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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 356 diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día; los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 19 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Guerrero, cuatro.

De la Cámara de Senadores.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Para que el procurador general de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. (Votación)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Pilar Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Constituyentes de Apatzingán'', a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Rosas Aispuro Torres y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo de la región sur-sureste de México, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre para Villa Corregidora, Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar a una pronta recuperación de la población afectada, por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía a fin de rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México para que no sustituya la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos en la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal de 2007 consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre los capítulos agropecuario y relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de la LX Legislatura que, en cumplimiento de la normatividad vigente, se abstengan de fumar en el honorable recinto, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para que enfrente su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública realice una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT, Cofemer, CFC y Banco de México rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos que corresponden conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP libere los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, del fondo de apoyo a proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo, seco y el acopio y comercialización del café, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sur-sureste, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes se dictamine y, en consecuencia, se publique el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate y la prevención de las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la promoción y rescate de las lenguas indígenas y fomento de la lectura, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 la distribución de los recursos sea en forma equitativa a todos los estados del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se otorgue el estímulo fiscal que se indica, a cargo del diputado Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que integre una comisión plural que se encargue de realizar una investigación sobre el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio del Mulegé, Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las autoridades competentes intervengan en el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, de Guerrero Negro, y los pobladores de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez, a cargo del diputado Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea y se da continuidad a la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex y a la Sener un informe detallado de las investigaciones en torno del accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México a cumplir la recomendación número 38/2006, relativa a los hechos de violencia ocurridos el pasado mes de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, México, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar; y a la SCJN, a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado José Amado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climáticos extremos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios a fin de realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis, discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales y a los ayuntamientos de la república destinen recursos públicos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecisiete de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes diecisiete de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa que realizará sesión ordinaria los días lunes treinta y martes treinta y uno de octubre de dos mil seis. De enterado.

Oficios con puntos de acuerdo de los Congresos de los estados de:

Sonora, por el que solicita la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, de al menos ocho por ciento del producto interno bruto del país en el rubro de educación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Tamaulipas, por el que solicita se dé cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de mil novecientos cuarenta y cuatro. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

Proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la adición de las comisiones de Cultura y de Ciencia y Tecnología a la Comparencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra. En votación económica, la asamblea lo aprueba.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativo al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes a septiembre de dos mil seis, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

Para hablar sobre el quincuagésimo tercer aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer mexicana, se les concede la palabra a las diputadas:

Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

A las once horas con treinta y ocho minutos se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y nueve diputadas y diputados.

Rubí Laura López Silva, del Partido Acción Nacional; Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza y Aida Marina Arvizu Rivas, de Alternativa.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Salud.

Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y nueve y cincuenta y uno de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Israel Beltrán Montes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil seis. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Héctor Hugo Olivares Ventura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cinco, seis, y cincuenta y seis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y cinco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos siete de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y cuarenta y seis de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de diputados que participará en la décimo cuarta Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de Ottawa Canadá del veintitrés al veintisiete de octubre de dos mil seis. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen a discusión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al dictamen y para fundamentarlo a nombre de la comisión, se le concede la palabra al diputado Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una adición de dos artículos transitorios, que la asamblea admite en votación económica. Con un resultado de cuatrocientos cuarenta y dos votos en pro, uno en contra y dos abstenciones, la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Senado de la República para los efectos del inciso a) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, proporcione la estadística de los aportes realizados por el Gobierno Federal a las Entidades Federativas en el periodo de dos mil a dos mil seis, por todo concepto y los resultados de las revisiones efectuadas por la misma. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Pedro Pulido Pecero, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implanten los mecanismos adecuados para actualizar el Padrón de Residentes Exentos del Pago de Peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Transportes.

Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como la dirigencia de dicho partido por parte de las autoridades locales del estado de Tabasco. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. La Presidencia informa que los grupos parlamentarios llevarán a cabo un debate pactado, sin entrar a la discusión de fondo de la proposición y que en cumplimiento por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de la Sexagésima Legislatura. Se les concede la palabra a los diputados: Sonia Noelia Ibarra Franquez, del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Partido Revolucionario Institucional; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Partido de la Revolución Democrática. Para rectificación de hechos, se les concede la palabra a los diputados: Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Enrique Benítez Ojeda, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Sánchez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia; Aurora Cervantes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo. Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, hace un pedimento con relación a la proposición y la Presidencia señala que en su momento otorgará la petición. Se turna la proposición a la Junta de Coordinación Política.

Pedro Montalvo Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, para que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe a esta Soberanía sobre el Acuerdo Paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Economía.

Se recibe de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil siete, se incluya una partida destinada a cubrir el apoyo social de los extrabajadores migrantes del estado de Aguascalientes. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves diecinueve de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría. Permítame, secretaria. Sonido a la curul del diputado Juan Guerra.

ORDEN DEL DIA

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Gracias, ciudadano Presidente: como el acuerdo parlamentario que tenemos para integrar el orden del día establece que la Junta de Gobierno es la encargada de aprobar los puntos que vienen a discusión, y el día de ayer, lamentablemente, no pude entregarlo a tiempo para la junta de gobierno; pero, además, como el acuerdo también da pauta para que el Pleno pueda incorporar un punto de acuerdo, inscribir un punto de acuerdo, le solicito que ponga a consideración del Pleno si es de incorporarse la proposición con punto de acuerdo relativo a las declaraciones que ha habido sobre los cuarenta y tantos mil millones de pesos para el magisterio. Además, la junta de gobierno tiene ya todo el punto de acuerdo debidamente documentado. El asunto sería la solicitud, y pido también a todos los grupos que simple y sencillamente se inscriba al final del orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le recuerdo, señor diputado, que, por acuerdo aprobado en esta Cámara, sí se puede incorporar en el orden del día si cuenta con el consenso de los coordinadores. Yo le pediría que en el transcurso de estos minutos se pueda poner de acuerdo con los coordinadores y, si nos lo solicitan, incorporamos con mucho gusto el asunto que usted plantea.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Sí, es verdad que una condición es el apoyo de los coordinadores, pero el mismo punto cuatro establece: ``...o, en su caso, por aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados'', por eso estaba solicitando la aprobación del Pleno; es el punto cuatro de este acuerdo parlamentario.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que dé lectura al artículo 20 del acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Artículo 20. Sólo por resolución del Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También le recuerdo que en el artículo 5o. se puede modificar el orden del día cambiando un asunto por otro, que probablemente es a lo que usted se refiere. Pido a la Secretaría que lea también lo que solicita el diputado Juan Guerra, el artículo 4.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Artículo 4. Para la oportuna incorporación de un asunto, la diputada o diputado que requiera que se incluya en el orden del día una iniciativa, proposición con punto de acuerdo o excitativa, punto en la agenda política o efeméride, hará llegar la solicitud al coordinador de su grupo parlamentario o directamente a la Junta de Coordinación Política, si carece de él, para que se presente en la reunión de la Junta en la que se trate lo relacionado con el orden del día de la sesión para la que se solicita que el asunto sea incorporado. Después de esta reunión no se podrá agendar ninguna solicitud, salvo acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del Pleno.

Una vez acordados los asuntos, la Junta de Coordinación Política los remitirá a la Mesa Directiva. Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición deberá anexarse, en versión electrónica, el documento, señalando el nombre y la firma de la diputada o diputado que la suscribe y el trámite que solicita.

Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de urgente u obvia resolución, así deberá señalarse expresamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado? Yo le pediría que haga esta negociación con los coordinadores; si así nos lo solicitan en el transcurso de la sesión, con mucho gusto lo incluimos.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Muchas gracias, ciudadano Presidente. En su caso, también le voy a aceptar que sea por esa vía o por la vía de que lo sustituyamos por otro punto de acuerdo; gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pero siempre y cuando estuviera inscrito, diputado. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo transitorio, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades, asigne una partida presupuestal de por lo menos 40 millones de pesos, para construcción y ampliación del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. Aprobado en sesión celebrada el día jueves 21 de septiembre del año en curso.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 21 de septiembre de 2006.--- Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, los Ciudadanos diputados Ramiro Solario Almazán y María de Lourdes Ramírez Terán, presentaron una propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades, asigne una partida presupuestal de por lo menos 40 millones de pesos, para la construcción y ampliación del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, en los siguientes términos:

Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 en el rubro Comunicaciones y Transportes programa Región sur sureste y Plan Puebla Panamá destinó una inversión de 586 millones de pesos para Guerrero.Que de los 586 millones aprobados para Guerrero, el presupuesto asignado en 2005 para la ampliación de la calzada Pie de la Cuesta era de 40 millones de pesos, pero no se ejerció como estaba previsto como resultado del veto presidencial y de la ulterior controversia constitucional. Aun cuando debió haberse tomado en cuenta para el siguiente ejercicio presupuestal, esto es, para 2006, tanto al Poder Ejecutivo federal, como a la honorable Cámara de Diputados federal, se les ``olvidó'' incluir esta partida en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006.

Que la modernidad en las entidades del país se ha generado a través de la construcción de más y cada vez mejores vías de comunicación, entre las que destacan las carreteras federales; esto significa, que una de las rutas para que un pueblo salga del atraso social y económico, es construyendo carreteras estratégicas, como lo es en este caso la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.

Que el balneario de Pie de la Cuesta es uno de los principales activos turísticos de Guerrero, cuya puesta de sol es de fama mundial, en el cual se han establecido empresas que proporcionan trabajo a cientos de familias del lugar.

Que la calzada Pie de la Cuesta tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Costa Grande y como zona de inversión en los próximos años.

Que el proyecto de ampliar a cuatro carriles esta vía se justifica ampliamente, ya que la actual no permite la fluidez en el tránsito de vehículos locales, del transporte de pasajeros, del transporte de mercancías y sobre todo del traslado de turistas.

Que un factor determinante para la construcción y ampliación de este tramo carretero es su deterioro ostensible.

Con los antecedentes mencionados, los impactos negativos son evidentes, así como las pérdidas económicas de particulares, disminución en los niveles de calidad de vida de la población, y merma en los niveles de competitividad turística de la zona.

La zona poniente de Acapulco, el municipio que es el principal sustento en la vida económica de la entidad, ha estado abandonada por décadas, el crecimiento turístico y financiero ha despuntado en la zona opuesta, la conocida como zona Diamante; es momento de establecer bases mínimas para el desarrollo de la zona poniente, máxime que es un recurso que ya se había etiquetado para que se ejerciera en 2005.

Los legisladores locales, y en su oportunidad los legisladores federales cuando conozcan de este exhorto, deben de tomar en cuenta, que la zona poniente de Acapulco vive una convulsión social, producto de la exigencia unitaria de comisarios y delegados municipales, representantes de organizaciones sociales, de colonos, de los planteles educativos de la zona, de restauranteros, hoteleros, comerciantes y de ciudadanos, que indignados se han manifestado diariamente de diversas formas, reclamando la canalización de recursos para este tramo carretero, sintiéndose engañados y agraviados, porque desde 2005 se les había asegurado se realizaría esta obra tan importante, que facilitaría el acceso al balneario con la mejor puesta del sol del mundo y se constituiría como una puerta de entrada digna a la Costa Grande de Guerrero.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por los ciudadanos diputados Ramiro Solario Almazán y María de Lourdes Ramírez Terán.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Único.La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades, asigne una partida presupuestal de por lo menos 40 millones de pesos, para la construcción y ampliación del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos conducentes.

Tercero.Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en por lo menos dos periódicos de circulación local para su conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiún días de septiembre del año dos mil seis.--- Diputados: Fernado José Donoso Pérez (rúbrica) presidente; Rey Hernández García, (rúbrica); María Guadalupe Pérez Urbina (rúbrica) secretarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo primero, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta al honorable Congreso de la Unión, a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, a efecto de reorientar las prioridades de la obra pública y de la inversión, en el Presupuesto de Egresos 2007, y en el de los años siguientes, a fin de retomar el programa de Saneamiento integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco, como un asunto de alta prioridad. Aprobado en sesión celebrada el día jueves 21 de septiembre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 21 de septiembre de 2006.--- Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión, a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal, y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, a efecto de reorientar las prioridades de la obra pública y de la inversión, en el Presupuesto de Egresos 2007, y en el de los años siguientes, a fin de retomar el programa de Saneamiento Integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco, como un asunto de alta prioridad, en los siguientes términos:

Que el ambiente, más allá de su connotación jurídica debe entenderse como ``la síntesis de la evolución del concepto de ecosistema y nos hace referencia a la puesta en práctica del enfoque totalizante. Cuando se habla de medio ambiente, se habla del ecosistema más que del ser humano; no solamente se contemplan los factores físicos, sino que se hace también referencia a las relaciones interindividuales, intercomunidades, sociales, es decir, nos lleva a los análisis económico, político, social y cultural.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus dispositivos 4o., 25, 73, 115, entre otros, asume una política de defensa al medio ambiente y a la preservación de los ecosistemas, ya que la evolución inadecuada del equilibrio ecológico, ha ocasionado la degradación ambiental que pone en serio peligro a la presente y futuras generaciones, así como la sustentabilidad del propio proceso de desarrollo.

Que la protección al medio ambientes es una de las nuevas exigencias sociales que involucra y obliga a los tres órdenes de gobierno. Es por ello que la federación, las entidades federativas y los municipios deben asumir, en el marco del nuevo federalismo y bajo las condiciones que impone el régimen de facultades concurrentes que priva en esta materia, un papel protagónico en la gestión ambiental.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, siguiendo las recomendaciones que contra la contaminación ambiental se han girado por diversos organismos internacionales, estatuye en su artículo 4o., que ``La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales''.

Que las zonas costeras, tienen una gran importancia económica. Cada año, alrededor de 10.3 millones de mexicanos y 5 millones de extranjeros visitan las playas del país. Tan sólo para las vacaciones de verano se pronosticó una derrama económica de casi 18 mil millones de pesos. No obstante su valor económico, pero sobre todo ecológico, en los últimos años no se ha llevado a cabo una adecuada protección y conservación de este recurso natural. Incluso, se ha deteriorado de manera alarmante la calidad del agua de las playas de importantes centros turísticos.

Que el estado de Guerrero, es una de las entidades federativas con mayores carencias económicas y grado de marginalidad. El 80 por ciento de los recursos propios que dinamizan la economía estatal, los genera la actividad turística, mientras que el 20 por ciento restante el sector agrícola; lo que indiscutiblemente hace que nuestro destino económico y financiero dependa en gran medida del tratamiento que el gobierno otorgue al sector turístico.

Acapulco es conocido y reconocido internacionalmente como uno de los destinos turísticos por excelencia, por los atractivos naturales como La Quebrada o sus cálidas playas de la bahía de Santa Lucía, Caletilla, Caleta, La Roqueta, Hornos; TIacopanocha, Playa Suave, Carabali, El Morro, Condesa, Copacabana, Icacos, Puerto Marqués, Majahua, Revolcadero, Punta Diamante, entre otras, que no sólo han sido fuente de legendaria inspiración popular, cinematográfica y poética, sino una plaza financiera, donde los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, han contribuido a detonar la fama internacional que se ha ganado a pulso.

Que con la funesta presencia del huracán Paulina, en octubre de 1997, los esfuerzos gubernamentales se orientaron, por necesidad histórica y urgente, de manera frontal a la reconstrucción del puerto, que sufrió grandes estragos materiales, económicos, y la irreparable pérdida de cientos de vidas humanas, que dejaron un profundo dolor todavía aún difícil de superar. Sin embargo, es conveniente advertir, que hasta antes de esa fatídica tragedia, los tres órdenes de gobierno, impulsaban el programa de Saneamiento integral de Acapulco, que contemplaba, entre otras cosas, la construcción de redes de drenaje, plantas de tratamiento y demás, para abatir el déficit en la materia y con ello, garantizar la limpieza y sanidad de las aguas de la bahía y de sus cuerpos de agua, como la laguna de Tres Palos, de Puerto Marqués, Pie de la Cuesta, y los ríos de la Sabana, a fin de ofrecer al turismo y a los nativos la observancia de las normas oficiales mexicanas ecológicas que previenen y controlan la contaminación del agua.

Que desde ese entonces, hemos observado con tristeza e impotencia, como las autoridades encargadas tanto a nivel federal (secretarías de Turismo, Salud; SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA); el gobierno del estado y el ayuntamiento municipal de Acapulco, con un enorme desdén e insensibilidad, dejaron de afrontar y atender el grave problema de contaminación, sin destinar un solo peso de inversión para incidir en el saneamiento integral de Acapulco.

Que el programa integral de Playas Limpias, dependiente del Sistema Nacional de Información sobre la Calidad el Agua en Playas Mexicanas, señaló, en el análisis del mes de julio de este año, que la playa Caletilla presentaba un total de 9 mil 736 enterococos en 100 mililitros de agua, significando que al detectarse 500 enterococos, constituye ya un enorme riesgo. Con fecha 25 de julio del año en curso, en diversos medios informativos el actual secretario de Salud en Guerrero, doctor Luis Barrera Ríos, dio a conocer oficialmente los altos índices de contaminación de la playa de Caletilla.

Que estos anuncios significaron un duro golpe a la actividad turística y con ello, a la actividad económica de miles, sino es que de millones de guerrerenses, que viven directa o indirectamente del turismo, pues, Acapulco está empezando a vivir una de las peores crisis de su historia, resaltando en lo inmediato, la pasada temporada vacacional de verano que resultó una de las peores en los últimos años.

Que los funestos y demoledores anuncios de contaminación de la playa Caletilla, entre otras, no han sido acompañados de las acciones programáticas y financieras con las cuales se busque no sólo señalar el problema, sino empezar a trabajar decididamente en su solución.

Que el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en su reciente campaña presidencial, hizo, entre otros, el enfático compromiso de destinar los mayores recursos presupuestales para sanear de manera integral la bahía y cuerpos de agua de Acapulco.

Por lo anteriormente expuesto, la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, consciente de que el derecho a un ambiente sano, la limpieza del ecosistema, la pureza de nuestras playas, constituyen uno de los motores más importantes del desarrollo, y ante la creciente contaminación de las mismas, es de sobrada y urgente necesidad implantar las acciones, programas y destinar los recursos necesarios con los que se búsque resolver definitivamente este grave problema de salud pública y que el honorable Congreso de la Unión, y los gobiernos federal y del estado de Guerrero, estatal y municipal, a través de sus órganos responsables, instrumenten proyectos viables y a corto plazo, a fin de que las playas, lagunas y ríos del municipio de Acapulco y sus alrededores, sean objeto de un profundo tratamiento que permitan reposicionarla en una competitiva plaza turística, y se exterminen los altos grados de contaminación que actualmente le afectan.

En uso de la palabra el diputado Fernando José Ignacio Donoso Pérez, realizó una propuesta de adición con un artículo cuarto a la propuesta en desahogo, en los siguientes términos:

``...Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal dirija por escrito al Banco Mundial, a la Gerencia Sectorial Financiera, sector privado e infraestructura, Colombia y México, su interés por recibir cooperación técnica y económica para el problema particular sobre el saneamiento integral de la bahía y ríos, así como el alcantarillado del municipio de Acapulco''.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el ciudadano diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.

Acto seguido el Presidente de la Mesa Directiva, sometió para su aprobación la propuesta de adición presentada por el diputado Fernando José Ignacio Donoso Pérez, misma que fue aprobada por unanimidad de votos, instruyendo el Presidente que fuese agregada al contenido del acuerdo presentado por el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, decreta y expide el siguiente:

Acuerdo Parlamentario

Primero.Se exhorta al honorable Congreso de la Unión, a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; a efecto de reorientar las prioridades de la obra pública y de la inversión, en el Presupuesto de Egresos 2007, y en el de los años siguientes, a fin de retomar el programa de Saneamiento integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco, como un asunto de alta prioridad.

Segundo.Se exhorta a los titulares de la administración pública federal y estatal, para que instruyan, el primero, a través de su Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua (CNA), y el segundo, a través de su secretaría del ramo, retomar con carácter prioritario las acciones del programa de saneamiento integral de las playas, lagunas y los ríos de Acapulco.

Tercero.Se exhorta al honorable ayuntamiento municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que reoriente, por igual, la prioridad de su programación de obras e inversiones estimando como un asunto de la más alta prioridad presupuestal y programática el saneamiento integral de playas, lagunas y ríos de ese destino turístico.

Cuarto.Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal a que dirija por escrito al Banco Mundial, a la Gerencia Sectorial Financiera, sector privado e infraestructura, Colombia y México, su interés por recibir cooperación técnica y económica para el problema particular sobre el saneamiento integral de la bahía y ríos, así como el alcantarillado del municipio de Acapulco.

Transitorios

Artículo Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Artículo Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al honorable Congreso de la Unión a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Artículo Tercero.Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios de circulación estatal.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiún días de septiembre del año dos mil seis.--- Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente, Rey Hernández García (rúbrica), María Guadalupe Pérez Urbina (rúbrica), Secretarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que incluyan en sus presupuestos de egresos de 2007 la aplicación de recursos en el rubro de construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, y la inversión necesaria para pavimentar el tramo carretero que comunica Aratichangio-Zirándaro, en una longitud de 35 kilómetros, en Zirándaro de los Chávez, Guerrero, aprobado en sesión celebrada el martes 26 de septiembre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 28 de septiembre de 2006.--- Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2006, el ciudadano diputado José Luis Ramírez Mendoza presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al del estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que incluyan en sus presupuestos de egresos de 2007 la aplicación de recursos en el rubro de construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, y la inversión necesaria para pavimentar el tramo carretero que comunica Aratichangio-Zirándaro, en los siguientes términos:

``Que es del conocimiento público que Guerrero se encuentra en los últimos lugares del desarrollo socioeconómico a escala nacional, por sus altos índices de marginación, analfabetismo, desigualdad, pobreza, inseguridad y salud, lo que ha generado grandes problemas de desarrollo rural y urbano, careciendo además de una adecuada infraestructura carretera que comunique sus ciudades y poblaciones.

``Los discursos políticos de gobiernos anteriores han prometido invertir en los caminos y las carreteras; sin embargo, los resultados son desalentadores, pues no se ha llevado a cabo una adecuada coordinación entre los gobiernos federal y locales para realizar caminos y carreteras de calidad que puedan perdurar en buen estado, facilitando la comunicación que garantice la seguridad en el transporte; contrariamente a esto, podemos ver que muchas de nuestras carreteras y caminos se encuentran en malas condiciones, volviéndose intransitables, sobre todo en los periodos de lluvias, siendo más lamentable cuando las poblaciones tienen alto potencial de producción en diversos sectores primarios, como la agricultura, la ganadería, la pesca, las artesanías; pero dicha productividad se frena en su desarrollo económico por falta de buenas carreteras que permitan su transporte y comercialización; aunado a ello, el propio movimiento social que quiere resolver sus múltiples necesidades en diferentes puntos geográficos de la zona.

``Tal es el caso en particular de la comunidad de Aratichanguio, en Zirándaro de los Chávez, Guerrero, que en últimas fechas ha generado gran crecimiento demográfico, aportando gran parte de la producción en ganadería y agricultura a su municipio. Contrariamente a esto, cuenta con un camino de terracería de 35 kilómetros que la comunica con la cabecera municipal de Zirándaro, por lo que es fundamental solicitar a los gobiernos federal y estatal, así como al Congreso de la Unión, en las medidas de su competencia, que sea incluida en el Presupuesto de Egresos de 2007 la inversión necesaria para pavimentar dicho tramo carretero dentro de la aplicación de recursos que sean presupuestados en el rubro de construcción y modernización de carreteras, ya que con la realización de esta obra se verán beneficiadas de manera directa las comunidades de Alita, Ciriquicho, Catatemba, La Parota, El Crucero del Tamarindo, La Tasajera, El Cuitas, La Ordeña, La Hacienda Vieja, Cirizicuaro y Aratichanguio.

``Las comunidades que resultarán beneficiadas con esa obra la han solicitado de manera reiterada a gobiernos anteriores, ya que estamos conscientes de que la pavimentación de la carretera Aratichanguio-Zirándaro representa para la región de Tierra Caliente la realidad de ver cristalizado el desarrollo productivo sustentable, que en la actualidad se encuentra limitado por la marginación, las precariedades y los olvidos ancestrales.

``Hoy son tiempos de escribir desde todas las instancias de gobierno una nueva cultura política democrática, que agilice la participación responsable de todos, permitiendo la apertura al desarrollo y bienestar de nuestro estado, a la luz de la transición política que vivimos en Guerrero, convirtiendo en una realidad la aplicación de eficaces proyectos de desarrollo que resuelvan en mucho los anhelos de todos los guerrerenses.''

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el ciudadano diputado José Luis Ramírez Mendoza.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el honorable Congreso de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de Guerrero aprueba exhortar a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que incluyan en sus presupuestos de egresos de 2007 la aplicación de recursos en el rubro de construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, y la inversión necesaria para pavimentar el tramo carretero que comunica Aratichangio-Zirándaro, en una longitud de 35 kilómetros, en Zirándaro de los Chávez, Guerrero.

Segundo. Se exhorta al Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades constitucionales, incluya en los presupuestos de egresos que serán aprobados para el ejercicio fiscal de año 2007, en el estado de Guerrero y el municipio de Zirándaro de los Chávez, la pavimentación de la carretera que comunica al poblado de Aratichanguio con la cabecera municipal de Zirándaro de los Chávez, en una distancia de 35 kilómetros.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor el día de su expedición.

Segundo. Remítase el presente acuerdo parlamentario a las autoridades señaladas en el presente.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente; Rey Hernández García (rúbrica), secretario; Bertín Cabañas López (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, para efectos del examen, discusión y aprobación del siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, considere la posibilidad de incrementar hasta en 10 mil millones de pesos el monto de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del Ramo 33.

Aprobado en sesión celebrada el día martes 26 de septiembre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 28 de septiembre de 2006.--- Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y

Considerando

Que en sesión celebrada el día 21 de septiembre del 2006, los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, Ciencia y Tecnología, presentaron un dictamen con proyecto de acuerdo, bajo los siguientes términos:

Que en sesión de fecha 7 de abril de 2006, el Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero conoció la propuesta de punto de acuerdo parlamentario, que en uso de las facultades que le confieren los artículos 50, fracción II, y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 126, fracción II, 170, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, presentó la ciudadana diputada Jessica Eugenia García Rojas, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a fin de adecuar la distribución de los recursos de los ramos 25 y 33 destinados a la educación básica, a las entidades federativas con mayor rezago educativo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.

Que el licenciado José Luis Barroso Merlín, oficial mayor de éste honorable Congreso, en cumplimiento a la instrucción girada en la sesión de la misma fecha por la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó mediante oficio número OM/DPL/658/2006, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, Ciencia y Tecnología, la propuesta de referencia para el análisis, discusión y emisión del dictamen y proyecto de acuerdo respectivo.

Que la propuesta en comento, en sus considerandos, señala lo siguiente:

Primero. Una condición indiscutible para el bienestar social de la población es al acceso a la educación e impartirla es una función pública fundamental del Estado. La nación se ha distinguido por establecer, incluso antes que otras naciones, el derecho a la educación como garantía de la persona. El Constituyente previó ese derecho y los Congresos que forman el pacto federal han perfeccionado el marco legal que lo consagra y lo hace efectivo. Todo mexicano tiene derecho a recibir educación, sin distinción, ni discriminación alguna y el alcance en el ejercicio de este derecho se ha ampliado en el caso de la educación básica obligatoria, que imparte el Estado de manera gratuita, hasta comprender el nivel preescolar, en virtud de la reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde noviembre de 2002. Con ello, la federación, los estados y los municipios comparten la responsabilidad pública de impartir educación básica preescolar, primaria y secundaria, obligatoria y gratuita, además de promover y atender todos los tipos y las modalidades de educación.

De conformidad con nuestra Carta Magna, corresponde al Congreso de la Unión la responsabilidad de expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, y a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, así como establecer las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas y a quienes la infrinjan. El criterio fundamental que la Constitución señala al Congreso de la Unión es que tal responsabilidad debe dirigirse hacia el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República.

Segundo. El Plan Nacional de Desarrollo establece que la educación es el instrumento más adecuado para brindar a todo mexicano oportunidades de desarrollo personal y de elevar su calidad de vida, para superar la pobreza y la marginación, incrementando así el capital humano de la nación.

En el Programa Nacional de Educación, el Gobierno de la República otorga a la educación la más alta prioridad para el desarrollo del país y, en consecuencia, induce la asignación de recursos crecientes, acciones e instrumentos propicios para lograr un sistema educativo nacional de calidad. En congruencia con esa política pública de Estado y en cuya formulación ha contribuido, el Congreso de la Unión aprobó en diciembre del año 2002 el decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, con el propósito de que el monto anual que destine el Estado al gasto en educación pública y servicios educativos sea equivalente a, por lo menos, ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, de cuyo monto corresponderá por lo menos uno por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico de las instituciones públicas de Educación Superior. Para dar cumplimiento a esta disposición, en el artículo segundo transitorio del mismo decreto se establece que los presupuestos del Estado contemplarán un incremento gradual anual que permita alcanzar la meta establecida en el precepto, en el año 2007.

Tercero. Las decisiones que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión toma respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación tienen impacto directo sobre el alcance y la eficacia de los programas públicos de la entidades federativas, pues estas dependen cada vez en mayor medida de las participaciones y aportaciones federales, especialmente en el caso de programas prioritarios que son estratégicos para promover el bienestar social de la población. Para garantizar la aplicación de los instrumentos de política pública educativa de Estado, que con indeclinable compromiso han construido las asambleas legislativas del país, así como para hacer efectiva la ejecución de los programas y acciones concertadas entre la federación, los estados y los municipios, en beneficio de todos los mexicanos, el Congreso de la Unión considera que se requieren recursos públicos del orden de 32 mil 300 millones de pesos, de los que 10 mil millones corresponderían a educación básica, cuya inscripción escolar representa el 78 por ciento del total en el sistema educativo nacional.

Tal requerimiento se justifica, sobre todo, por los insuficientes incrementos en las participaciones y aportaciones federales destinados al sector educativo, cuya operación descentralizada ha correspondido con nuevos compromisos por parte de la federación, los estados y los municipios en materia de educación básica, acceso a este servicio público y apoyos para garantizar la eficiencia de los educandos, lo que depende en mayor medida del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y, en menor medida, del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), ambos correspondientes al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por su naturaleza y reglas de operación, tales fondos exigen de las entidades federativas la consecución y aplicación de recursos propios que los complementen, de manera que se puedan cubrir los requerimientos para satisfacer la demanda y cumplir con las metas programadas. El FAEB apenas crece 4.1 por ciento respecto del año anterior, mientras que los seis fondos restantes del Ramo 33 registran incrementos de mayor magnitud.

Cuarto. Esta situación no ocurre, en cambio, en el caso del Distrito Federal, pues esta entidad es favorecida mediante la propuesta de asignación de un monto de 27 mil millones de pesos, a través del Ramo 25, denominado ``Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica'', cuyo destino y ejercicio corresponde a la Subsecretaria de Servicios Educativos del Gobierno del Distrito Federal, en un contexto en que las previsiones económicas para el ejercicio y la demanda educativa prevista en la entidad, incluido el nivel preescolar, difícilmente justifica dicho monto, y que, en cambio, tendría un mayor impacto financiero y social en varias entidades del país, que padecen rezagos acumulados y demandas proporcionalmente de mayor magnitud y dimensión muy superior, como es el caso de Guerrero.

Las entidades federativas guardan entre sí, una enorme asimetría como resultado de la disparidad del desarrollo regional. Si la distribución de recursos presupuestarios guarda proporciones simétricas respecto de ejercicios anteriores, independientemente de la demanda nueva y la agregada que resulta del rezago acumulado, las entidades federativas del país se ven impedidas para atender y reducir las brechas que se generan cada año. Los rezagos de las entidades federativas distintas al Distrito Federal no se constriñen al sector educativo, comprende también rubros distintos como infraestructura básica, equipamiento urbano, de salud, en cobertura y calidad de prestación de los servicios públicos, que exigen urgente atención, y que en el caso de aquella entidad han sido atendidos con mayor cobertura y mejor calidad.

Así, no es posible comparar el esfuerzo educativo que debe hacer el gobierno de Guerrero, que, a la vez, enfrenta fuertes rezagos en campos distintos, respecto de otro gobierno en cuyo territorio la población goza de infraestructura básica suficiente, amplia consolidación urbana y niveles satisfactorios de cobertura y calidad de servicios públicos, en tanto que los rezagas sociales, la pobreza y la marginación social presenta niveles inferiores. Esas condiciones de ejercicio del gasto no son equiparables cuando, además, los recursos federales con que se apoya a estados y municipios deben ser obligadamente complementados con recursos propios, pues el mecanismo de las aportaciones federales así lo impone. No es el caso de los apoyos que recibe el sector educativo del Distrito Federal; mientras que Guerrero, estado con menor desarrollo económico que el Distrito Federal, las prioridades necesariamente se diversifican y compiten entre sí, lo que obliga a sacrificar recursos que deben ser destinados al sector educativo, recurrir a endeudamiento, soportar precisiones adicionales de financiamiento y posponer la meta para elevar la calidad de la educación básica, en cambio en el Distrito Federal, los márgenes de acción del gobierno se amplían, puesto que las prioridades se concentran, pudiéndose acometer metas de calidad antes que de cobertura.

De allí que sea evidente que a la necesidad de incrementar los recursos destinados a educación, debe corresponder una adecuada distribución y asignación del gasto federal descentralizado entre las entidades federativas. Sólo a partir de esta condición será posible que todos los órdenes de gobierno comprometan su mayor esfuerzo, en condiciones equitativas, para potenciar proporcionalmente los resultados y corregir las disparidades regionales del desarrollo nacional, y tener condiciones para lograr que los guerrerenses con menores oportunidades sean beneficiados a través del acceso a educación de calidad.

Quinto. Existe una inequitativa distribución de los recursos disponibles, según los rezagos acumulados, el crecimiento de la demanda y el nivel de marginación social y pobreza de cada entidad, que repercute en los logros de cobertura, especialmente en el nivel básico yen la educación para adultos. En efecto, con base en el estudio sobre los cambios en la marginación por entidad federativa, realizado por el Consejo Nacional de Población entre 1990 y 2000, cuyo principal indicador es la brecha que separa a las entidades respecto al Distrito Federal, entidad con menor grado en todo el país, sólo las entidades federativas que gozaban de mejores condiciones al iniciar esa década, pudieron reducir dicha brecha. Las diferencias regionales de la marginación se ampliaron durante los años noventa, debido a que el mayor grado de desarrollo social tendió a concentrarse en las entidades más avanzadas, en tanto que las entidades federativas más rezagadas avanzaron lentamente.

La reducción de la marginación social debe ser un esfuerzo sostenido, de allí que la inversión social en educación pueda contribuir a cerrar la brecha. Entidades federativas que durante los años noventa pudieron abatir dicho rezago pueden recibir un impulso mediante el aumento del gasto educativo, como es el caso de Guerrero, y así aliviar la tensión generada por el desarrollo desigual.

La consideración principal en esta propuesta reside en que se pueden solventar requerimientos adicionales para el sector educativo básico de Guerrero si se dispone de recursos asignados, comparativamente con exceso, al Distrito Federal. La dimensión de operación no justifica el monto de recursos asignados a esa entidad, toda vez que el sistema educativo está ampliamente consolidado y las previsiones económicas otorgadas mediante el gasto federal descentralizado le han sido incrementados en mucho mayor medida y no requiere invertir recursos adicionales de propias fuentes. El rezago educativo en el nivel escolar básico y en educación para adultos en el Distrito Federal no es equiparable con ninguna otra entidad federativa. El Distrito Federal es la entidad federativa con menor grado de marginación de todo el país.

Sexto. Conforme al gasto federal descentralizado, el crecimiento del Fondo de Aportaciones para Educación Básica es de 4.1 por ciento, en tanto el Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAEB) decrece en 1.3 por ciento; en cambio, el Ramo Previsiones y Aportaciones para Educación en el Distrito Federal aumenta en 3.9 por ciento, pero su monto equivale al total que reciben mediante el FAEB varias entidades federativas en conjunto. Con las restricciones de un presupuesto austero, por la insuficiencia de los ingresos fiscales, se sacrifica en mayor proporción a las entidades federativas que al Distrito Federal, entidad que por medio de las participaciones y las aportaciones federales mantiene, proporcionalmente, un nivel de gasto excedente para hacer frente a necesidades que, de manera comparativa y ponderada, tiene menor magnitud que en el resto de las entidades federativas del país. Una agravante de esta asimetría radica en que el monto de previsiones económicas para educación básica destinado al Distrito Federal los ejercerá el propio gobierno central, a través de la Subsecretaría de Servicios Educativos de esa entidad, como se estableció en el Ramo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2005, presentado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal.

Si se considera la evolución de las Participaciones y Aportaciones Federales a Estados y Municipios, se conforma esa situación comparativamente desfavorable, en términos de los desequilibrios regionales del desarrollo, a partir de los retos que en materia presupuestaria ha significado la descentralización de funciones sustantivas del Estado, tales como la educación. La proporción de las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos (Ramo 25) descendió dentro del gasto neto total y en términos per cápita, entre 1992 y 2003, como resultado de la descentralización de los recursos para educación. Actualmente, estos recursos se destinan al Distrito Federal. Por ejemplo en el año 2005, los 21 mil 392.7 millones de pesos que se destinan a este ramo incluyen 5 mil 126.9 millones para cubrir previsiones económicas, mismos que se distribuyen entre el propio Distrito Federal y las entidades federativas, en éstas a través de FAEB y FAETA.

El Distrito Federal se beneficia, además, de los recursos que la federación destina como Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Ramo 39) con el tercer monto más elevado del conjunto de entidades del país, después del estado de México y de Jalisco. Las aportaciones del Ramo 33, específicamente las correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, sin incluir las previsiones y aportaciones del Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación, revelan esta asimetría en la distribución de los recursos en función de los rezagos educativos acumulados y las mayores exigencias que enfrentan las entidades federativas con mayor grado de marginación, como son Guerrero, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, reciben en conjunto menos recursos para el sector educativo básico que el Distrito Federal, a pesar de que estas entidades se ubican entre los primeros doce lugares con mayor marginación.

La participación de Guerrero (4.41 por ciento), Puebla (3.9 por ciento), Yucatán (1.67 por ciento) y Zacatecas (1.89 por ciento), en conjunto, dentro de las distribución de las aportaciones para la educación básica y normal, recibida entre 1998 y 2005, es equivalente a la que obtiene el Distrito Federal (11.87 por ciento) por la vía de las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25), que recibe para atender el mismo rubro. Esas entidades federativas tienen altos índices de marginación, Guerrero y Puebla casi la misma población, en conjunto, que el DF, aunque reciben apenas poco más de la mitad de los recursos que se destinan a esa entidad para atender la educación básica.

La brecha es mayor, si se considera, además, el Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos, pues mientras que entidades con mayor rezago en la atención de este rubro como Guerrero, Puebla, Yucatán, Guanajuato y Tabasco, pues tienen alta proporción de población analfabeta, 21.6 por ciento, 14.6 por ciento, 12.3 por ciento, 11.9 por ciento y 9.7 por ciento del total de su respectiva población de 15 años o más, por debajo del aumento promedio nacional, y por supuesto se encontrará muy por abajo del Distrito Federal, donde la población analfabeta apenas llega a 2.9 por ciento.

Séptima. La distribución del gasto público en educación debe considerarse como prioridad; los requerimientos para corregir las necesidades regionales y para superar los rezagos sociales que padecemos en Guerrero, en el ámbito educativo, que es el instrumento más idóneo en el contexto actual del país para asegurar mayores niveles de bienestar y calidad de vida a la población.

De ahí la importancia de que los poderes Ejecutivo, Legislativo Federal y nosotros los legisladores de Guerrero, colaboremos para la mejora en la asignación del gasto público y la modernización del proceso presupuestario, a partir de criterios de racionalización y eficiencia presupuestaria, de manera que se garantice un ejercicio más eficaz y transparente del gasto. En consecuencia, el esfuerzo es desigual entre entidades, como se deduce de la comparación entre cualquier entidad federativa y el Distrito Federal.

No es admisible, en ese sentido, establecer distingos entre estados, que derivan de no considerar las disparidades del desarrollo económico, social y educativo de cada entidad de la federación; es nuestro compromiso, es nuestro deber solicitar mayor recursos económicos, que sí se pueden obtener, sin afectar, ya que de no hacerlo estamos dejando de ser partícipes, y seguramente en otras entidades federativas de nuestro país, de inmediato tomarán los procesos legales correspondientes para acercar, más dinero para educación en su estado. Es una certeza: hoy debemos estar a favor de este punto de acuerdo; el no hacerlo, el votar en contra es decirle no al pueblo de Guerrero, es decir no a la educación y de esta manera combatir el rezago educativo que se padece en nuestra entidad.

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49, fracción XV, 55, 66, 84, 86, 87, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, y demás relativos aplicables de la materia, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Ciencia y Tecnología, tienen plenas facultades para analizar y emitir el dictamen respectivo a la propuesta de punto de acuerdo de antecedentes.

Que una vez que los suscritos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología, realizamos un estudio y análisis minucioso de la propuesta de punto de acuerdo anteriormente referido, consideramos procedente su aprobación, en virtud de que se trata de que el sistema educativo estatal cuente con más recursos económicos, financieros, materiales y humanos, a efecto de ampliar la cobertura educativa y de mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestro estado.

Que del análisis que las comisiones dictaminadoras realizaron a la propuesta original, estimaron pertinente declararla procedente en el fondo, pero modificarla en la forma, es decir, es necesario realizar un acto de gestión ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, específicamente ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, sin hacer señalamientos o particularizar si otras entidades federativas cuentan con recursos económicos suficientes que de manera holgada puedan otorgar los servicios educativos e impartir una mejor educación, no se considera viable generar polémica. Debemos instrumentar otros mecanismos, y buscar elementos argumentativos de convicción que nos permitan obtener más y mejores recursos para nuestra entidad. A través de la gestoría que pudieran realizar las comisiones unidas dictaminadoras, ante sus similares de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.''

Que vertido lo anterior, en sesiones de fecha 21 y 26 de septiembre del 2006, el dictamen con proyecto de acuerdo recibió primera lectura y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, y en sesión de esta fecha la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó, por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario presentado por los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, Ciencia y Tecnología.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de Estado Libre y Soberano de Guerrero solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, para efectos del examen, discusión y aprobación del siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, considere la posibilidad de incrementar hasta en 10 mil millones de pesos el monto de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Ramo 33, a fin de equiparar la distribución de los recursos federales descentralizados destinados a la educación básica y corregir las disparidades del desarrollo regional, de manera que se logren mayores beneficios para la población con menor calidad de vida de las entidades federativas del país.

De esta manera, el estado de Guerrero podrá contar con mayores recursos para atender los requerimientos adicionales derivados de la obligatoriedad de brindar educación preescolar gratuita a la población, de conformidad con lo dispuesto en la reforma del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que esa soberanía aprobó y que rige a partir de 2002.

Segundo.Se instruye a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Hacienda de este honorable Congreso para que, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado, sí así lo considera pertinente el titular del Poder Ejecutivo estatal, en su momento procesal oportuno, gestionen ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública de la administración pública federal, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión lo relativo a lo solicitado en el primer resolutivo del presente Acuerdo.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

Segundo.Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su conocimiento general.

Tercero.Comuníquese a las instancias señaladas en el segundo resolutivo para los efectos legales conducentes.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente; Rey Hernández García (rúbrica), secretario; Bertín Cabañas López (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se declaró la constitución del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores, con la siguiente integración:

Senador Alejandro González Yáñez, coordinador

Senador Alberto Anaya Gutiérrez, vicecoordinador

Senadora Josefina Cota Cota

Senador Francisco Javier Obregón Espinoza

Senadora Rosario Ybarra de la GarzaAtentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.Continúe la secretaría.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que el procurador general de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Considerando

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo y presentará un informe por escrito en el que se expondrá el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que el artículo 7, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las Cámaras del Congreso analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se clasificará en las siguientes materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.

IV. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Junta de Coordinación Política para someter a la consideración del Pleno los proyectos de puntos de acuerdo que resulten necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Con la finalidad de profundizar en el análisis del VI Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República y de promover el diálogo constructivo entre la legislatura y las dependencias del gobierno federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente que las comparecencias de los secretarios de despacho a las que se refiere el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realicen ante comisiones de la Cámara de Diputados.

VI. En ese sentido, la Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 10 de octubre de 2006, en el cual se establece que el procurador general de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación, y de Seguridad Pública.

VII. Que los presidentes de las comisiones de Gobernación, y de Seguridad Pública solicitaron a la Junta de Coordinación Política que dicha comparecencia pudiera llevarse a cabo únicamente ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, petición que éste órgano de gobierno consideró conveniente obsequiar.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7 y 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Que el titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El diputado David Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente: el suscrito, diputado David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado ``Delitos contra la Dignidad de las Personas''; se reforma el artículo 315, y se adiciona el artículo 319 Bis al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Uno de los mayores flagelos que ha azotado a la humanidad a lo largo de su historia ha sido la discriminación en sus diversas expresiones: sexual, racial, económica, cultural, religiosa, entre las más visibles.

La intolerancia, protagonista de los más cruentos conflictos, ha provocado aberrantes sucesos que todavía hoy, lamentablemente, continúan presentándose. La intolerancia es un fenómeno que ha estado presente en las diferentes etapas de la historia humana, ocasionando guerras, persecuciones religiosas y violentas confrontaciones ideológicas; alimentada por los prejuicios, estereotipos, odios ancestrales y fanatismos, a cuyas cuentas se abonan millones de víctimas, lo que requiere tomar medidas.

La perversidad del modelo económico ha marginado a varios grupos sociales, orillándonos a situaciones extremas de inequidad, desigualdad; profundizando la discriminación y propiciando nuevos ámbitos de segregación.

En nuestro país, la discriminación, alimentada por prejuicios, ignorancia y odios a los diferentes, ha ocasionado crímenes impunes sobre los que se requiere tomar acciones que nos permitan el ejercicio de un estado de derecho, a través de adecuar las normas a los requerimientos de la población actual; actitudes de intolerancia, de abuso de poder y autoridad que generan en las mujeres, con derecho a la vida y al trabajo, el temor a la ofensa o muerte porque otros decidan, que propicia las violaciones sexuales y la culpabilidad a las mujeres, que profundiza las desigualdades en razón de género y permite la violencia que no puede existir ni en los albores del siglo XXI ni en ningún tiempo.

En México, la discriminación continúa y se incrementa con toda velocidad; así, se margina a indígenas, se excluye a personas adultas mayores, de las cuales la mayoría se encuentra en condiciones de indigencia, carentes de cualquier protección social y seguridad pública, ya que de 1998 a la fecha se han cometido 49 homicidios. Se rechaza a quienes padecen alguna discapacidad, se genera la generalización de la pobreza, se estigmatiza, ridiculiza y se asesina a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, siendo aproximadamente mil personas las que han sido ejecutadas por homofobia de 1995 al 2003, sin contar los ejecutados en los últimos tres años.

Se segrega a las personas que viven con VIH-sida, quienes en su mayoría no tienen acceso a los servicios médicos de salud ni a medicamentos. Se rechaza a trabajadoras y trabajadores sexuales y qué decir de la discriminación perpetrada contra el sector, que por cuestión de edad tienen menos mecanismo de defensa, las niñas y los niños; de este universo, millones de niñas y niños comparten condiciones de pobreza. Se margina a 50 millones de mujeres, de las cuales de 1999 al 2005 han sido asesinadas seis mil en 10 estados del país, por el sólo hecho de ser mujeres. Recientemente en el estado de Tabasco se orquestó, desde el gobierno de esa entidad, una campaña de odio contra ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal.

No hay razón para no inferir que las naciones postmodernas no son homogéneas y que la nuestra, en particular, se caracteriza por su diversidad de identidades, intereses, valores y conductas. Como sociedad plural no sólo debemos tolerar modos de vida antagónicos, sino que debemos considerar que su misma existencia es un valor importante que exige la responsabilidad de fomentar el desarrollo específico y heterogéneo de las minorías, legitimando el derecho a las diferencias; ello implica que la humanidad debe adaptarse a un mundo lleno de diferencias, a respetar toda forma de creencias y aceptar convicciones ajenas, sin tratar de imponer el criterio propio; replantearse la dignidad ética de los seres humanos y la racionalidad de la política.

Está en todos y en todas evitar el desprecio y la violación a los derechos humanos, que ya han causado amargas experiencias y grandes sufrimientos a la humanidad. Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo.

