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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:17 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de octubre de 2006.

Acta de la sesión antrerior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica con motivo del 53 aniversario reconocimiento del derecho al voto de la mujer.

De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Protesta de ciudadano diputado.

De la Secretaría de Gobernación

Por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. (Turno a Comisión)

Dos,. por las que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla, puedan prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Silvia Alejandra Muñoz Cirio, Margarita Rodríguez Ortega, Rosa Claudia Hernández Cavazos y Augusto Humberto Navarrete Corbin Junior, al Gobierno de los Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, se amplié, etiquete y desagregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes. (Turno a Comisión)

Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, el gasto destinado a la Educación Pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional, presentado por el senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en septiembre de 2006. (Turno a Comisión)

Efeméride

Sobre el 12 de octubre, Día de la Raza y del Descubrimiento de América, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

De Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Diego AguilarAcuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones

Con Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para informar el estado que guarda la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, reintegre al presupuesto de la Sagarpa, el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica. Asimismo se solicita a la Sagarpa que dichos recursos sean aplicados de acuerdo a la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, a fin de informar a esta soberanía los criterios utilizados para fijar cupos de importación en la producción de azúcar, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia y suscrito por diputadas de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes, a reconocer el valor de la mujer rural y otorguen mayores recursos a los programas destinados a su atención, suscrito por los diputados Leticia Díaz de León Torres y Francisco Domínguez Servien, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur y la anulación del Acuerdo de Desincorporación emitido por la Semarnat, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que esta soberanía convoque al primer foro parlamentario de consulta sobre Educación media superior, superior, ciencia y tecnología de México, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Cacao, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Transportes y de Trabajo, y Previsión Social de esta soberanía, investiguen lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación, a cargo el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU, a cargo de la diputada Marcela Cuén Garibi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SEP, suspenda la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para realizar las obras necesarias en el denominado dren de Tehuacán, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas legislaturas locales para que modifiquen sus procesos electorales de manera que coincidan las elecciones locales y federales, a cargo del diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial Encargada del Estudio de la Problemática de las Aguas Subterráneas Nacionales, a cargo de la diputada Soledad López Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico nivel superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, en el valle de Tehuacán y Ajalpan, Puebla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como lo establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a realizar estudios técnicos con objeto de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar estudios técnicos, con el objeto de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 recursos para el rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma del Estado, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la niñez, adolescencia y familias, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la familia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo de 2000 a 2006 por todo concepto y los resultados de las revisiones efectuadas por la misma, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP a implantar los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta, de manera respetuosa, al diputado Félix Castellanos Fernández a explicar a esta soberanía las razones por las que ha decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Sergio López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Gobernación que emita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN para que, con la mayor brevedad, emita resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar en una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del pasado 30 de septiembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar, con la mayor brevedad, la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva Biblioteca Pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el campo, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía, a fin de que rinda un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, relativo a la construcción de un puerto de cabotaje y altura en la zona denominada Punta Colonet, Baja California, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal 2007 consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación para que, en el marco del proceso de transición, coordine con el presidente electo el inicio a la organización y adiestramiento de fuerzas federales, para sustituir a las fuerzas armadas de las actividades que realizan en materia de combate al crimen organizado y contra el narcotráfico, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para hacer frente a su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el Capítulo Agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de esta LX Legislatura para que, en cumplimiento con la normatividad vigente, se abstengan de fumar en el honorable recinto, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe a esta soberanía sobre el acuerdo paralelo al TLCAN, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT, la Cofemer, la CFC y el Banco de México que rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Efeméride

Sobre el XXXII aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiocho diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles once de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma manera la aprueba.

Se reciben cinco puntos de acuerdo de los congresos de los estados de: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas por los que solicitan la asignación de recursos a diversas partidas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil siete. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que informa que los Jefes Delegacionales para el periodo dos mil seis-dos mil nueve rindieron protesta. De enterado.

La Comisión Nacional del Agua, remite informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil seis de los recursos recaudados y devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el programa de devolución de derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, y designa una comisión para acompañarlo e introducirlo hasta el lugar que le ha sido asignado.

El Presidente otorga la palabra al licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al acuerdo que establece el calendario y las bases para el desarrollo de las comparecencias ante el Pleno, de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.

Desde su curul, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de procedimiento y la presidencia atiende lo solicitado.

En la primera ronda correspondiente a: preguntas de los Grupos Parlamentarios-respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público-réplica de los grupos parlamentarios, se les concede la palabra en el orden citado a los diputados del Partido Acción Nacional: Moisés Alcalde Virgen y José Manuel Minjares Jiménez.

A las once horas con cincuenta y cuatro minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cincuenta y ocho diputadas y diputados.

Continúan con el bloque de intervenciones para la primera ronda en el orden anunciado los diputados: del Partido de la Revolución Democrática: Francisco Javier Calzada Vázquez y Ramón Félix Pacheco Llanes; del Partido Revolucionario Institucional: Miguel Ángel González Salum y

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Horacio Emigdio Garza Garza; del Partido Verde Ecologista de México: Verónica Velasco Rodríguez; de Convergencia: Jesús Cuahtémoc Velasco Oliva; del Partido del Trabajo: Joaquín Humberto Vela González;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

de Nueva Alianza: Manuel Cárdenas Fonseca; y de Alternativa: Aida Marina Arvizu Rivas, quienes también hacen uso del derecho de réplica.

En la segunda ronda correspondiente a: preguntas de los grupos parlamentarios-respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público-réplica de los grupos parlamentarios, se les concede la palabra en el orden citado a los diputados del Partido Acción Nacional: Jorge Alejandro Salum del Palacio y Alejandro Enrique Delgado Oscoy; del Partido de la Revolución Democrática: Camerino Eleazar Márquez Madrid y Juan Nicasio Guerra Ochoa; del Partido Revolucionario Institucional: Carlos Ernesto Zataráin González; y

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

José Rosas Aispuro Torres; del Partido Verde Ecologista de México: Carlos Alberto Puentes Salas, quien desde su curul hace uso del derecho de réplica; de Convergencia: Juan Ignacio Samperio Montaño y del Partido del Trabajo: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, quienes también hacen uso del derecho de réplica.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En la tercera ronda correspondiente a: preguntas de los grupos parlamentarios-respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público-réplica de los grupos parlamentarios, se le concede la palabra en el orden citado a los diputados del Partido Acción Nacional: José Aguilar López y Luis Xavier Maawad Robert; del Partido de la Revolución Democrática: Octavio Martínez Vargas e Isidro Pedraza Chávez; del Partido Revolucionario Institucional: Javier Guerrero García y Charbel Jorge Estefan Chidiac; de Nueva Alianza: Jacinto Gómez Pasillas, en ambos casos; y del Partido Acción Nacional: Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez y José Martín López Cisneros.

La Presidencia agradece la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, solicita a la comisión designada acompañarlo cuando desee retirarse y comunica que la versión estenográfica de esta sesión se remitirá al Presidente de la República para su conocimiento, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta y ocho minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves doce de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Está a discusión el acta; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Mesa Directiva mediante el cual se especifican los criterios para las justificaciones de inasistencias y los permisos del propio órgano de gobierno en términos del artículo 20, numeral 1, inciso B) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que tanto la Carta Marga en los artículos 63 y 64, como la Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 23, numeral 1, inciso n) y el Reglamento para el Gobierno Interior, hacen énfasis en la importancia de la asistencia y permanencia de las legisladoras y legisladores durante el desarrollo de los trabajos plenarios, previendo sanciones en caso de que no cumplan este deber.

II. Que las normas vigentes relativas a las asistencias y ausencias de los diputados y diputadas a las sesiones plenarias se encuentran en la Constitución Política, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, de manera dispersa.

III. Que a efecto de sistematizar y dar certidumbre la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos propuso al Pleno acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las justificaciones de las inasistencias de los diputados.

IV. Que dicho acuerdo fue aprobado por el Pleno el día 25 de septiembre del año en curso.

V. Que es la Secretaría de la Mesa Directiva quien lleva el control de asistencia, asimismo es la Mesa Directiva quien justifica y otorga los permisos correspondientes.

VI. Que es necesario establecer los criterios internos de la Mesa Directiva para dar certeza y transparencia a las justificaciones de faltas y estar en posibilidades de cumplir con los ordenamientos de ley.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Mesa Directiva adoptan el siguiente

Acuerdo

Primero. Se entiende como permiso de la Mesa las solicitudes que sean entregadas antes o durante el desarrollo de la sesión. Se entiende como justificación de la Mesa Directiva la que se solicita, a posteriori, en los términos previstos en el acuerdo de la Conferencia.

Segundo. Todas las justificaciones presentadas ante la Mesa Directiva deberán ser presentadas debidamente fundadas y deberán venir con el visto bueno del coordinador o vicecoordinador autorizado, en los términos previstos en el propio acuerdo.

Tercero. La Mesa Directiva no justificará ninguna falta cuando se trate de actividades no relacionadas al encargo de diputado federal o las descritas en el artículo cuarto del acuerdo parlamentario.

Cuarto.La Mesa Directiva atenderá las solicitudes de la Junta de Coordinación Política en los términos del propio acuerdo parlamentario. (Artículo cuarto)

Quinto. Los permisos de Mesa Directiva se otorgarán conforme a los siguientes casos:

a) Durante la sesión. Siempre que el diputado federal se encuentre presente en la sesión, y no haya registrado asistencia debido algún retraso con motivo de su encargo o caso fortuito.

b) Previamente a la sesión. Se otorgarán de manera excepcional y sólo cuando se envié solicitud por escrito con los elementos señalados en el resolutivo primero y segundo del presente acuerdo.

Sexto. La Mesa Directiva otorgará permiso de manera excepcional cuando alguna comisión deba de sesionar en el tiempo previsto para el Pleno; para este efecto el presidente de la comisión hará su solicitud por escrito a priori para el análisis respectivo de los integrantes de la Mesa; y la resolución será adoptada por el voto de los integrantes de la Mesa Directiva.

Séptimo. En ningún caso, se justificarán o se otorgaran permisos para atender asuntos ajenos al cumplimiento de las funciones conferidas por el normatividad vigente, es decir, actividades partidistas o compromisos personales, entre otros.

Octavo. En caso de duda en algún caso específico, dicho asunto se llevará al seno de la Mesa Directiva a efecto de determinar si es procedente o no.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; Diputada María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Vicepresidenta; Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Vicepresidenta; Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Vicepresidente; Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Secretario; Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Secretario; Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Secretaria; Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Secretario; Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria; Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Secretario; Diputada María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Secretaria; Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica), Secretario.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretario: insértese en el Diario de los Debates. Solicito respetuosamente a los señores de los medios que pasen a ocupar los lugares que tienen reservados.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Érick Marte Rivera Villanueva, diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: José Luis Murillo Torres, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Édgar Mauricio Duck Núñez, José Edmundo Ramírez Martínez, Sara Isabel Castellanos Cortés, José Manuel del Río Virgen y Blanca Luna Becerril.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se pide a la comisión que cumpla con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Érick Marte Rivera Villanueva: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Érick Marte Rivera Villanueva:Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Continúe la Secretaría.

CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar originales de la carta, dirigida al Congreso de la Unión, con que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Paraguay.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 2 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Guadalupe Noguera Ibarra.

Puesto: Secretaria.

Lugar de trabajo: Embajada de Japón en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 22 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rubrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Mirta Gabriela Mendoza Luna.

Puesto: Operadora de teléfono en la sección de conmutador.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Francisco Javier Flores Padilla.

Puesto:Asistente en computación.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno estadounidense

Nombre:Rosa Claudia Hernández Cavazos.

Puesto: Empleada.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: Augusto Humberto Navarrete Corbin Jr.

Puesto: Empleado.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.Nombre: Silvia Alejandra Muñoz Cirio.

Puesto: Asistente en la sección de servicios consulares.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Margarita Rodríguez Ortega.

Puesto: Empleada de visas en la sección de servicios consulares.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso,túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios,túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que amplíe el programa de vacunación contra el cáncer cérvico-uterino que anunció su titular, al mayor segmento posible de población, con el fin de generar un mayor impacto en la reducción de este padecimiento.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal para que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que enviará próximamente a la Cámara de Diputados, se contemplen los recursos suficientes y etiquetados que permitan sustentar dicho programa de vacunación.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que amplíe, etiquete y desa- gregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes, dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, considerando un apartado especial para la vacunación contra el cáncer cérvico-uterino.''

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo en materia de presupuesto educativo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito, Lázaro Mazón Alonso, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, la presente propuesta con punto de acuerdo en materia de presupuesto educativo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las tantas deudas que el gobierno mexicano tiene con su sociedad, es precisamente la de dotar al sistema educativo nacional de recursos suficientes para acercar a la población las instituciones públicas de calidad adecuadas a las necesidades de demanda educativa, en cualquiera de los niveles y modalidades formativas.

Es triste aceptarlo, pero según los más recientes datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la materia, nuestra inversión por estudiante es comparativamente de las más bajas: México gasta mil 467 dólares por estudiante de primaria, 2 mil 378 en preparatoria y 6 mil 74 en nivel terciario (universidad); mientras que los promedios de la OCDE son de 5 mil 313, 7 mil 121 y 10 mil 655 dólares, respectivamente.

Es entonces evidente que el financiamiento para los niveles básicos es injustamente bajo: los estudiantes más jóvenes en el periodo de educación con cobertura casi universal (primaria), son tratados con menos generosidad que los estudiantes inscritos en niveles donde el acceso es más excluyente.

La problemática educativa es amplia. En nuestro país, las diferencias económicas y sociales generan serios problemas de inequidad en la prestación de los servicios educativos.

En educación básica, aparte de los problemas de desigualdad económica y social que afectan el nivel educativo, el problema central que se hace evidente con la publicación de indicadores de calidad educativa es precisamente la ineficacia en los niveles de aprendizaje que se padece en el país.

Ello obliga a revisar con total transparencia la aplicación de recursos humanos, materiales y financieros que ejercen los gobiernos federal y estatal, que pueden estar incidiendo sobre el nivel educativo.

Guarda estrecha relación con lo anterior que el gasto de México en educación como porcentaje del PIB sea tan sólo de 6.3 por ciento, según lo reportado por la OCDE, o de 7.1 por ciento, según cifras del último informe de gobierno. Sin importar cual fuere la cifra real, este índice está muy por debajo del 8 por ciento mandatado por la Ley General de Educación, más aún considerando que tal cifra engloba la inversión privada y la pública.

Entonces, en términos reales la máxima asignación presupuestaria a la educación pública en el sexenio que concluye está claramente por debajo del mínimo legal y a todas luces no cumple con las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la OCDE.

Así las cosas, y en gran parte gracias a la falta de inversión, los resultados objetivo en educación son pobres. Como ejemplo tenemos lo siguiente:

En la evaluación internacional del estudiante, México obtuvo la puntuación más baja en el área de habilidades matemáticas. 60 por ciento de los estudiantes de 15 años encontrarán problemas graves al aplicar las matemáticas en su vida y más del 50 por ciento no pueden resolver problemas sencillos;

Sólo 25 de cada 100 estudiantes concluyen la educación preparatoria, vocacional o su equivalente. En este caso, México tiene la tasa más baja de los países de la OCDE, que en promedio es de 75 por ciento, y

El índice de desempleo entre personas de 25 a 65 años de edad no disminuye significativamente cuando existe un nivel educativo mayor.

Visto lo anterior, es de concluirse que la educación en México es deficiente, excluyente y no es un incentivo para mejorar la calidad de vida en la población. Para salir de este ``oscurantismo'', es necesario emprender varias acciones, entre las que destaca la de asignar mayores recursos, en virtud de la oportunidad que por motivo del calendario fiscal se presentará en los próximos meses.

En educación media y superior el gran problema es el de cobertura educativa. Cada vez menos estudiantes egresados de la educación básica son absorbidos por el sistema de escuelas medias superiores y escuelas superiores, fundamentalmente debido al incremento de la base de población de 14 a 24 años y a la falta de empleo para la población juvenil.

Con un grado de avance mayor que en la educación básica, el reto de la calidad es superior debido a que muchas universidades aún no logran la acreditación de calidad de los programas educativos que ofrecen.

Ante el incremento de matrícula, muchas universidades acumularon problemas de carácter financiero, de pensiones, de plazas no reconocidas, y adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que entre otras afectan su viabilidad, son un gran peso para muchas universidades.

Así, tenemos maestros sin plaza y niños sin profesores. Urge contratar maestros egresados y enviarlos a los lugares donde hacen falta.

Finalmente, se propone como obvia la resolución de esta proposición dado que, en su momento, el legislador consideró pertinente establecer por ministerio de ley la asignación presupuestaria al rubro educativo, tomando como referente el indicador conocido como ``producto interno bruto'', puesto que éste es el más socorrido para describir la situación de las economías nacionales.

Cabe hacer mención que la aprobación de esta propuesta en nada vulnera la libertad del legislador al momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos, sin embargo, sirve como atento recordatorio para hacer cumplir la voluntad del Congreso expresada en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la colegisladora, para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación, el gasto destinado a la educación pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del producto interno bruto nacional; asignando para la investigación científica y tecnológica de las instituciones públicas de educación superior, por lo menos el equivalente al uno por ciento de dicho indicador.

Senador Lázaro Mazón Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de septiembre de 2006.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2006.--- Licenciado José Guzmán Montalvo (rúbrica), administrador general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 438 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula. Es cuanto, Presidente.

12 DE OCTUBRE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario. El siguiente punto del orden del día es una efeméride sobre el aniversario del 12 de octubre, Día de la Raza, y del descubrimiento de América. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo:Con su venia, señor Presidente; señores diputados; ciudadanos todos: se ha vuelto necesario medir la cuenta de los años y los catunes transcurridos desde que los hombres grandes y poderosos habitaron estas ciudades. Ellos alzaron los muros de las antiguas ciudades que ahora miramos. Aquí, en la provincia de la sabana, diremos qué significan todas estas ciudades esparcidas sobre la tierra, todos los edificios que hoy vemos donde quiera posados sobre los cerros, porque todos los días miramos en medio de los cielos la señal de lo que nos fue dicho por los antiguos, de aquí de nuestros pueblos, de aquí de nuestra tierra.

José Emilio Pacheco evoca en su poema ``Las antiguas ciudades'' el poder fascinante de un pasado glorioso, cuyo brillo a menudo ciega las realidades que hoy millones de nuestros conciudadanos, los descendientes de los pueblos originarios de México, padecen en una cotidianeidad que reclama la justicia, la dignidad y la igualdad.

En este siglo XXI, en la construcción de un México plenamente democrático, los hombres y las mujeres que nos de-senvolvemos en las instituciones y la política, no podemos menos que retomar los valores esenciales de la ética. Los valores de la ética nos obligan al reconocimiento de nuestra propia humanidad en la del otro, la semejanza esencial de condición bajo la disparidad de situaciones y actitudes, la permanencia de un respeto que no debe ser alterado ni siquiera para lograr el más deslumbrante de los experimentos. Es necesario recordar esto hoy que celebramos el ya lejano día del encuentro de culturas, de modos de ver la vida diferente, del comienzo de nuevas expresiones a partir de la amalgama, pero también de segregaciones e injusticia; a ese propósito el lamento y la queja es fácil y suelen sonar bien, pero casi siempre son estériles.

Yo les propongo un posicionamiento positivo sobre el enfoque que el México del siglo XXI debe dar a los asuntos indígenas: tenemos, en principio, que considerar que los integrantes de pueblos indígenas son mexicanos que le dan identidad y diversidad a la nación, que están en un proceso continuo de profundas transformaciones y que son distintos porque tienen soluciones diferentes a los problemas que se les plantean.

Las más de 60 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país lo hacen plural y rico; esta característica representa un importante patrimonio cultural, una variedad de saberes y sensibilidades desarrollados a lo largo del tiempo, que se expresan en conocimiento y relación con la naturaleza, en historias, mitos y leyendas, en música, canto y danza, en hábitos de cocina y en objetos de arte, entre muchas otras expresiones culturales.

Se trata de un enorme patrimonio de México, pero esa riqueza se contrapone al hecho de que los índices socioeconómicos reflejan una gran concentración de la pobreza en las áreas indígenas.

Las familias indígenas se encuentran predominantemente en la zona calificada como de extrema pobreza: el 83 por ciento de los municipios indígenas se encuentran en las categorías de alta y muy alta marginación. El desglose por regiones demuestra una situación aún más extrema; en las regiones de los altos y la selva en Chiapas, por ejemplo, la desnutrición supera el 80 por ciento.

El informe sobre el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que México ocupa el lugar 15 en desarrollo económico, medido éste por el crecimiento del PIB y otros indicadores macroeconómicos; sin embargo, medido en términos de desarrollo humano, el país ocupa el lugar 52. Estos indicadores demuestran la impostergable necesidad de la acción institucional para hacer viable el país próspero, justo, legal, estable, democrático y seguro al que aspiramos mayoritariamente. Ha habido, es cierto, un reconocimiento a las demandas indigenistas en el discurso oficial y en las acciones, pero no debemos negar que muchas veces han sido bastante contradictorias con los actos de gobierno y del Parlamento.

Como legisladores tenemos la obligación de participar en las múltiples manifestaciones de reconocimiento a los indígenas; tenemos, en principio, que reconocer que, de hecho, los indígenas no están sólo en los estados con alta población indígena, sino esparcidos por todo el país: llegan hasta la frontera norte donde a los grupos originales se han sumado grandes conjuntos poblacionales que migran desde el centro y sur del país; de manera que el indígena forma también parte del modo de pensar en el espacio en las ciudades, de habitarla en la construcción de casas, en los gustos alimenticios o en la vestimenta; también forman parte del éxodo que la falta de oportunidades ha llevado a millones de nuestros conciudadanos más allá de la frontera norte.

México, los mexicanos y, entre otros, los pueblos indígenas, merecen el mayor de nuestros esfuerzos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda; no podemos tampoco legislar para unos pasando por el derecho de otros; no podemos adornar de riqueza cultural lo que en el fondo es injusticia.

Los mayas, los zapotecas, los seris o los otomíes, por mencionar ejemplos, son ciudadanos y aspiran a serlo de pleno derecho; ellos, como todos los pueblos originarios, aportan su visión del mundo y nos enriquecen a todos, y a todos debe cobijar la ley, una ley justa, igualitaria es la que debe de brillar.

José Emilio Pacheco...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que concluya, diputada.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: ... nuestra intención es verdadera. Queremos leer lo que hay en la faz del cielo al entrar la noche, desde el horizonte hasta el meridiano; así pues, se inclina. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Cecilia Díaz. Tiene la palabra el diputado Marcos Matías Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Matías Alonso:Con su permiso, señor Presidente. Mi alocución tiene que ver con las efemérides del día de hoy. Es un acontecimiento histórico que no debemos omitir.

En el tiempo pasado, el 12 de octubre fue considerado como el Día de la Raza. Hoy, los pueblos indígenas de México lo honramos como ``el día de la dignidad y la resistencia de los pueblos indígenas''. Levanto la vista en este recinto legislativo y encuentro el nombre grabado de nuestro gran abuelo Cuauhtémoc y también el de Netzahualcóyotl, el poeta de la voz profunda. Ambos simbolizan la resistencia de 514 años de supervivencia indígena. Enaltezco y admiro su legado histórico.

Señor Presidente, en este día memorable, le ruego me permita relatar un testimonio relevante en la vida de nuestros pueblos: el pasado 27 de abril el presidente del Banco Mundial visitó una pequeña comunidad indígena en la montaña de Guerrero; le impresionó ver que los niños recibían clases en el armazón de un viejo autobús que sirve de aula escolar. Los niños recitaron poemas en náhuatl y en su mensaje le hicieron saber su sueño de salir de la pobreza.

Ese día, los niños y las autoridades de la comunidad vieron llegar el helicóptero del Estado Mayor Presidencial, sin imaginar que transportaba a uno de los hombres más poderosos en su influencia en el medio internacional; tampoco imaginaron que las palabras de los niños conmoverían al presidente del Banco Mundial. Hace un par de semanas, en Singapur, se celebró la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; en la ceremonia de clausura el presidente del Banco Mundial cerró su alocución con fragmentos de la poesía indígena que escuchó en Acatlán.

Los jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de 180 países escucharon con interés su discurso; en la parte final de su intervención expresó: ``Cuando visité Guerrero, el estado más pobre de México, conocí niños que eran los primeros en sus familias que tenían la oportunidad de asistir a la escuela. Aún tengo presentes las palabras de una niña que compartió con nosotros su sueño de salir de la pobreza y alcanzar un futuro más luminoso''.

Así como la voz y el pensamiento de los niños indígenas llegó a Singapur en el cónclave del Banco Mundial, en este día memorable, desde mi palabra, he querido que parte de este mensaje se escuche en este recinto legislativo.

El testimonio anterior constata que los pueblos y las culturas indígenas ya no permanecen encerradas en el ámbito comunitario; han rebasado las fronteras nacionales y están transitando por el mundo globalizado. En el caminar por el mundo, las identidades se mezclan y multiplican. En este nuevo proyecto político es necesario reconocer el derecho a la diferencia y el derecho a la diversidad cultural, que no es otra cosa que aprender a vivir y a convivir con las diferencias culturales y raciales. Debemos aprender a cohabitar con los negros, los indígenas y los mestizos; aceptar que todos somos iguales, pero diferentes.

Hoy día, el movimiento de la mayoría de los mexicanos pugnamos por un nuevo sol, el sol del reconocimiento mutuo, la aceptación de lo que hemos sido y seremos, hacia el fortalecimiento de una nación más multicultural. Nunca más podemos ni debemos ocultar nuestro rostro indígena, mestizo y, algunos, de raíz europea; son todos nuestros. El espejo de Quetzalcóatl se ha llenado de caras y rostros diversos: los nuestros.

Señor Presidente, desde este recinto legislativo hago un exhorto para que construyamos un México cada día más incluyente, capaz de cohesionar razas, identidades, culturas y aspiraciones diversas; detengamos el fantasma del racismo que ha sido una llaga de dolor que humilla; no posterguemos más la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas de México.

El siglo XXI nos exige dejar atrás los festejos del Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el mal llamado Descubrimiento de América o el Encuentro de Dos Mundos: es el tiempo de la diversidad cultural y política, es el día de la resistencia y la dignidad de los pueblos indígenas de México y de América.

Nuestras voces cuestionan al Estado republicano que nació y se sustentó con la idea de un solo pueblo, una sola nación y un solo Estado. La realidad es mucho más compleja y nos convoca a asumir fuertes compromisos para desterrar el racismo, la intolerancia, la discriminación y la exclusión que aún padecen nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias a todos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Marcos Matías. Tiene la palabra el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: antes de referirme al propósito que me trae a esta tribuna, en nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, solicito respetuosamente que me permitan expresar un mensaje a mis hermanos de origen, en el idioma náhuatl, como símbolo de respeto con el México antiguo y con los 62 idiomas nacionales que persisten en la actualidad:

Ipan in tonal tlen majtlak uan ome tonali tlen metstli octubre 1492, ika yolkokolis tikilnamiki nin tonali tlen opanok (para nosotros, el 12 de octubre de 1492, nos trae a la memoria recuerdos dolorosos).

Axan, ika pakilis uan ika chikaualis namechmaktilia seki totlajtoltlamachilis, kampa uejka tikualitaskiaj maj ajsi yankuik totlachialis (este día, sin rencores y con entusiasmo, pongo en sus manos ideas y propuestas que vislumbran la construcción de un nuevo destino).*

Compañeras y compañeros diputados. El 12 de octubre de 1492 ha sido uno de los acontecimientos de gran trascendencia para la humanidad. Este hecho histórico se ha denominado como Encuentro de dos Mundos, entre Europa y América. Cinco siglos después todavía pesan sobre los diferentes pueblos de nuestro país: rarámuris, mayas, zapotecos, purépechas, kiliwas, y muchos otros, los signos de la opresión, de la explotación, la discriminación y la exclusión, que son secuelas del régimen colonial que en su momento implantó la corona española.

No obstante, reconocemos que junto con la ambición desmedida de los conquistadores vinieron también humanistas, como los frailes Juan de Zumárraga y Bartolomé de las Casas, entre otros, quienes dejaron testimonio de que el encuentro de dos culturas podría haber sido fraterno, respetuoso y mutuamente enriquecedor, como lo desarrolló años más tarde don Vasco de Quiroga al fundar el Colegio de San Nicolás, hoy Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ya como nación independiente, parlamentarios de origen náhuatl como Ignacio Ramírez ``El Nigromante'' e Ignacio Manuel Altamirano, de Tixtla, Guerrero, desde esta misma tribuna demandaron el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de México.

En el transcurso del siglo XX el movimiento indígena demandó mayor participación en la vida del país; sin embargo la mentalidad colonialista y paternalista del Estado mexicano ha limitado la posibilidad de ser actores y partícipes, plenos del desarrollo de la nación.

Sólo con la amenaza de las armas, como en la Guerra de Castas del siglo XIX; la lucha armada de los yaquis, a principios del siglo XX, y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, el Estado mexicano ha abierto espacios de diálogo con los pueblos originarios. Resultado de lo anterior es la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, que, aunque constituye un avance, no reconoce plenamente los derechos de nuestros pueblos.

Congruente con esta realidad, propongo a esta honorable Asamblea reabrir el debate sobre la controvertida reforma constitucional de 2001 para impulsar los siguientes temas: la representación indígena en los poderes del Estado; el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público en el marco de la autonomía y libre determinación; el establecimiento de un sistema jurídico de procuración de justicia que convalide el derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo; el derecho preferencial a la preservación y usufructo de los recursos naturales; el desarrollo sustentable, acorde a la vocación productiva de las regiones; revisar y reformar el artículo 3o. constitucional para que la educación responsa a la realidad multicultural y plurilingüe del país y desarrolle el diálogo intercultural en la formación de los mexicanos del siglo XXI. Estas acciones contribuirán al restablecimiento de relaciones de equidad para la unidad y el desarrollo nacional.

La historia no la podemos cambiar, por ello seguiremos recordando el hito histórico de 1492; lo que sí podemos hacer, hombres y mujeres, es construir un futuro para todos los mexicanos, libres de prejuicios, actitudes racistas y excluyentes.

Concluyamos los acuerdos para una revolución social dentro de las instituciones; de no hacerlo así, estaremos dando la razón a quienes piensan que una sociedad de justicia y libertad en México sólo es posible por el camino de la violencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Wenceslao Herrera. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Álan Notholt Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alan Notholt Guerrero:Le agradezco, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el 12 de octubre es una fecha para recordar y para analizar con rigor histórico, pero más que nada con visión de futuro. Para muchos, en la actualidad la importancia de las ideas, intenciones y voluntades que llevaron a Cristóbal Colón y sus seguidores a buscar nuevas tierras puede ser relativa, pero pensemos que nadie es ajeno a esa herencia, pues de alguna manera todos tenemos un legado de ese hecho; quinientos catorce años después de su arribo a América, cada americano es parte de ese encuentro entre culturas.

Si bien es fundamental conocer y entender los antecedentes de la situación imperante, es necesario cavilar sobre nuestro presente, ya que de alguna manera en esta región seguimos subyugados. Desde luego que no se trata de un coloniaje como el del siglo XVI, sino de un sometimiento por la pobreza, el hambre, la desigualdad, la devastación de nuestros recursos naturales y el desprecio por nuestros pueblos originarios. El principal problema de las naciones como México es que han negado ese pasado indígena; en este país alrededor del 50 por ciento de la población total vive en situación de pobreza; más de veinte millones se encuentran en zonas rurales; ese número está compuesto en su mayoría por indígenas; este grupo vive en la indigencia.

Señoras y señores legisladores, me refiero a una situación muy dolorosa en la que una persona puede vivir; actualmente la sobrevivencia de los pueblos indígenas está amenazada por algunos problemas cruciales como la desigualdad, la pobreza y los conflictos interétnicos. Hoy millones de indígenas de las diversas comunidades se ven relegados del desarrollo nacional, pues con las limitaciones que el mundo moderno les impone las desventajas se hacen cada vez más agudas y apremiantes.

Debemos sumirnos en una profunda reflexión: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?; sólo de esta manera podremos evitar mayores diferencias sociales; tenemos grandes desafíos, que deberemos resolver con creatividad, tolerancia y reflexión. Con el llamado descubrimiento de América, los europeos advirtieron una diversidad impensable; no obstante, más de cinco siglos después la realidad sobre los diferentes pueblos no ha sido suficientemente admitida.

Los gobiernos del mundo, por dispares que parezcan, tienen problemas comunes: el efecto invernadero, la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono, la contaminación de los mares, el armamento nuclear, el sida, el tráfico ilegal de estupefacientes, la emigración, por mencionar algunos, perjudican a la humanidad; de tal manera resulta imprescindible alimentar nuestra entereza y rescatar ese vasto significado de ser un pueblo y comenzar a ser percusores de las grandes transformaciones que se necesitan.

Con voluntad, con acuerdos, con hechos, podemos salir delante de ese coloniaje mental que aún impera, de ahí la importancia por fomentar el desarrollo en todos sus órdenes, puesto que sólo a través suyo se acrecientan las capacidades para construir pueblos unidos y preparados. Desde las aulas, desde los centros de investigación, desde las organizaciones sociales y gubernamentales debemos promover el desarrollo nacional y no individual.

Fortalezcamos nuestras pertenencias, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones para darles su justo valor; encontremos la unidad en la diversidad. Es necesario crear los instrumentos e instituciones para que los indígenas, que todavía pueden y merecen ser atendidos por las diversas instancias gubernamentales, reciban las más amplias facilidades para que mejoren sus condiciones de vida y, de esta manera, también salvemos la megadiversidad biológica y cultural de la que nuestro país es depositario.

Que esta conmemoración del 12 de octubre obsequie un reconocimiento a nuestro pasado; que sirva para comprender lo que fuimos y determinar lo que somos; que sea un medio para ser y para saber cuál es nuestra ubicación; pero, aún más trascendente, qué tipo de país queremos ser.

Tenemos que pugnar por un mundo sano. Cuando Colón llegó a América, se maravilló de las riquezas que encontró en este territorio. En este milenio que apenas comienza, promovamos un redescubrimiento de América; pero, aún más importante que ello, impulsemos un autodescubrimiento de América para enseñarle al resto del planeta que nuestro continente está lleno de un vigor inigualable.

En cada uno de nosotros está la fuerza para iniciar esta lucha por este nuevo futuro, en el que nunca más haya choques entre civilizaciones. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Tomás José Luis Varela Lagunas, del grupo de Convergencia.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas:Con su venia, señora Presidenta; compañeros, compañeras legisladores: nos convoca el día de hoy una fecha en el calendario de los pueblos indígenas de México, de América y del mundo: el día de la resistencia, de la autonomía y del reconocimiento pleno a los derechos legítimos de nuestros pueblos originarios. En representación del grupo parlamentario del Partido Convergencia, hago uso de esta tribuna para fijar la postura del mismo con relación a esta fecha significativa para nuestros pueblos indígenas.

Nuestros pueblos originarios han dejado en el pasado los festejos que desde la concepción occidental habían señalado este día como el del Encuentro de Dos Mundos, del choque de dos culturas, para pasar al día del reconocimiento de la lucha que siguen dando nuestros pueblos indígenas.

Nuestros pueblos originarios siguen padeciendo el olvido, la segregación, la marginación, y son excluidos del proceso de desarrollo; continúan sufriendo la explotación de sus recursos naturales o son expulsados de sus propias tierras y viven en un estado de agresión permanente a su cultura, costumbres, tradiciones y lenguas.

Por ello, es que, sin temor a equivocarnos, afirmamos que los pueblos de las culturas originarias de México son los menos favorecidos por el desarrollo nacional. Corresponde a todos, particularmente a quienes tenemos el privilegio de legislar, sentar las bases que propicien los cambios sociales; contribuir con nuestra inteligencia y voluntad en la superación de los factores de marginación y pobreza de nuestros pueblos indígenas y de los millones de mexicanos que siguen sumidos en la pobreza extrema, la marginación y la discriminación. No es posible que el gobierno destine únicamente mil 700 pesos anuales para la educación de un alumno indígena; al hacerlo, es deber de todos actuar bajo el espíritu de la interculturalidad, atendiendo al respeto de la dignidad del otro mediante el diálogo y la comprensión mutua.

Es tiempo de dejar de lado todo enfoque paternalista, ya que éste significa una posición de dominio. Es tiempo de dejar de suponer que los pueblos originarios sobreviven gracias a los programas asistenciales del gobierno federal y gobiernos estatales. Los pueblos originarios de México, no nos piden gran cosa: nos demandan y les asiste el derecho a ser respetuosos de su historia y de su identidad cultural; que construyamos relaciones de colaboración, de colaboración y de correspondencia y no de sumisión; que colaboremos con ellos para la superación de sus carencias, sin pedir a cambio que se sometan a nuestra ideología y patrones culturales.

Sería muy conveniente la afirmación de este honorable Cuerpo Legislativo de que, siendo una nación multicultural, nos propongamos construir en los hechos, y no en el discurso, una nación pluricultural en un marco de tolerancia y respeto entre todos; éste es el reto mayor y estamos seguros que esta legislatura lo vamos a alcanzar.

Las letras de oro con el nombre de Benito Juárez García, insertas en el muro de este recinto, serían más un insulto que un homenaje para el Benemérito de las Américas si, por encima de la justicia para nuestros pueblos indígenas pesa más el interés y la mezquindad. Los pueblos indígenas también son México y este México no se explicaría sin los indígenas de ayer, de hoy y de mañana.

No más mexicanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, únicamente todos somos mexicanos.

Viva México y viva esta nación que es pluricultural. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortíz, del Partido del Trabajo.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: hoy, 12 de octubre de 2006, se conmemora el aniversario número quinientos catorce de que Cristóbal Colón encontró lo que años después sería conocido como el continente americano. Este hecho marcó el encuentro de dos visiones del mundo.

Además, fue el inicio de la conquista de estas tierras por parte de los españoles y el sojuzgamiento de los pueblos indígenas. Desde ese momento comenzó el saqueo de la riqueza de América Latina y el Caribe; el saqueo de oro y plata en aquella época, hoy se ha convertido en el saqueo del petróleo, el gas y las riquezas naturales de nuestros pueblos. También se nos impuso una forma de organización exfoliadora y corrupta; nos invadieron enfermedades no conocidas en nuestras tierras y se pulverizaron las formas comunitarias de nuestros ancestros; nuestros antepasados fueron sometidos a un régimen de esclavitud y exterminio en las tierras que antes fueron suyas y que con motivo de la conquista pasaron a manos españolas.

El descubrimiento devino en conquista, y éste, en despojo de la riqueza de nuestros pueblos indios. No se puede explicar el esplendor de Europa sin el robo y el saqueo de nuestras riquezas materiales. Por ello, es legítimo que América Latina y El Caribe empiecen a hacer conciencia para exigir a los países conquistadores el pago de una indemnización por el saqueo de sus recursos, tal como ya lo están haciendo en el continente africano y en otras partes del mundo.

A más de cinco siglos del descubrimiento de América, el sometimiento y marginación de nuestros pueblos indios, desafortunadamente, continua vigente; en este día es necesario que reflexionemos sobre las condiciones materiales de los indígenas en el continente y en particular de nuestro país. En Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Veracruz, entre otros estados, donde se concentra el mayor número de población indígena del país, sus condiciones materiales no han cambiado: los indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres; no obstante la reforma constitucional de 2001 a los artículos 1o., 2o. y 4o., los integrantes de los pueblos indios son discriminados, rechazados y excluidos de los beneficios que ha producido el desarrollo económico en nuestro país.

Por esa razón, como una forma de saldar la deuda histórica y social que tenemos con ellos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reivindica el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y el proyecto de reforma constitucional formulado por la Cocopa en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión. Hoy más que nunca debemos tener presente que no podemos aspirar a una sociedad igualitaria si no somos capaces de tratar con igualdad y con justicia a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: 1492, año de referencia del encuentro de dos mundos, de dos civilizaciones: Europa y América; dos culturas con historia e identidad propias que quedaron no solamente impregnadas por masacre, crueldad y explotación, sino también por conocimiento, idioma y religión.

Los tlamatimines --sabios aztecas que fueron camino, maestros y guías para los demás en su entendimiento, en su sabiduría-- sostenían que los hombres nacíamos inacabados, que no teníamos un rostro y un corazón definidos y era sólo a través de la educación que éramos seres perfectibles. Sólo ella, la educación, podía dar sabiduría a los rostros y enderezar los corazones; su misión era humanizar a la gente a través de la formación educativa, que para ellos era el fundamento moral de la vida. La influencia que tuvieron estos sabios con sus valores educativos dio cuerpo a los principios mestizos de nuestra cultura.

Hombres como José Vasconcelos y Justo Sierra también entendieron, a diferencia de otras culturas que borraron la herencia de los conquistados, que el mestizaje representó en América Latina una asimilación que nos dio la posibilidad de una historia compartida, con derechos, con nuevas esperanzas.

Los resultados inmediatos del encuentro entre América y Europa fueron muchos, fueron vastos: se abrieron rutas marítimas, se incluyó a toda una zona en el planeta y en el contexto de aquella época; los viajes ibéricos impulsaron competitividad mercantil, naviera y tecnológica en la región, pero también generaron ambiciones y nuevas formas de interactuar entre ambas civilizaciones. Sin embargo, viendo con detenimiento el desarrollo de la historia, hoy tenemos que reconocer que con este encuentro de hace 514 años hemos ganado en entendimiento, en solidaridad y respeto mutuo entre todos los pueblos involucrados.

Insistir en el concepto de una América descubierta implica recaer en el añejo vicio de proyectar la historia desde un punto de vista europeo, por esto hoy tenemos que recordar el histórico encuentro de Cristóbal Colón con América desde una perspectiva más amplia, replanteándonos lo que se nos ha contado, para tener un juicio propio de la importancia de la parte negativa y de la parte positiva sobre la cual podremos seguir abonando en la construcción de nuestro país.

Ahora que enfrentamos nuevas formas de colonialismo avasallante, es tiempo de revalorar lo que fuimos y lo que somos para seguir construyendo una patria incluyente, con identidad propia; un lugar donde no prevalezca la visión de uno sobre el otro, del fuerte sobre el débil, del que colonizó y el que fue colonizado; donde todos seamos iguales y encontremos hogar común, un país en donde encontremos y compartamos un proyecto de desarrollo construido a través del conocimiento, la educación, el respeto al medio ambiente y los valores.

Agrupémonos, reconozcámonos como iguales, perdonémonos, provoquemos un gran entendimiento en nuestra pluralidad y en nuestra diversidad, construyamos patria para este siglo que ha iniciado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Partido Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con la venia de la Mesa Directiva; legisladoras, legisladores: para los pueblos y los grupos sociales que han sido discriminados históricamente hacer memoria es hacer política. Este 12 de octubre de 2006se cumplen 514 años del descubrimiento de un continente denominado América, también se cumplen 514 años de una colonización que vergonzosamente persiste entre nosotros y que tiene rostro indígena.

La independencia llegó para unos cuantos, los iguales de 1810, a quienes se les otorgó libertad y derecho a participar en los asuntos de la nación, no fueron las mujeres, no fueron las personas de piel negra --nuestra tercera raíz--, no fueron los pobres, no lo fueron los diferentes, pero sobre todo no lo fueron los pueblos indígenas. La colonización persiste y se manifiesta de varias formas en nuestra vida cotidiana. En nuestro lenguaje sigue siendo normal utilizar ``el naco'' y ``lo naco'' para designar despreciativamente a todo aquello que no queremos ser; el racismo sigue siendo, sin duda, lo peor que nos caracteriza a los mestizos; México es de los países más racistas del mundo y hoy, hoy es un buen día para preguntarnos: ¿yo cómo discrimino?, ¿cómo se manifiesta mi racismo? Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: el racismo es curable.

Pero no sólo hemos renegado de nuestro pasado indígena y de nuestra historia; producto del racismo y la discriminación: hemos resuelto, por decreto, no abordar más el grave problema de las etnias en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo, en el estado de México, en Guerrero, en Veracruz, en Yucatán, en Campeche, en San Luis Potosí, en Puebla, en Chihuahua, en Sonora. En todo el país, la desigualdad y la pobreza se profundizan: los niños y niñas indígenas y familias enteras no tienen acceso a la educación, a la salud, a la alimentación; En muchos lugares ni siquiera tienen acceso al agua, como en la zona del Alto Balsas, por ejemplo, en Guerrero; y no se diga ya de otros derechos que, según la Constitución, son derechos ganados para todos, como el acceso a la justicia. En todos esos lugares, la conquista y la colonización persisten. Por todo ello, este 12 de octubre del 2006 hagamos memoria y tomemos conciencia de que nada hemos resuelto.

Chiapas sigue siendo una zona militarizada: cada día, desde hace 12 años, el ejército se apodera de los caminos en un ir y venir constante; no ha dado tregua y la guerra de baja intensidad sigue siendo el arma que han privilegiado los dos últimos gobiernos para que se mantengan las cosas como están. ¿Pueden imaginar las generaciones de niños y de niñas, de mujeres y hombres que han crecido con la presencia siempre constante del Ejército? Sin duda es otro México. ¿Podremos hacernos cargo de las culpas sin castigo y del castigo sin culpa para abordar, de una vez por todas y con toda seriedad, el tema indígena?

Alternativa insiste y coloca nuevamente en esta tribuna la necesidad de retomar los Acuerdos de San Andrés. El Partido del Trabajo y Convergencia han manifestado ya su interés y a las demás fuerzas políticas les insistimos a que se pronuncien. Otro México es posible. Compañeras y compañeros legisladores. Legislemos los Acuerdos de San Andrés. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

BANDO SOLEMNE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Conde. Me es grato informar a esta Asamblea que, en el marco de la conmemoración de este 12 de octubre, la Presidencia de la Mesa Directiva ha realizado un ejercicio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fin de reconocer el derecho de los pueblos de ser partícipes en la vida democrática del país. Para ello, en un hecho simbólico, se elaboraron diversos talleres que tuvieron como finalidad traducir el bando solemne conocido recientemente por la Cámara de Diputados a 47 lenguas indígenas y, en breve, con la colaboración y reconocimiento del Instituto de Lenguas Indígenas estaremos en posibilidad de remitir los documentos a todas las comunidades en nuestro país.

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa de Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados; la presente iniciativa, es cierto, toca un tema que está a debate, por todos conocido; pero quiero destacar que, además de ello, recoge la propuesta, las ideas de un destacado grupo de abogados en el curso de la jornada cívica previa al 2 de julio y a las que hemos dado forma en lo que hemos denominado ``El parlamento ciudadano, vínculo del gobierno con la sociedad''. Por ello agradezco al destacado constitucionalista doctor Alberto Peralta, que haya encabezado a este grupo de abogados y haya realizado el esfuerzo de sistematización y ordenamiento de la propuesta que someto a su consideración.

La ley actualmente en vigor sobre la materia que nos ocupa, del 22 de diciembre de 1978, se denomina Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, denominación que en sí misma observaría en un análisis riguroso inconsistencia y falta de técnica legislativa, en atención al nombre de nuestra Norma Suprema, de ahí que la propuesta sea Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se observa también en nuestra historia constitucional, desde 1874, año en el que las referidas atribuciones se incorporaron a la Constitución de 1857, que jamás se ha expedido la Ley Reglamentaria que ordena el párrafo final de la fracción VI del citado artículo 76, existiendo, sí, el precedente de una iniciativa elaborada en 1939 por los senadores Nicéforo Guerrero y Wilfrido Cruz, misma que siendo aprobada por el Senado no llegó a aprobarse por la Cámara de Diputados, por razones desconocidas.

Consta también en esta Cámara una minuta pendiente de dictaminarse desde el 7 de diciembre del año 2004, enviada por la Cámara de Senadores, conteniendo el proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria sólo de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa presentada por el entonces senador y destacado legislador César Camacho --hoy diputado federal, compañero nuestro--, que fuera dictaminada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Colegisladora el pasado mes de noviembre.

Dicho proyecto, cabe destacar, plantea cuestiones de fondo interesantes, al esbozar las diferencias entre la atribución senatorial contenidas en la fracción VI del artículo 76 de nuestra Constitución con aquellas otras que pudiendo resultar análogas son asignadas por la Constitución a otros poderes públicos o bien a otras vías de procedimiento.

Esta iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, no desestima el esfuerzo realizado para lograr consenso de los señores senadores de todos los partidos y haber logrado en esa minuta un proyecto de reglamentación de la fracción VI. Pero estima también que es necesario abundar sobre el debate y justamente el procedimiento adecuado es esta iniciativa que se propone, como pudiera serlo, y lo será en su momento, la discusión que en su caso se dé en la Comisión de Gobernación, en donde está radicada la minuta citada.

Es de destacarse, compañeras, compañeros diputados, que como práctica viciosa en nuestra historia política, se ha invocado la facultad contenida en la fracción V del artículo 76 constitucional como sustituto o alternativa del fincamiento de responsabilidades políticas o de la declaración de procedencia que se regula en el Título Cuarto de la Constitución. Tales son los casos, lo refiero únicamente, históricamente dados en la desaparición de poderes del estado de Guerrero, el 31 de enero de 1975; y por igual, la declaración de desaparición de poderes del estado de Hidalgo, el primero de abril de 1975, gobernando entonces Manuel Sánchez Vite.

Los desórdenes sociales, tentativas de insurrección o protestas generalizadas, aun siendo justas e incluso legítimas, tampoco facultan el ejercicio de la atribución contenida en la fracción V del artículo 76, siempre que esté en funciones la legislatura, el titular del Poder Ejecutivo local o el Poder Judicial de una entidad. En casos de sublevación o trastorno interior, procede en todo caso la intervención ejecutiva de los Poderes de la Unión por excitativa de la Legislatura o del Ejecutivo local, si aquella no estuviese reunida; intervención que procede también de oficio en el extremo caso de la invasión o violencia exterior de conformidad con el artículo 119 de la Constitución.

La facultad de la fracción V del artículo 76, como ya se ha expuesto por varios legisladores, consiste en constatar un hecho preexistente, siendo éste la desaparición de Poderes en una entidad, situación que puede darse de hecho con la muerte, incapacidad física o mental o abandono fáctico de las funciones de todos los integrantes de los Poderes de un entidad, siempre y cuando, como dice la Constitución, no esté previsto en el ordenamiento supremo particular de cada una de las entidades y no se prevea el procedimiento de sustitución.

La presente iniciativa, en otro orden de ideas, plantea también lo concerniente a la atribución contenida a la fracción VI del artículo 76 constitucional, que --como ya dije-- ha sido magistralmente expuesta por el senador César Camacho en la minuta que hoy está a discusión en la Comisión de Gobernación de esta Asamblea. La cuestión de fondo es: ¿qué se debe entender por cuestiones políticas que se susciten entre Poderes de un estado para que la solución de las mismas sea de la competencia del Senado y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Esta iniciativa pretende abundar, clarificar, pone a debate en todo caso este dilema, el análisis sobre estas diferencias para efecto de establecer los alcances de la citada fracción VI del artículo 76 en comento. Esta iniciativa sostiene el criterio que la única interpretación constitucionalmente válida de lo que debe entenderse por la expresión ``cuestiones políticas'' a que alude la fracción VI, es la concerniente a la legal integración, organización y funcionamiento de los poderes públicos locales, cuando ellas no derivan de la expedición de normas, ya que en tales casos estaríamos ante materia de controversias, propia de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tratándose de temas electorales, en los términos del artículo 99, fracción IV, y 116, fracción IV, de la Constitución en lo que respecta a los tribunales electorales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:En consecuencia de lo anterior, señor Presidente, hago entrega de la iniciativa y su exposición de motivos en sus términos, para que se integre como tal al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abroga la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.

Exposición de Motivos

Razones para expedir la reglamentación de las fracciones V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La ley actualmente en vigor sobre la materia que nos ocupa, del 29 de diciembre de 1978, se denomina Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, denominación que en sí misma observa inconsistencia y falta de técnica legislativa, en atención al nombre oficial de nuestra norma suprema, de ahí que la denominación del decreto materia de la presente iniciativa sea: Ley Reglamentaria de las fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es de observarse en nuestra historia constitucional que desde 1874, año en que las referidas atribuciones se incorporaron a la Constitución de 1857, jamás se ha expedido la ley reglamentaria que ordena el párrafo final de la fracción VI de artículo 76, existiendo el precedente de una iniciativa elaborada en 1939 por los senadores Nicéforo Guerrero y Wilfrido Cruz, misma que siendo aprobada por el Senado no llegó a aprobarse por la Cámara de Diputados por razones que se ignoran.

En esta Cámara consta, pendiente de dictaminarse desde el 7 de diciembre del año 2004, una minuta enviada por la Cámara de Senadores que contiene el proyecto de decreto por el que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa de ley presentada en la colegisladora con fecha 12 de mayo del 2004, por los señores senadores Carlos Chaurand Arzate y Lucero Saldaña Pérez, que fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores el 30 de noviembre del mismo año.

Proyecto, este último, que resulta por demás interesante al esbozar las diferencias entre la atribución senatorial contenidas en la fracción VI del artículo 76 de la Constitución, con aquellas otras que pudiendo resultar análogas son asignadas por la Constitución a otros poderes públicos, o bien a otras vías de procedimiento.

En tal contexto, al turnarse la presente iniciativa a las comisiones dictaminadoras correspondientes, tendrá que ser abordada en su discusión y análisis conjuntamente con el proyecto aprobado por la colegisladora, en virtud de estar pendiente la dictaminación correspondiente del mismo.

