir, son compuestos orgánicos persistentes, y en particular el DDT, un plaguicida prohibido en muchos países industrializados por sus efectos indeseables al ambiente.

Esta industria es sucesora de Fertimex y tiene un pasivo ambiental de más de 57 toneladas de fertilizantes químicos dispuestos a cielo abierto, por lo que además de contaminar el aire, como ya mencioné, provoca afectaciones a suelo y cuerpos de agua. Pero no sólo es el pasivo ambiental herencia de Fertimex lo que preocupa a los salmantinos, sino también el remitido por CFE con objeto de ser dispuesto temporalmente en sus instalaciones. En efecto, en enero pasado se tuvo cocimiento del confinamiento de varios transformadores que contienen askareles, un contaminante denominado orgánico persistente que es cancerígeno y fácilmente bioacumulable si llega a la cadena trófica por contaminación al suelo y agua.

A los salmantinos no se nos ha olvidado el trágico accidente registrado en 2000, cuando una nube tóxica de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro generada por la fuga de malatión --un plaguicida organofosforado prohibido en otros países-- obligó a las autoridades a evacuar a más de mil habitantes de la zona. En esa ocasión 213 personas resultaron intoxicadas y 36 tuvieron que ser hospitalizadas. Y por lo que toca al fideicomiso que se constituyó para remediar el pasivo ambiental de Tekchem, que recibió 240 millones de pesos en noviembre de 2004, aún se desconoce cómo se ha administrado y los resultados que ha obtenido. Mientras tanto, el problema ambiental persiste.

Las autoridades federal y estatal adoptaron una actitud pasiva en el caso de Teckchem. Ejemplo de ello es que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, dependiente de la Procuraduría General de la República, notificó que cerraba el expediente de la denuncia presentada en 2001 por el incidente de la fuga de matalión, y a pesar de que los quejosos se inconformaron, no han obtenido respuesta.

Por lo que toca a la salud de los salmantinos, lamentablemente en este caso tampoco ha habido un seguimiento del personal de Tekchem, que permita determinar si existe una relación entre la exposición a los contaminantes y la manifestación de enfermedades respiratorias, dermatológicas o de otra índole.

No podemos, como representantes del pueblo, mantenernos indiferentes ante esta situación y en esta tribuna hemos escuchado posturas diversas sobre nuestros avances en materia de salud, ciencia y tecnología. He escuchado aquí las posiciones ideológicas de los diferentes grupos parlamentarios, todas dignas de respeto. Hasta ahora nadie ha manifestado estar en contra de la salud pública, y el desarrollo sustentable, o de una política de cuidado integral del medio ambiente y esta legislatura, en mi opinión, se caracteriza por tener el entusiasmo y la voluntad de trabajar en serio en estos temas.

En ese sentido, pongo a su consideración, esta propuesta de trabajo para dar seguimiento a leyes aprobadas por quienes nos antecedieron, pero sobre todo, para que se apliquen en forma expedita y resuelvan los problemas que he señalado y que lamentablemente continúan aquejando a la población salmantina debido a sistemas de información poco confiables.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el de la voz, a nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, y los abajo firmantes, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Único.Se propone la creación de una subcomisión en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que investigue los efectos en la salud causados por las elevadas concentraciones de contaminantes en aire, agua y suelo en la ciudad de Salamanca, Guanajuato; la existencia de pasivos ambientales confinados en las industrias paraestatales y privadas en la ciudad de Salamanca y sus alrededores, así como las opciones para su adecuado manejo; y el impacto que el depósito de estos pasivos ambientales ha tendido en el suelo y los mantos acuíferos de la región.

Notas:

1 Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, Primera etapa, Pemex Refinación. En: http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content amp; sectionID=10 amp; catID=418 Página accesada el 16 de octubre de 2006.

2 Semarnat-Instituto de Ecología de Guanajuato-honorable ayuntamiento de Salamanca, 2004, Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2004, México, p. 16.

``2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 31 de octubre de 2006.--- Diputados: Antonio Vega Corona, Martín Stefanonni Mazzocco, María de los Ángeles Jiménez del Castillo, Jesús Flores Morfín, Ramón Landeros González, Elia Fernández Núñez, Margarita Arenas Guzmán, Beatriz Callado Lara, Adriana Rodríguez Vizcarra, Martín Malagón Ríos, Ramón Lemus Muñoz Ledo, Yolanda Garmendia Hernández, Íñigo Laviada Hernández, Rubí Laura López Silva, Carlos A. Bracho González, Jaime Verdin Saldaña, Nabor Ochoa López, Francisco J. Murillo Flores, Jesús Arredondo Ibarra, Marcos Salas Contreras, Artemio Torres Gómez, María Soledad López Torres, Aleida Álvarez Ruiz, Diego Cobo Terrazas, José Manuel del Río Virgen, Elías Cárdenas Márquez, Mary Carmen Salvatori Bronca, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Juan Adolfo Orci Martínez, Carlos Navarro López, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Carlos Morales Vázquez, Héctor Narcia Álvarez y José Luis Espinosa Piña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Vega. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Adelante, diputado Cobo.

El diputado Diego Cobo Terrazas:Gracias, Presidente; buenas tardes compañeras, compañeros legisladores: acudo a esta tribuna a manifestar el apoyo al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nuestro apoyo a esta proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Antonio Vega Corona.

Me causa tristeza llegar aquí a esta tribuna y volver a tratar un asunto que aquí mismo hace seis años presenté y que a la luz de este tiempo no se le ha dado resolución y, por el contrario, haya empeorado la situación en la ciudad de Salamanca.

Como sabemos, Salamanca se ha visto afectada por múltiples episodios de precontingencia y contingencia ambiental en los últimos seis años. Recientemente la situación se tornó alarmante, al registrarse la precontingencia ambiental número 22 en lo que va del año; episodio que duró más de cuatro días, afectando negativamente la salud de la población más sensible, como son los niños y las personas adultas mayores.

Es cierto que la autoridad ambiental ha llevado a cabo algunas acciones; no obstante, dichas acciones no se han traducido en resultados concretos que muestren algún avance; por el contrario, persisten las elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos, producto de las actividades de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en esa zona, así como por el inadecuado manejo de pasivos ambientales, particularmente de fertilizantes, por industrias como Tekchem; muestra irrefutable de ello, son los datos del más reciente inventario de emisiones que indican que la ciudad de Salamanca registró dióxido de azufre por 111 puntos 09 megagramos por año, y de material particulado por cinco mil 866.9 megagramos por año, siendo éstas las más altas emisiones registradas en todo el estado de Guanajuato y unas de las más altas de todo el país. Inútiles han resultado los reclamos de los habitantes de Salamanca a las autoridades.

Compañeras y compañeros legisladores, si tan sólo estuviésemos un día en el lugar de los salamantinos entenderíamos la desesperación de las madres de familia que ven a sus pequeños padecer enfermedades respiratorias que seguramente en el mediano plazo se tornarán agudas; esto, además de representar un costo al estado, representa un daño al futuro del país.

Si además de lo anterior tomamos en cuenta que la recurrencia de los frentes fríos dificultará aún más la dispersión de dióxido de azufre y del material particulado en esta temporada, es innegable que desde nuestro ámbito de competencia tenemos que tomar cartas en el asunto, y esto lo haremos mediante la creación de una subcomisión que investigue los efectos en la salud causados por las elevadas concentraciones de contaminantes en el aire, el agua y el suelo en esa ciudad; la existencia de pasivos ambientales confinados en las industrias paraestatales y privadas en la ciudad de Salamanca y sus alrededores, así como las opciones para su adecuado manejo y el impacto que el depósito de estos pasivos ambientales ha tenido en suelo y en los mantos acuíferos de la región.

Con base en lo anterior, los insto a que sumemos esfuerzos y, mediante nuestro voto, apoyemos la proposición del diputado Vega Corona. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurand, para hablar en favor del punto de acuerdo.

