AÑO IMéxico, DF, 24 de octubre de 2006 Sesión No. 19

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Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:23 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado José de la Torre Sánchez.

Protesta de diputado.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. (Votación)

Por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y del Sistema de Bibliotecas. (Votación)

Por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación. (Votación)

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal con relación a la confiscación de remesas que hicieran autoridades estadounidenses a operaciones de Western Union hacia Sonora. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el cuarto informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, julio de 2004-diciembre de 2005. (Turno a Comisión)

Con el que remite el informe correspondiente al tercer trimestre de 2006 que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental y el Programa de Empleo Temporal del mismo periodo, así como el formato 005-A, relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés puedan prestar servicios en la Embajada de Malasia en México. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ivette Tapia Saldaña, Ana Patricia Santos Vidal, Gema Jiménez O'Farril Tirado, Mónica del Socorro Lemus Presbítero, Karla Haydée Gómez Carrasco, Raúl René Yáñez, Fernando Antonio Salido Manzo, Mónica Anel Montaño Mendoza, Alejandra Becerra Ortega, Aarón Cortinas Sánchez, Alma Laura Martínez Cisneros, Jorge Rosado Coronado, Alella Cruz Jiménez y Virginia Ayala Flores puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco, Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Penélope Selene Martínez Castañeda, José Alberto Mondragón Martínez y Mónica del Socorro Lemus Presbítero a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Efeméride

Sobre el sexagésimo primer aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Kuhn para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz para prestar servicios en la Embajada de Italia en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla para prestar servicios en las embajadas de Japón y de Estados Unidos de América en México, y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Édgar Daniel Zamudio Llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Nogales, Sonora; y Ciudad Juárez, Chihuahua. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a entregar al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos que corresponden conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, del fondo de apoyo a proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización del café, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a dictaminar y, en consecuencia, publicar el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate y la prevención de las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal informe sobre la naturaleza jurídica del acuerdo entre la profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa por el que se otorgaron recursos para la rezonificación salarial de los docentes del país, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 los recursos se distribuyan de forma equitativa a todos los estados del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajos consumos y se otorgue el estímulo fiscal que se índica, a cargo del diputado Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea y da continuidad a la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra-venta de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar y a la SCJN a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2005, a cargo del diputado José Armado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climatológicos extremos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis, discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales y a los ayuntamientos de la República a destinar recursos públicos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el bando solemne para dar a conocer en el Distrito Federal la declaración de presidente electo, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública intervengan ante la SHCP a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos suficientes que garanticen el financiamiento que la Conagua, los estados y municipios requieren para la realización de programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad de agua para el año próximo, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico en la Refinería 18 de Marzo, a cargo de la diputada Érika Larregui Naguel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Gerardo Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 apoyos a la comercialización del sector agrícola y establecer las provisiones y montos presupuestales que se asignaron en el año 2006, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, quienes lucharon por una tarifa justa de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a destinar recursos, a través del Fonden, para apoyar a las familias afectadas de la colonia Las Golondrinas, Segunda Sección, de la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, y se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a aclarar los homicidios y castigar a los responsables conforme lo establece la ley, a cargo del diputado Alberto López Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a impulsar en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar, a través de la STPS, a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la CFE las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la CNDH a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y acerca de las lesiones y malos tratos inferidos a legisladoras y legisladores federales, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al 63 aniversario de la instauración del Día de la Aviación, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cincuenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del jueves diecinueve de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita incorporar un asunto en el orden del día, la Presidencia hace aclaraciones.

Se reciben cuatro oficios del Congreso del estado de Guerrero, con los que remite el mismo número de acuerdos, por los que solicita la asignación de recursos en diversas partidas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la constitución del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores. De enterado.

Proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que el Procurador General de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

David Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Mauricio Ortiz Proal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinte del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Gobernación.

Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomás José Luis Varela Lagunas, de Convergencia, que reforma los artículos veinticinco, treinta y dos, treinta y tres y treinta y cuatro de la Ley General de Educación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las doce horas con cuatro minutos se registra una asistencia de cuatrocientos setenta y un diputadas y diputados.

Se recibe de la diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Continúan con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda ``Constituyentes de Apatzingán''. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

César Camacho Quiroz y José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiuno de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Se recibe de la diputada Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo de la región sur-sureste de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

José Luis Aguilera Rico, de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del treinta de septiembre. En votación económica, no se considera de urgente resolución. Desde su curul el promovente hace observaciones y solicita que la votación se haga de manera nominal. El diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, hace comentarios con respecto al procedimiento y la Presidencia los acepta e instruye la apertura del sistema electrónico de votación. Con un resultado de doscientos cuatro votos en pro, ciento setenta y siete en contra y once abstenciones, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución, en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Obdulio Ávila Mayo, del Partido Acción Nacional, para crear la Mesa Interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, a la brevedad, emita resolución respecto de la Controversia Constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del Presidente de la República por considerar que, con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. Se turna a la Mesa Directiva.

Gerardo Lagunes Gallina, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe detallado de las investigaciones en torno del accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Desde su curul, el diputado Juan Dario Lemarroy Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión a este asunto. Para hablar sobre el tema, se les otorga la palabra a los diputados: Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México; Edgar Mauricio Duck Núñez, del Partido Acción Nacional; Elizabeth Morales García, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una adición a la proposición y la Presidencia toma nota; Juan Dario Lemarroy Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, quien solicita un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ocurrido motivo de este punto de acuerdo, la Presidencia otorga la petición y solicita a la asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. Finaliza el bloque de intervenciones el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, expresa su adhesión al punto de acuerdo. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición, con la adición presentada. Comuníquese.

José Luis Aguilera Rico, de Convergencia, a fin de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar a una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del pasado treinta de septiembre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entreguen a la brevedad la asignación de recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil cinco, tendientes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco. En sendas votaciones económicas, se considera de urgente resolución y se aprueba. Comuníquese.

Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional, para que se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a comparecer ante esta Soberanía, a fin de rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Energía. Desde su curul, el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del Partido Acción Nacional, se adhiere al punto de acuerdo.

Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal a integrar una comisión plural que investigue sobre el conflicto entre Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, de Mulegé, Baja California Sur. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Reforma Agraria.

Ismael Ordaz Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul, solicita el turno correspondiente a la proposición con punto de acuerdo, que él mismo suscribe, para que las autoridades competentes intervengan en el conflicto entre Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, de Guerrero Negro, y los pobladores de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Reforma Agraria, así como a la Junta de Coordinación Política.

Mario Mendoza Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Banco de México para que no sustituya la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza, por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de quinientos pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales, para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal dos mil siete, consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales. En votación económica se considera de urgente resolución. Se le concede la palabra al diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia, por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del quince de octubre, como el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México a cumplir la recomendación número treinta y ocho/dos mil seis, relativa a los hechos de violencia ocurridos en mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, México. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Mariano González Zarur, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea el Comité de Competitividad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Adriana Díaz Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Efraín Morales Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los diputados integrantes de esta Sexagésima Legislatura, que, en cumplimiento con la normatividad vigente, se abstengan de fumar en el Recinto. En sendas votaciones económicas, se considera de urgente resolución y se aprueba.

Carlos Ernesto Zatarain González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora, para hacer frente a la crisis financiera que enfrenta. En votación económica se considera de urgente resolución. Se les otorga la palabra a los diputados: Armando Jesús Félix Holguín, del Partido Acción Nacional y Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una adición. Desde sus respectivas curules, se adhieren al punto de acuerdo los diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, Carlos Ernesto Navarro López, del Partido de la Revolución Democrática y Armando García Méndez, de Alternativa. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, realice una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la Comisión Federal de Competencia y del Banco de México, rindan a esta Soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana de los vehículos de autotransporte. En votación económica, no se considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Transportes.

Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde sus respectivas curules los diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática; Armando García Méndez, de Alternativa; Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia; expresan su adhesión a la proposición y demandan el trámite de urgente resolución. En votación económica se considera de urgente resolución. Habla en pro el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, se considera suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día una proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento. En votación económica, la asamblea acepta la inclusión. Se le concede la palabra al diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta la proposición a nombre propio y de los diputados: Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional; Irene Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo y Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Desde su curul, el diputado Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia la otorga. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El diputado José Luis Murillo Torres, del Partido Acción Nacional, presenta una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil siete, el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Transportes.

Remiten proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un Grupo de Trabajo que sirva de enlace ante la Convención Nacional de Gobernadores. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Delio Hernández Valadés, de Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial para la promoción y rescate de las lenguas indígenas y fomento de la lectura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Del Grupo Parlamentario de Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Delio Hernández Valadés, de Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial sur-sureste. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibe del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y el Presidente atiende lo solicitado.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y tres minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veinticuatro de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El que suscribe licenciado en administración de empresas José de la Torre Sánchez, en mi carácter de diputado federal por el distrito 7 de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio del presente me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa para manifestar:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 65 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, vengo a solicitar a esta Sexagésima Legislatura, se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal por tiempo indefinido, a partir del próximo día martes 24 de octubre del presente año, reservándome el derecho a revocar dicha licencia en el momento y por las causas que a mis intereses convengan.

Por último, pido sea llamada por esa Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión la contadora pública María de Jesús Martínez Díaz, diputada federal suplente, para efectos de que ocupe la titularidad de dicho cargo legislativo por el tiempo que dure la licencia de referencia.

Sin más por el momento y esperando verme favorecido en las consideraciones aquí expuestas, quedo de usted a sus apreciables ordenes.

Martínez de la Torre, Veracruz, a 18 de octubre de 2006.--- Licenciado en administración de empresas José de la Torre Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José de la Torre Sánchez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VII distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha; Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquense.Pido respetuosamente a los señores de los medios pasar a ocupar sus lugares.

DIPUTADO QUE RINDE PROTESTA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal propietario electo en el IV distrito electoral del estado de Tabasco. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados: Gerardo Priego Tapia, Susana Monreal Ávila, Silbestre Álvarez Ramón, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Francisco Elizondo Garrido, Juan Abad de Jesús, Pablo Leopoldo Arreola Ortega y Armando García Méndez.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Fernando Enrique Mayans Canabal, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Fernando Enrique Mayans Canabal:Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Bienvenido, señor diputado. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal en relación con la confiscación de remesas que hicieran autoridades estadounidenses a operaciones de Western Union hacia el estado de Sonora

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Gerardo Aranda Orozco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único: Que esta Cámara de Diputados exhorte al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los Consulados de México en Arizona, en uso de sus facultades, se dé seguimiento a las investigaciones y al procedimiento judicial que las autoridades estadounidenses llevan a cabo respecto a las operaciones de envío de remesas por parte de Western Unión hacia el estado de Sonora; a fin de que, con pleno respeto a la soberanía y a la independencia del Poder Judicial de dicho país, se realicen las acciones diplomáticas y legales para que no se pretenda implantar medidas que atentan contra la seguridad jurídica de nuestros connacionales, con el fin de no afectar el envío de remesas a México y proteger la economía de las familias mexicanas, cuya manutención depende de dichas remesas.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 23 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Aranda Orozco, para hablar a nombre de todos los grupos parlamentarios sobre este tema.

El diputado Gerardo Aranda Orozco:Con su venia, señor Presidente. Los grupos parlamentarios aquí presentes en reiteradas ocasiones hemos expresado nuestra preocupación por la situación de nuestros connacionales en el extranjero. De esta forma ha sido una constante el externar en la máxima tribuna de la nación, asuntos que requieren la atención del gobierno mexicano ante situaciones que amenazan el bienestar de nuestros connacionales. En ese sentido es que exponemos el siguiente punto de acuerdo, ante una situación que podría afectar a miles de mexicanos, no sólo en los Estados Unidos, sino en nuestro propio país.

Recientemente el procurador general de Arizona, Terry Goddard, ordenó incautar la transferencia de dinero de 29 estados de la Unión Americana hacia Sonora, realizada a través de la compañía Western Union, en la que consideraba una lucha contra el tráfico de personas y drogas, pues según el Procurador, una parte del dinero enviado a México, a Sonora en este caso, se usa para pagar a traficantes de personas e incluso como parte de operaciones de narcotráfico. Dicha medida involucra congelar las transferencias de dinero en comento de 500 dólares o más, a unas docenas de sucursales de la compañía de transferencias de Western Union en Sonora.

Por su parte, la compañía Western Union interpuso un recurso judicial ante el procurador de Arizona para evitar la retención de dichos envíos, alegando violaciones a cláusulas de comercio, garantías jurídicas y protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos.

Como parte del litigio se tiene programada una audiencia en la Corte Suprema del Condado Maricopa, el 30 de octubre de este año, donde habrá de dirimirse este asunto. Sin duda el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas constituyen una asignatura de importancia fundamental para la procuración de justicia en ambos países, motivo por el cual compartimos la preocupación de combatir eficazmente este tipo de fenómenos. Tan es así que el Estado mexicano ha colaborado constantemente con autoridades de los Estados Unidos, conscientes de la conjunción y articulación de los esfuerzos que requiere la lucha contra este tipo de ilícitos.

Sin embargo, resulta preocupante que como parte de esta lucha se vean afectadas miles de personas inocentes que esperan y necesitan el envío de dinero que sus familiares hacen desde los Estados Unidos. A nadie extraña la importancia que tiene el envío de remesas para millones de personas en nuestro país. Muestra de ello es el creciente monto y número de transferencias que se realizan año con año al mismo.

Reconocemos que la Procuraduría de Arizona, al ser la encargada de investigar y perseguir ilícitos, goza de completa independencia en el desempeño de su actuación; hecho ante el cual se manifiesta respetuosa esta soberanía, pues cualquier conducta que suponga un delito o que lesione bienes jurídicos, debe ser investigada y, en su caso, castigada.

Sin embargo, no se pueden afectar derechos fundamentales bajo el pretexto de actuar contra el crimen. Es necesario revisar si las acciones de confiscación que hasta el momento se han tomado, toda vez que resultan cuestionables, están violentando previsiones constitucionales tanto a la seguridad jurídica de las personas en su patrimonio, como del comercio interestatal e internacional.

Todo lo anterior resulta imprescindible y es sin duda un gran reto que la lucha contra estos delitos no dañe a personas inocentes, pues de aplicarse tal medida se estima que seis mil transferencias de dinero podrían ser retenidas indefinidamente y, lo que es peor, con pocas posibilidades de ser recuperadas, según lo manifestó el propio portavoz de dicha compañía.

De aplicarse tal medida, la propia compañía ha señalado que habría daños y pérdidas incalculables. Nosotros sabemos que su efecto tendría múltiples efectos negativos miles de personas, documentadas o no, verían perdido el dinero que con tanto esfuerzo envían a sus familiares en México. Por su parte, dichas familias, que dependen en gran medida de dicho envío para su sustento, se ven gravemente afectadas.

Por ello, los diputados federales manifestamos nuestra preocupación por la posible retención de transferencias de dinero hacia el estado de Sonora, medida que daña gravemente la situación económica de miles de familias mexicanas. Por su atención, es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Gerardo Aranda. Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Joaquín de los Santos Molina, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina:Compañeros diputados. Si en algo tenemos que coincidir todas las fracciones parlamentarias de este Congreso es precisamente en no permitir ninguna serie de atropellos; como en este caso está sucediendo en algunos municipios del estado de Sonora.

Es importante estar atentos y dar respuestas firmes para que se pueda, en un momento dado, obligar a que la Cancillería tome o retome el asunto migratorio como algo prioritario.

La posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo con el punto que presenta la Junta de Coordinación Política. Con el argumento de combatir a bandas organizadas de narcotraficantes y contrabandistas de personas, el procurador general de Arizona, Terry Goddard, inició una campaña para confiscar el envío de remesas a mexicanos, a sus familias, quienes residen en cerca de 25 localidades del estado de Sonora.

La empresa Western Union, según documentos presentados en la Corte de Estados Unidos el pasado 19 de septiembre, sostiene que las órdenes de aseguramiento son violatorias de las cláusulas de comercio al debido proceso y a la protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos, con lo que perjudica a sus clientes y a la empresa misma. Las sanciones por advertir a los clientes que sus transferencias de dinero pueden ser demoradas violarían incluso los derechos de la libre expresión, según la misma empresa.

Si bien es cierto que se debe combatir con mayor firmeza el tráfico y la trata de personas, así como la delincuencia organizada ligada a las drogas, medidas como la que instrumentó el Procurador de Arizona, lejos de beneficiar la seguridad de los migrantes, daña severamente a cientos de hogares que dependen exclusivamente de los ingresos que envían los familiares que trabajan en los Estados Unidos.

Es evidente que México depende cada vez más de los migrantes que decidieron cruzar la frontera norte, ya que en los últimos tres años los envíos de dinero tuvieron, de acuerdo a las estadísticas del Banco de México, un incremento de un 50 por ciento. Y tan solo en el 2005, nuestro país fue el segundo en el mundo que recibió, en términos absolutos, las mayores remesas de dinero en el mundo. En promedio, cada trabajador envía a sus familias una remesa mensual de 310 dólares que contribuyen significativamente al mejoramiento de los ingresos en los hogares mexicanos. Además, las remesas son también la fuente efectiva del capital en mercados donde las familias no pueden obtener fácilmente préstamos bancarios y otras formas de crédito comercial.

Las remesas pueden proveer fondos de inversión para mejorar viviendas, pagar cuentas médicas y financiar mejoras comunitarias. Las transferencias de dinero les permiten facilitar la compra de bienes de consumo y tienen un potencial de favorecer el ahorro y la inversión de los bienes productivos de esos hogares humildes. 10 por ciento reciben dinero de sus familias que viven en Estados Unidos y para 40 por ciento de esas familias los envíos son un ingreso único.

Un problema importante relativo a las remesas que tiene que ver con los costos de intermediación por envío de dinero, es que tradicionalmente los trabajadores migratorios tenían que pagar comisiones entre 10 y 25 por ciento por envío de dinero a su país de origen. Estas comisiones son demasiado altas, según el Departamento del Tesoro estadounidense; y en 2004, los mexicanos que residían en Estados Unidos, pagaron unos mil 500 millones de dólares en comisiones por el envío de sus remesas a México.

La gradual implementación de trasferencias electrónicas de dinero y la apertura a la competencia en este servicio han disminuido notablemente los costos del envío de estas remesas. Sin embargo, la incautación de remesas constituye una medida arbitraria que lesiona gravemente a cientos de familias mexicanas.

Es por ello que nos sumamos al punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política y exigimos al gobierno federal tome las medidas que considere necesarias para impedir esta violación a los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado de los Santos. Tiene la palabra la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para hablar sobre el mismo tema.

La diputada Ana María Ramírez Cerda:Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeros y compañeras legisladores: las remesas que reciben nuestros paisanos son el fruto de un duro trabajo mismo que, sin exagerar, realizan de sol a sol con la única meta de poder darle una mejor situación de vida a su familia. El migrante no es un criminal, es un trabajador que se gana el sustento a través de labores honestas, labores que además brindan beneficios no sólo a la economía nacional, sino también a los estadounidenses.

Resulta verdaderamente absurdo que el procurador del estado de Arizona, sin pruebas fehacientes, tenga la ocurrencia de pretender incautar las remesas que nuestros connacionales envían para la subsistencia de su familia. Invitamos al señor procurador de ese estado fronterizo a que visite las zonas deprimidas y pobres de las que se ven obligados a salir todos nuestros compatriotas, para que vea de cerca el dolor que causa la carencia de recursos, la falta de oportunidades; para que se dé cuenta que lo que él intenta hacer sí sería un crimen.

Debemos luchar por revertir, en la opinión pública de los Estados Unidos, esa visión que se tiene sobre los migrantes y su vínculo con actividades ilícitas. Debemos, de la manera más respetuosa pero eficaz, convencer a los Congresos locales, a los gobiernos estatales, al Capitolio, a la Casa Blanca, a cada norteamericano que esas personas que muchas veces realizan las labores que ellos mismos no quieren llevar a cabo, pero que son imperiosas para el sano desarrollo de su país, no son criminales.

Es momento de que busquemos canales de comunicación eficientes, a fin de lograr verdaderos resultados que no sólo se queden en la retórica, que bien está para los libros, pero que nada sirve en la vida cotidiana de quienes se ven forzados a abandonarlo todo para sobrevivir.

Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, votará a favor de la proposición que nos ocupa para defender nuestra soberanía y el patrimonio de nuestros connacionales que con mucho esfuerzo y en muchas ocasiones sujetos a discriminación, envían parte de sus ingresos para que sus familias radicadas en México puedan tener una vida decorosa. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Ana María Ramírez. Tiene la palabra el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Con su permiso señora Presidenta, gracias. Independientemente de las razones legales que se invoquen, este hecho se suma a una serie de acciones que en los últimos meses han transformado el fenómeno migratorio en un hecho prácticamente delictivo.

Lejos del drama humano de la emigración, de las razones sociales y económicas, la única respuesta ha sido la militarización de la frontera; la instalación de alta tecnología para detener a connacionales; la expedición de leyes que violentan sus derechos sociales básicos, el apoyo a organizaciones civiles que portan armas para perseguirlos, pero no los tan anunciados acuerdos, la enchilada completa que anunciaron las administraciones de Bush y del Presidente Fox.

Al margen de su dimensión humana y de su tratamiento integral, las acciones contra los migrantes tienen un criterio eminentemente penal. Penalizar la migración es el peor error gubernamental. Se requieren acciones, programas y políticas públicas que generen empleo, bienestar y que las remesas contribuyan a generar infraestructura, empleo e ingreso que propicien el arraigo en las regiones para que no tengan que sufrir la xenofobia y la persecución.

Tenemos, compañeros diputados, que dimensionar la importancia de las remesas. Ello porque son la principal vía de obtención de divisas para el país. Estamos conscientes que la economía mexicana es incapaz de generar empleo que pueda absorber a los trabajadores mexicanos, resultado de uno más de los incumplimientos de este gobierno de la República, que no pudo alcanzar el crecimiento del 7 por ciento ni la generación de un millón de empleos tan anunciado en este gobierno.

Las remesas de trabajadores mexicanos en el exterior sumaron en 2005 casi 20 mil millones de dólares, aunque la información del Banco de México dice que representa solo el 78 por ciento de las exportaciones petroleras.

Las remesas de los trabajadores mexicanos son un ingreso vital para el desarrollo integral del país y un factor fundamental para combatir la pobreza. Las remesas no dejan de ser un hecho dramático en cuanto implican dos realidades igualmente ominosas: por un lado, el sacrificio que significa para estos trabajadores el emigrar ---en su inmensa mayoría--- indocumentados, con el riesgo de sus propias vidas y con el difícil destino no solo de tener que adaptarse a otra cultura sino también que sufrir discriminación y aceptar los trabajos más duros, con los más bajos salarios y, casi en su totalidad, sin prestaciones ni seguridad en el empleo.

Las remesas, en su inmensa mayoría, son fruto de trabajo honesto y esforzado de nuestros connacionales; son la esperanza para millones de familias, para las regiones y para las comunidades, de lograr una vida mejor. Los envíos de dinero cargan a cuestas con altas comisiones en un mercado realmente usurero. Se han presentado diversas iniciativas para que la ley fije las comisiones de las remesas pero, bajo el argumento de libre mercado, se ha hecho caso omiso y los costos pueden ser hasta del 25 por ciento del monto de lo que se envía a este país.

A esta explotación financiera, se puede sumar ahora esta persecución fiscal ilegal, lo que no podemos permitir bajo ningún concepto. Por ello, apoyamos el punto de acuerdo y solicitamos que en un tema que trasciende ideologías y partidos, todos los grupos se sumen y demostremos con unanimidad que apoyamos a los trabajadores emigrantes mexicanos.

Asimismo, los diputados priístas, convocamos a avanzar en el dictamen de las iniciativas que existen y las que se presenten a favor de los trabajadores migratorios. Que el sello de la LX Legislatura sea su vocación social y de justicia, que sea ésta la representación legítima y sólida de quienes menos tienen y que por causas económicas tienen que abandonar nuestra patria. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Agotado el registro de oradores, consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa...

Los diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta secretaría oficio signado el día 16 del actual por Carlos García Fernández, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, mediante el cual solicita que por este conducto se remita a ese órgano legislativo, el cuarto Informe de Labores (julio 2004-diciembre 2005), en cumplimiento a lo establecido por el artículo 69-E, fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el anexo que en el mismo se menciona en forma impresa y medio magnético, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, 19 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me permito remitir a usted, en dos tantos y con el archivo electrónico respectivo en dos CD, el cuarto informe de labores (julio 2004-diciembre 2005) de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Dicho informe debe ser presentado ante el Honorable Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En consecuencia, le solicito atentamente que, por el amable conducto de esa Dependencia, el informe mencionado se haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente comunicación y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2006.--- Carlos García Fernández (rúbrica), titular de la Cofemer.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Energía.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en atención a lo dispuesto en el artículo 54, fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, con el presente les acompaño copia del similar número 171/2006, signado el 18 del mes en curso por el maestro Óscar Aguilar Ascencio, coordinador de asesores del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual envía el informe correspondiente al tercer trimestre de 2006 que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, así como del Programa de Empleo Temporal del mismo periodo, ambos acompañados del formato 005-A, relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias.

Por lo anterior, me permito acompañar copia de los documentos a que me he referido, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Dionisio Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio del presente, me permito enviarle el informe correspondiente al tercer trimestre de 2006 del Programa Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), en los formatos 005-A y ``Avances del Cumplimiento Programático de los Proyectos del Gobierno Federal''.

Asimismo, le remito el formato que da cuenta del avance físico y financiero del Programa Empleo Temporal (PET), correspondiente al tercer trimestre del 2006, así como el formato 005-A correspondiente a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se presenten dichos documentos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 54 fracción IV inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, agradeciéndole de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2006.--- El Coordinador de Asesores, Mtro. Oscar Aguilar Ascencio (rúbrica).»

« Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Antonio Díaz Lara, asesor del C. Secretario.

De conformidad con el numeral 54 fracción IV inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, envío a usted el informe del ejercicio físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental correspondiente al tercer trimestre, en los formatos 005-A y ``Avance del Cumplimiento Programático de los Proyectos del Gobierno Federal'', para que por su amable conducto se remitan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 12 de octubre de 2006. --- En suplencia por ausencia del Director General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento Interno de la SEMARNAT, directora de Fortalecimiento Institucional y Descentralización, Mtra. Carmina Contreras Morett.»

« Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Antonio Díaz Lara, asesor del C. Secretario.

Anexo al presente remito a usted el formato que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Empleo Temporal (PET) correspondiente al tercer trimestre del 2006 para que, por su amable conducto, se presente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 54 fracción IV inciso a) del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006; asimismo, se anexa el formato 005-A, correspondiente a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 12 de octubre de 2006. --- En suplencia por ausencia del Director General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, directora de Fortalecimiento Institucional y Descentralización, Mtra. Carmina Contreras Morett.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Cecilia Ruiz Herrera.

Puesto: Asistente administrativa/recepcionista de la Sección Comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Malasia en México.Nombre: Juan Carlos Jurado Avilés.