El propósito de la presente iniciativa es lograr que en el territorio nacional ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de odio, contribuyendo con ello a que la legislación penal se convierta en un instrumento útil para castigar estos actos de intolerancia, pero además para establecer de manera firme que el Estado mexicano explícitamente condene toda expresión de odio y de discriminación; por tanto, proponemos adicionar un Título Decimoséptimo Bis al Código Penal Federal, denominado ``Delitos contra la Dignidad de las Personas''. En dicho Capítulo proponemos tipificar como delito la discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad o estado de salud.

Consideramos también que esta conducta sea punible cuando una persona o servidor público niegue a otra un servicio o una prestación a la que tenga derecho o niegue o restrinja derechos laborales. Tratándose de servidores públicos, proponemos que, además de la pena prevista, se le imponga la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público.

En una sociedad democrática basada en la dignidad, pero también en la libertad, lo que se ha de erradicar son las expresiones del lenguaje del odio en todas sus variantes. Una cosa es cuestionar, criticar dogmas o doctrinas, y otra muy distinta es intentar vejarlos y mancillarlos gratuitamente. Por tanto, por lo que hace al lenguaje de odio, proponemos sancionar al que, públicamente o mediante cualquier medio o acto para su difusión pública, incite al odio, al desprecio, a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas.

Los crímenes de odio violan los derechos civiles de las víctimas, quienes pueden sentir miedo, degradación o autoindefensión; además, se caracterizan porque los asesinatos son ejecutados con crueldad, saña, alevosía y ventaja, por el sólo hecho de ser mujeres, lesbianas, homosexuales, transgéneros, bisexuales, adultos mayores, indígenas, entre otros.

Finalmente, esta iniciativa propone reformar el artículo 315 y adicionar el artículo 319 Bis, con la finalidad de tipificar como homicidios calificados los crímenes de odio por edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo, profesión, discapacidad o estado de salud.

Señor Presidente, solicito que se publique en el Diario de los Debates tal como fue entregada esta iniciativa. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, David Sánchez Camacho, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado ``Delitos contra la Dignidad de las Personas''; se reforma el artículo 315 y se adiciona el artículo 319 Bis al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores flagelos que ha azotado a la humanidad a lo largo de su historia ha sido la discriminación en sus diversas expresiones: sexual, racial, económica, cultural y religiosa, entre las más visibles. La intolerancia, protagonista de los más cruentos conflictos, ha provocado aberrantes sucesos que todavía hoy lamentablemente continúan presentándose.

La intolerancia es un fenómeno que ha estado presente en las diferentes etapas de la historia humana ocasionando guerras, persecuciones religiosas y violentas confrontaciones ideológicas. Alimentada por los prejuicios, estereotipos, odios ancestrales y fanatismo, a cuyas cuentas se abonan millones de víctimas, lo que requiere tomar medidas.

La perversidad del modelo económico ha marginado a varios grupos sociales, orillándolos a situaciones extremas de iniquidad y desigualdad, profundizando la discriminación y propiciando nuevos ámbitos de segregación.

En nuestro país, la discriminación alimentada por prejuicios, ignorancia y odios a los ``diferentes'' ha ocasionado crímenes impunes, sobre los que se requiere tomar acciones que nos permitan el ejercicio de un estado de derecho a través de adecuar las normas a los requerimientos de la población actual.

Actitudes infalibles de intolerancia, de abuso de poder y autoridad que genera en las mujeres el derecho a la vida bajo el temor a la ofensa o muerte que otros decidirán, que propicia las violaciones sexuales y la culpabilidad a las mujeres, que profundiza las desigualdades en razón de género y permite la violencia que no puede resistir ni en los albores del siglo XXI ni en ningún tiempo.

En México, la discriminación continúa y se incrementa con velocidad. Así, se marginan a indígenas; se excluye a personas adultas mayores, de las cuales la mayoría se encuentra en condiciones de indigencia, carente de cualquier protección social y seguridad pública, y que de 1998 a la fecha se han cometido 49 homicidios;1 se rechaza a quien padece alguna discapacidad; se genera la feminización de la pobreza; se estigmatiza, ridiculiza y se asesina a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, siendo aproximadamente mil personas2 las que han sido ejecutadas por homofobia de 1995 a 2003, sin contar a los ejecutados en los últimos tres años; se segrega a las personas que viven con VIH-sida, quienes en su mayoría no tiene acceso a los servicios médicos de salud ni a medicamentos; se rechaza a trabajadoras y trabajadores sexuales. Y qué decir de la discriminación perpetrada contra el sector que, por cuestión de edad, tiene menos mecanismos de defensa: las niñas y los niños. De este universo, millones de niñas y niños comparten condiciones de pobreza; se margina a 50 millones de mujeres, de las cuales de 1999 a 2005 han sido asesinadas 6 mil en diez estados del país, por el solo hecho de ser mujeres.3

No hay razón para no inferir que las naciones posmodernas no son homogéneas, y que la nuestra en particular, se caracteriza por su diversidad de identidades, intereses, valores y conductas. Como sociedad plural no sólo debemos tolerar modos de vida antagónicos, sino que debemos considerar que su misma existencia es un valor importante que exige la responsabilidad de fomentar el desarrollo específico y heterogéneo de las minorías legitimando el derecho a las diferencias.

Ello implica, que la humanidad debe adaptarse a un mundo lleno de diferencias, a respetar toda forma de creencias y aceptar convicciones ajenas sin tratar de imponer el criterio propio, replantearse la dignidad ética de los seres humanos y la racionalidad de la política.

Está en todos y todas evitar el deprecio y la violación de los derechos humanos, que ya han causado amargas experiencias y grandes sufrimientos a la humanidad. Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo.

Consideraciones

I. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 considera ``que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad...''

II. El artículo 2 de esta declaración dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en la misma, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

III. El artículo 7 de esta declaración dice: ``Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación''.

IV. Que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recuerda que ``la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica, y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad''.

V. Que en su artículo 2 de esta Convención dice ``Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se compromete a:

a) ...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.

c) ...

d) ...

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicadas por cualesquiera personas, organizaciones o empresas'';

VI. Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial considera que ``todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda forma de discriminación y contra toda incitación a al discriminación''. Además afirma que ``la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo Estado''.

VII. Que el artículo 2 de esta Convención dice: ``Los Estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en toda sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto.

``a) ...

b) ...

c) ...

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, con medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones''.

VIII. Que, de conformidad con el artículo 133 constitucional, los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema de toda la Unión. En consecuencia, por haber sido aprobadas las citadas convenciones, el gobierno de México está obligado a cumplir lo dispuesto en ellas y a adoptar medidas legislativas tendientes a erradicar toda clase de discriminación.

IX. Que la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo tercero, establece que ``queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.

El propósito de la presente iniciativa es evitar que en el territorio nacional ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de odio, contribuyendo con ello a que la legislación penal se convierta en un instrumento útil para castigar estos actos de intolerancia; pero, además, para establecer de manera firme que el Estado mexicano explícitamente condena toda expresión de odio y de discriminación.

Por tanto, proponemos adicionar un Título Décimo Séptimo Bis al Código Penal Federal, denominado ``Delitos contra la Dignidad de las Personas''. En dicho título proponemos tipificar como delito la discriminación por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico o nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad o estado de salud.

Consideramos también que ésta conducta sea punible cuando una persona o servidor público niegue a otra un servicio o una prestación a la que tenga derecho o niegue o restrinja derechos laborales; en tratándose de servidores públicos proponemos que, además de la pena prevista, se le imponga la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

En una sociedad democrática basada en la dignidad, pero también en la libertad, lo que se ha de erradicar son las expresiones del lenguaje del odio en todas sus variantes.

Una cosa es cuestionar, criticar dogmas o doctrinas y otra muy distinta es intentar vejarlos y mancillarlos gratuitamente; por tanto, por lo que hace al lenguaje de odio, proponemos sancionar al que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas.

Los crímenes de odio violan los derechos civiles de las víctimas, quienes pueden sentir miedo degradación o autoindefención. Además se caracterizan porque los asesinatos son ejecutados con crueldad, saña, alevosía y ventaja, por el sólo hecho de ser mujeres, lesbianas, homosexuales, transgéneros, bisexuales, adultos mayores, indígenas, niñas, niños, entre otros.

Finalmente esta iniciativa propone reformar el artículo 315 y adicionar el artículo 319 Bis, con la finalidad de tipificar como homicidio calificado, los crímenes de odio por edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico o nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo, profesión, discapacidad o estado de salud.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado ``Delitos contra la Dignidad de las Personas; se reforma el articulo 315 y se adiciona el articulo 319 Bis al Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado ``Delitos contra la Dignidad de las Personas'', con los artículos 281 Bis, 281 Ter, 281 Quáter y 281 Quinquies del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Titulo Decimoséptimo Bis Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Único

Artículo 281 Bis. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos días multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad al que por razón de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, xenofobia, antisemitismo, o cualquier otro.

I. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.

II. Veje o excluya a alguna persona y que dichas conductas ocasionen un daño material o moral; o

III. Niegue, vulnere o restrinja derechos laborales.

Este delito solamente se perseguirá por querella de parte ofendida o de su legítimo representante.

Artículo 281 Ter. Al que, siendo servidor público, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el artículo 281 Bis, y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Artículo 281 Quáter. Al que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión.

Artículo 281 Quinquies. Al que cometiera actos de violencia física o moral por razones de odio o de desprecio contra una persona o grupo de personas se le impondrá pena de seis a ocho años de prisión.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 315 y se adiciona el artículo 319 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía, traición u odio.

Artículo 319 Bis. Se dice que obra por odio cuando el delincuente provoque lesiones o prive de la vida a una persona o a un grupo de personas por razón de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, xenofobia, antisemitismo, o cualquier otro.

Se impondrá la pena del artículo 320 de este Código cuando el homicidio sea cometido por las razones referidas en el párrafo anterior.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La Jornada. ``De 1998 a la fecha, 49 asesinatos de ancianos''. México, jueves 26 de enero de 2006. Mirna Servín y Agustín Salgado.

2 www.jornada.unam.mx. Reportaje ``Crímenes de odio por homofobia.- Señalados para morir''.

3 El Universal. Reportaje ``Impunidad: Feminicidios, más allá del caso Juárez''. México, 9 de octubre de 2006, página II.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado David Sánchez. Como ha solicitado, publíquese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Mauricio Ortiz Proal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Mauricio Ortiz Proal:Con su venia, señor Presidente:

«Iniciativa que reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para resolver el caso no previsto de vacantes de senador propietario y suplente electos por el principio de primera minoría, en los siguientes términos:

Exposición de Motivos

El principio electoral de primera minoría en el Senado de la República se estableció por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaciónel 3 de septiembre de 1993. Consecuentemente, al poco tiempo se reformó el Cofipe para establecer los detalles de la misma en la legislación secundaria. Sin embargo, en dicho ordenamiento se omitió prever lo conducente en relación con las vacantes de senadores, tanto propietarios como suplentes, designados por dicho principio electoral.

La finalidad de la reforma que se propone es colmar lo que, conforme a la técnica legislativa, se conoce como una laguna de una ley, situación que provoca un vacío jurídico, que finalmente se traduce en problemas de aplicación de la norma, en este caso para la integración del órgano parlamentario.

Tal como se encuentra actualmente el artículo 20 del Cofipe, que se propone adicionar, está prevista la posibilidad de sustitución, en caso de vacante, para senadores y diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, pero es omiso en cuanto a la sustitución de las vacantes de senadores electos por el principio de primera minoría.

Una muestra clara de la urgente necesidad que existe para llevar a cabo la citada reforma es el hecho acontecido en el Senado de la República en la LVII Legislatura, cuando fallecieron los miembros de la primera fórmula del Partido Acción Nacional, de la lista registrada por el estado de Quintana Roo, los señores Enrique Hernández Quinto y Raúl Durán Reveles, senadores propietario y suplente respectivamente, quienes habían sido electos por el principio de primera minoría.

Dicha situación produjo que su grupo parlamentario quedara con un integrante menos en el Senado, produciendo con ello una subrepresentación del mismo y perdiendo un lugar que legítimamente les correspondía ocupar. Además, se generó un conflicto para la determinación del número de integrantes que se debía tomar como base para el cómputo del quórum.

Por otro lado, tanto el estado de Quintana Roo como el grupo parlamentario y las comisiones de que formaban parte quedaron, por el resto de la legislatura, con un integrante menos.

La solución que se propone consiste en aumentar un numeral 5 al artículo 20 del Cofipe para señalar que, en caso de vacante ocurrida por la falta de un senador electo por el principio de primera minoría, por cualquiera de las causas previstas en la ley, se llame desde luego al suplente y si, a su vez, se presentara nuevamente la vacante (por parte del suplente), se llame, para ocupar el lugar, a la segunda fórmula que el mismo partido hubiera registrado en la entidad federativa correspondiente.

Dicha propuesta responde a la lógica electoral establecida en nuestro sistema para designar a los representantes populares, ya que la segunda fórmula de la lista de candidatos a senador, al igual que la primera fórmula, también fue registrada por el partido político, realizó una campaña y logró alcanzar la primera minoría en la correspondiente elección. Por último, cabe destacar la conveniencia de la solución planteada, que es el carácter práctico e inmediato de la misma, ya que permite resolver la vacante de una manera rápida, eficaz y equitativa.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que concede el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esta soberanía, para su estudio, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se adiciona el numeral 5 al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 20.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría deberán ser cubiertas por los integrantes de la fórmula respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la lista, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 11 de este ordenamiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica).»

Es cuanto, Presidente.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ortiz Proal. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la tribuna la diputada Pilar Guerrero Rubio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Pilar Guerrero Rubio:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: los campos de golf son desarrollos que generan un impacto ambiental significativo sobre los ecosistemas en donde se establecen, particularmente sobre los acuáticos y el elemento paisajístico; es por ello que resulta imperativa la formulación de nuevos criterios que nos permitan garantizar las funciones ecológicas del paisaje de forma compatible con los valores, demandas y expectativas tanto de las comunidades en donde se establecerán como de los inversionistas, partiendo del respeto a la supervivencia del ecosistema.

Además del impacto paisajístico que genera el golf, nos encontramos con el ambiental, el cual conlleva diferentes afectaciones sobre el medio natural; es por ello que resulta necesaria la implementación de medidas de corte estratégico que permitan el establecimiento de directrices que faciliten la construcción de campos de golf sustentable; su fomento, en concordancia con el respeto a los elementos naturales, a la vez que dicha actividad pueda constituirse como detonadora de las actividades turísticas.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración el auge que en los últimos años han tenido los desarrollos de campos de golf en nuestro país es que estimamos necesario fortalecer las disposiciones jurídicas que le sean aplicables, con objeto de garantizar un crecimiento de esta industria en términos sustentables, bajo criterios de respeto al cuidado de los elementos naturales que permita ver esta actividad como una nueva oferta en materia turística.

Para la elaboración de la presente reforma tomamos como base lo previsto en el proyecto de Norma Oficial Mexicana 140-SEMARNAT 2005, que establece los requisitos ambientales generales para los campos de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan, junto con algunos elementos de legislaciones internacionales, como algunas leyes y ordenanzas de diferentes comunidades autónomas en España.

Consideramos que para estar en condiciones de contrarrestar los efectos negativos de los campos de golf resulta necesario el establecimiento de límites y criterios de carácter general que permitan conservar el medio ambiente natural, atendiendo las características particulares de cada proyecto que pretenda llevarse a cabo.

Se propone, con esta reforma, buscar la obligatoriedad de presentar un estudio de riesgo para las actividades relacionadas con la construcción y la operación de campos de golf. En este sentido es que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos incluir en la legislación nacional disposiciones de carácter obligatorio que acoten la construcción de campos de golf para minimizar su impacto ambiental.

De igual forma, se propone establecer cuál será el contenido mínimo del estudio de riesgo que deba presentarse y se incorpore a la figura del plan director de campo de golf como el instrumento que permitirá llevar a cabo las acciones previstas en el estudio de riesgo, con la finalidad de estar en condiciones de fomentar al golf en términos sustentables.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de campos de golf.

Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates y sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Pilar Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del PVEM

Pilar Guerrero Rubio, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los campos de golf son desarrollos que generan un impacto ambiental significativo sobre los ecosistemas donde se establecen; particularmente sobre los acuáticos y el elemento paisajístico.

La importancia de este último radica en que todo componente del ecosistema forma parte del entorno visual, que es reflejo del estado en que se encuentran los diferentes recursos naturales.

El paisaje tiene elementos de importancia tanto para la existencia de los ecosistemas como para la conservación de las prácticas tradicionales y de valores humanos.

Atendiendo a esto, resulta imperativa la formulación de nuevos criterios que nos permitan garantizar las funciones ecológicas del paisaje de forma compatible con los valores, las demandas y las expectativas tanto de las comunidades donde se establecerá como de los inversionistas, partiendo del respeto de la supervivencia del ecosistema.

Es decir, deben tomarse en consideración la opinión del hombre que percibe el paisaje y el punto de vista ecológico en que se inserta.

Así, concebimos el paisaje como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas en un contexto que integre los aspectos escénicos y los de carácter espacial.1

Esa concepción pone de manifiesto la asociación entre la parte perceptible del medio, constituida por todos los componentes de la escena fácilmente visibles al observador, y los procesos ecológicos, la parte subyacente del paisaje que se expresa en el territorio a través su estructura espacial, su función y su dinámica.

Por ello, atendiendo al valor ecológico del paisaje, estimamos que sea considerado para la construcción de obras y actividades que lo vulneren, como es el caso de la construcción, instalación y operación de campos de golf.

Algunos autores han esbozado definiciones como la que señala que ``el paisaje es un elemento del medio natural, síntesis del territorio (factores físicos y biológicos) y de la acción humana que se percibe o interioriza, valorando aspectos como la estética, escasez, interés histórico o cultural, valor científico o ecológico, insustituibilidad y fragilidad, y otros''.2

Se trata de un recurso natural no renovable y generalmente de difícil reversibilidad; de ahí la gran importancia de preservarlo y de evitar o minimizar al máximo los efectos de posibles actuaciones ``contaminantes del paisaje''.

Aunado al impacto paisajístico que el golf genera, nos encontramos con el ambiental, el cual conlleva diferentes afectaciones sobre el medio natural. Específicamente éste se compone de cuatro facetas: el cambio del paisaje; la problemática del valor ecológico; la forma diferencial de construcción, y el uso del agua junto con los conflictos que pudieran derivarse en un futuro.

Específicamente, las afectaciones se manifiestan de la siguiente manera:

El cambio cualitativo del paisaje atiende a que esta actividad representa un tipo de paisaje perteneciente u originario de otros lugares, donde las condiciones ambientales son distintas. La implantación de ese tipo de deporte comporta una adaptación o una transformación radical del paisaje.

La problemática ecológica asociada a los campos de golf atiende no sólo a la extensión que se requiere para su construcción sino que, en gran medida, se debe al área por transformar, dependiendo de la ubicación de cada campo; y al impacto generado alrededor directa o indirectamente por las urbanizaciones consecuencia del desarrollo.

Así se afecta el agua dada la construcción de lagos artificiales, que agravan la pérdida del recurso por evaporación; y que constituyen la base del modelo americano; y que se sigue en nuestro país.

Por ello resulta necesario implantar medidas de corte estratégico que permitan establecer directrices que permitan construir campos de golf sustentables, lo cual implica su fomento en concordancia con el respeto de los elementos naturales.

En ese sentido, podría hablarse del golf como un detonador de las actividades turísticas sustentables.

A escala internacional, especialmente en Europa, los verdes señalan que los nuevos campos de golf deben estar sujetos a estrictas exigencias de calidad tanto en las instalaciones como ambientales, y no se deben permitir nuevas urbanizaciones derivadas de su establecimiento.

Esto, en virtud de que últimamente han proliferado estudios sobre el consumo de agua de estas instalaciones con datos muy contradictorios. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente español señala que, en condiciones de normalidad meteorológica, un campo de golf requiere unos 5 mil metros cúbicos de agua al año, que puede reducirse a 3 mil 500 metros cúbicos con nuevas técnicas de consumo sostenible y bajo un nuevo esquema, conocido como ``modelo mediterráneo'', que no necesariamente lleva aparejada la creación de lagos artificiales.

Un ahorro de tal magnitud necesariamente requiere el marco legal que obligue a contar con medidas de eficiencia energética y de recursos, y compatibles con el ambiente.

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración el auge que en los últimos años han tenido los desarrollos de campos de golf no sólo se ha presentado en Europa, sino particularmente en nuestro país, consideramos necesario fortalecer las disposiciones jurídicas aplicables, con objeto de garantizar un crecimiento de esta industria en términos sustentables con criterios de respeto y cuidado de los elementos naturales que permita ver esta actividad como una nueva oferta en materia turística.

Para elaborar la presente reforma se tomó como base lo previsto en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-140-SEMARNAT-2005, que establece los requisitos ambientales generales para campos de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan, junto con algunos elementos de legislaciones internacionales, como algunas leyes y ordenanzas de diferentes comunidades autónomas en España.

Consideramos que, para estar en condiciones de contrarrestar dichos efectos, resulta necesario establecer límites y criterios de carácter general que permitan conservar el ambiente natural atendiendo a las características particulares de cada proyecto que pretenda llevarse a cabo.

Se propone entonces que estas medidas se incorporen en el estudio de riesgo que deberá acompañar la manifestación de impacto ambiental, con objeto de identificar y jerarquizar los riesgos que implican la construcción y operación de un campo de golf.

Cabe mencionar que entre los riesgos que pueden determinarse mediante este tipo de estudio se encuentra la determinación de los posibles radios y ecosistemas de afectación fuera de las instalaciones correspondientes.

Con esta reforma se busca la obligatoriedad de presentar un estudio de riesgo para las actividades relacionadas con la construcción y operación de campos de golf.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos incluir en la legislación nacional disposiciones de carácter obligatorio que acoten la construcción de campos de golf para minimizar el impacto que sobre los ecosistemas conllevan este tipo de obras de infraestructura y su operación.

Si bien existe el instrumento de evaluación del impacto ambiental, la construcción de campos de golf en cualquier caso requiere la presentación de un estudio de riesgo que garantice que dicha obra, dado que los riesgos que conlleva para los recursos agua y suelo son incuestionables.

Aunado a lo anterior, con esta reforma se propone que en la ley se establezcan los requisitos mínimos que deberá observar la autoridad para elaborar las normas oficiales mexicanas aplicables tanto a la construcción como a la operación de los campos de golf.

De igual forma, se propone adicionar un artículo 147 Bis, en el que se establezca el contenido mínimo del estudio de riesgo que deba presentarse, entre los cuales se incluyen medidas para el establecimiento de sistemas de gestión ambiental, para la gestión del agua con base en el Programa Nacional Hidráulico y la Ley de Aguas Nacionales, y para el ahorro energético y fomento de energías renovables, entre otras.

Se incorpora la figura del ``plan director del campo de golf'' como el instrumento que permitirá llevar a cabo las acciones previstas en el estudio de riesgo, con la finalidad de estar en condiciones de fomentar el golf en términos sustentables.

Por lo anterior, respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de campos de golf.

Por ello sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 147 y se adiciona un artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se reforma el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 147. ...

La realización de obras o actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, en los términos del reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las secretarías de Gobernación, de Energía,de Economía,de Salud, y del Trabajo y Previsión Social los programas de prevención de accidentes en la realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.

Tratándose de la construcción, instalación y operación de campos de golf, además de lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley, deberá presentarse un estudio de riesgo ambiental que contenga las medidas de mitigación del impacto ambiental y el plan director del campo de golf.

Dicho plan incluirá la designación de áreas específicas para la realización de las actividades necesarias para el funcionamiento del campo de golf, así como las características ambientales y el programa de gestión ambiental, en los términos previstos en la norma oficial mexicana correspondiente.

Quedan prohibidas la instalación y operación de campos de golf cuando impliquen la afectación de zonas reglamentadas o las declaradas de protección, de veda, reservas de aguas y para la preservación o reestablecimiento de ecosistemas vitales y del ambiente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 147 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 147 Bis. Tratándose de campos de golf, el estudio de riesgo que se presente deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

I. Medidas para el establecimiento de sistemas de gestión ambiental;

II. Medidas para la gestión del agua con base en lo previsto en el Programa Nacional Hidráulico y en la Ley de Aguas Nacionales;

III. Medidas para el ahorro energético y fomento de energías renovables;

IV. Medidas para la gestión de residuos mediante su adecuada separación; y

V. Medidas para la mejora ecológica de los hábitat y para la potenciación del paisaje natural que incluya la obligatoriedad para el uso de plaguicidas y fertilizantes orgánicos o no tóxicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los campos de golf que ya estén operando contarán con un período de 180 días para presentar el plan director del campo, en los términos previstos en el presente decreto y en la norma oficial mexicana correspondiente.

Notas:

1 Bernáldez, 1985.

2 Según Reguerio Rodríguez, 1991.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Pilar Guerrero Rubio (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Guerrero. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación.

El diputado José Luis Varela Lagunas:Antes de empezar, yo quisiera rogarles un poco de su atención, en virtud de que han pasado años, siglos en que no hemos atendido ese problema y ahora es nuestra responsabilidad atenderlo.

Con su permiso, diputado Presidente; compañeros, compañeras legisladoras: uno de los pendientes del Estado mexicano sigue siendo la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos indígenas.

El artículo 2o. de nuestra Constitución Política establece que ``la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas''. En el apartado B, fracción II, de dicho artículo, en materia educativa, señala: ``Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles''; pero esta disposición constitucional está muy alejada de la realidad, pues hasta el momento no existe una propuesta educativa en materia indígena: la discriminación, racismo y exclusión social, que se manifiestan de manera aguda en lo que respecta a la educación de nuestros pueblos y comunidades indígenas, son parte de la estrategia seguida por nuestros gobiernos para continuar manteniendo en el abandono y en el analfabetismo a los indígenas de México.

Para el Partido Convergencia es inaplazable y éticamente justo promover los acuerdos y las reformas legislativas que les permitan a nuestros pueblos indígenas alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos y del país en su conjunto.

Según las cifras ofrecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, es en preescolar y en secundaria donde se localizan los mayores rezagos en la cobertura; existen todavía 688 mil niños en edad de cursar la primaria que deben ser atendidos; un tercio de los más de dos millones de niños y jóvenes en edad de asistir a preescolar, primaria o secundaria --comprendida ésta entre los cinco y los 14 años-- no reciben servicios educativos y se localizan en cuatro entidades federativas: estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Esta situación de rezago educativo mantiene una relación directa con las condiciones de pobreza, abandono y exclusión social de que son objeto nuestros pueblos indígenas. Muchas veces los gobiernos federal y estatal utilizan como pretexto que la población que está marginada de los servicios educativos es porque habita en localidades apartadas y dispersas de los centros urbanos.

Según cifras oficiales, la población indígena de nuestro país asciende a más de 12 millones 400 mil indígenas, de los cuales atiende a un millón 311 mil 215 niños indígenas en edad de cursar preescolar y la primaria; mientras que el programa de atención educativa a población indígena del Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende aproximadamente a 30 mil. Los servicios de la SEP se ofrecen a 49 pueblos, en 24 de las 31 entidades federativas del país; la cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir, un solo maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 38 lenguas indígenas con una producción aproximada de 1.2 millones de libros, que comprenden 189 títulos para atender las necesidades educativas de 55 variantes dialectales.

En ese sentido, considero fundamental que exista disposición por parte de nuestras autoridades federales para que, en el marco de lo que establece la Ley General de Educación, se posibilite la concurrencia y colaboración entre autoridades de los distintos niveles de gobierno para fomentar la educación indígena, para revalorar la importancia de la educación bilingüe intercultural. Quiero señalar aquí, que uno de los principales retos en materia educativa, es el apoyo que debe darse a los jóvenes indígenas para continuar con su formación educativa hasta el nivel medio superior y superior.

Por todo ello, se hace necesario establecer de manera clara en la Ley General de Educación, la responsabilidad que deberán tener la federación, los gobiernos de los estados y los municipios hacia los pueblos y comunidades indígenas del país, principalmente en lo relativo a su formación educativa.

En los últimos años el presupuesto destinado a la educación tiende a disminuir, y en materia de educación indígena no se le ha otorgado la atención necesaria. En una solicitud presentada al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados por el de la voz, para determinar el gasto en educación indígena en los últimos seis años, se encontró que el gasto identificado para la educación indígena es de 2 mil 270 millones de pesos que equivale al 0.69 por ciento respecto al gasto total en educación, y únicamente al 0.3 por ciento del producto interno bruto destinados a la educación. Esto equivale a destinar, para un millón 311 mil 215 alumnos del sistema preescolar primaria y secundaria, la cantidad de mil 731 pesos por estudiante, pero esto no considera a los estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior. Se observa asimismo cómo, dependiendo de los criterios políticos, el presupuesto destinado a la educación aumenta o disminuye, y es con esos criterios con los que debemos terminar.

Con esta propuesta se busca incidir de manera directa y a través de la Ley General de Educación la obligatoriedad del Estado mexicano para garantizar un techo presupuestal mínimo para la educación de nuestros pueblos indígenas, a fin de terminar con siglos de abandono, marginación y analfabetismo en que se encuentra. Este techo mínimo deberá ser de 0.5 por ciento del producto interno bruto destinado a la educación. Cuando lleguemos a destinar el ocho por ciento del PIB, como lo establece la propia ley, destinaremos de igual manera el 0.5 por ciento respectivo.

En virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, y les voy a pedir un favor a todos nuestros legisladores de esta honorable Cámara, que ojalá en temas cruciales, torales, como es éste, ojalá obtengamos su respuesta positiva; además, espero que la próxima vez pongan un poco más de atención. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

La nación mexicana, establece nuestra Constitución Política, ``tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas...''

Esta disposición, que se encuentra en el artículo 2o., se complementa con el apartado B de dicho artículo, que señala claramente cuáles son las responsabilidades que deben asumir la federación, los estados y los municipios, con objeto de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria; en el propósito que ocupa a esta iniciativa es importante destacar lo que se establece en la fracción II de este apartado B constitucional del artículo citado, en materia educativa:

``Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas...''

Por otra parte, y a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece que la visión deseable de la educación en México debe trazarse hacia el México del año 2025 y sentar las bases para construir un ``enfoque educativo para el siglo XXI'', a escasos meses de la conclusión de este gobierno, nada se ha logrado avanzar en materia de educación indígena y no se sentaron las bases para hacer de la educación una educación incluyente.

Como se señala en dicho plan: la educación, en el 2025, será equitativa, de calidad, pertinente, incluyente y formativa, en sentido integral.

Al respecto destaco lo de incluyente, porque atenderá la diversidad cultural regional, étnica y lingüística del país, viendo la riqueza de la unidad nacional como suma de las diferencias y no como uniformidad.

En ese sentido cabe destacar que con los datos duros que en esta materia contamos, la realidad le gana a la voluntad, como en muchas otras áreas, del gobierno federal.No existe una propuesta educativa en materia indígena; la discriminación, racismo y exclusión social se manifiestan de manera aguda en lo que respecta a la educación de nuestros pueblos y comunidades indígenas son parte de la estrategia seguida por nuestros gobiernos para continuar manteniendo en el abandono y el analfabetismo a los indígenas de México.

Por ejemplo, según las cifras ofrecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, ``es en preescolar y en secundaria donde se localizan los mayores rezagos en la cobertura; si bien existen todavía 688 mil niños en edad de cursar la primaria que deben ser atendidos. Por otra parte, un tercio de los más de dos millones de niños y jóvenes en edad de asistir al preescolar, la primaria o la secundaria (de cinco a catorce años) que no reciben servicios educativos se localizan en cuatro entidades federativas: el estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla''.

Me permito señalar algunos datos respecto a la situación de la educación en nuestro país, y de ahí que señale que uno de los retos y asignaturas pendientes en los próximos años es precisamente el de sentar las bases para acabar con el rezago educativo a través de implantar políticas públicas dirigidas a este rubro, y que tendrán que contar con la participación, colaboración y apoyo del magisterio nacional.

Población de 5 años que no asiste: 530.2 (miles de personas), 23.6 por ciento.

Población de 6 a 11 años que no asiste: 687.7 (miles de personas), 5.2 por ciento.

Población de 12 a 14 años que no asiste: 930.0 (miles de personas), 14.5 por ciento.

Esta situación de rezago educativo mantiene una relación directa con las condiciones de pobreza, marginación, abandono y exclusión social de que son objeto nuestros pueblos indígenas. Muchas veces, los gobiernos federal y estatal utilizan como pretexto de que la población que está marginada de los servicios educativos es por que habita en localidades apartadas, alejadas y dispersas de los centros urbanos; pero cuando esos pueblos, en coordinación con sus autoridades, deciden conjuntar esfuerzos para terminar con los rezagos y solicitan los apoyos necesarios del gobierno federal y estatal, la respuesta siempre es negativa.

Si a eso le agregamos que la pobreza impide que los niños y jóvenes continúen con su educación, porque muchas veces tienen que empezar a trabajar en edad temprana y no establecemos una estrategia de adecuada atención a esas necesidades, entonces nos estamos negando a la posibilidad de que el gobierno contribuya a romper ese circulo vicioso que genera la pobreza y el analfabetismo.

Por otra parte, según cifras oficiales, la población indígena de nuestro país asciende a más de 12 millones 400 mil indígenas, de los cuales la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Indígena atiende a 1 millón 311 mil 215 niños indígenas en edad de cursar el preescolar y la primaria, mientras que el Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) del Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende aproximadamente a 30 mil.

Los servicios de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP se ofrecen a 49 pueblos en 24 de las 31 entidades federativas del país. La cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir, que un solo maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 33 lenguas indígenas, con una producción aproximada de 1.2 millones de libros, que comprenden 189 títulos, para atender las necesidades educativas de 55 variantes dialectales.

Los esfuerzos del Estado por una educación bilingüe de calidad se han concentrado en la educación inicial, preescolar y primaria. Queda excluidas la educación secundaria, la media superior y superior. Una demanda de los pueblos indígenas es la ampliación de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos.

De ahí que en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se señalara que ``abatir el rezago educativo en la población indígena es una tarea primordial, que implica un desafío en materia de motivación, diseño de currículum, elaboración de materiales y atención con un enfoque intercultural y cercano a los intereses y necesidades de esta población.''

Es en ese sentido que considero fundamental que exista disposición por parte de nuestras autoridades federales para que, en el marco de lo que establece la Ley General de Educación, se posibilite la concurrencia y colaboración entre autoridades de los distintos niveles de gobierno para fomentar la educación indígena, para revalorar la importancia de la educación bilingüe intercultural.

No pretendo presentar una reseña de lo que han realizado los gobiernos anteriores y el actual en materia de educación indígena, pero si señalar que hemos observado mínimos avances y cambios en la incorporación de nuevas metodologías y programas dirigidos a la población indígena, que toman en cuenta las nuevas corrientes pedagógicas en la enseñanza bilingüe, en el sentido de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, revalorizando su cultura, su identidad, acorde con la situación histórica de cada etnia; pero diversos especialistas refieren que nuestra educación indígena enfrenta una serie de obstáculos:

1. Los maestros indígenas bilingües se caracterizan por su deficiente capacitación, no cuentan con una formación pedagógica adecuada para desarrollar programas tan ambiciosos de una educación bilingüe bicultural o intercultural. El conocimiento que poseen del español se remite únicamente a la enseñanza de las primeras letras.

2. La mayoría de los maestros bilingües aculturados se resisten a poner en práctica los programas bilingües para dar prioridad al español; en unos casos porque ya no conocen su propia lengua, y en otros, porque no son hablantes de la lengua donde enseñan como maestros.

3. En el ámbito de las comunidades, la lengua indígena aún es considerada inferior y los padres de familia se oponen a que sus hijos sean educados en su propia lengua.

4. Una buena parte de las escuelas del medio indígena carecen de materiales didácticos adecuados.

5. La calidad del servicio educativo en las comunidades indígenas continúa siendo deficiente.

Estas observaciones que presentan algunos especialistas las podemos constatar cuando realizamos recorridos por las comunidades indígenas del país, pero, de igual manera, también somos testigos que en algunas comunidades se ha comenzado a revalorar la importancia de recibir educación indígena.

Quiero señalar aquí que uno de los principales retos en materia educativa es el apoyo que debe darse a los jóvenes indígenas para continuar con su formación educativa hasta el nivel medio superior y superior, ya que muchas veces, y pesar de que los jóvenes indígenas tengan deseos de continuar con su preparación académica, se enfrentan a una realidad dolorosa: la imposibilidad para continuar sus estudios superiores, y que se debe a diversas razones:

1. Porque no cuentan con recursos para trasladarse a la capital del estado o algún centro urbano, lo que representaría gastos económicos que no pueden cubrir.

2. Porque no cuentan con una institución superior que rescate y reconozca su identidad indígena y revalore a través de las carreras que imparta, las necesidades propias de la región, de los pueblos y de los propios estudiantes.

3. Por el desdén y desinterés de los gobiernos federal y estatal de impulsar, reconocer y apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas y sus autoridades para reconocer los proyectos educativos que impulsan en beneficio de su región, de sus jóvenes.

4. Caso especial merecen, y hay que reiterarlo, los proyectos educativos impulsados por algunos gobiernos estatales, como el de Mochicahui, en Sinaloa; y de las autoridades municipales de la zona norte de Chiapas, que hasta el momento no han recibido apoyos de los gobierno federal y estatal, respectivamente, y que por el contrario han sido atacados de manera por demás vergonzosa.

De ahí que sea necesario establecer de manera clara en la Ley General de Educación la responsabilidad que la federación, los gobiernos de los estados y los municipios deberán tener hacia los pueblos y comunidades indígenas de país, principalmente en lo relativo a su formación educativa.

En los últimos años el presupuesto destinado a la educación tiende a disminuir, y en materia de educación indígena no se le ha otorgado la atención necesaria.

En una solicitud presentada al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados para determinar el gasto en educación indígena en los últimos seis años del gobierno del presidente Vicente Fox, se encontró que el gasto identificado para la educación indígena es de 2 mil 270 millones de pesos, que equivale al 0.69 por ciento respecto al gasto total en educación y únicamente al 0.03 por ciento del producto interno bruto destinado a la educación; que equivale a destinar para 1 millón 311 mil 215 alumnos del sistema de preescolar, primaria y secundaria, la cantidad de mil 731 pesos por estudiante; pero esto no considera a los estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior.

De igual manera, se observa cómo, dependiendo de los criterios políticos, el presupuesto destinado a educación indígena se aumenta o disminuye, y es con esos criterios con los que debemos terminar.

De ahí que con esta propuesta se busque incidir de manera directa y a través de la Ley General de Educación la obligatoriedad del Estado Mexicano para garantizar un techo presupuestal mínimo para la educación de nuestros pueblos indígenas, para terminar con siglos de abandono, marginación y analfabetismo en que se encuentran.

No se busca con esta propuesta incrementar los recursos que se destinan a la educación, sino que de los mismos recursos que se proponen para la educación en México se reasigne el porcentaje que la iniciativa señala para la atención educativa de nuestros pueblos indígenas.

En la medida en que nuestro país cumpla con la disposición que expresa el artículo 25 que se reforma, en esa medida se destinarán los recursos necesarios para atender los rezagos que en la materia presentan nuestros pueblos indígenas.

Por todo lo anterior, el suscrito, diputado del Partido Convergencia, somete a la consideración de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33, fracciones I, II y VIII, y 34 de la Ley General de Educación.

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado --federación, entidades federativas y municipios-- destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país. De dicho monto se destinarán, el 0.5% del PIB a la educación indígena y al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas...

...

Los gobiernos de las entidades con población indígena aplicarán los recursos correspondientes por concepto de educación indígena al que se refiere el párrafo primero de este artículo, de manera íntegra y exclusiva, al fortalecimiento de la educación indígena en todos sus niveles.

...

...

Artículo 32. ...

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente a los pueblos y comunidades indígenas,grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar localizadas en pueblos y comunidades indígenas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en pueblos y comunidades indígenas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;

III. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos; considerando de manera especial a los estudiantes de origen indígena;

IX. a XIII. ...

...

Artículo 34. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con población mayoritariamente indígena y en la que se presenten mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa impulsarán proyectos de innovación educativa, en los niveles de educación básica, secundaria, media superior y superior, con un enfoque intercultural; con la intención de su eventual aprobación como modelos educativos en los niveles señalados.

...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está abierto todavía el registro; si quieren, los que no se han registrado, háganlo en este momento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 471 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Secretario. Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del PNA

Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa, tiene el propósito de realizar modificaciones técnicas en cuestiones de forma a la Ley General de Educación y evitar vaguedad o imprecisión de su objeto.

La dogmática jurídica puede entenderse como el ``saber que trata de describir las normas jurídico-positivas''. La función principal que se atribuye a este saber consiste en explicar el contenido de las normas jurídicas. Lo que implica aclarar su significado, descubrir cuál es el derecho vigente, resolver las contradicciones en las que eventualmente pueden incurrir las normas que componen el ordenamiento jurídico. Esta función se puede concebir como una actividad de carácter técnico, según la cual el jurista debe utilizar únicamente el método jurídico, sin dejarse influir por sus preferencias y por sus concepciones políticas.

Para el jurista, las normas son dogmas que debe aceptar sin más, su contenido es indiscutible. Esto no impide que pueda criticarlas. Sin embargo, esta labor de crítica ya no se considera estrictamente jurídica sino de carácter político. Así, la dogmática dominante distingue claramente entre los argumentos de lege lata, es decir, las interpretaciones del derecho vigente, y los argumentos de lege ferenda, que proponen modificaciones legislativas de la normativa existente.

Las distinciones entre lege lata-lege ferenda, o entre aplicación del derecho-política jurídica, tienen como finalidad dejar en claro que una cosa es hacer derecho y otra muy diferente hacer política. La dogmática pretende así evitar que las doctrinas jurídicas sean pervertidas por concepciones políticas (partidarias).

Esta imagen ideal no impide, sin embargo, que la dogmática pueda realizar valoraciones, ni que la dogmática se defina como un conocimiento valorativo, axiológico. Los valores que están implicados en la dogmática no son, sin embargo, los valores, ideas y concepciones personales de cada jurista, sino que son los valores que se desprenden del ordenamiento jurídico en su conjunto. De este modo, el jurista debe limitarse a aplicar las pautas de valoración que establece el ordenamiento jurídico.

Sin embargo cuanto el ordenamiento jurídico no es claro distrae de su objeto, lo que pretende esta iniciativa es la de dar una descripción concreta de la terminología empleada en una ley para su mejor manejo y utilización con el menor esfuerzo y gastos en el menor tiempo posible, en beneficio de las autoridades, litigantes y la administración de justicia. Evitando por analogía dar connotaciones equivocadas o insuficientes a términos que deben ser exactos en su uso y que por identidad de razón se aplican en los términos no comprendidos en estas, que deben tener una descripción exacta en cuanto a lo que regulan.

En la Ley General de Educación algunos artículos hacen referencia a normas constitucionales así como de la misma Ley de Educación, pero en la mayoría no se señala dicha diferencia, como ejemplo tenemos el:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, y por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Que al remitirnos al artículo 7 no menciona de que ordenamiento se trata, a diferencia del artículo 48 que a la letra dice:

Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Que invoca los criterios establecidos en los artículos 7o. y 8o., y especifica que se trata de la misma Ley de Educación.

Sin embargo en su párrafo segundo ya no indica en cuanto al artículo 72 invocado de que ley se trata.

Es por las razones expuestas que se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

...

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o. de esta ley.

Artículo 12. ...

I.Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48 de esta ley;

II a la XIII. ...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta ley, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13 de esta ley, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12 de esta ley;

III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13 de esta ley, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;

IV. ...

V. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12 de esta ley;

VI a la XII...

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13 de esta ley.

Artículo 15. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14 de esta ley.

Artículo 16. Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica --incluyendo la indígena-- y especial que los artículos 11, 13, 14 de esta ley y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18 de esta ley.

...

El gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los artículos 25 y 27 de esta ley.

Artículo 44. ...

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante exámenes parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64 de esta ley. Cuando al presentar un examen no acrediten los conocimientos respectivos, recibirán un informe que indique las unidades de estudio en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevos exámenes hasta lograr la acreditación de dichos conocimientos.

...

Artículo 48. ...

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72 de esta ley.

...

Artículo 55. ...

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de esta ley;

II. y III. ...

Artículo 57. ...

I. a la III. ...

IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55 de esta ley, y

V. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12 de esta ley; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42 de esta ley; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 74. Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7 de esta ley, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8º de esta ley.

Artículo 75. ...

I. a la XII. ...

...

Artículo 77. Además de las previstas en el artículo 75 de esta ley, también son infracciones a esta Ley:

I. ...

II. Incumplir lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley, e

III. ...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días de octubre de 2006.--- Diputada Mónica Arriola (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LETRAS DE ORO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda: ``Constituyentes de Apatzingán''.

El diputado Mario Enrique del Toro:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: me voy a dirigir en esta ocasión, a unos días de conmemorarse el CXCII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, a todos ustedes, para solicitarles su apoyo para que rindamos homenaje a los primeros constituyentes de nuestro país. Esta petición está respaldada por el pueblo de Apatzingán y es solicitud del presidente municipal, don Antonio Cruz Lucatero.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Constituyentes de Apatzingán''.

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la honorable Cámara de Diputados el nombre ``Constituyentes de Apatzingán'', conforme a la siguiente

Exposición de motivos

A cuatro años de haberse iniciado el movimiento de independencia de nuestro país, el generalísimo don José María Morelos y Pavón vio la necesidad de establecer las bases jurídicas que reglamentaran la nueva nación mexicana.

El Congreso Constituyente, llamado ``de Anáhuac'', tenía sede en Chilpancingo, Guerrero, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo itinerante por la persecución de que eran objeto. Después de un largo peregrinar por diversos pueblos de Guerrero y de Michoacán, finalmente el 22 de octubre de 1814 se estableció en Apatzingán, Michoacán, donde promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

El Constituyente de Apatzingán estuvo integrado por José María Liceaga, diputado por Guanajuato, presidente; doctor José Sixto Verduzco, diputado por Michoacán; José María Morelos y Pavón, diputado por el Nuevo Reino de León; licenciado José Manuel de Herrera, diputado por Techan; doctor José María Cos, diputado por Zacatecas; licenciado José Sotero de Castañeda, diputado por Durango; licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala; licenciado Manuel Alderete y Soria, diputado por Querétaro; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila; licenciado José María Ponce de León, diputado por Sonora; doctor Francisco Argandar, diputado por San Luis Potosí; Remigio de Yarza, secretario; y Pedro José Bermeo, secretario.

El decreto constitucional de 1814, mejor conocido como ``Constitución de Apatzingán'', es la primera expresión formal del trabajo legislativo de que se tenga memoria en nuestro país. En su texto se establecen los cimientos del actual marco jurídico, y los principios que en ella se plasmaron siguen teniendo vigencia plena.

Establecía desde entonces la división de poderes, considerando como órgano supremo el Congreso, compuesto por 17 diputados de las provincias, con facultades legislativas, políticas y administrativas, entre las cuales estaba la de nombrar a los miembros del gobierno, que debía estar formado por tres personas, alternándose éstas en la presidencia cada cuatro meses; y del Supremo Tribunal de Justicia, constituido por cinco personas.

En sus 242 artículos, el texto constitucional de Apatzingán consagraba los derechos fundamentales del hombre, al expresar que, ``como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres y lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto''

El Congreso Constituyente de Apatzingán es la culminación jurídica de las aspiraciones de un movimiento social que costó la vida de muchos mexicanos y que alcanzó la cúspide al promulgarse dicho ordenamiento, llevando a la letra la lucha por la emancipación de nuestro país.

La propuesta que hago ante ustedes será un sublime homenaje a quienes cimentaron las bases del trabajo legislativo y a quienes contribuyeron enormemente en el nacimiento de esta gran nación.

Por lo anterior propongo al Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados ``Constituyentes de Apatzingán''.

Transitorios

Primero.Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario Enrique del Toro. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULOS 115 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la tribuna, de manera conjunta y hasta por cinco minutos, a los diputados César Camacho y José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado César Camacho Quiroz:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: la iniciativa en comento distribuye racional y eficazmente el poder político.