El diputado Carlos Chaurand Arzate:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: sin lugar a dudas, la propuesta que viene a hacer aquí a esta tribuna nuestro compañero diputado Antonio Vega Coronaes una propuesta digna de tomarse en cuenta, que pueda ser atendida investigado por esta Cámara de los Diputados, a través de sus comisiones, el problema de contaminación ambiental en Salamanca, Guanajuato. Es un problema grave que ya ha tenido consecuencias para la población, especialmente para los menores; sin embargo, con todo respeto vengo a precisar lo siguiente:

El artículo 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso establece que las comisiones podrán crear las subcomisiones necesarias para el desarrollo de su trabajo; esto es, que en todo caso no podríamos votar una atribución que ya tiene, en este caso, la Comisión de Medio Ambiente. Yo, con todo respeto, creo que el exhorto debería de ser a la propia comisión para que cree la subcomisión y que sea al interior de la comisión que se defina el modo de operar de la subcomisión y definan quienes la han de integrar, respetando la pluralidad y el equilibrio que debe de haber en todas las comisiones.

Esto es así para no violentar nuestro marco legal; que el Pleno no asuma situaciones que ya están determinadas en nuestra legislación, y es cierto, la comisión tiene que ir a ver el problema grave que se presenta en Salamanca.

Felicito a mi compañero diputado Vega Corona por esta propuesta, que debe llamar la atención de todos los legisladores para poder contribuir, coadyuvar con las instancias del Ejecutivo federal encargadas de la protección del ambiente y poder hacer frente a esta grave problemática que él acertadamente el día de hoy trae a la tribuna. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Chaurand. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo y, tomando en consideración lo dicho por el diputado Chaurand, se turnaría esta solicitud a la propia Comisión de Medio Ambiente.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo; comuníquese a la Comisión de Medio Ambiente, con fundamento en el artículo 44, fracción IV.

Pido a la Secretaría que dé lectura a un comunicado del diputado Marco Antonio Peyrot Solís.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, el que suscribe diputado federal Marco Antonio Peyrot Solís, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de ésta Soberanía mi reincorporación a partir del 21 de noviembre de 2006.

Agradezco de antemano la atención que la presente se sirva brindar y sin otro particular le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de noviembre de 2006.--- Diputado Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), capitán de Fragata C.G. DEM.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado; comuníquese.

ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Díaz Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública, y de Hacienda a remitir recursos financieros a la Universidad Autónoma del estado de Morelos.

La diputada Adriana Díaz Contreras:Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea; diputadas y diputados: quienes suscriben, diputadas y diputados federales pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, del PRD, del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen a bien someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

La propuesta que hoy vengo a presentar en nombre de los legisladores de diversos partidos representados en esta Cámara tiene como origen una problemática que cada día crece, a la cual debemos poner soluciones urgentes, y que es el financiamiento de las universidades públicas.

Ya en esta Legislatura, algunos legisladores han planteado esta inquietud; como recordarán, a partir de la discusión del caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se declaró en franca quiebra, muchos legisladores y legisladoras expusieron ante este Pleno la situación de la penuria financiera que viven las universidades públicas de las entidades que vienen a representar ante esta soberanía.

Frente a este tema todos hemos coincidido en la necesidad de ampliar el gasto educativo y el diseño y aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año. Pues bien, apoyándonos en ese interés es que hoy traemos a esta alta tribuna de la nación la lamentable situación que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la idea, desde luego, de buscar canales de solución a dicha problemática; desgraciadamente, ésta no es una situación exclusiva de la UAEM en el contexto nacional, sino que es generalizable al conjunto del subsistema de educación superior pública.

Los recursos públicos destinados a este rubro descendieron considerablemente en los años posteriores a la crisis económica de diciembre de 1994, y sólo recuperaron el nivel que tenían antes de la crisis en 1998, a partir del cual crecieron a una tasa del tres por ciento anual entre este año y hasta el 2006. En contraste, el gobierno del estado de Morelos incrementó en seis años los recursos transferidos a esta institución educativa en un 125 por ciento; no obstante, el crecimiento de los recursos experimentados al final de la década de los 90 no repercutió favorablemente en el sistema de educación superior, pues resulta claramente insuficiente.

Se aprecia que el gasto federal por alumno disminuyó 49 por ciento entre 1996 y 2001, lo que significó que durante este período las instituciones tuvieron que hacer frente a sus actividades con menos recursos. De manera particular, como cada año la universidad de nuestro estado enfrenta un déficit que impide terminar el presente ejercicio solventando todos sus compromisos, y que en este 2006 es cercano a los 70 millones de pesos.

Queremos adelantar que, de no tomar medidas urgentes, se estaría condenando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a una eventual quiebra financiera. Deudas considerables con distintos acreedores la desvían de su objetivo principal, que es el desarrollo de la ciencia, la investigación y la difusión cultural para la generación de profesionistas capaces de transformar no sólo a la entidad sino a todo el país.

La UAEM cuenta en la actualidad en el nivel superior, con 41 programas de licenciatura en ingeniería y siete en profesional asociado; en programas de posgrado, seis son especialidades, 24 maestrías y 12 doctorados. Destaca el esfuerzo que implica asegurar la calificación del personal académico. En los últimos años se ha incrementado el número de profesores de tiempo completo, desde los 352 con que contaba en el 2003, hasta llegar a 454, incluido el nivel medio superior al día de hoy. En suma, el esfuerzo de consolidación académica que busca la UAEM, como otras universidades, está ligado al hecho de que, se quiera o no, se debe sostener una estructura docente y administrativa que es precisamente el recurso humano fundamental en un reto de esta naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en lo inmediato, emita recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por un monto aproximado a los 70 millones de pesos, a fin de que dicha institución pueda concluir el ejercicio fiscal 2006 sin deudas. Asimismo, se exhorta a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incremente la partida correspondiente al presupuesto federal destinado a esa casa de estudios.

Segundo. Asimismo, se exhorta a las secretarías de Educación Pública, y Hacienda y Crédito Público a incrementar los recursos fiscales al gobierno del estado de Morelos, a fin de que éste cuente con mayor disponibilidad financiera y pueda con ello emplear los subsidios que canaliza a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el Ejercicio fiscal 2007.

Solicito que se inserte en el Diario de los Debates, con las consideraciones y agregados que he señalado.Firman este punto de acuerdo por parte del grupo parlamentario del PAN el diputado federal Javier Bolaños Aguilar; el diputado federal Enrique Iragorri Durán; el diputado federal Demetrio Román Isidoro; el diputado federal José Víctor Sánchez Trujillo; la diputada federal Adriana Rebeca Vieyra Olivares; por parte del grupo parlamentario su servidora la diputada Adriana Díaz Contreras, el diputado Rafael Franco Melgarejo; por el grupo parlamentario del PRI el diputado federal José Amado Orihuela Trejo y el diputado Víctor Samuel Palma César. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP a remitir recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, diputados dederales pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PV, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen a bien someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La propuesta que hoy vengo a presentar a nombre de legisladores de diversos partidos representados en esta cámara tiene como origen una problemática que cada día crece, y a la cual debemos poner soluciones urgentes; es la del financiamiento de las universidades públicas.

Ya en esta legislatura algunos legisladores han planteado esta inquietud. Como recordarán, a partir de la discusión del caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se declaró en franca quiebra, muchos legisladores y legisladoras expusieron ante el Pleno la situación de penuria financiera que viven las universidades públicas de las entidades que vienen a representar ante esta soberanía. Frente a este tema todos hemos coincidido en la necesidad de ampliar el gasto educativo en el diseño y aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año.

Pues bien, apoyándonos en ese interés, es que hoy traemos a esta alta tribuna de la nación la lamentable situación que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la idea, desde luego, de buscar canales de solución a dicha problemática.