La ley del 27 de diciembre de 1978, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año, devendría en inconstitucional, toda vez que solamente es reglamentaria de la fracción V del artículo 76 y el párrafo final de la fracción VI establece textualmente: ``La Ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior'', siendo la interjección ``y'' una partícula ilativa y no disyuntiva, de tal suerte que la ley reglamentaria debe regular ambas atribuciones senatoriales, tanto la concerniente a la declaración de desaparición de poderes, como la relativa a la solución de conflictos políticos entre poderes de los estados, y no sólo la primera de ellas, como sucede en la ley del 29 de diciembre de 1978.

La atribución del Congreso de la Unión para expedir la Ley Reglamentaria de referencia se derivaría del multicitado párrafo final de la fracción VI del artículo 76 y, asimismo, del artículo 73, fracción XXX, de la Constitución, que da atribución al Congreso General para expedir todas las leyes que sean necesarias, a efecto de dar concreción a las facultades concedidas por la propia Constitución a los Poderes de la Unión.

El texto de las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional tiene su antecedente en la reforma a la Constitución de 1857, aprobada por el Congreso el 6 de noviembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 del mismo mes del año de 1874; reforma por medio de la cual se adoptó el Sistema bicamaral al instaurarse el Senado, y siendo establecidas a favor de dicha Cámara las atribuciones que se contenían en las fracciones V y VI del artículo 72b de la citada Constitución de 1857.

El antecedente de la reforma del 13 de noviembre de 1874 en su totalidad y, en el tópico que nos ocupa en particular, es la circular del 14 de agosto de 1867, mediante la cual el Presidente Juárez convocó a adoptar las reformas constitucionales pertinentes que facilitaran la gobernabilidad del país, entre las que destacaba la adopción del sistema bicamaral, con la intención de que dichas reformas se aprobaran mediante actividad legislativa ordinaria del Congreso y con la aprobación plebiscitaria del pueblo de México; sin observar los procedimientos que la Constitución de 1857 establecía para su reforma.

Como antecedente específico de las reformas que introdujeron las atribuciones contenidas en las fracciones V y VI del entonces artículo 72b, es de destacarse la práctica común de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados, de solicitar cada uno por su cuenta, y como expresión de conflicto entre los mismos, la intervención de los poderes federales en exclusivo favor del solicitante, desvirtuando así los términos del artículo 116 de la Constitución del año 1857, equivalente al primer párrafo del artículo 119 en vigor; según nos da cuenta de ello don José María Lozano en su obra del año 1876: Derecho constitucional patrio, en lo relativo a los derechos del hombre.

Ante el fracaso del plebiscito convocado en la circular del 14 de agosto de 1867 por la oposición manifiesta de León Guzmán como gobernador del estado de Guanajuato y de Juan N. Méndez como gobernador del estado de Puebla, entre otros. El Presidente Juárez recurrió en 1871 a inspiración de su secretario de Gobernación y autor de la circular del 14 de agosto, Sebastián Lerdo de Tejada, a presentar la iniciativa de reformas constitucionales materia de la referida circular, en los términos previstos por el artículo 127 de la Constitución; discutiéndose la misma en comisiones, presentando al Pleno del Congreso el dictamen concerniente el día 2 de abril de 1872.

El dictamen originalmente discutido por el Pleno del Congreso contenía el siguiente texto: ``Son facultades exclusivas del Senado:.. dirimir, oyendo al Ejecutivo, en la forma y término que señala la ley toda cuestión política que ocurra entre los estados o entre los poderes de un estado, respecto de su régimen interior''; texto que, tras ser objetado por el Pleno, retornó a comisiones, en donde se redactó la propuesta siguiente: son facultades exclusivas del Senado:.. ``dictar las resoluciones necesarias para restablecer el orden constitucional en los estados en que hayan desaparecido sus poderes constitucionales''.

La discusión plenaria volvió aderivar en la formulación de un nuevo dictamen con el siguiente texto: ``declarar, cuando el orden constitucional hubiese desaparecido de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quién convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Ejecutivo federal, con aprobación del Senado, y dicho funcionario no podrá ser electo gobernador en las elecciones que se verifiquen por virtud de la convocatoria que se expidiere'' (Diario de los Debates del VIII Congreso Constitucional, tomo 1, página 580).

Finalmente, en la aprobación del texto de la fracción V del artículo 72b de la reforma del 6 de noviembre de 1874, se sustituyó la expresión del dictamen: ``Cuando el orden constitucional hubiese desaparecido'', por la expresión finalmente aprobada y que reza: ``Cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo''.

Disposición que estuvo vigente hasta la aprobación de la Constitución de 1917, en cuyo texto equivalente se exige la desaparición de todos los poderes constitucionales de un estado, y no sólo la de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

De lo anterior, cabría concluir que la fracción V del artículo 76 de la Constitución exige la desaparición también del Poder Judicial del estado en cuestión, e incluso, en casos extraordinarios el de todos los cabildos municipales de una entidad, como en el caso de la Constitución del estado de Hidalgo que hasta el año de 1948 daba al municipio el rango de poder; aunque haciendo la aclaración pertinente de que tal situación no tendría cabida en la actualidad, debido a lo expresamente dispuesto por el primer párrafo del artículo 116 constitucional que establece como únicos poderes de los estados: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En 1872 se presentó un conflicto en el estado de Yucatán, al ser expulsados de su territorio los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, considerados como usurpadores por habérsele dado efecto retroactivo a una reforma que ampliaba la duración de su mandato.

El gobierno federal decretó el estado de sitio y al levantarlo se advirtió que no había previsión en la Constitución federal ni en la yucateca para proveer a la sustitución de los poderes desaparecidos (Diario de los debates del VI Congreso Constitucional, Tomo III, páginas 690 y siguientes).

Otro caso, también precedente de dicha reforma, fue uno ocurrido en Coahuila en 1873, en el que la desaparición de poderes se debió a un debate entre la legislatura y el gobernador (Diario de los Debates del VII Congreso Constitucional; Tomo I, páginas 1266 y siguientes); en ambos casos, el Congreso de la Unión aprobó que el Ejecutivo federal nombrara un gobernador Interino que convocara a elecciones.

De ahí que el texto de la fracción V del artículo 72b de la Constitución de 1857, estableciese que ante la desaparición de poderes el nombramiento de gobernador provisional lo hiciese el Ejecutivo federal con la aprobación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; a diferencia de lo preceptuado por el artículo 76, fracción V, que establece que a quien corresponde nombrar al gobernador provisional es al Senado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes o a la Comisión Permanente, en sus recesos, bajo las mismas reglas, a propuesta en terna del Presidente de la República.

El texto de 1917, mismo que no ha sufrido reforma o adición alguna, dada la actual composición de fuerzas políticas partidistas del país, dificulta ampliamente el ejercicio de esta atribución, ya que la Constitución exige que la propuesta del Ejecutivo federal sea en terna, y las dos terceras partes del Senado, habiendo quórum mínimo, exigiría el voto de al menos 43 senadores para uno solo de los designados y en discriminación de los otros dos integrantes de la terna; o bien, un mínimo de 86 votos, de estar presente en la Sesión todos los integrantes de la Cámara Alta; de tal suerte que la Ley Reglamentaria propuesta dentro de este dictamen exige la regulación de una fórmula que haga viable tal atribución.

El procedimiento de votación aconsejable para darle viabilidad a la atribución de la fracción V del artículo 76 constitucional es mediante la actuación del Senado en cónclave, siguiendo en ello la regulación que se contiene en los cánones 349 al 359 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, actualmente en vigor para la Iglesia católica; siendo de aclararse que el modelo tomado del derecho canónico se circunscribe meramente a cuestiones de mecánica procesal y no a proclividad confesional o ideológica alguna; siendo de destacarse por lo demás que toda legislación abreva como fuente en los derechos romano y canónico.

Del multialudido dictamen del 2 de abril de 1872 se desprende que el Senado tiene dos atribuciones de intervención política en las entidades federativas, una la concerniente anombrar gobernador provisional una vez que ha constatado la desaparición de poderes en la misma, facultad contenida en nuestro artículo 76, fracción V, y en el 72b, fracción V, de la reforma del 13 de noviembre de 1874 a la Constitución de 1857; textos cuyas diferencias fundamentales han sido ya esbozadas; y otra, la concerniente a dirimir conflictos políticos entre poderes de un mismo estado, facultad contenida en el texto de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución, cuyo texto es idéntico al de la fracción VI del artículo 72b de la reforma del 13 de noviembre de 1874.

Siendo de destacarse que las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución no han sufrido reforma ni adición alguna desde su aprobación y entrada en vigor el 1 de mayo de 1917; y siendo asimismo que el párrafo final de la fracción VI exige la reglamentación de las fracciones V y de la propia fracción VI para ejercer las atribuciones que las mismas contienen; preceptos a los que se pretende dar cumplimiento mediante la presente iniciativa, que en su título primero define el objeto del decreto puesto a la consideración de ésta asamblea.

Desaparición de poderes

El título segundo del decreto objeto de la presente iniciativa tiene por materia la reglamentación de la fracción V del artículo 76, dividiendo en sendos capítulos lo relativo a la constatación del hecho de la desaparición de poderes en un estado en el primero, y en el segundo, lo concerniente a la designación de gobernador provisional por parte del Senado.

Por principio de cuentas, es de destacarse que, como práctica viciosa en nuestra historia política, se ha invocado la facultad contenida en la fracción V del artículo 76 constitucional como sustituto o alternativa del fincamiento de responsabilidades políticas o de la declaración de procedencia que se regulan en el título IV de la Constitución.

Tales son los casos históricamente dados de la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero el 31 de enero de 1975, dictada en virtud de que contra el gobernador Caritino Maldonado se había girado orden de aprehensión por el delito de fraude; y la declaración de desaparición de poderes en el estado de Hidalgo el 1 de abril de 1975, en virtud de que se acusaba al gobernador Manuel Sánchez Vite de haber erigido un sistema autocrático en la entidad, siendo éstos dos casos los últimos en que se aplicó la facultad contenida en la fracción V del artículo 76.

Los desórdenes sociales en una entidad tampoco facultan el ejercicio de la atribución contenida en la fracción V del artículo 76, siempre que esté en funciones la legislatura o el titular del Ejecutivo local de la misma, ya que en casos de sublevación o trastorno interior procede la intervención ejecutiva de los Poderes de la Unión a excitativa de la legislatura, o del Ejecutivo local, si aquella no estuviese reunida, intervención que procede también de oficio en el extremo caso de la invasión o violencia exterior, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución.

Ante la circunstancia descrita, en última instancia procede la suspensión de las garantías individuales que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la perturbación grave de la paz pública en los términos del artículo 29 de la Constitución.

Al glosar la fracción V del artículo 72b de la Constitución de 1857, nos dice don Eduardo Ruiz, en su Derecho constitucional del año de 1902, que la declaración de desaparición de poderes de un estado por parte del Senado, por casos de sublevación o trastorno interior, sólo procede cuando la misma haga que``desaparezcan ahí la legislatura y el gobernador''.

La facultad de la fracción V del artículo 76 de la Constitución, consiste en constatar un hecho preexistente, siendo éste la desaparición de poderes en una entidad, situación que puede darse de hecho con la muerte, incapacidad física o mental, o abandono fáctico de las funciones, de todos los integrantes de los poderes públicos de una entidad, y siempre que la Constitución particular de un estado no prevea forma alguna de sustitución; para que se diera tal supuesto tendrían que desaparecer el gobernador, todos los integrantes de la legislatura y sus suplentes y todos los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia e incluso todos los jueces de primera instancia; ya que el artículo 116 de la Constitución establece que el Poder Judicial de los estados se ejerce por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas y tenemos el caso del artículo 79 de la Constitución particular del estado de Tlaxcala, que nos dice que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia y en los juzgados civiles, familiares y penales.

El hecho ha constatarse de la desaparición de poderes; también puede darse por situaciones de derecho, como sería el caso de prorrogar la permanencia en funciones de los integrantes de los poderes estatales después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados.

De tal suerte que los supuestos que prevé el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República para que se configure la desaparición de poderes de un estado, excedería con mucho la atribución que al Senado concede en ésta materia la Constitución.

Las únicas atribuciones acordes con el mandamiento constitucional que se contienen en la ley vigente, serían las consistentes en el abandono del ejercicio, la imposibilidad física para el mismo y el ``prorrogar la permanencia en funciones de los integrantes de los poderes estatales después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados'', situación esta última que motivó la formulación del texto de la fracción V del artículo 72b de la Constitución de 1857, tal y como podemos constatarlo con el caso ya descrito del estado de Yucatán en 1872; siendo que, por otra parte, el artículo 2o. de la ley en vigor es omisa respecto a la posible desaparición de poderes locales por la incapacidad mental superveniente de sus titulares.

De ahí en fuera, quebrantar los principios del régimen federal, causar situaciones o conflictos que afecten la vida del estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; o promover o adoptar formas de gobierno o bases de organización política distintas a las fijadas en los artículos 40 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede dar pie al fincamiento de responsabilidades en los términos de los artículos 108 y 110 constitucionales, conformándose así el llamado por don Manuel Herrera y Laso ``control adicional'', consistente en el impeachment, o juicio político, como instrumento de control de la constitucionalidad; y por ningún motivo ha declarar inexistentes poderes, que podrán ser cuestionables, pero cuya existencia queda a la vista de todo el país.

El artículo 3o. de la actual ley faculta a los diputados federales para solicitar a la Cámara de Senadores el ejercicio contenido en la fracción V del artículo 76 constitucional, haciendo con ello omisión de un principio de derecho público que consiste en que las iniciativas de un miembro del Congreso sólo pueden ser presentadas ante su Cámara, de ahí que en el presente proyecto de ley se proponga excluir a los diputados federales del derecho de iniciativa en esta materia, reconociendo el mismo derecho a todas las demás partes legitimadas para iniciar leyes o decretos conforme al artículo 71 de la Constitución.

No obstante lo anterior, y en virtud del carácter genérico que se establece en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa prevé el supuesto de que cualquier diputado al Congreso de la Unión podrá presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa de desaparición de poderes locales. En tal caso, la Mesa Directiva en turno de la Cámara de Diputados la turnará a la Cámara de Senadores para efecto de que dicha Cámara dictamine lo conducente en los términos de los artículos 55 al 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sin que por ningún motivo diputado federal alguno presente la iniciativa respectiva ante la Cámara de Senadores, como a la fecha lo prevé de manera incorrecta la Ley en vigor sobre la materia.

Por su parte, el presente proyecto de Ley otorga, también, a cualquier ciudadano de la entidad afectada el derecho de iniciativa en esta materia, tal y como por otra parte también el artículo 3o. de la ley vigente, con la diferencia de que el texto propuesto atribuye la facultad de iniciativa a cualquier ciudadano de la entidad afectada, sin emplear el plural que aparece en el texto en vigor que habla de ``ciudadanos de la entidad'', sin especificar el número que se exige para configurar la expresión en plural que emplea y siendo tal falta de especificación impropia de una ley reglamentaria.

La Constitución otorga facultad de iniciativa específica a favor de particulares en tratándose de la formación de nuevos estados dentro de los límites de los existentes (artículo 73, fracción III); asimismo, para solicitar prestar servicios voluntarios a un gobierno extranjero (artículo 37) y también para denunciar delitos comunes a la Cámara de Diputados en los términos del artículo 109.

Una rama importante de la doctrina, por lo demás, considera que los particulares tendrían el derecho genérico de presentar iniciativas en cualquier materia, sirviéndose para ello del derecho de petición contenido en el artículo 8o., haciéndose la salvedad de que dichas iniciativas fuesen turnadas en vía económica a las comisiones respectivas, con dispensa obligada de primera y segunda lectura ante el Pleno, procedimiento que asiste como derecho primigenio de los diputados y senadores al Congreso General.

En el caso que nos ocupa, conceder el derecho de iniciativa a cualquier ciudadano de la entidad afectada es una exigencia de sobrevivencia política, que a fin de cuentas no contravendría la Constitución, e incluso, iría de acuerdo a su espíritu conforme a lo argumentado en los párrafos precedentes.

El artículo 5o. del decreto materia de la presente iniciativa faculta a la Comisión Permanente para conocer de las iniciativas sobre desaparición de poderes en caso de estar en receso el Congreso de La Unión, dándole la tramitación que conforme a derecho corresponda, pero a diferencia de la ley en vigor, no se pretende constreñir a la Comisión Permanente a la observancia de plazo ni de sentido alguno de resolución, ya que no hay fundamento alguno para ello; por el contrario, la presente iniciativa se constriñe a fijar la participación de la Comisión Permanente, para el caso que nos ocupa, con estricta sujeción a lo ordenado por el artículo 78 de la Constitución.

Conflicto entre poderes

El presente dictamen en relación a lo concerniente a la atribución contenida en la fracción VI del artículo 76 constitucional distingue como lo ordena el precepto citado, cuando la intervención política del Senado se dé de oficio en virtud de mediar conflicto de armas que haya interrumpido el orden constitucional por conflicto entre los poderes de un estado; de cuando se da a solicitud de uno de dichos poderes, para dirimir cuestiones políticas que surjan entre ellos, distinción que aborda la presente iniciativa, dividiendo en dos capítulos el Título Tercero del proyecto de decreto que se somete a la consideración de ésta asamblea.

Para efecto de establecer los alcances de la fracción VI del artículo 76, debe dilucidarse la diferencia entre la atribución que se establece a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 105, fracción I, inciso h), yque faculta a la Corte para conocer de controversias entre dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y, por otra, la atribución contemplada en la fracción VI del artículo 76 a favor del Senado.

¿Que debe entenderse por cuestiones políticas que se susciten entre poderes de un estado para que la solución de las mismas sea de la competencia del Senado y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Esta iniciativa sostiene el criterio de que la única interpretación constitucionalmente válida de lo que debe entenderse por la expresión ``cuestiones políticas'' a que alude la fracción VI del artículo 76, es la concerniente a la legal integración, organización y funcionamiento de los poderes públicos locales, cuando ellas no deriven de la expedición de normas, ya que en tales casos estaríamos ante materia de controversia propia de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 105 constitucional; excluyéndose de la atribución del Senado en comento lo relativo al legal desempeño de las elecciones estatales, por ser materia de competencia de los tribunales electorales en los términos de los artículos 99, fracción IV, y 116, fracción IV, de la Constitución, criterio que se fundamenta en el siguiente precedente:

Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto de 1878, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó sobre el amparo presentado por León Guzmán, a la sazón Presidente del Tribunal Superior de Puebla, ante el juez de distrito de dicho estado, contra los procedimientos de la legislatura que erigida en Gran Jurado procedía a juzgarlo.

En dicho amparo se argumentaba que la legislatura violaba el artículo 16 constitucional, por carecer de competencia, debido a su parcialidad, ello en atención a que el quejoso había acusado a la legislatura de Puebla ante el Senado como usurpadora del poder público.

León Guzmán argumentó en su demanda que tanto la legislatura como el gobernador del estado de Puebla eran usurpadores del poder público, siendo por lo demás que la sentencia del juez de distrito favorable al quejoso señaló que la ``legislatura de Puebla es una reunión de personas con pretensiones de tal y esa reunión de personas está funcionando desde abril último, como lo sabemos, en calidad de cuerpo legislativo y expidiendo leyes y ejerciendo todas las atribuciones propias del legislador''.

Mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 1878, la Suprema Corte confirmó la sentencia de amparo favorable a León Guzmán, pese a lo cual existe el voto particular de don Ignacio L. Vallarta, manifestando su oposición a conceder tal amparo, voto particular que, en conjunto del juicio de amparo al que da lugar, resulta de vital importancia para dilucidar el alcance de la atribución concedida al Senado en la fracción VI del artículo 76.

Alegaba Ignacio L. Vallarta que, en defensa de la soberanía de Jalisco, había argumentado, como gobernador en 1870, que el Poder Judicial Federal carecía de atribución para investigar la legitimidad de una autoridad local, y pronunciaba en el Pleno de la Suprema Corte la siguiente alocución, que resulta por demás significativa:

``...otro de los señores magistrados que han tomado parte en el debate me ha contestado que todas éstas razones serían muy conducentes para defender mis opiniones en 1870; pero que hoy no se pueden invocar después de la reforma del artículo 72 de la Constitución, reforma que facultó al Senado para intervenir en el régimen de los estados en los casos y términos que demarcan las fracciones V y VI, letra b, del expresado artículo 72... de estos textos que afirman la incompetencia de la Corte en los casos aludidos por aquel señor magistrado, supuesto quepara ellos la Constitución sólo da competencia al Senado...

...Tengo que hacer una manifestación a que mi conciencia política me obliga --decía en la sesión del Pleno de la Suprema Corte su presidente, el Jurista Ignacio L. Vallarta--. Yo creo que esas fracciones del artículo 72 dieron rudo golpe a la soberanía de los estados, ensanchando indebidamente la esfera de acción del poder federal. En mi sentir, esas facultades dadas al Senado han sido una de las causas que derrocó a la anterior administración, y creyéndolo así, he hecho cuanto en mi posibilidad ha estado para que se restablezca el equilibrio entre los poderes federal y local, perturbado por completo con la ingerencia dada al Senado en las cuestiones locales. Esto no obstante --seguía alegando Vallarta-- en mi calidad de magistrado, no puedo negar la fuerza obligatoria que tienen los textos constitucionales de que estoy hablando mientras ellos no se deroguen en la forma que la Constitución previene''.

La sentencia de amparo del 23 de agosto de 1878, y la demanda de amparo del presidente del Tribunal Superior de Puebla que fue materia de la misma, nos permiten entrever diversas consideraciones: en primer término León Guzmán no invocó irregularidad electoral alguna en la integración de la legislatura ni en la elección del gobernador; su agravio se circunscribía a la parcialidad de un poder local que pretendía afectar a otro, como sabemos, antes de recurrir al amparo había presentado una denuncia ante el Senado, y es de suponerse que la misma se fundó en la fracción VI del artículo 72b de la Constitución de 1857, suposición que tiene su base en que uno de los integrantes de la Corte razonó su voto para confirmar el amparo concedido por el Juez de Distrito en la existencia de dicho precepto.

Por lo demás, en el voto particular referido, Vallarta razonó su criterio contrario a confirmar el amparo concedido bajo el argumento de que tal tipo de disputas son de la competencia del Senado y no de la Corte; de lo anterior se desprendería que la atribución del Senado se circunscribe a las actitudes parciales de hostilidad entre los poderes de un estado, cuando ellas no deriven en normas, y hoy por hoy, con la exclusión de las derivadas de los procesos electorales, ya que estas serían de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con base en las argumentaciones antes expuestas la presente iniciativa ha regulado como atribuciones del Senado para dirimir conflictos políticos entre poderes, los siguientes supuestos:

I. La negativa de la legislatura local sin causa justificada para aprobar la designación de magistrados al Tribunal Superior de Justicia en caso de vacantes.

II. Las maniobras que denoten una clara intención dolosa por parte del gobernador para destituir o forzar la renuncia de magistrados al Tribunal Superior de Justicia, entendiéndose por tales maniobras la intimidación, el esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.

III. La negativa de la legislatura a aprobar alguna iniciativa presentada por el gobernador, o la dilación deliberada en la formulación del dictamen o la discusión plenaria respectiva, sin que medie causa justificada y motivada con el fin exclusivo de demeritar el prestigio político del Ejecutivo ante la opinión pública.

IV. Las campañas de hostigamiento contra la legislatura o alguno de sus integrantes por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.

V. Las acciones de la legislatura o alguno de sus miembros, campañas de hostigamiento contra el gobernador por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.

VI. Ubicación de cualquiera de los poderes públicos fuera del municipio sede de los poderes del estado, sin la aprobación de la legislatura.

VII. La designación por parte del gobernador de algún cargo o comisión no creado en ley por la legislatura.

VIII. La negativa del gobernador a auxiliar al Poder Judicial en la ejecución de sus resoluciones y sentencias; y

IX. Todas aquellas que sean análogas a las anteriores.

La presente iniciativa considera que el Código Federal de Procedimientos Civiles puede emplearse como disposición supletoria aplicable por el Senado de la República en la resolución de conflictos políticos entre los poderes de los estados, si ello facilita su labor, por lo que deja tal aplicación al criterio del conductor de los debates en la Cámara de Senadores, que es por ley el Presidente de la Mesa Directiva en turno.

Finalmente, cabe destacar que si los conflictos entre poderes de un estado derivan en la interrupción del orden constitucional por acción de armas, la intervención del Senado es de oficio y, en esos casos, deberá el Senado aplicar de manera supletoria la Legislación Penal Federal, tanto sustantiva como adjetiva y dar vista a la Procuraduría General de la República como titular del Ministerio Público Federal de los ilícitos que encontrase con motivo de su actuación.

Supuestos de aplicación específica como los que se contemplan en las disposiciones constitucionales cuya reglamentación se propone en esta iniciativa ameritan que seamos escrupulosos en la observación de las circunstancias a regularse y asimismo nos exigen estar conscientes de que tal regulación es susceptible de un proceso de perfeccionamiento paulatino.

Las circunstancia de tiempo, modo y lugar; así como las vías procesales pertinentes, deben estatuirse en ley, previendo los supuestos de crisis, para que los poderes públicos cuenten con los instrumentos pertinentes, para hacer frente a los retos que se nos presenten como sociedad; situación que, a criterio del suscrito, no se presenta en la ley reglamentaria cuya derogación se propone mediante la presente Iniciativa de decreto.

Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que abroga la Ley Reglamentaria de la Fracción V de la Constitución General de la República, de fecha 29 de diciembre de 1978.

Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título Primero Del Objeto de la Ley

Artículo 1o.La presente ley tiene por objeto reglamentar las atribuciones de la Cámara de Senadores concernientes a la declaración,una vez que han desaparecido los poderes de un estado, de que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional; y asimismo, la concerniente a la de dirimir las cuestiones políticas que se susciten entre los poderes de un mismo estado.

Título Segundo

Capítulo Primero De la Desaparición de Poderes

Artículo 2o. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores constatar que han desaparecido los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado.

Artículo 3o. Para los efectos del artículo anterior se considera que han desaparecido los poderes de un estado, al presentarse alguno de los siguientes supuestos:

I. Que tanto el gobernador como los titulares y suplentes de la legislatura y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia abandonaren el ejercicio de sus funciones.

II. Que tanto el gobernador, como los titulares y suplentes de la legislatura, y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia, devinieran por causas supervenientes en estado de incapacidad mental o resultasen físicamente imposibilitados para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos.

III. Que tanto el gobernador como los titulares y suplentes de la legislatura, y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia prorrogaren la permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones o el procedimiento de designación respectivo para elegir a los nuevos titulares.

Artículo 4o. El Senado conocerá de las causas a que se refiere el artículo anterior a iniciativa de uno o más integrantes de la Cámara de Senadores, el Presidente de la República, cualesquiera de las legislaturas en funciones de aquellas entidades en donde subsistan los poderes públicos locales, o por cualquier ciudadano de la entidad afectada por la desaparición de poderes; turnándose de inmediato dicha iniciativa a las comisiones concernientes que elaborarán el dictamen respectivo con carácter de urgente resolución.

Artículo 5o. Los diputados al Congreso de la Unión podrán presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa de desaparición de poderes locales; en tal caso, la Mesa Directiva en turno de la Cámara de Diputados la turnará a la Cámara de Senadores para efecto de que en dicha Cámara se dictamine lo conducente.

Artículo 6o. Los facultados en el artículo anterior para presentar la iniciativa de referencia, podrán hacerlo ante la Comisión Permanente, en caso de que el Congreso de la Unión estuviese en receso; en tal caso la Comisión Permanente, si así lo estimase, convocará a sesión extraordinaria a La Cámara de Senadores, en los términos del artículo 78, fracción IV, de la Constitución, para efecto de que dicha Cámara conozca de la iniciativa a que se refieren éste artículo y el anterior.

Capítulo Segundo De la Designación de Gobernador Provisional

Artículo 7o. Una vez que el Senado haya constatado el hecho de que han desaparecido los poderes constitucionales de un estado, solicitará al Presidente de la República que le sea presentada una terna para que, de entre las personas que la compongan, se haga el nombramiento de gobernador provisional de la entidad en cuestión.

La presentación de la terna por parte del Presidente de la República tendrá que hacerse dentro de los tres días siguientes a la solicitud de la Cámara de Senadores.

Artículo 8o. Presentada por el Presidente de la República la terna señalada en el artículo anterior, el Pleno de La Cámara de Senadores votará mediante urna con papeletas que contengan los nombres de los integrantes de la referida terna.

En caso de que ninguno de los integrantes de la terna lograse obtener los votos indispensables, siendo estos los concernientes a las dos terceras partes de los senadores presentes, la votación se repetirá con el mismo procedimiento cuantas veces sea necesario, hasta que uno de los propuestos en terna alcance la votación indispensable para ser designado gobernador provisional.

Artículo 9o. Corresponde a la Comisión Permanente hacer la designación de gobernador provisional cuando, habiendo declarado la Cámara de Senadores la desaparición de poderes de un estado, el Congreso de la Unión se encuentre en receso sin que se haya nombrado gobernador provisional de la terna que proponga el Presidente de la República; en tal caso, la Comisión Permanente se ajustará al procedimiento establecido en el artículo anterior

Artículo 10. En ningún caso se podrá nombrar al gobernador provisional de entre las personas que formaron parte de los poderes desaparecidos en el momento de la declaratoria.

Artículo 11. Únicamente podrá ser designado como gobernador provisional quien reúna los requisitos que establecen el artículo 116, fracción I, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que al efecto se establecieren en la Constitución particular del estado de que se trate.

Artículo 12. El gobernador provisional nombrado protestará el cargo ante el Senado o la Comisión Permanente, en su caso.

Artículo 13. El gobernador provisional deberá:

I.En los términos de la Constitución particular del estado de que se trate convocar, dentro de los tres meses siguientes a la protesta de su cargo, a elecciones de gobernador y a integrantes de la legislatura estatal, mismas que deberán efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la convocatoria, salvo lo que al efecto estableciese la Constitución particular del estado del que se trate.

II. Hacer la designación provisional de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de jueces de primera instancia, quienes podrán ser confirmados cuando tomen posesión de su cargo los nuevos integrantes de la legislatura estatal, electos de acuerdo a la convocatoria a que se refiere la fracción anterior.

Artículo 14. El gobernador provisional no podrá participar como candidato a gobernador en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que al efecto se expida.

Artículo 15.Cuando la desaparición de poderes sea declarada dentro de los seis meses anteriores a la celebración de las elecciones ordinarias de gobernador constitucional, o exista gobernador electo, el gobernador provisional concluirá el periodo respectivo.

En este mismo caso, el gobernador provisional convocará a la elección constitucional ordinaria respectiva para la integración del Congreso o la legislatura estatal, a menos que ya hubiere convocatoria a elecciones o existieren diputados electos.

Artículo 16. Mientras se designa a los nuevos integrantes del poder judicial, los secretarios de los juzgados resolverán sobre los términos a que se refieren los artículos 19 y 20, inciso a, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Título Tercero De La Resolución de las Cuestiones Políticas que se Susciten entre los Poderes de un Estado

Capítulo Primero De la Intervención de la Cámara de Senadores a Petición de Cualquiera de los Poderes de un Estado Cuando entre los Mismos se Susciten Cuestiones Políticas

Artículo 17. La Cámara de Senadores, a solicitud de cualquiera de los poderes de un estado, dirimirá las controversias sobre cuestiones políticas que entre los mismos se presenten.

Artículo 18.Las Cuestiones políticas a dirimirse por parte de la Cámara de Senadores podrán ser las que a continuación se enumeran:

I.La negativa de la legislatura local sin causa justificada para aprobar la designación de magistrados al Tribunal Superior de Justicia en caso de vacantes.

II. Las maniobras que denoten una clara intención dolosa por parte del gobernador para destituir o forzar la renuncia de magistrados al Tribunal Superior de Justicia, entendiéndose por tales maniobras la intimidación, el esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas y la movilización pública de partidarios.

III. La negativa de la legislatura a aprobar alguna iniciativa presentada por el gobernador, o la dilación deliberada en la formulación del dictamen o la discusión plenaria respectiva, sin que medie causa justificada y motivada con el fin exclusivo de demeritar el prestigio político del Ejecutivo ante la opinión pública.

IV. Las de hostigamiento contra la legislatura o alguno de sus integrantes por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas con clara intención dolosa, o la movilización pública de partidarios.

V. Las acciones, por parte de la legislatura o alguno de sus miembros, de campañas de hostigamiento contra el gobernador por medio del esparcimiento de rumores, la publicación de noticias insidiosas con clara intención dolosa, o la movilización pública de partidarios.

VI. La ubicación de cualquiera de los poderes públicos fuera del municipio sede de los poderes del estado, sin la aprobación de la legislatura.

VII. La designación por parte del gobernador de algún cargo o comisión no creado en ley por la legislatura.

VIII. La negativa del gobernador a auxiliar al poder Judicial en la ejecución de sus resoluciones y sentencias; y

IX. Todas aquellas que sean análogas a las anteriores.

Artículo 19. La Cámara de Senadores actuando a petición de uno o más de los poderes de un estado en los términos de los artículos que anteceden, deberá dictar una resolución a favor de uno de los poderes en cuestión para lo cual se sujetará al siguiente procedimiento:

I.El poder del estado demandante deberá formular su demanda por escrito ante el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acompañándola de las pruebas que estime pertinentes, haciéndole saber al unísono al poder local demandado de la presentación ante la Cámara de Senadores de dicha demanda, misma que será turnada de inmediato a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

II. El poder del estado demandado, se impondrá en un plazo de 10 días hábiles, de la demanda formulada en su contra en la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, ante quien tendrá que presentar su contestación acompañada de las pruebas que estime pertinentes, en el plazo que al efecto le fije el presidente de la referida Comisión de Justicia.

III. Una vez contestada la demanda, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores formulará el dictamen respectivo, mismo que será presentado al Pleno para su discusión y aprobación.

IV. Los poderes de los estados partes podrán alegar ante la Tribuna de la Cámara de Senadores a favor y en contra del dictamen presentado al Pleno hasta por 30 minutos cada uno de ellos en una primera intervención, y hasta por otros 30 minutos por cada uno de ellos en réplica y duplica si así lo estimaren conveniente las partes litigiosas.

V.Una vez desahogados los alegatos verbales que se refieren en la fracción anterior, el dictamen de referencia se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, si el mismo fuese rechazado, y tuviese que formularse nuevo dictamen, el mismo se sujetará al procedimiento contenido en la fracción anterior, sin que por ningún motivo tuviese que reponerse el procedimiento en lo tocante a la demanda y a la contestación de la misma.

Artículo 20.En la solución de las cuestiones políticas a dirimirse en los términos del presente capítulo, la Cámara de Senadores, podrá aplicar de manera supletoria la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, y asimismo el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando a juicio del Presidente de la Mesa Directiva del Senado dichas disposiciones pudiesen facilitar las atribuciones concernientes al mismo.

Artículo 21. La resolución tomada por el Pleno de la Cámara de Senadores será obligatoria para las partes en litigio en los términos del presente capítulo, acarreando el desacato a la misma el fincamiento de las responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que del orden legal vigente se desprendan.

Capítulo Segundo De la Intervención de Oficio de la Cámara de Senadores Cuando de las Controversias entre los Poderes de un Estado se Susciten Hechos de Armas

Artículo 22. En caso de que las cuestiones políticas materia del capítulo anterior deriven en conflicto de armas que interrumpan la aplicación de las disposiciones de orden público en el estado de que se trate, la Cámara de Senadores intervendrá de oficio.

Artículo 23. Para los efectos del artículo anterior, se entiende que se ha interrumpido la aplicación de las disposiciones de orden público, cuando haya imposibilidad fáctica generalizada para la citación del Ministerio Público a indiciados o testigos en una averiguación previa, para la ejecución de órdenes de aprehensión, y para la observancia de los bandos de policía y buen gobierno.

En caso de que tal imposibilidad fáctica se diese por intervalos reducidos de tiempo, o se circunscribiese a un espacio localizado, sin que la misma afecte el funcionamiento habitual de los poderes, su resolución queda a la exclusiva competencia de las autoridades locales.

Artículo 24. La Cámara de Senadores, actuando de oficio en los términos de los artículos que anteceden, deberá dictar una resolución a favor de uno de los poderes en cuestión para lo cual se sujetará al siguiente procedimiento:

I.La Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores se encargará de instruir la causa y de someter a consideración del Pleno las conclusiones acusatorias o absolutorias a que hubiese lugar.

II. La Cámara de Senadores elegirá por mayoría de entre sus miembros a un senador por cada uno de los poderes indiciados en las conclusiones acusatorias que se formulen en los términos de la fracción anterior, a efecto de que asuman la defensa del poder estatal indiciado en las referidas conclusiones acusatorias.

III. La Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores podrá allegarse todos los medios de prueba que estime necesarios y no sean contrarios a la ley para la formulación de sus conclusiones.

IV. Los senadores defensores que al efecto hubiesen sido designados alegarán cuanto medio de defensa estimen pertinente y que sea conforme a la ley, pudiendo siempre estar en comunicación con el poder local indiciado para preparar su defensa, y siempre que éste último así lo estime conveniente.

V.Cualquier integrante de la Cámara de Senadores que así lo desee podrá coadyuvar con la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores en la instrucción conducente.

VI. Cualquier ciudadano del estado del que se trate podrá ser coadyuvante de la Comisión de Justicia en la causa de instrucción de referencia, si los integrantes de dicha comisión lo estimaren conveniente.

VII.Una vez que la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores hubiese concluido su pliego acusatorio, lo presentará en Tribuna ante el Pleno del Senado.

VIII. Una vez presentado el pliego acusatorio a que se refiere en la fracción anterior, cada uno de los senadores defensores que hubiesen sido designados alegarán en tribuna cuantos elementos de descargo considere pertinentes.

IX.Una vez que se hayan presentado en tribuna las conclusiones acusatorias y las defensas respectivas, las mismas se turnarán a la Comisión de justicia de la cámara de Senadores quien elaborará el Dictamen correspondiente mismo que será sometido al Pleno de la Cámara de Senadores.

Artículo 25.En caso de que el Presidente de la Mesa de Directiva de la Cámara de Senadores lo estime conveniente, se aplicarán como disposiciones supletorias al presente capítulo, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, y asimismo, el Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 26.La Cámara de Senadores actuando de oficio en los términos del presente capítulo, dilucidará sobre la comisión de cualquier conducta que estime delictiva, tanto del fuero común, como del fuero federal, haciendo llegar al Ministerio Público correspondiente las conclusiones de sus observaciones para los efectos conducentes.

Artículo 27.La resolución tomada por el Pleno de la Cámara de Senadores será obligatoria para los poderes del estado en cuestión, acarreando el desacato a la misma el fincamiento de las responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que del orden legal vigente se desprendan.

Transitorios

1o. Se deroga la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República de fecha 29 de diciembre de 1978.

2o. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el ``Diario Oficial'' de la Federación.

México, DF, a 12 de octubre de 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda al grupo de jóvenes y de ciudadanos del estado de Puebla que se encuentran en el recinto presenciando esta sesión.

ARTICULOS 26 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alejandro Chanona Burguete:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Haré la fundamentación política y algunos rasgos jurídicos de la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía que en su momento será procesada por las comisiones respectivas. Le pido, señor Presidente, respetuosamente, que esta disertación se publique en su integridad en el texto del Diario de los Debates de esta legislatura.

¿En qué contexto se inscribe el ánimo de reencontrar a los Poderes de la Unión, particularmente al Ejecutivo y al Legislativo? En un momento donde, habremos de reconocer todos nosotros, hemos desdeñado por la vía de los hechos la posibilidad de que avance la reforma del Estado. Hoy el lenguaje político, el discurso político, no escapa a los grandes sustantivos de la ingobernabilidad y la crisis política; todos estamos --muchos-- ya cansados de repetirlo, pero nada hemos hecho para avanzar.

En ese sentido, la reforma del Estado y su análisis concreto ya está, en mi opinión, listo para que empecemos a procesar los grandes acuerdos que permitan esa revolución institucional de la que tanto hablamos en los corrillos, tanto reconocemos en nuestros cubículos, pero nada hacemos en el marco de nuestras capacidades como legisladoras y legisladores para decir: ``mi tarea fundamental es legislar y hacer que se cumpla la ley''.

En ese marco, yo quisiera insistir también en que todos hemos reconocido que la crisis política estancó la transición democrática; esta transición democrática que se truncó hace tiempo, en mi opinión, desde el momento en que fracasó la alternancia democrática a partir del año 2000, nos ha impedido darle generosidad al discurso político, al debate político entre nosotros para empujar, en mi opinión, lo que pudiera ser el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Aquí llevamos ya más de un mes hablando de gobernabilidad democrática, de la reforma de las instituciones. Aparentemente una visión ideológica dice que sí, otra es más radical en el sentido de decir: ``o avanzamos o no podremos llegar a una nueva sociedad''; sin embargo, no hemos hecho sino posicionarnos políticamente, y los posicionamientos son válidos; pero, compañeras y compañeros, ya basta de posicionamientos políticos, vamos a legislar y vamos valorando lo que propongamos unos a otros y escuchémonos.

En ese sentido, uno de los ejes de la reforma del Estado es la relación primordial entre los Poderes de la Unión. El Ejecutivo, nos decían, propone y el Legislativo dispone; eso no es cierto, ni nos han propuesto correctamente ni hemos logrado disponer adecuadamente. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, revisemos el primer eje fundamental y sustantivo: cómo vamos a atacar la inevitable relación entre este Congreso, la Cámara de Diputados; pero incluyo también a la Cámara de Senadores, frente a lo que será el futuro del Poder Ejecutivo y, por qué no, el Poder Judicial de este país.

Yo creo que el eje es muy sencillo: ¿en qué hemos fracasado para legislar en esta materia? Muy simple, hemos preservado intacto el presidencialismo y, por tanto, la planeación democrática --y empiezo a entrar en materia-- ni ha sido democrática, ni ha sido la consecución o el alcance de grandes metas para el desarrollo económico, político y cultural de este país. Hoy, esta relación --si me lo permiten--, si tuviera que caracterizarla, la podría caracterizar como una relación Ejecutivo-Legislativo, como una relación disfuncional, alejada e inclusive, yo diría, autista. En ese contexto, ¿dónde están los agarres, los amarres, los instrumentos que puedan anclar el reencuentro entre poderes de la Unión?

Yo les pongo a su consideración el primero, y el primero se refiere al Plan Nacional de Desarrollo de este país. Vean ustedes cómo reza en el marco de la Ley de Planeación, que hoy está vigente desde los 80, uno de sus principios para que nos demos una probadita de cuántos años llevamos diciéndonos las cosas correctamente, pero no hemos llegado a nada.

Reza el segundo principio del artículo 2o. de la Ley de Planeación: ``Es responsabilidad del Estado: la preservación y perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece, y la consolidación de la democracia como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno''; perdónenme. Esta Ley ha fracasado, como está destinada en la planeación estratégica y democrática de los próximos años a fracasar; si no hacemos algo, va a fracasar y no es un asunto de ser una gente con oráculo o pensar que soy agorero de malas noticias; es un problema de legislación vigente.

En ese sentido, si la Ley de Planeación es vetusta o no la aplicamos correctamente o no la honramos adecuadamente, creo que vale la pena observar lo siguiente: el Plan Nacional de Desarrollo, que es un acto unilateral del Presidente, que no es vinculante con el Congreso, pese al artículo 73 constitucional, hoy es un espacio de choque de visiones de país, es una disputa por la nación, y de ninguna manera tiene una concepción integral de lo que quieren las mexicanas y los mexicanos.

Cómo encontrar el camino para que se entiendan ambos poderes; ¿cómo le haríamos?, yo me preguntaría, y contesto de manera muy sencilla para irle pavimentando el camino a mi propuesta: una manera es, ya lo dijimos, en su parte más sublime, la refundación de las instituciones y la profunda reforma de las mismas; eso es muy sencillo decirlo, ¿cómo le avanzamos? Yo les propongo muy concretamente en este debate que avancemos profundizando las bases de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y la construcción de poderes pares en la planeación democrática de este país, que probablemente tenga influjo en la Ley Orgánica que no toco en esta propuesta que hago a esta soberanía.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, hagamos vinculante el análisis y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Congreso; hagamos auténtica planeación democrática.

Por todo lo anterior, después de esta fundamentación política con algunos ángulos jurídicos, propongo, señoras legisladoras y señores legisladores, modificar el artículo 26, inciso a), párrafo cuarto, para quedar como sigue: ``En el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo''. Y asimismo, al ser vinculante, les propongo que el artículo 73 fracción XXIX-D deba decir de la siguiente manera: ``Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social y analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, así como expedir leyes en materia de información estadística y geográfica de interés nacional''.

Dejo en ustedes la altísima responsabilidad de valorar en su momento la fundamentación jurídica de esta propuesta, que --en mi opinión-- resquebrajaría el dilema de que tenemos un autismo en donde parecen enemigos autistas el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alejandro Chanona Burguete, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 inciso A y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Poder Legislativo la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad a las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, ser legislador es ser representante popular. Los diputados federales y los senadores representan a todos los mexicanos.

Entre las principales responsabilidades de los diputados y diputadas destacan el hacer o modificar leyes para el país; aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y revisar la cuenta pública. De lo anterior se desprende que también deben conocer las necesidades de la nación y ayudar a resolverlas.

Hoy en día, en México existe una nueva realidad: se han abierto nuevos canales de participación ciudadana; se han establecido nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; y, el Congreso de la Unión refleja la pluralidad y la diversidad de intereses de la nación mexicana.

Esta nueva realidad es reconocida en el mensaje de presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del Presidente de la República, al señalar que: ``El Plan Nacional de Desarrollo es la guía de un Poder Ejecutivo federal que, acatando fielmente el mandato constitucional, se compromete a profundizar la vida democrática, A mantener una comunicación permanente con los otros poderes e instancias de gobierno, a encontrar, en el debate constructivo y democrático, en el consenso y en el disentimiento honestos, la oportunidad de construir las mejores respuestas para beneficiar al país.

Así, quienes tienen la tarea y la responsabilidad de gobernar y atender con precisión las demandas de la sociedad, encuentran en este proceso un mecanismo formal para escuchar las opiniones, propuestas y expectativas en temas y aspectos fundamentales para el desarrollo del país, de los estados, las regiones, las comunidades, la familia y el propio individuo''.

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento rector de toda la acción de la administración pública federal. Es la herramienta que precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país; contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y rige el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

Asimismo, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la Unión debe participar en la planeación del desarrollo en los términos que la ley señale, y la Ley de Planeación en su artículo 5o. señala que el Presidente de la República remitirá el plan al congreso de la unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

No obstante lo anterior, en la practica la participación del legislativo en relación al Plan Nacional de Desarrollo, se reduce a una mera opinión y en su caso observaciones a su ejecución.

Retomo una idea previa: quienes tenemos la tarea y la responsabilidad de atender los temas y aspectos fundamentales para el desarrollo del país, en este caso, el Ejecutivo y el Legislativo, debemos trabajar en estrecha coordinación.

Planteo un caso concreto: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben basarse en lo contemplado por el Plan Nacional de Desarrollo.

Así pues, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo recoge las demandas sociales y establece las prioridades económicas y sociales del país, precisando la estrategia para solventar las necesidades de la nación, es preciso que el Congreso de la Unión, en su carácter de representante popular, debe evaluar y si es necesario, modificar el Plan Nacional de Desarrollo para adaptarlo a la realidad nacional y a una vision de millones de mexicanos que les eligieron con base en sus propuestas e ideas, cercanas a sus necesidades y anhelos.

Por lo tanto, el Congreso debe participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, ratificarlo y posteriormente vigilar su estricto cumplimiento.

Es por ello, que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 inciso A y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Poder Legislativo la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 73.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; así como expedir leyes en materia de información estadística y geográfica de interés nacional; y analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo. Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Chanona. Como ha sido solicitado, insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Diego AguilarAcuña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Diego Aguilar Acuña:Con su venia, señor Presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado federal Diego AguilarAcuña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los pendientes históricos que lacera la conciencia de la sociedad mexicana es sin duda la desigualad e injusticia social de los propulsores del movimiento revolucionario de inicios de siglo; es decir, los trabajadores jornaleros, quienes han sido durante décadas el sector prácticamente más olvidado y han resentido más el deterioro productivo y social que ha sufrido el país.

Los esfuerzos de los gobiernos federales y de los estatales para implantar programas de financiamiento e inversiones en el rubro, aunados a la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas, han traído mejoras al respecto; sin embargo, a través del tiempo se les ha seguido explotando sin que haya la mínima consideración de otorgarles el beneficio de la seguridad social y, mucho menos, un sistema de pensiones para su retiro.

Debemos tomar en cuenta que los trabajadores rurales y jornaleros agrícolas superan en pobreza y rezago social cualquier sector de nuestra población; no es casualidad por tanto que esos trabajadores procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad en el país.

El Estado mexicano y la sociedad estamos en deuda con los jornaleros agrícolas y, por tanto, obligados a velar por la salvaguarda y conquista de sus derechos, reforzando e innovando nuevos esquemas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, obteniendo beneficios de orden social de inmediato que garanticen la seguridad social para ellos y su familia.

Consideremos, compañeras diputadas y diputados, que en el país laboran en el campo aproximadamente 1 millón 700 mil trabajadores, cubriendo de manera efectiva temporadas de seis meses al año, y que un trabajador que realiza su actividad productiva en cualquier otro trabajo que no sea el campo debería cotizar aproximadamente 23 años para alcanzar las mil 250 cotizaciones semana que le dan derecho a una pensión, mientras que un trabajador del campo tendría que cotizar, considerando su labor discontinua, aproximadamente 46 años para tener acceso a la misma pensión, generando un estado de abandono e incertidumbre, por lo cual es necesario, con base en los principios sociales de igualdad y seguridad social, garantizarles el paso a una pensión digna, para lo cual proponemos que este tiempo laborado por los jornaleros agrícolas sea contabilizado para efectos de cotización de semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por todo lo expresado, compañeras diputadas y diputados, es fundamental la implantación de un esquema que les permita obtener una pensión decorosa, integrada inicialmente con 800 cotizaciones semana para cada trabajador jornalero agrícola, considerándolo para tales efectos como trabajador eventual permanente, identificado con su número único de seguridad social a través de una tarjeta carnet para tal efecto. Esas cotizaciones podrá hacerlas efectivas el trabajador una vez cumplidos los 60 años de edad, aun si no registra ingresos en alguna época del año, en una cuenta individual con vísperas al término de su etapa productiva.

Por esas consideraciones, presentamos al Pleno la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social.

Artículo 154.

...

Los trabajadores rurales jornaleros agrícolas que queden privados de trabajos remunerados a partir de los sesenta años contarán con la garantía de ochocientas cotizaciones para el cómputo de su pensión, contando con la obligación del instituto de ofrecer las prestaciones que garantiza este capítulo; para efectos de cotización y extensión de beneficios, el instituto proporcionará a los trabajadores rurales jornaleros agrícolas su número de afiliación y el carnet que los acredite como trabajadores eventuales permanentes.

Artículo Segundo. Disposiciones transitorias:

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Diputado Diego AguilarAcuña (rúbrica).»

Compañeras y compañeros diputados, quiero informarles que hemos tenido reuniones con productores de hortaliza en diferentes estados del país con el propósito que el Seguro Social llegue a acuerdos y que consideren a nuestros compañeros eventuales como trabajadores permanentes, como todos aquellos trabajadores que laboramos en las fábricas, de tiempo completo.

Ya es tiempo que a estos compañeros mexicanos se les dé el lugar que les corresponde. Ellos tienen el mismo derecho que todos y uno, que todos y cada uno de aquellos que han laborado en diferentes fábricas. Y los productores agrícolas están de acuerdo en llegar a estos arreglos para que el Seguro le dé esta garantía a los compañeros trabajadores agrícolas que emigran de distintos estados del país.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Diego Aguilar. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (en adelante comisión), la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Orgánica).

Esta representación procedió al estudio y análisis de la iniciativa para la formulación del presente dictamen, conforme a lo siguiente.

I. ANTECEDENTES.

A) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 10 de octubre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la iniciativa que reforma el numeral 2 del artículo 39 y adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y determinó que se turnara a esta comisión.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

A) La iniciativa propuesta sugiere:1. Organizar el trabajo de la Cámara de Diputados y darle relevancia a las diversas materias que se tienen que trabajar en beneficio de nuestro país.

2. Dividir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos.

3. Fortalecer la capacidad de acción de cada una de estas comisiones y precisar sus funciones.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos formule iniciativas que reflejen cambios que alcancen la plena realización de los principios del respeto a los derechos individuales de los gobernados.

5. Fortalecer la organización y funcionamiento tanto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público como de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

6. Asegurar la oportunidad de acción de los grupos parlamentarios, a través de su representación en estas comisiones.

B) Tales propuestas se sustentan en los siguientes argumentos:1. La división de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones permitirá definir la materia de acción de cada una de ellas, según su propia naturaleza.

2. La necesidad de garantizar la pluralidad y reflejar la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la integración y el funcionamiento de las comisiones de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica, y tomando en cuenta la representación de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados en esta LX Legislatura.

3. La necesidad de apuntalar los trabajos legislativos vinculados con la justicia.

4. La necesidad de que el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados se organice de la mejor manera para darle atención suficiente y apropiada a las materias de justicia y de los derechos humanos.

5. La conveniencia de fortalecer la organización y funcionamiento de comisiones como la de Hacienda y Crédito Público, y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

III. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS.

A) La iniciativa presentada cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito, se presentó con un título, por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, contiene los nombres y firmas de los proponentes, contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan, presenta el texto legal que propone, y señala la vigencia del decreto.