Desde 1824, como nos consta a todos, México se asumió como un Estado federal, y salvo tres episodios breves, 1836, 1847 y el efímero imperio, formalmente nos hemos mantenido como Estado federal. No obstante, la sobradamente conocida arrogación sucesiva de facultades que la federación impulsó durante décadas, que ha concluido en una suerte de sobrerregulación de la vida local, ha llegado prácticamente a la asfixia de gobiernos estatales y municipales.

No es correcto desconocer que se han dado pasos en medio de dificultades, sobre todo de carácter político, y se han vencido con enorme trabajo resistencias provenientes de todos ámbitos. Claro que ha habido avances importantes, aunque éstos se inscriben más en el ámbito de la desconcentración que en el logro de una auténtica descentralización política que distribuya correctamente el poder entre ámbitos de gobierno.

Somos muchos, yo creo que somos los más --por cierto, de todos los partidos políticos-- quienes estamos comprometidos con la descentralización, con la implantación de un correcto, amplio y no retórico ni discursivo federalismo mexicano. Soy también un convencido de la necesidad de una cirugía mayor, empezando por la Constitución, a la redistribución no sólo de facultades sino de recursos. Por ahora, el tema que nos ocupa forma parte de la arista política del federalismo mexicano que tiene que ver también con el fortalecimiento del constitucionalismo local.

Se pretende que no sea la Constitución federal, como ahora ocurre, sino las Constituciones de los estados, previa aprobación del Constituyente Permanente de cada uno de ellos, quienes determinen todo lo relacionado con el régimen interior, el gobierno y la composición de las legislaturas locales; de la composición de los ayuntamientos, de su integración, de su régimen de incompatibilidades; del plazo y término y eventual reelección de sus miembros; de suerte que estos legisladores o las legislaturas locales por los que muchas de nosotros hemos pasado, determinen sanamente --de acuerdo no sólo a criterios de carácter jurídico sino también a la tradición constitucional local, que en la mayoría de nuestras entidades es rica--, determine condición, requisitos, términos y mucho más.

Soy un persuadido de que la política en México demanda cambios de fondo, que el verticalismo --como eje del quehacer político-- deber ser cambiado por una sana horizontalidad entre órdenes, entre ámbitos de gobierno; convencido también, como estoy, de que la política no debe iniciar y concluir, como muchos años ha ocurrido, aquí en la Ciudad de México para irradiarse a estados y municipios. La política vívida intensa empieza, como nos consta, en municipios y estados y es esa política local intensa y vigorosa la que le da consistencia y contenido, la que le da densidad a la propia política nacional.

Compañeras, compañeros. En los estados y en los municipios de los que la inmensa mayoría de los presentes venimos, todos, absolutamente todos, políticos o no, somos mayores de edad. Démosle oportunidad y abrámosle paso a los estados y a los municipios y al fortalecimiento del constitucionalismo local. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Camacho. Tiene la palabra hasta por cinco minutos sobre el mismo tema y la misma iniciativa, el diputado José Rosas Aispuro.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: el tema que ahora nos ocupa, tanto al diputado César Camacho como a un servidor, indudablemente tiene que ver con la parte más importante de la vida local, del federalismo, de una palabra --que hemos abusado de ella--, hablamos diciendo que cada día tenemos un sistema federalista, democrático, pero imponemos las cosas desde lo central, desde lo federal a lo local.

Nos parece que las autoridades de carácter municipal, siendo éstas las más cercanas a la sociedad, las que tienen la necesidad, la obligación de estar permanentemente en contacto con los ciudadanos, deben tener la oportunidad de que se evalúa su trabajo, que permita premiar y castigar a las autoridades municipales, a los ayuntamientos, cuando éstos cumplen o no a la ciudadanía. Por eso el tema de la reelección nos parece que es algo que debe de quedar en el ámbito de la soberanía de los estados, para que sean ellos, para que sean las Constituciones políticas locales las que definan los términos, para que definan las formas en las que se pueden reelegir las autoridades municipales y, de esta manera, dar la oportunidad de que los ciudadanos realmente puedan tener ese espacio para decir cuándo un gobierno les ha cumplido y cuándo no. Nos parece pues que ésta ha sido una lucha que data de muchos años, una lucha que hemos dado quienes hemos estado al frente de los ayuntamientos, a través de las diversas asociaciones de municipios, donde está esa pluralidad, donde hemos logrado acuerdos, en base a la opinión de la ciudadanía, en la necesidad de impulsar esta reforma. Por eso nos parece de fundamental importancia que en estos tiempos podamos dejar atrás viejos tabúes que sólo afectan a las comunidades, al no tener la oportunidad de definir, con esta claridad, quiénes pueden ser nuevamente sus autoridades.

El federalismo debe estar basado y nutrido en la idea de la democracia, en un equilibrio armónico entre las facultades de los diferentes órdenes de gobierno; esto es, que un apropiado federalismo conlleve a una mayor y más adecuada responsabilidad y respuesta de las autoridades locales, a quienes tener un mejor grado de identificación con las condiciones y circunstancias de su región las hace aptas para que sean ellas las que determinen, en sus respectivos ordenamientos legales, las formas y términos en que pueda darse la reelección de los ayuntamientos y también de los diputados locales para que sea en el ámbito de las constituciones locales donde se defina cómo se puede dar la participación nuevamente de los diputados locales y también de la forma de funcionamiento del Poder Judicial en cada una de las entidades federativas. Por ello nos hemos dado a la tarea de analizar este tema y hemos hecho la siguiente propuesta el compañero César Camacho y un servidor, que consiste en el artículo único que dice: ``Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 115: se suprime el segundo párrafo de la fracción II, y se adiciona uno nuevo y el tercero, cuarto y quinto de los párrafos, fracciones terceras, que son reemplazados por un nuevo tercer párrafo del artículo 116 para quedar como sigue:

``Los estados, en el ejercicio de su soberanía, determinarán en sus respectivas constituciones los requisitos de legibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de las incompatibilidades y la reelección de los miembros de los ayuntamientos.

``Artículo 116, fracción III. La Constitución de cada estado determinará los requisitos de legibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de incompatibilidades, la reelección y todos los aspectos fundamentales de la organización y funcionamiento de los congresos locales''.

``La función jurisdiccional de los estados se ejercerá a través de los tribunales que establezcan sus constituciones y leyes, las cuales determinarán los requisitos que deban cumplir sus miembros, la integración, organización y funcionamiento de aquéllos y su sistema de responsabilidades''.

Ésta es, compañeras y compañeros diputados, la propuesta que hacemos para que el federalismo sea una realidad, para que el federalismo permita que realmente, en la democracia, la sociedad participe y pueda tener la oportunidad de premiar o de castigar a sus autoridades locales. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Rosas Aispuro Torres y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados César Camacho Quiroz y José Rosas Aispuro Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por el conducto de ustedes, someten a la consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I

Si bien desde el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y la Carta Magna del mismo año, la naciente República adoptó el régimen federal. No fue sino hasta el Acta de Reformas de 1847 cuando se delimitaron las materias que competían a la Unión, distinguiéndolas de las correspondientes a los estados.

En efecto, durante los trabajos legislativos de 1846-47, Mariano Otero formuló su célebre voto particular, en el que prevenía sobre ``la recíproca invasión, de manera que ni el poder del centro ataque la soberanía de los estados ni éstos disuelvan la Unión, desconociendo o usurpando sus facultades''. Dicha disposición, recogida por la Constitución de 1857, sigue vigente, ya que tampoco en 1917 fue objeto de debate alguno.

Ese esquema de distribución de competencias, siendo acertado y, en la letra, benéfico para los estados, ha sido afectado por sucesivas reformas constitucionales, que menguaron la capacidad de los gobiernos locales.

En nuestros días, todas las voces coinciden, primero, al advertir la abundancia de facultades exclusivas de la Federación y, a la inversa, la escasez de las de los estados; y segundo, al señalar que esta situación contraviene la intención original del sistema federal mexicano.

El reto de ahora consiste en que los gobiernos estatales recuperen facultades originales.

II

Esta iniciativa pretende incorporar a la legislación ideas y preceptos que responden tanto a la evolución de México como a su entorno actual.

Para poner al día el sistema federal han sido planteadas variadas e importantes iniciativas de reformas y adiciones constitucionales y legales, todas ellas orientadas a abrir nuevas oportunidades para los estados que, sin duda, pronto serán revisadas por esta legislatura y, muy probablemente, dictaminadas y aprobadas; no obstante, a juicio de los federalistas recalcitrantes, aún cuando esas iniciativas radicadas en esta Cámara con carácter de minutas superen la etapa final del proceso legislativo en la que se encuentran, todavía hará falta honrar la soberanía de los gobiernos de los estados.

No parece correcto que el texto constitucional establezca restricciones, prohibiciones y pautas para la elegibilidad o el nombramiento de ciertas autoridades locales, como los integrantes de los ayuntamientos, los diputados locales o los jueces y magistrados. La rigidez vigente resulta contraria al régimen de libertades de los gobiernos locales al que todos aspiramos; las prohibiciones expresas en esos rubros rayan en el anacronismo.

Es preciso, sin embargo, actuar con inteligencia y evitar virajes bruscos que, en el extremo, nos regresen involuntariamente al lugar del que partimos; no se trata de cambiar este esquema rígido por otro igualmente duro y trasgresor de la soberanía local, la intención no es cambiar desde el Congreso de la Unión el restrictivo estado de cosas, por una mal entendida libertad, que termine siendo otra forzosa y uniforme disposición que deban obedecer los gobiernos de los estados, sino permitir que éstos decidan, por primera vez, lo que más convenga a cada uno.

III

Esta iniciativa consiste en remitir a las Constituciones de los estados el mayor número de competencias alusivas al ejercicio de la soberanía local.

Se propone que cada Constitución local determine lo referente a la integración, organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo y Judicial de los estados, así como de los ayuntamientos, permitiendo un tratamiento preciso y particular de los requisitos de elegibilidad de sus miembros, régimen de incompatibilidades, duración del mandato, reglas de sustitución y, eventualmente, las condiciones para la reelección.

Esta iniciativa atiende a lo prescrito en los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, que consagran la forma de gobierno y el principio de soberanía popular, ya que la República está integrada por estados libres y soberanos en lo que respecta a su régimen interior, por lo que a ellos corresponde determinar todo lo concerniente a la organización e integración de sus poderes, por ser decisiones que, en tanto no contravengan al pacto federal, le competen al Constituyente local, según la realidad y la tradición política de cada estado.

La inclusión, en la Constitución federal, de disposiciones relacionadas con la estructura y el funcionamiento de los ámbitos de gobierno estatal y municipal, representa una intervención que atenta contra el sistema federal mexicano, pues desde su origen éste ha contemplado el ejercicio de una soberanía dual, es decir, siendo una sola, se expresa tanto a través de los poderes de la Unión, como de los poderes de los estados. En el primer caso, para que el Estado federal se organice según un criterio uniforme y acorde a la voluntad de sus partes; en el segundo, para que éstas resuelvan, en lo que toca a sus regímenes interiores, lo que más le convenga a cada una. Por tal motivo, se dispone:

A)Reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, alusivos a la no reelección para el periodo inmediato y las reglas de sustitución de los integrantes de los ayuntamientos, las condiciones de integración y los requisitos de elegibilidad de los integrantes de los concejos municipales. Se sustituyen por un nuevo párrafo, en el que se establece que sean las constituciones locales las que, en cada caso, determinen lo que deba proceder.

Como antecedente, cabe observar que las constituciones históricas de 1824 y 1857 no destinaron un solo artículo a la cuestión municipal, lo que sugiere que en ambas ocasiones el Constituyente resolvió dejar a los estados lo tocante a la organización política y administrativa de sus municipios, por ser parte de su régimen interior.

Es lógico que sea en la constitución local y la legislación ordinaria de cada estado donde se establezcan los requisitos de elegibilidad, duración del mandato, reglas de sustitución, régimen de incompatibilidades y, eventualmente, reelección de las autoridades municipales.

B)Reformar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116, que prohíbe la reelección inmediata de los diputados a las legislaturas de los estados, por uno nuevo que remite a cada constitución particular lo referente a los requisitos de elegibilidad, duración del mandato, reglas de sustitución, incompatibilidades y reelección, organización y funcionamiento de los Congresos estatales.

La soberanía popular, que se expresa a través de los poderes estatales, se ha entendido, desde la Constitución de 1824, como el derecho de sus habitantes a elegir a sus autoridades, o bien, como la facultad del poder público local para integrarse y funcionar, según su propia legislación, empezando desde luego por la Constitución particular. De ello se desprende que cada estado puede dictar sus leyes y, por tanto, configurar un espacio constitucional en donde adoptar decisiones propias.

C)Derogar los párrafos cuarto, quinto y sexto de la fracción III del artículo 116 constitucional, que aluden a requisitos de elegibilidad, incompatibilidades, duración del cargo, reelección y remuneración de jueces y magistrados, sustituyéndolos por un nuevo tercer párrafo, toda vez que tales asertos también son válidos para el Poder Judicial de los estados. Se establece, en un nuevo párrafo tercero, que las constituciones y las leyes de los estados, determinarán los requisitos que deban cumplir sus miembros, su integración, organización y funcionamiento, así como su sistema de responsabilidades.

A lo largo de la historia, los estados no sólo han adoptado criterios propios para su organización interna, sino que han hecho aportaciones jurídicas útiles a la nación entera; como ejemplo, basta recordar que el juicio de amparo surgió en Yucatán y luego se extendió al resto del país. Por ello es importante que el Poder Judicial, que ha alcanzado autonomía y prestigio a nivel nacional, se fortalezca igualmente en las entidades federativas, de acuerdo con reglas y principios determinados por sus legislaturas respectivas.

Con esta reforma, se remite a la Constitución particular y a la legislación de los estados todo lo relacionado con la integración, organización y funcionamiento de los tribunales, así como el régimen de responsabilidades de sus integrantes, salvaguardando en la Constitución federal el principio de la independencia del Poder Judicial de las entidades federativas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 115 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 115, se suprime el segundo párrafo de la fracción II y se adiciona uno nuevo; y el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos de la fracción III son reemplazados por un nuevo tercer párrafo del artículo 116, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I...

Los estados, en el ejercicio de su soberanía, determinarán en sus respectivas constituciones los requisitos de elegibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de incompatibilidades y la reelección de los miembros de los ayuntamientos.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

La Constitución de cada estado determinará los requisitos de elegibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de incompatibilidades, la reelección y todos los aspectos fundamentales de la organización y funcionamiento de las legislaturas locales.

III. ...

La función jurisdiccional de los estados se ejercerá a través de los tribunales que establezcan sus Constituciones y leyes, las cuales determinarán los requisitos que deban cumplir sus miembros, la integración, organización y funcionamiento de aquéllos y su sistema de responsabilidades.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de octubre del año 2006.--- Diputados: César Camacho Quiroz, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Rosas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Faustino Javier Estrada González:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: la obesidad y el sobrepeso se han convertido en un problema de salud pública a una escala mundial, debido a la asociación de enfermedades crónicas como es la diabetes tipo dos, hipertensión arterial, diversos tipos de cáncer, cirrosis, problemas cardiovasculares y de adaptación psicosocial, entre otros. Este problema no es exclusivo de países ricos, debido a que en las naciones en desarrollo el fenómeno de la migración del campo a la ciudad ha provocado cambios en la dieta de la gente, al consumir mayor cantidad de alimentos energéticos, es decir, con un mayor número de calorías que, al no ser consumidas con una actividad diaria y combinando la falta de ejercicio y el sedentarismo, han incrementado el nivel de peso en la población.

En nuestro país existe un grave problema de nutrición, la cual se divide en dos vertientes: la desnutrición y el desequilibrio alimenticio; sumando a esto las condiciones de pobreza en la población, provoca que se sacrifique la calidad nutricional para no reducir la cantidad de alimentos, afectando a la alimentación de los integrantes de la familia.

México cuenta con una tasa de obesidad alarmante: hay 32 millones de mexicanos con obesidad, de los cuales cinco millones están propensos a convertirse en diabéticos. Esta tendencia indica que las enfermedades crónico-degenerativas abarcarán el 90 por ciento del presupuesto del gasto en salud para el 2010 en México. De no poner en marcha políticas públicas en contra de la obesidad, se estima que para el 2020 las enfermedades que no se transmiten serán la causa del 73 por ciento de los decesos del mundo.

La falsa idea de que la gordura en los niños es sinónimo de salud ha propiciado que la población infantil en este país haya aumentado considerablemente problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes y bajo rendimiento escolar, entre otros.

La obesidad en infantes y adolescentes es provocada por el consumo de alimentos vastos en grasas saturadas, azúcares y sal. Esta alimentación, combinada con el sedentarismo, provoca enfermedades cardiovasculares que causan dos mil 200 muertes en la población infantil, las cuales representan la tercera causa de mortalidad infantil en nuestro país. Una manera de evitar estos problemas es a través del cambio de hábitos nutricionales, como el consumo de frutas, hortalizas frescas y delimitar el de alimentos altos en grasas saturadas, azúcar y sal, así como realizar la práctica de actividad física moderada diaria.

Además, un estudio realizado por la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca detectó que la oferta de productos de las cooperativas escolares es de bajo valor nutricional y de alto contenido en grasas saturadas, provocando que el infante tenga pocas opciones de comprar alimentos nutritivos a la hora del descanso; al mismo tiempo, se reveló que las instituciones educativas no cuentan con los suficientes bebederos ni con la venta de agua embotellada para el infante, aumentando así la gravedad del problema.

La educación alimenticia que están recibiendo los niños en México es totalmente errónea y deficiente, ya que las instituciones educativas tienen la obligación de promover una cultura alimenticia sana desde los primeros años escolares; por eso se debe realizar un monitoreo exhaustivo de la oferta de productos en las cooperativas de las escuelas de nivel básico y medio, para que se fomenten buenos hábitos alimenticios a los menores. También se debe exigir una coordinación entre padres de familia, autoridades escolares y la Secretaría de Salud para fomentar la sana alimentación de los niños; es decir, que todos estén informados sobre la dieta que se ofrezca en las instituciones educativas, con la intención de que se transmita a los hogares una cultura alimenticia sana.

Tomando como base la iniciativa global de escuelas saludables, realizada por la Organización Mundial de la Salud, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la siguiente propuesta, con el objeto de convertir a las instituciones educativas en espacios saludables, donde se promueva una sana alimentación y la práctica del deporte, lo que daría como resultado la educación y la reducción de la tasa de obesidad infantil en las siguientes generaciones.

Un ejemplo de esto ha sido la aprobación de la reforma de la Ley de Educación en el estado de Baja California, para evitar la venta de alimentos con bajo o nulo valor nutricional en las escuelas; por tanto, consideramos que este esfuerzo debe mantenerse no sólo en un estado, sino a nivel federal, para fomentar la sana alimentación y la práctica del deporte en las instituciones educativas en todo el territorio nacional.

En el ámbito internacional, Estados Unidos aprobó la iniciativa de la ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra en las escuelas, debido a que los costos de tratamiento de obesidad ascienden a 75 millones de dólares al año. En México, al ocupar el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se deben realizar acciones legales para combatir este mal, para que los infantes y jóvenes mexicanos tengan hábitos alimentaciones para su desarrollo integral.

Debido a lo anterior, los integrantes del Partido Verde Ecologista, ponemos a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con decreto, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el objeto de fomentar nuevos hábitos en nuestra juventud.

Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72 y 73, fracciones XXV y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La obesidad y el sobrepeso (definidos como un exceso de tejido adiposo en el organismo) se han convertido en un problema de salud pública a escala mundial, debido a la asociación de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, diversos tipos de cáncer, cirrosis, problemas cardiovasculares e inadaptación psicosocial, entre otros. Existe una relación directa entre la obesidad y el aumento de cifras de morbilidad y mortalidad provocados por estas enfermedades; se reconoce como una epidemia, al registrarse mil millones de habitantes en el mundo que padecen sobrepeso, de éstos, al menos 300 millones son obesos, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

Este problema no es exclusivo de países ricos, debido a que en las naciones en desarrollo el fenómeno del éxodo del campo a la ciudad ha provocado cambios en la dieta de la gente, al consumir mayor cantidad de alimentos energéticos, es decir, con un mayor número de calorías que, al no ser consumidas con la actividad diaria y combinándose con la falta de ejercicio ha incrementado el nivel de peso en la población.

En México existe un grave problema de nutrición, el cual se divide en dos grandes vertientes: la primera es por la falta de alimentación, y la segunda por el exceso y desequilibrio alimenticio. Tomando como referencia el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, hay 49 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, y 17 millones subsisten con menos de un dólar al día; por ende, las familias pobres sacrifican la calidad nutricional para no reducir la cantidad de alimentos, afectando la salud de los integrantes de la familia.1

Un estudio del doctor Mark Gold, de la Universidad de Florida, demostró que el consumo de alimentos ``chatarra'' puede causar adicción, como el alcoholismo. Esto se debe a que la comida se ha vuelto más refinada, más hedónica, más agradable y el cerebro responde a la estimulación que provocan estos productos, hasta llegar a un punto en el que el consumidor empieza a caer en un exceso provocando la obesidad. Debido a esto, es necesario que se fomente una sana alimentación desde niños para evitar que las siguientes generaciones sufran de este mal.

México cuenta con una tasa de obesidad alarmante, hay 32 millones de mexicanos con sobrepeso y obesidad, de los cuales cinco millones están propensos a convertirse en diabéticos. En el 2005, en México --según el quinto informe de labores de la Secretaría de Salud-- el primer lugar de causas principales de mortalidad general es la diabetesmellitas, con 64 mil 334 decesos; muchas veces como consecuencia del sobrepeso de las personas.

Esta tendencia indica que las enfermedades crónico-degenerativas abarcarán el 90 por ciento del presupuesto del gasto en salud para el 2010 en México. De no poner en marcha políticas públicas en contra de la obesidad, se estima que para el 2020 serán las enfermedades no transmisibles la causa del 73 por ciento de los decesos del mundo.2

La idea de que la gordura en niños es sinónimo de salud, es falsa, debido a que la manifestación del 50 por ciento de este mal se presenta antes de los dos años de edad y el resto se observará en los periodos de mayor crecimiento, principalmente en la pubertad y la adolescencia. Aunado a esto, se estima que el 80 por ciento de los adolescentes obesos lo seguirán siendo el resto de su vida.

La obesidad en infantes y adolescentes es provocada por el consumo de alimentos vastos en grasas saturadas, azúcares y sal. Esta alimentación combinada con el sedentarismo, provocan enfermedades cardiovasculares, que causan 2 mil 200 muertes en la población infantil, los cuales representan la tercera causa de mortalidad infantil en nuestro país.

Los niños con obesidad son, por lo general, de un comportamiento pasivo, reprimido, tímidos, tienen un bajo rendimiento escolar y deportivo. También muestran poca tolerancia con sus compañeros y familiares, todo esto causado por su aspecto, provocando inseguridad en el niño para relacionarse.

Una manera de evitar estos problemas es a través del cambio de hábitos nutricionales, como la ingesta de frutas y hortalizas frescas; limitar el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, azúcar y sal; realizar la práctica de actividad física moderada diaria. Esto se logrará a través de la prohibición de alimentos ``chatarra'' en las cooperativas escolares, establecer horarios fijos para los periodos de comida y determinar el tiempo disponible para el consumo de alimentos. Aunado a esto, se deberá de cambiar la oferta de alimentos energéticos hipercalóricos por vegetales, cereales, agua, frutas, entre otros.

También debe de existir una coordinación entre padres de familia, autoridades escolares y la Secretaría de Salud para fomentar la sana alimentación de los niños.

Esta medida de prevención se basa en el hecho de que el impacto para reducir la tasa de incidencia y prevalencia de enfermedades provocadas por la obesidad es mejor que cuando se identifica y se maneja la enfermedad. Además, se aumentaría la calidad de vida de la población, la producción económica de las personas y disminuirían los costos para la atención médica de la Secretaría de Salud.

La Organización Mundial de la Salud realizó la Iniciativa Global de Escuelas Saludables, donde se promueve una participación conjunta entre autoridades educativas, maestros, estudiantes y padres de familia para hacer de las escuelas un espacio saludable en nutrición y deporte. Se busca que se fomente una dieta con abundantes frutas y hortalizas ricas en micronutrientes que fortalezcan el sistema inmunológico; también podría ayudar a las defensas naturales del organismo para protegerse de las enfermedades infecciosas; esto, combinado con el ejercicio moderado diario, daría como resultado la reducción de la tasa de obesidad infantil en las siguientes generaciones.

Un ejemplo de la efectividad de estas acciones son Finlandia y Japón, países que han intervenido activamente para modificar la dieta y los hábitos alimentarios de sus poblaciones. Ahí se ha producido una considerable reducción de los factores de riesgo y de las tasas de incidencia de enfermedades crónicas.3

En México también se ha tomado conciencia de los problemas que causa la venta de productos carentes de valor nutricional, siendo el estado de Baja California el mejor ejemplo al reformar sus leyes estatales de educación en pro de la mejora nutricional en las escuelas.

Baja California

Ley de Educación

Artículo 15. Se dan facultades al Ejecutivo para establecer lineamientos generales para evitar la venta de alimentos con inadecuado valor nutricional en las tiendas escolares de nivel básico y medio superior.

Es así como esta iniciativa busca estimular la sana alimentación y la práctica diaria de deporte en las escuelas para prevenir las enfermedades crónicas, que no sólo afectan a la población de México, sino a la del resto del mundo. Se promueve la participación conjunta de los padres de familia con las autoridades escolares para que se puedan determinar los almuerzos escolares con recomendación de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición, con el objeto que sean altamente nutricionales para los infantes.

De tal forma que esta iniciativa retoma la propuesta presentada anteriormente por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, para que, con fundamento en el inciso I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podamos en la Cámara de Diputados reformar aquellos ordenamientos jurídicos que permitan garantizar a todos los infantes y jóvenes mexicanos hábitos alimenticios para su desarrollo integral.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 7, fracción IX, y se adicionan un último párrafo al artículo 33 y un último párrafo al artículo 67, todos de la Ley General de Educación.

Artículo Primero: Se reforma el artículo 7, fracción IX, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte; en los programas académicos, establecer que se realice una hora diaria mínima de actividades físico-deportivas.

X. a XIII. ...

Artículo Segundo: Se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIII. ...

...

Las autoridades educativas, en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, establecerán los valores nutricionales mínimos que deberán contener los alimentos que se enajenan en las instituciones de educación del nivel básico y medio superior, prohibiéndose aquellos con bajo o nulo valor nutricional.

Artículo Tercero: Se adiciona un último párrafo al artículo 67 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. a V. ...

...

...

Las asociaciones de padres de familia participarán con las autoridades escolares en el diseño de los programas y planes de alimentación que el Estado establezca, ya sea a través de los almuerzos escolares estatales, o de los productos que sean comercializados por las cooperativas dentro de las instalaciones. En todo momento se atendrán a lo dispuesto en las regulaciones correspondientes en la materia.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberá elaborar y presentar ante la autoridad competente un proyecto de norma oficial mexicana, para los efectos del artículo segundo del presente decreto, en un plazo que no exceda de 180 días naturales a partir de la publicación de éste en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero: Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Proposición con punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentada al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 8 de febrero de 2006.

2 Organización Mundial de la Salud.

3 http://www.who.int

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre del 2006.--- Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Javier Estrada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña:Con su permiso diputado Presidente: en virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en el Gaceta Parlamentaria, solamente presentaré un resumen de la misma, pero sí le solicito, señor Presidente, que sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas, compañeros diputados: la presente iniciativa tiene la finalidad de evitar el abuso de funcionarios en el ejercicio del cargo y evitar que los órganos de control interno de las dependencias apliquen injustificadamente sanciones a los servidores públicos que presuntamente hayan cometido infracciones o faltas administrativas, sin haber comprobado el hecho.

De igual forma, proponemos que la suspensión temporal proceda si, conforme a los elementos probatorios, resulta necesaria tal medida, lo que obliga a fundar y motivar la resolución que decida suspender a un servidor público; además, la medida de la suspensión debe estar plenamente justificada.

Asimismo, se propone que la temporalidad no sea ilimitada en el artículo 21 de la ley vigente, que no menciona el tiempo que debe durar la suspensión; consideramos que 30 días hábiles debe ser el término máximo, tiempo suficiente para que la Contraloría realice las investigaciones o diligencias necesarias. Esto afectará al trabajador, pero concluirá la incertidumbre de no saber de los hechos que se le han imputado.

Diversos hechos conocidos por la opinión pública han demostrado la necesidad de un medio eficaz que combata las malas prácticas del servidor público, pero estas medidas no deben ser pretexto para violentar o lesionar las garantías individuales.

Con el interés de crear instrumentos legales que mejoren el servicio público, se presenta a su consideración la presente reforma al primer párrafo de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21, fracción V, en su primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue.

Único. Se reforma el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 21. ``La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

V. ``Posteriormente a la notificación practicada al servidor público, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, con base en elementos probatorios, podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión si así conviene, para la conducción o continuación de las investigaciones.

La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le imputa y no podrá exceder de 30 días hábiles. La determinación de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad''.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre del año 2006. Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las modernas democracias deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

Vivimos en México nuevos tiempos, los cuales demandan cambios estructurales en cuanto a las diferentes gestiones públicas que se llevan a cabo en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de fecha 5 de abril de 2001, retomó, como uno de sus principales objetivos en el ejercicio del servicio público, el fenómeno social de la corrupción. Grave problema que se opone a los valores colectivos que pretenden que la función pública recupere la confianza.

El problema de la corrupción ha traído consecuencias negativas que han impedido el desarrollo armónico del país, y que han afectado principalmente a las esferas de la administración pública y generado desconfianza en las autoridades y las instituciones; de igual manera, ha repercutido también en la buena aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros.

No obstante los avances en la materia, también se hace necesario efectuar modificaciones y reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que rige la actuación y el comportamiento de los servidores públicos.

La presente iniciativa tiene la finalidad de evitar el abuso por parte de funcionarios en el ejercicio del cargo, y evitar que los órganos de control interno de las dependencias apliquen injustificadamente sanciones a los servidores públicos que presuntamente hayan cometido infracciones o faltas administrativas, sin haber comprobado el hecho.

Actualmente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos otorga a los órganos internos de control facultades en las cuáles existe violación a las garantías constitucionales, como la referida en el primer párrafo del artículo 21, fracción V, de la ley en comento.

El mencionado artículo y el primer párrafo de dicha fracción, dicen lo siguiente:

``Artículo 21.- La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I. a IV. ...

V. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.''

Lo anterior es contrario al espíritu del artículo 14 constitucional, pues el citado precepto señala que ``nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho''.

Como se puede observar, si iniciado el procedimiento los órganos de control interno consideran suspender a un servidor público, lo hacen sin que esté de por medio una resolución debidamente motivada. Tal conducta es violatoria de la Constitución, pues al carecer de motivación se deja al trabajador, además de suspendido en sus labores, en absoluto estado de indefensión.

Con dicha suspensión se priva al trabajador del derecho de audiencia y sin haber sido vencido en juicio. No obstante, se le impone una sanción: la suspensión en su cargo o empleo, sin precisar el tiempo de duración; en este sentido la ley es omisa. Luego, entonces, esta situación deviene injusta y, por tanto, contraria a derecho.

El órgano interno de control, al imponer la suspensión de manera previa al citatorio, impide al trabajador conocer la falta que se le imputa. Simplemente se le sanciona. Y aunque el artículo señala que la suspensión temporal ``no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute'', en sí la suspensión es una sanción, es una afectación que sufre el servidor público en su esfera jurídica, sin conocer el motivo, y sin oportunidad única de defensa.

Desde el momento de la suspensión, al trabajador se le priva de la garantía dispuesta en el primer párrafo del artículo 5o. constitucional, que a la letra dice: ``A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.'' La suspensión temporal afecta a la persona en sus derechos, sin que haya un juicio de por medio y sin que se cumplan las formalidades del procedimiento.

Ahora bien, es más aceptable la hipótesis de la suspensión de manera posterior al citatorio, pues con ello el trabajador al menos conoce los hechos en que se le involucra y no queda en estado de indefensión.

Coincidimos con la investigadora Laura Chong Gutiérrez en que también se debe cambiar la palabra ``presunto responsable'', pues es un término propio del ámbito penal, además según lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los títulos segundo y tercero de la ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Proponemos utilizar la expresión ``servidor público involucrado'' en lugar de ``presunto responsable''.

De igual forma, proponemos que la suspensión temporal proceda si, conforme a los elementos probatorios, resulta necesaria tal medida, lo que obliga a fundar y motivar la resolución que decida suspender a un servidor público. Además, la medida de la suspensión debe estar plenamente justificada.

Asimismo, se propone que la temporalidad no sea ilimitada. En el artículo 21 de la ley vigente no menciona el tiempo que debe durar la suspensión. Consideramos que 30 días hábiles debe ser el término máximo, tiempo suficiente para que la contraloría realice las investigaciones o diligencias necesarias. Esto afectará al trabajador, pero concluirá la incertidumbre de no saber de los hechos que se le imputan.

Diversos hechos conocidos por la opinión pública han demostrado la necesidad de un medio eficaz que combata las malas prácticas del servicio público, pero estas medidas no deben ser pretexto para violentar o lesionar las garantías individuales.

Con el interés de crear instrumentos legales que mejoren el servicio público, se presenta a su consideración la presente reforma al primer párrafo de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 21, fracción V, en su primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 21. La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I. a IV. ...

V. Posteriormente a la notificación practicada al servidor público, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, con base en elementos probatorios,podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute y no podrá exceder de treinta días hábiles. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña. Inclúyase el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes de la Universidad Iberoamericana de Puebla del primer semestre, que están presentes en esta sesión. Bienvenidos.

REGION SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, una proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo de la región sur-sureste de México.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo de la región sur-sureste de México, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del PNA

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Pero aquí abajo, abajo...cerca de las raíces

es donde la memoria ningún recuerdo omite

y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven

y así entre todos logran lo que era un imposible

que todo el mundo sepa que el Sur,

que el Sur...también existe.

Mario Benedetti

A pesar de los esfuerzos por incorporar al desarrollo a las diversas regiones entidades federativas y municipios del país, el panorama de desequilibrios y distorsiones en las estructuras económicas y sociales, aunado al entorno político, ha hecho que continúen prevaleciendo realidades socioeconómicas con profundas diferencias que se expresan en una geografía desigual y compleja.

La existencia, por un lado, de zonas con óptimos desarrollos integradas casi en su totalidad a los procesos de globalización como la Región Norte de México y por el otro, lugares que muestran altos índices de marginación y pobreza como la región sur-sureste, demuestran que en el país la planeación regional y las políticas de corte regional no se han aplicado correctamente pues no han resultado ser herramientas que orientan e integran las actividades y esfuerzos del gobierno y la sociedad, en busca de un desarrollo social, económico, territorial y ambiental más equilibrado y ordenado.

La región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país. Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en dicha región son endémicas y se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza, que incluye la aplicación en el pasado de políticas públicas que la han discriminado.

Con el tiempo, las brechas entre el sur-sureste y el resto del país se han ampliado. Sus problemas económicos y sociales son estructurales y no producto de una situación de coyuntura. Por mencionar algunas cifras, en la actualidad la región cuentan con una población aproximada de 30 millones de habitantes y de las diez entidades federativas a nivel nacional que presentan condiciones graves condiciones de marginalidad y pobreza, ocho pertenecen a la región sur-sureste. La región concentra al 74 por ciento de la población indígena del país, uno de los grupos más vulnerables de la nación. Índices de pobreza, tales como la mortalidad infantil, el analfabetismo, el porcentaje de población en localidades aisladas, la población en localidades con alta y muy alta marginación, entre otros, muestran en los estados del sur-sureste diferencias impactantes con respecto a los valores registrados en cada caso en las entidades más desarrolladas del país.

A pesar de los datos anteriores, esta zona tiene grandes potencialidades gracias a su riqueza en recursos naturales. Dispone de agua, abundancia de energía, diversidad biológica, diversidad climática, diversidad de suelos; una importante extensión costera, riqueza cultural, disponibilidad de fuerza de trabajo, extensiones importantes de bosques y selvas; cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos y alberga un número importante de reservas naturales.

Por ello esta situación de injusticia, desigualdad y atraso social demanda un cambio estructural profundo basado en la innovación institucional y social, en una ampliación de las causas democráticas y considerando mecanismos de incorporación de los sectores excluidos del desarrollo social, así como en el fomento de las actividades productivas de la región y en la constitución de proyectos productivos con los que las organizaciones empresariales eficientes coadyuven a la disminución de la marginación y la pobreza.

Es en este sentido que es de suma importancia la implementación de acciones coordinadas de los distintos órdenes de gobierno con el fin de facilitar el desarrollo integral sustentable de esta región, impulsando programas y proyectos que tengan como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas. Es indispensable llevar a cabo procesos sostenidos de reactivación económica, generación de empleo y redistribución del ingreso, para mejorar realmente las condiciones y calidad de vida de la población, esto si se busca disminuir las desigualdades sociales y abatir la brecha que separa el sur del resto del país.

Por ende, resulta imprescindible que en la LX Legislatura se creen nuevos espacios y se dé continuidad a los ya creados para impulsar y dar seguimiento a los trabajos realizados para el desarrollo de la región mediante la instauración de una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal, a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la región sur-sureste de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de octubre de 2006.--- Diputada Irma Piñeyro Arias.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

En virtud de la gran cantidad de asuntos presentados en el capítulo de proposiciones con punto de acuerdo, esta Mesa Directiva hace un exhorto respetuoso a todos los diputados para racionalizar su presentación.

Hemos venido teniendo rezagos sesión tras sesión. En la última quedaron 38 asuntos pendientes, más los 16 que se inscriben el día de hoy, difícilmente vamos a ponernos al corriente. Les pedimos respetar los tiempos y les pedimos también su colaboración para poder racionalizar este capítulo de presentación de puntos de acuerdo.

ESTADO DE QUERETARO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede la palabra al diputado Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación que emita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora, estado de Querétaro.

El diputado José Luis Aguilera Rico:Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; con el permiso de la Mesa Directiva: totalmente de acuerdo con usted sobre los puntos que ya están inclusive en la Gaceta; simplemente quiero hacer una síntesis de esta propuesta con punto de acuerdo, donde estamos solicitando respetuosamente a la Secretaría de Gobernaciónemita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora en el estado de Querétaro, por los daños ocasionados por lluvias desde el 30 de septiembre.

Quiero ser respetuoso en el sentido del tiempo también, pero comentar y compartir con ustedes lo que en el estado de Querétaro primero se vivió en el año 2003 y que a pesar de las obras que se realizaron por parte del gobierno del estado y del municipio de Querétaro, lo único que faltó fue hacer obras, sobre todo en este municipio de Villa Corregidora, y platicando precisamente con el alcalde de este municipio llegamos a la conclusión de poder apoyar a través de los recursos federales que también tienen, ayudar a este tipo de desgracias naturales... desastres naturales y desgracias en las familias de este municipio del estado de Querétaro, y ya que en esta tribuna también muchos de los compañeros diputados hemos aprovechado la ocasión para sumarnos a diferentes puntos de acuerdo en el sentido de estas desgracias naturales que suceden, precisamente, en algunos estados de la República.

Lo vivió el estado de Chihuahua, lo vivió Sinaloa y nuevamente Querétaro; después de tres años se vuelven a dar estas características.

Yo quisiera también, señor Presidente, que, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pueda consultar al Pleno la urgente u obvia resolución sobre este tema, para que en esta misma sesión sea discutido y, en su caso, aprobado. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre respecto al municipio de Villa Corregidora, Querétaro, por los daños que ocasionaron las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El diputado federal integrante de la LX Legislatura José Luis Aguilera Rico, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

El pasado 30 de septiembre se registró una intensa lluvia en el estado de Querétaro a partir de las 21 horas aproximadamente y por un lapso de casi ocho horas. Se registraron 132 milímetros de precipitación, que ocasionaron el desbordamiento del río El Pueblito, a la altura del municipio de Villa Corregidora, que provocó inundaciones de hasta 2 metros. Como siempre, ello afectó a diferentes sectores de la población.

Colonias populares como Las Flores y calles aledañas a la ribera del río resultaron con daños severos, tanto en estructuras de las viviendas como en vehículos, enseres eléctricos y muebles.

Lo anterior sucedió en por lo menos 300 domicilios, principalmente de las colonias Las Flores y Pirámides y la parte baja de Santa Bárbara, lo cual afectó a 800 personas, entre ellos muchos niños.

Si bien no se registraron pérdidas humanas, se tuvo una oportuna intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la decimoséptima zona militar y del gobierno del estado por conducto de la Unidad Estatal de Protección Civil y de las secretarías de Obras Públicas, de Salud, y de Seguridad Ciudadana.

Se instalaron albergues temporales en el CBTIS, CAM y Casa de la Cultura para dar atención a más de 300 personas; a través del DIF municipal se entregaron 200 cobijas y 183 colchonetas, además de agua embotellada.

Se comenzó la remoción de escombros y lodo de las calles, así como el desazolve de la red de alcantarillado afectada de las calles Cuauhtémoc, callejón de Zaragoza, Francisco Sarabia y Justo Sierra, del municipio de Villa Corregidora, Querétaro.

La ayuda ha sido oportuna, mas no ha resultado suficiente. Por ese motivo y por lo expuesto, propongo a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de zona de desastre con la mayor brevedad respecto al municipio de Villa Corregidora, Querétaro, y a liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres para atender a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Aguilera. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión... Sonido a la curul del diputado José Luis Aguilera.

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Señor Presidente, solamente para hacer una valoración sobre la votación que acaba de ser calificada. Si ve usted el grupo parlamentario del PAN, no hay diputados y en el PRI, en el PRD, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, hay más diputados sobre de este lado que de aquél. Yo creo que hay dos terceras partes sobre el asunto que estamos votando.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase hasta por tres minutos el sistema electrónico de votación... Dígame. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente, yo creo que si se aprueba previamente una orden del día y ahí se señala que es turno a comisión, no puede, en el último momento, pedirse de obvia o urgente resolución.

En el Partido Acción Nacional sabemos de la urgencia de este asunto, pero simplemente queremos que se establezca cierta práctica y cierta disciplina. Si del mismo grupo está inscribiéndose turno a comisión, no puede ser que al final, en la tribuna, se plantee de obvia o urgente resolución. Por eso yo suplicaría que se turne a comisión.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats, pero es un derecho del proponente que ha solicitado en la tribuna que se considere el asunto de urgente resolución. Ábrase hasta por tres minutos y tómese la votación para saber si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior; ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a recoger la votación

(Votación).

¿Falta algún diputado o diputada de votar? El sistema sigue abierto, por favor, registren su voto. Ciérrese el sistema de votación.

Señor Presidente, se emitieron 204 votos en pro, 177 en contra y 11 abstenciones. La votación no reúne las dos terceras partes para ser considerada de urgente resolución.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal.

El diputado Obdulio Ávila Mayo:Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea: el punto de partida de la presente proposición es crear las bases para un nuevo arreglo político institucional según el cual elDistrito Federalpueda poseer un gobierno autónomo, como el de las demás entidades federativas del país; por ello es necesario encontrar una adecuada fórmula de gobierno que garantice una gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las funciones de administración urbana de la Ciudad de México. A saber una entidad...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Hago un respetuoso llamado a todas las señoras y señores diputados para que atiendan al orador y tomen sus lugares respectivos. Adelante, diputado Ávila.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Gracias, señor Presidente. El principal aspecto que debe abordar una nueva reforma es la creación de un gobierno local plenamente autónomo, sustentado en un diseño políticamente democrático e institucionalmente eficiente, acorde con los principios del federalismo mexicano. Es necesario analizar y actualizar cuáles son las competencias que corresponden a los tres órdenes de gobierno: la Federación, los estados y los municipios.

Dentro del Distrito Federal, el gobierno de la Ciudad de México requiere también una profunda reforma institucional que permita otorgar mayor eficiencia y eficacia a la gestión del territorio y que garantice una adecuada calidad de vida para el conjunto de la población que habita la gran metrópoli; un gobierno con perspectiva metropolitana. Su consideración en la próxima reforma es fundamental y deberá contemplarse la creación de órganos tanto normativos como ejecutivos que vislumbren acciones tales como la revisión de los órganos de gobierno para que respondan a las necesidades de toda la zona metropolitana; una homologación de legislaciones en todas las materias y recursos etiquetados para la atención de proyectos metropolitanos que deben de fortalecerse; descentralización y mayor nivel de autonomía a entidades de gobierno local.

La descentralización en el interior del aparato del gobierno del Distrito Federal es ineludible para gobernar este espacio megalopolitano con democracia y eficiencia, para descentralizar el gobierno del Distrito Federal, no es sólo traspasar legalmente funciones y recursos del gobierno central a las delegaciones, sino que supone un complejo proceso: identificar diferentes etapas, delegación y desconcentración, así como revisar y modernizar el funcionamiento de toda la estructura burocrática. Se debe evitar el incrementalismo burocrático y las tensiones que provoca este proceso descentralizador en todos los ámbitos involucrados, y evaluar las capacidades locales en materia de recursos humanos, financieros y tecnológicos.

Por otra parte, descentralizar implica crear instancias de participación ciudadana que ejerzan funciones de supervisión y control, porque se trata de descentralizar no sólo recursos financieros sino, sobre todo, poder de decisión.

La instalación de la mesa interparlamentaria que se propone es en los siguientes términos: un representante por cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; un representante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Senadores y un representante de cada grupo parlamentario representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además, por cada diez puntos porcentuales superiores a 10 por ciento de representatividad que tenga cada grupo parlamentario en cada una de las Cámaras y en la Asamblea, contará con un integrante más; todos ellos tendrán derecho a voz y voto. También serán integrantes de la mesa, con el carácter de observadores, un representante del gobierno federal y un representante del Gobierno del Distrito Federal.

De igual modo, la mesa que se propone se reunirá las veces que se considere necesarias con los ciudadanos interesados en aportar propuestas para los fines de este trabajo. Será el pleno de este grupo de trabajo el que determinará quién de sus integrantes presidirá los trabajos y quién fungirá como secretario, además de establecer un programa de trabajo y una calendarización de sus actividades.

Finalmente, la mesa interparlamentaria entregará un documento final en un plazo que no excederá de un año a partir de su creación. Este documento deberá ser presentado como iniciativa con proyecto de decreto al Pleno de la Cámara de Senadores, por parte de los integrantes de la Comisión del de aquella Cámara, para seguir el trámite legislativo correspondiente.

Ésta es, pues, la síntesis que se presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la proposición que ha sido publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria, por lo que ruego al Presidente que se sirva ordenar, como economía parlamentaria y en virtud de la lectura de la misma de su síntesis, que se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para crear la Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el asiento de los poderes federales en la Ciudad de México ha generado desde sus inicios, en 1824, polémicas doctrinales, conflictos entre órganos federales y locales, durante mucho tiempo invariablemente resueltos a favor de de los primeros, la sujeción prolongada de las autoridades del Distrito Federal a la Federación y la reiterada demanda ciudadana, de los habitantes de la entidad, por alcanzar la plenitud de sus derechos políticos y un autogobierno que, sin entorpecer el funcionamiento de los poderes federales, permita la resolución de los problemas metropolitanos, por autoridades propias, electas por la ciudadanía capitalina y responsables ante ésta.

El significado de la Ciudad de México, no solo como Capital de la República, asiento de los poderes federales, sino también como gran urbe y además, como centro político, económico, cultural, religioso y social del país en su conjunto, no de hoy sino desde hace siglos, han dado al Distrito Federal mexicano un carácter especial, que ha adquirido mayor relevancia por su enorme crecimiento, resultante en una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta.

Sujeto el Distrito Federal en un principio a los poderes federales, privados sus ciudadanos del derecho de elegir sus propias autoridades, recientemente las peticiones de los capitalinos han logrado avances significativos, que se han concretado en el actual régimen político, en términos de lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución de 1917 en su texto original estableció un régimen de centralización del Distrito Federal: legislación y gobierno quedaron depositados en los órganos federales, respectivamente: Congreso de la Unión y Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de un gobernador y más adelante de un órgano establecido en la ley federal que fue un departamento administrativo dependiente de Ejecutivo y con competencia territorial específica. Aunque se crearon municipalidades, fueron pronto abolidas.

El primer gran paso se dio en 1986 con la creación de la, entonces, Asamblea de Representantes del Distrito Federal, resultado de demandas ciudadanas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales.