Desgraciadamente ésta no es una situación exclusiva de la UAEM en el contexto nacional, sino es generalizable al conjunto del subsistema de educación superior pública. Los recursos públicos destinados a ese rubro descendieron considerablemente en los años posteriores a la crisis económica de diciembre de 1994, y sólo recuperaron el nivel que tenían antes de la crisis en 1998, a partir del cual crecieron a una tasa de 3 por ciento anual entre ese año y 2006. En contraste, el gobierno del estado incrementó en seis años los recursos transferidos a esa institución educativa en un 125 por ciento.

No obstante, el crecimiento de los recursos experimentado al final de la década de los noventa no repercutió favorablemente en el sistema de educación superior, pues resulta claramente insuficiente. Se aprecia que el gasto federal por alumno disminuyó 49 por ciento entre 1996 y 2001, lo que significó que durante este periodo las instituciones tuvieron que hacer frente a sus actividades con menos recursos.

Sin embargo, lo que acrecienta nuestra preocupación es la consistente disminución del porcentaje del producto interno bruto destinado a las universidades públicas en la actual administración federal. Repasando las cifras al respecto, podemos cotejar que, en 2003, el gasto al que aludimos significaba 0.69 por ciento del PIB; un año después disminuyó a 0.63 por ciento. Por fortuna, la Cámara de Diputados ha logrado detener esa tendencia negativa, bajo la consideración de que lo aportado a la educación superior no es un gasto, sino una inversión.

De manera particular, como cada año, la universidad de nuestro estado enfrenta un déficit que le impide terminar el presente ejercicio solventando todos sus compromisos, y que en este 2006 es cercano a los 70 millones de pesos.

Queremos alertar que de no tomar medidas urgentes, se estaría condenando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a una eventual quiebra financiera. Deudas considerables con distintos acreedores la desvían su objetivo principal, que es el desarrollo de la ciencia, la investigación y la difusión cultural, para la generación de profesionistas capaces de transformar no sólo a la entidad, sino a todo el país.

Los compromisos incumplidos para el pago de distintas aristas de la administración de las universidades, tanto para el mantenimiento estructural de los centros educativos como para el cumplimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho sus trabajadores académicos y administrativos, se deben a una situación un tanto kafkiana.

Pese a que desde 1989 la SEP apoyó la creación de cuatro facultades y cinco centros de investigación, con el correspondiente crecimiento en cobertura y diversificación de la oferta académica, en reiteradas ocasiones la Secretaría de Hacienda no autoriza recursos para el pago de la nómina administrativa que deriva de la coordinación de esos planteles académicos, con lo cual se incumplen no sólo compromisos salariales, sino además de prestaciones, como lo son el Seguro Social e Infonavit, que por contrato colectivo y por ley tienen los trabajadores universitarios. A mayor abundamiento, la SEP otorga recursos económicos destinados a la contratación de profesores de tiempo completo, equipamiento y gastos de operación de estas nueve entidades académicas, pero, de modo contradictorio, la Secretaría de Hacienda no complementa esta buena decisión de la SEP, pues no asigna presupuesto específico para los salarios de diversos puestos administrativos que hacen posible la tarea académica.

Éste es sólo uno de los varios ejemplos que caracterizan el panorama de la educación superior pública en el país. ¿Cómo explicar que se le otorguen subsidios extraordinarios vía Promep, PIFI o Pifop a unidades académicas por proyectos de excelenciasin que, por otro lado, se remitan recursos de manera ordinaria para su funcionamiento?

De modo que el presupuesto actual está diseñando para mantener la misma dinámica, de tal forma que la UAEM pueda desempeñar las tareas como hoy las está cumpliendo; es decir, en forma insuficiente.

Se requiere entonces de una amplia ingeniería financiera y organizativa que pueda atender las necesidades de financiamiento del modelo de educación permanente y de inclusión social, y trascienda con ello la lógica de pequeños incrementos anuales que permiten operar un proyecto limitado.

La UAEM cuenta en la actualidad en el nivel superior con 41 programas de licenciatura o ingeniería y 7 de profesional asociado; en programas de posgrado, 6 son especialidades, 24 maestrías y 12 doctorados.

Destaca el esfuerzo que implica asegurar la calificación del personal académico. En los últimos años se ha incrementado el número de profesores de tiempo completo, desde 352, con que contaba en 2003, hasta llegar a 454 --incluido el nivel medio superior--, al día de hoy.

Asimismo, la valoración de los programas educativos de licenciatura y posgrado por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, indica que 15 de ellos están ubicados en el nivel 1 por dichos comités.

Por lo que hace al nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene como misión fundamental ofrecer un bachillerato incluyente, de alta calidad, flexible y socialmente pertinente, orientado a la formación integral del estudiante. El esquema con que se ha desarrollado la organización de este nivel se basa en la optimación de la capacidad física instalada. Así, en 2005 pudimos atender a más de 6 mil estudiantes en el sistema escolarizado y a mil en las modalidades abierta y a distancia.

En suma, el esfuerzo de consolidación académica que busca la UAEM, como otras universidades, está ligado al hecho de que, se quiera o no, se debe sostener una estructura docente y administrativa, que es precisamente el recurso humano fundamental en un reto de esta naturaleza.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados hace un exhorto a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, para que en lo inmediato remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por un monto aproximado de 70 millones de pesos, a fin de que dicha institución pueda concluir el Ejercicio Fiscal de 2006 sin deudas. Asimismo, las exhorta a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incrementen la partida correspondiente al presupuesto federal destinado a esa casa de estudios.

Segundo.Asimismo,se exhorta a dichas secretarías a incrementar los recursos fiscales al gobierno del estado de Morelos, a fin de que éste cuente con mayor disponibilidad financiera, y pueda con ello ampliar los subsidios que canaliza a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Enrique Irragorri Durán, Demetrio Román Isidoro, José Víctor Sánchez Trujillo, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, José Amado Orihuela Trejo, Víctor Samuel Palma César y Faustino Javier Estrada González.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Díaz. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, tiene la palabra el diputado Enrique Iragorri Durán, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del punto de acuerdo.

El diputado Enrique Iragorri Durán:Con su permiso, diputado Presidente; honorable Congreso de la Unión; compañeras diputadas y compañeros diputados: el tres de mayo de 1953 el Instituto de Educación Superior se transforma en la Universidad delEstado de Morelos, creada por la ley constitutiva y reglamentaria de fecha siete de abril de ese año; expedido el decreto por el Congreso del estado y publicado en el período oficial el día 15 del mismo mes y obteniendo su autonomía el día 22 de noviembre de 1967.

Desde su creación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se ha construido, día a día, gracias al impulso de maestros, alumnos y empleados, cuyos esfuerzos han hecho aportaciones importantes para conformar una institución de educación superior sólida y trascendente, acorde a su tiempo y atenta a las necesidades y exigencias sociales y con amplia apertura hacia las nuevas características del mundo moderno y los avances de la ciencia.

Actualmente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se encuentra asentada en siete localidades de nuestro estado y en medio siglo ha experimentado un crecimiento exponencial, mientras que en sus primeros años atendía a una población estudiantil de 675 estudiantes, su matrícula actual es de aproximadamente 18 mil alumnos, distribuidos en nivel medio superior y superior. Cuenta con posgrados y con 91 opciones educativas en 27 unidades académicas; considerado el personal académico y administrativo, la comunidad universitaria está compuesta por poco más de 20 mil integrantes. Las funciones sustantivas que le impone su ley orgánica son las académicas, las investigaciones y la extensión de la cultura.

La universidad tiene entre sus responsabilidades lograr una amplia colaboración con los sectores sociales públicos y privados, para consolidar vínculos permanentes a través de poner la ciencia, la cultura y la tecnología al servicio de la comunidad.

La distribución de los estudiantes por área de conocimiento se ha concentrado en ciencias sociales, administrativas y en las de educación y humanidades; por contraste, las áreas de menor matrícula son las de ciencias agropecuarias y las ciencias naturales; en los rangos intermedios de distribución están el área de salud y de ciencias exactas e ingeniería.