B) La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa en comento, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.

C) Compete a esta comisión emitir dictamen a esta propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

D) Hasta hoy, la Ley Orgánica contempla la existencia de 43 comisiones ordinarias, por lo que la creación de una comisión más, necesariamente tiene que pasar por una modificación a este ordenamiento.

E) La exposición de motivos de la iniciativa plantea la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos formule iniciativas en la materia. Propuesta que si bien no recoge en el proyecto de decreto, si da oportunidad a la duda respecto a las funciones que podría tener la comisión. Al respecto cabe recordar que de acuerdo al artículo 71 constitucional el derecho de iniciar leyes o decretos compete: al Presidente de la República; a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados.

F) Por lo que hace a la forma de integración de las comisiones, ésta puede modificarse a través de una reforma en el artículo 43 de la misma ley, tal y como lo propone la iniciativa para el caso de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En razón de lo antes expuesto, toda vez que el problema planteado es real, y atendible por la vía legislativa; los argumentos vertidos corresponden a la proposición legislativa, son ciertos y válidos; los enunciados jurídicos sugeridos son adecuados, no presentan antinomias constitucionales ni legales, son concordantes con el resto de las disposiciones normativas, no existe discordancia de su texto con lo estipulado en convenios y tratados ni con los criterios o tesis jurisprudenciales aplicables; y la formulación jurídica es suficiente y adecuada, sólo se observa la pertinencia de continuar con el orden adoptado por la Ley Orgánica vigente, en el sentido de atribuirle a cada párrafo un número. Por ello se propone incluir un nuevo texto al párrafo segundo, que la iniciativa sugiere como segundo párrafo del numeral dos, y recorrer el número de los párrafos restantes.

La comisión que dictamina considera que es de aprobarse la iniciativa y por lo tanto se propone a esta soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Único:Se reforma el párrafo 2 del artículo 39 y se adiciona un párrafo al artículo 43, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 39.

1. ...

2. ...

I. a VII ...

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Metropolitano;

X. Desarrollo Rural;

XI. Desarrollo Social;

XII. Economía;

XIII. Educación Pública y Servicios Educativos;

XIV. Energía;

XV. Equidad y Género;

XVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XVIII. Función Pública;

XIX. Gobernación;

XX. Hacienda y Crédito Público;

XXI. Justicia;

XXII. Juventud y Deporte;

XXIII. Marina;

XXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXV. Participación Ciudadana;

XXVI. Pesca;

XXVII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXIX. Puntos Constitucionales;

XXX. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXI. Recursos Hidráulicos;

XXXII. Reforma Agraria;

XXXIII. Relaciones Exteriores;

XXXIV. Salud;

XXXV. Seguridad Pública;

XXXVI. Seguridad Social;

XXXVII. Trabajo y Previsión Social;

XXXVIII. Transportes;

XXXIX. Turismo, y

XL. Vivienda.

3. ...

ARTICULO 43.

1. ...

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública podrán tener más de treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. En caso de que la dimensión de algún grupo parlamentario no permita la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.

6. Si un diputado se separa del grupo parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del propio Grupo podrá solicitar su sustitución.

7. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en sesión del once de octubre del año dos mil seis.--- Diputados: Chaurand Arzate Carlos (rubrica), Presidente, PRI; Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles, Secretaria, PAN; Espejel Lazcano Jaime (rúbrica), Secretario, PRD; Jiménez del Castillo Ma. de los Angeles (rúbrica), Secretaria, PAN; Castellanos Cortés Sara Isabel (rúbrica), PVEM; Cárdenas Márquez Elías (rúbrica), Convergencia; Delgado Oscoy Alejandro Enrique (rúbrica), PAN; Escandón Cadenas Rutilio, PRD; Flores Morfín Jesús Vicente (rúbrica), PAN; Garay Ulloa Silvano (rúbrica), PT; García Méndez Armando (rúbrica), Alternativa; Guerra Ochoa Juan N. (rúbrica), PRD; Lezama Aradillas René (rúbrica), PAN; Luna Rodríguez Silvia, Nueva Alianza; Martínez Padilla Hugo Eduardo (rúbrica), PRD; Medina de la Cruz Rodrigo, PRI; Medina Macías Alma Hilda (rúbrica), PAN; Palma César Víctor Samuel, PRI; Rodríguez Prats Juan José (rúbrica), PAN; Velázquez Gutiérrez José Guillermo (rúbrica), PAN; Zataraín González Carlos Ernesto (rúbrica), PRI.»

Es de primera lectura.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Layda Elena Sansores San Román, del grupo parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados para informar el estado que guarda la administración pública federal.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de la República a comparecer cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados, previo calendario acordado con esta representación popular, para informar sobre el estado que guarde la administración pública federal, a cargo de la diputada Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario de Convergencia

La que suscribe, diputada federal Layda Sansores San Román, integrante del grupo parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses en el Pleno de la Cámara de Diputados para informar del estado que guarda la administración pública federal, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Compañeros legisladores:

El artículo 69 constitucional establece que a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que dé a conocer el estado general que guarda la administración pública federal.

Por otra parte, el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos reitera la disposición y describe el procedimiento de esa ceremonia, precisando que hará uso de la palabra un legislador federal por cada partido político asistente representados en el Congreso, y seguidamente el Presidente del Congreso contestará dicho informe, previniendo este dispositivo legal la improcedencia de intervenciones o interrupciones por los legisladores.

Hasta el año pasado, el informe anual de gobierno se había convertido en una ceremonia litúrgica, bautizada como ``el día del presidente''. Hoy queda claro que ese ritual se encuentra agotado, pues el modelo adoptado era sólo un discurso legitimador del poder público.

Ese evento se daba en medio de un impresionante marco de circunstancias y hechos que lo preparaban y acompañaban.

El día del Informe en México era día feriado nacional, y el señor presidente, titular absoluto de la jornada, rodeado de toda una parafernalia que le sucedía.

Se trataba de uno de los fenómenos mediáticos más grandes y onerosos con cargo al erario.

Considerando

Que ante esos hechos, Convergencia estima oportuno hacer una serena revisión sobre la importancia de impulsar un nuevo modelo de rendición de cuentas del titular del Poder Ejecutivo federal a la sociedad a través de esta soberanía popular.

Convergencia considera que ese viejo estilo de adoración al culto se debe transformar por actos sobrios de verdadera interlocución entre gobernantes y gobernados.

Que debe impulsarse un mecanismo de rendición de cuentas que tenga como objeto que los ciudadanos, a través de la Cámara de Diputados, sean informados sobre las políticas públicas y las decisiones de la administración pública.

Convergencia considera que los informes presidenciales deben rendirse cada cuatro meses, que vendrían a oxigenar la vida pública de las instituciones acerca de la gestión de éstas y, a partir de ello, evaluar su actuación.

Es indispensable que el titular del Poder Ejecutivo federal esté obligado a informar de manera oportuna, útil y veraz de los asuntos de su conocimiento.

Nuestro país se encuentra en un periodo de definiciones fundamentales para la construcción del México justo, generoso y transparente que la sociedad demanda y que habremos de legar a nuestros hijos.

En mérito de lo expuesto y fundado, compañeros legisladores, solicito la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados a informar del estado que guarda la administración pública federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Diputada Layda Sansores San Román (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda reintegre al Presupuesto de la Sagarpa el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica.

El diputado Isidro Pedraza Chávez:Gracias, compañeros: el que suscribe, diputado Isidro Pedraza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticaa la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, como un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes consideraciones:

Durante junio del presente año, los productores agrícolas del país sufrieron un golpe más por parte del Poder Ejecutivo en una reunión de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, con el secretario de Agricultura, licenciado Francisco Mayorga, y sus subsecretarios. Se confirmó que se había conformado una reserva precautoria del presupuesto de la Sagarpa por cuatro mil 800 millones de pesos del presupuesto para el campo. En esa reunión, la única explicación consistió en señalar que eran disposiciones del secretario Francisco Gil Díaz y que se afectaban programas fundamentales de la Secretaría de Agricultura.

Como a lo largo de todo el sexenio, el Poder Ejecutivo desatendió los mandatos de la Cámara de Diputados en cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobando y demostrando, en este caso, su desprecio por el sector rural: el recorte representaba 9.5 por ciento del presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados. Para la Sagarpa implicaba importantes recortes en programas prioritarios para el desarrollo rural y de pesca. Se afectaban programas como el de Reconversión Productiva, de Alianza para el Campo, que disminuía en 37 por ciento su presupuesto, y el de Microcuencas, que bajaba 36 por ciento, entre otros. Se recortaban en 36 por ciento los recursos destinados a programas de Alianza para el Campo que contribuyen a elevar el nivel de vida de los productores pesqueros y sus familias; programa que el Ejecutivo había pretendido casi desaparecer en el proyecto de presupuesto, pero que los diputados en la LIX Legislatura, habían resarcido en el presupuesto aprobado.

De inmediato la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en voz del senador Abel López Sánchez, solicitó una explicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura sobre las razones por las que estaban implementando reservas precautorias al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en virtud de que dañaba dramáticamente el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

El órgano legislativo solicitó que se detallaran los recortes que se hicieron al presupuesto destinado al desarrollo rural sustentable, pues se trataba de una modificación presupuestal sin bases jurídicas. Dicha reserva precautoria no está establecida legalmente y no tiene sustento; por el contrario, se trata de recursos aprobados por el Congreso de la Unión para ser destinados a los productores del campo.

Asimismo, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural pidió que se explique por qué se debilitó económicamente este sector, de por sí vulnerable, justo a unos meses de que se libere por completo la competencia comercial agropecuaria con Canadá y Estados Unidos.

De inmediato intervinieron los gobernadores de los estados. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, hizo una amplia convocatoria a todos los sectores, no sólo del estado, sino a nivel nacional, con la certeza de que el sector y la entidad estarían en un caos si el gobierno federal persistía en el recorte. La mandataria reiteró que un recorte tan injusto significa un impacto gravísimo para el campo y señala que, de recortarse, significaría un desastre para el campo y complicaría más la situación de miles de familias, que entrarían en abandono de enormes proporciones y sin duda se registraría una mayor marginación.

A la petición de que se liberaran los cuatro mil 800 millones de pesos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2006, debidamente aprobados por la Cámara de Diputados; se sumaron los gobernadores durante el Seminario de discusión sobre políticas públicas del campo Mexicano, efectuado en la ciudad de Morelia. Esta propuesta fue respaldada por los secretarios de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas.

Por su parte, las organizaciones de productores apuntaron que la reserva contribuía a la generación de un ambiente adverso en el campo y agravaba el de por sí ya descompuesto contexto político del país.

Ante esto, el pasado 15 de septiembre el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, en gira por Zacatecas, informó que la Secretaría de Hacienda reintegró al presupuesto de la dependencia 2 mil 500 millones de pesos de la reserva precautoria, que se determinó en 4 mil 870 millones. Mayorga Castañeda destacó que varios gobernadores, entre ellos la de Zacatecas, hicieron su tarea para que buena parte de esos recursos regresaran y se pudieran fortalecer algunos proyectos productivos.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Concluya, por favor diputado.

El diputado Isidro Pedraza Chávez:Voy a terminar.

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informen a esta Cámara de Diputados los motivos y el marco jurídico observado para integrar las reservas precautorias al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, con la mayor brevedad, sean reintegrados al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el resto de los recursos presupuestales que habían integrado la reserva estratégica con la fecha de 28 de septiembre de 2006. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reintegrar en el presupuesto de la Sagarpa el resto de los recursos que formaron la reserva estratégica; y se solicita a la segunda de esas dependencias que dichos recursos se apliquen de acuerdo con la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente, integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Isidro Pedraza Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante junio del presente año, los productores agropecuarios del país sufrieron un golpe más por parte del Poder Ejecutivo: en una reunión de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) con el secretario de Agricultura, licenciado Francisco Mayorga, y sus subsecretarios se confirmó que se había formado una reserva precautoria del presupuesto de la secretaría por 4 mil 800 millones de pesos en el presupuesto para el campo. En esa reunión, la única explicación consistió en señalar que eran disposiciones del secretario Francisco Gil Díaz y que se afectaban programas fundamentales de la Secretaría de Agricultura.

Como a lo largo de todo el sexenio, el Poder Ejecutivo desatendió los mandatos de la Cámara de Diputados en cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado y demostrando en este caso su despreció por el sector rural.

El recorte representaba 9.5 por ciento del presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados para la Sagarpa e implicaba importantes recortes en programas prioritarios para el desarrollo rural y de pesca. Se afectaba programas como el de Reconversión Productiva de Alianza para el Campo, que disminuía 37 por ciento su presupuesto, y el de Microcuencas, que bajaba 36 por ciento.

Se recortaban en 36 por ciento los recursos destinados a programas de Alianza para el Campo que contribuyen a elevar el nivel de vida de los productores pesqueros y de sus familias, programa que el Ejecutivo había pretendido casi desaparecer en el proyecto de Presupuesto, pero que los diputados de la LIX Legislatura habían resarcido en el Presupuesto aprobado.

De inmediato, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en voz del senador Abel López Sánchez, solicito una explicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Agricultura sobre las razones por las que estaban implantando reservas precautorias al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en virtud de que se dañaba dramáticamente el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

El órgano legislativo solicitó que se detallaran los recortes que se hicieron al presupuesto destinado al desarrollo rural sustentable, pues se trataba de una modificación presupuestal sin bases jurídicas. Dicha reserva precautoria no está establecida legalmente y no tiene sustento; por el contrario, se trata de recursos aprobados por el Congreso de la Unión para ser destinados a los productores del campo.

Asimismo, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural pidió que se explique ``por qué se debilitó económicamente a este sector, de por sí vulnerable, justo a unos meses de que se libere por completo la competencia comercial agropecuaria con Canadá y Estados Unidos''.

De inmediato intervinieron los gobernadores. La de Zacatecas, Amalia García, hizo una amplia convocatoria a todos los sectores, no sólo del estado sino a escala nacional, con la certeza de que el sector y la entidad entrarían en un caos si el gobierno federal persistía en el recorte. La mandataria reiteró que un recorte tan injusto significaría un impacto gravísimo para el campo y señaló que, de concretarse, significaría un desastre para el campo y complicaría aún más la situación de miles de familias que entrarían en un abandono de enormes proporciones y, sin duda, se registraría mayor migración.

A la petición de que se liberen los 4 mil 800 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, debidamente aprobados por la Cámara de Diputados, se sumaron los gobernadores durante el Seminario de discusión sobre políticas públicas del campo mexicano, efectuado en Morelia. La propuesta fue respaldada por los secretarios de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas.

Por su parte, las organizaciones de productores apuntaron que la reserva contribuía a la generación de un ambiente adverso en el campo y agravaba el de por sí descompuesto contexto político del país.

Ante eso, el pasado 15 de septiembre el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, en gira por Zacatecas informó que la Secretaría de Hacienda reintegró al presupuesto de la dependencia 2 mil 500 millones de pesos de la reserva precautoria, que se determinó en 4 mil 870 millones. Mayorga Castañeda destacó que varios gobernadores, entre ellos la de Zacatecas, Amalia García, ``hicieron su tarea para que buena parte de esos recursos regresaran y se pudieran fortalecer algunos proyectos productivos''.

Resulta increíble que el secretario de Agricultura declare que los gobernadores hicieron su tarea. Ante ese cinismo, nos preguntamos si él, como secretario, cumple su tarea, pues se están reintegrando únicamente un poco más de la mitad de los recursos, y nos preguntamos: ¿dónde está el resto de los recursos?

Por todo lo anterior, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que con la mayor brevedad se reintegre al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el resto de los recursos presupuestarios que formaron la reserva estratégica.

Segundo. Se solicita a la Sagarpa que los recursos reintegrados se apliquen de acuerdo con la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición...

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada, comuníquese.

IMPORTACION DE AZUCAR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Daniel Pérez Valdés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía.

El diputado Daniel Pérez Valdés:Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea: esta soberanía se ha caracterizado por defender, con justo sustento, los intereses nacionales que representa la agroindustria azucarera mexicana, tanto por el empleo que genera, del que dependen más de 2.2 millones de mexicanos, asentados en 227 municipios de 15 estados de la República, como por lo que implica en términos de la seguridad alimentaria del país.

Por un lado, la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secretaría de Economía anunció en fecha reciente la fijación de cupos de importación de azúcar, por parte de la autoridad, de 90 mil y 100 mil toneladas de azúcar, con el argumento de bajar en un 22 por ciento los precios del endulzante en el mercado doméstico. En contrapartida, voces representativas del sector privado señalaron que la autorización de cupos de importación constituye un error, debido a que hay suficiente producción para satisfacer la demanda del azúcar del mercado interno.

La autoridad, para aclarar su intervención en la fijación de cupos de importación, declaró a los medios que las primeras 90 mil toneladas se asignaron a la maquila y Pitex que producen chocolates y dulces de exportación. El segundo cupo, por 100 mil toneladas, lo dividieron en dos: 50 mil toneladas para las comercializadoras, destacando entre ellas Carlyle; mientras que las 50 mil restantes se repartieron 30 mil a refresqueros y 20 mil para confitería y alimentos con azúcar. Para complicar más la situación le dieron 50 mil toneladas a Costa Rica y 27 mil a Nicaragua, sólo por razones comerciales.

Antecedentes: El 29 de agosto de 2006 la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera demostró a la Secretaría de Economía que existían suficientes inventarios de azúcar para abastecer el mercado doméstico, contando con existencias, al 30 de septiembre de 2006, de un millón 166 mil 733 toneladas de azúcar, con una proyección de inventarios, al 31 de octubre de 2006, de 702 mil 68 toneladas, y con un cierre del ejercicio, al 31 de diciembre de 2006, de 542 mil 900 toneladas de azúcar.

Sin embargo, el 30 de agosto de 2006 la Secretaría de Economía asignó un cupo de azúcar de 90 mil toneladas otorgadas a los importadores de 2005, que en su mayoría tiene como destino empresas multinacionales. Adicionalmente, ha anunciado un cupo de 100 mil toneladas de azúcar, pese a que no existe déficit del producto ni riesgo de desabasto ante la cercanía del inicio de la zafra 2006-2007. El viernes 22 de septiembre del año en curso se publicó un acuerdo que fija el cupo de 50 mil 845 toneladas para importar azúcar originario de Costa Rica en 2006; y otro acuerdo más por el que se da a conocer el cupo de 26 mil 761 toneladas para importar de Nicaragua en 2006.

La concentración de precios se está dando en las tiendas de autoservicio y, por lo mismo, los cupos que ha fijado la autoridad han beneficiado directamente a la industria maquiladora, a la refresquera y a comercializadoras multinacionales, sin que los consumidores finales se vean beneficiados por una baja en los precios de azúcar, los refrescos, los dulces o los alimentos. La afectación en la cadena productiva por estas decisiones de la autoridad se refleja en los precios de la caña y de la tonelada de azúcar en los ingenios. De nada sirve que bajen los precios al mayoreo si no se da un beneficio directo al consumidor final; en cambio, sí perjudica y daña la estructura productiva nacional de la agroindustria azucarera.

Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Requerir la presencia del titular de la Secretaría de Economía para que, en un periodo no mayor de 30 días, explique a esta Asamblea los criterios utilizados para fijar cupos de importación, cuando somos un país superavitario en la producción de azúcar.

De igual manera, exhortarlo para que no se autoricen más cupos de importación hasta en tanto no quede debidamente demostrado que hay faltantes de azúcar o que existe plenamente identificado el riesgo de desabasto de azúcar en el país.

Señor Presidente. Pedimos que sea de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía a efecto de que informe a esta soberanía acerca de los criterios utilizados para fijar cupos de importación en la producción de azúcar, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Daniel Pérez Valdés, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión lo siguiente proposición con punto de acuerdo.

Honorable Asamblea:

Esta soberanía se ha caracterizado por defender, con justo sustento, los intereses nacionales que representa la agroindustria azucarera mexicana, tanto por el empleo que genera, del que dependen más de 2.2 millones de mexicanos asentados en 227 municipios de 15 estados de la república, como por lo que implica en términos de la seguridad alimentaria del país.

En las últimas semanas los medios de comunicación se han ocupado de la problemática de la agroindustria azucarera, transmitiendo opiniones de representantes del sector público y del sector privado contradictorias entre sí. Quiero ocuparme, en esta ocasión, exclusivamente del acto de autoridad del gobierno federal para fijar cupos de importación de azúcar.

Por un lado, la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secretaría de Economía, anunció en fecha reciente la fijación de cupos de importación de azúcar por parte de la autoridad de 90 mil y 100 mil toneladas de azúcar, con el argumento de bajar en un 22 por ciento los precios del endulzante en el mercado doméstico. En contrapartida, voces representativas del sector privado señalaron que la autorización de cupos de importación constituye un error debido a que hay suficiente producción para satisfacer la demanda de azúcar del mercado interno.

El gobierno participa actualmente con el 40 por ciento del mercado del azúcar y cuenta con un Fideicomiso Comercializador (Fico) que establece subastas y ofertas del endulzante con un predominio monopólico. El titular de la Sagarpa ha reconocido en los medios el carácter comercializador del Fico, eximiéndolo de la responsabilidad en los aumentos de precios del azúcar y estableciendo que es la Secretaría de Economía la que regula y pone medidas como los cupos de importación. En estas mismas declaraciones el señor secretario afirmó que la estrategia de la Secretaría de Economía con la fijación de cupos es presionar a la baja los precios del azúcar en el mercado.

La autoridad para aclarar su intervención en la fijación de cupos de importación, declaró a los medios que las primeras 90 mil toneladas se asignaron a la maquila y al Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación Pitex, que producen chocolates y dulces de exportación.

El segundo cupo por 100 mil toneladas lo dividieron en dos: 50 mil toneladas para las comercializadoras, destacando entre ellas Cargill; mientras que de las 50 mil restantes, se repartieron 30 mil para refresqueros y 20 mil para confitería y alimentos con azúcar. Para rematar con el alto sentido de responsabilidad que les caracteriza le dieron 50 mil toneladas a Costa Rica y 27 mil a Nicaragua, sólo por razones comerciales.

Con estos argumentos, queda muy claro que la pretensión del Ejecutivo es bajar los precios al mayoreo, y no los precios al consumidor final, manteniendo la alta concentración de valor en los supermercados y tiendas de autoservicio.

Antecedentes

1. Recientemente, la Secretaría de Economía acordó la importación de azúcar con los mismos argumentos de años pasados. En septiembre del 2003 fijó un cupo de 112 mil toneladas de azúcar refinada, afirmando falazmente que la ``oferta nacional podría ser insuficiente, por lo que sería necesario complementarla con importaciones a efecto de que las industrias que la utilizan no se vean afectadas''. Ese año fue superavitario y la fijación del cupo sirvió para bajar los precios del azúcar en el ingenio, más no así los precios al consumidor final.

2. El 30 de septiembre del 2005 la Secretaría de Economía fijó un cupo de 250 mil toneladas de fructosa a cambio de la exportación al mercado de los Estados Unidos de América de 250 mil toneladas de azúcar mexicano, cuyos beneficiarios directos fueron las corporaciones líderes del comercio del azúcar en el mundo y las empresas refresqueras domésticas, particularmente Cargill y Coca Cola. No hubo argumento que justificara la fijación de estos cupos.

3. El 29 de agosto del 2006, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, le demostró a la Secretaría de Economía que existían suficientes inventarios de azúcar para abastecer el mercado doméstico, contando con existencias al 30 de septiembre del 2006 de 1 millón 166 mil 733 toneladas de azúcar, con una proyección de inventarios al 31 de octubre del 2006 de 702 mil 681 toneladas y con un cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2006 de 542 mil 900 toneladas de azúcar. Es decir, nuestro país es totalmente superavitario y por lo mismo no requiere importaciones de azúcar, en todo caso de existir distorsiones en los precios de la cadena de valor, la autoridad cuenta con las facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica para corregir tales distorsiones.

4. No obstante, haciendo oídos sordos, el 30 de agosto del 2006, la Secretaría de Economía asignó un cupo de azúcar de 90 mil toneladas, otorgadas a los importadores del 2005, que en su mayoría tiene como destino empresas multinacionales. El argumento esgrimido es de nuevo que ``en los últimos meses se ha registrado un incremento inusitado en los precios del azúcar en el mercado nacional, por lo que resulta necesario complementar la oferta nacional con importaciones''; adicionalmente, ha anunciado un cupo de 100 mil toneladas de azúcar, pese a que no existe déficit del producto, ni riesgo de desabasto ante la cercanía del inicio de la zafra 2006-2007.

5. El viernes 22 de septiembre del año en curso, se publicó un acuerdo que fija el cupo de 50 mil 845 toneladas para importar azúcar originario de Costa Rica en 2006; y otro acuerdo más por el que se da a conocer el cupo de 26 mil 761 toneladas para importar de Nicaragua en 2006.

6. Con los cupos autorizados desde el 2003, el consumidor final no se ha visto beneficiado. En febrero de 2005, los precios eran de 9 pesos con 50 centavos el kilogramo de azúcar refinada y de 8 peso 50 centavos el kilogramo de azúcar estándar. Al mes de agosto de 2006, los precios promedio en los supermercados son de 10 pesos 50 centavos el kilogramo de azúcar refinada y 9 pesos 20 centavos el kilogramo de azúcar estándar, mientras que desde el 2005 el precio de referencia para el pago de la caña de azúcar por kilogramo de azúcar estándar es de 5 pesos 76 centavos. Lo anterior, significa que la concentración de precios se está dando en las tiendas de autoservicio y por lo mismo los cupos que ha fijado la autoridad han beneficiado directamente a la industria maquiladora, a la industria refresquera y a comercializadoras multinacionales, sin que los consumidores finales se vean beneficiados por una baja en los precios del azúcar, los refrescos, los dulces o alimentos. La afectación en la cadena productiva por estas aberrantes decisiones de la autoridad se refleja en los precios de la caña y de la tonelada de azúcar en los ingenios.

Si se concede que el Estado no debe intervenir en la fijación de los precios del mercado para asegurar la competencia y libre concurrencia, resulta desde todo punto de vista inaceptable que el gobierno federal genere sobreofertas y excedentes de mercado, a través de la autorización de importaciones innecesarias para presionar los precios a la baja, sin tomar en cuenta su congruencia con los costos de producción, la realidad de la demanda nacional y los acuerdos de libre comercio.

De nada sirve que bajen los precios al mayoreo si no se da un beneficio directo al consumidor final; en cambio, sí perjudica y daña la estructura productiva nacional de la agroindustria azucarera.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Requerir la presencia del titular de la Secretaría de Economía para que en un período no mayor a 30 días, explique a esta asamblea los criterios utilizados para fijar cupos de importación, cuando somos un país superavitario en la producción de azúcar. De igual manera, exhortarlo para que no se autoricen más cupos de importación hasta en tanto no quede debidamente demostrado que hay faltantes de azúcar o que existe plenamente identificado el riesgo de desabasto de azúcar en el país.

Honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado Daniel Pérez Valdés (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Con qué objeto, diputado.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola(desde la curul): Con su venia, señora Presidenta: para sumarnos al punto de acuerdo todo el grupo parlamentario del PRD, en los términos presentados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Que tome nota la Secretaría. Gracias, diputado.

Este punto de acuerdo estaba para turnarse a comisión. En vista de que el diputado ha hecho la petición de urgente resolución, se pide a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; por lo tanto, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición; los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada, comuníquese.

FEMINICIDIOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, suscrita por diputadas de diversos grupos parlamentarios.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez:Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores: acudo a esta tribuna para presentar la proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la comisión especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, presentada por legisladores y legisladoras de seis grupos parlamentarios.

La violencia en el México del nuevo siglo continúa en auge, parece no tener límites. La sociedad está indefensa ante este panorama. La furia y brutalidad de acción de los delincuentes es incontrolable. Un escenario de estas características es detestable, pero lo es más cuando se agrede a mujeres de todos los rincones del país, donde el perfil de los actos sigue siendo el tráfico de mujeres, de sus órganos, la violación y tortura. Aunado a ello, continúan las viejas prácticas que debemos erradicar con firmeza: la exclusión, la falta de oportunidades, la discriminación y el maltrato, con lo cual el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y de la sociedad agraviada, se vuelve más difícil y complicado.

A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres y de la obligación de parte de las instituciones de satisfacer la demanda social de dar solución a los feminicidios, no ha sido fácil convencer a sus titulares, ya que algunas autoridades continúan reaccionando con resquemor, desconfianza, con demora, burocratismo y hasta con rechazo para dar solución a los asesinatos de niñas o mujeres; lamentablemente, esto no ocurre en una sola región del país o en un solo estado: dichas prácticas se han generalizado en todo el país.

Otros aspectos, en los cuales se debe profundizar, están relacionados con los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres, a fin de terminar con la información amañada, sexista y misógina, para de esta manera colaborar en el esclarecimiento de la violencia feminicida, acabar con la impunidad que la caracteriza y hacer realidad el ideal de nuestra Constitución: la impartición de justicia.

Por ello es importante conocer las causas, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendientes a prevenir, atender y sancionar esos delitos. Lo anterior significa que debemos dar continuidad a los esfuerzos de la comisión especial de la LIX Legislatura para consolidar un conjunto de acciones que contribuyan a crear una política de Estado capaz de hacer frente y erradicar la violencia feminicida en particular y todas las formas de violencia contra las mujeres.

En esta nueva etapa, la comisión especial sumará sus esfuerzos con las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y Senadores, en las iniciativas y acciones que impulsen en la protección de los derechos de las mujeres.

Por ello, someto a consideración de este Pleno, para que se turne a la Junta de Coordinación Política y en obviedad del tiempo le pido a la Presidenta de la Mesa Directiva, se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates y someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se crea en esta soberanía y en el marco de sus atribuciones, la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, tendientes a fortalecer el esfuerzo de las distintas instituciones en sus tres niveles de gobierno, esclarecer y procurar la impartición de justicia.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Esta comisión de investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.

Firman la presente iniciativa: por el Partido Alternativa, la diputada Elsa Guadalupe Conde; por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Yolanda Rodríguez; por el Partido Nueva Alianza, Blanca Luna, y por el Partido de la Revolución Democrática, Rosario Ortiz y Rosa Elia Romero. Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculadas a los feminicidios en el país, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia y suscrito por diputadas de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada con los feminicidios en el país, de conformidad con los siguientes

Antecedentes y consideraciones

La violencia en el México de nuevo siglo continúa en auge, parece no tener límites; la sociedad está indefensa ante este panorama, la furia y brutalidad de acción de los delincuentes es incontrolable, un escenario de estas características es detestable, pero lo es más cuando se agrede a mujeres de todos los rincones del país, donde el perfil de los actos, sigue siendo el tráfico de mujeres, de sus órganos, la violación y tortura. Aunado a ello, continúan las viejas prácticas que debemos erradicar con firmeza: la exclusión, la falta de oportunidades, la discriminación y el maltrato; con lo cual el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y de la sociedad agraviada se vuelve más difícil y complicado.

A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres y de la obligación de parte de las instituciones de satisfacer la demanda social de dar solución a los feminicidios, nos indica que no ha sido fácil convencer a sus titulares, ya que algunas autoridades continúan reaccionando con resquemor, desconfianza, demora, burocratismo y hasta con rechazo para dar solución a los asesinatos de niñas o mujeres; lamentablemente, esto no ocurre en una sola región o estado, dichas prácticas se han generalizado en todo el país.

Otros aspectos en los cuales se debe profundizar, están relacionados con los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres, a fin de terminar con la información amañada, sexista y misógina, y de esta manera colaborar en el esclarecimiento de la violencia feminicida, acabar con la impunidad que la caracteriza y así hacer realidad el ideal de nuestra Constitución: la impartición de justicia. Por ello, es importante conocer las causas, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendentes a prevenir, atender y sancionar estos delitos.

Lo anterior significa que debemos dar continuidad a los esfuerzos de la Comisión Especial de la LIX Legislatura, para consolidar un conjunto de acciones que contribuyan a crear una política de Estado capaz de hacer frente y erradicar la violencia feminicida, en particular, y todas las formas de violencia contra las mujeres. En esta nueva etapa la Comisión Especial sumará sus esfuerzos con las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y de Senadores en las iniciativas y acciones que están impulsando en la protección de los derechos de las mujeres.

Otra tarea fundamental de esta comisión, consistirá en crear conciencia que la violencia contra las mujeres, constituye una violación a los derechos y a las libertades humanas, por tanto, constituye una ofensa a la dignidad de la sociedad en su conjunto.

Entre las prioridades de esta Comisión Especial se encuentra el acuerdo y entendimiento con los poderes de la Unión, las instituciones y las organizaciones sociales para que el Ejecutivo Federal, de una respuesta más firme y sólida a la violencia contra las mujeres; esto es posible a partir de la organización de reuniones de trabajo en coordinación con los legisladores integrantes de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado ocupadas en el tema. El reto en sí mismo está en que el feminicidio ha rebasado a la sociedad y no se ha podido detener debido a la falta de coordinación de las distintas instituciones en los distintos niveles de gobierno.

La comisión caminará en el sentido de arribar a un nuevo pacto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a fin de evitar el colapso del estado de derecho en la materia, no sin antes impulsar la convergencia de criterios jurídicos a lo largo y ancho de la nación para lograr la colaboración estrecha entre las distintas instituciones de seguridad pública del país.

Se profundizará en la investigación de más de diez estados de la República, donde los niveles de incidencia feminicida son altos y las denuncias al respecto continúan en aumento (Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Morelos y DF). Los datos al respecto son estremecedores, ya que en uno de los informes de la Comisión Especial se indica que de 1999 a 2005 fueron asesinadas más de seis mil niñas y mujeres en diversos estados de la República. El estudio realizado en 2004 por la Comisión reveló que en ese año fueron asesinadas en todo el país mil 205 niñas y mujeres; es decir, un promedio de 4 muertes de mujeres al día.

Una tarea pendiente de suma importancia está relacionada con la continuidad de la participación de México en la Red Parlamentaria frente al Feminicidio, en la cual participan legisladoras de México, España y Guatemala, donde las incidencias feminicidas van en aumento, continuando con los compromisos establecidos por la comisión anterior respecto a las reformas al artículo 73 y la Ley Penal Federal se debe continuar con su trámite ante la Haya.

Un aspecto de no menos importancia es el acceso de la Presidencia de la Comisión Especial a los expedientes de las investigaciones para establecer criterios de acción con las instancias y mecanismos que ya fueron creados para enfrentar esta situación. En este sentido, es importante establecer los mecanismos para consolidar una ayuda efectiva y coordinada con las familias de las víctimas, sin que la ayuda dependa de las características o tipo de crimen, además se debe garantizar su derecho a mantenerles informados sobre el progreso de su investigación o procedimiento judicial; todo esto es posible a partir del impulso de un modelo de investigación científica dirigida y organizada por universitarias especialistas en el campo de estudios de género, con orientación y perspectiva de género, para encaminar todos los esfuerzos a una vida sin violencia para las mujeres.

Todos los esfuerzos en este sentido pasan por superar los factores de incidencia en lo familiar, la comunidad y las instituciones. En lo que respecta al combate de la violencia feminicida, se debe impulsar una política integral que articule los tres niveles de gobierno para prevenir, atender, perseguir, sancionar, procurar justicia y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Estas tareas no deben esperar mas tiempo, fundamentalmente porque los últimos estudios realizados por la Comisión Especial anterior, revelaron que de nueve millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, el 47 por ciento reporta un incidente de violencia, el 38.4 por ciento padece violencia emocional, el 29.3 por ciento económica, el 9.3 por ciento física y el 7.8 restante, sexual.

En cuanto al informe mencionado, destacan, entre otros aspectos, que los feminicidios, las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres son el resultado de un clima generalizado de violencia y discriminación, que se enlazan en un tiempo y territorio determinado, dando como resultado muertes violentas, homicidios, accidentes mortales e incluso suicidios, que no son detenidos o prevenidos por el Estado. Otro dato relevante muestra que las investigaciones están dando como resultado que algunos casos de violencia contra las mujeres se relacionan de manera estrecha con el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, la explotación de la prostitución y pornografía infantil, los datos mencionados nos permiten concluir sobre la importancia de seguir impulsando reformas judiciales sobre el particular.

Los datos del estudio revelan que las instituciones encargadas de procurar justicia aún carecen de infraestructura material y de personal para sistematizar la información sobre los delitos y homicidios contra las mujeres. Por tanto, propiciar una política con transversalidad de género, que articule acciones con el objetivo de erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres a través del impulso de la igualdad de oportunidades, permitirá afianzar los derechos de las mujeres en nuestro país.

Respecto a los medios de información, desde la Comisión Especial se deben impulsar acciones a través de los órganos facultados para capacitar a los comunicadores y las comunicadoras en la perspectiva de género, a fin de difundir una campaña nacional sobre los derechos de las niñas y las mujeres tendentes a la comprensión global del problema y el desmontaje de los estereotipos de las mujeres víctimas de violencia.

Esta Comisión Especial obedece a una de las demandas más sentidas de la sociedad, cuyos principios y congruencia social han permitido realizar múltiples acciones para solucionar esta penosa situación; por tanto, es indispensable darle continuidad para transparentar e impulsar los esfuerzos en este sentido de los tres poderes y así, de manera paulatina y profunda, dar solución definitiva al feminicidio sistemático en el país.

Por lo anterior, de conformidad con los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea en esta soberanía y en el marco de sus atribuciones la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, tendente a fortalecer el esfuerzo de las distintas instituciones en sus tres niveles de gobierno, esclarecer y procurar la impartición de justicia.

Segundo. La Comisión Especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.-Esta comisión de investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2006.--- Diputadas: Martha Tagle Martínez, Elsa Guadalupe Conde, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Blanca Luna Becerril, Aurora Cervantes Rodríguez, Rosario Ortiz Magallón, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

MUJER RURAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Díaz de León Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes, a reconocer el valor de la mujer rural y otorguen mayores recursos a los programas destinados a su atención.

La diputada Leticia Díaz de León Torres:Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes a reconocer el valor de la mujer rural y a otorgar mayores recursos a los programas destinados a su atención, suscrito por los diputados Leticia Díaz de León Torres y Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputada Leticia Díaz de León Torres y diputado Francisco Domínguez Servién, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para exhortar a esta Cámara de Diputados a reconocer el valor de la mujer rural y a las secretarías de la administración pública federal responsables de dar atención a la mujer rural, a fortalecer sus políticas publicas en esta materia mediante una asignación adecuada y suficiente de recursos, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 15 de octubre se celebra el Día mundial de la mujer rural, y el 17 el Día internacional para la erradicación de la pobreza por lo que es importante detenernos a reflexionar en estos temas tan importantes.

La celebración del Día mundial de la mujer rural surgió en la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer realizada por la ONU en Pekín en septiembre de 1995, como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM), por el reconocimiento mundial de los múltiples roles que desempeñan las mujeres productoras, campesinas y agricultoras en la economía y la sociedad en general.

A las mujeres rurales debemos reconocerlas, por la diversidad de labores que asumen para el bienestar de sus familias y comunidades: como madres de familia, comerciantes, campesinas y agricultoras en la producción de alimentos. Es sobre todo por este último rol y por el impacto que tiene sobre la producción mundial de alimentos, que se decidió celebrar el día de la mujer rural, un día antes del Día mundial de la alimentación.

Cuando el acceso a las oportunidades y recursos son iguales, tanto las mujeres como los hombres han demostrado ser eficientes, dinámicos y participantes indispensables en el desarrollo. Juntos en la granja, y en todos los niveles sociales, mujeres y hombres representan una formidable asociación para lograr la seguridad alimentaria en el siglo XXI.

Se propone reconocer debidamente la condición jurídica y social de ellas, ya que a menudo carecen de facultades para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra o tener acceso a servicios como crédito, insumos agrícolas, capacitación y enseñanza. La definición de la agricultura como profesión masculina ha impedido que las trabajadoras rurales tengan un trato equitativo en las labores del campo.

Aunque hay varios textos que lo abordan, nunca está de más reiterar que las mujeres en el campo trabajan alrededor de 15 horas diarias, en promedio cinco más que los hombres, porque ellas atienden tareas productivas y reproductivas.

Las mujeres rurales tienen menos oportunidades para trabajar por cuenta propia y aportan un mayor porcentaje en las tareas no remuneradas. Las entidades estatales podrían reconocerlas como actoras productivas capaces de tomar sus decisiones, en lugar de personas a quienes hay que dar recursos de manera asistencialista y sin consulta.

Las mujeres siempre han ocupado un lugar importante en el mundo y más en la actualidad. No obstante ello, muchas mujeres aún hoy se encuentran injustamente sometidas a la pobreza, la marginación, la violencia, el abuso y la ignorancia.

Estamos seguros que la mujer en el campo, como encargada del cuidado de la empresa agrícola, ante la ausencia de su marido, puede y debe ser considerada como salvaguarda del campo, como guardiana del ambiente cono una posición privilegiada para conservar los recursos naturales, especialmente de la diversidad biológica de las distintas especies de flora y fauna del suelo y del agua.

Entre los más pobres de los pobres, entre los más marginados de los marginados están las mujeres indígenas, ya que con frecuencia los sistemas sociales de sus propias comunidades también las excluyen.

Las entidades federativas con mayores índices de marginalidad coinciden con las de mayor porcentaje de población rural, lo cual repercute directamente en las condiciones de vida de la mujer campesina y singularmente en las de la mujer indígena.

Con una discriminación en cuanto al acceso a la educación y a la salud, y sin el beneficio de una segunda lengua, las mujeres indígenas no sólo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo, sino que además se encuentran en franca desventaja a la hora de luchar contra la pobreza y la exclusión social.

México es el país con la mayor brecha de género en la materia, pues las mujeres sólo representan 21 por ciento de los propietarios de tierras ejidales. Actualmente el monto de población femenina que habita en las comunidades rurales representa el 24 por ciento del total de mujeres del país, (48.8 millones de mujeres).

Ahora bien, los problemas de discriminación, desigualdad y falta de oportunidades en las mujeres deben ser abordados desde todos los sectores de la sociedad. Se requiere de un esfuerzo conjunto de parte de nosotras como legisladoras, así como de la sociedad civil para generar acciones que permitan lograr cambios reales, que incidan en el desarrollo integral de la mujer rural.

Debemos dirigir el trabajo hacia la formulación de marcos jurídicos con perspectiva de género y la eliminación de los factores culturales e institucionales que impiden el reconocimiento de la mujer, ya que ello es esencial para garantizar el acceso de la mujer rural a la tierra y a las oportunidades de desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, pongo a consideración de este honorable Congreso el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía reconozca el valor de la mujer rural considerando que el 15 de octubre se celebra el Día mundial de la mujer rural y por lo tanto, apruebe la entrega de un reconocimiento a las presidentas de los comisariados ejidales y comunales del país; 982 presidentas que representan el 4 por ciento de 24 mil 671 presidentes de comisariado y 61 comisariados comunales que representan el 3.1 por ciento de 1968 presidentes comunales.

Segundo. Exhortar a las secretarías de la administración pública federal responsables de dar atención a la mujer rural, a que fortalezcan sus políticas públicas mediante la creación de programas, con una asignación adecuada y suficiente de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, a fin de que se realicen avances significativos en la erradicación de la pobreza, la marginación, la violencia y el abuso que padecen las mujeres del campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputados: Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica).»

Esto beneficiaría a 540 mil 769 mujeres que tienen actualmente derechos parcelarios.

Señora Presidenta, le solicito que se proponga a consideración del Pleno este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. A petición de la...

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada; ¿con qué objeto? Si le dan sonido a la curul de la diputada, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Diputada, para apoyar el punto de acuerdo y, si se logra el número suficiente de votos, para subir a la tribuna a razonar mi voto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, a petición de la diputada, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición. Se han inscrito ante esta Mesa la diputada Yary Gebhardt Garduza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra la diputada Yary Gebhardt Garduza.

La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Hemos escuchado con detenimiento la proposición con punto de acuerdo que nuestra compañera legisladora ha presentado hace un momento.

Consideramos que es de suma importancia la asignación de recursos suficientes a programas prioritarios para abatir la pobreza y eliminar el rezago de ciertos sectores de la sociedad. Es ampliamente conocida, para todas y todos los aquí presentes, la situación en la que se encuentran las mujeres rurales. Ellas son doblemente marginadas por su condición de ser mujeres y por su condición rural.

No estamos pidiendo dádivas, estamos exhortando al Poder Ejecutivo federal a que, a través de sus secretarías, asigne recursos suficientes a los programas enfocados a mujeres rurales. Las legisladoras que nos antecedieron, reasignaron más de dos mil 800 millones de pesos a programas enfocados al adelanto de las mujeres, de los cuales más del 50 por ciento fueron enfocados a los programas dirigidos a mujeres rurales, por ejemplo: 500 millones al Promusag y Fomur, entre otros.

Por ello, consideramos de suma importancia que el Ejecutivo federal se sensibilice sobre este tema que tanto lacera al campo mexicano, asignando recursos suficientes y haciendo sus reglas de operación más flexibles para que las mujeres rurales puedan acceder a estos apoyos plenamente. Nos adherimos al punto de acuerdo.

Las y los legisladores, tenemos un compromiso con la sociedad, pero sobre todo con las y los ciudadanos que más lo necesitan. Es necesario reactivar el campo mexicano, es necesario revalorar las situaciones de las mujeres rurales y otorgarles lo que legítimamente les corresponde. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con su permiso, diputada Presidenta: por supuesto que mi fracción parlamentaria apoya que se le dé un reconocimiento a las comisarias ejidales y comunales de nuestro país, porque llegar a esos espacios para ellas implica romper mitos, romper tabúes y romper prejuicios; entonces, por supuesto que apoyamos esta iniciativa y también por supuesto, es algo que podemos ver ya en la recientemente instalada Comisión de Equidad y Género. Para ninguna y ninguno de nosotros es desconocido la crisis permanente que ha vivido el campo en nuestro país; el modelo económico que tenemos en las últimas décadas ha despreciado, ha olvidado y ha relegado el apoyo al campo.

La consecuencia de la pobreza de las mujeres no tiene que ver con que por generación espontánea ellas son más pobres y son más relegadas, sino que tiene que ver con nuestro modelo económico, que ha privilegiado las exportaciones de productos agrícolas, y podemos hablar de cualquiera de los productos que se elaboran de manera tradicional en México, alcanzando producciones solamente de subsistencia y, en muchas ocasiones, ni siquiera eso; creo que ahí tenemos que poner un punto muy importante.

Además, la falta de apoyo al campo ha generado que los hombres emigren y la consecuencia de esto es el abandono de la producción agropecuaria; por supuesto, las mujeres son quienes han tomado en sus manos la producción agrícola de subsistencia. Dijéramos que ellas tienen una producción que les permite vivir y tener un recurso extraordinario. Pero la marginación con la que las mujeres trabajan, la falta de la posesión de la tierra, la falta de créditos, los recursos y la asistencia técnica, empeoran las condiciones de las mujeres.

Además, también las mujeres en el campo son quienes tienen menor escolaridad y el mayor número de analfabetas son mujeres. Ahí, por lo pronto, de lo que se trata es de impulsar programas integrales que permitan que las mujeres tengan acceso a la salud, tengan acceso al empleo, a la capacitación, a la formación y a una vida digna.

El índice de la población femenina que habita en las localidades rurales, equivale al 25 por ciento de los poco más de 50 millones de mujeres residentes en la República Mexicana. En las áreas rurales, de 886 mil hogares que son de jefatura femenina, el 50 por ciento son nucleares, el 33 por ciento son extensos, es decir, conviven con otros parientes de la jefa de familia; y 16 por ciento de mujeres viven solas. Las ocupaciones se asocian directamente con el nivel de instrucción y el bajo promedio de escolaridad.

Por lo pronto es necesario que haya políticas públicas de apoyo al campo. Aquí vamos a recibir el Presupuesto, vamos a aprobar el presupuesto y necesitamos impulsar que haya presupuestos etiquetados para las mujeres rurales. Necesitamos también programas integrales de salud, educación, capacitación, vivienda y que abarque todos los índices de desarrollo humano que garanticen a las mujeres una vida digna en el campo. Tenemos que cambiar nuestro modelo económico para el campo. Esto creo que va a ser muy difícil pero es un reto. Y nosotros en la Cámara de Diputados, nosotras y nosotros, como diputados, tendremos que garantizar que las mujeres del campo y también las de las zonas rurales, de las zonas urbanas, tengan mejores condiciones de vida.

La responsabilidad de que las mujeres están en estas condiciones de marginalidad, de pobreza y de enfermedad, es del gobierno federal, que no ha impulsado políticas de apoyo y reactivación del campo.

Apoyamos esta iniciativa de reconocimiento a las mujeres que participan de los órganos en sus comunidades, pero necesitamos hablar y fijarnos también de las mujeres rurales de manera integral. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Antes de pasar a la votación, esta Presidencia se congratula y saluda la presencia de los alumnos de preparatoria del Colegio Williams.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada, comuníquese.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza:Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: Baja California Sur, por su condición peninsular es una entidad cuyos pobladores nos hallamos permanentemente identificados con nuestros mares. De ellos obtenemos trabajo, sustento, recreo e inspiración. Y en sus aguas encontramos las rutas que nos señalan que más allá de nuestras playas también hay patria.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, BCS, y la anulación del acuerdo de desincorporación emitido por la Semarnat.

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Mediante el oficio número PM/423/2006, el honorable ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, solicitó a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros que proceda a rescatar por interés público o beneficio social una fracción del predio rústico El Zalate, localizado en la jurisdicción de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, con superficie de 5 mil 186.76 metros cuadrados.

2. Históricamente, en el bien inmueble referido, llamado también ``Playa Palmilla'' o ``Balneario Palmilla'', se realizan actividades diarias de esparcimiento familiar, de pesca y buceo, y eventualmente algunos actos solemnes.

3. Derivado de lo anterior, la sociedad del municipio ha exigido que el predio se reconozca legal y jurídicamente como un patrimonio municipal; por su parte, el ayuntamiento de Los Cabos ha asumido la responsabilidad de defender este interés popular.

4. La propiedad en mención fue donada el 19 de octubre de 1978 por el señor Manuel González Canseco a la autoridad estatal o municipal que indicara la Dirección General de la Junta Federal de Mejoras Materiales. El acto jurídico respectivo fue protocolizado el 7 de noviembre de 1978, y a partir de 1985 quedó registrado en la Dirección de Catastro a nombre de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

5. El ayuntamiento de Los Cabos obtuvo informes de que, mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2004, se dio a conocer un acuerdo emitido por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual se desincorpora del régimen de dominio público de la federación una superficie consistente en 9 mil 791.90 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, así como las instalaciones y construcciones ahí existentes, localizada en el Balneario Palmilla, y se autoriza su enajenación, a título oneroso, en favor de la persona moral denominada ``Palmilla San José Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable'', para que la utilice como complemento de un desarrollo turístico, resultando afectada con este decreto una superficie de 1 mil 449.71 metros cuadrados, de los 5 mil 186.76 correspondientes al predio objeto de donación.

6. El 11 de noviembre de 2005, según se expone en el boletín de prensa número 333, publicado por el Congreso de Baja California Sur, el gobierno federal, representado por la Dirección de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros, concretó la venta del Balneario Palmilla a la sociedad mercantil indicada, en la que también se incluye una fracción de terreno correspondiente a la zona federal marítimo-terrestre que, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales, es un bien de uso común, del dominio público de la federación, y que, por tanto, no es susceptible de enajenación.

7. Los hechos señalados contravienen lo dispuesto en diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales, y del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, y se traducen en el más claro agravio y perjuicio a los intereses de la sociedad, así como al gobierno del estado de Baja California Sur y al municipal de Los Cabos.

Por lo anterior, y tomando en cuenta la importancia y urgencia del asunto, nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a anular el acuerdo de desincorporación de 9 mil 791.90 metros cuadrados emitido a favor de la persona moral Palmilla San José Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2004, por haber vulnerado y dejado de acatar, por parte de la autoridad federal, lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; y por estar afectando mil 449.71 metros cuadrados de la superficie de 5 mil 184.76 metros cuadrados, cuya posesión física y material han ostentado el estado de Baja California Sur y el municipio de Los Cabos, desde 1978.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir de manera urgente la declaratoria de rescate del bien inmueble señalado en los espacios anteriores, por considerarlo invariablemente patrimonio del gobierno de Baja California Sur y del municipal de Los Cabos, para uso y disfrute de toda la sociedad, afirmación que se sustenta con la documentación que se anexa al presente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica).»

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra al diputado Arnoldo Ochoa González del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía convoque al primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior, ciencia y tecnología de México.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Con su venia, señora Presidenta: el rasgo distintivo, compañeros diputados y compañeras diputadas, de la sociedad contemporánea es el cambio. Múltiples y aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales caracterizan este momento. De acuerdo con la UNESCO estamos viviendo la tercera revolución, producto de los cambios en las tecnologías de la información y estamos en los albores de la sociedad del conocimiento.

De acuerdo con los investigadores Brunner y Appleberry, el conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró mil 750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el inicio de la era cristiana. Luego duplicó su volumen cada 150 y después cada 50, ahora lo hace cada cinco años y se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días. Hay obstáculos que se oponen al advenimiento de las sociedades del conocimiento compartido. La brecha digital, la brecha cognitiva y la concentración del conocimiento.

¿Cómo está nuestro país en su sistema de educación superior, en la ciencia y la tecnología, respecto a los avances mundiales? México ocupa el penúltimo lugar en el producto interno bruto per cápita entre los 30 países de la OCDE, lo que significa que somos una de las economías más endebles.

De acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos con edades entre 25 y 64 años tenemos un promedio de 8.7 años de educación, Estados Unidos tiene 14 años, el promedio de los países de la OCDE es de 12 años.

Según cifras de la UNESCO, la tasa bruta de escolarización del grupo de edades de 19 a 24 años atendidos por el sistema de educación superior en México es apenas del 23 por ciento; mientras Alemania tiene el 51 y Estados Unidos el 81 por ciento. Si continuamos con la misma política educativa tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles que tiene actualmente Estados Unidos.

En América Latina, México al igual que todos los países fueron evaluados por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Países como Barbados, Granada, Perú, Uruguay, Cuba, Bermudas, superan a México en cobertura de la educación superior. Esto tiene que ver con la falta de una política de Estado y tiene que ver con el financiamiento.

En 2001 se destinó el 0.62 del producto interno bruto a educación superior. El año pasado solamente se ejerció el 0.57 del producto interno bruto en educación superior. En gasto por alumno del sistema público en educación superior, México ocupa el octavo lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá; ya no somos la primera potencia en América Latina, tampoco en educación.

En investigación, en la ciencia y la tecnología respecto de la formación de personas con posgrado, mientras en el año 2003 se graduaron en México mil 443 doctores; en Brasil fueron 7 mil 729; en Corea, 7 mil 623, y en Estados Unidos, 45 mil 75. Los recursos humanos empleados también son reducidos, particularmente en ciencia aplicada y desa-rrollo tecnológico. En el año 2004 se empleaban 6 mil 251 personas dependientes de los centros públicos de investigación.

Se tiene que reconocer que diversos objetivos planteados por las políticas públicas no se cumplirán plenamente si no cuenta con políticas de Estado para la educación, la ciencia y la tecnología, que trasciendan los programas y metas sexenales. La carencia de una política de Estado hace que el gasto público que se destina a las instituciones de educación superior y a los centros públicos, no cuente con fuentes permanentes estables de financiamiento.

Para establecer una política de estado en la materia se debe tener la convicción de que el conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e innovaciones tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento económico. Por política de Estado se entienden las políticas públicas que cumplen al menos con cuatro condiciones: una visión de largo plazo y, por tanto, son transexenales, su diseño es resultado de amplios consensos entre los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas políticas del país, y se obliga a los gobiernos a considerarla en sus planes y programas de desarrollo.

Este punto de acuerdo, compañeros diputados y diputadas, lo firman, junto con un servidor, Héctor Larios, coordinador del PAN; Javier González, coordinador del PRD; Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia; la compañera Marina Arvizu, por Alternativa; Miguel Ángel Jiménez, por Nueva Alianza; Ricardo Cantú, por el PT, y también lo firma Emilio Gamboa, por el Partido Revolucionario Institucional, y también el diputado Jorge Zermeño, Presidente de la Mesa Directiva, al igual que mis compañeras vicepresidentas y mis compañeros secretarios.

Proponemos definir una política de Estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología, resultante de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las comunidades académicas y la sociedad. Concluyo, señora Presidenta. Por lo anterior, se propone un punto de acuerdo:

Para que se convoque, a través de esta Cámara de Diputados, al primer Foro de consulta sobre educación media superior, ciencia y tecnología de México, y podamos realizar, en noviembre, este foro y se forme, con la mayor brevedad, un grupo de trabajo que refleje la pluralidad de esta Cámara de Diputados.

Compañeros, mucha gente espera bastante de esta Cámara de Diputados. Es el tiempo de los legisladores, hagamos juntos lo más importante, que es diseñar políticas de Estado. Le pido, compañera Presidenta, ordenar la inscripción íntegra del punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señores diputados, señoras diputadas, y agradezco al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, a la diputada Silvia Luna, de las Comisiones de Educación, de Ciencia y Tecnología y al compañero Estefan Chidiac, de la Comisión de Hacienda, el apoyo a este punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía convoque al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del grupo parlamentario del PRI

Arnoldo Ochoa González, en su carácter de diputado federal a la LX Legislatura y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para que se convoque a través de la Cámara de Diputados al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.

Exposición de Motivos

La educación superior

El nuevo entorno de la educación superior se caracteriza por el cambio constante como rasgo distintivo de la sociedad contemporánea.

Múltiples y aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales caracterizan este momento.

En el plano mundial se despliegan cambios de gran alcance en el terreno de la producción, los servicios, la cultura y la organización social. La revolución informática tiene profundos efectos en el trabajo, la educación y la vida cotidiana; la economía mundial se caracteriza por la globalización y la interdependencia de las sociedades y sus economías, y la generalización de la democracia como régimen político, que son rasgos clave de una nueva época.

De acuerdo con Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO, ``podemos preguntarnos si nos hallamos en los albores de una nueva era: la de las sociedades del conocimiento. En efecto, los profundos cambios de la ciencia en el siglo XX han originado una tercera revolución industrial: las de las nuevas tecnologías, que son fundamentalmente intelectuales. Esa revolución ha ido acompañada de un nuevo avance de la mundialización y ha sentado las bases de una economía del conocimiento, en la que éste desempeña un papel fundamental en la actividad humana, el desarrollo y las transformaciones sociales''.

Hoy tenemos a nuestro alcance nuevos estilos de desarrollo que no se basan, como antaño, en ``el sudor, la sangre y las lágrimas'' sino en el conocimiento, la capacidad de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas, el valor añadido del intelecto y en la expansión de los servicios en todos los sectores de la economía. Todo esto tendría que propiciar un desarrollo del espíritu cívico y el auge de una democracia prospectiva frente a la sociedad del riesgo.

Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que suele dársele es el de ``sociedad del conocimiento''. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía sino el uso intensivo del conocimiento y la información, a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Las economías más avanzadas hoy día se basan en la mayor generación y aplicación del conocimiento. Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada.

Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo que media entre el conocimiento y su aplicación, al punto que las aplicaciones técnicas pueden llegar a determinar la orientación de la investigación científica, con posibles repercusiones para el carácter ``desinteresado'' tradicional de la investigación básica.

La explotación del conocimiento presenta en la actualidad, entre otras características, las de un crecimiento acelerado, mayor complejidad y tendencia a una rápida obsolescencia. La llamada ``explosión del conocimiento'' es a la vez cuantitativa y cualitativa, en el sentido de que se incrementa aceleradamente la cantidad de conocimiento disciplinario y, al mismo tiempo, surgen nuevas disciplinas y subdisciplinas, algunas de carácter transdisciplinario.

Según cifras de J. Appleberry, citado por José Joaquín Brûnner, el conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró mil 750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el inicio de la era cristiana; luego duplicó su volumen cada 150 y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para 2020 se duplicará cada 73 días.

La mayor complejidad de la estructura del conocimiento contemporáneo, que --según Édgar Morín-- sólo puede ser asumida por el ``pensamiento complejo'', interpone la interdisciplinariedad como la manera adecuada de dar respuesta a esa complejidad. ``La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas --dice Morín-- impide a menudo operar el vinculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos de sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos''. La interdisciplinariedad implica complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios.

La estructura misma del conocimiento está sujeta a cambios. Vivimos una ``nueva era científica'': la ``era de las posibilidades o probabilidades''.

No obstante, hay obstáculos que se oponen al advenimiento de las sociedades del conocimiento compartido.

La brecha digital. Hoy día, no estar conectado a la Red supone verse privado del acceso a múltiples conocimientos.

La brecha cognitiva. Ésta no sólo traza una línea entre los países del norte y los del sur sino, también, dentro de cada sociedad.

La concentración del conocimiento. El conocimiento se agrupa también por áreas geográficas reducidas, agravando la fuga de cerebros de los países del hemisferio sur hacia los del norte.

El auge de las sociedades en que el conocimiento sea un bien compartido. Hoy, por la agravación de una serie de desigualdades sociales y culturales, incluso de índole de género, compartir el conocimiento en las sociedades actuales se ve obstaculizado.

En ese sentido, cabe preguntarse: ¿podrán los países del sur crear sociedades del conocimiento? A esos interrogantes podría responderse con las palabras de Abraham Lincoln: ``Si creen que el conocimiento es caro, piensen cuánto puede costar la ignorancia''.

Así, al mismo tiempo que se avanza hacia la sociedad del conocimiento, se profundizan procesos de desigualdad económica, marginación social y de deterioro ambiental hasta niveles inéditos en la historia. La brecha entre las naciones avanzadas y las menos desarrolladas es creciente y amenaza romper los frágiles equilibrios del orden internacional.

Un planteamiento más reciente de la UNESCO (2005) da cuenta de objetivos, acciones y procesos que posibilitan la educación superior abrir cauces hacia la sociedad del conocimiento:

Invertir más en una educación para todos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

Alentar el acceso universal al conocimiento mediante incremento de los contenidos disponibles.

Trabajar en colaboración hacia un mejor aprovechamiento compartido del conocimiento científico.

Compartir el conocimiento ambiental en favor del desarrollo sostenible.

Dar prioridad a la diversidad lingüística ante los desafíos del multilingüismo.

Multiplicar los lugares de acceso comunitario a las tecnologías de la comunicación y a la información.

Avanzar hacia una certificación de los conocimientos en Internet.

Intensificar la creación de asociaciones en pro de la solidaridad digital.

Incrementar la contribución de las mujeres a las sociedades del conocimiento.

Expertos nacionales, así como la UNESCO y la OCDE, se han pronunciado por la necesidad de formular criterios de redistribución de los recursos federales para que, al sumarlos a los que otorgan los gobiernos de los estados y los particulares, se amplíen las tasas de atención de la demanda social con calidad y pertinencia, a la par que se fortalezcan las capacidades institucionales de innovación y generación de conocimientos.

México ocupa el penúltimo lugar en cuanto a producto interno bruto (PIB) per cápita entre los 30 países de la OCDE, lo cual significa que somos una de las economías más endebles y con menos oportunidades para atender las necesidades básicas del desarrollo humano sustentable de los mexicanos

De acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos con edades entre 25 y 64 años tenemos en promedio 8.7 años de educación, equivalentes a tercero de secundaria; mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 12 años, equivalente a preparatoria. Estados Unidos destaca, con 13.8 años.

Según cifras recientes de la UNESCO, la tasa bruta de escolarización del grupo de edades de 19 a 24 años atendidos por el sistema de educación superior en México es apenas de 23 por ciento, mientras que Estados Unidos tiene 81 y Alemania 51 por ciento; es decir, hasta cuatro veces menor que los países más desarrollados. Si continuamos con la misma política educativa, tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles actuales que tiene Estados Unidos.

México ocupa el lugar 15 de 33 naciones de América Latina y el Caribe que fueron evaluadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO para la Educación Superior. Países como Barbados, Granada, Perú, Uruguay, Cuba o Bermudas superan a México en cobertura de la educación superior.

Durante el presente sexenio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos federales destinados a la educación superior con relación al PIB no se incrementaron.

Mientras que en 2001 para la educación superior se destinaba 0.62 por ciento, a partir de 2003 disminuye de manera sostenida hasta 0.57 por ciento, registrado en este último año, por lo que se está aún muy lejos de alcanzar que el gasto federal represente 1.5 por ciento del PIB.

El gasto por alumno del sistema público de educación superior de México ocupa el octavo lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá y Uruguay. A precios constantes en 2006, el gasto por alumno fue de 32 mil pesos; es decir, 3 mil pesos menos que en 2005.

Estudios como el intitulado Descentralización y entrega de servicios para los pobres ( Banco Mundial, marzo de 2006) y opiniones de expertos nacionales han coincidido en la correlación entre países pobres y bajo desempeño escolar; es decir, en el carácter estructural de la crisis educativa a nivel mundial.

La UNESCO, en su reciente informe Hacia la sociedad del conocimiento, nos advierte sobre los enormes retos que imponen las grandes trasformaciones que ocurren en las tecnologías de la información e Internet, al grado de estar cambiando la forma de la civilización. Especialmente, recomienda asumir como prioridad la creación de verdaderas políticas públicas en ciencia, tecnología y educación superior para cerrar las brechas cognitiva y digital.

Las instituciones del sistema de educación superior están llamadas a cumplir un papel de extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las personas.

Estas instituciones son irreemplazables en su calidad de instancias generadoras de conocimientos y cultura, así como formadoras de sujetos con capacidad de generar y aplicar el saber de las ciencias, las humanidades, las artes, las tecnologías y las profesiones.

El Estado es responsable de proveer condiciones y recursos suficientes para el sostenimiento, el avance y la consolidación de las instituciones, establecer políticas públicas favorables para su desarrollo y vigilar la observancia de las normas de coordinación del sistema.

En particular, las universidades a que la ley ha otorgado la autonomía deben mantener y reforzar este carácter.

La autonomía debe ir aparejada de la rendición de cuentas a la sociedad respecto de los objetivos alcanzados, del desempeño institucional y del uso de los recursos que se les destina.

Para el nivel de las instituciones de educación superior (IES), la visión establece los atributos deseables para su operación y que a continuación se señalan:

Desarrollar sus actividades de docencia, de acuerdo con el perfil y la misión de cada una, y utilizar modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza que les permitirán alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia social.

Centrar su atención en la formación de los estudiantes y contar con programas integrales que se ocupen del alumno desde antes de su ingreso hasta después de su egreso.

Cumplir con calidad y pertinencia para el desarrollo de México y de los campos científicos las tareas de generación y aplicación de conocimientos de las IES que tengan considerada en su misión esta función.

Contribuir a la preservación y difusión de la cultura regional y nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizar sus funciones en estrecha vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

Contar con los recursos humanos necesarios para la realización de sus funciones con calidad.

Disponer de recursos materiales y económicos en la cantidad y con la calidad, la seguridad y la oportunidad necesarias para el desarrollo eficiente de sus funciones.

Tener estructuras, organizaciones, normas y sistemas de gobierno que favorezcan un funcionamiento eficiente y congruente con su naturaleza y misión, que sean socialmente responsables y se encuentren vinculadas con su entorno.

De ese modo, es importante reconocer e identificar con precisión los logros alcanzados por la educación superior en las dos últimas décadas de expansión y modernización, que es fundamental como punto de partida para señalar los nuevos retos a que se enfrentan.

Entre los aciertos que merecen subrayarse destacan los siguientes:

Se ha desarrollado mayor diversidad de áreas académicas, científicas y tecnológicas.

Existe una gama de IES que presentan amplia oferta de estudios y sientan las bases para la integración de sistemas estatales de educación superior. La creación de IES públicas en los últimos años representó un importante avance para la ampliación de oportunidades con equidad.

Las universidades tecnológicas y politécnicas han contribuido a la diversificación de la orientación y duración de los programas, en estrecha vinculación con los sectores productivos de las regiones.

Ha crecido la planta de investigadores en ciencias y humanidades, así como la de tecnólogos, quienes han logrado avances importantes en la calidad y proyección internacional de su trabajo. Es creciente el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) --12 mil 200 aproximadamente.

Varias IES particulares han emprendido procesos de mejora y aseguramiento de la calidad académica. Se han atendido aspectos como el nivel de la planta docente, la infraestructura de apoyo del aprendizaje y el desarrollo de programas de posgrado, investigación, difusión y extensión, así como la evaluación y la acreditación de los programas de estudio.

Las funciones emergentes de la educación superior son

Formar profesionistas, tecnólogos, científicos y humanistas ampliamente calificados y competentes, con conocimiento pertinente a su entorno social y demandas estatales, regionales y nacionales.

Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar fácilmente en el sistema y salir de él, así como oportunidades de realización individual y movilidad social.

Fortalecer las capacidades endógenas del país, proporcionando perspectivas críticas y objetivas sobre las opciones estratégicas para el desarrollo sostenible.

Preparar a sus egresados para el altruismo, la solidaridad social y una participación ciudadana informada que contribuya a un nuevo republicanismo sustentado en el estado de derecho, la democracia y la paz como valores centrales de la nación.

Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación científica y tecnológica, a la par que la investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas.

Contribuir a interpretar, preservar y difundir las culturas nacionales y las regionales, en un contexto de pluralismo.

Colaborar en el desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente, la investigación educativa y el desarrollo de nuevos libros de texto, materiales didácticos y tecnologías educativas.

Se requiere renovar el pacto de la educación superior con la sociedad.

El binomio calidad-pertinencia se habrá de expresar en cada una de las funciones sustantivas siguientes:

La formación superior

Los planes y programas educativos deberán considerar las nuevas necesidades que plantea el mundo del trabajo y los perfiles profesionales requeridos en el contexto de una mutación cualitativa en el ámbito laboral resultante de dos grandes tendencias en el mundo contemporáneo: por un lado, las exigencias de la producción basada en el conocimiento y sus aplicaciones; y, por otro, las incertidumbres derivadas de la movilidad del capital y la necesidad de la formación permanente. Asimismo, es impostergable considerar como ejes de toda la formación superior la dimensión ética y la visión humanista, que no pueden faltar en el ejercicio de las profesiones y que, en su definición contemporánea, incluyen una nueva conciencia de la relación entre la especie humana y la naturaleza.

Las transformaciones de la educación superior deberán guiarse con un criterio amplio de pertinencia social para potenciar su contribución integral al desarrollo sostenible del país y a la solución de sus problemas más graves, con atención especial a las comunidades más desfavorecidas.

La investigación científica, social, humanista y tecnológica

En el contexto actual ha aumentado la importancia de la producción de conocimiento y la innovación. Si bien no son funciones que corresponda desarrollar a todas la IES, es indispensable fortalecer, diversificar y coordinar la generación de conocimiento en un número creciente de instituciones, ya sea de tipo universitario o tecnológico. Por su naturaleza estratégica, las actividades de investigación y posgrado deben revisarse y articularse más extensamente con las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, se debe enfatizar y apoyar la investigación básica en las distintas áreas y disciplinas, ya que ésta abre nuevos horizontes de conocimiento.

La extensión, difusión y vinculación

La renovación de los vínculos con el mundo del trabajo deberá considerarse respecto no sólo del sector más capitalizado de la economía sino, también, de los sectores tradicionales emergentes, particularmente de la micro, pequeña y mediana empresas. La educación superior deberá asegurar sus funciones de servicio a las comunidades locales, para lo cual se requerirán el fortalecimiento y la readecuación de la extensión educativa. La difusión cultural enfrenta nuevos retos en cuanto a la socialización de los estudiantes y la ampliación de la oferta cultural en un contexto de proliferación de medio y disponibilidad virtual.

Si la sociedad encuentra en la educación superior un espacio público confiable de autorreflexión, las IES estarán cumpliendo una de sus responsabilidades sociales fundamentales.

Temas cruciales de la agenda

Ampliar la cobertura con equidad

La cobertura educativa del nivel superior es inferior a las metas establecidas por las autoridades educativas, con notables asimetrías entre las entidades federativas y desiguales niveles de participación de los jóvenes según su perfil social y cultural. La ampliación de la cobertura debe favorecer la disminución de las iniquidades.

Acentuar la pertinencia y responsabilidad social

Es indispensable centrar este propósito en un sentido amplio, no limitado a las nociones de eficiencia, competitividad y ajuste de la oferta al mercado. Se imponen tareas de vinculación de las funciones académicas de las IES a los proyectos de desarrollo del país y sus regiones, así como la promoción de una relación más adecuada con las necesidades y expectativas de la sociedad y los individuos.

Mejorar la calidad educativa

El desarrollo de mecanismos de evaluación y de la cultura respectiva es avance irrenunciable, pero se requiere transitar a evaluaciones más productivas que aseguren pertinencia y eviten redundancias. Ello requiere que los programas de impulso de la calidad, así como los instrumentos de evaluación que se diseñen, sean flexibles e incluyan la totalidad y diversidad de las instituciones del sistema.

Promover la innovación

En los procesos educativos se deben aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación, y ampliar las oportunidades de movilidad de estudiantes y académicos, así como impulsar la internacionalización. Se propone que las políticas que orienten el programa sectorial educativo pongan especial énfasis en el apoyo de las iniciativas de innovación que desarrollen las IES y fortalezcan los proyectos orientados al desarrollo integral de los estudiantes.

Fortalecer las capacidades académicas y de organización

Para mejorar y consolidar la calidad y pertinencia académicas del sistema de educación superior es crucial disponer de medios que posibiliten el desarrollo de capacidades académicas y de organización. Se requiere también mejorar la infraestructura, los acervos y los equipamientos materiales para un cabal desempeño de las funciones de docencia, investigación y extensión, así como adecuar las capacidades de gobierno, organización, gestión y administración a los principios y valores académicos de las instituciones y desarrollar sistemas de planeación y programación estrictamente centrados en la mejora y el aseguramiento de la calidad de las IES.

Potenciar la generación y aplicación de conocimientos

La generación de conocimientos aparece como una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones y se presenta como un elemento básico para la producción y el suministro de un conjunto de bienes públicos esenciales para la sociedad. Se requiere ampliar los incentivos fiscales para incrementar la inversión privada para la educación superior, la ciencia y la tecnología, particularmente para las empresas micro, pequeñas y medianas.

Formar recursos humanos de alto nivel

Se requiere crear un mecanismo de concertación con el gobierno federal, SEP y Conacyt, y el Consejo Mexicano de Posgrado para establecer políticas públicas que atiendan de manera integral el posgrado nacional y que promuevan la expansión y diversificación programas. También es conveniente promover estrategias para acelerar el proceso de desconcentración geográfica de los posgrados y la calidad de éstos impulsando programas regionales interinstitucionales, así como ampliar el número de becas a estudiantes.

Renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura

Las IES, por medio de sus actividades de vinculación, extensión de los servicios y difusión de la cultura, se articulan con el entorno para lograr mayor pertinencia de la docencia y la investigación. Sin embargo, es recomendable trabajar para establecer políticas públicas que promuevan alianzas estratégicas con los diferentes órdenes de gobierno y sectores sociales para realizar proyectos de desarrollo y servicio social.

Actualizar la coordinación y regulación del sistema

Es impostergable diseñar modalidades de coordinación y regulación que hagan de la educación superior un sistema abierto y flexible quegarantice la calidad. Se propone revisar la Ley General de Educación y, en su caso, reformarla para que la coordinación de la educación superior considere los siguientes aspectos:

Una definición clara de la obligación de rendir cuentas a la sociedad.

La definición de mecanismos claros de evaluación, internos y externos, precisando su carácter obligatorio y sus consecuencias.

La redefinición de las reglas para el otorgamiento del RVOE en los niveles federal y estatal, a fin de que existan exigencias unificadas, sustentadas en criterios de calidad y pertinencia.

La distinción jurídica de las IES privadas en dos tipos: instituciones académicas sin fines de lucro e instituciones con fines de lucro, con los correlativos derechos y obligaciones.

La regulación de la participación de proveedores extranjeros en el sistema de educación superior.

Ampliar el financiamiento y mejorar su distribución

La carencia de una política de Estado hace que el gasto que se destina a las IES y a los centros públicos de investigación no cuente con fuentes permanentes y estables de financiamiento, y que esté sujeto a presiones políticas y a los estrechos márgenes presupuestales de cada año fiscal. Pese a que las leyes establecen proporciones mínimas de financiamiento publico para educación y para ciencia y tecnología, éstas no se han alcanzado y, además, no existen criterios claros para el otorgamiento de los recursos.

Se requiere definir una política de Estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología resultante de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las comunidades académicas, tecnológica y empresarial, y la sociedad, bajo los principios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento del desempeño institucional.

Integrar el sistema nacional de la educación superior, ciencia y tecnología

En México no se cuenta con un sistema nacional de información que permita conocer de forma válida, confiable y oportuna la situación que guarda este nivel educativo ni el estado de la ciencia y tecnología en nuestro país y que apoye la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Por esa circunstancia se requiere crear y operar con la mayor urgencia un sistema de información estadístico unido sobre la educación superior de alcance nacional y con desagregación regional, estatal e institucional, que provea herramientas y procedimientos adecuados para recopilar, sistematizar y analizar la información.

Cooperación internacional

En este campo destacan los siguientes rubros:

Se requiere impulsar la cooperación internacional como herramienta que signifique al país la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural, en diversas áreas y campos y con gran número de países.

Es importante promover relaciones de mutuo aprendizaje y mayor horizontalidad. Muchas instituciones de nuestro país han acumulado valiosas experiencias, que pueden ser transferidas a otras instituciones por la vía de nuevos esquemas de cooperación, buscando reducir las asimetrías existentes.

La cooperación internacional se ha incorporado progresivamente en los procesos de generación de conocimientos hasta convertirse actualmente en el componente intrínseco de esos procesos. El creciente papel de la cooperación internacional en el campo educativo científico y tecnológico contribuye a potenciar las infraestructuras existentes.

Es necesario expandir las fronteras del conocimiento y las posibilidades de nuevas tecnologías, y del acceso a fondos, alianzas y esquemas de colaboración internacionales que hagan posible el desarrollo de proyectos regionales o emergentes para atender los dilemas del siglo XXI.

Es fundamental jerarquizar la colaboración internacional para concentrar los esfuerzos con América del Norte, la Unión Europea (UE) y las regiones y los países emergentes, como Asia, China e India.

Debemos aplicar las propuestas generales de políticas relativas a la cooperación hemisférica aprobadas durante la cuarta reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos(OEA), celebrada en abril de 2004, en materia de ciencia, tecnología, ingeniería e innovación para el de-sarrollo.

Se requiere coordinar acciones con América Latina, particularmente con Centroamérica y el Caribe, para contribuir a su desarrollo, facilitarles el acceso a la sociedad del conocimiento y llevar a cabo acciones innovadoras de interés mutuo.

Convenir con Estados Unidos de América(EUA) y Canadá la asistencia de científicos de alto nivel que puedan prestar asesoría y entrenamiento, a fin de fortalecer y elevar el nivel de los programas de investigación y formación de recursos humanos especializados, así como incrementar los programas de becas.

Se requiere utilizar el poder de decisión gubernamental en los organismos internacionales de cooperación financiera, con el propósito de ampliar y flexibilizar sus modalidades de financiamiento, incluyendo apoyos de largo plazo y la oferta de capital de riesgo.

Debemos fortalecer los procesos consultivos científicos internacionales, cuya contribución es indispensable para lograr a escalas regional y mundial un consenso intergubernamental sobre la política que ha de seguirse, así como para aplicar las convenciones regionales e internacionales.

La ciencia, la tecnología y la educación superior como ejes promotores del desarrollo social

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt) comenzó a trabajar de manera formal esa temática en 2002, integrando grupos de expertos, empresarios y académicos del más alto nivel. Comparó opiniones con homólogos de otros países y organizaciones y, hasta el momento, ha avanzado sistemáticamente hacia un consenso: en el planteamiento de una política de Estado a través de la cual México oriente los esfuerzos de sus instituciones y sus recursos y su necesidad creciente de competitividad, con la finalidad de que surja una economía interna basada en conocimientos propios, se generen más empleos de alta calidad, se mejore la recaudación fiscal y se incremente la justicia social.

México, según se aprecia, no está dispuesto a inyectar mayores recursos (privados o públicos) a actividades que no le reportan seguridad social, bienestar generalizado o mayor gobernabilidad. Así, el gran reto de los próximos meses será identificar, por regiones, disciplinas y organizaciones, los proyectos que los mexicanos habremos de fomentar para alcanzar los niveles de desarrollo que deseamos.

México requiere con urgencia crecer para elevar sus niveles de bienestar. La educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen una función estratégica primordial en el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo integral.

La trascendencia de esos temas en la actualidad se refleja en el desarrollo que han experimentado las naciones que las sitúan como prioridad en su agenda nacional para la solución de problemas económicos y sociales.

La política en ciencia, tecnología e innovación (CTI)en México se encuentra en un proceso de transición de una política gubernamental a una política pública, a una política de Estado. Esto ha puesto en evidencia distintas tensiones jurídicas, programáticas, institucionales y organizativas en el sistema de CTI.

Para establecer una política de Estado en la materia se debe tener la convicción de que el conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e innovaciones tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento económico, el progreso y la elevación del nivel de vida de la población, como se ha reflejado en los países desarrollados y en los emergentes que están desarrollándose rápidamente al asumir esta convicción en una política permanente, consistente y de largo plazo.

El principal acuerdo alcanzado en 2004 por los miembros de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (Comcyt) de la OEA se refiere a la importancia fundamental de que los países de la región incorporen la ciencia, la tecnología y la innovación como mecanismo motor de su estrategia de desarrollo económico.

Recientemente, en México se han realizado diversas propuestas que tienen el propósito común de posicionar estas actividades como prioritarias en la agenda nacional, aprovechando el cambio de administración gubernamental con el fin de plantear una propuesta de elementos básicos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación 2006-2012.

En este marco, el proyecto articula e integra diversas propuestas consideradas en documentos elaborados por las siguientes organizaciones: AMC, ANUIES, Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados --LIX Legislatura--, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CIDE, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y el propio Fccyt.

Adicionalmente, se identificaron las convergencias de las propuestas de los partidos políticos en sus plataformas electorales, las cuales también fueron incorporadas: avanzar hacia el establecimiento de una política pública que evolucione en una política de Estado.

En el rango de políticas de Estado, se aspira a que la política tenga mayor estabilidad temporal y que se asocie con los valores siguientes:

Que se exprese constitucionalmente y que, por ello, no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno, y se incluya entre las prioridades de los tres niveles de gobierno.

Que rija y oriente el quehacer gubernamental y sirva de marco de referencia del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los programas sectoriales y los estatales.

Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y, en términos generales, la acepten.

Que exista una forma de rendición de cuentas respecto de ella por parte de las autoridades responsables de aplicarla.

Problemática

El PIB por habitante en México no ha crecido prácticamente desde 1980. El desempeño económico de México durante las dos últimas décadas no ha permitido generar satisfactores para incrementar el nivel de vida promedio de la población debido a diversas causas, entre las que destacan baja productividad general de la economía, educación inadecuada, insuficiente innovación tecnológica y falta de políticas públicas para retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo económico.

En la medida en que persista un sistema nacional de innovación desarticulado, que las fuentes para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico sean escasas y el entorno cultural no valore cabalmente la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para contribuir a la competitividad y a mejorar los niveles de vida, la influencia de éstas en el desarrollo del país seguirá siendo subexplotado.

La actual política científica y tecnológica no ha logrado todavía incidir en los niveles de competitividad nacional. En los últimos años, México ha experimentado la caída de los niveles de competitividad nacional, al pasar del lugar 33 que ocupaba en el año 2000 al 56 en 2005 dentro de la clasificación mundial de competitividad (IMD,World competitiveness yearbook, 2005).

Los retos de la transición demográfica

La transición demográfica representa uno de los factores que mayor influencia tendrá en la evolución de la economía mexicana en los próximos años. Las modificaciones que se proyectan en la estructura por edad y sexo implicarán cambios importantes en la demanda y la satisfacción de diversos servicios, como el de educación, donde se espera un desplazamiento de la demanda de educación primaria hacia los niveles de educación media superior y superior.

En 2020, México tendrá gran proporción de población en edad de trabajar (cerca de 67 por ciento), lo que representa una oportunidad única, ya que en la medida en que esta población ocupe empleos productivos en el sector formal, podrá aumentar la productividad, más personas tendrán acceso a la seguridad social y los recursos para el sistema de pensiones tendrán mayor viabilidad.

En materia de empleo, en los dos próximos lustros demandarán trabajo más de 1 millón 200 mil mexicanos, en promedio, por año. En consecuencia, se estima que la población económicamente activa, que hoy representa alrededor de 42.2 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020.

Escaso número de investigadores y de programas de posgrado de calidad

México requiere un esfuerzo sustancial para ampliar la cobertura de las IES a fin de aumentar el acceso de jóvenes, ya que en la actualidad sólo 2 de cada 10 de entre 19 y 24 años alcanzan ese nivel. El problema se incrementará por la demanda creciente de jóvenes y por los niveles de eficiencia terminal.

Existe un rezago en la formación de personas con posgrado. De tal forma, por ejemplo, mientras que en 2003 se graduaron en México mil 443 doctores, en Brasil fueron 7 mil 729, en España 6 mil 436, en Corea 7 mil 623 y en EUA 45 mil 75. De igual modo, el número de personas dedicado a las actividades de investigación y desarrollo es muy reducido: por cada mil empleos, la República Checa tiene 5.8, Alemania 12.2, Hungría 6.0, Japón 13.6, Corea 8.4, España 8.5, la UE 10.1 y México alrededor de 0.9. Estos indicadores, conviene apuntar, revelan el estado del sistema nacional de innovación, y no solamente de lasIES.

Los esfuerzos realizados para repatriar a nuestros estudiantes de posgrado del extranjero no han sido suficientes para incorporarlos en nuestra planta laboral y en las instituciones y centros de investigación, por lo que continúa la ``fuga de cerebros''. Aunado a lo anterior no se han generado espacios laborales suficientes y adecuados para incorporar el número de egresados de posgrado e investigadores que demandan empleo.

Aunque en las últimas décadas el número de docentes de tiempo completo en general ha aumentado en las IES, persiste un gran porcentaje de profesores contratados por asignatura, lo cual inhibe la posibilidad de hacer de la investigación parte nodal del sistema de educación superior en México.

Por otra parte, aunado al problema de insuficiencia en la formación, persisten niveles desiguales de calidad y pertinencia académica en lasIES, así como una desarticulación del sistema de educación superior con los niveles educativos previos, particularmente el medio superior.

En cuanto a la calidad, se imparten 4 mil 600 programas de posgrado, de los cuales únicamente 5.3 por ciento (244) cuenta con el parámetro de ``alto nivel'' o ``competentes a nivel internacional''.

La comparación internacional muestra que México aún está muy por debajo de otros países en número y ritmo de crecimiento de la planta de investigadores. Baste señalar que en 1993 España contaba con 41 mil 681 investigadores de tiempo completo, cifra superior a la que tenía nuestro país una década después. Si se toman como referencia otros países, esa brecha resulta aún más grande.

Otro fenómeno que se puede observar en México es el envejecimiento de la planta de investigadores y la inexistencia de mecanismos adecuados para el ingreso de nuevos investigadores en las proporciones debidas.

De los investigadores integrantes del SIN, 12 mil 200 aproximadamente, a finales de septiembre de 2006 78 por ciento tenía más de 40 años y únicamente 0.1 por ciento menos de 30. De 1994 a 2004 se incorporaron únicamente alrededor de 5 mil investigadores.

Debe considerarse que a esa problemática se suma la falta de tabuladores uniformes; el régimen laboral y de seguridad social actual impide a los investigadores la movilidad entre instituciones y centros de investigación de una misma entidad federativa o de diferentes, lo cual se traduce en un factor adicional que limita su aprovechamiento.

Infraestructura limitada y desarticulada

La infraestructura en Cyt en México se sitúa principalmente en las IES y en los centros públicos de investigación (CPI). El sistema de CPI en México se integra por dos grandes grupos: a) el Sistema de CentrosCONACYT; y b) los centros de investigación sectoriales, asociados a algunas secretarías de Estado. Los CPI tienen una cobertura en el territorio nacional reducida, ya que están en 14 de los 32 estados, concentrándose el mayor número en las regiones centro-occidente y centro, que absorben 17 centros. También es limitada su influencia en cuanto a las áreas de conocimiento cubiertas y los sectores industriales potencialmente atendibles.

Los recursos humanos empleados también son reducidos, particularmente en ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. En 2004 se empleaban 6 mil 251 personas El universo de CPIdependientes de las secretarías de Estado se compone de 20 centros e institutos para atender el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los sectores de energía (3), salud (13), agricultura (2), medio ambiente y recursos naturales (1) y educación pública (1).

Pese a esta capacidad física, el monto acumulado estimado en inversión total en infraestructura en Cyt en nuestro país de 1970 a 1999 fue de 5 mil 754 millones de dólares, cantidad que representa 40.2 por ciento de la inversión realizada por Brasil en el mismo periodo, 31.2 por ciento de la de España, 25.9 por ciento de la de Corea, 13.1 por ciento de la de Canadá y sólo 0.65 por ciento de la de EUA.

Uno de los problemas estructurales que presenta el país es un muy escaso nivel de inversión privada en la ciencia y la tecnología, si se compara con otros países llamados ``emergentes''. Si bien se reconoce que la participación privada en investigación y desarrollo experimental en México se ha incrementado últimamente por los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total es baja (33 por ciento) si consideramos que en países como Japón el sector productivo financia 73 por ciento, en Corea 72 por ciento, en EUA 67 por ciento, en España 47 por ciento y en Brasil 38 por ciento.

Esta baja proporción de la inversión privada se explica en gran parte por la ausencia de políticas, instrumentos y mecanismos consistentes y ágiles que la apoyen e incentiven, entre los que destacan el capital de riesgo, el capital semilla y los estímulos fiscales.

Cabe destacar que la Comcyt de la OEA reconoce que la inversión en Cyt, equivalente a 1 por ciento del PIB, meta usual de muchos países latinoamericanos, no resulta suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo y reducir la creciente brecha científica y tecnológica. En México no invertimos ni la mitad de ese indicador.

Frágil y rezagada capacidad de innovación

Varios autores han avanzado en el análisis del actual sistema nacional de innovación en México y coinciden en las deficiencias que lo caracterizan: los esfuerzos de los actores involucrados se encuentran aislados y no han articulado una verdadera red de apoyo del desarrollo tecnológico;

El sistema nacional de innovación debe considerar no únicamente las empresas privadas sino también, y de manera compartida, las empresas públicas, donde se hace indispensable impulsar los procesos de innovación que permitan mayor competitividad en el mercado interno e internacional. Con frecuencia, las empresas proveedoras del sector público, cuando disponen de planes de desarrollo competitivo de mediano plazo, se convierten en fuertes competidores de clase mundial, circunstancia que protege la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

Uno de los indicadores internacionales aplicado para medir la capacidad innovadora de un país son las patentes. En México, las otorgadas reflejan un bajo rendimiento innovador, de forma tal que entre 2000 y 2004 solamente en 2002 se rebasó el tope de las 6 mil, y a partir de esta fecha se registra una tendencia decreciente.

Lo anterior nos lleva a afirmar que carecemos de políticas para el desarrollo de la productividad, para impulsar un esfuerzo coordinado y sostenido mediante políticas públicas de largo plazo consistentes y con recursos adecuados.

Lazos débiles para la vinculación

Carecemos de políticas públicas que fomenten la relación universidad-empresa para que los egresados de la educación superior, destacadamente los posgraduados, sean absorbidos por el sector productivo público y el privado, e incorporados a las actividades que crean valor.

La generación de capacidad tecnológica es limitada, ya que no se cuenta con el fomento de las inversiones privadas apropiadas ni con políticas públicas de institucionalización y fomento de las relaciones entre los que participan en investigaciones científicas y el sistema productivo nacional.

Además, podemos afirmar que lasIES representan el eslabón más débil del sistema nacional de innovación, por carecer de políticas de largo plazo e incentivos permanentes para su vinculación con el sector productivo que incluya la continua revisión y adaptación de los programas de estudio para responder con mayor claridad y certeza a las demandas del mercado y a las necesidades productivas y competitivas del país.

Las políticas en CTI no están vinculadas a otras políticas públicas, lo cual es indispensable dado el papel que pueden asumir en la resolución de diferentes problemáticas relativas al desarrollo productivo (agrícola, industrial y de servicios), la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, la preservación de la cultura y otros campos. Para que este conjunto de políticas genere efectos sinérgicos es necesaria la articulación entre ellas.

Alta concentración de actividades

Persiste alta concentración de las actividades en Cyt en el Distrito Federal (DF), en cuanto a investigadores (50 por ciento), programas de posgrado (34 por ciento) y estudiantes de esos programas (62 por ciento). De los 244 programas de posgrado que han alcanzado el parámetro de ``alto nivel'', 108 se ubican en el DF, seguido por Nuevo León con 21 y Baja California con 20. En 13 estados no se cuenta con programas de ese tipo. Los instrumentos de apoyo (fondos y estímulos fiscales) continúan reflejando una concentración alta en el DF, que en el periodo 2002-2004 absorbió 51 por ciento de los recursos.

No contamos con políticas ni mecanismos eficaces de promoción para las pequeñas y medianas empresas a escala estatal y no es favorable, en muchos casos, el entorno para la cooperación de instituciones y actores relacionados con el desarrollo local, como la educación, la innovación tecnológica, el empleo, la información empresarial y la búsqueda de mercados externos que requiere el desarrollo regional. Sin embargo, la percepción de la necesidad de cooperación entre estos actores crece de manera sostenida.

En general, se carece de políticas diferenciadas para la formación de recursos humanos, la creación de infraestructura, el financiamiento y la fijación de prioridades que den respuesta a las asimetrías que caracterizan la realidad nacional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación entre regiones y localidades.

Ausencia de visión de largo plazo y de políticas públicas

Seguimos contando con planes sexenales, que no facilitan la continuidad de políticas y programas en la materia, y no contamos con un ejercicio prospectivo a escalas nacional, sectorial y regional que conduzca a la selección de áreas científicas y tecnológicas clave, en las que se orienten los esfuerzos de asignación de recursos, en función del desarrollo de las disciplinas, la solución de problemas nacionales, los retos y derroteros internacionales y las capacidades y oportunidades de nuestro país.

Por otra parte, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación no puede lograrse mediante una planificación centralizada de todas las funciones públicas a ellas vinculadas que implique una detallada definición de las acciones por realizar. Se carece de una visión compartida y una actitud de sensibilidad de los encargados de formular políticas hacia el valor del conocimiento científico y tecnológico.

No se ha logrado la necesaria articulación de las políticas públicas de fomento del desarrollo científico y tecnológico con las estrategias de los agentes privados e institucionales, lo cual requiere la participación de tales agentes en el diseño, la instauración y la evaluación de la política.

El actual tratamiento de la política nacional en Cyt parte de la Constitución Política que, en la fracción V del artículo 3o., referido a la educación, dispone de manera escueta que el ``Estado apoyará la investigación científica y tecnológica'', lo cual no tiene una expresión como parte de la estrategia de desarrollo económico y social, ni se vincula con la planeación del país, lo que sigue reflejándose en diseños de políticas que tienen origen meramente gubernamental.

Oportunidades y áreas estratégicas del conocimiento

Por otra parte, los sectores y las áreas estratégicos del conocimiento en México no han tenido una traducción que se exprese en una política nacional para CTI que las ubique como prioridades temáticas sectoriales con una visión estratégica articulada y de largo plazo, donde se definan claramente las capacidades distintivas y las oportunidades del país. No contamos con políticas públicas articuladas que fomenten la relación gobierno-sector privado para facilitar la identificación de los sectores, bienes y servicios en que las ventajas comparativas y la competitividad de las empresas las coloquen a la vanguardia a escala nacional y frente a otros países.

Debilidades e insuficiencias del modelo institucional

El nuevo diseño institucional de la política científica y tecnológica puede considerarse un avance importante, pues abrió el proceso de hechura de la política pública a diversos actores y organismos, gubernamentales y no gubernamentales, además de orientar esta política de forma más clara hacia los nuevos retos de la economía mundial y del desarrollo tecnológico. Sin embargo, al mismo tiempo ha generado un conjunto de tensiones, inconsistencias y desarticulaciones en el entramado institucional que en principio la debería sostener.

Si bien el Conacyt actúa jurídicamente como cabeza de sector, la realidad es que este organismo maneja sólo aproximadamente 30 por ciento del gasto federal en la materia, pues el resto se encuentra en las diversas secretarías, organismos descentralizados y algunos organismos desconcentrados y empresas paraestatales.

Algunas de las conclusiones relevantes de este análisis del modelo institucional actual de la ciencia y la tecnología son éstas: la política de ciencia y tecnología en México se encuentra en un proceso de tránsito de una política gubernamental a una política pública; los cambios institucionales recientes representaron avances importantes, pero resultaron insuficientes; debe buscarse un diseño en red en el cual el Conacyt o algún órgano equivalente tenga la capacidad de orientar efectivamente la política; el actual sistema de planeación y evaluación no permite establecer con claridad los comportamientos, los sectores y las áreas que se quiere incentivar e impulsar; y es necesario realizar cambios adicionales al diseño institucional de la política científica y tecnológica.

Consecuencias sobre el financiamiento

La falta de visión de futuro y de una economía propia basada en la competitividad que proporciona el conocimiento genera un círculo vicioso, donde la educación, la ciencia y la tecnología se privan de manera creciente de recursos y simpatías nacionales. Así se entiende la crónica falta de competitividad nacional. Al mismo tiempo, el remedio de dichas carencias requerirá la formulación de un entorno institucional más congruente y acorde con las nuevas exigencias de la economía nacional, y una renovada participación de México en el entorno internacional.

Los aciertos de la modernización en materia de financiamiento son éstos:

La diversificación de fuentes de financiamiento, que puede brindar a las instituciones mayores márgenes de maniobra.

La separación de subsidios regulares respecto de fondos para proyectos.

La asignación de fondos mediante la competencia en la investigación.

La separación de ingresos por categoría en el profesorado.

La apertura de plazas para profesores con posgrado.

Las becas para estudiantes de bajos recursos económicos.

La ampliación de las fuentes de financiamiento y el compartimiento del gasto con las familias y las empresas.

La incorporación de los gobiernos estatales en el cofinanciamiento.

La movilización de recursos privados para la educación superior.

La idea de planear a largo plazo.

Los aspectos agotados de la modernización son

Los programas de estímulo al desempeño docente en su forma actual (introducidos para neutralizar la acción sindical y ampliar los niveles del escalafón), que deberían incorporarse al salario regular.

La burocratización del proceso en las instituciones publicas.

La parquedad de los fondos concursables frente al subsidio ordinario.

Los círculos cortos de planeación estratégica.

El papel pasivo de las instituciones en la formulación de objetivos de largo plazo. La tensión de fondo en la modernización entre modernismos irreflexivos, resistencias a la modernización y estrategias de desarrollo educativo sustantivo.

Los criterios reguladores del mercado privados: se ha confiado en mecanismos burocráticos como el RVOE, que en realidad han sido pensados para un sistema público.

Principios rectores de la política nacional en ciencia y tecnología

a) El conocimiento y la innovación son factores estratégicos para contribuir a un desarrollo social sustentable, cuidar el medio ambiente, mejorar la competitividad y elevar la calidad de vida.

b) Se debe avanzar sólidamente en la construcción de una sociedad del conocimiento centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, que esté inspirada por objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso, en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado.

c) El conocimiento y la innovación son ingredientes fundamentales para impulsar la sociedad del conocimiento, la cual es un modelo que ayuda a combatir la pobreza, acortar las desigualdades sociales, reducir las iniquidades, disminuir la distancia entre los países del norte y los del sur, fortalecer la competitividad, participar en la tercera revolución industrial --la de la era de la digitalización y de las ciencias emergentes-, favorecer el desarrollo de las regiones y la constitución de espacios sociales con capacidad de iniciativa, afianzar la libertad de expresión y fortalecer la democracia.

d) El Estado, las empresas, la industria, las instituciones de investigación y enseñanza y las comunidades de investigación son los responsables principales de un sistema nacional de investigación e innovación efectivo.

e) El binomio investigación-innovación es el modelo adecuado para fomentar el desarrollo del conocimiento, impulsar su transferencia social, favorecer la valoración social y estimular la competitividad empresarial.

f) La política de Cyt debe satisfacer una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno que otorgue coherencia a una política de alcance nacional; una firme coordinación intersectorial, donde los esfuerzos de las secretarías de Estado involucradas confluyan en una sola acción encaminada a satisfacer los objetivos de la política; y, finalmente, una sólida vinculación con los grupos destinatarios (sociales y privados) para asegurar la efectividad de dicha política.

g) En el mundo globalizado, el conocimiento y la innovación afirman su dimensión internacional, la cual comprende el establecimiento de parámetros e indicadores internacionales, el incremento de la competencia, la cooperación, el impulso de las redes regionales y mundiales de colaboración, la internacionalización de las actividades y las evaluaciones externas y rigurosas a cargo de pares. Asimismo, incluye una responsabilidad internacional de México, particularmente hacia América Latina y con énfasis en los países de Centroamérica y el Caribe.

h) Los formuladores de políticas deben comprender los beneficios potenciales de dedicar recursos considerables a laCyt de manera consistente, y que hacerlo no es gasto sino inversión para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico del país.

i) La planeación, el seguimiento y la supervisión, la evaluación integral y la externa, la ética y la deontología, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos imprescindibles para la organización y gestión del conocimiento y la innovación en el siglo XXI.

j) Las políticas nacionales, sectoriales y regionales deben prever un apoyo regular y de largo plazo a la ciencia y la tecnología, a fin de garantizar el fortalecimiento del potencial humano, crear instituciones científicas, mejorar y modernizar la enseñanza de la ciencia, integrar la ciencia en la cultura nacional, crear infraestructuras y fomentar las capacidades en materia de tecnología e innovación.

k) La vinculación entre el conocimiento y el sector productivo contribuye al desarrollo científico del país en la medida en que es fuente de ideas para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación básica, permite experimentar en nuevas líneas de trabajo y es espacio para la formación de recursos humanos.

l) La innovación es fundamental en la generación de conocimiento; existe un estrecho vínculo entre generación del conocimiento y desarrollo tecnológico, igual que entre investigación básica y aplicación del conocimiento.

m) La actualidad y el futuro del país se alimentan y proyectan desde las regiones. Por ello, la política en Cyt que se instaure, para ser exitosa, debe considerar la regionalización y el actual proceso de construcción de un nuevo federalismo.

III. Objetivos estratégicos y líneas de acción

La visión de país que inspira los objetivos y las líneas de acción destaca los siguientes rasgos: un desarrollo económico basado en el conocimiento y en la preservación del medio ambiente; un perfil productivo donde destaquen capacidades tecnológicas en sectores estratégicos y sectores que atienden necesidades básicas; un sector productivo y empresarial competitivo que contribuye al desarrollo regional, con amplia presencia de la pequeña y mediana empresas en condiciones de involucrarse en una dinámica innovadora; empleos bien remunerados; desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda; y amplia integración de las potencialidades de la diversidad cultural.

Aplicar una política de Estado en materia de CTI, con una visión de largo plazo y como parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico y social del país

Líneas de acción

Concertar y promover una reforma constitucional, que deberá ubicar la CTI y la formación de recursos humanos de alta calificación en el apartado económico de la Constitución(artículo 25) para que formen parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico de la nación, se inserten en el sistema nacional de planeación y se establezcan los esfuerzos y apoyos que brindará el Estado en estas materias.

Esas materias deberán ser incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y traducirse en los programas sectoriales y regionales de manera prioritaria y precisa.

Adoptar políticas públicas en materia económica, entre las cuales deben incluirse de manera prioritaria las orientadas a lograr una economía basada en el conocimiento, requisito indispensable para que México se consolide como una de las 10 mayores y mejores economías del mundo, posición que por la dotación de sus recursos naturales y humanos le corresponde.

Construir una auténtica red de política pública que permita estabilizar las políticas y alinear la participación de los diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para trascender los cambios sexenales.

Asegurar que la política de investigación científica y tecnológica coloque entre los objetivos prioritarios de estudio los temas relativos a la satisfacción de las necesidades de la población vinculados con el plan nacional y los regionales de desarrollo.

Reformar la Ley General de Planeación para que considere el Programa Especial de Ciencia y Tecnología de largo plazo e incorpore la elaboración y actualización de la prospectiva como marco de referencia obligatoria de este programa y su actualización, así como la incorporación de la ciencia y la tecnología en los planes nacional, sectoriales y regionales, como materia prioritaria para el desarrollo integral y sostenido del país.

Otorgar estabilidad en el largo plazo a los programas y proyectos de investigación y que se orienten los esfuerzos y recursos para la innovación, creación y adopción de tecnologías.

La planeación de largo plazo debe traducirse en la posibilidad de presupuestos multianuales que permitan que los programas prioritarios tengan continuidad ya que, por la naturaleza de estas actividades, se requieren periodos mayores para concretarse y lograr los resultados esperados.

Actualizar las agendas de investigación del sistema nacional de Cyt, y articularlas con la planeación integral de largo plazo.

Generación del conocimiento

Orientar la formación de recursos humanos de alto nivel tanto en México como en el extranjero hacia las áreas científico-técnicas prioritarias, en los nuevos campos profesionales que demanda el campo laboral y la atención de las necesidades básicas, promoviendo posgrados conjuntos entre los sectores académico, productivo y empresarial, así como fortaleciendo el programa de becas, créditos educativos y becas mixtas.

Impulsar el número de doctores formados y graduados y otorgar atención particular a la evaluación del posgrado

Fomentar y reconocer los posgrados interinstitucionales, así como crear y fomentar posgrados con instituciones de otros países en campos estratégicos.

Impulsar la formación de profesionales en las áreas de ingeniería y tecnología, incluyendo la capacitación técnica y posprofesional, mediante la promoción de acuerdos gobierno-IES-sectores productivo y empresarial, así como el fomento de su inserción laboral en el sector productivo.

Impulsar que especialistas, universidades y centros de investigación realicen valoraciones y análisis de la calidad del proceso educativo como parte de su propia agenda de investigación.

Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de la educación en las universidades e institutos tecnológicos públicos para que los jóvenes que egresen de esos centros puedan competir exitosamente.

Fortalecer el sistema de educación técnica y tecnológica para adecuarla a los requerimientos del mercado laboral, e impulsar la participación de los jóvenes en actividades de investigación mediante programas de inserción con investigadores que permitan desarrollar nuevos talentos.

Priorizar, en los programas de enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, y el desarrollo de los hábitos y las capacidades lectoras, así como el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento del idioma inglés.

Mejorar la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación continua, la ampliación de la cobertura en todo el país y la vinculación con las diversas áreas productivas del país.

Revisar y adecuar el SNI a las características que plantean las nuevas políticas de CTI y a las necesidades sectoriales y regionales del país.