De 1988 a 1993 se sostuvo un intenso debate entre autoridades, asambleístas, diputados, círculos académicos y sociedad en general, que desembocó en reformas constitucionales conducentes a la creación del Estatuto del Distrito Federal. Los aspectos más relevantes de esa reforma fueron:

1) Transformar la Asamblea de Representantes de órgano reglamentario a legislativo, con más de 40 facultades entre las que se incluyeron la aprobación del presupuesto y la cuenta pública, así como la fiscalización al Ejecutivo.

2) La elección indirecta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de entre los diputados federales, senadores de la República o asambleístas del partido que obtuviese el mayor número de asientos en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

3) La supresión del Departamento del Distrito Federal como órgano administrativo, para ser considerado como una entidad territorial privilegiando su carácter de gobierno.

4) La supresión del Consejo Consultivo de la Ciudad de México y las juntas de vecinos en cada delegación, propuestos al electorado como candidatos por los partidos políticos.

Esta reforma se aprobó en 1994; y ante las circunstancias políticas, económicas y sociales que el país vivió aquel año, la nueva administración hubo de enfrentar acontecimientos que modificaron, aún sin siquiera intentarlo, los planteamientos de la reforma aludida.

En el transcurso de este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido, en diversas ejecutorias, reiterando el carácter del Distrito Federal como entidad federativa con un ``status'' particular, su existencia como un orden jurídico identificado, junto con el de la federación y los estados, en el conjunto del Estado Federal Mexicano y el carácter de órgano que tienen su Asamblea, su jefe de Gobierno e incluso las demarcaciones políticas territoriales (delegaciones).

Mención aparte merece el esfuerzo iniciado en marzo de 2001 por legisladores de todos lo partidos en la Asamblea Legislativa para dar vida a una nueva reforma para el Distrito Federal. Los diversos grupos parlamentarios representados en este órgano legislativo, iniciaron una serie de negociaciones encaminadas a reformar el régimen constitucional vigente con el propósito de dar a esta entidad federativa una mayor autonomía dentro de la estructura del régimen constitucional mexicano.

Durante más de nueve meses se realizó un profundo análisis de la actual organización jurídico política del Distrito Federal, frente a las necesidades urbanas crecientes de acciones y decisiones a nivel local, las demandas sociales y políticas de la población metropolitana y la necesidad de que todas las instituciones se ajustaran al momento político que vive el país en su organización y fortalecimiento democrático. El análisis fue realizado a través de un diálogo abierto entre los representantes, consultas con diversos sectores sociales y asesoría de profesionales y especialistas. El resultado final de los trabajos fue un conjunto razonado de reformas que alcanzaron el consenso de todas las corrientes políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Así, con fecha 13 de noviembre de 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de su Comisión de Gobierno, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada el 14 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal para su estudio y dictamen.

Con esa misma fecha, ambas comisiones tomaron conocimiento de la propuesta de reforma y procedieron a nombrar una subcomisión de trabajo para realizar el dictamen respectivo, así como reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su discurso, aprobación o modificación en su caso. Con fecha 11 de diciembre de 2001, el Pleno de las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal celebraron una sesión donde aprobaron un dictamen con proyecto de decreto.

En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2001, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y envió a la H. Cámara de Senadores la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propusieron, además una serie de modificaciones a la iniciativa a fin de dar mayor congruencia al texto de los artículos con las metas propuestas y los objetivos previamente definidos.

Con fecha 15 de diciembre de 2001, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó dicha iniciativa a las Comisiones del Distrito Federal, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, acordándose la formación de una subcomisión para la elaboración del dictamen respectivo.

En sesión de Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, celebrada el 11 de septiembre de 2002, se decidió desechar en su totalidad la minuta aprobada por la Cámara de Diputados.

En sesión celebrada el 1 de octubre de 2002, el Senado de la República, decidió desechar en su totalidad la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del H. Senado de la República, envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el dictamen donde la Cámara de Senadores resolvió desechar en su totalidad la minuta en cuestión.

En sesión celebrada el 8 de octubre de 2002, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó este dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal para su estudio y dictamen.

Por su parte la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 7 de noviembre de 2002, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 constitucional y la ley reglamentaria respectiva. Se impugna como acto la aprobación del dictamen de la Cámara de Senadores, en tanto a los efectos jurídicos que genera, dado que los razonamientos que se exponen son una violación directa de la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecida en el artículo 122, Apartado B, Base Primera, fracción V, inciso ``ñ'' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que faculta a dicho órgano legislativo a presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión, entre las que están incluidas las iniciativas de reforma constitucional.

Finalmente, el 17 de febrero de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia interpuesta por la Asamblea contra el Senado, al considerar que ésta no cuenta con la facultad para presentar iniciativas de reformas constitucionales. Fue así como el esfuerzo más completo de los grupos parlamentarios por aprobar una reforma para la capital del país, concluyó.

2. El punto de partida de la próxima reforma es el mismo que el de las anteriores: crear las bases para un nuevo arreglo político institucional según el cual el Distrito Federal, no obstante ser la capital de la República y por tanto asiento de los poderes federales, pueda poseer un gobierno autónomo como el de las demás entidades del país. Es decir, considerar lo que no ha podido ser resuelto en las sucesivas reformas y que ha llevado a afirmar su carácter de reformas inconclusas.

La Capital forma parte de la compleja, extensa y sobrepoblada zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual constituye la principal metrópoli del sistema urbano nacional al mundo globalizado donde se localiza la mayor concentración de los equipamientos educativos, culturales, recreativos, pero además es el escenario privilegiado de la vida política nacional, en el que habita una ciudadanía politizada y participativa. Por ello es necesario encontrar una adecuada fórmula de gobierno que garantice una gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las funciones de administración urbana de la Ciudad de México, a saber:

3. Una entidad federativa con autonomía:

El principal aspecto que debe abordar una nueva reforma es la creación de un gobierno local plenamente autónomo sustentado en un diseño políticamente democrático e institucionalmente eficiente, acorde con los principios del federalismo mexicano. El que durante muchos años se polarizara el debate de la forma de gobierno del Distrito Federal en torno a la creación (o no) del estado 32, sin que el mismo se sustentara en una revisión del complejo marco jurídico federal, fue un obstáculo que parece haber desaparecido del debate partidario actual. Ahora es necesario analizar y actualizar cuáles son las competencias que le corresponden a los tres órdenes de gobierno; la federación, los estados y los municipios en el territorio del Distrito Federal.

Lograr concretar el objetivo de la reforma política es de fundamental importancia para avanzar en la transición e inaugurar una forma de gobierno democrático en la Capital de México. Pero el Gobierno de la Ciudad de México requiere también una profunda reforma institucional que permita otorgar mayor eficiencia y eficacia a la gestión del territorio y que garantice una adecuada calidad de vida para el conjunto de la población que habita la gran metrópoli.

Las tareas son muy complejas y deberá realizarse una propuesta de reforma al Gobierno de la Ciudad de México, desde y en el interior del federalismo, integrando la transformación del gobierno de la capital a las que reclaman los ámbitos de gobierno local, estatal y municipal, de la nación.

4. Un gobierno con perspectiva metropolitana:

En lo concerniente a la coordinación metropolitana --en especial con las autoridades del estado de México--, no puede decirse que el tema metropolitano ha estado ausente ya que desde hace tres décadas se crearon algunas formas de coordinación de tipo territorial y para el suministro de algunos servicios urbanos y de protección ambiental. Sin embargo, las mismas han estado lejos de garantizar una forma de gobierno eficiente y democrático para la ciudad metropolitana y no han logrado modificar la inercia de que la gran ciudad se gobierne desde la visión de la ciudad central, es decir, el Distrito Federal.

Su consideración en la próxima reforma es fundamental y deberá contemplarse la creación de órganos tanto normativos como ejecutivos, y que vislumbren acciones tales como la revisión de los órganos de gobierno para que respondan a las necesidades de toda la zona metropolitana; una homologación de legislaciones en todas las materias; y recursos etiquetados para atención de proyectos metropolitanos;

5. Descentralización y mayor nivel de autonomía a entidades del gobierno local.

La descentralización en el interior del aparato de gobierno del Distrito Federal es ineludible para gobernar este espacio megalopolitano con democracia y eficiencia. Pero descentralizar el Gobierno del Distrito Federal no es solo traspasar legalmente funciones y recursos del gobierno central a las delegaciones, sino que supone un complejo proceso, identificar diferentes etapas (delegación, desconcentración), así como revisar y modernizar el funcionamiento de toda la estructura burocrática. Se debe evitar el incrementalismo burocrático y las tensiones que provoca este proceso descentralizador entre los ámbitos involucrados y evaluar las capacidades locales en materia de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Por otra parte, descentralizar implica crear instancias de participación ciudadana que ejerzan funciones de supervisión y control porque se trata de descentralizar no solo recursos financieros sino sobre todo poder de decisión.

Actualmente, aunque la ciudadanía elija a su jefe, las delegaciones son órganos desconcentrados, que formalmente tienen asignadas tantas o más funciones de gestión del territorio local y de los servicios que los municipios, pero que no reciben recursos por conceptos de participaciones federales y tienen competencias muy limitadas para generar recursos propios (ejemplo, fideicomisos). Sin duda, las mayores posibilidades de construir una relación gobierno-ciudadanía más democrática están en estos espacios locales, pero para ello es necesaria una nueva institucionalidad.

6. Participación Ciudadana:

Otro de los temas pendientes es crear una nueva institucionalidad que contribuya a sentar las bases de una democracia social, participativa, vinculante, con real toma de decisiones, y para ello debe revisarse el modelo de participación contemplado en la legislación vigente.

La reforma al Distrito Federal no es solo una reforma política --entendida ésta como una reforma a la estructura funcional de gobierno de la capital--; implica también una reforma administrativa a los procesos ejecutivos de los bienes y servicios públicos; implica una reforma al sistema hacendario y a las finanzas de la capital, e implica una reforma al tercer ámbito de gobierno en la ciudad: las demarcaciones territoriales, desde la perspectiva no solo de la desconcentración administrativa, sino más importante, de la descentralización y autonomía de las unidades que actualmente denominamos delegaciones.

Cuán trascendente debe ser para todos los actores políticos el tema de la Reforma Política del Distrito Federal, que todos los partidos consideran un apartado especial en sus plataformas políticas locales en el que se aborda el tema.

Fue también un tema recurrente de la campaña para la elección a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, e incluso el jefe de gobierno electo (el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón) ha mencionado en distintos foros su interés porque durante su gobierno se pueda concluir de una vez por todas la reforma política para esta capital.

Por ende, y dado que es un tema de interés general, el mayor error que podríamos cometer a la hora de empezar a dar forma a estos trabajos, sería partidizar el asunto, excluir a alguna fuerza política representada en el Congreso o en la Asamblea, y no buscar, hasta las últimas consecuencias, que cada decisión encaminada a dar vida a esta reforma, sea el resultado del consenso de todos los partidos.

Es por ello que los trabajos para esta reforma deben realizarse con la participación de todos los grupos parlamentarios representados en cada una de las cámaras del Congreso y en la Asamblea Legislativa, y esta representación debe ser proporcional al número de integrantes con que cada grupo parlamentario cuenta en los mencionados órganos legislativos.

De tal modo, a través de esta proposición con punto de acuerdo se pretende la conformación de un grupo de trabajo denominado Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, mismo que estaría integrado por diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados federales y senadores (todos ellos con voz y voto) de cada uno de los grupos parlamentarios representados en dichos órganos, en proporción al número de integrantes con que cuenten en los mismos.

Para determinar lo anterior, se propone que por cada grupo parlamentario haya un integrante, y uno más por cada diez puntos porcentuales superiores al diez por ciento de representatividad que tenga cada grupo parlamentario en cada una de estas cámaras y en la Asamblea. De este modo, se pretende guardar la proporcionalidad de representación de los partidos en estos órganos legislativos para que el peso específico de cada uno de ellos en la toma de decisiones sea un fiel reflejo de su representación electoral.

Además de estos legisladores, serán parte de este grupo de trabajo, con el carácter de observadores, un representante del gobierno federal y un representante del gobierno del Distrito Federal. Esto con el objetivo de que este grupo de trabajo cuente no solo con la visión de los legisladores, sino también de quienes ejercen la función ejecutiva local y federal.

Por supuesto que la visión de los especialistas y estudiosos del tema, no debe quedar aislada y si, por el contrario, debe ser valorada, por lo que se sugiere que esta mesa de trabajo se reúna, las veces que sean necesarias, con expertos en temas de la ciudad y en temas jurídicos.

Será el pleno de este grupo de trabajo el que determinará quién de sus integrantes presidirá los trabajos y quién fungirá como secretario, además de establecer un programa de trabajo y una calendarización de sus actividades.

El documento final se presentará al Pleno de la Cámara de Senadores como iniciativa con proyecto de decreto, por integrantes de la Comisión del de aquella Cámara. La razón por la cual se propone que se presente al Pleno del Senado y no de la Cámara de Diputados, es exclusivamente dar certeza al trámite que se le dará al documento final, considerando que un principio del Senado es la representación de las entidades federativas, en el entendido de que dicho documento ya habría sido previamente analizado, discutido y consensado por los partidos políticos.

La conformación de este grupo de trabajo ya no debe ser visto como un intento más por retomar el tema de la reforma política del Distrito Federal; por el contrario, debe ser la herramienta base para concluir de una vez por todas el rediseño del funcionamiento de los poderes del gobierno en la capital del país.

Y la manera en que se propone la conformación de este grupo de trabajo, pretende que le demostremos a los ciudadanos, a quienes nos debemos, que sí somos capaces de poner nuestras coincidencias por encima de nuestras divergencias partidistas, y que esta IV legislatura de la Asamblea Legislativa, y LX legislatura del Congreso de la Unión, pudo concluir una reforma cuya finalidad esencial es darle a los habitantes de esta ciudad un gobierno capaz de generar bienes y servicios públicos que eleven la calidad de vida de los que aquí radicamos, sin detrimento de su calidad de capital del país.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LX Legislatura, se manifiesta a favor de la creación de la Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal.

Segundo.- La Cámara de Diputados hace una atenta invitación a la Cámara de Senadores del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a participar en la integración de la Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal, en los términos señalados en el numeral tercero de este punto de acuerdo.

Tercero. La Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un representante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y un representante de cada grupo parlamentario representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además, por cada diez puntos porcentuales superiores al diez por ciento de representatividad que tenga cada grupo parlamentario en cada una de estas cámaras y en la Asamblea, contará con un integrante más. Todos ellos tendrán derecho a voz y voto.

También serán integrantes de la mesa, con el carácter de observadores, un representante del gobierno federal y un representante del gobierno del Distrito Federal. De igual modo, la mesa se reunirá, las veces que considere necesarias, con los ciudadanos interesados en aportar propuestas para los fines de este grupo de trabajo.

Cuarto.- Será el pleno de este grupo de trabajo el que determinará quién de sus integrantes presidirá los trabajos y quién fungirá como secretario, además de establecer un programa de trabajo y una calendarización de sus actividades.

Quinto.- La Mesa Interparlamentaria para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal entregará un documento final en un plazo que no excederá de un año a partir de su creación. Este documento será presentado como iniciativa con proyecto de decreto al Pleno de la Cámara de Senadores por los integrantes de la Comisión del de aquella cámara, para seguir el trámite legislativo correspondiente.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ávila Mayo. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia, aparte de saludar a los jóvenes de la Universidad Iberoamericana de Puebla, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, saluda también a los jóvenes de la Escuela Preparatoria Sierra Nevada, del estado de México.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Camerino Márquez Madrid, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados en contra del Presidente de la República por la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid:Gracias, señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros diputados: el de la voz, diputado del grupo parlamentario del PRD, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo. Toda vez que ha sido publicado en la Gaceta y en razón del tiempo concedido, expongo el fundamento de la misma al tenor del siguiente antecedente:

En el año de 1947, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese año y actualmente en vigor; sin embargo, el 17 de septiembre del 2004 se publicó en el órgano informativo señalado el decreto emitido por el Presidente de la República por el que se expide el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; por ese hecho, esta Cámara de Diputados, el 4 de octubre del 2004 presentó controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando su invalidez, la que admitió con el número de expediente 97/2004, y el 5 de noviembre del mismo año se negó la suspensión provisional de la aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, quedando pendiente la resolución definitiva sobre el tema materia de la controversia.

Consideraciones: En la controversia se consideró que el reglamento referido, emitido por el Poder Ejecutivo, invade la competencia de este Poder Legislativo. El reglamento expedido viola el artículo 49 constitucional, que consagra el principio de división de poderes, dado que el titular del Poder Ejecutivo excede sus facultades al intentar reformar una ley mediante un reglamento; invade la facultad constitucional que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de juegos y sorteos prevista en el artículo 73, fracción X, de la Constitución General; viola el artículo 89 constitucional, fracción I, que establece la facultad reglamentaria del Presidente de la República, que no le permite ir más allá de la ley que pretende normar y, más grave aún, la contradice, pues pretende establecer los juegos con apuestas, cuando ésos están expresamente prohibidos por la ley.

Al negar la suspensión de los efectos, como fue solicitado, y no resolver en definitiva la controversia, se están generando efectos y consecuencias que pueden ser graves para el interés público y para la sociedad en su conjunto.

Ha trascendido en los diferentes medios de comunicación que, al amparo de esta omisión, la Secretaría de Gobernación ha extendido más de 340 autorizaciones para centros de juegos con apuestas, por lo que, de resolverse en sentido favorable la controversia constitucional entablada, los permisos autorizados contravienen el espíritu de la ley, que es no autorizar juegos con apuestas.

Han transcurrido más de dos años desde que se presentó la controversia. Es urgente que este máximo tribunal del país emita la resolución correspondiente; la falta de ésta permite que la Secretaría de Gobernación conceda permisos generando situación contraria a la ley, afectando el interés público; además, a pesar de que con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno el 7 de septiembre del 2005, el secretario de Gobernación informó que no se otorgarían nuevos permisos hasta conocer la resolución de la controversia constitucional. Por ello, estimamos indispensable someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la demanda constitucional registrada con el número de expediente 97/2004, presentada por la honorable Cámara de Diputados contra el Poder Ejecutivo federal, y a emitir la sentencia respectiva, toda vez que la falta de dicha resolución genera situación de hecho y de derecho, que puede ser contraria al interés público que la Ley Federal de Juegos y Sorteos debe salvaguardar.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación para que respete la división de poderes consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no invada las competencia exclusivas de este Poder Legislativo, mediante la interpretación incorrecta de la atribución reglamentaria consagrada en el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna.

Por haber sido esta propuesta publicada, solicito que la inserte en el Diario de Debates y someta a consideración de urgente u obvia resolución el presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 17 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto, emitido por el Presidente de la República, por que se expide el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

2. Con fecha 4 de octubre del mismo año, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presentó recurso de controversia constitucional solicitando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaratoria de invalidez del referido Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en razón de que tiene por objeto reglamentar los juegos con apuestas, los cuales están prohibidos por la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947, actualmente en vigor.

3. El 4 de octubre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad de Controversias Constitucionales, dio entrada a la demanda de controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, asignándole el número de expediente 97/2004 y turnando el expediente a la atención de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, a quien corresponde fungir como instructora del procedimiento, y que el 5 de noviembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación niega la suspensión provisional de la aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, quedando pendiente la resolución definitiva sobre el tema materia de la controversia.

II. Consideraciones

1. La Cámara de Diputados en sus alegatos considera que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, emitido por el titular del Poder Ejecutivo, invade la competencia exclusiva del Poder Legislativo en al menos las siguientes cuestiones:

a) El reglamento expedido viola el artículo 49 constitucional, que consagra el principio de división de poderes, dado que el titular del Poder Ejecutivo excede sus facultades al intentar reformar una ley mediante un reglamento, invadiendo las del Poder Legislativo, único facultado para legislar.

b) El titular del Ejecutivo Federal invadió la facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados para legislar en materia de juegos y sorteos, prevista en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) El reglamento viola el artículo 89 constitucional, fracción I, que establece la facultad reglamentaria del Presidente de la República, que no le permite ir más allá de la ley que pretende normar y, más grave aún, la contradice, pues pretende establecer los juegos con apuestas, cuando éstos están expresamente prohibidos por la ley.

2. Esa situación es aún más grave, pues al no pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del recurso de controversia constitucional interpuesto por la Cámara de Diputados, y al haber negado la suspensión de los efectos y las consecuencias derivadas del Reglamento que se impugna, como fue solicitado al ingresarse la reclamación, se están generando efectos y consecuencias que pueden ser graves para el interés público, en tanto el máximo tribunal no emita sentencia de fondo relativa a la controversia constitucional en cita.

3. Ha trascendido en los medios de comunicación que al amparo de esta laguna procedimental y jurídica, y en tanto no se resuelve la controversia constitucional, la Secretaría de Gobernación ha extendido más de 340 autorizaciones para centros de juegos con apuestas que, de resolverse en sentido favorable la controversia constitucional entablada por la Cámara de Diputados, los permisos legalmente concedidos estarían en la posibilidad de quedar autorizados, contraviniendo el espíritu de la ley, que es no autorizar los juegos con apuestas.

4. Por ello, aproximadamente a dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la demanda de controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se hace urgente la necesidad de que el máximo tribunal del país emita la resolución definitiva sobre el fondo materia de la controversia, toda vez que la falta de resolución oportuna por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la negativa de la suspensión que en su momento procesal fue solicitada, está ocasionando que la Secretaría de Gobernación conceda permisos para la realización de juegos con apuestas, generando situaciones contrarias a la ley, pero sobre todo contrarias al interés público.

5. Que con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, el 7 de septiembre de 2005 el secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, compareció ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación de la Cámara de Diputados, a las que informó que no se otorgarían nuevos permisos para el desarrollo de esas actividades hasta conocer el resultado de la controversia constitucional, declaración que se reproduce textualmente a continuación:

Hoy, los permisos están suspendidos porque quiero resolver un estudio de impacto sociológico que hemos mandado al hacer a una gran institución educativa, investigadora de este país, y están suspendidos hasta conocer el resultado de la controversia constitucional.

Por ello estimamos indispensable someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el recurso de controversia constitucional registrada con el número de expediente 97/2004, presentado por la honorable Cámara de Diputados contra el titular del Poder Ejecutivo federal y a emitir la sentencia respectiva, toda vez que la falta de dicha resolución genera situaciones de hecho y de derecho que pueden ser contrarias al interés público que la Ley Federal de Juegos y Sorteos debe salvaguardar.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación para que respete la división de poderes consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no invada las competencias exclusivas del Poder Legislativo mediante la interpretación incorrecta de las atribuciones reglamentarias consagradas por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Camerino Márquez Madrid. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y, como ha sido solicitado, consulte la secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva.

Esta Presidencia saluda también a los jóvenes de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Aragón, que se encuentran presente en la sesión.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Lagunes Gallina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe detallado de las investigaciones en torno al accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en el estado de Veracruz.

El diputado Gerardo Lagunes Gallina:Con su venia, señor Presidente: El pasado 17 de octubre del 2006, siendo las 13:19 horas se registró una explosión en el buque-tanque Quetzalcóatl, atracado en el muelle seis de la terminal marítima de Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con un saldo de ocho muertos y tres heridos, según el último reporte realizado por un diario en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Pareciera que se ha hecho costumbre emitir este tipo de noticias, donde el número de heridos, muertos y desaparecidos son una estadística más en los noticieros cotidianos; estadística que está alejada de la realidad vivida a lo largo de la historia por las negligencias y repetidos errores de la directiva de la paraestatal de Petróleos Mexicanos.

Se pueden mencionar, entre otros, los ocurridos en el 2004 en Mazumiapan, Veracruz; el accidente ocurrido el 5 de junio del 2003 en la comunidad de Balastrera, municipio de Nogales, con un saldo de 6 muertos, 100 heridos por quemaduras, 20 viviendas calcinadas, 15 vehículos incendiados, sin incluir las pérdidas ocasionadas por el cierre de la autopista México-Veracruz; el derrame de 12 mil litros de petróleo crudo en el municipio de Coatzintla, Veracruz; el derrame de mil 851 barriles de diesel en el 2004, en el ducto de Minatitlán-México; el ducto de Poza Rica-Altamira no fue la excepción en ese año, al registrar un derrame de 12 metros cúbicos de petróleo crudo. El 13 de octubre del 2004 hubo un derrame e incendio en el oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio; el derrame de 10 mil barriles de hidrocarburo ocurrido en el 22 de diciembre del 2004 en el río Coatzacoalcos; en enero del 2005 se suscitó un incendio en el municipio de Moloacán; en el mes de abril del 2005, en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, que arrojó 5 muertos y 18 intoxicados en la explosión de un ducto de amoniaco; la explosión del oleoducto del complejo petroquímico de Pajaritos, con un saldo de 2 muertos en julio de 2005.

Y así se podría seguir enlistando la historia negra de este tipo de eventos desafortunados, donde el estado de Veracruz no ha sido la única entidad federativa, lastimada y desatendida por la paraestatal en cuestión, no omitiendo decir que las estadísticas de muertos y lesionados no dimensionan de manera alguna los daños que en la localidad se han vivido y los lastres sociales y económicos que se traen a cuestas y que por generaciones habrán dejado huella viviente de los descuidos humanos, llamados negligencias.

Y el compromiso institucional, social y moral por parte del titular de la paraestatal, ¿en dónde está?, ¿cómo se mide?, ¿cuál es el beneficio de la población? Preguntas que sin duda quedarán sin respuesta y que subsecuentes administraciones quizá desaperciban, por lo que ya será historia.

Para dirigir una empresa paraestatal como Petróleos Mexicanos se necesita, en primer lugar, alta sensibilidad humana, comprometida con los trabajadores, con la sociedad y el futuro que se quiere para México. Esta empresa trabaja con sustancias peligrosas por explosividad y toxicidad hacia el medio ambiente; los ecosistemas y las diferentes formas de vida vegetal y animal, incluyendo la humana. Ningún funcionario que piense en primera instancia en los beneficios del dinero y las prebendas que pueda ofrecerle el ocupar una alta investidura dentro de esta estructura organizacional debe tener el privilegio de considerarse mexicano.

Toda la gloria del mundo cabe en el grano de maíz, pero el valor de una vida humana no puede dimensionarse por ningún método conocido, pues su magnitud depende del evaluador; lo que sí puede evaluarse es la calidad humana de la persona que tiene responsabilidades con sus subordinados y la población y además no las cumple.

Consideramos como producto de los frecuentes ecocidios y pérdidas humanas registradas en el territorio veracruzano la inexistencia de una autoridad verdadera en Pemex, que se encargue de la inspección y control de las actividades susceptibles de producir contaminación y muerte en el territorio, ya que tenemos que asumir la responsabilidad con nuestra tierra y con nuestra gente.

El director de Pemex, por ineptitud, indiferencia o indolencia, sólo sabe brindar soluciones insuficientes e inefectivas en el manejo de la gran riqueza natural que tiene entre sus manos, convirtiendo el oro negro de los mexicanos en una continua fuente de inseguridad, desgracias y luto para el estado y para el país.

Este funcionario parece desconocer que trabajar con hidrocarburos representa variados riesgos por las características de estas sustancias que ponen en peligro la salud y la vida de los que prestan sus servicios en la actividad, así como el bienestar y la seguridad de la comunidad y del medio ambiente.

Diputados, ya en Veracruz no se puede seguir permitiendo la continua presencia de emergencias o accidentes repentinos o agudos provocados por la ineptitud de la directiva de Pemex, y que cuestan vidas humanas. Se puede considerar, tal como está aconteciendo, que pueden ocurrir en fecha breve daños de tal magnitud en el territorio veracruzano que excederán la capacidad de respuesta del estado y del país.

Hay que conocer y manejar que las situaciones de emergencia y desastre tecnológico poseen características muy particulares, dentro de las que se mencionan que son previsibles y prevenibles, que resulta más fácil prevenir que mitigar efectos. Las víctimas sufren el mismo efecto tóxico y, lo más importante, sus efectos suelen manifestarse en el largo plazo, debido a las propiedades tóxicas, cancerígenas, mutagénicas o teratogénicas de sus agentes.

Finalizo exponiendo la tesis inicial de que la meta no es mitigar los efectos o consecuencias de un desastre tecnológico, sino tomar todas las medidas tendientes a la prevención, prevención y más prevención, lo cual no se encuentra entre las prioridades de la actual dirección de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su amable consideración lo siguiente:

Único. Solicito al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, y al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, ingeniero José Luis Ramírez Corzo, que proporcionen a esta soberanía:

A. Informe escrito, detallado, de los hechos ocurridos el día 17 de octubre del año 2006 en la terminal marítima de Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

B. Las acciones realizadas en torno al siniestro ocurrido y,

C. Los recursos económicos y las acciones con las cuales se repararán los daños. Muchísimas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex y a la Sener un informe detallado de las investigaciones en torno del accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Gerardo Lagunes Gallina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 fracciones I, II y III, 59 y 60 párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 17 de octubre del 2006 siendo las 13:19 horas se registró una explosión en el buque tanque ``Quetzalcóatl'', atracado en el muelle 6 de la terminal marítima de ``Pajaritos'', municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con un saldo de 8 muertos y 13 heridos según reporte realizado en el diario Milenio de Jalapa, Veracruz.

Pareciera que se ha hecho costumbre emitir este tipo de noticias donde el número de heridos, muertos y desaparecidos son una estadística más en los noticieros cotidianos. Estadística que está alejada de la realidad vivida a lo largo de la historia por las negligencias y repetidos errores humanos por parte del personal de la paraestatal de Pemex.

Mencionando entre otros, los ocurridos en 2004 en Mazumiapan Veracruz, al registrarse uno de los más graves percances por un incendio en la estación de bombeo con un saldo de cinco lesionados.

El accidente ocurrido el 5 de junio 2003 en la comunidad de Balastrera, municipio de Nogales, con un saldo de 6 muertos, 100 heridos por quemaduras, 20 viviendas calcinadas, 15 vehículos incendiados, sin incluir las pérdidas ocasionadas por el cierre de la autopista México-Veracruz.

El derrame de 12 mil litros de petróleo crudo en 2004, por corrosión externa de ducto - Pemex Exploración y Producción, activo integral Poza Rica- Altamira, pozo Tajín 337, municipio de Coatzintla, Veracruz.

El derrame de 1,851 barriles diesel en 2004, por toma clandestina - Pemex Refinación, sector Mendoza, poliducto de 12 pulgadas de diámetro, Minatitlán - México, municipio de Omealca, Veracruz.

Poza Rica - Altamira no fue la excepción en ese año al registrar un derrame de 12 metros cúbicos de petróleo crudo por corrosión externa de ducto Pemex Exploración y Producción.

El 13 de octubre de 2004 se dio un derrame e incendio en el oleoducto Nuevo Teapa -Venta de Carpio que dio lugar a una ruptura del tubo cerca del poblado Palmásola, municipio de Omealca, Veracruz, arrojando 3 lesionados y un desalojo de 500 personas.

El derrame de 10 mil barriles de hidrocarburo ocurridos el 22 de diciembre de 2004 en el río Coatzacoalcos provocando severos daños al medio ambiente.

En enero de 2005, se registro incendio en las instalaciones de Petróleos Mexicanos a 300 metros de Huichapan, en el municipio de Moloacán, Veracruz.

En el mes de abril de 2005 en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste que arrojó 5 muertos y 18 intoxicados en la explosión de un ducto de amoniaco.

La explosión del oleoducto en el complejo petroquímico de ``Pajaritos'' con un saldo de 2 muertos en julio de 2005.

Y así se podría seguir enlistando la historia negra de este tipo de eventos desafortunados donde el estado de Veracruz no ha sido la única entidad federativa lastimada y desatendida por la paraestatal en cuestión.

No omitiendo decir que las estadísticas de muertos y lesionados no dimensionan de manera alguna los daños que en la localidad se han vivido y los lastres sociales y económicos que se traen a cuestas y que por generaciones habrán dejado la huella viviente de los descuidos humanos llamados negligencias.

Y el compromiso institucional, social y moral por parte del titular de la paraestatal ¿en dónde está? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el beneficio de la población? Preguntas que sin duda quedarán sin respuesta y que subsecuentes administraciones quizá desaperciban por que ya será historia.

Para dirigir una empresa paraestatal como Petróleos Mexicanos se necesita en primer lugar el contar con personal de alta sensibilidad humana comprometido con los trabajadores, la sociedad y el futuro que se quiere para México. Esta empresa trabaja con sustancias peligrosas por su explosividad y toxicidad hacia el medio ambiente, los ecosistemas y las diferentes formas de vida vegetal y animal incluyendo la humana. Ningún funcionario que piense en primera instancia en los beneficios, el dinero y las prebendas que puede ofrecerle el ocupar una alta investidura dentro de esta estructura organizacional, debe tener el privilegio de considerarse mexicano.

Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, pero el valor de una vida humana no puede dimensionarse por ningún método conocido pues su magnitud depende del evaluador. Lo que sí puede evaluarse es la calidad humana de la persona que tiene responsabilidades con subordinados y la población y no las cumple de acuerdo al mandato que se le ha encomendado y del cual recibe múltiples beneficios.

En reiteradas ocasiones nuestro suelo, nuestras aguas subterráneas y superficiales, nuestra atmósfera y nuestras vidas han sido fuertemente impactados por siniestros provocados por ductos de Pemex, o instalaciones, o almacenamientos de combustibles ya sea en buques o en tierra, lo cual en buena medida ha sido provocado por la falta de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo que debe dársele a estos equipamientos o infraestructuras.

Tenemos que pensar en la contaminación del agua dulce o salada que drásticamente ocurre cuando se derraman o fugan en ocasiones por despreocupación o negligencia los derivados del petróleo, ya que los hidrocarburos se esparcen rápidamente, debido a la existencia de una importante diferencia de densidades entre ambos líquidos, llegando a ocupar extensas áreas, y dificultando por lo tanto sus posibilidades de limpieza y regeneración en tiempos cortos o medios.

La contaminación y la muerte de las especies vivas se manifiestan porque se crea una capa de unos pocos micrones de espesor en la superficie de los medios líquidos (ríos y mares), lo que imposibilita la interacción entre la flora y la fauna marina con la atmósfera, obstruyendo así el ciclo natural de la vida, y provocando la disminución o incluso extinción de valiosas especies vivas, muchas endémicas de México.

Si las sustancias contaminantes alcanzan la costa, debido a la alta permeabilidad de la arena, los hidrocarburos pueden penetrar hacia el subsuelo contaminando las capas de suelo y dejando rastros irreparables en los reservorios de agua dulce (acuíferos), que pueden perder completamente su calidad, lo cual los inhabilitaría para todo tipo de abasto, entre los que se encuentran el de consumo humano, el pecuario, el acuícola, el agrícola, el deportivo y recreacional e incluso en la mayoría de los casos el industrial.

Consideramos como producto de los frecuentes ecocidios y pérdidas humanas registradas en el territorio veracruzano y debido a la inexistencia de una autoridad verdadera en Pemex que se encargue de la inspección y control de las actividades susceptibles de producir contaminaciones y muerte en el territorio, que ya tenemos que asumir la responsabilidad con nuestra tierra y nuestra gente otros actores que seamos capaces de manejar y aplicar un sistema de responsabilidades a quienes provoquen daños irreparables e irreversibles al entorno y la vida. El director de Pemex por ineptitud, indiferencia o indolencia sólo sabe brindar soluciones insuficientes e inefectivas en el manejo de la gran riqueza natural que tiene entre sus manos, convirtiendo el oro negro mexicano en una continua fuente de inseguridad, desgracias y luto para el estado y el país.

Este funcionario parece desconocer que el trabajar con hidrocarburos representa variados riesgos, por las características de estas sustancias, que ponen en peligro la salud y la vida de los que prestan sus servicios en la actividad, así como el bienestar y la seguridad de la comunidad y el medio ambiente. Con el fin de evitar estos riesgos es necesario contar con una buena ingeniería en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de cada planta o instalación, lo cual no se está realizando con la eficiencia, efectividad y oportunidad requeridas. Sistemáticamente y de forma priorizada hay que revisar todos los aspectos tecnológicos de cada instalación para así determinar los riesgos que se están presentando para los factores humanos y tomar las medidas de prevención necesarias para evitar todo tipo de desastres tecnológicos.

Existe alta vulnerabilidaden Veracruz a los cambios que producen los accidentes tecnológicos, debido a la indolencia de Petróleos Mexicanos, los cuales involucran el derrame, fuga, escape, incendio, explosión o ruptura de cualquier sustancia, objeto o producto tóxico o peligroso, ya que ni de forma laboral ni ciudadana Pemex se ha encargado de que la población se haya organizado para enfrentar tales eventos destructivos.

Se conoce que la ocurrencia de este tipo de emergencias está determinada por diversos factores tales como: fallas en el proceso, falla de equipos, fallas humanas, diseños inseguros, interacción de la amenaza tecnológica con fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, avalanchas, deslizamientos, etcétera). También es conocido que independientemente de cual sea el origen del accidente, éste se manifiesta de cuatro formas: derrames, incendios, explosiones y escapes estando involucrados en ellas tanto los equipos peligrosos como los materiales y productos tóxicos o peligrosos.

Diputados, ya en Veracruz no se puede seguir permitiendo la continua presencia de emergencias o accidentes repentinos o agudos provocados por la ineptitud de la directiva de Pemex y que cuestan vidas humanas, y no debemos olvidar la existencia de desastres anteriores que han lacerado a la sociedad mexicana y que no pueden volverse a repetir.

Los desastres de tipo tecnológico que potencial o realmente están sucediendo se encuentran determinados por la interacción del uso inapropiado de la tecnología, un desarrollo no sostenible dentro de Pemex y la existencia de elementos vulnerables. Muchos de los accidentes que ya han ocurrido se han constituido en verdaderos desastres tecnológicos, mientras que otros, de momento, no han pasado de significar una situación de emergencia fácilmente manejable en nuestro medio y con nuestros recursos, pero en cualquier instante muchos mexicanos podrán perder sus vidas y bienes por irresponsabilidades de esta empresa.

Estos desastres tecnológicos que podrán darse en cualquier momento con mayor magnitud y duración que el actual, si continúan al frente de Pemex personas incapaces y poco comprometidas, se podrán definir como una situación derivada de un accidente o una negligencia criminal en el qué se involucran sustancias químicas peligrosas como hidrocarburos, o equipos peligrosos, que causan daños al ambiente, a la salud, al componente socioeconómico y a la infraestructura productiva del país. Se puede considerar tal como están sucediendo los acontecimientos que pueden ocurrir en fecha breve daños de tal magnitud en territorio veracruzano que excederán la capacidad de respuesta del estado y el país.

Hay que conocer y manejar, y no se está haciendo así por intereses mezquinos que sólo buscan el beneficio de unos cuantos, que las situaciones de emergencia y desastre tecnológico, poseen características muy particulares, dentro de las que se mencionan las seis principales:

1. Son previsibles y prevenibles: La identificación temprana de actos inseguros, condiciones inseguras, mal mantenimiento, procesos riesgosos, etcétera, permite prever y evitar la ocurrencia de un accidente, que podría causar grandes consecuencias. La realización de auditorías de seguridad y la implantación de programas adecuados de prevención de riesgos en el trabajo, posibilita la eliminación de la mayoría de las condiciones de amenaza tecnológica.

2. Resulta más fácil prevenirles que mitigar sus efectos: Gracias a la detección temprana de las condiciones de amenaza se pueden adoptar una serie de medidas para evitar que el evento ocurra. Debido al potencial lesivo de los agentes involucrados y el efecto destructivo que suelen presentar estos accidentes, las obras de mitigación resultan altamente costosas y poco efectivas.

3. Las víctimas sufren el mismo efecto tóxico: Todas las personas expuestas a un accidente tecnológico presentan el mismo efecto tóxico, lo que cambia es la magnitud del daño sobre los órganos blanco.

4. Los pacientes se convierten en fuentes de contaminación adicional: Las personas expuestas en un accidente tecnológico constituyen un riesgo para el personal sanitario y de rescate, así como para familiares y vecinos, por ello es necesario aplicar procedimientos estrictos para la descontaminación.

5. Requieren de una respuesta especializada: Los equipos de rescate comunes no son apropiados para enfrentar este tipo de situaciones, normalmente se requiere la intervención de personal especialmente entrenado, el uso de equipos sofisticados, la asesoría de profesionales expertos en el campo y quizá hasta la asesoría y colaboración de agencias internacionales asistencia humanitaria.

6. Sus efectos suelen manifestarse en el largo plazo: Debido a las propiedades tóxicas, cancerígenas, mutagénicas o teratogénicas de sus agentes; los efectos sobre los seres vivos expuestos y el medio ambiente se continúan presentando aún muchos años después de ocurrido el accidente. Lo anterior es el factor principal del error en la cuantificación real de las consecuencias.

Finalizo exponiendo la tesis inicial, de que la meta no es mitigar los efectos o consecuencias de un desastre tecnológico, sino tomar todas medidas tendientes a la prevención, prevención y más prevención, lo cual no se encuentra entre las prioridades de la actual dirección de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su amable consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Que solicita al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, y al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, ingeniero Luis Ramírez Corzo, proporcionen a esta soberanía: a) Informe escrito detallado de los hechos ocurridos el día 17 de octubre del año 2006 en la terminal marítima de ``Pajaritos'' municipio de Coatzacoalcos, Veracruz y b) Las acciones realizadas en torno al siniestro ocurrido.

Dado en el Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición. Existen registrados ante esta Mesa el diputado Francisco Elizondo Garrido, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

Si le dan sonido a la diputada Elizabet Morales.

La diputada Elizabeth Morales García(desde la curul): Nada más para que me anote; muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Okay, diputada. Si le dan sonido al diputado del PRD, el diputado Lemarroy.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez(desde la curul): Sí, señora Presidenta, con su permiso: es en el sentido de sumarnos a la propuesta del diputado que nos antecedió. Soy del distrito de Cosoleacaque, una zona eminentemente abastecedora de productos y subproductos del petróleo. Consideramos un riesgo importante el que se presenta en nuestra zona y la intervención de nosotros es para sumarnos al punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: en esta ocasión hago uso de la tribuna para manifestar el apoyo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicopor el punto de acuerdo que presenta el diputado Gerardo Lagunes, mediante el cual se solicita a Pemexy a la Secretaría de Energíaun informe detallado de las investigaciones en torno al accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz.

Es de resaltar la preocupación que existe respecto al estado que guardan los buques-tanque, así como las instalaciones de ductos y poliductos de Petróleos Mexicanos, como lo han evidenciado los diferentes accidentes que en los últimos años se han presentado, con los consecuentes impactos ambientales sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales.

Ya lo había hecho notar mi grupo parlamentario en tribuna, tanto en esta Cámara como en el Senado de la República, mediante diferentes iniciativas, de las cuales sobresale la que presentamos en la legislatura pasada, el 28 de abril de 2005, mediante la cual se busca reformar la Ley del Mar, la Ley de Navegación y la Ley de Puertos, con objeto de incorporar criterios ambientales en dichos ordenamientos para prevenir y controlar la contaminación generada por los buques, la cual fue aprobada por unanimidad y llegará a nuestra Cámara para su aprobación. Dicha reforma propuso principalmente la obligación para las embarcaciones o buques que transporten hidrocarburos, o alguna sustancia o material que pudiera causar daños al medio ambiente, de contar con doble casco, como una de las condiciones de seguridad que deberá tener la embarcación y que será necesaria para poder navegar con el objeto de tomar las medidas que permitan evitar catástrofes ambientales en caso de un accidente como el ocurrido en Pajaritos.

Catástrofes como la que nos ocupa nos obligan a tomar acciones como la propuesta en el punto de acuerdo que presenta nuestro compañero en el sentido de que las autoridades competentes nos informen las causas, consecuencias y acciones que se tomarán con respecto a este hecho.

Consideramos que resulta inaceptable que daños como éste se generen en virtud de las pésimas condiciones de los buques que operan para la paraestatal. No debemos olvidar que las afectaciones sobre el medio ambiente y, en este lamentable caso, sobre la vida de las personas que fallecieron y sus familias pueden ser prevenidas si damos cumplimiento a las obligaciones que nuestro país ha contraído ante la Organización Marítima Internacional, en el marco del Convenio de Marpol para prevenir la contaminación por los buques, el cual hace una introducción sobre la gravedad de los derrames ilegales de hidrocarburos en los mares de todo el mundo.

Consideramos básico apoyar el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero y aprovechamos la oportunidad para exhortar a nuestros compañeros legisladores a no permanecer estáticos ante un problema que nos afecta de manera directa y que es nuestra obligación impedir; por ello, votaremos a favor del mismo. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez:Con su venia, señora Presidenta; diputadas y diputados: sin duda, como legislador veracruzano y como legislador federal, no puedo ser indiferente ante lo que está sucediendo y ante lo que ha sucedido, que hoy ha sido denunciado por un compañero diputado también de Veracruz. El hecho de señalar a Pemexcomo el autor y el actor principal de hechos lamentables --no nada más en el estado de Veracruz-- no implica también el hecho de hacer de una institución que provee al país como su principal empresa.

Sin duda nos sumamos, tan es así que en la votación ya se ha dado, pero Acción Nacional también quiere ser partícipe en ese señalamiento y también quiere ser parte de que este tipo de hechos que antes eran aislados, en verdad dejen de ser y dejen de estar sucediendo.

Hagamos válidas y materialicemos las facultades que nos constriñen como legisladores y como Congreso y, en efecto, que se investigue y que se sancione. Los diputados de Veracruz y los diputados de Acción Nacional nos sumamos a esta postura y que esperemos que en un futuro no tengamos que estar discutiendo nuevamente estos temas. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Morales García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Elizabeth Morales García:Gracias. Con su permiso, señora Presidenta: Veracruz es el cuarto estado productor más importante de petróleo en el país; de esa gran aportación que hace Veracruz se genera hoy día el segundo lugar también en importancia de la generación de divisas; como consecuencia, en Veracruz también hay una gran infraestructura en ductos, en almacenamientos y en instalaciones, pero desafortunadamente también en Veracruz se ha generado un sinnúmero de accidentes. Estos accidentes, muchos de ellos prevenibles, han generado niños desfigurados, quemados, muertos, madres de familia que han fallecido y dejado a los hijos en el abandono, hombres, padres también que eran la fuente de ingresos y que hoy ya no están.

En Veracruz Pemex, sí, es una gran institución, Pemex sí genera divisas, Pemex sí genera empleos, pero también Pemex está generando accidentes, muerte, destrucción y daño al medio ambiente. Por eso, además de sumarnos en apoyo al punto de acuerdo de mi compañero diputado Gerardo Lagunas, además solicito, señora Presidenta, que se agregue que se exhorta respetuosamente, pero de manera enérgica, a Pemex a intensificar las medidas de seguridad en sus complejos petroquímicos, ductos e instalaciones, así como extremar la supervisión y vigilancia de las tareas desarrolladas por sus empresas contratistas. En Veracruz generamos petróleo, en Veracruz queremos seguridad. Muchas gracias.

«La suscrita diputada del grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, proposición de adición al punto de acuerdo que me antecedió, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En reiteradas ocasiones, el Congreso de la Unión ha sido foro de expresión para denunciar los constantes accidentes que se registran en las instalaciones de Petróleos Mexicanos en diversas partes del país, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche.

En el sur del estado de Veracruz se encuentra la sede del emporio petroquímico más importante de México, que cuenta con ocho centros de trabajo entre ellos el complejo petroquímico pajaritos.

En los últimos años el complejo petroquímico ha tenido diversos accidentes, entre los cuales se encuentran derrames, explosiones, fugas y delitos ecológicos, derivados del deterioro de sus instalaciones y equipos de trabajo.

Una vez más, Pemex es protagonista de un lamentable percance, la explosión del buque Quetzalcóatl, propiedad de Petróleos Mexicanos, que según fuentes de la propia paraestatal fue provocada por los trabajos de reparación que realizaba en la grúa de carga la compañía contratista López García SA de CV.

Derivado de ello, fuentes periodísticas consignan el fallecimiento de ocho personas y al menos una veintena de heridos.

Los legisladores del PRI hemos señalado que si bien algunos de estos accidentes se deben a casos fortuitos, en otros el deteriorado estado en que se encuentran algunas instalaciones y las insuficientes medidas de seguridad están dando lugar a eventos que ponen en riesgo la seguridad del patrimonio nacional y sobre todo, la vida e integridad de los trabajadores de Pemex.

Cabe destacar que aunque pueda existir una responsabilidad de la empresa contratista de Pemex, este organismo debe asumir su responsabilidad y garantizar que los trabajos que se realizan en sus instalaciones observen los estándares internacionales, y sobre todo que se realicen preservando las condiciones del ecosistema de la región.