Puesto: Chofer de la Sección Comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Malasia en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Karla Haydee Gómez Carrasco.

Puesto: Cajera.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.Nombre: Raúl René Yáñez.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.Nombre: Fernando Antonio Salido Manzo.

Puesto:Asistente de visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.Nombre: Mónica Anel Montaño Mendoza.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.Nombre: Alejandra Becerra Ortega.

Puesto: Recepcionista/operador de teléfono.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.Nombre: Aarón Cortinas Sánchez.

Puesto: Auxiliar de visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.Nombre: Alma Laura Martínez Cisneros.

Puesto: Auxiliar de visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.Nombre: Jorge Rosado Corona.

Puesto: Auxiliar de visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.Nombre: Alella Cruz Jiménez.

Puesto: Empleada del Departamento de Ciudadanía.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: Virginia Ayala Flores.

Puesto: Empleada del Departamento de Visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: Ivette Tapia Saldaña.

Puesto: Secretaria subcajera en la Sección de Visas.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Ana Patricia Santos Vidal.

Puesto: Secretaria en la Sección de Visas.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Gema Jiménez O'Farrill Tirado.

Puesto: Asistente de entrenamiento en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Mónica del Socorro Lemus Presbítero.

Puesto: Secretaria en la Sección de Visas.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios a los gobiernos extranjeros que se mencionan:

Nombre: Penélope Selene Martínez Castañeda.

Puesto: Directora adjunta de la Oficina de Programa y/o especialista de programas en la Agencia para el Desarrollo Internacional.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: José Alberto Mondragón Martínez.

Puesto: Asistente administrativo/chofer.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Mónica del Socorro Lemus Presbítero.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Antes de darle a la palabra pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? El diputado Mayans Canabal.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal(desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 460 diputadas y diputados. Quien hasta el momento no ha registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia saluda respetuosamente a todos los integrantes del cabildo del republicano ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, aquí presentes.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es efémeride sobre el LXI aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: Ramón Landeros González, del PAN; Carlos Roberto Martínez Martínez, del PRD; Jorge Mario Lescieur Talavera, del PRI; Erika Larregui Nagel, del Verde Ecologista; María del Carmen Salvatori Bronca, de Convergencia; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza; y Eduardo de la Torre Jaramillo, de Alternativa. Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Alejando Landero Gutiérrez:Honorable Asamblea. El primero de enero de 1942 en plena guerra mundial, cuando el mundo estaba a punto de sucumbir bajo la amenaza nacional socialista, representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje.

Años más tarde, en 1945, representantes de 50 países, entre ellos México, se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas, para redactar y firmar la Carta que dio origen a la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas se creó oficialmente el 24 de octubre de 1945, precisamente hoy hace 61 años, después de que la Carta fuera ratificada por diversos países. Ello daría inicio a una nueva etapa del derecho internacional, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad a través de la amistad, la diplomacia y la cooperación internacional.

Durante sus 61 años de vida, las Naciones Unidas ha tenido alcances y límites, logros y fracasos. Pero lo más importante es que la creación de la ONU ha formado una conciencia de comunidad internacional donde es posible el diálogo político intercultural para prevenir y solucionar conflictos.

Como resultado de las gestiones emprendidas por las Naciones Unidas, los gobiernos han concertado múltiples acuerdos multilaterales que procuran hacer del mundo un lugar más seguro, más libre, con mayores oportunidades de progreso; exigiendo de todos sus miembros el respeto de los derechos humanos y la promoción de mejores condiciones de vida para las personas.

México es miembro de la ONU a partir del 7 de noviembre de 1945; desde entonces, en el seno de la ONU, nuestra nación ha sostenido su vocación pacifista y ha defendido el multilateralismo. Por ello, la comunidad internacional ha hecho un reconocimiento al papel que ha desempeñado México en la política mundial al haberle conferido múltiples responsabilidades; la última en 2006 ha sido la distinción de presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos, propuesto por nuestro país.

La vida de la ONU va de la mano con grandes acontecimientos geopolíticos que han cambiado la historia de la humanidad. Cada uno de estos cambios ha constituido un nuevo desafío para la comunidad global.

Del mundo bipolar que se generó tras los Acuerdos de Yalta, donde emergieron dos potencias que se disputaron la supremacía política, económica y militar, dio paso a un mundo unipolar, tras el fracaso del comunismo y la caída del Muro de Berlín. Ese mundo presenció el surgimiento de una superpotencia, con todos los desafíos que representó ello.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 significaron otro cambio en el orden internacional. La forma en como se busca dar respuesta a la amenaza terrorista nos coloca frente a, ya no sólo un mundo unipolar, sino unilateral donde se desdeñan los principios del derecho internacional, donde supuestamente, en aras de generar mayor seguridad, se está dispuesto a sacrificar la soberanía de las naciones y la libertad de las personas.

Ante ello, en medio de un escenario internacional complejo, México debe seguir asumiendo un papel activo, de un liderazgo defensor de la paz y promotor de los derechos humanos. Un liderazgo que procure la seguridad, que defienda la libertad y promueva la solidaridad, porque no puede haber libertad sin seguridad, pero tampoco puede existir seguridad sin solidaridad. La paz, la libertad y la seguridad nunca se podrán alcanzar en un mundo global de forma unilateral.

Hoy, desde esta tribuna los diputados de Acción Nacional felicitamos a todas las naciones y a todas las personas que han trabajado por crear un nuevo orden internacional basado en la paz y la justicia. Reconocemos el esfuerzo realizado por el actual secretario general de la ONU, Kofi Annan, y felicitamos al ministro Ban Ki-moon por su nombramiento como próximo secretario general, quien habrá de trabajar por una reforma integral de la ONU que haga del mundo un lugar, no sólo más seguro, sino también más justo. Porque como sostiene el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus: ``La justicia ---la justicia--- es el nombre de la paz''. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PRD. A solicitud del diputado Carlos Roberto Martínez, insértese en el Diario de los Debates, íntegra su intervención.

«Efeméride relativa al sexagésimo primer aniversario del día de la ONU, presentada por el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez.

La organización internacional de las naciones se basa en la igualdad soberana de sus miembros.

De acuerdo con la Carta fundacional (en vigor desde el 24 de octubre de 1945) la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue establecida para mantener la paz y seguridad internacionales; desarrollar relaciones de amistad entre las naciones; alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones; alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios y fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Sus miembros se comprometen: a cumplir las obligaciones que han asumido; a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos; a no utilizar la amenaza o el uso de la fuerza; a participar en acciones organizadas en concordancia con la Carta; a no ayudar a un país contra el que la ONU haya dirigido estas acciones y, a actuar de acuerdo con los principios de la Carta.

Se suele considerar a la ONU como sucesora de la Sociedad de Naciones, creada tras la primera guerra mundial para cumplir muchos de los mismos fines. La Sociedad de Naciones, sin embargo, no consiguió mantener la paz, y se debilitó de forma paulatina en los años previos a la segunda guerra mundial.

El primer compromiso para establecer una nueva organización internacional se recogió en la Carta del Atlántico firmada, por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico sir Winston Churchill, el 14 de agosto de 1941, en una conferencia celebrada a bordo de un buque de guerra frente a las costas de Terranova.

Ambos dirigentes se comprometieron a establecer un sistema permanente y más amplio de seguridad general y expresaron su deseo de conseguir la máxima colaboración de todas las naciones en el plano económico. Los principios de la Carta del Atlántico fueron aceptados por las Naciones Unidas de forma más general en su Declaración, firmada el 1 de enero de 1942 por los representantes de las 26 naciones aliadas contra las potencias del Eje Roma-Berlín-Tokio durante la segunda guerra mundial. Fue en este documento donde por primera vez se utilizó de modo oficial el término naciones unidas, a sugerencia de Roosevelt.

En 1943, en una conferencia celebrada en Moscú, se iniciaron las gestiones para crear una nueva organización. El 30 de octubre de ese año, representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Reino Unido, China y Estados Unidos firmaron una declaración en la que reconocían la necesidad de establecer en el tiempo más breve posible una organización general internacional.

En un encuentro celebrado en Teherán (Irán) un mes más tarde, Roosevelt, Churchill y el máximo dirigente soviético, Stalin, reafirmaron la suprema responsabilidad que recae sobre nosotros y sobre todas las naciones unidas de crear una paz que destierre el azote y el terror de la guerra.

Tras la declaración de Moscú, representantes de las cuatro potencias se reunieron en Dumbarton Oaks (Washington, Estados Unidos), en el otoño de 1944, para estudiar una serie de propuestas destinadas a la creación de una organización internacional. Aprobaron un borrador de carta constitutiva que especificaba sus fines, estructura y métodos operativos, pero no lograron ponerse de acuerdo en el método de votación del Consejo de Seguridad propuesto, que sería el órgano que habría de tener la mayor responsabilidad en cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad.

Delegados procedentes de 50 naciones se reunieron, en la ciudad estadounidense de San Francisco, el 25 de abril de 1945 para la oficialmente denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Durante dos meses elaboraron una Carta de 111 artículos basada en el borrador realizado en Dumbarton Oaks. La Carta fue aprobada el 25 de junio y firmada al día siguiente. Entró en vigor el 24 de octubre de 1945, tras ser ratificada por la mayoría de los signatarios.

Los vínculos surgidos de la alianza bélica contra enemigos comunes aceleraron el acuerdo para establecer esta nueva organización.

De acuerdo con la Carta, la adhesión a la ONU está abierta a todos aquellos estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Organización. Las 50 naciones que asistieron a la Conferencia de San Francisco, a las que se unió Polonia, se convirtieron en miembros fundadores de la ONU.

Los nuevos miembros son admitidos a propuesta del Consejo de Seguridad y tras ser aceptados por una mayoría de dos tercios en la Asamblea General. Desde 1945, el número de sus miembros ha sobrepasado en más de tres veces el inicial, sobre todo debido a la admisión de muchos países africanos y asiáticos que alcanzaron la independencia con posterioridad a la fundación de la Organización. En mayo de 1994, la ONU contaba con 184 miembros.

La Carta de la ONU estableció seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Tutela o de Administración Fiduciaria, el Tribunal Internacional de Justicia y la Secretaría General.

Todos los estados miembros están representados en la Asamblea General, que es el principal organismo deliberativo de la ONU. La Asamblea se reúne anualmente en sesiones regulares y en sesiones especiales a petición de una mayoría de sus miembros o del Consejo de Seguridad. La Asamblea no tiene autoridad para hacer cumplir sus resoluciones.

Las resoluciones son recomendaciones que se hacen a los estados miembros, pero que carecen de poder de aplicación directa. La Carta, no obstante, permite a la Asamblea establecer agencias y programas que lleven a cabo sus recomendaciones. Entre las más importantes se encuentran: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El Consejo de Seguridad, reunido en sesión permanente, es el órgano central para el mantenimiento de la paz. El Consejo cuenta con 15 miembros, cinco de ellos permanentes: China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Con carácter periódico se han elaborado propuestas para integrar nuevos miembros permanentes (por ejemplo, Alemania o Japón) para reflejar de este modo el cambiante equilibrio de poder mundial, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna revisión importante.

El Consejo Económico y Social (Ecosoc), que se reúne una vez al año, cuenta con 54 miembros, de los cuales 18 son elegidos anualmente por la Asamblea General para ejercer un mandato de tres años. El Ecosoc coordina las actividades económicas y sociales de la ONU y de sus agencias especializadas, entre las que se hallan la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un principio, el Consejo de Tutela o de Administración Fiduciaria tenía: la responsabilidad de supervisar 11 territorios que se encontraban bajo el régimen de fideicomiso al final de la segunda guerra mundial.

El Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es el principal organismo judicial de la ONU. El Tribunal trata casos que le son sometidos por miembros de la ONU, que conserva el derecho de decidir si acepta o no el cumplimiento de sus resoluciones.

La Secretaría General está al servicio de los otros órganos de la ONU y ejecuta los programas y políticas de la Organización. Al frente de la misma se halla el secretario general, nombrado por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad.

Desde su fundación la ONU ha tenido siete secretarios generales: Trygve Halvdan Lie (1946-1953); Dag Hjalmar Hammarskjöld (1953-1961); Sithu U Thant (1961-1971); Kurt Waldheim (1972-1981); Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991); Butros Butros-Gali (1992-1996) y Kofi Annan (1997-2006).

Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, sino más bien un instrumento muy flexible mediante el cual las naciones pueden cooperar para solucionar sus mutuos problemas. Que cooperen y utilicen la ONU de forma creativa depende de cómo sus gobiernos y sus pueblos entiendan las relaciones con los demás y de cómo imaginen su lugar en el futuro de la humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2006.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera:Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea, la ocasión nos obliga a reflexionar acerca del papel que este organismo, la ONU, ha desempeñado para el mantenimiento de la paz, la solución pacífica de controversias y el respeto entre las naciones. Todo lo cual, puede resumirse en la voluntad de someter el poder y el uso de la fuerza al imperio del derecho.

La ONU ha representado desde su fundación un esfuerzo mundial por producir una convivencia civilizada con la capacidad de resolver conflictos y divergencias por la vía del diálogo y el apego a la ley. Expresa también la determinación de la humanidad por prescribir y proscribir el uso de la fuerza como método para resolver diferencias. La ONU se propuso emprender tareas de cooperación en los campos de la educación, la salud, la alimentación y otros más, que son ampliamente conocidas como: la UNESCO, la FAO, la OMS y la UNICEF.

El sistema de la ONU representa la convicción de las distintas naciones del mundo sobre la necesidad de sumar esfuerzos para la erradicación del analfabetismo, de las pandemias, del hambre y otros tantos problemas que limitan el desarrollo del bienestar de la humanidad.

Por eso, al conmemorar este aniversario no podemos menos que extender nuestro reconocimiento a las generaciones que hicieron posible la creación de un sistema con una clara vocación al servicio de todos los pueblos. Muchos son los conflictos que hemos tenido que enfrentar después de la conformación de la ONU; pero seguramente hubiesen sido muchos más si esta noble institución no hubiese sido creada.

La cooperación impulsada por la ONU ha sido razón de nuevas expectativas y posibilidades para el avance de campos diversos del desarrollo; sin embargo, también han sido las restricciones a esa misma cooperación por parte de las naciones, lo que ha limitado la superación de muchas de las dificultades que ahora enfrentamos.

En forma reiterada se menciona que bastaría un bajo porcentaje del gasto destinado al armamentismo para resolver en pocos años la pobreza en el mundo, la educación y sus problemas y alcanzar mejores niveles de bienestar. Ese dato muestra el tamaño del reto que enfrentamos y, al mismo tiempo, la importancia de una cooperación efectiva con la capacidad de orientar en un sentido común los esfuerzos.

México, como aquí se ha dicho, fue fundador de la ONU y siempre extendió su más amplia colaboración en campos de muchos conocimientos, experiencias y posibilidades. México llevó al alto foro internacional la Doctrina Estrada y tenemos en mente y en el archivo vivo, las aportaciones que realizó a la UNESCO desde el Centro Regional para la Formación de Adultos de América Latina o el relativo a las construcciones escolares o el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa.

Jaime Torres Bodet vive en la memoria mexicana porque fue brillante y segundo director general de la UNESCO.

La vocación internacionalista de México, su solidaridad con los países de menor desarrollo, en especial con Latinoamérica, su bien ganada reputación, la congruencia y continuidad de sus principios, le dan un papel y un prestigio que debe ser reivindicado.

El Partido Revolucionario Institucional, al momento de hacer la conmemoración y la reflexión, reitera su apego a los principios constitucionales que rigen la política exterior del país y que son de naturaleza idéntica a los de la carta de la ONU. Asimismo, reafirma que luchará denodadamente por preservar dichos principios que en ocasiones parecieron despreciarse por el actual gobierno.

Hoy más que nunca, debemos trabajar todos los mexicanos porque la Doctrina Estrada vuelva a ser una vigorosa presencia en el concierto internacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario Lescieur. Esta Presidencia saluda respetuosamente a los jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria ``Doctor Alberto Zoebisch'', de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, aquí presentes.

Tiene la palabra la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Erika Larregui Nagel:Gracias, señor Presidente, con su permiso. Cada 24 de octubre, desde 1948, se honra en todo el mundo la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Sus logros indudablemente han marcado la historia contemporánea de la humanidad, así como también sus fallas, pero en este día hemos de recordar uno de sus grandes aciertos: la dignidad que le ha otorgado al multilateralismo.

Ello ha sido posible gracias al espíritu y a los propósitos que le dan vida, objetivos que son inagotables y que han quedado enmarcados en la Carta de San Francisco. El valor de las Naciones Unidas puede ser resumido a partir de los siguientes puntos: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; el fomento a las relaciones y amistad entre las naciones; la igualdad y el respeto a la libre determinación de los pueblos; la defensa y promoción de los derechos humanos; la cooperación en la solución de la problemática internacional, ya sean de tipo económico, social, cultural, humanitario o de otra índole, pero no olvidemos que en el actual contexto internacional, la vigencia de las Naciones Unidas dependerá de la capacidad que ostente para dar respuesta efectiva a los nuevos retos que tienen por delante, pues deben incluirse, entre sus desafíos, la desigualdad, el narcotráfico, detener la degradación del medio ambiente, el sida, la pobreza, el terrorismo o la carrera armamentista, por sólo mencionar algunos.

La importancia de la Organización radica en su vigencia, en su compromiso y en su apoyo para que todos los Estados miembros cumplan las disposiciones jurídicamente vinculantes a sus principios fundacionales, que deben representar un parámetro único a seguir.

La ONU existe también para promover la igualdad, para colaborar en un marco de respeto por las libertades fundamentales. Vive para promover el desarrollo sostenible y la equidad entre los géneros. En ese espacio, el débil tiene una voz fuerte y clara. Ahí se encuentra el centro de nuestro empeño colectivo por un mundo mejor. Todos debemos fortalecer las labores de nuestra Organización global, más allá de los intereses particulares y de los obstáculos que debe sortear porque está en el interés de los gobiernos, sociedades e individuos.

El sistema de las Naciones Unidas subsiste en el corazón y la mente de cada ciudadano que lucha por acabar con la violencia y que busca promover la tolerancia, impulsar el progreso, asegurar la equidad y proteger las prerrogativas más fundamentales del hombre: salvaguardar el entorno natural, así como aliviar la miseria. Las Naciones Unidas son el foro idóneo para alcanzar esas elevadas aspiraciones humanas, pero sólo será exitosa si cuenta con el entusiasmo desinteresado de todos los actores.

Compañeras y compañeros legisladores: la ONU es el único organismo que cuenta con la representación universal. La comunidad de naciones ha aprendido, con duras lecciones como Irak, que poco es su margen de maniobra si las naciones se valen únicamente de sus propios recursos o a través de amenazas.

Solamente unidos podremos lograr la meta de las Naciones Unidas, la promesa de alcanzar la paz, la seguridad y la igualdad, promesa que se basa en el cumplimiento de las normas internacionales, cuyo fin es atender las necesidades más esenciales del hombre.

Desgraciadamente, esos objetivos para millones y millones de seres humanos permanecen como un puñado de buenas intenciones. Todos debemos pugnar, desde nuestro ámbito de competencia, por el cumplimiento de estos compromisos.

La ONU es el punto en el que todos confluimos; un espacio en el que todos ocupamos un asiento por igual, un lugar en el que los protagonismos no deben ni siquiera manifestarse, pues las propuestas exitosas no tienen dueño pues son en beneficio de la humanidad entera.

Es menester que busquemos las vías para acceder a un futuro en que promesas y metas se tornen en realidades para todos. Debemos entender que, en la medida en que tengamos una Organización más fuerte y más sólida, sólo en esa medida, podremos obtener beneficios integrales.

A partir de ello lograremos coadyuvar en esa búsqueda perenne por un mejor porvenir. Es en ese espíritu que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se enorgullece en poder celebrar, desde esta tribuna, otro día más de las Naciones Unidas. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori, del Partido de Convergencia.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca:Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta; señoras legisladoras y señores legisladores, agradezco su atención. El día de hoy nos convoca una reflexión acerca del futuro de los pueblos, del futuro de nuestros hijos y de la humanidad misma. Hoy se cumplen 61 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

Los antecedentes de la Organización de Naciones Unidas se remontan a la creación de diversas organizaciones internacionales establecidas por los Estados, las cuales tenían por objeto cooperar sobre cuestiones específicas tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se fundó en 1865 bajo la denominación de Unión Telegráfica Internacional, y la Unión Postal Universal, que se creó en 1874. Hoy día son organismos especializados de las Naciones Unidas.

En 1899 se celebró, en La Haya, la Primera Conferencia Internacional de la Paz, con el objeto de elaborar instrumentos que permitieran resolver pacíficamente las crisis, evitar la guerra y codificar normas de conducta en tiempos de guerra. La conferencia aprobó la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y estableció la Corte Permanente de Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.

El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad de las Naciones, organización concebida en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de Versalles, para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Dicha sociedad cesó su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial. También en el marco del Tratado de Versalles se creó la Organización Internacional del Trabajo, como organismo afiliado a la Sociedad de las Naciones.

En 1945 representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la cual se firmó el 26 de junio del mismo año. De tal forma que la ONU existe oficialmente desde el 24 de octubre de 1945 y hoy en día son 192 naciones las que ratifican sus principios, valores y fundamentos.

Considerando que el objeto de creación de la Organización de Naciones Unidas lo constituye la preservación de la paz y la cooperación internacional, es importante señalar que aun cuando la finalidad de este propósito continúa vigente hasta nuestros días, resulta indispensable efectuar un replanteamiento sobre los métodos y estrategias para seguir cumpliendo con tan loable labor.

La contribución de la ciencia y la tecnología, las comunicaciones y el vertiginoso desarrollo informático que influyen en el cambio de paradigmas dentro de todas las sociedades, representan el mayor reto para la Organización de Naciones Unidas, pues es menester hacer frente a un mundo globalizado económicamente y, al mismo tiempo, fragmentado no sólo en el aspecto político o ideológico, sino gravemente mermado con las prácticas armamentistas que conllevan al surgimiento de conflictos bélicos y a la exaltación xenofóbica derivada de las grandes migraciones hacia los países del primer mundo, que han sido provocadas por la alta marginación, la pobreza y las todavía existentes dictaduras.

La eficacia del esquema multilateral y de la propia ONU debe replantearse día a día ante el dinamismo de las transformaciones sociales y económicas del mundo. Para ello, la fracción parlamentaria de Convergencia se pronuncia a favor de promover la igualdad de género, una mejor educación, una mejor salud y así garantizar el desarrollo sustentable.

Proponemos que en el marco de esta conmemoración, en la calidad que México tiene como Estado miembro de la ONU, realicemos un ejercicio de reflexión sobre cómo estamos llevando a cabo el rediseño de nuestras instituciones para responder a las expectativas y necesidades de la sociedad civil.

Esta misma reflexión la hacemos extensiva a su vez a los parlamentarios y a todas las naciones del mundo, por lo que desde esta máxima tribuna hacemos un llamado para sumar nuestras voces y expresar nuestras convicciones, fortaleciendo a las Naciones Unidas como un foro del avance democrático y civilizado entre los pueblos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: hoy, 24 de octubre, celebramos el 61 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Fue en 1945 cuando por decisión de los representantes de 50 países, entre los que se encontraban los Estados Unidos, China, la entonces Unión Soviética y el Reino Unido, entre otros, determinaron crear esta organización internacional.

La función central de la ONU sería la de asegurar la estabilidad y la convivencia pacífica entre los países e impulsar la cooperación para la solución de los grandes problemas internacionales, una vez que la Segunda Guerra Mundial concluyera. La ONU nació como expresión del nuevo orden mundial emanado de la posguerra y se convirtió desde un principio en el instrumento que utilizan las potencias del mundo para ejercer su dominio, toda vez que es el medio a través del cual imponen su hegemonía.

Esta organización responde al imperativo de vigilar que el dominio de los países más ricos sobre el resto del mundo se ejerza de forma institucional, mediante el esquema de premios y castigos para quienes se suman o se revelan contra el poder imperial. Este hecho se constata hoy con las sanciones que impuso recientemente el Consejo de Seguridad de este organismo a la República Popular de Corea, para prohibirle su desarrollo científico y tecnológico y su derecho a contar con armamento defensivo.

Sin embargo, justo es decirlo, la ONU ha sido un espacio político fundamental para desactivar posibles guerras entre las propias potencias, tal como ocurrió durante la llamada Guerra Fría, cuando la paz se vio amenazada por la confrontación ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica.

También es preciso decir que una vez que las condiciones mundiales de prosperidad de la posguerra se agotaron, el sistema capitalista entró en una profunda crisis estructural de alcance global que abarcó a la ONU y a los demás organismos internacionales, provocando que ya no sean capaces de responder a los imperativos y a los desafíos que enfrenta el mundo actual.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la mejor manera de celebrar el aniversario de la fundación de este organismo es impulsar su transformación y democratización de sus órganos de decisión, para ponerlo realmente al servicio de los pueblos, desterrar el belicismo y el autoritarismo de las potencias.

Hoy, la nueva correlación de fuerzas exige una mayor regulación entre los Estados nacionales y el reconocimiento del nuevo papel de las organizaciones no gubernamentales en campos como el medio ambiente, los derechos humanos o la lucha contra la pobreza, por citar algunos.

La transformación de la ONU tiene que enfocarse a impulsar la cooperación internacional y a crear un nuevo orden basado en la paz y en la solución de los graves problemas económicos, ambientales, políticos, sociales y de la pobreza que azoten al mundo. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Blanca Luna Becerril:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: desde su creación la Organización de las Naciones Unidas se propuso contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, además de promover el desarrollo y el bienestar de las sociedades del mundo. Sin embargo, más allá de los objetivos, los logros concretos de la institución en estas materias, han sido fuertemente criticados, pues actualmente la humanidad no cuenta con condiciones de seguridad y la pobreza y el malestar social son todavía una terrible realidad para millones de personas.

El contexto mundial es sustancialmente distinto. Por un lado, la aparición de nuevas amenazas internacionales que cambiaron la conformación de la geopolítica mundial, terrorismo y crimen internacional organizado, el deterioro del sistema ecológico, la proliferación de armamentos, los enfrentamientos étnicos y las pandemias son algunos de los conflictos que los países han tenido que enfrentar en las últimas décadas.

La evolución de las relaciones internacionales nos han brindado nuevas perspectivas al incorporar nuevos actores, retos y terrenos de negociación y cooperación; temas como la diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la equidad de género, el interés superior de la protección a la infancia, los derechos de las personas con capacidades diferentes y los de las personas adultas mayores han trascendido y llevado a las más altas esferas de la política internacional.

Como cualquier país, sociedad u organismo internacional, la historia de la ONU refleja claroscuros, aciertos y desaciertos, grandes proyectos y también severas contradicciones; pero a partir del balance de avances y lecciones se ha buscado hacer efectivos los fines para los cuales fue creada. Se deben encontrar respuestas colectivas creíbles y convincentes para solucionar los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas.