De 42 programas de posgrado que oferta actualmente la universidad, 11 son de doctorado, 24 maestrías y siete de especialidad, de los cuales nueve están inscritos en el antiguo Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy Programa Internacional de Fortalecimiento al Posgrado; tres de doctorado, que son ingeniería en ciencias aplicadas, estudios poblacionales y desarrollo regional y en ciencias con terminales en física, biofísica y química.

Con objeto de asegurar la calidad de dichos programas, la UAEM ha hecho suyas las acciones que eviten perder dicha acreditación y más bien aumentarla con la inscripción de los posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es reconocida como una de las instituciones educativas de nivel superior con mayor nivel académico. Es una institución moderna, diferente, que despliega sus funciones sustantivas y el apoyo a cuatro campus bajo una normatividad actualizada e integral. Es una institución que hace uso eficiente de sus plataformas tecnológicas. Tiene un sistema de educación media superior cuya calidad es la más alta en el estado de Morelos. Tiene grupos y líneas de investigación que han dejado prestigio nacional en su relevancia, calidad, pertinencia, investigación, docencia y formulación. Se encuentra estrechamente vinculada en los niveles de licenciatura, maestría y posgrado. Tiene instalada una variada gama de redes de cooperación e intercambio en los contextos regional, nacional e internacional.

En los últimos seis años, como ya lo dijo mi compañera, el gobierno del estado ha incrementado en un 125 por ciento el presupuesto otorgado a la Universidad; sin embargo, éste ha sido insuficiente.

Por todo esto, reiteramos nuestra convicción de que la educación superior pública es derecho de todos los mexicanos; por eso debe de ser laica y gratuita, y para cumplir sus fines el estado debe aportar el financiamiento suficiente y oportuno. Igualmente, exhortamos a la universidad a que responda a las expectativas sociales y a la responsabilidad moral de rendir cuentas claras en el uso de los recursos otorgados. Consideramos que es preciso revalorar la función transformadora de nuestras universidades. Por ello, manifestamos que las políticas públicas deben otorgar a la educación la más alta prioridad. Esperamos del nuevo gobierno federal una política basada en el respeto a la autonomía y la equidad de la distribución del financiamiento. Por su atención. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Iragorri.

Desde su curul, sonido al diputado Arreola.

I FORO PARLAMENTARIO DE CONSULTA SOBRE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, Presidente: con todo el apoyo del grupo parlamentario del Partido del Trabajoa este punto de acuerdo, y de nuevo nos damos cuenta que se suma otra universidad más a la petición de que de urgencia haya una reunión de trabajo de todos los rectores de las universidades públicas del país con los responsables de Hacienda y Educación Pública.

Quiero aprovechar la oportunidad de exhortar e invitar a todos los compañeros y compañeras diputados: para el día de mañana, pasado mañana y el viernes, se va a llevar a cabo el primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, superior y ciencia y tecnología, en México, que se va a realizar el 22, 23 y 24 de, en Colima, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Colima.

Aprovecho esta situación porque también yo tengo un punto de acuerdo que va a ser difícil que pase el día de hoy, señor Presidente, y va en ese sentido, de que los titulares de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública asistan al foro, y que en el marco de las mesas de trabajo se reúnan con todos los rectores de las universidades públicas del país y sienten las bases de los acuerdos que se tengan que tomar respecto a los problemas financieros y también administrativos de las universidades.

Ese sería mi comentario, y estamos a favor de este punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se invita a los titulares de la SHCP y de la SEP al primer Foro parlamentario de consulta sobre la educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México,a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Las instituciones públicas de educación superior de nuestro país están pasando por la peor crisis financiera de su historia.

Las universidades autónomas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Baja California, Sinaloa y Durango, entre otras, están en quiebra técnica, endeudadas y con pasivos laborales que rebasan totalmente su capacidad financiera.

Esta crisis no es de ahora, se agravó desde que inició la política neoliberal en México, porque en lugar de fortalecer la educación y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, se canalizó gran parte de los recursos anuales del presupuesto al pago del servicio de la deuda pública y al rescate de banqueros, inversionistas de carreteras y de los ingenios azucareros.

Esa es la razón de fondo por la que hoy, no solo las universidades públicas se debaten en una profunda sequía de recursos, si no que todo lo que implica el desarrollo social fue abandonado por el gobierno en aras de cumplirle a los grandes grupos económicos y financieros que son los verdaderos patrones de los funcionarios neoliberales.

Actualmente, la desigualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior es abismal, ya que sólo dos de cada diez jóvenes acceden al sistema de educación superior.

De los jóvenes que asisten a la universidad, el 95 por ciento provienen de estratos medios y altos, y solo el 5 por ciento restante son de bajos recursos.

Considerando todos estos problemas, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime, realizar el primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.

Por esta razón el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que dada la importancia de este foro, los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, de Educación Pública, Francisco Gil Díaz y Reyes Tamez Guerra respectivamente, formen parte de este foro, para que de viva voz, escuchen las necesidades y las propuestas de solución que plantearán las autoridades educativas, académicos, investigadores, organizaciones sociales, instituciones privadas, legisladores y demás actores involucrados.

La asistencia de estos secretarios de Estado es fundamental para sensibilizarlos de esta problemática, para que se reúnan en una mesa de trabajo con los rectores en las universidades públicas del país y asuman el compromiso de liberar los recursos presupuéstales que esta Cámara de Diputados aprobó para 2006.

Por las consideraciones expuestas el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerada de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Artículo Único. El Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, de Educación Pública, Francisco Gil Díaz y Reyes Tamez Guerra respectivamente, para que asistan al primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México que se realizará los días 22, 23 y 24 de noviembre en la Universidad Autónoma de Colima y se reúnan en una mesa de trabajo con los rectores en las universidades públicas del país. Asimismo, para que se comprometan a liberar los recursos para los institutos de educación que esta Cámara aprobó para 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de noviembre de dos mil seis.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. ¿Quiere que su punto de acuerdo, que ya lo comentó, se turne a la Comisión de Educación?

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul) Sí, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Educación.

ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese

I FORO PARLAMENTARIO DE CONSULTA SOBRE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese el punto de acuerdo del diputado Pablo Arreola, a la Junta de Coordinación Política, en donde se invita a los titulares de la secretarías de Hacienda, Educación Pública, al primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional del Agua que se desazolve el río Tecolutla, en el estado de Veracruz.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señor Presidente, con su autorización; compañeras, compañeros legisladores: vengo a presentar un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Aguaque atienda una solicitud de diferentes ciudadanas y ciudadanos que viven en los márgenes del río Tecolutla, desde el municipio de Espinal hasta el municipio de Tecolutla. Se trata, compañeros y compañeros, de que en la comunidad de Entabladero, del municipio de Espinal, y otras comunidades como Sabaneta y municipios como el de Gutiérrez Zamora y Tecolutla, en la temporada de lluvia, que va del mes de septiembre a octubre y parte importante del mes de noviembre, el río Tecolutla siempre crece, se ensancha su cauce, se desborda e inunda a grandes comunidades.

La preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas que viven al margen del río Tecolutla radica en la vida de sus hijos, radica en sus pertenencias, su esfuerzo de muchos años; cada vez que el río Tecolutla crece, ellos se ven verdaderamente lastimados en una economía, que por cierto está depauperada y en una situación difícil, porque los recursos del Fonden no alcanzan, y si no alcanzan los recursos del Fonden para poderles pagar las pérdida de sus cosechas o la pérdida de las pocas pertenencias que tienen, pues ellos se encuentran realmente muy lastimados.

Nosotros venimos con su representación, del distrito 06 con cabecera en Papantla --que por cierto también por este importantísimo municipio pasa el río Tecolutla--, venimos a rogarles, diputadas, diputados; venimos a rogarles a los compañeros de todos los partidos políticos que su generosidad alcance a los habitantes de la comunidad de Entabladero, de la comunidad de Sabaneta, de la comunidad de El Morro, de todas las comunidades que están asentadas en el margen del río Tecolutla, y lo único que solicitamos, señoras y señores diputados, es que ustedes puedan obsequiarnos de urgente u obvia resolución la siguiente solicitud, la solicitud de que la Comisión Nacional del Agua realice un estudio y, una vez que lo haya terminado, programe el desazolve del río Tecolutla.

