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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 375 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:18 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 17 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores.

De los congresos de Sonora, y de Tamaulipas.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Relativo a la adición de las comisiones de Cultura, y de Ciencia y Tecnología a la comparencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra. (Votación)

Por el que se integra la delegación de diputados que participará en la decimocuarta reunión interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a septiembre de 2006, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Efeméride

Sobre el 53 aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 49 y 51 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5, 6 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 46 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo 2000-2006, por todo concepto, y los resultados de las revisiones efectuadas por ella, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP que implanten los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el secretario de Economía rinda un informe a esta soberanía sobre el acuerdo paralelo al TLCAN, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre para Villa Corregidora, Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar a una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía a fin de que rinda un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y de que dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y de Frida Kahlo en el billete de 500 pesos en la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales a considerar en sus presupuestos de egresos de 2007 recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a promulgar la celebración del 15 de octubre como Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para enfrentar su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la revisión, el análisis y las recomendaciones sobre los capítulos agropecuario y relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de la LX Legislatura a abstenerse de fumar en el honorable recinto, en cumplimiento de la normatividad vigente, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a verificar de manera exhaustiva la contratación de personal y los procedimientos de operación en las empresas de seguridad privada, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT, de la Cofemer, de la CFC y del Banco de México que rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a entregar al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos correspondientes conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sur-sureste, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por autoridades locales del estado de Tabasco, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a dictaminar y, en consecuencia, publicar el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para combatir y prevenir las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para promover y rescatar las lenguas indígenas y fomentar la lectura, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 los recursos se distribuyan en forma equitativa a todos los estados, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya una partida destinada a cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre las elecciones en Tabasco, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves doce de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y tres diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del jueves doce de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Acuerdo de la Mesa Directiva mediante el cual se especifican los criterios para las justificaciones de inasistencias y los permisos del propio órgano de gobierno. Insértese en el Diario de los Debates.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal electo por la quinta circunscripción, en el estado de Hidalgo y acompañado de una comisión designada, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que:

El ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República del Paraguay en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dos, para que tres ciudadanos puedan prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, asimismo comunica que han dejado de prestar servicios cuatro ciudadanos en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California. Las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicio, se turna a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de Senadores.

Oficios de la Cámara de Senadores con los que se remiten acuerdos para que el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete:

Se amplié, etiquete y desagregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El gasto destinado a la Educación Pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional, presentado por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que la administración general de aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de septiembre de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Economía.

A las once horas con treinta y un minutos se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y ocho diputadas y diputados.

Hablan sobre el aniversario del doce de octubre, día de la raza y el descubrimiento de América los diputados: Martha Cecilia Díaz Gordillo, del Partido Acción Nacional; Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática; Wenceslao Herrera Coyac, del Partido Revolucionario Institucional; Álan Notholt Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Tomás José Luis Lagunas Varela, de Convergencia; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

La Presidencia hace mención del ejercicio realizado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fin de reconocer el derecho de los pueblos indígenas en la vida democrática del país y comunica que en un hecho simbólico, se tradujo a cuarenta y siete lenguas el Bando Solemne con el fin de remitir los documentos a todas las comunidades indígenas del país.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, de Ley Reglamentaria de las fracciones cinco y seis del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, que reforma los artículos veintiséis y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Diego AguilarAcuña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve, y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

Se recibe de la diputada Layda Sansores San Román, de Convergencia, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a comparecer cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para informar sobre el estado que guarde la administración pública federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reintegre al Presupuesto de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica para que ésta aplique dichos recursos conforme a la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente, integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil seis.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido y la aprueba. Comuníquese.

Daniel Pérez Valdés, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía. Desde su curul, el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática, expresa la adhesión de su grupo parlamentario a este punto de acuerdo. En votación económica y por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba de la misma manera. Comuníquese.

Martha Tagle Martínez, de Convergencia, y suscrita por diputadas de los grupos parlamentarios de los partidos de: la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Leticia Díaz de León Torres, a nombre propio y del diputado Francisco Domínguez Servién, ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes, a reconocer el valor de la mujer rural y otorguen mayores recursos a los programas destinados a su atención. Desde su curul, la diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión a la proposición. En votación económica y por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Se les otorga la palabra para hablar sobre el tema a las diputadas: Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Partido Revolucionario Institucional; y a Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el punto suficientemente discutido y lo aprueba.

Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la solicitud de Declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur y la anulación del Acuerdo de desincorporación emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.

Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional, para que esta soberanía convoque al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Andrés Carballo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial del Cacao. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, por el que se exhorta a las Comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, investiguen lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación. No se considera de urgente resolución, al no alcanzar la mayoría calificada en votación económica, por lo tanto se turna a las Comisiones Unidas de Transportes y de Trabajo y Previsión Social.

Marcela Cuén Garibi, del Partido Acción Nacional, relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Miguel Ángel Solares Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, suspenda la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Mario Mendoza Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos del dos mil siete, se incluya la construcción de un Instituto Tecnológico Nivel Superior en el Valle de Tehuacan y Ajalpan, estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Humberto López Lena Cruz, de Convergencia y suscrito por integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Alternativa y Nueva Alianza, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas legislaturas locales para que modifiquen sus procesos electorales de manera que coincidan las elecciones locales y federales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Soledad López Torres, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea una Comisión Especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a que diseñe un programa especial con recursos suficientes, para atender los problemas de marginalidad y atraso, en el que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa. Se turna a la Comisión del.

Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, en la construcción de un puerto de cabotaje y altura en la zona denominada Punta Colonet, Baja California. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes.

Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar estudios técnicos con objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil siete se incluyan recursos dirigidos a apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluya en el presupuesto de dos mil siete, recursos para el rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Víctor Aguirre Alcaide, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incremente los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete y exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a que reciban una comisión de las universidades encabezada por los rectores de las universidades de Zacatecas, Sinaloa y Guerrero. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba de la misma manera. Comuníquese.

David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para la reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Aurora Cervantes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Mario Mendoza Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil siete, considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para realizar las obras necesarias en el denominado dren de Tehuacán. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Alfredo Barba Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la Familia. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, remite proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y siete minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes diecisiete de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Comunico a ustedes que por acuerdo de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores realizará sesión ordinaria los días lunes 30 y martes 31 de octubre de 2006, en la semana que va del 30 de octubre al 3 de noviembre próximo.

Lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en la última parte del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 12 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretaría.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

El Congreso de Sonora, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Primero. El Congreso de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 realice las previsiones que al efecto resulten necesarias para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Educación, particularmente lo relativo a destinar al rubro de educación, al menos 8 por ciento del producto interno bruto del país.

Segundo. El Congreso de Sonora manifiesta su disposición para que en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas en materia de presupuesto del gobierno del estado para el próximo ejercicio fiscal se tome en cuenta la disponibilidad de recursos para incrementar en términos reales los destinados al sector educativo del estado, considerando las previsiones necesarias para atender los requerimientos del salario profesional de los trabajadores de la educación, conforme a las responsabilidades de concurrencia señaladas en la ley.

Tercero. El Congreso de Sonora, no obstante reconocer los esfuerzos realizados para atender las justas demandas del sector educativo, solicita muy atentamente a las instancias correspondientes dar continuidad de manera integral por la vía institucional al proceso de homologación salarial de los trabajadores de educación básica y normal, haciendo hincapié en la urgente atención de los que laboran en Etchojoa, Sonora.

Cuarto. El Congreso de Sonora expresa su respeto por las estrategias, las formas de planteamiento y la exigencia de demandas que no afecten el derecho de terceros.

Asimismo, exhorta a las dependencias encargadas del orden interno y de la gobernabilidad en los órdenes federal y estatal a establecer las medidas necesarias para mantener el diálogo constructivo encaminado a la concertación de acuerdos viables, asumiendo con responsabilidad y en un clima de respeto y de concordia el cauce institucional para la resolución de problemas.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra alta consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado Juan Manuel Sauceda Morales (rúbrica), Secretario; Diputado Ventura Félix Armenta (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo.--- H. Congreso del Estado.--- LIX Legislatura.--- Tamaulipas.

Diputado Jorge Zermeño Infante.--- Cámara de Diputados.--- México, DF.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, me permito comunicarle que en sesión celebrada en esta fecha el Pleno legislativo del honorable Congreso del estado determinó aprobar el punto de acuerdo número LIX-162, mediante el cual la LIX Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y al titular de la Comisión del Agua, a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de 1944 y no se siga entregando agua del distrito de riego 025 Bajo Río Bravo a Estados Unidos de América; asimismo, se solicita al Congreso de la Unión que retome la defensa de este distrito de riego.

Al efecto, nos permitimos anexar copia del acuerdo referido.

Sin otro particular, me es grato reiterar las seguridades de mi consideración mas distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2006.--- Diputado Alejandro René Franklin Galindo (rúbrica), Secretario; Diputado Agustín Chapa Torres (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Tamaulipas.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58, fracción I, de la Constitución Política del estado y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas tiene a bien expedir el siguiente

Punto de acuerdo número LIX-162

Mediante el cual la LIX Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de 1944 y que no se siga entregando agua del distrito de riego 025 Bajo Río Bravo a Estados Unidos de América; asimismo, se solicita al Congreso de la Unión que retome la defensa de este distrito de riego.

Artículo Primero. La LXI Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de 1944 y no se siga entregando agua del distrito de riego 025 Bajo Río Bravo a Estados Unidos de América.

Artículo Segundo. Se hace una atenta solicitud al Congreso de la Unión, a efecto de que retome la defensa de este distrito de riego.

Transitorios

Artículo Primero. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua por conducto de su director general, y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Salón de Sesiones del honorable Congreso del Estado.--- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 27 de septiembre de 2006.--- Diputado Roberto Benet Ramos (rúbrica), Presidente; Diputado Alejandro René Franklin Galindo (rúbrica), Secretario; Diputado Agustín Chapa Torres (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la adición de las comisiones de Cultura, y de Ciencia y Tecnología a la comparencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra

Considerando

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo, y presentará un informe por escrito, en el que se expondrá el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que, de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.

III. Que el artículo 7, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las Cámaras del Congreso analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se clasificará en las siguientes materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

IV. Que el artículo 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Junta de Coordinación Política para someter a la consideración del Pleno los proyectos de puntos de acuerdo que resulten necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Con la finalidad de profundizar en el análisis del VI Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República y de promover el diálogo constructivo entre la legislatura y las dependencias del gobierno federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente que las comparecencias de los secretarios de despacho a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realicen ante comisiones de la Cámara de Diputados.

VII. Que el acuerdo a que hace referencia el numeral anterior fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 9 de octubre de 2006 y que el calendario de comparecencias contenido en éste fue notificado al Poder Ejecutivo federal para sus cauces legales.

VIII. Que en su sesión del día 9 de octubre del año en curso, la Junta de Coordinación Política consideró importante que el secretario de Educación Pública comparezca ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Que el secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, comparezca ante las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Ciencia y Tecnología.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L 60-II-6-16 signado el 19 de septiembre último por los diputados María Elena Álvarez Bernal y Jacinto Gómez Pasillas, Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 307-A-1236, suscrito el 4 del actual por Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar estado de emergencia en las zonas afectadas del estado de Sinaloa por el paso de huracán Lane, así como al liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 9 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Se hace referencia a su oficio número SEL/300/4699/06 del 19 de septiembre del presente año, por el que remite al secretario de Hacienda y Crédito Público copia del similar D.G.P.L 60-II-6-16, suscrito por los diputados María Elena Álvarez Bernal y Jacinto Gómez Pasillas, Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se da a conocer el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 19 de septiembre del actual, mismo que en su parte conducente se refiere a que se canalicen en el menor tiempo posible, y con medidas de control y absoluta transparencia, recursos del Fondo para la Atención de Desastres Naturales para atender las necesidades más apremiantes de las familias afectadas, además de las tareas de rehabilitación de la infraestructura afectada. En el mismo sentido, se solicita que, de ser necesario, el gobierno federal integre una propuesta de adición presupuestal, para que, ante la cercanía del proceso de revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, se consideren recursos que den continuidad a la reconstrucción de las zonas afectadas y se normalice su actividad económica y social.

Sobre el particular y por instrucciones del titular de esta Secretaría, le comunico lo siguiente:

1. De conformidad con el acta de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, celebrada el 29 de septiembre del presente año, así como en los diagnósticos correspondientes, los sectores afectados para ser atendidos en coparticipación son vivienda, infraestructura carretera estatal, hidráulica municipal, educativa, sitios históricos, salud, acuícola y recursos forestales.

Los recursos requeridos en coparticipación para la atención de daños, se estiman en 408.4 millones de pesos (mp), de los cuales la aportación federal será de 201.1 mp y la estatal de 207.3 mp.

En cada uno de los sectores afectados, los recursos se aplicarán conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2004 (DOF).

Asimismo, se tienen considerados recursos para solventar las afectaciones en infraestructura carretera y educativa del ámbito federal por 181.7 mdp, así como para sitios históricos, lo que suma un total de recursos federales de 382.8 mdp.

2. Esta Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante oficio No. 307-A-7-13428 de fecha 3 de octubre, giró instrucciones al Fiduciario del Fonden (Banobras), a fin de que se deposite en el fideicomiso Fonden estatal y con cargo al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, por cuenta de la Comisión Nacional del Agua, la cantidad de 7.3 millones de pesos, con carácter de anticipo, que representa el 50 por ciento de los recursos federales estimados por la entidad antes mencionada, para comenzar a la brevedad las obras y acciones de reconstrucción de infraestructura hidráulica de competencia estatal, de conformidad con la respectiva Declaratoria de Desastre Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre del presente año.

Finalmente, se atenderán las solicitudes de recursos que, en los términos de las disposiciones aplicables, gestione la Secretaría de Gobernación ante esta secretaría, los cuales se deberán someter a la consideración de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF), dentro de los plazos que se establecen en el ROF.

3. Por otra parte, se tiene considerado en el Fonden, los recursos para la coparticipación del gobierno federal, que suman 201.1 millones de pesos, de conformidad con el dictamen del Comité de Evaluación de Daños.

4. Los recursos federales comprendidos en el acta de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, se financiarán en los términos de las disposiciones aplicables, por lo que se tiene certidumbre para cubrir las erogaciones del ámbito federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de esta Unidad, permanecerá atenta para realizar las demás acciones de su competencia que le correspondan en el marco de las ROF, para agilizar la entrega eficaz y oportuna de los recursos que en su momento recomiende la CIGF.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 4 de octubre de 2006.--- Guillermo Bernal Miranda (rúbrica), titular de la unidad.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

FENOMENOS CLIMATOLOGICOS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1, suscrito el 5 de septiembre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/0750/06, signado el 5 del actual por el ciudadano Carlos Bayo Martínez, director general del Fondo de Desastres naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Baja California Sur y a liberar los recursos para atender la contingencia en dicha entidad federativa; así como a asignar mayores recursos del citado fondo y de los excedentes petroleros para afrontar los efectos de las lluvias extremas que ha padecido en las últimas semanas Ciudad Juárez, Chihuahua.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 9 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente

Me refiero a su oficio número SEL/300/4543/06, de fecha 6 de septiembre de 2006, mediante el cual informa a la Coordinadora General de Protección Civil, licenciada Laura Gurza Jaidar el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en oficio número D.G.P.L. 60-II-1, signado el 5 de septiembre del presente año por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comunicando al titular de esta dependencia el punto de acuerdo aprobado en sesión de esa misma fecha y que, por considerarse competencia de esta Dirección se transcribe a continuación:

``Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que emita la declaratoria de Desastre Natural en el Estado de Baja California Sur, y liberen, con la mayor brevedad, los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la contingencia en dicha Entidad Federativa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en al ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del pacto federal y la Ley General de Protección Civil, gire sus instrucciones a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se asignen mayores recursos del Fonden y de los excedentes petroleros para afrontar los efectos de las lluvias extremas que han padecido en las últimas semanas Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, hasta cubrir el déficit de 393.8 millones de pesos que se requieren adicionalmente para las obras de reparación, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura y vialidades de la localidad, así como la rehabilitación, reubicación y mejoramiento de viviendas que se requieren en el municipio de referencia.''

Al respecto, y una vez analizado el contenido del documento de mérito, así como el marco jurídico aplicable, me permito manifestarle lo siguiente:

Primero. En relación con el primer punto:

Desde la redacción del artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la protección civil es una materia que contempla la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, es decir; federación, estados y municipios por lo que a su aplicación corresponde.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil prevé que la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca la emergencia y, de verse superada su capacidad de respuesta, entonces acudirá a la instancia estatal. De resultar ésta insuficiente, entonces se informará a las instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo a los programas establecidos al efecto.

La aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales requiere, como requisito indispensable, observar el marco jurídico que lo regula, es decir, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004.

De las referidas reglas, es de advertirse que para que se pueda emitir una declaratoria de desastre natural, y con ello poder acceder a los recursos del Fonden, deberá existir una solicitud por escrito de declaratoria de desastre natural de parte legítima para tal efecto, que para este caso es a través de los gobernadores de los estados, las dependencias federales o el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En tal virtud, y tomando en cuenta que la solicitud que nos ocupa no fue presentada por la parte legitimada para tal efecto, nos encontramos imposibilitados para dar trámite a dicha solicitud.

Cabe mencionar que el estado de Baja California Sur ya ha sido declarado en desastre natural con motivo del huracán John, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 25 de septiembre del presente año.

Nota: Los recursos con cargo al Fonden para atender los daños ocasionados por el paso del huracán John se encuentran en proceso de autorización y validación por parte de las dependencias federales.

Segundo. Con respecto al segundo punto:

Una vez aprobados los recursos del Fonden para la atención de un desastre natural en particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará, con cargo al programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 (o el que resulte aplicable) o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean radicados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previa la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el fideicomiso Fonden estatal.

Cabe mencionar que, en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos.

Debe comentarse que en ningún momento se brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios, ya que los recursos del Fonden se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en un fideicomiso público estatal. Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras previa presentación de las facturas correspondientes, debidamente validadas tanto por la dependencia estatal ejecutora como la federal normativa.

A continuación se incorpora un cuadro en el que se especifican los recursos autorizados para la atención del desastre que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto y como es de observarse, los recursos ya están autorizados y se encuentran ejerciéndose en el Fideicomiso Público Fonden Chihuahua, por lo que le sugerimos entablar comunicación con el gobierno del estado para que le informe sobre la aplicación que se ha dado a los recursos antes mencionados para dicho fin.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 5 de octubre de 2006.--- Carlos Bayo Martínez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a septiembre de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a septiembre de 2005.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Licenciado José Francisco Gil Díaz (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LA MUJER MEXICANA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es efemérides sobre el 53 aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; ciudadanas y ciudadanos: con motivo de la conmemoración del LIII aniversario del derecho al voto de las mujeres mexicanas, me honra participar en esta tribuna plural de representación nacional, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, en primera instancia por ser mujer y en segunda, por ocupar un espacio de gran responsabilidad en la toma de decisiones sobre el rumbo de la nación, producto del sufragio libre y soberano de hombres y mujeres que así lo decidieron. La obtención del derecho al sufragio en 1953 fue un acto democrático trascendental no sólo para las mujeres mexicanas, sino para la sociedad en su conjunto. Aunque puede considerarse como una reforma electoral, fue sin duda por su implicación y su alcance, una reforma política y aún más, una reforma pionera dentro de la reforma del Estado.

Se trató ni más ni menos de darle poder de decisión política a más de la mitad de la población adulta. Las mujeres mexicanas hicieron público su derecho a elegir y a ser electas luego de más de 40 años de múltiples, variadas y exigentes luchas. Pero a pesar de los esfuerzos realizados en el país para mejorar la situación de las mujeres e incrementar la equidad entre los géneros, el progreso ha sido lento y aun inconcluso, en algunos aspectos se observan avances a favor de las mujeres, sin embargo, las cifras de desigualdad, violencia, acceso a recursos, participación política y autonomía de las mujeres, siguen evidenciando iniquidad.

Compañeras y compañeros diputados: sabemos que la igualdad entre los géneros es un requisito de desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social. El otorgar a las mujeres oportunidades de participación en la toma de decisiones y la promoción de la equidad de género son vitales, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto sino para lograr una ciudadanía integral y democrática más sólida.

Existen problemáticas fundamentales que derivan en la desigualdad e iniquidad entre mujeres y hombres, una de ellas es que aun persisten expresiones que violan profundamente sus derechos humanos, a partir de la violencia sistemática de género. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos y secuestros de las mujeres de Ciudad Juárez y en otras ciudades, aunado al aumento del comercio y turismo sexual de mujeres migrantes indígenas y cruelmente de niñas, así como los atentados a la libertad de expresión.

Otra problemática es aquella que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y en el ingreso entre ambos géneros. Los actores socioculturales y algunas costumbres, también contribuyen a las problemáticas de la desigualdad, ya que en muchas ocasiones derivan en la subordinación injusta de las mujeres con efectos negativos en sus vidas.

En el ámbito político, aunque existen avances en la participación de las mujeres en la toma de decisiones es todavía insuficiente y no alcanzan los estándares establecidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas, aunque la pluralización del sistema político mexicano ha permitido el acceso de grupos parlamentarios de distintas fuerzas políticas del país cada vez más vigorosas no se ha logrado una proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres, ni la inserción cabal de las mujeres en los espacios fundamentales de la toma de decisiones, es decir, no se ha logrado la paridad de género, que en la práctica es el valor político de contrapeso de la igualdad.

Hablar de participación nos obliga a ubicarnos en los procesos sociales y políticos que ha vivido y vive el país en torno a la participación y organización de las mujeres, con las implicaciones de la misma en términos de aporte, de modificación de estructuras organizativas e institucionales, incluidas las gubernamentales, y de las formas de concebir e implementar los procesos mismos. Integrar la perspectiva de género en la gobernabilidad y los procesos de descentralización actual es fundamental para lograr un desarrollo humano sostenible, equitativo e incluyente. Al mismo tiempo se hace necesario una mayor y transformadora presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones y un movimiento de mujeres fuerte que propicie el reconocimiento de los derechos de las mujeres, su empoderamiento y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Compañeras y compañeros diputados, concluyo invitándolos a que coadyuvemos para que nuestros intereses personales y políticos rechacen las diferencias de origen, niveles económicos, culturas y sexos y a que nuestras acciones caminen tenazmente por el camino de la construcción de esa nación justa y equitativa que nos merecemos.

Me permito pronunciar a nombre de las mujeres las siguientes palabras de la escritora Elena Poniatowska en su autobiografía: ``Vivo al ritmo de mi país y no puedo permanecer al margen. Quiero estar, quiero ser parte, quiero presenciar, quiero caminar codo a codo con él, quiero oír cada vez más, acunarlo, llevarlo como medalla troquelada en mi pecho, el activismo es un elemento constante en mi semana de colores''. Felicidades a todas las mujeres mexicanas. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Guadalupe Socorro Flores.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y se dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está abierto todavía el sistema si quieren registrar su asistencia.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 449 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LA MUJER MEXICANA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Tiene la palabra la diputada Rubí Laura López Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Rubí Laura López Silva:Con su anuencia, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: hoy celebramos un año más el voto de las mujeres en nuestro país y a través de la democracia hemos llegado a grandes transformaciones. En 1947 con una reforma al artículo 115 constitucional, durante el período del gobierno de Miguel Alemán Valdés, se permitió que las mujeres votaran y pudieran ser votadas en las elecciones municipales de todo el país. Fue hasta el 17 de octubre de 1953cuando se aprobó la reforma al artículo 34 de la Carta Magna promulgada en esta segunda ocasión por Adolfo Ruiz Cortines. De esta forma las mujeres, a ellas, se les reconoció la ciudadanía, su dignidad ciudadana y con ello el derecho al sufragio federal.

Actualmente la condición jurídica, social y política de la mujer a nivel mundial ha logrado cambios fundamentales como resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad y en gran parte debido a la influencia y desarrollo mundial de los movimientos feministas.

En la actualidad resulta normal para todos y todas el tema de la mujer como una sección de nuestra historia. Ahora cada vez que buscamos algún tipo de dato histórico o información aparece un capítulo especial a la mujer, junto con las minorías, los grupos marginados; aun cuando la presencia femenina corresponda a la mitad de la población. Pero para llegar a esa normalidad se recorrió un largo camino.

El papel que hoy desempeñamos las mujeres se ha ganado con grandes dificultades. Desde tiempos antiguos hasta la época moderna la mujer ha ganado espacios en los diversos ámbitos del desarrollo de la vida en sociedad. México ha pasado por una fuerte transformación durante estas últimas décadas. Los movimientos sociales que se han dado en todo el mundo, no podían haber dejado de lado a nuestro país.

Cada una de las generaciones en México, ha impulsado formas de pensar diferentes y formas innovadoras de hacer política. Las mujeres hemos sido participantes activas en todos los cambios que ha tenido nuestro país. Sólo necesitamos ver al pasado. Las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas estuvieron presentes durante la lucha de Independencia, en el tránsito al México independiente, al México revolucionario, al México de instituciones y al México democrático.

El acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones es algo que va más allá de partidos políticos; es algo que va más allá de discusiones estériles; es un reconocimiento legítimo a las mujeres sobre nuestro derecho a decidir sobre lo que nos es más conveniente.

Ahora, no podemos decir que las mujeres aspiramos a la igualdad, pues no somos iguales; por ello, no somos iguales las mujeres y los varones. Debemos reconocer nuestras diferencias y partir de esas diferencias lograr una equidad entre los géneros; ésa es nuestra aspiración y también el respeto a los derechos.

Debemos reconocer que los logros de las mujeres en los últimos años se deben en gran parte al esfuerzo de mujeres y hombres que a lo largo de la historia han luchado por ganarse un espacio en la sociedad que nos tocó vivir.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hace un reconocimiento a las mujeres que se han entregado a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones dedicadas a la capacitación, al reconocimiento y a fortalecer en todas las virtudes de la mujer, como estudiante, como amas de casas, como emprendedoras, con una participación importante en la vida activa de nuestro país.

La mujer y los hombres tenemos la tarea primordial de conservar y cultivar valores espirituales y culturales en la familia, que es el núcleo primordial de toda sociedad. El papel que corresponde a las mujeres de nuestra época es la continuidad del esfuerzo y lograr la consolidación de los logros obtenidos, hasta el momento, hacia una sociedad equitativa.

En lo particular, me dan una noble responsabilidad, la cual asumo con respeto y compromiso, en el sentido que se obliga precisamente a que todas las mujeres trabajemos con todo cariño desde el espacio en donde nos encontramos, en pro de las necesidades de las mujeres. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a ti, mujer mexicana.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Rubí Laura López Silva. Tiene la palabra la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez:Muy buenos días, con el permiso de la Presidencia. Hago uso de la voz en esta tribuna para hablar sobre el aniversario del voto de la mujer en México. A medio siglo de distancia recordar que sólo las mujeres que estuvieran ligadas a las fuerzas armadas a través de sus esposos podían acudir a las urnas es parte del pasado. Un pasado que nos lleva a reflexionar sobre el largo proceso integrado de diversas etapas que llevó a concretar el derecho de la mujer al sufragio en 1953.

A medio siglo de distancia ya nadie puede negar que en las últimas décadas se ha avanzado en la revaloración de nuestra participación en el desarrollo nacional. Sin embargo, diversos factores socioculturales nos han colocado aún en condiciones desfavorables y no alcanzamos a asumir con plenitud los espacios que nos corresponden.

Éste es un verdadero reto para el Estado mexicano, nuestra representatividad está muy lejos de ser equitativa. No basta con votar, debemos avanzar para ser electas y ganar espacios de poder, para dejar de ser una mayoría con trato de minoría y ser parte del proceso político; lo que va más allá de votar, sino también incidir a favor de aquellas cosas en las que creemos. Siendo parte así del proceso del gobierno y no solamente el de ocupar una banca, tener un asiento; sino significa construir poder para que éste le sirva a la gente.

Todos los mexicanos somos iguales ante la ley, pero debemos revisar nuestras estructuras sociales desde la ciudad hasta el campo. Las mujeres debemos hacer valer nuestros derechos sociales y políticos.

El día de hoy celebramos 53 años de un cambio político tan importante para México y es momento de saber que siempre hay una mujer apoyando y dando bate a la sociedad. Las mexicanas votaron por primera vez en 1955, pero sólo hasta 1970 se inició realmente nuestra participación en los puestos políticos importantes.

El reconocimiento de la ciudadanía plena a la mujer, simbolizado en el derecho a votar y ser votada, fue el primer paso que se dio en la construcción de una democracia plena. Lucha que aún hoy no podemos dar por concluida.

Cómo olvidar a Hermila Galindo proponiendo el voto femenino en el Constituyente de 1917, a Margarita García Flores exigiendo el voto de las mujeres, a Aurora Jiménez Palacios. Gracias a la actividad política de muchas mujeres como ellas, posteriormente se logró que una mujer fuera gobernadora de un estado. A la fecha, en 53 años, este alto cargo sólo lo han ostentado cinco mujeres, cuatro de ellas del Partido Revolucionario Institucional.

El otorgamiento de la ciudadanía a la mujer en 1953 constituyó un parteaguas para el 50 por ciento de la población adulta. En este sentido significó incuestionablemente un gran paso en el proceso de democratización ---al menos--- formal del país. Es hora de cambiar el discurso por los hechos, tenemos la oportunidad en las manos y no la debemos dejar escapar.

Incorporemos la perspectiva de género de manera transversal en todas las actividades de la vida pública. Trabajemos para eliminar la brecha de desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres. Ésta LX Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de ser el motor de las transformaciones políticas e institucionales que México necesita.

Yo sólo le pido a mis compañeras y compañeros legisladores que todas las acciones legislativas que realicemos tengan un verdadero sentido de equidad entre hombres y mujeres. No perdamos de vista que las mujeres representamos poco más de 51 por ciento de la población total del país y no podemos dejar de lado las necesidades específicas del sector más grande de la población.

Honremos este día a las mujeres que han dado su vida en la lucha del reconocimiento de los derechos de las mujeres y que con su ejemplo han puesto en alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Latife. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Pilar Guerrero Rubio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Pilar Guerrero Rubio:Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados: es muy grato ofrecer estas palabras en este día tan importante para todas las mujeres mexicanas. Gracias al desarrollo político que se ha perfilado en los últimos años, puedo afirmar que existe una apertura real para que los jóvenes podamos incursionar en la política nacional, ámbito hasta hace muy poco tiempo vedado en este importante sector de la población, pero sobre todo más para las mujeres.

Yo tengo la firme convicción de que en la medida en que logremos aplicar y honrar los principios por los que lucharon tantas mujeres mexicanas que hicieron posible que en la actualidad podamos gozar sin límite de nuestros derechos políticos, civiles, culturales y sociales, sin duda asentaremos un mayor respeto de nuestras sociedades.

Creo que si trabajamos en unión con nuestras aspiraciones podemos llegar a formar una conciencia con respecto a la equidad de género en todas las actividades humanas y sobre los efectos negativos que los estereotipos socioculturales tienen sobre las actitudes excluyentes. Gracias a esta labor, las mexicanas podemos votar y ser votadas, podemos y tenemos el honor de ocupar cargos en los tres niveles de gobierno.

Recordemos pues a importantes figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y María Ignacia ``La Güera'' Rodríguez, quienes haciendo caso omiso de los prejuicios de su época se unieron a la lucha por la Independencia y labraron el incipiente movimiento para obtener facultades mandatorias para la mujer.

Hoy nos queda claro que no podemos hablar de una democracia íntegra donde la mitad de su población no cuente con derechos políticos. Si bien México ha avanzado en este sentido, aún ocupa el número 47 en la tabla de posiciones de la Unión Interparlamentaria respecto a la presencia femenina en parlamentos.

El ejemplo de que existen oportunidades en la vida política de nuestro país para los jóvenes, particularmente en las mujeres, vive en aquéllas que hemos escogido y defendido nuestros principios y valores.

Debemos formar frente común para que la sociedad en general comprenda de una vez por todas el valioso aporte de la mujer en la conformación integral de la familia y en su contribución directa al desarrollo de la sociedad.

Tenemos que lograr una completa aceptación sobre la gran trascendencia que tiene la población femenina al interior de nuestro entorno nacional. Las mujeres de nuestro país, desde una perspectiva histórica, han luchado por sus derechos laborales, por un acceso equitativo a la educación, por sistemas de salud integral, por sus derechos políticos y por muchas cosas más. Pero para obtenerlos y mantenerlos vigentes ha tenido que pugnar por la creación de un marco jurídico que finiquite la situación de desigualdad y discriminación. Un marco jurídico en el que permanezcan las mujeres.

Un sinnúmero de mujeres han entregado su vida para lograr la igualdad entre géneros. Todas ellas han contribuido a cambiar actitudes de intolerancia. Todas podemos ser parte de ese venturoso proceso. Tanto es así que muchas somos parte de ese sueño que hoy es una realidad.