Es claro que la ONU necesita adecuarse a las circunstancias, realidades y acciones que el constante movimiento y desarrollo mundial traen consigo. Tiene que afrontar los retos y los desafíos que surgen.

La prevención, la diplomacia y la negociación; la solución de los conflictos por medios pacíficos, la justicia, el respeto, la libertad, la cooperación entre los países, la búsqueda por un mejor desarrollo, la transparencia en la administración y la congruencia en la toma de decisiones deben ser realidades dentro de la comunidad internacional. Debemos redefinir y reestructurar la Organización que un mundo como el nuestro demanda. Sin embargo, también debemos entender que para lograrlo necesitamos de la congruencia.

En Nueva Alianza creemos firmemente que no podemos avanzar hacia una nueva etapa en la que los objetivos sean mantener la paz y la seguridad, la prohibición de uso de la fuerza y el respeto irrestricto de los derechos humanos, si no comenzamos primero por buscar los mismos objetivos dentro de nuestro país.

Si en el exterior buscamos promover una visión moderna, democrática y eficaz de la seguridad que permitan el desarrollo y el bienestar de nuestro país, en un sistema internacional confiable y en paz, debemos hacer algo similar en el orden interno. Debemos entender que la seguridad de las y los mexicanos está asociada al proceso democrático, a la promoción y protección de los derechos de cada persona y a la facultad del Estado de procurar el desarrollo armónico en sus aspectos económicos, políticos y sociales.

Demostremos el mismo compromiso que le exigimos a los Estados y a los organismos internacionales. Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Quería interesarme si está bien y no se lastimó. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre, del Partido Alternativa.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con el permiso de la Presidencia. Hoy, más que nunca debemos aprovechar el festejo de la construcción de un nuevo orden mundial. Si bien históricamente las relaciones internacionales han estado privadas por la Santa Alianza, por la Liga de las Naciones, por la ONU, este ciclo histórico importante de 1945 a 1989, como lo definieron algunos autores, el equilibrio del poder que más que un equilibrio del poder fue este desequilibrio del poder y un equilibrio del terror, como Jambo Drenar le llamó a este proceso de 1945 a 1989.

Reformar la ONU de forma radical significa dirigirnos hacia una cosmocracia; el gobierno mundial donde se impulse la democracia interna y la democracia internacional, apoyado de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones multilaterales, de empresas multinacionales, por supuesto de Estados nacionales como los últimos actores en este proceso global.

Ya Ulrich Beck, en estas definiciones que daba sobre globalismo, que viene a concretar lo que McLuhan decía y definía como la ``aldea global'', la globalidad, este sistema económico que está imperando en todo el mundo y la globalización donde los Estados nacionales son los últimos actores que pueden ejercer este proceso de un rediseño de la ONU.

Esto, ¿por qué? Hoy el mundo está sujeto a los realistas y los neorrealistas, quienes justifican las guerras de cualquier tipo diciendo que son guerras justas. Ninguna guerra es justa en este contexto mundial.

Para los realistas, en particular los neoconservadores como Fukuyama o como Samuel Huntington, esta visión del fin de la historia y del choque de las civilizaciones, es equívoco, es erróneo, ¿por qué? Porque piensan que solamente las relaciones internacionales se pueden dar a través de poder y a través de la fuerza.

Los realistas, los neorrealistas no creen que las relaciones internacionales puedan estar basadas en principios, en valores y uno de ellos tiene que ser fundamentalmente para poder coexistir en estas cerca de 200 naciones, 200 países, de manera democrática, de manera armónica.

La democracia ha tomado carta de naturalización. Desafortunadamente no en todo el mundo pero esto tiene que ser con los nuevos valores de la propia ONU, el derecho a la injerencia en estados profundamente autoritarios.

Esta posición, por supuesto, es la que se tiene que extender en todo el mundo. Una imposición civilizatoria ---si se me permite la expresión--- donde la democracia sea el espacio natural de resolver los conflictos de manera civilizada. No solamente a través de elecciones sino también a través del rediseño de esta nueva institución.

Finalmente, para el grupo de Alternativa, reiteramos la reforma de la ONU tiene que sustentarse en nuevo sistema político mundial que lo definen algunos autores como ``cosmocracia''. Muchas gracias, señora Presidenta.

ARTICULOS 62 Y 108 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado de la Torre. Pasamos al capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados y tiene la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reforma y adición a los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Con su venia, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La suscrita, diputada federal Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La doctrina de la división de poderes fue formulada con el fin de separar funciones del Estado de distinta naturaleza, pero también, y fundamentalmente, para debilitar la tendencia a abusar del poder sobre el ciudadano, a hacer uso de los impuestos para provecho propio, utilizar los cuerpos de seguridad para asuntos personales, en fin, para evitar los efectos que la perversión de la concentración de poder tiránico ocasionaba en detrimento de la comunidad y de la persona.

Montesquieu, como los progresistas de su época, observó que si el que elaboraba la norma no era el mismo que el que la aplicaba y sancionaba su no aplicación, la sociedad padecería menos abuso de poder y cada una de estas funciones se realizaría de manera más imparcial.

Tres siglos después hemos visto cómo se ha desenvuelto la división de poderes en naciones como la nuestra y discutimos reformas del Estado para seguir desconcentrando el poder, porque subsisten abusos y deficiencias en los deberes de nuestros tres poderes.

Particularmente, se sigue concentrando el poder, no sólo en el Ejecutivo sino también, en algunos casos, señalados, en miembros del Legislativo.

Cierto es que la doctrina se ha preocupado básicamente de dividir el poder público; porque el poder entre más pequeño es, es menos peligroso.

Pero también el poder privado es peligroso, y no se diga la concentración de poder público y poder privado.

Los viejos constitucionalistas mexicanos de 1857 y, más aún, los reformadores, se preocuparon de los fenómenos de su época y pusieron especial cuidado en separar el poder.

En su diseño de división de poderes se esmeraron en que el Poder Legislativo no heredara o contuviera intereses que provinieran directamente del Poder Ejecutivo; por ello, en su artículo 57 se dictó:

``El cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o destino de la Unión en que se disfrute sueldo.''

En la sesión del 17 de septiembre de 1856 se discutió ese artículo y fue aprobado por sesenta y cuatro votos a favor y dieciocho en contra.

El diputado por San Luis Potosí Antonio Ruiz de Bustamante argumentó que apoyaba ese artículo toda vez que con ello se buscaba que los diputados no se distrajeran en otras funciones y, a su vez, asegurar su independencia del poder para lograr mejor esos objetos.

Francisco Zarco, en uso de la voz, fue enfático al sostener que las incompatibilidades, es decir, que no se pudiera ejercer a la vez el cargo de diputado y cualquier otro.

Dijo en su intervención que ``necesario es, en verdad, por bien del servicio público, declarar que el Diputado no puede al mismo tiempo desempeñar ningún otro empleo, porque prescindiendo de las influencias del poder, la experiencia demuestra que es físicamente imposible que un solo hombre baste para dos cargos públicos, si quiere desempeñarlos con conciencia y patriotismo''.

El creador de la Procuraduría de los Pobres, Ponciano Arriaga, en su turno, compartió las opiniones de Zarco y manifestó que ``cedió a las indicaciones hechas en el debate por sólo asegurar de una manera absoluta la independencia de los diputados''.

Seis décadas después, el 6 de diciembre de 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó su propuesta de redacción del artículo 55 en el Congreso Constituyente, y el 2 de enero de 1917 fue retomado en dictamen de primera lectura.

Uno de los requisitos que para ser diputado el Congreso Constituyente de 1917 decidió incluir era: no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural, así como la obligación de separarse de su cargo noventa días antes de la elección para algunos servidores públicos que deseaban ser candidatos.

En la reforma al artículo 55 de 1977 se señala que para ser incluido en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, y en la reforma de 1994 queda que para ser diputado se requiere no ser secretario o subsecretario de Estado o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección.

Estos principios han reforzado la independencia del legislador del Poder Ejecutivo para evitar lo más posible que se presenten conflictos de intereses.

Desde Montesquieu nos preocupamos de esa independencia del Legislativo del Ejecutivo insistentemente. Claro, él vivió los tiempos del todopoderoso monarca que obligaba caprichosamente al pago de retribuciones, no rendía cuentas a nadie de lo que hacía con esos dineros y si alguien reclamaba lo enviaba directamente a la guillotina, porque el concepto de derechos prácticamente no existía.

Pero nuestra historia nos ha enseñado también insistentemente que no sólo la concentración del poder público es peligrosa, como ya decía antes. Aquí hemos tenido que separar el poder del Estado del poder del clero.

Y nos ha tocado también observar la concentración del poder económico de maneras inimaginables. Es más, nos ha tocado ver cómo los grandes poderes económicos tienen emisarios que resguardan sus intereses en los poderes públicos. Bueno, hasta leyes les hacen a su medida. Los banqueros, las grandes televisoras, etcétera, etcétera, etcétera.

Creo que ese es el gran tema de la doctrina política actual: cómo evitaremos la concentración del poder, el abuso del poder que hoy se concentra ofensivamente, no en el ámbito público sino en el privado, en los llamados grandes poderes informales, que son los que en realidad eligen, sancionan, disponen de los grandes bienes nacionales.

Por lo pronto, compañeras y compañeros, me quedo en la parte más obvia y modesta de esta reforma del Estado pendiente: esta iniciativa de reforma se propone combatir el tráfico de influencias que se presenta mediante quienes aprovechan el cargo de legisladores para dedicarse a medrar con el patrimonio público mediante la concertación de adquisiciones, venta de terrenos, ya sea con resoluciones administrativas o sentencias favorables en contra de la nación.

Por lo antes expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adicionan los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio.

Tampoco podrán emprender un negocio comercial o litigioso, por sí o en nombre de un tercero, con o en contra de cualquiera de las instituciones del Estado, del que esperen algún tipo de retribución cuantificable pecuniariamente, a menos que se trate de la defensa de derechos afectados por un acto administrativo individualizado que le afecte directamente su esfera jurídica.

La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador y deberá devolver la retribución que como Diputado o Senador recibió mientras incumplió este artículo.

Artículo 108. ...

...

...

...

El desempeño de los cargos del servicio público es compatible con las actividades académicas, docentes y de investigación científica en las instituciones públicas y privadas de educación. Los servidores públicos tienen prohibido realizar cualquier tipo de actividad comercial o litigiosa remunerada o no, por sí o por un tercero, con o en contra de los poderes u órganos autónomos federales, estatales o municipales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica).»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Batres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se confiere el uso de la palabra al diputado Tomás Gloria Requena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Tomás Gloria Requena:Con su venia señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Los que suscribimos, diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración y a la aprobación del H. Congreso de la Unión, por conducto de este H. Pleno, esta iniciativa de ley que reforma el último párrafo del artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Exposición de Motivos

Desde la iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Ejecutivo federal propuso en el artículo 2o. de la misma, que ``por su situación particular'' se tuviera una tasa menor de este impuesto ``en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y de Baja California Sur'', a la aplicable al resto de la República, siendo aprobada por ambas Cámaras; fue publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de diciembre de 1978.

En la primera reforma a esta ley, publicada en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1979, se extendió el beneficio de la aplicación de la tasa menor a la franja fronteriza sur de 20 kilómetros colindante con Belice, Centroamérica.

En la exposición de motivos de la décima quinta reforma se propuso ``la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país'', por lo que se derogó el artículo 2o. de la ley homologándose la tasa del IVA en todo el territorio nacional y publicándose la reforma en el Diario Oficial de fecha 21 de noviembre de 1991.

Nuevamente, en la vigésima reforma de la ley, publicada en el Diario Oficial el día 27 de marzo de 1995, se regresó al tratamiento diferenciado anterior a la derogación; estableciéndose en el último párrafo del artículo 2o. lo siguiente: ``Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora''.

En la última reforma a la ley, publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2002, se agregó al último párrafo del artículo 2o., el municipio de Caborca, Sonora.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006, se establece como objetivo rector; ``el promover el desarrollo regional equilibrado, que tiene como propósito, lograr un desarrollo competitivo para cada una de las regiones en que se dividió con dicho plan al país''.

En el estado de Tamaulipas, el municipio de Valle Hermoso, es frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con dicho país; por lo que para efectos prácticos ya se considera a este municipiocomo región fronteriza.

Lo anterior, genera que la cabecera municipal de Valle Hermoso, se encuentre ante una grave desventaja económica frente a otras ciudades fronterizas debido a que no obtiene los beneficios de ser considerada región fronteriza para los efectos de esta Ley.

El artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa del 10 por ciento, y no la tasa general del 15 por ciento, a los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.

La aplicación de la tasa del 10 por ciento en los casos mencionados se ha justificado porque las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el subsecuente impacto desfavorable en la economía de dicha región.

Por otra parte, en el municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas, los habitantes han visto afectada su economía por el desplazamiento de los consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que ha deprimido en forma significativa y grave la economía de dicho municipio.

Esa situación se explica por su ubicación geográfica y por las vías de comunicación con que cuentan, que hacen muy difícil el consumo del comercio nacional y facilita el desplazamiento comercial aludido.

La petición de que nuestro municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, forme parte de la región fronteriza aun y cuando se encuentra dentro de la franja de los 20 kilómetros y la cabecera municipal a 40, se justifica, debido a que ya existe un antecedente en donde se declaró por decreto presidencial, que el municipio de Caborca, en el estado de Sonora, quedara comprendido en la región fronteriza por las mismas exactas circunstancias.

Por ello; se estima necesario proponer que se aplique el tratamiento fiscal en materia de impuesto al valor agregado de la región fronteriza a la totalidad del territorio del municipio citado, con la finalidad de promover el comercio y el empleo en el propio municipio, mejorando así su desarrollo, la situación económico competitiva y evitando la salida de divisas al extranjero. Por lo que un servidor, diputado Tomás Gloria Requena, a nombre de los diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del estado soberano de Tamaulipas, proponemos el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio de Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional, así como el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Firman los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.--- Diputados: Tomás Gloria Requena (rúbrica); Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez; Horacio Garza Garza; Enrique Cárdenas del Avellano; Miguel Ángel González Salum (rúbrica).»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Gloria Requena. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas:Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: en México cada año mueren más de 50 mil personas por la adicción al tabaco. A pesar de que destinamos más de 30 mil millones de pesos anuales para combatir las enfermedades relacionadas con dicha droga legal, las estadísticas son contundentes: los fumadores son 30 veces más propensos a padecer cáncer pulmonar; 5 veces más a sufrir cáncer de laringe, 4 veces más en padecer cáncer bucal y 2 veces más a sufrir un infarto en el miocardio.

Conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones se estima que en nuestro país por lo menos 20 millones de mexicanos han fumado alguna vez; dentro de los que destacan más de 16 millones 500 mil jóvenes, entre los 15 y 19 años; alrededor de 5 millones 500 mil niños, entre los 10 y 14 años; aproximadamente 4 millones 190 mil personas, entre los 20 y 24 años.

Podemos observar que el mayor grupo de personas que son potenciales fumadores son los adolescentes, cuyas edades oscilan entre 15 y 19 años, por lo que probablemente las tabacaleras vean un mercado atractivo en ese sector de la población. Tampoco podemos dejar de señalar que según dichas encuestas, el consumo de tabaco en menores de 18 años es alrededor de un millón de niños y adolescentes cuyas edades se ubican entre los 12 y 17 años.

Por las razones mencionadas y considerando que para las tabacaleras existe un mercado potencial en las niñas, niños y jóvenes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde vengo a presentar ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto, con la cual se propone, mediante la reforma al segundo párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud, que no se venderán o distribuirán cigarros en cajetillas que no contengan adheridas el signo distinto de control sanitario y fiscal, denominado marbete.

Asimismo, a través de la adición de un último párrafo al artículo 276 de la Ley General de Salud, también se propone que dichos marbetes no imposibiliten la visibilidad de las leyendas y mensajes que deben figurar en las cajetillas de cigarros.

Mediante la incorporación de marbetes en los empaques de cigarros se pretende que el gobierno federal tenga un mayor control sanitario y fiscal en beneficio de la salud pública y recaudación tributaria. Para aquellos que adquieren cigarros, mayor comprensión de lo que están comprando y que esto no se encuentra adulterado o falsificado; para las tabacaleras, beneficios en la reducción del contrabando y piratería de cigarros que se lleva a cabo en el sector informal de la economía, que no pagan impuestos, desalientan la inversión y no ofrecen seguridad social a las personas que laboran en este mercado ilegal.

En otras palabras, el marbete constituye un mecanismo que minimiza la asimetría de información entre los demandantes de tabaco, el gobierno federal y la industria tabacalera. Se tendrá un control estricto de todas las cajetillas de cigarros que se comercializan en el país, identificando aquellas zonas en las cuales se presentan problemas de consumo de tabaco, para así establecer políticas públicas de prevención de consumo de tabaco, principalmente en niñas, niños y jóvenes. Asimismo, implícitamente se aumenta el precio de las cajetillas de cigarros para los fumadores, principalmente para los menores de edad.

Es claro que un aumento en el precio del cigarro para aquellos que ya llevan varios años fumando, no afectaría su patrón de consumo de tabaco, en cambio, para los jóvenes o más aún, para las niñas o los niños, un incremento en el precio que pagan por cigarros sí detendría su consumo. En este sentido, también por medio de la reforma al segundo párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud, la iniciativa propone que no se podrán vender cajetillas que contengan menos de 20 cigarros, ya que el precio por una cajetilla con 14 es menor que el de una cajetilla que contiene 20, para así hacer más difícil la compra de cigarros por parte de los menores y adolescentes.

La iniciativa que en este día presento a nombre del grupo parlamentario al que pertenezco corresponde a un paquete de propuestas que principalmente buscan mejorar la salud de los mexicanos mediante la reducción del consumo de tabaco, así como también que las autoridades hacendarias tengan un mayor y mejor control en el mercado de cigarros, disminuyendo el contrabando, la piratería, la adulteración y falsificación que ocurre en el comercio informal de la economía, tendiendo a incrementar la recaudación fiscal en materia de cigarro.

El probable impacto presupuestal que tendrá la presente iniciativa quedaría subsanado en las siguientes sesiones, toda vez que se presentará otra iniciativa con la cual el Estado podrá disponer de los recursos suficientes para financiar la producción y seguridad de los marbetes en las cajetillas de cigarros.

Compañeras y compañeros legisladores: realicemos acciones legislativas concretas que beneficien a la salud y a la hacienda pública. Hagamos realidad lo establecido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, protegiendo la salud de toda persona y en especial la de las niñas, niños y jóvenes, con que todos los días están expuestos a la triste tentación del consumo del cigarro.

Señora Presidenta, le solicito que la iniciativa, así como mi intervención, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Patricia Chozas y Chozas, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., tercer y sexto párrafos; 71, fracción II; 72; y 73, fracciones XVI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción III; 56; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicito se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que en nuestro país, a pesar que se destinan recursos públicos anuales por alrededor de 30 mil millones de pesos para atender las enfermedades relacionadas con el tabaco, mueren más de 50 mil personas ocasionado por la adicción a dicha droga legal.

Como bien ya lo ha expresado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, ciertos productos derivados del tabaco contienen ``sustancias cancerígenas y metales dañinos como el arsénico, el níquel, el plomo, el cromo y el cadmio''.1

Asimismo, estas sustancias causan severos estragos en la salud de los mexicanos, particularmente en la de los fumadores. Las estadísticas son contundentes ya que este grupo es 30 veces más propenso a padecer cáncer pulmonar, 5 veces más a padecer cáncer de laringe, 4 veces más a padecer cáncer bucal, y 2 veces más a sufrir un infarto al miocardio.2

Conforme a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, en México el 26 por ciento de los fumadores consumen tabaco diariamente, mientras que en países como Estados Unidos o Canadá, que son nuestros principales socios económicos, el porcentaje se ubica en 19 por ciento y 18 por ciento, respectivamente.3

Lo anterior se reafirma con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones:4

Por lo menos 28 millones de mexicanos han fumado alguna vez, dentro de los que destacan:5 - Casi 360 mil niños de 5 a 9 años.

- Aproximadamente 5 millones 509 niños de 10 a 14 años.

- Más de 16 millones 319 mil adolescentes entre 15 y 19 años.

- Alrededor de 4 millones 190 mil personas entre los 20 y 24 años.

- Cercano a 1 millón 65 mil personas cuya edad oscila entre los 25 y 29 años.

Como puede observarse, el intervalo de edad en el que por lo menos una vez se ha fumado, es el que oscila entre los 15 y 19 años, por lo que es de esperarse que las tabacaleras dirijan sus esfuerzos en este sector de la población.

La cifra de mexicanos que son fumadores, es de más de 16 millones de personas. Ante esto, la propia encuesta revela que el consumo de tabaco en menores de 18 años a nivel nacional es de por lo menos 1 millón 320 adolescentes y niños que sus edades están entre los 12 y 17 años, concentrándose en las zonas urbanas el aproximadamente el 83 por ciento de esos fumadores. De esos 16 millones:

- Casi 850 mil fumadores no tienen instrucción escolar (480 mil en las zonas urbanas).

- Aproximadamente 4 millones 802 mil fumadores cuentan con primaria (3 millones 520 mil en las zonas urbanas).

- Alrededor de 4 millones 820 mil fumadores con secundaria (4 millones 320 en las zonas urbanas).

- Más de 3 millones de fumadores con preparatoria (2 millones 268 mil en las zonas urbanas).

- Cercano a 2 millones 735 mil fumadores con universidad (2 millones 621 mil en las zonas urbanas).

- Poco más de 148 mil fumadores con posgrado (todos en las zonas urbanas).

Resalta que en las zonas rurales la mayor proporción de fumadores según su nivel de escolaridad, es el de primaria, con más de 53 por ciento, contra un 25 por ciento en las zonas urbanas.

Más de 17 millones 660 mil personas en nuestro país están expuestas involuntariamente al tabaco, es decir, son los denominados fumadores pasivos, de los cuales: - Alrededor de 5 millones 236 mil son menores de 18 años pero mayores a 11 años.

- Casi 9 millones 955 mil se ubican entre los 18 y 29 años.

- Aproximadamente 2 millones 674 mil oscilan entre los 30 y 39 años.

- Por lo menos 2 millones 643 mil entre los 40 y 49 años.

- Más de 2 millones 350 mil entre los 50 y 65 años.

Ante esto, el documento público intitulado ``Encuesta Nacional de Adicciones 2002: Tabaco, Alcohol y Otras Drogas, Resumen Ejecutivo'', del Consejo Nacional contra las Adicciones, Conadic, textualmente establece, se hace la cita:

``... La escolaridad de los jóvenes fumadores de áreas urbanas fue, en casi la mitad de ellos, (40.7 por ciento) de nivel secundaria, seguidos del 35.4 por ciento con preparatoria y del 23.4 por ciento con primaria. En cuanto a la escolaridad de los menores fumadores de la zonas rurales, poco más de la mitad de ellos (55.2 por ciento) tienen como máxima escolaridad la primaria, seguidos por el 43.4 por ciento que han cursado la secundaria y tan solo 1.4 por ciento estudian preparatoria.

Respecto a la edad de inicio en el consumo de tabaco en los jóvenes de población urbana, casi la mitad (47.6 por ciento) comenzó a fumar entre 15 y 17 años, mostrando variabilidad entre sexos (46.1 por ciento hombres y 52.3 por ciento mujeres). Cabe señalar que mientras uno de cada diez adolescentes varones empezó a fumar antes de los 11 años de edad, ninguna mujer hizo mención de iniciar a edad tan temprana... Asimismo, de aquellos adolescentes entrevistados en áreas rurales, más de la mitad (50.5 por ciento) iniciaron a los 15 y 17 años, sin embargo la distribución por sexo fue semejante para este grupo de edad (50.3 por ciento varones y 53.5 por ciento mujeres)... De aquellos jóvenes que mencionaron fumar a diario en las áreas urbanas, el 86.5 por ciento consume de uno a cinco cigarrillos, 6.8 por ciento señaló un consumo de 6 a 10, el 3.9 por ciento fuma diario de 11 a 20 cigarrillos y tan sólo 2.8 por ciento usa más de 20... Cabe resaltar que entre los jóvenes de las zonas rurales que fuman a diario, el 100 por ciento señaló consumir de uno a cinco cigarros.

Fin de la cita.

Por lo anterior, considerando que para las tabacaleras existen un mercado potencial en los niños, niñas y jóvenes, la presente iniciativa consiste en reformar el segundo párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud, para establecer que no se venderán o distribuirán cigarros en cajetillas de cigarros que no tengan adheridas el signo distintivo de control sanitario y fiscal denominado marbete.

De la misma forma, se adiciona un último párrafo al artículo 276 de dicha ley, a efecto de que el marbete en las cajetillas de cigarros no imposibilite la visibilidad de las leyendas y mensajes que deben figurar en esas cajetillas. Para esto, las disposiciones reglamentarias que se expidan al respecto, deberán evitar aquella imposibilidad.

No podemos olvidar que aquellos que consumen cigarros piratas o falsificados son principalmente las personas de escasos recursos debido a que el precio, al ser inferior que aquel para los cigarros que se venden en la economía formal, les permite destinar una menor cantidad de recursos de su presupuesto para la adquisición de tabaco. En ese punto, no escapa señalar que la política de la administración del Presidente Fox, consistente en subsidiar los cigarros, es errónea y contraria a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado.

La iniciativa busca básicamente contar con un instrumento adicional para fortalecer la política pública de prevención de consumo de tabaco, toda vez que con la adhesión de los marbetes a las cajetillas de cigarros, se garantiza que los consumidores puedan identificar fácilmente que adquieren productos, aunque nocivos para la salud, que son legítimos y no otros que pudieran estar adulterados, lo cual también evita problemas de contrabando, piratería y salud pública, principalmente en los menores de edad.

En otras palabras, implícitamente se aumenta el precio de las cajetillas de cigarros para los fumadores, principalmente para los menores de edad: niñas, niños y adolescentes, ya que con la adhesión del marbete en dichas cajetillas se volverá más difícil la compra y, por lo tanto, el consumo de cigarros piratas o falsificados, toda vez que no será lo mismo adquirir cigarros a un precio menor que el que prevalece en el sector formal de la economía. En este sentido, también se propone que no se podrán distribuir o vender empaques que contengan menos de veinte cigarros, ya que lógicamente el precio por una cajetilla con 14 cigarros es menor, estando al alcance más fácil de esos menores de edad.

El marbete constituye, sin duda, un mecanismo que disminuye la asimetría de información entre los demandantes de tabaco; la industria tabacalera y el gobierno.

El sector público tendría un mayor control fiscal y sanitario tanto en el intercambio económico de cigarros así como en los ingresos de la Hacienda Pública; para los demandantes de tabaco, mayor comprensión sobre que el bien que están comprando, que de por si es perjudicial para su salud, no está adulterado. Para la industria, ir minimizando a través del tiempo el contrabando y la piratería de cigarros que se lleva a cabo en el sector informal de la economía, el cual no paga impuestos y tampoco está sujeto a regulaciones específicas, asumiendo que las tabacaleras en si mismas no fomentan la piratería y el contrabando de cigarros como medida de protección ante los posibles aumentos de los impuestos al tabaco.