Asegurar tanto la repatriación de investigadores mexicanos residentes en el extranjero como el reclutamiento de no nacionales en las áreas estratégicas, apoyar las estancias posdoctorales y otorgar nuevas plazas orientadas a la renovación generacional.

Añadir a los programas de becas de posgrado ampliaciones por un periodo para que los investigadores becarios se incorporen a las empresas e instituciones de investigación, a fin de apoyar su formación, desarrollar investigaciones y facilitar su inserción laboral.

Establecer programas de intercambio académico, promover investigaciones interinstitucionales, y fomentar la repatriación de investigadores con base en oportunidades de trabajo académico bien remunerado en instituciones públicas y privadas, de preferencia en el interior de la república, y crear redes nacionales de investigadores, para promover la investigación científica y la innovación tecnológica, así como el desarrollo de otras universidades a lo largo del país.

Reforzar los esquemas de estímulos académicos y económicos que permitan la incorporación, permanencia y evolución de nuevos investigadores en el medio científico mexicano.

Limpiar las fuentes de recursos para que elevemos el número de jóvenes que realizan estudios de posgrado en centros académicos de distintos países.

Realizar un proyecto estratégico de pertinencia educativa para el desarrollo que revise las especialidades universitarias, las licenciaturas y los posgrados, y las currículas educativas para privilegiar la expansión de las carreras que tengan un horizonte de integración cierto en el mercado laboral y sean útiles para impulsar el desarrollo regional.

Diseñar e instaurar un programa nacional de carrera del investigador que ofrezca regímenes laborales y de seguridad social uniformes para la movilidad interinstitucional de los académicos y los investigadores a fin de ampliar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en forma descentralizada, hacer crecer las instituciones y facilitar la creación de centros de investigación.

Líneas de acción: campos estratégicos o de oportunidad

Identificar los retos y las oportunidades nacionales y regionales, las áreas estratégicas del conocimiento y los sectores prioritarios en que México tiene ventajas comparativas, a fin de centrar los esfuerzos y potenciar los recursos para ciencia, tecnología y formación de recursos humanos de alto nivel con visión de largo plazo.

Definir campos estratégicos o de oportunidad, con el propósito de promover la realización de programas de investigación y asignar fondos a líneas prioritarias de dimensión regional, nacional o internacional.

Definir los sectores prioritarios para el desarrollo nacional y regional en el ámbito de la innovación, considerando la evaluación comparativa internacional y nacional de su contribución actual y prospectiva y sus repercusiones potenciales en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía nacional en el mediano y largo plazos. Asimismo, identificar a los actores económicos, sociales, académicos, gubernamentales y no gubernamentales que potencialmente pueden contribuir en su desarrollo.

Fomentar la investigación agrícola y promover su vinculación con los productores para que permita la adopción de nuevas semillas, procesos y tecnologías.

Vincular la ciencia y la tecnología a los sectores agropecuario, forestal y pesquero para generar un sistema de innovación que permita impulsar la economía y productividad en esos sectores.

Promover nuevas carreras que se relacionen con la innovación científica y tecnológica, como serían las del campo de la informática, la robótica, la biotecnología y las ciencias relacionadas con la investigación de los genes.

Aumentar las inversiones materiales y humanas en los programas de investigación y desarrollo dedicados a la ecología y ciencias ambientales, en especial en temas relacionados con recursos naturales, contaminación, ordenamiento del territorio, y ahorro y uso eficiente de agua y energía, entre otros.

Fortalecer la investigación y el desarrollo de potenciales técnicos y económicos de todas las fuentes de energía, así como de desarrollo tecnológico a través del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Impulsar o apoyar las investigaciones en materia de ciencias sociales para comprender y tratar mejor las tensiones que caracterizan las relaciones entre la ciencia y la tecnología, por una parte, y las distintas sociedades y sus instituciones, por otra.

Transferencia del conocimiento e innovación

Formar el sistema nacional de innovación a través de sistemas regionales para producir y acumular conocimientos científicos y tecnológicos y apoyar a las empresas a asimilar, usar, adaptar, modificar y crear tecnología para desarrollar nuevos productos y procesos en respuesta de ambientes y mercados cambiantes.

Implantar políticas públicas de vinculación del conocimiento con el sector productivo que permitan incorporar el desarrollo científico y la innovación tecnológica a los procesos productivos y a la creación de negocios de base tecnológica para incrementar la competitividad.

Establecer como una de las prioridades del programa de Cyt el impulso de los proyectos científicos y tecnológicos que coadyuven a elevar la competitividad del país.

Fortalecer las capacidades de transferencia de tecnología y de vinculación de los agentes del sistema de CTI por medio de reformas regulatorias y la creación de incentivos específicos.

Establecer una estrategia de largo plazo para que empresas mexicanas puedan incorporarse en el desarrollo tecnológico en ramas prioritarias, a fin de participar en nichos de mercado y desarrollar masas críticas en apoyo de las cadenas productivas nacionales y los mercados mundiales.

Propiciar que las empresas mexicanas logren acceder a los mercados internacionales en segmentos competitivos, como sistemas de marca, producto, tecnología o innovación que propicien ventajas adicionales en los tratados de libre comercio que tiene México con otros países.

Establecer políticas públicas capaces de crear un entorno favorable para la competitividad de las empresas y asegurar su acceso a insumos en condiciones internacionalmente competitivas.

Establecer un programa de desarrollo tecnológico de ingeniería e industrias de base tecnológica directamente relacionado con un programa de competitividad y empleo que permita el desarrollo de tecnologías, patentes y nuevos servicios de valor agregado. Este programa debe vincular los institutos, los centros de investigación y las universidades con los sectores productivos, diseñando proyectos tecnológicos específicos, dirigidos a sustituir la dependencia tecnológica del extranjero.

Sistematizar la red de centros de desarrollo tecnológico, como Conacyt, IMP e IIE, que brindan soporte a los sectores estratégicos, y desarrollar un programa de capacitación especializada que contribuya a la generación de capital social requerido para impulsar la competitividad del país.

Promover las actividades de vinculación entre universidades, especialistas del SNI y empresas para la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

Fortalecer la vinculación de la educación media superior, superior, técnica y tecnológica con el mercado laboral de las comunidades, impulsando acuerdos entre escuelas, universidades y empresas para que los jóvenes puedan capacitarse en su centro educativo y en empresas vinculadas a éste.

Establecer una reglamentación favorable que consolide la industria de capital de riesgo, eliminando las barreras para su desarrollo y posibilitando su vinculación con las instituciones financieras, con las pequeñas y medianas empresas y con universidades y con tecnológicos del país.

Fomentar desde los ámbitos educativo e industrial la creación y el financiamiento de negocios con amplio componente tecnológico.

Respetar los derechos de propiedad intelectual y el respaldo de patentes en beneficio de los investigadores y de las empresas, e impulsar y premiar la realización de proyectos exitosos en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

Simplificar y hacer más asequibles los mecanismos de registro, patentes, marcas y propiedad industrial para elevar de manera gradual y sostenida el número de patentes de origen nacional.

Asegurar que el diseño de políticas para la innovación sea un proceso continuo que apunte al incremento de la productividad mediante el mejoramiento de mecanismos de apoyo y de seguimiento.

Financiamiento creciente y sostenido

Objetivo estratégico

Mantener incrementos anuales del Gfcytpara lograr en el corto plazo el 1 por ciento del PIB que establece la ley, estimulando una mayor y creciente participación del sector privado, así como instaurar estrategias y programas para que el gasto nacional en Cyt se eleve en el mediano plazo a 3 por ciento.

Líneas de acción

Asegurar un esfuerzo sostenido de la inversión pública federal a partir de 2007, por al menos 5 mil millones de pesos adicionales anuales al presupuesto federal vigente en 2006 (a precios constantes de 2006), y detonar las líneas de promoción de la inversión privada para obtener un incremento privado equivalente, para alcanzar en 2012 el 1 por ciento de gasto nacional en Cyt.

Considerar la política de gasto público en Cytun instrumento fundamental para estimular una mayor inversión privada en la materia, promover la absorción y generación de nuevos conocimientos, y movilizar recursos para la atención de demandas y problemas sociales (educación, salud, medio ambiente, alimentación, desarrollo regional o fomento de la producción).

Apoyar proyectos de investigación conjuntos entre las IES y la iniciativa de los particulares, desarrollando figuras jurídicas para que las empresas (privadas y públicas) soliciten y financien investigaciones en alianza con las universidades y los tecnológicos.

Asegurar la permanencia y el crecimiento continuo del incentivo fiscal de las actividades científicas y tecnológicas, así como avanzar en su ampliación y profundización como un mecanismo que haga de la innovación una palanca de crecimiento económico y de derrama de bienestar social. Para esto se plantean las siguientes orientaciones:

Prestar especial atención al financiamiento no tradicional, incluida la posibilidad de canjear parte de la deuda externa por inversión, bien definida, en ``creación de capacidades'' en asuntos de Cyt; es decir, invertir selectivamente en infraestructura educativa, científica y tecnológica en el país, mediante la creación de fondos específicos, como bonos verdes.

Destinar un porcentaje del producto de la comercialización de los energéticos a la inversión, la seguridad y el desarrollo tecnológico de esta industria.

Aprovechar la capacidad de contratación y compra de las empresas propiedad del Estado para desarrollar y estimular fiscalmente, con base en planes de alianzas estratégicas de mediano plazo y otras previsiones de ley, empresas mexicanas de proveedores de clase mundial, que en un plazo preestablecido compitan sin protección en los mercados internacionales.

Descentralización y desarrollo regional

Fortalecer la descentralización y el desarrollo regional con base en el conocimiento y la innovación

Consolidar los sistemas estatales de Cyt para que todos cuenten con leyes, consejos estatales, planes y comisiones especializadas en los congresos locales e impulsar el establecimiento de sistemas regionales y locales de innovación.

Impulsar la consolidación legal, normativa e institucional de los estados y de los municipios para desarrollar una política propia de fomento de la CTI.

Impulsar el diseño e instauración de políticas públicas construidas desde las regiones que atiendan los siguientes aspectos: legitimación y aprobación social de la ciencia y la tecnología; investigación y generación del conocimiento para la solución de problemas regionales; productividad y competitividad regional; e información, seguimiento y evaluación de la actividad científica y tecnológica.

Apoyar la creación de centros de excelencia regionales orientados a resolver problemas específicos de las regiones. Impulsar la coordinación entre estados para enfrentar retos comunes y aprovechar las oportunidades regionales.

Impulsar los sistemas regionales de innovación, considerando lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Modelo institucional para la ciencia y la tecnología

Objetivo estratégico

Construir una auténtica red de política pública para estabilizar las políticas y alinear la participación de los diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que permita aplicar una política pública que trascienda los cambios sexenales.

Líneas de acción

Formar una secretaría coordinadora del sector, con la capacidad de orientar efectivamente la política, otorgándole facultades y recursos que le permitan establecer marcos de referencia, regulación estratégica e incentivos respecto de las acciones de los diferentes agentes participantes.

En la nueva secretaría, los sectores gubernamental, empresarial y académico integrarían el Consejo de Administración, junto con la SHCP.En esa secretaría habría un organismo que fungiría como agencia de financiamiento de la política científica y tecnológica, con instrumentos de ``regulación suave'', con un diseño orientado a generar incentivos mediante bolsas de financiamiento, y con fuerte vinculación con el sector productivo.

Objetivos estratégicos de la propuesta

Evaluar el impacto que tienen los esfuerzos del sector CT en la sociedad y en la economía, y aportar elementos para la elaboración y actualización de la prospectiva de mediano y largo plazos.

Establecer principios y parámetros de evaluación para los impactos generados por los recursos públicos invertidos en Cyt, abarcando desde el SIN, los CPI; las entidades y dependencias del orden gobiernos federal y estatal que participen en actividades de esta índole y de los proyectos y programas financiados con instrumentos públicos hacia el sector privado.

Impulsar la calidad y la rendición de cuentas en la educación pública superior, promoviendo que la asignación presupuestal para las universidades e IESpúblicas tome en cuenta indicadores de desempeño elaborados por las mismas instituciones educativas, y cuyos informes deberán ser publicados periódica y oportunamente.

Mejorar la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación continua, la ampliación de cobertura en todo el país y la vinculación con las diversas áreas productivas del país.

Con base en los antecedentes descritos, estamos preparando una consulta parlamentaria sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología, con el propósito de conciliar las visiones, las misiones y los objetos de las organizaciones, de los grupos parlamentarios.

Para cumplir las finalidades señaladas y reconociendo los logros alcanzados por la educación superior y los retos emergentes, es necesario identificar los programas y las acciones que ameriten continuidad para consolidar los avances logrados, así como los cambios requeridos en las estrategias institucionales y gubernamentales para transitar a una nueva fase de desarrollo. Se debe reconocer que diversos objetivos planteados por las políticas públicas no se cumplirán plenamente si no se cuenta con políticas de Estado para la educación, la ciencia y la tecnología que trasciendan los programas y las metas sexenales.

Por políticas de Estado se entienden las de carácter público que cumplen al menos cuatro condiciones:

Tienen una visión de largo plazo y, por tanto, son transexenales.

Su diseño es resultado de amplios consensos entre los distintos niveles de gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas del país.

Obligan a los gobiernos a considerarlas en sus planes y programas de desarrollo.

La sociedad se compromete a impulsarlas en las distintas esferas de acción.

Entendemos que la responsabilidad de construir una política pública para la educación superior, la ciencia y la tecnología formalmente es una tarea del Congreso de la Unión, antes que cualquier asociación civil, lo cual no excluye su participación ni sus iniciativas. Pero es el tiempo de la Cámara de Diputados y sus legisladores.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito y demás firmantes presentan la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México, al tenor de los siguientes resolutivos:

Primero. Se forme con la mayor brevedad un grupo de trabajo plural, integrado por once diputados federales y coordinado por uno de ellos, encargado de organizar y dirigir los trabajos relativos al presente punto de acuerdo.

Los once diputados deberán ser preferentemente miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Segundo. Se realice en noviembre de 2006 el primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.

Tercero. Se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, para efectos de su formación.

Cuarto. Que el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos al primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México guíe sus trabajos conforme a los siguientes criterios básicos:

a. Objetivo: Construir una plataforma de líneas de políticas de Estado para la educación media superior y superior, y ciencia y tecnología, así como para su financiamiento.

b. Convocar al primer foro de consulta parlamentaria sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México a profesores e investigadores, representantes de las organizaciones nacionales, y rectores y directores de institutos tecnológicos y centros públicos de investigación científica.

c. El grupo de trabajo designará la universidad o institución de educación superior sede del primer foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México, el cual se llevará a cabo a más tardar en noviembre de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 12 de octubre de 2006.--- Diputados: Jorge Zermeño Infante, Arnoldo Ochoa González, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios Córdova, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete, Aída Marina Arvizu Rivas, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Ricardo Cantú Garza, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Ruth Zavaleta Salgado, Gloria Lavara Mejía, Xavier López Adame, Jorge Estefan Chiriac, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Mercedes Maciel Ortiz, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, María Elena Álvarez Bernal, María Eugenia Jiménez Valenzuela, José Gildardo Guerrero Torres, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Gerardo Sosa Castelán (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología. Se rectifica el trámite para remitirse a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DEL CACAO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Cacao.

El diputado Andrés Carballo Bustamante: Con su permiso, Presidenta: México es un importante exportador de cacao en grano, su producción se concentra principalmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, siendo las dos primeras entidades las que contribuyen a él en un 99 por ciento de la producción nacional. Por mencionar la importancia en la producción del grano, en el estado de Tabasco su cultivo da sustento económico y social a una parte significativa de su población, ya que de esta actividad dependen en la actualidad aproximadamente 45 familias.

En las zonas productoras de los estados del sureste, el cacao se comercializa mediante dos canales: a través de la Unión Nacional de Productores de Cacao, que compra aproximadamente el 50 por ciento de la producción, y el otro 50 por ciento se comercializa a través de las empresas comercializadoras privadas.

Los productores envían cacao en baba o lavado para su fermentación en los centros de recepción, propiedad de las asociaciones de productores, y posteriormente la Unión Nacional de Productores de Cacao se encarga de clasificarlo y venderlo en grano o en sus derivados, que son distribuidos a los fabricantes de chocolates.

Esta actividad, por simple que parezca, exige en la actualidad nuevas y eficaces normas, apoyos y recursos que plantean los nuevos mercados --sí, ésos, los globalizados--; sobre todo, nuestras expectativas de coadyuvancia con un agro sólido en sus bases, estructuras y competitivo en los mercados internacionales.

Las proyecciones de la FAO indican que la producción de cacao en América Latina aumentará de 397 mil toneladas a 520 mil en el año 2010, con expectativas de que la producción en México crezca 0.5 por ciento, muy por debajo de otros países como Brasil, del cual se espera un incremento de 2.2 por ciento.

México ocupa el undécimo lugar en superficie cultivada de cacao a nivel mundial, presentando 83 mil 158 hectáreas en comportamiento de su producción en el periodo comprendido entre 1993 a 2003; es decir, en 10 años ha decrecido en 10.33 por ciento. Esto es, de las 53 mil 986 toneladas producidas en el año 1993, su producción vino a la baja con 48 mil 405 toneladas en el año 2003.

En el ciclo de producción del presente año, según informes del Sistema de Información y Estadística Alimentaria y Pesquera de la Sagarpa, al 31 de agosto de 2006 se obtuvieron 33 mil 921 toneladas en 60 mil 725 hectáreas sembradas.

Como se puede observar, ante la evidencia de las cifras no podemos ni debemos permanecer pasivos ni tampoco apliquemos un remedio paliativo a un problema mayúsculo. Saquemos de su marasmo a la industria cacaotera, contribuyamos conjuntamente con las autoridades de una manera creativa, propositiva; integrémonos a su inercia de trabajo en la creación de un programa rector del cacao que recoja las verdaderas necesidades de nuestros amigos los productores, que con tecnología, financiamiento accesible y transparente demos esquemas modernos de comercialización y asistencia técnica nos permita establecernos nuevas metas y retos en sus niveles de producción. En la actual administración los cupos de importación para el cacao se han incrementado en más de 100 por ciento, pasando de 2.0 miles de toneladas en 2001, a 5.4 en 2004.

La perspectiva anterior sobre el crecimiento de la producción cacaotera nacional se debe a que esta industria enfrenta diversos problemas, como son: bajos precios y rendimientos, problemas en la comercialización y organización, como consecuencia de la estrategia de globalización y liberalización del mercado, los cuales han generado desintegración de las asociaciones y falta de capital para pagar oportunamente a los productores. Las asociaciones para comercializar las cacaoteras carecen de asistencia técnica, de capacitación, de capital para mejorar sus rendimientos y de canales de comercialización. Por lo tanto, proponemos:

En primer término, crear la Comisión Especial del Cacao, cuyo objeto será dar seguimiento y vigilar los recursos destinados a la industria cacaotera para diseñar planes y programas de fomento al desarrollo de esta industria con visión de corto, mediano y largo plazos para generar ventajas competitivas para el sistema productivo del cacao, mediante la integración de desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de dicho producto.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial del Cacao funcionará por la duración de la LX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediera antes.

Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial del cacao, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen la creación de la comisión especial del cacao, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

México ocupa el undécimo lugar mundial en superficie cultivada de cacao: presenta 83 mil 158 hectáreas. El comportamiento de la producción en México en el periodo comprendido entre 1993 y 2003 decreció 10.33 por ciento; esto es, de las 53 mil 986 toneladas producidas en el 1993 se produjeron 48 mil 405 en 2003. En el presente año cuenta con una producción anual de 40 mil toneladas.

En la actual administración, los cupos de importación para el cacao se han incrementado en más de 100 por ciento: pasaron de 2.0 miles de toneladas en 2001 a 5.4 en 2004.

Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación indican que la producción de cacao en Latinoamérica aumentará de 397 mil toneladas a 520 mil hacia 2010, con expectativas de que la producción en México crezca 0.5 por ciento, muy por debajo de otros países, como Brasil, del cual se espera un incremento de 2.2 por ciento.

La perspectiva anterior sobre el crecimiento de la producción cacaotera nacional se debe a que esta industria enfrenta diversos problemas; entre ellos: bajos precios y rendimientos; dificultades en la comercialización y organización por la estrategia de globalización y liberalización del mercado, que ha generado desintegración de las asociaciones; falta de capital para pagar oportunamente a los productores; y competencia entre los intermediarios con las asociaciones para comercializar. Los cacaoteros carecen de asistencia técnica, de capacitación, de capital para mejorar sus rendimientos, de canales de organización y comercialización.

El cultivo de cacao presenta factores que afectan su productividad. Esos elementos vulneran brutalmente el nivel de competitividad de la industria cacaotera de México.

Ante ese panorama, creando una comisión especial del cacao la honorable Cámara de Diputados asumirá su posición de proponer una visión estratégica en el diseño de planes y programas para fomentar el desarrollo de esta industria --con visión de corto, mediano y largo plazos-- y, al mismo tiempo, vigilar que los recursos destinados a dicha actividad se empleen en forma plena y efectiva.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial del Cacao, cuyo objeto será dar seguimiento y vigilar los recursos destinados a la industria del cacao para diseñar planes y programas de fomento del desarrollo de esta industria, con visión de corto, mediano y largo plazos, a efecto de generar ventajas competitivas para el sistema productivo del cacao mediante la integración, el desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de dicho producto.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial del Cacao funcionará por la duración de la LX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado Andrés Carballo Bustamante (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Antes, se rectifica el trámite dado a la proposición del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza y se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.

MEXICANA DE AVIACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía investiguen lo relativo a las condiciones laborales por la venta de Mexicana de Aviación.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Compañeras diputadas y diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, a investigar lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación.

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y acorde con el artículo décimo segundo del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las comisiones de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social para que se investiguen las condiciones de la venta realizada de Mexicana de Aviación a Grupo Posadas y los efectos previsibles en los derechos laborales de los trabajadores de la línea, así como esté atenta a las negociaciones laborales entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y la empresa Mexicana de Aviación con objeto de proteger el capital humano de esa línea aérea, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de septiembre de 2006, la ASSA comunicó a las autoridades laborales su decisión de desistirse del emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación. La empresa consideró que la revisión salarial en ceros, consecuencia del desistimiento, no es suficiente para asegurar la estabilidad de las fuentes de trabajo y la viabilidad de largo plazo de la empresa e insiste en reducciones en costos del orden de 30 por ciento que muy probablemente se contempla con cargo a los trabajadores.

Hay que recordar que Mexicana de Aviación se constituye en 1921 y para 1970 ya es considerada la primera línea aérea de Latinoamérica. Fue en 1982 cuando el gobierno federal adquirió el 54 por ciento de las acciones de la empresa y en 2004 concluye la sustitución de su equipo convirtiéndose en la primera línea aérea de América Latina que cuenta con la flota más moderna del mundo conformada por aviones comerciales ``Airbus'' A320, A319 y A318.

Tanto Mexicana como Aeroméxico --las empresas más tradicionales e importantes de bandera nacional-- eran controladas desde 1995 por Cintra, que en su mayor parte era propiedad de Nacional Financiera y que se creó para capitalizar y reestructurar los pasivos de ambas empresas. Posteriormente fueron ``rescatadas'' por el IPAB que le pagó su parte a BBVA Bancomer a valores artificiales y premeditadamente elevados.

Una vez saneada con cargo al erario, Méxicana de Aviación se vendió a finales de 2005 en la ridícula cantidad de 165 millones de dólares (cuando se había estimado un valor de 400 millones) a Grupo Posadas encabezado por Gastón Azcárraga, entusiasta colector de ``Amigos de Fox''. Hoy todavía reclama reducción del precio y ya despidieron cerca de 1,800 trabajadores de confianza y sindicalizados seguramente con el propósito de disminuir las obligaciones laborales y vender la empresa, en condiciones para contratar nuevo personal, a una línea aérea extrajera simulando la parte mayoritaria nacional con prestanombres mexicanos. Este es el mismo mecanismo, obteniendo cuantiosas utilidades, que hemos observado en los fines de sexenio (como fue con Roberto Hernández en Banamex).

Es importante destacar que en octubre de 2005, en comparecencia a solicitud de la Comisión de Comunicaciones de la LIX Legislatura al anunciarse la venta de las líneas aéreas, Cintra informó a los diputados que ``en 2004 obtuvo utilidades por primera vez, desde el inicio de la crisis de 2002, ello a pesar del crecimiento considerable en el precio de la turbosina''. Asimismo, tanto Aarón Dychter subsecretario de Transportes, como Andrés Conesa presidente del consejo de administración de Cintra habían ofrecido que no habría despido de personal con la venta de Mexicana a Posadas y ello está ocurriendo, además de la cancelación de prestaciones y reducción de salarios, que puede ser el modelo de lo que ocurrirá en Aeroméxico cuando se privatice.

Actualmente, el total de la planta de pilotos es de 800, y esta representa un costo total para la empresa de apenas el 5 por ciento, el cual se subdivide en 44 por ciento por pilotos, 19 por ciento por sobrecargos, 18 por ciento por personal de tierra y 19 por ciento por personal administrativo.

No obstante la importante disminución de personal, en los primeros ocho meses de operación del presente año se ha registrado un incremento en pasajeros de Aeroméxico y Mexicana del 2.6 por ciento con respecto al año pasado, registrándose 4'826,254 pasajeros en Aeroméxico y 4'697,816 por lo que se refiere a Mexicana.

Es claro pues, que se entregaron empresas entonces públicas a un valor inferior del real, con una evidente e inocultable afectación a los derechos de los trabajadores.

Por ello, en Convergencia condenamos que las privatizaciones sirvan para hacer maniobras que repunten pingües ganancias a sus ejecutores y presumiblemente a los funcionarios involucrados en este tipo de operaciones.

Por ser el desarrollo de la transportación aérea y la inversión que el estado ha comprometido en sus dos principales líneas nacionales como sector estratégico de primer interés nacional, y en virtud que hay un recurso valioso que es el capital humano, que ha sido capacitado y certificado al contar con los conocimientos, habilidades y destrezas para garantizar las condiciones máximas de calidad en el servicio además de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios; me permito someter a esta soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social para que se analice, investigue e informen a fin de aclarar ante la representación nacional, las condiciones de la venta realizada de Mexicana de Aviación a Grupo Posadas y los efectos previsibles en los derechos laborales de los trabajadores de la línea y lo que se espera de la privatización próxima de Aeroméxico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

Está a su consideración. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, no hay dos terceras partes; por lo tanto, no hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Marcela Cuen Garibi, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU.

La diputada Marcela Cuen Garibi:Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea:Marcela Cuen Garibi, diputada federal en esta LX Legislatura, en nombre propio y del grupo parlamentario de Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual esta soberanía, teniendo presente la conclusión de las negociaciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para elaborar una Convención Internacional para Promover y Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por México, exhorta al gobierno federal y a la Cámara de Senadorespara que México sea la primer nación en firmar y ratificar dicho instrumento, lo anterior fundamentado en las siguientes consideraciones:

Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de mejorar la situación de las personas con discapacidad, para lograr su plena integración social y productiva. El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad tiene su origen en los principios que dieron cimiento a su fundación, mismos que están en los derechos humanos: las libertades fundamentales y la igualdad de los seres humanos.

Como se afirma en diversos instrumentos emanados de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones frente al resto de las personas. Al término de la octava ronda de negociaciones celebrada en agosto pasado, los 192 países de la ONU trabajaron muy cerca con organizaciones no gubernamentales y finalmente consiguieron adoptar este convenio que obligará a los gobiernos a tomar medidas específicas a favor de las personas que sufren alguna discapacidad.

Según cifra aportadas por la propia Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial. Otras cifras aportadas por los mismos organismos internacionales revelan que el 20 por ciento de las personas más pobres del mundo tienen discapacidad y su marginalidad se refleja en el ámbito educativo; un ejemplo de ello es que el 90 por ciento de los niños con discapacidad no asista a la escuela.

En el plano nacional, la administración del Presidente Fox tuvo la sensibilidad del tema de discapacidad al instalar la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad, sustituida por la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, por mandato de ley.

Es preciso reconocer los avances y aciertos que este gobierno ha tenido al impulsar y poner en la agenda nacional el tema de la discapacidad, pues si bien la idea de esta convención fue lanzada por Italia hace dos décadas, el Presidente Fox la hizo suya y fue quien reactivo en el 2001 esta iniciativa que dio como resultado, en 2002, la creación del Comité Especial para la elaboración y negociación de este documento. Así también, es preciso destacar y reconocer la aprobación, en abril del 2005, de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en este tema: lograr la igualdad de oportunidades, una cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad y la integración laboral de ellas, son algunas de las asignaturas pendientes cuya tarea corresponde no sólo al Poder Ejecutivo sino también al Legislativo, al Judicial y a la sociedad en su conjunto.

Las personas con discapacidad suelen ser objeto de discriminación a causa de los prejuicios y la ignorancia. Además, es posible que no tengan acceso a los servicios esenciales; por esta razón, es importante que México mantenga dentro de la agenda nacional el tema de la discapacidad a través de la implementación y armonización en leyes y políticas en los instrumentos internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal a firmar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez que se abra este proceso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a que, firmada la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de conformidad con sus atribuciones y compromiso con las personas con discapacidad, ratifique, con la mayor brevedad, dicho instrumento, que da lugar a su armonización y aplicación en la legislación mexicana y en las políticas públicas que sean necesarias.

Solicito, señora Presidenta, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU, a cargo de la diputada Marcela Cuen Garibi, del grupo parlamentario del PAN

Marcela Cuen Garibi, diputada federal en esta LX Legislatura, en nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual esta soberanía, teniendo presente la conclusión de las negociaciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para elaborar una Convención Internacional para Promover y Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por México, exhorta al Gobierno Federal y a la Cámara de Senadores para que México sea la primera nación en firmar y ratificar dicho instrumento; lo anterior, con fundamentado en las siguientes

Consideraciones

I.- Desde de su creación, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de mejorar la situación de las personas con discapacidad para lograr su plena integración social y productiva.

El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad tiene su origen en los principios que dieron cimiento a su fundación, que están basados en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos.

Como se afirma en diversos instrumentos emanados de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones frente al resto de las personas.

Al término de la octava ronda de negociaciones celebrada en agosto pasado, los 192 países de la ONU trabajaron muy de cerca con organizaciones no gubernamentales y finalmente consiguieron adoptar este convenio que obligará a los gobiernos a tomar medidas específicas a favor de las personas que sufren alguna discapacidad.

Uno de los temas más controvertidos en el debate fue el relativo al termino de ``discapacidad'', que finalmente se acordó dejarlo en el sentido que una persona discapacitada es aquella que sufre un menoscabo físico, mental o sensorial que le limita de llevar a cabo sus actividades cotidianas y es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.

II. Según cifras aportadas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.

Independientemente del lugar geográfico en que se encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo por obstáculos físicos o sociales. Más aún, debido a que aproximadamente el 80 por ciento de la población mundial con discapacidad vive en países en desarrollo, donde se carece de o no está consolidada una cultura de inclusión y acciones gubernamentales específicas para la igualdad de oportunidades y de trato.

Otras cifras aportadas por los mismos organismos internacionales revelan que el veinte por ciento de las personas más pobres del mundo tienen discapacidad y su marginalidad se refleja en el ámbito educativo, un ejemplo de ello es que el noventa por ciento de los niños con discapacidad no asisten a la escuela.

Asimismo, datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativos al índice mundial de alfabetización de adultos con discapacidad señala que éste llega al 3 por ciento y, en el caso de mujeres, es de apenas el 1 por ciento.

III. En el plano nacional, la administración del Presidente Fox tuvo sensibilidad respecto del tema de discapacidad, al instalar la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad, sustituida por la creación del Consejo Nacional para las personas con Discapacidad, por mandato de ley.

Es preciso reconocer los avances y aciertos que este gobierno ha tenido al impulsar y poner en la agenda nacional el tema de la discapacidad, pues si bien la idea de esta convención fue lanzada por Italia hace dos décadas, el Presidente Fox la hizo suya y fue quien reactivó en el 2001 esta iniciativa, que dio como resultado en 2002 la creación del comité especial para la elaboración y negociación de este documento.

Así también, es preciso destacar y reconocer que el Ejecutivo federal no ha sido el único en poner como tema de prioridad a la discapacidad, pues en anteriores legislaturas se han dado avances trascendentes, basta recordar la creación, durante la LVII Legislatura, de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, y que decir de la LIX Legislatura, los diversos grupos parlamentarios pudieron anteponer el interés de este sector de población a conflictos y diferencias, situación que dio como fruto la aprobación en abril de 2005 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

IV. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en este tema: lograr la igualdad de oportunidades, una cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, y la integración laboral de ellas son algunas de las asignaturas pendientes y cuya tarea corresponde no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, al Judicial y a la sociedad, en su conjunto.

V. Las personas con discapacidad suelen ser objeto de discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los servicios esenciales.

Lo anterior deriva en la aparición de la llamada ``crisis en silencio'', que afecta no sólo a las propias personas con discapacidad y sus familiares, sino también el desarrollo social y económico de sociedades enteras, en las que una buena parte del potencial humano se queda sin aprovechar, implicando un retroceso y rezago en la materia de desarrollo humano.

En 2005, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Consejo Nacional de Discriminación, 1 de cada 3 mexicanos está de acuerdo en que en las escuelas donde hay muchos niños con discapacidad la calidad de la enseñanza disminuye. Cerca del 42 por ciento de las personas encuestadas opinan que, dadas las dificultades de empleo en México, sería preferible dar trabajo a las personas sin discapacidad que a los discapacitados.

VI. Por esa razón, es importante que México mantenga dentro de la agenda nacional el tema de la discapacidad, a través de la implementación y armonización, en leyes y políticas, de los instrumentos internacionales.

Al ratificar esta convención, sus efectos serán vinculantes para los Estados parte, toda vez que los obligará a introducir cambios en sus legislaciones tendentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas discapacitadas, así como el derecho de tener acceso a la información y sistemas de salud adecuada para que puedan moverse sin obstáculos físicos ni sociales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal a firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez que se abra este proceso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo: Que la Cámara de Diputados exhorte a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a que, firmada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con sus atribuciones y compromiso con las personas con discapacidad, ratifique con la mayor brevedad dicho instrumento y se dé lugar a su armonización y aplicación en la legislación mexicana y en las políticas públicas necesarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputada Marcela Cuen Garibi (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Se toma nota por la Secretaría de su petición. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

EDUCACION SECUNDARIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a suspender la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria.

El diputado Miguel Ángel Solares Chávez:Con su venia, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SEP a suspender la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación.

El que suscribe, diputado federal Miguel Ángel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Al conocer, en agosto del año 2005, la puesta en marcha del plan piloto de la entonces llamada reforma integral de la educación secundaria (RIES), el gran historiador mexicano Álvaro Matute, miembro de número de la Academia Mexicana de Historia, advirtió que, si bien es cierto que todas las reformas se planean en los escritorios, éstas no obstante se hacen vivas en los salones de clase; pues si no es así, las transformaciones no sirven para nada, es decir, son un fracaso.

Y justamente la ahora llamada reforma de la educación secundaria (RES), implantada a partir del presente ciclo escolar 2006-2007, está destinada al fracaso, porque el magisterio nacional no la hizo suya ni desde el principio ni tampoco actualmente ya en operación.

Los maestros, quienes son la parte sustantiva de cualquier reforma educativa, por ser ellos los directamente involucrados en ponerla en práctica, han expresado públicamente su inconformidad por considerarla una imposición de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a las que les imputan haber realizado una consulta simulada entre el magisterio del país y que únicamente buscó avalar un proyecto hecho desde el escritorio y no desde la experiencia académica y docente.

A la inconformidad y el rechazo del magisterio se sumaron las voces de destacados historiadores, pedagogos, geógrafos y otros especialistas en materia educativa, por la visión estrecha y reduccionista del nuevo mapa curricular de la educación secundaria.

En un foro realizado en julio pasado por el periódico La Jornada, los ponentes coincidieron en que la reforma de secundaria nació viciada de origen, por su carácter centralista y vertical, excluyendo a los actores fundamentales del proceso educativo, esto es, maestros, alumnos y sociedad en conjunto.

También criticaron el ``ocultamiento'' en que se llevó a cabo la RES, lo que ejemplifica el ``autoritarismo'' de este gobierno, la falta de articulación en los contenidos de la enseñanza secundaria, con los niveles básico y medio profesional, y la preponderancia de contenidos curriculares ``desarticulados'', orientados a un modelo educativo globalizador y neoliberal.

Y es que, entre otras cosas, la reforma reduce a dos años la enseñanza de historia, ética y civismo, en un momento en que el proceso globalizador persigue el establecimiento de un pensamiento único y la desintegración de las identidades nacionales. Además, hay un solo curso de geografía de México y del mundo, y se compactan las materias de física, química y biología en una sola asignatura.

Otro problema del nuevo mapa curricular es que desatiende cuestiones importantes en la formación integral de los educandos, como las actividades artísticas y la educación física.

Es evidente que la educación secundaria requiere una reforma a profundidad, pero ésta debe ser planteada en otros términos, particularmente partiendo de dos elementos centrales: uno, qué país queremos y necesitamos; y, dos, qué sujetos sociales queremos formar.

En consecuencia, es pertinente que se suspenda la reforma de la educación secundaria, dado que no cuenta con el consenso del magisterio del país y existen diversos problemas en su aplicación como es el desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio por los docentes, la no entrega a tiempo de los materiales para los maestros y los cuestionamientos de especialistas y expertos por la visión reduccionista y poco integradora en la formación de los educandos.

A fin de analizar y evaluar la reforma de la SEP y plantear un proyecto incluyente y participativo, es necesario que se forme un grupo plural de trabajo integrado por todos los involucrados en el quehacer educativo, particularmente el magisterio nacional, así como especialistas en la materia de las instituciones públicas de educación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito proponer al pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita de la manera más atenta y respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, que suspenda la aplicación de la reforma de la educación secundaria, ya que no cuenta con el consenso del magisterio del país y existen diversos problemas en su aplicación, como es el desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio por parte de los docentes, la no entrega a tiempo de los materiales para los maestros y los cuestionamientos de especialistas de las disciplinas que integran el nuevo plan de estudios de secundaria.

Segundo. Asimismo, a efecto de realizar una verdadera reforma de la educación secundaria y que cuente con el respaldo del magisterio del país, se propone la creación de un grupo plural de trabajo integrado por funcionarios de máximo nivel de la Secretaría de Educación Pública, los titulares de educación de los 31 estados de la República Mexicana, los representantes de todas las expresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores y los legisladores de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. A partir de que se constituya el grupo plural de trabajo, en un tiempo no mayor de 30 días hábiles, sus integrantes establecerán conjuntamente un programa de trabajo tendente a revisar y evaluar la reforma de la educación secundaria y plantear un proyecto incluyente, participativo y académico. Para lo anterior, deberán emitir, también en el lapso referido anteriormente, una convocatoria pública y abierta a especialistas de las disciplinas involucradas en la educación secundaria.

Diputado Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica).»

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el presupuesto 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico de nivel superior en el estado de Puebla.

El diputado Mario Mendoza Cortés:Con el permiso de la Mesa; compañeras y compañeros diputados: la educación y la infraestructura, sobre todo carretera, son básicas para que un pueblo alcance su desarrollo y su crecimiento económico.

En el estado de Puebla se tiene una geografía accidentada en amplias zonas del territorio. Ello ha limitado una expansión efectiva en su infraestructura carretera y, sobre todo, en sus diversas comunidades del valle de Tehuacán Najalpan y de la Sierra Negra, donde --de acuerdo al segundo conteo del INEGI en el año 2005-- habita una población total de 472 mil 754 ciudadanos, quienes por sus actividades laborales, comerciales, tienen la necesidad de trasladarse diariamente. Sin embargo, en esta región se cuenta solamente con un eje carretero de dos carriles que van del municipio de Tehuacán al municipio de Cozcatlán, que limita con el estado de Oaxaca.

Esta infraestructura es insuficiente para el flujo vehicular y provoca caos durante los días en que el comercio alcanza su máximo auge. Esta falta de infraestructura carretera no sólo ocasiona molestias a la ciudadanía sino que afecta en gran medida a la actividad comercial de la zona y, con ello, el rezago económico de sus habitantes, sobre todo para quienes viven alejados del citado eje carretero, pues sólo cuentan con accesos de caminos rurales en mal estado.

Por ello, es necesario y fundamental para los habitantes del valle de esta región y la Sierra Negra ampliar a cuatro carriles el eje carretero estatal en el tramo comprendido de la ciudad de Tehuacán al entronque con la carretera a San Gabriel Chilac, así como el tramo carretero que va del municipio de Zinacantepec a la comunidad de San José Tilapa, municipio de Cozcatlán, límites con el estado de Oaxaca.

En lo referente a la infraestructura carretera de los municipios del estado de Puebla que se ubican dentro de la Sierra Negra, es urgente la construcción de la carretera que comunique la comunidad de Tepatzacoalco, municipio de Vicente Guerrero, con el municipio de Tehuilpango, estado de Veracruz, que beneficiará a un total de 20 mil 391 habitantes; así como la construcción de un puente que comunique a la comunidad de Tepatzacoalco, municipio de Ajalpan, con la comunidad de Tehuilpango, estado de Veracruz. Con esto beneficiaremos a un total de 54 mil 740 habitantes. Además de la pavimentación de la carretera que comunica a la comunidad de Zacacoapan, municipio de Notzochitlán con la comunidad de Temazcalapa, estado de Veracruz, beneficiando a un total de 11 mil 347 habitantes; y la pavimentación de la carretera que comunica a la comunidad del Tepeyac, municipio de Notzochitlán con la comunidad de Limonostitla, municipio de Tezonapa, estado de Veracruz.

Es oportuno señalar que en esta zona, carente en infraestructura carretera, se ha llegado al extremo de ocasionar un aislamiento intermunicipal, que hace muy complicada la comunicación de los centros de población y, por ende, la actividad económica se ve afectada, lo que conlleva a una marginación social y económica de los habitantes.

Aunado a lo anterior, en esta región del estado de Puebla hay también una carencia en cuanto a los servicios de educación superior, pues en las últimas fechas se ha registrado un crecimiento poblacional estudiantil, que a falta de espacios educativos se ve obligada a trasladarse a ciudades que tienen concentrado el servicio educativo en las ciudades más importantes, y de los cuales sólo un número limitado son profesionistas y, lo que es peor, difícilmente encuentran empleos contables. En otros casos, por la falta de recursos económicos, terminan abandonando sus estudios, lo que provoca un enorme analfabetismo en la juventud y el único recurso que les queda es emigrar a los Estados Unidos.

Ante tales circunstancias, es urgente que se destinen mayores recursos al estado de Puebla y una partida especial para que en el valle de Tehuacán y Sierra Negra, a fin de que se constituya un instituto tecnológico entre los municipios de San Francisco Altepeji, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacantepec y San Juan Ajalpa.

Es oportuno señalar también que en los próximos años el desarrollo del estado dependerá en gran medida de los programas regionales y de la aplicación de proyectos productivos que deberán elaborarse en instituciones de nivel superior mediante la investigación, el conocimiento de nuevos métodos para detonar la economía regional y, con ello, elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo anterior, y a fin de que el estado cumpla con su ineludible responsabilidad en materia de desarrollo e infraestructura carretera y educativa, solicito a esta soberanía que considere esta proposición con punto de acuerdo:

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 una partida especial dentro de lo que corresponde al estado de Puebla para la construcción de las obras prioritarias que he referido con antelación. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico de nivel superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, en el valle de Tehuacán y Ajalpan, Puebla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, un punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Antecedentes

I.Puebla presenta una geografía accidentada en amplias zonas de su territorio, lo que ha limitado la expansión y eficacia del sistema de comunicaciones carreteros, sobre todo en el Valle de Tehuacán y Ajalpan, así como otros municipios comprendidos dentro de la Sierra Negra, que presenta carencia en infraestructura carretera en gran parte de sus comunidades, al extremo de que son escasas las que comunican las cabeceras municipales.

II. El Valle de Tehuacán y Ajalpan, del estado de Puebla, esta compuesta por ocho municipios que de acuerdo con el Segundo Conteo de Población 2005, realizado por el INEGI ( Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), suman en total una población de 397 mil 26 habitantes, y su único eje carretero es el que va del municipio de Tehuacán, al municipio de Coxcatlan, que colinda con el estado de Oaxaca. Éste es insuficiente y provoca retrasos en las actividades económicas, debido a la gran afluencia de habitantes que lo transita cotidianamente al realizar sus actividades de trabajo y comercio, sobre todo para quienes viven alejados de esta vía carretera y que sólo cuentan con escasos caminos rurales.

Por ello, es fundamental desarrollar esquemas de conectividad intermunicipal con especial énfasis en las cabeceras municipales, para satisfacer la demanda actual y futura de bienes y servicios. Siendo las principales prioridades para los habitantes de ésta zona, las siguientes:

a) La ampliación a cuatro carriles del tramo carretero estatal comprendido entre Tehuacán al entronque con la carretera a San Gabriel Chilac, estado de Puebla.

b) Ampliación a cuatro carriles de la carretera estatal comprendida entre el municipio de Zinacatepec y la comunidad de San José Tilapa, Municipio de Coxcatlan, Puebla, que colinda con el estado de Oaxaca.

III. En lo que respecta a la educación superior, en el Valle de Tehuacán y Ajalpan, se ha registrado un crecimiento en la población estudiantil. En muchos de los casos los estudiantes tienen que emigrar a realizar sus estudios a ciudades que históricamente tienen concentrado el servicio educativo y en otros más, abandonan sus estudios debido a la falta de escuelas en la zona o a la falta de recursos económicos para sostenerse en las ciudades que sí cuentan con centros de estudios, lo que causa un enorme analfabetismo y escasa preparación de los jóvenes y, en el mejor de los casos, un número limitado de profesionistas que difícilmente encuentran empleo de la incompatibilidad de su perfil con las necesidades de la región.

Por ello, se requiere la creación de un tecnológico de nivel superior, descentralizado, que se constituya en opciones para atender regionalmente la demanda de los jóvenes y al mismo tiempo, generar el conocimiento para desarrollar en el futuro la economía de la zona.

El desarrollo en el estado de Puebla depende en gran medida de los programas y proyectos productivos que se elaboran en las escuelas de nivel superior, y a las investigaciones de los catedráticos y científicos dedicados a diversos temas de desarrollo. En el caso, por no existir una oferta académica universitaria que cumpla con los requerimientos del Valle de Tehuacán y Ajalpan, no se han realizado proyectos acerca de nuevos métodos para detonar la economía de la zona y por lo tanto, elevar la calidad de vida de sus habitantes; al mismo tiempo al no existir una oferta académica para los jóvenes, muchos se ven obligados a viajar a otros estados y otros abandonando sus estudios para emigrar a los Estados Unidos de América en busca de mejores oportunidades.

En ese sentido, hoy en día la prioridad de los habitantes del Valle de Tehuacán y Ajalpan, estado de Puebla, es:

La construcción de un Instituto Tecnológico Nivel Superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, que contemple proyectos acerca de métodos que ayuden a detonar la economía de la zona y así, elevar la calidad de vida de sus habitantes; con lo cual se beneficiara una población estudiantil de 8 municipio del Valle de Tehuacán, 5 de la Sierra Negra y 2 de la Sierra Mixteca, que en total suman una población de 490 mil 649 habitantes.

IV. En lo que respecta a la infraestructura carretera de los municipios del estado de Puebla, comprendidos dentro de la Sierra Negra y con la visión de un polo de desarrollo estratégico, es urgente:

La construcción de una carretera que comunique a la comunidad de Tepetzizintla, municipio de Vicente Guerrero, con el municipio de Tehuipango, estado de Veracruz, que beneficiará a un total de 20 mil 391 habitantes.

La construcción de un puente que comunique a la comunidad de Tepanzacualco, municipio de Ajalpan, con la comunidad de Tehuipango, estado de Veracruz, con la que se beneficiará un total de 54 mil 740 habitantes.

La pavimentación de la carretera que comunica la comunidad de Zacacoapan, municipio de San Miguel Eloxochitlan, con la comunidad de Temaxcalapa, estado de Veracruz, beneficiándose un total de 11 mil 347 habitantes.

V. Por ello, a fin de que el Estado dé cumplimiento a su ineludible responsabilidad en materia de desarrollo de infraestructura carretera y educativa en el nivel superior, en la zona del Valle de Tehuacán y Ajalpan, así como para los municipios ubicados en la Sierra Negra, propongo el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El déficit en la infraestructura carretera que presenta el Valle de Tehuacán y Ajalpan, tiene un impacto directo en la marginación social y económica de sus habitantes, puesto que redundan en un aislamiento que hace muy complicada la comunicación de los centros de población y por ende la actividad económica de la región se ve afectada.

Por ello, se requiere la voluntad colectiva que enfrente sistemáticamente los problemas de infraestructura carretera que permita incrementar la capacidad y la eficiencia de la comunicación de los centros de población con actividad predominantemente comercial y la conectividad de los municipios.

Igualmente, es importante destacar que la educación es el eje fundamental del desarrollo social, científico y económico, teniendo como sustento el desarrollo integral del individuo, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades, así como la formación de hábitos y valores que favorezcan su realización personal y sobre todo laboral.

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 18, establece que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés publico, por lo cual será objeto de seguimiento y evaluación, y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales.

Asimismo, el numeral 19 de la citada ley, establece que son prioritarios lo programas de educación y las obras de infraestructura de vías de comunicación terrestre.

Por ello, para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos fundamentales que emanan de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprendidos en el marco de desarrollo social, se debe asegurar el acceso al desarrollo de una infraestructura carretera y educativa para el Valle de Tehuacán y Ajalpan, así como de los municipios de Puebla comprendidos en la Sierra Negra.

Por lo que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, dentro de las partidas correspondientes al estado de Puebla, la inclusión de la construcción de un Instituto Tecnológico Nivel Superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, del Valle de Tehuacán y Ajalpan, en el estado de Puebla.

Segundo. Asimismo, se autorice para los municipios del estado de Puebla, que se encuentran ubicados en la Sierra Negra, las siguientes obras:

La construcción de una carretera que comunique a las comunidades de Tepetzizintla, municipio de Vicente Guerrero, con el municipio de Tehuipango, estado de Veracruz;

La construcción de un puente que comunique a la comunidad Tecpanzacualco, municipio de Ajalpan, con la comunidad de Tehuipango, estado de Veracruz, con la que se beneficiará un total de 54 mil 740 habitantes;

La pavimentación de la carretera que comunica la comunidad de Zacacoapan, municipio de Eloxochitlan, con la comunidad de Temaxcalapa, estado de Veracruz, beneficiándose un total de 11 mil 347 habitantes; y,

La pavimentación de la carretera que comunique a la comunidad de El Tepeyac, con la comunidad de Limonestitla, estado de Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: el derecho a la libertad de prensa y de expresión, así como el derecho a la información, son garantías constitucionales consagradas en los artículos 6o. y 7o. de nuestra Carta Magna; corresponde a los Poderes del Estado impulsar acciones que fortalezcan su pleno respeto. Pero en nuestro país estas garantías se ven seriamente amenazadas; tan sólo en el mes que llevamos de trabajo en esta legislatura, el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del PAN; José Luis Blanco Pajón, del PRI, y Carlos Navarro, del PRD, han presentado ya tres proposiciones de punto de acuerdo relacionados con agresiones a los medios de comunicación y a periodistas de distintas entidades del país.

En los últimos años se han incrementado la desaparición y agresiones a periodistas y medios de comunicación. Veinticuatro periodistas han sido asesinados y tres desaparecidos en cumplimiento de sus responsabilidades. Según estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del primero de noviembre de 2000 al 31 de julio de 2006 se han presentado 246 agresiones a periodistas. En el 2004 se registraron cinco asesinatos de comunicadores, y cuatro en lo que va de 2006, además de las tres desapariciones de periodistas, uno en Veracruz, otro en Sonora y otro más en Coahuila.

Por otra parte, podríamos señalar los siguientes casos: el de la periodista Lydia Cacho, o el del diario Noticias de Oaxaca, cuyas instalaciones están tomadas desde hace dos años; las radiodifusoras tomadas en esa misma entidad debido al conflicto que vive Oaxaca; los ataques a Por Esto, de Yucatán, al semanario Qué, de Quintana Roo, en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron granadas de fragmentación, así como al periódico Cuarto Poder, de Chiapas, y a su director, Conrado de la Cruz Jiménez; o la demanda en contra de Proceso, por el caso de Olga Wornat; o los ataques a La Jornada, San Luis, y a su director Julio Hernández.

Es importante también señalar los casos de los periodistas recientemente asesinados: Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio en Tamaulipas; Enrique Perea Quintanilla, de la revista Dos Caras, en Chihuahua; y la última desaparición de Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario El Zócalo.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Feparmex), la Federación Latinoamericana de Periodistas, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Información de la Mujer (CIMAC) dan cuenta en sus reportes de la situación que enfrenta la libertad de prensa y de expresión, así como el derecho a la información en nuestro país.

Para la Cámara de Diputados no pueden pasar desapercibidos los hechos tan lamentables que se presentan en todo el país y que las libertades de prensa y el derecho de información se encuentran en grave riesgo por la impunidad con la que actúan diversos grupos desde el poder en contra de los medios de información y de los comunicadores y periodistas.

Juan Francisco Ealy Ortiz afirmó con razón, en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en México las libertades se hayan restringidas en diversas regiones del país, donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal o incluso agreden físicamente. Esta situación no es desconocida para el proponente, en virtud en que en mi persona y en mis medios de comunicación radio y prensa, he sido sujeto de abusos de poder, auditorías amañadas, destrucción de mis instrumentos de trabajo y hasta mi encarcelamiento por un delito que nunca cometí.