Nosotros no lo queremos para mañana; queremos que sea lo más rápido posible y podamos contar con la generosidad de los legisladores veracruzanos que conocen perfectamente bien que el río Tecolutla es el séptimo río más caudaloso del país; que es un río muy importante, pero que si no está desazolvado, en ese momento nuestros pobladores tienen grandes problemas.

Pedimos su generosidad, señoras y señores diputados, y quiero rogarle al señor Presidente que ordene que el punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Nacional del Agua atienda la solicitud de desazolvamiento del río Tecolutla en el estado de Veracruz se publique íntegro para que sirva de referente a esta importante institución y pueda realizar el desazolve de este río tan caudaloso, tan importante, pero tan peligroso para la sociedad que vive en sus márgenes.

Muchísimas gracias, señor Presidente; gracias, compañeras y compañeros diputados, y está en potestad autorizar que sea de urgente u obvia resolución para que nos lo pueda autorizar la Comisión Nacional del Agua. Gracias, compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Conagua que atienda la petición de desazolve del río Tecolutla, en Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, José Manuel del Río Virgen, diputado a la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario de Convergencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Nacional del Agua atienda la solicitud de desazolve del río Tecolutla en el estado de Veracruz.

Antecedentes

Tecolutla se encuentra situado al sur de la costa veracruzana, y debido entre otras cosas a sus bellezas naturales, paisajes, vegetación, fauna acuática y manglares, así como a sus playas, marca geográficamente el comienzo de un pequeño corredor turístico llamado Costa Esmeralda, el cual incluye algunas de las playas más atractivas de Veracruz, por lo que su importancia económica y social para la región es incuestionable.

Sin embargo, esta región se encuentra expuesta a diversos fenómenos naturales que continuamente traen intensas lluvias que provocan el constante desbordamiento de los ríos regionales, como ocurrió con el Tecolutla en 1999 y 2003.

Dichos fenómenos causaron un importante daño económico en el estado, pero sobre todo en la población.

Considerando 1. Que año con año los pobladores de la región sufre las consecuencias de las intensas lluvias provocadas por los fenómenos naturales que continuamente azotan las costas de nuestro país, con los nocivos efectos para la población, en especial las personas de menores recursos.

2. Que de la información técnica recabada se observa claramente que los daños económicos y sociales podrían minimizarse si se llevara a cabo periódicamente el dragado y desazolve del río Tecolutla.

3. Que el desazolve y dragado de este río beneficiaría a toda la región, particularmente desde el municipio de Espinal, pasando por las comunidades de Papantla, Gutiérrez Zamora, hasta Tecolutla, y sus efectos positivos impactarían aproximadamente a 36 municipios del estado.

4. Que, además, el desazolve y dragado del río Tecolutla se ha solicitado continuamente y desde hace mucho tiempo a la Comisión Nacional del Agua.

5. Que, como representantes populares, es nuestra obligación atender a las demandas ciudadanas, y más aún cuando ellas se traducen en un beneficio económico y social para una región de importancia turística para el estado y para el país en su conjunto.

6. Que el impacto económico de los daños causados por este tipo de fenómenos, en muchos casos superan las posibilidades de las finanzas municipales, y que con las tareas solicitadas a la CNA se reducirían de manera significativa los efectos sobre las finanzas municipales, estatales y federales, y sobre todo sobre la población de la región.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la mesa directiva someta a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para solicitar que la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorte a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que se atienda la solicitud de dragado y desazolve del río Tecolutla, en el estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de noviembre de 2006.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa y es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de aprobarse.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

BONO SEXENAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago del bono sexenal a pensionados, jubilados y trabajadores de la educación.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: el suscrito diputado federal, en nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza y con el respaldo solidario de los coordinadores de las nueve fracciones parlamentarias, así como de un grupo distinguido de compañeros de este Pleno, con fundamento en los artículos respectivos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que haga extensivo el pago extraordinario complementario a las medidas de fin año, que otorga el gobierno federal a los trabajadores al servicio del Estado para pensionados, jubilados y todos los trabajadores de la educación, de conformidad con las siguientes consideraciones:

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableció las disposiciones para el otorgamiento del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año que se otorgarán a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Es conveniente señalar que, de acuerdo con los lineamientos para el pago de dicha medida, es aplicable únicamente a los trabajadores ubicados en los niveles salariales I a VIII del tabulador de percepciones para los servidores públicos, por lo que sólo beneficia a personal operativo de las dependencias y entidades de la administración con la curva salarial del sector central. Es por ello que el estímulo que otorga el gobierno federal, como símil del tradicional bono sexenal, debe ser extensivo a todos sus trabajadores, incluidos los de la educación y a cada uno de los pensionados y jubilados, porque es gracias a ellos que el gobierno ha realizado la gestión pública que le es propia.

Este reconocimiento ha sido, desde hace muchos sexenios, más que una tradición, una retribución, que en el caso de los trabajadores de la educación representa, además, valorar la labor social de quienes a lo largo y ancho del territorio nacional hacen realidad el proceso educativo, en condiciones que son --ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones-- con frecuencia verdaderamente difíciles.

El antecedente de su aplicación es verificable desde hace varios sexenios, pero para recordar únicamente los más cercanos, basta con revisar los correspondientes a las dos últimas administraciones, que más allá de la filiación política a que correspondieron, contaron con una situación económica menos estable que la que vivimos en la actualidad.

El compromiso del Estado y del Ejecutivo federal con todos los servidores públicos de base en activo y pensionados y jubilados, sin excepción, debe hacerse explícito en la aplicación del pago extraordinario, como complemento a las medidas de fin de año, sin distingo de la remuneración que perciben por su labor cotidiana, como reflejo de una política social incluyente y de amplio respeto a los trabajadores.

Señoras y señores legisladores, un buen gobierno es aquel que reconoce que sus logros han sido alcanzados gracias a quienes trabajaron por ellos; omitir este reconocimiento no ayuda a otorgar credibilidad y certidumbre a la población; la gobernabilidad es también el reflejo de las tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos respectivos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la respetuosa solicitud de que sea considerado de urgente u obvia resolución y aprobado, en su caso, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario, como complemento a las medidas de fin de año, a todos los trabajadores al servicio del Estado, a todos los de la educación, así como a todos los pensionados y jubilados de la administración pública federal.

Respetuosamente, y confiamos en ello, solicitamos la aprobación de este Pleno, tanto para la urgente resolución como para la aprobación del punto como tal.

Suscriben, aparte de los diputados que integramos el grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI; la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN; el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD; el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT; la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa, y el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; además de un grupo de compañeros de los cuales su nombre y firma quedarán asentados en este documento, del cual, señor Presidente, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención y su consideración, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a pagar el bono sexenal a pensionados y a jubilados, así como a los trabajadores de la educación, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario del PNA

El suscrito diputado federal Jacinto Gómez Pasillas a nombre del grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga extensivo el pago extraordinario complementario a las medidas de fin de año que otorga el gobierno federal a los trabajadores al servicio del Estado, a pensionados, jubilados y a todos los trabajadores de la educación, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableció las disposiciones para el otorgamiento del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año, que se otorgará a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Es conveniente señalar que de acuerdo con los lineamientos para el pago de dicha medida, es aplicable únicamente a los trabajadores ubicados en los niveles salariales 1 a 8 del ``Tabulador de percepciones para los servidores públicos'', por lo que solo beneficia al personal operativo de las dependencias y entidades de la administración pública federal con la curva salarial del sector central.