Finalmente, no es óbice señalar que en cumplimiento con la Agenda Legislativa del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, la presente iniciativa corresponde a un paquete de propuestas que fundamentalmente buscan, por un lado, mejorar la salud pública por medio de la disminución del consumo de tabaco entre los mexicanos, principalmente entre los jóvenes, las niñas y los niños; y por el otro, que las autoridades hacendarias tengan un mayor y mejor control sobre el comercio de cigarros, minimizando el contrabando y la piratería que ocurre en la economía informal del país, tendiendo a incrementar la recaudación por concepto de tabaco. Por tal razón, el probable impacto presupuestal que tendría esta iniciativa quedaría resuelto con otra que se presentará próximamente en las sesiones de este periodo legislativo.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos tercero, sexto y séptimo del artículo 4o.; así como en las fracciones XVI y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 277, segundo párrafo; y se adiciona el artículo 276, con un último párrafo, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 276.- ...

I. a III. ...

... ... ...

El marbete a que hace referencia el artículo 277 de esta ley, será colocado de tal forma que no impida la visibilidad de las leyendas y mensajes que deben figurar en los empaques conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Las disposiciones reglamentarias deberán atender lo dispuesto en este párrafo.

Artículo 277.- ...

No se venderán o distribuirán cigarros a los consumidores en empaques que contengan menos de veinte cigarros, en empaques que no tengan adheridos el signo distintivo de control sanitario y fiscal denominado marbete, cigarros sueltos o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos. El marbete se colocará en el empaque de tal forma que una vez abierto se inutilice o se rompa dicho marbete para que las personas puedan constatar que el producto es de legal procedencia.

...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos siguientes.

Segundo.- El Servicio de Administración Tributaria dentro de los 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, emitirá las reglas de carácter general en la que se establecerá la seguridad de los marbetes que se deberán adherir a los empaques de cigarros.

Asimismo la Secretaría de Salud expedirá, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones reglamentarias que establece el último párrafo del artículo 276 de la Ley General de Salud que se adiciona mediante el presente decreto.

Tercero.- Todos los empaques que contengan cigarros que se produzcan o se importen a partir del 1o. de mayo de 2007, deberán tener adheridos el marbete que se establece mediante el presente decreto.

Cuarto.- Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos que contradigan al presente decreto.

Notas:

1 Secretaría de Salud, 2001. ``Nueva política para combatir el tabaquismo''. Comunicado de Prensa No. 075, mayo del 2001.

2 Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 40 years´ observations on male British doctors. Br Med J 1994; 309: 901-911; y Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000: indirect estimation from national vital statistics. Oxford: Oxford University Press 1994.

3 Organisation for Economic Co-operation and Development. ``OECD Health Data 2006''. June, 2006.

4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2004). ``Encuesta Nacional de Adicciones 2002''.

5 El resto está compuesto de personas con más de 30 años.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputada Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Atiéndase la petición de la diputada. Insértese en el Diario de los Debates tanto el texto como su intervención, y túrnese a la Comisión de Salud.

La siguiente iniciativa que había sido agendada por el diputado Humberto Dávila, del Partido Nueva Alianza, a petición del mismo grupo parlamentario se pide se posponga y se agende en el próximo orden del día.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Sánchez Barrios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Carlos Sánchez Barrios:Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores: toda vez que esta iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se incluya íntegra en el Diario de los Debates. Así, me limitaré a pronunciar una síntesis de la misma.

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En esta época en que se glorifica al dinero fácil, se hace indispensable recobrar toda la fuerza y dignidad del trabajo. Los jóvenes que luchan por abrirse paso en la sociedad, demostrar sus capacidades, alcanzar sus sueños, formar una familia y contribuir al engrandecimiento de la patria no pueden ser excluidos del derecho al empleo. Por el contrario, deben recibir el apoyo social para que su energía y talento puedan ser aprovechados plenamente.

Sin dudarlo, en la actualidad el mayor problema para los jóvenes, en nuestra nación y en el mundo, es el desempleo. En el país una parte de la población creyó en las promesas del ``gobierno del cambio'', sobre la creación de mínimamente un millón de empleos formales cada año; sin embargo, en todo el sexenio no se alcanzó la meta anual planteada. Las medidas gubernamentales para atacar este grave problema social son absolutamente insuficientes.

En nuestra legislación existen disposiciones que en lugar de fomentar el derecho al trabajo, lo obstaculizan. Entre estas disposiciones se encuentra lo señalado en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente cuando establece que en igualdad de condiciones se preferirá para ser empleado a la persona que tenga una familia que sostener, respecto de quien no tenga esa responsabilidad.

El reclamo es porque se suprima todo el criterio de preferencia que atente en contra del derecho al trabajo de los jóvenes, especialmente en estos momentos en que el desempleo que les afecta, duplica o cuadruplica ---según la actividad--- la tasa promedio de desempleo que enfrentan los adultos.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones contenidas en los artículos 3, 7, 132 y 154 de la Ley Federal del Trabajo.

Destaco la propuesta del nuevo contenido del artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, que dejaría establecida esta disposición: ``Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean; a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo; a los mayores de 30 años que no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén''. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En esta época en que se glorifica el dinero fácil, se hace indispensable recobrar toda la fuerza y dignidad del trabajo; no sólo como medio para atender a las necesidades del trabajador y su familia sino como instrumento para la plena realización del ser humano y el mejor camino para que un país logre sus designios históricos, los equilibrios sociales y la paz.

El derecho al trabajo es uno de los derechos humanos básicos, consagrado tanto por nuestra Carta Magna como por el derecho internacional. Todo individuo tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, reclama el primer párrafo del apartado ``A'' del artículo 123 constitucional; a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, señala el artículo quinto de este mismo ordenamiento.

Los jóvenes que luchan por abrirse paso en la sociedad, demostrar sus capacidades, alcanzar sus sueños, formar una familia y contribuir al engrandecimiento de la patria no pueden ser excluidos del derecho a un empleo; por el contrario, deben recibir el apoyo social para que las nuevas generaciones puedan ser aprovechadas a plenitud por una sociedad sedienta de su energía y talento.

Si bien existe distancia entre la letra del derecho al trabajo y la realidad que vive nuestro país respecto de los jóvenes, el contraste adquiere niveles mayúsculos partiendo de los altos índices de desocupación que padecen.

Sin dudarlo, en la actualidad el mayor problema para los jóvenes en nuestro país y en el mundo es el desempleo. Millones y millones de jóvenes viven como excluidos, desterrados de este sistema, cargando con energías, conocimientos y títulos que son trocados en inutilidad entre índices intolerables de pobreza que podrían ser terminados, entre otros, si se permitiera a los jóvenes ejercer su capacidad de trabajo y creatividad.

Según datos de la OIT, hay un mínimo de 60 millones de jóvenes desempleados en el planeta; concretamente entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que nuestro país forma parte, el índice de desempleo es de 13.4 por ciento entre los 14 y 24 años; es decir, el doble que en los adultos, situación que se agrava en los países con mayor retraso. Es más, va en aumento el número de jóvenes que ni trabajan ni están incorporados al sistema educativo nacional, lo que significa quitarles futuro, viéndose favorecidos por este motivo problemas como el alcoholismo, toxicomanía, delincuencia y migración.

Todo ello representa un contrasentido, ya que cuando la persona está en su mayor plenitud física y mental e incluso educativa, ve cerradas las puertas para acceder a un trabajo, con el pretexto de que carecen de la suficiente experiencia. No podemos ni debemos ver como pasan por el mercado laboral más generaciones de jóvenes sin futuro y sin esperanza. Debemos tomar medidas urgentes para respaldar a estos jóvenes apoyando de esta manera el desarrollo del país; de lo contrario, irán en crecimiento las fricciones y la posibilidad de que se perturbe la paz social. Recientemente hemos sido testigos de las violentas protestas de jóvenes en Francia, en contra del llamado ``contrato del primer empleo''.

En nuestro país, una parte de los jóvenes creyeron en la promesas del ``gobierno del cambio'' sobre la creación de, mínimamente, un millón de empleos formales cada año para favorecer prioritariamente a los jóvenes; sin embargo, en todo el sexenio no se alcanzó la meta anual planteada.

Así, entre los jóvenes de 19 años el desempleo aumentó de 4.1 por ciento en el 2000 a 8.6 por ciento en el 2003; en el mismo periodo, entre los jóvenes de 20 a 24 años este indicador se incrementó de 3.8 a 7.4 por ciento.

Sobra decir que el acceso de los jóvenes a empleos formales es casi imposible, por lo que mayoritariamente acceden a empleos informales sin prestaciones laborales y sin seguridad social.

Los jóvenes profesionistas no están excluidos de esta problemática; por el contrario, muchas veces se agrava su marginación: abogados, profesores, médicos y demás no ven ningún camino para incorporase a las filas de los empleados.

Las medidas gubernamentales para atacar este grave problema social son absolutamente insuficientes. Nada de un seguro de desempleo, programas para emprendedores, estímulos fiscales para el empleo de los jóvenes. Esta omisión deja a nuestros jóvenes a merced de las mafias, de los vicios, del suicidio.

Esto es inadmisible, los jóvenes son seres humanos cuyos derechos deben ser tutelados a plenitud: derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a su pleno desarrollo, entre otros. En tal virtud, la sociedad y el Estado deben tomar todos los instrumentos a su alcance para transformarlos en realidad, en lugar de reducirlos a incapacitados por decreto, o en mexicanos de segunda.

Todo lo contrario, en nuestra legislación existen disposiciones que, en lugar de fomentar sus derechos y, concretamente su derecho al trabajo, los obstaculizan. Una de estas disposiciones se encuentra en el texto del artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente cuando señala que en igualdad de condiciones se preferirá, para ser empleado, a la persona que tenga una familia que sostener respecto de quien no tenga esa responsabilidad.

Desde luego, esta disposición tiene en parte razones loables que la justifican: el apoyo a la familia, como base de la sociedad, de la procreación, del desarrollo de los hijos y, en general del individuo; así como de la supervivencia y transmisión de las raíces nacionales y culturales. Sin embargo, en otro sentido, representa un golpe importante al empleo de los jóvenes ya que una mayoría de los mismos, por su edad, aún no han integrado una familia. En tal razón, son relegados para la obtención de un empleo. Formándose así círculos viciosos: por ser jóvenes, no tienen experiencia, y por no tener experiencia, no tienen trabajo; por no tener familia, no tienen empleo, y por no tener empleo, no tienen familia.

Sin embargo, el reclamo de los jóvenes porque se suprima este criterio de preferencia, que para ellos se transforma en obstáculo, también tiene sus motivos, en la necesidad de omitir todas aquellas disposiciones que de manera directa o indirecta atenten contra su derecho al trabajo, especialmente en estos momentos en que el desempleo de los jóvenes duplica o cuadruplica, según la actividad, la tasa promedio de desempleo que sufren los adultos.

En el afán de armonizar ambos reclamos, que tienen espacios de verdad y razones de peso, propongo una reforma al artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo para que la preferencia por razón de familia no opere contra los jóvenes, es decir, sólo se aplique para los trabajadores mayores de 30 años, para quedar como sigue la parte alusiva: ``En los casos de personas de treinta años y más, los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo el sostén económico de una familia...''

Complementariamente propongo una reforma al artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo: ``En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá garantizar que de su plantilla laboral, por lo menos el noventa por ciento sean trabajadores nacionales, y una quinta parte jóvenes de hasta 30 años de edad...'' De esta manera se busca asegurar un mínimo de plazas para los jóvenes, en complemento con la reforma ya precisada del artículo 154; lo que se traduce en disposiciones concretas para ir acabando con el fenómeno del desempleo que oprime a los jóvenes.

Además, se propone la adición de un párrafo cuarto al artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos: ``Las autoridades laborales deberán aplicar programas para impulsar la capacitación y empleo de los jóvenes; las autoridades fiscales, por su parte, deberán operar estímulos a este mismo efecto''. Esta adición se explica por sí misma.

Asimismo, se propone adicionar una fracción XXIX al artículo 132 para establecer como obligación de los patrones emplear y capacitar a jóvenes en el porcentaje que se establece en el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo que hoy se somete a su consideración.

La presente iniciativa a favor de los derechos de los jóvenes trabajadores del apartado ``A'' del artículo 123 constitucional también beneficiará, por aplicación analógica, a los jóvenes del apartado ``B'' de este mismo precepto, los cuales también han sufrido exclusión en el empleo por los motivos ya señalados, destacadamente los profesores recién egresados.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único.Se reformanlos artículos 7o., primer párrafo, y el 154, primer párrafo; y se adicionan los artículos 3o., con un párrafo cuarto, el 132, con una fracción XXIX, y el 154, con un párrafo segundo, recorriéndose los siguientes párrafos, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

...

...

Las autoridades laborales competentes deberán aplicar programas para impulsar la capacitación y empleo de los jóvenes; las autoridades fiscales, por su parte, deberán operar estímulos fiscales a este mismo efecto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerán las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los programas y estímulos antes señalados. El monto anual que destine la Cámara de Diputados no podrá ser menor, en términos reales, al asignado en ejercicios previos. Dicho monto será independiente de cualquier otro fondo o programa federal, y no podrá destinarse a fines distintos.

Artículo 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberáotorgar empleos, a fin de garantizar, que al menos un noventa por ciento de trabajadores de su plantilla laboral la integren trabajadores mexicanos y una quinta parte jóvenes de hasta treinta años de edad.En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos.

...

Artículo 132.Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVIII....

XXIX. Emplear y capacitar a jóvenes en el porcentaje que establece el artículo 7 de la presente ley.

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

En los casos de personas de treinta años y más, los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo el sostén económico de una familia.

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y subsecuentes, se deberán destinar los recursos suficientes para los programas y estímulos referidos en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Sánchez Barrios. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez y el diputado Samuel Aguilar Solís, hasta por cinco minutos cada uno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez:Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras, compañeros legisladores: la suscrita diputada Lorena Martínez y el diputado Samuel Aguilar Solís, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente exposición de motivos.

Uno de los graves problemas económicos que vive nuestro país es la ausencia de una política económica que garantice el crecimiento, que incentive la inversión y combata el desempleo. Esta política errática se ha traducido en un estado depresivo de nuestra economía, falta de oportunidades para generar nuevas inversiones, baja productividad y una caída permanente en los niveles de competitividad.

El gasto público en todos los países es el principal instrumento de política económica; y la política económica, es decir, aquella que significa por sus objetivos de procurar el desarrollo y bienestar de las personas, sólo la hacen los gobiernos.

En México, la Constitución General de la República faculta a la Cámara de Diputados en su artículo 74, fracción IV, para aprobar el Presupuesto, previo examen, discusión y en su caso modificación al proyecto que envía el Ejecutivo.

Sin embargo y de manera inexplicable o bajo la sombra de la controversia constitucional vivida recientemente, la LIX Legislatura aprobó reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria poniendo en duda seria nuestra soberanía en esta materia; imponiéndonos criterios y directrices para simular una discusión que en realidad no permite alterar el proyecto enviado por el Ejecutivo, dejando a esta Cámara sólo como espectadora.

Hasta el día de hoy, tenemos una ley que si bien garantiza el equilibrio económico con el que nosotros estamos de acuerdo se convierte en una camisa de fuerza que no nos permite intervenir en el diseño del gasto público y hacia dónde deben dirigirse de manera racional esas partidas. Esto, compañeras y compañeros diputados, debe ser inadmisible para esta Cámara.

La LX Legislatura no puede ser rehén y hacer rehén a nuestro país de políticas recesivas y contraccionistas que ni siquiera los países llamados neoliberales aplican. Aquellos son muy keynesianos hacia adentro, procuran subsidios a su agricultura, tienen seguro de desempleo, incentivan exportaciones y cuidan su mercado interno y tienen un déficit público de entre 3 y 3.5 por ciento como una medida alternativa de ingresos destinados a inversiones productivas.

En cambio, en las economías como en la nuestra, estas políticas de estímulo a la demanda, como las que se aplican en esos países han sido prácticamente erradicadas por considerarlas nocivas para el desarrollo y crecimiento económicos.

Por ello es importante, compañeros diputados y en vísperas de la discusión del Presupuesto que habrá de recibir esta honorable Cámara en los próximos meses, que revisemos esta facultad de esta Cámara que se vio maniatada, manipulada y prácticamente eliminada en las reformas de la Legislatura anterior.

Qué importante será para nosotros poder reformar esta ley y que le regresemos a la Cámara de Diputados esta posibilidad de influir en el Presupuesto y en la orientación del gasto. Al mismo tiempo que le regresamos a esta Cámara la facultad de ser la responsable de aprobar el gasto fiscal del Ejecutivo habremos de acotar la inducción en el gasto, que en muchos casos ha sido utilizado políticamente, como lo demuestra el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia, en donde se hace constar que se impulsaron 17 megaproyectos de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades gobernadas exclusivamente por el Partido Acción Nacional.

De los más de 30 mil millones de pesos que fue el costo de estas obras, 4 se ubicaron en Guanajuato y absorben las dos terceras partes del presupuesto de estos mega-proyectos. Además, debemos de recalcar que con estas reformas la Cámara de Diputados dejará de convertirse en una simple oficialía de partes, para poder influir en la vida económica del país.

Es cuanto, señor Presidente. Dejo la iniciativa y le cedo el uso de la palabra a mi compañero Samuel Aguilar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez. Para hablar sobre la misma iniciativa, tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís.

El diputado Samuel Aguilar Solís:Gracias, señor Presidente. Como lo ha señalado mi compañera diputada Lorena Martínez, quiero simplemente abundar en las consideraciones para la presentación de esta iniciativa, que tiene por objeto fundamentalmente regresar a esta soberanía las facultades constitucionales en materia de gasto.

Largo es el proceso de la constitución de las formas de representación que hoy llamamos parlamento, como difícil y de graves enfrentamientos con el monarca ayer y con el Poder Ejecutivo después, el lograr sus atribuciones, sus facultades constitucionales.

En efecto, el camino para lo que podríamos llamar los primeros parlamentos fue complejo y diverso. Primero tuvo que lograrse que el rey se encuentre frente a un cuerpo colegial provisto de autoridad representativa.

Segundo, que esta representación sea tan amplia para permitirse hablar en nombre y por cuenta de los intereses generales del reino en su conjunto ---como dice Sartori---. Y por último, que la autoridad del parlamento lo sitúe en condiciones de tratar con el soberano, es decir, de obtener una fracción del poder.

¿Pero en nombre de quién, se oponían los comunes al monarca? Se puede decir que en nombre de sus intereses particulares, pero en ese momento histórico los intereses particulares no se oponían al interés general; es más, podríamos decir que esa representación tan estamental del Estado feudal era el interés general.

En un primer momento estos parlamentos medievales se situaban fuera del Estado, pero poco a poco se transformaron en parte del mismo Estado, al lograr el principio de tener al rey en el parlamento, con lo que se aseguraba la promulgación de las leyes que tenían que ver con los tributos en el propio parlamento.

Las funciones de representación se van ampliando y las atribuciones quedan definidas: el rol del parlamento medieval es condicionar el poder votando los impuestos y aprobando las leyes, pero no gobierna. Y vuelvo a citar a Sartori: ``los parlamentos deben representar siempre a los representados; de acuerdo, pero también deben representar y tutelar las exigencias del Estado. Se debe identificar con los gobernados; de acuerdo, pero se debe identificar también con las necesidades del gobierno. Se convierte así en el portavoz del país ante el Estado, pero después debe dar media vuelta y funcionar como portavoz del Estado frente al país''.

Es decir, poco a poco los primeros parlamentos van asumiendo las atribuciones de fijar los impuestos, restándole poder al soberano, pero también van asumiendo el control del gasto. Un ejemplo son las Cortes españolas, donde lo que explica en gran medida su existencia era la aprobación de tributos, la concesión de subsidios y el apoyo financiero solicitado por el monarca para atender las necesidades del reino. Pero también demandaban conocer posteriormente el destino, es decir en qué se había gastado lo recaudado.

Estas atribuciones no las otorgó el monarca, las fue conquistando la representación estamental del poder feudal y con altibajos en su funcionamiento pudo sobrevivir en el ánimo social del Estado absolutista.

Por ello Adam Smith, uno de los padres fundadores de la economía política, en el libro cuarto en la primera parte de la introducción señala: ``Dos objetos son los que representa la economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia de un legislador y que debe cultivar un estadista. El primero, suministrar al pueblo o nación, respectivamente, abundante subsistencia; o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerlos en estado de poder surtirse por sí mismos de todo lo necesario. Y el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos y las expensas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enriquecer al soberano y al pueblo como tales''. Termino la cita.

Pero no es hasta la Revolución Francesa cuando se decreta que ningún gravamen podrá ser impuesto sin el consentimiento de la nación vía sus representantes y así se empieza en la parte del constitucionalismo moderno. Por eso, la Constitución norteamericana en el artículo primero, sección novena, señaló expresamente: ``No hay tributación sin representación''.

En 1874, con el restablecimiento del Senado de la República en nuestro país, se discutió y se determinó que la Cámara de Diputados tuviera en forma exclusiva las facultades que afectaran al individuo como tal, en tanto Cámara que represente a los intereses populares.

El artículo 74 señala muy claramente las responsabilidades de esta Cámara en materia de presupuesto. Hasta hace unos meses, la ley que reglamentaba ---y termino--- esta disposición constitucional, daba a esta soberanía facultades para la construcción de un presupuesto que orientaba, según criterios de esta representación, el gasto. Sin embargo, el pasado 30 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el Congreso Mexicano había aprobado y donde la Legislatura pasada abdicó de las atribuciones que esta Cámara de Diputados histórica y legalmente ha tenido.

¿Por qué lo hicieron los legisladores de la LIX Legislatura y particularmente los diputados? Lo desconocemos pero como he señalado en mi exposición, largo y difícil ha sido el camino para que la representación popular renuncie, a favor del Poder Ejecutivo, de facultades históricas y atribuciones que nuestra propia Constitución nos otorga.

Por ello, hemos presentado esta iniciativa a fin de regresarle a esta soberanía sus plenas facultades y se haga efectiva la representación popular. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Lorena Martínez Rodríguez y Samuel Aguilar Solís, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 17 y 19, y deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La historia del presupuesto como sistema formal ordenador de la información sobre ingresos y gastos públicos es tan antigua como la del Estado moderno. La necesidad de un instrumento de esta naturaleza se hace sentir a partir del momento en que las actividades económicas del Estado se multiplican de manera acelerada, para marchar paralelamente o incluso para rebasar el proceso por medio del cual el capitalismo, como sistema económico dominante a partir del siglo XVI, va modelando y dirigiendo los grandes trazos de la vida económica, política, social e institucional de Occidente.

En la Edad Media, los gastos de los soberanos y príncipes cobraron una importancia sin precedente: toda la vida económica giraba en torno de la necesidad apremiante de fortalecerlo por medio de una estrategia de acumulación de metales preciosos, cuyos acervos significaban justamente el grado de poderío alcanzado por un Estado nacional, creando conflictos entre los intereses y las preferencias de la elite político-social y los de la sociedad en su conjunto.

No es sino hasta vísperas de la Revolución Francesa cuando se decreta que ningún gravamen podrá ser impuesto sin el consentimiento de la nación, vía sus representantes. De esa forma, el control de los ingresos y los gastos adopta un carácter constitucional y su ejemplo se convierte en una doctrina básica del constitucionalismo moderno para el resto de las naciones.

El principio de representatividad sólo puede entenderse a cabalidad cuando se liga con el concepto de ``soberanía nacional''; ésta se expresa por medio de un grupo de personas elegidas especialmente con ese propósito que, consecuentemente, tendrán la calidad de representantes de la nación.

De acuerdo con nuestra Constitución, el jefe de Estado encarna la soberanía nacional y el Poder Legislativo la soberanía popular. Por ello, el objetivo último de la cohabitación radica precisamente en trabajar con armonía.

Los ejemplos que la historia nos muestra sobre las cohabitaciones políticas nos inducen a pensar que no se trata de un asunto de sistemas políticos o de sistemas de gobierno sino, simplemente, del trabajo conjunto de estos dos poderes buscando siempre el interés nacional.

Se trata de una colaboración entre poderes (Ejecutivo-Legislativo), donde la misma Constitución Política asigna las atribuciones y funciones respectivas.

La política económica sólo la hacen los gobiernos, y el principal instrumento de política económica con que cuentan es el gasto público.

La génesis y el desarrollo de un presupuesto público traducen las luchas entre las cúpulas de las organizaciones políticas nacionales y las representaciones parlamentarias o camarales de la sociedad civil, para controlar los recursos presupuestales, principalmente los de carácter tributario, y orientar en un sentido muy definido su contraparte de gastos.

Por todo esto es lamentable que las reformas recientes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria consideren una serie de candados que imposibilitan la discusión sobre la iniciativa de Ley Federal del Presupuesto de Egresos, convirtiendo la Cámara de Diputados en simple oficialía de partes que contraviene lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es inadmisible que el ``síndrome'' del déficit público se convierta en una ``camisa de fuerza'' y el paradigma neoliberal del ``equilibrio económico'' sea el fin que justifica todo, hasta la no modificación por ley del Presupuesto que envía el Ejecutivo.

De esa manera, obras de infraestructura como una escuela, un hospital, una carretera o una presa que se hayan recogido como demanda en las campañas políticas como necesidades reales de las comunidades, municipios, regiones o entidades federativas no podrán ser incorporadas al Presupuesto, a menos que se siga un camino tortuoso y burocrático, como establece el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: ``A toda propuesta de aumento o creación de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones del gasto...'' Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado en ley posterior; en este último caso, primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Por otra parte, es importante señalar la discrecionalidad de dicha ley, donde se faculta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, para autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos.

La Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución General de la República, en la fracción IV establece que ``aprobará anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal'', de tal suerte que todo gasto que realice el Ejecutivo federal debe ser aprobado por esta soberanía, eliminando todo tipo de discrecionalidad.

En un acto de congruencia legislativa, pero sobre todo con objeto de cumplimentar cabalmente lo mandatado en nuestra Ley Fundamental, es menester adecuar la citada ley, en aras de no violentar los preceptos constitucionales.

Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 16, 17 y 19, y deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan del mismo.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de sus objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía.

Artículo 17. El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el que apruebe la Cámara de Diputados y el que ejerza en el año fiscal por los ejecutores del gasto procurará el equilibrio presupuestario.

Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario de hasta 2 por ciento.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga.

Artículo 18. Se deroga.

Artículo 19. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría y con aprobación de la Cámara de Diputados, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. ... Transitorio

Único. La presente iniciativa entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputados: Lorena Martínez Rodríguez, Samuel Aguilar Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Samuel Aguilar. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros: las democracias modernas están en constante evolución y deben desarrollar la capacidad de adaptarse a las condiciones siempre cambiantes de las nuevas realidades, preservando el objetivo de garantizar y salvaguardar el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la soberanía popular.