Pemex no debe eludir su responsabilidad, pues es evidente su omisión al supervisar a las empresas contratistas.

Frente a la polémica desatada por los impactos de accidentes recientes en instalaciones de Pemex, donde se debate si es descuido o ineptitud, o falta de recursos que requiere su modernización y mantenimiento, lo cierto es que esto es una bomba de tiempo.

En otras anteriores ocasiones se han solicitado investigaciones a Pemex y a otras dependencias para deslindar responsabilidades, sin tener resultados claros. Existen pendientes que no han sido atendidos y daños que no han sido reparados.

Por lo anteriormente expuesto, y dada la gravedad del asunto, solicito a esta soberanía, se agregue a la proposición con punto de acuerdo que se somete a consideración del pleno, lo siguiente:

Único.- Se exhorta respetuosamente a Pemex a intensificar las medidas de seguridad en sus complejos petroquímicos, ductos e instalaciones, así como a extremar la supervisión y vigilancia de las tareas desarrolladas por sus empresas contratistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diecinueve de octubre de dos mil seis.--- Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada; toma nota la Secretaría de su petición. Y tiene el uso de la palabra el diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez: Con su permiso, señora Presidenta: mi nombre es Darío Lemarroy; soy del distrito de Cosoleacaque, la zona sur de Veracruz, donde tenemos complejos petroquímicos, donde hemos padecido la contaminación que genera Pemex en su producción. Hemos sufrido los accidentes que genera básicamente Pemex, y con preocupación nos enteramos del accidente de hace dos días; quiero decir que eso, incluso en reunión de trabajo, lo planteamos ayer con el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola; queremos decir que, de alguna manera, nos salió no tan drástica esa situación, pudo haber sido peor, compañeros.

Entonces sí, hacemos uso de esta tribuna para sumarnos al punto de acuerdo, en el sentido de pedir mayor responsabilidad a Pemex, pedirle que en sus procesos productivos acate a las normas de seguridad de los protocolos internacionales, porque no podemos arriesgarnos a tener otro accidente como el de anteayer. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de la fracción parlamentaria de Convergencia, hasta por cinco minutos.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Compañeras, compañeros; con el permiso de la señora Presidenta: quiero manifestar, en nombre de Convergencia, nuestro más sentido pésame, nuestro profundo dolor por los que fallecieron en este lamentable accidente. Convergencia quiere señalar que los familiares de los desaparecidos y de los fallecidos en este lamentable, lamentabilísimo accidente, tendrán el respaldo de todos los legisladores para apoyar en lo que sea necesario. Lamentamos, nos duele que haya sucedido este accidente. Desde esta tribuna de la patria reciban, los familiares de los fallecidos, nuestro más sentido pésame.

Me ha ordenado la Comisión de Marina, me ha solicitado también que busque la orientación de los coordinadores parlamentarios para que en unos días más una comisión de legisladores vaya a realizar algunas entrevistas con la empresa, con diversos funcionarios, para que, desde un sentido que sirva a los familiares, a la empresa, a Petróleos Mexicanos, y a quienes ahí participaron pueda esta soberanía tener un dictamen preciso de qué fue lo que pasó.

Señoras y señores diputados: quiere Convergencia solicitarle a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, si así lo acuerda, un minuto de silencio por las víctimas de este lamentabilísimo accidente. Señora Presidenta, usted tiene la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por supuesto, diputado. Esta Presidencia acepta la propuesta y solicita a todos los presentes guardar un minuto de silencio para honrar a las personas que murieron en este accidente.

(Minuto de silencio.)

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, compañeras y compañeros; nuestra solidaridad con los deudos en Coatzacoalcos y en donde se encuentren; muchas gracias, compañeros y compañeras.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El diputado Pedro Montalvo Gómez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, ¿con qué objeto, diputado? ¿Quiere sumarse a la propuesta? ¿Su nombre, por favor, diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Montalvo, hasta por cinco minutos.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Vengo con la única intención de que el minuto de silencio del accidente ocurrido en Veracruz apenas pudiera servir de reflexión como un punto de referencia de otro lugar de mi estado, allá en Veracruz, me refiero a Omealca, donde el 13 de octubre de 2004se suscitó un derrame de aproximadamente 10 mil barriles de crudo en el kilómetro 280 más 352 del oleoducto de 30 pulgadas que precisamente va de Nuevo Teapa a Venta de Carpio. Surgió de esto un acuerdo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambientey hubo compromisos adquiridos por Pemex. Resalto uno que, para mi punto de vista, es importante, dadas las condiciones tocadas en esta tribuna: cambiar dos kilómetros de tubería del oleoducto, aumentando un 60 por ciento el espesor de la tubería, así como instalar válvulas set en el oleoducto a cada 200 metros de altitud, de acuerdo con la topografía del terreno, para evitar sobrepresión. Este punto no se ha hecho, y no se ha hecho porque pareciera que esto fuera letra muerta; esto quiere decir que en un futuro tiende, ese mismo punto, a tener otra sobrecarga y tener otra explosión de quizá magnitudes más grandes.

Deseo, y pongo este punto para que sirva de referencia a nivel país, y convoco a ustedes, compañeros, para que instrumentemos medidas legales necesarias que permitan a la sociedad comprobar con rapidez y eficiencia la corrección pero, sobre todo, la prevención de este tema, que es recurrente y que no vamos a desplazar de que no sirve, y le da mucha vida a nuestro país. Pero tiene Pemex que convivir con la ciudadanía en donde pasan los ductos y donde se sustrae este importante recurso. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. En vista de que no hay...

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Va a pasar, diputado?

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): No, desde la curul.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Desde la curul? Le dan sonido al diputado Pablo Arreola, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señora Presidenta: en nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos sumamos en todos los términos al punto de acuerdo en comento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. En vista de que no hay más oradores, se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición con las adiciones que se presentaron en la tribuna.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con la adición presentada.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE QUERETARO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de De-sarrollo Social que aplique un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora, en el estado de Querétaro.

El diputado José Luis Aguilera Rico:Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: también con tres minutos fue suficiente. Las desgracias naturales en Corregidora, en este municipio y, de verdad, qué lástima y vergüenza da, pero que bueno que todos los queretanos y la gente que vive en el municipio de Corregidora dio constancia hace un momento, en el Canal del Congreso, de que sus diputados panistas votaran en contra de este punto de acuerdo y que solamente con tres minutos hayamos sacado a los compañeros del Partido Acción Nacionalde sus quehaceres legislativos. Esos tres minutos también sirvieron para que mil 800 familias de Villa Corregidora perdieran negocios, perdieran sus fuentes de ingreso y sobre todo sus hogares.

Como es de su conocimiento, también este punto de acuerdo se encuentra para turno a comisión y también quisiera hacer de su conocimiento que, cuando ocurren estos desastres naturales, no distingue ningún color de partido. Pero sí quiero hacer una reflexión para los compañeros del Partido Acción Nacional.

El gobernador de Querétaro es panista, el presidente municipal de este municipio es panista, tiene nueve regidores panistas, el diputado local es panista. Lo más lamentable es que el diputado federal de ese distrito de Villa Corregidora es panista. Por ello, nosotros, en el sentido de la representación popular que asumimos desde el primero de septiembre, acudimos a esta Cámara de Diputados a representar a la sociedad.

En esta altura política reconozco el apoyo de los grupos parlamentarios y fracciones, y mucho agradezco que cuando se trata de desastres naturales y en apoyo a la sociedad el PRI está abierto a la negociación; el PRI está abierto al diálogo, yo se lo reconozco desde esta tribuna; al PRD, muchas gracias; al Partido del Trabajo, a mi partido Convergencia y a los que participaron de verdad sin ningún interés, pero con la única finalidad de apoyar en las desgracias naturales. Qué bueno que el Congreso esté dando este llamado.

Hacer también una reflexión, sobre todo, que no solamente con esta presencia que hagamos en este Congreso vamos a salir adelante. Tenemos que llegar a los consensos y a los acuerdos. Cuando hice este comentario con algunos compañeros del PAN del estado de Querétaro, ellos mencionaron que tenían que recibir la instrucción de su coordinador parlamentario. Qué lástima que ni el coordinador parlamentario se encuentre en esta Cámara de Diputados y que se ocupe de otras cosas. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar en una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del 30 de septiembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El diputado federal integrante de la LX Legislatura José Luis Aguilera Rico, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Las recientes lluvias que se han presentado a lo largo del país han causado severos estragos en la infraestructura de la república, dañando de manera significativa a la población, principalmente a las zonas marginadas.

En estados donde predominantemente existe un clima seco, se han presentado lluvias que rebasan por mucho el promedio de lluvia registrado en por los menos dos décadas.

Uno de estos estados es Querétaro, en donde el pasado 30 de septiembre se presento una pertinaz lluvia que registro ciento treinta y dos milímetros en tan sólo ocho horas, trayendo por consecuencia el desbordamiento del río El Pueblito, causando inundaciones y daños a casas, comercios, escuelas y calles del municipio de Villa Corregidora, lo que afectó de manera importante fuentes de ingreso de las familias.

Como en pocas ocasiones ocurre, la ayuda de la población, ejército y de las autoridades municipales no se hizo esperar, atendiendo de manera oportuna a la población en desgracia, habilitando albergues, entregando cobertores y aplicando medidas sanitarias necesarias para evitar epidemias.

De esta clase de desastres naturales hemos aprendido que sólo hay una cosa tan poderosa como la naturaleza misma, esta es la solidaridad entre los mexicanos, por ello quienes somos representantes de la población, debemos de estar a la altura de las necesidades de la gente, sobre todo en situaciones como esta, ofreciendo ayuda integral para la reparación y pronta recuperación de la comunidad afectada por la naturaleza.

En razón de todo lo anteriormente expuesto solicito al Pleno de esta soberanía su apoyo para el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social aplique a la brevedad un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro para coadyuvar en una pronta recuperación del municipio y la población afectada.

Palacio Legislativo a 5 de octubre de 2006.--- Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Esta Presidencia se congratula en saludar a los integrantes de la Comisión de Caja de Ahorro de la Sección VII del SNTE del estado de Chiapas, que se encuentran presentes en la parte baja.

ESTADO DE JALISCO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría de Hacienda a entregar la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto 2005 para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su permiso señora diputada Presidenta: el que suscribe, Alfonso Suárez del Real, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos respectivos del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General, presenta a consideración el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

El pasado 4 de octubre, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara dirigió a esta soberanía una petición para que el gobierno federal entregue los recursos asignados por la LIX Legislatura para la construcción de la nueva sede de la biblioteca pública de Guadalajara.

La Universidad de Guadalajara cuenta con un acervo bibliográfico general que, con 20 mil volúmenes, está orientado a atender a estudiantes de educación media superior y superior. Adicional a lo mencionado, esta biblioteca cuenta con una sección de fondos especiales, un acervo bibliográfico calificado de más de 150 mil volúmenes, entre los que destacan numerosos incunables. Cuenta además con fondos documentales en que se resguarda la memoria de 300 años de la historia del norte de nuestro país y del suroeste de los Estados Unidos. Ahí se abrigan más de 37 mil documentos del Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara.

Desde 1925 la biblioteca pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara, la cual funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el Museo Regional del estado, fecha en que se trasladó a las instalaciones de la Casa de Cultura de Jalisco. Fue a raíz de los sismos del año 2003 que el edificio que albergaba este acervo bibliográfico sufrió daños irreparables y tuvo que ser trasladado a una bodega para su resguardo temporal.

La universidad se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio para la Biblioteca en el Centro Cultural Universitario. Esta biblioteca será la institución de servicio bibliotecario más importante del occidente de México. El costo total de este proyecto es de 347 millones de pesos, de los cuales la universidad aportó 50 millones y el terreno, y el gobierno del estado ha aportado 100 millones de pesos al proyecto. A pesar del peso de esa argumentación, de la urgente necesidad de preservar tan valiosas colecciones y de la voluntad expresa del gobierno de la República por formar un país de lectores, la partida presupuestal referida formó parte de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo en diciembre de 2004.

Es importante para esta soberanía pronunciarnos por la defensa de nuestro patrimonio bibliográfico y documental, por el respeto de las resoluciones del Pleno de la Cámara de Diputados y por la coadyuvancia en la urgente gestión del gobierno del Ejecutivo federal y la Secretaría de Educación Pública para evitar que queden sin ejercerse los recursos etiquetados a la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco por construirse en la Universidad de Guadalajara. Es por ello que proponemos este punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Presidencia de la República y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a que realicen las gestiones correspondientes a la brevedad, con el fin de que sean liberados y entregados los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 148 millones de pesos para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco que se construirá en el Centro Cultural Universitario la Universidad de Guadalajara.

Firman este punto de acuerdo el suscrito; el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos; el diputado Emilio Ulloa Pérez, Presidente de la Comisión de Cultura; el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, y está aquí plasmada la adhesión del grupo de diputados del estado de Jalisco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinado por el diputado Alfredo Barba Hernández. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de la partida ``Construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco'', al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 4 de octubre, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara dirigió a esta soberanía --en desplegado publicado en un periódico de circulación nacional-- una petición para que el gobierno federal entregue los recursos asignados por la LIX Legislatura para construir la nueva sede de la biblioteca pública de Guadalajara.

Segunda. La Universidad de Guadalajara cuenta con un acervo bibliográfico general que, con 20 mil volúmenes, está orientado a atender a estudiantes de educación media superior y superior. Adicionalmente, la biblioteca cuenta con una sección de fondos especiales: un acervo bibliográfico calificado de más de 150 mil volúmenes, entre los que destacan numerosos incunables. Cuenta además con fondos documentales en que se resguarda la memoria de 300 años de la historia del noreste y noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos. Ahí se albergan más de 37 mil documentos del archivo de la Real Audiencia de Guadalajara.

Tercera. Desde 1925, la biblioteca pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara. Funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el Museo Regional de Jalisco, fecha en que fue trasladada a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Jalisco. A raíz de los sismos de 2003, el edificio que albergaba la biblioteca sufrió daños irreparables, que obligaron a trasladar su acervo de manera provisional a un edificio que no cuenta con normas adecuadas para la preservación y el crecimiento de este valioso bien cultural. Es decir, se encuentra en bodegas. En este momento, la Biblioteca Pública de Jalisco carece de una sede a la altura de sus contenidos.

Por ello, la Universidad de Guadalajara se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio para la biblioteca en el Centro Cultural Universitario. Esta nueva biblioteca será la institución de servicios bibliotecarios y de información de carácter público más importante del occidente de México. El proyecto se propone la modernización de la gestión administrativa, la atención especial de acervos históricos y el desarrollo de colecciones modernas impresas y electrónicas, así como la actualización e implantación de servicios en un moderno concepto de edificio, hasta convertirse en el más moderno centro de información del occidente del país. El costo total del proyecto es de 347 millones, de los cuales la Universidad de Guadalajara aporta 50 millones y el terreno.

Cuarta. A pesar del peso de esta argumentación, de la urgente necesidad de preservar tan valiosas colecciones y de la voluntad expresa por el gobierno de la república por formar un país de lectores, la partida presupuestal referida formó parte de la controversia constitucional interpuesta por el presidente Fox en diciembre de 2004.

Quinta. La Suprema Corte de la Nación resolvió la controversia constitucional sobre el Presupuesto de 2005, promovida por el presidente Vicente Fox Quesada, 109/2004, el 17 de mayo de 2005. En cumplimiento de la ejecutoría dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la LIX Legislatura elaboró un dictamen que fue sometido a votación y aprobado por más de dos terceras partes del Pleno. Fuera de los resolutivos del mencionado dictamen, no existe nada más, ningún argumento o criterio por considerar, que pudiera evitar la entrega de los recursos que etiquetó la LIX Legislatura, en particular el identificado como ``Cultura Jalisco Biblioteca CCU''.

Sexta. Es importante para esta soberanía pronunciarnos por la defensa de nuestra patrimonio bibliográfico y documental, por el respeto de las resoluciones del Pleno de la Cámara de Diputados y por la coadyuvancia en la urgente gestión del gobierno del presidente Fox y la Secretaría de Educación Pública, para evitar que queden sin ejercerse los recursos etiquetados a la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, por construirse en la Universidad de Guadalajara, sería una pena abandonar tan importante proyecto sólo por omisiones, errores o falta de gestión en la liberación de los recursos.

Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución

Primera. Se exhorta a la Presidencia de la República, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, y al gobierno de Jalisco a realizar las gestiones correspondientes, con la mayor brevedad, a fin de que sean liberados y entregados los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, por un monto de 148 millones de pesos, para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, 17 de octubre de 2006.--- Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), secretario de la Comisión de Cultura; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos; Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Presidente de la Comisión de Cultura; José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa.

Los diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el tema. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa...

Los diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad.

El diputado Víctor Manuel Torres Herrera:Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputados. El desastre nuclear de Chernobil, ocurrido el 26 de abril de 1986, demostró la vulnerabilidad en la seguridad de las plantas nucleares, después de esta catástrofe los funcionarios de la Unión Soviética, responsables de la energía, encubrieron insidiosamente la magnitud de la tragedia, censurando de inmediato la noticia y negando o minimizando, hasta donde fue posible, el siniestro; exponiendo así a millones de personas a la radiación nuclear con los efectos fatales a la vida y entorno ecológico.

Recientemente, fuentes médicas internacionales para la prevención de la guerra nuclear revelaron que, de los 600 mil liquidadores enviados para limpiar el lugar, han muerto decenas de miles, y en el informe de los representantes de partidos verdes del Parlamento Europeo se afirma que el 40 por ciento del suelo de la Unión Europea presenta contaminación radioactiva. La radioactividad de la explosión fue 400 veces mayor que las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Los funcionarios de las plantas nucleares frecuentemente avalan la ``seguridad'' en la generación de energía nuclear, sin revelar los peligros que encierran las plantas para quienes trabajan en ellas y los riesgos potenciales para el medio ambiente y la población, aunque hay algunos que se atreven a reconocer la posibilidad de un ataque terrorista.

La industria nuclear se sitúa entre las de más alta peligrosidad; los expertos aseguran que los daños que eventualmente pueden provocar en la salud humana no se restringen territorial y temporalmente al sitio y momento del siniestro, porque los efectos pueden ir mucho más allá, incluso a nuevas generaciones y tener efectos secundarios y transmitir malformaciones genéticas. En este contexto, la planta Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz, y hasta el momento la única central nuclear en México, fue auditada a finales del año pasado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares; no obstante que desde hace dos años entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la fecha no se ha hecho público el dictamen final que permita dar certeza a la población sobre los niveles de seguridad existentes en esa planta, que contribuye tan sólo con el 4.75 por ciento de la energía eléctrica del país. Lamentablemente y ante la falta de información, crece la preocupación de que la planta se encuentra en una situación crítica.

Una planta nucleoeléctrica de las dimensiones de Laguna Verde requiere de altos controles de seguridad, por lo que debemos exigir a las autoridades responsables que expertos internacionales revisen ductos y todo el sistema general para que, a través de estas voces calificadas, se emita un diagnóstico y se den a conocer las medidas que permitan alcanzar los más altos niveles de seguridad para bien de la población.

Por los hechos históricos y las amargas experiencias del pasado, muchos críticos y ambientalistas recomendarían por prudencia los cierres de todas las plantas nucleares generadoras de electricidad en el mundo para sustituirlas por fuentes alternas. El tema mismo de la seguridad existente en Laguna Verde es un asunto controvertido.

Hay gente que se alinea por el lado de los críticos o los escépticos; los primeros citan numerosos flancos de riesgo y amenaza en Laguna Verde y se atreven a señalar fisuras o fallas en la estructura de la campana y los depósitos de los residuos radioactivos; otros aluden la ocurrencia de un número excesivo de llamadas de alarma que han obligado a cierres temporales de la planta y en la ausencia de planes de contingencia, evacuación de la población circunvecina y falta de infraestructura hospitalaria para atender una situación de emergencia en los reactores nucleares.

De acuerdo con una publicación de la BBC del pasado 26 de abril, en México se inició la construcción de una segunda planta nuclear, pero los altos costos económicos causaron la suspensión de la obra. Esta información ha generado preocupación en organizaciones ambientalistas, por el nuevo riesgo que esto representa, y sobre todo por la desconfianza en la operación de Laguna Verde, y es por eso, amigas y amigos, que surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué construir una nueva planta si hoy en día no somos capaces de asegurar la inexistencia de riesgo a la población circunvecina a Laguna Verde? ¿Contamos con la infraestructura, los requerimientos y el personal calificado que haga frente a una posible contingencia? ¿Se justifica construir un monstruo nuclear si la que opera actualmente aporta sólo un porcentaje mínimo en la generación de energía, poniendo en riesgo a la población?

Laguna Verde, de acuerdo con la versión gubernamental, cuenta con todos los sistemas de seguridad recomendados por las agencias internacionales; sin embargo, para que podamos aceptar esta afirmación, es necesario conocer el reciente informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, aplicado a Laguna Verde a finales del año pasado. Por lo anteriormente expuesto someto el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que comparezca ante esta soberanía a fin de rendir un informe detallado sobre las normas de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Asimismo, que nos den a conocer si existe un segundo proyecto de construcción de una planta de energía nuclear en nuestro país. Por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía para rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dar a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El desastre nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986, demostró la vulnerabilidad de la seguridad en las plantas nucleares. Después de esta catástrofe, los funcionarios de las plantas nucleares en la entonces Unión Soviética encubrieron insidiosamente la ``violencia radiactiva'', término que se refiere a los siniestros causados por la tecnología nuclear en contra del hombre. Dicha violencia se agravó por la política deliberada de minimizar los peligros y por el secreto que rodeó la tragedia. El gobierno soviético censuró la noticia y negó el accidente, exponiendo a millones de personas a la radiación y mintiéndoles sobre su severidad. Sólo dos días después del estallido se detectó en Suecia la presencia de material radiactivo, dándose la alarma general, así el mundo se enteró de la tragedia, generando una gran preocupación en la comunidad internacional.

Se han manejado diversas cifras sobre las muertes que han causado los altos niveles de radiación y probablemente jamás se sabrá cuántas personas han muerto o morirán por este concepto. En virtud de lo anterior, el año pasado la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud afirmaron que en el incidente de Chernobyl sólo hubo 59 muertes por radiación y 9 mil con daños irreversibles en la salud. En contraste, un estudio publicado por los ambientalistas del Parlamento europeo estimó el número de muertes atribuibles a la catástrofe entre 30 y 60 mil personas.

Asimismo, revelan fuentes médicas internacionales para la prevención de la guerra nuclear que, de los 600 mil ``liquidadores'' enviados para limpiar el lugar, han muerto decenas de miles, y en el informe de los representantes de partidos verdes del Parlamento europeo se afirma que el 40 por ciento del suelo de la Unión Europea presenta contaminación radiactiva; en el Reino Unido 200 mil ovejas pastan en campos contaminados por la lluvia radiactiva. La radiactividad de la explosión fue 400 veces mayor que la de las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. En Bielorrusia, Ucrania y Rusia ha habido miles de casos de cáncer de tiroides y de leucemia en niños.

Los funcionarios de las plantas nucleares nuevamente avalan la ``seguridad'' de la energía nuclear, sin revelar los peligros que encierran las plantas para quienes trabajan en ellas, y los riesgos potenciales para el medio ambiente y la población. Inclusive hasta los promotores de la energía nuclear admiten que no hay capacidad para almacenar los desechos radiactivos y el combustible nuclear usados, y tampoco se puede asegurar la inexistencia de un ataque terrorista a una planta nuclear.

La industria nuclear se sitúa entre las de más alta peligrosidad. Sus daños no se restringen territorial y temporalmente al sitio y momento del siniestro. Habitantes y ecosistemas de países y regiones alejadas pueden resultar afectados, e incluso aquellos que aún no han nacido pudieran convertirse en sus víctimas, heredando y transmitiendo malformaciones genéticas. Por ello, aun la condición de riesgo mínimo o ``casi inexistente'' puede resultar catastrófica para los seres humanos, por lo que es importante contar con la tecnología más calificada y eficiente para prevenir cualquier incidente que afecte la población y a las nuevas generaciones.

En este contexto, Laguna Verde, la única central nuclear en México, ubicada en el kilómetro 42.5 de la carretera federal Ciudad Cardel-Nautla, en el estado de Veracruz, fue auditada a finales del año pasado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. A pesar de que desde hace dos años entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece en su artículo 7, fracciones XV y XVII, que los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, deberán de hacerse públicos asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, a la fecha no se ha hecho público el dictamen final que dé certeza a la población de la seguridad existente en esa importante planta, que hoy en día consta de dos unidades, cada una con capacidad de 682.44 Mwe. La unidad 1 ha generado más de 73.7 millones de megahertz, con una disponibilidad propia de 81.75 por ciento. La Unidad 2 ha generado mas de 54.2 millones de Mwh, con una disponibilidad propia de 83.12 por ciento, donde ambas Unidades representan el 2.96 por ciento de la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) --incluye productores externos de energía--, con una contribución a la generación de tan sólo 4.75 por ciento.

Lamentablemente, es por todos conocido que se encuentra en una situación crítica. Una planta nuclear de esas dimensiones requiere de altos controles de seguridad, por lo que debemos exigir a las autoridades responsables que expertos internacionales revisen los ductos y la planta en general, para que a través de estas voces expertas y calificadas se den a conocer las alternativas para conseguir los más altos niveles de seguridad que requiere esta importante planta.

La prudencia recomendaría los cierres de todas las plantas nucleares generadoras de electricidad en el mundo. Críticos y ambientalistas afirman que existen diversos grados de peligrosidad en muchas de las sustancias que se liberan al ambiente, tanto en casos de accidentes como en el funcionamiento normal de la industria y la vida moderna. La contaminación atmosférica, de los suelos y del agua, los desechos químicos y hospitalarios poseen diversos niveles de toxicidad, constituyendo verdaderos riesgos para la salud humana.

El tema mismo de la seguridad existente en Laguna Verde es un asunto controvertido. Por una parte se encuentran aquellos que se alinean por el lado de los críticos o los escépticos, quienes citan numerosos flancos de riesgo y amenaza en Laguna Verde, desde los que señalan fisuras o fallas en la estructura de la campana y en los depósitos de los residuos radiactivos, hasta quienes aluden a la ocurrencia de un número excesivo de estados de alarma que han obligado a cierres temporales de la planta y a la ausencia de planes de contingencia, evacuación de la población circunvecina y falta de infraestructura hospitalaria para atender a los potencialmente afectados por una fuga radiactiva en los reactores nucleares. La existencia de esta planta, que sólo produce el 4.75 por ciento de la energía del país, representa un gran peligro para la seguridad de la población que labora allí y la que habita en los alrededores.

De acuerdo con una reciente publicación de la BBC, el pasado 26 de abril, se menciona que los altos costos económicos fueron la causa de la paralización de la construcción de una segunda planta nuclear en México, se correría un gran riesgo con su construcción y operación sin un eficaz y eficiente control de seguridad, en virtud de que en la actualidad Laguna Verde no ha demostrado contar con los elementos internacionales que respalden el bienestar de los habitantes. ¿Por qué construir una nueva planta si hoy en día no somos capaces de asegurar la inexistencia de riesgo a la población circunvecina en Laguna Verde? ¿Contamos con la infraestructura, los requerimientos y el personal calificado que haga frente a una posible contingencia? ¿Para qué construir un monstruo que no genera más que un porcentaje risible de energía y que pone en riesgo para la población?

Laguna Verde, de acuerdo con la versión gubernamental, cuenta con todos los sistemas de seguridad recomendados por las agencias internacionales existentes, sobre todo aquellas surgidas después de la catástrofe de Chernobyl, por lo que necesitamos conocer el reciente informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares aplicado a Laguna Verde a finales del año pasado.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que comparezca ante esta soberanía, a fin de rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica Laguna Verde; asimismo, que dé a conocer o desmienta el segundo proyecto de construcción de una planta nucleoeléctrica en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Víctor Torres. Túrnese a la Comisión de Energía.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal...

Permítame. Sonido a la curul del diputado Duck.

El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez(desde la curul): Lamentablemente ya se bajó el compañero legislador; pero, como diputado y legislador veracruzano, le quería preguntar si me permite sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Anótese también al diputado Duck como proponente del punto de acuerdo.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal integre comisión plural que se encargue de realizar una investigación sobre el conflicto entre la exportadora de sal y los parcelarios del ejido Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Mulegé, de Baja California Sur. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza:Gracias, diputado Presidente; compañeras, compañeros legisladores:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a integrar una comisión plural que investigue sobre el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, de Mulegé, Baja California Sur

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 15 de octubre de 2006, un grupo de parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz tomaron las instalaciones de bombeo de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), en protesta porque consideran que sus demandas no están siendo atendidas, ya que la citada empresa afecta su patrimonio, el cual, conforme a lo que ellos expresan, equivale a un total de 16 mil 800 hectáreas, y no a 14 mil, como afirma ESSA.

2. ESSA es una sociedad mexicana, constituida legalmente desde 1954, en los términos de la administración pública federal, perteneciente al sector minero, coordinada sectorialmente por la Secretaría de Economía, y su objeto social es la explotación y exportación de sal marina.

3. En 1971, los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz fueron dotados de tierras por el presidente de la república, dentro de las cuales estaban las asignadas en 1953 y 1954 por la entonces Comisión de Fomento Minero a ESSA.

4. Ante esa situación, en febrero de 1987 ESSA suscribió con los ejidos un convenio de pago de compensación por ocupación de la superficie ejidal, estableciendo el compromiso de cubrir los pagos y las compensaciones desde 1971, fecha de dotación de los ejidos, hasta 1986, y un pago anual a partir de 1987.

5. El 28 de junio de 1994 se celebró un convenio de ocupación temporal de las tierras ejidales, el cual estuvo vigente hasta 2002, mediante el cual la empresa pagaba 73.98 pesos por hectárea.

6. A partir de 2000 no se decretaron dividendos ni hubo utilidades. Ante la falta de los pagos correspondientes, el ejido manifestó su inconformidad y, para evitar conflictos, el 30 de diciembre de 2002, ESSA celebró un convenio modificatorio del convenio de ocupación temporal del 28 de junio de 1994, a efecto de modificar la cláusula quinta, relativa a los ``pagos por dividendos'' y, en su lugar, complementarlos con un pago fijo por parte de ESSA. En dicho convenio se estableció un pago anual de 148.00 por hectárea, por lo que se realizaron dos pagos anuales de 3.98 por hectárea (enero y julio), significando dos emisiones de 1 millón 138 mil pesos; es decir, un pago anualizado de 2 millones 276 mil pesos.

7. El 4 de noviembre de 2005, la empresa fue notificada de la demanda interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario de Distrito número 39, con sede en La Paz, Baja California Sur, por 152 parcelarios del ejido Gustavo Díaz Ordaz.

8. Entre los principales puntos que demandan los ejidatarios ante el citado Tribunal Unitario Agrario número 39 destacan

a) Pago de renta (no indemnización) y firma de nuevos convenios, previa anulación de los anteriores, anexándose las 2 mil 800 hectáreas no consideradas. Actualmente, la empresa declara que está utilizando 14 mil hectáreas y muestra disposición para que se hagan las mediciones indispensables y, en su caso, se pagará a razón del avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

b) Pago no negociable de mil pesos anuales por hectárea, retroactivo desde 1998, por las 2 mil 800 hectáreas afectadas, y que no están incluidas en el convenio; lo que representaría 22.4 millones de pesos.

c) Considerando las 14 mil hectáreas, más las 2 mil 800 no reconocidas, a razón de mil pesos anuales por hectárea, la cantidad equivaldría a 16.8 millones de pesos. Es decir, los ejidatarios pretenden un pago en una sola exhibición de 39.2 millones de pesos en 2006.

d) Los ejidatarios no están dispuestos a vender las tierras, pese a las ofertas de la compañía en mención.

e) Que los nuevos contratos sean elevados a rango de sentencia por el Tribunal Unitario Agrario número 39, como instancia revisora y juzgadora de un eventual conflicto.

9. Los instrumentos jurídicos citados son resultado de muchos años de negociación de ESSA con los ejidatarios, así como de la intervención de diversas autoridades, lo que ha permitido atender, armonizar y equilibrar el marco jurídico de varios ordenamientos legales, al tiempo que se lograron propósitos de equilibrio de fuerzas y de actores políticos en la región. En consecuencia, en la búsqueda de soluciones del conflicto actual será importante considerar estos factores, a fin de evitar el rompimiento de tales equilibrios, ya que ello atraería costos económicos, políticos y sociales muy altos tanto para la ESSA como para la comunidad del norte de Baja California Sur.

Por lo expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al gobierno federal que, a través de las autoridades competentes, promueva la formación de una comisión plural que se encargue de realizar una investigación exhaustiva de todos y cada uno de los antecedentes del conflicto existente entre Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, de Mulegé, Baja California Sur, así como de la situación financiera de ESSA; y que se actúe en consecuencia para la solución del problema en cuestión, por lo que representa para el estado de Baja California Sur, este apartado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica).»

Consideramos que es oportuno y necesario que se integre esa comisión, a efecto de que en apego a la razón y al derecho se den las resoluciones definitivas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lizárraga.

Sonido a la curul del diputado Ordaz; adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado Ismael Ordaz; adelante, diputado.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez(desde la curul): Señor Presidente, en virtud de que tenemos registrado un punto de acuerdo similar y en el mismo sentido, en el mismo asunto, solicito se anexe íntegramente el texto al Diario de Debates y así ahorrar el trámite correspondiente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que las autoridades competentes intervengan en el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, de Guerrero Negro, y los pobladores de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez, a cargo del diputado Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ismael Ordaz Jiménez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

La empresa Exportadora de Sal (ESSA), es una trasnacional que ha explotado, con una concesión ilegal, 36 mil hectáreas de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez, Guerrero Negro, Baja California Sur, para sustraer sal y productos pesqueros durante más de medio siglo. Ante las protestas de inconformidad de los ejidatarios y siempre en contubernio con funcionarios estatales y federales, la empresa fue obligada a resarcir sus abusos, pactando una indemnización de 17.00 pesos por hectárea anuales desde el año de 1994, de los cuales a los ejidatarios, a esta fecha, no han recibido pago alguno; mientras en la práctica esa empresa trasnacional, Mitsubishi, obtiene un beneficio millonario en la explotación y exportación de la sal, minerales y productos pesqueros, beneficiándose así con ganancias de 200 millones de dólares o más de esta explotación.

Durante este tiempo y con la constante inconformidad de los auténticos propietarios de esas tierras, se modificaron los convenios de ocupación temporal, pero sin que los ejidatarios obtuvieran un beneficio directo. Todos estos convenios carecieron de legalidad, por tener vicios en la personalidad de los participantes y la ausencia de inscripción ante el Registro Agrario Nacional.

Esta situación irregular y vergonzante orilló a los ejidatarios a buscar ante el Tribunal Agrario radicado en el estado de Baja California Sur un juicio de restitución de sus tierras ilegítimamente explotadas; en dicho juicio la empresa ESSA interpuso distintos recursos para dilatar o retrasar el procedimiento agrario. Ello obligó a los afectados a manifestarse de manera pacífica mediante un paro de la inducción de agua salada de mar a los bazos salineros que se encuentran tierra adentro de los ejidos, movimiento con el cual se logró el objetivo de llamar la atención de las autoridades en sus tres niveles de gobierno, así como de los directivos y del consejo consultivo de la empresa, instaurándose de esta manera una serie de mesas de negociación en busca de una pronta y justa solución a las prestaciones reclamadas por los ejidos, las cuales destaco a continuación:

1. El pago de un arrendamiento justo y no de indemnización por concepto de la explotación por la cantidad de mil pesos anuales por hectárea.

2. Elaboración de un convenio celebrado exclusivamente por la empresa y los ejidatarios.

3. Indemnización de manera retroactiva por la explotación; estableciendo el precio de mil pesos anuales por hectárea desde 1998 a la fecha.

4. Establecer mediante coordenadas cartesianas la ubicación exacta de la ocupación de las parcelas, las servidumbres de paso y caminos comunales que hagan, utilicen o cerquen por parte de la empresa.

A esta fecha y a pesar de más de un año de pláticas conciliatorias, no se ha podido concretar una solución justa y definitiva al presente asunto.

Ante esta situación alarmante de despojo de tierras de miles de ejidatarios mexicanos por parte de extranjeros y la indiferencia de las autoridades federales y estatales, los legisladores federales de esta LX Legislatura debemos asumir el papel que nos corresponde y velar por la defensa de los intereses de nuestros representados. Es por esta situación que someto ante esta alta tribuna del país la siguiente proposición con puntos de acuerdo, solicitando a la Presidencia de la Mesa Directiva que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consideren ante este Pleno de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Secretaría de Economía, en uso de sus facultades y como parte del consejo de administración de dicha empresa trasnacional agilice todos los mecanismos institucionales que permitan llegar a una negociación benéfica para ambas partes, velando en todo momento por los intereses de los legítimos propietarios de las tierras explotadas e informar detalladamente a esta soberanía de los resultados alcanzados.

Segundo. Que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades que le otorga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nombre una comisión plural de diputados para acudir a dicho estado a constatar los hechos denunciados por los ejidatarios de la región y actuar en consecuencia.

Diputado Ismael Ordaz Jiménez.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates el punto de acuerdo inscrito también por el diputado Ordaz y túrnense ambos puntos de acuerdo a las Comisiones Unidas de Economía y de Reforma Agraria, así como a la Junta de Coordinación Política.

BILLETE DE 500 PESOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Banco de México para que no sustituya la imagen de Ignacio Zaragoza, en el billete de 500 pesos.

El diputado Mario Mendoza Cortés:Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados. El pasado 26 de septiembre del presente año el Banco de México, mediante un comunicado de prensa, informó que pondrá en circulación una nueva familia de billetes compuesta por las mismas denominaciones que actualmente circulan. Según las razones que se dan a conocer para la puesta en circulación de los nuevos billetes, es para que a las personas invidentes se les facilite la identificación de la denominación de estas piezas y la de mejorar sus características de seguridad, para dificultar su falsificación.

También informó que en el caso del billete de 500 pesos cambiaría su diseño total; sustituirá la efigie del general Ignacio Zaragoza y de la Catedral de Puebla por la de los pintores Diego Rivera, Frida Kahlo y una de sus obras. Debo aclarar que no tengo nada en contra de ambos pintores, por el contrario, los admiro; considero puedan estar en otra denominación, sin embargo, ello no amerita desplazar del lugar al general Ignacio Zaragoza, porque éste es un personaje que representa el espíritu heroico de los poblanos y de los mexicanos.

Si bien es cierto que el Banco de México es autónomo en el ejercicio de sus funciones, únicamente en el ejercicio de sus funciones, también es cierto que es una institución de derecho público; luego entonces, sus determinaciones o resoluciones deben de estar orientadas a no lesionar los intereses públicos de la ciudadanía. En ese sentido, resulta imprescindible destacar que la historia de México, la preservación y divulgación de los héroes que le dieron patria y libertad son derecho del pueblo; en consecuencia, las determinaciones que tiendan a modificar o de alguna manera a vulnerar la cultura e historia en nuestro país son inaceptables.

En este contexto, el Poder Legislativo federal, como el poder de equilibrio, como puente entre la ciudad y el gobierno, como representante del pueblo, está obligado a defender sus intereses; razón por la cual, a la mayoría de los mexicanos nos preocupa la ligereza con la cual el gobernador del Banco de México pretende desplazar los valores del México heroico, pues la Batalla de Puebla fue un logro glorioso para los mexicanos, porque se venció a los invasores franceses, porque nuestros antecesores patriotas fueron capaces de hacer un solo frente contra el Ejército más poderoso del mundo; muchos que hoy día, como algunos funcionarios sin patria y sin historia, motivado por intereses ajenos o mezquinos pretenden olvidar.

Este tema no sólo es de ideologías, no es solamente de republicanos o demócratas, de conservadores o liberales, sino un intento de suplir a uno de los más grandes héroes nacionales y mermar el ánimo patriótico de los mexicanos. Sustituir al general Ignacio Zaragoza es también sustituir en parte a don Benito Juárez. Es un paso más para dejar de lado la historia de nuestro país; es mostrar a los extranjeros que los mexicanos ni siquiera somos capaces de defender nuestras raíces, nuestra identidad y la honra de nuestros hombres.

Es también demostrar que la soberanía, y la democracia más tarde, con facilidad puedan ser sucumbidas por el capricho de unos pocos que pretenden sutilmente borrar de un plumazo lo que a los mexicanos ha costado vidas y sangre. Ante tales circunstancias y dado que es de interés público preservar a los héroes nacionales en los lugares de honor, es urgente que este Congreso exija al gobernador del Banco de México que revoque su decisión.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que esta soberanía apruebe esta proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorte al Banco de México a que no sustituya la efigie del héroe nacional general Ignacio Zaragoza por la de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo en los billetes de 500 pesos de la nueva familia que pondría en circulación el próximo mes de noviembre.

Hago entrega a la Secretaría de la exposición de motivos para que se inscriba íntegramente del Diario de los Debates. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Banco de México, mediante comunicado de prensa de fecha 26 de septiembre del presente año, informó que iniciará en forma gradual la puesta en circulación de una nueva familia de billetes, compuesta de las mismas denominaciones que están en uso actualmente.

Las razones principales que se dan a conocer para la circulación de la nueva familia de billetes es facilitar a los invidentes la identificación de la denominación de cada una de las piezas y mejorar sus características de seguridad para dificultar su falsificación.

De igual forma, se ha informado que los nuevos billetes mantendrán las denominaciones existentes y sus colores serán similares a los de los billetes actuales, y que éstos gradualmente serán retirados de la circulación conforme se deterioren y sean captados por los bancos.

Por lo que se refiere a las características que tendrán los nuevos billetes, se ha difundido que el billete de 20 pesos conservará al frente la imagen de Benito Juárez y en el reverso tendrá una representación de Montealbán, el cual entrará en circulación en 2007.

Que el billete de 50 pesos conserva a Morelos al frente y en la parte de atrás aparecerá el acueducto de Morelia con mariposas monarca, y su circulación iniciará en noviembre del presente año.

Que el último rey azteca, Nezahualcóyotl, seguirá al frente del billete de 100 pesos y en su reverso se podrá observar una representación de Tenochtitlán, y entrará en circulación en 2008, igual que el de 200 pesos.

El de 200 pesos mantiene la efigie de sor Juana Inés de la Cruz; y en la cara posterior se mostrará una imagen de la hacienda de Panoayan.

El billete que cambia su diseño total es el de 500 pesos, debido a que la imagen del general Ignacio Zaragoza será sustituida por la del pintor Diego Rivera, y en el reverso tendrá una imagen de Frida Kahlo y una de sus obras.

El billete de mil pesos mantiene su tamaño actual, con el padre de la patria Miguel Hidalgo, y lucirá en el reverso la fachada de la universidad de Guanajuato.

Ante tales circunstancias, y debido a que es de interés público la preservación de los lugares de honor de los héroes de la patria, antes que personajes artísticos, se hace necesario exhortar al Banco de México para que en los nuevos billetes de 500 que pondrá en circulación no sustituya la imagen actual del frente y adverso por la del pintor Diego Rivera y de Frida Kahlo sino que, por el contrario, mantenga la imagen del general Ignacio Zaragoza, como hasta ahora, con base en las siguientes

Consideraciones

De conformidad con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 1o. de la ley reglamentaria de dichos artículos, el Banco de México es una institución de carácter público y, por ende, sus determinaciones benefician o perjudican a la sociedad mexicana.

Por ello, la resolución adoptada por el Banco de México en el sentido de que sustituirá la imagen del general Ignacio Zaragoza por la del pintor Diego Rivera y de Frida Kahlo es de considerarse de interés público, como también lo es la preservación de los lugares de honor que la sociedad mexicana ha otorgado a los héroes que contribuyeron a la trasformación de nuestro país, sobre todo los que lucharon y dieron su vida para darnos libertad y que por sus méritos la historia de nuestro pueblo los coloca en el lugar que hoy tienen.

El Poder Legislativo, concebido como representante de la sociedad, está obligado a velar por los intereses de ésta. Y en este punto, cabe destacar el interés que la sociedad tiene en la conservación de los lugares de honor que el Estado mexicano ha otorgado al generalísimo don Ignacio Zaragoza, como es que su imagen aparezca en los billetes de 500 pesos, emitidos por el Banco de México y que la sociedad ha tenido a bien aceptar.

En efecto, el general Ignacio Zaragoza luchó en defensa de la Constitución de 1857 y en favor de los principios liberales durante la Guerra de Reforma (1858-1861). Finalizado dicho conflicto, con el triunfo de las fuerzas de Benito Juárez, éste lo designó ministro de Guerra y Marina en abril de 1861, cargo que ejerció a lo largo de ocho meses. Se enfrentó y derrotó seguidamente a las tropas invasoras francesas que sitiaban Puebla, el 5 de mayo de 1862, cuatro meses antes de fallecer, en aquella ciudad. Eso lo hace meritorio, más que cualquier personaje artístico mexicano, para seguir ocupando el lugar de honor que hasta ahora ha tenido al estar plasmada su imagen en los billetes de 500 pesos.

Por ello, ante el anuncio del Banco de México en el sentido de que sustituirá la imagen del generalísimo Ignacio Zaragoza por las de Diego Rivera y Frida Kahlo, y dado que hasta ahora nunca se había desplazado a los próceres de la patria en la moneda nacional y mucho menos por artistas plásticos, es necesario exhortar al Banco de México para que en los nuevos billetes de 500 pesos que pondrá en circulación no sustituya la imagen del héroe Ignacio Zaragoza por la del pintor Diego Rivera, y de Frida Kahlo y una de sus obras.

Lo anterior, sin que se soslaye la autonomía del Banco de México, establecida en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala entre otras cosas que el Estado tendrá un banco central, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, así como las facultades que le otorga su ley reglamentaria en cuanto a la emisión de billetes y moneda nacional, en virtud del carácter que la ley le otorga de persona moral de derecho público y debe preservar el interés de la sociedad mexicana.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la del pintor Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año.

Segundo.Se exhorta al Banco de México a mantener la imagen del general Ignacio Zaragoza en los billetes de 500 pesos que, según anunció, pondrá en circulación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 5 de octubre de 2006.--- Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mendoza. Inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ECOSISTEMAS FORESTALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal 2007 consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez:Con su permiso, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales a considerar en sus presupuestos de egresos de 2007 recursos para conservar, proteger y restaurar los ecosistemas forestales.

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los municipios son la base fundamental de nuestra forma de gobierno. A través de sus ayuntamientos se da el orden de gobierno más cercano a la comunidad, resolviendo múltiples problemas y demandas de la población local.

Los más de 2 mil 500 municipios que hay en el país presentan disparidades enormes para enfrentar los retos de la creciente problemática ambiental y de los recursos naturales. Los menos son municipios con amplias extensiones urbanas, con una gran cantidad de habitantes, con amplias capacidades presupuéstales, organización y gestión. Contrario a esto, la gran mayoría de los municipios contienen amplias extensiones de territorio rural, de poca población, con escasas capacidades presupuéstales, organización y gestión. Lo anterior se refleja, con sus necesarios matices, en que muchos de los ayuntamientos de estos municipios la comprensión del fenómeno de esta problemática ambiental y de los recursos naturales sea todavía limitada, en especial en aquellos aspectos relacionados con la conservación de los ecosistemas forestales.

Al respecto hay que señalar, que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Titulo Segundo, Capitulo II, Sección 3, denominado ``De las Atribuciones de los Municipios'' le reserva en su artículo 15, a los gobiernos de los municipios diversas atribuciones de conformidad con esta ley y a las leyes locales en la materia forestal.

Es importante resaltar, que en la fracción I de este artículo, en la ley antes citada, se señala textualmente que corresponde a los gobiernos municipales la siguiente atribución: ``Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio''.

Con dicha atribución se le otorga a los gobiernos municipales del país la posibilidad de tener un papel activo sobre los recursos forestales de su territorio. En especial, dada su relación cercana con las comunidades locales existe un potencial para orientar y dirigir una política forestal cercana a los dueños del recurso como son las comunidades forestales, coadyuvando verdaderamente en la toma de decisiones en la materia del gobierno federal y los gobiernos estatales.

Existen otras atribuciones no menos importantes para los gobiernos municipales en el mencionado artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como son por ejemplo: Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales (fracción XI); Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales (fracción XII); o desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas (fracción XIII).