La intervención de las mujeres en los espacios políticos ha hecho posible una participación más dinámica con la finalidad de que las decisiones que se tomen repercutan positivamente en nuestro diario acontecer.

Tenemos muy claro que la labor de la mujer deberá ser la punta de lanza para llegar a la meta de la igualdad. Por ello, en esta oportunidad es que me permito hablar en nombre de todas las mujeres que habitan nuestra tierra, mujeres jóvenes y adultas, mujeres indígenas, migrantes, discapacitadas, de todas religiones, orígenes étnicos y medios sociales, mujeres obreras y universitarias. Una gran diversidad que sin duda nos enorgullece, pero que confluye por desgracia con el factor de la segregación y la desigualdad, de la pobreza y el abuso.

Las mujeres tenemos que comenzar por reconocer, promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades de trato entre hombres y mujeres y el ejercicio pleno de todos sus derechos, así como su participación equitativa y genérica en la vida del país.

Es un hecho que todavía falta mucho por hacer, siendo urgente que nos unamos para mejorar la situación de la mujer, pues no olvidemos que muchas veces somos las peores enemigas de las que pertenecen a nuestro género. Revirtamos este tipo de actitudes ya que la única manera de acceder a una verdadera renovación de nuestro sistema de vida es a través de la unión.

En ese sentido es que celebro otro aniversario más del voto de la mujer en México, a fin de alentar la promoción y la protección de todos los derechos de la mujer en nuestro país, que busca mayor conciencia de la población en general sobre el respeto y el valor de las mujeres en nuestra sociedad. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Pilar Guerrero. Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez:Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores: hago uso de la tribuna para destacar la trascendencia de la reforma constitucional que tuvo lugar el 17 de octubre de 1953y que otorgó a la mujer mexicana los derechos ciudadanos dado que la participación de las mujeres en la política es un aspecto contundente en la construcción de una democracia sustantiva.

La historia de las bases legislativas que obligaron a los Estados modernos a reconocer en las garantías individuales la materia de género se basa en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Francia, documento redactado por Olympe de Gouges en 1791, con el que inició la lucha política por lograr que en las comunidades de cada país se respetaran los derechos de la mujer.

El primer antecedente de mexicanas que reclamaron este derecho se gestó en el espacio de la revista ``Violetas de Anáhuac'', con importantes reclamos a la sociedad que discriminaba a las mujeres hacia finales del siglo XIX. Las mexicanas participaron de lleno en los movimientos por los derechos laborales hacia finales de ese siglo y entraron de lleno en la lucha por el movimiento sufragista a principios del siglo XX.

México es un país que se caracteriza por la diversidad de pensamiento, en el que convergen ideologías encaminadas a enfrentar los retos adquiridos con la ciudadanía por alcanzar mejores condiciones de igualdad, justicia y equidad. Pero en el tema de los derechos políticos, en el camino de las mexicanas para lograr el pleno goce de sus calidades de nacionales ha sido sin duda difícil, toda vez que hasta la mitad del siglo XX estas prerrogativas sólo fueron reservadas para los varones.

Fue hasta 1953, con las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, en el que se reconocieron los plenos derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Las mexicanas a partir de entonces, de simples espectadoras adquirimos la actitud de convertirnos en protagonistas del desarrollo económico, político y social del país demostrando que a la par de los hombres también podemos beneficiar el progreso político emanado del principio fundamental de igualdad jurídica en el marco de la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975.

Es indiscutible que esa igualdad ante la ley hoy en día se ha quedado en el discurso, ya que el trato igualitario de las personas socialmente desiguales no genera por sí solo la igualdad.

Por lo anterior, en el grupo parlamentario de Convergencia reconocemos los avances obtenidos a más de 50 años del otorgamiento de los derechos políticos de la mujer. Sin embargo, consideramos que es preciso advertir la necesidad de acrecentar las oportunidades y de generar condiciones equitativas para que las mujeres puedan participar en la vida política.

Convergencia ha manifestado en su declaración de principios, en cada uno de los foros donde ha tenido oportunidad de participar, que la democracia sustantiva a la que aspiramos no es posible si no generamos las condiciones para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la vida política del país.

En el México actual la diversidad de expresiones encausadas a delimitar las bases del destino de las instituciones es una tarea que diariamente se hace presente en la necesidad de brindar el sentido del verdadero reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, como sucede en más de la mitad de los países latinoamericanos, garantizando condiciones equitativas e igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, pues no podemos dejar del lado que aún ahora las mujeres realizamos grandes esfuerzos, aún a veces mayores que los hombres, para aspirar a ocupar los sitios con que contamos en cualquier sector de la política nacional.

No podemos dejar de hacer evidente que, a pesar de todos los esfuerzos que desde hace 53 años se han hecho, en la actualidad de este Congreso solamente el 22 por ciento de las integrantes son mujeres y el 17 por ciento del Senado son mujeres. A nivel de presidencias municipales solamente alcanzamos una representación del 3 por ciento. Esto sin duda no se trata solamente de una cuestión de cantidad, sino también de calidad si queremos darle a la democracia el papel representativo que éste debe tener. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el día de hoy los mexicanos celebramos el 53 aniversario del otorgamiento de los derechos políticos de la mujer, al haberse reconocido su calidad de ciudadana y el derecho al voto. Esto fue consagrado en la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953.

En la opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer fue un acto tardío. Es fiel ejemplo del pensamiento conservador y prejuicioso prevaleciente en aquella época que postulaba que la mujer no podía realizar más tareas que las del hogar; nada más falso. Las mujeres hemos luchado codo a codo junto con los hombres porque nuestra nación se engrandezca en todos los sentidos.

En nuestra historia sobran ejemplos, la lucha por la independencia de México no pudo haberse logrado sin la participación valiente y decidida de mujeres destacadas como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, y otras tantas miles más. En la Guerra de Reforma la República no se hubiera consolidado sin la participación de miles de mujeres que lucharon por rescatar la soberanía de nuestra patria. Durante la Revolución Mexicana las mujeres fueron parte activa para desterrar el régimen de Porfirio Díaz. Ahí está el ejemplo de Carmen Serdán y de otras miles de mexicanas que dan testimonio de ello.

No hay duda de que las mujeres hemos contribuido a la grandeza de nuestro país. Las obreras, desde la dureza de la industria maquiladora y de otras actividades, han aportado su esfuerzo para que México sea lo que es hoy. Las normalistas, las universitarias, las trabajadoras del campo y la ciudad, y todas aquellas que con el trabajo intelectual o material han luchado por un México más justo y democrático y con mejores oportunidades para nuestros hijos, son las que han forjado a este país.

Este Poder Legislativo también se ha enriquecido con la presencia activa de las mujeres desde la XLII Legislatura federal, con la presencia de nuestra compañera diputada Aurora Jiménez de Palacios. Hemos ido ganando más espacios de representación y de cargos públicos tanto en los estados como en los gobiernos municipales y en la administración pública federal. Sin embargo, esto no es suficiente, tenemos todavía muchos desafíos que cumplir. Estamos en la lucha por lograr la igualdad de las mujeres de todos los órdenes de la vida nacional.

Tenemos pendientes en el campo laboral, en la igualdad salarial, en la responsabilidad compartida del hogar y de los hijos, entre otras tareas. En fin, el voto de las mujeres fue sólo un paso, nos faltan otros también importantes como es lograr un auténtico respeto por todos nuestros derechos y la igualdad con los hombres, pero sobre todo, nos hace falta desterrar las estructuras del poder económico y político que son la base de esa desigualdad.

En este punto las mujeres petistas estamos tomando conciencia de la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo económico y político, que garantice la incorporación de todas las mujeres al trabajo productivo y a la toma de decisiones que le dan rumbo a la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Rosa Elía Romero. Tiene la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Silvia Luna Rodríguez:Buenos días; con el permiso de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores: ``si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna'', 1791. Hace 215 años fueron pronunciadas estas palabras por Olympe de Gouges, quien escribió ``La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana''. En ella reclamaba lo que todos conocemos hoy como la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, palabras que después de 53 años de celebrar en México, cada 17 de octubre, el reconocimiento al derecho de las mujeres al voto, parecen encontrar todavía algunos huecos.

Vencer los mitos construidos socialmente acerca del papel que debemos ejercer las mujeres dentro de nuestra sociedad, sigue siendo uno de los retos más importantes. A Olympe de Gouges su voz y su palabra le valieron la muerte en su época, pero son estas las palabras pensadas y expresadas por mujeres, las que ahora tienen otra posición y otro público.

Las palabras se han vuelto necesarias e indispensables para crear entre los seres humanos, hombres y mujeres, la comprensión necesaria para generar los puentes y vínculos que requerimos y son a través de ellas como hemos podido alcanzar el derecho a ser escuchadas y elegidas.

Para Nueva Alianza recordar el aniversario del sufragio femenino nos permite fortalecer la memoria colectiva y recuperar lecciones de convivencia democrática, pero también nos permite hacer un análisis de todo el camino que tenemos por recorrer. Desempleo y diferencia en los salarios, violencia en los hogares y en las calles, acoso sexual, desigualdad en las labores domésticas, escasa participación en la política, pobreza y la persistencia de la discriminación hacia las mujeres en general siguen siendo claros ejemplos de la iniquidad en nuestro país.

Por ello, más que una celebración, este día debe ser un recordatorio, un puente, un espacio de reflexión, de lucha y de demanda de los derechos pendientes y de la urgencia de legislar, informar sobre ellos y conocerles.

Garantizar el mayor acceso de la población femenina al poder no significa por sí mismo un cambio; no basta con que las mujeres ocupemos más curules o cargos del más alto nivel en la administración pública si no asumimos, junto con los hombres, un compromiso de género y desde nuestra posición marcamos la diferencia; porque la igualdad formal y real entre las mujeres y los hombres es un derecho fundamental del ser humano.

Porque las mujeres representamos más de la mitad de la población y somos más de la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de nuestro país; porque una participación equilibrada en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes que vayan en la dirección de un México más justo y equitativo.

Porque la democracia exige la equidad en la representación y en la administración del país y la equidad plantea, como principio básico, la posibilidad de favorecer a todas las personas con igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias y porque en el camino hemos entendido que las atribuciones y los roles que nos han sido impuestos son construcciones sociales que, mediante la educación y el conocimiento pueden desaparecer. Hagamos del consenso y del acuerdo herramientas de trabajo.

A quienes ejercemos la política, nos toca asumir los cambios de este país y su potencial democrático. Démosle la bienvenida a la equidad de género, a la pluralidad de opiniones y proyectos y alternativas. De eso está hecha la democracia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Luna. Tiene la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros: a lo largo de la historia, las mujeres hemos estado conscientes del valor de nuestra función biológico-reproductiva, pero también hemos reclamado que no sólo por ella nos definimos.

Como sujetos históricos, a veces solitarias, más recientemente agrupadas aquilatamos el valor de ver plasmadas nuestras ideas y conceptos dentro del imaginario social, pero también aclaramos que estas conquistas no se nos otorgaron como una graciosa concesión, son el resultado del trabajo decidido de las mujeres por ser visibles dentro del contrato social.

Las mujeres reconocemos hoy que en la generalización del acceso a la educación nos apropiamos de la conciencia; que en la incorporación masiva al trabajo remunerado nos apropiamos de la autosuficiencia; que en la posibilidad del acceso generalizado de los anticonceptivos nos apropiamos de nuestro cuerpo; que en la existencia del divorcio, en su connotación y estigma social, y en la generalización del sufragio para las mujeres nos apropiamos de la ciudadanía; que en el surgimiento del movimiento feminista que plantea una visión distinta del mundo estamos reivindicando el derecho a apropiarnos de la construcción de la historia.

Sin embargo, las mujeres seguimos hablando de aumentar nuestra participación en la política. ¿A qué nos referimos? Al espacio del que con la división sexual y genérica de los roles sociales se nos excluyó, y en el que supuestamente las mujeres no tenemos interés: las investiduras institucionales.

En octubre de 2003, un grupo de mujeres de la élite política ---diría Sara Lovera-- nos reunimos, no obstante nuestras diferencias y la diversidad de nuestros orígenes ideológicos, simplemente para festejar el 50 aniversario del voto femenino para conmemorar nuestra ciudadanía plena. Este hecho causó un gran revuelo en la clase política y en los medios de comunicación. Nosotras habíamos decidido formar y mostrar un acuerdo frente a la sociedad. La alegría que nos daba sabernos ciudadanas con derechos.

Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar y fueron en general de burla y de descalificación. Los medios no podían creer que se reunieran mujeres de poder, mujeres con poder y por el poder para festejar pero también para señalar que esta ciudadanía todavía está incompleta y es imperfecta. ``Las mujeres políticas --decían los medios-- conspiran contra la impunidad, contra el ocultamiento de su valor y su existencia''. Las mujeres políticas se pusieron de acuerdo sin altisonancia, de cara al país: ex gobernadoras, legisladoras, mujeres de partidos políticos, feministas, funcionarias públicas e integrantes de organizaciones civiles simplemente hablamos de la otra mitad del mundo. Hablamos también de la problemática femenina que no se agota en la obtención de los derechos y hablamos de la zona intocada, casi pervertida. Hablamos del poder con mayúsculas.

Un viejo ideal feminista alentó a Rosario Robles, a Beatriz Paredes, a Margarita Zavala, a Patricia Mercado, a Josefina Vázquez Mota, a Martha Lamas, a Sara Lovera y a muchas otras mujeres que junto con ellas decidimos que las mujeres tenemos todavía un trecho por avanzar juntas, antes de que nuestras diferencias políticas nos separen.

Martha Lamas se preguntaba ante la mezcla de panistas, perredistas, priístas, feministas y mujeres independientes, ¿somos las mujeres aliadas naturales? Depende para qué. En el fondo se nos sigue viendo como a las brujas.

La necesidad común de las mujeres es dejar de ajustarnos al patrón de medida del hombre y buscar y encontrar un patrón de medida mujer para estar en este mundo. Es decir, cuando aprendamos a no temer el ridículo a los ojos de los hombres y empecemos a temer el ridículo a los ojos de las mujeres, nuestro patrón de medida para estar en este mundo habrá sido finalmente reencontrado. Esto significa, entre otras cosas, que a las mujeres hay que criticarlas por sus posiciones públicas, por sus actos, por su forma de hacer política pero no por cuestiones por las cuales no se critica a los hombres.

El establecer pactos entre las mujeres bajo esta lógica feminista nos ha permitido en México avanzar en los temas de los que hemos hablado antes, porque lo que nos une a las mujeres, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, es un problema en el orden social que existe y que no se ha resuelto: la existencia de un contrato sexual previo al contrato social, que es --en el orden político del gobierno-- lo que nos excluye a las mujeres del poder.

¿Qué riesgos y beneficios entraña a las mujeres que se separan por un momento de sus partidos políticos para expresar cuestiones que representan el interés homogéneo del género? El riesgo pasa por responsabilizarse de una decisión personal para ser criticada dentro de nuestros propios partidos. Sin embargo, el beneficio es poner en evidencia que 53 años después de que tenemos derecho a votar y ser votadas todavía existe una problemática específica de las mujeres en el ámbito del poder.

La pregunta clave es: ¿cómo se expresa hoy el sexismo en el mundo de la política? Hace 53 años se dudaba de nuestra capacidad, hoy ¿cuál es la duda? Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el apartado de iniciativas, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud se han inscrito para hablar dentro de los diez minutos, la diputada Juana Leticia Herrera Ale y el diputado José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra la diputada Leticia Herrera Ale, hasta por cinco minutos.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale:Muy buenas tardes a todos; con su venia, señor Presidente: los suscritos ciudadanosJuana Leticia Herrera Aley el licenciadoJosé Rosas Aispuro Torres, diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3°; se reforma la fracción II de la parte a) del artículo 13 y se adiciona el Título 11 Bis, todos de la Ley General de Salud, bajo la siguiente...

Quiero destacar los principales motivos que nos llevaron a presentar esta iniciativa. El cáncer en México ha incrementado su frecuencia y ya se colocó en el segundo lugar general como causa de muerte; en mujeres de 35 años o más ocupa ya el primer lugar. En general, los dos tumores más frecuentes son, primero, el carcinoma cervicouterino, seguido del cáncer mamario. Dichas neoplasias representan cerca del 50 por ciento de los tumores malignos que afectan al sexo femenino.

En algunos países desarrollados el 65 por ciento de los cánceres de mama es diagnosticado en etapas cero y primera. En México en el sector público, sólo del cinco al diez por ciento de los casos se diagnostica la neoplasia en etapas tempranas con altas posibilidades de curación; del 40 al 50 por ciento de estos cánceres son descubiertos en etapas tercera y cuarta avanzada, cuando el costo del tratamiento es elevado y hay pocas posibilidades de curación.

Aproximadamente el 6 por ciento de las defunciones por cáncer corresponden al mamario, ocupando el sexto lugar dentro de las causas de muerte por cáncer, pero el segundo lugar de muerte por cáncer en mujeres.

Se considera hoy que al año 2010 habrá una mortandad de 13 por cada 100 mil mujeres adultas y cerca de 4 mil 500 defunciones por año por esta causa en México. Se conoce que cada día en México mueren 10 mexicanas por cáncer de mama.

El cáncer cervicouterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el tercero en mortandad relacionada con las neoplasias malignas en la población en general.

En la población femenina el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad. Debido a la magnitud que muestra el cáncer cervicouterino en nuestro país, éste se considera un problema de salud pública, por lo que es necesario subrayar como estrategia principal la coordinación de los sectores público, privado y social para afrontar este padecimiento con mayor compromiso, eficiencia y eficacia.

El cáncer mamario y cervicouterino son enfermedades curables cuando se les diagnostica y trata en forma temprana.

Un dato que es importante resaltar es que en Europa, principalmente en España, se ha desarrollado una vacuna experimental la cual ha conseguido evitar la aparición de cáncer cervicouterino, según un estudio realizado en 90 centros de 13 países durante 2 años. Por ello, resulta indispensable contar con un programa de detección temprana y atención especializada de cáncer mamario y cervicouterino en el país.

Le pido a mi compañero José Rosas Aispuro, que juntos hemos elaborado esta iniciativa, que amplié algunos comentarios sobre la misma. Es cuanto, señora Presidenta.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados: la compañera diputada Leticia Herrera Ale ha hecho una exposición sobre las razones que nos llevaron a presentar una iniciativa sobre reformas a la Ley General de Salud, para proteger sobre todo a las mujeres de un problema que hoy en día representa la segunda causa de muerte de las mujeres.

Y qué bueno, que ahora que se está celebrando un aniversario de este derecho político de las mujeres de votar creo que no sólo debemos de quedarnos con esos simples acuerdos que nos han permitido avanzar en el ámbito de la lucha política de las mujeres, sino me parece que la lucha política de la mujer tiene que ir acompañada de otros aspectos, como es este caso, la atención a la salud, que es lo más importante del ser humano.

El proyecto que estamos presentando es una iniciativa de decreto que adiciona la fracción XXX y la actual pasa a la XXXI del artículo 3º, reforma la fracción II de la parte A del artículo 13 y se adiciona el Título XI Bis, todo ello de la Ley General de Salud.

Se adicionan las fracciones XXX y la actual para pasar a la XXXI del artículo tercero en la parte relativa a lo que tiene que ver con las responsabilidades que tiene la Secretaría de Salud en esta materia, en los términos de esta ley en materia de salubridad general se considera que a todos los aspectos que ahora en día ya contempla la ley, debemos de sumar el Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cervicouterino y las demás que la propia ley y los ordenamientos legales de conformidad al artículo 4º de nuestra Constitución se deban de dar.

Las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad deberán quedar claramente establecidas. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su cabal funcionamiento por sí, en coordinación con dependencias y entidades del sector público.

Se adiciona el Título XI Bis a la Ley General de Salud relativo al Programa de Detección Temprana y Atención Especializada y Cáncer Mamario y Cervicouterino para quedar como sigue: Disposiciones generales; artículo 193. El Programa de Detección Temprana y Atención Especializada y Cáncer Mamario y Cervicouterino tiene por objeto establecer la promoción y prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer mamario y cervicouterino en mujeres que habiten en el territorio nacional, en forma permanente y gratuita.

El Ejecutivo federal deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para el funcionamiento de este programa. La Secretaría de Salud deberá ser la responsable de promover, coordinar y realizar la evaluación de programas a través de sus propias instancias.

Me parece que una de las cuestiones más importantes que tiene esta iniciativa es la creación de este nuevo Capítulo Bis a obligar a que el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos pueda contemplarse los recursos suficientes para dar atención a este programa, que es lo novedoso de esta ley, de esta iniciativa que ahora estamos presentando.

Y nos parece que los aspectos que la misma establece, tienen un gran contenido de carácter social, tienen realmente el objetivo de que la mujer pueda ser atendida en cualquier hospital. Inclusive estamos planteando que haya un convenio entre el gobierno federal y las instancias en materia de salud del sector privado, para que una mujer pueda ser atendida en cualquier hospital, ya sea público o privado, en el momento en que ella así lo determine, el momento en que ella así decida, acudir desde luego a estas instancias para buscar la prevención y desde luego cuando se detecte este problema en edades oportunas. Creo que es mucho lo que podemos hacer a favor de las mujeres en este tema.

Por su atención y por el apoyo que podamos recibir de nuestras compañeras y compañeros diputados a la iniciativa que hemos presentado la compañera diputada Juana Leticia Herrera Ale y un servidor, mucho les agradecemos porque es un tema fundamental para garantizarles a las mujeres no sólo los derechos políticos, sino para garantizarles lo más importante, el derecho a la salud. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3o.; se reforma la fracción II de la parte A) del artículo 13; y se adiciona el Título Décimo Primero Bis, todos de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La sociedad y el gobierno deberán hacer frente a nuevos retos en el ámbito de la salud; esto se debe a los cambios epidemiológicos y demográficos ocurridos en el país en los últimos años.

Segundo. Quizás sea una de las palabras más utilizadas y que más asusta cuando se habla de salud y de su reverso, la enfermedad: cáncer es el término, y se emplea para un grupo de enfermedades que tienen un denominador común: la transformación de la célula normal en otra que se comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo humano.

Tercero. El cáncer en México ha incrementado su frecuencia y ya se colocó en el segundo lugar general como causa de muerte; en mujeres de 35 años o más ocupa ya el primer lugar. En general, los dos tumores más frecuentes son, primero, el carcinoma cérvico-uterino, seguido del cáncer mamario; dichas neoplasias representan cerca del 50 por ciento de los tumores malignos que afectan al sexo femenino. Actualmente se prevé un incremento en el número de casos de cáncer de mama.

En algunos países desarrollados el 65 por ciento de los cánceres de mama es diagnosticado en etapas 0 y I.

En México, en el sector público, sólo en 5 a 10 por ciento de los casos se diagnostica la neoplasia en etapas tempranas, con altas posibilidades de curación; 40 a 50 por ciento de estos cánceres son descubiertos en etapas III y IV (avanzadas), cuando el costo del tratamiento es elevado y hay pocas posibilidades de curación.

En 20 a 34 por ciento de las pacientes no se puede clasificar el trastorno porque recibieron tratamiento previo --muchas veces inadecuado-- antes de recibir la terapéutica definitiva.

Aproximadamente el 6 por ciento de las defunciones por cáncer corresponden al mamario, ocupando el sexto lugar dentro de las causas de muerte por cáncer, pero, el segundo lugar de muerte por cáncer en mujeres.

Se considera que para el año 2010 habrá una tasa de mortalidad de 13 por cada 100 mil mujeres adultas y cerca de 4 mil 500 defunciones por año por esta causa en México. Se conoce que cada día mueren 10 mexicanas por cáncer de mama, en el país.

Cuarto. El cáncer cérvico-uterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el tercero en mortalidad relacionada con las neoplasias malignas en la población en general. En la población femenina este cáncer es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad.

En los países en que se tienen programas adecuados de detección masiva a través del estudio citológico cervical se ha observado una importante disminución de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino, atribuible a la detección de las lesiones precursoras y preinvasoras, para las que el diagnóstico oportuno ofrece la posibilidad de tratamiento exitoso a un menor costo social.

Quinto. Se han resuelto muchas interrogantes sobre la etiología del cáncer cérvico-uterino y actualmente se encuentran en desarrollo nuevas alternativas tanto de detección como terapéuticas y de prevención, que se irán incorporando de acuerdo con los estudios de costo-efectividad que se realicen, para ofrecer un diagnóstico y tratamiento oportunos. Debido a la magnitud que muestra el cáncer cérvico-uterino en nuestro país, éste se considera un problema de salud pública, por lo que es necesario subrayar como estrategia principal la coordinación de los sectores público, privado y social para afrontar este padecimiento con mayor compromiso, eficiencia y eficacia.

Sexto. Es importante lograr una participación activa de la comunidad en la solución de estos problemas de salud, la cual se podrá lograr, entre otras vías, mediante la educación, las acciones de promoción, difusión e información de los factores de riesgo, así como la concienciación en el autocuidado. El cáncer mamario y el cérvico-uterino son enfermedades curables cuando se les diagnostica y trata en forma temprana. La información y el estudio son las dos palabras mágicas que pueden salvar muchas vidas.

Séptimo. El cáncer mamario y el cérvico-uterino constituyen uno de los grandes problemas médico-sociales de la actualidad, por su alta frecuencia y aumento progresivo en el número de mujeres que lo padecen. Por ello, resulta indispensable contar con un programa de detección temprana y atención especializada de cáncer mamario y cérvico-uterino en el país, ya que se trata de un asunto de interés prioritario en materia de salud pública, con el que se garantizan los derechos sociales de todas las mujeres que habitan en el territorio nacional.

Octavo. El cáncer mamario y el cérvico-uterino son problemas de salud que pueden ser detectados oportunamente a través de estudios como las mastografías, exámenes de la pelvis, pruebas de papanicolau y, de esta manera, proporcionar lo más pronto posible el tratamiento adecuado y requerido. Un dato que es importante resaltar es que en Europa, principalmente en España, se ha desarrollado una vacuna experimental, la cual ha conseguido evitar la aparición de cáncer cérvico-uterino, según un estudio realizado en 90 centros de 13 países durante dos años. El tratamiento se basa en la relación causa-efecto entre el virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino, un vínculo que empezó a estudiarse hace quince años. Dada la variedad de virus existentes, los investigadores se han centrado en las dos más frecuentes, la 16 y la 18, que se consideran la causa del 70 por ciento de los cánceres cérvico-uterinos, el segundo más frecuente en las mujeres.

Noveno. Algo novedoso dentro de esta iniciativa de ley es que se hace alusión a los derechos fundamentales de las pacientes, es decir, se habla del consentimiento informado, el cual comprende dos aspectos que se materializan en dos deberes que se imponen al profesional:

Por un lado, el médico debe obtener el consentimiento de la paciente para llevar a cabo un tratamiento; y

Por otro, el médico debe revelar información adecuada a la paciente, de manera tal que le permita a ésta participar en la toma de decisión de la intervención o tratamiento propuesto.

Décimo. El consentimiento informado ha llegado a la medicina desde el derecho y debe ser considerado como una de las máximas aportaciones que éste ha realizado a la medicina, por lo menos en los últimos siglos. Estamos ante el cumplimiento de un derecho humano primario y fundamental, esto es, ante una de las últimas contribuciones realizada a la teoría de los derechos humanos. Este consentimiento ha sido motivo de debate respecto a la conveniencia que la paciente pueda influir en las decisiones médicas, propiciando que las opiniones se dividan en dos grupos: los que consideran que el valor fundamental de la práctica médica es el bienestar de la enferma, dejando como algo secundario su participación, y los que piensan que lo realmente trascendente es el respeto a la decisión de la paciente, aunque en ocasiones ésta no propicie su bienestar.

Undécimo. Al paso del tiempo ha quedado atrás aquella medicina paternalista, basada esencialmente en el principio de beneficencia, donde el médico decidía aisladamente, en la mayoría de los casos, la actitud terapéutica adecuada para cada paciente.

Había, entonces, la errónea tendencia a pensar que un ser en estado de sufrimiento no era capaz de tomar una decisión libre y clara, por cuanto la enfermedad no sólo afectaba su cuerpo, sino también su alma. Este sustancial cambio de la relación entre el profesional médico y la paciente, transformando el tradicional esquema autoritario y vertical en otro tipo de relación democrática y horizontal, en el que se pasa de un modelo de moral de código único a uno pluralista, que respeta los diferentes códigos morales de cada persona, ha sido motivado por muy diversos factores: por una parte, la pérdida de esa atmósfera de confianza que, en épocas pretéritas, presidía indefectiblemente las relaciones médico-paciente y, por otra parte, la complejidad creciente y correlativa especialización del ejercicio de la medicina, determinante en último término, de una sensible deshumanización de su ejercicio.

Duodécimo. En la actualidad, el derecho a la autodeterminación y el respeto a la libertad de la enferma son factores preponderantes a considerar en la relación médico-paciente, en tal forma que el derecho a la información es una manifestación concreta del derecho de la protección a la salud y, a su vez, uno de los derechos de la personalidad, y ambos vinculados con la autonomía que necesariamente requiere ejercer el sujeto.

Decimotercero. El consentimiento informado es, por consiguiente, no sólo un derecho fundamental de la paciente, sino también una exigencia ética y legal para el médico. El consentimiento válidamente informado ofrece no solamente un compromiso del médico hacia la paciente en el respeto de sus derechos humanos, sino que también exige de él una conducta de responsabilidad asumida frente al rol de la paciente; conjuntamente le servirá de un medio preventivo contra las reclamaciones de las mismas. Asimismo, se mencionan las obligaciones y responsabilidades de los médicos que tratan a las mujeres que padecen cáncer mamario y cáncer cérvico-uterino.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, a través del cual proponemos modificar los artículos 3 y 13, así como adicionar el Título Décimo Primero Bis, de la Ley General de Salud.

Decreto que adiciona la fracción XXX y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3o.; reforma la fracción II de la parte A) del artículo 13; y se adiciona el Título Décimo Primero Bis; Todos de la Ley General de Salud:

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXX y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3o.; y se reforma la fracción II de la parte A) del artículo 13, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3º.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XXVIII. ...

XXIX. La sanidad internacional;

XXX. El Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino; y

XXXI. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional.

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. ...

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXX, del artículo 3o. de esta ley; organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a X. ...

Artículo Segundo. Se adiciona el Título Décimo Primero Bis a la Ley General de Salud, relativo al Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino, para quedar como sigue:

Título Décimo Primero Bis Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 193 A. El Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino tiene por objeto establecer la promoción, prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer mamario y cérvico-uterino en mujeres que habiten en el territorio nacional, de forma permanente y gratuita.

Artículo 193 B.- El Ejecutivo federal deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida presupuestal para el funcionamiento y operación del programa.

Artículo 193 C. La Secretaría de Salud será la responsable de promover, coordinar y realizar la evaluación del programa, a través de sus propias instancias determinadas por su titular.

Artículo 193 D. La Secretaría de Salud se coordinará y podrá celebrar convenios con las autoridades estatales y demás dependencias, y entidades públicas y privadas, concernientes a la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las mujeres afectadas por el cáncer mamario o cérvico-uterino.

Artículo 193 E. La Secretaría de Salud propiciará, a través del intercambio con los organismos y centros internacionales especializados en la materia, el adiestramiento del equipo médico y una continua información.

Capítulo II De los Derechos Fundamentales de las Pacientes

Artículo 193 F. El consentimiento informado es el acto jurídico de decisión libre, voluntaria y revocable de la paciente, para admitir o rehusar; por sí o a través su representante legal, uno o varios actos médicos concretos en su persona, con fines de atención médica, fundado en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le puedan ocasionar.

Artículo 193 G. El consentimiento informado será válido cuando reúna los siguientes requisitos:

I. Libertad de decisión;

II. Explicación suficiente; y

III. Capacidad para decidir.

El consentimiento se sustentará en el principio de autonomía de la paciente.

Artículo 193 H. El consentimiento de la paciente deberá prestarse antes del acto médico que se pretenda llevar a efecto, y subsistirá a lo largo de todo el tratamiento.

Artículo 193 I. El consentimiento de la paciente es temporal, revocable y sin necesidad de expresar la causa que lo originó.

El respeto a esta decisión deberá basarse en la información completa de las consecuencias que el abandono de la intervención o tratamiento implica, y estará sujeta a las mismas limitaciones que la prestación del consentimiento.

Artículo 193 J. La paciente tendrá derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Artículo 193 K. La paciente tendrá derecho a recibir toda la información que esté disponible, que sea necesaria y que esté completa en relación a su padecimiento y a la intervención o tratamiento a seguir.

Por información disponible se entiende aquella a la que tiene acceso un médico idóneo, referida a la enfermedad que afecte a la paciente.

Por información necesaria, se entiende aquella que va a requerir la paciente de acuerdo a su interés subjetivo, con el objeto de emitir una declaración de voluntad razonable.