Existe coincidencia entre amplios sectores de la sociedad, partidos políticos y en general en la opinión pública, de que en México se requiere revisar y renovar el marco jurídico en materia electoral, en especial después de las elecciones del pasado 2 de julio. En este sentido, es indispensable dar mayor certidumbre, asegurar la imparcialidad y sobre todo establecer condiciones de equidad que permitan contiendas electorales verdaderamente democráticas, transparentes y en las que puedan participar en igualdad de circunstancias, quienes aspiran a un cargo público de elección popular.

Como da cuenta en sus consideraciones preliminares la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las recientes elecciones federales se suscitaron un conjunto de incidentes que pusieron en evidencia algunos vacíos jurídicos que no obstante la validez y legalidad de la elección, se constituyeron en hechos evidentes de inequidad.

De igual forma, del dominio público y motivo de cuestionamientos de los diversos representantes sociales, políticos, económicos y culturales, la intervención que hubo de los poderes públicos, en especial de la Presidencia de la República y de algunas organizaciones sociales y empresariales, con el propósito de inducir el voto del electorado, provocaron la deslegitimación de la elección.

Cabe señalar que en algunos casos esa situación ameritó el extrañamiento y llamados de atención de las autoridades electorales que lamentablemente no fueron atendidos con oportunidad y que al carecer de facultades legales no hubo posibilidad de sancionar una situación que evidentemente vulnera nuestro sistema democrático.

Por eso es que el día de hoy a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y con el ánimo de contribuir al perfeccionamiento de nuestra vida democrática, nos permitimos poner a su consideración la presente iniciativa. Se trata de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para responder a las nuevas condiciones de pluralidad política del país; pero sobre todo para darle mayor certidumbre a los partidos, a los candidatos y a la ciudadanía para el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

La iniciativa busca evitar que el Presidente de la República, cualquier dependencia pública federal, los gobiernos estatales o la jefatura de gobierno del Distrito Federal, los municipios o las jefaturas delegacionales y los organismos de la sociedad civil, en particular las cámaras empresariales, se extralimiten de sus funciones públicas y sociales y contribuyan con sus acciones a crear condiciones inequitativas o de ilegalidad en la renovación de los poderes.

Se propone también que la promoción de las acciones, obras y programas de gobierno se suspendan, ya sea que involucren el uso de los tiempos oficiales, el pago directo a los medios de comunicación o cualquier otra forma de acuerdo administrativo o fiscal, a partir de la fecha en que concluya el periodo de registro de los candidatos presidenciales.

Asimismo, durante el proceso electoral federal sólo podrán transmitirse por los medios de comunicación electrónicos y escritos, aquellos mensajes gubernamentales relacionados con campañas de carácter cívico, de prevención y promoción de la salud, los relacionados con la seguridad nacional y ciudadana, con la protección civil, con la educación y la cultura y con el cuidado del medio ambiente.

El tiempo oficial que el gobierno federal deje de usar para promover la obra pública en el periodo mencionado, redistribuirá entre los partidos políticos conforme a los criterios establecidos por el Instituto Federal Electoral, y con ello se podrá disminuir el exorbitante gasto que los mexicanos destinamos a las elecciones. La iniciativa también señala que ninguna persona física o moral u organización de la sociedad civil podrá realizar propaganda o financiarla a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral. La violación de los anteriores ordenamientos, dará incluso lugar a que el Tribunal Electoral pudiera declarar la nulidad de las elecciones.

Compañeras y compañeros diputados: estamos conscientes de que esta iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de reformas que en su momento deberemos discutir para avanzar en la transformación del Estado mexicano y del régimen político.

Hay temas, como la segunda vuelta de la elección presidencial, la forma de organización del Poder Ejecutivo, las dimensiones del Congreso, la homologación de los calendarios electorales, la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, la renovación de las instituciones y las autoridades electorales o la regulación de las precampañas, entre otros. Pero me parece que esta iniciativa que sólo aborda algunas de esas cuestiones, puede ser un buen comienzo para emprender las reformas que son necesarias para mejorar nuestro régimen democrático. Los invito por ello, respetuosamente, a sumarse a esta iniciativa, porque estoy seguro que será en beneficio de todos los mexicanos.

Señor Presidente, le solicito que al turnar esta iniciativa a las comisiones dictaminadoras que estime usted conveniente, también se haga un exhorto para que se proceda con la mayor prontitud y con apego a nuestra vida estatutaria, para emitir el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a 30 días. También le solicito se sirva ordenar la inserción íntegra de la iniciativa en el Diario de los Debates, y si no hubiera inconveniente en que se incluya un par de correcciones que realicé en el último momento. Muchas gracias por su atención.

«Proyecto de iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los numerales 7, 8 y 9 al artículo 190 y el numeral 2 del artículo 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 50 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con respecto a la obligada neutralidad del Presidente de la República y los servidores públicos de la administración pública federal y las entidades paraestatales, así como los otros órdenes de gobierno durante los procesos electorales y la posible anulación del proceso electoral presidencial.

El que suscribe, Carlos Rojas Gutiérrez, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 190 y 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 50 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con respecto a la obligada neutralidad del Presidente de la República y los servidores públicos de la administración pública federal y las entidades paraestatales, así como los otros órdenes de gobierno durante los procesos electorales y la posible anulación del proceso electoral presidencial, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Las democracias están en constante evolución y deben desa-rrollar la aptitud de adaptarse a las condiciones siempre cambiantes, así como garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la soberanía popular.

En virtud de los hechos electorales y postelectorales ocurridos en los comicios federales del pasado 2 de julio, resulta indispensable actualizar la legislación vigente en materia electoral para evitar que el Presidente de la República, cualquier dependencia pública federal, los gobiernos estatales y los municipios contribuyan con sus acciones a crear condiciones inequitativas o de ilegalidad en las contiendas para la renovación de los poderes.

Las sucesivas reformas electorales, en especial las de los años 90, auguraban un periodo de credibilidad, certeza y justicia en los comicios. Los procesos de renovación de la presidencia en el 2000 y del Congreso en el 2000 y 2003 ocurrieron sin mayores dificultades, de manera que se suponía indubitable la capacidad de las autoridades electorales y del marco normativo, para superar cualquier dificultad.

Sin embargo, el proceso comicial de 2006, la actuación de los gobernantes, de las autoridades electorales y de los órganos jurisdiccionales pusieron de manifiesto que se requiere una nueva generación de reformas, para corregir los abusos y desviaciones que atentan contra la vida democrática del país.

En la propia resolución definitiva e inatacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección presidencial en el 2006 se reconocen diversas conductas reprobables cometidas durante el pasado proceso electoral, en especial por el gobierno federal y algunos organismos de la sociedad civil y que por falta de sanciones suficientes, previstas en la ley, se corre el grave riesgo de que sigan ocurriendo.

La sociedad y la democracia mexicana exigen que los órganos electorales y jurisdiccionales cuenten con mayores elementos para impedir los excesos del poder público y de otros actores.

Sobre todo, se busca prohibir explícitamente en la ley que quienes ejercen una responsabilidad oficial intervengan indebidamente en los procesos electorales. De lo que se trata es de dotar a estos últimos de mayor certidumbre jurídica y legitimidad política.

Es pertinente insistir que en los comicios federales más recientes la equidad quedó en entredicho. Por ello, es necesario revisar, al menos, tres aspectos fundamentales: la intervención excesiva de los poderes públicos y los tres órdenes de gobierno, en particular el Presidente de la República en los procesos electorales; la intromisión indebida de organizaciones de la sociedad civil y de las cámaras empresariales, cuyos objetivos son distintos a la participación política; y el abuso en el uso de los medios de comunicación en asuntos de carácter electoral por dichos actores.

Todas estas cuestiones están vinculadas con un elemento central que es la mediatización de las campañas políticas, con un gasto inadmisible, sobre todo en una sociedad que padece enormes carencias. De lo que se trata es de evitar que se repita la iniquidad en las elecciones y disminuir el gran costo económico que representan en la actualidad y, el cual es financiado fundamentalmente con recursos públicos.

En consecuencia, es indispensable que el Poder Legislativo ejerza sus facultades para llevar a cabo reformas al marco jurídico en materia electoral y que a través de ellas sea posible establecer mayores condiciones para alcanzar la equidad y propiciar contiendas políticas auténticamente libres y democráticas.

Por eso, propongo un régimen más estricto, eficaz y exigible sobre la imparcialidad que el Presidente de la República en su carácter de Jefe de Estado debe asumir durante el proceso de elección de su sucesor y que las contiendas democráticas se resuelvan con un auténtico apego a la equidad y el respeto a la ley.

Por lo anterior, dada la estructura actual de los medios de control de legalidad previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es necesario insertar como causal de nulidad abstracta de la elección presidencial la intervención indebida del Presidente de la República, de las dependencias a su cargo, de los gobiernos estatales y municipales y de organismos de la sociedad civil que debieran mantenerse al margen para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre y razonada.

En virtud de los argumentos señalados, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adicionan los numerales 7, 8 y 9 al artículo 190 y el numeral 2 del artículo 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 190.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. El Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los Jefes Delegacionales y, en general, todo servidor público, federal, estatal o municipal, tienen prohibido realizar por sí o a través de alguna oficina pública o persona subordinada, cualquier acto u omisión encaminado directa o indirectamente a favorecer o perjudicar a un candidato o partido político durante el proceso electoral.

8. La promoción de las acciones, obras y programas de gobierno se suspenderán, ya sea mediante el uso de los tiempos oficiales, el pago directo a los medios de comunicación o cualquier otra forma de acuerdo administrativo o fiscal, a partir de la fecha en que concluya el periodo de registro de los candidatos presidenciales.

Durante el proceso electoral federal sólo podrán transmitirse por los medios de comunicación escritos y electrónicos aquellos mensajes gubernamentales relacionados con campañas de carácter cívico; de prevención y promoción de la salud; los relacionados con la seguridad nacional y ciudadana; con la protección civil; con la educación y la cultura; y con el cuidado del medio ambiente.

El tiempo oficial que el gobierno federal deje de usar para promover la obra pública en el periodo mencionado, se distribuirá entre los partidos políticos conforme a los criterios establecidos en este ordenamiento.

9. Ninguna persona física o moral u organización de la sociedad civil podrá realizar propaganda o financiarla a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral.

Artículo 191

1. ...

2. La violación de las prohibiciones de los numerales 7, 8 y 9 del artículo 190, en que incurran respectivamente el Presidente de la República, o los sujetos del numeral 7, deberá ser sancionada por el Consejo General con amonestación pública y el retiro inmediato de los mensajes publicitarios, además de notificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a los que hubiera lugar.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo General les podrá imponer a las personas morales una multa hasta por el monto de su gasto de propaganda ilegal y podrán quedar sujetas a su disolución por autoridad judicial.

Artículo Segundo. Se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

1. ...

a) En la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético; o bien, la totalidad de los resultados consignados sin referencia a actas en particular, cuando se incurra en las conductas prohibidas en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y los actos violatorios sean determinantes para el resultado de la elección, para cuya ponderación el Tribunal se allegará todos los elementos disponibles para cuantificar el impacto en la intención de voto o en el sufragio emitido.

...

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Rojas. Como ha solicitado el diputado háganse las correcciones y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION - LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Muchas gracias, señor Presidente. La iniciativa que hoy presento ---compañeras y compañeros diputados--- tiene como antecedente una iniciativa presentada el 13 de noviembre de 2001en mi carácter de diputado federal ante la LVIII Legislatura, habida cuenta que el proceso legislativo de tal iniciativa o en el curso del proceso ha quedado desactualizada, he decidido retirar la parte de la iniciativa de reformas en la Comisión de Prácticas y Régimen Parlamentario y dejar sólo en la de Puntos Constitucionales las modificaciones al artículo 61 y 65, todas en su conjunto, que tienen que ver con hacer realidad el derecho de opinión y el acceso de los legisladores a los medios de comunicación, y también las condiciones jurídicas e institucionales para ejercer a plenitud la representación popular, tal y como lo marca la Constitución, particularmente lo que concierne a la mediación social y política.

Pensamos que este conjunto de reformas debe formar parte de por lo menos cuatro temas de fondo para hacer realidad el equilibrio de poderes ---partiendo del supuesto de que sin equilibrio no hay división de poderes, y que nuestro régimen presidencial sigue siendo en ese sentido un sistema puro en términos jurídico-políticos---, conservando diversas funciones de naturaleza constitucional y también metaconstitucional, que en el nuevo escenario de pluralismo, de alternancia y de competencia deben, necesariamente, ser actualizadas.

¿Existe el equilibrio de poderes en México? A mi juicio no o sólo parcialmente. Para avanzar en este imperativo habría necesidad, entre otras, de revisar la facultad de veto que otorga el artículo 72 al titular del Poder Ejecutivo federal, dado que el conjunto de las disposiciones que contiene obliga a la votación calificada para aprobar una ley o decreto, que en principio haya sido rechazado o/u objetado por el Ejecutivo federal. Hay que recordar que actualmente tenemos 11 disposiciones legales que han sido observadas por el Ejecutivo.

Segundo, el fortalecimiento de las funciones de fiscalización a través del órgano superior de fiscalización de la Federación de la Cámara de Diputados, que evidentemente está funcionando en condiciones de desventaja, de desequilibrio, respecto al aparato administrativo que no tendría razón de ser, de control y vigilancia del propio Ejecutivo federal, siendo que es una función sustantiva del Congreso, a través de la Cámara de Diputados.

Tercero, la orientación en la competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, para definir el presupuesto anual de la Federación y del Distrito Federal, cuestión abordada hace unos minutos por mis compañeros diputados Lorena Martínez y Samuel Aguilar de manera magistral, y que seguramente aportan ya un elemento valioso para la discusión sobre este tema que es igualmente crucial en el propósito de división y equilibrio de los poderes.

Cuarto, la organización de la vida interna del Congreso. Tenemos que reconocer que el Congreso sigue enfrentando enormes dificultades sea por el impacto del pluralismo, sea por la excesiva centralización de funciones que en principio ha puesto atención en los controles y en la cohesión interna de las fracciones, más que en el despliegue pleno y creativo de las iniciativas de los legisladores. Este es un asunto que no se ha podido destrabar, que yo recuerde por lo menos desde la LIV Legislatura, en que he tenido el privilegio de estar como miembro de esta Asamblea.

Lo que pasa es que la legislación como la cultura parlamentaria, tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente los procesos legislativos y sólo de manera marginal a los de representación popular. De esta forma se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y política, que es parte sustantiva de las exigencias y demandas de la ciudadanía.

Es por ello que proponemos en primer término modificaciones a la Ley Orgánica y a la Ley Federal de Radio y Televisión. Entiendo que es un tema que sigue a debate, que es un tema que hay que tratar con el cuidado debido. Pero yo quiero reconocer que la existencia del Canal del Congreso muestra que es posible, que ha sido posible y factible tener un esquema combinado del Canal del Congreso, con la televisión comercial, con los sistemas de radio y televisión culturales, y que por lo tanto es necesario que ampliemos la capacidad para que el Congreso tenga no sólo el canal de televisión, no sólo en la cobertura que ya tiene en el sistema satelital y en el sistema de cable, sino también en lo que concierne a las estaciones de radio.

Proponemos también una reforma importante para que el tiempo gratuito de los concesionarios comerciales de radio y televisión, pase de 30 a 60 minutos y que el 50 por ciento corresponda al uso del Congreso. Pudiera parecer, igual, un tema difícil de abordar pero me parece que el imperativo nacional y seguramente la sensibilidad de los concesionarios abrirán un espacio para poder sacar adelante un reforma de esta naturaleza.

Por último, en cuanto a la mediación social proponemos de manera fundamental una modificación al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el 10 por ciento del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea ejercido por dichas entidades, a propuesta de los legisladores. No es un tema que no se haya abordado, que no esté incluido en las legislaciones de otros parlamentos o incluso en congresos locales de varias entidades federativas.

El tema es de la mayor importancia para ---insisto--- el reconocimiento y el ejercicio real de la representación popular en su sentido más amplio; y nos ayudaría, además, a evitar vicios, a evitar confusiones, a evitar que los propios legisladores tengamos que andar buscando esquemas de negociación; sea con el gobierno federal, sea con los gobiernos de los estados, sea con los municipios.

Compañeras, compañeros diputados: creo que no es momento de atender visiones o intereses parciales entre las fracciones parlamentarias o al interior de las propias fracciones. No conviene al interés de la nación la estrechez conceptual y operativa en el funcionamiento del Congreso y en el despliegue ---insisto--- de la representación popular de la que somos depositarios los senadores y los diputados.

Esta Legislatura no puede, no debe, dejar pasar una vez más la oportunidad de construir las condiciones jurídicas e institucionales para que el Congreso mexicano sea un garante real del equilibrio de poderes. Muchas gracias, señor Presidente. Entrego la versión íntegra de esta iniciativa para que sea incluida en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a los artículos 4, 28, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 62, 77, 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión; y el 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El 13 de noviembre del 2001, en mi carácter de diputado federal ante la LVIII Legislatura presenté una iniciativa de reformas a los artículos 61 y 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General con el propósito de fortalecer las capacidades de mediación y de opinión de los legisladores. Ni en esa Legislatura ni en la posterior fue dictaminada, si bien en la reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso, algunos de los tópicos de la misma fueron tomados como referencia.

Al inicio de la actual Legislatura presenté una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, misma que fue instruida ---en paquete--- por la Presidencia de esta Cámara. En este lapso hemos realizado consultas sobre el contenido de la iniciativa para actualizarla y buscar un camino más eficaz para su dictamen y en su caso aprobación.

Del análisis realizado y las consultas formuladas, hemos retirado las modificaciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; dejando en la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa relativa a los artículos 61 y 65 constitucionales.

Con base en el espíritu original que motivó la iniciativa en comento presentamos hoy una propuesta más acabada con el propósito de que en el marco del inicio de la LX Legislatura, se propicie un debate más riguroso sobre las condiciones institucionales indispensables para que los legisladores, en su carácter de representantes populares, ejerzan sus funciones, con la determinación y la plenitud que requiere la compleja situación política nacional que estamos enfrentando.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 13 de noviembre del 2001 argumentamos que:

``El avance Democrático ---del que son fenómenos correlativos el pluralismo y el gobierno compartido del Congreso de la Unión--- es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea. Con todo y que la alternancia en el Ejecutivo federal y el relevo en la administración se dieron en un marco de estabilidad y gobernabilidad, la consolidación de las instituciones democráticas es una tarea sin concluir.

Claramente, cada uno de los Poderes de la Unión enfrenta su propio desafío en el desempeño de las facultades que la Constitución le confiere. Cada Poder es responsable ante la Nación y ante la historia del grado de determinación política y compromiso ético con que enfrentan, día a día, las disyuntivas que plantea el desarrollo y la convivencia armónica de la sociedad.

México posee un sistema presidencial puro que se apoya todavía en las mismas bases normativas y legales que dieron paso a un Ejecutivo federal fuerte que durante varias décadas permitió al país avanzar en la elevación de sus niveles de vida en un contexto de estabilidad. Sin embargo, en el nuevo escenario político, el sistema presidencial prevaleciente, con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, podría representar obstáculos para la consolidación democrática, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes ---en sus vertientes de colaboración y limitación recíproca. La preeminencia de un solo partido en ambas cámaras aseguró por varias décadas un alto nivel de unidad y coherencia de la acción pública. Tal preeminencia ha concluido y nuestros arreglos institucionales deben ser adaptados a la nueva realidad.

En México el principio constitucional según el cual la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que, por lo tanto, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, funda la división del Supremo Poder de la Federación en Legislativo, Ejecutivo y Judicial como órganos institucionales para su ejercicio. Así, la Constitución mexicana localiza y precisa las diversas funciones del Estado mexicano en tres órganos distintos e independientes, como principio de limitación y colaboración de un Poder de la Federación, mediante fórmulas constitucionales de competencia, función y equilibrio de los citados órganos. Nuestra Constitución política denomina al primer capítulo de su Título Tercero, ``De la división de Poderes'' y establece en su artículo 49: ``El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación''.

Para Maquiavelo la división de poderes obedecía a una separación de funciones, a efecto de restar cargas y presiones al Príncipe sobre aquellos asuntos y decisiones que, inevitablemente, afectarían a uno u otro grupo de la población restando popularidad y apoyo al dignatario. Quizás Maquiavelo no estaba muy distante de las interpretaciones que hoy parecen darse en algunas esferas, sobre la división de poderes.

A mediados del siglo XVIII, Montesquieu ---propiamente el arquitecto de la estructura del Estado liberal--- profesó un planteamiento más formal, estableciendo por encima de todo, los principios de bienestar del pueblo y la libertad de los ciudadanos. El amor a la libertad hace necesario dividir el poder del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial a efecto de evitar la tiranía y la degeneración en el ejercicio del poder. El conjunto de pesos y contrapesos, equilibrios y limitaciones mutuas, interferencias y frenos, factores de moderación y contención; han evolucionado con matices diferentes, ya sea en sistemas parlamentarios o presidencialistas.

Hoy por hoy, se reconoce que tal división de poderes no es ni puede ser absoluta. Que no es útil, al interés general, la confrontación o la polarización de posiciones políticas al grado que los poderes se anulen totalmente entre sí. La soberanía de cada una de las Cámaras tampoco es absoluta. Es relativa en cuanto a que existe interdependencia en algunas de las resoluciones en la que es indispensable el voto de ambas Cámaras, o tratándose de reformas constitucionales de la mayoría de los Congresos de los Estados. También la Constitución otorga facultades al Ejecutivo Federal que limitan las resoluciones del Congreso.

Se reconoce, también, que sin equilibrio, no puede haber división real de poderes. Tal equilibrio tiene que ver con las condiciones jurídicas y políticas para que ambos poderes ejerzan a plenitud sus facultades y funciones. Y este es quizá el problema central de las instituciones del Estado mexicano. ¿Existe el equilibrio de poderes en México? Sólo parcialmente, ya que el Poder Legislativo enfrenta dificultades para ejercer plenamente sus facultades, funciones formales y desempeñar eficazmente su papel político de mediación. Por lo que atañe al primer punto, por ejemplo, la fiscalización del Poder Ejecutivo es aún subóptima y, por lo que atañe al segundo punto, su presencia en el debate nacional, a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación, está aún muy por debajo de la que corresponde a su papel en un sistema democrático''.

La exposición concluye proponiendo una agenda mínima para forjar un nuevo equilibrio de poderes, a partir de:

Primero. La revisión a la facultad de veto que otorga el artículo 72 al titular del Poder Ejecutivo federal dado que, en el conjunto de las disposiciones que contiene, obliga a la votación calificada para aprobar una ley o decreto que en principio haya sido rechazado u objetada por el Ejecutivo federal.

Segundo. El fortalecimiento de las funciones de fiscalización a través del Órgano de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el cual está funcionando con evidentes limitaciones jurídicas y materiales.

Tercero. La reorientación en la competencia, exclusiva de la Cámara de Diputados, para definir el Presupuesto anual de la Federación y del Distrito Federal, de tal manera que se eviten excesos burocráticos, se fortalezca el gasto social y se consolide el federalismo.

Cuarto. La organización de la vida interna del Congreso que está enfrentando enormes dificultades, sea por el impacto del pluralismo o por la excesiva centralización de funciones que en principio ha puesto más atención en los controles y en la cohesión interna de las fracciones, que en el despliegue pleno y creativo de la iniciativa de los legisladores.

La iniciativa con proyecto de decreto que hoy presentamos, tiene que ver con este último tema de la agenda que proponemos para vigorizar la división de poderes y acercarnos a una ecuación, acorde a la nueva realidad política y, sobre todo, a las expectativas que han depositado los electores en los representantes populares que integramos el Congreso de la Unión.

La Legislación como la cultura parlamentaria tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente a los procesos legislativos y sólo, de manera marginal, a los de representación popular. De esta forma, se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los Legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y política que es parte sustantiva de las exigencias y demandas legitimas de la ciudadanía.

Derecho de opinión

En primer término, se propone modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para garantizar que los legisladores hagan realidad su derecho a opinar y que su voz sea escuchada en la complejidad que hoy tienen los medios electrónicos.

Es decir, hacer tangible el espíritu del artículo 61 de nuestra Constitución, respecto a que: ``Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.'' Hoy, la influencia de los medios impresos y, especialmente, de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato, toda vez que la sola garantía de la libertad de opinión y expresión de los legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades legislativas y las opiniones de los legisladores sobre los grandes problemas nacionales, los temas de debate con el Ejecutivo o los asuntos que interesan a la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos que integran la representación nacional.

En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las Comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. En los Distritos es evidente que la presencia en los medios escritos y en la radio y la televisión corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y en último término a los legisladores.

La creación del Canal de Televisión del Congreso General fue producto de una larga lucha de los miembros de diversas Legislaturas, particularmente de las LVI y LVII. El Canal inició actividades el 17 de marzo de 1998 y se formaliza mediante decreto del 30 de agosto de 1999. El Canal se ha consolidado de manera gradual y ha tenido el apoyo de la TV comercial al insertarse en los sistemas de transmisión vía satélite y de cable. También ha logrado integrar un equipo humano profesional y experimentado que garantizan un alto contenido y calidad en la programación y en las transmisiones, que merece el reconocimiento y agradecimiento de los miembros del Congreso. Quizás una de las aportaciones más importantes del Canal estriba en que su existencia ha demostrado que es posible la operación, desde el Congreso, de medios de comunicación masiva administrados de manera pertinente y en armonía el sistema de radio y televisión comercial y cultural prevalecientes. En suma el Canal del Congreso constituye un avance trascendente, que hoy debe ser consolidado. Hoy se requiere una mayor cobertura. Se requiere acompañar al Canal de TV mediante una red de estaciones de radio y, sobre todo, resulta primordial crear condiciones para una interlocución real y efectiva de los legisladores con la ciudadanía de cada una de las entidades federativas y de los 300 Distritos. El despliegue de la representación popular entraña un diálogo entre los parlamentarios y la población, premisa expresada por el histórico parlamentario inglés Edmundo Burke:

``Ciertamente, caballeros, la felicidad y la gloria de un representante deben consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y en una comunicación sin reserva con sus electores. Sus deseos deben tener para él gran peso, su opinión máximo respeto, sus asuntos una atención incesante...Dar una opinión es derecho de todos los hombres; la de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención''

La imperiosa necesidad de una revisión integral de las finalidades y contenidos de los medios de comunicación parlamentarios, equivale a plantear su expansión y complementación armónica, con el uso de tiempo oficial, y un amplio esquema de colaboración con los sistemas comercial y cultural. Promover la acción conjunta de los miembros de la población para solucionar problemas comunes, prevenir posibles riesgos y lograr el bienestar colectivo.