La Cámara de Diputados, más allá de colores partidistas, se ha preocupado y ocupado de la situación que atraviesan los medios de comunicación y los comunicadores, de ahí que la anterior Legislatura haya constituido un grupo de trabajo para mantener una relación permanente con las instancias correspondientes y con las organizaciones de la sociedad civil, todo con el propósito de garantizar el derecho constitucional de las libertades de prensa, de expresión con el derecho a la información.

Por todo lo anterior y con fundamento a lo que establecen nuestros artículos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. El objeto de la comisión será garantizar y fortalecer la libertad de expresión, escuchando y atendiendo las proposiciones de quienes se vean amenazados en sus derechos a ejercer la garantía constitucional que consagra nuestra Carta Magna en los artículos sexto y séptimo.

Segundo. La duración de la comisión será por toda la presente legislatura y contará con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Tercero. La comisión será integrada de manera plural, por 30 diputados y diputadas, representando a todos los partidos políticos.

Suscriben esta propuesta su servidor, Humberto López Mena Cruz; el diputado Alejandro Chanona, de Convergencia; Javier González Garza, del PRD; Marina Arvizu, de Alternativa; Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza; Gloria Lavara, del Verde Ecologista; Emilio Gamboa, del PRI; y Cristián Castaño, del PAN. Es todo, señor Presidente, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el derecho a la libertad de expresión es garantía constitucional consagrada en los artículos 6o. y 7o. de nuestra Carta Magna, y corresponde a los poderes del Estado, impulsar acciones que fortalezcan su pleno respeto.

Segundo. Que en los últimos años se han incrementado las desapariciones y agresiones a periodistas y medios de comunicación. En este sexenio, más de 15 periodistas han sido asesinados en el cumplimiento de sus responsabilidades; desde los gobiernos locales se amenaza o intimida a quienes ejercen la actividad del periodismo. Una de las tareas más nobles que exigen congruencia ética y profesionalismo de quienes la ejercen.

Tercero. Que el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, reconoce en su diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en nuestro país, que los periodistas que son víctimas de ataques son quienes han denunciado las relaciones del narcotráfico con agentes oficiales y que denunciaron abusos del poder con agentes del Estado.

Que como bien señala la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en relación a los 10 principios de la libertad de prensa; Diana Daniels: ``No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo''.

Y que ``el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad''.

Cuarto. Que para la Cámara de Diputados no pueden pasar inadvertidos los hechos tan lamentables que se presentan en todo el país en el que la libertad de expresión y de información se encuentran en grave riesgo; por la impunidad con la que actúan diversos grupos desde el poder en contra de los medios de información y de los comunicadores y periodistas.

Como bien señala, Juan Francisco Ealy Ortiz, ``en México las libertades se hallan restringidas en diversas regiones del país donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal o incluso agraden físicamente''.

Por su parte, organizaciones civiles y no gubernamentales, como la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Periodismo y Ética Pública, la Fraternidad de Reporteros de México, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dan cuenta, en diversos reportes y estudios, de la grave situación que enfrentan la libertad de prensa en nuestro país.

Por citar algunos datos; según estadísticas de la CNDH, del primero de noviembre de 2000 al 31 de julio de 2006 se han presentado 246 quejas de agresiones a periodistas, mientras que en el sexenio de Ernesto Zedillo se registraron 157; en 2004 se registraron cinco asesinatos de comunicadores, en 2005, cuatro, y en lo que va de 2006, tres, además de la desaparición de dos periodistas, una en Sonora y otra en Coahuila.

Por otra parte, de los recientes ataques que se han presentado en contra de quienes se dedican a la labor periodística, podríamos señalar el caso de la periodista Lidia Cacho; el Diario Noticias de Oaxaca, cuyas bodegas siguen tomadas desde hace 24 meses; o los medios electrónicos tomados en esa misma entidad desde hace un mes debido al conflicto que prevalece en la entidad; Por Esto,de Yucatán; el semanario Qué, de Quintana Roo, en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron granadas de fragmentación.

O la demanda que en contra de Proceso, por el caso Olga Wornat se inició desde el poder; así como los ataques en contra de La Jornada de San Luis y su director, Julio Hernández.

Es importante también señalar los casos de los periodistas asesinados, Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Enrique Perea Quintanilla, de la revista Dos Caras, en Chihuahua; y la desaparición de Rafael Ortiz Martínez, reportero del periódico Zócalo, entre muchos otros.

Esta situación no es desconocida para el proponente, en virtud de que en mi persona y en mis medios de comunicación, radio y periódico, he sido sujeto, por parte de los gobiernos de Oaxaca, de ataques, cárcel y destrucción de mis instrumentos de trabajo.

De ahí que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

Quinto. Que es fundamental que la Cámara de Diputados coadyuve con las instancias correspondientes y con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el derecho constitucional de la libertad de expresión.

Sexto. Que la gravedad de la situación que enfrentan los medios de comunicación, los comunicadores y periodistas en nuestro país, obligó al gobierno federal que está por concluir su gestión a crear una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Séptimo. Que a finales de la LIX da legislatura, la Junta de Coordinación Política constituyó un Grupo de Trabajo que dio seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación; y que dicho grupo de trabajo contó con la participación de todos los grupos parlamentarios y fue un espacio que permitió que los medios de comunicación y los que ejercen la actividad del periodismo pudieran hacer llegar sus denuncias y quejas en contra de quienes atentaban contra la libertad de expresión.

Por todo lo anterior, con fundamento en lo que establece el artículo 93 Constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1 y 43 párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. El objeto de la comisión será garantizar y fortalecer la libertad de expresión, escuchando y atendiendo las proposiciones de quienes vean conculcados su derecho a ejercer la garantía constitucional que consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 6o. y 7o.

Segundo. La duración de la comisión será por toda la LX Legislatura y contará con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Tercero. La comisión se integrará de manera plural, por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos.

Diputados: Humberto López-Lena Cruz (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Aida Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Emilio Antonio Gamboa Patrón (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Jesús Juan Abad De (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Férnel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón. (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Mmaricela Contreras Julián (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Diputados: Jesús Humberto Zazueta (rúbrica), Carlos R. Martínez Mtz. (rúbrica), Juan Darío Arreola, (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Gloria Rasgado Cosi (rúbrica), José Antonio Almazán Glz. (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Luis Herrera Solís (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Neftali Garzón Contreras (rúbrica), Rutilio Escandón C. (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Martínez, (rúbrica), Martha A. Tagle Mtz. (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), Layda Sansores (rúbrica), Maricarmen Salvatori (rúbrica), Joaquín C. de los Santos M. (rúbrica), Daisy Selene Hernández, Itzxcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Armando Barreiro (rúbrica), Lourdes Alonso F. (rúbrica), Diodoro Carrasco, Irineo Mendoza (rúbrica), Moisés Dagdug Lützow (rúbrica), Aleida Alvarez Ruiz (rúbrica).»

Presidencia diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Lena. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CALENDARIO DE PROCESOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede la palabra al diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas legislaturas locales a modificar sus procesos electorales, de manera que coincidan las elecciones locales y federales.

El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez:Con su venia, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas legislaturas locales a modificar sus procesos electorales de manera que éstos coincidan con los federales.

José Guillermo Velázquez Gutiérrez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo a través del cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a modificar el marco normativo de sus procesos electorales locales, a efecto de que coincidan con los federales.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

México ha dado pasos firmes en la transición a la democracia, pero no es suficiente. La consolidación de un régimen democrático, representativo, legítimo y eficaz requiere que incrementemos los esfuerzos; Existe entre los partidos políticos plena conciencia de la necesidad de dar los pasos pendientes, empezando por atender los reclamos ciudadanos contra el despilfarro en los procesos electorales, obteniendo con esto beneficios que se consoliden con altos niveles de participación, legitimidad, efectividad y austeridad.

Nada más urgente que legitimar la vida política; que devolver a la política su prestigio y dignidad. Hay la voluntad colectiva de realizar las acciones necesarias, aun y cuando éstas obliguen a una mayor austeridad de los partidos y las campañas, así como a reglas estrictas de transparencia en la vida interna de los partidos políticos.

Para el Partido Acción Nacional, las bondades de las elecciones concurrentes son evidentes. Basta comparar el costo de los comicios federales y los locales con las partidas presupuestales de gasto social para percatarse de que la democracia en México cuesta demasiado a los mexicanos: las elecciones presidenciales de 2000 costaron 3 mil 197.3 millones de pesos, el equivalente a una cuarta parte del presupuesto total para salud o una cuarta parte del presupuesto total para desarrollo social.

Homologar los comicios generaría, por lo menos en el área de capacitación, ahorros hasta de 50 por ciento.

Por ello hemos impulsado la inclusión de las elecciones concurrentes en artículos de opinión, agenda legislativa e incluso en una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2004.

Para consolidar los avances alcanzados en la transparencia, equidad e imparcialidad de las elecciones, que han permitido avances indudables en la transición democrática, es indispensable llevar a cabo un trabajo coordinado con las legislaturas locales tomando en cuenta la experiencia nacional y las internacionales, conforme al principio de austeridad, con el objetivo de reducir a la sociedad el costo de la organización de las elecciones y de la política. Con la excepción de Estados Unidos, México es el país que más gasta en los procesos electorales. El alto costo anual es un factor que contribuye a deslegitimar el proceso político en un país con tantas carencias sociales y desigualdades económicas.

No puede concebirse que un país con grandes carencias y diferencias destine a los partidos políticos y a sus campañas tantos recursos.

Países como España y Costa Rica han reducido el costo de las elecciones repartiendo el financiamiento entre su gobierno central y los autónomos.

En nuestro país, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora han llevado a cabo elecciones concurrentes. Asimismo, Yucatán, Michoacán y Oaxaca reformaron sus ordenamientos constitucionales para hacer coincidir las elecciones locales con las federales, a pesar de que los gobiernos de esas entidades emanaron de diferentes partidos políticos.

Las elecciones generan sin duda desgaste en la población, pues durante meses las campañas se encuentran de manera permanente en los diversos medios de comunicación masiva, así como en diversos productos publicitarios.

Durante décadas, los ciudadanos de 22 entidades federativas han sido convocados a las urnas entre 3 y 5 veces en un periodo de 6 años. Esta constante competencia genera polarización, desgaste, parálisis gubernamental y gastos millonarios.

En este contexto, nos vemos motivados a impulsar la concurrencia electoral, ya que estamos convencidos de que con menos elecciones el ambiente será más propicio para construir los acuerdos necesarios para el desarrollo del país.

Aunado a eso, en un sistema democrático la participación social desempeña un papel preponderante. Por ello, los actores políticos debemos generar condiciones para abatir el abstencionismo. Los estados cuyos procesos electorales coincidieron con la reciente elección federal incrementaron la participación ciudadana hasta en 15 por ciento.

Requerimos una democracia que represente más, pero que cueste menos. La constante organización y desarrollo de las jornadas electorales encarece el costo por elector.

La concurrencia de elecciones locales con las federales permitirá celebrar comicios sólo cada tres años, generando sinergias entre los organismos electorales federales y los locales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión formula un atento y respetuoso exhorto para que las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas modifiquen el marco normativo de sus procesos electorales para hacer coincidir sus elecciones locales con las federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Velázquez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

AGUAS SUBTERRANEAS NACIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Soledad López Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales.

La diputada Soledad López Torres:Buenas tardes; con su venía, señor Presidente: proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales.

Consideraciones: a nuestro planeta se le ha denominado el planeta azul, debido a la importante presencia del vital líquido en su superficie. Tres cuartas partes del mismo están cubiertas por agua. De este gran total de agua, el 94 por ciento se ubica en mares y océanos, cuatro por ciento son aguas subterráneas, dos por ciento lo constituyen las aguas congeladas de los polos y glaciares, mientras que un insignificante porcentaje, menos del 01.0 es el agua superficial. Es decir, el agua que se encuentra en arroyos, ríos y lagos, en la atmósfera y en todos los seres vivos.

De lo anterior, resulta obvio darnos cuenta que la reserva más importante de agua dulce para la humanidad es el agua subterránea. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, durante los próximos 20 años la población mundial crecerá exponencialmente, no así las reservas mundiales del vital líquido. Se calcula que mil 500 millones de seres humanos no tienen acceso a fuentes de agua potable.

Estas mismas fuentes aseguran que para el año 2030 más de 47 por ciento de la población mundial enfrentará terribles penurias por la falta del vital líquido; sólo dispondrán de reservas los países del norte de Europa, Canadá, Alaska, América del Sur, África Central, Rusia y Oceanía, el resto del mundo --incluidos México, Estados Unidos y China-- tendrá grandes problemas para obtener el vital líquido.

En nuestro país, 85 millones de habitantes dependemos casi totalmente del agua subterránea para beber, para el consumo domestico, el riego agrícola, el consumo animal y el uso industrial, y esto pone de manifiesto la tremenda importancia del agua subterránea en el bienestar y salud de los mexicanos, así como en la seguridad de producción de alimentos y desarrollo humano y económico.

No debemos pasar por alto que a esto se agrega que el 60 por ciento del territorio nacional es árido y semiárido: zonas norte y centro de México. Esto significa que la disponibilidad de agua superficial es muy limitada, mientras que el agua subterránea representa casi exclusivamente la única fuente disponible de agua.

Lo anterior se agrava con la gran cantidad de denuncias de corrupción formuladas por las diversas organizaciones no gubernamentales, particulares, así como organismos operadores que mencionan que, debido a la discrecionalidad que la Ley Nacional de Aguas otorga en todo lo relativo a la obtención de concepciones para perforación, extracción y uso de aguas subterráneas, descarga de aguas residuales y otros más análogos.

Además de que los mentados Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) han resultado inoperantes, al ser meramente decorativos y sus decisiones sin fuerza vinculada para las partes portal, es urgente que de la aprobación de la presente propuesta se presenten a esta soberanía elementos idóneos, prácticos, pertinentes y democráticos para que a la luz de los mismos estemos en posibilidades reales de hacer frente a la demanda de agua limpia y de calidad para todas y todos los mexicanos.

Por lo anterior, y dada la importancia del tema, me permito presentar ante este Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se constituya una Comisión Especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, en particular para dar seguimiento y evaluación al manejo de las aguas nacionales y elaborar propuestas legislativas para solucionar dicha problemática, así como la conservación y preservación de aguas subterráneas nacionales.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que para el efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial tendrá una vigencia de 24 meses; para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La comisión especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

Asimismo, solicito a esta soberanía se someta como de obvia o pronta resolución este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, a cargo de la diputada Soledad López Torres, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe diputada federal María Soledad López Torres, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. A nuestro planeta se le ha denominado ``el Planeta Azul'', debido a la importante presencia del vital líquido en su superficie, tres cuartas partes del mismo están cubiertas por el agua. De este gran total de agua el 94 por ciento se ubica en mares y océanos, un 4 por ciento son aguas subterráneas, 2 por ciento lo constituyen las aguas congeladas de los polos y glaciares; mientras que un insignificante porcentaje (menos del 0.01 por ciento) es el agua superficial, es decir, el agua que se encuentra en arroyos, ríos y lagos, en la atmósfera y en todos los seres vivos. De lo anterior resulta obvio darnos cuenta que la reserva más importante de agua dulce para la humanidad es el agua subterránea. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los próximos veinte años la población mundial crecerá exponencialmente, no así las reservas mundiales del vital líquido. Se calcula que 1,500 millones de seres humanos no tienen acceso a fuentes de agua potable. Por esta causa, en el mundo diariamente mueren 34,000 personas, principalmente menores de edad, a un ritmo apocalíptico: cada 8 segundos muere un niño. De hecho, enfermedades que se relacionan con la mala calidad del agua como son el cólera, la tifoidea, disentería, poliomielitis, hepatitis A y E, flourosis, cáncer y meningitis entre otras, constituyen las principales causa de mortandad en el mundo, aún por encima del sida.

2. Estas mismas fuentes aseguran que para el año 2030 más del 47 por ciento de la población mundial enfrentará terribles penurias por la falta del vital líquido; sólo dispondrán de reservas los países del norte de Europa, Canadá, Alaska, América del Sur, África Central, Rusia y Oceanía. El resto del mundo, incluido México, Estados Unidos y China tendrán grandes problemas para obtener el vital líquido.

3. En nuestro país 85 millones de habitantes dependemos casi totalmente del agua subterránea: para beber, consumo doméstico, riego agrícola, consumo animal y uso industrial. Esto pone de manifiesto la tremenda importancia del agua subterránea en el bienestar y salud de las y los mexicanos, así como en la seguridad de producción de alimentos y desarrollo humano y económico. No debemos pasar por alto que a esto se agrega que el 60 por ciento del territorio nacional es árido y semiárido (zonas norte y centro de México), esto significa que la disponibilidad de agua superficial es muy limitada, mientras que el agua subterránea representa, casi exclusivamente, la única fuente disponible de agua.

4. Estudios realizados en 1998 en el Valle de México y otras regiones de nuestro país generaron una alerta sobre el flujo de sales hacía los acuíferos. Se corre el riesgo de que una gran cantidad de sales presentes en el agua de poro de los acuitardos lacustres, tres veces mas concentrada que el agua de mar, y desde luego no apta para consumo humano, lleguen progresivamente al acuífero, lo cual anularía varias fuentes primarias de abastecimiento de agua para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y para zonas muy importantes en los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro entre otros. Con más de 300 puntos de medición han detectado algunas regiones en la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato donde aparentemente ese tipo de agua ya está llegando. El impacto no es muy rápido pero si progresivo, donde empiezan a aparecer algunas sales como bicarbonatos, cloruros y sodio. El límite máximo de los cloruros para uso potable es de 250 mg/l para sodio; mientras que en el acuitardo se encuentran concentraciones cientos de veces más altas. Ya es visible la presencia de material blanco que tapa las regaderas y que cuando hierve el agua, deja un residuo. Estos son los primeros arribos de los bicarbonatos; detrás de ellos viajan otros elementos como podrían ser compuestos de nitrógeno y boro. Este último se encuentra hasta en 50 mg/l y el límite máximo para uso potable es de 1 mg/l; ya están saliendo pozos con estas nefastas características en Tláhuac e Iztapalapa, en la zona metropolitana; en el estado de Guanajuato presentan serios problemas de abastecimiento debido a contaminación y/o salinización algunos municipios como Pénjamo, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, y en municipios del estado de Querétaro como son Querétaro capital, San Juan del Río, Pedro Escobedo entre otros. En Iztapalapa, en la zona metropolitana del DF, han tenido que instalar plantas de tratamiento a pie de pozo. Todo ello sin contar con el alarmante abatimiento de los acuíferos de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila y demás a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

5. Lo anterior se agrava con la gran cantidad de denuncias de corrupción formuladas por diversas ONG's, particulares así como organismos operadores que mencionan que debido a la discrecionalidad que la Ley Nacional de Aguas otorga en todo lo relativo a la obtención de concesiones para perforación, extracción y uso de aguas subterráneas, descargas de aguas residuales y otros más análogos, además que los mentados Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) han resultado inoperantes al ser meramente declarativos y sus decisiones sin fuerza vinculativa para las partes, por tal es urgente que de la aprobación de la presente propuesta se presenten a esta soberanía elementos idóneos, prácticos, pertinentes y democráticos para que a la luz de los mismos, estemos en posibilidades reales de hacer frente a la demanda de agua limpia y de calidad para todas y todos.

Por todo lo anterior y dada la importancia del tema, y por considerarse de urgente y obvia resolución nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se constituye una Comisión Especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, en particular para dar seguimiento y evaluar el manejo, otorgamiento y efecto de las concesiones a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales y elaborar propuestas legislativas para solucionar dicha problemáticas, así como la conservación y preservación de las aguas subterráneas nacionales.

El objeto de la Comisión Especial será el que derive de su denominación.

Para el cumplimiento de su objeto, dicha Comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto.

Segundo.La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.

La Comisión Especial contará con una Mesa Directiva, que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La Comisión Especial tendrá una vigencia de 24 meses, para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

Cuarto. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Diputada María Soledad López Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Soledad López. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA EL CAMPO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Campo.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Con su permiso, señor Presidente. Nuestro campo está siendo avasallado por los efectos de la globalidad y la marcada desigualdad en el desarrollo regional, que ha propiciado el atraso, la marginación y la exclusión social de la mayoría de las familias del campo.

Durante décadas, los programas gubernamentales no han contenido elementos programáticos ni presupuestales suficientes que fomentaran el desarrollo económico y social del campo mexicano; ello ha obligado a millones de campesinos a abandonar sus tierras y en muchos casos, a sus familias. Esta situación se agrava más, principalmente entre la población indígena, al no contar en sus lugares de origen con ninguna alternativa de subsistencia; ante esta realidad, prácticamente este extracto de la sociedad está siendo expulsado a las grandes ciudades, donde han pasado a formar parte de los cinturones de miseria, o bien han emigrado hacia el extranjero en calidad de indocumentados, arriesgando su vida y en muchos casos muriendo en el intento.

A partir de los años sesenta y principios de los ochenta, el gobierno implantó algunos programas para lograr la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos, pero sólo se quedó en buenas intenciones. Durante los años noventa se llevaron a cabo las modificaciones del artículo 27 constitucional y se establecieron la globalización y la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, causando daños a la agricultura social, principalmente por la falta de programas para la reactivación productiva y subsidios diferenciados que permitieran la competitividad del sector ante nuestros socios comerciales de América del Norte.

Derivado de lo anterior, es importante destacar que las reformas constitucionales y la apertura comercial han causado graves estragos a la agricultura tradicional y de subsistencia del país, que ocupan la mayor parte del suelo destinado a fines agropecuarios, mientras que por otra parte fue favorecida una minoría de agricultores que concentran la mayor parte de las exportaciones de productos agropecuarios.

Para lograr lo anterior se requiere un Estado activo en la economía, fundamentalmente como promotor. En este tema, los integrantes de esta soberanía tenemos mucho que hacer; debemos tener el compromiso ineludible en la lucha por la soberanía alimentaria; así nos comprometimos y así tenemos que cumplir.

Revisar a fondo, muy a fondo, las reglas de operación de estos programas, que pareciera que están diseñados más para productores adinerados que para la generalidad de los productores del país.

La constitución de la comisión especial para el campo se justifica plenamente por las siguientes razones:

1o. Que el Acuerdo Nacional para el Campo es el primer instrumento en la historia del país producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el gobierno federal para construir una política de Estado para el campo.

2o. Que la mayor parte de la sociedad rural, funcionarios federales, estatales y municipales desconocen la existencia del Acuerdo Nacional para el Campo.

El punto de acuerdo que propongo es el siguiente:

Primero. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo durante la vigencia de la LX Legislatura.

Segundo. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo, con objeto de dar seguimiento y vigilar los recursos destinados al campo a lo estipulado en el Acuerdo Nacional para el Campo y en la Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable.

Tercero. La Comisión Especial para el Campo se integrará con 30 diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule el Pleno de los diputados de la Junta de Coordinación Política.

Compañeros y compañeras diputadas: convoco a todas las expresiones políticas en este Congreso Legislativo a que construyamos un solo frente; el tema del campo no tiene partido ni tiene colores. Los diputados del PRI y los diputados, en lo particular de la CNC, somos congruentes con nuestro compromiso histórico; lo seguiremos siendo, haremos todo lo necesario; tenderemos todos los puentes por el campo, porque por el campo y por la patria vale la pena.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el campo, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, para la creación de la Comisión Especial para el Campo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La realidad social del campo mexicano es totalmente distinta a la de la época revolucionara, a la de los años treinta, cincuenta e incluso de los ochenta. Nuestro campo está siendo avasallado por los efectos de la globalidad y la marcada desigualdad en el desarrollo regional, que ha propiciado el atraso, la marginación y la exclusión social de la mayoría de las familias del campo.

Durante décadas, los programas gubernamentales no han contenido elementos programáticos ni presupuestales suficientes que fomenten el desarrollo económico y social del campo mexicano.

Ello ha obligado a millones de campesinos a abandonar sus tierras y, en muchos casos, a sus familias. Esta situación se agrava principalmente entre la población indígena, al no contar en sus lugares de origen con ninguna alternativa de subsistencia. Ante esta realidad, prácticamente este extracto de la sociedad está siendo expulsado a las grandes ciudades, donde ha pasado a formar parte de los cinturones de miseria; o bien, ha emigrado hacia el extranjero en calidad de indocumentado, arriesgando su vida y --en muchos casos-- muriendo en el intento.

A partir de los años setenta y principios de los ochenta, el gobierno implantó algunos programas para lograr la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos, pero sólo quedó en buenas intenciones.

Durante los años noventa se llevaron a cabo las modificaciones del artículo 27 constitucional y se establecieron la globalización y la apertura comercial, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), causando graves daños a la agricultura social, principalmente por la falta de programas para la reactivación productiva y subsidios diferenciados que permitieran la competitividad del sector ante nuestros socios comerciales de América del Norte.

Derivado de lo anterior, es importante destacar que las reformas constitucionales y la apertura comercial han causado graves estragos a la agricultura tradicional y de subsistencia del país, que ocupan la mayor parte del suelo destinado a fines agropecuarios, mientras que --por otra parte-- fue favorecida una minoría de agricultores que concentra la mayor parte de las exportaciones de productos agropecuarios.

Actualmente, el campo mexicano se caracteriza por una amplia heterogeneidad productiva y una grave dispersión social, con una economía en peligro de generar estallidos sociales y un marcado deterioro de los recursos naturales. A lo anterior se suma un arraigado minifundismo de la tierra ejidal, amplias regiones en pobreza extrema y niveles vergonzantes de desnutrición.

Para lograr lo anterior se requiere un Estado activo en la economía, fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado, con una visión integral de largo plazo que contribuya al desarrollo rural, integral y sustentable, con especial atención a las regiones marginadas y excluidas donde sobreviven los mexicanos en pobreza extrema. Un Estado responsable, eficaz, evaluable por sus resultados, solidario con la sociedad rural, honesto en el manejo de los recursos públicos y comprometido con la organización para el desarrollo rural de los productores.

Estos compromisos económicos y sociales fueron plasmados en la Constitución Política de 1917, manteniéndose vigentes hasta la fecha.

El artículo 25 constitucional registra las siguientes obligaciones del Estado mexicano:

1. La rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

2. El fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución de la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

3. El sector público, el sector social y el sector privado concurrirán con responsabilidad social.

4. Bajo criterios de equidad social y productividad apoyará o impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía.

5. La reglamentación de los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos, las comunidades agrarias y los trabajadores.

Por su parte, la fracción XX del artículo 27 constitucional insiste en que

a) El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra.

b) Expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Del año 2000 a la fecha, los acontecimientos más importantes para el campo han sido la publicación de la Ley de Desarrollo Rural y del Acuerdo Nacional para el Campo.

La Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable fue concebida como el marco jurídico para iniciar un proceso dirigido a mejorar las condiciones económicas y sociales del campo, pero requiere, en primer término, que se expida su reglamentación, donde se establezcan los sistemas, servicios y fondos que se mandatan, la estructura de coordinación y el Programa de Soberanía Alimentaria, en los cuales poco se ha avanzado y además es necesaria su revisión para proveer los objetivos de la reactivación productiva del minifundio y el desarrollo rural integral en beneficio de las familias que viven principalmente en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Acuerdo Nacional para el Campo, que se presentó como la mejor opción operativa para la reactivación del medio rural en lo inmediato y a mediano y largo plazos, aún no ha logrado llevar a cabo las acciones sustantivas que permitan la redefinición de las políticas del campo contenidas en él, principios rectores, reforma estructural y la soberanía alimentaria; además, están pendientes importantes aspectos, como:

a) Redefinición de políticas de fomento productivo, desarrollo económico y desarrollo social;

b) Agenda legislativa integral;

c) Planeación;

d) Prioridad del presupuesto agropecuario y presupuestos multianuales; y

e) Redefinir los porcentajes de apoyo de los programas para los militantes de las organizaciones campesinas firmantes del acuerdo.

En materia de intercambio comercial, no se ha realizado el análisis del impacto del TLCAN en el sector agropecuario y menos su revisión como se estableció en el Acuerdo Nacional para el Campo, ni la definición de la política de cupos de importación, y lo mismo sucede en la defensa contra prácticas desleales de comercio y en lo referente a las negociaciones comerciales internacionales y en los planteamientos de cooperación internacional.

Para el financiamiento al campo no hay disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir el sistema financiero rural que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata, y en el análisis actual destacan las quejas sobre la limitada operación de la Financiera Rural, el fuerte apoyo financiero que los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) otorgan a la banca comercial y la poca disposición de éstos para apoyar a los pequeños productores con potencial productivo, y la poca disposición de los FIRA para abrir a los productores sus opciones de intermediarlos financieros exitosos (agentes Procrea). Destaca el exceso de recursos que maneja el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y los pobres resultados que presenta.

Consideraciones

La constitución de la Comisión Especial para Campo se justifica plenamente por las razones siguientes:

Primera. Que el Acuerdo Nacional para el Campo es el primer instrumento en la historia del país, producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el gobierno federal para construir una política de Estado dirigida al campo y su vigencia se estableció durante toda la administración del Presidente Vicente Fox.

Segunda. Que la mayor parte de la sociedad rural, así como los funcionarios federales, estatales y municipales desconocen la existencia del Acuerdo Nacional para el Campo; por esta razón es de suma importancia que la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para el Campo, lleve a cabo un amplio programa de difusión del acuerdo.

Tercera. La participación de la sociedad civil quedó de manifiesto en los tres foros regionales, el taller de evaluación realizado en las instalaciones de la honorable Cámara y en los trabajos de evaluación donde participaron académicos, investigadores, dirigentes sociales y de la iniciativa privada, y la representación de los gobiernos estatales a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, que sin duda vendrán a contribuir de manera significativa para la construcción de una política de Estado para el campo mexicano.

Cuarta. Que los avances en el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo por parte de las dependencias federales encargadas de su ejecución son aún muy limitados.

Quinta. Que los legisladores federales, más allá de las diferencias ideológicas y posturas políticas, alcancen consensos para atender al campo mexicano.

Sexta. Es importante que el Pleno de la honorable Cámara de Diputados considere la constitución de la Comisión Especial para el Campo a fin de establecer los mecanismos que nos permitan avanzar de manera urgente en las reformas estructurales y al marco legal para el sector agropecuario, por ello;

Séptima. Que debe existir una instancia de la honorable Cámara de Diputados que se encargue de la evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, del avance en las reformas estructurales y la adecuación del marco jurídico para el campo mexicano, en concurrencia y con pleno respeto a los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal, entidades federativas y Comisiones Unidas del Sector Agropecuario de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales a la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo durante la vigencia de la LX Legislatura.

Segundo. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo, con objeto de dar seguimiento y vigilar los recursos destinados al campo, a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo y en la Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable.

Tercero. La Comisión Especial para el Campo se integrará con 30 diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. --- México, DF, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Escajeda. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial para atender los problemas de marginalidad y atraso en la delegación Iztapalapa.

El diputado David Mendoza Arellano:Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: vengo a hacer uso de esta tribuna para traer la voz de un conjunto de comunidades de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que por sus condiciones específicas, enfrentan un grave problema de pobreza extrema.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en que se encuentran las familias de la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa.

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Revertir la marginación social es un compromiso pendiente del Estado con los que menos tienen. No obstante el esfuerzo de algunos gobiernos, que han puesto el acento de su trabajo en el combate a la pobreza, existen en la Ciudad de México, y particularmente en la zona de Cabeza de Juárez, en la delegación Iztapalapa, comunidades que albergan a miles de familias en condiciones de pobreza extrema.

El hacinamiento, la precariedad de las viviendas y la falta de oportunidades han puesto a estos mexicanos en una condición de miseria que lesiona su dignidad y los expulsa de la perspectiva del desarrollo y del progreso.

La esperanza y el anhelo de un patrimonio ha llevado a estas familias poseedoras de diversos inmuebles originalmente propiedad del Gobierno del Distrito Federal y desincorporados en su favor, a emprender un largo camino que, a través de su propia organización, les permitió obtener el reconocimiento de su derecho posesorio y, por tanto, la certeza jurídica de su propiedad.

Este reconocimiento fue expresado en el convenio suscrito entre el Gobierno del Distrito Federal y las comunidades de la zona de Cabeza de Juárez en el año 2001. En dicho convenio también se estableció el compromiso del gobierno de otorgar créditos para la sustitución y mejoramiento de vivienda; concluir los trámites de regularización de tenencia de la tierra, así como la dotación de los servicios urbanos más indispensables. Por su parte, la comunidad se comprometió a contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad.

A casi ya cinco años de haberse suscrito ese convenio, en gran parte no ha sido cumplido por el gobierno de la Ciudad de México. El problema de la pobreza no es un asunto que debamos resolver por caridad, buena voluntad o generosidad. Necesitamos hacer frente a este problema con programas integrales porque la marginación representa una amenaza a la integridad de las personas, que comienzan perdiéndose a sí mismas y terminan por descomponer su entorno.

Es amedrentadora la idea de imaginar que los códigos de conducta de los reclusorios se trasladen hasta nuestras calles. La marginalidad en la que se encuentran miles de familias en Iztapalapa representa no sólo una grave situación precaria, sino también una señal de alarma que debe consternarnos y alertarnos.

Las familias que habitan en la zona de Cabeza de Juárez se encuentran en un estado de emergencia y la atención a este problema no puede postergarse.

Por eso vengo hoy a esta tribuna a solicitar, con fundamento en los artículos 25, 26 y en el 122, base segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Gobierno del Distrito Federal, que instrumente un programa de desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de Cabeza de Juárez, y que en dicho programa se establezcan metas, flujo de recursos y plazos de cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con profundo respeto a la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso del Distrito Federal y en especial de las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez en Iztapalapa, en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2006.--- Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica).»

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mendoza.Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que lleve a cabo una investigación sobre la construcción de un puerto de cabotaje y altura en el estado de Baja California.

El diputado Emilio Ulloa Pérez:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: quiero, en el marco del fundamento y lo expuesto en el artículo 71, fracción II, de la Carta Magna, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo y, de entrada, solicito que este texto que voy a entregar sea incluido en el Diario de los Debates; por favor, porque es un documento bastante amplio; y me quiero referir al tema: Baja California, en la frontera con Estados Unidos, un asunto grave, delicado; una entidad que se ha desarrollado con la desmedida ambición de funcionarios públicos y de inversionistas extranjeros.

Es por ello que ahí, en Baja California, quienes son de allá, diputados del Partido Acción Nacional, estarán informados de que se está haciendo un puerto de altura, un centro marítimo multimodal, el más grande México y el tercero más grande del mundo, después de Singapur y Hong Kong, y hay una inversión calculada de 15 mil millones de dólares.

Este proyecto marítimo se denomina Punta Colonet; se pretende construir una terminal de contendores de casi seis millones en un plazo de seis años; porque, como ustedes saben, en Long Beach y California hay problemas para que la marina mercante pueda entregar productos; tardan días en mar abierto, en alta mar, para poder tener un espacio y descargar el resto. Pero lo grave es que cada día que no pueden descargar cuesta a estas empresas 50 mil dólares al día, y entonces tenemos una saturación; esto es correcto, la inversión que se está haciendo, el grave problema es quiénes lo están haciendo.

Y aquí sale el personaje: Ernesto Ruffo Appel, quien actualmente, siendo gobernador y comisionado para asuntos de la frontera norte, con la ambición desmedida y asociado, por cierto, con un ex diputado federal, César Patricio Reyes Roel, quien hoy es el coordinador general de Puertos y Marina Mercante del estado, su socio. Aquí hay documentos que comprueban la participación de Ruffo Appel en estos negocios.

Y tiene asociación con una empresa que todos conocemos, porque es una empresa que tiene inversión en los cuatro puertos más importantes de este país: Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico, Hutchison Port Holdings; esta empresa, cuyo dueño es un magnate multimillonario asiático, está haciendo el negocio de su vida, y es por ello que tenemos que investigar qué se está haciendo con nuestros litorales.

Y, por cierto, esta empresa perdió una licitación en Lázaro Cárdenas, pero a la que ganó, a los dos meses le compró el 51 por ciento de las acciones. Estos son los negocios que hacen los panistas; estos son los honorables, los legítimos, los que dicen que no hacen negocios sucios. Y aquí están las pruebas, por eso tengo el documento y les quiero decir que son más de 20 hojas que he entregado con la comprobación pertinente.

Y además, el bandido de Ruffo Appel está planteando construir un aeropuerto internacional de carga, imagínense, y él es socio, aparece con los documentos de la empresa Puerto Colonet, Infraestructura; esto es lo delicado, cómo un funcionario se enteró de esta situación y utilizó y compró, fíjense el dato, cuánto compró, cuántas hectáreas compró. Esto es lo delicado que tenemos cuando Ruffo Appel adquirió mil 315 hectáreas, a un costo de tres millones de dólares, y actualmente estos terrenos están valuados en más de 100 mil millones de pesos. Es decir, el negocio de la vida.

Es por ello que necesitamos que los panistas nos apoyen para que investiguen a este bandido, que por cierto es senador suplente. ¿Y por qué se puso de senador suplente? Para cubrir su fuero, para que no se le hiciera nada, pero ya lo detectamos y lo estamos investigando.

Por eso, como punto de acuerdo, quiero concluir diputadas y diputados, gracias por su atención:

Primero. Que la LX Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, en todo lo relativo a la construcción de un puerto de cabotaje y altura en la zona denominada Punta Colonet, municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, y se resguarden los principios de legalidad, equidad, parcialidad y transparencia; así como la seguridad nacional y los intereses superiores de la nación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido respeto al orador y le pido al diputado que concluya, por favor.

El diputado Emilio Ulloa Pérez: Concluyo, señor Presidente.

Segundo. Se cite al secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes de esta soberanía del grado que guarda el proyecto para la construcción del puerto Punta Colonet, en Ensenada, Baja California; así como del procedimiento que se utilizó para asignar la realización del proyecto ejecutivo y el monto de su valor y se informe de dónde salieron los recursos financieros. Yo sé que esto no les gusta, diputados, pero hay que decirlo y espero que lo reconozcan y lo entiendan. Muchas gracias, muy amables.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno en la construcción de un puerto de cabotaje y altura en Punta Colonet, Baja California, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del PRD

Diputado Emilio Ulloa Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de mis compañeros de bancada, ante Ustedes, respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su relación con los artículos 50 fracción II, 58 fracciones I, II, III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea deliberativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre la intervención de los particulares extranjeros en ocasión de la construcción de un puerto marítimo en la zona conocida como Punta Colonet, en el estado de Baja California.

Sustento mi exposición en las siguientes consideraciones de:

Hechos

Baja California es de nuevo centro de atención de los intereses de los consorcios internacionales y sus patiños locales que buscan. aprovecharse de su ubicación estratégica, para desarrollar ambiciosos proyectos, donde el bienestar de los bajacalifornianos, la seguridad y el interés nacional, es lo que menos les interesa. El único interés de quienes hablan de los proyectos trasnacionales en nuestro territorio es el de la ganancia, sobre la base de utilizar a Baja California, como el trampolín para abastecer de energéticos y mercancías al mercado americano. En la definición de impulsar la construcción del proyecto del puerto en Punta Colonet, la situación de los puertos de California ha sido un factor determinante.

En esta estrategia, los gobiernos panistas, tanto el federal como el estatal, se asumen como gerencias de paso, funcionales a los intereses de las grandes corporaciones. De gobernantes pasan a ser empleados de las mismas, poniendo al servicio de ellas, la información que les brinda su paso por las dependencias públicas. El proyecto para instalar en Punta Colonet un desarrollo portuario e industrial, es uno de los ejemplos de esta conducta.

Sin embargo por sus implicaciones políticas nacionales e internacionales, lo damos a conocer, dado que de continuar el proyecto por la ruta diseñada por la codicia de la casta panista gobernante, conlleva un grave riesgo para la nación. Por ello el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de recuperar para el país la conducción del proyecto y ponerlo al servicio de los intereses nacionales.

Esta es la historia que, desde luego, una investigación más exhaustiva, sin duda alguna, arrojaría abundantes datos sobre los sujetos y empresas aquí denunciados.

El contexto:

El Estado de Baja California tiene una superficie de 71 mil 576 Km²; 230 kilómetros de frontera con USA, mil 555 kilómetros de frontera marítima; 880 Kms de litorales por el lado del pacífico y 675 Kms en el Golfo de California. Tiene el 13.42 por ciento de los litorales de México.

Es el segundo estado del país con mayor número extensión marítima, donde se encuentran ubicadas numerosas islas entre las cuales destacan, las Islas Coronado, Guadalupe, Cedros y Ángel de la Guarda.

La sierra de Baja California surca el estado de norte a sur, aunque cambia de nombre; primero es Juárez y luego se convierte en San Pedro Mártir. Al noroeste se localiza la cuenca baja del Río Colorado.

Las principales especies marinas son el delfín, la totoaba, el dorado, la ballena gris, la orca, la caguama, la foca y el león marino. En las zonas montañosas habita, el puma, el venado, el berrendo y el borrego cimarrón. El alto golfo de California y el delta del Río Colorado son parte de la reserva de la biósfera.

Los municipios del estado son Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito que albergan a una población de 3 millones de habitantes.

El crecimiento poblacional del estado, se ve incrementado por las grandes corrientes migratorias del sur y del centro del país. El número de viviendas casi se duplicó de 1990, cuando existían 362 mil viviendas, al año 2000 que registraban la cantidad de 602 mil unidades. El 92 por ciento de la población habita en zonas urbanas y el restante 8 por ciento en áreas rurales.

En el estado se ubica el 31 por ciento de la industria maquiladora del país, llegó a tener en febrero de 2001 la cifra de 820 maquiladoras, hoy tiene 573 aunque llegó a caer a 545 en agosto de 2003. El promedio de ingreso que recibe cada trabajador, es de $76,682 pesos, inferior al promedio nacional que es de $79,551. La aportación al PIB es del 3.4 por ciento. El principal sector de la PEA es el de comercio y restaurantes con el 27 por ciento, luego el sector de servicios con el 23 por ciento y en tercer lugar el de la industria manufacturera con el 19 por ciento. Cuenta con 62 mil unidades productivas que emplean alrededor de 600 mil personas. Tijuana es la ciudad con más maquiladoras.

Su potencial económico, es el pesquero, el turístico, el agropecuario, el minero, y el comercial. En cuanto a cultivos, ocupa el primer lugar en la producción de zacate bermuda, trigo grano medio, flores, tomate rojo (jitomate) río grande, trigo grano fuerte, cebollín, y tomate rojo (saladette) y segundo lugar en uva industrial y uva fruta. Los productos pesquero principales son, erizo, sargazo de mar, macarela, sardina y tiburón.

El estado tiene más de 11 mil Kms de carreteras y caminos rurales y 218 Kms de vías férreas. El 80 por ciento del turismo se desplaza por vía terrestre y el intenso flujo transfronterizo vehicular, se conecta con el sistema carretero del sur de California, lo que fomenta el flujo de mercancías y personas. La carretera de cuota Tijuana-Ensenada tiene un aforo de 12 millones de vehículos al año.

Existen 3 aeropuertos comerciales con carácter de internacionales (Tijuana, Mexicali, San Felipe) y dos militares: El Ciprés en Ensenada y el 70-76 en Tijuana. Existen además 86 pistas o aeródromos dispersos. en el territorio, entre pistas, pequeñas para el turismo y la agricultura. Las aeropistas más importantes en el sur del estado, se ubican en la Isla de Cedros, Bahía de los Ángeles, Punta Prieta, San Quintín e Isla de Guadalupe.

Baja California tiene 650 mil líneas telefónicas fijas y ocupa el tercer lugar con 18.5 por ciento por cada cien habitantes, el tercer lugar en el movimiento marítimo de cabotaje, el segundo en importancia en la recepción de pasajeros de cruceros en el país, el quinto en el movimiento de pasajeros de aviación comercial y el sexto en el movimiento de carga marítima de altura. Cuenta con 70 radiodifusoras y 27 canales de televisión y 6 garitas internacionales.

La principal fuente de abastecimiento de agua en el estado es el Río Colorado, del cual recibe 1,850 millones de metros cúbicos. El acuífero del Valle de Mexicali extrae 700 m3 así como 200 M³ de agua de los pozos de la mesa arenosa de San Luis. En el estado hay 19 plantas potabilizadoras, que junto con la planta de la Presa Abelardo Rodríguez, potabilizan el agua del Río Colorado-Tijuana y la que se capta de la misma presa. La cobertura de agua potable para la población es de 96 por ciento. El drenaje cubre un 79 por ciento del total de la población de las cabeceras municipales. El servicio de alcantarillado en Tijuana-Rosarito cubre sólo el 73 por ciento de los habitantes, siendo el más bajo del estado.

El estado se abastece de energía eléctrica de 5 centrales generadoras de electricidad, de las cuales una funciona con vapor, tres con turbotas y otra con energía geotérmica. La capacidad de producción de todas ellas es de 1,600 megawatts.

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se entregaron 7 permisos, para instalar plantas de generación de energía eléctrica con una capacidad de producción de 3 mil megawatts y 4 permisos para instalar depósitos de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en territorio y costas bajacalifornianas, cuyos productos finales son para abastecer la demanda del estado de California. Las empresas beneficiadas con estas concesiones, son Sempra Energy, Shell, Chevron, Maratón Oil y Phillips Petroleum.

Las corporaciones más grandes del mundo tienen los ojos puestos, sobre las costas de la península de Baja California.

A 130 kilómetros al sur de Ensenada, Punta Colonet cuenta con 10 mil hectáreas de terrenos planos y un canal de navegación de 17 metros de profundidad.

Muchos de las habitantes de las poblaciones receptoras de proyectos trasnacionales, carecen de múltiples servicios, mientras los gobernantes ofrecen las riquezas naturales o la ubicación de zonas estratégicas para megaproyectos de infraestructura que producen enormes ganancias monetarias a las compañías extranjeras, a cambio de dádivas y limosnas a las comunidades afectadas.

Los puertos en California

Los Puertos de Los Ángeles y Long Beach desempeñan un papel crucial al mantener y fomentar el impacto de la región de Los Ángeles en el comercio internacional y balance de pagos estadounidense. Además, los puertos proveen miles de empleos y aportan miles de millones de dólares a la economía local y nacional. De hecho, los puertos son impulsores importantes de la economía local, siendo la segunda fuente de empleo en la región integrada por los principales cinco Condados.

El puerto de Long Beach es uno de los puertos marítimos de mayor movimiento y es considerado el acceso comercial más importante entre Estados Unidos y Asia. Long Beach es el segundo puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y es el decimosegundo puerto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Si se unieran los puertos de Long Beach y Los Ángeles, serían el tercer complejo portuario de mayor actividad del mundo, después de Hong Kong y Singapur.

El puerto de los Ángeles, situado en la costa oeste, cuenta con veintinueve (29) instalaciones entre estas 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que carga refrigerada. Se encuentra en el puesto 14 del ranking portuario estadounidense. A su vez puede albergar cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto, y cuenta con un fácil acceso ferroviario para la entrega de mercancía.

No obstante su importancia estratégica en la economía norteamericana, los problemas a los que se enfrentan estos puertos, se han ido agravando en los últimos años. Congestión naval, contaminación y problemas sociales son temas, que cada día acumulan mayor número de tensiones sociales y problemas logísticos, que reclaman alternativas urgentes para ser atendidas.

Los puertos de Long Beach y Los Ángeles manejan el 40 por ciento de toda la carga que llega a Estados Unidos y el 80 por ciento de las importaciones de Asia y procesaron más de 7.2 millones de contenedores en 2005, con un valor de 260 mil millones de dólares más que cualquier otro puerto de ese país y el quinto en volumen a nivel-mundial. La congestión de la carga es el principal problemas de ambos puertos. El año pasado manejaron 14.2 millones de TEU.

En el año 2004, 50 naves provenientes de Asia con 75 mil contenedores abordo, estuvieron fondeadas hasta 6 días en el mar. Un barco parado cuesta 50 mil dólares al día. El paso de contenedores se ha incrementado en un 175 por ciento desde 1990. Esta situación es cada vez grave, dado el incremento del flujo de mercancías de importación y exportación que se moviliza en este complejo portuario.

Las navieras ya han cambiado sus rutas a través del Canal de Panamá hacia puertos de la costa este de Estados Unidos, llevando al Canal a su máxima capacidad y elevando las tarifas. Si la congestión persiste, productos fabricadas en Asia tendrían que ser embarcados a través del Canal de Suez a través del Atlántico, dijo John Isbell, director de Logística de Nike Inc.

Aproximadamente el 70 por ciento de todos los contenedores descargados en California llega de acuerdo con las disposiciones del Programa de Seguridad de Contenedores, (CSI) el cual es un programa federal que formalmente recluta la ayuda de puertos extranjeros para controlar los contenedores con destino a los Estados Unidos. Actualmente, 42 puertos extranjeros participan en el CSI. Más del 70 por ciento de los contenedores descargados en California proviene de estos puertos: un 6 por ciento de los más de 750 puertos de todo el mundo que envían contenedores a California.

El desarrollo de estrategias en materia de seguridad y respuesta en el complejo portuario de la Bahía de San Pedro requiere de la coordinación de 15 organismos estatales diferentes. Hay nueve a nivel federal, entre ellos, el Servicio de Guardacostas, Aduana y Protección Fronteriza, Inmigración y Aduana y la Administración de Seguridad en el Transporte; la Patrulla de Caminos de California y la Comisión de Tierras de California a nivel estatal; y organismos locales como los departamentos de Sheriff y bomberos del Condado de Los Ángeles, los departamentos de Sheriff y bomberos de la ciudad de Los Ángeles, los departamentos de policía y bomberos de la Ciudad de Long Beach, el Departamento de Policía del Puerto de Los Ángeles y la Patrulla del Puerto de Long Beach.

Los puertos de California han recibido una gran cantidad de fondos destinados a la seguridad a través de programas de subsidios federales. El gobierno federal ha ayudado a financiar las mejoras en la seguridad portuaria a través de un programa de subsidios, pero la participación de California en estos subsidios es mucho menor a la participación en el transporte con contenedores o incluso, al del comercio marítimo en general. Los puertos de California han recibido $150 millones del total de subsidios de $779 millones a través de tres programas el Programa de Subsidios para la Seguridad Portuaria, el Programa de Seguridad para Áreas Urbanas y Operación Comercio Seguro. Los puertos de California han recibido otros $5 millones en fondos federales autorizados por un programa de subsidios estatal.

Sin embargo, los problemas ecológicos y de seguridad persisten y agravan. La fuente mayor de contaminación del aire de Wilmington y San Pedro California, es la operación portuaria de los barcos, camiones y locomotoras, así como de las aguas negras, pinturas tóxicas y especies invasivas, despedidas por las embarcaciones, ensucian las bahías y arruinan la pesca. A pesar de su marcado interés por la defensa del medio ambiente, California, no sabe cómo cubrir los altos costos de la salud pública ocasionada por los puertos. Durante las últimas semanas ha logrado un incipiente acuerdo para reducir cuando menos la mitad de partículas de diesel y otros contaminantes que causan problemas de salud para cientos de miles de personas en la región.

El ambicioso plan a cinco años pretende reducir otros contaminantes que contribuyen a la formación de smog por un 40 por ciento, no sólo por las naves que llegan a los puertos de Long Beach y Los Ángeles, sino por los camiones, trenes y equipo pesado, necesarios para las maniobras de embarque y desembarque.

De acuerdo con el plan, los camiones de carga viejos, que emiten más contaminantes, serán sustituidos por vehículos con motores de tecnología más reciente, a través de subsidios de hasta 200 millones de dólares para que los dueños de camiones de carga, que frecuentemente trabajan por cuenta propia y carecen de los fondos para costear camiones nuevos, puedan hacerlo.

``Por primera vez, los puertos de Long Beach y Los Ángeles, junto con la Agencia de Protección Ambiental y otras entidades se han unido para apoyar una estrategia agresiva para combatir la contaminación'', dijo Beverly O'Neill, alcaldesa de Long Beach.

Entre las propuestas destaca que los cruceros y naves comerciales sean modificados para poder ``enchufarse'' a los puertos con energía eléctrica, para eliminar las emisiones de los motores de diesel mientras se encuentren anclados en Los Ángeles o Long Beach. También será un requisito que reduzcan la velocidad al entrar o salir de los puertos y utilizar combustibles con menor concentración de sulfuro.

``Ya no habrá cabida para el argumento falso de que debemos elegir entre el desarrollo económico que genere buenos empleos, o el aire limpio,'' dijo el ex gobernador, Ernesto Rufo.

Siendo Comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, Ernesto Ruffo realizó un recorrido por el puerto de Long Beach, el día 25 de septiembre del año 2002, donde se percató de las condiciones de los puertos de Los Ángeles. Acumuló información de la problemática portuaria que enfrenta la importación y exportación de mercancías, sus sistemas de operación y la demanda que tienen, pero sobre todo el potencial que significa ese negocio en los litorales mexicanos. La oportunidad la pintan calva.

El 23 de julio del año 2003, Ernesto Ruffo, argumentando motivos de salud, renunció a su cargo federal, donde pasó sin pena, ni gloria. Los temas fronterizos, los derechos humanos y los temas migratorios nunca estuvieron en la agenda del funcionario de marras.