Esto significa que el gobierno federal estimula, con una compensación extraordinaria, pagable no en efectivo, sino en vales de despensa, a solo el 25 por ciento de los trabajadores al servicio del Estado, hecho que resulta una contradicción a la equidad que ha pregonado la administración que esta por concluir.

Es por ello que el estímulo que otorga el gobierno federal como símil del tradicional ``bono sexenal'', debe ser extensivo a todos los trabajadores, incluidos los de la educación; y a cada uno de los pensionados y jubilados por que es gracias a ellos que el gobierno ha realizado la gestión pública que le es propia.

Este reconocimiento ha sido desde hace muchos sexenios más que una tradición una retribución, que en el caso de los trabajadores de la educación representa, además, valorar la labor social de quienes a lo largo y ancho del territorio nacional hacen realidad el proceso educativo, en condiciones que son, ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, con frecuencia verdaderamente difíciles.

El pago de una compensación extraordinaria al término del periodo sexenal es en sí mismo, no una dádiva en especie otorgada por el gobierno federal, sino la expresión real del compromiso solidario de parte del Estado y sus instituciones con sus trabajadores.

El antecedente de su aplicación es verificable desde hace varios sexenios, pero para recordar únicamente los más cercanos, basta con revisar los correspondientes a las dos últimas administraciones que, más allá de la filiación política a la que correspondieron, contaron con una situación económica menos estable que la que vivimos en la actualidad.

El compromiso del Estado y del Ejecutivo federal, con todos los servidores públicos de base, en activo, pensionados y jubilados sin excepción, debe hacerse explícito en la aplicación del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año, sin distingo de la remuneración que perciben por su labor cotidiana, como reflejo de una política social, incluyente y de amplio respeto a los trabajadores.

Con base en lo anterior, y de acuerdo a los principios generales del derecho, la costumbre es una de las fuentes importantes que genera derechos, pero la equidad es un valor fundamental de toda sociedad democrática. Más allá de la letra escrita hay derechos que por inclusión y retribución social se vuelven una obligación social del Estado.

El compromiso del gobierno federal con todos los trabajadores al servicio del Estado, debe traducirse en la autorización, implementación y pago inmediato del multicitado pago extraordinario a todos los servidores públicos, incluidos los trabajadores de la educación y los pensionados y jubilados de todas dependencias federales.

En caso contrario, se estará dejando precedente de una política social y laboral excluyente, discriminatoria y restrictiva.

Señoras y señores legisladores: un buen gobierno es aquel que reconoce que sus logros han sido alcanzados gracias a quienes trabajaron por ellos. Omitir este reconocimiento no ayuda a otorgar credibilidad y certidumbre a la población. La gobernabilidad es también el reflejo de las tradiciones e instituciones que determinan como se ejerce la autoridad en un país.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con la respetuosa solicitud de que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año a todos los trabajadores al servicio del Estado, a todos los de la educación, así como a los pensionados y jubilados de la administración pública federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de noviembre de dos mil seis.--- Diputados. Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Mónica Arreola Gordillo (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca, Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Joel Ayala Almeida (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Mario Enrique del Toro(rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Aida Marina Arvizu Rivas (rúbrica) y Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacinto Gómez Pasillas. Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Tiene la palabra el diputado Sergio Hernández.

El diputado Sergio Hernández Hernández:Con su permiso, señor Presidente: pienso, como profesor, cuando estudiaba en la escuela Normal y veía las condiciones precarias en que vivían muchos maestros; pienso en la esperanza de aquellos que ejerciendo la docencia esperan, con mucho entusiasmo, que quienes toman las decisiones puedan hacer algo que retribuya el enorme esfuerzo que todos los días realizan en las aulas de nuestros estados de nuestro país.

Hace falta sentir en carne propia el duro batallar de un maestro que recorre la sierra, los llanos, el valle, para poder llegar muchas veces a su escuela y poder entregarle a nuestro país niños y jóvenes educados, niños y jóvenes bien formados. Esa es nuestra aspiración siempre como maestros, y eso es lo que queremos como padres de familia.

Hoy, en nombre de la fracción del grupo parlamentario del PRD, nos sumamos a este punto de acuerdo, pero queremos que sea extensivo para los trabajadores de la Educación por su esfuerzo, por el enorme esfuerzo que realizan a lo largo y ancho del país, pero también para los jubilados y pensionados que han entregado su vida, su esfuerzo, su trabajo al servicio del gobierno de la República en cada una de las diferentes secretarías.

Dije hace un momento, cuando pudimos hacer uso de esta tribuna, que los diputados de los diferentes partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo que nos ayude a lograr acuerdos de esta naturaleza que realmente beneficien a las mayorías. Felicito a quienes han tenido esta iniciativa, pero sobre todo felicito a los diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos por sumarse tan generosamente a este punto de acuerdo; que sea para bien de los trabajadores de la educación de nuestro país; que sea para bien de los pensionados y jubilados de nuestro país. De esta manera cumplimos uno de los compromisos que hicimos todos en campaña: legislar, exhortar, llegar a acuerdos en beneficio de los que menos tienen; todos ellos lo merecen. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sergio Hernández. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición de punto de acuerdo.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Lizárraga.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza(desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente.

Fiel al origen nuestro, como maestro de la sierra, del desierto y de las ciudades, creo que lo menos que debemos de hacer es solidarizarnos con el punto de acuerdo que acaba de presentar el maestro Jacinto Gómez Pasillas, fundados en la premisa de que en las escuelas se construye la unidad nacional y en las aulas se siembra el germen de una nueva sociedad, tarea que los maestros y maestras a lo largo y ancho del país desarrollan con enorme responsabilidad cívica y gran visión social.

Por ello, le expresamos nuestra amplia solidaridad a este punto de acuerdo e invitamos a los diputados y diputadas de esta legislatura a sumarnos en respaldo a los maestros en activo y a los maestros jubilados, que bien merecen una respuesta en este sentido. Muchas gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lizárraga. Tome la votación. Consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría absoluta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

TECNICAS DE MODIFICACION AMBIENTAL CON FINES MILITARES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que envíe al Senado de la República, para su ratificación, la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que envíe al Senado de la República para su pronta ratificación la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del PVEM

Erika Larregui Nagel integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

El único instrumento internacional que proscribe la alteración del medio ambiente en los conflictos armados es la Convención de Naciones Unidas sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles comúnmente conocida por su designación en inglés: Enmod (Environmental Modification Techniques) documento que nuestro país no ha ratificado aún.

Este importante convenio tiene sus antecedentes a raíz de la oposición global a las tecnologías de modificación ambiental que se utilizaron durante la Guerra de Vietnam, ya que con el afán de afectar a la insurgencia se rociaron de forma masiva herbicidas químicos, y se germinaron nubes artificialmente para cambiar los patrones climáticos y empeorar los monzones. Lamentablemente, la modificación ambiental no inicia en los años sesenta del siglo pasado, puesto que existen ejemplos que datan de la época del Imperio Romano.

Este tratado busca evitar a toda costa que cualquier país: aseste temblores, manipule los niveles de ozono, altere la ionósfera, deforeste, provoque inundaciones o sequías, use herbicidas, germine nubes, suscite incendios, introduzca especies invasivas o las extermine, cree tormentas, manipule el fenómeno de El Niño/La Niña, destruya plantíos u otros tipos de prácticas dañinas que pudieran conllevar a catástrofes humanitarias.

Ante el vertiginoso e imparable desarrollo tecnológico la comunidad internacional entendió que la única vía para erradicar de una vez por todas, los cambios ambientales deliberados era a través de un texto multilateral jurídicamente vinculante. Los trabajos para ello dieron inicio en 1974. México tuvo, sin duda una de las participaciones más sobresalientes al introducir enmiendas que extendían el alcance de las prohibiciones, ampliando las salvaguardas a aquellos estados que no fueran partes contratantes. Los esfuerzos fueron tan vigorosos que el 10 de diciembre de 1976, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 31/72 abriendo paso a su ratificación y para el 5 de octubre de 1978 la convención entró en vigor.