Por información completa, se entiende aquella que incluye las ventajas o beneficios, los inconvenientes, las alternativas y los riesgos.

Artículo 193 L. La información debe ser adecuada, comprensible, en un lenguaje sencillo, sin ostentaciones técnicas, y apropiada a las condiciones culturales de la paciente.

Artículo 193 M. Un formulario escrito de consentimiento informado deberá respetar, al menos, los siguientes criterios de información respecto a la intervención o tratamiento a seguir:

I. El diagnóstico y el pronóstico;

II. La naturaleza y el objetivo de la intervención o tratamiento;

III. Los costos de la intervención o tratamiento;

IV. Los riesgos que implica la intervención o tratamiento; tales como la naturaleza y magnitud del mismo, la probabilidad que éste se materialice, así como la inminencia de la posibilidad de materialización del riesgo;

V. Los beneficios de la intervención o tratamiento a corto, mediano y largo plazos;

VI. Las alternativas u opciones;

VII. El rechazo de la intervención o tratamiento propuesto luego de haber sido adecuadamente informada, debiendo destacarse en la información, las consecuencias médicas que acarrea el rechazo en su salud;

VIII. Las necesidades posteriores al alta, de parte del médico o de alguien que éste delegue;

IX. La comunicación a la paciente de la disposición del médico a ampliar toda la información si lo desea y a resolver todas las dudas que tenga; y

X. La comunicación a la paciente de su libertad para reconsiderar en cualquier momento la decisión tomada.

Artículo 193 N. Ninguna mujer puede ser obligada a someterse a un tratamiento médico sin obtener su consentimiento válido, respetando así su libertad y dignidad como paciente.

En caso de tratarse de menores de edad o de incapaces se requerirá el consentimiento de su representante legal.

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, las pacientes que se encuentren en un estado de inconsciencia o en casos de urgencia, en los cuales se puedan ocasionar lesiones irreversibles o pueda existir riesgo de muerte.

Capítulo III De las Obligaciones y Responsabilidades de los Médicos

Artículo 193 Ñ. Se entenderá por responsabilidad profesional médica la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores cometidos dentro del ejercicio de su profesión.

Artículo 193 O. El médico deberá respetar la autonomía de la paciente, el consentimiento o el rechazo a realizar la intervención o tratamiento médico que se le propone.

Artículo 193 P. El médico tendrá la obligación de suministrar a la paciente la información necesaria, con el objeto que ésta tome conocimiento de su estado de salud-enfermedad y de la intervención o tratamiento adecuado para curar el padecimiento que presenta.

Artículo 193 Q. El médico será responsable de la falta o deficiente información proporcionada a la paciente, independientemente de la responsabilidad que surja por la práctica de la medicina.

Artículo 193 R. El médico tendrá la obligación de guardar el secreto médico, respetando la intimidad de la paciente y de su núcleo familiar. En caso de no cumplir con lo dispuesto en este artículo, se sujetará a la responsabilidad civil o penal según corresponda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputados: Juana Leticia Herrera Ale, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado Rosas. La iniciativa que presentaron los dos diputados que usaron la tribuna,será turnada a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 49 y 51, de la Ley General de Vida Silvestre.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega:Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: el mundo está lleno de paradojas y el hecho de que México sea un país megadiverso es una de ellas. De acuerdo con el estudio de país publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos, los 5 tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitat, 51 de las 191 ecorregiones identificadas.

Aunado a ello está la riqueza biológica que nos da la característica de megadiverso; ésta, además, registra un elevado número de endemismos. Por ejemplo, más de mil 200 especies fanerógamas y más de 900 especies de vertebrados. Sin embargo, como bien han documentado los expertos, el progreso de la humanidad ha colocado a un gran número de especies de flora y fauna silvestre al borde de la extinción.

Las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad mexicana son directas e indirectas. En el primer caso, la sobreexplotación de las poblaciones silvestres y su aprovechamiento insustentable, son algunas de las principales causas de inquietud, mientras que la destrucción y modificación del hábitat, son consideradas como amenazas indirectas.

La singular riqueza biológica de México es cada vez más apreciada y reconocida. Pero, como se señaló, paradójicamente nos posiciona como uno de los principales abastecedores de especies de vida silvestre en el mundo.

Información publicada por organizaciones como Traffic, dedicada al estudio de la biodiversidad de especies a nivel mundial, particularmente de aquéllas catalogadas en peligro de extinción, refiere la proliferación de mercados y preferencias crecientes que tienen por objeto los elementos nacionales integrantes del formidable andamio biológico de flora y fauna silvestre, para su aprovechamiento comercial, como materias primas, mascotas o exhibición.

A nivel internacional existen los mecanismos para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres; concretamente nos referimos a la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la excesiva demanda aunada a las supuestas oportunidades que ésta representa para las comunidades rurales, propietarios y organizaciones sociales, han tenido consecuencias negativas, pues se ha detectado que, aun en la venta permitida de productos y subproductos, se realizan transacciones irregulares que dejan efectos secundarios no sólo para las especies sino también para los ecosistemas, ya que han propiciado la introducción de enfermedades de especies invasoras, además de reducción del número de individuos en los ecosistemas.

Como se aprecia, la relación que guarda esta especie con los diferentes ecosistemas, hábitat, eco regiones del país, es compleja y por ende, su gestión constituye uno de los principales retos para quienes tienen el encargo de preservar, restaurar, mejorar los componentes de la ecósfera, sobre todo, si de forma paralela ha de procurarse el desarrollo económico del país.

A nivel interno la autoridad ambiental cuenta los mecanismos legales que le permiten tener un control determinado sobre el manejo de las especies de flora y fauna silvestre, particularmente aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. No obstante, las personas que adquieren ejemplares de flora y fauna silvestre carecen de información necesaria para discriminar si los lugares donde adquieren dichas especies cuentan con las autorizaciones de ley.

En estos últimos años hemos tenido conocimiento de la existencia de establecimientos clandestinos o de locales, que aun cuando están registrados, operan al margen de la ley. Si bien algunos de éstos ya han sido clausurados, existen muchos que son aún más difíciles de detectar; toda vez que se promocionan a través de páginas electrónicas y en los que las transacciones se realizan por este medio.

En las memorias de gestión de la administración de la maestra Julia Carabias quedó plasmado uno de los aspectos a los que la Dirección General de Vida Silvestre tendría que dar oportunidad; no por capricho, sino por la experiencia adquirida a lo largo de ese sexenio. Así, lo habría demostrado en lo relacionado con la información, cito: ``en lo general, el éxito de la toma de decisiones está fincado en una información clara, oportuna, veraz y accesible. Por lo tanto, faltas de información llevan a las faltas en las políticas o acciones de conservación y uso de biodiversidad''. Fin de la cita.

En ese sentido, llama nuestra atención que, aún cuando la Ley General de Vida Silvestre dispone, entre otras, el establecimiento de un subsistema nacional de información sobre la vida silvestre, que tiene a su cargo la difusión de información relacionada con la conservación y aprovechamiento sustentable de la misma, no contempla en la divulgación de información que brinde algún tipo de orientación al público en general, respecto de los lugares que se dedican al comercio; esto es, compra y venta de estos ejemplares.

Sobre el particular, estimamos de la mayor conveniencia que, además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con el registro de los comercios, locales o establecimientos que se dedican a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, éste sea difundido a través del Subsistema Nacional de Información, aquí referido.

Precisamente con este propósito es que se propone adicionar una fracción VIII al artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre; ello sin duda alguna contribuirá a evitar que las personas favorezcan la proliferación del tráfico ilícito de estas especies, muchas de ellas catalogadas bajo algunas categorías de riesgo.

De igual forma, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley en comento. El objeto de esta adición es establecer la obligación a la autoridad, no sólo de conformar el registro de comercios, locales o establecimientos que se dediquen a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, sino también de hacerlo público.

Esta acción constituye el fundamento de la adición al artículo 49 antes señalado y da congruencia a lo dispuesto en el artículo 52, relativo a los comercios registrados. Asimismo, brinda claridad a la autoridad encargada de vigilar la aplicación de la ley, pues tal como se encuentra redactado, sólo se hace referencia a comercios registrados, pero no se especifica dónde se puede consultar cuáles son.

Si las personas que gustan de adquirir ejemplares de flora y fauna silvestre tienen información detallada y fidedigna que les dé certeza de que los lugares que los comercian han demostrado llevar a cabo todas sus operaciones de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, se estará orientando la demanda hacia canales lícitos y también se estará fomentando el combate al tráfico ilícito de la riqueza natural mexicana.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 49 y un párrafo tercero al artículo 51 de la ley General de Vida Silvestre.

Señora Presidenta, hago entrega de la iniciativa y solicito sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 49 y 51 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guadalupe García Noriega, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; 73, fracciones XXIX-G y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto en base a la siguiente

Exposición de Motivos

El mundo está lleno de paradojas, y el hecho de que México sea un país megadiverso es una de ellas. De acuerdo con el estudio de país publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: ``México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos los cinco tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitat (82 por ciento) y 51 de las 191 ecorregiones identificadas (26.7 por ciento)''.1 Aunado a ello, está la riqueza biológica, que nos da la característica de megadiverso. Ésta, además, registra un elevado número de endemismos, por ejemplo, más de mil 200 especies de fanerógamas y más de 900 especies de vertebrados.

Cabe recordar que las especies de flora y fauna silvestre se encargan de llevar a cabo una serie de funciones específicas e irremplazables que, al estar íntimamente relacionadas, forman un delicado equilibrio que permite el buen funcionamiento de los ecosistemas que habitan. Como ejemplo podemos mencionar las siguientes: ser alimento potencial de otras especies y, por ende, reguladoras de poblaciones; actuar como agentes polinizadores; nutrir los suelos y recargar los mantos acuíferos, entre otras.

Sin embargo, como bien han documentado los expertos, el progreso de la humanidad ha colocando a un gran número de especies de flora y fauna silvestre al borde de la extinción. Las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad mexicana son directas e indirectas. En el primer caso, la sobreexplotación de las poblaciones silvestres y su aprovechamiento insustentable son algunas de las principales causas de inquietud; mientras que la destrucción y modificación del hábitat son consideradas como amenazas indirectas.

La singular riqueza biológica de México es cada vez más apreciada y reconocida, pero, como se señaló, paradójicamente nos posiciona como uno de los principales abastecedores de especies de vida silvestre en el mundo.

Información publicada por organizaciones como Traffic,dedicada al estudio de la biodiversidad de especies en el mundo, particularmente de aquella catalogada en peligro de extinción, refiere la proliferación de mercados y preferencias crecientes que tienen por objeto los elementos nacionales integrantes del formidable andamio biológico de flora y fauna silvestre para su aprovechamiento comercial, como materias primas, mascotas, o exhibición.

Si bien es cierto que a nivel internacional existen los mecanismos para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, concretamente nos referimos a la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la excesiva demanda, aunada a las supuestas oportunidades que ésta representa para las comunidades rurales, propietarios y organizaciones sociales, ha tenido consecuencias negativas, pues se ha detectado que, aun en la venta permitida de productos y subproductos se realizan transacciones irregulares, que dejan efectos secundarios no sólo para las especies, sino también para los ecosistemas, ya que han propiciado la introducción de enfermedades, de especies invasoras además de la reducción del número de individuos en los ecosistemas.

Sólo por mencionar dos ejemplos de los estragos ocasionados, durante el proceso de captura, transporte y venta, los animales y plantas sufren lesiones, mutilaciones e incluso perecen. De acuerdo con estudios de la Unión Internacional para la Conservación, durante la captura, la mortalidad se eleva significativamente, ya que para obtener un solo ejemplar es ``necesario'' eliminar a varios miembros del grupo. También, se ha calculado que aproximadamente la mitad de los ejemplares capturados perece antes de llegar a los mercados, tiendas o lugares de exhibición, debido a las condiciones de estrés, hacinamiento y falta de cuidado a que son sometidos.

Como se aprecia, la relación que guardan estas especies con los diferentes ecosistemas, hábitat y ecorregiones del país es compleja y, por ende, su gestión constituye uno de los principales retos para quienes tienen el encargo de preservar, restaurar y mejorar los componentes de la ecosfera, sobre todo si, de forma paralela, ha de procurarse el desarrollo económico del país.

A nivel interno, la autoridad ambiental cuenta con los mecanismos legales que le permiten tener un control determinado sobre el manejo de las especies de flora y fauna silvestre, particularmente aquellas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. No obstante, las personas que adquieren ejemplares de flora y fauna silvestres carecen de la información necesaria para discernir si los lugares donde adquieren dichas especies cuentan con la autorización de la autoridad.

En estos últimos años hemos tenido conocimiento de la existencia de establecimientos clandestinos o de locales que, aún cuando están registrados, operan al margen de la ley. Si bien algunos de éstos ya han sido clausurados, aún existen muchos que son aún más difíciles de detectar, toda vez que se promocionan a través de páginas electrónicas y en los que las transacciones se realizan por este medio.

En las memorias de gestión de la administración de la maestra Julia Carabias quedó plasmado que uno de los aspectos a los que la Dirección General de Vida Silvestre tendría que dar continuidad, no por capricho, sino porque la experiencia adquirida a lo largo de ese sexenio así lo había demostrado, era el relacionado con la información: ``en lo general, el éxito de la toma de decisiones está fincado en una información clara, oportuna, veraz y accesible, por lo tanto, faltas en la información llevan a faltas en las políticas o acciones de conservación y uso de la biodiversidad.''2

En ese sentido, llama nuestra atención que, aun cuando la Ley General de Vida Silvestre dispone, entre otras medidas, el establecimiento de un Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, que tiene a su cargo la difusión de información relacionada con la conservación y aprovechamiento sustentable de la misma, no contemple la divulgación de información que brinde algún tipo de orientación al público en general respecto de los lugares que se dedican al comercio (compra y venta) de esos ejemplares.

Sobre el particular, estimamos de la mayor conveniencia que, además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con el registro de los comercios, locales o establecimientos que se dedican a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, éste sea difundido a través del Subsistema Nacional de Información aquí referido. Precisamente con este propósito es que se propone adicionar una fracción VIII al artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre. Ello, sin duda alguna, contribuirá a evitar que las personas favorezcan la proliferación del tráfico ilícito de estas especies, muchas de ellas, catalogadas bajo alguna categoría de riesgo.

De igual forma, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 51 de la ley en comento. El objeto de esta adición es establecer la obligación de la autoridad no sólo de conformar el registro de comercios, locales o establecimientos que se dediquen a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, sino también de hacerlo público. Esta adición constituye el fundamento de la adición al artículo 49 antes señalado y da congruencia a lo dispuesto en el artículo 52 relativo a los comercios registrados. Asimismo, brinda claridad a la autoridad encargada de vigilar la aplicación de la ley, pues tal como se encuentra redactado sólo se hace referencia a comercios registrados, pero no se especifica dónde se puede consultar cuáles son.

Es claro que si las personas que gustan de adquirir ejemplares de flora y fauna silvestres tienen información detallada y fidedigna que les dé certeza de que los lugares que los comercian han demostrado llevar a cabo todas sus operaciones de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, se estará orientando la demanda hacia canales lícitos y también se estará fomentando el combate al tráfico ilícito de la riqueza natural mexicana.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 49, y un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se adicionan una fracción VIII, pasando las actuales fracciones VIII, IX, X y XI a ser fracciones IX, X, XI y XII del artículo 49; y un tercer párrafo, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto párrafo del artículo 51, de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 49

...

I. a VII. ...

VIII. La información derivada de la aplicación del artículo 51 de la presente Ley.

IX. El registro de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, su ubicación geográfica, sus objetivos específicos y los reconocimientos otorgados.

X. Informes técnicos sobre la situación que guardan las especies manejadas en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

XI. Información disponible sobre el financiamiento nacional e internacional existente para proyectos enfocados a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat.

XII. El directorio de prestadores de servicios y organizaciones vinculados a estas actividades.

...

Artículo 51.

...

...

A fin de facilitar la supervisión de la legal procedencia, la secretaría deberá contar con un registro de los establecimientos nacionales certificados para el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre. Dicho registro deberá de ser difundido al público.

De conformidad con lo establecido en el reglamento, las marcas elaboradas de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, podrán bastar para demostrar la legal procedencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas:

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 1988. La Diversidad Biológica en México: estudio de país. México, página 66.

2 Instituto Nacional de Ecología, 2000. Estrategia Nacional para la Vida Silvestre, México, página 118.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Guadalupe García Noriega (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada García Noriega. A petición de la diputada, atiéndase su publicación íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La siguiente iniciativa agendada en el orden del día se retira a petición del proponente.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2006

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El diputado Israel Beltrán Montes:Muchas gracias, buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

El suscrito, diputado federal Israel Beltrán Montes, en nombre de los diputados federales del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta asamblea iniciativa de reforma del artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006'' sustentado en lo siguiente:

Exposición de Motivos

El espíritu esencial de la creación de marcos jurídicos se refiere al establecimiento de normas que faciliten la convivencia pacífica entre los individuos, lo que implica la búsqueda primordial del bien común.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se instituye como la base fundamental del orden jurídico mexicano; el principio de homogeneidad es un principio básico para su funcionamiento. Ante ello, las normas secundarias deben invariablemente observar este precedente.

Cuando los integrantes de un congreso privilegian las convergencias por encima de las divergencias, es posible llegar a acuerdos productivos. Se realiza un fuerte trabajo intelectual con la consideración invariable de los fenómenos sociales, a través del ineludible respeto de las necesidades reales de nuestros representados.

En este sentido, durante la elaboración de la Ley de Energía para el Campo, los diputados de la LVIII Legislatura construimos un espacio donde nuestras agendas coincidieron al grado de permitirnos votar una ley con mayoría absoluta.

Consideramos las condiciones de subdesarrollo del campo mexicano y la necesidad de fortalecerlo en el marco de la globalización y de un tratado de libre comercio donde nuestros socios comerciales aplican una política preferencial de precios para los energéticos utilizados para la agricultura, subsidiando los costos reales de su actividad agropecuaria, mientras que en nuestro país la falta de precios preferenciales hace que el costo de los energéticos usados en el campo aumente de 100 a 500 por ciento, en desventaja del costo de las cosechas, que en algunos casos valen lo mismo que en 1994, y en otros, han empequeñecido su valor hasta en 40 por ciento menos.

La Ley de Energía para el Campo establece el ``uso estratégico para el desarrollo nacional'' a todos los energéticos que se utilizan en el sector agropecuario, además de ordenarlos, regularlos y reglamentarlos para que tengan precios estratégicos y preferenciales que incentiven su reactivación y desarrollo.

En virtud de su consenso, esta ley cuidó ser integral para que su cobertura fuera lo más amplia posible. Por ello durante su redacción se estableció en el artículo 5, párrafo cuarto, lo siguiente: ``Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias serán iguales para todos los productores del país''.

Sin duda, la ponderación de éstos y otros argumentos fue producto del análisis y la discusión propios de una asamblea democrática con una preocupación inequívoca por el establecimiento de normas que beneficien a la mayor cantidad de mexicanos.

En este contexto y durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se destinaron 51 mil 14.1 millones de pesos, como presupuesto de la Sagarpa, de los cuales en el artículo tercero transitorio se asignan poco más de 685 millones en beneficio de los productores agropecuarios, con el propósito de disminuir el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas.

Sin embargo, en la parte final del artículo se expone: ``Este apoyo será entregado únicamente a los usuarios que no tengan adeudos superiores a 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad''.

La redacción en esos términos contrapone lo establecido en el precepto con lo previsto en la Ley de Energía para el Campo, en el artículo 5, referente a la igualdad de apoyos; y sobre todo cuestiona el accionar de los legisladores que, convencidos, votaron una ley de manera unánime.

Por ello, los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional proponemos la reforma del artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, sustentados en la contradicción de los preceptos ya referidos, de la siguiente forma:

Iniciativa

Dice: ``Se asignan $685, 600, 000.00 en el Presupuesto de la Secretaría de Agricultura durante el 2006, para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas. Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad''.

Se propone que diga: ``Se asignan $685, 600, 000.00 en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura durante 2006, para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas''.

Transitorio

Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Israel Beltrán Montes (rúbrica).»

Por su atención muchísimas gracias. Muy amable, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Beltrán Montes. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez:Con su permiso, señora Presidenta. Toda vez que la iniciativa que presento a su consideración el día de hoy fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, atentamente le solicito sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates y paso, en consecuencia, a compartir con mis compañeras y compañeros legisladores algunas reflexiones.

La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones con la finalidad de establecer, desde el punto de vista técnico-jurídico sustantivo, las normas que deben regular la venta, enajenación o adjudicación de acciones representativas del capital social en empresas que cuentan con concesión por parte del Estado por ser áreas prioritarias, en específico las que sean concesionarias para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a las que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Antecedentes: Primero. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1983 estableció con toda claridad las siguientes áreas estratégicas, que son: la acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite.

Segundo. Durante 12 años la comunicación vía satélite fue considerada a nivel de la Ley Suprema, como área estratégica.

Tercero. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1995 cambió a la comunicación vía satélite de área estratégica a que sea considerada área prioritaria, con la finalidad de llevar a cabo su desincorporación, privatización, fundamentación y establecer el sustento de la reforma desde la base misma de la Constitución como decisión política fundamental de la nación, con la cual se contienen las normas y principios esenciales del orden jurídico y que conforman la realidad con las reglas o disposiciones, tomando en cuenta lo siguiente.

El establecimiento de la rectoría económica del Estado implicó ratificar el espíritu constitucional del Estado a través del gobierno, que pasara de testigo mudo del proceso económico, al de regulador y actor del mismo. En este sentido, debe existir por parte del Estado una clara definición de la regulación que permita la libre competencia, la libre concurrencia, la protección al consumidor o usuario, así como vigilar por el desarrollo de la economía mixta el capítulo económico de la Constitución como se plantea.

Los fundamentos y motivos que respaldan la necesidad de la rectoría del Estado, así como la trascendencia de las áreas prioritarias, la comunicación vía satélite, dan el marco adecuado para dirigir la argumentación de los temas a la imperiosa necesidad de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para prever una mejor regulación y cuidado de la industria y empresas dedicadas a estas áreas estratégicas.

También busca regular para proteger la soberanía del país, cuidando la posición orbital geoestacionaria asignada a México, por donde se transmite y pasa información prioritaria, estratégica, privilegiada y de seguridad nacional. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa por la que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La adición que se propone de los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y reforma del artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, tiene perfectamente claro y establecido el bien jurídico tutelado de la protección de un área prioritaria establecida en nuestra Carta Magna así como del usuario mexicano o extranjero para que las empresas del ramo presten un servicio de magnífica calidad, eficaz, eficiente y con tarifas que promuevan la utilización de la comunicación vía satélite que se opera y presta con posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México así como se proteja esta área prioritaria, por lo que para ello se le otorgan facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la finalidad de que no sea un simple espectador sino participe en los procesos de transmisión, enajenación, cesión y venta de acciones representativas del capital social en sociedades concesionarias de comunicación vía satélite que operan y explotan posiciones geoestacionarias asignadas al país, sea que la tenencia accionaria y por tanto el control y toma de decisiones corporativo sea directo, indirecto o piramidado, ya que todos estos elementos deben ser regulados sin que dejar lugar a dudas o interpretaciones subjetivas que logren transmitir certeza y seguridad jurídicas.

México no puede ser un país que se mantenga al margen del fenómeno de la globalización económica y cultural que hoy en día se está experimentando y que no deja lugar a actividades o manifestaciones fuera, por lo que no es el caso hacerlo en las comunicaciones, pero sí es necesario cuidar el buen funcionamiento de las concesiones de industrias y áreas prioritarias que el capítulo económico de la Constitución ha establecido.

Se ha considerado la necesidad de establecer una modificación legal de fondo en la regulación concreta dentro de la esfera del Derecho Administrativo ( Ley Federal de Telecomunicaciones).

Por ello las reformas y adiciones que se proponen respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) son con la finalidad de establecer desde el punto de vista técnico -- jurídico sustantivo las normas que deben regular la venta, enajenación o adjudicación de acciones representativas del capital social en empresas que cuentan con concesión por parte del Estado por ser áreas prioritarias para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México que son a las que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El sustento de la reforma radica en la base misma de la Constitución como decisión política fundamental de la nación, en la cual se contienen las normas y principios esenciales del orden jurídico y que conforman la realidad con arreglo a sus disposiciones.

La Constitución es una norma suprema de la cual derivan todas las demás, sólo a través del derecho adquiere permanencia el orden social.

Por ello en estas adiciones y reformas se logra el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, buscando la conexión de la norma con la realidad social a través de lo dispuesto en la Carta Magna como un esquema normativo integrador y programático del desarrollo integral de la colectividad.

El establecimiento de la rectoría económica del Estado implicó ratificar el espíritu constitucional de que el Estado (a través del gobierno) pasara de testigo mudo del proceso económico al de regulador y actor del mismo.

En este sentido debe existir por parte del Estado una clara definición de la regulación que permita la libre competencia, libre concurrencia, protección al consumidor o usuario así como vigilar por el desarrollo de la economía mixta que el ``capítulo económico'' de la Constitución plantea.

En este sentido cabe resaltar los siguientes hechos:

1. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1983 estableció con toda claridad las siguientes áreas estratégicas: acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite.

2. Durante 12 años la comunicación vía satélite fue considerada al nivel de la Ley Suprema como área estratégica.

3. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1995 cambió a la comunicación vía satélite de área estratégica a que sea considerada área prioritaria, con la finalidad de llevar a cabo su desincorporación (privatización).

Los fundamentos y motivos que respaldan la necesidad de la rectoría del Estado, así como la trascendencia de las áreas prioritarias (comunicación vía satélite) dan el marco adecuado para dirigir la argumentación de los temas a la imperiosa necesidad de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones para prever una mejor regulación y cuidado de la industria y empresas dedicadas a estas áreas prioritarias.

Respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones es necesario crear un artículo 11-A, hacer adiciones en el artículo 12, y adicionar el artículo 12-A, para hacer una salvedad o excepción de que en tratándose de comunicación vía satélite que utilice posiciones orbitales asignadas al país debe existir un porcentaje de inversión mexicana entre el 80% y 100%, disponer preferencia para mexicanos, en todo caso disponer que efectivamente tengan la mayoría de inversión mexicana para evitar el incremento de la participación extranjera a través de la simulación jurídica que se crea por esquemas piramidados y la utilización de la figura de inversión neutra;

Es necesario crear un capítulo dentro de los artículos 29 a 35 porque en dicho capítulo no se prevé el hecho de la venta de acciones de las empresas a las que se otorgó la concesión de comunicación vía satélite y someterla a un procedimiento específico, sea cual sea el origen, motivo y montaje de dicha venta, enajenación y/o adjudicación, incluida una situación de concurso mercantil o quiebra.

La Ley Suprema establece un carácter de excepción que debe ser protegido en beneficio del interés general (interés social, interés público, bien común, seguridad nacional), por lo que las omisiones o lagunas detectadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones hacen necesario una reforma y adición específica que tutele los casos de las empresas de áreas estratégicas y de áreas prioritarias.

Es necesario que el Poder Legislativo haga estas reformas y dote de facultades al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que regule la venta, enajenación y/o adjudicación de acciones representativas del capital social conteniendo la hipótesis de que sea consecuencia de un juicio o proceso de cualquier índoles incluso el concurso mercantil o quiebra, respecto de una empresa que represente, sea y/o forme parte de las áreas prioritarias para el Estado conforme a la rectoría económica del mismo, que cuenten con concesiones para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país y con ello cumplir con lo dispuesto en el artículo 28 constitucional.

Con esta reforma se disponen los parámetros para contar con principios de independencia respecto de la forma de privatización o desincorporación de este tipo de empresas o áreas y su reprivatización o reincorporación.

Es necesario hacer las reformas de la LFT para evitar la problemática que ha implicado para el país el hecho de no haber tenido bien regulado los casos de los rescates (carretero, bancario) económicos no tienen que ver sólo con las finanzas públicas sino que se realicen y cumplan los objetivos de la rectoría económica del Estado.

El espíritu de la reforma corrige el concepto de desregulación para que el mismo no tenga ni deba tener el sentido que le dieron los economistas como un relajamiento sino el concepto real de una regulación clara que garantice que se puede acceder a un mercado o sector cumpliendo los requisitos que dispone la ley, vigilar no sólo que le vaya bien económicamente a la empresa sino que se cumpla con el bien común.

El Estado no debe constreñirse a cuidar o vigilar a los agentes económicos, sino privilegiar la protección del área o sector en beneficio del usuario a través de una sana y libre competencia, así como libre concurrencia, ya que aunque parezca redundante sin usuarios no tiene razón de ser la producción o la prestación de servicios en ningún área.

Es necesario evitar los casos y ejemplos de problemática mal cuidada en su regulación para su desincorporación, su reprivatización y nueva privatización o venta, como en el caso de la aviación y bancos.

En este sentido cabe recordar que con respecto a los bancos, la mala situación y la falta de cuidado en las concesiones y la urgente necesidad evitar la quiebra de los mismos y la afectación de los usuarios ``ahorradores'', depositantes, hizo que se convirtiera en deuda pública.

Respecto a la aviación se ha tardado en llegar un despegue de esta área hasta la llegada de las líneas áreas de bajo costo (conocidas por su denominación en inglés ``low cost'') y de todas formas existe una regulación que tiene deficiencia y discrecionalidad que no da certeza completa al sector y esto finalmente tiene afectación al usuario y al desarrollo y crecimiento del área.

Asimismo la mala regulación hizo que en materia de aeropuertos, el mal otorgamiento y diseño de la concesión implicara que quienes licitaron y finalmente se convirtieron en concesionarios tengan la facilidad de ``descremar'' el mercado sin que tengan obligación alguna de mejorar, desarrollar y mantener la infraestructura de los aeropuertos concesionados, por lo que al final de dichas concesiones entregarán una infraestructura aeroportuaria muy deficiente, por lo que no se tiene ni se tendrá la infraestructura adecuada para el país.

Con relación a los bancos, la reprivatización causó, además de un costo excesivo y muy alto para el Estado, que este proceso resultara en que casi el 100 por ciento de los mismos sea propiedad de bancos extranjeros, de acuerdo a sus ``autorizaciones'', que ya no son concesiones, por lo que no tienen ninguna obligación de cumplir con el objetivo y definición clásica de banca (captar recursos del público y colocarlo); no tienen ninguna obligación de colocar un mínimo de los recursos que captan por lo que se dan el lujo de reducir y hasta nulificar el crédito en muchos sectores; se enfocan mucho al crédito al consumo (tarjeta de crédito) y en este tenor viven del cobro de comisiones, en síntesis no cumplen con el objetivo primordial de captar dinero y colocarlo.

Otro caso desastroso es el de los ferrocarriles cuya desincorporación no fue bien manejada, el Ferrocarril del Noreste (TFM) se licitó excesivamente caro y posteriormente el Estado licitó otros ferrocarriles a valores muy bajos, creando una inequidad y desigualdad en la competencia, además de que con ello afectó la viabilidad de cada empresa. En este sector ha creado la problemática de que el principal ferrocarril quedara en manos de una empresa americana (Kansas City Southern), poniendo en proceso de concurso a otra de las concesionarias, existiendo quejas constantes en el cabotaje (o sea en la prestación del servicio interno o doméstico) pues se han dedicado KCS a privilegiar la transportación del Pacífico hacia el norte (EUA) afecta al usuario nacional y con ello al bien común que se persigue en esta área prioritaria.

Hoy en día en materia de telecomunicaciones, se tiene una situación similar a la de los ferrocarriles, donde una sola empresa que representa toda la industria satelital mexicana fue desincorporada a un precio elevadísimo, obligando a un apalancamiento excesivo. Posteriormente el Estado (SCT) abre el mercado de manera indiscriminada y con total falta de visión, creando inequidad, competencia desleal y causando, con varios de sus actos, la falta de viabilidad de esta industria poniéndola al borde de la quiebra y tendiendo que entrar en concurso mercantil, favoreciendo a una serie de acreedores extranjeros que en muchos casos implican a prestadores del mismo servicio que tienen intereses en conflicto y prefieren exprimir a la empresa que buscar su viabilidad.

En esta área prioritaria de las telecomunicaciones (satélites) el Estado buscó cuidar más su posición como accionista y acreedor que cumplir con su papel de regulador de una industria.

El Estado a través de la SCT, tuvo una intervención inoportuna, ineficiente e ineficaz, anteponiendo sus temores político/fiduciarios a sus deberes como autoridad responsable de un servicio prioritario y concesionado. Dicha intervención, trajo como resultado: una pérdida financiera superior a 220 millones de dólares como accionista, de al menos 200 millones de dólares como acreedor y puso en riesgo la continuidad del servicio concesionado al haber podido perder todos los activos de la sociedad en una quiebra favorecedora a acreedores extranjeros.