Sin embargo su paso por esa dependencia, le permitió identificar información y establecer relaciones claves para desarrollar el proyecto del puerto en Punta Colonet, del cual hoy es uno de sus principales promotores. El día primero de abril del 2003, Cesar Patricio Reyes Roel, un oscuro y ambicioso ex diputado federal panista, asumió el 1 de abril del 2003, el cargo de coordinador general de Puertos y Marina Mercante, el cual se ha convertido en uno de los principales aliados en la estrategia de los nuevos patrones de Ruffo Appel y sus socios panistas. Es decir el Consorcio Hutchison Port Holdings (HPH), cuyo dueño es el magnate multimillonario asiático Li Ka Shing, el cual tiene en México como representante y director general, a Jorge Magno Lecona, amigo y protegido de las autoridades federales mexicanas.

La firma oriental Hutchison Ports Holding es parte del grupo Hutchison Whampoa Limited cuya facturación anual en 2004 superó los 24 mil millones de dólares, una tercera parte de ellos provino de su división portuaria, con presencia en 35 de los puertos más importantes del mundo. En los últimos años han mostrado un marcado interés por controlar el mercado de la carga marítima en el continente americano. Tienen bajo su control las concesiones de los puertos San Cristóbal y Balboa del canal de Panamá, después de la que los norteamericanos entregaron el canal, también operan el de las Bahamas y el de Buenos Aires. En México opera actualmente los cuatro puertos más importantes del país: Veracruz, Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas.

En la licitación del puerto Lázaro Cárdenas, se produjo una acción que dibuja el pantano de la vileza y la corrupción empresarial, trasnacional y gubernamental. El concurso para operar la Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas lo perdió HPH, lo ganó la Controladora y Operadora de Terminales (COTSA), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, a quienes en una clara maniobra pactada desde antes del concurso, Hutchinson Port Holding al mes de haberse adjudicado la cesión, les compró el 51 por ciento de las acciones, lo cual motivó a otra compañía concursante a demandar la nulidad de la concesión.

El 24 de octubre del presente año, la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad promovido por Stevedoring Services of América (SSA) a través de TMM Transportación Marítima Mexicana, en el expediente 18281/03-07-4, concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril del 2003, mediante el cual se declara ganador del concurso a Controladora y Operadora de Terminales,(COT) e impide que se asigne el contrato parcial de derechos a (HPH) para operar la terminal especializada de contenedores.

Las autoridades de la SCT, en lugar de acatar el fallo de los tribunales mexicanos, violando el fallo del tribunal, le permitieron operar a HPA y han respondido cancelando las operaciones portuarias de la empresa demandante (SSA) en el puerto de Cozumel. Por mucho menos que eso, el gobierno federal pretendió desaforar a López Obrador.

En medio de la crisis generada por los manejos turbios en el Puerto Lázaro Cárdenas, el administrador del mismo, Salvador Paratore García, se vio obligado a renunciar entre imputaciones de realizar serias irregularidades y fabricar beneficios comerciales, contrarios a la ley y acusaciones de apoyos financieros ilegales al PAN.

Un borrador confidencial elaborado por los servicios de inteligencia canadiense, indica que empresas del dueño de Hutchinson han estado involucradas en grandes donaciones para campañas electorales, como es el caso de Inglaterra donde donaron 1.5 millones de libras esterlinas al partido conservador y en Canadá donde entre 1991 y 1994, la empresa Hushy Oil, donó 100 mil dólares a los partidos liberal y conservador.

La parcialidad y favoritismo de las autoridades portuarias y el consorcio oriental (HPH) tiene hasta hoy razones ``inexplicables'', pero que algún día serán conocidas. Con ese grado de complicidad, los funcionarios de la SCT y del gobierno del estado, empezaron a desarrollar, en la clandestinidad, el proyecto del mega-puerto en Punta Colonet.

No existe registro alguno en las propuestas o planes gubernamentales federales y estatales de un proyecto de esa naturaleza y sobre la base de sentirse respaldados por el gobierno de Vicente Fox, empezaron a tejer la red de complicidades y las acciones necesarias para concretar lo que consideran será para ellos un jugoso negocio.

El 29 de marzo del presente año, en un viaje por Asia, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, declaró ``hemos firmado un acuerdo para un estudio de viabilidad del proyecto de Punta Colonet, con los directivos portuarios de Hutchinson''. Es obvio, que este tipo de declaraciones, expresan no solo la supina ignorancia acerca de las leyes de nuestros gobernantes, sino la forma en como asumen su papel en el gobierno. El tema por esencia es de carácter federal, y aunque la opinión del estado es relevante, es cuando menos cuestionable que el gobierno del estado, se entrometa en el proceso de licitación que por ley lo deben realizar las autoridades federales del ramo.

Lo cierto es que el costoso estudio de factibilidad e ingeniería de Punta Colonet, lo ha venido realizando el Consorcio Mundial de Construcción y Servicios CH2M HILL Managed Services, con cargo a la cartera de Hutchinson Poli Holding, lo cual ha levantado protestas de operadores portuarios, europeos y estadounidenses por preasignar un proyecto que debe ser abierto y transparente. Aquí cabe la pregunta ¿Por qué Hutchinson realiza el proyecto ejecutivo de Punta Colonet? ¿Sobre qué norma se fundamenta el papel del gobierno de estado y la SCT para autorizar dicho trabajo? ¿Esto tendrá o no repercusiones en el desarrollo de la licitación pública? Estas y muchas otras preguntas deberán contestar las autoridades involucradas en el enjuague portuario de Punta Colonet. Mientras esto pasa, Hutchinson ha empezado a comprar terrenos en la zona, donde acaba de cerrar una operación inicial de 115 Has.

El Proyecto de Punta Colonet está concebido para construir un centro marítimo multimodal, el cual sería el puerto más grande de México y el tercero o cuarto en tamaño del mundo, sólo después de Singapur, Hong Kong y Los Ángeles. Se pretende construir una terminal de contenedores, con una capacidad inicial de manejo de un millón de contenedores anuales, que se incrementará a 6 millones de contenedores en un plazo de 5 años, posteriores al inicio de su puesta en marcha. El destino final de la carga será principalmente Estados Unidos.

Además de la construcción del puerto de cabotaje y altura, y un aeropuerto internacional de carga, (el cual pretende controlar Ernesto Ruffo) se pretende instalar una planta generadora de energía con capacidad de 600 MVV, la cual demandaría una inversión de $500 millones de dólares, así como dos proyectos de regasificadoras de gas natural que implicarían $1,200 millones de dólares más, cuyos productos tendrían como destino el mercado de California.

En Punta Colonet la carga pasará a manos del mayor operador estadounidense de trenes de carga, Union Pacific, que tiene una red instalada en 23 estados de ese país. Por su orografía, los 300 kilómetros que conectaría a Colonet con la frontera de Mexicali y Calexico, California, sólo enfrentaría complicaciones en una décima parte del camino donde hay sierra. Desde ahí se enlazaría al sistema ferroviario estadounidense. Todos los proyectos en su conjunto. alcanzarían una suma aproximada de 9 mil 200 millones de dólares.

En este rentable negocio, Ernesto Ruffo Appel, invitó al constructor y principal beneficiario de los contratos de obra de los gobiernos panistas, Roberto Curiel Ortega, para asociarse y formaron la empresa Puerto Colonet Infraestructura, (PCI) que pretende competir en la licitación del puerto y después ``asociarse'' con las navieras internacionales, que serían las que financiarían la obra. Ernesto Ruffo adquirió 1315 hectáreas a un costo de 3 millones de dólares y afirma que está por adquirir 500 hectáreas más para tener un mayor control sobre los materiales pétreos que pretenden suministrar para construir el puerto. Es obvio que Ruffo, no tiene los recursos financieros, técnicos y humanos de las compañías contra las cuales supuestamente competiría. Con los antecedentes del Puerto de Lázaro Cárdenas, el papel que jugaría sería el de Patiño, el cual una vez que le adjudiquen la concesión, con un procedimiento al estilo de los panistas, 30 días después se las estaría traspasando a Hutchinson. Lo único en que Ruffo aventaja a los orientales es en la codicia, la avaricia y la falta de escrúpulos.

También Ruffo Appel creó la empresa Integradora Baja Aeropuerto con Héctor Moisés Calderón Quintero (accionista de la inmobiliaria de los terrenos, donde Sempra Energy y Shell construyen la regasificadora en Ensenada) y Juan Manuel Chávez García, (con múltiples penurias económicas), y adquieren un terreno de 3 mil hectáreas en la ``Meseta del Tigre'', destinadas a construir un aeropuerto internacional de carga, donde piensan conjugar esfuerzos con empresas extranjeras y ASA, para crear un consorcio capaz de movilizar millones de toneladas anuales de carga aérea con destino internacional. ``La idea es que puedes mover el cargo por tierra, mar y aire,'' dijo el ex gobernante.

El ahora director de la empresa Puerto Colonet Infraestructura (PCI) dijo que ``la realidad es que las compañías privadas son las que han estado suministrando información al gobierno para que le dé forma al concurso'''. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Es decir, el gobierno aparece sólo como un gerente al servicio de las trasnacionales y como gendarme contra aquellos que se opongan al proyecto.

Con su proceder en Punta Colonet, Ernesto Ruffo se ha convertido en el principal promotor de la especulación de los terrenos de la región.

Resulta evidente que HPH es un consorcio de negocios, no un organismo asistencial, que hoy reclama le cumplan los acuerdos comprometidos por las autoridades mexicanas. El titular de la SCT, Pedro Cerisola y Ernesto Ruffo, son ahora los más empeñados en que el Proyecto de Punta Colonet, se concrete lo antes posible, este asunto al que cada día le aparecen un mayor número de aristas filosas, ante la desesperación de sus ambiciosos promotores.

En forma inexplicable, al mismo tiempo que avanzaban en la SCT los trabajos para la concreción del proyecto portuario de Punta Colonet, la Secretaría de Economía del mismo gobierno federal, le entregó una concesión al Grupo Minero de Baja California, (GMBC) el 25 de mayo del 2005 por 30 mil hectáreas para la explotación de Magnetita y Titanio, donde se incluye el derecho de 3 mil hectáreas de mar frente a Punta Colonet, en el mismo lugar donde se pretende construir el Puerto. Dicha concesión tiene 50 kilómetros de costa y 15 kilómetros mar adentro, y abarca las localidades de Punta Colonet, Punta San Telmo, San Antonio del Mar y Punta Eréndira. Esta metida de pata de dos Secretarías de un mismo gobierno, reflejan la inconsistencia de las instituciones mexicanas, las cuales se han convertido en gerencias de paso al servicio de los poderosos, sin plan, ni proyecto.

Cuando la SCT se dio cuenta del problema que apareció por la torpeza del propio gabinete foxista, recurrió a la forma torpe que caracteriza a los funcionarios incompetentes. La amenaza, el chantaje y el uso discrecional de los mecanismos coercitivos al alcance de los gobernantes.

Sin embargo, las penurias de Pedro Cerisola, Ernesto Ruffo y quienes están detrás de ellos, se multiplicaron, al asociarse el Grupo Minero de Baja California y la Stevedoring Services of América (SSA) y constituir la empresa Baja California Puerto Enterprise (BCPE), la cual desde una posición que respalda en la concesión otorgada por el gobierno federal, para la explotación minera del subsuelo marino, pretende realizar una negociación donde sea ella quien administre y opere la tercera parte del puerto de Punta Colonet, lo que ha desatado la furia de la SCT, que en primera instancia le clausuró a la SSA, la Terminal de cruceros que opera en Cozumel y analizan otro tipo de acciones punitivas, en contra de esta empresa. La SCT puso el grito en el cielo y es obvio que la postura de Pedro Cerisola es rechazar todo aquello que atente contra el acuerdo que tiene con Hutchinson, para entregarle la concesión de la operación del Puerto de Punta Colonet.

El GMBC, el 27 de agosto pasado interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que se haga respetar el título de concesión que se les otorgó el 25 de mayo del 2005, para explotación y exploración minera del subsuelo marítimo.

La respuesta del gobierno mexicano a la participación de Stevedoring Services of América SSA ha sido de rechazo tajante a su posible participación en el negocio y aduce que es porque tiene la seguridad, de que al ser la principal operadora de la carga en los puertos de los Ángeles y Long Beach, lo menos que quieren es desarrollar Punta Colonet, pero en el fondo su negativa es porque el trato ya lo realizaron él y toda la pandilla azul, con el corporativo chino (HPH).

Pero además, afirman que si se entregaran las concesiones de Punta Colonet a empresas americanas, pudiera ocurrir un bloqueo a los barcos de bandera China, como ocurre en algunos puertos estadounidenses. Sin decir agua va y sin el consentimiento de los mexicanos, de repente nos damos cuenta que nuestro territorio es parte de los intereses geoportuarios, con las consecuencias de lo que ello implique. Lo contradictorio en este caso es que la Secretaría de Economía, quiere negociar cuotas antidumping contra las importaciones chinas, pero los productos asiáticos inundan nuestro país, donde lo más curioso e inexplicable es que el gobierno federal a través de la SCT, haya aceptado que un consorcio chino, posea el 60 por ciento de la capacidad portuaria del país.

No obstante la complejidad judicial que pesa sobre el terreno y las playas donde se pretende instalar el puerto, la SCT convenció al Presidente de la República Vicente Fox, para emitir el decreto presidencial para habilitar la Bahía de Punta Colonet como puerto, sólo que debido al pleito judicial con el Grupo Minero de BC, la SCT se ha visto impedida para lanzar la licitación pública, lo cual tiene desesperados a los inversionistas chinos y a los amigos de Ruffo, que creen se les escapa de las manos, la gallina de los huevos de oro.

Cesar Patricio Reyes Roel, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, durante el Tercer Congreso Portuario, organizado por la Asociación Nacional de Terminales Marítimas (ANTMP) informó que ya existe un Comité Ejecutivo que se encargará de sentar las bases de licitación, que estarán listas en el mes de noviembre para dar inicio al proyecto portuario de Punta Colonet en Ensenada donde se prevé que a más tardar en cuatro años esté construida una parte de las escolleras y el dragado, además de un par de posiciones de arranque para manejar medio millón de contenedores, el primer año.

El primero de agosto, el gobernador Eugenio Elorduy, anunció la creación de un consejo consultivo para darle transparencia a la licitación de la obra portuaria, pero no informó, quienes eran los integrantes del mismo. Al mismo tiempo, en un intento por desmarcarse de las denuncias que cada vez son mayores, declara que el gobierno del estado está dedicado sólo a la licitación del puerto y del ferrocarril y se deslinda de cualquier negocio ligado a la especulación con los terrenos de la zona. Aquí cabe la pregunta de nuevo ¿sobre qué bases el gobierno participa como licitador del puerto y el ferrocarril?

Es evidente que nadie sabe quién integra este comité ejecutivo, ni tampoco si para ese tiempo se destrabara el conflicto con el Grupo Minero de BC, pero lo que se percibe es que a toda costa quieren sacar las bases de licitación antes que termine el presente sexenio.

En este caso la codicia de los impulsores mexicanos, les ha impedido dimensionar el conjunto de variables que intervienen en el tema y que tienen que ver no sólo con su ganancia como coyotes, o con cuestiones mercantiles, sino con aspectos más profundos y que implican asuntos que tienen qué ver con la seguridad nacional y las relaciones internacionales.

Este asunto que hasta hoy los funcionarios panistas se han cuidado de no sacarlo a la luz pública, dado que le puede echar a perder sus pingues ganancias, contiene elementos preocupantes para la vida de un país como México, que hasta hoy ha demostrado su vocación pacifista en el concierto de naciones.

Li Ka Shing

Es el hombre más acaudalado de Asia y el décimo en el mundo, con una fortuna estimada de 18.8 billones de dólares.

Su imperio abarca desde el inmobiliario hasta las telecomunicaciones, pasando por la construcción, la producción de electricidad, la biotecnología, el petróleo, la aviación (controla Air Canada), los medios de comunicación o la hotelería. Sólo en la ex colonia tiene 10 compañías cotizadas, con una capitalización bursátil de unos 675 millones de dólares de Hong Kong (66 millones de euros ).

Cuando en medio de la Revolución Cultural, que rasgó el continente, muchos propietarios se deshicieron de sus inmuebles en la entonces colonia, Li Ka Shing aprovechó la ocasión para comprar y navegó sobre la ola de especulación que se produjo en el sector años después.

Fue en aquella época también, en 1979, cuando se hizo a buen precio de Hutchison Whampoa, una empresa fundada en 1928, que se erigiría con los años en el buque insignia del grupo, y en concesionaria de algunos de los principales puertos del mundo, como Rotterdam, Panamá o el propio Hong Kong. Li se convirtió así en el primer empresario chino que adquiría un hong, término con el que se conocía a las sociedades de comercio coloniales, y penetró en el santuario de los negocios británico.

Una de las operaciones más lucrativas de este emprendedor con aspecto de banquero ---que asegura que ``el único ritmo que bate el mundo es el del cambio''--- fue la creación del operador de telefonía móvil Orange, en el Reino Unido, y su venta al grupo Mannesmann, que después lo cedería a France Télécom. Para Li, el secreto para ganar dinero se reduce a identificar un negocio rentable, invertir en él y venderlo cuando se encuentra en lo más alto.

Con respecto al tema de la Seguridad Nacional, un informe secreto de la inteligencia de los Estados Unidos, del 26 de octubre de 1999 sobre el consorcio Hutchison Whampoa, y su papel como operador del Canal de Panamá señala lo siguiente:

``El puerto de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) fueron arrendados por 25 años, con una opción para ejercitar 25 años, a la Panamá Ports Company (PPC). No hay propiedad directa entre la República Popular de China y su casa matriz Hutchison Whampoa''. ``El dueño de Hutchison Whampoa, Ka-Shing del Li del magnate de Hong Kong, tiene lazos extensos del negocio en Beijing y tiene razones financieras que obligan de mantener una buena relación con la dirección de China'', ``Panamá, también como las Bahamas, podrían proporcionar un conducto para los envíos ilegales de la tecnología o de los artículos prohibidos del oeste a la RPCH, o facilitar el movimiento de brazos y de otros artículos prohibidos en las Américas''

Un año después en el marco de una visita al Canal de Panamá de los miembros del National Security Center y del U.S. Intelligence Council, la delegación norteamericana presidida por el ex jefe del Ejército del Sur, General Richard Anson, tuvo un intercambio con los empresarios de Hutchinson, sobre los temas que le preocupan a un número plural de senadores y congresistas en Washington.

Cuestionado sobre los vínculos que mantiene el presidente de la empresa Li Ka Shing con el gobierno de Beijing, el señor Meredith, gerente general de Hutchinson, respondió que sus relaciones son estrictamente comerciales. Sin embargo la delegación norteamericana mostró su preocupación por el potencial riesgo de la presencia China en Panamá. El general Anson y el presidente del National Security Center, Richard Delgaudio, insistieron que el manejo de los puertos por parte de la Hutchinson, puede transformarse en una amenaza para la seguridad del Canal, si China y Estados Unidos, llegara a algún tipo de enfrentamiento.

En Washington, algunos miembros del Congreso han llegado a decir que las relaciones de HPH con Pekín convertían su titularidad de los dos puertos, en los extremos del canal de Panamá en un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, Este canal es probablemente el pasaje de agua más estratégico e importante para los Estados Unidos. Pero, más preocupante para los norteamericanos fue la declaración de Li Ka-Shing, quien dijo, de acuerdo a un informe del Pentágono (04/22/98) que ``está dispuesto a usar su influencia en los negocios para permitir el avance de los objetivos del gobierno Chino''

Li Ka Shing es un hombre indispensable y un puente entre la República Popular de China y Hong Kong. En este momento, nada se hace sin él, convertido en un hombre cercano a los centros de poder, tanto en Pekín como en Hong kong. Incluso participa en la redacción de la ley fundamental que regirá la antigua colonia tras su devolución en 1997. En el año 2000, la revista de Hong Kong, Asiaweek, asegura que sus poderes eran superiores a los de Jiang Zemin, el presidente chino de la época.

Resulta obvio, que si existían preocupaciones de Estados Unidos, por la presencia de Hutchinson en Panamá, su presencia en Ensenada, le para los pelos de punta, a más de uno de los halcones norteamericanos. Por lo que la pregunta en este caso es: ¿México qué tiene que ver en un diferendo, donde no le va, ni le viene? No tarda en que el caso adquiera tintes de diferendo internacional. Y todo por culpa de un grupo de modernos bucaneros del Pacífico, que no han dudado en hipotecar el destino de un país, en las manos de sus patrones, que ahora son orientales, como ayer fueron estadounidenses y mañana de quien los alquile.

En virtud de lo anterior, es que someto a consideración de esta Soberanía, una proposición con punto de acuerdo, para que se solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal realizar una investigación exhaustiva sobre lo aquí expuesto en el proyecto del Puerto en Punta Colonet, Baja California, a efecto de que se realice un seguimiento transparente del mismo y, en su momento, salvaguardar los intereses nacionales y de las comunidades locales, los cuales no pueden estar por debajo de los intereses extranjeros que se advierten en el cuerpo de la presente exposición.

Asimismo y por considerarlo de urgente y obvia resolución, toda vez que dicho proyecto marítimo entraña serios peligros para la seguridad nacional y de cientos de miles de mexicanos, no obstante sus beneficios, es que solicito a esta soberanía se vote en este mismo instante este proyecto de proposición con punto de acuerdo, para los efectos de su eventual aprobación.

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.-La LX Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que lleve a cabo una exhaustiva y transparente investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno en todo lo relativo a la construcción de un puerto de cabotaje y altura en la zona denominada Punta Colonet, municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, y se resguarden los principios de legalidad, equidad, imparcialidad y transparencia, así como la seguridad nacional y los intereses superiores de la nación.

Segundo.-Se cita al secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe, a las Comisiones Unidas de Marina y de Transporte de esta soberanía, del grado que guarda el proyecto para la construcción del Puerto en Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, así como el procedimiento que se utilizó para asignar la realización del proyecto ejecutivo, el monto de su valor y se informe de dónde salieron los recursos para financiarlo.

Dip. Emilio Ulloa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ulloa. Diputado ¿lo solicitó de urgente?

El diputado Emilio Ulloa Pérez: No.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No; gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia.

PROTECCION DE AMBIENTES ACUATICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos; hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado Presidente: los que suscribimos, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para la defensa de los derechos sociales del acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con base en los siguientes considerandos:

Primero. Que dada la importancia de la situación que impera en torno a la salvaguarda de los recursos hídricos y el acceso a los servicios hidráulicos de la población en general, resulta impostergable que el Legislativo acuda en la defensa de los derechos sociales que involucran la disponibilidad de agua necesaria, tanto en calidad como en cantidad, para el desarrollo de las actividades humanas y de la vida misma en todas las especies que habitamos este planeta.

Segundo. Que el discurso que está permeando en los gobiernos del orbe surge del enorme empuje que han tenido las compañías transnacionales del agua --que aparentan con sus cumbres mundiales del agua-- por adueñarse de este recurso.

Recordemos que la Organización Mundial del Agua no proviene de la sociedad civil, ya que su inclusión es minoritaria y, en múltiples casos, creada, subvencionada con recursos de esas transnacionales.

Que en México empresas como Vivendi, Times Water y Swest se han aliado con grandes consorcios mexicanos como Tribasa, Peñoles e ICA y están presionando al gobierno mexicano para que existan mayores concesiones para el manejo y gestión del agua.

Que recientemente hemos escuchado las campañas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en las que señala la necesidad de ponerle un mayor valor al agua en términos monetarios, bajo el pretexto de que existe un gran rezago en términos de infraestructura hidráulica del gobierno federal; está apostando a las concesiones en el manejo del agua.

Que podemos confirmar que las concesiones que el actual gobierno ha otorgado a las empresas embotelladoras se ha triplicado en los últimos cinco años. Estas concesiones o privatizaciones casualmente se han otorgado en un gran número a subsidiarias de las empresas Femsa, Coca-Cola, y la empresa Nestlé. Nuestro país se ha convertido en el segundo consumidor de botellas de agua en el mundo, después de Italia.

Aunado a la problemática anteriormente descrita, se torna impostergable analizar, diagnosticar y proponer medidas jurídicas más eficaces en torno a la protección de nuestros recursos hídricos, velando en todo momento por su protección y conservación, ya que el empecinamiento de los actuales funcionarios ha promovido el decremento de los humedales mexicanos, muchos de ellos considerados, bajo la Convención Bransar, como de importancia mundial.

La retrógrada modificación a la Norma Oficial Mexicana 22 sobre humedales, que permite su destrucción cuando impere la inversión privada, es una clara afrenta a la sociedad conservacionista mexicana y a la viabilidad misma de las comunidades que dependen de estos humedales para evitar desastres.

En tal sentido y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se aboca a trabajar en defensa de los derechos sociales y en defensa del régimen constitucional vigente para proteger el uso social, su acceso y su subsidiariedad en el costo de los servicios públicos.

Se solicita a los ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas competencias, que protejan los derechos sociales de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, protegiendo la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos hidráulicos, encaminados a la protección de los grupos sociales menos favorecidos económicamente, resguardando el valor cultural que se tiene del agua y a este recurso, antes de un valor mercantil como un recurso social y cultural.

Conminamos a los empresarios del agua y servicios hidráulicos a contenerse de seguir buscando cambios constitucionales y jurídicos que le otorguen el manejo de este recurso de manera total, ya que, contrariamente, sus acciones significarían una afrenta de lesa humanidad.

La Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de una Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, mismos que se abocarán al estudio, análisis y recomendación en torno, entre otras, a las siguientes materias:

Primero. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los recursos hídricos y servicios hidráulicos imperantes en la nación, para identificar las modificaciones necesarias a la legislación de aguas nacionales, encaminadas siempre en la defensa del derecho social al acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, de acuerdo con los usos correspondientes, defendiendo la subsidiariedad al consumo humano y agrícola.

Aplicar todas las medidas que tienen a su disposición para conminar a la Secretaría de Medio Ambiente para que regrese la disposición original de la norma 22, que protege los humedales, en los que se evita su destrucción ante causas de inversión privada, así como instaurar a la brevedad una consulta nacional pública en dos sentidos:

El primero, en función de la instauración de una garantía constitucional al acceso y disponibilidad de toda persona al agua y sus servicios; y el segundo, sobre la protección de humedales y demás recursos acuáticos, costeros y marinos...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine por favor, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: ... Son varios incisos; si gusta, diputado Presidente, porque además estas solicitudes de comisiones se turnan a la Junta de Coordinación Política, solicitaría...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están en la Gaceta Parlamentaria, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:... Sí, solicitaría su incorporación al Diario de Debates y así también, el análisis muy puntual de todos los grupos parlamentarios para analizar esta garantía que tenemos que dar a todos los pobladores del país sobre un acceso a este vital líquido. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura, someten a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para la defensa de los derechos sociales del acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que dada la importancia de la situación que impera en torno a la salvaguardia de los recursos hídricos y el acceso a los servicios hidráulicos de la población en general resulta impostergable que el Legislativo acuda en defensa de los derechos sociales que involucran la disponibilidad de agua necesaria tanto en cantidad como en calidad para el desarrollo de las actividades humanas y la vida misma de todas las especies que habitamos este planeta.

Segundo. Que el discurso que está permeando en los gobiernos del orbe surge del enorme empuje que han tenido las compañías trasnacionales del agua, que disimulan con sus cumbres mundiales del agua, por adueñarse de este recurso. Recordemos que la Organización Mundial del Agua no proviene de la sociedad civil, ya que su inclusión es minoritaria y en múltiples casos creadas o subvencionadas con recursos de estas trasnacionales, toda vez que la mayoría la componen empresas privadas que se dedican al manejo del agua y que tienen interés por la apertura del sector hidráulico a la iniciativa privada. Resalta el hecho de que el actual director de la Organización Mundial del Agua pertenece a la empresa francesa Agua de Lyon. Incluso, las empresas francesas junto con las empresas inglesas controlan el 70 por ciento del mercado privado de los recursos hidráulicos a nivel mundial.

Tercero. Que en México, empresas como Vivendi, Thames Water y Suez se han aliado con los grandes consorcios mexicanos como Tribasa, Peñoles e ICA y están presionando al gobierno mexicano para que existan mayores concesiones (privatizaciones) para el manejo y gestión del agua. Asimismo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que han aportado importantes recursos para la realización de los foros mundiales del agua, tienen dentro de sus objetivos la eliminación gradual de subsidios al vital líquido y la entrada del capital privado a la gestión del agua entre otras de sus prioridades.

Cuarto.Que en la mayoría de los casos, estas políticas provenientes allende nuestras fronteras, lejos de resolver los problemas de acceso al agua y al saneamiento, tienden a excluir a los grupos más vulnerables, al convertir en mercancías servicios esenciales cuya provisión históricamente ha sido considerada una obligación del Estado mexicano y su acceso, un derecho social de carácter universal.

Quinto.Que resulta de enorme preocupación la insistencia de los empresarios del agua sobre la exigencia para que el gobierno prometa la eliminación de los subsidios al consumo de agua de uso doméstico así como el que reciben los agricultores del país, resumiéndose en una afrenta de consecuencias insospechadas en detrimento de la población más necesitada.

Sexto.Que los empresarios del agua y el saneamiento, sin ton ni son, han sido claros en sus pretensiones: modificar las políticas federal, estatales y municipales basadas en la legislación vigente porque, según estos paladines del mañana, ``cuando los sistemas consiguen autonomía, logran tener su propio sistema de operación, sin injerencias políticas, es cuando logramos tener muy buenos resultados''. De tal suerte surgen importantísimos cuestionamientos que el Legislativo debe responder: ¿resultados benéficos para quién? Si el Estado mexicano se desobliga de una de sus funciones primordiales, incluso sustentadas en nuestra Carta Magna, ¿qué se podría esperar cuando sean el mercado y sus empresas las que decidan cuánta agua debemos consumir, en qué condiciones y qué calidades se recibirían? ¿Qué pasaría con el agro mexicano, de por sí ya tan vapuleado que ha sido por las reformas neoliberales? ¿De quién dependerían los campesinos y productores de básicos para desarrollar sus cultivos?

Séptimo. Que recientemente hemos escuchado las campañas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las que se señala la necesidad de poner un mayor valor al agua en términos monetarios. Con el pretexto de que existe un gran rezago en términos de infraestructura hidráulica el gobierno federal está apostando a las concesiones en el manejo del agua. Esto también lo podemos constatar en la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales por parte de la LIX Legislatura, cuyos cambios facilitaron la concesión de la gestión del agua en los tres niveles de gobierno.

Octavo. Que podemos confirmar que las concesiones que el actual gobierno ha otorgado a las empresas embotelladoras de agua se han triplicado en los últimos cinco años. Estas concesiones o privatizaciones casualmente se han otorgado en un gran número a subsidiarias de la empresa FEMSA-Coca Cola y a la empresa Nestlé. Nuestro país se ha convertido en el segundo consumidor de botellas de agua en el mundo, después de Italia. A esto tenemos que agregar la gran cantidad de residuos que esta situación está generando. El residuo más abundante de nuestro país es actualmente el PET. Además, los productores mexicanos de este plástico duplicarán su producción con las nuevas plantas que se abrirán en el norte del país y en los Estados Unidos, con el fin de cubrir la demanda del consumo del agua en nuestro país.

Noveno. Que la gran embotelladora mundial está incluso afectando nuestras áreas protegidas como lo es el caso del Cerro Huitepec en Chiapas, donde, en contubernio con organizaciones no gubernamentales que financia, se aprobó el año pasado la explotación de las aguas del subsuelo para las necesidades industriales que requiere dicha empresa, en detrimento de la conservación ambiental. Este es un claro ejemplo de la ineficacia de los instrumentos de política y legislación ambiental, como los ordenamientos territoriales y los programas de manejo frente a las estrategias de cambio en la normatividad ambiental, para hacerlas más laxas o inaplicables en los casos donde exista inversión privada nacional y extranjera. Es decir, cómo el discurso ambiental gubernamental pretende presentarnos una forma de supuesta protección ambiental cuando en la realidad se preocupa por derribar las barreras legales para beneficiar al capital.

Décimo. Que vemos también con preocupación que esta Cámara de Diputados no haya avanzado en la pasada Legislatura en dictaminar diversas iniciativas presentadas para reconocer la constitucionalidad y legalidad del acceso y disponibilidad de este recurso, como un derecho social y una forma de apropiación cultural. Este reconocimiento garantiza que todo individuo o grupos de la sociedad tengan acceso al agua, independientemente de su nivel socioeconómico, privilegiándose a los sectores de más bajos ingresos. Aquí es donde las autoridades operadoras de este recurso tienen que poner el énfasis y asumir su responsabilidad.

Undécimo. Que ante todas estas evidencias consideramos que se vuelve prioritario dar un giro para sentar las bases jurídicas que reconozcan el acceso y disponibilidad del agua, inicialmente como un recurso de interés social, pero además como un derecho social y cultural de acceso equitativo, fomentando la protección de los entornos ambientales que sustentan la producción de agua.

Duodécimo. Que los ayuntamientos tienen el inalienable derecho a --según establece la fracción III del artículo 115 constitucional, así como el Distrito Federal, conforme a lo estipulado en el artículo 122-- tener a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, que debe prevalecer y fortalecerse incluso mediante mecanismos presupuestarios para que puedan desarrollar esta facultad constitucional y no como pretenden los empresarios a quienes el gobierno actual ha pretendido cumplir sus cartas navideñas, como eliminar este precepto constitucional y otorgárselo a ellos.

Decimotercero. Que aunado a la problemática anteriormente descrita, se torna impostergable analizar, diagnosticar y proponer medidas jurídicas más eficaces en torno a la protección de nuestros recursos hídricos, velando en todo momento por su protección y conservación, ya que el empecinamiento de los actuales funcionarios ha promovido el decremento de los humedales mexicanos, muchos de ellos considerados bajo la Convención Ramsar como de importancia mundial. La retrógrada modificación a la norma oficial mexicana 022 sobre humedales que permite su destrucción cuando impere la inversión privada es una clara afrenta a la sociedad conservacionista mexicana y a la viabilidad misma de las comunidades que dependen de estos humedales para evitar desastres.

En tal sentido, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se aboca a trabajar en la defensa de los derechos sociales y defensa del régimen constitucional vigente para proteger el uso social del agua, su acceso y la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos.

Segundo. Se solicita a los ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas competencias, que protejan los derechos sociales de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes y la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos hidráulicos, encaminados a la protección de los grupos sociales menos favorecidos económicamente; protegiendo el valor cultural que se tiene del agua y ver este recurso, antes que como un valor mercantil, como un recurso social y cultural.

Tercero. Conminamos a los empresarios del agua y servicios hidráulicos a contenerse de seguir buscando cambios constitucionales y jurídicos que les otorguen el manejo de este recurso de manera total, ya que, contrariamente, sus acciones significarían una afrenta de lesa humanidad.

Cuarta.La Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de una Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, que se abocará al estudio, análisis y recomendación en torno, entre otras, a las siguientes materias:

a) Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los recursos hídricos y servicios hidráulicos imperantes en la nación para identificar las modificaciones necesarias a la legislación de aguas nacionales, encaminadas siempre a la defensa del derecho social al acceso al agua en cantidad y calidad suficientes de acuerdo con los usos correspondientes, defendiendo la subsidiariedad al consumo humano y agrícola.

b) Aplicar todas las medidas a su disposición para conminar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a regresar a la disposición original de la NOM 022, que protege los humedales, en las que se evite su destrucción ante causas de inversión privada; así como instaurar con la mayor brevedad una consulta nacional pública en dos sentidos: el primero en función de la instauración de la garantía constitucional al acceso y disponibilidad de toda persona al agua y sus servicios; y el segundo sobre protección de humedales y demás recursos acuáticos, costeros y marinos.

c) Formular modificaciones constitucionales y legales para el reconocimiento del derecho de toda persona al acceso y disponibilidad del agua para su desarrollo y bienestar.

d) Defender el interés social del acceso y disponibilidad al agua frente al interés privatizador del recurso.

e) Involucrarse en la solución de los problemas sociales derivados de los proyectos y desarrollos de infraestructura, principalmente los casos relacionados con los proyectos hidroeléctricos, tales como los de La Parota, en Guerrero; Arcediano, en Jalisco; y El Cajón, en Nayarit; el abastecimiento de aguas en la región mazahua como parte del sistema Cutzamala; Tepeaca Tecamachalco, en Puebla; San Miguel y Santo Tomás Ajusco; las comunidades de San Juan Jaltepec y Yaveo, en Oaxaca; la urbanización masiva en Claco y Cocotitlan; la construcción de la gasolinera encima del pozo de abasto para consumo humano en Cuautla, Morelos, y demás que se le presenten a esta comisión especial.

f) Analizar y proponer los requerimientos presupuestales que sirvan tanto para el diseño de estrategias de solución de los problemas más evidentes y coadyuvar en la actualización de las legislaciones estatales y los reglamentos municipales. Ninguna alza de tarifas debe de realizarse sin contar con la debida justificación suficiente y sin que se reconozca la situación económica de la población.

g) Evitar las modificaciones legales y normativas en torno a los instrumentos de ordenación territorial y ecológica, en detrimento de los espacios protegidos y para fomentar inversiones que afecten los sistemas ecológicos frágiles en todo el territorio nacional, ya que de ellos dependen la generación de agua para el consumo humano futuro.

h) Instrumentar modificaciones jurídicas para limitar la producción de envases destinados a la industria refresquera y de agua potable, fundamentalmente de PET, así como establecer los mercados de depósito-retorno de envases retornables, de manera que se evite una mayor producción de residuos sólidos, así como generar una cultura la reutilización de envases.

i) Ampliar la perspectiva en el uso de tecnologías alternas de beneficio ambiental, así como medios más eficientes de corresponsabilidad social en este rubro, como la autogestión del agua, es decir, captación pluvial, filtros caseros, riego por goteo, baños secos, ecotecnias, entre otros.

j) Reforzar las medidas jurídicas para proteger los ecosistemas acuáticos, costeros y marinos.

La Junta de Coordinación Política, al someter el acuerdo ante el Pleno, observará que la conformación de esta Comisión Especial sea de 15 diputadas y diputados, conforme al la distribución que prevalece en el pleno de esta Cámara, tendiendo una mesa directiva conformada por una presidencia y dos secretarías, de manera rotativa.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2006.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta de la diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se corrige el turno ordenado en la propuesta anterior, en vez de la Comisión de Justicia,túrnese a las comisiones de Marina y de Transportes.

NOPAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a incluir en el Presupuesto de 2007 recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente: el suscrito, diputado del grupo parlamentario del PRD, integrante de la LX Legislatura y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

El cultivo del nopal se registra principalmente en zonas deprimidas económicamente del país, siendo por lo general la base del sustento de un amplio sector de la población. La siembra del nopal es un factor para la conservación de suelos y preservación del medio ambiente, requiere una baja demanda de agua y tolera condiciones adversas de clima; su cultivo se localiza en regiones áridas y semiáridas que abarcan el 52 por ciento de la superficie del territorio nacional. Los productores de nopal se ubican en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal, los estados de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla. Ellos aportan el 95 por ciento de la producción nacional.

La importancia del nopal mexicano en el comercio internacional es relevante, al representar el 90 por ciento de las exportaciones, principalmente al mercado de los Estados Unidos; sin embargo, el cultivo del nopal no ha sido objeto de atención adecuada por parte de las autoridades del sector, lo que requiere hacer explícitos los apoyos que se otorgan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en los hechos, ser tratado bajo el esquema de sistema-producto, como se aplica al maíz y al frijol. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 la Cámara de Diputados aprobó 39.6 millones de pesos para el apoyo al maguey y al nopal. No obstante, en la Cuenta Pública del 2005 la Sagarpa no reporta autorización presupuestal alguna.

Cabe señalar que en el anuario estadístico de la producción agrícola se registran incrementos en la producción nacional del nopal, dado que el rendimiento promedio nacional se eleva de 46.4 a 60.7 toneladas por hectárea. Por su parte, en el anexo tres del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se aprobaron 25 millones de pesos para el apoyo al nopal; sin embargo, se observa una contradicción, dado que a la asignación contenida en dicho anexo no se le otorga clave presupuestaria, por lo cual se requiere desagregar la información para transparentar y brindar certidumbre a los productores agropecuarios.

Por lo expuesto, someto a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Sagarpa a llevar a cabo los estudios técnicos para incluir una partida presupuestal etiquetada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 que canalice de manera directa recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país.

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a promover y ampliar sus acciones de apoyo a la producción del nopal e impulsar una cultura empresarial con carácter social que diversifique las actividades económicas vinculadas con este producto.

Apoyan el presente punto de acuerdo las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Guadalupe Flores Salazar. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a realizar estudios técnicos con objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluyan recursos dirigidos a apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cultivo del nopal se registra de manera principal en zonas del país económicamente deprimidas, siendo por lo general la base del sustento de un amplio sector de la población. La producción de nopal se puede y debe vincular con los programas de reconversión productiva, lo que permitiría al producto ser destinado a un proceso industrial.

La siembra del nopal es en si misma un importante factor para la conservación de los suelos y preservación del ambiente, con la característica de requerir baja cantidad de agua y su tolerancia a condiciones adversas de clima, cuyo cultivo se localiza en las regiones áridas y semiáridas, que abarcan más de 52.0 por ciento del territorial nacional.

En la actualidad, los productores de nopal se sitúan en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla, que aportan casi 95.0 por ciento de la producción nacional, que en 2004 alcanzó un valor de mil 200 millones de pesos.

No debe soslayarse la importancia que adquiere el nopal mexicano en los mercados internacionales: representa 90 por ciento de las exportaciones de nopal verdura, principalmente al mercado que constituyen los residentes de origen mexicano en Estados Unidos.

Sin embargo, el cultivo del nopal no ha sido objeto de atención adecuada por parte de las autoridades del sector, lo cual exige que se hagan explícitos los apoyos que se otorgan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los hechos ser tratado con el esquema de sistema-producto, como se aplica al maíz y el frijol.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la Cámara de Diputados aprobó, en el Anexo 17, ``Programa Especial Concurrente para el Desa-rrollo Rural Sustentable'', 39.6 millones de pesos para el apoyo de la competitividad del maguey y del nopal.

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005, la Sagarpa no reporta autorización sobre el apoyo de la competitividad del maguey y del nopal. Sin embargo, en el anuario estadístico de la producción agrícola se registra que, a escala nacional, considerando los periodos de riego y temporal, la producción de nopal tuvo un comportamiento al alza durante el periodo 1995-2004, con una tasa de crecimiento de 37.2 por ciento en la superficie sembrada, de 57.5 de la superficie cosechada y de 106.2 por ciento en la producción. Asimismo, el rendimiento promedio nacional se ha elevado de 46.4 a 60.7 toneladas por hectárea.

En el anexo 3, ``Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se señala la autorización de 25.0 millones de pesos para el apoyo a la competitividad del nopal en el Ramo 08, ``Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación''.

De esa manera, el decreto referido indica que los productos agroindustriales (como copra, hule natural, henequén, palma de aceite, maguey y nopal) serán objeto de atención a través del Programa de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas, a fin de fortalecer la integración de las cadenas productivas e impulsar la competitividad de todos los eslabones de la cadena productiva que permitan a la rama de producción participar con suficiencia en los mercados nacionales e internacionales e incluir la participación del productor primario en todos los eslabones de la cadena productiva.

Para tales efectos, la Secretaría de Agricultura firmará convenios con los consejos y comités del sistema producto correspondientes para el ejercicio y seguimiento de los recursos presupuestales asignados a los programas de que son beneficiarios.

Esto es, se observa una contradicción entre lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 y los tomos presupuestales que lo integran, dado que la asignación de recursos para el apoyo del nopal, contenida en el anexo 3 del decreto, no se le otorga clave presupuestaria en los referidos tomos, por lo cual se requiere desagregar la información para transparentar y brindar certidumbre a los productores agropecuarios.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para incluir una partida presupuestal etiquetada, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que canalice de manera directa recursos a efecto de apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover y ampliar sus acciones de apoyo de la producción de nopal e impulsar una cultura empresarial con carácter social que diversifique las actividades económicas vinculadas con este producto.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Permanezca en la tribuna para el siguiente asunto. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede nuevamente el uso de la palabra al diputado Sánchez Camacho para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a incluir en el presupuesto 2007 recursos para el rescate de la Zona Arqueológica del Distrito Federal.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente: el suscrito diputado del grupo parlamentario del PRD, integrante de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El en decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la Cámara de Diputados aprobó 30 millones de pesos para la restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica en Xochimilco-Distrito Federal y 99 millones de pesos para el Programa Recuperación de Suelo-Conservación, Distrito Federal. En tal virtud, la Semarnat y el Gobierno del Distrito Federal suscribieron un convenio de coordinación, a fin de crear las bases institucionales en el sector ambiental y llevar a cabo proyectos, obras y acciones en el marco de los programas referidos.

Con ello la Semarnat transfirió al Gobierno del Distrito Federal 94.8 millones de pesos para el Programa de Recuperación de Suelo-Conservación Distrito Federal para las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y 22 millones de pesos para proyectos del Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Conservación Ecológica de Xochimilco.

En el convenio se establece que la aplicación será sólo para el año 2005, cuando el problema de la reserva ecológica de la ciudad de México requiere de acciones persistentes; por ello, en el Presupuesto de Egresos para 2006 se autorizan 440.2 millones de pesos para restauración de suelos y agua; esto es, la asignación no se desagrega por entidad federativa, cuando en el 2005 se aprobaron montos específicos para el Distrito Federal.

En este tenor, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios, determinando que la Semarnat deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento económico en sus modalidades regional y local En consecuencia, esta proposición no pretende limitar las facultades de la Semarnat; por el contrario, la transparencia en la asignación de recursos a las entidades federativas es fundamental para asegurar que la concurrencia en los tres niveles de gobierno sea efectiva.

Por lo expuesto, someto a la consideración el siguientepunto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Semarnat a realizar los estudios técnicos para crear una partida presupuestal específica en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007 que identifique y otorgue recursos para la restauración de suelos y agua en las zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco y para el Programa de Recuperación de Suelo-Conservación Distrito Federal.

Segundo. Se solicita a la Semarnat que informe a esta soberanía, en un término de 30 días naturales, respecto a los montos y acciones llevados cabo en el ejercicio fiscal 2006, para restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica de Xochimilco y para el Programa Recuperación de Suelo-Conservación Distrito Federal.

Respaldan el presente punto de acuerdo las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Guadalupe Flores Salazar. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar estudios técnicos con objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluyan recursos dirigidos al rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la Cámara de Diputados aprobó, en su Anexo 17 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 30.0 millones de pesos para la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, Distrito Federal y 99.0 millones de pesos para el Programa Recuperación de Suelo Conservación DF (Semarnat).

Derivado de lo anterior, en el 2005, la Semarnat y el Gobierno del Distrito Federal suscribieron un convenio de coordinación que tiene por objeto establecer las bases institucionales en el sector ambiental, a fin de llevar a cabo proyectos, obras y acciones en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

En el convenio se dispone que la Semarnat transferirá los recursos financieros autorizados al Gobierno del Distrito Federal a través de la partida 4209 para atender los Programas mencionados, los cuales serán ejecutados por las delegaciones y serán aplicados a proyectos, obras y acciones que rescaten y salvaguarden el suelo de conservación.

De esta manera, la Semarnat transfirió al Gobierno del Distrito Federal, hasta 94.8 millones de pesos al amparo del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, con recursos para las 7 delegaciones que cuentan con suelo de conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco), y 22.0 millones de pesos para los proyectos aprobados conforme al Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco.

Cabe señalar, que en el convenio indicado se establece que ``Por tratarse de programas nuevos y sólo por esta ocasión, la distribución de recursos se conviene se haga de manera equitativa entre las delegaciones participantes excepto para el de Restauración de suelo y agua de la zona sujeta a conservación ecológica de Xochimilco, en virtud de que los recursos a dicho programa están asignados específicamente a la delegación Xochimilco'', esto es, su ámbito de aplicación se circunscribió al ejercicio fiscal 2005, cuando la problemática de la reserva ecológica de la ciudad requiere de acciones de corto, mediano y largo plazo.

Por ello, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se consigna una autorización global de 440.2 millones de pesos para Restauración de suelos y agua en el Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales. Esto es, en la asignación de recursos no se desagregan las autorizaciones por entidad federativa y conceptos, siendo el caso concreto el del Distrito Federal cuando en el 2005 se aprobaron montos específicos para la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, DF y para el programa Recuperación de suelo de Conservación DF (Semarnat).

En este tenor, se debe considerar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, determinando que la Semarnat deberá apoyar técnicamente la formulación y la ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus modalidades regional y local, y faculta a los gobiernos de los estados para formular y expedir ordenamientos ecológicos del territorio regionales que abarquen la totalidad o parte del territorio de una entidad federativa.

En consecuencia, la presente proposición no pretende, en ningún sentido, limitar las facultades que le asigna la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a la Semarnat, como es el de formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así como las relacionadas con el desarrollo rural, respetando el conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y su participación directa en la elaboración y ejecución de los programas forestales en las áreas que habitan.

Por el contrario, la transparencia en la asignación de recursos a las entidades federativas, para la conservación y restauración de sus áreas ecológicas, resulta fundamental para asegurar que la concurrencia de acciones de los tres niveles de gobierno sea efectiva, más aún, cuando en el Distrito Federal se requiere, de manera urgente, revertir las tendencias de degradación de su territorio.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios técnicos convenientes para crear una partida presupuestal específica que se refleje en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, e identifique y otorgue recursos para la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, Distrito Federal y para el programa Recuperación de suelo conservación DF (Semarnat).

Segundo. Se solicita a la Semarnat informe a esta soberanía, en un término de 30 días naturales, respecto a los montos y acciones llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2006, para apoyar la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, Distrito Federal y para el programa Recuperación de suelo conservación DF (Semarnat).

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Sánchez Camacho. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

EDUCACION SUPERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo a incrementar los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el Presupuesto para 2007.

El diputado Víctor Aguirre Alcaide:Con su anuencia señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

El que suscribe diputado federal Víctor Aguirre Alcaide, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Guerrero es una de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior más importante del estado, cuenta con cobertura geográfica en las siete regiones del estado; Actualmente oferta 84 programas educativos, de los cuales en materia de postgrado dos son programas de excelencia registrados en el Padrón Nacional de Postgrado (PNP) SEP-CONACYT, siendo estos maestría en ciencias biomédicas y maestría en matemáticas educativas.

Esta Institución Educativa en la actualidad es una de las de mayor matrícula a nivel nacional, ya que cuenta con 60 mil 330 estudiantes para el ciclo escolar 2006-2007, lo cual representa el 39.7 por ciento de la matrícula total estatal que es de 152 mil estudiantes.

La Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra ubicada en el número 32 en el rubro de costo por alumno, que es de 19 mil 110 pesos. En un comparativo, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Yucatán la diferencia es abismal, pues el costo por alumno para esta institución es de 71 mil 440 pesos.

Dicha Universidad actualmente tiene un déficit total de 1547 plazas administrativas, docentes, mandos medios y superiores, derivadas del aumento de la matrícula estudiantil y del proceso de mejora continua en la cual se encuentran inmersa, contando con nueve procesos administrativos certificados por la Norma Internacional ISO-9001:2000, estas mil 547 plazas equivalen a un costo total anual de 263 millones 917 mil 917 pesos.

La Secretaría de Educación Pública y por ende el Gobierno del Estado han disminuido los recursos del gasto de operación a la Universidad Autónoma de Guerrero, lo cual ha impactado negativamente en su presupuesto con una disminución de más del 14 por ciento en términos reales, respecto al año del 2003, además de que el financiamiento COEPES se ha estancado.

La deficitaria situación de la Universidad Guerrerense es un problema que, lamentablemente, enfrentan muchas instituciones públicas de educación superior del país, que han reclamado incrementos sustanciales ante los exiguos subsidios otorgados por los gobiernos federales y estatales, lo cual les impide cumplir adecuadamente las funciones que por la ley tienen encomendadas.

Los históricos rezagos financieros de las instituciones públicas de educación superior no han sido compensados en los últimos años, basta mencionar que la propuesta presupuestal del Ejecutivo Federal para este año 2006 era menor en 6 millones de pesos con respecto al año de 2005, lo cual implicó que el gasto federal en educación superior disminuyera de 14.8 a 12.9 por ciento y el gasto federal por alumno, en promedio, también decreciera de 34 mil 379 pesos a 28 mil 218 pesos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la propuesta presupuestal del Ejecutivo Federal para 2006 disminuía a las universidades públicas estatales recursos por 2 mil 354.5 millones respecto al otorgado en el subsidio federal inicial autorizado al de 2005.

En consecuencia, estamos exhortando al Ejecutivo Federal tome en consideración la precariedad de los subsidios a las instituciones públicas de educación superior, a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, les aumente los recursos presupuestales y evitar así colocarlas en la asfixia financiera.

Por las consideraciones y ante el peligro inminente de un colapso financiero en la Universidad Autónoma de Guerrero y en el conjunto de las instituciones públicas de educación superior, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, que en virtud de las crisis financieras que enfrentan las Instituciones Públicas de Educación Superior cuyo costo por alumno se encuentra por debajo de la media nacional y les incremente las partidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007.

Segundo.-La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, Hacienda; Reyes Tamez Guerra y Gil Díaz, a que reciba a una Comisión encabezada por los rectores de las universidades de Guerrero, Zacatecas y Sinaloa a efecto de resolver la crisis financiera que afecta a esas casas de estudios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Dip. Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Perdón, es de urgente resolución, está a discusión; no habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la propuesta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

REFORMA DEL ESTADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

El diputado David Mendoza Arellano:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: en virtud de que ha sido publicado el punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, voy a permitirme hacer algunos comentarios adicionales a lo que ha sido inscrito.

Vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo para la creación de la comisión especial para la reforma del Estado, porque tengo la certeza de que la mayor parte de las diputadas y diputados que nos encontramos aquí coincidimos en que el Estado mexicano necesita una profunda reestructuración para que el ejercicio de gobierno sea eficaz, eficiente, democrático, justo y equitativo. Un Estado sin gobernabilidad no le sirve a México. Por eso, quienes nos encontramos en este órgano legislativo debemos impulsar la agenda de la reforma del Estado y cumplir con el compromiso pendiente que tenemos con la sociedad; no debemos desaprovechar la oportunidad histórica de instrumentar un gran acuerdo político nacional.

Debemos impulsar la agenda de la reforma del Estado y cumplir con el compromiso pendiente que tenemos con la sociedad; no debemos desaprovechar la oportunidad histórica de instrumentar un gran acuerdo político nacional. Por eso invito a todas las fuerzas políticas representadas aquí a que construyamos un nuevo pacto que renueve nuestras instituciones y adecue nuestro marco jurídico a la circunstancia política actual.

Crear la Comisión Especial de la Reforma del Estado no debe ser un capricho de un grupo o de personas, sabemos que es una comisión que no dictamina; sin embargo, esa comisión tiene una virtud, es un espacio de investigación, de análisis especializado, en cada uno de los temas que constituyen la agenda de la reforma. Ninguna comisión ordinaria, desde mi punto de vista, podría abordar de manera integral y multidisciplinaria y con dedicación específica los temas del sistema político mexicano, del federalismo, de la reforma electoral, de la Ley de Medios, por mencionar algunas, debido, como todos ustedes saben, a la carga de trabajo que representa la multitud de estos asuntos e instrumentos legislativos de diversa índole y que por ley obliga a las comisiones dictaminadoras a atender con prioridad.

El espacio de la comisión especial nos brinda la posibilidad de especializar y centrar la discusión sobre la reforma del Estado, explorando los consensos que existen entre las diferentes fuerzas políticas, darle orden y método a la discusión y buscar impulsar la dictaminación de las iniciativas al interior de las comisiones dictaminadoras.

La Comisión Especial para la Reforma del Estado ha estado vigente en la LVIII y LIX Legislaturas y durante estos periodos ha funcionado vigorosamente como un espacio de cabildeo, de generación de consensos y de acercamiento de posiciones políticas. Hay que reconocer que muchos de los temas que han sido planteados en estas anteriores legislaturas han naufragado en el intento, pero esto no les resta de ninguna manera la oportunidad y la importancia a la posibilidad de crear esta comisión.

El reconocimiento de la importancia de este tema, así como el resultado del trabajo obtenido en esta Comisión Especial durante las pasadas legislaturas ha sido tal que, incluso la LX Legislatura del Senado ya creó la Comisión Especial para la Reforma del Estado y se instalará en fecha próxima.

Por eso, de nueva cuenta los conmino a que no desaprovechemos la oportunidad de construir una república justa, democrática y soberana para todos y que esta discusión la demos en parte y en gran medida al interior de esta Comisión Especial. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

El 15 de noviembre de 2000 la LVIII Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, que se instaló el 6 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la legislatura. En noviembre de 2003 se presentó ante el pleno de esta Cámara la proposición con punto de acuerdo para reinstalar la Comisión Especial para la Reforma del Estado durante la LIX Legislatura, para apoyar las reformas constitucionales y legales para lo que en su momento se pensó sería la consolidación del proceso de transición a la democracia en México.

Tras la alternancia del año 2000 en la titularidad del Poder Ejecutivo federal, supusimos que entraríamos de lleno en un proceso para modificar los fundamentos del régimen autoritario, haciendo las reformas necesarias al marco constitucional para despojar a la presidencia de sus facultades discrecionales y hacerla en consecuencia una presidencia equilibrada con el resto de los poderes, moderna, democrática; al tiempo en que se irían fortaleciendo los otros dos poderes. Donde el espacio plural del Congreso de la Unión equilibrara a aquél y en donde se discutieran la necesidad de cambiar distintas piezas legislativas en torno al marco normativo que deberían de acatar las diversas instituciones del Estado y/o actividades de particulares en el marco de un país incipientemente democrático y marcadamente plural, con una agenda amplísima de temas por abordar y necesidades por satisfacer.

El balance de la reforma del Estado en la legislatura inmediata anterior es magro, a pesar de ello es posible reconocer algunos avances. Por ejemplo, en el ámbito de la reforma del Congreso fue posible la ampliación del segundo periodo legislativo, el mandato para construir una agenda legislativa común, se logró adelantar la fecha de presentación del paquete económico y por tanto se amplió el periodo para el análisis de la propuesta del Ejecutivo de Ley de Ingresos, del presupuesto de egresos de la federación y de la miscelánea fiscal. También se crearon centros de investigación especializados en la Cámara de Diputados para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Se avanzó también en conferir autonomía al INEGI; la agencia de noticias del Estado también adquirió la calidad de órgano autónomo; se creó la Ley de Transparencia y acceso a la información que da vida al IFAI, que es el mayor avance de este periodo por su implicación y su alcance potencial a futuro; finalmente se instrumentó --con limitaciones-- el voto de los mexicanos en el exterior.

Quedan aún pendientes la nueva generación de reformas electorales; profundizar la reforma al Congreso para dotar a este poder de elementos sustantivos de conducción parlamentaria en los asuntos que afectan cotidianamente a los ciudadanos; reformas a las instituciones de administración y procuración de justicia.

Persiste la necesidad de seguir la lucha por la transformación democrática del Estado mexicano y de mantener estos espacios de deliberación y elaboración, retomar el trabajo para procesar las iniciativas que en torno a estos temas existen ya en el seno de esta Cámara y así tratar de avanzar con mayor fuerza y con mayor celeridad en la agenda pendiente para la reforma del Estado.

No desaprovechemos la oportunidad de asumir la responsabilidad de hacer una patria justa, democrática y soberana para todos, los costos de no hacerlo aquí, en el único lugar legítimo con que cuenta la república, serán siempre infinitamente mayores a los costos que en lo particular tendríamos que soportar por hacer lo que estamos llamados a hacer.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LX Legislatura, encargada de coadyuvar, dar seguimiento y retomar en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a proponer cambios en el régimen político del país y sus instituciones.

Segundo.La Comisión Especial para la Reforma del Estado estará integrada por diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, su presidencia será rotatoria entre los tres grupos parlamentarios más numerosos de suerte que cada uno presida un año el ejercicio de esta comisión especial y cada grupo parlamentario que no ocupe la presidencia contará con un secretario; y funcionará por el término de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputados: David Mendoza Arellano (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mendoza. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con su permiso, diputado Presidente: entre los abusos de poder, el abuso sexual infantil es el más repudiable y el más inhumano; se basa en el poder del adulto, en su superioridad física e intelectual en contra de un ser que ni siquiera tiene conciencia del daño sufrido.

Fuera de las familias, el abuso sexual infantil es una de las tantas variantes del crimen organizado y también representa una parte de la trata de personas, donde niñas y niños dejan de ser vistos como seres humanos para comerciar con sus cuerpos y con sus vidas. El abuso sexual infantil se produce al amparo de las familias, del poder del dinero, del poder político, del poder espiritual. El abusador sabe que su delito se convertirá en el secreto más valioso de la víctima y que finalmente lo respaldarán su autoridad, su dinero, su prestigio o su cargo; sabe que las leyes y la procuración de justicia mexicana convierten el abuso sexual infantil en entuerto tan grande que será casi imposible de probar; es decir, el abusador sabe que tiene prácticamente ganada su impunidad.

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abuso sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o se trafique con ellos. El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, sirve de complemento a la convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y al abuso sexual de la infancia, entre otras obligaciones.

Por mandato constitucional, México, al adoptar tanto el protocolo como la convención, debe proporcionar todas las garantías necesarias para que las niñas y niños se desenvuelvan en un ambiente propicio que les garantice su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, garantizando la integridad física, sexual y mental.

Compañeras y compañeros, el Congreso no es un ministerio público ni debe aspirar a sustituir a una agencia de investigación, pero sí debe tener un diagnóstico de los rezagos del país y actuar en consecuencia cuando la sociedad no denuncia, cuando la justicia no castiga y cuando no se vigila el cumplimiento de la ley nos convertimos en cómplices y abrimos más puertas para abusos futuros.

La Cámara de Diputados no debe convertirse en cómplice y sí en el garante de respeto a un justo estado de derecho. Nuestro compromiso es legislar para que las investigaciones judiciales que se están realizando sean imparciales y apegadas a derecho, buscando justicia para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, velando siempre por su interés superior.

Por lo anteriormente expuesto, llamamos a su conciencia para conformar la comisión especial plural para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastia y delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes vinculadas con la delincuencia organizada en la República Mexicana.

Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastia y delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes vinculadas con la delincuencia organizada en la República Mexicana.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación. La comisión especial atenderá las proposiciones que en materia de delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes se realicen por esta soberanía.

La comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de las comisiones establece la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas; contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.

Tercero. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados y, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, diputada Maricela Contreras Julián y 129 firmas de diputados de diferentes fracciones parlamentarias.

Solicito que la versión íntegra se incorpore al Diario de los Debates, ya que leí un resumen del documento que estamos presentando.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputadas y diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Datos de la UNICEF revelan que millones de niños y niñas son víctimas de graves formas de explotación, discriminación y abuso en el mundo. Se calcula que alrededor de un millón de menores de edad, son víctimas de las redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de la degradación y sometidos a un riesgo que amenaza sus vidas.

Nuestro país está entre los primeros 28 países y el quinto en América Latina en el que las bandas de traficantes de personas ``enganchan'' a más víctimas, que en su mayoría son destinadas a explotación sexual comercial y el trabajo forzado, según reportó en abril pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Asimismo, el organismo identificó a 127 países de origen, 98 de tránsito y 137 de destino de las víctimas de trata con distintos grados de participación: muy alta, alta, media, baja y muy baja. México está con la calificación ``alta'', como origen de personas traficadas.

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o se trafique con ellos.

El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia. Establece una protección a los niños y niñas con relación a la venta con objetivos no sexuales, como por ejemplo otras formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o donación de órganos.

México al adoptar tanto el Protocolo como la Convención, debe proporcionar todas las garantías necesarias para que las niñas y los niños se desenvuelvan en un ambiente propicio que les garantice su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.

Entre los abusos de poder, el abuso sexual infantil es el más repudiable y el más inhumano. Se basa en el poder del adulto, en su superioridad física e intelectual en contra de un ser que ni siquiera tiene conciencia del daño sufrido.

El abuso sexual infantil es el síntoma más crítico de la pérdida de valores y de moral de una sociedad. Quien abusa sexualmente de un niño o facilita su abuso, pierde respeto por sí mismo y por su dignidad de ser humano. El abusador de un niño es consciente de que marca negativamente la vida de un ser.

El abuso sexual infantil surge, en muchas ocasiones al interior de las familias. El padre, el padrastro, el tío, el amigo abusa de la confianza familiar y de su patriarcal autoridad.

Fuera de las familias, el abuso sexual infantil es sólo una de las variantes del crimen organizado y también representa una parte de la trata de personas. Las niñas y niños dejan de ser vistos como seres humanos, se comercia con sus cuerpos y con sus vidas.

Vemos así que el abuso sexual infantil se produce al amparo de: las familias, el poder del dinero, el poder político y el poder espiritual. El abusador actúa porque está consciente de su impunidad. Comete el daño porque sabe que no será castigado, que su delito se convertirá en el secreto más valioso de la víctima y que, finalmente, lo respaldará su autoridad, su dinero, su prestigio o su cargo.

El abusador sabe que: las leyes y la procuración de justicia mexicanas no indagan hasta las últimas consecuencias; que a la víctima le será casi imposible probar los hechos; que la víctima se enfrentará a interrogatorios e indagatorias crueles que le harán revivir el tormento y que su credibilidad será mínima. Es decir, el abusador sabe que tiene prácticamente ganada su impunidad.

2.La Cámara de Diputados es la representación de la sociedad, su legislador y el contrapeso del Ejecutivo. El Congreso no es un ministerio público ni debe aspirar a sustituir a una agencia de investigación, pero sí, debe tener un diagnóstico de los rezagos del país y actuar en consecuencia.

El abuso sexual infantil es un daño que lastima a la sociedad en el momento en que se produce, pero también lastima a la generación del mañana. En el caso específico de este delito, cuando no se señala, no se castiga, se convierte en su cómplice y abre la puerta para abusos futuros.

La Cámara de Diputados debe ser sensible con el reclamo de la sociedad que ha sido agraviada por el abuso infantil, y articular desde el Poder Legislativo leyes y políticas públicas prevengan y erradiquen el problema, y que le den seguimiento a las investigaciones que realicen las diferentes instancias del Ejecutivo.

Al respecto, se propone a este pleno la Creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a las indagatorias y políticas públicas del Ejecutivo respecto del abuso sexual infantil.

3.En esta Legislatura, debemos ser tajantes contra el abuso de menores de edad y luchar por identificar a quienes participan en las redes e incidir para que se aplique con rigor la ley y el perfeccionamiento del marco legal, para acabar con la impunidad que ha minado gran parte del sistema de procuración e impartición de justicia.

Por otro lado, recordemos que la detención en Estados Unidos y posterior extradición a México de Jean Sucar Kuri, bajo la acusación tener una red de prostitución infantil en Cancún, Quintana Roo, que se extiende por el caribe mexicano, donde el turismo sexual con menores es una actividad delictiva en auge.

Asimismo, no podemos negar la existencia de las redes se extienden a ciudades, en especial las fronterizas y varios centros turísticos, que donde ofrecen además a niños y niñas como parte del turismo sexual y más de 40 páginas de Internet señalan a México como ``sitio ideal'', de acuerdo al Centro de Investigaciones Sociales.

La Cámara de Diputados no debe convertirse en cómplice y sí en el garante del respeto a un justo Estado de Derecho. No podemos permitir que la impartición de justicia solamente esté consignada en el papel, debemos impulsar para que las investigaciones judiciales que se están realizando sean imparciales y apegadas a derecho, buscando en este caso justicia para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas, velando siempre por el interés superior de nuestras niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto y sabedor de que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, es que llamamos a su conciencia para conformar la Comisión Especial plural para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastía y delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, vinculadas con la delincuencia organizada en la República Mexicana, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastía y delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, vinculadas con la delincuencia organizada en la República Mexicana.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.

La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes se realicen por esta soberanía.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Contará con los recursos necesarios para el adecuado de-sempeño.

Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

Tercero.La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Cuarta.El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre del año 2006.--- Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Venancio Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Humberto Wifredo Alonso Razo (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Juan Dario Arreola Calderón (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi (rúbrica), Ma. Soledad López Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Cruz Humberto López Lena (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Maricarmen Salvatori Bronca (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Emilio Antonio Gamboa Patrón (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Araceli Escalante Jasso (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), María Beatriz Pages Llergo Rebollar (rúbrica), Isael Villa Villa (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Elizabeth Morales García (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Lourdes Quiñónez Canales (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Héctor Narcía Álvarez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgada (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, (rúbrica), Pedro Landero López, Moisés Dagdúg Lützow (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Joaquín C. de los Santos (rúbrica), Daniel Torres García (rúbrica), Irineo Mendoza M. (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Ramón Pacheco Llanes (rúbrica), Juan Dario Arreola Calderón (rúbrica), Francisco Martínez Martínez (rúbrica), Susana Monreal A. (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Rosario Ortiz Magallón (rúbrica), Efraín Morales (rúbrica), J. M. San Martín Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Contreras. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta presentada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez:Con su venia, señor Presidente: la suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticade la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes:

El martes 7 de octubre del 2003, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura sometieron a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, que fue turnado a la Junta de Coordinación Política y aprobado el 17 de marzo del 2004. Se constituyó con el objeto de garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos, fijándosele una vigencia al 30 de abril del 2006.

Consideraciones: sin los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, no hay derechos humanos. Los derechos de la niñez tienen por objeto la protección integral del ser humano hasta que alcancen la capacidad de obrar que se inicia con la mayoría de edad, para integrarle armónica y plenamente a la convivencia social.

El reconocimiento, adecuación y armonización de nuestro ordenamiento legal con los tratados internacionales es una obligación para nuestro país y representa un avance en el cumplimiento de los compromisos que como Estado y como sociedad tenemos en favor de los derechos humanos y en este caso con los derechos de la niñez. No obstante, muchos niños viven en situación de calle, son víctimas de la delincuencia, la pobreza, el trabajo infantil, la prostitución forzada y el tráfico de órganos. En otras ocasiones son huérfanos del sida, víctimas del abandono afectivo y a veces económico, como consecuencia de la migración del padre o la madre, refugiados o desplazados. En particular las niñas son aún más vulnerables y, sobre todo, son objeto de tratos discriminatorios intencionados o víctimas de abusos. Estas condiciones afectan negativamente su formación, provocan abandono escolar, daños psicológicos, físicos o incluso la muerte.

Nuestro país presenta el fenómeno de la migración por cuestiones económicas, por el que muchas familias se ven afectadas principalmente por la ausencia del padre, generando en los niños, niñas y adolescentes deserción escolar, adicción a las drogas y al alcohol, delincuencia y serios daños psicológicos, entre otros, recayendo en la madre la responsabilidad en la interacción con su familia, de crianza, custodia y educación de los menores.

Según investigaciones, las mujeres que se quedaron en sus lugares de origen y que dejaron de recibir recursos económicos de sus familiares migrantes han tenido que desarrollar estrategias de sobrevivencia para ellas y sus familias.

Según cifras de las Naciones Unidas, proporcionadas en el año 2005, uno de cada 12 niños o jóvenes menores de 18 años trabajan en el mundo bajo las peores formas de explotación; 97 por ciento de ellos se haya en países pobres o en desarrollo y muchos de ellos entre los mexicanos y mexicanas.

En septiembre del 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mensurables con plazo al 2015, para combatir la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la discriminación contra la mujer. En ello se define la meta de reducir en dos terceras partes entre los años de 1990 y 2015 la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años, ya que según datos de la ONU cada año mueren 11 millones de niños pequeños.

La creación de la comisión especial de la niñez, adolescencia y familias en esta honorable Legislatura y sus acciones de trabajo nos dan la pauta a seguir; no podemos desestimar su trabajo y es nuestra obligación continuar con sus acciones, como la revisión del estado que guardan nuestras leyes federales con la promoción de reformas, adiciones y derogaciones necesarias para adecuar nuestras leyes conforme a la Convención de los Derechos de los Niños y demás tratados internacionales.

Por esos argumentos propongo a esta honorable Legislatura el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal, en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.

Segundo. Dicha comisión especial se formará con 30 integrantes pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, que serán elegidos conforme a los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La comisión especial subsistirá durante la presente legislatura en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria conforme a la iniciativa presentada el 28 de febrero del año 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre del año 2006.

Solicito a la Presidencia que el presente punto de acuerdo se integre íntegro en el Diario de los Debates.

Atentamente, diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición conpunto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

El martes 7 de octubre del 2003, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura sometieron a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, que fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

El 17 de marzo del 2004, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitió un acuerdo en el que aprueba la constitución de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias con el objeto de garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos, fijándosele una vigencia al 30 de abril del 2006.

La comisión se integró por veintidós miembros propuestos por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, y de Convergencia, de manera proporcional.

Para el cumplimiento de su objetivo, se le facultó para allegarse de la información que considerase pertinente, así como para reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales acordes con su objetivo, así como a desempeñar cualquier otra acción que contribuyese a su cumplimiento.

El 28 de febrero del 2005, la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, en nombre de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, presentó a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando una fracción XXIII y estableciendo como comisión ordinaria la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Consideraciones

Sin los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no hay derechos humanos. El concepto de ``niño'' ha sido definido por la Convención sobre los Derechos del Niño como ``todo ser humano menor de dieciocho años de edad'' que goza de una gama plena de derechos y además de específicas medidas de protección debido a su condición especial.

Los derechos de la niñez tienen por objeto la protección integral del ser humano hasta que alcance la capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad, para integrarle armónica y plenamente en la convivencia social.

El reconocimiento, adecuación y armonización a nuestro ordenamiento legal de los tratados internacionales, es una obligación para nuestro país y representa un avance en el cumplimiento de los compromisos que como Estado y como sociedad tenemos a favor de los derechos humanos y en este caso con los derechos de la niñez.

No obstante, muchos niños viven en situación de calle, son víctimas de la delincuencia, de la pobreza, del trabajo infantil, de la prostitución forzada y del tráfico de órganos, y en otras ocasiones son huérfanos del sida, refugiados o desplazados. En particular, las niñas son aún más vulnerables y, sobre todo, son objeto de tratos discriminatorios intencionados o víctimas de abusos. Estas condiciones afectan negativamente su formación, provocan abandono escolar, daños psicológicos, daños físicos o incluso la muerte.

Según cifras de las Naciones Unidas proporcionadas en el año 2005, uno de cada 12 niños o jóvenes menores de 18 años trabaja en el mundo bajo las peores formas de explotación, el 97 por ciento de ellos se halla en los países pobres o en desarrollo; mil millones de niños y niñas se encuentran arruinados por la pobreza; 640 millones de niños y niñas de los países en desarrollo sufren una privación grave de vivienda; en la década de los noventa alrededor de 20 millones de niños y niñas se vieron forzados a abandonar sus hogares, debido a los conflictos o a violaciones de los derechos humanos, y en el año 2003 15 millones de menores de 18 años habían quedado huérfanos a causa del VIH/sida.

La gama que comprende los derechos de los niños y las niñas es amplia, pero entre ellos podemos citar algunos: el derecho a la salud, a la educación, a tener una vivienda digna, una vida libre de violencia, a ser protegidos, a tener un nombre, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, a tener una familia, a tener una nacionalidad, a expresar libremente su opinión, a tener libertad de pensamiento, conciencia y religión, a ser adoptados, a ser asistidos en caso de impedimento físico y mental, a tener un nivel de vida adecuado y a recibir pensión alimenticia, al descanso y al juego, a la no explotación económica, a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual, a tener protección contra la discriminación.

La defensa por los derechos de los niños y las niñas no corresponde sólo al ámbito de derecho interno, con la firma de tratados y declaraciones internacionales se ha pretendido crear y organizar la conciencia mundial de la dignidad de la persona humana con todas sus consecuencias a fin de que a través de ellos se influya en la actuación e instituciones del Estado.

Gracias a acontecimientos como el primer Congreso Nacional --en nuestro país-- sobre el Régimen Jurídico del Menor en 1973, y la instauración del año internacional del niño en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1980 se reformó nuestra Constitución Política adicionando un párrafo al artículo 4o. constitucional, consagrando los derechos de la niñez al establecer el deber de los padres de velar por el derecho de los menores, y no fue sino hasta el año 2000 que contamos con su ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ardua ha sido la lucha que a nivel internacional por el reconocimiento y respeto a los derechos de los niños y las niñas, a través de la firma de tratados, sus antecedentes los encontramos en la Declaración de Ginebra de 1924, aprobada por la Sociedad de Naciones y en la que encontramos la primera declaración sistemática de los derechos de los niños y las niñas, y que contiene siete principios fundamentales referidos exclusivamente a los niños y las niñas, y revisada en 1946; la Carta de Organización de Naciones Unidas firmada en San Francisco, en 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948; la Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como Decálogo de los Derechos del Niño, de 1959; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 1966; el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. De estos instrumentos se derivan tratados que tutelan derechos en particular.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mesurables, con plazo al 2015, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. A estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se les denominó Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ellos se fija reducir en dos terceras partes entre los años de 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, ya que según datos de la ONU, cada año mueren 11 millones de niños pequeños.

Nuestra obligación como Estado, de acatar los tratados internacionales que en materia de derechos humanos hemos firmado, se encuentra fundamentada en el artículo 133 constitucional, que nos da la pauta al señalar que ``las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión''; si bien es cierto que no podemos aplicar dichos preceptos de manera directa, pues no contamos con un adecuado sistema jurídico, también es cierto que corresponde transitar en un proceso de armonización en el que las barreras entre los sistemas jurídicos tiendan a desaparecer e incorporen aquellas normas que ex profeso nuestro país se ha comprometido a cumplir.

Hemos avanzado, pero no lo suficiente y debemos continuar con lo hasta hoy logrado: ``ni un paso atrás en el reconocimiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes''.

La creación de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias en la LIX Legislatura y sus acciones de trabajo nos dan la pauta a seguir, no podemos desestimar su trabajo y es nuestra obligación continuar con sus acciones, como la revisión del estado que guardan nuestras leyes federales, con la promoción de reformas, adiciones y derogaciones necesarias para adecuar nuestras leyes conforme a la Convención de los Derechos de los Niños y demás tratados internacionales, el seguimiento del trabajo de incorporación de la perspectiva de infancia en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la participación en reuniones tanto nacionales como internacionales relacionadas con la materia y con la organización de manera coordinada con el Senado de la República y demás instancias de la Administración Pública Federal y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, entre otras.

Sólo si trabajamos de manera integral y conjunta podremos cumplir con los compromisos internacionales y con la armonización de nuestra legislación, pero sobre todo con el presente de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes también representan el futuro de nuestro país, brindándoles un panorama de respeto a sus derechos humanos y leyes eficaces que les brinden seguridad jurídica en todos sus ámbitos.

Por ello, con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.

Segundo.Dicha Comisión Especial se formará con 30 integrantes pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, que serán elegidos conforme a los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La Comisión Especial subsistirá durante la presente legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria, conforme a la iniciativa presentada el 28 febrero de 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.--- Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Cervantes. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Mario Mendoza Cortés, del PRI, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para realizar las obras necesarias en el denominado ``dren de Tehuacán''.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para realizar las obras necesarias en el denominado ``Dren de Tehuacán'', a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. El dren de Tehuacán es conocido también como dren de Valsequillo, situado en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, donde hasta hace aproximadamente 15 años era una cañada natural por la que transitaba agua limpia, éste se utilizaba como caudal acuoso para diversos usos de las poblaciones por las que atraviesa.

Sin embargo, al acrecentarse los asentamientos humanos, poco a poco se establecieron diversos giros mercantiles a lo largo de la zona que comprende el dren, los cuales han venido descargando sus aguas contaminadas sobre el mismo.

2. Se pretendía utilizar el dren a fin de desahogar las aguas de la presa Cacaloapan, que almacenaría el agua proveniente de la presa Valsequillo, para el aprovechamiento de ésta y favorecer la agricultura de la zona.

3. La longitud del dren de Tehuacán alcanza 29 kilómetros, que son contaminados por las crecientes empresas que se encuentran en los alrededores de ocho localidades, siendo 531 (quinientos treinta y un) litros por segundo, los que se descargan de agua contaminada. Por cada minuto se contaminan 31 mil 860 (treinta y un mil ochocientos sesenta) litros.

4. El dren, por ser una cuenca hidrológica, se denomina como un cuerpo de agua federal, por lo que se encuentra bajo supervisión y administración de la Comisión Nacional del Agua. Así, ese organismo desconcentrado es responsable de otorgar y revocar permisos sobre el dren.

Consideraciones

Es evidente que lo señalado en los párrafos que anteceden, agravia a la población que vive en toda esa zona, debido a que la contaminación del agua va en aumento, descuidándose principalmente la salud pública.

Las denuncias ciudadanas han ido en aumento desde hace varios años, pues los problemas principales que generan esas descargas indiscriminadas son contaminación ambiental, sociales y de salud pública, que afectan la zona agrícola.

En cuanto a salud pública, existen brotes de enfermedades por infecciones y en vías respiratorias y alergias, pues los malos olores que se desprenden de ahí se han vuelto insoportables para los habitantes de la zona mencionada.

De igual manera, hay contaminación por filtración al subsuelo o mantos freáticos, así como de contaminación por cloración del dren.

El origen de las descargas hacia el dren principalmente son de granjas porcícolas y avícolas, lavanderías, aguas contaminadas con colorantes artificiales, productos químicos, como son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio provenientes de industrias y laboratorios, descargas de aguas negras municipales, rastros, clínicas y demás giros comerciales, así como de casas habitación.

Se hace necesario instaurar las mejoras necesarias para que los ciudadanos de la región cuenten con un sistema de salud y una mejor calidad de vida.

El compromiso debe ser vigilar el manejo de cuencas, el uso eficiente del agua para beneficio de la agricultura, el tratamiento eficiente de aguas residuales y combatiendo la contaminación de nuestros drenes, con el fin de lograr el bien común para todas las familias de la región.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis que se efectué de la situación actual del dren de Tehuacán, determinen una partida específica a fin de llevar a cabo las obras necesarias para el revestimiento de dicho dren.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, mediante la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de ella, instaure las políticas necesarias para la verificación de los permisionarios y de la situación actual del dren de Tehuacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto Cuenta Pública.

CUENCA LERMA-CHAPALA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Alfredo Barba Hernández, del PRI, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal jalisciense integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a esta tribuna para solicitar que se turne a la Junta de Coordinación Política de la esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Con fundamento en las facultades que establece el artículo 27 constitucional para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rural y urbana, la LIX Legislatura creó la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.

La recolección y análisis de información, así como los foros realizados representan un importante avance en la identificación de soluciones a los problemas que enfrenta la cuenca Lerma-Chapala; sin embargo, las condiciones de ésta, siguen siendo una de las más contaminadas del mundo.

Diferentes estudios, realizados por biólogos y especialistas ambientales, manifiestan que la sobreexplotación, el deficiente aprovechamiento así como la contaminación de la cuenca provocan serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de asolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático. Y, por supuesto, la calidad del agua para consumo humano no es óptima.

La modernización de los sistemas de medición utilizados en las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala es necesaria, así como el requerimiento de personal con equipo y capacitación para determinar volúmenes entrantes y salientes para cada región conforme a los acuerdos pactados.

Lograr el equilibrio ecológico y la protección del ambiente de la cuenca es un reclamo de la ciudadanía y una obligación de este Congreso atender, por lo que el suscrito, legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable representación popular, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se cree la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.

Segundo. Que se elabore un proyecto presupuestal y de acciones concretas para la implantación de un programa de manejo integral de largo plazo para la cuenca Lerma-Chapala, dando seguimiento con evaluaciones de las acciones emprendidas por los tres niveles de gobierno de la región.

Tercero. La comisión especial se formará por dos miembros de cada grupo parlamentario dando preferencia a los diputados de los estados vecinos de la cuenca Lerma-Chapala.

Cuarto. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación y su duración será hasta el termino de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE LA FAMILIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Familia.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas:Con su permiso, señor Presidente; diputadas, diputados: la familia surge como unidad o célula básica de la sociedad humana; su origen antecede a la entidad jurídica y política que identifica a un grupo de personas: el Estado. No hay Estado sin familia; por ende, sus políticas deben ser orientadas a la promoción, protección y fortalecimiento de ella. La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia, de las familias, que forman la comunidad política que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico, político, por su parte la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad y cumplir la tarea fundamental de orientar, educar, social y políticamente a sus miembros.

Si bien es cierto que las acciones legislativas, en el pasado, han favorecido a grupos específicos de la población como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños, los discapacitados, poco se han dedicado a sus familias; hay muy poco énfasis en las familias de ellos. La familia, no sólo para México sino en el ámbito internacional, sigue siendo la unidad básica de toda la sociedad. En este sentido, la declaración universal de los derechos humanos recogió en el tercer inciso del artículo 16 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado.

El tema de la familia, desde el punto de vista de la legislación, es un asunto que corresponde preferentemente a los órganos legislativos de los estados o del Distrito Federal, a través de sus códigos civiles o familiares; no obstante, el marco jurídico federal vigente tiene también una incidencia fundamental en el desarrollo de la institución familiar, mediante reformas a diversas leyes federales.

El humanismo político que practicamos en Acción Nacional nos encamina necesariamente por el sendero de la familia; la familia ha sido el eje de nuestra acción política y el motivo esencial de nuestra lucha desde hace más de 67 años. Acción Nacional reconoce que nuestra mayor crisis en estos momentos como nación tiene su origen en el descuido institucional que por años en México ha padecido la familia mexicana. La falta de oportunidades, la desintegración, las políticas públicas insuficientes o mal enfocadas han debilitado el núcleo familiar. Por ello, hoy nuestras instituciones y nuestras acciones como legisladores deben estar orientadas a fortalecer la familia, a acercarle todas las posibilidades y evitar así que esas amenazas sociales que hoy se ciernen sobre ella acaben por deteriorarla y con ella los valores que la constituyen.

Decía, con razón, don Manuel González Hinojosa --uno de nuestro más ilustres pensadores-- que, sin género de duda alguna, la familia es la primera escuela en la que los padres e hijos aprenden un poco de la virtud soberana que coexiste en saber olvidarse de sí mismo a fuerza de vivir para otros; en fin, que nadie de los que estamos aquí presentes podría estar en contra de reconocerle a la familia el sitio que le corresponde en la jerarquía de temas que estamos obligados a ver desde la Cámara de Diputados.

Sólo en la medida en que atendamos de manera prioritaria a la familia, en la medida en que veamos por la satisfacción de sus necesidades, en la medida en que la fortalezcamos, tendremos una nación más fuerte y dispuesta a enfrentar los retos de hoy y de mañana. Estoy convencida de que los temas relativos a la familia deben ser atendidos con prioridad sobre cualquier otro; por ello someto a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial de la Familia.

Segundo. La Comisión Especial de la Familia tendrá por objeto la realización de estudios, investigaciones, foros, consultas, diagnósticos, la revisión del marco jurídico y demás acciones legislativas y de políticas públicas para los poderes y órdenes de gobierno que se planteen e incidan en el desarrollo para el fortalecimiento de la familia.

Tercero. La Comisión Especial de la Familia funcionará de conformidad con lo que establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relacionadas, y contará con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Cuarto. La Comisión Especial de la Familia estará integrada por 26 diputadas y diputados federales pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que para tal efecto formule la Junta de Coordinación Política, y durará en sus funciones el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto, pudiéndose constituir en comisión ordinaria si existiesen los argumentos necesarios para ello.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006. Señor Presidente, le solicito atentamente sea inscrito el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Atentamente Mirna Cecilia Rincón Vargas, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la familia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe, Mirna Cecilia Rincón Vargas, diputada federal de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 34 incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de la comisión especial de la familia, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La familia surge como unidad o célula básica de la sociedad humana, su origen antecede a la entidad jurídica y política que identifica a un grupo de personas, el Estado. Éste debe existir por y en función de ella. No hay Estado sin familia, por ende sus políticas deben ser orientadas a la promoción, protección y fortalecimiento de ella.

Toda institución humana tiene una finalidad propia y específica, que en última instancia emana de la naturaleza misma del ser humano, la cual por su carácter sociable exige que los seres humanos se agrupen para alcanzar su pleno desarrollo.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político. Por su parte, la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad, y cumplir la tarea fundamental de orientar y educar social y políticamente a sus miembros.1

El Estado tiene la responsabilidad de asistir y proteger a la familia para asegurar su desarrollo armónico integral y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de cada uno de sus miembros.

La familia se caracteriza por ser el apoyo emocional y afectivo que protege al individuo y en donde mujeres y hombres encuentran los satisfactores básicos a sus necesidades.

Si bien es cierto que las acciones legislativas --en el pasado-- han favorecido a grupos específicos de la población como las personas adultas mayores; las niñas, niños y adolescentes; las mujeres y las personas con discapacidad, estimo que éstas se han enfocado a cada grupo en particular, pero han tenido poco énfasis en sus familias.

La realidad demuestra que las familias, como la sociedad, han evolucionado. El rol de la mujer como parte medular de la familia ha adquirido mayor responsabilidad. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que de las 22.8 millones de mujeres mexicanas que son madres, casi 40 por ciento de ellas (unos 10 millones) trabajan y 22 por ciento son consideradas madres solas (solteras, separadas, divorciadas, viudas y abandonadas).

Desarrollan actividades económicas, educativas y recreativas, además del cuidado de los hijos, de otros miembros de la familia y de las labores domésticas. Según el INEGI proporcionalmente son las madres solteras quienes más participan en el mercado laboral con un 70.8 por ciento.

Así las mujeres indígenas, las propias migrantes y aquellas que trabajan en el medio rural, en condiciones muy duras, lo hacen porque han sido abandonadas por sus maridos que emigraron en busca de un mejor futuro.

Hay que reconocer, que para combatir el problema de la violencia familiar, rescatar de las condiciones de pobreza a millones de familias, dar apoyo a la vivienda y al ingreso familiar, fortalecer la seguridad social, apoyar a las mujeres que son la cabeza de la familia, promover la reintegración de las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle; de aquellas y aquellos que han sido víctimas de explotación sexual comercial; de explotación laboral o de cualquier otra forma de maltrato físico o emocional; al núcleo familiar y social. Crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser más eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, requiere una protección integral que se fundamente en el interés superior de las niñas y los niños. Por lo tanto, es necesario retomar el núcleo fundamental en donde se desarrollan.

Las condiciones de desigualdad, a que se enfrentan las mujeres y niñas en nuestro país, deben ser valoradas por los tres niveles de gobierno, en el ámbito federal y local. Es preciso, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin duda alguna, las y los legisladores de las anteriores legislaturas, nos han dejado instrumentos muy valiosos para continuar con la defensa de millones de mujeres y niñas que habitan en el territorio nacional.

Tal es el caso, de la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana y específicamente en 10 entidades federativas, realizada por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura, que tiene como base teórica la perspectiva de género, que explica la violencia de género y la violencia feminicida, con la finalidad de conocer el número de mujeres y niñas asesinadas en el país, así como las causas y condiciones de la violencia feminicida y la procuración de justicia vinculada.

De los resultados de esta investigación, se desprende que mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país en 2004. 4 niñas y mujeres fueron asesinadas cada día. Específicamente mi estado, Baja California, ocupa el sexto lugar conjuntamente con el estado de Chihuahua en homicidios de mujeres, 191 niñas y mujeres fueron asesinadas en 5 años (2000-2004), todas ellas por homicidios dolosos, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC).

En este estudio se señala que las autoridades y medios en Baja California argumentan el origen de los asesinatos de niñas y mujeres en la fragmentación del tejido social, la pobreza y la marginación, o que se deben a los grupos delictivos y a las mafias, al narcotráfico o al narcomenudeo, al tráfico de órganos, y a la situación fronteriza de la ciudad. Fenómenos que, en efecto, favorecen no sólo la violencia contra las mujeres sino otras formas de violencia. Pero no son la única causa de dicha violencia. Se obvia que la mayoría de los agresores son hombres que han violentado y asesinado a niñas y mujeres en su mayoría familiares o conocidas y que en menor número eran desconocidas para ellos.

En México, según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, 60.4 por ciento de las mujeres han experimentado violencia alguna vez en su vida, la mayoría de ellas (74 por ciento) fue víctima de familiares y como principal agresor se señala a la pareja actual, novio o ex-novio.

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), aplicada en 57 mil viviendas en todo el territorio nacional durante el último trimestre de 2003, reveló que el 46.6 por ciento de mexicanas (nueve millones de mujeres), sufren algún tipo de violencia económica, emocional, física y sexual.

La dignidad de la persona humana existe y debe reconocerse sin distinción alguna. De ello se deduce que los derechos humanos son universales por naturaleza y que todos los miembros de la familia adquieren esos derechos al nacer.

No obstante, la transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas, más aún cuando sabemos que la complejidad de estos fenómenos sociales ha afectado de forma negativa al desarrollo y a la integración familiar.

Los esfuerzos legislativos se han reflejado en aquellos ordenamientos que han buscado hacer referencia a la familia y su fortalecimiento desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en más de 20 ordenamientos sustantivos como el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, la Ley de Amparo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

La familia, no sólo para México sino en el ámbito internacional, sigue siendo la unidad básica de toda la sociedad. En este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, recogió en el tercer inciso de su artículo 16 que a la letra dice: ``La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del Estado''.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala que es necesario ``fortalecer los ámbitos familiares para que sean el promotor de la convivencia y la solidaridad social'' y además señala que es necesario ``impulsar programas y políticas públicas que fomenten los valores familiares y propicien la cohesión y la solidaridad social''.

Las conductas positivas y los valores adquiridos en la familia se reflejaran en la sociedad contribuyendo a su desarrollo y permanencia. El desarrollo y bienestar de sus integrantes es la familia, como el bien común es el Estado.

Un gran avance a la concepción del tema es la reciente inclusión de la perspectiva de género, que ha creado la necesidad de reforzar lo legislado, para favorecer la consolidación de una sociedad equitativa en México. Por ejemplo, la igualdad de condiciones y oportunidades en la participación de puestos legisladores, altos funcionarios o directivos y en puestos profesionales y técnicos, independientemente de nuestra condición de mujeres y hombres.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.2

El tema de la familia, desde el punto de vista de la legislación, es un asunto que corresponde preferentemente a los órganos legislativos de los estados o del Distrito Federal, a través de sus códigos civiles o familiares. No obstante, el marco jurídico federal vigente, tiene también, una incidencia fundamental en el desarrollo de la institución familiar, mediante reformas a la Ley General de Salud, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, a la Ley General de Educación, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al Código Penal Federal, al Código Civil Federal, entre otros.

La Cámara de Diputados tiene también la facultad de control para inspeccionar, fiscalizar, comprobar, revisar, examinar, discutir y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal. Por lo cual, la Comisión Especial de la Familia podrá evaluar la contribución al desarrollo familiar de algunas dependencias de la Administración Pública Federal, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los demás que le competan.

La Comisión Especial, coadyuvará con las demás comisiones ordinarias y especiales con opiniones que enriquezcan el contenido de las reformas y acciones legislativas que se planteen e incidan en el desarrollo de la familia. Asimismo, en función de su estudio, podrá realizar foros, seminarios, talleres, consultas con especialistas en el tema, con instituciones públicas y privadas, con organizaciones no gubernamentales. Y contribuir al fortalecimiento institucional, colaborando con los otros poderes de Estado y en los 3 niveles de gobierno, para articular una política integral que fortalezca el desarrollo de la familia mexicana.

Acción Nacional, siempre ha tenido especial preocupación por el bienestar de la familia, debido a que dentro de la familia se adquieren las bases y los conocimientos principales de la conducta humana. Por ello, la influencia del Poder Legislativo en la misma, ayudará al avance en el cumplimiento del deber que como legisladoras y legisladores nos fue encomendado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial de la Familia.

Segundo.La Comisión Especial de la Familia tendrá por objeto la realización de estudios, investigaciones, foros, consultas, diagnósticos, la revisión del marco jurídico y demás acciones legislativas y de política pública para los poderes y órdenes de gobierno que se planteen e incidan en el desarrollo y fortalecimiento de la familia.

Tercero. La Comisión Especial de la Familia funcionará de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relacionadas. Contará con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Cuarto. La Comisión Especial de la Familia estará integrada por 26 diputadas y diputados federales pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que para tal efecto formule la Junta de Coordinación Política. Y durará en sus funciones el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto, pudiéndose constituir en comisión ordinaria si existiesen los argumentos necesarios para ello.

Notas:

1 Partido Acción Nacional, Proyección de Principios de Doctrina, 2002

2 Partido Acción Nacional, Proyección de Principios de Doctrina, 2002.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2006.--- Diputadas y diputados: Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), David Lara Campean (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Martha M. García Müller (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madero (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Dolores María Manuell Gómez Angulo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mirna Cecilia Rincón. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

HIDROCARBUROS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hizo llegar a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Las relaciones que se instituyen entre el Estado y la actividad económica son el producto de una adaptación compleja de diversas esferas del espacio público que da lugar a la instauración de formas reguladoras particulares. La estabilidad y permanencia de estas formas institucionales están determinadas por los diversos tipos de mediaciones sociales que se establecen, tanto al interior del propio Estado, como en las relaciones de este con la sociedad.

Si bien la regulación económica en sentido estricto, se determina a nivel macro, la articulación de este nivel con el mesoeconómico conforma una dinámica sectorial o, dicho de otra manera, un ``régimen económico de funcionamiento'', inherente al sector en cuestión, con características y entramado institucional propios. Esto significa, que las formas institucionales que estructuran la macroeconomía de un país condicionan fuertemente la dinámica económica sectorial. Sin embargo, la evolución de esta última, puede igualmente contribuir a modificar ciertos rasgos de las formas institucionales globales. Esta influencia sobre la dinámica de conjunto puede ser más o menos importante, dependiendo del peso económico específico del sector y del grado de madurez o fragilidad del propio régimen de acumulación.

De acuerdo a esta concepción, un sector económico es considerado como tal, no solamente a partir de la homogeneidad del tipo de valor de uso producido y la tecnología empleada, sino también a partir de una construcción social compleja de la esfera productiva, referenciable históricamente. La producción de valores de uso particulares, realizada sobre la base de tecnologías específicas, está ligada a procesos de determinación de las finalidades económicas que se materializan en instituciones ad hoc forjadas conforme a la naturaleza del Estado en cuestión.

Es evidente que en nuestro país, el régimen económico de funcionamiento del sector petrolero, es fundamental no sólo para el régimen de acumulación general, sino también, para marcar la pauta de la dimensión política de la regulación económica en el modelo de desarrollo. Dada la gran importancia que tiene, no solo como fuente de ingresos fiscales y proveedor de insumos energéticos, sino también como factor constitutivo de uno de los principales referenciales socioculturales que forjan nuestra identidad colectiva, el sentido de los cambios en la arquitectura institucional del sector marca en gran medida las transformaciones posibles en la naturaleza misma del Estado, en tanto que espacio fundamental de codificación de las relaciones sociales.

De ahí que resulte de la mayor importancia que esta representación nacional se constituya en el espacio por excelencia de reflexión en torno al conjunto de reformas que requiere el sector de los hidrocarburos para potenciar su aporte al desarrollo nacional.

Más allá de la simplificación extrema de la problemática del sector, la Cámara de Diputados debe asumir plenamente su responsabilidad y propiciar una amplia, incluyente e informada discusión sobre los aspectos centrales de una necesaria reforma en la arquitectura institucional y las políticas públicas en el sector.

Se debe constituir el espacio idóneo para analizar a fondo aspectos como la responsabilidad de la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera pública; la organización del operador técnico ( Pemex) y el papel de la Secretaría de Energía como autoridad del sector. También se deben buscar respuestas a interrogantes fundamentales para repensar la industria petrolera, tales como: ¿Quién debe decidir cómo valorizar los hidrocarburos? ¿Qué zonas explorar? ¿Cuántas reservas tener? ¿Cuánto producir? ¿Máxima recuperación de los hidrocarburos, o máxima ganancia a corto plazo? ¿Es conveniente un Directorado Mexicano del Petróleo? ¿O mejor reforzar técnicamente a la Secretaría de Energía?

En cuanto a los procesos de refinación y petroquímica, debemos estar en medida de poder definir que y cuanto producir; cuanto importar o si es necesario garantizar la autosuficiencia a cualquier precio. También hasta que punto es razonable técnica y económicamente fijar los estándares en la calidad de los combustibles.

La reflexión debe abarcar por supuesto la organización y regulación interna y externa de Petróleos Mexicanos, incluyendo aspectos como su posible reunificación en un solo organismo, la conveniencia de introducir la figura de contrato-plan en sus relaciones con el Estado, la posibilidad de darle un tratamiento especial en la Ley de Obras Públicas, mejoramiento de la normatividad interna para propiciar la transparencia y rendición de cuentas y replanteamiento de su relación con el Instituto Mexicano del Petróleo; entre muchos otros.

En suma de lo que se trata es de abrir un verdadero debate en torno a un sector cuya reforma y modernización resultan de una importancia fundamental para el desarrollo del país y motivan al suscrito para someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la creación de la Comisión Especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos; encargada del estudio de la problemática del sector, así como de proponer alternativas para su resolución y mejor articulación con la economía nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Pido a la Secretaría que dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 17 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos pendientes de esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:47 horas): Gracias, señor Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 17 de octubre, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 30 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 293 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 438 diputados.
• Acuerdo de la Mesa Directiva aprobado: 1.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Diputado suplente que se incorpora: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 25.
• Puntos de acuerdo aprobados: 4
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 45PAN-6, PRD-18, PRI-11, PVEM-1, Convergencia-6, PT-1, Nueva Alianza-1, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que 1 ciudadano pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que 3 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, y se comunica que han dejado de prestar servicios 4 ciudadanos;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo presentado por el senador Lázaro Mazón Alonso;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 2 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Convergencia.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 y se adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar , Diego(PRI) Ley del Seguro Social: 47
• Aguirre Alcaide, Víctor(PRD) Educación Superior: 133
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Protección de ambientes acuáticos: 124
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional: 31
• Barba Hernández, Alfredo(PRI) Cuenca Lerma-Chapala: 146
• Carballo Bustamante, Andrés(PRI) Comisión Especial del Cacao: 89
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) 12 de octubre: 29
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias: 141
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Artículos 26 y 73 constitucionales: 44
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) 12 de octubre: 30
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes: 137
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Mujer rural: 65, 66
• Cuen Garibi, Marcela(PAN) Personas con discapacidad: 93
• Díaz de León Torres, Leticia(PAN) Mujer rural: 63
• Díaz Gordillo, Martha Cecilia(PAN) 12 de octubre: 24
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Comisión Especial para el Campo: 109
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Mujer rural: 66
• Herrera Coyac, Wenceslao(PRI) 12 de octubre: 26
• Lizárraga Peraza, Víctor Manuel(PRD) Estado de Baja California Sur: 67
• López Lena Cruz, Humberto(Convergencia) Agresiones contra periodistas y medios de comunicación: 101
• López Torres, María Soledad(PRD) Aguas subterráneas nacionales: 106
• Maciel Ortiz, María Mercedez(PT) 12 de octubre: 29
• Matías Alonso, Marcos(PRD) 12 de octubre: 25
• Mendoza Arellano, David(PRD) Distrito Federal: 113
• Mendoza Arellano, David(PRD) Reforma del Estado: 135
• Mendoza Cortés, Mario(PRI) Estado de Puebla: 98, 145
• Notholt Guerrero, Álan(PVEM) 12 de octubre: 27
• Ochoa González, Arnoldo(PRI) Educación media superior, superior, ciencia y tecnología: 69
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Programa Especial Concurrente: 53
• Pérez Valdés, Daniel(PRI) Importación de azúcar: 57
• Rincón Vargas, Mirna Cecilia(PAN) Comisión Especial de la Familia: 147
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Distrito Federal: 131
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Nopal: 129
• Sansores San Román, Layda Elena(Convergencia) Presidente de la República: 52
• Santos Arreola, Francisco Javier(PRD) Importación de azúcar: 59
• Solares Chávez, Miguel Ángel(PRD) Educación secundaria: 96
• Soto Sánchez, Antonio(PRD) Hidrocarburos: 152
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Feminicidios: 60
• Ulloa Pérez, Emilio(PRD) Estado de Baja California: 114
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) 12 de octubre: 28
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Mexicana de Aviación: 91
• Velázquez Gutiérrez, José Guillermo(PAN) Calendario de procesos electorales: 104
• Zermeño Infante, Jorge(PAN) Bando solemne: 31

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	INASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	INASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero Ma. Sofía Del	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	INASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	CÉDULA
75 García Müller Martha Margarita	INASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	CÉDULA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	CÉDULA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	CÉDULA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	PERMISO MESA DIRECTIVA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	CÉDULA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Minjares Jiménez José Manuel	CÉDULA
129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
130 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
131 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
132 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	CÉDULA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	CÉDULA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	CÉDULA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	INASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	INASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	INASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	INASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 187
Asistencias por cédula: 9
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	CÉDULA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	INASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	CÉDULA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	PERMISO MESA DIRECTIVA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	PERMISO MESA DIRECTIVA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	INASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	INASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	INASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	CÉDULA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	INASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
73 Mendoza Flores Roberto	INASISTENCIA
74 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
75 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
76 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
77 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
78 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
79 Morales Vázquez Carlos Orsoe	PERMISO MESA DIRECTIVA
80 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
81 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
82 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
83 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
84 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
85 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
86 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
87 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
88 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
89 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
90 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
91 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
92 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
93 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
94 Ramos Becerril Rafael Plácido	CÉDULA
95 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
96 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
97 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
98 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
99 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
100 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
101 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
102 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
103 Sánchez Cabrales Rafael Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
104 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
106 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
107 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
108 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
110 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
111 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
112 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
113 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
114 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
115 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
116 Torres García Daniel	ASISTENCIA
117 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
118 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
119 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
120 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
121 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
122 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
123 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	CÉDULA
126 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 104
Asistencias por cédula: 6
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 10
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	INASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	CÉDULA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	CÉDULA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	CÉDULA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	PERMISO MESA DIRECTIVA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	CÉDULA
55 Martínez Rocha Arturo	INASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	INASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	INASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	INASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	PERMISO MESA DIRECTIVA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 93
Asistencias por cédula: 5
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	CÉDULA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	CÉDULA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	CÉDULA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Piñeyro Arias Irma	PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	INASISTENCIA
Asistencias: 0
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arellano Arellano Joel
2 Borboa Becerra Omar Antonio
3 Del Valle Toca Antonio
4 García Müller Martha Margarita
5 Román Isidoro Demetrio
6 Salas Contreras Marcos
7 Serrato Castell Luis Gerardo
8 Solano Muñoz José de Jesús
Faltas por grupo: 8

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Aragón Castillo Irene
2 Fernández Balboa Mónica
3 Franco Melgarejo Rafael
4 Garzón Contreras Neftalí
5 Landero López Pedro
6 Mendoza Flores Roberto
Faltas por grupo: 6

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aldana Prieto Luis Ricardo
2 Martínez Rocha Arturo
3 Méndez Lanz Víctor Manuel
4 Orihuela Trejo José Amado
5 Reyna García José Jesús
Faltas por grupo: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
Diputado
1 Castellanos Hernández Félix
Faltas por grupo: 1