La estrategia de medios de ambas Cámaras debe responder a las funciones parlamentarias básicas y necesarias, ya que sólo mediante ella es posible el intercambio de datos, conocimientos, opiniones, criterios, conceptos y juicios; así como la expresión de urgencias, anhelos, inconformidades, proyectos, dudas, intereses y decisiones, entre otras cuestiones evidentes de la vida política. Mediante la reciprocidad que encierra ese mutuo criterio, se hace posible iniciar la elaboración de acuerdos, convenios y proyectos colectivos que pueden ser determinantes para la gobernabilidad, la legitimidad y la sanidad política, sin ella, ese caminar de ida y vuelta que se da en la comunicación un parlamento está imposibilitado para cumplir realmente cualquiera de sus otras funciones, atrofiando el espíritu democrático y racional de la misma.

Es por ello que se propone modificar el Título Quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso cuente con los canales de televisión y de estaciones de radio con impacto y cobertura nacional:

1o. En consecuencia, se plantea la reforma al artículo 131 y 132 del Título Quinto que en esencia propone normar la difusión no únicamente de la información institucional del Congreso, sino también las opiniones, actividades y propuestas de los diputados y senadores y ampliar el actual sistema de televisión con una red de estaciones de radio. Además se amplían las funciones de la Comisión Bicameral, que, de aprobarse esta iniciativa será de Radio y Televisión del Congreso General.

El resto del articulado se adecua, incorporando las estaciones de radio ya que en el vigente sólo se habla del Canal de Televisión del Congreso.

2o. Se propone reformar los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 61, 62, 77, 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión para:

a) Dotar al Congreso de la Unión de capacidad para operar canales y estaciones de televisión y radio, con cobertura en cada uno de los distritos electorales federales, de manera que los legisladores tengan una eficaz interlocución con sus representados;

b) Que las transmisiones gratuitas de las estaciones de radio y los canales de televisión comerciales aumente a 60 minutos ---actualmente es de 30--- y que el 50% de este tiempo sea utilizado por el Congreso y los legisladores de ambas Cámaras; y

c) Que se establezcan condiciones favorables para la suscripción de convenios con los sistemas de radio y TV culturales y comerciales.

Se trata, en suma:

1) De hacer realidad la libertad de expresión y el derecho de opinión de los legisladores estableciendo los mecanismos y disponiendo lo necesario para el acceso a todo tipo de medios;

2) Que se difundan los trabajos del Congreso y de las Cámaras como órganos colegiados, tanto como las opiniones y actividades de representación de los legisladores;

3) Fortalecer y asegurar el acceso a los medios comerciales, a los tiempos oficiales y a los canales de radio y televisión culturales.

Mediación Social

La segunda parte de la propuesta está vinculada con el concepto de representación política que, junto con las tareas legislativas de fiscalización superior y rendición de cuentas, constituye la esencia de las funciones del Congreso y, por ende, de los legisladores y las fracciones parlamentarias en las que están agrupados. El artículo 51 de la Constitución Política otorga a los integrantes de la Cámara de Diputados el carácter de representantes de la nación. En tal condición, los legisladores realizan acciones de mediación social y política para atender demandas ciudadanas y conflictos específicos.

La noción de representación es diversa, según se trate de regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos, o bien se trate de formas de elección directa, de representación proporcional o mixta. Lo cierto es que en nuestra realidad los diputados uninominales por ser de elección directa, por el contacto vivo y permanente que mantienen con la ciudadanía y por tradiciones políticas que han tomado fuerza a lo largo del tiempo, están sujetos a una fuerte presión social, que es a la vez responsabilidad y compromiso.

La explicación simple y formal, y en cierta forma ortodoxa, de que el papel principal de los diputados tiene que ver sólo con mantener el orden y la estabilidad a través de la buena ley o de la eunomía en términos de la filosofía griega, no sólo es incomprensible para el pueblo sino antipolítica y contraria a las expectativas ciudadanas que se generan en los procesos de elecciones democráticas. Actualmente, el desempeño de la función de representación tiene en su contra no sólo la rigidez de la ley, sino también obstáculos propios de la competencia política. Por ello, no puede dejarse al arbitrio de las autoridades ejecutivas la atención digna y el trato justo que debe darse a la gestión de los diputados y senadores. De aquí que se proponga:

1o. Incorporar un numeral 5 al artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que los diputados y senadores que no formen parte de la Comisión Permanente o tengan encomiendas específicas de las mesas directivas y en los periodos de receso acudan a los distritos y entidades federativas, para conocer la situación que guarda, se atiendan y tramiten las demandas de la ciudadanía ante las autoridades competentes e informen de sus actividades. Se agrega, también, cómo procede en términos de ley que las demandas ciudadanas sean tramitadas ante las autoridades municipales, estatales y federales o del Poder Judicial, según corresponda.

2o. También se agrega el numeral 2 al artículo 28, relativo al presupuesto asignado a las fracciones parlamentarias, para asegurar condiciones apropiadas y justas para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía.

Se trata de fortalecer la presencia institucional del Congreso en cada uno de los Distritos tal y como sucede en diversos Parlamentos, incluyendo algunos en el ámbito local. Esta representación de la Cámara de Diputados, además de apoyar el trabajo de los legisladores, podría tener servicios de acceso a la información parlamentaria y ser la sede distrital de la Auditoria Superior de la Federación.

3o. Por último, se propone adicionar la fracción IX al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se refiere al destino de los recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas, para que el 10% del citado programa sea ejercido por las entidades federativas a propuesta de los diputados y senadores electos por el principio de mayoría.

Convocamos a los Coordinadores de las fracciones parlamentarias y a toda la Asamblea a que prevalezca el buen juicio y la capacidad de renovación y de acción que nos anima. Que el legislador vea reflejado el proyecto de sus representados en la grandeza del Congreso y en la trascendencia de las decisiones legislativas, de las funciones de vigilancia y fiscalización, de asignación presupuestal y de aquéllas que derivan de la mediación política y social.

El futuro del Congreso Mexicano depende de su capacidad de adaptación, de su renovada vocación para desempeñar con dignidad y transparencia su nuevo papel de contrapeso y elemento de equilibrio en un sistema político abierto y pluralista, y de ser un interlocutor eficaz y receptivo entre la sociedad y el Gobierno.

En consecuencia de lo anterior, proponemos a esta Asamblea la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 28, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 61, 62, 77 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión; y el 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Primero.- Se adicionan: el numeral 5 al artículo 4 ; el numeral 2 al artículo 28 ; y se reforman los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. En los periodos de receso, los diputados y senadores que no formen parte de la Comisión Permanente o tengan encomiendas específicas de las mesas directivas, conocerán del estado que guardan las demarcaciones que representan y atenderán a la ciudadanía, debiendo presentar y difundir ampliamente un informe anual de actividades legislativas, de gestión y de representación en las que hubiesen participado. En todo caso, darán trámite de las demandas ciudadanas ante las autoridades municipales, estatales y federales o del Poder Judicial, federal o local, según corresponda.

Artículo 28.

1.- ...

2. En el Presupuesto Anual de Egresos de la Cámara de Diputados, se dispondrá lo necesario para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía, así como para su amplia difusión en las demarcaciones que representan.

Título Quinto De la difusión e información de las actividades del Congreso y de las opiniones e iniciativas de los diputados y senadores

Artículo 131.

1. El Congreso de la Unión y de las Cámaras como órganos colegiados, para la difusión de sus actividades y de las opiniones e iniciativas de los diputados y senadores, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con las estaciones de radio y canales de televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables; dispondrá de las retransmisoras necesarias para tener cobertura en los 300 Distritos Uninominales que integran la representación nacional; tendrá acceso al 50% de los tiempos oficiales de radio y televisión; y dispondrá del presupuesto necesario para que los diputados y senadores accedan a las estaciones de radio y televisión comerciales de mayor impacto en las demarcaciones que representen. En el caso de los canales culturales, ambas Cámaras celebrarán convenios en los términos de la legislación aplicable.

2. Los canales de radio y televisión tienen por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso, de la Comisión Permanente y de los diputados y senadores; así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa y de representación de los legisladores federales en las entidades federativas y los distritos.

Artículo 132. ...

1. Para la conducción de las actividades que desarrollan los Canales, se constituye la Comisión Bicameral de los Canales de Radio y Televisión del Congreso de la Unión.

2. ...

3. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades de los canales de radio y televisión.

4. Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable de los canales copias de las video y radio grabaciones a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento de los canales de radio y televisión se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicameral.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 62, 77 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

Artículo 6o.- En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo federal por conducto de las Secretarías y Departamentos de Estado, el Congreso de la Unión a través de la Comisión Bicameral de Radio y Televisión, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y los organismos públicos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, legislativa, cultural y cívica.

Artículo 21-A. La Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a Dependencias de la Administración Pública Federal Descentralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas. Asimismo, otorgará los permisos para el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión que determine el Congreso de la Unión.

Artículo 55.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

I. Los convenios celebrados por las difusoras, con el gobierno federal, el Congreso de la Unión, gobiernos locales, ayuntamientos y organismos públicos, en interés de la Sociedad o de un servicio público;

II. ...

Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 60 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, legislativos y de orientación social. El 50 % de este tiempo será utilizado por el Ejecutivo federal y el 50% restante por el Congreso de la Unión y de los legisladores que integran ambas Cámaras. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. El Congreso de la Unión, a través de su Comisión Bicameral de Radio y Televisión, definirá el contenido y las modalidades de uso del tiempo que le corresponda, así como su distribución para difundir las opiniones, iniciativas y actividades de los legisladores en las demarcaciones que representen.

Artículo 60.- Los concesionarios de estaciones radiodifusoras comerciales y los permisionarios de estaciones culturales y de experimentación, están obligados a transmitir gratuitamente y de preferencia:

I. ...

II. ...

III. Las convocatorias de los miembros del Congreso de la Unión, cuando se trate de consultas sobre iniciativas de ley o de decreto de interés nacional o regional.

Artículo 62.Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación o de la Comisión Bicameral de Radio y Televisión del Congreso de la Unión.

Artículo 77. Las transmisiones de radio y televisión, como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, legislativo, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales o internacionales.

Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de Educación Pública, otro de Salubridad y Asistencia, tres de la Comisión Bicameral de Radio y Televisión del Congreso de la Unión, dos de la industria de la radio y televisión y dos de los trabajadores.

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción IX al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 85. Los subsidios correspondientes al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:

(...)

IX. El 10 por ciento será ejercido por las entidades federativas, a propuesta de los diputados federales electos en cada uno de los 300 Distritos uninominales y los senadores electos por el principio de mayoría, para obras de infraestructura y programas de asistencia social que les demande la ciudadanía.

Transitorios

Artículo Único. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Radio y Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 14 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Vadas y Kuhn, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Hungría, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado C), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Kuhn, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés, secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 2 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaino, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 12 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República del Paraguay, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaino, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el día 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de Italia en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Lorena Palacios Dueñas, para prestar servicios como coordinadora del Desk Ambiental, en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Cariño Areli Padilla Díaz, para prestar servicios como asistente task force, en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficios de fecha 19 y 22 de septiembre de 2006, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Noguera Ibarra, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Japón en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Mirta Gabriela Mendoza Luna, para prestar servicios como operadora de teléfono en la Sección de Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Articulo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Flores Padilla, para prestar servicios como asistente en computación, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez, puedan prestar servicios administrativos en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Nogales, Sonora, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios como visa clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Segundo.-Se concede permiso al ciudadano Pedro Omar Zamora Borbón, para prestar servicios como asistente de investigador de fraudes, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Santiago Rojas López, para prestar servicios como visa clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Cuarto.-Se concede permiso al ciudadano Ramsés Arturo Leyva, para prestar servicios como visa clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Quinto.-Se concede permiso al ciudadano Carlos Alonso Basurto Álvarez, para prestar: servicios como clerk administrativo, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 4 y 7 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Edgar Daniel Zamudio Llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Nogales, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre de 2006, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno de los Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Concepción Valle Barraza, para prestar servicios como empleada administrativa en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Norma Liliana Aguilar Garza, para prestar servicios como secretaria en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Daniel Zamudio Llamas, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Michelle Bardales Martínez, para prestar servicios como asistente de beneficios federales, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto.-Se concede permiso a la ciudadana Pilar Vanessa Posada Quintana, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Ismael Torres Ramírez, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de los Estados Unidos de América n Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se le dispensa la segunda lectura. En consecuencia se pide a los Secretarios poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Kuhn para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz para prestar servicios en la Embajada de Italia, en México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla para prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. Al no haber quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Édgar Daniel Zamudio Llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Nogales, Sonora, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para proceder a la votación nominal de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónica.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal(desde la curul): A favor la intención del voto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa que se emitieron 420 votos en pro, 0 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 420 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

PLAN NACIONAL DE CULTURA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de proposiciones, la Presidencia recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal José Alfonso Suárez del Real, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Nacional de Cultura se encuentra en el naufragio. Esto ya no es noticia, se publica todos los días. Si bien el presidente Vicente Fox Quesada ya quiere cerrar la agenda política, mientras que la agenda cultural pareciera haberse cerrado con la inauguración de la biblioteca José Vasconcelos. El sexenio cerró como su biblioteca, con goteras, a medio construir y con los sótanos y estacionamientos abarrotados de basura y escombros.

El plan nacional de cultura vuela por jirones y de sus retazos se pretenden justificar la ineficiencia y el dispendio. Las muestras son numerosas, pero me referiré al programa México a Escena, presentado como una de las aportaciones del sexenio foxista a la exposición de los colectivos y proyectos escénicos del país. Sin embargo, desde 2005 no ha considerado necesario poner los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La falta de recursos en 2005 la subsanó la Cámara de Diputados con una reasignación de 50 millones de pesos. Sin embargo, para 2006, se procedió de manera consecuente al fallo de la Suprema Corte acerca del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2005.

Como es sabido por todos los integrantes de esta soberanía, en 2005 el presidente Vicente Fox Quesada promovió una controversia constitucional acerca del Presupuesto de Egresos de 2005. En el fallo que emitió la Suprema Corte de la Nación, en su título tercero: la Cámara de Diputados, al modificar el proyecto del decreto del PEF de 2005, haciendo total abstracción del sistema nacional de planeación, violó el artículo 26 de la Constitución.

¿Qué señala el artículo 26 constitucional? Cito algunos de los aspectos fundamentales que se refieren a las políticas sociales y culturales:

Se establece la obligación del Estado de ``organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación''. Aunque el Estado debe prever las formas de participación democráticas y las que la ley establece para la del Congreso de la Unión.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia otorga al Poder Ejecutivo federal la facultad de desarrollar las políticas de consecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas y planes derivados de éste, entre los que se cuenta el Plan Nacional de Cultura. Si éste fue el fondo de la litis que promovió el Poder Ejecutivo federal contra la Cámara de Diputados para que no invadiera sus atribuciones en la creación y el desarrollo de los programas de gobierno.

Ahora, solicito a esta soberanía que aprobemos este punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, de manera consecuente con sus facultades y responsabilidades constitucionales, a que asuma y respete su propio Plan Nacional de Cultura y libere recursos para los programas que se han suspendido sin ninguna justificación, entre los que se encuentra México a Escena. Incluyo en este exhorto al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señora Sara Guadalupe Bermúdez, a que nos den a conocer el proceso de evaluación del Programa Nacional de Cultura y el diagnóstico que haya promovido el Conaculta sobre el estado en que se encuentra la cultura en nuestro país.

Por todo lo anterior, someto y solicito que sea considerada de urgente y obvia resolución la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortamos al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como le confiere el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, con relación a su controversia constitucional, que faculta y responsabiliza al Ejecutivo federal del Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, del Plan Nacional de Cultura.

Segundo. Solicitamos al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señora Sara Guadalupe Bermúdez, a realizar las acciones administrativas, y presupuestales, para realizar la producción de México a Escena en 2006 en atención a la demanda de artistas, la comunidad cultural y del público, así como la elaboración de un informe pormenorizado del nivel de desarrollo del Plan Nacional de Cultura y de la situación en que se encuentra la cultura en nuestro país al final del sexenio, para su estudio por esta soberanía.

Salón de Sesiones, a los catorce días del mes de septiembre de 2006.--- Diputado José Alfonso Suárez del Real (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Cultura.

SALARIOS DE DOCENTES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Miguel Angel Solares Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal informe la naturaleza jurídica del acuerdo entre la profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa, por el que se otorgaron recursos para la rezonificación salarial de los docentes del país. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se crea la comisión especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

Considerandos

La emergencia del movimiento campesino a lo largo de 2003 llamó la atención de la opinión pública hacia el sector primario de la economía mexicana. Este movimiento llevaba en su nombre la situación apremiante que se vive en el campo desde hace cerca de cincuenta años. ``El campo no aguanta más'' es una frase que refleja la desesperación de nuestros campesinos que en su arribo a la Ciudad de México el 31 de enero de 2003; nos recordaron la importancia que revisten para nuestro país.

Uno de los resultados de esta gran movilización fue la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), suscrito el 28 de abril de 2003. Este documento signado entre el Poder Ejecutivo, Presidente y las organizaciones campesinas representó la necesidad de establecer una nueva política hacia el campo y un nuevo trato entre el Estado y la sociedad rural.

Este acuerdo fue firmado también por las directivas de las comisiones de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y como testigos de honor por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso General. Por ello, en la LIX Legislatura se impulsó la Comisión Especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

Esta Comisión realizó múltiples acciones para darle seguimiento al mencionado Acuerdo Nacional para el Campo, desarrolló una metodología de evaluación, implementó talleres para hacer una evaluación del cumplimiento de cada numeral. Entre los resultados obtenidos resaltó la claridad de que el gobierno federal ha desperdiciado la extraordinaria oportunidad del diálogo y negociación democráticos que ofrecía el acuerdo para enfrentar los grandes problemas del campo.

La situación del campo continúa deteriorándose y creemos que no debemos despreciar los esfuerzos realizados en estos tres años y, sobre todo, la trascendente movilización campesina y el acuerdo de 2003.

El Poder Ejecutivo ha incumplido con el pacto signado y con los mandatos de la Cámara de Diputados: no se respetan los presupuestos. Fue en el sector rural donde el Presidente Fox demostró, de inmediato, la relación de abierta confrontación que establecería con el Congreso a lo largo del sexenio: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue la primera ley observada por el representante del Poder Ejecutivo, aun cuando era una iniciativa ampliamente consensuada entre los partidos y los sectores de la sociedad. En su momento y en abierta afrenta a las movilizaciones del sector azucarero vetó también la Ley de la Caña de Azúcar. Ahora, iniciamos la LX Legislatura con el veto a la Ley de Pesca.

La situación que se vive en México nos obliga a los legisladores a darle continuidad y respuesta a las demandas de los movimientos sociales. El Acuerdo Nacional para el Campo sentó las bases para resarcir la deuda histórica que el país tiene con el sector rural. Por eso hoy sigue teniendo vigencia y debemos darle seguimiento para atender la crisis del sector e incorporar al campo en un nuevo proyecto de nación.

Nuestra obligación como legisladores es coadyuvar al cumplimiento cabal de todos los puntos del Acuerdo Nacional para el Campo.

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo de la Cámara de Diputados para observar el cumplimiento del mismo, así como para evaluar su desarrollo, detectar las omisiones y proponer nuevos elementos de acuerdo entre el Gobierno y los actores sociales presentes en el campo.

Segundo. Las acciones que realice esta Comisión se harán con respeto a los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal, los Ejecutivos estatales y municipales, y con la participación amplia de los actores sociales presentes en el campo.

San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos que corresponden conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones.

El Instituto Mexicano del Petróleo tiene como objetivo realizar investigación y desarrollo tecnológico para el sector petrolero. Sus ámbitos de trabajo incluyen estudios en geología, geofísica, química, protección al medio ambiente, microscopía electrónica, refinación y explotación de yacimientos de aguas profundas, entre otros aspectos relevantes para la industria.

Por cierto y pensando en el accidente de Pajaritos, en torno al cual hemos acordado solicitar información pormenorizada, uno de los aspectos de la industria en lo que más ha hecho trabajo el Instituto Mexicano del Petróleo es precisamente el relacionado con la seguridad industrial, cuya relevancia no está por demás remarcar.

Ahora bien, pese a su importancia, desde hace más de 25 años el Congreso no dota de recursos presupuestales al Instituto Mexicano del Petróleo, por lo que sobrevive de los servicios que vende a Pemex. Esta situación significa una desnaturalización del Instituto, el cual se ha convertido en una empresa parapetrolera, en lugar de seguir siendo un instituto de investigación.

Con la aprobación del nuevo régimen fiscal de PEMEX, que entró en vigor este año, en el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos se estableció que Pemex Exploración y Producción estará obligada al pago del derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en materia de Energía, aplicando la tasa de 0.05 por ciento al valor anual de la producción de petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, y entregando el monto correspondiente al Instituto Mexicano del Petróleo.

Ahora bien, de los anticipos que Pemex Exploración ha transferido, la Secretaría de Hacienda sólo ha entregado al Instituto Mexicano del Petróleo 12 y 25 millones de pesos, correspondientes al primero y segundo trimestre del año 2006 respectivamente; de los 202.8 millones que le corresponden por ese lapso al instituto. Esto último porque la Secretaría de Hacienda ha decidido entregar solamente recursos en función de los excedentes petroleros. Sin embargo, la Ley de Derechos es clara. Al Instituto Mexicano del Petróleo se le deben aportar recursos en función del valor total de la producción.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con la mayor brevedad entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos a que hace referencia el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, dando con ello fiel cumplimiento a la disposición que obliga a Pemex Exploración y Producción a cubrir el pago anual del derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en materia de Energía.

Firman este punto de acuerdo el diputado Manuel Minjares Jiménez, del PAN; el diputado José Antonio Arévalo, del Verde Ecologista de México; el diputado Ricardo Cantú Garza, del PT; el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del PASC; el diputado Ramón Valdés Chávez, de Convergencia; y el diputado Mariano González Zarur del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a entregar al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos correspondientes conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Instituto Mexicano del Petróleo tiene como objetivo realizar investigación y desarrollo tecnológico para el sector petrolero. Sus ámbitos de trabajo incluyen estudios en geología, geofísica, química, protección al medio ambiente, microscopía electrónica, refinación y explotación de yacimientos de aguas profundas, entre otros aspectos relevantes para la industria.

Pese a su importancia, desde hace más de 25 años el Congreso no le dota de recursos presupuestales, por lo que sobrevive de los servicios que vende a Petróleos Mexicanos ( Pemex). Esta situación significa una desnaturalización del Instituto Mexicano Petróleo, el cual se ha convertido en una empresa parapetrolera, en lugar de seguir siendo un instituto de investigación.

Con la aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, que entró en vigor este año, en el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos se estableció que Pemex Exploración y Producción estará obligada al pago del derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa de 0.05 por ciento al valor anual de la producción de petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y entregando el monto correspondiente al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Por otra parte, la Ley de ingresos para el 2006 calcula este monto en 248.9 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha entregado al IMP los recursos correspondientes al primer semestre de 2006, argumentando que este monto no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2006. Esto último, a pesar de que el artículo 23 Bis del Presupuesto de Egresos sí contempla este derecho y de que la misma Secretaría de Hacienda, a través de su Subsecretaría de Egresos generó los lineamientos para la entrega y aplicación de estos recursos el pasado 14 de marzo.

Ahora bien, de los anticipos que Pemex Exploración ha transferido, la Secretaría de Hacienda sólo le ha entregado al IMP 12 millones y 25 millones de pesos, correspondientes al primero y segundo trimestres de 2006, respectivamente. Esto último porque la Secretaría de Hacienda considera que el artículo 25 del decreto del Presupuesto de Egresos, que permite realizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos excedentes, sí se puede aplicar al IMP y por ello han decidido liberar solamente este excedente, que para todo 2006 se calcula en alrededor de 100 millones de pesos.

En conclusión, al IMP se le deben aportar recursos por la suma de los 248.9 millones calculados en la Ley de Ingresos, más los eventuales 100 millones derivados de los excedentes, ya que el artículo 254 Bis señala con claridad que el .05% se debe calcular con respecto al valor total de la producción de crudo y gas natural.

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, con la mayor brevedad, entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos a que se refiere el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, dando con ello fiel cumplimiento a la disposición que obliga a Pemex Exploración y Producción a cubrir el pago anual del derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en materia de Energía.

Diputados: Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Antonio Arévalo (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Eduardo de la Torre Jaramillo (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, comuníquese.

TRABAJADORES DE LA EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas:Con su permiso diputado Presidente. En mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por los gobiernos federal y de las 31 entidades federativas, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se abrió una nueva etapa en la historia del sistema educativo nacional.

La federalización de la educación básica y normal a que dio lugar la firma del citado acuerdo y la firma de los convenios de ejecución posteriores, consistió en un proceso de descentralización político-administrativo que transfirió de la Federación, particularmente de la Secretaría de Educación Pública, a los estados la responsabilidad de dirigir los recursos públicos de los niveles básico y normal con todos sus elementos técnicos y administrativos; derechos y obligaciones; bienes muebles e inmuebles y recursos financieros, incluyendo la titularidad de las relaciones laborales colectivas establecidas con los trabajadores al servicio de la educación, agrupados y representados en el SNTE, y que derivó de la reestructuración a cabalidad de los sistemas educativos estatales.

Así, en 1992 la decisión de reformar la educación se estructuró en tres líneas: la reorganización del sistema educativo mediante la descentralización y la inclusión de la participación social; la reformulación de contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial.

La reforma educativa no sólo se implementó desde un punto vista político-administrativo, sino que también se tradujo en reformas legales precedidas por intensas discusiones al interior del Poder Legislativo, mismas que ---como sabemos--- culminaron con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993 y con las reformas subsecuentes al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecieron la obligatoriedad de la educación preescolar y secundaria.

A 14 años de la suscripción de este acuerdo, aún quedan por resolver distintas problemáticas derivadas de su ejecución. Una de ellas es la disparidad existente en las remuneraciones del magisterio a lo largo y a lo ancho del país.

Nuestra entidad está dividida en dos zonas salariales: la zona económica dos y la zona económica tres. Las percepciones de la zona dos son mayores que la tres, de acuerdo a estimaciones del costo de vida de cada entidad. Según declaraciones del secretario de Educación Pública actualmente alrededor de 26 entidades federativas tienen dos zonas económicas y por esta razón el salario que devengan los maestros, aun dentro de una misma entidad, es diferente.

Hoy es necesario desaparecer las diferencias del nivel de ingresos de los trabajadores de la Educación que habitan las diferentes ciudades, es urgente que se atiendan obedeciendo al precepto constitucional de ``a trabajo igual, salario igual'' y que éste se ha visto trastocado por la diferencia.

El proceso de conciliación de intereses entre las demandas del gremio magisterial y de las finanzas públicas federales y locales, requiere un esfuerzo de conciliación en el Poder Legislativo federal.

Es por todos conocido que es un tema estacional y que muchos estados del país no han realizado avances. Las llamadas ``negociaciones salariales'' del magisterio, los niveles de disparidad que éstos observan, dan pie a situaciones injustas e inequitativas.