Todos estos casos muestran que la regulación debe ser muy cuidada, los ejemplos anteriores no buscan una crítica destructiva sino que deben servir para observar lo que debe ser corregido y por tanto marcar lo que se debe de hacer.

En las regulaciones a nivel internacional para proteger este tipo de áreas estratégicas y prioritarias lo que se ha hecho es:

1. Elevar los requerimientos y elementos técnicos que deben cumplirse para obtener concesión o explotación.

2. Elevar los requerimientos y elementos financieros que deben cumplirse para asegurar la continuidad de la operación y explotación.

3. Facultades regulatorias expresas no discrecionalidad, en beneficio de certeza y seguridad jurídicas.

Por ejemplo en el caso de Teléfonos de México, SA de CV (Telmex) para otorgarle la concesión se establecieron una serie de reglas y obligaciones dentro de dicho instrumento para que se creara una infraestructura digna (buenas casetas, cableado, digitalización, cobertura social) y las telefónicas extranjeras en sus concesiones han buscado solamente atacar zonas residenciales, líneas corporativas, zonas urbanas y larga distancia sin querer asumir obligación alguna de cobertura social, buscando ``descremar'' el mercado, y exigiendo cuestiones en su beneficio sin crear infraestructura en esta área prioritaria de las telecomunicaciones.

En realidad existe precariedad en la Ley Federal de Telecomunicaciones y por ello la necesidad de reformar y adicionar la ley para prever normas y disposiciones concretas de la venta de acciones dentro de un concesionario de comunicación vía satélite, sea que dicha venta derive o no derive de un concurso mercantil o quiebra, sustentando en que es un área prioritaria.

Se debe regular la intervención de la autoridad reguladora para vigilar que quién adquiere reúne los mismos requisitos que se exige para el otorgamiento de la concesión y para ganar una licitación, así como otros adicionales porque la mala situación financiera en que puede encontrarse o la forma en que se ha estado operando la concesionaria requiere de un grado mayor de certeza para asegurar la viabilidad y continuidad de la explotación de la concesión y que la misma proteja el bien común.

Debe reglamentarse dentro de la LFT la solución para generar viabilidad y respetar el interés público de mantener las empresas en marcha con criterios concretos en la ley y establecer los mecanismos previos para afirmar la viabilidad de una industria prioritaria con sustento en la certeza y seguridad jurídicas.

Garantizar, en los casos de ventas, enajenación y/o adjudicación de acciones representativas del capital social, que en las empresas, sectores y/o áreas prioritarias se respeten los montos máximos de participación de capital extranjero y de capital nacional, (por ejemplo, como en el caso de satélites que el monto de inversión nacional debe ser del 51 por ciento y de extranjera del 49 por ciento); evitar casos de simulación con sustento en inversión neutra y otro tipo de figuras que permiten el control en la práctica, y que en lo formal dejan responsabilidad al Estado como accionista y como responsable de la toma de decisiones.

En este sentido, respecto de concesionarias que operan y explotan posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país debe regularse una participación mayor de mexicanos y reducir la inversión extranjera, ya que en este sentido es necesario también proteger la soberanía y seguridad nacionales.

La reforma garantiza en los casos de venta, enajenación y/o adjudicación de acciones representativas del capital social de sociedades que explotan áreas prioritarias que se generen los criterios claros, concretos y sin discrecionalidad en la autoridad administrativa para autorizar una venta, enajenación, adjudicación y/o transmisión de acciones representativas de capital social de una empresa que pertenezca al sector o área prioritaria.

La normatividad será aplicable sea cual fuere el origen de la operación o el instrumento de su adquisición (por ejemplo transmisión de derechos fiduciarios, escisión, fusión, adquisición, creación de holding, capital neutro, etcétera).

Uno de estos criterios será otorgar derechos de preferencia para adquirir a mexicanos a través de sociedades mexicanas: primero, con cláusula de exclusión de extranjeros, sin inversión neutra; segundo, a mexicanos a través de sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros sin inversión neutra; tercero a sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros con inversión neutra, estableciendo el piso y techo de participación extranjera y mecanismos que eviten la piramidación y simulación de control.

Garantizar que sean mexicanos o sociedades que hayan tenido experiencia en la industria, sector o área de que se trate (como en este caso en la industria satelital, área prioritaria de las telecomunicaciones).

Establecer los parámetros de riesgo país para exigir en la regulación mejores condiciones técnicas, económicas y tener una posición como Estado más firme y concreta diluyendo al máximo posible la discrecionalidad de las autoridades regulatorias para evitar cambios bruscos en la política que impiden dar la certeza y seguridad jurídicas necesarias para el inversionista, máxime en situaciones donde podría ser una solución el ingreso de un agente con liquidez y capacidad de financiamiento.

Se busca establecer mecanismos de financiamiento adecuados en México a los interesados. Estos apoyos financieros fortalecerán la legitimación de la oportuna intervención del Estado en caso de presentarse una problemática operativa/financiera de la concesionada.

Exigir la implementación de un plan de negocios, la probanza de su solvencia, su liquidez y su capacidad de endeudamiento así como la oferta de las fuentes de recursos, para evitar situaciones donde quienes (obtienen la concesión) adquieren las acciones, representativas del capital social de una empresa de área prioritaria, no puedan lograr mantenerla y poner en riesgo al área prioritaria de que se trate.

Respetar el espíritu de la ley, y evitar que quienes adquieren las acciones de empresas de áreas prioritarias sean operadores extranjeros porque pueden tener más interés en terminar con un competidor o crearle condiciones que lo expongan, regulando de manera expresa condiciones que deben estipularse en estas operaciones y en los convenios y contratos financieros.

Se dispone un articulado concreto de autorización para adquirir con base en claros y estrictos parámetros de capacidad técnica, experiencia previa, capacidad financiera, normatividad, ley.

Se requerirá de un análisis financiero que demuestre del propio flujo no se pueden adquirir y pagar estas concesiones y adquisiciones que se deben prever en todos los casos ``fondos perdidos'' de por lo menos un 20 por ciento, ya que de otra forma la transmisión, enajenación, cesión y/o venta de acciones de las concesionarias implicará un muy alto riesgo de que las empresas fracasen, caigan en concurso mercantil o quiebra.

Por ello se prevé la necesidad de acreditar la fuente precontratada para el financiamiento con el que se puede pagar muy caro una concesión o aprovechamiento, así como acreditar fondo, disponibilidad y sostenimiento de capital (equity).

La finalidad es proteger el bien común, proteger al usuario y por tanto el Estado debe tener facultades claras, concretas y no discrecionales para decidir quien compra y quien no puede comprar una empresa en estas áreas prioritarias.

Se logra prever la intervención oportuna del Estado, a través del regulador (dependencia del Ejecutivo) en caso de síntomas de inviabilidad operativo/financiera de la empresa concesionada para actuar a tiempo y en forma en caso de que se saliera del plan original de concesión/desincorporación.

Por ello al Poder Legislativo, donde radica la soberanía del pueblo, y como órgano encargado de crear las leyes que nos rijan con visión, por lo menos, de mediano plazo nos es obligado realizar las adecuaciones, adiciones, modificaciones a la ley que sean pertinentes para que nuestros gobernados tengan una legislación de vanguardia y acorde con el ámbito internacional, dejando atrás los principios dogmáticos de generalizar en la apertura total por la globalización sin tomar en cuenta el caso específico de cada tipo de industria, como es el caso de la industria de la comunicación vía satélite y en especial la que se presta, opera y explota a través de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, por lo que la ley debe evolucionar y adecuarse a los tiempos en que nos toca vivir, por lo que es urgente la adición y reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que se verá reflejado en la interpretación y resoluciones que tomen las autoridades competentes y evitar que las normas jurídicas e interpretaciones actuales nos continúen impidiendo tener una mentalidad más abierta que permita el desarrollo económico y social de esta área prioritaria, por no querer entender que todo ha sufrido una evolución y que es necesario adecuarse a los tiempos que nos toca vivir, pues es aquí donde el principio filosófico del devenir toma plena vigencia.

Es por ello indispensable olvidarse de normatividad que impide al gobierno de México impulsar la revitalización del sector de la industria mexicana de la comunicación vía satélite y así competir leal y exitosamente en el ámbito de la economía globalizada internacional, sustentado adecuadamente en el fortalecimiento y presencia de esta industria nacional prioritaria.

La adición que se propone para la Ley Federal de Telecomunicaciones refleja claramente la intención del Estado mexicano de que su industria de comunicación vía satélite a través de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México se desarrolle en circunstancias de igualdad mundial y no con desventajas, por lo que dicha comunicación vía satélite es considerada como área prioritaria para el desarrollo nacional.

Todo lo anterior, con el único y exclusivo objetivo de que esta actividad sea considerada como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional de acuerdo al artículo 28 de nuestra Carta Magna en todos sus aspectos, lo cual permite que exista regulación jurídica recíproca y equitativa en la realidad, sobre todo entre las empresas nacionales y frente a las organizaciones extranjeras, que permitan a la industria nacional de la comunicación vía satélite en el corto plazo terminar con las desventajas, asimetrías y competencia desleal.

Esta adición, contempla la protección al usuario y a fomentar que cuente con una mayor oferta del servicio por el crecimiento de la industria de la comunicación vía satélite, a la ley propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regule el aspecto de la transmisión, enajenación, cesión y/o venta de las acciones de empresas concesionarias de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, para proteger al público en general y a los usuarios y así evitar que se puedan dar prácticas monopólicas relativas o absolutas, ya que debe quedar claro que al ser una actividad o área económica prioritaria para el Estado mexicano no pueden considerarse que hay monopolio, sobre todo por lo expuesto con anterioridad y tomando en cuenta que es indispensable para el desarrollo del país.

En este sentido la adición de los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y la reforma del artículo 12 a la Ley Federal de Telecomunicaciones es reflejar la expresión de las necesidades de México para el adecuado desarrollo y crecimiento de la industria nacional de la comunicación vía satélite que es urgente, necesaria e indispensable por ser un área prioritaria en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conclusión

La ley suprema establece un carácter de excepción que debe ser protegido en beneficio del interés general (interés social, interés público, bien común, seguridad nacional), por lo que las omisiones o lagunas detectadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones hacen necesario una reforma y adición específica que tutele los casos de las empresas de áreas estratégicas y de áreas prioritarias, en los que a través de la venta de acciones de dichas sociedades el Estado, a través del Ejecutivo federal, deja de ejercer sus facultades de regulador y queda como simple espectador.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del honorable Constituyente Permanente, por conducto de esta Cámara de Diputados, el siguiente decreto:

Por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Primero. Se adicionan los artículos 11-A. 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, para quedar como sigue:

Artículo 11-A. Se requiere de aprobación y autorización expresa de la Secretaría para adquirir acciones de las sociedades mercantiles o personas morales que:

I. Cuenten con una concesión para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias; y

II. Exploten los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Artículo 12-A. La transmisión de las acciones de sociedades mercantiles o personas morales que ya cuenten con concesiones relativas a los casos que disponen las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley solamente se aprobarán y autorizarán por parte de la Secretaría a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La participación de la inversión extranjera, en ningún caso, podrá exceder del 20 por ciento, y para contar con una inversión mayor, que únicamente puede llegar hasta el 49 por ciento,) se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para el caso concreto.

Sección IV Bis

Artículo 30-A. La transmisión de las acciones de sociedades mercantiles o personas morales que ya cuenten con concesiones relativas a los casos que disponen las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales se otorgarán mediante procedimiento de licitación pública al que se refiere la Sección II del presente capítulo, sin que el gobierno federal pueda requerir una contraprestación económica en virtud de que la misma ha podido ser cubierta con anterioridad al momento del otorgamiento de dichas concesiones conforme dispone el artículo 29 de esta ley.

Tratándose de dependencia y entidades de la administración pública federal, la Secretaría otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 30-B.La solicitud para obtener la aprobación y autorización de la Secretaría para la transmisión de acciones de sociedades mercantiles o personas morales que cuenten con concesiones a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley, debe estar acompañada de los documentos que permitan acreditar lo siguiente:

I. Por lo que respecta a la capacidad técnica, un estudio técnico operativo, que contenga lo siguiente: a) La descripción de las características principales del servicio o servicios que pretende proporcionar;

``b) La relación de personal directivo y gerencial que tendrá a su cargo las áreas de mantenimiento, operaciones y, en su caso, de aseguramiento de la calidad o seguridad de la comunicación vía satélite, así como los jefes de los técnicos responsables de la operación. Este personal deberá acreditar su conocimiento para ejercer dichas funciones, así como contar con experiencia laboral en el sector de comunicación vía satélite, de por lo menos dos años.

Las personas a que se refiere este inciso deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que, en los últimos cinco años, no han sido sentenciados o sancionados por delitos o infracciones administrativas derivadas o relacionadas con el desempeño de sus funciones;

c) La relación del personal técnico de comunicación vía satélite disponible a emplear directamente o a través de terceros, de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes;

d) El documento, convenio o similar que acredite que tiene o tendrá la propiedad o legal posesión y el derecho de explotación de los satélites y equipos satelitales, que permita su exacta identificación, y

e) La relación de las estaciones terrenas transmisoras, instalaciones y demás infraestructura disponible para la prestación del servicio o servicios.

En el caso de que se acredite la capacidad técnica con una sociedad mercantil mexicana asociada, ésta deberá proporcionar lo señalado en los incisos b) y c), así como una descripción de la asistencia técnica que prestará el asociado solicitante y el documento idóneo en el que se haya establecido dicha asociación;

II. En relación con la capacidad financiera:

a) La documentación que acredite su solvencia económica;

b) Acreditar que el solicitante tiene acceso a los recursos financieros requeridos para operar y que éstos sean de disponibilidad inmediata. El solicitante deberá acreditar que por lo menos el cincuenta por ciento de los recursos financieros necesarios para sustentar la operación solicitada por los primeros doce meses, estarán suscritos y pagados en el capital social fijo, sin derecho a retiro por un periodo de doce meses a partir de la aprobación y autorización de la adquisición de las acciones representativas del capital social de la sociedad o persona moral que detenta la concesión;

c) Un plan de negocios que contenga, por lo menos:

i. Las bases o supuestos utilizados, el estudio de mercado o cualesquiera otra investigación realizada para calcular la demanda del mercado, los ingresos y los costos relacionados con la propuesta operativa;

ii. Un programa de inversión, de conformidad con las características del servicio que pretende prestar y su proyección a un plazo no mayor a tres años;

iii. Una proyección financiera detallada que refleje la operación propuesta por los tres años siguientes a la aprobación y autorización de la adquisición de las acciones representativas del capital social de la concesionaria con una base mensual para el primer año y trimestral para los subsecuentes, que incluya:

1. Una estimación tanto de los ingresos operativos como no operativos, clasificándolos, en su caso, en aquéllos que generará por sí mismo o a través de convenios con terceros, así como estimados, entre otros, de ingreso por hora de operación por tipo de satélite o servicio;

2. Una estimación de los costos operativos y no operativos por rubro de gasto, incluyendo todo tipo de costos, incluyendo costos medios variables desagregados;

3. Una estimación de la utilidad o pérdida neta para el periodo;

4. Una estimación del monto en efectivo que será necesario para cubrir las operaciones propuestas, considerando, por lo menos, instalaciones de apoyo y equipo; amortización de deuda; capital de trabajo y resultados operativos diferentes a depreciación y amortización, y

5. Una estimación del monto en efectivo que estará disponible, derivado de, por lo menos, deuda nueva; inyección de capital social; reducciones en el capital de trabajo; ganancias derivadas de la operación y depreciación y amortización;

6. Un balance general, y

d) Cualquier otra información que el interesado desee proporcionar que permita determinar que cuenta con recursos financieros suficientes para garantizar la viabilidad y seguridad de sus operaciones.

La información financiera presentada por el solicitante deberá prepararse con base en principios de contabilidad generalmente aceptados en México;

III. En lo que respecta a la capacidad jurídica:

a) La copia certificada de la escritura constitutiva, con sus modificaciones, inscrita en el Registro Público de Comercio, en cuyo objeto social conste como actividad principal, la prestación del servicio público de comunicación vía satélite;

b) La copia certificada del poder del representante legal otorgada ante fedatario público, y

c) En el caso de participación de inversión extranjera, la constancia de inscripción en el registro correspondiente, y

IV. En cuanto a la capacidad administrativa: a) La relación de todas aquéllas personas que, de una u otra forma, contarán con poder de decisión administrativa, y financiera en la sociedad, entre otros, personas que detenten el control de la sociedad, miembros del consejo de administración o administrador único, o sus equivalentes.

b) En relación con las personas a que se refiere el inciso anterior, la manifestación a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo.

La Secretaría puede requerir que se aclare el contenido de la solicitud o la documentación que acompañe dentro de un término de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que se presenten todos los requisitos.

Salvo lo establecido en el presente párrafo y las autorizaciones previstas en esta Sección, no se requerirá trámite adicional alguno para realizar la actualización de que se trata.

Artículo 30-C. Debidamente integrada la solicitud para obtener la aprobación y autorización para adquirir acciones del capital social de la concesionaria, la Secretaría ordenará publicar, a costa del interesado, un extracto de la misma en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que los concesionarios que presten servicios de comunicación vía satélite o terceros interesados en la adquisición de acciones del capital social de la concesionaria manifiesten lo que a su derecho convenga, en un plazo de treinta días naturales.

El extracto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, cuando menos, la denominación o razón social del solicitante y su domicilio, las posiciones orbitales geoestacionarias y/u órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencia, derechos de emisión y recepción de de señales que opera la concesionaria de la cual desea adquirir las acciones representativas del capital social, así como la relación de los satélites que utilizar y de los satélites nuevos que utilizaría.

Al resolver la solicitud de la Secretaría tomará en cuenta las manifestaciones que se hayan presentado conforme a lo previsto en el primer párrafo.

Segundo.Se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

...

En los casos del otorgamiento de concesiones que disponen las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley la participación de inversión extranjera, en ningún caso, podrá exceder del 20 por ciento, y para contar con una inversión mayor, que únicamente puede llegar hasta el 49 por ciento, se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para el caso concreto.

Artículo Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputada. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal. No estando presente en el Salón de Sesiones, pasa al final de este capítulo.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Y tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5, 6 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:Con su permiso ciudadana Presidenta. El suscrito diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalen esta Legislatura y con la facultad que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy los relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5°, 6° y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

La bandera y el escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana, contienen una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

El escudo tiene su origen en el jeroglífico de la fundación de la gran Tenochtitlán, es la expresión gráfica donde se resume la historia de un gran pueblo, el Azteca, cuyos valores culturales son base de nuestra nacionalidad. Está compuesto por tres elementos: el águila, el nopal y la roca, ya que fue hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando los españoles introdujeron la figura de la serpiente.

El águila representa la fuerza cósmica del sol y el nopal fue para los mexicas una planta propia del paisaje del Anáhuac y la serpiente representa las potencialidades de la tierra.

Con algunas variantes, la figura del águila sobre el nopal fue utilizada como símbolo durante mucho tiempo. A fines del siglo XVIII se le agregaron ramas de encino y laurel, pero fue hasta 1824 cuando se conformó con todos sus elementos. Instaurado el primer imperio, se ordenó por decreto del 2 de noviembre de 1821, que el lábaro patrio fuera tricolor, pero con las franjas en sentido vertical y el orden verde, blanco y rojo.

Durante el gobierno del Poder Ejecutivo, 1823, el soberano Congreso Constituyente mexicano, decretó el 14 de abril que se conformara el símbolo patrio de acuerdo con la tradición indígena, el águila de perfil posada sobre un nopal devorando la serpiente y sin corona imperial, orlando las figuras ramas de encino y de laurel. A partir de entonces el escudo conserva la forma y diseños que actualmente vemos en nuestra Bandera Nacional, consagración del México republicano.

Durante los años de la intervención francesa en México, 1862-67, el escudo volvió a representarse con el águila coronada. El emperador Maximiliano ordenó que el escudo de armas nacional de México, fuera un manto imperial recogido en sus extremos y formando un pabellón con un lazo tricolor verde, blanco y rojo, rematando una corona imperial con el lema: ``Religión, Independencia y Unión''.

A partir de la restauración de la República, se utilizaron varios diseños del Escudo, pero siempre con el águila de frente. En la época porfirista la Bandera Nacional volvió a modificarse con carácter oficial. El águila de frente con las alas recogidas y la serpiente en el pico parada sobre un nopal, abajo los laureles y su escudo monárquico. A partir de entonces proliferaron las modificaciones al Escudo aún más cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, ya que las diversas facciones revolucionarias y los distintos gobiernos provisionales se dieron a la tarea de emitir membretes, timbres postales, papel moneda, etcétera, con algunas variaciones del Escudo.

Por esa razón Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, expidió el 20 de septiembre de 1916 un decreto que rectificaba el expedido el 14 de abril de 1823; sin embargo, por las vicisitudes políticas de la época, el decreto de 1916 no llegó a entrar en vigor.

Se continuaron los intentos por establecer en forma definitiva el diseño del Escudo Nacional y fue durante el gobierno del Presidente Abelardo L. Rodríguez, cuando se expide un nuevo decreto, el 5 de febrero de 1934, mediante el cual se conservó el águila de perfil, se estilizó su plumaje y se rectificó la posición de la serpiente. A partir de entonces su diseño fue declarado oficial y único como emblema nacional.

Actualmente regula el uso de la Bandera Nacional la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales del 8 de febrero de 1984. Corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta disposición.

En lo que respecta al Escudo Nacional, el artículo 2º del ordenamiento en vigor señala lo siguiente: artículo 2º. ``El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, por la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural''. Y abunda puntualizando las características. Y termina diciendo que un modelo de este Escudo Nacional, autenticado por los tres Poderes de la Unión permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación, uno en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa de Moneda.

Adicionalmente el artículo 5º de la misma Ley dispone lo siguiente: artículo 5º. ``Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2º de esta Ley''.

Aunado a lo anterior, el artículo 6º del citado ordenamiento señala en su párrafo segundo que el Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares.

El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente. Cierro el artículo 6. Las disposiciones articuladas de los preceptos 2º y 5º no dejan lugar a dudas de que toda reproducción del Escudo Nacional debe hacerse conforme al modelo descrito en la ley.

Es público y notorio que en esta administración pública federal que concluye el 30 de noviembre, se usó en la papelería oficial una reproducción del Escudo Nacional que no corresponde a lo dispuesto en la ley, pero también lo es que la misma reproducción se usó en medios de distinta índole y no sólo en papelería que si bien estrictamente no están en los enunciados por el artículo 6º, sí quedarían comprendidos en los alcances del imperativo del artículo 5º, consistente en que toda, toda reproducción se corresponda fielmente a lo ordenado por el artículo 2º. Tal es el caso ----por ejemplo---- de las imágenes que se difunden a través de la televisión mediante las cuales se publicitan programas de desarrollo social.

No debe haber ningún resquicio que se utilice para no observar un dispositivo contundente como lo es la reproducción del Escudo Nacional y, por otra parte, debe hacerse la remisión a la legislación en materia de responsabilidades públicas para el caso de que servidores públicos de cualquier nivel contravengan las normas legales.

En virtud de lo antes expuesto, la presente iniciativa plantea, por un lado, reformar los artículos 5º y 6º para, en el caso del primero, vincular el imperativo de toda reproducción del Escudo con el agregado de que su diseño e imagen no pueden variarse o alterarse --entrecomillo-- ``bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial''. Cierro las comillas.

La reforma al artículo 6º persigue disponer que la impresión y el uso del Escudo Nacional hecho no sólo en papelería oficial, sino en cualquier otro medio de uso también oficial, autorizado por acuerdo de la autoridad competente, se haga en los términos del artículo 2º.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 6º y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Único. Se reforman los artículos 5º, 6º y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 5º. Se agrega: ``... y su diseño e imagen no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial''.

Artículo 6º. Se agrega al párrafo segundo: ``... y su uso en papelería o en cualquier otro medio también oficial deberá apegarse estrictamente a lo establecido en los artículos 2º y 5º de la presente ley''.

Y artículo 56. Se agrega en el primer párrafo: ``Si la contravención es cometida por un servidor público se instrumentará el procedimiento y se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa a que alude este precepto''.

Transitorios: Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Entrego, ciudadana Presidenta, a la Secretaría, documento con la firma de quien habla y los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI.

«Iniciativa que reforma los artículos 5, 6 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 5o., 6o. y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

Exposición de Motivos

La bandera y el escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana, contienen una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

El escudo tiene su origen en el jeroglífico de la fundación de la gran Tenochtitlan, es la expresión gráfica donde se resume la historia de un gran pueblo: el Azteca, cuyos valores culturales son la base de nuestra nacionalidad.

Está compuesto por tres elementos: el águila, el nopal y la roca, ya que fue hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando los españoles introdujeron la figura de la serpiente. El águila representa la fuerza cósmica del sol. El águila representa para los mexicas una planta propia del paisaje del Anáhuac, y la serpiente representa las potencialidades de la tierra.

Con algunas variantes, la figura del águila sobre el nopal fue utilizada como símbolo durante mucho tiempo; a fines del siglo XVIII se le agregaron ramas de encino y laurel, pero fue hasta 1824 cuando se le conformó con todos sus elementos.

Instaurado el primer Imperio, se ordenó, por decreto del 2 de noviembre de 1821, que el lábaro patrio fuera tricolor, pero con las franjas en el sentido vertical, y el orden: verde, blanco y rojo; ``al centro un águila ligeramente de perfil y ciñendo una corona imperial; las alas caídas, sin culebra y posando con ambas garras sobre el legendario nopal''.

Durante el gobierno del Poder Ejecutivo (1823), el Soberano Congreso Constituyente Mexicano decretó, el 14 de abril, que se conformara el símbolo patrio de acuerdo con la tradición indígena: el águila de perfil posada sobre un nopal, devorando la serpiente y sin corona imperial, orlando la figura ramas de encino y de laurel. ``A partir de entonces el escudo conserva la forma y diseños que actualmente vemos en nuestra Bandera nacional: consagración del México republicano''.

Durante los años de la intervención francesa en México (1862-1867), el escudo volvió a representarse con el águila coronada. El emperador Maximiliano ordenó (abril de 1865) que el escudo de armas nacional de México fuera: ``un manto imperial recogido en sus extremos y formando un pabellón con un lazo tricolor verde, blanco y rojo rematando una corona imperial con el lema: Religión, Independencia y Unión. El águila mexicana aparecía dentro de un escudo realzado ciñendo una corona y estrangulando una culebra; en lo alto del escudo se hallaba un penacho de siete plumas saliendo de una especie de diadema de antiguos monarcas aztecas''.

A partir de la restauración de la república, se utilizaron varios diseños del escudo en papeles oficiales, papel sellado, monedas, sellos de correo, sellos oficiales, etcétera, ``pero siempre con el águila de frente''. En la época porfirista la bandera nacional volvió a modificarse con carácter oficial: el águila de frente con las alas recogidas y la serpiente en el pico, parada sobre un nopal; abajo los laureles y su escudo monárquico. A partir de entonces, empezaron a proliferar las modificaciones al escudo, aun mas cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, ya que las diversas fracciones revolucionarias y los distintos gobiernos provisionales se dieron a la tarea de emitir membretes, timbres postales, papel moneda, etcétera, con algunas variaciones al escudo.

Por esa razón Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, expidió el 20 de septiembre de 1916 un decreto que rectificaba el expedido el 14 de abril de 1823, por el que dispuso el Soberano Congreso Constituyente que el escudo nacional fuera `` el águila mexicana de perfil izquierdo parada sobre un nopal que brota de una peña rodeada de agua y orlada, en la parte de abajo, por ramas de encina y laurel, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la Independencia''.

Sin embargo, por las vicisitudes políticas de la época, el decreto de 1916 no llegó a entrar en vigor.

Se continuaron los intentos por establecer en forma definitiva el diseño del escudo nacional, y fue durante el gobierno del Presidente Abelardo L. Rodríguez cuando se expidió un nuevo decreto ( 5 de febrero de 1934), mediante el cual ``se conservó el águila de perfil, se estilizó su plumaje y se rectificó la posición de la serpiente, a partir de entonces su diseño fue declarado oficial y único como emblema nacional''.

Actualmente, regula el uso de la bandera nacional la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales del 8 de febrero de 1984. Corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta disposición.

En lo que respecta al Escudo Nacional, el artículo 2o. del ordenamiento en vigor señala lo siguiente:

Artículo 2. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, por la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido, que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas de nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.

Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada.

Un modelo de Escudo Nacional, autenticado por los tres Poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de Nación, uno en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa de Moneda.

Adicionalmente el artículo 5o. de la misma ley dispone lo siguiente:

Artículo 5. Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2o. de esta ley.

Aunado a lo anterior, el artículo 6o. del citado ordenamiento señala en su párrafo segundo que:

Artículo 6. ...

El Escudo Nacional solo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional solo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente.

Asimismo, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, está obligado a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la ley referida, tal como lo dispone en su artículo 55, que a la letra dispone:

Artículo 55. Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevara a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.

Las disposiciones articuladas de los preceptos 2° y 5° no dejan lugar a dudas de que ``toda'' reproducción del Escudo Nacional debe hacerse conforme al modelo descrito en la ley. Es público y notorio que en esta Administración Pública Federal que concluye el 30 de noviembre, se usó en la papelería oficial una reproducción del Escudo Nacional que no corresponde a los dispuesto en la ley, pero también lo es que la misma reproducción se usó en medios de distinta índole, y no sólo en papelería, que si bien estrictamente no están en los enunciados por el artículo 6°, si quedarían comprendidos en los alcances del imperativo del artículo 5°, consistente en que ``toda'' reproducción se corresponda fielmente a lo ordenado por el artículo 2°. Tal es el caso, por ejemplo, de las imágenes que se difunden a través de la televisión mediante las cuales se publicitan programas de desarrollo social.

No debe haber ningún resquicio que se utilice para no observan un dispositivo contundente como lo es la reproducción del Escudo Nacional y por otra parte debe hacerse la remisión a la legislación en materia de responsabilidades públicas para el caso de que servidores públicos de cualquier nivel, contravengan las normas legales.

En virtud de lo antes expuesto, la presente iniciativa plantea por un lado, reformar los artículos 5° y 6° para, en el caso del primero, vincular el imperativo de ``toda'' reproducción del escudo con el agregado de que su diseño e imagen no puedan variarse o alterarse ``bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial''. La reforma al artículo 6° persigue disponer que la impresión y el uso del Escudo Nacional hecho no sólo en papelería oficial sino en cualquier otro medio de uso también oficial, autorizado por acuerdo de la autoridad competente, se haga en los términos del artículo 2o.

Por otra parte, la iniciativa modifica el artículo 56 para que, en caso de desacato, se instrumente el procedimiento y se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa a que alude dicho precepto. Se hace la adecuación sobre la mención del Código Penal ya que, como es sabido, no existe ya el Código Penal en materia del fuero común y del fuero federal.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 6o. y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Único. Se reforman los artículos 5o., 6o. y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 5. Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2o. de esta ley y su diseño e imagen no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial.

Artículo 6. Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional solo podrán figurar, por disposiciones de la ley o de la autoridad, las palabras Estados Unidos Mexicanos, que formaran el semicírculo superior.

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional solo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente y su uso en papelería o en cualquier otro medio también oficial deberá apegarse estrictamente a lo establecido en los artículos 2o. y 5o. de la presente ley.

Artículo 56.- Las contravenciones a la presente ley que no constituyan delito conforme a los previsto en el Código Penal Federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la contravención es cometida por un servidor público, se instrumentará el procedimiento y se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa a que alude este precepto. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera o el Himno Nacionales.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, diputado Olivares Ventura. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la tribuna el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán:Con el permiso de la Presidencia y de mis compañeras y compañeros legisladores. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente exposición de motivos:

Esta iniciativa pretende, tiene el atrevimiento, de proponer una modificación a nuestra Carta Magna, particularmente una modificación al artículo 115 constitucional y en específico estoy planteando la supresión, la derogación, de un párrafo en especial.

Antes quisiera que se me permitiera hacer algunas consideraciones y no la lectura de la iniciativa, a cambio de compartir la experiencia personal que estoy seguro habrán vivido muchas y muchos de los que hoy conformamos esta LX Legislatura.

El artículo 115 de nuestra Carta Magna es, por esencia, la disposición máxima en materia de municipalismo. Esta tribuna ha sido utilizada reiteradamente para exaltar la fortaleza del municipio como base de la organización política y administrativa de nuestro país. No obstante, a la fecha es el municipio el orden de gobierno más débil, más vulnerable. Por esa razón tenemos el alto deber, quienes aquí estamos, de contribuir al fortalecimiento del municipio. Esta iniciativa modestamente pretende contribuir a ese propósito.

Quiero hacer referencia que la fracción IV de este artículo 115 contiene las disposiciones relativas a la hacienda municipal, y no es difícil darse cuenta cómo sólo en tres incisos se contienen las fuentes de ingresos para la hacienda municipal. El primero se refiere a las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria.