Enmodpromueve la paz, la protección del medio ambiente y la prevención del uso hostil de agentes biológicos y químicos. El daño que ya se la inflingido a nuestro entorno natural por motivos bélicos ha tenido, tiene y tendrá un costo muy alto. De hecho muchas regiones del mundo y sus pobladores ya lo están pagando. Desafortunadamente, casi treinta años después del nacimiento de dicha Convención, ésta ha quedado casi en el olvido. Actualmente, sólo 72 países de los 192 estados miembro que conforman a la ONU la han ratificado. México no se encuentra entre este último grupo de naciones, lo que resulta incongruente dada la activa participación que tuvo nuestro país en el proceso de conformación de este tratado.

Enmod forma parte integral del cuerpo de disposiciones jurídicas multilaterales en materia medioambiental y funge a su vez como suplemento para aquellos convenios que se abocan a la protección humanitaria, pues resguarda a la población civil de los sufrimientos que les causaría una modificación ambiental.

Aún con la existencia de estos instrumentos internacionales la salvaguarda del medio ambiente sigue siendo restringida, ya que los conflictos armados persisten y con ellos las amenazas a nuestro entorno. En muchas de estas disputas, el medio ambiente especialmente la biodiversidad, sigue siendo manipulada y lo peor es que quienes causan el daño rara vez son hechos responsables. Quienes son culpables muchas veces se escudan en su poderío político, económico o militar. Enmoddebe ser revitalizada. Mi grupo parlamentario considera preeminente que nuestro país inicie de inmediato el proceso conducente de ratificación de este acuerdo a fin de contribuir a un mayor y mejor resguardo de la naturaleza.

El más reciente y trágico conflicto bélico en Medio Oriente es prueba de que el medio ambiente queda como esa víctima muda de las guerras. Los cohetes lanzados por Hezbollah causaron una serie de incendios devastadores en los pocos bosques con los que cuenta Israel. Si bien no son daños irreversibles sí lo son de largo plazo. Por lo que se refiere a Líbano, la afectación ha sido mucho mayor, pues los ataques aéreos israelíes la central eléctrica de Jieh causaron un derrame de un aceite combustible para instalaciones energéticas que contiene sustancias tóxicas como benceno, tolueno y cantidades menores de otros compuestos muy peligrosos como benzopirenos. Los daños se diseminaron a lo largo de su costa con resultados devastadores pero la diferencia es que en este caso son altamente riesgosas para la salud son altamente cancerígenas y pueden provocar daños en el sistema endocrino y en el inmunitario. La marea negra se extendió a Siria y Kenia, amenazando a toda la región del Mediterráneo.

Algunos creen que enfrentar los conflictos con los instrumentos internacionales imperantes es un gran reto, ya que muchos de ellos, fueron hechos a la medida de la Guerra Fría. No obstante, debemos tener claro que esos documentos conforman la invaluable colección de textos jurídicamente vinculantes para toda la comunidad de naciones. Sobre este particular, el propósito preventivo de Enmod ha resultado visionario y extraordinario, tomando en cuenta el momento en que fue negociado, un período en el que la tecnología bélica no había alcanzado los niveles de desarrollo tecnológico que prevalecen actualmente.

Para todos debe quedar de manifiesto que los tratados internacionales son la vía para la paz, para la prevención de los conflictos y para la seguridad internacional, ello debe ser evidente para quienes administran los gobiernos, para quienes dirigen los organismos internacionales, para los militares, para los legisladores, para la sociedad civil en general.

Los tratados multilaterales existen como testimonio del interés que tiene la humanidad por alcanzar acuerdos comunes que resuelvan problemas específicos. Muchos de estos acuerdos no han alcanzado una ratificación universal, lo que en definitiva debilita su ámbito de aplicación. Los convenios en materia medioambiental no son la excepción. Este es desafortunadamente el caso de la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles, cuya aceptación general ha probado ser muy difícil de lograr.

Enmoddebe alcanzar la universalidad pues el medio ambiente nunca más debe ser concebido como un arma bélica. Por ello México tiene la obligación de contribuir a su aceptación global.

Punto de Acuerdo

Único. Que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe a la brevedad la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles (Enmod) al Senado de la República para su pronta ratificación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre de 2006.--- Diputada Erika Larregui Nagel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ENERGIA NUCLEAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió también del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que solicita que se elimine del Presupuesto 2007 la clave de proyecto 0518TOQ0043 de la entidad TOQ CFE, Comisión Federal de Electricidad, Sector 18, Energía.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se elimine del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la clave de proyecto 0518TOQ0043 de la entidad TOQ CFE, Sector 18, ``Energía'', a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diego Cobo Terrazas, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, la energía eólica participa únicamente con alrededor del 0.002 por ciento en el total de generación neta de electricidad, frente a un 29 por ciento de las plantas de combustóleo y/o gas, o cerca del 5 por ciento con relación a la energía nuclear en dicho total.

En fechas recientes, el secretario de Energía anunció un ambicioso programa de aumento de la utilización de la energía nuclear en la generación de electricidad. El principal argumento de las autoridades del país es que no se emiten contaminantes cuando en la generación de electricidad se emplea la energía nuclear. Sin embargo, los problemas ocurren cuando se empiezan a construir las plantas nucleares así como cuando dejan de funcionar:

La energía nuclear es más cara- Si tomamos en cuenta, tanto los costos de construcción, operación y mantenimiento de las plantas nucleares, así como aquellos relativos al desmantelamiento y disposición segura de los residuos radiactivos, sin duda alguna la generación de electricidad a través de la energía nuclear es más cara que la generada por medio de energía eólica.

- Asimismo, se ha estimado que en Estados Unidos el costo por KW instalado de una planta nuclear moderna era de 2,188 dólares y el de una planta de gas de 500 dólares.1

- El costo también aumenta dependiendo del tipo de reactor que se construya. Por ejemplo, en el año 2000 el costo para un reactor ``light water'' oscilaba entre 1,700 dólares y 3,100 dólares por KW. El costo se puede incrementar debido a retrasos en el calendario de construcción e incluso por cuestiones legales.

No es una energía limpia: se emiten contaminantes en la construcción y desmantelamiento de la planta nuclear, así como en la extracción y transporte de su insumo principal que es el uranio.- En 1998 la Unión Europea concluyó que todo el proceso de generación de electricidad utilizando energía nuclear produce un 50% más de emisiones de bióxido de carbono, que todo el proceso de generación eléctrica mediante aerogeneradores.

- Una vez que el periodo de vida útil de los reactores nucleares llegue a su fin, habrá un pasivo ambiental que no se sabe dónde será confinado. Los residuos nucleares representan un riesgo si no son confinados en un lugar adecuado que reúna las características mínimas de seguridad.

En México tendríamos que estimar cual será el costo en que incurriría la sociedad en su conjunto por la disposición de millones de toneladas de desechos radioactivos que se confinarían, según información oficial y como más adelante se señala, en Veracruz, además de los probables riesgos a la salud pública.

En el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Energía se señala que en abril pasado se creó el Comité para la Toma de Decisiones en Materia Nuclear, el cual planteará tanto la necesidad de incrementar la capacidad nucleoeléctrica a partir del año 2010, así como también la importancia de contar con un confinamiento permanente en el país.

Dicho confinamiento permanente, según palabras del secretario de Energía, estaría, se hace la cita ``... Se están contemplando distintas alternativas, sin haberse llegado a una conclusión técnica; la más viable acusa que es en el mismo espacio que actualmente ocupa en Laguna Verde, en el estado de Veracruz...'', fin de la cita.