El futuro del país será tan fuerte como lo sea nuestro sistema educativo. Seremos mejores en la medida en que nuestras escuelas tengan mayor calidad. Como mexicanos todos debemos pasar por un aula; ahí se labra nuestro destino, se forjan nuestros anhelos.

Lejos del conflicto y de la razón para la confrontación, nuestro sistema educativo debe ser ejemplo de equidad y de justicia; reconocer a las maestras y a los maestros por la parte más sensible, que es su bien merecido salario. El magisterio mexicano espera resultados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Por el que se crea una Comisión Especial de seguimiento de la firma del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, por el gobierno federal y las 31 entidades federativas, referente a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores al servicio de la educación y que además analice lo concerniente al Distrito Federal.

Solicito se sirva publicarlo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) por parte del gobierno federal y los de las 31 entidades federativas, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se abrió una nueva etapa en la historia del sistema educativo mexicano.

La federalización de la educación básica y normal a que dio lugar la firma del ANMEB y la firma de los convenios de ejecución posteriores, consistió en un proceso de descentralización político-administrativa que transfirió de la federación, particularmente de la Secretaría de Educación Pública, a los estados la responsabilidad de dirigir los recursos públicos de los niveles básico y normal ``con todos sus elementos técnicos y administrativos, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles y recursos financieros'', incluyendo la titularidad de las relaciones laborales colectivas establecidas con los trabajadores de la educación, agrupados y representados por el SNTE, y que derivó en la reestructuración a cabalidad de los sistemas educativos estatales.

Así, en 1992 la decisión de reformar la educación se estructuró en tres líneas:

La reorganización del sistema educativo mediante la descentralización y la inclusión de la participación social;

La reformulación de contenidos y materiales educativos, y

La revaloración de la función magisterial.

La reforma educativa no sólo se implantó desde un punto de vista político-administrativo, sino que también se tradujo en reformas legales precedidas por intensas discusiones al interior del Poder Legislativo, mismas que como sabemops culminaron con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993 y con las reformas subsecuentes al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecieron la obligatoriedad de la educación secundaria y preescolar.

A 14 años de la suscripción de este acuerdo, aún quedan por resolver distintas problemáticas derivadas de su ejecución. Una de ellas es la disparidad existente en las remuneraciones del magisterio a lo largo y ancho de nuestro país.

Nuestro país esta dividido en dos zonas salariales, la zona económica II y la zona económica III. Las percepciones de la zona III son mayores que en la zona II, de acuerdo con estimaciones del costo de la vida de cada entidad.

Según recientes declaraciones del secretario de Educación Pública, licenciado Reyes Tamez Guerra, actualmente alrededor de 26 entidades federativas tienen dos zonas económicas y por esta razón el salario que devengan los maestros, aún dentro de una misma entidad, es diferente.

Hoy es necesario desaparecer las diferencias que del nivel de ingresos de los trabajadores de la educación que habitan las diferentes ciudades, es urgente que se atienda obedeciendo al precepto constitucional de ``a trabajo igual, salario igual'', y que este se ha visto trastocado por esta diferencia.

El proceso de conciliación de intereses entre las demandas del gremio magisterial y las finanzas públicas federales y locales requieren un gran esfuerzo de conciliación en el Poder Legislativo federal

En este tenor, se considera oportuno proponer la creación de una Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los trabajos de asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación y, con ello, la reducción de la diferencia en el ingreso existente entre las zonas económicas II y III del magisterio de todo el país.

Es por todos conocidos que es un tema estacional en muchos estados del país las llamadas negociaciones salariales del magisterio. Los niveles de disparidad que éstos observan dan pie a situaciones injustas e inequitativas.

El futuro del país será tan fuerte como lo sea nuestro sistema educativo. Seremos mejores en la medida que nuestras escuelas tengan mayor calidad. Como mexicanos todos debemos pasar por una aula. Ahí se labra nuestro destino, se forjan nuestros anhelos.

Lejos del conflicto y de la razón para la confrontación, nuestro sistema educativo debe ser ejemplo de equidad y justicia.

Reconocer a las maestras y maestros por la parte más sencible que es su bien merecido salario.

El magisterio mexicano espera resultados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el citado artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Por el que se crea una Comisión Especial de Seguimiento de la Firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), por el gobierno federal y las 31 entidades federativas, referente a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores al servicio de la educación y que además analice lo concerniente al Distrito Federal.

Dado en la sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2006.--- Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Pinete. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CAFE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Anuario Luis Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda libere recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales destinados a fortalecer procesos de beneficio seco y el acopio y comercialización del café.

El diputado Anuario Luis Herrera Solís:Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, del fondo de apoyo a proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo, seco y el acopio y comercialización del café

La economía global, caracterizada por la polarización de la riqueza profundiza las diferencias entre los países desarrollados y los países emergentes.

Lo anterior, se ve claramente, en las relaciones de mercado y de equidad que afectan la producción de materias primas agrícolas, donde muchos productores quedan fuera del mercado al no contar con los apoyos necesarios para ser competitivos.

En este contexto, es palpable el compromiso solidario del Poder Legislativo con los productores, en la generación de propuestas e iniciativas que fortalezcan la profesionalización y en consecuencia la eficiencia y competitividad de las diversas cadenas productivas y de abasto. La anterior situación no escapa al sector cafetalero.

Es importante señalar que ante la crisis internacional de los precios del café, México optó por fortalecer la capacidad de respuesta de la planta productiva, fomentando los mercados de especialidad, incrementando el consumo interno.

Este esfuerzo se da impulsando desde el interior de las organizaciones de los productores, iniciativas orientadas a la generación de valor agregado y a la búsqueda de mercados de mayor equidad.

En este sentido, los diversos programas de apoyo a este sector han sido orientados fundamentalmente a fortalecer la producción potenciando la productividad, coadyuvando de manera parcial a profesionalizar algunos aspectos dirigidos hacia la calidad y el acceso a servicios especializados del mercado.

Con el espíritu de impulsar la apropiación paulatina de los medios de producción y fomentar la generación de valor agregado, la legislatura pasada aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2006, un monto de 252.2 millones de pesos para la constitución y operación del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales destinados a fortalecer los procesos de Beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización de café sectorizados a Sagarpa.

Dichos recursos no han sido liberados como lo consigna la aprobación hecha por esta Soberanía, a pesar de la reiterada demanda de los productores, externada desde el Comité Nacional Sistema Producto Café y los diversos comités estatales de los estados cafetaleros.

Ante este reclamo, Sagarpa emite los lineamientos y criterios de asignación de dichos recursos a las entidades federativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 16 de agosto de 2006.

La publicación de estos lineamientos genera total incertidumbre en el sector de productores cafetaleros, porque se establece que para ser beneficiario de los apoyos deberán entregar a la Sagarpa los proyectos a más tardar 15 días después de la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial, periodo insuficiente para que los productores cumplan con este requisito.

Tomando en cuenta lo anterior, los productores de café presentaron sus proyectos cumpliendo con todos los requisitos y así recibir el apoyo. De manera increíble, la dependencia ha señalado que sólo disponen de 70 millones de pesos, argumentando que la Secretaria de Hacienda, redujo el presupuesto original de 252.2 millones de pesos en un 72 por ciento.

Derivado de la arbitraria afectación de los recursos, efectuada por la Secretaría de Hacienda, los cafeticultores, manifiestan su inconformidad y se suman a los acuerdos nacionales del Comité Nacional del Sistema Producto Café, para llevar a cabo diversas manifestaciones entre ellas una marcha nacional y la toma de oficinas de la Sagarpa, para demandar el cumplimiento del ejercicio del presupuesto antes referido.

La cafeticultura una vez más es objeto de la falta de visión y compromiso por parte de las instituciones federales.

Con esta actitud coartan la capacidad de desarrollo y superación de los productores, en especial, de los más pobres, minimizando un trabajo organizado y comprometido por parte de ellos.

Se traiciona el esfuerzo de los productores por modernizarse, segmentar el mercado, produciendo con mejores practicas de cultivo y de manejo como el café orgánico o el dirigido a los consumidores gourmet, en el que son líderes a nivel internacional, no obstante de no contar con el suficiente apoyo del gobierno.

En consecuencia, desde esta tribuna hago un exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Sagarpa, para que cumplan con lo aprobado por la Cámara de Diputados en la aplicación y ejercicio del gasto autorizado a ejercerse en apoyo a la cafeticultura nacional. De no hacerlo así serán los únicos responsables de las consecuencias socio-políticas que este hecho implicará.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que libere de manera íntegra los recursos presupuestales del ejercicio fiscal del 2006 aprobados por la Cámara de Diputados, del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales destinados a fortalecer los procesos de beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización de café.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días de octubre de dos mil seis.--- Diputado Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica)..»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Herrera. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Ortiz Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El diputado Eduardo Ortiz Hernández:Con el permiso otorgado por el Presidente, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossometo a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la creación de la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con base en las siguientes consideraciones.

El Poder Legislativo mexicano en los últimos años ha visto fortalecida su autonomía y capacidad de diálogo con el Poder Ejecutivo. Esto le ha permitido tener una mayor participación en la determinación de las políticas públicas que el país necesita para lograr su desarrollo. Dentro de este marco de interacción resulta importante evaluar la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Las Mipymes constituyen el 99 por ciento del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 50 por ciento del producto interno bruto y contribuyen a generar más del 70 por ciento de los empleos en México.

El gobierno federal teniendo como objetivo lograr un clima favorable al desarrollo industrial en el que se generen más empleos por inversión y autoempleo ha desarrollado diferentes programas para la atención y desarrollo de las Mipymes, tales como los programas sectoriales para la competitividad, de los cuales destacan los programas de industria electrónica, la industria del software, la industria del cuero y calzado, así como el Sistema Nacional de Garantías, la incubación de empresas, el Pronafin, entre otros.

Por otro lado, el Poder Legislativo ha dictaminado favorablemente diversas iniciativas logrando, entre otras, reformar las atribuciones y facultades de la Secretaría de Economía y reformar la Ley de Propiedad Industrial en el tema de marcas notoriamente conocidas y famosas.

El mismo grupo parlamentario del PAN, conjuntamente con otros partidos políticos ha trabajado en la ley para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes. Después de todas estas acciones existe la clara conciencia de que éste importantísimo sector debe de seguir avanzando para estar en condiciones de competir a la par con cualquier empresa de cualquier parte del mundo y asimismo seguir integrándose completamente las cadenas productivas, razón por la que se vuelve necesario hacer una reflexión y evaluar todas las acciones que se han llevado a cabo.

Este ejercicio de evaluación debe hacerse de forma integral involucrando a todos los actores que participan en los distintos programas y esfuerzos del gobierno federal, con el ánimo de identificar si los canales y conductos de apoyo establecidos para las Mipymes han sido los adecuados y participar en su mejora.

En términos generales se requiere llevar a cabo una evaluación integral de las políticas públicas aplicadas para el desarrollo de las Mipymes. Ese gran esfuerzo implica la participación de una comisión que maneje todos los aspectos cuantitativos y cualitativos de las Mipymes, que coordinen en un solo espacio la evaluación de todos los programas federales orientados a su fortalecimiento.

El grupo parlamentario del PAN considera una prioridad para la presente Legislatura, la atención de la problemática que enfrentan las Mipymes y tiene como finalidad que puedan generarse recomendaciones integrales tanto en materia de políticas públicas como de reformas legales que coadyuven a mejorar resultados de las acciones que se están llevando a cabo a favor de ese sector.

Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.

Único. Se propone la creación de la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de México, que tendrán carácter de especial y se integrarán conforme a lo dispuesto por las comisiones ordinarias y especiales por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Eduardo Ortiz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de proponer la creación de la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con base en los siguientes

Considerandos

En los últimos años, el Poder Legislativo mexicano ha visto fortalecida su autonomía y capacidad de diálogo con el Poder Ejecutivo. Esto le ha permitido tener mayor injerencia en la determinación de las políticas públicas que el país necesita para lograr su desarrollo.

Todo esto, con la finalidad simple y llana de realizar el mejor trabajo posible para el bienestar de todos los mexicanos.

En este marco, resulta importante evaluar la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. En la actualidad, el ámbito empresarial cuenta con el mayor respaldo que se haya brindado a lo largo de la historia moderna de México, tanto por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como por el propio sector privado.

Las Mipyme han contado con el apoyo de todos los sectores de la sociedad mexicana, con el objetivo compartido de crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial, en el que se genere más empleo por inversión y autoempleo.

Derivado de ese objetivo se han desarrollado diferentes programas para la atención y el desarrollo de las Mipyme por parte del gobierno federal, como los programas sectoriales para la competitividad, de los que se han concluido los programas de la industria electrónica, la industria del software, las cadenas fibras-textil-confección y la industria del cuero y calzado.

Por el lado del Poder Legislativo, se han dictaminado favorablemente diversas iniciativas, logrando --entre otras cosas-- ampliar el objeto de las cámaras y sus confederaciones, a fin de incorporar experiencias provechosas de cámaras en México y otros países, reformar las atribuciones y facultades de la Secretaría de Economía y reformar la Ley de la Propiedad Industrial, en el tema de las marcas notoriamente conocidas y famosas.

El mismo Grupo Parlamentario del PAN, con otros partidos políticos, ha trabajado en la ley para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme. Sin embargo, después de todas esas acciones, existe la clara conciencia de que este importantísimo sector no ha podido despegar y estar en condiciones de competir a la par con empresas de otras partes del mundo, ni integrarse completamente a las cadenas productivas internas, razón por la que se vuelve necesario hacer una reflexión y evaluar todas las acciones llevadas a cabo.

Este ejercicio de evaluación debe hacerse de forma integral, involucrando a todos los actores que participan en los distintos programas y esfuerzos del gobierno federal, con el ánimo de identificar si los canales y conductos de apoyo establecidos para la Mipyme han sido los adecuados, para evaluar si se requieren más recursos presupuestarios o si en realidad se requiere gastarlos mejor.

En términos generales, se requiere llevar a cabo una evaluación integral de las políticas públicas aplicadas para el desarrollo de las Mipyme.

Este gran esfuerzo implica la participación de una comisión que maneje todos los aspectos, cuantitativos y cualitativos, de las micro, pequeñas y medianas empresas, que coordine en un solo espacio la evaluación de los programas federales orientados al fortalecimiento de las Mipyme, a fin de que puedan generarse recomendaciones integrales tanto en materia de políticas públicas como de reformas legales que coadyuven a mejores resultados de las acciones que se llevan a cabo en favor de este sector.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es considerada una prioridad para la presente legislatura la atención de la problemática que enfrentan las Mipyme, razón por la que promovemos la creación, en este cuerpo legislativo, de una comisión especial que promueva y coadyuve con el Ejecutivo y al desarrollo de la competitividad de las Mipyme, desde una perspectiva de pluralidad de visiones y objetividad de juicios, con el fin último de cooperar en el óptimo desarrollo de las políticas públicas en la materia.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se propone la creación de la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Tendrá el carácter de especial y se integrará conforme a lo dispuesto para las comisiones ordinarias y especiales en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica).»

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Ortiz. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Senado de la República dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. ¿Se retira del orden? Gracias, diputado Guerra. Se informa a la Asamblea que se retira el punto de acuerdo.

Se concede el uso de la palabra... Hay un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los diputados que representarán a la LX Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Déle lectura, por favor, señor Secretario.

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación

Secretarios de la Cámara de Diputados.---Presentes.

Esta Junta, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán la LX Legislatura de esta Cámara en la Comisión de Concordia y Pacificación:

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Francisco Antonio Fraile García

Diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez

Diputado Humberto W. Alonso Razo

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Elmar Daniel Díaz Solórzano

Diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Antonio Xavier López Adame

Diputada Guadalupe García Noriega

Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Alejandro Chanona Burguete

Diputado José Luis Varela Laguna

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputado Abundio Peregrino García

Diputado Anuario Luis Herrera Solís

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Diputado Ariel Castillo Nájera

Diputada Irma Piñeyro Arias

Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez

Diputado Delio Hernández ValadésDado en el Palacio Legislativo, México, DF, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias señor Secretario. Pregunte a los compañeros diputados y diputadas, en votación económica, si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que acaba de leer.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Comuníquese.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel González Salum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes se dictamine, y en consecuencia, se publique el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades del estado de Tamaulipas.

El diputado Miguel Ángel González Salum:Con su venia, señor Presidente. Honorable Cámara de Diputados, la Comisión Federal de Electricidades depositaria del mandato supremo del pueblo de México, establecido en el artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria del artículo 27 constitucional en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social.

Hasta hace poco la misma observaba un comportamiento dentro del ámbito tarifario que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país, a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, en el que sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene, invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, toda vez que los subsidios se establecen en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad exclusiva de esta honorable Cámara, según lo establece el artículo 74, fracción IV, constitucional; generando esto un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial, afectando al 100 por ciento de los usuarios.

Por todo lo anterior y considerando que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas, que la población de los distintos estados de la República se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas, que los habitantes de todos los municipios del estado de Tamaulipas están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el recibo de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren y debido al bajo subsidio con el que cuentan.

Que las temperaturas que presentan la mayoría de los municipios de mi estado, Tamaulipas, en temporada de verano, asciende hasta 45 grados centígrados; que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad, los comercios, restaurantes y hoteles que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados también con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Que es indispensable la urgente implementación por el Poder Ejecutivo federal a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.

El artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, Minas, Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas o ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía, a través del procedimiento señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad en su operación de distribución.

En virtud de lo anterior, los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas nos permitimos proponer a esta honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo.

Igualmente y a solicitud del diputado por el estado Nayarit, Sergio González García, que nos pide que incluyamos en este punto de acuerdo, a los siguientes municipios del estado de Nayarit: San Blas, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala, Acaponeta y Huajicori.

Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial para el estado de Tamaulipas y todas aquellas entidades en donde las temperaturas excedan los 32 grados centígrados.

Asimismo, informen a esta honorable Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a dictaminar y, en consecuencia, publicar el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado soberano de Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del PRI; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter al conocimiento de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir; con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; a las Secretarías de Hacienda y Crédito publico, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a la baja las tarifas eléctricas de uso doméstico, considerando las altas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, en todos los municipios del estado de Tamaulipas.

Exposición de Motivos

La Comisión Federal Electricidad como depositaria del mandato supremo del pueblo de México y establecido en el artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social. Fue observando hasta hace poco un comportamiento dentro del ámbito tarifario, que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas; y en el caso de los subsidios, aplicándolos de manera generalizada, de acuerdo al último párrafo del artículo 28 constitucional. Sin discriminar a diferentes sectores de la población por su consumo, tal como sucede hoy, mediante el establecimiento de tarifas domésticas sin subsidios, como es el caso de la Tarifa de Alto Consumo (DAC).

Sin embargo, desde el año de 1992 en que fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la CFE, ha sido distinto y contrario a lo que esta plasmado en nuestra Constitución.

El secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el ``Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas'', en el que, sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene e invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es facultad exclusiva de esta honorable Cámara, según los establece el artículo 74, fracción IV, constitucional; generó un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara en un 187% que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 % de los usuarios.

Por todo lo anterior y

Considerando

Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.

Que la población de los distintos estados de la República se han manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.

Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, y no con recibos que están imposibilitados de pagar.

Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía sino que exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.

Que los habitantes de todos los municipios del estado de Tamaulipas están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el consumo intenso de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren y debido al bajo subsidio con el que cuentan.

Que la temperatura promedio que presentan la mayoría de los municipios del estado, en temporada de verano asciende hasta 45 grados centígrados.

Que ante esta H. Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, se han venido presentando diversos puntos de acuerdo, con referencia a la inconformidad de la población mexicana sobre el alto costo de las tarifas eléctricas en diversas regiones del país, sobre todo en aquellas ciudades donde prevalece el clima extremoso y que fueron afectadas con el recorte del subsidio eléctrico del decreto del 7 de febrero de 2002.

Que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad. Los comercios, restaurantes y hoteles, que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Que es indispensable, la urgente implementación por el Ejecutivo federal, a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.

Que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica concede gran discrecionalidad al Ejecutivo federal, lo que ha dado lugar a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, lo cual a traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio, con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que deben de prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas del Estado.

Que ante la evidencia claramente desproporcionada de las tarifas se hace urgente conocer cuáles son los criterios utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para aplicar las tarifas no sólo en el estado Tamaulipas, sino en todo el país, y en especial saber que ocurre en aquellas entidades y municipios donde la época de verano, y en algunos casos como en mi estado donde es casi todo el año, conlleva la alta elevación de las temperaturas, y por consecuencia el uso obligado por parte de miles de usuarios, de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo, incluso en el día y la noche.

Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que: ``La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la SHCP podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas''.

Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, en su operación de distribución.

Y en virtud a lo anterior, nos permitimos proponer a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal, para que con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial para el estado de Tamaulipas y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 32 grados centígrados, y asimismo, informen a esta H. Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos, o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002.

Diputados federales del estado soberano de Tamaulipas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Miguel Ángel González Salud, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Tomás Gloria Requena, Horacio E. Garza Garza, Enrique Cárdenas del Avellano.»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

ADICCIONES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el combate y la prevención de las adicciones.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el combate a la prevención de las adicciones debe de ser un tema prioritario de la política de salud de nuestro país. Sin embargo, la creación del Consejo Nacional contra las Adicciones fue una buena intención del gobierno federal, pero su desempeño y los resultados que arroja su existencia no son los deseados para reducir y prevenir el impacto a las adicciones en la población mexicana.

Lo que sí es real es que las adicciones han ido en aumento en nuestro país tanto en los centros urbanos como en el medio rural en las últimas dos décadas. Este aumento está asociado a la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que provocó el empobrecimiento masivo de las familias mexicanas, porque privilegió la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos de trabajo.

Fue así como millones de padres de familia de todos los estratos sociales fueron involucrados en una dinámica de destinar mayor tiempo a las actividades laborales en detrimento del tiempo destinado a la convivencia familiar y con los hijos.

El resultado del aumento de las adicciones produjo que se desarrollaran conductas asociadas a la delincuencia, a problemas de violencia en las familias. Por ejemplo, en años recientes, un porcentaje importante de niños, de 8 a 10 años de edad, han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes se iniciaba entre los 12 y 14 años. Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento y abarca también a todas las clases sociales.

Es cada vez mayor el consumo de drogas sintéticas de bajo costo, como el crack, el cristal, las tachas, entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves. A pesar de que el consumo de drogas, el tabaquismo y el alcoholismo han crecido considerablemente en la sociedad mexicana la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no fue acorde a la dimensión que tomó este problema de salud pública.

El Programa Nacional de Salud del actual gobierno sólo planteó líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y a las drogas. La realidad es que nunca se articularon programas y acciones gubernamentales que enfrentaran de manera radical el combate y la prevención a las adicciones.

El gobierno federal y la sociedad en su conjunto tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara a nivel emocional, familiar y social la relación entre padres e hijos, para así prevenir el crecimiento de las adicciones en el seno de la familia.

El Partido del Trabajo y su grupo parlamentario tienen claro que para enfrentar el problema de las adicciones debemos construir una política de Estado que involucre a todas las instancias del sector salud, a la sociedad en su conjunto, a las instituciones de educación superior y al Congreso de la Unión. Por ello proponemos la creación de una Comisión Especial de combate y prevención a las adicciones, que se constituya en un espacio de enlace entre las instancias involucradas en la prevención y combate a las adicciones.

Asimismo, para que se convierta en un espacio para proponer iniciativas de ley, programas y acciones de gobierno que promuevan el combate y la prevención de las adicciones, así como proponer la instrumentación de mecanismos que permitan a las familias mexicanas rehabilitar a los que sufren esos padecimientos.

Diputado Presidente, solicito que el texto íntegro de esta propuesta sea publicado en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para combatir y prevenir las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente propuesta para considerar la creación y constitución de la comisión especial para el combate y la prevención de las adicciones, conforme a las siguientes

Consideraciones

El combate y la prevención de las adicciones debe ser un tema prioritario de la política de salud en México.

Sin embargo, la creación del Consejo Nacional Contra las Adicciones fue una buena intención del gobierno federal, pero su desempeño y los resultados que arroja su existencia no son los deseados para reducir y prevenir el impacto de las adicciones en la población mexicana.

La visión que sustentan el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Secretaría de Salud de nuestro país está alejada de la problemática real de quienes padecen adicciones.

Lo que sí es real, es que las adicciones han ido en aumento en nuestro país, tanto en los centros urbanos como en el medio rural, en las últimas dos décadas.

Este aumento está asociado a la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que provocó el empobrecimiento masivo de las familias mexicanas, porque privilegió la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos del trabajo.

Fue así como millones de padres de familia de todos los estratos sociales fueron involucrados en una dinámica de destinar mayor tiempo a las actividades laborales en detrimento del tiempo destinado a la convivencia familiar y con los hijos.

Por esa razón, el aumento en el consumo de drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, y otra serie más de conductas adictivas que distorsionan la personalidad de los individuos, fue abarcando a todos los estratos sociales de nuestro país, incluidos algunos padres de familia.

El resultado del aumento de las adicciones produjo que se desarrollaran conductas asociadas a la delincuencia, a problemas de violencia en las familias y, en el conjunto de la comunidad, a la delincuencia organizada, que utiliza a un sector cada vez más creciente de la población en alta dependencia de las drogas y el alcoholismo en sus actividades ilícitas.

Por ejemplo, en años recientes un porcentaje importante de niños de entre 8 y 10 años han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes se iniciaban entre los 12 y 14 años.

Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento y abarca también a todas las clases sociales.

El consumo de drogas cobró cada vez más víctimas y su incidencia abarca incluso a los niños que se encuentran estudiando la primaria.

Es cada vez mayor el consumo de drogas sintéticas de bajo costo, como el ``crack'', el ``cristal'', ``las tachas'', entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves.

A pesar de que el consumo de drogas, el tabaquismo, y el alcoholismo han crecido considerablemente en la sociedad mexicana, la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no fue acorde con la dimensión que tomó este problema de salud pública.

El Programa Nacional de Salud del actual gobierno sólo planteó líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y las drogas.

Pero nunca se articularon programas y acciones gubernamentales que enfrentaran de manera radical el combate y la prevención de las adicciones.

Incluso, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se abocaron a atender este flagelo social hicieron más y lograron mejores resultados que las acciones y los programas del gobierno.

Para nadie es desconocido el papel y los resultados que ha producido en el campo del combate al alcoholismo de organismos no lucrativos como Alcohólicos Anónimos, que ha logrado rehabilitar a un alto porcentaje de quienes se acercan a pedir ayuda para enfrentar esta enfermedad.

El gobierno federal y la sociedad en su conjunto tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara a nivel emocional, familiar y social la relación entre padres e hijos, cuya ausencia es uno de los factores que condicionaron el aumento de las adicciones en un contexto en que la sociedad se complejizaba.