Aquí en este recinto hay muchos diputados y diputadas que tuvimos el privilegio de gobernar un municipio. El impuesto predial y el impuesto por la traslación de dominio son los impuestos por excelencia del municipio, pero del todo insuficientes para hacer frente a la gran cantidad de compromisos, de obligaciones y de funciones que tiene este orden de gobierno.

La segunda fuente de ingresos es quizás, no quizás, de hecho la más importante, son las participaciones. Pero esto ha generado la idea en los otros niveles de gobierno que el municipio depende de lo que le mande ``papá gobierno federal'' o del Estado.

La tercera fuente de ingresos es la que pudiera, la que constituyen las contribuciones derivadas de los servicios públicos que preste el municipio.

En este mismo apartado y al final de estos incisos viene un párrafo, un párrafo al que textualmente voy a darle lectura, dice así: ``Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público''.

Compañeras y compañeros legisladores, el propósito de esta iniciativa está encaminado a la derogación de esta parte de este párrafo. No es posible conservar el resabio histórico de que el municipio era considerado sólo una entidad administrativa. Desde 1929 se concedió al municipio la categoría de un tercer orden de gobierno; un tercer orden de gobierno con facultades, con funciones, con atribuciones que lo ponen en igualdad de condiciones con los otros dos órganos de gobierno federal y estatal.

Sin embargo, esta disposición concede un privilegio a la Federación y al Estado, en perjuicio de este orden más vulnerable de gobierno. Voy a ejemplificar para que todos podamos entender el avasallamiento que se tiene en el municipio por esta disposición.

El exentar a los bienes de dominio público de las contribuciones establecidas en los inciso a) y en el c) significa que los niveles de gobierno federal y estatal no contribuirán al municipio en el impuesto predial; significa que en los órdenes de gobierno federal y estatal no contribuirán por el pago de los servicios que les preste el municipio, y cito como ejemplo el más característico: el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En cambio, encontramos disposiciones en la Ley Federal de Derechos que obligan al municipio o al operador de los organismos de agua potable y alcantarillado, que generalmente y por disposición del propio 115 presta el municipio, la obligación de contribuir a la Federación al pago de los derechos por la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas. Ésta es a todas luces una situación inequitativa y un tratado diferenciado en perjuicio de los municipios.

Por otro lado, encontramos cómo empresas privadas, que aprovechando estas disposiciones, al haber asumido en forma privada un servicio que era considerado público, y me refiero particularmente a Teléfonos de México y a Ferrocarriles, se han beneficiado de una disposición en perjuicio de las finanzas de la hacienda municipal.

Esto, compañeras y compañeros, sólo por citar algunos de los ejemplos más ilustrativos de esta inequidad que genera esta disposición. Yo espero que en la experiencia de cada uno de mis compañeros, que han tenido la oportunidad de estar cerca del ejercicio de gobierno municipal, encontrar el apoyo y el respaldo a esta iniciativa, que nos permita darle, así sea mínimamente, un mayor fortalecimiento a las finanzas municipales.

Por su atención, pero sobre todo por su apoyo, por su respaldo a este orden de gobierno, al más débil, de los tres que tiene nuestro régimen político. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El federalismo es un tema, que en ésta como en otras legislaturas, todos invocamos, pero en el que poco o nada avanzamos, y que por su importancia para la vida nacional exige una revisión profunda e impostergable, seria y objetiva, tendiente a lograr una renovación del pacto federal que restablezca el equilibrio entre los poderes de la Unión, entre los distintos órdenes de gobierno y fortalezca la participación social para resolver problemas locales y regionales, respetando siempre los principios de unidad y equidad.

Con la idea de contribuir al fortalecimiento del orden de gobierno más vulnerable, el municipio, como base y sustento de un auténtico federalismo, justo es que revisemos el origen de su compleja problemática:

En efecto, no es necesario hacer una encuesta para que arribemos a la conclusión de que las limitadas fuentes de ingreso municipales imposibilitan atender a cabalidad las múltiples funciones y servicios que el municipio tiene responsabilidad de proveer. Así encontramos que la fracción IV del artículo 115 de nuestra Carta Magna, dispone como fuentes de ingresos municipales, las siguientes:

a). Contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria;

b). Las participaciones federales; y

c). Ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

De esta última fuente de ingresos, los percibidos con motivo de la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es hoy por hoy, el más importante, al grado de ser considerado factor en la fórmula para la distribución de participaciones, prevista en la Ley de Coordinación Fiscal.

No obstante lo anterior y, en franca oposición al criterio impulsado por el gobierno federal, de concebir a los organismos operadores de agua como unidades económicas de producción de servicios, que no sólo deben ser rentables socialmente, sino económicamente sustentables, mediante el impulso a su autonomía financiera, prevalece aún la arcaica e injustificada disposición de exentar a los bienes de dominio público de la obligación de pagar no sólo los derechos derivados de los servicios públicos que recibe del municipio, como el del agua, sino que se le exime igualmente de contribuir al órgano más débil de gobierno por la propiedad inmobiliaria.

En este sentido, compañeras y compañeros legisladores, es que considero urgente hacer una revisión al texto del artículo constitucional para lograr la equidad y democracia que hoy reclama el fortalecimiento municipal.

Por ello, propongo centrar nuestra atención en el porcentaje de ingresos administrados directamente por el municipio, tales como impuestos a la propiedad inmobiliaria, derechos y aprovechamientos, en donde el actual texto constitucional, propone una relación injusta otorgando beneficios mayores a la federación en detrimento del municipio, al mandar en el artículo 115, párrafo primero de la fracción IV de la ley fundamental que: ``las leyes federales no limitaran la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.''

Lo cual es a todas luces injusto e inequitativo, no sólo por los problemas económicos que enfrentan los municipios y las responsabilidades a las que tienen que hacer frente, como son las funciones y servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y alumbrado público, traslado y disposición final de residuos, entre otras, sino porque los servicios que son responsabilidad de la federación como el de la energía eléctrica sí son cobrados a los municipios, esto sin mencionar el injusto cobro del mal llamado ``derecho'' por la explotación, uso o aprovechamiento del agua, a que se refiere el artículo 223 y relativos de la Ley Federal de Derechos.

Es decir que por servicios públicos básicos, los bienes del dominio público de los municipios sí realizan contribuciones a los estados y la federación, pero estos últimos no contribuyen al municipio.

Por ello, propongo reformar el citado párrafo, con el objeto de eliminar la exención a que hace referencia, logrando con ello, colocar a los tres niveles de gobierno en condiciones de igualdad.

En este sentido, compañeras y compañeros diputados pido su solidaridad con esta iniciativa y con los municipios del país. Por lo que someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 115. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

a) ...

b) ...

c) ...

Las leyes federales no limitaran la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.

...

...

...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

Transitorios

Único. Estas reformas entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Mendívil Amparán. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Cámara hace un cordial saludo a las alumnas, los alumnos y sus maestros de primaria del Colegio Jerónimo Mariano Usera, que hoy nos honran con su presencia.

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados: la iniciativa que hoy presentamos tiene que ver con el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, programa que fue insertado quizás con poca técnica legislativa, quizás en una negociación apresurada entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en esta Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando en realidad debía haber formado parte del ordenamiento pertinente, en este caso la Ley de Coordinación Fiscal.

Como lo hemos expuesto en otras iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el afán de los estados y los municipios por un federalismo fiscal más equitativo, ha sido permanente. Si bien se tienen avances, estimo que ha llegado el momento de que todos, el gobierno federal, los estados y desde luego los integrantes de este Poder Legislativo, reconozcamos que los resultados no son satisfactorios, en la medida que prevalecen obstáculos para avanzar en este legítimo propósito de equidad y de igualdad entre los tres órdenes de gobierno.

La LVIII Legislatura en el marco de las negociaciones previas a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2001, impuso el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con un monto inicial de 13 mil 157 millones de pesos. A partir de dicho ejercicio, la partida se ha mantenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pasando de 13 mil 157 millones en el año 2001, a 22 mil 500 millones en el año 2006.

La incorporación del PFEF, así denominado comúnmente, al presupuesto federal se realizó inicialmente a través del denominado Ramo 23, referido a previsiones salariales, al que posteriormente se incorporó el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. El propio decreto estableció el destino de estos recursos, fundamentalmente destinados a la construcción de infraestructura, al pago de pasivos, al fortalecimiento de los sistemas de pensiones de las entidades.

En el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, el gobierno federal de manera deliberada omitió la partida a este programa, de modo que fuera utilizada como instrumento de negociación en el contexto de la reforma fiscal o de la propia perspectiva del presupuesto para ese ejercicio.

Igual en el decreto de Presupuesto del 2003, por primera ocasión se incluye esta partida en el Ramo general 39, un nuevo ramo, y se asigna una proporción de 20 mil 386 millones de pesos, precisando el destino de los recursos en algunos otros destinos, como el 50 por ciento a la inversión a infraestructura física y el 3 por ciento para proyectos y programas especiales. Se incluye también la modernización de los catastros con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones y el desarrollo de mecanismos impositivos, que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales.

Finalmente, en el ejercicio del Presupuesto 2006, el gobierno federal se abstiene nuevamente de incluir la partida en la iniciativa de proyecto de decreto, misma que es aprobada por los señores diputados, con un monto de 22 mil 500 millones de pesos.

Durante el lapso de la creación del PFEF, hasta su aprobación en el ejercicio del 2006, se han presentado en esta Cámara y por igual en la Cámara de Senadores diversas iniciativas que buscaron incorporar la partida en el rubro de aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal. No obstante, únicamente se logró el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para incorporar el PFEF a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La decisión no es menor pero es cuestionable, no sólo por técnica legislativa, al incorporar un programa de un ordenamiento que es de carácter general, sino también porque define a los recursos de este programa como subsidios; los cuales, en términos de la propia ley, tienen un conjunto de limitaciones para su ejercicio, empezando por su naturaleza temporal.

Conclusiones: Primero. Es posible concluir que la creación del PFEF ha sido producto de la demanda de los estados y de la vocación federalista de los diputados federales.

Segundo. La permanencia del programa durante seis ejercicios muestra claramente que ha trascendido ya el carácter temporal que el gobierno federal ha insistido en asignarle. Se ha mantenido una posición conservadora, al considerar particularmente esta partida como subsidios.

Tercero. Independientemente de que es indispensable una reforma integral que permita una revisión a todas las partidas transferidas a estados y municipios, así como las potestades fiscales de los tres órdenes de gobierno.

Hoy proponemos esta iniciativa en ánimo de corregir, aun parcialmente, la distorsión generada al incluir el programa en la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria y no en la de Coordinación Fiscal. La propuesta consiste en modificar el artículo 85 para suprimir el carácter de subsidios que la actual ley sujeta a reforma que en esta iniciativa asigna a los recursos del PFEF.

Segundo. Establecer un monto de 2.6 por ciento de la recaudación federal participable, equivalente a 30 mil millones de pesos, de acuerdo a la estimación prevista en la Ley de Ingresos de la Federación, para el 2006.

Por último, que la distribución de los recursos entre las entidades federativas se realice conforme a las proporciones que deriven del reparto de las participaciones federales del ejercicio fiscal precedente, de modo que se mantenga el criterio acordado por los legisladores en los seis ejercicios referidos.

Compañeras, compañeros diputados, lo que ha sucedido con el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas y su inclusión en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es un ejemplo de lo que no debe hacer esta Legislatura, en aras de una obsecuencia, a veces coyuntural, en las negociaciones presupuestales.

De modo que yo hago un respetuoso llamado a todos mis compañeros miembros de las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública para ejercer con rigor la revisión a estos ordenamientos, en bien de los estados y los municipios de México. Muchas gracias. Señora Presidenta, entrego el texto íntegro y pido a usted sea turnada ---si así lo considera pertinente--- a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Exposición de Motivos

1. Origen y comportamiento de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Como hemos expuesto en diversas iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el afán de los estados y los municipios por un federalismo fiscal más equitativo ha sido permanente. Si bien se tienen avances, ha llegado el momento de que todos: el gobierno federal, los estados y, desde luego, este Poder Legislativo reconozcamos que los resultados no son satisfactorios, en la medida que prevalecen obstáculos para avanzar en este legítimo propósito de equidad y de igualdad entre los tres órdenes de gobierno.

En efecto, desde las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal realizadas en 1997, mediante las cuales se transfirieron recursos a los municipios, a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, la ruta para fortalecer las finanzas de los estados y los municipios ha sido azarosa y plagada de obstáculos e indefiniciones.

La LVIII Legislatura, en el marco de las negociaciones previas a la aprobación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2001, impuso el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) con un monto inicial de 13 mil 157.8 millones de pesos. A partir de dicho ejercicio, la partida, se ha mantenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación con el siguiente comportamiento:

La incorporación del PAFEF al presupuesto federal se realizó, inicialmente, a través del denominado Ramo 23, referido a previsiones salariales, al que posteriormente se incorporaron el Fondo de Desastres Naturales, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

El propio decreto estableció que ``los recursos previstos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán exclusivamente para saneamiento financiero; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas. Dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones''.

En el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación) para el Ejercicio Fiscal 2002, nuevamente el gobierno federal, de manera deliberada, omitió la partida a este programa, de modo que se utilizó como instrumento de negociación, en aras de concretar la reforma fiscal. En tal contexto, la Cámara de Diputados decidió incorporar nuevamente la partida con 14 mil 700 millones de pesos corrientes. El decreto respectivo estableció que los recursos del programa serían utilizados exclusivamente para saneamiento financiero, apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas.

Asimismo, se decretó que dichos recursos no podrían destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones. De igual forma se estableció que la Cámara, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, debería acordar con los respectivos órganos técnicos de vigilancia de las legislaturas locales medidas para que la comprobación del ejercicio de los recursos del PAFEF se realizara en los términos de las disposiciones presupuestarias federales.

Para el Ejercicio 2003, se crea el Ramo 39, al cual se incorporaron los recursos de PAFEF, con un monto de 17 mil millones de pesos y se establece que se destinarán a:

Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como reducción del principal. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal de 2003, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura, y

Las erogaciones del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se distribuirán de acuerdo con la fórmula establecida para el PAFEF en el decreto de Presupuesto de Egresos del 2002.

El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 estableció que los recursos del Ramo General 39 tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin, y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir, entre ellas o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

Para el año 2004, en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal, se asignaron recursos por un monto de 10 mil millones de pesos, cantidad que fue modificada durante el proceso de dictamen, aprobándose finalmente un monto por 17 mil millones de pesos.

En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 se estableció que tales recursos tuvieron el carácter de trasferencias federales hacia las entidades federativas; asimismo, para este ejercicio se ampliaron los objetivos y el destino señalando que tienen como finalidad:

El saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como reducción del principal;

Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas, para infraestructura hidroagrícola hasta un 3 por ciento del costo del proyecto programado para el ejercicio fiscal de que se trate;

Apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales;

Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; y

Modernizar los sistemas de recaudación locales.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, de manera reiterativa no se consideró recursos para el PAFEF, debido a la restricción financiera prevaleciente, por lo que en la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo federal se menciona que corresponderá a la Cámara de Diputados determinar, en su caso, el financiamiento para dicho programa. Por lo que durante las deliberaciones de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se asignaron recursos por un total de 20 mil 386.0 millones de pesos.

El artículo 57 del decreto que aprueba el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, le asignó al PAFEF el carácter de subsidios que otorga el gobierno federal a las entidades federativas distribuidos y destinados a:

Cuando menos el 50.0 por ciento a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas para infraestructura hidroagrícola; y hasta un 3.0 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura;

Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre de 2004. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

Apoyar para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales;

Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones;

Modernizar los sistemas de recaudación locales;

Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales;

Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; y

Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Finalmente para el ejercicio presupuestal del 2006, el gobierno federal se abstuvo, otra vez, de incluir la partida en la iniciativa del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación argumentando las restricciones presupuestales, por lo que la Cámara de Diputados volvió a incluir la partida, con un monto de 22 mil 500 millones de pesos con los mismos criterios de ejecución del ejercicio anterior.

2. Inclusión del PAFEF en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Durante el lapso de la creación del PAFEF hasta su aprobación en el ejercicio del 2006, se han presentado diversas iniciativas en la búsqueda de otorgarle un carácter permanente a esta partida, a través de su incorporación al Ramo de Aportaciones Federales 33, en la Ley de Coordinación Fiscal.

En efecto, los gobiernos de los estados y los legisladores han perseverado en mantener la partida y darle un carácter permanente, en el legítimo y justo afán de fortalecer las finanzas de los estados.

Desde luego que las alternativas son varias; por ejemplo, la incorporación de estos recursos a participaciones federales o la ampliación de los fondos de aportaciones ya existentes. No obstante, sólo se logró el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para incorporar el PAFEF a la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La decisión no es menor, pero es cuestionable no sólo por técnica legislativa, al incorporar un programa en un ordenamiento que es de carácter general, sino también porque define a los recursos de este programa como subsidios los cuales, en los términos de la propia ley, tienen un conjunto de limitaciones para su ejercicio, empezando por su definición como recursos que son asignados de manera temporal.

3. Conclusiones

Es posible concluir que la creación del PAFEF ha sido producto de la demanda de los estados y de la vocación federalista de los diputados federales.

La permanencia del programa, durante seis ejercicios, implica que ha trascendido ya el carácter temporal que el gobierno federal ha insistido en asignarle. El gobierno federal ha mantenido una posición de reserva, al considerarlos como subsidios.

Independientemente de que es indispensable una reforma integral que permita una revisión a todas las partidas transferidas a estados y municipios, así como las potestades fiscales de los tres órdenes de gobierno, hoy proponemos esta iniciativa en ánimo de corregir, aún parcialmente, la distorsión generada al incluir este programa en la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria y no en la de Coordinación Fiscal.

4. Propuesta

La propuesta consiste en modificar el artículo 85 para suprimir el carácter de subsidios a los recursos del PAFEF, así como establecer un monto de 2.6 por ciento de la recaudación federal participable, equivalente a 30 mil millones de pesos, de acuerdo con la estimación prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2006. Asimismo, se propone que la distribución de los recursos entre las entidades federativas se realice conforme a las proporciones que deriven del reparto de las participaciones federales del ejercicio fiscal precedente.

En consecuencia de lo anterior, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 85. Los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se integrarán anualmente al presupuesto considerando un equivalente del 2.6 por ciento de la recaudación federal participable. La distribución entre las entidades federativas se realizará de acuerdo con la proporción que resulte del reparto de las participaciones federales del año fiscal anterior al ejercicio presupuestal que corresponde. Los recursos se destinarán a:

Transitorios

Único.Los recursos necesarios para integrar la partida presupuestal motivo de esta reforma provendrán de las reasignaciones realizadas en los últimos seis ejercicios, mismas que serán permanentes.

Palacio Legislativo San Lázaro, México, DF, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DEL BANCO DE MEXICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 46 de la Ley del Banco de México.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui:Con su permiso, diputada Presidenta; honorable Legislatura: daré lectura a la iniciativa de ley presentada por mi compañero diputado Raúl Cervantes Andradey a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El 13 de agosto de 2003, el senador Alejandro Gutiérrez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto para crear la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros ---misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación--- en su exposición de motivos, por el senador Gutiérrez, estableció lo siguiente:

``Las comisiones se han constituido como una fuente adicional de ingresos que permitan a las instituciones financieras compensar la reducción en ingresos generados a partir de una menor actividad económica. Se ha encontrado que dichos cobros exceden el costo de brindar los diversos servicios, lo que genera dos efectos adversos: por una parte significan una importante carga para quienes hacen uso de dichos medios y, en consecuencia, se desincentiva el uso de medios capaces de estimular el dinamismo económico''.

El sentido de la iniciativa era establecer mecanismos para resolver el problema de las altas comisiones impuestas por los bancos. Desgraciadamente, las comisiones dictaminadoras en ambas Cámaras y el Pleno de las mismas no resolvieron esta problemática y es por ello que planteo esta iniciativa.

De acuerdo al análisis financiero contenido en el boletín estadístico de las instituciones de banca múltiple elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en julio de 2006, las instituciones de banca múltiple acumularon utilidades por 29 mil 502 millones de pesos, 17.93 por ciento más que en el mismo período del año anterior. De los mismos, 15 mil 884 millones de pesos fueron generados en el segundo trimestre del año gracias a crecimientos reales del 6.23 y de 5.10 por ciento en los flujos trimestrales del margen financiero y de las comisiones netas, respectivamente.

Éstos ayudaron a contrarrestar un aumento de 5.45 por ciento en los gastos de administración y promoción, así como un descenso significativo en las utilidades provenientes del resultado por intermediación, con respecto al trimestre anterior.

Los ingresos por comisiones tienen cada vez más importancia para las operaciones de la banca comercial en México, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos no deben basar sus ganancias en el cobro de comisiones, sino en ser intermediarios financieros para que el crédito tenga un lugar importante en el desarrollo de la economía.

Si los bancos pusieran mayor énfasis en su función como intermediarios financieros, ello redundaría en el incremento de los créditos al pequeño, mediano y gran productor, lo que afectaría positivamente al empleo al aumentar los niveles de inversión.

Un estudio realizado por la Condusef que muestra el comportamiento de las comisiones en diferentes productos y servicios bancarios revela que tan sólo en tarjetas de crédito existen más de 50 conceptos o motivos de cobro.

El doctor Guillermo Ortíz, gobernador del Banco de México, en la XVIII Convención Bancaria destacó que si bien las comisiones de diversos servicios bancarios bajaron en los últimos años, todavía hay un largo camino para que disminuyan.

En el mismo sentido, Jonathan Davis Arzac, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores manifestó que existe bastante margen para reducir los montos de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan.

La guerra que se está observando en el crédito al consumo por parte de los bancos comerciales, principalmente vía tarjetas de crédito, responde a las ganancias que provee este servicio derivadas de las comisiones, señaló René Ibarra, director de instituciones financieras de Fitch Rating.

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortíz, ha expresado en diferentes foros la crítica al sistema bancario por las altas comisiones que cobran por sus servicios en detrimento de los ciudadanos que se ven forzados a la utilización de tarjetas de crédito, de débito, apertura de cuentas, uso de cheques, pago de servicios, entre otros.

Ante las cifras planteadas, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupado por atender uno de los problemas más sentidos en la actualidad y que afecta de manera directa la economía familiar considera que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona, en la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México, con la finalidad de establecer un mecanismo para establecer las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan y otorgan facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para aprobar las modificaciones y establecimiento de nuevas comisiones bancarias.

Por lo anterior y con todo respeto, diputada Presidenta, le solicito se incluya la iniciativa íntegra en el Diario de Debates, toda vez que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 46 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los Secretarios del mismo, a nombre de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de reforma al artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de agosto de 2003, el senador Alejandro Gutiérrez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto para crear la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en su exposición de motivos senador Gutiérrez, estableció que:

``...las comisiones se han constituido como una fuente adicional de ingresos que permite a las instituciones financieras compensar la reducción en ingresos generados a partir de una menor actividad económica...

``...se ha encontrado que dichos cobros exceden el costo de brindar los diversos servicios, lo que genera dos efectos adversos: por una parte, significan una importante carga para quienes hacen uso de dichos medios, y en consecuencia se desincentiva el uso de medios [...] capaces de estimular el dinamismo económico...''.1

El sentido de la iniciativa, era establecer mecanismos para resolver el problema de las altas comisiones impuestas por los bancos. Desgraciadamente, las comisiones dictaminadoras en ambas cámaras y el pleno de las mismas, no resolvieron esta problemática, y es por eso que planteo esta iniciativa.

De acuerdo al análisis financiero contenido en el Boletín Estadístico de las instituciones de Banca Múltiple, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en junio del 20062, ``Durante la primera mitad de 2006 las instituciones de Banca Múltiple acumularon utilidades por 29,502 millones de pesos, 17.93 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De los mismos, 15,884 millones de pesos fueron generados en el segundo trimestre del año, gracias a crecimientos reales de 6.23 por ciento y de 5.10 por ciento en los flujos trimestrales del Margen Financiero y de las Comisiones Netas, respectivamente. Éstos ayudaron a contrarrestar un aumento de 5.45 por ciento en los gastos de administración y promoción, así como un descenso significativo en las utilidades provenientes del Resultado por Intermediación con respecto al trimestre anterior.

Los ingresos por comisiones netas, que mantienen una tendencia creciente desde el segundo trimestre del 2005 y que se componen en gran medida por cobros relacionados con un mayor uso de Tarjetas de Crédito, registraron una variación trimestral positiva de 5.10%. No obstante, el Resultado por Intermediación arrojó utilidades por 404 millones de pesos en el periodo, muy inferiores a las obtenidas en trimestres anteriores debido a pérdidas en la compraventa de divisas.

Como resultado, los Ingresos No Financieros3 presentaron un flujo nominal de 13,509 mdp, 10.89 por ciento inferior al registrado en el primer trimestre del 2006. A su vez, su participación en los Ingresos Totales Netos4 se redujo de 28.63 a 25.18 por ciento en el mismo lapso''.

Los ingresos por comisiones tienen cada vez más importancia para las operaciones de la banca comercial en México, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los bancos no deben basar sus ganancias en el cobro de comisiones, sino en ser intermediarios financieros para que el crédito tenga un lugar importante en el desarrollo de la economía.

Si los bancos pusieran mayor énfasis en su función como intermediarios financieros ello redundaría en el incremento de los créditos al pequeño, mediano y gran productor, lo que afectaría positivamente al empleo al aumentar los niveles de inversión.

De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),5 y con relación a datos tomados del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el primer trimestre de este año, hubo ingresos por comisiones netas (cobradas menos pagadas) por doce mil 520 millones de pesos, lo que representa 27.8 por ciento de sus ingresos totales de operación.

Un estudio realizado por la Condusef, que muestra el comportamiento de las comisiones en diferentes productos y servicios bancarios, revela que tan solo en tarjetas de crédito existen más de 50 conceptos o motivos de cobro.

El doctor Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, en la LVIII Convención Bancaria destacó que si bien las comisiones de diversos servicios bancarios bajaron en los últimos años, todavía hay un largo camino para que disminuyan.6

Y en el mismo sentido Jonathan Davis Arzac, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, manifestó que existe bastante margen para reducir los montos de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan.7

Incluso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) insistió en que las tarifas que aplican los intermediarios en préstamos al consumo son elevadas, incluso, prohibitivas, por lo que recomendó limitar al máximo el uso de este medio de pago.8

En el periodo enero-marzo de 2000, las comisiones representaron 18.9 por ciento de los ingresos totales por operación, pero subieron a 26.2 por ciento al cierre del año pasado y llegaron a un máximo en el primer trimestre de este año.

Y algunos bancos superan el promedio del sistema, como Banamex, que durante el primer trimestre registró comisiones netas por 3 mil 355 millones de pesos, que representaron 37.2 por ciento de sus ingresos totales por operación. En el mismo caso está HSBC con 31.5 por ciento.

La guerra que se está observando en el crédito al consumo por parte de los bancos comerciales, principalmente vía tarjetas de crédito, responde a las ganancias que provee este servicio derivadas de las comisiones, señaló René Ibarra, director de instituciones financieras de Fitch Rating.

Por su parte, Moraima Carvajal, especialista del sector financiero en la firma Consultores Internacionales, señaló que la tarjeta de crédito se ha convertido en el negocio principal de la banca, por las comisiones que pueden llegar a cobrar.

Y el dinamismo de los ingresos por comisiones es muy alto, ya que mientras los ingresos netos por comisiones aumentaron 101.6 por ciento en términos reales entre el primer trimestre del 2000 e igual periodo de este año, los ingresos totales por operación lo hicieron 36.6 por ciento.9

En este sentido, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha expresado en diversos foros la crítica al sistema bancario por las altas comisiones que cobran por sus servicios en detrimento de los ciudadanos que se ven forzados a la utilización de tarjetas de crédito, débito, apertura de cuentas, uso de cheques, pago de servicios, entre otros.

Ante las cifras planteadas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupado por atender uno de los problemas más sentidos en la actualidad y que afecta de manera directa la economía familiar, considera que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII, del artículo 46 de la Ley del Banco de México, con la finalidad de establecer un mecanismo para establecer las comisiones que cobran los Bancos por los servicios que prestan y otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para, aprobar las modificaciones y establecimiento de nuevas comisiones bancarias.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 7. El Banco de México, determinará mediante reglas de carácter general, el régimen de las comisiones que las entidades financieras puedan cobrar por los servicios de pago que ofrecen al público y sus modificaciones, previa opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

En dichas disposiciones el Banco de México definirá e instrumentará los mecanismos para que las Entidades Financieras den a conocer al público en general, las Comisiones que cobran y la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, aprobadas.

Artículo Segundo. Se adiciona una nueva fracción XXI, pasando el contenido de la actual a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 46.La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:

I a XX. ...

XXI. Determinar mediante reglas de carácter general el régimen de las comisiones que las entidades financieras, podrán cobrar por los servicios que ofrecen al público, previa opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

XXII. Resolver sobre otros asuntos que el Gobernador someta a su consideración.

Transitorios

Único. El presente decreto, iniciará su vigencia en el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diario de los Debates, Senado de la República. 13 de agosto de 2003.

2 http://sidif.cnbv.gob.mx/Documentacion/Boletines/BM%20Junio%202006.pdf

3 Ingresos No Financieros = Comisiones Cobradas -- Comisiones Pagadas + Resultado por Intermediación.

4 Ingresos Totales Netos = Margen Financiero + Ingresos No Financieros.

5 Revista Condusef, año 7, número 78, septiembre de 2006, ISSN 1405-955X.

6 www.banxico.org.mx/Publicaciones/Discursos/palabrasDrOrtizConvencionBancaria06.pdf

7 Entrevista con Notimex, 23 de marzo de 2006

8 Romina Román Pineda. El Universal. Viernes 8 de septiembre de 2006. Finanzas, página 1.

9 Gabriela Cabrera. Reforma. Edición impresa.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica); Da fe para constancia, Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Secretario del Grupo Parlamentario.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Espinosa. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal.

El diputado Víctor Valencia de los Santos:Con el permiso de la honorable Asamblea. Solicito a la Presidencia sea considerado el texto íntegro en el Diario de los Debates en virtud de que es algo extensa la exposición de motivos.

El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos:

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Con fundamento en la disposición constitucional citada, hasta hace poco tiempo prevaleció el criterio de que la cadena perpetua o la prisión vitalicia eran consideradas penas inusitadas y trascendentales.

La legislación penal mexicana ha establecido un límite a través de la figura de la pena máxima. Así, el artículo 25 del Código Penal establece lo siguiente: La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

En los últimos años, principalmente en las últimas dos décadas, en que la criminalidad ha tenido un crecimiento explosivo y lacerante para la sociedad mexicana, los criterios han tenido que sujetarse a un proceso de revisión y rectificación.

El desarrollo del crimen organizado, el narcotráfico y el secuestro, así como delitos ominosos como los homicidios dolosos de mujeres y niños; la corrupción de menores de edad, que incluye la prostitución y la pornografía infantil; el concurso real entre conductas delictivas como el secuestro y el homicidio de mujeres y menores; la violación y la corrupción, que incluyen la adicción de las drogas de infantes y menores; por sólo citar algunos ejemplos, ha hecho reflexionar a la sociedad mexicana sobre la validez de los principios prevalecientes y ahora se proyecta con fortaleza la convicción de que el valor jurídico y social a proteger en diversos delitos de gravedad especial y que ofenden y lastiman sensiblemente a nuestra sociedad, es la preservación y, en su caso, la restauración del orden jurídico y la seguridad pública.

Esta tendencia se está consolidando en relación a delitos que ofenden de manera sensible y trascendente a la sociedad; tal es el caso de la Legislatura del estado de Chihuahua, que reformó el artículo 27 de su Código Penal de aquel estado, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la entidad el 27 de agosto de 2003.

Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera: ``La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá ser de tres meses a 60 años, recluyendo al sentenciado en la institución que designe el Ejecutivo del estado. Tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de mejores de edad o del delito de secuestro, deberá imponerse tema por cada delito cometido, aun y cuando ello se exceda al máximo de la pena de prisión''.

Dicha reforma fue materia de una acción de inconstitucionalidad, promovida por algunos diputados locales. Afortunadamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el 6 de septiembre de 2005, en el expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 20/2003, que la reforma al Código Penal chihuahuense antes comentada no era inconstitucional, por la consideración fundamental siguiente.

De una interpretación armónica de los preceptos constitucionales en comento, se infiere que la pena debe considerarse como una medida aflictiva para el delincuente, pero necesaria para la coexistencia pacífica y armónica de los miembros de la sociedad. La sanción penal adquiere, por otra parte, el carácter de preventiva, al inhibir la proliferación de conductas antisociales, al mismo tiempo que restablece el orden jurídico que se ve perturbado por la comisión de los delitos.