De esta forma, expresamos enérgicamente que Veracruz no puede ser el tiradero o basurero nacional de desechos radioactivos, y menos aún que en nuestro país se utilice la energía nuclear para la generación de electricidad. En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República presentó en el año 2005 una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 constitucional, para establecer que en la generación de electricidad no se podrá utilizar energía nuclear, dado los potenciales problemas y tragedias que pudiera ocasionar en la salud humana y en el medio ambiente.2

Por lo señalado, mediante el presente punto de acuerdo se propone, entre otros, que no se autoricen los montos aprobados en ejercicios fiscales anteriores para el proyecto 0518TOQ0043 ``CN Laguna'' Laguna Verde, rehabilitación y modernización de la central nucleoeléctrica Laguna Verde unidades I y II, de la entidad TOQ Comisión Federal de Electricidad, sector 18 Energía.

No podemos ni debemos destinar recursos públicos escasos si las autoridades en materia energética en México no manifiestan cuál es la tecnología que se utilizará en Laguna Verde; si dicha tecnología proviene de países en los que sus legislaciones les prohíbe su utilización por lo obsoleta de la misma, ni tampoco si no cuentan con los análisis objetivos de las ventajas y desventajas de la utilización de la energía nuclear.

Compañeras y compañeros legisladores: fomentemos la utilización de las fuentes renovables de energía, tanto en la generación de electricidad como en otras actividades humanas en beneficio de la colectividad.

No podemos ni debemos olvidar que con las plantas nucleares en México así como con los confinamientos de los residuos de esas plantas, cada día estamos más expuestos a intervenciones o ataques terroristas.

Démosle la seguridad adecuada a todos y cada uno de los mexicanos, al mismo tiempo de proteger su salud y el medio ambiente que requieren para su desarrollo y bienestar.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de su competencia y en el marco del análisis y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007:

I. No se autoricen recursos ni proyectos relacionados con la generación de electricidad por medio de energía nuclear, y

II. No se autoricen los montos aprobados en ejercicios fiscales anteriores para el proyecto 0518TOQ0043 ``CN Laguna Verde'', rehabilitación y modernización de la central nucleoeléctrica Laguna Verde unidades I y II, de la entidad TOQ Comisión Federal de Electricidad, sector 18 Energía o cualquier otro proyecto relacionado con la generación de electricidad a través de energía nuclear.

Notas:

1 Boyle, Godfrey (2004). ``Energy Systems and Sustainability'', Oxford University Press.

2 Senado de la República. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 19 de abril de 2005.

``2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 23 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

Dictamen a Discusión

De la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante ( a las 16:14 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 23 de noviembre, a las 11:00 horas. Se comunica que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 41 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 304 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 463 diputados.
• Diputado que se reincorpora: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 7.
• Puntos de acuerdo aprobados: 8.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 51PAN-8, PRD-21, PRI-9, PVEM-4, Convergencia-2, PT-5, Nueva Alianza-1, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que informa de cambios en la integración de la Comisión de Agricultura y Ganadería;
• 2 oficios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 5 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo;
• 5 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite solicitudes de excitativas;
• 6 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minutas con proyecto de decreto que concede permisos constitucionales a seis ciudadanos, para aceptar y usar condecoraciones que confieren los gobiernos del Reino de España; de la República Francesa; de Libano; de la República de Guatemala, de la República del Ecuador y de la República Italiana, respectivamente;
• 1 comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo a la sesión del 1o. de diciembre de 2006;
• 1 iniciativa de senador del PRI;
• 2 iniciativas del PAN;
• 2 iniciativa del PRD;
• 2 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Alternativa
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables;
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo sobre los avances generales en el cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada para verificar de manera exhaustiva la contratación de personal y los procedimientos de operación en las empresas de seguridad privada;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo a proposición por el que se solicita a las autoridades del gobierno del estado de Baja California, realicen acciones para garantizar la seguridad pública en esa entidad;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para revocar el incremento en el precio de la leche que distribuye Liconsa.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Arredondo Ibarra, Salvador(PAN) Ley de Amparo: 55
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Cámara de Diputados: 60
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) I Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México: 194
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Leche Liconsa: 166
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Estado de San Luis Potosí: 174
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Cámara de Diputados: 62
• Castaño Contreras, Cristián(PAN) Cámara de Diputados: 64
• Chaurand Arzate, Carlos(PRI) Estado de Guanajuato: 189
• Chaurand Arzate, Carlos(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 98
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Energía nuclear: 204
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Estado de Guanajuato: 188
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Cámara de Diputados: 60
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Artículos 4o. y 73 constitucionales: 103
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Cámara de Diputados: 60
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Estado de Veracruz: 196
• Díaz Contreras, Adriana(PRD) Estado de Morelos: 190
• Duck Núñez, Edgar Mauricio(PAN) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 98
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Plan Puebla-Panamá: 180
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Artículo 20 constitucional - Código Federal de Procedimientos Penales: 77
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Estado de Puebla: 171
• Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo(PRD) Cámara de Diputados: 60, 63
• Gamboa Patrón, Emilio(PRI) Cámara de Diputados: 62
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Bono sexenal: 198
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Ley para la Reforma del Estado: 85
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Bono sexenal: 201
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Estado de Hidalgo: 156
• Hernández Manzanares, Javier(PRD) Cámara de Diputados: 64
• Iragorri Durán, Enrique(PAN) Estado de Morelos: 193
• Larios Córdova, Héctor(PAN) Cámara de Diputados: 60
• Larregui Nagel, Erika(PVEM) Técnicas de modificación ambiental con fines militares: 202
• Lizárraga Peraza, Víctor Manuel(PRD) Bono sexenal: 201
• Madrid Tovilla, Arely (PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 96, 98
• Murat , José(PRI) Cámara de Diputados: 59
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Cámara de Diputados: 65
• Palma César, Víctor Samuel(PRI) Ley de Planeación - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 71
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Cámara de Diputados: 63
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Artículos 8o., 35, 36, 39, 71, 73, 74, 115 y 135 constitucionales: 81
• Pedrozo Castillo, Adrián(PRD) Cámara de Diputados: 62
• Pedrozo Castillo, Adrián(PRD) Estado de México: 159
• Pulido Santiago, Celso David(PRD) Cámara de Diputados: 61
• Ríos Camarena, Alfredo Adolfo(PRI) Ley de Planeación - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 72
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 98
• Sánchez Camacho, David(PRD) Día Nacional de Lucha contra la Homofobia: 162
• Solís Parga, Rodolfo(PT) Cámara de Diputados: 61
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Cámara de Diputados: 60
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Estado de Tabasco: 161
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Ley General de Bienes Nacionales - Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: 66
• Varela López, Víctor Gabriel(PRD) Pobreza: 169
• Vega Corona, Antonio(PAN) Estado de Guanajuato: 183

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	CÉDULA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	INASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	OFICIAL COMISIÓN
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	OFICIAL COMISIÓN
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	INASISTENCIA
118 Maldonado González David	INASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	INASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	INASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	CÉDULA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	INASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	INASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	INASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	INASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 190
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	INASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	INASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	CÉDULA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	INASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	OFICIAL COMISIÓN
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	INASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 117
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	OFICIAL COMISIÓN
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	INASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	OFICIAL COMISIÓN
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	INASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	OFICIAL COMISIÓN
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 100
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	INASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	INASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	CÉDULA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	OFICIAL COMISIÓN
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arenas Guzmán Margarita
2 Barradas Miravete Gregorio
3 Malagón Ríos Martín
4 Maldonado González David
5 Ortíz Hernández Eduardo
6 Padilla Orozco Raúl Alejandro
7 Rodríguez Ahumada Luis Fernando
8 Sánchez Domínguez Alejandro
9 Valenzuela García María Gloria Guadalupe
10 Verástegui Ostos César Augusto
Faltas por grupo: 10

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Arellano Pulido Miguel Ángel
2 Bautista Bravo Alliet Mariana
3 Márquez Tinoco Francisco
4 Ruíz Sánchez Salvador
Faltas por grupo: 4

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 González Calderón Martha Hilda
2 Mota Hernández Adolfo
Faltas por grupo: 2

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Notholt Guerrero Alan
Faltas por grupo: 1
2 Cárdenas Fonseca Manuel
Faltas por grupo: 1