Por ello, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de actuar con programas y proyectos forestales propios, concretos, discutidos y validados por la mayoría de la población, y con el apoyo técnico y financiero necesario de otras instancias gubernamentales. Lo anterior dentro de una perspectiva estratégica y de largo alcance.

Sin embargo, los programas y proyectos para la gestión ambiental y de recursos naturales, en especial los forestales, pocas veces son atendidos directamente por las autoridades municipales, esto debido a dos aspectos a que se conocen: la falta de recursos económicos suficientes y la insuficiencia de recursos humanos especializados.

Por lo anterior, se considera que no solo se requiere aumentar los ingresos municipales, sino también una reorientación del gasto público de los gobiernos municipales. Es decir, se tiene que ir generando en dichos gobiernos partidas específicas en sus presupuestos de egresos de cada año, para atender conforme a sus atribuciones la problemática ambiental y de recursos naturales, en especial los forestales, que les aqueja en sus ámbitos territoriales.

Consideramos, que a través de las legislaturas locales de cada entidad, quienes tienen una comunicación constante con los gobiernos municipales, a quienes respetuosamente solicitaríamos nos apoyen para lograr este propósito. Recordemos que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las legislaturas locales son quienes aprueban las leyes de ingresos de los municipios, así como revisan y fiscalizan sus cuentas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los gobiernos municipales a través de las legislaturas locales de los Estados Unidos Mexicanos, para que en sus presupuestos de egresos del próximo año fiscal 2007, consideren recursos en una partida presupuestal específica, a ser ejercidos conforme a sus atribuciones en la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales de sus municipios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2006.--- Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica).»

Este exhorto se hace sin distingo de los partidos políticos, sino por el bien de nuestro ecosistema. Por el apoyo de los grupos parlamentarios, les doy mi reconocimiento y les anticipo las gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernel Arturo Gálvez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Ha pedido la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez:Con su licencia, diputado Presidente; compañeros legisladores, legisladoras: el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicoquiere sumarse a este punto de acuerdo, en virtud de que representa el reconocimiento a la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno que tienen en la protección, conservación y restauración de nuestra riqueza natural, en este caso de la cubierta forestal.

Efectivamente, como dice nuestro compañero diputado promoverte, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es muy clara cuando otorga a los municipios diversas atribuciones en la materia y señala textualmente que corresponde a los gobiernos municipales diseñar, formular, aplicar --en concordancia con la política nacional y estatal-- la política forestal del municipio. Desafortunadamente, por las condiciones propias de los municipios, muchas veces esta atribución no se cumple a cabalidad y se delega a los programas federales; por ello es necesario que, en la medida de sus propias posibilidades, cada municipio --al realizar su presupuesto anual-- otorgue mayores recursos a la protección de sus recursos forestales y, en general, para la conservación de su riqueza natural.

Es necesario también que los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de Medio Ambiente respalden económica y técnicamente a los municipios para que sus programas puedan realizarse, principalmente en municipios pobres, que es donde paradójicamente se encuentra la mayor cobertura forestal del país; si bien la conservación del medio ambiente y los recursos naturales estuvieron fuera de las prioridades del gobierno federal y nunca se les asignó presupuesto suficiente, a pesar de que tanto la conservación de los bosques como el agua se suponía eran considerados temas de seguridad nacional. Es justo reconocer también que muchos municipios tampoco han hecho suya la responsabilidad de la conservación. Por ello resulta importante, oportuno, este punto de acuerdo. Sólo con la participación de los tres órganos de gobierno y de la sociedad en general, podemos cuidar de forma corresponsable a nuestro medio ambiente y, por ende, a los recursos naturales.

No se nos debe olvidar, en la naturaleza no hay premios, no hay castigos, solamente hay consecuencias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Sergio Augusto López. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez:Con el permiso del Presidente; compañeros y compañeras legisladoras:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a promulgar la celebración del 15 de octubre como Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales

La suscrita, diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, fracción III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a las autoridades federales y del ámbito internacional para que se instituya el 15 de octubre la celebración del Día Nacional e Internacional de Las Mujeres Rurales, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Como resultado de los trabajos permanentes y del Congreso Internacional de las Mujeres Rurales: Estrategias para su Desarrollo, llevado a cabo los días 12 y 13 de octubre de 2005, quienes ahí están participado, junto con un nutrido grupo de ciudadanos, asociaciones y partidos nacionales e internacionales, han solicitado a la suscrita ser su voz en esta soberanía para solicitar que se promulgue el 15 de octubre como el Día Nacional de las Mujeres Rurales.

II. Durante los trabajos de la cuarta conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer de Beijín, en 1995, se estableció, por primera vez, el Día Nacional e Internacional de la Mujer Rural. Esta celebración, surge para reconocer y agradecer la aportación de la mujer rural en el bienestar de sus familias y en el desarrollo de la economía rural de los países.

III. Esta propuesta tiene como principales promotores a la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), Associated Country Women of the World (ACWW), Red Africana de Asociaciones de Mujeres Rurales (NARWA), y la Women's World Summit Foundation (WWSF), quienes coincidieron en la importancia de promulgar el 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural.

IV. En el llamado ``tercer mundo'', las crisis recurrentes en la economía impactan fundamentalmente en el campo, para superarlos las familias campesinas han adoptado diversas estrategias para asegurar su subsistencia cuando los hombres tienen que emigrar en busca de un trabajo mejor remunerado; por tanto, las mujeres asumen una mayor participación en la producción agropecuaria. Incluso, se habla de una feminización de la agricultura; tal es caso de México, donde la población masculina que emigra a Estados Unidos ha dejado en manos femeninas las labores agrícolas. Así, las mujeres rurales asumen las tareas domesticas de procurar el cuidado y la alimentación de sus hijos; además, se ocupan de las actividades agrícolas: el cuidado del ganado, la siembra y cosecha de sus tierras.

V. El número de las mujeres rurales en México es cada día mayor, debido al fuerte fenómeno de feminización de la agricultura y de la propiedad de la tierra. Datos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares de 1998 indican que cerca de dos terceras partes de las mujeres tienen derecho sobre la tierra en los ejidos certificados.

VI. Que las mujeres rurales tienen derecho sobre 5 millones de hectáreas, lo que representa el 14.25 por ciento de la superficie certificada del país. Además, las mujeres rurales son también titulares de los solares urbanos cuya importancia radica en ser una alternativa de producción familiar de traspatio, en apoyo al autoconsumo. Por tanto, la superficie certificada donde existe una mayor participación de las mujeres rurales asciende a casi 3,200 millones de metros cuadrados.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, fracción III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se realicen las acciones necesarias a fin de que se promulgue el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales el 15 octubre, a fin de unirnos en congruencia a la política internacional de México, al grupo de países que, en el marco de la Cuarta Conferencia de Mujeres en Beijín, ya lo han promulgado.

Segundo.- Cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la aprobación del presente punto de acuerdo.

Tercero.- En consecuencia que el honorable Congreso de la Unión instruya a las instituciones correspondientes del Ejecutivo para que en el ámbito nacional se promueva el Día Nacional de la Mujeres Rurales; asimismo, que se tenga a bien realizar lo conducente a través del señor secretario de Relaciones Exteriores para que promueva la aprobación ante los organismos internacionales y la ONU el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Tagle. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México para dar cumplimiento a la recomendación relativa a los hechos de violencia ocurridos el pasado mes de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna para hacer un exhorto a las autoridades federales y estatales que se vieron involucradas en los hechos violentos acaecidos los días 3 y 4 de mayo pasado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.

Como resultado de los operativos de reubicación de comerciantes ambulantes y con posterioridad del operativo ``regreso'', se produjeron la muerte violenta de un menor de edad y un estudiante universitario; la detención de más de 200 personas; centenares de heridos; detenciones arbitrarias; práctica de cateos sin la orden correspondiente; tortura y, en el caso de las mujeres detenidas, se documentaron formas extremas de violencia sexual: 26 violaciones por parte de los cuerpos policíacos y violaciones graves a los derechos humanos. En estos hechos intervinieron la Policía estatal y la Federal Preventiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el informe preliminar sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco ocurridos el 3 y 4 de mayo, del que se desprendieron flagrantes violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esos municipios del estado de México, los cuales configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tomando en cuenta las más de 200 quejas que acreditan lesiones, como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes, daños en propiedad ajena, cateos ilegales, robos, incomunicación, amenazas y dilación o negligencia médica.

El 16 de octubre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 38/2006, dirigida al secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño Lecea, por los hechos de violencia que tuvieron verificativo en los municipios del estado de México ya referidos.

Existe evidencia de que las personas fueron sometidas a presuntos actos de tortura por elementos de los cuerpos policíacos; a conductas que podrían configurar delitos como el de abuso sexual y violación, cometidos por efectivos de los cuerpos de seguridad; además de que existen elementos para advertir presuntos actos correspondientes al tipo penal de violación equiparada.

Como diputada federal mexiquense, me pronuncio porque las autoridades aludidas en la recomendación 38/2006 satisfagan las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de manera enfática y particular hago un llamado al gobernador del estado a ir a fondo en las investigaciones respecto de las autoridades estatales involucradas; que se finquen las responsabilidades penales correspondientes y se impongan los castigos que conforme a derecho deban aplicarse a los responsables. También hago un llamado para que se atienda a las víctimas de los abusos y se paguen las indemnizaciones a que tengan derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México a cumplir integralmente y sin dilación la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a informar a esta soberanía del avance de las acciones emprendidas para satisfacer dicha recomendación.

Segundo. Se integre una comisión plural de legisladores de esta soberanía para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 38/2006 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como para investigar los probables actos de tortura cometidos en agravio de los habitantes de San Salvador Atenco por parte de las policías federales y del estado de México.

Tercero. Se exhorta a la LVI Legislatura del Congreso del estado de México, en el marco de sus atribuciones, a impulsar medidas encaminadas a otorgar amnistía a cada una de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de aquellas personas en contra de las que se ha girado orden de aprehensión por los hechos de referencia.

Es cuanto, señor Presidente y solicito a la Presidencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que se turne a la comisión correspondiente para su discusión y aprobación y que se inserte íntegramente mi participación en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México a cumplir la recomendación número 38/2006, relativa a los hechos de violencia ocurridos en mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, México, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, legisladora del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Los días 3 y 4 de mayo pasados, a raíz de la reubicación de comerciantes ambulantes, se suscitaron hechos violentos en los que autoridades policiacas violaron las garantías constitucionales de los habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. La muerte violenta de un menor de edad y de un estudiante universitario, la detención de más de 200 personas, centenares de heridos y violaciones graves de los derechos humanos fue el saldo de esos hechos, en los que intervinieron la policía estatal y la federal preventiva.

Se pretendió reestablecer el orden mediante una operación policiaca, que se denominó ``Regreso'' y que estuvo plagada de excesos y de abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, práctica de cateos sin la orden correspondiente y tortura. En el caso de las detenidas, se documentaron formas extremas de violencia sexual: 26 violaciones por parte de los cuerpos policiacos.

Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Informe preliminar sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco, ocurridos el 3 y 4 de mayo, del que se desprendieron flagrantes violaciones de los derechos humanos de los habitantes de esos municipios del estado de México, las cuales configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La CNDH informó que recibió más de 200 quejas que acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes; daños en propiedad ajena; cateos ilegales; robos; incomunicación; amenazas, y dilación o negligencia médica.

El pasado 16 de octubre, la CNDH emitió la recomendación número 38/2006, dirigida al secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Hipólito Treviño Lecea, por los hechos de violencia referidos, entre habitantes de esas poblaciones y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad Estatal y policías municipales.

Del expediente, de más de 20 mil fojas y con mil 545 fotografías, se infiere que algunos manifestantes no observaron la ley ni cumplieron sus obligaciones ciudadanas, pero también que varios de ellos fueron agredidos por elementos policiacos en el momento de su detención y con posterioridad a ella, lo que vulnera los derechos inherentes a la dignidad de las personas, como los derechos a la vida y a la integridad física, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica, lo que se tradujo en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, torturas, violación de la libertad sexual (abuso sexual y violación), allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en una irregular integración de las averiguaciones previas correspondientes.

Hay evidencia de que las personas fueron sometidas a presuntos actos de tortura por elementos de los cuerpos policiacos; de conductas que podrían configurar delitos como el de abuso sexual y violación cometidos por efectivos de los cuerpos de seguridad, además de que hay elementos para advertir presuntos actos correspondientes al tipo penal ``violación equiparada''.

La CNDH acreditó diversas irregularidades en que incurrieron servidores públicos del Ministerio Público, como los casos de las cinco personas extranjeras presuntamente involucradas, que no tuvieron acceso a la protección consular.

Consecuentemente, la CNDH solicita al secretario de Seguridad Pública federal dar vista al Órgano Interno de Control para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad contra servidores públicos de la PFP y comisionados por otras dependencias de seguridad involucrados en los hechos; establezca acciones para la adecuada prevención del trato cruel o degradante, así como de la tortura, mediante la capacitación de elementos de la PFP; asimismo, se pide dar vista a la representación social federal para que inicie la averiguación previa por probables ilícitos penales por parte de elementos de la PFP y, mediante la contraloría interna, se instauren procedimientos administrativos de responsabilidad contra los servidores públicos que entorpecieron la investigación de la CNDH por proporcionar información contraria a la verdad.

Al gobernador del estado de México se solicita dar vista a la contraloría estatal para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo contra elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y sus corporaciones policiales involucrados en los hechos; realizar la reparación del daño o indemnización en favor de los deudos de Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea Hernández; realizar un censo de las 207 personas agraviadas que fueron detenidas, para verificar sus condiciones físicas y de salud, y se proporcionen a éstas los servicios médicos especializados y de rehabilitación que requieran; asimismo, se pide continuar las investigaciones relacionadas con los homicidios señalados.

También se le sugiere investigar al director del centro Santiaguito por los actos y las omisiones en torno de los derechos de los extranjeros y la atención médica que requerían todos los detenidos, y dar vista a las autoridades correspondientes; establecer acciones para prevenir la tortura, mediante la capacitación de elementos policiacos; fincar responsabilidades a quienes causaron lesiones a detenidos e internados en Santiaguito; investigar a los responsables del uso y aplicación del gas lacrimógeno e imponer las sanciones correspondientes; crear un grupo de trabajo federal y estatal para avanzar en las investigaciones y lograr la correcta integración de las indagatorias; notificar a la procuraduría estatal para que la recomendación se integre a la averiguación previa correspondiente; instaurar procedimientos administrativos de responsabilidad contra defensores de oficio que omitieron cumplir su deber jurídico; y emitir directrices para que en Santiaguito y demás penales de la entidad se impidan la alteración, destrucción o desaparición de evidencias.

Tanto al secretario de Seguridad Pública federal como al gobernador mexiquense se pide cumplir la recomendación general 12 de la CNDH y otorgar a los afectados en su integridad física la reparación de los daños y perjuicios que procedan.

En cuanto al comisionado del INM, se solicita a éste que se investigue a los servidores públicos de la delegación regional en el estado de México y de la Dirección de Control y Verificación Migratoria por su probable responsabilidad administrativa al realizar un procedimiento de expulsión fuera de los márgenes constitucionales y de lo que establecen las leyes en la materia, así como restituir a los extranjeros sus derechos violados y, en su caso, que se revise el procedimiento de su expulsión.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración, al gobernador del estado de México y al director del penal de Santiaguito a cumplir integralmente y sin dilación la recomendación número 38/2006 de la CNDH, y a informar a esta soberanía del avance de las acciones emprendidas para satisfacer dicha recomendación.

Segundo. Se integre una comisión plural de legisladores de esta soberanía para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación número 38/2006 emitida por la CNDH, así como para investigar los probables actos de tortura cometidos en agravio de los habitantes de San Salvador Atenco por parte de las policías federales y del estado de México.

Tercero.Se exhorta al Congreso del estado de México, en el marco de sus atribuciones, a impulsar medidas encaminadas a otorgar amnistía a cada una de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de las personas contra las que se ha dictado orden de aprehensión por los hechos de referencia y, en su caso, se otorguen las indemnizaciones correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Ana Yurixi Leyva. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

COMITE DE COMPETITIVIDAD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Mariano González Zarur, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité de competitividad.

El diputado Mariano González Zarur:Ciudadano Presidente; compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea un punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones:

La competitividad es determinante para incrementar las posibilidades de desarrollo de un país. En su acepción más amplia genera condiciones para la creación de empleos, estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial.

Para lograr que los efectos de la competitividad redunden en beneficio de la población es necesario verla desde la óptica del desarrollo sostenible; ello implica definir sus condiciones a partir de una lógica basada en el mantenimiento de los recursos naturales y el crecimiento de las inversiones y el ahorro como fundamento para que pueda ser mantenida a largo plazo.

La globalización ha traído beneficio y desarrollo para empresas y consumidores; sin embargo, el beneficio no ha sido completo porque sólo un pequeño porcentaje de las empresas de los países en desarrollo ha alcanzado los niveles de competitividad necesarios para participar en el comercio mundial. La precisión y rapidez con la que los países han adecuado sus estrategias, planes y programas, así como su legislación interna es lo que ha permitido que muchos países hayan logrado beneficiarse más que otros de las ventajas que trae consigo la globalización.

Desde la década de los 80 México inició procesos para la modernización e incorporación a la globalización. Destaca en este proceso la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la firma de una extensa red de tratados y acuerdos comerciales con alrededor de 42 países. Después de más de 20 años de esfuerzos, México ha logrado avanzar; sin embargo, otros países han reportado un avance mucho más acelerado, lo que indica que México se está quedando rezagado.

Durante la primera mitad de los años noventa, la posición competitiva de México mejoró considerablemente, como resultado del proceso de cambio estructural adoptado y, en particular, la negociación del mencionado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Entre 1991 y 1994 la posición relativa de México pasó, de ocupar el número 30 de 33 países, a la posición número 26 de 41 países. Sin embargo, en los últimos años la posición competitiva de México se ha deteriorado según el Índice Global de Competitividad del Instituto Internacional de Desarrollo Gerencial. Entre 1999 y 2002 el país pasó del lugar 35 al 41 y, actualmente, de acuerdo al reporte global de competitividad 2006-2007 del Foro Económico Mundial, México ya se ubica en el lugar 58 en el mencionado Índice de Competitividad Global.

En el modelo aplicado por el Ingco se consideran diez factores que analizan el sistema de derecho, el medio ambiente, la sociedad incluyente, el sistema político, mano de obra, energía, capital, telecomunicaciones, transporte, sector financiero, sectores económicos con potencial y relaciones internacionales; no es posible hablar de competitividad sin tomar en consideración las reglas del juego que rigen un mercado; contar con reglas claras, objetivas y confiables genera certidumbre en los participantes de una economía.

El sistema de derecho en México no es óptimo para competir con éxito en la economía global; se requiere no sólo elaborar un conjunto de leyes que cumplan con dichos fines y promuevan el crecimiento, inversión y empleo en diferentes sectores de la economía, sino también lograr que su observación y acatamiento sea una constante. Se considera necesaria la conformación de un comité en la Cámara de Diputados para proponer adecuaciones y cambios legislativos que avancen en la agenda de la competitividad. Requiere también de un diálogo permanente con los representantes del sector empresarial y de la fuerza laboral, especialistas académicos e instituciones de estudios del sector privado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que se conforme el comité para la competitividad como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la programación de los temas de dicha agenda.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho comité a fin de que pueda iniciar sus trabajos con la mayor brevedad.

Le solicito, señor Presidente, que en virtud de que está mejor explicado y en mayor abundancia en la Gaceta Parlamentaria el punto de acuerdo, esté en el Diario de los Debates respectivo. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del PRI

Mariano González Zarur, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en las siguientes

Consideraciones

La competitividad es determinante para incrementar las posibilidades de desarrollo de un país. En su acepción más amplia genera condiciones para la creación de empleos, estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial.

Para lograr que los efectos de la competitividad redunden en el beneficio de la población es necesario verla desde la óptica del desarrollo sostenible. Ello implica definir sus condiciones a partir de una lógica basada en el mantenimiento de los recursos naturales y el crecimiento de las inversiones y el ahorro, como fundamento para que pueda ser mantenida en el largo plazo.

La globalización ha traído beneficio y desarrollo para empresas y consumidores, sin embargo el beneficio no ha sido completo, porque solo un pequeño porcentaje de las empresas de los países en desarrollo ha alcanzado los niveles de competitividad necesarios para participar en el comercio mundial.

Es evidente que los países más avanzados tienen mayor capacidad para penetrar los mercados supranacionales. Sus grandes empresas transnacionales toman el control de algunos sectores económicos claves en las economías nacionales.

La precisión y rapidez con la que los países han adecuado sus estrategias, planes y programas así como su legislación interna, es lo que ha permitido que muchos países hayan logrado beneficiarse más que otros de las ventajas que trae consigo la globalización.

La unidad de medición que los países han adoptado para evaluar su avance en la globalización es la ``competitividad''. Un alto nivel de competitividad genera la posibilidad de inversiones, empleo, estabilidad social, certeza jurídica, y al final mayor y mejor calidad de vida.

Desde la década de los ochenta, México inició procesos para la modernización e incorporación a la globalización. Destaca en este proceso la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la firma de una extensa red de tratados y acuerdos comerciales con alrededor de 42 países.

Después de más de 20 años de esfuerzos, México ha logrado avanzar, sin embargo otros países han reportado un avance mucho más acelerado, lo que indica que México se está quedando rezagado.

Durante la primera mitad de los años noventa, la posición competitiva de México mejoró considerablemente. Como resultado del proceso de cambio estructural adoptado y, en particular, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): entre 1991 y 1994, la posición relativa de México pasó de ocupar el lugar número 30 (de 33 países) a la posición número 26 (de 41 países).

Sin embargo, en los últimos años la posición competitiva de México se ha deteriorado. Según el Índice Global de la Competitividad (IGC) del Instituto Internacional de Desarrollo Gerencial (IMD), entre 1999 y 2002, el país pasó del lugar 35 al 41.

Actualmente, de acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2006-2007, presentado el 26 de septiembre en Ginebra, Suiza, por el Foro Económico Mundial (WEF) México se ubica en el lugar 54 en el Índice de Competitividad Global (ICG).

Si bien se logró escalar una posición, el comportamiento ha sido un tanto errático en los distintos pilares que conforman el ICG.

Por un lado se manifiesta una puntuación relativamente alta en salud pública y educación primaria, eficiencia del mercado de bienes y en ciertos componentes indicadores de la preparación tecnológica, es decir, inversiones directas extranjeras y transferencia de tecnologías.

Sin embargo, seguimos padeciendo graves debilidades institucionales. Una reglamentación y burocracias excesivas. Las instituciones públicas -como el sistema judicial y la policía- necesitan operar con mayor apertura y transparencia. El problema de seguridad pública incrementa los costos de las empresas y menoscaba la competitividad.

EL IMCO ha definido la competitividad como la capacidad de un país para atraer y retener inversión, si profundizamos en esta definición en el ámbito de la globalidad haríamos referencia a la ``meritocracia'' es decir, una acción para conseguir ``algo'' que otra región o conjunto de regiones buscan también.

Una de las formas que ha probado más efectividad para crecer, en el contexto de la economía globalizada, es la acumulación de inversiones a largo plazo. Pues es precisamente por ellas que existe una competencia entre las regiones, al igual que entre las personas y las empresas.

En el modelo aplicado por el IMCO se consideran 10 factores que analizan: el sistema de derecho, el medio ambiente, la sociedad incluyente, el sistema político, mano de obra, energía, capital, telecomunicaciones, transporte, sector financiero, sectores económicos con potencial y relaciones internacionales. El reto de la competitividad en los países es concentrar su resultado final en la mayor parte de las variables económicas, políticas y sociales que definen una economía.

No es posible hablar de competitividad sin tomar en consideración las reglas del juego que rigen un mercado. Contar con reglas claras, objetivas y confiables genera certidumbre en los participantes de una economía. El sistema de derecho en México no es óptimo para competir con éxito en la economía global. Se requiere no solo elaborar un conjunto de leyes que cumplan con dichos fines y promuevan el crecimiento, inversión y empleo en diferentes sectores de la economía, sino también lograr que su observación y acatamiento sea una constante.

La dificultad de emprender negocios y, por lo tanto, la competitividad de un país, también dependen del ambiente regulatorio en el que las empresas realizan sus actividades. Los requisitos exigidos para operar legalmente una nueva empresa son indicadores del nivel de regulación de un país.

Los países con mayor número de trámites para operar legalmente una nueva empresa, tienden a tener mayores niveles de corrupción. La evidencia para México es congruente con la experiencia internacional. La simplificación de los trámites que afectan a las empresas genera un doble impacto en la competitividad: reduce el costo directo de los negocios, y aminora los costos indirectos para emprender negocios asociados con un elevado nivel de corrupción.

La generación de un sistema de derecho que contribuya a la competitividad de México en el contexto internacional es una prioridad que debemos afrontar. Por ello se considera necesaria la conformación de un Comité en la Cámara de Diputados para proponer adecuaciones y cambios legislativos que avancen en la agenda de la competitividad.

Para hacer eficientes sus resultados es necesario sostener un diálogo permanente con los representantes del sector empresarial, especialistas, académicos e instituciones de estudio del sector privado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se conforma el Comité para la Competitividad como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad, y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.

Segundo.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho Comité, a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Mariano González Zarur (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Zarur. Insértese íntegra la propuesta del diputado González Zarur. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Díaz Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La diputada Adriana Díaz Contreras:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; honorable Asamblea: he solicitado el uso de esta tribuna para proponer al Pleno la adopción de la siguiente proposición con punto de acuerdo, mismo que tiene que ver con la creación de una comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fundo el punto de acuerdo en los siguientes hechos:

Estamos conscientes que el tema de los tratados que suscribe el Estado mexicano es un asunto que por disposición constitucional y legal corresponde original y primordialmente al Ejecutivo de la Unión y al Senado de la República; sin embargo, ello no impide que la Cámara de Diputados, en uso de la más genuina interpretación de la representación política revise, analice y dé su punto de vista sobre una problemática que ya está siendo prevista por los grupos de campesinos y agricultores del país, que buscan en esta soberanía un espacio de resolución de su problemática, que de no resolverse estaría generando un clima de ingobernabilidad que nadie desea.

Veamos, la asunción del Tratado de Libre Comercio como medida de Estado fue proyectada como una promesa de superación de la pobreza y como punto de partida a una estadía más próspera del campesinado mexicano, eso se decía y así se vendió la idea. A pesar de que nuestros productores agropecuarios recibían subsidios gubernamentales muy superiores a los que se canalizaban a los de Estados Unidos y Canadá, en nuestro país --a diferencia de nuestros vecinos del norte-- se tenían bajos niveles de productividad, operación de mercados, fragmentación en la tenencia de la tierra, apoyo a los procesos productivo, nivel salarial y distribución del ingreso, nivel tecnológico, grado de organización para la producción y comercialización y grado de capitalización de las unidades de producción, entre otros. Gráficamente hoy, 12 años después, ha empeorado la situación de pobreza en el campo y los subsidios han disminuido drásticamente. Esas asimetrías no fueron puestas sobre la mesa por parte de los negociadores gubernamentales, con quien sin duda alguna se ahondó en el deterioro de la planta productiva agropecuaria nacional.

No nos engañemos, no podemos afirmar hoy que se puede conducir una relación comercial de mutuo beneficio entre partes que nos son iguales; esto constituye no sólo una falacia sino una maldición que se vierte contra quienes han tenido que dejar su tierra y emigrar, y paradójicamente trabajar para quienes directa o indirectamente contribuyeron a la quiebra del campo, los dueños de las tierras estadounidenses que sí fueron apoyados soterrada y abiertamente por su gobierno. En efecto, los diferentes apoyos otorgados a los productores agropecuarios estadounidenses, en particular los provenientes de la ley agrícola, son muy diversos y generosos, siendo algunos de ellos considerados como subsidios disfrazados; en todo caso son más de 10 veces mayores a los que reciben los productores mexicanos, quienes podrían recibir, de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, hasta 13 veces más de lo que actualmente obtienen.

Lo que es verdaderamente preocupante es que dentro de las etapas de desgravación previstas por dicho tratado en el 2008, el maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se liberaran totalmente junto con todas las importaciones agropecuarias provenientes de Estados Unidos. Hoy día prácticamente se importa toda la soya que se consume en el país; más del 40 por ciento algodón semilla y de ajonjolí; en granos básicos el país importa el 61.4 por ciento de arroz palay, el 42.6 de trigo que se consume en el país. Estos son algunos ejemplos; en general puede apreciarse que la dependencia de México de las importaciones de grano y oleaginosas durante la vigencia del TLCAN se han incrementado de manera importante.

Por lo anteriormente expuesto, quienes firmamos el presente punto de acuerdo consideramos indispensable que se forme una comisión especial de esta naturaleza, que contribuirá de manera muy activa y propositiva a la búsqueda de soluciones alternas a un problema que debe formar parte de la agenda social del nuevo milenio.

Teniendo como base los elementos que se establecen en los considerandos del documento, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Hago entrega del texto que contiene la proposición a la que he dado lectura, solicitando sea turnada a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre del 2006. Firman los diputados y diputadas Adriana Díaz Contreras, del PRD; Carlos Navarro López, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del PT; Pablo Arreola Ortega, del PT; Elsa Conde, de Alternativa; Mónica Arriola, de Nueva Alianza; Marina Arvizu, de Alternativa; Héctor Larios, del PAN; Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Javier Estrada, del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para revisar, analizar y formular recomendaciones sobre los capítulos agropecuario y relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al tenor de los siguientes

Antecedentes

Al inicio del TLCAN los rasgos más importantes que delineaban al sector agropecuario mexicano eran subsidios gubernamentales muy superiores a los productores de Estados Unidos de América y de Canadá; grandes diferencias en productividad, operación de mercados, fragmentación en la tenencia de la tierra, apoyos a los procesos productivos, nivel salarial y distribución del ingreso, nivel tecnológico, grado de organización para la producción y comercialización y grado de capitalización de las unidades de producción, entre otros, desfavorables a México, quién se enfrentaba a dos de las economías más avanzadas del mundo.

Ante una profunda heterogeneidad productiva, se dio un acelerado proceso, no discriminado, de desgravación arancelaria, lo que favoreció en mayor medida a los socios de México, debido a la existencia de agudas asimetrías con ellos.

Afirmar que se puede conducir una relación comercial de mutuo beneficio entre partes que no son iguales, constituye una falacia, los mayores beneficios siempre corresponderán a quién disponga de mejores condiciones para producir.

En efecto, el TLCAN integra economías considerablemente asimétricas: la potencia económica, tecnológica, política y militar mundial y un país en desarrollo.

En el TLCAN no hay trato especial o preferencial que reconozca el carácter de país en desarrollo de México.

Los diferentes apoyos otorgados a los productores agropecuarios estadounidenses, en particular los provenientes de la Farm Bill (ley agrícola) son muy diversos y generosos, siendo algunos de ellos considerados como subsidios disfrazados; en todo caso son alrededor de 28 veces mayores (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, año 2000) a los que reciben los productores mexicanos, quiénes reciben, de acuerdo con las reglas de la OMC (Organización Mundial de Comercio), cerca del 14 por ciento de los subsidios que podrían recibir, es decir, el monto actual podría aumentarse más de siete veces.

El TLCAN no disminuyó los flujos migratorios, los aumentó, y el sector en su conjunto redujo en términos absolutos el empleo que absorbía.

Hacia 2001 el déficit agroalimentario es el mayor registrado en los diez años previos (4 mil 129 millones de dólares).

Por lo que toca a las importaciones agropecuarias de México, éstas se concentraron en granos y oleaginosas, precisamente donde se localiza el mayor número de productores rurales del país.

Dentro de las etapas de desgravación, para el 2008 el maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se liberarán totalmente, junto con todas las importaciones agropecuarias provenientes de Estados Unidos de América.

Hoy día, según cifras oficiales, prácticamente se importa toda la soya que se consume en el país, más del 40 por ciento de algodón semilla y de ajonjolí; en granos básicos, el país importa el 61.4 por ciento del arroz palay, el 19.7 por ciento del maíz y el 42.6 por ciento del trigo que se consumen en el país.

En general, puede apreciarse que la dependencia de México de la importaciones de granos y oleaginosas durante la vigencia del TLCAN se ha incrementado de manera muy importante.

Consideraciones 1. El TLCAN se firmó entre socios a quienes corresponden, hipotéticamente, economías equivalentes, es decir, con grados relativos de desarrollo semejantes. Esta aseveración se sustenta en el hecho de que en el cuerpo del tratado no hay reconocimiento a las asimetrías existentes entre los tres países, especialmente en el sector agropecuario.

Esto ha implicado la profundización de las diferencias entre los socios.

México ha seguido disminuyendo su capacidad para ser soberano en materia alimentaria y nutricional.

2. Las enormes diferencias, en materia de rendimientos, productividad, acceso a la tecnología, dotación de recursos, apoyos gubernamentales, etcétera, obligan al diseño de un programa de largo aliento, semejante a la política agropecuaria comunitaria de la Unión Europea.

3. Sin tener el propósito de entrar en valoraciones de orden subjetivo, es necesario expresar con fuerza que la negociación, calificada de innovadora por los apologista del TLCAN, fue altamente desfavorable para México, al incorporar al sector agropecuario al tratado y sujetarlo a un proceso indiscriminado y acelerado de desgravación arancelario.

4. Las premisas fundamentales del tratado no se han cumplido.

Durante el tiempo de las negociaciones del tratado, la productividad en la agricultura de Estados Unidos de América era nueve veces mayor a la de México, para 2001 ya lo era once veces; en lugar de reducirse, la migración aumentó, los salarios disminuyeron, así como el empleo, entre otros.

5. Por lo que respecta a los mecanismos establecidos por el tratado para realizar ``ajustes'' en las relaciones comerciales con cierto grado de desequilibrio, las salvaguardas y los derechos antidumping, y por lo que toca a la solución de controversias comerciales, están diseñados de tal manera que favorecen a Estados Unidos de América, por su complejidad, por su mayor cercanía con las disposiciones legales en la materia en Estados Unidos de América, por la poca experiencia de los productores mexicanos, por los elevados costos y, en general, por las condicionantes que el propio tratado establece.

Teniendo como base los elementos anteriores, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución:

Punto Único. Se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el Capítulo Agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre del año 2006.--- Diputada Adriana Díaz Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Díaz. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de esta LX Legislatura, en cumplimiento de la normatividad vigente, se abstengan de fumar dentro del recinto.

El diputado Efraín Morales Sánchez:Con el permiso de la Presidencia;

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a abstenerse de fumar en el honorable recinto, en cumplimiento de la normatividad vigente.

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a las y los diputados integrantes de esta LX Legislatura a no fumar dentro de este honorable recinto, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. como una de las garantías individuales el derecho de toda persona a la protección de su salud, así como el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Segundo. Que la Ley General de Salud establece en su artículo 2o., fracción I, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; fracción II, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; fracción III, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; y fracción IV, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; todos éstos como finalidades del derecho a la protección de la salud.

Tercero. Que el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco establece en su artículo 3, fracción I, el derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo de tabaco en los sitios cerrados que comparten con fumadores; y en su artículo 9, aparatado A, fracción II, inciso a), la prohibición de fumar en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Suiza, el 21 de mayo de 2003, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2005, establece en su artículo 4, numeral 2, inciso a), la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición al humo de tabaco; y en su artículo 12, inciso b,) la concienciación del público acerca de los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo.

Quinto. Que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud establece que el tabaquismo pasivo viola el derecho a la salud de los no fumadores, por lo que se declaran zonas restringidas para el consumo de tabaco las de atención médica, los auditorios, las aulas y las zonas de peligro para la seguridad laboral y colectiva, así como los lugares de trabajo cerrados; y

Sexto. Que la exposición al humo del tabaco conlleva una elevada morbilidad y mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio y circulatorio y una correlación significativa con el riesgo de padecer cáncer; por tanto, que un fumador pasivo, al igual que un activo, corre el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el tabaco.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las y los compañeros diputados que integran esta LX Legislatura, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco, y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Suiza, a abstenerse de fumar en este honorable recinto; al mismo tiempo se les exhorta a fumar en las áreas destinadas para ello en este Palacio Legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Efraín Morales. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado. Aprobado el punto de acuerdo; y quede en la conciencia de todos los diputados que se ha aprobado el no fumar en este recinto; gracias.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Ernesto Zataraín González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita que se destinen recursos suficientes a la Universidad de Sonora para hacer frente a la crisis financiera que enfrenta.

El diputado Carlos Ernesto Zataraín González:Con su venia, diputado Presidente: con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Compañeras y compañeros diputados: la Universidad de Sonora acude, por mi conducto, a esta soberanía para exponer el problema fundamental por el que atraviesa dicha institución, el cual consiste en el insuficiente presupuesto ordinario para cubrir los gastos indispensables en los rubros de servicios personales y de gasto operativo que permitan mantener los altos niveles de calidad que ha alcanzado la universidad en los últimos años.

El origen de dicho problema tiene que ver no sólo con el crecimiento cualitativo y cuantitativo que se ha observado en la institución, sino también con las discrepancias históricas que existen entre los tabulares, el número de plazas, la distribución de plazas en el tabulador y las prestaciones ligadas que actualmente existen en la institución respecto a las reconocidas por la SEP. Esta situación ha derivado que en los hechos se incumpla el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la institución por los niveles federal y estatal, aportando este último un porcentaje mayor, el cual en los últimos tres años ha crecido de un 54 a un 56 por ciento.

Debido a la propia dinámica de la relación contractual, la brecha entre lo real y lo reconocido tiende a ampliarse con el tiempo, lo cual eleva la cantidad de recursos, al ser proporcionada por el Estado, situación que las autoridades estatales han manifestado que no están en posibilidad de mantener. En el 2005 la universidad tuvo un déficit, pero por la gestión del gobernador del estado ante el Presidente de la República se otorgaron 109 millones de pesos, lo que ayudó en ese momento a la Universidad. En este año la Universidad reportó un subsidio federal del 44 por ciento y un subsidio estatal del 56 por ciento. Para 2007 se tiene estimado un presupuesto de inicio --sin contemplar el monto requerido para la negociación salarial y contractual-- de mil 94.6 millones de pesos, por lo que se requeriría de ambos niveles de gobierno un subsidio ordinario de 547.3 millones de pesos.

Es menester que algunas universidades reciban de la federación el 80 por ciento y otras el subsidio del Estado, que es del 20 por ciento. En el caso de la Universidad de Sonora es el 56 el estado y únicamente el 44 por ciento la federación; lo que queremos es el peso por peso, el pari pasu para que la responsabilidad del gobierno del estado sea compartida por el gobierno federal.

Por lo anterior, pido el apoyo para todas las universidades del país, las universidades públicas, pero en especial para la Universidad de Sonora. Pido ese apoyo a todos ustedes, compañeros diputados. De acuerdo con lo anterior, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Que la Honorable Cámara de Diputados, a través de sus órganos y de acuerdo a su competencia, destine las partidas presupuestales necesarias para que se cumpla a cabalidad el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la Universidad de Sonora, por los niveles federal y estatal.

Segundo. Que en el PEF para el año 2007 se incluyan las partidas presupuestales necesarias para que los gobiernos estatal y federal aporten un subsidio ordinario de 584 millones de pesos para el financiamiento de la Universidad de Sonora.

Por su comprensión y apoyo, solicito señor Presidente, se considere el asunto de urgente u obvia resolución. Por su atención, compañeros y compañeras legisladores, les agradezco el apoyo y, en igual de circunstancias, Sonora también va a apoyar a los demás estados de la República. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para enfrentar su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El doctor Pedro Ortega Romero, rector de la Universidad de Sonora, acude por mi conducto a esta soberanía, para exponer, el problema fundamental por el que atraviesa dicha institución, el cual consiste en el insuficiente presupuesto ordinario para cubrir los gastos indispensables en los rubros de servicios personales y de gasto operativo, que permitan mantener los altos niveles de calidad que ha alcanzado la Universidad en los últimos años.

El origen de dicho problema tiene que ver no sólo con el crecimiento cualitativo y cuantitativo que se ha observado en la Institución sino también con las discrepancias históricas que existen entre los tabuladores, el número de plazas, la distribución de plazas en el tabulador y las prestaciones ligadas que actualmente existen en la institución respecto a las reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Esta situación ha derivado que en los hechos, se incumpla el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la institución por los niveles federal y estatal, aportando este último un porcentaje mayor, el cual en los últimos tres años ha crecido de un 54 al 56 por ciento.

Debido a la propia dinámica de las relaciones contractuales, la brecha entre lo real y lo reconocido tiende a ampliarse con el tiempo lo cual eleva la cantidad de recursos a ser proporcionados por el Estado, situación que las autoridades estatales han manifestado que no están en posibilidad de mantener.

En el 2005, la Universidad incurrió en un déficit de niveles inmanejables, la cual fue temporalmente resuelta con la gestión del gobernador del Estado ante el Presidente de la República y los secretarios de Educación, y Hacienda y Crédito Público, a partir del cual se aprobó un apoyo extraordinario de 109 millones de pesos, 80 de los cuales se canalizaron a la Universidad, quedando pendientes la entrega de 29 millones de pesos restantes.

En ese año la Universidad de Sonora reportó un subsidio federal del 44 por ciento y un subsidio estatal del 56 por ciento, en este punto es importante aclarar que para dicho año la federación aportó la cantidad de 389.3 millones de pesos, sin embargo el estado otorgó un subsidio ordinario mayor a ese, 489.0 millones de pesos, de los cuales el honorable Congreso del estado aprobó como subsidio inicial la cantidad de 435.5 millones de pesos y posteriormente el gobierno del estado autorizó 54.5 millones de pesos de ampliación presupuestal.

Para el año 2006 la federación está planteando aportar de inicio 413.3 millones de pesos, en tanto que con base en el acuerdo de aportar subsidio ordinario a partes iguales, debería aportar 542 millones de pesos (50 por ciento del gasto total de mil 84 millones de pesos), con lo cual se tiene un faltante de 128.7 millones. Cabe mencionar que el déficit se incrementó debido al aumento de cuotas al Isssteson, derivadas de la ley correspondiente.

Para 2007 se tiene estimado un presupuesto de inicio (sin contemplar el monto requerido para la negociación salarial y contractual) de mil 94.6 millones de pesos, por lo que se requeriría de ambos niveles de gobierno un subsidio ordinario de 547.3 millones de pesos.

Es menester señalar, que las universidades federales por su naturaleza se financian en su totalidad por la federación, la gran mayoría de las Universidades Pública Estatales (las UPE) reciben mayor proporción del subsidio por parte de la federación, mientras en el otro extremo se encuentra un reducido número de universidades públicas estatales, en las que la entidad correspondiente aporta más del 50 por ciento del subsidio. Si bien, los mecanismos de apoyo extraordinario contribuyen decisivamente a la implantación de programas académicos de las instituciones, estos mantienen disparidades en la asignación de subsidios por los distintos niveles de gobierno y no permiten, por su naturaleza, resolver problemas presupuestales ordinarios.

En razón de lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el grave recorte presupuestal que la Secretaría de Hacienda ha venido realizando a diferentes universidades públicas en nuestro país como se ha dicho en esta tribuna en otras ocasiones, conlleva al detrimento de la calidad educativa, y del desarrollo nacional.

Pido su apoyo y solidaridad para la Universidad de Sonora que enfrenta una grave crisis financiera que sin duda alguna, repercutirá en prejuicio de los estudiantes.

Aunque, desde luego el apoyo de manera particular será para esta Universidad, también es una propuesta que tiene como objetivo reivindicar a la universidad pública en México, tan lastimada y olvidada en nuestros días.

El rezago en la universalización, en la calidad, en la equidad y en la competitividad es evidente. Por ello, es preciso entender que si aspiramos a tener un país desarrollado es necesario invertir en el rubro educativo. Ya que la educación, para las nuevas generaciones, es la llave del éxito.

Por lo anterior me permito poner a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados, a través de sus órganos y de acuerdo a su competencia, destine las partidas presupuestales necesarias para que se cumpla a cabalidad el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la Universidad de Sonora por los niveles federal y estatal.

Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 se incluyan las partidas presupuestales necesarias para que los gobiernos estatal y federal aporten un subsidio ordinario de 584 millones de pesos para el financiamiento de la Universidad de Sonora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Diputado Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Zataraín. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la tribuna...

Adelante, diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Félix Holguín, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: deseo expresar, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalnuestro apoyo y respaldo a la educación de nuestro estado de Sonora, incrementando los recursos necesarios para lograr la educación de calidad que buscamos y merecemos todos los sonorenses. Es por eso que queremos sumarnos en apoyo para que se le brinde todo el apoyo necesario, por medio de la Federación y del estado de Sonora, para que cada vez Sonora vaya hacia delante en la educación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Félix Holguín. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Susana Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Susana Monreal Ávila:El grupo parlamentario del PRD se suma a esta propuesta, señor Presidente, y pedimos a los diputados --en esta sensibilidad que han mostrado por el problema que hay en la educación superior en nuestro país-- que se agregue también a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene un problema presupuestal deficitario y que le pido que sea considerada también. Gracias.

«Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le solicito adicionar al punto de acuerdo ``por el que se solicita se destine partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para hacer frente a la crisis financiera que enfrenta'' a cargo del diputado Carlos Ernesto Zataraín González, para quedar de las siguiente manera:

Primero.....

Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 se incluyan las partidas presupuestales necesarias para que los gobiernos estatal y federal aporten un subsidio ordinario de 584 millones de pesos para el financiamiento de la Universidad de Sonora.

Asimismo se tomen las medidas presupuestales necesarias para que la Universidad Autónoma de Zacatecas reciba un subsidio similar que le permita hacer frente a sus problemas financieros.

Dip. Susana Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si la presenta por escrito, diputada.

Adelante, señor diputado. Sonido a la curul del diputado Pedro Arreola Ortega.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Señor Presidente: decirles a mis compañeros diputados y diputadas que el grupo parlamentario del PT se suma a este punto de acuerdo. Ya se han presentado dos puntos de acuerdo en este sentido: la Universidad de Guerrero, de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Zacatecas y de Durango también. Consideramos que debe de ser un punto que hay que tomar muy en cuenta y que, con la mayor brevedad, podamos ir concretando todos los asuntos que traen estos puntos de acuerdo.

Sería una solicitud para que usted, que está dirigiendo el trabajo parlamentario, pueda, con la mayor brevedad, contar con decisiones para que estos puntos de acuerdo se puedan traducir ya en hechos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

Sonido a la curul del diputado Navarro; adelante.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López(desde la curul): Como profesor de la Universidad de Sonora, respaldo el punto de acuerdo que se ha propuesto. Se encuentra aquí el rector de la Universidad. Tenemos un grave problema en varias instituciones, ya se ha expresado en esta Cámara. Nada más por mencionar el caso más delicado en estos momentos: la falta de pago a los académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para allá va la Universidad de Sonora. Soy docente desde hace 23 años y solicito que se considere como un tema de urgente resolución y me adhiero a la propuesta del diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea... Sonido a la curul del diputado Armando García.

El diputado Armando García Méndez(desde la curul): El grupo parlamentario de Alternativa nos sumamos también al punto de acuerdo manifestado por el diputado, por la Universidad de Sonora, y si se puede adherir también lo que acaban de manifestar también de la de Sinaloa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si la propuesta es de aprobarse.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada.

La diputada Silvia Oliva Fragoso:Diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados y diputadas: la suscrita, diputadaSilvia Oliva Fragoso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes considerandos:

La industria de la seguridad privada ha tenido un incremento importante en las dos últimas décadas, es generadora de empleos para un sector importante de la población; sin embargo, no ha cumplido con los requisitos que marca la ley para salvaguardar los bienes que son objeto de resguardo, para preservar la integridad física de los habitantes de las diversas ciudades donde operan; tampoco de los custodios y de los integrantes de las fuerzas del orden en las ciudades donde prestan su servicio, poniendo en riesgo cotidianamente la integridad física de ellos.

Los asaltos a vehículos de traslado de valores son debidos a varias circunstancias, entre ellas al avance de la delincuencia y a que las empresas de seguridad privada no cuentan con la tecnología, la selección de personal y la capacitación suficiente del mismo para brindar un servicio de calidad sin exponer a los custodios y a la población. Son innumerables los problemas que han tenido los camiones blindados en traslado de valores, que han sido objeto de asaltos en diversas ciudades del país, entre los que destacan el robo de alrededor de cinco millones de pesos, como el sucedido en la colonia Quinta Velarde, de Guadalajara, el pasado 4 de octubre, donde una de las líneas de investigación es la intervención de los custodios de vehículos de la empresa de seguridad privada. En el mes de septiembre, en la Ciudad de México se realizaron dos espectaculares asaltos a vehículos de traslado de valores, existiendo la sospecha también de filtración del crimen organizado entre los empleados de estas empresas.