Desde esta perspectiva, la pena forma parte de la defensa social, que responde de manera proporcional a la gravedad del ilícito cometido, independientemente de que su finalidad sea también la readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación para que pueda convivir en la comunidad a que pertenece. Así, pues, la pena privativa de la libertad de por vida no es inusitada ni trascendental, dado que lo proscribe el artículo 22 constitucional. Al respecto; es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una práctica inhumana como en forma ejemplificativa lo que destaca el propio precepto de prohibir las penas de mutilación y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, así como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente.

Se concluye que la pena de prisión vitalicia o de cadena perpetua no contraviene a la naturaleza de la pena, pues ésta ---como ya se dijo--- debe atender a la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico.

El hecho de que sea precisamente en el estado de Chihuahua en donde se haya aprobado esta reforma al Código Penal estatal, modificando el criterio tradicional que se sustenta en el carácter prioritario de la readaptación del delincuente, para dar mayor valor a los principios que inspiran el orden y la seguridad pública, la vida e integridad de los miembros del conjunto social, se explica porque en esta entidad sufrimos de manera sensible incidencias criminales graves, que ofenden y lesionan particularmente a la sociedad chihuahuense, al igual que como seguramente sucede en otros estados de la República, como son los homicidios de mujeres y menores y diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

En el estado de Chihuahua tuvimos que revalorar en la escala de valores jurídico-sociales el respeto a la vida y la tranquilidad de las personas frente a las garantías constitucionales de los delincuentes.

Por ello, propongo una reforma al artículo 25 del Código Penal Federal en la que se ratifica como principio general que la duración de las penas serán de tres días a 60 años, pero ampliamos la excepción legal que el límite máximo de la pena, es decir 60 años, podrá rebasarse además del caso del delito en reclusión que prevé la norma vigente en el caso de concurso de delitos o la acumulación de penas, cuando una o más de las conductas delictivas configuren los tipos penales siguientes: tráfico de estupefacientes, corrupción de menores, violación de menores y discapacitados, abuso sexual y violación de menores y de discapacitados por parte de padres, tutores o responsables; homicidio calificado en contra de menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo, por el sujeto activo de éstos, que es la privación de la libertad y el tráfico de menores.

En estos casos se propone que no sea aplicable el principio del límite máximo de la pena y que por consecuencia se aplique la pena por cada delito cometido, aún cuando la acumulación de ellas exceda del máximo de la pena en prisión establecido en el propio artículo. Con ello estamos abriendo la posibilidad de que los jueces, en respuesta a los reclamos urgentes por parte de la sociedad en general de seguridad y defensa social contra la delincuencia, puedan aplicar a una misma persona penas que en su conjunto rebasen los 60 años y que signifiquen prácticamente la prisión vitalicia o la cadena perpetua.

En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto; Decreto único. Se reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, para quedar redactado como sigue:

``Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de concurso de delito previsto en el artículo 18 de este Código, en los que deberá imponerse pena por cada delito cometido, aún cuando excedan del máximo de la pena en prisión. Cuando una o más de las conductas delictivas configuren alguno de los siguientes tipos penales: tráfico de estupefacientes a que se refiera el artículo 194; corrupción de menores; violación de menores y discapacitados; abuso sexual y violación; homicidio calificado; privación de la libertad; tráfico de menores a que se refiere el artículo 366.

Y tampoco se aplicará la regla del límite máximo establecida en el primer párrafo de este artículo, cuando la gente de la comisión de cualquiera de alguno o de algunos de los delitos mencionados en los incisos 1) y 7) anteriores, utilice o se sirva de persona menor de 18 años de edad o persona de cualquier edad que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

La prisión se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen en las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

En los casos previstos de la fracción I a la VII de este artículo, la pena se compurgará preferentemente en centros de readaptación social federal, para máxima seguridad.

Artículo transitorio: Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, el de la voz. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el primer párrafo:

Artículo 22.Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Con fundamento en la disposición constitucional citada, hasta hace poco tiempo prevaleció el criterio de que la cadena perpetua o la prisión vitalicia eran consideradas penas inusitadas y trascendentales. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo ese criterio en diversas tesis jurisprudenciales, de las cuales rescatamos la parte medular en el siguiente resumen:

... Ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel e infamante, y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, la readaptación social del delincuente.

De esa manera, el criterio prevaleciente era que la finalidad de la pena y garantía del sentenciado es la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación como medios para lograr ese fin.

De acuerdo con ese criterio, según se señala en la misma tesis jurisprudencial, la legislación penal mexicana ha establecido un límite a través de la figura de la ``pena máxima''. Así, el artículo 25 del Código Penal Federal establece:

Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

En los últimos años, principalmente en las últimas dos décadas, en que la criminalidad ha tenido un crecimiento explosivo y lacerante para la sociedad mexicana, los criterios sumariamente expresados con anterioridad han tenido que sujetarse a un proceso de revisión y rectificación.

El desarrollo del crimen organizado, el narcotráfico y el secuestro, así como delitos ominosos como los homicidios dolosos de mujeres y de niños, la corrupción de menores de edad, que incluye la prostitución y la pornografía infantiles, el concurso real entre conductas delictivas como el secuestro y el homicidio de mujeres y de menores; la violación y la corrupción, que incluyen la adicción de las drogas de infantes y menores, por citar algunos ejemplos, ha hecho reflexionar a la sociedad mexicana sobre la validez de los principios prevalecientes y ahora se proyecta con fortaleza la convicción de que el valor jurídico y social por proteger en diversos delitos de gravedad especial y que ofenden y lastiman sensiblemente a nuestra sociedad es la preservación y, en su caso, la restauración del orden jurídico y la seguridad pública. Lo anterior, aunado a la desconfianza en el sistema penitenciario nacional y en la certeza comprobada por la experiencia, reiterada en todo el territorio federal y durante muchas décadas, de que los denominados ``centros de readaptación social'' distan mucho de cumplir esa función primordial de educación, capacitación y reincorporación de los delincuentes a una vida útil para sí mismos y para la sociedad, eliminando milagrosamente la amenaza y el riesgo que en otros tiempos significaron para la misma sociedad.

Esa tendencia se consolida con relación a delitos que ofenden de manera sensible y trascendente a la sociedad. Tal es el caso de la Legislatura de Chihuahua, que reformó el artículo 27 del Código Penal del estado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la entidad el 27 de agosto de 2003. Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 27. La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá ser de tres meses a sesenta años, recluyendo al sentenciado en la institución que designe el Ejecutivo del estado.

Tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad, o del delito de secuestro, deberá imponerse pena por cada delito cometido, aun y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión.

Dicha reforma fue materia de una acción de inconstitucionalidad promovida, por algunos diputados locales de la oposición, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada precisamente en el criterio tradicional de que la cadena perpetua, vitalicia o cualquier fórmula equivalente que exceda del máximo legal de 60 años debe considerarse pena inusitada y trascendente y, por ello, contraria a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución General de la República. El criterio que inspira esta tesis, como se dijo, es que tal pena no permite que se cumpla el objetivo fundamental del derecho penal y, concretamente, de la imposición de penas, la readaptación del delincuente y su reinserción en la sociedad.

Afortunadamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 6 de septiembre de 2005 (en el expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad número 20/2003) que la reforma del Código Penal chihuahuense comentada no era inconstitucional, por la consideración fundamental siguiente:

... de una interpretación armónica de los preceptos constitucionales en comento se infiere, que la pena debe considerarse una medida aflictiva para el delincuente, pero necesaria para la coexistencia pacífica y armónica de los miembros de la sociedad; la sanción penal adquiere, por otra parte, el carácter de preventiva, al inhibir la proliferación de conductas antisociales, al mismo tiempo que reestablece el orden jurídico que se ve perturbado por la comisión de los delitos. Desde esa perspectiva, la pena forma parte de la defensa social, que responde de manera proporcional a la gravedad del ilícito cometido, independientemente de que su finalidad sea también la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación para éste y la educación para que pueda convivir en la comunidad a que pertenece.

Así, la pena privativa de la libertad de por vida no es inusitada ni trascendental, dado que lo que proscribe el artículo 22 constitucional al respecto es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una práctica inhumana, como en forma ejemplarizadora destaca el propio precepto al prohibir las penas de mutilación y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, así como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente.

... se concluye que la pena de prisión vitalicia o de cadena perpetua no contraviene la naturaleza de la pena, pues ésta, como se dijo, debe atender a la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico.

El hecho de que precisamente en Chihuahua se haya aprobado esa reforma del Código Penal estatal, la que modifica el criterio tradicional que se sustenta en el carácter prioritario de la readaptación del delincuente, para dar mayor valor a los principios que inspiran el orden y la seguridad pública, la vida e integridad de los miembros del conjunto social, se explica porque en esta entidad sufrimos de manera sensible incidencias criminales graves que ofenden y lesionan particularmente a la sociedad chihuahuense, igual que sucede en otros estados de la república, como son los homicidios de mujeres y de menores y diversos delitos relacionados con el narcotráfico. En Chihuahua tuvimos que revalorar, en la escala de valores jurídico-sociales, el respeto de la vida y la tranquilidad de las personas frente a las garantías constitucionales de los delincuentes.

Inspirados en estos principios, queremos promover su adopción en el Código Penal Federal para que se vuelva normatividad vigente en este ámbito de aplicación legislativa y para que sirva de ejemplo y guía para las legislaciones de otros estados que padecen igualmente el flagelo de esta clase de conductas delictivas, de significativo impacto y trascendencia humana y social.

Queremos impulsar esta corriente de ideas que anteponen los valores sociales frente a los individuales; que enaltecen la seguridad pública como función estatal insoslayable e impostergable del Estado mexicano en su integridad, que da mayor valor a la convivencia social, en un ámbito de libertad, tranquilidad, confianza y respeto, que a supuestas garantías tradicionales pero obsoletas de los delincuentes.

Debe aclararse que no estamos proponiendo la derogación del derecho a la readaptación y a la reinserción social de los delincuentes sino que en el estado de cosas actual, crítico en materia de inseguridad pública y desconfianza social en las instituciones de prevención y persecución de los delitos, en el que imperan la impunidad y la corrupción, queremos establecer excepciones con relación a los delitos en que, por la ofensa y el daño social, se impone el criterio preventivo e inhibitorio a la proliferación de conductas antisociales especialmente graves y dañinas.

Tal es el caso de los delitos de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad, o del delito de secuestro, como establece el artículo 27 vigente del Código Penal del estado de Chihuahua, y reconoce y acepta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución a la acción de inconstitucionalidad citada, pero también debe aplicarse nuestro criterio a otras conductas delictivas igualmente impactantes, trascendentes y dañinas como la corrupción de menores, el abuso sexual y la violación de menores y de discapacitados, el tráfico de menores y de estupefacientes, delitos que, junto con el homicidio doloso de mujeres y de menores y el secuestro, se realizan frecuentemente en concurso con otro u otros de los delitos citados, o con delitos de otra índole, pero que al asociarse diversas conductas delictivas, ofenden y lastiman de manera grave la vida social.

Por ello proponemos una reforma del artículo 25 del Código Penal Federal en la que se ratifica como principio general que la duración de las penas será de tres días a 60 años, pero ampliamos la excepción legal de que el límite máximo de la pena, es decir, 60 años, podrá rebasarse (además del caso del delito en reclusión que prevé la norma vigente) en el caso de concurso de delitos, cuando una o más de las conductas delictivas configuren los tipos penales siguientes: tráfico de estupefacientes; corrupción de menores; violación de menores y de discapacitados; abuso sexual y violación de menores y de discapacitados por parte de padres, tutores o responsables; homicidio calificado contra menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo, por el sujeto activo de éstos; privación de la libertad; y tráfico de menores.

En esos casos proponemos que no sea aplicable el principio del límite máximo de la pena y que, por consecuencia, se aplique la pena por cada delito cometido, aun cuando la acumulación de ellas exceda del máximo de la pena en prisión establecido en el propio artículo. Con ello estamos abriendo la posibilidad de que los jueces, en respuesta a los reclamos urgentes --por la sociedad en general-- de seguridad y defensa social contra la delincuencia, puedan aplicar a una misma persona penas que en su conjunto rebasen 60 años y que signifiquen prácticamente la prisión vitalicia o la cadena perpetua.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

Único.Se reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, para quedar redactado como sigue:

Artículo 25.La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de concurso de delitos previsto en el artículo 18 de este código, en los que deberá imponerse pena por cada delito cometido, aun cuando excedan del máximo de la pena en prisión, cuando una o más de las conductas delictivas configuren alguno de los siguientes tipos penales:

I. Tráfico de estupefacientes a que se refiere el artículo 194 de este código.

II. Corrupción de menores prevista en el artículo 201 de este código.

III. Violación de menores y de discapacitados a que se refiere el artículo 266 del mismo código.

IV. Abuso sexual y violación a que se refiere el artículo 266 Bis, cuando se realice contra menores o discapacitados.

V. Homicidio calificado previsto en el artículo 320, cuando se cometa contra menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo por el sujeto activo de éstos, en los términos previstos en los artículos 315 Bis y 366, todos de este código.

VI. Privación de la libertad, en los términos del artículo 366 de este ordenamiento.

VII. Tráfico de menores a que se refiere el artículo 366 Ter de este código.

Tampoco se aplicará la regla del límite máximo establecida en el primer párrafo de este artículo cuando el agente de la comisión de alguno o algunos de los delitos mencionados en los incisos I) a VII) anteriores utilice o se sirva de persona menor de dieciocho años de edad o persona de cualquier edad que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

La prisión se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. En los casos previstos en las fracciones I a VII de este artículo, la pena se compurgará preferentemente en centros federales de readaptación social de máxima seguridad.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Víctor Valencia de los Santos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado Valencia de los Santos. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derecho Humanos.

Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

XIV REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-CANADA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de diputados que participará en la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted, con objeto de que se someta a la consideración del Pleno, la integración de la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006.

Acuerdo

Primero. Se autoriza la realización de la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006.

Segundo. La delegación acordada por este órgano de gobierno, en sesión de fecha 16 de octubre del presente año, para que participe en la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá se integra como sigue:

Diputada María Sofía Castro Romero, del Grupo Parlamentario del PAN.

Diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD.

Diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Diputado Rodolfo Solís Parga, del Grupo Parlamentario del PT.

Diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: En votación económica, pregunte si es de aprobarse.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.

Esta Cámara saluda cordialmente a los diputados locales Carlos Bernardo Guzmán Cervantes y Oscar Mauricio Olivares Díaz, diputados electos del estado de Jalisco que nos honran con su visita.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con su permiso, señora Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (en adelante comisión), la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Orgánica).

Esta representación procedió al estudio y análisis de la iniciativa para la formulación del presente dictamen, conforme a lo siguiente.

I.- ANTECEDENTES.

A) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 10 de octubre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la iniciativa que reforma el numeral 2 del artículo 39 y adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 43 del la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y determinó que se turnara a esta comisión.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

A) La iniciativa propuesta sugiere:1. Organizar el trabajo de la Cámara de Diputados y darle relevancia a las diversas materias que se tienen que trabajar en beneficio de nuestro país.

2. Dividir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos.

3. Fortalecer la capacidad de acción de cada una de estas comisiones y precisar sus funciones.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos formule iniciativas que reflejen cambios que alcancen la plena realización de los principios del respeto a los derechos individuales de los gobernados.

5. Fortalecer la organización y funcionamiento tanto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público como de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

6. Asegurar la oportunidad de acción de los grupos parlamentarios, a través de su representación en estas comisiones.

B) Tales propuestas se sustentan en los siguientes argumentos:1. La división de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones permitirá definir la materia de acción de cada una de ellas, según su propia naturaleza.

2. La necesidad de garantizar la pluralidad y reflejar la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la integración y el funcionamiento de las comisiones de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica, y tomando en cuenta la representación de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados en esta LX Legislatura.

3. La necesidad de apuntalar los trabajos legislativos vinculados con la justicia.

4. La necesidad de que el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados se organice de la mejor manera para darle atención suficiente y apropiada a las materias de justicia y de los derechos humanos.

5. La conveniencia de fortalecer la organización y funcionamiento de comisiones como la de Hacienda y Crédito Público, y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

III.- CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS.

A) La iniciativa presentada cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito, se presentó con un título, por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, contiene los nombres y firmas de los proponentes, contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan, presenta el texto legal que propone, y señala la vigencia del decreto.

B) La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa en comento, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.

C) Compete a esta comisión emitir dictamen a esta propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

D) Hasta hoy, la Ley Orgánica contempla la existencia de 43 comisiones ordinarias, por lo que la creación de una comisión más, necesariamente tiene que pasar por una modificación a este ordenamiento.

E) La exposición de motivos de la iniciativa plantea la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos formule iniciativas en la materia. Propuesta que si bien no recoge en el proyecto de decreto, si da oportunidad a la duda respecto a las funciones que podría tener la comisión. Al respecto cabe recordar que de acuerdo al artículo 71 constitucional el derecho de iniciar leyes o decretos compete: al Presidente de la República; a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados.

F) Por lo que hace a la forma de integración de las comisiones, ésta puede modificarse a través de una reforma en el artículo 43 de la misma ley, tal y como lo propone la iniciativa para el caso de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

IV.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En razón de lo antes expuesto, toda vez que el problema planteado es real, y atendible por la vía legislativa; los argumentos vertidos corresponden a la proposición legislativa, son ciertos y válidos; los enunciados jurídicos sugeridos son adecuados, no presentan antinomias constitucionales ni legales, son concordantes con el resto de las disposiciones normativas, no existe discordancia de su texto con lo estipulado en convenios y tratados ni con los criterios o tesis jurisprudenciales aplicables; y la formulación jurídica es suficiente y adecuada, sólo se observa la pertinencia continuar con el orden adoptado por la Ley Orgánica vigente, en el sentido de atribuirle a cada párrafo un número. Por ello se propone incluir un nuevo texto al párrafo segundo, que la iniciativa sugiere como segundo párrafo del numeral dos, y recorrer el número de los párrafos restantes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 Y 43 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único.- Se reforma la actual fracción XX, del numeral 2, del Artículo 39, se adicionan los artículos 39, numeral 2, con una fracción VIII recorriéndose las demás fracciones en su orden y 43, con un numeral 2, recorriéndose los demás numerales en su orden, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

I. a VII ...

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Metropolitano;

X. Desarrollo Rural;

XI. Desarrollo Social;

XII. Economía;

XIII. Educación Pública y Servicios Educativos;

XIV. Energía;

XV. Equidad y Género;

XVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XVIII. Función Pública;

XIX. Gobernación;

XX. Hacienda y Crédito Público;

XXI. Justicia;

XXII. Juventud y Deporte;

XXIII. Marina;

XXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXV. Participación Ciudadana;

XXVI. Pesca;

XXVII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXIX. Puntos Constitucionales;

XXX. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXI. Recursos Hidráulicos;

XXXII. Reforma Agraria;

XXXIII. Relaciones Exteriores;

XXXIV. Salud;

XXXV. Seguridad Pública;

XXXVI. Seguridad Social;

XXXVII. Trabajo y Previsión Social;

XXXVIII. Transportes;

XXXIX. Turismo, y

XL. Vivienda.

3. ...

Artículo 43.

1. ...

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública podrán tener más de treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.

6. Si un diputado se separa del Grupo Parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del propio Grupo podrá solicitar su sustitución.

7. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en sesión del once de octubre del año dos mil seis.--- Diputados: Chaurand Arzate Carlos (rubrica), Presidente, PRI; Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles, Secretaria, PAN; Espejel Lazcano Jaime (rúbrica), Secretario, PRD; Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles (rúbrica), Secretaria, PAN; Castellanos Cortés Sara Isabel (rúbrica), PVEM; Cárdenas Márquez Elías (rúbrica), Convergencia; Delgado Oscoy Alejandro Enrique (rúbrica), PAN; Escandón Cadenas Rutilio, PRD; Flores Morfín Jesús Vicente (rúbrica), PAN; Garay Ulloa Silvano (rúbrica), PT; García Méndez Armando (rúbrica), Alternativa; Guerra Ochoa Juan N. (rúbrica), PRD; Lezama Aradillas René (rúbrica), PAN; Luna Rodríguez Silvia, Nueva Alianza; Martínez Padilla Hugo Eduardo (rúbrica), PRD; Medina de la Cruz Rodrigo, PRI; Medina Macías Alma Hilda (rúbrica), PAN; Palma César Víctor Samuel, PRI; Rodríguez Prats Juan José (rúbrica), PAN; Velázquez Gutiérrez José Guillermo (rúbrica), PAN; Zataraín González Carlos Ernesto (rúbrica), PRI.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurand Arzate por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Chaurand Arzate:Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: concurro ante ustedes en los términos del artículo 108 de nuestro Reglamento, para fundamentar el dictamen que hoy está a su consideración. Deseo en primer término comentar con ustedes que independientemente de los razonamientos que hizo la Junta de Coordinación Políticaen su calidad de iniciante, habré de compartir con ustedes algunas otras cuestiones que procuran dar respuesta a algunas inquietudes que nuestros compañeros y nuestras compañeras legisladoras plantearon en el seno de la Comisión respecto a esta reforma.

Esta reforma a dos artículos de la Ley Orgánica del Congreso, al 39 y al 43, tienen por objeto ---la primera de ellas-- separar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para convertir dos comisiones una de Justicia y otra de Derechos Humanos. Independientemente de los razonamientos que se dan en el cuerpo del dictamen, quizás nos preguntemos cómo es posible que en la mayoría de los parlamentos del mundo exista un número reducido de comisiones y aquí pretendamos aumentar esas comisiones.

Si bien es cierto que en esos parlamentos existe un número reducido de comisiones, esto se debe a que la organización administrativa de dichos parlamentos permite a las comisiones contar con un fuerte apoyo técnico que les permite desahogar todo el trabajo legislativo que se tiene.

Desafortunadamente en el Congreso Mexicano no es así y aprovecho la oportunidad para exhortar a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva a efecto de que fortalezcamos el Servicio Civil de Carrera de esta Cámara, para que poco a poco vayamos insertándonos en esa modernidad y tener esos elementos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de nuestras atribuciones.

También es de destacarse que los derechos humanos en nuestro país, cada día han tenido una mayor importancia y que por ello la Junta de Coordinación Política y la comisión, coinciden en que es prudente y necesario hacer la separación de estas dos comisiones.

La segunda reforma, al artículo 43, obedece a la necesidad de que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, tengan un acceso a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto. Se decía que si ésta no sería una cuestión de privilegio, el poder aumentar en algunas comisiones su número de integrantes. La Comisión concluyó que el caso de excepción se justificaba toda vez que en materia presupuestal esta Cámara tiene la elaboración, la aprobación del Presupuesto como facultad exclusiva y que considerábamos necesario que toda las representaciones políticas, sin demérito de las representaciones mayoritarias, pudiesen formar parte de esta comisión, de igual manera en la Comisión de Hacienda, toda vez que como lo establece el artículo 32 constitucional, la Cámara de Diputados es Cámara de origen en materia tributaria y que era conveniente que en la discusión al interior de las comisiones, fuese reflejado el punto de vista y la opinión --en estas dos materias importantes y trascendentes para la vida nacional--- de todas las fuerzas políticas amén de los argumentos que se contienen en el cuerpo del dictamen.

Una vez presentado el dictamen a la consideración de ustedes en primera lectura en la sesión próxima pasada, la mesa directiva de la comisión, mis compañeros Angeles Jiménez y Jaime Espejel en su calidad de secretarios y su servidor, creímos pertinente venir a hacer a esta tribuna una propuesta de adición al dictamen en los términos reglamentarios, para poder solventar en el régimen transitorio dos cuestiones prácticas que se van a presentar. Por eso proponemos que se adicionen dos artículos transitorios al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos

Transitorios. Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. (Aquí la adición). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolverá el turno de los asuntos pendientes de la actual Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de determinar la competencia de las nuevas Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos en un término que no exceda de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. Las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados serán los órganos competentes para sustanciar los asuntos en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La adición de estos dos artículos transitorios que la mesa directiva de la comisión somete a su consideración, obedecen a que en este momento todos los expedientes que tenemos pendientes de dictaminar en la comisión actual deben de ser separados y que sea la Mesa Directiva, y no dejarlo a la presidencia de la comisión, la que determine qué asuntos deberán ser sólo de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos; qué asuntos serán los que deben ser de la competencia de la Comisión de Justicia o en qué asuntos tienen que trabajar como comisiones unidas. Y esto es así también respetando el texto de nuestra legislación, en razón a que la Mesa Directiva es la única que tiene facultades para hacer los turnos y en consecuencia, para ampliarlos o rectificarlos.

El artículo tercero obedece a la necesidad de que toda reforma legal a un cuerpo normativo, tenga congruencia con otros cuerpos normativos. Desafortunadamente en nuestra legislación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no ha sido adecuada a las reformas y adiciones que ha tenido la Ley Orgánica del Congreso y consecuentemente se desfasa; todavía habla de ``Gran Comisión'' y trae ahí algunas figuras que creemos necesario que se presente una iniciativa, misma que ya estamos elaborando en el seno de la Comisión, para poder ser congruentes con nuestra legislación y que no existan discrepancias entre una y otra. Es por eso, compañeros y compañeras diputadas, que la Comisión por mi conducto les solicita a ustedes su aprobación a este dictamen que hoy respetuosamente sometemos a su consideración.

Ciudadana Presidenta, dejo en la Secretaría el texto de las adiciones a los artículos transitorios para efecto de que, en su oportunidad, usted someta a la consideración del Pleno si son de aceptarse dichas propuestas y, en caso afirmativo, se someta a discusión y votación el dictamen con las propuestas presentadas. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Propuesta de adición de dos artículos transitorios al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Transitorios

Artículo Primero.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.-La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, resolverá el turno de los asuntos pendientes de la actual Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de determinar la competencia de las nuevas comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, en un término que no exceda de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero.-Las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, serán los órganos competentes para sustanciar los asuntos en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

México, DF, a 17 de octubre de 2006.--- Diputada Ma. de los Angeles Jiménez Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica) y Carlos Chaurand Arzate (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la Comisión para la adición de los dos artículos transitorios que han sido presentados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la Comisión para la adición de dos artículos transitorios.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí se admite la modificación. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto con la adición de los dos artículos transitorios.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto con adición de los dos artículos transitorios hasta por 10 minutos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado José Gildardo Guerrero Torres(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero(desde la curul): A favor.

La diputada Mónica Arriola (desde la curul): A favor.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): Pido rectificación de voto, a favor.

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio González García(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Gabriel Varela López(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Berber Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Daniel Dehesa Mora(desde la curul) A favor.

El diputado Arturo Martínez Rocha(desde la curul) A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciudadana Presidenta, se informa que tenemos 442 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado en lo general y en lo particular por 442 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la adición de dos artículos transitorios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Pasando al capítulo de proposiciones, se concede el uso de la tribuna a la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo del 2000 a 2006.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros, compañeras diputadas: la suscritaAlma Edwviges Alcaraz Hernández, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

Conocido es por todos el esfuerzo que cada año realizan las autoridades de las entidades federativas de la República Mexicana por lograr una participación presupuestaria cada vez más generosa por parte del gobierno federal para la realización de obras que, desde luego, tienen alta prioridad en cada uno de los estados solicitantes.

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que en caso de que los ingresos tributarios y los derechos petroleros resulten superiores a lo estimado, deben destinarse a diversos apartados; entre ellos en su fracción IV dice lo siguiente: ``Deberán destinarse al gasto de inversión de infraestructura en las entidades mediante las participaciones federales''.

Sin embargo, el avance presupuestal en este sentido, compañeras y compañeros diputados, no es congruente con la rendición de cuentas que sería necesario constatar sino que al contrario, tenemos conocimiento de que algunas entidades han dedicado grandes esfuerzos por eludir las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación.

Y por otra parte los estados, en sus propios estados aún se estila, aún se acostumbra la obsoleta aprobación de la Cuenta Pública sin que la propia institución de Auditoría, de Contaduría o de revisión de la cuenta, hayan dado su informada y detallada opinión sobre ese rubro del gasto.

Es decir, compañeras y compañeros, las entidades federativas por un lado evaden la revisión de la Auditoría Superior de la Federación y, por otro lado, los órganos de fiscalización de los estados no revisan estos rubros y en el peor de los casos los gobiernos estatales controlan a dichos órganos de fiscalización a través de sus mayorías en los congresos estatales.

Y además, los gobiernos estatales acostumbran utilizar a los Congresos y a sus órganos de fiscalización como arma de manipulación y chantaje político, para su gusto, para su conveniencia en el estado.

En el caso del destino de estos recursos para gastos de inversión de infraestructura en las entidades, por ejemplo, no se tiene cabal conocimiento de si los beneficios de estos ingresos adicionales realmente llegaron a los amplios sectores de la sociedad mexicana que tanto lo requieren, a esos lugares que tenemos en nuestra República, donde se vive la extrema pobreza.

Por lo anterior, requerimos de un esquema homogeneizado de parámetros de financiamiento de nuestro desarrollo, de fiscalización, de transparencia, que nos permita luchar eficientemente contra la pobreza. Por ejemplo, etiquetando de manera clara y específica estos recursos en las leyes correspondientes y, además, dejando claro el marco de sanciones en caso de que no se cumpla con el destino señalado, delimitando funciones para reorganizar la redistribución de los recursos públicos de estos renglones.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que una de las principales fuentes de recursos para las administraciones municipales y estatales son los derivados del Ramo 33 y aquellos provenientes de los excedentes del petróleo, rubro del que no ha sido posible llevar a cabo su efectiva y cabal fiscalización ni su evaluación. Que es urgente y necesario que se definan las reglas adecuadas para la distribución de estos montos provenientes de los excedentes del petróleo, de los estados hacia los municipios, porque esta discrecionalidad de los gobiernos estatales hacia los municipios les sirve ---y de nuevo lo denunció--- les sirve a los gobiernos estatales como arma de manipulación, como arma de chantaje para el control político en sus entidades.

Que aún cuando estos recursos han estado fluyendo hacia las entidades federativas no se cuenta con un inventario nacional de obras, de proyectos de evaluación, de impacto financiero de los recursos en los municipios y en otras entidades estatales, así como tampoco del impacto en el desarrollo de las poblaciones que reciben este recurso. Que permanece en la población la idea de que existe un mal uso, del uso de estos recursos para el desarrollo, más aún, cuando no han sido fiscalizados ni en el ámbito federal y mucho menos en el ámbito estatal.

Que es necesario generar las modificaciones...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Concluya, señora diputada.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Concluyo. ...para una nueva reingeniería legislativa de vigilancia, de fiscalización e incorporar todas las asignaciones de recursos, incluyendo los adicionales para un desarrollo más acelerado; sobre todo en las zonas más pobres, más maltratadas, más marginadas del país.

Por lo anterior, solicito un punto de acuerdo: Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a esta representación nacional, la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas desde el año 2000 al 2006, por concepto del Ramo 33, de los excedentes del precio del petróleo y, por otro lado, a la Auditoría Superior de la Federación, nos entregue los resultados de la revisiones efectuadas por ese órgano fiscalizador a tales conceptos; así como los convenios de colaboración que se han celebrado con los congresos locales. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo de 2000 a 2006, por todo concepto, y los resultados de las revisiones efectuadas por ella, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conocido es por todos el esfuerzo que cada año realizan las autoridades de las entidades federativas de la República Mexicana por lograr una participación presupuestaria cada vez más generosa por parte del Gobierno Federal para la realización de obras que --desde luego-- tienen alta prioridad en cada uno de los estados solicitantes.

El ingreso al país de recursos adicionales provenientes de la elevación del precio internacional del petróleo que exportamos nos han proporcionado recursos que se han destinado prioritariamente al pago de parte de la deuda externa y no para incrementar irracionalmente el gasto público, además de que con esos recursos se ha garantizado el cumplimiento estricto de las metas del déficit fiscal, que aún subsiste en nuestro presupuesto público.

El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que en caso de que los ingresos tributarios y los derechos petroleros resulten superiores a lo estimado, deben destinarse a los siguientes apartados:

I. Compensar eventuales aumentos en el gasto no programable;

II. Distribución a un fondo de estabilización de los ingresos petroleros;

III. Mejorar el balance fiscal; y

IV. A gasto de inversión de infraestructura en las entidades mediante las participaciones federales.

Sin embargo, el avance presupuestal, en este sentido, no coincide con la rendición de cuentas, que sería necesario constatar, sino que, al contrario, tenemos conocimiento de que algunas entidades han dedicado esfuerzos dignos de mejor causa a eludir las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y en sus propios estados aún se estila la obsoleta ``aprobación'' de la cuenta pública sin que la propia institución de auditoría o revisión de la cuenta hayan dado su informada opinión sobre ese rubro del gasto, lo mismo que el análisis respectivo de las contrapartidas de los fondos estatales en cuestión.

En el caso del destino de estos recursos para gasto de inversión de infraestructura en las entidades, por ejemplo, no se tiene cabal conocimiento de si los beneficios de estos ingresos adicionales realmente llegaron a los amplios sectores de la sociedad mexicana que los requieren y por lo que se motivó la ampliación presupuestal bajo comentario.

Al no contar con elementos que reflejen en su totalidad el manejo las finanzas públicas, así como el grado de cumplimiento de programas y subprogramas, los usos de los recursos expresados en su contexto, las estrategias tanto de política económica, financiamiento y administración de los recursos humanos y materiales; también de las políticas implantadas durante el ejercicio fiscal para llevar a cabo los sistemas de control y evaluación, estamos incumpliendo con la sociedad en cuanto a brindarle certidumbre, acerca de cómo, cuándo y en qué fueron empleados los recursos públicos constituidos por los recursos corrientes y los extraordinarios.

Dada esta situación, es menester que, como legisladores federales, los representantes podamos ejercer los instrumentos jurídicos necesarios que permitan al Congreso evaluar y proponer las adecuaciones normativas para aprovechar integralmente los recursos derivados del comportamiento del mercado internacional de petróleo, a la vez, exigir y permitir la total transparencia de los usos presupuestales por todo concepto.

En suma, requerimos de un esquema homogeneizado de parámetros de financiamiento de nuestro desarrollo y de fiscalización y transparencia que nos permita luchar eficientemente contra la pobreza, delimitando funciones para reorganizar la redistribución de los recursos, incorporando para ello la participación ciudadana en la vigilancia y transparencia de los recursos y no por sí mismo, sino por el destino, impacto y mejora en el bienestar de la población.

Por lo anteriormente expuesto

Considerando

Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe revisar la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal, apoyándose en la Auditoría Superior de la Federación para que las entidades fiscalizadas, como son los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales, los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, presenten el ejercicio de los recursos con la transparencia que requiera la Cámara para su revisión y evaluación;

Que la principal fuente de recursos para las administraciones municipales y estatales son los derivados del Ramo 33 y aquellos provenientes de los excedentes petroleros, rubro del que no ha sido posible llevar a cabo su efectiva fiscalización ni su evaluación;

Que tenemos la oportunidad de acelerar el desarrollo de los municipios marginados del país, con la participación de la sociedad como ente evaluador del ejercicio de gobierno;

Que es imperioso adecuar la legislación que corresponda para lograr, cuando menos, la fiscalización y la transparencia en la asignación y destino de dichos recursos;

Que tales recursos han sido enviados a las administraciones estatales y municipales, sin conocerse plenamente el destino, uso y beneficio de esta oportunidad que se le ha presentado al país para atender sus necesidades de desarrollo;

Que actualmente se presentan grandes desafíos en materia de desarrollo sustentable con los fondos municipales como instrumentos de transferencia de recursos hacia los municipios más pobres del país;

Que aun cuando estos recursos han estado fluyendo hacia las entidades federativas, no se cuenta con un inventario nacional de obras, proyectos, evaluación e impacto financiero de los recursos en los municipios y otras entidades estatales, así como tampoco del impacto en el desarrollo de las poblaciones receptoras;

Que permanece en la población, la idea de que existe un mal uso de dichos recurso para el desarrollo, más aún cuando no han sido fiscalizados los recursos aplicados en el ámbito federal ni en el estatal;

Que es necesario concertar modificaciones constitucionales para que la fiscalización de los recursos estatales y municipales y de todo orden público sean destinados a la creación de infraestructura, no sólo en el ámbito de la transparencia en el uso de los recursos federales, sino en el cumplimiento de metas de desarrollo sustentable. Por lo que una nueva reingeniería legislativa de vigilancia y fiscalización deberá incorporar todas las asignaciones de recursos, incluyendo los adicionales, para un desarrollo más acelerado de las zonas marginadas del país.

Por tales razones, presento a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus facultades, disponga lo necesario e informe a esta representación acerca de los montos presupuestales destinados a las entidades federativas desde el año 2000 a la fecha, ofreciendo el máximo detalle sobre el destino específico de esos fondos en cada caso, provenientes del Ramo 33, de los excedentes del precio del petróleo o de cualquier orden.

Dado en el salón de sesiones, a 29 de septiembre del 2006.--- Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Alcaraz Hernández. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Pedro Pulido Pecero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe y a la Secretaría de Hacienda, actualicen el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo al municipio de Tampico Alto, Veracruz.

El diputado Pedro Pulido Pecero:Con su permiso, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP que implanten los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz.

El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Osiel Castro de la Rosa, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Édgar Mauricio Duck Núñez, Jorge Justiniano González Betancourt, María Victoria Gutiérrez Lagunas, Íñigo Antonio Laviada Hernández, Agustín Mollinedo Hernández, Marco Antonio Peyrot Solís, Marcos Salas Contreras, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política, y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz.

Considerandos

En 1988 fue inaugurado el puente nacional Tampico, facilitando así la comunicación entre el estado de Tamaulipas y el estado de Veracruz, y abriendo con ello la puerta al desarrollo creciente de la zona norte de mi estado.

De entonces a la fecha el aforo vehicular que cruza diariamente a través de la caseta número 49 del puente nacional Tampico, calculado en 7 mil vehículos diarios, se ha incrementado proporcionalmente al aumento del número de habitantes de los municipios aledaños a esta infraestructura, que siguen dependiendo de la ciudad de Tampico para realizar sus labores diarias, tales como ir a trabajar, asistir a la escuela, recurrir a servicios de salud o simplemente realizar actividades recreativas. Si se toma en cuenta que el actual peaje es de 28 pesos, una persona que vive en el estado de Veracruz y trabaja en Tampico, Tamaulipas, gasta al año alrededor de 13 440 pesos, lo que para una familia de clase media baja implica un gasto extraordinario que podría utilizar en la educación de uno o varios de sus hijos. Ahora bien, si hablamos del sector productivo primario de un área de la Huasteca Veracruzana, el impacto económico que se ocasiona es igualmente importante.

Tan sólo en 2005 se registraron 527 mil cruces del río Pánuco de usuarios de zonas aledañas, y aunque gestiones anteriores han dado como resultado que ciudadanos del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, tengan el libre tránsito a través de esta plataforma de acceso hacia Tamaulipas, la realidad es que el padrón de beneficiarios para las personas originarias de municipios tales como Tampico Alto no ha sido actualizado desde el año en que éste comenzó a dar servicio.

Por lo anteriormente expuesto y debido a que es esta una exigencia y una necesidad de los ciudadanos del municipio de Tampico Alto, Veracruz, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero:Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establezcan los mecanismos adecuados para que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz, al encontrarse éste dentro de la zona conurbana de Tampico, Tamaulipas.

Segundo: Se solicita a dichas autoridades que informen sobre las acciones y mecanismos que lleven a cabo para solucionar la problemática aquí planteada.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado Pedro Pulido Pecero (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pedro Pulido. Túrnese a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por parte de las autoridades locales del estado de Tabasco.

En razón de que la agenda política del orden del día tiene registrada la discusión sobre asuntos del estado de Tabasco, los grupos parlamentarios acordaron con la presentación del siguiente punto de acuerdo un debate pactado, sin entrar a la discusión de fondo de la proposición, concluido lo cual se le dará el trámite reglamentario. Adelante, diputado.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales:Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados: Vengo a presentar un punto de acuerdo a nombre de la fracción parlamentaria del PRD por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del grupo parlamentario del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por autoridades locales del estado de Tabasco. Solicito que se inserte en la Gaceta legislativa. También voy a omitir la fundamentación legal, por obviedad de tiempo.

Vengo a esta tribuna a denunciar los hechos de barbarie que se registraron en los días previos, y durante la jornada electoral, en el estado de Tabasco y a proponer un punto de acuerdo para esclarecer los hechos y para desagraviar a mis compañeros y compañeras legisladores que fueron arteramente agredidos durante el proceso electoral en Tabasco.

Fuimos testigos y víctimas de hechos que pensábamos se habían superado en nuestro país. No sólo fue el encono, sino que también la violencia y la represión promovida por el propio gobernador del estado, ya que la Policía estatal y cuerpo de granaderos, apoyando a grupos de pandilleros identificados con un brazalete verde, a la usanza de las peores represiones de las que se tenga memoria en el país, como lo fue la Noche de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, agredieron de esta manera, con lujo de violencia, a compañeros legisladores de nuestro partido y al Frente Amplio Progresista, que desarrollaban un trabajo político en la entidad.

Con el propósito de amedrentar a los seguidores de nuestro candidato al gobierno de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta, y de inhibir el apoyo de diputados locales y legisladores federales que acudimos a sumarnos a esta campaña a gobernador del estado, no tuvieron ningún empacho en desatar una serie de actos de gran cobardía en contra del PRD y sus aliados.

Fueron víctimas de esta agresión la senadora Rosalinda López Hernández, la senadora Yeidckol Polevnsky, la diputada Aurora Cervantes, la diputada Claudia Cruz, el diputado Rafael Sánchez, el diputado Pedro Landero. También sufrieron agresiones la diputada Layda Sansores, la diputada Mónica Fernández y los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Roberto Mendoza Flores; inclusive fueron intimidados con armas de fuego.

Fueron víctimas de secuestro exprés los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Avelino Méndez y Nancy Cárdenas. Se suman a las agresiones antes descritas la que sufrió nuestro compañero Octavio Romero Oropeza, en su domicilio particular, y el secuestro y tortura de 8 compañeros de Nayarit y 2 más del estado de Tabasco; además de las más de 30 detenciones ilegales a ciudadanos que fueron también arteramente golpeados y vejados.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de todos estos hechos, queremos agradecer públicamente y desde esta tribuna, a los compañeros camarógrafos y reporteros de radio, televisión y prensa escrita, ya que intervinieron a riesgo de su propia integridad física, para disuadir a los agresores que continuaban con estos actos de violencia. Estos testimonios los ofrecemos como pruebas para sostener nuestro dicho.

Ante este panorama es claro que la sociedad y sus representantes populares y las propias autoridades estatales y federales tendrán que llamar a cuentas a los responsables de toda esta barbarie. Sin embargo, es obligación de usted, señor Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de esta soberanía, en los términos que establece el artículo 61 constitucional y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía la siguiente proposición con los siguientes puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Primero. La constitución de un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones en contra de los diputados federales del grupo parlamentario del PRD, del PT y de Convergencia, como a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, por parte de las autoridades del estado de Tabasco.

Segundo. Que con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 22 de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente todas las acciones a su cargo, a fin de velar por el respeto al fuero constitucional de cada uno de los miembros de esta honorable Cámara de Diputados.

Tercero. Se solicita al gobernador constitucional del estado de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, que explique razones del violento operativo policiaco en el cual fueron reprimidos los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, y

Cuarto. Se exhorta al gobernador antes citado a iniciar una investigación para deslindar las responsabilidades que fueran necesarias respecto a este hecho violento en contra de los integrantes de este Poder de la Unión.

Por lo tanto, señor Presidente de la Mesa Directiva, solicito se someta a la consideración del Pleno por obvia y urgente resolución. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por autoridades locales del estado de Tabasco, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado martes de 10 de octubre, durante la sesión en esta honorable Cámara de Diputados, el diputado federal Pedro Landero López presentó una ``proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral en Tabasco'', que no fue votada como de urgente resolución, como proponía el diputado postulante y, en cambio, fue turnada a la Junta de Coordinación Política. La Cámara de Diputados evadió su responsabilidad en la coadyuvancia de los asuntos prioritarios para el país, y ahora las consecuencias están a la vista.

Todos los actores políticos del país sabemos que día 15 de octubre del año en curso se desarrollaron las elecciones para elegir la titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, alcaldes y diputados locales en dicha entidad. La celebración de elecciones periódicas para renovar a las autoridades locales es una condición indispensable de todo estado que aspira a ser democrático.

El pasado jueves 12 de octubre las autoridades policiales del estado de Tabasco detuvieron a 8 personas integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por presuntas y nunca comprobadas violaciones a diversas disposiciones legales. Dichas personas fueron trasladas a la 6ª Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco, en donde sufrieron diversas violaciones a sus inalienables derechos humanos, consagrados en nuestra Carta Magna, entre ellos la tortura y la incomunicación para declarar, referidos al artículo 20, fracción II, de dicho ordenamiento.

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura federal acudieron a la citada agencia a verificar el estado de salud de dichas personas, y a preguntar los supuestos delitos de los que habían sido acusados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco impidió a los diputados federales el acceso a la Agencia del Ministerio Público. En cambio, dichos elementos de la corporación policíaca arremetieron a golpes en contra de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y a los ciudadanos que se encontraban presentes en dicho lugar.

La represión por parte de las autoridades locales a miembros de un poder soberano de nuestra República es una clara violación a las garantías individuales y a los preceptos generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El desarrollo de un proceso democrático debe estar suscrito a las leyes, y lo que sucedió a los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática son hechos que no pueden ser obviados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta Soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La constitución de un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones en contra de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como de la dirigencia de este partido por parte de las autoridades del estado de Tabasco.

Segundo.Que, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 22 de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente todas las acciones a su cargo, a fin de velar por el respeto al fuero Constitucional de cada uno de los miembros de esta honorable Cámara de Diputados.

Tercero. Se solicita al gobernador constitucional del estado de Tabasco, licenciado Manuel Andrade Díaz, que explique las razones del violento operativo policiaco en el cual fueron reprimidos los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados.

Cuarto. Se exhorta al gobernador antes citado a iniciar una investigación para deslindar las responsabilidades que fueran necesarias respecto de este hecho violento en contra de los integrantes de este Poder de la Unión.

Diputado Javier Hernández Manzanares (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Pero en virtud de que se había pactado el debate en los términos en que fue señalado anteriormente, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Y como ha sido solicitado también por el diputado Rafael Elías Sánchez y en cumplimiento por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de la LX Legislatura. Adelante diputada.

La diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez:Con su permiso, Presidente. Vengo a repudiar los hechos de violación de los diputados y militantes de nuestro partido en el estado de Tabasco. Las detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de que han sido objeto militantes y legisladores de la Coalición Por el Bien de Todos, son muestra de un estado represor, donde la democracia y al respeto a los derechos humanos de quienes habitan, transitan en el estado de Tabasco son violadas de manera reiterada.

En Tabasco la democracia y el respeto a las garantías constitucionales, no sólo se estancaron sino que retrocedieron, al grado que nos transmiten a los negros recuerdos de la época del policía político Miguel Nazar Haro, los ``guardias blancas'' y los presidentes represores Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Lucano Herrera, Antonio Guerrero García, Alejandro Robles Gómez, Gilberto García Hermosillo, Raudal Mitre Ayala y Guadalupe Alberto Criscern, fueron tomados como presos políticos por el gobierno priísta de Manuel Andrade. Demandamos que todos ellos sean exonerados de los delitos que se le imputan, pues fueron secuestrados y encarcelados por motivos políticos electorales.

Rechazamos la fabricación de delitos, tortura y tratos crueles de que fueron objeto nuestros compañeros, así como de la guerra sucia emprendida desde el gobierno estatal hacia diversos sectores de la sociedad de Tabasco.

Asimismo, denunciamos al mandatario tabasqueño por las vejaciones y violaciones del fuero constitucional en contra de la diputada local Nancy Cárdenas; los diputados federales: Claudia Cruz, Mónica Fernández, Humberto Zazueta, Pedro Landeros, Salvador Ruiz y su servidora, además del senador Graco Ramírez.

Para el grupo parlamentario del PRD, el culpable de estos brutales acontecimientos es el gobernador el estado, Manuel Andrade Díaz, al cual lo responsabilizamos de la integridad física y emocional de nuestros compañeros.

Acudiremos a las instancias nacionales e internacionales para denunciar al gobernador Manuel Andrade Díaz, por la brutalidad ejercida contra nuestros compañeros y la violencia de nuestros legisladores.

Exhortamos a la comisión estatal y nacional de derechos humanos, solicite las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Exhortamos a las CNDH para que emita su resolución sobre las violaciones de derechos humanos que se suscitaron durante el proceso electoral del estado de Tabasco y sus visitadores han dado fe de lo mismo.

Por tal motivo le solicito, ciudadano Presidente, por este conducto, y con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realice las acciones contundentes para velar al respecto del fuero constitucional y la seguridad de los diputados y diputadas de esta honorable Cámara, misma que se anexa a la presente. Hago de su conocimiento que desde estas agresiones también fueron objeto senadoras de la República.

Por tanto y en uso de sus atribuciones constitucionales, solicitamos requiera a las autoridades competentes, iniciar las investigaciones sobre las agresiones a las que fuimos objeto en el estado de Tabasco. Asimismo, se deslinde responsabilidades y se castigue a los responsables materiales e intelectuales de dicha agresión. Es cuando, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Sonia Noelia Ibarra. Tiene la palabra la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar:Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores: no subo a esta tribuna para agredir u ofender a nadie, para agravar la cultura del linchamiento que padecemos como nación, sino para proponer que pongamos la razón, la verdad y la honestidad política por delante.

Los resultados electorales en Tabasco constituyen una lección para el país, no sólo para un partido político, no sólo para quienes ganaron o resultaron derrotados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, permítame, diputada. Les pido, señoras y señores diputados, respeto a la oradora y si alguien tiene algo qué decir, que pida la palabra. Les pido respeto. Adelante, señora diputada.

La diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar:...la lección es que los tabasqueños votaron en contra del discurso de la violencia y a favor de la unidad. La lección es que no se puede pretender ganar la voluntad popular por medio de la amenaza, el chantaje y la desestabilización.

¿Por qué se pretende que el pueblo de Tabasco pague hoy los costos de una obsesión? El caso Ojeda es la crónica de una derrota anunciada. Muchos perredistas prefirieron apoyar a Granier por una sencilla razón: porque el verdadero, el auténtico discurso a favor de los pobres salía de un ciudadano, de un hombre sencillo con perfil popular, llamado y conocido por la gente como ``el químico''.

Granier ha estado cerca de la pobreza del tabasqueño, de sus comunidades. El conoce a sus habitantes y ellos lo conocen a él. Su triunfo es auténtico, como auténtico fue el triunfo de López Obrador en Tabasco el 2 de julio. ¿Por qué arrebatarnos las victorias? ¿Por qué pervertir la esencia de la democracia? ¿Por qué aceptarla únicamente cuando beneficia y desconocerla cuando no se gana?

Vaclav Havel, ese socialista moderado que tuvo que luchar contra el totalitarismo soviético, decía que su lucha era fundamentalmente ética: derrotar con el discurso de la verdad la propaganda de la mentira. No podemos correr el riesgo de sustituir la tolerancia con campañas fascistas.

A pesar de un ambiente adverso lleno de contradicciones, de confrontación y polarización, el electorado tabasqueño no tuvo miedo y fue a sufragar. El voto de la ciudadanía superó por mucho lo obtenido en otros procesos electorales. El 62 por ciento de la participación ciudadana estuvo 20 puntos arriba de la media nacional. ¿Por qué obscurecer una victoria que fue eminentemente de la sociedad?

Ahí están los tribunales, los canales institucionales para desahogar inconformidades, quejas u ofensas. El amplio, amplísimo margen con el que ganó el candidato del PRI al gobierno de Tabasco, Andrés Granier, es ---en el contexto político actual--- un triunfo lleno de símbolos. Es el triunfo de la paz sobre la violencia, de la razón sobre la arbitrariedad, de la unidad sobre la confrontación. México es de todos y Tabasco también. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Beatriz Pagés. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar(desde su curul): Señor Presidente, para hechos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Lo anotamos al final de la lista, diputado. Hay una lista, faltan dos oradores más. Lo anotamos con mucho gusto.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente. Tabasco ha sido para el Partido Acción Nacionalun estado difícil. Nuestra presencia frente a dos fuerzas...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Rodríguez Prats. Señores diputados, les pido que tomen sus asientos, sus lugares y atiendan al orador como han sido atendidos los que han estado en el uso de la tribuna. Adelante, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: ...decía yo que nuestra presencia ante dos partidos que han desgarrado la voluntad popular en una lucha muchas veces descarnada por el poder, en que no se puede escribir una historia en blanco y negro ni con una cultura maniquea, para el PAN le ha sido difícil presentarse como una opción real y consistente de aspiración al poder.

Permítaseme una digresión histórica. Aquí, en 1997, yo propuse la creación de una comisión para vigilar el proceso electoral de Tabasco. El gobernador de la entidad en ese momento, presentó una controversia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al Congreso de la Unión. Es una de las grandes hazañas, de los grandes capítulos en donde el Congreso empezó a conquistar un espacio propio y empezó a lograr credibilidad para hacer su trabajo: el tener investigación, el tener información, el hacer la investigación correspondiente.

Hoy el Presidente de esta Cámara asumiendo sus facultades ha señalado que a él le corresponde investigar los atropellos que aquí se han denunciado. Me parece que esa es una actitud prudente y que corresponde al estado de derecho.

Lázaro Cárdenas en 1934 dijo que Tabasco era laboratorio de la Revolución y Francisco J. Múgica todavía fue más allá y dijo que había que ``tabasqueñizar'' a México. Definitivamente surgía un nuevo sistema político que dio estabilidad.

A partir de 1988 Tabasco se inició en la confrontación y se ha atrapado en esta lucha descarnada, en donde es difícil hacer respetar las leyes por ambos bandos.

Yo creo que el 15 de octubre es una fecha histórica que nos debe permitir a los tabasqueños reflexionar sobre qué queremos hacia el futuro y sobre qué deseamos dejar en el pasado. Definitivamente tenemos que superar el encono, tenemos que superar esa división profunda que se ha dado en la familia tabasqueña para que reencontremos el rumbo y para que definitivamente Tabasco trascienda la lucha de caciques de ambos bandos y pueda caminar hacia la concordia y hacia la reconciliación.

Esa es la gran lección que nos ha dado el 15 de octubre. Una contienda ríspida, una contienda difícil, pero todos debemos aspirar a reencontrar el camino mediante una militancia responsable mediante una ciudadanía comprometida a la que se respete su dignidad y a la que se le respete su libre albedrío.

Me gustaría concluir con unas palabras, precisamente de Carlos Madrazo que aspiraba a cómo debería ser la militancia y creo que todos los partidos políticos debemos aspirar a esta clase de militancia que Carlos Madrazo definía con las siguientes palabras: ``Yo aspiro a integrar una militancia espontánea, inteligente y razonada. No queremos rebaños que van y vienen según la presión y las circunstancias, queremos convencidos, no forzados. Gente que va a un acto en el partido porque quiere ir, no porque la llevan; porque sabe a qué va, porque nuestra razón la ha hecho suya, porque nuestra mística la ha sacudido''.

Ojalá y el 15 de octubre sea el inicio de un nuevo liderazgo que concluya con un pasado de encono y que nos lleve a una reconciliación del estado de Tabasco. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: creo que mi compañera diputada del Partido Revolucionario Institucionalse equivocó de discurso y se equivocó de tema. El tema no es quién ganó las elecciones el día domingo en el PREP. El tema es lo que hizo el gobernador Andrade para que pasara el resultado electoral del día domingo. Y que para poder lograr que esto se diera, se tuvo que regresar a la ley del garrote, se tuvo que aplicar la ley de Herodes esa de o te friegas o te jodes y que se aplicó en el estado de Tabasco; esa ley que ya no se aplicaba en México, esa ley que parecía que ya estaba erradicada de los procesos electorales y que se manejaba de otra manera.

Esa no es culpa de ustedes, señores diputados del PRI, si no les estamos echando la culpa a ustedes; el que violó la ley, el que violó la Constitución fue el gobernador del estado de Tabasco, ése es el culpable, ése es el que se pasó de listo. Y para él es para el que estamos pidiendo castigo, no para ninguno de ustedes.

Me tocó estar en Huimanguillo, allá en un pueblo cerquita que se llama La Venta, perteneciente a este municipio, 80 kilómetros de distancia, que normalmente aquí nos haríamos 30 minutos, 40, allá son poco más de dos horas. Y en ese lugar me tocó acompañar a nuestro representante general, un hombre que una noche antes había sido mutilado de sus dedos, un hombre que cuando hizo su recorrido, su pecado fue entregar los nombramientos de representante de casilla para que estuvieran al día siguiente en las casillas nuestros representantes.

Cuando llegaba a una comunidad, un sujeto que le dicen ``el Caporalillo'', que además había sido comandante de la Policía Judicial del estado de Tabasco fue el encargado de amedrentar a nuestro representante. Como él no tenía miedo y enfrentó a ese hombre, obviamente fue sujeto de la agresión. Como no se bajaba de su carro, le hicieron pedazos el carro; cuando ya habían roto los vidrios del carro, lo sacaron por el parabrisas del carro y le empezaron a picar con el machete en las costillas. Cuando le estaban picando con el machete en las costillas, el compañero, profesor además de una escuela rural de ese lugar, quiso quitar el machete ---el compañero Higinio--- y este hombre jaló el machete y le mutiló los dedos.

Al día siguiente, que era día de la jornada electoral, obviamente ya no se quería presentar en el lugar, tenía miedo. Lo acompañamos; pero ahí me percaté de algo más que había hecho este gobernador: había generado dos nacionalidades: la tabasqueña y los demás que éramos mexicanos, ya no podíamos estar en ese lugar porque ya no era México. Se generó un acto de discriminación para todo aquel que tuviera placas de otro lugar o para aquel que no hubiera nacido en ese estado.

Qué pena, qué pena. Posiblemente el resultado electoral les hubiera favorecido sin trampas, a la mejor sí; pero lamentablemente con todos los hechos que cometieron en la jornada electoral han empañado un triunfo que pudo haber sido democrático y lo han enlodado y le han escupido en la cara a la gente que pensaba diferente y que tenía derecho a defender lo que pensaba como ideal.

A eso no tiene derecho ningún gobernador. Y sí, para eso estamos los representantes de este Congreso; estamos aquí para hacer escuchar la voz del pueblo. Y que se escuche bien, los perredistas de Tabasco fueron amenazados, fueron intimidados y ahora todavía les quieren quitar su derecho de protestar.

Compañeras y compañeros legisladores: esto ha pasado en muchos estados, en el norte les ha tocado a los del PAN y en el centro les ha tocado a los compañeros del PRI, a la mejor, ¿saben qué pasa? Que el sistema electoral que hoy tenemos convierte a los gobernadores en grandes caciques que meten las manos en los procesos electorales cuando no les conviene a sus intereses personales.

Hoy tenemos que poner por enfrente el bienestar de México. Y aquí tenemos que estar unidos porque somos diputados de México y tenemos que ir en contra de un gobernador como éste que hoy fue del PRI pero pudo haber sido de cualquier otro partido y es un hombre que no merece ese lugar y mucho menos violar los derechos de los mexicanos. No hablo sólo de mis compañeros diputados, sino de todos nosotros. Si queremos un México justo y unido, necesitamos que este tipo de gente no pueda seguir en un puesto como éste y pisotear los derechos de los demás. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Francisco Javier Santos. Tiene la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:Con su permiso, señor Presidente. Dicen que en algunos de los formatos del protocolo se pregunta, ¿y con qué objeto? Con éste y con éste. Ciudadano tabasqueño. Sección número 275, fraccionamiento Galaxias; ahí votaba Andrés Manuel. Ahí dejó plantados a los tabasqueños cuando le dieron la oportunidad de ser candidato en elDistrito Federal, ¿cómo la vieron, compañeros perredistas?

Quiero decirles a los señores parlamentarios, de todos los partidos, que quiero ---por supuesto, histórico, don Carlos---, quiero decirle al señor Presidente de esta Mesa Directiva...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido respeto al orador. Continúe.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:...que agradezco y felicito que haya tomado la decisión esta Presidencia de Mesa Directiva de acometer su responsabilidad, para indagar sobre el comportamiento que se tuvo ---o que se dice se tuvo--- con respecto del fuero que representamos. Fuero que tiene que ver sobre todo con la responsabilidad de sostener argumentos; y Tabasco argumentó, pese a los escenarios donde se planteaba la confrontación, el 62 por ciento de los tabasqueños acudieron y concurrieron a votar...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Sonido a la curul del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales(desde la curul): Señor Presidente, solamente para solicitarle si nos acepta una pregunta el compañero diputado orador.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Izquierdo, ¿acepta la pregunta?

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:No entendía a quién le preguntabas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Que si acepta usted que le haga una pregunta el diputado Sánchez?

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:Una vez que concluya. Tengo apellido. Al término de mi intervención, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Al final, diputado. Concluya usted.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:Eran las cuatro de la tarde del pasado día 15 cuando no había ni un solo incidente reportado en las casillas. Los funcionarios no solamente son los magistrados del Tribunal del Instituto; no son solamente los magistrados del Tribunal local ni lo son del federal.

Ahí estaban miles de representantes de los partidos políticos y miles de los funcionarios que actuaron en las casillas electorales. Votó el 62 por ciento del electorado tabasqueño. Ahí se expresó una decisión mayoritaria de 52 puntos para el PRI y 42 para la coalición PRD-PT.

Yo creo que como abogado tengo la plena conciencia de las instancias procesales que están por transitar; felicito, porque conozco al candidato Raúl Ojeda, que haya tomado la decisión de hacerlo por las vías institucionales. Y lo felicito también porque qué difícil es perder esta elección. Y lo felicito porque en 1988 inició una serie de secuencias donde en Tabasco se presentó primero en ese año, un candidato que lo único que llevaba en la mano era la declaración de candidato del Frente Democrático Nacional, porque no hubo proceso interno que se democratizara. Raúl, ya van tres veces que es candidato y siempre por designación.

Los valores históricos del pueblo tabasqueño tienen que ver con nuestros procesos democráticos y evidentemente en Tabasco el haber procesado la democracia interna de mi partido nos acaba de dar una victoria que vamos a defender donde nos citaron, en los tribunales. Ahí nos vemos con mucho gusto...

Pero fija, fija para hacer ejercicio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se permiten diálogos, señor diputado. Les pido respeto al orador. Continúe diputado Alfonso Izquierdo.

A ver diputado Sánchez Cabrales. Sonido a su curul, le acepta la pregunta el diputado Izquierdo.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales(desde la curul): Señor Presidente, sólo para ver si me acepta nuevamente una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se la aceptó. Haga la pregunta.

El diputado Rafael Elías SánchezCabrales (desde la curul): Señor diputado, ¿qué opina usted de todas las bodegas repletas de bicicletas, que por cierto eran de color rojo y verdes en todo el estado?, ¿de las miles de despensas, de enseres domésticos, de pintura, de malla de alambre, de láminas, de cemento, de materiales de construcción?, ¿qué opina usted de todas estas ``mapacherías''----porque así le llamamos----, que se encontraron en todo el estado y que por cierto fueron días antes de la elección?

Entonces, ¿qué opina usted de toda esta situación que se dio en el estado de Tabasco, y que se utilizaron para comprar la voluntad ciudadana?

El diputado Alfonso Izquierdo Bustamante:Con mucho gusto paisano y diputado. Te quiero decir, tengo más años que muchos de vivir en el estado y de presumir la dignidad tabasqueña.

Quiero contestar la pregunta de quien la hizo. Yo quiero decirles que en lo que no estoy dispuesto es a convertir ésta, la más alta tribuna de la nación, en el escenario de barandilla, en la mesa de barandilla, para circunstanciar elementos que evidentemente con toda precisión hay instancias para hacerlo. No quiero que todos los elementos incidentales del proceso vengan a ocupar el tiempo de esta alta tribuna. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Izquierdo. Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Humberto Zazueta Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar:Con su permiso, señor Presidente. No estamos aquí discutiendo los resultados electorales. Ese tema lo vamos a tratar en las instancias electorales y jurisdiccionales. Ya lo planteó nuestro candidato.

Lo que hemos planteado aquí el día de hoy es el tema que tiene que ver con lo que se presentó los días previos y el día de la jornada electoral, de una violencia inusitada, de una violencia que se desató en contra de todos aquellos militantes, representantes y todos los compañeros que asistieron el día de la elección a Tabasco. Eso es lo que estamos discutiendo. El día miércoles por la noche fueron detenidos ocho compañeros militantes de nuestro partido del estado de Nayarit que estaban apoyando la campaña electoral en Tabasco, no es ningún delito.

Fueron detenidos los compañeros y a ese lugar, a la agencia del Ministerio Público, asistimos varios legisladores acompañados de Horacio Duarte, nuestro representante ante el IFE, y de nuestro compañero Trinidad Morales de Acción Electoral del CEN. No se nos permitió la entrada, nos pusieron una valla de granaderos y ésa fue la respuesta de parte del gobierno del estado a la solicitud de saber qué estaba pasando con nuestros compañeros.

El día jueves el gobierno del estado presenta un video donde declaran, entre comillas; según ellos, declaran nuestros compañeros detenidos que dicen: ``que fueron pagados para ir a desestabilizar la elección en Tabasco''. Esa fue la campaña que orquestaron desde el gobierno de Tabasco para un linchamiento de todos los compañeros nuestros y tratar de amedrentar, de generar miedo a los compañeros que estaban participando en el proceso electoral.