El pasado 6 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Seguridad Privada, donde se determinan diferentes formas de verificación; por economía parlamentaria solicito que se integre el punto al Diario de los Debates y nada más leeré el punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que:

a) Realice una exhaustiva verificación de las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación;

b) Se informe a esta soberanía sobre los convenios de coordinación institucional que se han realizado con los gobiernos estatales y la federación;

c) Los lineamientos y mecanismos que se están requiriendo para el servicio de traslado de valores;

d) Los exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y otros que se realizan a los custodios de seguridad privada;

e) Las medidas de seguridad que se tienen en el traslado de valores;

f) Los cursos de capacitación a que son sujetos los prestadores de servicio de seguridad privada.

Segundo. Nos envíen el plan de supervisión a estas empresas a desarrollarse en los próximos meses. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a verificar de manera exhaustiva la contratación de personal y los procedimientos de operación en las empresas de seguridad privada, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes

Considerandos

La industria de la seguridad privada ha tenido un incremento importante en las dos últimas décadas, es generadora de empleos para un sector importante de la población; sin embargo, no ha cumplido con los requisitos que marca la ley para salvaguardar los bienes objeto de resguardo, para preservar la integridad física de los habitantes, de los custodios y de los integrantes de las fuerzas del orden en las ciudades donde prestan sus servicios; poniendo en riesgo cotidianamente su integridad física.

Los asaltos a vehículos de traslado de valores son debidos al avance de la delincuencia y a que las empresas de seguridad privada no cuentan con la tecnología, la selección de personal y la capacitación suficientes para brindar un servicio de excelencia sin exponer a sus custodios y a la población.

Son innumerables los problemas que han tenido los camiones blindados en traslado de valores, que han sido objeto de asaltos en diversas ciudades del país, entre los que destacan: el robo de alrededor de cinco millones de pesos, como el sucedido en la colonia Quinta Velarde, en Guadalajara el pasado 4 de octubre, donde una de las líneas de investigación es la intervención de los custodios del vehículo de la empresa Seguridad Privada, SA de CV (Sepsa).1 En el mes de septiembre en la Ciudad de México se realizaron dos espectaculares asaltos a vehículos de traslado de valores, existiendo la sospecha de filtración del crimen organizado entre los empleados de estas empresas, quienes pagan por información sobre los horarios y lugares de entrega de efectivo (información emitida por Joel Ortega Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal); el primero a una camioneta de seguridad privada de la empresa Seguritec, en el Centro Histórico, y el segundo a un vehículo similar de la compañía Tecnoval2 en la colonia El Salado, de la delegación Iztapalapa, donde los delincuentes utilizaron armas de alto calibre como las AK 49, conocidas como cuerno de chivo, perdiendo la vida un policía y resultando herido otro.3

El pasado 6 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Seguridad Privada, que determina la verificación para que el personal operativo se encuentre debidamente capacitado, las sanciones a que se hacen acreedores los prestadores del servicio de seguridad privada, la existencia de una coordinación interinstitucional entre las autoridades de los estados y del Distrito Federal para establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con el servicio de seguridad privada, la acreditación de la capacitación y adiestramiento del personal operativo, que estará acorde con las modalidades en que se autorice el servicio, encontrándose a cargo de las instituciones competentes o de capacitadores internos o externos de la empresa prestadora del mismo. Además de incluir las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada: ajustarse a las disposiciones locales de la materia, proporcionar periódicamente capacitación y adiestramiento, y la aplicación anual de exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos, entre otras.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que

a) Realice una exhaustiva verificación de las empresas de seguridad privada en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación.

b) Se informe a esta soberanía sobre los convenios de coordinación institucional que se han realizado con los gobiernos estatales y la federación.

c) Los lineamientos y mecanismos que se están requiriendo para el servicio de traslado de valores.

d) Los exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y otros que se realizan a los custodios de seguridad privada.

e) Las medidas de seguridad que tienen en el traslado de valores.

f) Los cursos de capacitación a que son sujetos los prestadores del servicio de seguridad privada.

Segundo. Nos envíen el plan de supervisión a estas empresas a desarrollarse en los próximos meses.

Notas:

1 Público Milenio. Guadalajara, Jalisco, 4 de octubre de 2006. en http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=438586

2 La empresa Tecnoval ha tenido varios problemas de asaltos.

3 Icela Lagunas, El Universal, México, 2 de octubre de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.--- Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica).»

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Oliva. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Cofemer, de la Comisión Federal de Competencia y del Banco de México que rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana de los vehículos de transporte.

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo:Con su permiso, señor Presidente: pongo a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo ya que el autotransporte de carga en el país representa el movimiento de más del 83 por ciento de materias primas y productos terminados en México; asimismo, que el objetivo regulatorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesrespecto al proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2006, ``Peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos del autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal'', es fijar los límites máximos de peso y dimensiones de este autotransporte para contar con una norma que sea más flexible de la de nuestros socios comerciales. Sin embargo, la publicación de esta norma oficial se contrapone en todos estos objetivos, además de ser un lastre al fortalecimiento de la competitividad para la industria y un golpe para el consumidor final.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes busca disminuir el peso bruto vehicular de 81.5 toneladas de carga útil a 75.5 toneladas para los fulles --los llamados dobles remolques--; ante esta situación, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria envió un anteproyecto y una manifestación de impacto regulatorio, por lo que la secretaría, a su vez, requirió un estudio del Instituto de Transporte de Texas (ITT, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que generó una opinión favorable de la disminución de la carga en seis toneladas, pero estableciendo la necesidad de efectuar estudios de campo, ya que solamente se realizaron estudios de gabinete.

En el tema de seguridad que se ha tocado en relación con los fulles, con los datos aportados por la industria podemos decir que el full es la unidad más segura, debido a que presenta un evento o accidente cada 2.4 millones de kilómetros recorridos; un tractocamión sencillo, cada 748 mil kilómetros, y un camión unitario, cada 200 mil kilómetros; asimismo, en el VI Informe del Ejecutivo se cita que los accidentes en las carreteras federales se han reducido, del año 2000 al 2005, en 51.79 por ciento.

En México existen más de 13 mil camiones de doble caja que mueven aproximadamente 100 millones de toneladas al año de productos y materiales en más de dos millones de viajes. Si se disminuye el límite máximo de peso de este tipo de vehículos en seis toneladas, las consecuencias serían muy claras: se aumentarán 240 mil viajes al año para trasladar las mismas mercancías; se recorrerán 245 millones de kilómetros adicionales anualmente por las mismas carreteras y puentes; el costo de la operación se elevará en tres mil 500 millones de pesos anuales, más tres mil millones de pesos para renovar los transportes; se extenderán los índices de contaminación y tránsito vehicular, riesgos de accidentes y el uso de combustible y principalmente, y sobre todo, se deteriorará la competitividad del país; y todo repercute en un impacto inflacionario que finalmente generará aumento de precios al consumidor.

Es necesario controlar con un estudio de campo transparente las capacidades de los puentes y las carreteras, tal como coincide en todos los estudios realizados; que se consideren todas las manifestaciones, incluyendo las organizaciones privadas, tanto para los procedimientos ante Cofemer --en cuanto a la publicación de la totalidad de los documentos referidos en el proceso regulatorio-- como a la secretaría, en el sentido de analizar e incluir las opiniones de los afectados.

Por lo anteriormente expuesto, compañeros y compañeras, someto ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución:

Primero. Se solicite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular de la Comisión Federal de Competencia que elaboren los estudios sobre el impacto a la competitividad a las empresas nacionales, derivadas de la posible entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, ``Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal'', para efecto de que se modifique la norma, en su caso, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se requiere al titular de Banco de México que elabore los estudios de impacto económico desde el punto de vista inflacionario, respecto al proyecto de dicha norma oficial mexicana para efectos que se modifique la norma, en su caso, previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y por último, se insiste a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en que realice estudios de campo para evaluar la factibilidad del proyecto de la norma oficial mexicana descrita, para efectos de que se modifique la norma, en su caso, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pido respetuosamente a la Mesa Directiva que se inserte en el Diario de los Debates el presente punto de acuerdo en los términos del documento que entrego en este momento. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares de la SCT, de la Cofemer, de la CFC y del Banco de México que rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Diputado Federal Gustavo Caballero Camargo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

1. Los objetivos regulatorios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en torno al Proyecto de la Norma Oficial Mexicana son:

a) Que los límites máximos de peso y dimensiones permitan armonizar la productividad del autotransporte y la industria en general, con la seguridad que deben tener los usuarios de los caminos.

b) Que no se propicie un deterioro acelerado de nuestros puentes y carreteras ni de sus costos de mantenimiento, los cuales se rigen por estándares internacionales, en donde ha quedado demostrado que exceder ciertos parámetros ocasiona incremento exponencial de los esfuerzos en carreteras y fatiga en las superestructuras de los puentes.

c) Que dada la importancia del autotransporte en México, la composición y tamaño de los vehículos, se opte por una Norma más flexible que la de nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y Europa, a fin de facilitar los flujos de personas y bienes, considerando las especificaciones que se tienen en dichos países.

2. La SCT propuso disminuir el Peso Bruto Vehicular de 81.5 toneladas (PBV=carga útil + el peso del vehículo) a 75.5 toneladas de las unidades doblemente articuladas o full, representando 6 toneladas menos de carga útil.

3. La SCT envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), de un anteproyecto de Norma Oficial, por lo que se puso a consulta la manifestación de impacto regulatorio sobre el caso.

4. La SCT solicitó un estudio a un independiente que es el Instituto de Transporte de Texas (ITT, organización extranjera que reside en Estados Unidos), mismo que generó una opinión a favor de la disminución de la carga en 6 toneladas, haciendo hincapié en que ``la SCT debe de complementar los estudios presentados con análisis específico de los cambios arriba señalados''.

5. La COFEMER emitió un dictamen preliminar solicitándole a la SCT justificaciones y mayor información al respecto.

6. La industria del Transporte aportó cifras referentes al tema de seguridad, en las que se observa que la unidad doblemente articulada o full es la unidad más segura, debido a que se presenta un evento cada 2.4 millones de kilómetros recorridos, una configuración de tractocamión sencillo (T-S) tiene un evento cada 748 mil kilómetros, y en un camión unitario (C) cada 200 mil kilómetros.

7. La Asociación Nacional de Transporte Privado A.C. (ANTP), ofreció aportar al ITT, estudios del impacto vehicular sobre puentes y pavimentos, uno de ellos elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se manifiesta que los puentes tienen capacidad para soportar las cargas actuales; por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) sobre pavimentos; y, por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en donde las organizaciones académicas recomiendan realizar estudios específicos y de campo . sobre estos aspectos; sin embargo, la SCT requirió a la ANTP para abstenerse de entablar comunicación con el ITT sobre este tema.

8. La ANTP consultó a la COFEMER, la posibilidad de aportar documentos que sirvieran de referencia al ITT, para efectos de apoyo técnico, a lo que la Comisión contestó que existía factibilidad de que cualquier organismo privado allegara al ITT de elementos, a fin de complementar la investigación de gabinete.

9. En el VI informe del Poder Ejecutivo Federal, en el rubro tocante a la Policía Federal Preventiva (PFP) se cita que los accidentes en carreteras federales se han reducido del año 2000 al 2005 en una cantidad de 51.79%.

10. El pasado 12 de octubre, la COFEMER emitió resolución final en la que menciona en el cuarto párrafo del punto 13 que ``se estima que los estudios de las instituciones académicas aludidas sí dejan entrever la necesidad de realizar mayores estudios en torno al tema de peso máximo permitido. Por ello, la COFEMER sugiere a la SCT valorar la pertinencia de que el Anteproyecto conserve el supuesto de que cualquier incremento mayor permitido por el uso de la suspensión neumática pueda estar sujeto al resultado que se obtenga de los estudios y análisis técnicos que se realicen para poder determinar las ventajas y/o desventajas sobre el daño de pavimentos y puentes por el uso de la suspensión neumática. Esto último sin perjuicio de que la SCT pudiera valorar modificar el Anteproyecto para prever incrementos por virtud de otro tipo de supuestos no limitados exclusivamente al uso de suspensión neumática''; asimismo, la misma resolución señala en el punto 16 que ``la COFEMER solicita a la SCT que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Anteproyecto se analice su aplicación y si procede o no su modificación o cancelación''.

Considerandos

Primero. Que la normatividad debe buscar un equilibrio entre los costos de mantenimiento del pavimento, la capacidad de los puentes y el peso máximo de los fulles (unidades doblemente articuladas).

Segundo. Que los argumentos expuestos por la SCT y los estudios en los que se basa tienen deficiencias importantes, ya que no dan información técnica y transparente sobre la capacidad de los puentes y no consideran que la descarga por eje y no la carga total, es el factor clave a considerar para el impacto a carreteras y puentes; además de que la SCT aplica discrecionalmente la regulación, y muestra de ello, es que hay juicios en donde la propia Secretaría reconoce que el full puede cargar hasta 89 toneladas de peso bruto vehicular, en tanto los inspectores en carreteras aplican el máximo de 75.5 toneladas.

Tercero. Que no es posible extender una decisión de cambio en el sector, sin tomar en cuenta las implicaciones en los costos de transporte, ecología, riesgos de accidentes, migración a otro tipo de camiones que dañan más a las carreteras y puentes, así como la competitividad del país, y sin contar con un estudio técnico y transparente de la capacidad de los puentes y las carreteras, toda vez que el número de camiones que dañan a las carreteras por su descarga por eje (remolque sencillo), se incrementaría sustancialmente, al igual que un mayor número de viajes innecesarios.

Cuarto. Que el autotransporte de carga en el país representa el movimiento de más del ochenta y tres por ciento de las materias primas y productos terminados en México, y que en el país existen más de 13,000 camiones de carga de los llamados fulles (doble caja), que mueven aproximadamente 100 millones de toneladas al año entre productos y materiales en más de 2,000,000 de viajes.

Quinto. Que si se diminuye el límite máximo de peso de este tipo de vehículos en 6 toneladas, como consecuencia se realizarán 240,000 viajes más para trasladar las mismas 100 millones de toneladas al año, recorriendo 245 millones de kilómetros adicionales por las mismas carreteras y puentes, anualmente, lo que implica a su vez mayores índices de contaminación y tráfico vehicular, riesgos de accidentes, uso de combustible, costo de tenencias, pagos de cuotas federales por uso de caminos y puentes, entre otros, elevando el costo de insumos y producto final, y por tanto los costos de operación, al implicar la realización de 12% más de viajes.

Sexto. Que el costo de operación del transporte se eleva aproximadamente en 3,500 millones de pesos anuales, sin considerar la inversión de sustitución de equipos y la falta de conectividad en el sistema carretero federal; además de que se requerirá una inversión de 3,000 millones de pesos para comprar camiones de otro tipo para realizar los viajes adicionales necesarios.

Séptimo. Que esta medida normativa sería un lastre para la competitividad de las empresas mexicanas, frente a las extranjeras, y el principal perdedor será el consumidor final como lo señala la Comisión Federal de Competencia al referirse a este mismo tema.

Octavo. Que los argumentos de la SCT no están basados en estudios de campo que reflejen transparentemente la realidad de la capacidad de los puentes mexicanos, ni consideran que la migración de la carga a otros camiones que dañan más las carreteras y puentes, generará un mayor impacto negativo.

Noveno. Que como se observa en el antecedente 7° , en el estudio realizado por ITT no incluye los datos ofrecidos por todas las partes involucrada, ni considere las investigaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que da indicios de que la capacidad de los puentes es adecuada para las cargas actuales, recomendando que se haga un estudio más profundo; tampoco refleja los estudios del Instituto Mexicano del Transporte (IMT),que depende de la SCT, en los que se sustenta que los fulles son el tipo de transporte más eficiente en cuanto a costo de operación y el que menor daño provoca a las carreteras y puentes por su menor descarga por eje, ni el del ITESO, sobre pavimentos.

Décimo. Que en el proceso de normalización por parte de la SCT, existen incongruencias en cuanto a los objetivos regulatorios, en torno al Proyecto de la Norma Oficial Mexicana-PROY-NOM-012-SCT-2-2003 ``Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de Autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal'' citados en el antecedente 1°, como son:

1. Se busca disminuir el impacto en carreteras y puentes, con una medida que por el contrario, incrementará el número de vehículos que generan mayor daño a puentes y carreteras, así como un mayor tráfico con el consecuente deterioro e inseguridad de los mismos.

2. México requiere tomar medidas para elevar su competitividad, y esta regulación claramente la disminuye, reiterando enfáticamente que repercute de manera directa en el consumidor final de productos y servicios, ya que mientras se busca adoptar medidas en el país que generen un mayor control inflacionario y apoyo a los más necesitados, la NOM-012-SCT-2-2003, impacta directamente el costo de los productos.

Undécimo. Que si bien es cierto, el proceso de opinión respecto al proceso de normalización se lleva a cabo a través de la página de Internet de la COFEMER, cabe destacar que no todos los documentos de los actores involucrados se integraron, en específico, se omitieron los dos mencionados en los antecedentes 7° y 8°, con lo que se podría intuir una irregularidad en el proceso, toda vez que consta en los documentos supracitados, el hecho de que se propuso al ITT, hacerle llegar diversos estudios en torno al tema, por medio de la ANTP, situación que evitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contrario a la opinión de la COFEMER.

Duodécimo. Que el PROY-NOM-012-SCT-2-2003 no se sustenta en estudios de campo, sino de gabinete, a través de una institución en el extranjero, lo que podría evitar un completo apego a las necesidades del sector; no obstante que en el país se cuenta con instituciones académicas y oficiales capaces de efectuar los estudios necesarios para los diversos rubros del campo científico.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular de la Comisión Federal de Competencia, elaborar los estudios sobre el impacto a la competitividad a la empresa nacional, derivado de la posible entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana-PROY-NOM-012-SCT-2-2003 ``peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal'', para efectos de que se modifique la norma en su caso, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se requiera al titular del Banco de México, elabore los estudios de impacto económico, desde el punto de vista inflacionario, respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana-PROY-NOM-012-SCT-2-2003, para efectos de que se modifique la norma en su caso, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.Se inste a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar estudios de campo, para evaluar la factibilidad del Proyecto de Norma Oficial Mexicana-PROY-NOM-012-SCT-2-2003, para efectos de que se modifique la norma en su caso, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Caballero. Se insertará en el Diario de los Debates de manera íntegra. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay las dos terceras partes.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No hay mayoría calificada. Túrnese a la Comisión de Transportes.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena:Con su venia, señor Presidente; estimados señores legisladores: he sido comisionado por mi fracción parlamentaria para venir a tratar un punto de acuerdo que nos une a todos los mexicanos, que es el respeto a la cultura superior, el respeto a las instituciones que hoy han sido honradas aquí con la presencia de jóvenes universitarios y con puntos de acuerdo que se han aprobado para apoyarlas en varios estados de la República. Me refiero a esa institución que se encuentra en el frontispicio de esta Cámara de aprecio y orgullo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México.

Vengo a rendir un homenaje y a hacer algunas reflexiones, pero antes de ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para protestar enérgicamente por el manejo burocrático, miope, equivocado, insensible de estas sesiones del Congreso, que esto se aprobó en la colegisladora hace más de cuatro semanas: no se aplican los turnos, hay privilegios, hay exclusión y además no hay un trabajo legislativo efectivo y real. Todos estamos ocupados platicando con nuestros compañeros de curul o con otros, mientras la nación está esperando que, al igual que la universidad, sepamos trabajar haciendo valer el lema de ``Por mi raza hablará el espíritu''. La Universidad ha ganado prestigio internacional porque tiene una gran investigación tecnológica y científica, porque posee calidad académica y porque tiene metodología para realizar sus cosas; aquí, a veces no tenemos metodología y a veces perdemos la brújula y, en vez de ponernos de acuerdo en lo que espera la nación de nosotros, estamos en medio de discusiones estériles y a veces muy aburridas.

Vengo a rendir homenaje a esa institución nacional que representa la ventana de la esperanza de todos los mexicanos, porque las universidades públicas son la única posibilidad de que formemos a las nuevas generaciones con una concepción nacionalista, con una concepción profunda, con una concepción científica y apegada a la historia de la nación. Todas las universidades mexicanas son buenas, las públicas y las privadas, pero dados los costos excesivos, absurdos, definitivamente golpeadores de la economía de las clases medias, sólo tienen opción nuestros jóvenes pobres de acudir a las universidades públicas; por eso es grande la Universidad Nacional Autónoma de México, porque en ella se foguean y se forman los crisoles de la esperanza, de la cultura, de la sabiduría y del nacionalismo mexicano.

Rindo este homenaje y vengo a proponer un punto de acuerdo que tiene por objeto que sea de obvia o urgente resolución, pues ya pasaron muchas semanas para que rindamos homenaje a esa Universidad que pasó al número 74 de las universidades del mundo; la más importante de América Latina y de habla hispana; más adelante de la Universidad de Moscú o de muchas de los Estados Unidos, con sus recursos que tenemos que apoyar, igual que a las demás universidades, como hoy se trató en esta Cámara; sólo por ahí podemos encontrar la ruta de la salida de un pueblo que está requiriendo mayores luces para conducir con mejor camino su propio destino; son las universidades los únicos caminos a los que podemos llegar, que podemos transitar para poder tener el éxito que como nación merecemos.

No sólo estamos orgullosos quienes salimos de sus aulas; no sólo los que trabajamos en la academia, en esas instituciones, sino todos los mexicanos que saben que su esperanza, su cultura, su nación y su destino se forja en esa fragua cotidiana que es el trabajo de la sabiduría, de la cultura y sobre todo de la esperanza nacional.

Les agradezco a ustedes, señores diputados, que lo aprueben por obvia o urgente resolución, y aquí entrego a la Secretaría esta propuesta. Y para finalizar quiero referirme a otro insigne pensador que también está en este frontispicio, a Justo Sierra, que --al iniciar los trabajos de la Universidad Nacional en 1910-- dijo lo siguiente: ``Cuando el joven sea hombre es preciso que la universidad o lo lance a la lucha por la existencia de un campo social superior o lo levante a las excelsitudes de la investigación científica, pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción; que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo y que sí se puede olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia'', como Claudio Bernard decía: ``No podemos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria''. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en las siguientes

Consideraciones

La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución educativa con mayor tradición académica y cultural del país. Su historia está ligada a la evolución de nuestra vida republicana. Por ello, es una universidad que refleja meridianamente los principios de la educación científica, laica, democrática e indispensablemente vinculada a las necesidades sociales, económicas y culturales del desarrollo del país.

Por siglos, además de recrear la identidad nacional y fomentar nuestro crecimiento, la UNAM se ha constituido como un valioso medio de permeabilidad social, contribuyendo al progreso individual y social constante, mediante la herramienta más sólida que puede anhelar cualquier sociedad, que es la educación universal y científica de las nuevas generaciones.

Es una de las instituciones más antiguas del mundo, toda vez que se funda en 1551, como la Real y Pontificia Universidad de México. En 1910 se refunda y adquiere el nombre con el que la identificamos orgullosamente hasta ahora. Por sus aulas, además de millones de ciudadanos, se han formado también los más ilustres personajes de las ciencias, las humanidades, la cultura y las artes de México y de América Latina. Ejemplo de ello es que los tres mexicanos que han ganado el Premio Nobel han pasado por sus aulas: Alfonso García Robles, Nobel de la Paz en 1982; Octavio Paz, Nobel de Literatura en 1990 y Mario Molina, Nobel de Química en 1995.

El esfuerzo constante de la comunidad universitaria, el ejercicio responsable de la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación, además del apoyo de todo el país para mantener su financiamiento y el respaldo a sus importantes responsabilidades, ha logrado una institución pionera en la investigación en campos científicos como la genómica o la ecología y en disciplinas humanísticas y sociales como la filosofía de la ciencia y los estudios regionales, sin dejar de lado la ingeniería, la arquitectura, la medicina, el derecho o la ciencia política, entre otras.

Desde el año anterior, varios análisis internacionales, mencionaron a la UNAM entre las 500 mejores universidades del mundo y entre las 5 mejores de América Latina. Esta feliz noticia se complementó con el anuncio de la propia Universidad de haber logrado la certificación al 100% de todos sus procesos con la norma internacional ISO-9000, siendo la única institución con este mérito y con un compromiso tan relevante de abordar con determinación la mejora cualitativa de su gestión administrativa y académica.

Consecuentemente con este renovado impulso, que le permite superar varios años de sombras y dudas, la UNAM vuelve a poner en alto el nombre de México y el acierto del Estado de mantener un sistema de universidad pública, que atienda tanto la cobertura como la calidad y el acceso universal para todos los mexicanos.

Este mes, el periódico inglés The Times publicó una clasificación internacional en donde la UNAM es una de las 100 mejores instituciones universitarias del mundo y el lugar 20 entre las de excelencia en artes y humanidades.

Cabe mencionar que se estima que en el mundo existen más de 9 mil instituciones de educación superior, con lo que queda sobradamente demostrado el destacado lugar de la UNAM.

La UNAM se homologa con instituciones de excelencia de Estados Unidos y de Europa, constituyendo una de las pocas universidades públicas en lograrlo.

Este reconocimiento, demás de mover al legítimo orgullo nacional, nos lleva a refrendar el compromiso del Poder Legislativo de apoyar plenamente su operación y toda iniciativa tendente a fortalecer su importante papel para el desarrollo nacional. La UNAM está ligada a nuestra historia, es un componente indiscutible de nuestro presente y el futuro de México no podrá prescindir de su presencia y aportación.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma al reconocimiento internacional hacia la Universidad Nacional Autónoma de México como una de las 100 mejores instituciones educativas del mundo y la número 20 en excelencia en el campo de las artes y las humanidades.

Asimismo, refrenda su compromiso con el apoyo invariable a la educación pública y con su fortalecimiento permanente, para consolidarla como eje del crecimiento, el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a diez de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta...

¿Con qué objeto, señor diputado Suárez del Real?

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): El objeto de adherirnos a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democráticaal punto de acuerdo que acaba de leer el señor diputado.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tome nota la Secretaría.

Diputado Armando García de Convergencia, de Alternativa, perdón. Adelante, sonido al diputado Armando García.

El diputado Armando García Méndez(desde la curul): De Alternativa, señor Presidente, por favor; sí debe ser de urgente resolución y nos adherimos en Alternativa al punto de acuerdo del diputado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Armando García, de Alternativa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución. A ver... diputado Javier Estrada; sonido a la curul.

El diputado Faustino Javier Estrada González(desde la curul): Señor Presidente, de igual manera, la fracción del Verde Ecologista nos sumamos a las propuestas de los compañeros para que sea de urgente y obvia resolución y apoyarla completamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete(desde la curul): A lo que es unánime, señor Presidente, sumarnos a esa iniciativa de reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México; estamos, Convergencia, con la propuesta, por favor.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay unanimidad por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Comuníquese, por favor.

¿Hay oradores? Diputado Tonatiuh Bravo Padilla, tiene la palabra; adelante, señor diputado. Sonido a la curul del diputado José Luis...

El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla:Buenas tardes, con el permiso del señor Presidente, y con la requerida atención a ustedes, compañeros y compañeras legisladoras: este asunto de la UNAM, que engarza con un punto que hemos votado aquí hace unos minutos, es un asunto que está involucrado de manera general con el cuidado que debemos tener los mexicanos hacia nuestras instituciones de educación media superior y superior. Naturalmente, yo agregaría que es aún más general, solamente que ahorita nos ocupa este aspecto, estos niveles de educación. Para mí, desde luego, tiene que ver con el cuidado que debemos tener todos los mexicanos --y, desde luego, de manera relevante los legisladores, que somos por ley representantes populares-- del sistema educativo de nuestro país. Y lo digo así porque resulta claro que nuestro país está necesitado, urgentemente necesitado de darse cuenta que necesitamos dar como una palanca de desarrollo, como una palanca de progreso a nivel internacional, en la competitividad, por ejemplo, que vamos a tratar --y lo hemos hecho ya en otros días en esta Cámara--, que debe tener nuestro país.

En el aspecto muy concreto de la UNAM, una institución que data del siglo XVI, 1525 --más precisamente en la etapa aún virreinal--; tenemos una universidad con historia, pero no sólo: hoy tenemos, para fortuna y orgullo de todos los mexicanos, absolutamente todos, una universidad que de unos años para acá ha venido haciendo esfuerzos fundamentales, progresivos, por elevar sus niveles académicos. El la universidad por excelencia de nuestro país --no por nada la llamamos la máxima casa de estudios del país--, en ella se ha demostrado que la academia, la calidad de la academia no está reñida con la universidad de masas, con las enormes cantidades de estudiantes que van a sus aulas con la esperanza del progreso, con la esperanza del conocimiento científico, tecnológico y humanístico.

Hoy nuestra UNAM, repito, en ese avance progresivo, ha sido declarada en una encuesta que se ha hecho ya por varios años, un periódico londinense, como la universidad en el número 74 mundial; y escúchese bien, es la primera universidad en Iberoamérica, es decir, no solamente de América Latina, de los países al sur del río Bravo, sino además de la península ibérica; desde luego, está por encima de un gran número de lugares del primer mundo, de Europa, de Asia, de América; y es un orgullo para los mexicanos, lo debe constituir. Yo, por tanto, me adhiero, me parece que es un reconocimiento de estos representantes del pueblo, para una universidad del pueblo y para el pueblo; solicito de ustedes --todos, compañeros y compañeras legisladores-- una votación unánime para esta declaración de nuestra UNAM. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Se aprueba.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor secretario. Aprobada; comuníquese.

A ver, diputado Duarte. Adelante.

ORDEN DEL DIA

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Presidente, estoy enlistado en el orden del día; es natural, a la hora que vamos, que no alcanzaremos, pero por obviar naturalmente el trámite, quiero entregar una excitativa a la Comisión de Gobernacióny Puntos Constitucionales y así evitar el trámite y que me haga favor de turnarla de manera inmediata.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputado, todavía no llegamos a esa parte del orden del día. Adelante, se integra. La Secretaría, dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política que tenemos pendiente de lectura.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: ``«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en los artículos cuarto y quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitamos sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto:

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se crea el Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. En votación económica, consúltese a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se modifica el orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría, señor Presidente. Se modifica el orden del día.

COMITE PARA LA ATENCION A PERIODISTAS Y SUS GARANTIAS DE LIBRE EXPRESION Y PENSAMIENTO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se crea el comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento.

El diputado Víctor Valencia de los Santos:Con el permiso de la honorable Asamblea: quiero informarles a mis compañeras y compañeros diputados que de manera simultánea --era la importancia de este punto de acuerdo-- está siendo presentada esta misma iniciativa de punto de acuerdo ante la Cámara de los Senadores, a través de la senadora María Elena Orantes López.

Estimadas diputadas y diputados: los que suscribimos, diputados federales de la LX Legislatura, Víctor Valencia de los Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Irene Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Aguilar Jiménez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes consideraciones:

En nombre de mis compañeros diputados del estado de Chihuahua, en esta ocasión ocupo esta importante tribuna para que desde la Cámara de Diputados podamos, a través de un comité que permita garantizar la libertad de expresión y de opinión de los periodistas, se pueda lograr que la libertad de expresión sea una realidad y viva y actuante en nuestro país. Asimismo, se busca contribuir a partir de este comité a perfeccionar el marco normativo para lograr brindar a los profesionales de la información seguridad y mejores condiciones para el ejercicio de su profesión.

La libertad de expresión es la piedra angular de nuestra democracia, y ésta es indispensable para el desarrollo político, económico y social de nuestra nación. La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión, por eso es importante que lo preservemos de cualquier embate que busque menoscabarla. Por ello, como legisladores, debemos continuar abogando por la libertad de expresión y seguir deviniendo la diversidad, el flujo y la producción de la información pública mientras trabajamos profundamente en la democratización y actualización de los marcos normativos e institucionales para facilitar el acceso a la información y el conocimiento en todas sus formas.

Existen en nuestro país muchos periodistas que han sido asesinados y varios de esos crímenes aún lamentablemente no han sido aclarados; esta situación es la que motiva a presentar este punto de acuerdo, toda vez que la reconocida periodista y paisana chihuahuense Lolita de la Vega ha sido objeto de cobardes y arteras amenazas de muerte en días anteriores. Es así que el comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento buscará desde el espacio del Poder Legislativo, conjuntamente con las asociaciones y agrupaciones de periodistas y en coadyuvancia con otras comisiones legislativas, la creación y el fortalecimiento de la legislación en esta materia, para la protección del ejercicio pleno de las actividades desarrolladas por los profesionales de la información.

Todos debemos estar atentos y comprometidos en la defensa y el fortalecimiento del derecho a la libre expresión de nuestro pensamiento; pero también al de los otros, aunque sean opuestos precisamente a los nuestros. Una sociedad que se jacte de ser libre no puede permitir que ningún periodista más sea asesinado en aras de cacicazgos locales o el narcotráfico; es necesario, entonces, retomar el tema de la reforma a los artículos sexto y séptimo constitucionales en materia de medios de comunicación, a efectos de contar con una legislación que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información, así como definir reglas para el ejercicio periodístico.

La falta de un derecho de réplica eficaz y el abuso desde el poder han generado el incremento de agresiones físicas, así como múltiples denuncias de carácter civil y penal en contra de los periodistas y comunicadores y, por ende, del propio principio de la libertad de expresión. La regulación de los medios es uno de los temas más consultados en el Congreso de la Unión en los últimos 30 años, ya que desde 1976 se ha convocado a todos los sectores, pero sin tener una propuesta concreta, lo cual ha generado un atraso democratizador entre el Estado, medios y sociedad y la obsolescencia, ambigüedad y dispersión de normas jurídicas.

El derecho de réplica como instrumento fundamental para la intermediación y no penalización de asuntos en materia de opinión y de libertad de expresión, aún no es una realidad en nuestro país. Los medios han enfrentado la represión del aparato gubernamental y esto nos lleva a la conclusión de que el enemigo natural de la libertad de expresión pudiera ser el poder mismo. Las desapariciones de periodistas por el surgimiento del crimen organizado que ven cuestionado el ejercicio de su gobierno hace necesario que el Estado sea el garante del ejercicio de esta profesión y el que preserve por todos los medios la libertad de expresión.

Es por todo ello y por la importancia que esta propuesta trae aparejada para la vida democrática de México que solicitamos su apoyo para la creación de un comité plural y proporcional que ayude a garantizar la libertad de expresión y de opinión de los periodistas, y en cumplimiento de los fines que a continuación se indican en el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se propone a la Junta de Coordinación Política la creación del Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento, a fin de garantizar y fortalecer las libertades de prensa y expresión; también para el derecho a la información y a través de proponer una agenda legislativa para preservar estos principios constitucionales y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho Comité con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad en la Cámara de Diputados, a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad.

Tercero. El Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Los periodistas y comunicadores cuentan con una Cámara de Diputados interesada en su profesión y en el impulso de las medidas legislativas que permitan un mejor desarrollo de la libertad de expresión.

Entrego por escrito la presente propuesta y le ruego, señor Presidente, que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Atentamente, diputado Víctor Valencia de los Santos, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario de Acción Nacional; diputado Rubén Aguilar Jiménez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido Nueva Alianza; diputada Irene Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y especialmente, la coordinación del PRI en esta Cámara de Diputados del estado de Chiapas. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea el Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento, presentada por el diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 19 de octubre de 2006

Los que suscriben, diputados federales de la LX Legislatura, Víctor Valencia de los Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el Carácter de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes:

Antecedentes

La gravedad de la situación que enfrentan los medios de comunicación, los comunicadores y periodistas en nuestro país obligó al gobierno federal que está por concluir su gestión a crear una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos en contra de Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República.

A finales de la LIX Legislatura la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados constituyó un Grupo de Trabajo que dio seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con la participación de todos los grupos parlamentarios. Esta Instancia legislativa constituyó por sí un espacio que permitió que los medios de comunicación y los que ejercen la actividad del periodismo pudieran hacer llegar sus denuncias y quejas en contra de quienes atentaban contra la libertad de expresión, y contribuyó notablemente a perfeccionar el marco normativo para lograr brindar a los profesionales de la información seguridad y mejores condiciones para el ejercicio de su profesión.

A lo largo y ancho del país se han registrado hechos lamentables en el que las libertades de prensa y de expresión, así como el derecho de información se ven amenazados por la impunidad con que actúan diversos grupos desde el poder en contra de los medios de información y de los comunicadores y periodistas.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 1 de noviembre al 31 de julio de 2006 se han presentado 246 quejas de agresiones a periodistas.

En 2004 se registraron cinco asesinatos de comunicadores; en 2005, cuatro; y en lo que va de 2006, tres; además de la desaparición tres periodistas, uno en Veracruz, otro en Sonora y uno más en Coahuila.

Por otra parte, se han registrado recientemente ataques y amenazas contra quienes se dedican a la labor periodística, destacándose las agresiones contra Lidya Cacho y Ricardo Rocha, o las amenazas recientes en contra Denise Dreseer.

Asimismo, las bodegas del diario Noticias de Oaxaca siguen tomadas desde hace dos años, al igual que varios medios electrónicos de comunicación secuestrados en esa misma entidad desde hace un mes debido al conflicto que prevalece en dicho estado.

Por Esto, de Yucatán, y el semanario Qué, de Quintana Roo, sufrieron graves daños en sus instalaciones, cuando desconocidos arrojaron granadas de fragmentación.

Son conocidas las demandas en contra de la revista Proceso por el caso Olga Wornat, así como los ataques en contra de La Jornada San Luis y su director, Julio Hernández.

En nuestro país muchos periodistas que han sido asesinados y varios de esos crímenes aún no han sido aclarados. Esta situación es la que motiva a presentar el presente punto de acuerdo, toda vez que la reconocida periodista chihuahuense Lolita de la Vega ha sido objeto de cobardes y arteras amenazas de muerte en días anteriores.

No podemos soslayar los casos de los periodistas recientemente asesinados: Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Enrique Perea Quintanilla, de la revista Dos Caras, en Chihuahua, así como la última desaparición de Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario Zócalo, entre muchos otros.

Exposición de Motivos

La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse; ésta es una condición fundamental para el progreso y para el desarrollo personal de cada individuo.

Debido a su gran importancia para el normal funcionamiento de una sociedad democrática, las normas internacionales le otorgan a la libertad de expresión e información una protección amplia, con mínimas limitaciones y expresamente enumeradas. De esa manera se logra claridad en cuanto a las limitaciones que pudieran existir y se evitan interpretaciones que pudieran poner en peligro el ejercicio de este derecho fundamental.

En este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, y la Representación de la Comunidad Europea sobre Libertad de los Medios de Comunicación han conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al marco internacional vigente.

La libertad de expresión y de opinión es un derecho garantizado en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que ``toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio''. Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que: ``toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.''

Asimismo, el reconocimiento de la importancia de la libertad de expresión en el Continente Americano ha sido consagrado en la Declaración de Chapultepec, adoptada en marzo de 1994, y retomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y convertida en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, firmada por numerosos jefes de Estado y de gobierno.

El Principio 1 de dicha declaración establece que ``no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.''

En el ámbito internacional se ha considerado a la libertad de expresión como un derecho fundamental del ser humano, constituye ``una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática''. Asimismo, es una herramienta para alcanzar una sociedad más tolerante y estable, además de dignificar a la persona humana y permitir el debate abierto.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reflejan claramente el interés en proteger ampliamente este derecho en todo el mundo. Como se puede comprobar luego de la lectura de estos artículos, la libertad de expresión e información no tiene ningún tipo de condicionamiento previo. En estos instrumentos se habla simplemente de libertad de expresión, información y opinión en el sentido más amplio y favorable para la sociedad.

A pesar del reconocimiento que otorga nuestra Constitución, los instrumentos internacionales y las decisiones de órganos internacionales de derechos humanos respecto a este tema, el derecho a la libertad de expresión en nuestro país aún no se encuentra plenamente garantizado.

El derecho a la libertad de expresión es el pilar para el ejercicio de otros derechos relacionados con la labor periodística, resulta un elemento indispensable para el desarrollo de los otros derechos conexos, y por ende, se convierte en una garantía que debe brindar la mayor de las protecciones en beneficio de la persona humana para salvaguardar con ello, aunque sea de manera indirecta, otros derechos.

De acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión e información ``comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole''. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ``es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre''. Asimismo, ha expresado que ``para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia''.

Respecto al alcance de la libertad de expresión e información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que:

``Quienes están bajo la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...) [la libertad de expresión e información] requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.''

EI derecho de acceso a la información en poder del Estado es uno de los fundamentos de la democracia representativa. En un sistema representativo los funcionarios son responsables frente a la ciudadanía que confió en ellos su representación política y la facultad de decidir sobre los asuntos públicos. El titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos. Asimismo, la información que el Estado utiliza y produce se logra con fondos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.

``Contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos más eficaces para combatir la corrupción. La ausencia de control efectivo implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables. Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal.''

Es importante destacar también que, a pesar de que el derecho de acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, su ejercicio no es absoluto. Así, el artículo 13 de la Convención Americana prevé ciertas restricciones. El principio general de la publicidad de la información en poder del Estado admite limitaciones cuando existe un interés que determina la necesidad de la reserva de la información. Estas restricciones son limitadas y deben estar expresamente previstas por la legislación.

Un aspecto importante del derecho a la información es la acción de habeas data. Mediante este procedimiento se garantiza a toda persona el acceso a información sobre sí misma o sus bienes, contenida en bases de datos o registros públicos o privados y, en el supuesto de que fuera necesario, actualizarla o rectificarla. Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías.

Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma inmediata una gran cantidad de información sobre las personas. Paralelamente, la cantidad y velocidad en las comunicaciones hace más importante la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en los bancos de datos electrónicos.

Además del reconocimiento del derecho de acceso a la información y del habeas data, es fundamental que se disponga de un procedimiento rápido y eficaz para que este derecho sea ejercido en su plenitud. Deben eliminarse las trabas administrativas que en muchos Estados obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información.

Las modernas democracias constitucionales no sólo deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino además deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

Hoy, más de cuarenta países en el mundo cuentan con leyes e instituciones dedicadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre la gestión pública. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y leyes locales de la materia en distintas entidades federativas de la República, nuestro país ha emprendido un proceso de cambio en la relación entre gobierno y gobernados, y desde luego una nueva forma de ejercicio de la función pública de cara a la sociedad.

Este proceso implica una verdadera transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público; supone someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio cotidiano de la sociedad; exige divulgar y arraigar en toda la población el derecho de acceso a la información y promover efectivamente su ejercicio, así como el derecho a la intimidad y la vida privada de las personas, a través de la protección de sus datos personales.

Después de haber publicado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio del 2002, se promovió en todas las entidades federativas una serie de iniciativas para reglamentar este derecho Constitucional atendiendo a las necesidades y condiciones particulares de cada entidad, incorporando a sus marcos normativos no sólo una ley particular sobre este tema, sino algunos otros criterios de interés en diversas legislaciones locales para abarcar desde otros ámbitos las múltiples aristas de este derecho.

Para garantizar íntegramente la libertad de expresión, es necesario contar con una legislación adecuada y protectora de los ejercicios democráticos consagrados en los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

En este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la Representación de la Comunidad Europea sobre Libertad de los Medios de Comunicación, han conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al marco internacional vigente, es decir, que eliminen aquellas disposiciones de carácter restrictivo o coercitivo de la libertad de expresión.

A pesar de estos avances, el Estado mexicano no ha podido ser garante de la libertad de expresión y mucho menos de la integridad de los periodistas. El asesinato y secuestro de comunicadores y las múltiples amenazas e intimidaciones de que son objeto cotidiana mente medios de comunicación y periodistas en general; la impunidad de los crímenes contra periodistas; la utilización del poder judicial como mecanismo de hostigamiento e intimidación hacia los comunicadores, ubicándose éstas como las principales amenazas en contra del ejercicio de este derecho, nos indican la falta de un marco jurídico consistente que garantice adecuadamente la libertad de expresión a periodistas y medios de comunicación.

Además de las agresiones y la censura, existen otras maneras para coartar la libertad de expresión, a estas formas se les ha titulado ``restricciones legales'', que amparadas bajo una ley o reglamentación particular se abrogan como los rectoras de esta garantía.

Los mecanismos legales o restricciones legales para la libertad de expresión a que se recurre principalmente son las sanciones por los tipos penales de calumnia y difamación.

El derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público; por tanto, constituye un derecho protector de la sociedad en su conjunto y no sólo de un sector específico.

Por consiguiente, cuando se restringe la libertad de expresión e información a través de los tipos penales mencionados, se impide o limita el control de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos y se transforma la democracia en un sistema donde el autoritarismo encuentra un terreno fértil para imponerse sobre la voluntad de la sociedad.

La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática, requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos, cuenten con una protección diferente frente a las críticas que la que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público.

En torno a estas discusiones se ha generado una división en cuanto a la regulación de este derecho, una división que es conocida como sistema dual de protección; una parte va dirigida a las personas públicas y la otra a las personas privadas, pues ambas no pueden estar sujetas a la misma protección ni contar con las mismas herramientas legales para poder invocar la supuesta difusión de informaciones falsas o inexactas.

En este sentido, la jurisprudencia europea, al igual que la de Estados Unidos, comparten este principio de distinción en el nivel de protección otorgada a la persona pública y privada. En el caso Lingens, la Corte Europea expresó que ``los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios con respecto a un político como tal que con relación a un individuo particular, ya que el primero expone su persona a un escrutinio abierto de sus palabras y actos tanto por la prensa como por el público en general y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia''.

De este modo podemos afirmar que cualquier limitación que sea impuesta al ejercicio de la libertad de expresión e información debe ser justificada y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y contemplando tanto la persona a la que podría afectar la información como la intención del comunicador por dar1a a conocer.

Las restricciones a la libertad de expresión tienen que ser ``justas'', ``proporcionales'', ``necesarias'' y ``protectoras'' del honor, la vida privada y la imagen de las personas sustancialmente, pues en este ámbito es en el que encontramos mayor afectación directa, producida por la difusión y publicación de informaciones.

La mejor manera para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y, a su vez asegurar, a la sociedad y a sus integrantes el respeto al honor, la vida privada y la imagen propia, es considerar en la vía civil una serie de sanciones que permitan regular y contener el ejercicio de la libertad de expresión mientras que por otra parte garanticen la protección de estos otros derechos fundamentales.

A través de la vía civil se obtienen los resultados que se querría derivar de la vía penal, sin los riesgos y desventajas que ésta presenta. En efecto, la sentencia civil condenatoria constituye, de suyo, una declaración de ilicitud no menos enfática y eficaz que la condena penal; es decir, señala bajo un título jurídico diferente lo mismo que se espera de ésta, a saber, que el demandado incurrió en un comportamiento injusto en agravio del demandante, a quien le asiste el derecho y la razón. De esta suerte, la sentencia civil entraña, por sí misma, una reparación consecuente con la necesidad de satisfacer el honor de quien reclama la tutela judicial y garantiza que la información difundida pueda ser corregida o rectificada, como parte de la sanción impuesta.

En este sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el artículo 10, establece que ``La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.''

Además, en estos casos debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas, a esta preter intención de difundir información dolosa o dañina se le conoce en la doctrina como real malicia, y se constituye como un requisito indispensable para poder acreditar la intencionalidad del comunicador.

El 18 de abril de 2006, se aprobó una iniciativa para reformar los artículos 1916 y 1916 Bis del Código Civil Federal y para derogar en su integralidad el capítulo sobre delitos contra el honor del Código Penal Federal, atendiendo no sólo a los criterios internacionales sobre la materia sino a las condiciones reales en las que se recurre a las acusaciones por esos delitos, que en la mayoría de los casos sólo sirven para amedrentar la labor periodística crítica y para intimidar a los medios de comunicación.

Esta iniciativa es un avance importante para la regulación de la libertad de expresión en México y sienta un precedente para muchos países de América Latina; pero, sobre todo, marca las líneas que deben seguir las legislaturas locales para adecuar sus marcos normativos en el mismo sentido en el que lo está haciendo el Congreso de la Unión, incluso, marca la pauta para poder realizar modificaciones legales de mayor alcance y con mejores garantías proteccionistas, para los y las comunicadores de nuestro país.