Los presentaron, sin que hubieran sido declarados ante ningún Ministerio Público, los presentaron, sin que los hubieran presentado ante ninguna autoridad. Finalmente, finalmente presentan a los compañeros que fueron fotografiados con pistolas de plástico y decían: ``pistolas de plástico de nueve milímetros, de diábolos''. Ése era el delito, que traían pistolas de diábolos, ése es el delito que el día lunes, después de la elección, se estaba fincando a nuestros compañeros, traer armas de plástico y ésa es la situación en la que están estableciendo legalmente.

Pero ése es un solo caso, fueron varios casos en cada uno de los municipios en los que la policía estatal, violando la Ley Orgánica y la Constitución del estado de Tabasco, participó en todos los municipios, cuando era responsabilidad de la policía municipal, y se puso en peligro la posibilidad de que hubiera enfrentamientos entre las policías en varios municipios.

Eso es lo que venimos a discutir aquí, eso es lo que estamos solicitando nosotros cuando decimos, una comisión que vaya e investigue la serie de violaciones que se presentaron en el estado de Tabasco. Que investigue la manera en que fue violado el fuero constitucional de los diputados que participaron; eso es lo que estamos solicitando en esta Cámara.

Son muchos casos. Los medios nacionales sobre todo, porque los estatales siempre estuvieron, salvo escasas excepciones, estuvieron siendo los representantes o los voceros del gobierno estatal. Los medios nacionales estuvieron redactando y estuvieron tomando nota de los acontecimientos que nosotros hemos venido a denunciar.

No estamos planteando aquí discutir el proceso y sus resultados; esos los vamos a discutir en otras instancias y también en estos lugares, si ustedes gustan. Pero lo que estamos discutiendo es la violación de derechos humanos, la violación de las garantías individuales de los tabasqueños y la actitud xenofóbica que establecieron el día de la elección contra todos aquéllos que no éramos del estado de Tabasco.

Eso es, compañeros y compañeras, lo que estamos solicitando y eso es lo que estamos exigiendo, esa comisión, que ustedes con el apoyo del PAN, no han querido aprobar en esta tribuna. Esperamos y yo espero que la propuesta y la carta que le hice llegar al Presidente de esta Mesa Directiva de la Cámara, de que se investigue la violación del fuero, le pongamos fecha para que se pueda investigar efectivamente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Zazueta. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva; señoras y señores legisladores: no soy tabasqueño, pero al igual que el diputado federal que me antecedió en el uso de la palabra, junto con otros diputados federales del grupo parlamentario del PRI estuve en el estado de Tabasco el pasado domingo 2 de julio dando cuenta de los hechos que se suscitaron y verificando la actitud que asumió cada uno de los partidos políticos.

El pronóstico sobre la elección celebrada el pasado domingo en Tabasco se cumplió cabalmente, los resultados de las encuestas publicadas y no publicadas, pero que todos conocimos a lo largo del desarrollo del proceso electoral fueron ratificadas con amplitud. El PRI ganó la elección de manera contundente. Andrés Granier es prácticamente el gobernador electo de Tabasco.

Tabasco ratifica su vocación cívica y democrática con una copiosa votación de más del 62 por ciento del electorado. La sociedad tabasqueña le da al país una lección de madurez, el PRI ratifica su fuerza en Tabasco y en todo el sureste del país. Los priístas no le ganamos a ningún candidato en particular, los priístas le ganamos a la violencia, a la manipulación, a la intimidación y a la perversión, señores legisladores.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares de Tabasco confirma nuestro triunfo. Con el 95.75 por ciento del total de las casillas computadas hasta ayer por la noche el PRI mantiene una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano competidor, el PRD, al obtener 422 mil votos contra 342 mil, una diferencia de 10 puntos y de más de 80 mil votos.

Ahora el PRD viene a decir a esta tribuna lo que de antemano sabían ustedes mismos y sabíamos todos, que iban a justificar porque estaban convencidos de que estaban perdidos y le apostaban y le apuestan ---como siempre, lamentablemente y para no variar--- al conflicto, a la descalificación, a la violencia.

¿Qué no se han dado cuenta, qué no se han dado cuenta de que por eso se están hundiendo y están dilapidando el enorme capital político que con mucho trabajo les otorgó la sociedad mexicana el pasado 2 de julio y que lograron construir?

Ahora justifican su derrota argumentando que hubo elecciones de Estado, que fueron detenidos y secuestrados, que sin motivo alguno las autoridades policíacas encargadas del orden reprimieron a sus militantes; que el gobernador intervino en el proceso; que el PRI compró el voto y que obsequió artículos en campaña.

Ya no saben otro cuento. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, por eso yo le voy a pedir al Presidente de la Mesa Directiva que dado que ha garantizado el fuero de los legisladores y se ha comprometido a ello, también se revise y se investigue la actuación de los legisladores federales, porque es muy lamentable que ante la imagen de la sociedad los diputados federales andemos en riñas callejeras, como lo hicieron los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Por eso le pido, señor Presidente, se investigue y se revise el comportamiento de todos los diputados federales que estuvimos en Tabasco. Ustedes, los perredistas son los cínicos, son los mapaches, son los agitadores, son los que compraron votos, son los represores, son los del grupo de choque. Gracias a la intervención de las autoridades del estado se salvaguardó la armonía, la paz y se logró conducir a buen puerto la jornada electoral histórica, limpia y transparente.

No traten de justificar ---y termino--- no traten de justificar...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido respeto, les pido respeto. Ya tendrán oportunidad también en el turno de ustedes. Concluya, diputado.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda:No traten de justificar violaciones a la ley con pretextos de carácter político. Las elecciones se ganan con votos y los votos esta vez fueron para Andrés, pero Garnier. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Benítez. Tiene la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Francisco Sánchez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Sánchez Ramos:Buenas tardes; con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: coincido con los compañeros cuando aquí se está hablando de muchos temas, pero no de lo fundamental, de lo que hizo el gobernador Manuel Andrade Díaz.

Si estuviéramos en un Estado de derecho, seguramente Roberto Madrazo, quien se gastó 72 millones de dólares ---para recordarles la memoria a Bustamante y a muchos que fueron parte del fraude electoral de 1994--- estaría hoy Roberto Madrazo en la cárcel.

Por cierto, la persona que me acaba de anteceder, compañero diputado, le recuerdo, le recuerdo que fue el fraude descomunal en aquel entonces, cuando se gastó más que Bill Clinton en aquella época. Estamos hablando de 1994.

Si viviéramos en un Estado de derecho, seguramente Manuel Andrade estaría también hoy siendo sometido a un juicio político, porque no se puede tener un gobernador gordo y un pueblo flaco; eso no se puede permitir en este país.

Quiero informarles, compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios, que en Tabasco las elecciones del Partido Revolucionario Institucional, el partido que estos señores vienen a defender el día de hoy, es el común denominador que, en tiempos de elecciones se vuelven buena gente, se vuelven bondadosos, se vuelven puritanos y empiezan a recordar que la pobreza que ellos mismos originan, intentan comprarla; intentan comprar la voluntad popular con láminas, despensas, materiales para construcción, como aquí mismo en esta tribuna, la máxima tribuna del pueblo, venimos a denunciar con fotografías y con videos.

Éste es el testimonio que tenemos los tabasqueños, Bustamante, pero no tenemos nada en contra tuya; tenemos algo en contra de aquellos que han derrochado recursos cuantiosos en una campaña de un candidato que no es el ``químico'' ---como él le dice--- es el ``cínico'', porque si tuviera un tantito de vergüenza, no estuviera hoy diciendo que ganó la gubernatura. Hay que recordarle a este señor, que este señor se gastó, por lo menos, por lo menos, dos veces más de lo que se gastó Madrazo en 1994.

Seguramente, si viviéramos en un Estado de derecho, nosotros, compañeras y compañeros, estuviéramos aquí ventilando otros asuntos más importantes, pero como la elección de Tabasco es una elección donde se fueron con todo, donde la Policía estatal actuó como un brazo ejecutor del Partido Revolucionario Institucional, por eso nosotros venimos hoy a esta tribuna a pedirle a los legisladores que volteen a ver.

Yo quiero, respetuosamente, dirigirme a ti, Juan José, y decirte que efectivamente en 1997 tú hiciste una propuesta para conformar una comisión especial. Pero yo me pregunto por qué ahora, en estos tiempos tan importantes, donde sabíamos qué es lo que podía suceder por el derroche económico que tú y muchos tabasqueños conocen y que es lo único que saben hacer los del PRI, comprar con dádivas y dinero; por qué ahora no nos has acompañado en la votación para formar las comisiones especiales, la primera que pidió el diputado Pedro Landero, y ahora, ¿y ahora por qué razón también votan en contra? Yo quiero pedirles congruencia compañeros y compañeras.

Quiero concluir. Decirles a todos ustedes que lo que sucedió en Tabasco no fue poca cosa y no estamos heridos de ninguna manera, pero lo mismo que vienen a pedir aquí, pídanselo a sus candidatos del PRI perdedores que hoy están vociferando en todos los municipios donde perdieron, que nosotros les reconozcamos algo que no consiguieron, a pesar del fraude que ustedes mismos hicieron.

Quisiera decirles muchísimas cosas, pero los agravios que nos hicieron a los tabasqueños y a los no tabasqueños, eso no lo olvida nadie.

Concluyo, señor Presidente. Compañeros diputados. Yo te voy a decir, Juan José, y quiero decirle a Bustamante, lo que decía Carlos Alberto Madrazo Becerra: ``tonto es el que piensa que el pueblo es tonto''. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Francisco Sánchez. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Compañeras y compañeros diputados. Las elecciones en Tabasco nos plantean un problema de fondo sobre la renovación de los poderes en nuestro país. ¿Vamos a fortalecer los procesos democráticos respetando las reglas de la civilidad o vamos a dirimir los cambios de gobierno a base de prácticas caciquiles?

¿La práctica del reparto de dádivas y la compra del voto van a tender a incrementarse para conquistar y coptar la voluntad ciudadana o vamos a avanzar hacia procesos electorales que respeten la libertad popular, a la par que sean más transparentes? ¿Vamos a utilizar el poder para perseguir a nuestros adversarios políticos y pasar la factura de anteriores disputas políticas?

Por ejemplo, al secretario general de Convergencia y a su esposa, junto con otros convergentes y compañeros perredistas, les dictaron orden de presentación. En el caso de Pedro Jiménez León es simplemente una venganza política, ¿así nos vamos a manejar? ¿Vamos a crear condiciones para que los procesos electorales establezcan las bases para la transmisión pacífica del poder o para que los estados y municipios se polaricen social y políticamente y vivan en la confrontación y el conflicto?

¿Vamos a propiciar que los procesos electorales se conviertan en un elemento más de disputa entre los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado de la República? ¿Vamos a mejorar el sistema electoral en su conjunto o vamos a conspirar para que se erosione y se degrade, para que se envenene la lucha política en nuestro país?

Compañeras y compañeros diputados, las elecciones en Tabasco pueden significar un punto de inflexión en la vida política electoral del país. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Al desenvolvimiento de la vida política nacional, a los acuerdos políticos o vamos a optar por el México bronco, por el regreso a prácticas que ya considerábamos que habían sido superadas en este país? ¿Vamos apostarle, compañeros, a la incivilidad permanente, a la confrontación, a que llevemos las cosas al extremo?

Es claro que tenemos visiones no sólo diferentes sino antagónicas de proyecto de país. Es evidente que las desavenencias políticas han llegado demasiado lejos y ---como señalaba--- Tabasco puede significar un punto de inflexión.

¿Vamos a profundizar las diferencias hasta que se fracture el país o vamos a provocar una reflexión seria, concienzuda, con ánimo abierto que permita buscar los acuerdos que requiere la solución de los problemas nacionales? Ustedes, compañeras y compañeros diputados, tienen la palabra. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Cuauhtémoc Velasco. Tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: les dirijo estas palabras quizá para poner orden a mis recuerdos y para confesar que estoy muy asustada. Tengo miedo por el rumbo que está tomando mi país, mi patria tan amada.

El fin de semana en el estado de Tabasco vi grupos de mujeres vigiladas y estimuladas por un hombre con pulsera verde y con camiseta verde. Ellas estaban organizadas y en sus ropas, en sus facciones, en su piel maltratada, develaban su pobreza material. Nos gritaban: ``fuera los chilangos, nos producen urticaria'', ``aquí no queremos a los chilangos, sólo provocan desorden''; ``la gente es dueña de la casilla''. ``Nos vale madre que el presidente de la casilla no haya pedido la fuerza pública, fuimos nosotros los que la pedimos''.

Todo esto porque unas diputadas y un representante del CEN del PRD preguntamos: ¿quién solicitó la presencia de las fuerzas del orden a las que por ley, sólo puede convocar el presidente de la casilla? Nos dijeron que habían llegado porque detuvieron un hombre armado; tenía una resortera.

Al grito de ``pinches chilangos'', nos empujaron y nos dieron algunos golpes en la espalda. A mí me rompieron la blusa. Nos sacaron a la fuerza violando los más elementales derechos humanos y constitucionales. Yo les decía: ``estoy en México, soy mexicana''. Y ellos contestaban: ``Es Tabasco, somos dueños de Tabasco; fuera chilangos''.

Los miembros de la fuerza pública nunca se movieron, no defendieron a las agredidas y al agredido de las agresoras, sólo sonreían. Viví la más absurda, inconcebible expresión de xenofobia en mi propio país, ¿quién la provocó, quién la hizo emerger, quién hizo emerger lo más primitivo del alma humana? Me pregunto yo ¿fue la cultura, la falta de educación?

En otra casilla había un hombre fornido también y también recibimos insultos y agresiones. Yo creo que quien provocó esto fueron los que llaman los poderes fácticos, los poderes de hecho, los que no son poderes constitucionales, los poderes del dinero, los que más dinero ganan cuando tienen un gobierno a modo, que les condona impuestos, les regala tierras, les facilita el modo de contratar fuerza de trabajo barata y sin seguridad social, y que luego pueden utilizar como carne de cañón.

Unen dos crímenes en uno, maltratan el cuerpo y maltratan el alma, la conciencia, enajenan el cuerpo y las mentes de los más débiles, de los que a ojos vistas no saben que la patria es una, impecable y diamantina. No saben que las y los mexicanos tenemos derecho constitucional de libre tránsito, que la patria es norte y sur, que es rica y generosa, que es una patria para todos.

Quienes así exacerban la xenofobia contra hermanos mexicanos debieran saber que están dejando libre al tigre dormido, al México bronco. A corto plazo veremos los resultados, a corto plazo veremos los resultados, por eso tengo miedo por mi patria.

El capítulo primero de la Constitución General de la República dice: ``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.

Esos derechos se vieron obstaculizados por una constante afluencia de rondines de la fuerza pública, de gente de seguridad que estaban armados, que estaban intimidando. No fui testigo de ningún otro elemento organizado que pudiera reprimir y, eso, se los puedo jurar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aurora Cervantes. Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, señor Presidente. Yo tampoco soy de Tabasco, pero me duele mucho lo que les pasa a los compañeros y compañeras diputadas de todas las fracciones que están aquí representadas.

Recordemos bien, tengamos historia, acordémonos de lo que pasó a compañeras y compañeros diputados de la anterior Legislatura: también fueron reprimidos. El domingo les tocó a algunas compañeras diputadas. Si se fijan, fundamentalmente fueron mujeres. A eso ha llegado esta situación tan crítica de los cacicazgos en nuestro país.

Debemos de reflexionar con mucha sensatez, pero también con sensibilidad. El problema que se presentó el domingo tiene que hacernos ver qué es lo que puede pasar en próximas elecciones que se puedan dar en los estados de la República. Debemos de prevenir lo que se pueda dar en los 10 próximos procesos electorales que tenemos a la puerta y no permitamos que este poder, este poder instituido sea violado. Lo que pasó el día domingo tiene que ser revisado de manera exhaustiva por esta Cámara.

Por eso yo les digo y les pido a los compañeros y compañeras de Acción Nacional, del mismo PRI y de los demás partidos, que a la brevedad integremos esta Comisión y que esta Comisión dé resultados favorables para que no vuelva a ocurrir esta situación en ningún proceso electoral que siga de aquí en adelante.

Se violaron los derechos humanos. No estamos hablando de los resultados y las mapacherías que se hicieron allá en Tabasco; estamos hablando de elementos fundamentales de la vida y de la convivencia que se rompieron en el estado de Tabasco.

Yo les pido pues, a todos ustedes, que reflexionemos, cambiemos esa posición que se marcó al inicio y que de manera unánime digamos que se lleve a cabo la formación de esta comisión y que de inmediato presentemos resultados por el bien, no nada más de las mujeres y compañeras diputadas; también por el bien de México, por el bien de todos nosotros. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Muchas gracias, ciudadano Presidente, sólo para hacerle una petición. En virtud de que usted ha asumido su responsabilidad constitucional de velar por el fuero de las y los ciudadanos diputados; en virtud también de que nuestros compañeros y compañeras vejadas van a presentar a la brevedad su testimonio. Le rogaría que para la próxima sesión ordinaria nos informara en qué tiempo podría concluir las averiguaciones que usted pudiera realizar para precisamente velar por el fuero de nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Juan Guerra. Habré de informar la próxima sesión los trámites que haga esta Presidencia. Túrnese el asunto presentado por el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, a la Junta de Coordinación Política.

IMPORTACION DE FRUCTUOSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe a esta soberanía sobre el acuerdo paralelo al Tratado de Libre Comercio.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, el 30 de septiembre de 2005la Secretaría de Economíapublicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica el diverso que establece los criterios para otorgar permisos previos a las importaciones definitivas de fructuosa originaria de los Estados Unidos de América.

Dicho acuerdo, estableció que en virtud de que los Estados Unidos otorgaron acceso a su territorio a 250 mil toneladas métricas de azúcar originarias de México, se decidió otorgar un acceso recíproco a las importaciones de fructosa provenientes de ese país. Esto mereció el reclamo de la industria azucarera nacional por tratarse de una decisión unilateral que agravó la situación de excedentes de azúcar y colocó a nuestro país en franca desventaja ante los Estados Unidos.

En 2001, el Senado desconoció el valor legal de las cartas paralelas Serra Puche-Kantor, por modificar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio a cuyo amparo se pretendía favorecer a los importadores y productores de jarabe de maíz rico en fructuosa.

Este año el gobierno federal ha autorizado la importación de 267 mil 606 toneladas de azúcar, suficientes para distorsionar los precios y sobre ofertar el mercado doméstico. Según sus declaraciones, con esta medida pretenden bajar hasta en un 25 por ciento el precio del azúcar.

Los cupos los otorgaron a confiteros, refresqueros y comercializadores. En paralelo, el fideicomiso comercializador Fico, encargado de vender el azúcar de los ingenios expropiados, fija precio preferencial a los embotelladores y realiza subastas desleales de azúcar con el propósito de bajar su precio.

Como si fuera poco, el jueves 5 de octubre, se publica en el Diario Oficial acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria ésta de los Estados Unidos y sus criterios, en el cual permiten la importación de hasta 500 mil toneladas de azúcar hasta el 31 de diciembre del 2007. Todo mediante permisos previos otorgados por la Secretaría de Economía. Dicho acuerdo admite indirectamente que los refinadores de maíz de los Estados Unidos son los verdaderos beneficiarios del mismo.

En los considerandos, el Ejecutivo federal admite lo siguiente: Que existe una disputa entre México y Estados Unidos debido al incumplimiento de este último, de las obligaciones contraidas en el TLCAN respecto del acceso a su mercado del azúcar mexicana. Que por tal motivo, México entabló una controversia conforme a los términos del TLCAN sin embargo la disputa no ha sido resuelta entre otras cosas porque no obstante que México solicitó en el panel, al amparo del capítulo vigésimo del TLCAN, habiendo satisfecho todos los requisitos previos en el mismo, los Estados Unidos se han negado a designar panelistas, según lo dispone el propio acuerdo comercial.

En este contexto, el pasado 27 de julio, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que establece ciertas condiciones para el comercio bilateral de edulcorantes que contribuirá a facilitar la transición de libre comercio a partir del primero de enero de 2008.

Pero también reconoce que la disputa mencionada continúa sin resolverse; que entre los acuerdos alcanzados se prevé el otorgamiento por parte de México de un tratado libre de arancel para 250 mil toneladas métricas de fructosa originaria de los Estados Unidos durante el año comercial que inicia el primero de octubre de 2006 y los primeros tres meses del año comercial que inicia el primero de octubre de 2007, respectivamente, que requiera implementarse.

De lo anterior se presume la existencia de nuevas cartas paralelas que la Secretaría de Economía tiene que explicar con pleno detalle puesto que ello significa desconocer los acuerdos del Senado y los términos del propio TLCAN.

Por otro lado el acuerdo que fija cupos a la fructosa es omiso respecto de los cupos que el mercado de los Estados Unidos recibirá de azúcar mexicana. Es por ello que en relación con todo lo anterior proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe detallado a esta soberanía de los aspectos relativos al acuerdo paralelo del TLCAN, del Gobierno mexicano con el Gobierno de los Estados Unidos, que originó la medida tomada por esa dependencia, mediante el cual se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria de los Estados Unidos y sus criterios para importar 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca, del primero de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007. Y hasta 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca del primero de octubre al 31 de diciembre de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 5 de octubre del año en curso. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el secretario de Economía rinda a esta soberanía un informe sobre el acuerdo paralelo al TLCAN, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Pedro Montalvo Gómez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

El 30 de septiembre de 2005, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica el diverso que establece los criterios para otorgar permisos previos a las importaciones definitivas de fructosa originarias de los Estados Unidos de América.

Dicho acuerdo estableció que en virtud de que los Estados Unidos otorgaron acceso a su territorio a 250 mil toneladas métricas de azúcar originarias de México, se decidió otorgar un acceso recíproco a las importaciones de fructosa proveniente de ése país.

Esto mereció el reclamo de la industria azucarera nacional por tratarse de una decisión unilateral que agravó la situación de excedentes de azúcar y colocó a nuestro país en franca desventaja ante los Estados Unidos.

En 2001, el Senado desconoció el valor legal de las cartas paralelas Serra Puche-Kantor por modificar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, a cuyo amparo se pretendía favorecer a los importadores y productores de jarabe de maíz rico en fructosa.

Este año, el gobierno federal ha autorizado la importación de 267 mil 606 toneladas de azúcar, suficientes para distorsionar los precios y sobre ofertar el mercado doméstico. Según sus declaraciones, con estas medidas pretenden bajar hasta en un 25 por ciento el precio del azúcar. Los cupos los otorgaron a confiteros, refresqueros y comercializadores como Cargill.

En paralelo, el Fideicomiso Comercializador (Fico), encargado de vender el azúcar de los ingenios expropiados, fija precios preferenciales a los embotelladores y realiza subastas desleales de azúcar con el propósito de bajar su precio.

Como si fuera poco, el jueves 5 de octubre, se publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria de los Estados Unidos y sus criterios, en el cual permiten la importación de hasta 500 mil toneladas de azúcar hasta el 31 de diciembre de 2007, todo mediante permisos previos otorgados por la Secretaría de Economía. Dicho acuerdo admite indirectamente que los refinadores de maíz de los Estados Unidos son los verdaderos beneficiarios del mismo.

En los considerandos, el Ejecutivo federal admite lo siguiente:

Que existe una disputa entre México y los Estados Unidos debido al incumplimiento de este último de las obligaciones contraídas en el TLCAN respecto del acceso a su mercado del azúcar mexicano.

Que por tal motivo México entabló una controversia conforme los términos del TLCAN. Sin embargo, la disputa no ha sido resuelta, entre otras cosas, porque, no obstante que México solicitó el panel al amparo del Capítulo XX del TLCAN, habiendo satisfecho todos los requisitos previstos en el mismo, los Estados Unidos se han negado a designar panelista, según lo dispone el propio acuerdo comercial.

Que en este contexto, el pasado 27 de julio los gobiernos de México y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo que establece ciertas condiciones para el comercio bilateral de edulcorantes que contribuirá a facilitar la transición al libre comercio a partir del 1 de enero de 2008, pero también reconoce que la disputa mencionada continúa sin resolverse.

Que entre los acuerdos alcanzados, se prevé el otorgamiento por parte de México de un trato libre de arancel para 250 mil toneladas métricas (base seca) de fructosa originaria de los Estados Unidos durante el año comercial que inicia el 1 de octubre de 2006 y los primeros tres meses del año comercial que inicia el 1 de octubre de 2007, respectivamente, que requiere implantarse.

Que corresponde a la Secretaría de Economía garantizar que los criterios y requisitos para otorgar permisos previos, basados en los principios de transparencia, certidumbre, mejora regulatoria y simplificación, serán correctamente aplicados.

De lo anterior se presume la existencia de nuevas cartas paralelas que la Secretaría de Economía tiene que explicar con pleno detalle, puesto que ello significa desconocer los acuerdos del Senado y los términos del propio TLCAN. Por otro lado, el acuerdo que fija cupos a la fructosa es omiso respecto de los cupos que el mercado de los Estados Unidos recibirá de azúcar mexicana.

De no existir reciprocidad el problema se agravará para los productores nacionales de azúcar y de maíz, pues toda la oferta de agricultura por contrato para producir fructosa que le ofrecieron, se desploma con este tipo de acuerdos.

En total se habla de 500 mil toneladas de fructosa que sustituirán a otras tantas de azúcar. Y si a éstas le sumamos el cupo de importaciones por más de 267 mil toneladas, el gobierno está mandando un mensaje al mercado de reducir el consumo doméstico del azúcar mexicana en 767 mil toneladas.

La Secretaría de Economía tiene que explicar si con esta medida se pretende bajar los precios del mayoreo en un 25 por ciento, dado que el conjunto de acciones gubernamentales parecieran buscar tal propósito; por otro lado, requiere explicar satisfactoriamente qué impacto van a tener en los ingenios, en los precios al consumidor final y en la tonelada de caña de azúcar todas estas disposiciones.

Es por ello, que en relación a todo lo anterior propongo a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe detallado a esta soberanía de los aspectos relativos al Acuerdo Paralelo al TLCAN del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos que originó la medida tomada por esa dependencia, mediante la cual se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria de los Estados Unidos y sus criterios para importar 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007, y hasta 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, publicada en el Diario Oficial del día 5 de octubre del año en curso.

Congreso de la Unión. a 12 de octubre de 2006.--- Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Túrnese a la Comisión de Economía.

EX TRABAJADORES MIGRANTES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de 2007 se incluya una partida destinada para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya una partida destinada a cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo donde solicita la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 de una partida especial por 20 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, destinada a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migratorios del estado de Aguascalientes, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Un justo reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos en los años que van de 1942 a 1964 es recuperar para ellos o sus familias parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural).

Con la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, se abrió la expectativa para que las decenas de miles de ex trabajadores migrantes contaran con un apoyo social que resarciera parte de lo que legítimamente les corresponde.

Sin embargo, de esa fecha al día de hoy, de los casi 223 mil ex trabajadores migratorios registrados en la Secretaría de Gobernación sólo han tenido acceso al apoyo social alrededor de 14 mil 800, apenas 6.4 por ciento.

En el caso de Aguascalientes, de un padrón de 505 ex trabajadores, alrededor de 280 han sido apoyados.

Una de las razones por las que --se presume-- muchos no han sido atendidos es el exceso de burocratismo, tramitación y papeleo de que son objeto. Simplificarlo fue abordado por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados a través de la aprobación de la iniciativa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y que se encuentra como minuta en el Senado de la República. Diputados de la LX legislatura del PRI hemos hecho una solicitud respetuosa a nuestras compañeras y compañeros senadores en el sentido de agilizar los trámites legislativos de la minuta en cuestión, su discusión en comisiones y su eventual aprobación.

En ese sentido, es importante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que esta Cámara aprobará para el ejercicio fiscal de 2007 se cuente con recursos para atender la demanda de los ex trabajadores migrantes, entre ellos los del estado de Aguascalientes.

Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2007 una partida especial por 20 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, a fin de destinarla a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 19 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos pendientes de esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a 15:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 19 de octubre a las 11:00 horas y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 27 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 375 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 449 diputados.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Políticaaprobados: 2.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 5.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 39.PAN-4, PRD-11, PRI-16, PVEM-2, Convergencia-2, PT-2, Nueva Alianza-1 Alternativa-1.
• Se recibió:
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa que realizará sesión ordinaria los días lunes 30 y martes 31 de octubre de 2006;
• 2 oficios de los Congresos de los estados de Sonora y Tamaulipas;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativo al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes a septiembre de 2006;
• 8 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM,
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 y se adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Ley General de Salud: 37
• Alcaraz Hernández, Alma Edwviges(PAN) Auditoría Superior de la Federación: 88
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 66
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Tabasco: 104
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 35
• Beltrán Montes, Israel(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2006: 47
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Estado de Tabasco: 100
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Estado de Tabasco: 103
• Chaurand Arzate, Carlos(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 85
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros - Ley del Banco de México: 71
• Flores Salazar, Guadalupe Socorro(PRD) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 29
• García Noriega, María Guadalupe Josefina(PVEM) Ley General de Vida Silvestre: 43
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Estado de Tabasco: 104
• Guerrero Rubio, Pilar(PVEM) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 32
• Herrera Ale, Juana Leticia(PRI) Ley General de Salud: 37
• Ibarra Franquez, SoniaNohelia (PRD) Estado de Tabasco: 95
• Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando(PRI) Estado de Tabasco: 98, 99
• López Silva, Rubí Laura(PAN) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 30
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 35
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ex trabajadores migrantes: 107
• Mendívil Amparán, Gustavo Ildefonso(PRI) Artículo 115 constitucional: 63
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Importación de fructuosa: 104
• Olivares Ventura, Héctor Hugo(PRI) Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: 58
• Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz(PRI) Estado de Tabasco: 95
• Pulido Pecero, Pedro(PAN) Estado de Veracruz: 91
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Estado de Tabasco: 96
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley Federal de Telecomunicaciones: 49
• Romero Guzmán, Rosa Elia(PT) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 34
• Ruiz Chávez, Sara Latife(PRI) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 31
• Sánchez Cabrales, Rafael Elías(PRD) Estado de Tabasco: 92, 98, 99
• Sánchez Ramos, Francisco(PRD) Estado de Tabasco: 101
• Santos Arreola, Francisco Javier(PRD) Estado de Tabasco: 97
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Derechos civiles y políticos de la mujer mexicana: 33
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Código Penal Federal: 75
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Estado de Tabasco: 102
• Zazueta Aguilar, Jesús Humberto(PRD) Estado de Tabasco: 96, 99

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	CÉDULA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	INASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	CÉDULA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	OFICIAL COMISIÓN
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	CÉDULA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	OFICIAL COMISIÓN
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
130 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
131 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
132 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	INASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Noriega Blanco Vigil María Elena s	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	INASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	INASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 195
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	CÉDULA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	CÉDULA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	CÉDULA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	CÉDULA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	PERMISO MESA DIRECTIVA
29 De la Rosa García Juan Hugo	CÉDULA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	CÉDULA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	CÉDULA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	CÉDULA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	CÉDULA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	CÉDULA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	CÉDULA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	CÉDULA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	OFICIAL COMISIÓN
72 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
73 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
74 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
75 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
76 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
77 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
78 Morales Sánchez Efraín	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
80 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
81 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
82 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
83 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
84 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
85 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
86 Ortega Martínez Antonio	CÉDULA
87 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
88 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
89 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
90 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
91 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
92 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
93 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
94 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
95 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
96 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
97 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
98 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
99 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
100 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
101 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
102 Sánchez Barrios Carlos	CÉDULA
103 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
104 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
106 Sánchez Jiménez V. Luis	CÉDULA
107 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
108 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	CÉDULA
109 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
110 Solares Chávez Miguel Ángel	CÉDULA
111 Soriano Sánchez Rosa Elva	CÉDULA
112 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
113 Soto Sánchez Antonio	CÉDULA
114 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
115 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
116 Torres García Daniel	ASISTENCIA
117 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
118 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
119 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
120 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
121 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
122 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
123 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
126 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 104
Asistencias por cédula: 19
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	OFICIAL COMISIÓN
12 Barajas López Ramón	OFICIAL COMISIÓN
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	OFICIAL COMISIÓN
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	CÉDULA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	INASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	INASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	OFICIAL COMISIÓN
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 96
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 5
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	OFICIAL COMISIÓN
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	CÉDULA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	OFICIAL COMISIÓN
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	CÉDULA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Castaño Contreras Cristián
2 García Vivián Raúl
3 Medina Rodríguez Delber
4 Morales Ramos José Nicolás
5 Rodríguez Uresti Enrique
6 Solano Muñoz José de Jesús
Faltas por grupo: 6

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Gebhardt Garduza Yary del Carmen
2 Pinete Vargas María del Carmen
Faltas por grupo: 2

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
Faltas por grupo: 1