La difamación y la calumnia como delitos deben ser derogados de todas las legislaciones penales de nuestro país y deben, en su caso, trasladar las sanciones por actuaciones similares al ámbito civil, solamente así se podrá eliminar la sombra de la privación de la libertad, que cotidiana mente ronda la labor periodística.

Sin lugar a dudas, uno de los principales obstáculos que tienen que salvar los periodistas en el ejercicio de su profesión es el de proteger y salvaguardar las fuentes de su información.

La protección a las fuentes de información esta consagrado en diversos documentos y resoluciones internacionales sobre libertad de expresión que ponderan la protección de la información de los comunicadores como un elemento indispensable para poder continuar con la labor social que desempeñan.

La lamentable citación de periodistas ante instancias judiciales o ministeriales es cada vez más recurrente en todo el país, a pesar de que con ella se violenta flagrantemente la secrecía profesional del gremio.

El artículo 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala que ``todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales'', siendo este derecho uno de los pilares en el desarrollo de la labor periodística, lo que hace evidente que cualquier afectación a este derecho también lo es a la libertad de expresión.

Los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus equivalentes de las entidades federativas prevén que todo servidor público tiene como obligaciones, la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan.

La totalidad de las leyes sobre profesiones o del ejercicio profesional de las entidades federativas prevén como una protección para los profesionistas preservar tanto la información obtenida como las fuentes mediante las cuales consiguieron dicha información.

Preocupada por las constantes citaciones a comparecer dirigidas hacia periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2004 la recomendación general número 7 sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores.

La CNDH subraya que de ninguna manera busca inhibir las actuaciones que realiza la autoridad ministerial en la investigación y persecución de los delitos, así como tampoco interferir para evitar que los periodistas o comunicadores declaren o testifiquen por hechos ajenos a su labor periodística, sino propiciar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, particularmente de los periodistas.

Del análisis y vinculación lógico-jurídica de los antecedentes sobre citaciones a periodistas y de las constancias que integran los expedientes que se han tramitado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta concluye que existe vulneración a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, integridad física, así como del derecho a no revelar sus fuentes de información ni a ser hostigados, en perjuicio de los periodistas o comunicadores de acuerdo con una serie de consideraciones legales.

Entre los aspectos fundamentales de la libertad de expresión está la potestad jurídica que tiene toda persona de hablar sobre cualquier tema, sin que el Estado y sus autoridades le impidan o restrinjan ese derecho. Sobre este particular, el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ``la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa''; es decir, ninguna autoridad administrativa o judicial esta facultada para investigar o averiguar a una persona por manifestarse en algún sentido, salvo en los casos que se afecte a la moral, derechos de terceros y perturbe el orden público.

Es importante resaltar el papel de las fuentes de información en la tarea de investigación que realizan los periodistas o comunicadores y su vinculación con un eficaz ejercicio de la libertad de expresión, ya que con frecuencia la posibilidad de obtener información está condicionada a no divulgar la fuente. Se trata de una de las reglas básicas en el periodismo, cuyo estricto cumplimiento está condicionado a la confiabilidad que tenga en el periodista la persona que proporciona la información, y la posibilidad de seguir contando con un caudal importante e interesante de datos novedosos, cuya única finalidad es darlos a conocer a la sociedad y satisfacer su derecho a la información.

En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consciente de las atribuciones que constitucionalmente le han sido conferidas a las autoridades ministeriales, insiste en la necesidad de que las procuradurías General de la República, de Justicia Militar y de las entidades federativas garanticen el derecho de los periodistas al secreto profesional y a no revelar sus fuentes de información, ya que de lo contrario se vulneraría lo previsto en el artículo 8 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión que señala: ``Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales''.

Pese a ello, diversos periodistas han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público para obtener datos relacionados con el desempeño de su actividad o profesión, además de solicitarles que revelen la fuente de la cual obtienen la información, lo que puede poner en riesgo la seguridad del comunicador y de la fuente, afectando con ello el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

En consecuencia, los órganos del Estado y en especial las instituciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos al pasar por alto los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales que amparan el derecho a la libre expresión, obligan a periodistas a que revelen sus fuentes de información y vulneran el derecho que les asiste para salvaguardar el secreto profesional.

Si bien la autoridad ministerial ejerce sus facultades para la investigación de los delitos, es importante delimitar los criterios que la autoridad puede utilizar para citar a periodistas, toda vez que debe respetarse el derecho de los comunicadores a la reserva de su fuente, sin que sea admisible que la facultad persecutoria de los delitos pueda ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos.

Por tanto, se debe posibilitar que un periodista se reserve el origen de una información determinada, pues constituye un presupuesto del derecho a la libertad de expresión, así como de la integridad y el ejercicio libre de su profesión o actividad por la que haya tenido acceso a dicha información.

En una reforma por adición al artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, el Senado de la República propuso que no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los periodistas respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado.

Asimismo, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales que fue publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, en la que se protege el secreto de la información de algunas actividades profesionales contemplando también una serie de sanciones contra las autoridades que no respeten este mandato legal.

La libertad de expresión se restringe también cuando los periodistas son objeto de amenazas, ya que con ello se pretende silenciarlos, lo que constituye una violación a estas personas así como a la sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho.

Atendiendo a lo que preceptúa el artículo 133 de la Constitución General de la República, resulta conveniente destacar lo dispuesto por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala:

``Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones; el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.''

La problemática planteada se agrava cuando los órganos encargados de procurar justicia no garantizan la exhaustiva investigación de los delitos cometidos en agravio de los periodistas y comunicadores, con objeto de lograr la identificación y consignación penal de involucrados o responsables, toda vez que la indagación es superficial y carente de profesionalismo, al limitarse en la práctica a algunas diligencias y líneas de investigación, lo que se traduce en impunidad.

Con lo anterior se evidencia que las instituciones de procuración de justicia deben tomar las acciones necesarias que permitan la identificación de los responsables de las agresiones cometidas en contra de periodistas o comunicadores, así como para garantizar el derecho a la libertad de expresión; sin embargo, su actuación y la falta de resultados efectivos ha originado que éstos vean con más frecuencia disminuido su derecho a realizar su labor profesional, ya que en contados casos se sancionan tales conductas.

De lo expuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha concluido que las violaciones a las leyes o la displicencia para salvaguardar los derechos humanos por parte del Estado propicia el menoscabo o restricción al derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole; es decir, afecta el ejercicio de la libertad de expresión y demás derechos reconocidos por nuestra Constitución.

Por tanto, para hacer compatible el interés, la defensa y la protección de los derechos humanos de los periodistas o comunicadores, es indispensable evitar la impunidad, la inseguridad jurídica, los actos arbitrarios o contrarios a derecho, la ineficiencia en la procuración de la justicia y la inobservancia de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos, lo que evidentemente contribuiría a consolidar la protección de los derechos humanos de este grupo, al tiempo que favorecería la salvaguarda de las garantías de seguridad jurídica y legalidad, previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos instrumentos internacionales con la intención principal de beneficiar a toda la colectividad.

Consideraciones

Primera: Que el derecho a las libertades de prensa y de expresión, así como el derecho a la información son garantías constitucionales consagradas en los artículos 6o. y 7o. de nuestra Carta Magna, y corresponde a los poderes del Estado impulsar acciones que fortalezcan su pleno derecho.

Segunda: Que en los últimos años se han incrementado las agresiones y desapariciones a periodistas y medios de comunicación. En los últimos seis años, 24 periodistas han sido asesinados y 3 han sido desaparecidos en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Tercera: Que el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reconoce, en su diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en nuestro país, que los periodistas que son víctimas de ataques en su mayoría han denunciado las relaciones del narcotráfico con agentes del Estado y los abusos del poder público.

Cuarta: Que no existen sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, ya que ésta no puede ser considerada una concesión de las autoridades; sino un derecho inalienable de la sociedad. Por tanto, el asesinato, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión de los periodistas, la destrucción de material propiedad de los medios de comunicación, la destrucción de instalaciones donde los medios de comunicación desempeñan sus actividades, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los adores intelectuales y materiales de las esas agresiones, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.

Quinta: Que es necesario, desde el Poder Legislativo, velar por los intereses de los profesionales de la información, así como propugnar por los derechos constitucionales de los periodistas para el ejercicio de la libre expresión de las ideas.

Sexta: Que para la Cámara de Diputados no pueden pasar desapercibidos los hechos tan lamentables que se presentan en todo el país, en el que las libertades de prensa y expresión, así como el derecho de información, se encuentran en grave riesgo por la impunidad con la que actúan diversos grupos desde el poder en contra de los medios de comunicación y de los comunicadores y periodistas.

Por lo anteriormente expuesto, en los términos establecidos en el artículo 93, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, 33, 34 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se crea el Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento, en cumplimiento de los fines que a continuación se indican en el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se propone a la Junta de Coordinación Política la creación del Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento, a fin de garantizar y fortalecer las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información, a través de proponer la agenda legislativa para preservar estos principios constitucionales y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho Comité, con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad de la Cámara de Diputados, a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad.

Tercero. El Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Los periodistas y comunicadores cuentan con una Cámara de Diputados interesada en su profesión y en el impulso de medidas legislativas que permitan un mejor desarrollo de la libertad de expresión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre del año dos mil seis.--- Diputados: Víctor Valencia de los Santos (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Valencia. Insértese íntegro en el Diario de los Debates.

Sonido a la curul del diputado Alejandro Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete(desde la curul): Gracias, ciudadano Presidente: en vista de que Convergencia ya había presentado el punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial sobre las Agresiones a Periodistas y dado que la propuesta del Comité es análoga, es decir, abordan la misma materia, le pido, por favor, que esta propuesta del comité se turne a la Junta de Coordinación Políticapara evitar incompatibilidades con nuestra propuesta, porque sería injusto para lo que nosotros propusimos que ésta fuera de urgente u obvia resolución.

En vista de eso, le pido respetuosamente se envíe y se turne a la Junta para que la Junta, que va a procesar todo el universo de comisiones especiales, la atienda de manera acuciosa y fundada para que no haya ningún problema en ese sentido. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Chanona.

Pregunto al Presidente de la Junta de Coordinación, diputado Gamboa, si no tiene inconveniente en que la propuesta hecha por el diputado Chanona para no considerarla de urgente resolución y que se envíe este asunto a la Junta de Coordinación. Sonido a la curul del diputado Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón(desde la curul): Con todo gusto, señor Presidente. Que se turne a la Junta de Coordinación Política, por favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Luis Murillo Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León.

El diputado José Luis Murillo Torres:Con su permiso, diputado Presidente: en vista de que este punto de acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente sea incluido en su totalidad en el Diario de Debates.

Punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2007 un programa integral de infraestructura de la red carretera del estado de Nuevo León, a cargo de los diputados federales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas del PAN, del PRI, del PT, del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, sometemos a esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2007, el Programa Integral Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

En México el transporte carretero es el medio más importante debido al considerable número de pasajeros y carga que son movilizados a lo largo del territorio nacional; de ahí la importancia estratégica que tiene para la economía nacional el impulso de su infraestructura carretera; por su parte, la red carretera del estado de Nuevo León representa uno de los factores más importantes del desarrollo económico del estado, de la región y del país en general.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Poder Ejecutivo federal, del total de la red nacional carretera, el 57 por ciento tiene más de 30 años y sólo el 14 por ciento tiene menos de 15 años, lo que indica que fue diseñada y construida utilizando normas y técnicas que en la actualidad ya han sido superadas, no sin considerar el deterioro normal por su uso; en virtud de lo anterior, los diputados federales que conformamos las bancadas de Nuevo León y Tamaulipas, con el acuerdo de sus miembros, formula la presente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propone al Ejecutivo federal que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, que a continuación se describe.

Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera 2007, en millones de pesos, por un total de mil 725.6; lo anterior en atención de lo establecido por los planes y programas sectoriales, de conformidad con lo establecido por los artículos 24, 25, 26, 27, 35, 42 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Este punto de acuerdo está firmado por todos los integrantes de las diputaciones antes mencionadas, de los estados de Nuevo León y de Tamaulipas, de los partidos Acción Nacional, PRI, PT, y Verde Ecologista. Por su atención, gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, someten a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el transporte carretero es el medio más importante, debido al considerable número de pasajeros y carga que son movilizados a lo largo del territorio nacional, de ahí la importancia estratégica que tiene para la economía nacional el impulso de su infraestructura carretera.

Por su parte, la red carretera del estado de Nuevo León representa uno de los factores más importantes del desarrollo económico del estado, de la región y del país en general.

De acuerdo con información del la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal, del total de la red nacional carretera, el 57 por ciento tiene más de 30 años de servicio y sólo el 14 por ciento tiene menos de 15 años, lo cual indica que fue diseñada y construida utilizando normas y técnicas que en la actualidad ya han sido superadas, no sin considerar el deterioro normal por su uso.

El 25 por ciento de la longitud de la red federal soporta tránsitos diarios de más de 6 mil vehículos, y el 21 por ciento tiene problemas de capacidad para atender sus tránsitos en condiciones óptimas de seguridad y economía, ya que en los últimos años el número de pasajeros transportados por carretera se ha incrementado más de 25.0 por ciento y la carga en más del 20.0 por ciento. En el mismo sentido, las cargas autorizadas de los vehículos han crecido de manera importante, al pasar de 34 toneladas en 1960, a más de 60.0 en los últimos años.

Por lo que hace a la infraestructura carretera en Nuevo León, al día de hoy cuenta con una longitud total de 7 mil 190.25 kilómetros, de las cuales mil 143.45 kilómetros son de carreteras federales, 2 mil 691 kilómetros de carreteras estatales y 3 mil 355.7 kilómetros de caminos rurales.

En virtud de lo anterior, los diputados federales que conformamos las bancadas de Nuevo León y Tamaulipas, con el acuerdo de sus miembros, formulamos la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita que esta Cámara la haga suya y exhorte al Poder Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se incluya un Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León que beneficie al estado, a la región y al país, con la generación de infraestructura carretera, que permita obtener mayores recursos en beneficio de la población.

Para lograrlo se requiere rehabilitar y modernizar la red carretera estatal, que opera por debajo de las condiciones actuales de pesos y dimensiones, ocasionando con esto un deterioro dinámico estructural de las carreteras y representando un alto riesgo de accidentes para los usuarios. Asimismo, se requiere ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura carretera y modernizar los corredores carreteros mediante proyectos de cobertura regional.

Las acciones y esfuerzos estatales necesarios se encuentran debidamente identificados y contemplados en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo. Sin embargo, la problemática real que enfrenta el Ejecutivo estatal es la derivada de los recursos exiguos.

Cabe advertir que en el PEF 2006 a Nuevo León se le asignó únicamente la cantidad de 717.7 millones de pesos, por lo que al cuadro anterior hay que adicionarle 99.3 millones de pesos para la carretera Sabinas-Colombia; así como 119.7 millones de pesos para conservación de carreteras; 23 millones de pesos para el Programa de Empleo Temporal y 155 millones de pesos para caminos rurales.

Es importante señalar que en la asignación de recursos para la construcción y modernización de carreteras el estado de Nuevo León ocupa el noveno lugar, atrás de estados como Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco, mientras que el estado ocupa el tercer lugar en participación del PIB Nacional, después del Distrito Federal y el estado de México.

Por lo anterior, es necesario que la asignación de recursos para programas y proyectos de inversión en carreteras deba ser lo más acorde posible con la participación económica del estado en el país para poder mantener dichas expectativas y continuar generando riqueza, no sólo en el estado, sino a nivel regional y nacional.

La propuesta que se plantea es viable, de conformidad con lo establecido por la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 42, fracción VIII, inciso f), y fracción IX, que a la letra dice:

``f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.''

``IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.''

En virtud de lo anterior y considerando que el programa que a continuación se propone es acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; el programa sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el propio Plan Estatal de Desarrollo; y que, a su vez, todos los proyectos que a continuación se describen cuentan con proyecto ejecutivo, es dable señalar que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya en la programación y presupuestación anual del gasto público para el año 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, con los proyectos y recursos que se describen en esta proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propone al Ejecutivo federal que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, que a continuación se describe:

Lo anterior, en atención de lo establecido por los planes y programas sectoriales, de conformidad con lo establecido en los artículos 24, 25, 26, 27, 35, 42 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputados: Marco H. Orozco Ruiz Velazco, Juan Francisco Rivera Bedoya, Juan E. Barrios Rodríguez, Gustavo F. Caballero Camargo, Cristian Castaño Contreras, Jesús R. Canavati Tafich, Martha M. García Muller, Rodrigo Medina de la Cruz, José Martín López Cisneros, Juan Manuel Parás González, José Luis Murillo Torres, Ramón Salas López, Gustavo Ramírez Villarreal, Juan Manuel Villanueva Arjona, Javier M. Zambrano Elizondo, Ana María Ramírez Cerda, Ricardo Cantú Garza, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Beatriz Collado Lara, Carlos Alberto García González, Raúl García Vivián, Omeheira López Reyna, Luis Alonso Mejía García, César Augusto Verástegui Ostos, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Enrique Cárdenas del Avellano, Horacio Emigdio Garza Garza, Tomás Gloria Requena, Miguel Ángel González Salum (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murillo. Túrnese a la Comisión de Transportes.

CONVENCION NACIONAL DE GOBERNADORES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Convención Nacional de Gobernadores, suscrita por diversos diputados de todos los grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados que firman al calce, de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Conferencia Nacional de Gobernadores ha surgido como un mecanismo plural que tiene la finalidad el fungir como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para lograr un mayor equilibrio, así como la redistribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal. Este equilibrio, es de reconocerse, se logra a través del fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las demandas de sus comunidades.

Cierto es que, dentro de nuestro sistema, en el pacto social que es contenido en nuestra Constitución General, la representatividad de los estados en el pacto federal a través de la Cámara de Senadores, también lo es que es necesario el reconocer el derecho de las entidades para que, por conducto de los titulares de los poderes ejecutivos locales, se organicen a fin de lograr mayores y mejores canales de comunicación con los poderes de la Unión y se maximice el ejercicio del poder para el servicio del pueblo.

Por ello y como es afirmado por la Conago, la búsqueda de coincidencias con el gobierno federal en la persecución de soluciones a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios públicos con base en los siguientes principios: de solidaridad, para la búsqueda de relaciones de justicia y equidad entre los órdenes de gobierno; de subsidiariedad, para propiciar gobiernos locales capaces y comprometidos con las facultades, funciones, responsabilidades y recursos que les competen conforme a ley; de resarcitoriedad, para retribuir a las entidades federativas de forma proporcional a sus esfuerzos recaudatorios.

Que esta Conferencia, debe ser y es reconocida como una instancia válida para la interrelación e intercomunicación de los distintos niveles de gobierno y una nueva forma de da vida al pacto federal.

Reconociendo que la Conferencia Nacional de Gobernadores tiene dentro de sus objetivos el realizar los proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos para deliberar, acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a: política presupuestaria, criterios para la transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, costo de los servicios públicos, políticas de inversión pública, procesos de desarrollo y descentralización administrativa, fortalecimiento a los gobiernos locales y relaciones intergubernamentales.

Por lo anterior, es que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta soberanía, reconocemos la necesidad de que se constituya un Grupo de Trabajo a fin de mantener el diálogo constante y respetuoso con la Conferencia Nacional de Gobernadores, por lo que me permito presentar a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, dentro de sus atribuciones, acuerde la conformación de un Grupo de Trabajo integrado, de forma plural, por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios a fin de llevar a cabo acciones concretas, encaminadas a establecer canales de comunicación con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) durante la presente LX Legislatura.

Segundo. Que dicho Grupo de Trabajo deberá funcionar bajo los principios de pluralidad, institucionalidad y respeto de los derechos y competencias de la Federación, estados y municipios actuando de forma periódica con los gobernadores integrantes de dicha Conferencia, en los lugares que, de común acuerdo, señalen para llevar a cabo reuniones.

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Guadalupe García Noriega (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LENGUAS INDIGENAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la promoción y rescate de las lenguas indígenas y fomento de la lectura.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para promover y rescatar las lenguas indígenas y fomentar la lectura, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política propuesta para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial para la promoción y el rescate de las lenguas indígenas y el fomento de la lectura, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país multicultural y pluriétnico. Somos una nación donde han quedado asentadas diversas culturas, desde las culturas indígenas que forman nuestras raíces hasta algunas culturas europeas, así como de otros continentes, que con el paso del tiempo se amalgamaron para formar a la población mexicana.

Los grupos étnicos más vulnerables a los prejuicios, a la exclusión y a la marginación son los indígenas, que habitan principalmente en estados como Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, México, Querétaro, Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como la población negra asentada en lo fundamental en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Los indígenas representan más de 10 millones de mexicanos, mientras que la población negra rebasa 1 millón.

La lucha por el reconocimiento de sus derechos y de su autonomía es una vieja demanda que no se ha cumplido; la deuda histórica y social con estas comunidades no podría pagarse jamás, aun si empezáramos a liquidarla hoy, empezando por el rescate de sus lenguas.

Por otro lado, como se sabe, México se encuentra en los últimos lugares en lectura. Nuestro promedio de lectura es de 2.8 libros al año, que está muy debajo de los 26 volúmenes que recomienda la UNESCO, así como de naciones como Japón, Noruega, Finlandia y Canadá, que ocupan los primeros lugares, con un promedio per cápita superior a 48 libros por año.

Las razones que explican nuestro atraso relativo en materia de lectura tiene muchas causas; las más importantes son las relativas a la falta de una política de Estado que promueva la formación de lectores tempranos, mediante programas y acciones articuladas que habitúen a la población infantil a la lectura, como un proceso continuado y permanente que debe nacer desde que aprendemos a leer y sostenernos a lo largo de la vida.

Está probado que las personas que fueron educadas desde su niñez en el hábito de la lectura lo continúan cuando son adultas. Es decir, se cumple el principio psicológico de que quien adquiere buenas costumbres desde niño por extensión las mantiene hasta que muere.

Sin embargo, no sólo se debe alentar y promover el hábito de la lectura y la formación de lectores tempranos, sino también impulsar el conocimiento de las habilidades cognoscitivas asociadas a ella. Es decir, enseñar a los niños a leer, pero también a comprender lo que se lee, a razonar el contenido abstracto de la lectura, cuando ésta presente ese nivel, a interpretar y a analizar sus contenidos, así como a tener capacidad para hacer una síntesis y la evaluación del conjunto de esa lectura.

Esto es, seguir el principio del gran pensador y filósofo chino Confucio, quien dijo que ``es muy importante leer y razonar, ya que razonar sin leer previamente es muy peligroso''.

Por otra parte, es importante señalar que la crisis de la lectura y de la educación en México se profundizó a partir del momento en que la visión neoliberal de la educación se extendió al conjunto del sistema educativo nacional, porque es concebida como un campo muy amplio para los negocios privados, como una fuente de rentabilidad económica. La idea es desarrollar las habilidades de las personas a fin de formar cuadros para la empresa y no para que sea una poderosa palanca para formar seres humanos con un conocimiento global de nuestra realidad y que sean capaces de transformarla.

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa, la lectura es un instrumento muy poderoso para elevar nuestra capacidad de pensamiento y entendimiento, pero también para dotarnos de las herramientas necesarias para flexibilizar nuestro cerebro e inteligencia y resolver con mayor facilidad los problemas cotidianos de nuestro entorno y ser más creativos.

Sin embargo, la falta del hábito de la lectura no es privativo de México porque también en los países industrializados es un tema que no sido resuelto. Por ejemplo, en la Unión Europea el nivel de lectura de los habitantes no es el deseado.

Cincuenta y uno por ciento de la población española dice que, francamente, no le gusta leer. En Estados Unidos, una tercera parte de la población tiene problemas de lectura y una reducción notable de comprensión de ésta entre los jóvenes. Para revertir esa falta de lectura, se han constituido asociaciones de lectores y han establecido el año de la lectura en esa nación.

En la mayoría de los países emergentes, incluido México, salvo Corea del Norte, Singapur, Hong Kong y Taiwán, la crisis de lectura se ha agudizado porque la mayoría de los estudiantes de estos países de entre los 15 y 16 años que han sido evaluados por la OCDE presentan índices de lectura muy por debajo del promedio de la propia organización.

En cambio, hay países que han desarrollado el hábito de la lectura, como es el caso de Japón: conforme a la UNESCO, su población tiene el primer lugar mundial en el hábito de la lectura, con una puntuación de 91 por ciento, seguido Alemania, con 67 por ciento, y Corea del Sur, con 65 por ciento.

México ocupa el penúltimo lugar de un total de 108 naciones que han sido objeto de la evaluación de la UNESCO en hábitos de lectura.

La crisis de lectura que vive la sociedad mexicana se ha convertido en una amenaza para nuestro proceso educativo y cultural porque nuestro pueblo y, en particular, nuestros estudiantes carecen de habilidades y hábito de la lectura. A pesar de que contamos con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, nuestro avance ha sido prácticamente nulo en la materia.

Incluso, la televisión ha desplazado la lectura de libros y se ha convertido en el principal medio de culturización del hombre moderno; pero, al mismo tiempo, ha creado a potenciales lectores que no siguen ningún orden de lectura ni tienen respeto por el lector de libros sino que se rigen en lo fundamental por datos, hechos e imágenes, que les sirven de base para tomar decisiones.

Asimismo, estudios realizados por la ANUIES revelan que casi la mitad de nuestros estudiantes universitarios no emplean el tiempo necesario para leer los textos que incluyen el currículum universitario y la mayoría carece de habilidades y motivaciones para leer y realizar trabajos en grupo.

En las condiciones actuales, la lectura y la educación son fundamentales para que caminemos hacia adelante en materia económica, política, social y cultural.

Por esa razón creemos necesario reforzar todos los instrumentos a nuestro alcance y crear los necesarios para revertir el atraso en lectura y crearnos una cultura de ésta para que en un tiempo no lejano podamos decir con orgullo que estamos en los primeros lugares a escala mundial en la materia.

Por tanto, la importancia de crear en la LX Legislatura federal la comisión especial para la promoción y el rescate de las lenguas indígenas y el fomento de la lectura estriba en revertir nuestro atraso cultural y proponer soluciones que eleven nuestros hábitos de lectura y rescaten la pluralidad étnica del país a través de las lenguas indígenas.

También daría seguimiento a los propósitos y a la consecución de los programas y las metas que forman parte del programa de cultura del gobierno federal, como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de todos los programas que tengan como propósito elevar el nivel de lectura del pueblo mexicano y rescatar nuestras lenguas indígenas.

Por los motivos expuestos sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política y de las diputadas y los diputados la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear y constituir la Comisión Especial para la promoción y el rescate de las lenguas indígenas y el fomento de la lectura.

Segundo. El mandato de dicha comisión será coadyuvar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas que promuevan el rescate de las lenguas indígenas, y los dirigidos al fomento de la lectura del pueblo mexicano; proponer programas y acciones que promuevan el rescate de nuestras lenguas indígenas y fomenten el hábito de la lectura y las habilidades de la misma, así como proponer una política de Estado que incentive el hábito de la lectura y desarrolle las habilidades de la misma, para que los mexicanos podamos resolver con mayor facilidad los problemas reales a que nos enfrentamos de forma cotidiana.

Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Delio Hernández Valadez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

DISCRIMINACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El grupo parlamentario de Alternativa entregó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre la no discriminación de nuevos sujetos y nuevos derechos.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa

Las personas que suscriben, legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34 y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desarrollo de las sociedades ha estado históricamente vinculado al reconocimiento de derechos, obligaciones y prerrogativas tanto individuales como sociales y colectivas.

Las personas, como seres gregarios, se han visto en la necesidad de ordenar mediante normas y leyes sus formas de organización para garantizar la satisfacción de sus necesidades, desde las más fundamentales, hasta las necesidades creadas. Ninguna necesidad de los seres humanos será considerada por otro individuo y estará lejos de ser satisfecha, si no descansa sobre la base del reconocimiento individual e institucional de que al otro y a la otra le corresponden derechos.

Históricamente el catálogo de derechos ha ido modificándose, completándose y adecuándose a las nuevas realidades sociales, pero, sobre todo, ampliándose en la medida en que grupos e individuos pugnan por el reconocimiento de derechos que les asisten y complementan los que les corresponden, reconocidos institucionalmente o no, por el simple hecho de ser personas: los derechos humanos.

La Revolución Francesa de 1789 puso de manifiesto que a los individuos, más allá de su lugar de origen, edad, sexo, profesión u otra condición personal, les son inherentes derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación, a la seguridad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la justicia, a la libertad de tránsito, a fundar una familia, a la propiedad y a la libertad de conciencia, entre otros. Nació así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conocida también como Carta Magna, documento eje de las declaraciones de los derechos humanos en casi todos los países demócratas del mundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampara ese mínimo catálogo de derechos, en las llamadas garantías individuales, consagradas en sus primeros 29 artículos.

En nuestro país, sin embargo, y paralelamente en otros países de América Latina, los movimientos sociales pugnaron por el establecimiento de nuevos derechos. Con la Revolución Mexicana de 1910, el pueblo logró no sólo la redistribución de la propiedad, sino la garantía de derechos sociales. Estos últimos, señalan las obligaciones del Estado frente a la sociedad, especialmente para con los grupos de personas que viven en una situación histórica de opresión y discriminación: campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, la familia, los niños y las niñas, homosexuales y lesbianas. Así, se consagraron en la Constitución Mexicana el derecho a la educación, a la sindicalización y a la huelga, a la pequeña propiedad y a la ciudadanía, con lo cual, la mexicana marcó un parte aguas en el reconocimiento de tales derechos, al ser la primera de las constituciones en América latina, en consagrar derechos sociales. Junto con el juicio de garantías, llamado también juicio de amparo, México ha sido punta de lanza en materia jurídica en la protección de los derechos constitucionalmente consagrados.

Sin demérito de lo que las sociedades actuales han logrado en materia del reconocimiento de sujetos de derechos y de nuevos derechos, es necesario detenerse una vez más para, con detenimiento y un alto grado de responsabilidad, reconocer que en materia de nuevos sujetos y nuevos derechos, estamos muy lejos de haber arribado a un estadio de reconocimiento pleno de la diferencia.

La sobrepoblación mundial ha obligado a países y organizaciones mundiales a reunirse para revisar sus implicaciones: afectación del medio ambiente, distancia cada vez mayor de la brecha entre pobreza y riqueza, relaciones comerciales y trasnacionales, políticas migratorias y poblacionales. La globalización ha traído consigo una realidad que no deja lugar a dudas de que es indispensable pensarse y repensarse ya no sólo como seres gregarios, sino como parte de un conglomerado que interactúa a niveles casi insospechados. El mundo es uno y único, pero la modernidad ha traído consigo un nivel de interacción entre los países y los individuos que ya no es posible desestimar. Las acciones que como país emprendemos tienen consecuencias a nivel micro y macro, en todos los ámbitos de la vida política y social, en el presente y en el futuro como nación y, en lo particular, en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes de México, llámense empresarios, mujeres, indígenas, jóvenes, católicos, protestantes, homosexuales y lesbianas, personas de la tercera edad, sanos o enfermos, niños y niñas.

Así, la tendencia es hacia el reconocimiento de nuevos sujetos y nuevos derechos. Individuos y grupos que hasta hace poco no eran reconocidos o se consideraban incluidos en los catálogos de derechos ya garantizados, cobran fuerza y reclaman su legítimo derecho a ser considerados: derechos ambientales donde encontramos, entre otros, los derechos de fumadores y no fumadores; derechos sexuales y reproductivos donde se inscribe el derecho a la autodeterminación reproductiva; derechos inherentes a la dignidad y la integridad donde se inscriben los derechos de grupos con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual; con religiones diferentes a la católica; y con capacidades distintas.

La esperanza de vida ha aumentado vertiginosamente en unas cuentas décadas, con lo que surgen los derechos de las personas de la tercera edad; se generan nuevas formas de organización familiar donde se inscribe el derecho a regular sociedades de convivencia; derechos de reconocimiento de la personalidad donde se inscriben el derecho a la privacidad y a la intimidad; derechos relacionados con las investigaciones científicas y genómicas donde se inscriben los derechos al material genético personal, a la maternidad subrogada, a la filiación o a la conservación de material humano: se habla por vez primera de ``patrimonio genético''. La bioética y las investigaciones relacionadas con el genoma humano tienen un lugar central en estos nuevos aspectos.

Para nadie pasa desapercibido que la relación entre investigación científica y tecnológica y el derecho, se aleja cada vez más. El ritmo con el que se avanza en la primera materia es sorprendente. Cotidianamente se conocen, reconocen y descubren nuevas tecnologías médicas y reproductivas ante las cuales la discusión entre especialistas y legisladores, palidece. Una razón de éste distanciamiento es que en materia científica y tecnológica, tenemos en universidades, centros de estudios y laboratorios, un número significativo de personas, especialistas en las diferentes materias, dedicadas el cien por ciento a la investigación. Por lo contrario, la legislación se ocupa de cientos de temas a la vez, por lo que nuevos sujetos y nuevos derechos se abordan de vez en cuando, de acuerdo con los intereses personales, políticos o de grupo. Así, pasan meses y hasta años, sin que materias eje de nuestros tiempos, se discutan, se analicen y, por lo tanto se regulen. Así, no se cuenta con una legislación actualizada y acorde con la complejidad que caracteriza este tiempo.

La ausencia de normas que contemplen situaciones antes no consideradas, deja a personas y grupos en un estado de total indefensión y propician que se actualicen conductas ilícitas que por carecer del marco normativo correspondiente, quedan sin sanción. La discriminación es el sino que caracteriza la ausencia de normas y derechos específicos para grupos portadores de la diferencia. Un ejemplo desgarrador son los crímenes de odio que se cometen contra la comunidad lésbica y homosexual, y que al igual que sucede con el feminicidio, éstos crímenes quedan en la absoluta impunidad.

De ahí que se haga no sólo necesario, sino urgente y prioritario contar con una Comisión Especial en materia de no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, en la que se discutan de manera permanente temas relacionados con la materia. Una Comisión Especial facultada para convocar especialistas y científicos, encargada de la revisión de leyes obsoletas, avocada a la adecuación de tipos penales, responsable de la elaboración y presentación de iniciativas de ley en materias novedosas y estrechamente vinculadas con la medicina, la ciencia y las nuevas tecnologías. La creación de ésta comisión colocará de nuevo a México a la vanguardia en materia legislativa, al contar con un grupo de legisladores cuyo trabajo esencialmente gire alrededor de la adecuación de normas en materias que hasta ahora no han sido contempladas.

Una Comisión Especial que garantice que mediante su trabajo México contará con un marco normativo que elimine formas de discriminación que se reproducen de manera cotidiana, sustentadas esencialmente en lagunas jurídicas que, a estas alturas, son imperdonables. La actual legislatura tiene un compromiso con todos aquéllos y aquéllas que, en concordancia con la compleja realidad actual, mediante un ejercicio ciudadano responsable, mediante su voto decidieron conformar un poder Legislativo plural en donde diversas posturas están representadas. Es nuestra responsabilidad estar a la altura de las expectativas de esos millones de mexicanos y mexicanas que esperan de nuestro actuar un responsable ejercicio de la representación de que somos depositarios.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política y de las diputadas y diputados de esta LX legislatura, la siguiente propuesta:

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear y constituir la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.

Artículo Segundo. La Comisión Especial estará facultada para convocar especialistas y científicos, encargada de la revisión, actualización y creación de leyes, avocada a la adecuación de tipos penales, responsable de la elaboración y presentación de iniciativas de ley en materias novedosas y estrechamente vinculadas con la medicina y la ciencia.

Artículo Tercero. En la integración de la comisión se velará por que se encuentren representados de manera plural y equitativa, todos los grupos parlamentarios que integran la presente legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días de octubre de dos mil seis.--- Grupo Parlamentario Alternativa, diputados: Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), coordinadora; Delio Hernández Valadez, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Eduardo de la Torre Jaramillo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

REGION SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sur-sureste.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sur-sureste, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente propuesta para considerar la creación y constitución de la comisión especial sur-sureste, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Como se sabe, el Programa Sur-Sureste forma parte del Plan Puebla-Panamá que fue una iniciativa del actual gobierno federal, que tiene como propósito crear las condiciones generales para potenciar el crecimiento económico en las entidades federativas, que comprende dicho programa y convertir a la región Sur-Sureste en una zona dinámica que pueda insertarse en el futuro a la economía y al mercado mundiales.

La visión del gobierno federal es profundizar la integración progresiva de México con la región centroamericana, a las corrientes mundiales de comercio e inversiones en el marco de la posible implementación del ALCA. Pero eso únicamente será posible a través de la integración de las entidades federativas de México, que forman parte del corredor de integración con América Central.

Estos estados son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, cuya característica es que forman parte de una de las regiones de nuestro país, que más se rezagaron en el desarrollo de las industrias, tanto en la época de la etapa de sustitución de importaciones, como en la era de la apertura al mercado mundial.

La región Sur-Sureste de nuestra nación, no sólo presenta un serio atraso en su desarrollo industrial con respecto a las regiones centro y norte del territorio nacional, sino que además, algunas entidades como Oaxaca, Guerrero y Veracruz están consideradas como los estados más pobres del país.

Esta región contribuye actualmente con el 17.6 por ciento del total del producto interno bruto, destacando la importancia de Veracruz y Puebla en la aportación que hacen a la creación de riqueza regional. También da asiento al 28.1 por ciento de la población de nuestro territorio y en las entidades que conforman esta región, vive el 72 por ciento del total de la población indígena de México.

Otra característica importante de la región sur-sureste, lo representa el nivel de atraso educativo de la población asentada en ella, pues los niveles de analfabetismo son más altos que en el resto del territorio nacional.

Por ejemplo, mientras el nivel promedio de las personas sin instrucción escolar es en el estado de Nuevo León de 3.1 por ciento, en el estado de Chiapas alcanza el 20.4 por ciento, frente al 8.4 por ciento que es la media nacional en esta materia. En el estado de Guerrero alcanza el 18.8 por ciento y en Oaxaca el 17.4 por ciento. Es decir, estamos hablando de un atraso abismal frente a las entidades federativas mejor situadas en este renglón.

Por lo que respecta a las personas con primaria incompleta, el estado de Nuevo León tiene el 9.3 por ciento frente al 14.3 por ciento que es la media nacional. En cambio, Chiapas tiene el 21.8 por ciento y Guerrero el 20.5 por ciento. Es decir, muy por encima del promedio nacional.

Si a la situación anterior le agregamos que gran parte de los habitantes de la región sur-sureste no cuentan con la cobertura de los servicios médicos públicos, porque una parte significativa habita en pequeñas localidades alejadas de los centros urbanos y también, por el hecho de que vive en el medio rural, entonces el panorama de esta región resulta poco alentador.

En síntesis, la región sur-sureste se caracteriza por sus altos índices de pobreza y de marginación, que es necesario enfrentar con firmeza y determinación para reducirlos y favorecer el desarrollo económico y social de sus pobladores.

Por esa razón, resulta de fundamental importancia que el Programa Sur-Sureste continúe vigente y además, se le canalicen mayores recursos públicos y privados para que se pueda reducir el atraso relativo que presenta frente al resto del país, que no sólo se observa con relación a graves problemas como la falta de infraestructura hidráulica o la carencia de agua potable y alcantarillado, sino sobre todo en la ausencia de dinamismo en su desarrollo económico, producto de la falta de implementación de programas y acciones articuladas tanto en el ámbito público como en el privado.

Por lo tanto, la importancia de crear nuevamente en esta LX Legislatura federal, la Comisión Especial Sur-Sureste tendría como objetivos inmediatos el dar seguimiento al cumplimiento de los programas que emanen del Ejecutivo federal, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de los gobiernos estatales y municipales y del sector privado y social. Asimismo, para evaluar el impacto productivo, social y ambiental que generen en el entorno de las comunidades y municipios que conforman esta región.

Asimismo, para dar seguimiento a los propósitos y a la consecución de las metas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y a todos aquellos programas que se relacionen con el desarrollo de esta región.

Es necesario recordar que esta Comisión fue creada por primera vez en abril de 2001 y nuevamente en marzo de 2004 y entre los precedentes de su actuación, destaca el hecho de haberse convertido en un puente importante de comunicación y de coordinación entre todos los actores involucrados en la problemática que aqueja a la región sur-sureste de nuestro país.

El propósito de nuestra propuesta de crear nuevamente a la Comisión Especial de la Región Sur-Sureste, es con el fin de consolidar este espacio tan importante de comunicación y que además, cuente con la representación de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política y de las diputadas y diputados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Artículo Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear la Comisión Especial Sur-Sureste.

Artículo Segundo. El mandato de dicha comisión será el de coadyuvar y dar seguimiento a los programas de desarrollo integral y sustentable que se instrumenten para esta región. Asimismo, para dar seguimiento a la evaluación del impacto productivo, social y ambiental que genere la instrumentación de los programas y las acciones en el entorno de las comunidades y municipios que conforman esta región. También tendría la función de ser un espacio para proponer las iniciativas de ley o de reformas a la legislación federal que resulten fundamentales para normar y regular las inversiones productivas en la región, así como de todas aquellas que sirvan para promover políticas para el desarrollo integral de las comunidades, que tiendan al mejoramiento de sus condiciones de vida.

Artículo Tercero.La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil seis.--- Diputado Delio Hernández Valadés (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación.

ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Y en el capítulo de excitativas, se recibió del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Horacio Duarte Jáquez, diputado federal miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta Presidencia que formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a los siguientes

Antecedentes

a) Con fecha 11 de mayo de 2005, el diputado David Hernández Pérez, en nombre de la diputada María Cristina Díaz Salazar, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Con esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Consideraciones

Las condiciones actuales del país exigen una mayor preparación y profesionalización en todas las actividades existentes; ante esta tendencia, las actividades estatales no deben quedarse estancadas, si no que deben de ir al unísono con las exigencias que esto implica.

Electoralmente hablando, el país vive una etapa en que las elecciones a cargos públicos están siendo impugnadas ante los órganos jurisdiccionales erigidos para esos efectos, por ello la sociedad mexicana exige por parte de los magistrados una verdadera especialización y profesionalización en dicha materia

Con base en el razonamiento anterior, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la necesidad de implantar los tribunales o salas electorales como órganos permanentes para garantizar así la profesionalización de los magistrados, y al mismo tiempo la permanencia que necesitan las instituciones para alcanzar los objetivos de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Con la aprobación de la presente iniciativa se pretende dotar a los magistrados en materia electoral de inamovilidad en sus funciones; cabe resaltar que el motivo fundamental de la iniciativa en cuestión fue que en la realidad existen tribunales electorales que únicamente se integran durante los procesos electorales y desaparecen al concluir esos procesos, para que los magistrados retomen su actividad habitual en materias diversas a la electoral, lo que dificulta una verdadera especialización en la materia.

Hago referencia a que la iniciativa en cuestión se presentó el 11 de mayo de 2005, sin que hasta la fecha se haya emitido dictamen alguno, pasando en exceso el término establecido por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, que con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que realice el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación para que emitan el dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:43 horas): Gracias, Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de octubre a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 24 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 356 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 471 diputados.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Políticaaprobado: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 21.
• Puntos de acuerdo aprobados: 6.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 64PAN-7, PRD-17, PRI-17, PVEM-6, Convergencia-8, PT-2, Nueva Alianza-2, Alternativa-5.
• Se recibió:
• 4 oficios del Congreso del estado de Guerrero;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores;
• 2 iniciativas del PRD;
• 3 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PVEM;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Estado de Querétaro: 68, 69, 88
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Artículos 115 y 116 constitucionales: 55
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Sonora: 118
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Veracruz: 88
• Arriola Gordillo, Mónica(Nueva Alianza) Ley General de Educación: 50
• Ávila Mayo, Obdulio(PAN) Distrito Federal: 70
• Caballero Camargo, Gustavo Fernando(PRI) Vehículos de autotransporte: 121
• Camacho Quiroz, César(PRI) Artículos 115 y 116 constitucionales: 55
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento: 140
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Universidad Nacional Autónoma de México: 128
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Convención Nacional de Gobernadores: 144
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Estado de Veracruz: 87
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Letras de oro: 53
• Díaz Contreras, Adriana(PRD) Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 111
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Artículo 116 constitucional: 151
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Orden del día: 129
• Duck Núñez, Edgar Mauricio(PAN) Estado de Veracruz: 85, 95
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Estado de Veracruz: 84
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Ley General de Educación: 59
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Universidad Nacional Autónoma de México: 128
• Félix Holguín, Armando Jesús(PAN) Estado de Sonora: 118
• Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo(PRD) Ecosistemas forestales: 101
• Gamboa Patrón, Emilio(PRI) Comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento: 140
• García Méndez, Armando(Alternativa) Estado de Sonora: 119
• García Méndez, Armando(Alternativa) Universidad Nacional Autónoma de México: 128
• González Zarur, Mariano(PRI) Comité de Competitividad: 108
• Grupo parlamentario de Alternativa Discriminación: 147
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Orden del día: 19
• Guerrero Rubio, Pilar(PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 41
• Gutiérrez Calzadilla, José Luis(PRD) Universidad Nacional Autónoma de México: 128
• Hernández Valadés, Delio(Alternativa) Lenguas indígenas: 145
• Hernández Valadés, Delio(Alternativa) Región Sur-Sureste de México: 149
• Lagunes Gallina, Gerardo(PRI) Estado de Veracruz: 79
• Lemarroy Rodríguez, Juan Darío (PRD) Estado de Veracruz: 84, 87
• Leyva Piñón, Ana Yurixi(PRD) Estado de México: 105
• Lizárraga Peraza, Víctor Manuel(PRD) Estado de Baja California Sur: 96
• López Ramírez, Sergio Augusto(PVEM) Ecosistemas forestales: 103
• Márquez Madrid, Camerino Eleazar(PRD) Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos: 76
• Mendoza Cortés, Mario(PRI) Billete de 500 pesos: 98
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Estado de Sonora: 118
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Estado de Veracruz: 87
• Morales García, Elizabeth(PRI) Estado de Veracruz: 85
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) Cámara de Diputados: 114
• Murillo Torres, José Luis(PAN) Estado de Nuevo León: 140
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Estado de Sonora: 119
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Empresas de seguridad privada: 119
• Ordaz Jiménez, Ismael(PRI) Estado de Baja California Sur: 97
• Ortiz Proal, Mauricio(PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 39
• Peñuelas Acuña, Mayra Gisela(PRI) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 63
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Región Sur-Sureste de México: 66
• Ríos Camarena, Alfredo Adolfo(PRI) Universidad Nacional Autónoma de México: 126
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Estado de Querétaro: 69
• Sánchez Camacho, David(PRD) Código Penal Federal: 34
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Estado de Jalisco: 90
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Universidad Nacional Autónoma de México: 128
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales: 103
• Torres Herrera, Víctor Manuel(PAN) Estado de Veracruz: 92
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento: 130
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) Ley General de Educación: 45
• Zataraín González, Carlos Ernesto(PRI) Estado de Sonora: 115

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	INASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	CÉDULA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	INASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	CÉDULA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	OFICIAL COMISIÓN
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	OFICIAL COMISIÓN
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	INASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
130 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
131 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
132 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	INASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	INASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	INASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 195
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	INASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	OFICIAL COMISIÓN
72 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
73 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
74 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
75 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
76 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
77 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
78 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
79 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
80 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
81 Navarro López Carlos Ernesto	CÉDULA
82 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
83 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
84 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
85 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
86 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
87 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
88 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
89 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
90 Pedrozo Castillo Adrián	PERMISO MESA DIRECTIVA
91 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
92 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
93 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
94 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
95 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
96 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
97 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
98 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
99 Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
100 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
101 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
102 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
103 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
104 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
106 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
107 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
108 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
109 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
110 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
111 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
112 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
113 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
114 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
115 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
116 Torres García Daniel	ASISTENCIA
117 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
118 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
119 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
120 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
121 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
122 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
123 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
126 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 118
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	OFICIAL COMISIÓN
12 Barajas López Ramón	OFICIAL COMISIÓN
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	OFICIAL COMISIÓN
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	INASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	OFICIAL COMISIÓN
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 99
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 5
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	OFICIAL COMISIÓN
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arenas Guzmán Margarita
2 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes
3 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia
4 Ramírez Barba Ector Jaime
5 Solano Muñoz José de Jesús
6 Vieyra Olivares Adriana Rebeca
Faltas por grupo: 6

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Campos Aburto Amador
2 Mendoza Mendoza Irineo
Faltas por grupo: 2

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Garza Garza Horacio Emigdio
Faltas por grupo: 1