Por lo tanto, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario tienen claro que para enfrentar el problema de las adicciones debemos construir una política de Estado que involucre a todas las instancias del Sector Salud, a la sociedad en su conjunto, a las instituciones de educación superior y al Congreso de la Unión.

En este sentido, estamos proponiendo la creación una comisión especial de combate y prevención de las adicciones, que se constituya en un espacio de enlace entre las instancias involucradas en la prevención y combate a las adicciones.

Asimismo, para que se convierta en un espacio para proponer iniciativas de ley, programas y acciones de gobierno que promuevan el combate y la prevención de las adicciones, así como proponer la instrumentación de mecanismos que permitan a las familias mexicanas rehabilitar a los que sufren de estos padecimientos.

Por ello, ponemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las legisladoras y legisladores la siguiente

Propuesta

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de la Comisión Especial para el combate y la prevención de las adicciones.

Artículo Segundo. El mandato de dicha comisión será revisar el cumplimiento de las políticas de salud relativas al combate y prevención de las adicciones consagradas en las políticas de salud pública de la dependencia encargada de esta materia, incluido el desempeño del Consejo Nacional Contra las Adicciones.

Asimismo, servirá de enlace entre las dependencias encargadas del combate y la prevención de las adicciones y se convertirá en un espacio que aliente la promoción de políticas públicas, programas y acciones articuladas de gobierno para enfrentar este flagelo social, así como ser un espacio para dar seguimiento a las políticas y los programas contra este flagelo y coadyuve en la solución de esta problemática.

Artículo Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil seis. --- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica) y Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tome nota la Secretaría de la petición del señor diputado y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta, del oficio.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en los artículos cuarto y quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitamos sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a revisar las ternas enviadas por el Poder Judicial de la Federación para la designacion de los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa (rúbrica).»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En ese caso, tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Con su venia, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a revisar las ternas enviadas por el Poder Judicial de la Federación para la designación de los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La suscrita, diputada federal Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el pasado 7 de septiembre de 2006 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el acuerdo número 13/2006, en el que se determinó el procedimiento para la integración de las ternas que serían propuestas a la Cámara de Senadores para la designación de seis magistrados de la Sala Superior.

Que en sesión privada celebrada el 21 de septiembre por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia formó el primer listado de 160 interesados y el 16 de octubre integró las ternas que envió al Senado de la República.

Que un día después, el 17 de octubre, el magistrado presidente de la Sala Superior informó que dicho tribunal había decidido cancelar los tres fideicomisos que tenían con un saldo de 88.2 millones de pesos; de ese monto decidieron regresar 65.5 millones a la Tesorería de la Federación, anunciando, a su vez, que van a repartirse los restantes 22.7 millones de pesos como bonos de retiro, por lo que les va a tocar poco más de tres millones de pesos a cada uno.

No dejamos de señalar que el abuso en el uso de recursos públicos pretende disfrazarse de austeridad y respeto a la legalidad, y más bien refleja hasta qué punto algunos servidores públicos pueden abusar de las debilidades existentes en la legislación vigente.

El criterio utilizado para eludir el cumplimiento de la ley está en manos del mismo Poder Judicial, que debería ser el principal garante del cumplimiento estricto de la legalidad.

Que ante una decisión trascendental para el país, lo menos que esperamos es que la colegisladora realice una revisión minuciosa de cada uno de los integrantes de las ternas sometidas a su consideración, toda vez que, de los 18 candidatos a magistrados electorales, 13 pertenecen al Poder Judicial de la Federación; de los cuales 7 han tenido relación laboral en la Sala Superior; 4 más, con el Consejo de la Judicatura Federal, y que están vinculados directamente con los actuales ministros de la Corte; solamente 2 provienen de instituciones académicas; la última colaboró en el cuestionado IFE.

La designación de las ternas fue severamente desacreditada de inicio a fin por diversas organizaciones, barras de abogados, académicos y personalidades del mundo jurídico, quienes señalaron que dicho proceso únicamente permitiría que las designaciones recayeran, como finalmente sucedió, en personas cercanas a los actuales ministros de la Corte o a políticos cercanos a la esfera judicial con evidentes intereses en el nombramiento de los magistrados electorales de la Sala Superior, quienes tendrán, entre otras atribuciones, la de calificar las elecciones federales de 2009 y las presidenciales del 2012.

Que dentro de los requisitos, constitucionales y legales se destaca gozar de buena reputación.

Ahora bien, de las propuestas provenientes del Tribunal Electoral existe desconfianza en las mismas por la parcialidad con que se condujeron los integrantes de la Sala Superior.

Que, en virtud de lo anterior, solicitamos al Senado de la República examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior, a fin de no permitir que el Tribunal esté al servicio de intereses político-económicos sino que defienda los intereses de la República y, por ende, de su forma de gobierno.

La honorabilidad, respetabilidad y calidad moral de la mayoría de los aspirantes esta en duda. Démosle una oportunidad a la República; saneemos sus instituciones electorales, por el bien de todos.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Que la representación nacional exhorta respetuosamente al Senado de la República a examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior.

Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Héctor Larios Córdova, Javier González Garza, Ricardo Cantú Garza, Alejandro Chanona Burguete, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Emilio Gamboa Patrón, Gloria Lavara Mejía, Aída Marina Arvizu Rivas (rúbricas).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición, si es que hay oradores. No habiendo oradores, señor Secretario, consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada, comuníquese.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al director de Petróleos Mexicanos a cumplir los compromisos y obligaciones contraídos con al ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes someto la proposición con punto de acuerdo en calidad de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente exposición de motivos.

Desde hace varias décadas en el municipio de Manzanillo, Colima, existen dos terminales de almacenamiento y distribución de Pemex; una ubicada en pleno centro de la ciudad y otra ubicada en la comunidad de Tapeixtles, dentro de la misma zona urbana. Lo anterior implica que tres ductos que transportan combustóleo, diesel y gasolina, atraviesen la ciudad desde el centro de Manzanillo.

Esta situación ha provocado que los habitantes de Manzanillo, sobre todo los asentados en las áreas cercanas donde se encuentran las instalaciones de Pemex, manifiesten permanentemente a las autoridades municipales su preocupación por los riesgos y peligros que existen debido a la operación de la paraestatal.

Precisamente el pasado 27 de julio del año en curso, ocurrió en Manzanillo, Colima, el mayor derrame de hidrocarburos de su historia. En la madrugada de ese día la ruptura de un ducto de Pemex ubicado en el centro, provocó el derrame de más de 200 mil litros de combustóleo, según información de la propia paraestatal.

Este hecho causó la contaminación de la bahía y daños en la explanada del jardín principal, áreas verdes, alumbrado, calles aledañas, así como en la red de drenaje sanitario y agua potable.

Hubo, pues, afectación al medio ambiente y daños en la infraestructura urbana y sanitaria, afectando también al comercio establecido del centro histórico. La noticia ---por sus implicaciones--- fue dada a conocer nacionalmente, afectando la actividad turística, una de las principales actividades del municipio.

Desde las primeras horas de ese accidente, personal del ayuntamiento y de la Comisión de Agua Potable y la Armada de México, se dieron a la tarea de controlar el siniestro. Gracias a su intervención se evitaron mayores daños a Manzanillo.

Posteriormente funcionarios de Pemex Refinación, entre otros el gerente corporativo de Protección al Ambiente, signaron compromisos con el suscrito ---en mi calidad de presidente municipal de Manzanillo en ese entonces--- avalados por el director general de Pemex Refinación, ingeniero Miguel Tame Domínguez, así como con funcionarios municipales y directivos del organismo operador del agua. Dentro de los compromisos que se acordaron con el ayuntamiento de Manzanillo, eran los siguientes: la donación de 5 mil toneladas de asfalto ac20; 300 mil litros de gasolina; 300 mil litros de diesel; 3 millones de pesos para obras de infraestructura.

Para dar cumplimiento a esto el ingeniero José Manuel Olivares Páez se comprometió a darle trámite en la sesión del Consejo de Administración de Pemex, a celebrarse a fines del mes de agosto; mismos compromisos y obligaciones que fueron ratificados vía telefónica por el gerente corporativo de Desarrollo Social de Pemex.

Además, se hizo otro compromiso con el organismo operador del agua; el pago de la cantidad de 2 millones 635 mil pesos, que incluyen los trabajos realizados con personal de la CAPDAM y la reposición de equipos de rebombeo utilizado de manera extraordinaria por el organismo operador.

Sin embargo, hemos sido enterados que Pemex sólo autorizó una parte mínima de los compromisos hechos con el ayuntamiento de Mazanillo y la CAPDAM, haciendo caso omiso de las obligaciones adquiridas por los representantes de la paraestatal.

Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es una exigencia justa de los habitantes del municipio de Manzanillo, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al director general de Pemex a cumplir con todos los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.

Segundo. Se solicita al director general de Pemex, la realización de los estudios necesarios para proponer una serie de soluciones respecto a la forma en que dicha paraestatal opera actualmente y que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio, así como las condiciones ambientales de esta zona. Entre estas soluciones, se le solicita considerar la posibilidad de reubicar las instalaciones de Pemex, para compararla con la evaluación de otras alternativas que garanticen el mismo objetivo.

Tercero. Se solicita al director general de Pemex, que los resultados del estudio mencionado sean remitidos al Pleno de esta soberanía. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex y a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo a cumplir todos los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo, Colima, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado federal Nabor Ochoa López, integrante de la LX legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes somete la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace varias décadas, en el municipio de Manzanillo, Colima, existen dos terminales de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos ( Pemex); una, ubicada en pleno centro de Manzanillo; y otra, en la comunidad de Tapeixtles, dentro de la misma zona urbana. Lo anterior implica que tres ductos que transportan combustóleo, diesel y gasolina atraviesen la ciudad desde el centro de Manzanillo (jardín principal).

Esta situación ha provocado que los habitantes de Manzanillo, sobre todo los asentados en las áreas cercanas a donde se encuentran las instalaciones de Pemex, manifiesten permanentemente a las autoridades municipales su preocupación por los riesgos y peligros que existen debido a la operación de Pemex.

Precisamente, el pasado 27 de julio del año en curso ocurrió en Manzanillo, Colima, el mayor derrame de hidrocarburos de su historia.

En la madrugada de ese día, la ruptura de un ducto de Pemex ubicado en pleno centro de Manzanillo provocó el derrame de más de 200 mil litros de combustóleo, según información de la propia paraestatal.

Este hecho causó la contaminación de la bahía de Manzanillo y daños en la explanada del jardín principal, áreas verdes, alumbrado, calles aledañas, así como en la red de drenaje sanitario y agua potable.

Hubo pues, afectación al medio ambiente y daños en la infraestructura urbana y sanitaria, afectando también al comercio establecido del centro histórico. La noticia, por sus implicaciones, fue dada a conocer nacionalmente, afectando la actividad turística, una de las principales actividades del municipio.

Desde las primeras horas de este accidente, Protección Civil municipal y personal del ayuntamiento, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, y la armada de México se dieron a la tarea de controlar el siniestro. Gracias a su oportuna intervención, se evitaron mayores daños a la bahía de Manzanillo, a la red sanitaria y de agua potable, y a la planta de tratamiento de aguas negras del municipio.

Posteriormente funcionarios de Pemex Refinación, entre otros el ingeniero José Manuel Olivares Páez, gerente corporativo de Protección al Ambiente, signaron compromisos con el suscrito, en mi calidad de presidente municipal de Manzanillo en ese entonces, así como con funcionarios municipales y directivos del organismo operador del agua del municipio.

Dentro de los compromisos que se establecieron con el ayuntamiento de Manzanillo, destacan los siguientes:

El ingeniero José Manuel Olivares Páez, gerente corporativo de Protección Ambiental de Pemex refinación se obligó a entregar al ayuntamiento de Manzanillo lo siguiente:

5 mil toneladas de asfalto ac-20.

300 mil litros de gasolina.

300 mil litros de diesel.

3 millones de pesos para obras de infraestructura urbana en el centro histórico de Manzanillo (avenida México y calle Morelos).

Para dar cumplimiento a las obligaciones antes referidas el ingeniero Olivares Páez, en representación de Pemex, se comprometió a dar trámite en la siguiente sesión del Consejo de Administración de Pemex, por celebrarse a fines de agosto del año en curso; mismos compromisos y obligaciones que fueron ratificados al suscrito vía telefónica por el ingeniero Saúl López de la Torre, gerente corporativo de Desarrollo Social.

Asimismo se hizo el compromiso por escrito, por parte del ingeniero Olivares Páez, de cumplir a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) --con motivo de los daños a la infraestructura de ese organismo por parte de Pemex-- de las obligaciones que enseguida se detallan:

El pago de 2 millones 635 mil 48.06 pesos (dos millones seiscientos treinta y cinco mil cero cuarenta y ocho pesos 06/100), que incluyen los trabajos realizados con personal de la CAPDAM y la reposición de equipos de rebombeo utilizado de manera extraordinaria por el organismo operador.

Lamentablemente nos hemos enterado que el Consejo de Administración de Pemex, en su última sesión de fines de agosto sólo ha autorizado una parte mínima de los compromisos hechos con el ayuntamiento de Manzanillo y la CAPDAM, haciendo caso omiso de las obligaciones adquiridas por los representantes de la paraestatal.

Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es una exigencia justa de los habitantes del municipio de Manzanillo, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta al director general de Pemex a cumplir todos los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Artículo Segundo. Se solicita al director general de Pemex la realización de los estudios correspondientes que permitan la reubicación de las instalaciones de Pemex situadas en el centro de Manzanillo, por el peligro que representan para la ciudadanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2006.--- Diputado Nabor Ochoa López (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores, si es que los hay. No habiendo oradores, señor Secretario, pregunte a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Aprobada y comuníquese.

Hay dos proposiciones que solicitan que sean retiradas del orden del día. Una es del diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; es un punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el bando solemne para dar a conocer, en el Distrito Federal, la declaración de presidente electo.

SALARIOS DE DOCENTES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Y otra es del diputado Miguel Ángel Solares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal informe la naturaleza jurídica del acuerdo entre la profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa, por el que se otorgaron recursos para la rebonificación salarial de los docentes del país. Inicialmente se habían turnado cuando se inició este capítulo. Se retiran a petición de ellos. Tome nota, señor Secretario.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2007

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Salas López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, la distribución de los recursos sea en forma equitativa a todos los estados del país.

El diputado Ramón Salas López:Con su venia, diputado Presidente; compañeros de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros; honorable Asamblea: el suscrito, diputado federal integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucionaly además, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossomete a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En días pasados la prensa nacional ha dado cuenta de que con las gestiones de la Presidencia de la República se han visto favorecidos ciertos gobiernos afines a ésta, en detrimento del resto de los estados encabezados por los gobiernos opositores al partido en el poder.

Dicha información figura en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, en donde se hace constar que desde la Presidencia de la República se impulsaron, en la actual administración, 17 megaproyectos; de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades en poder del Partido Acción Nacional.

El documento informativo de la Presidencia de la República señala que el total de dichas obras es de 30 mil 100 millones de pesos, pero tan solo 4 de éstas, ubicadas en Guanajuato, absorben 21 mil millones, es decir las dos terceras partes; además de Guanajuato, los beneficiados fueron Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí y Morelos.

Lo anterior, compañeras y compañeros, es una evidencia clara de que el actual gobierno es un gobierno en donde se privilegia la inequidad y ésta ha estado presente. Mientras a los estados gobernados por su partido les llegan recursos millonarios, al resto de las entidades se les da un trato discriminatorio negándoles, incluso, la entrega de los recursos previamente comprometidos.

Es inadmisible que el presupuesto público sea distribuido en base a simpatías y a adhesiones doctrinarias y no en función de las necesidades de la población que en cada región se presentan.

Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal una explicación sobre los criterios utilizados en la distribución inequitativa de los recursos, privilegiando a las entidades cuyos gobiernos tienen filiación panista, así como los motivos por los cuales no se han entregado los recursos comprometidos a los gobiernos de otra filiación partidista.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos del año 2007 que la Federación envía a esta soberanía, se asigne con toda claridad y se establezca con criterios de equidad los recursos destinados a entidades federativas y se evite con ello la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 los recursos se distribuyan en forma equitativa a todos los estados, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Motivos

En días pasados la prensa nacional ha dado cuenta de los premios que con las gestiones de la Presidencia de la República, se han favorecido a los gobiernos panistas, en detrimento del resto de los estados encabezados por gobiernos opositores al partido en el poder. Dicha información figura en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006, de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia. En donde se hace constar que desde las oficinas de la Presidencia de la República se impulsaron en la actual administración 17 megaproyectos, de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades en poder de Acción Nacional, y los dos restantes fueron la remodelación del Aeropuerto de la Ciudad de México.

El documento informativo de las oficinas de Presidencia de la República, señala que el total de dichas obras es de 30 mil 100 millones de pesos, pero tan sólo cuatro de estas, ubicadas en Guanajuato, absorben 21 mil millones, es decir, las dos terceras partes. Además de Guanajuato, los beneficiados fueron Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí y Morelos.

Lo anterior, compañeros y compañeras, es una evidencia clara de que el actual gobierno, es un gobierno de componendas y privilegios, en donde la inequidad y uso abusivo del poder son sus sellos característicos.

Mientras a los estados gobernados por el PAN les llegan recursos millonarios, al resto de las entidades se le da un trato discriminatorio negándoles la entrega de los recursos previamente comprometidos.

Este hecho, desde luego no puede verse aislado sino que indiscutiblemente está estrechamente relacionado con el reciente proceso electoral y el desvío de recursos utilizados como presión o estímulo para obtener beneficios electorales.

Es claro, que esta Cámara de Diputados no pude quedarse de brazos cruzados ante el abuso, la arbitrariedad y la ilegalidad. Es tiempo de entender, que el establecimiento del autoritarismo, la hegemonía, la corrupción y el abuso de influencias, ha quedado atrás. El presidencialismo está agotado, por lo que se deben deslindar responsabilidades y castigar con todo el peso de la ley, a quien haya utilizado recursos públicos en beneficio propio o de grupo.

Es inadmisible que el Presupuesto Público sea distribuido en base a simpatías y adhesiones doctrinarias y no en función de las necesidades que la población en cada región presenta.

En razón de lo aquí expuesto, es que someto a consideración de esta honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal, una explicación sobre los criterios utilizados en la distribución inequitativa de los recursos, privilegiando a las entidades cuyos gobiernos tienen filiación panista, así como los motivos por los cuales los recursos comprometidos con entidades federativas cuyos gobiernos son de extracción diversa a la de gobierno, no han sido entregados para cumplimentar sus fines.

Segundo.-Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado a esta soberanía se asignen con toda claridad y se evite con ello la discrecionalidad en el manejo de los dineros públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Salas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: la venta de las empresas del Estado es uno de los paradigmas de la doctrina neoliberal. En México se ha caracterizado por una serie de actos de corrupción, irregularidades y malos manejos.

Estas anomalías ya eran padecidas por los trabajadores de la paraestatal Ferronales en 1992, cuando se aplicó el programa de retiro voluntario, el cual se caracterizó por un sinfín de irregularidades que fueron avaladas por las autoridades y los líderes sindicales, lo que dio paso a miles de demandas en las juntas federales de Conciliación y Arbitraje.

Las condiciones laborales de los trabajadores ferrocarrileros empeoraron a raíz de la reforma constitucional de 1995 que derogó en nuestra norma fundamental el carácter estratégico reservado al Estado de la actividad económica de los ferrocarriles, y más tarde, con la privatización de Ferronales, en 1997.

Para garantizar las jubilaciones y las pensiones de los ex trabajadores de dicha empresa, se constituyó, el 19 de diciembre de 1997, el Fideicomiso 5012-6 denominado Ferronales-Jub para administrar los recursos destinados por el organismo en extinción, al pago de las jubilaciones y pensiones.

Con el gobierno de Vicente Fox Quesada se publicó en 2002 el decreto que extinguía a Ferronales señalando en su artículo cuarto: ``Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo y aplicable a la ley, serán respetados.

``En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el Fondo de Jubilaciones sea insuficiente''.

Además, establece lo siguiente: ``Hasta en tanto el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronales-Jub, constituido en Nacional Financiera, con su número de registro 5012-6, determine que otra institución pública preste los servicios, materia del referido Fideicomiso para la atención de los trabajadores jubilados, el organismo que se extingue continuará prestándolos con sus propios recursos humanos y materiales''.

Sin embargo, miles de trabajadores han exigido se reconozcan sus derechos por lo que han interpuesto más de 53 mil demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte, la resolución de los laudos ha sido en muchos casos desfavorable debido a una interpretación del contrato colectivo de trabajo discrecional y diferenciada, lo cual es a todas luces irregular. Y en los casos donde los trabajadores obtuvieron un laudo favorable, la empresa Ferronales, en liquidación, no ha cumplido con el pago de las liquidaciones y las pensiones que por ley tienen derecho y otras más, que pagan en forma irregular, a tal grado que tardan hasta 12 meses en cumplir con este derecho.

Las autoridades de Ferronales argumentan que no tienen recursos para hacer frente a estas obligaciones extraordinarias; sin embargo, los activos de la paraestatal en liquidación suman más de 10 mil millones de pesos, lo que quiere decir que sí hay dinero.

Cuando se trata de rescates bancarios, carreteros y de ingenios azucareros, entre otros, el gobierno federal sin más incorpora en el Presupuesto de Egresos de cada año fiscal miles de millones de pesos. Cabe recordar el Fobaproa, que se asignaron para este año más de 36 mil millones de pesos; pero cuando se trata de ayudar a los más desprotegidos el gobierno no resuelve. Un caso similar lo vivimos con los ex braceros de cómo el gobierno los trajo vuelta y vuelta y nunca resolvió en muchos casos.

Nos queda claro que existiendo los recursos suficientes para resolver este problema, no es atendible, lo cual es muestra de que no es un asunto de dinero, sino de voluntad política.

Con las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración del Pleno, el siguiente punto de acuerdo.

Artículo primero, la honorable Cámara de Diputados exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, para que pague a sus trabajadores pensionados y jubilados.

Artículo segundo, se exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a regularizar el pago de los trabajadores pensionados y jubilados que resultaron con su laudo a favor.

Artículo tercero, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar recursos en el Proyecto de Presupuesto 2007, para hacerle frente a las pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, que tuvieron un laudo favorable.

Artículo cuarto, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al fideicomiso público 5012-1 Ferronales JUB, a su administración, número de beneficiarios y recursos con que cuenta. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

La venta de las empresas del Estado, que es uno de los paradigmas de la doctrina neoliberal, en México se ha caracterizado por una serie de actos de corrupción, irregularidades y malos manejos.

Estas anomalías ya eran padecidas por los trabajadores de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) en 1992, cuando se aplicó el Programa de Retiro Voluntario, el cual se caracterizó por un sinfín de irregularidades, que fueron avaladas por las autoridades y los líderes sindicales, lo que dio paso a miles de demandas en la Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

Las condiciones laborales de los trabajadores ferrocarrileros empeoraron a raíz de la reforma constitucional, en 1995, que derogó de nuestra Norma Fundamental el carácter estratégico reservado al Estado de la actividad económica de los ferrocarriles y, más tarde, con la privatización de Ferronales en 1997.

Para garantizar las jubilaciones y las pensiones de los ex trabajadores de dicha empresa, se constituyó, el 19 de diciembre de 1997, el Fideicomiso 5012-6, denominado Ferronales Jub, para administrar los recursos destinados por el organismo en extinción al pago de las jubilaciones y pensiones.

Con el Gobierno de Vicente Fox Quesada se publicó, en 2001, el decreto que extinguía Ferronales, señalando en su artículo 4 que:

``Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente''.

Además, se establece lo siguiente: ``hasta en tanto el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronales Jub'', constituido en Nacional Financiera, SNC, con su número de registro 5012-6, determine que otra institución pública preste los servicios materia del referido fideicomiso para la atención de los trabajadores jubilados, el organismo que se extingue continuará prestándolos con sus propios recursos humanos y materiales''.

Sin embargo, miles de ex trabajadores han exigido se reconozcan sus derechos, por lo que han interpuesto más de 53 mil demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte, la resolución de los laudos ha sido en muchos casos desfavorable, debido a una interpretación del contrato colectivo de trabajo discrecional y diferenciada, lo cual es a todas luces irregular.

Y en los casos donde los ex trabajadores obtuvieron un laudo favorable, la empresa Ferronales, en liquidación, no ha cumplido con el pago de las liquidaciones y las pensiones que por ley tienen derecho y otras más se pagan de forma irregular, a tal grado que tardan hasta 12 meses en cumplir con este derecho.

Las autoridades de Ferronales argumentan que no tienen recursos para hacer frente a estas obligaciones extraordinarias.

Incluso la Secretaría de Hacienda ha erogado recursos, en calidad de préstamo a Ferronales, para cubrir los adeudos de los pensionados y jubilados.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a pagar a sus ex trabajadores pensionados y jubilados.

Artículo Segundo. Se exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a regularizar el pago de los ex trabajadores pensionados y jubilados que resultaron con un laudo a su favor.

Artículo Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2007, a fin de hacer frente a las pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, que tuvieron un laudo favorable.

Artículo Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al fideicomiso público 5012-6 ``Ferronales JUB'', a su administración, número en beneficiarios y recursos con que cuenta.

Dado en el Palacio Legislativo, a los diecisiete días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación. Dé lectura, señor Secretario.

COMISION BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Junta, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán la LX Legislatura de esta Cámara en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional:

Diputados: Cristián Castaño Contreras, del Grupo Parlamentario del PAN; Higinio Chávez García, del Grupo Parlamentario del PRD; Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.Continúe la Secretaría con el segundo acuerdo.

COMISIONES BICAMARALES DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA UNION Y DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en las comisiones bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y del Sistema de Bibliotecas

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Junta, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 132, numeral 2, y del artículo 134, numeral 2, del mismo ordenamiento, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán la LX Legislatura de esta Cámara en las comisiones bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y del Sistema de Bibliotecas:

Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión

Diputado José Antonio Díaz García

Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Luis Venancio Sánchez Jiménez

Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Gerardo Lagunes Gallina

Grupo Parlamentario del PRI

Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas

Diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil

Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Daniel Torres García

Grupo Parlamentario del PRD

Diputada María del Carmen Pinete Vargas

Grupo Parlamentario del PRIDado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006 con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Minuta Proyecto de Decreto

Único.Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Lucía Susana Mendoza Morales, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo y de Fortalecimiento al Federalismo, formen una Comisión Especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejen a la cuenca de Lerma-Chapala-Santiago.

La diputada Lucía Susana Mendoza Morales:Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea: los suscritos diputados federales del estado de Jalisco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Salud, Turismo y Fortalecimiento al Federalismo en conjunto, formen la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, para analizar su situación actual.

La sociedad y todos los órdenes de gobierno, deben actuar coordinada y permanentemente, para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas que dañen al entorno. Pensar en el desarrollo hoy en día, inevitablemente, nos lleva a reflexionar sobre la situación ambiental que nos aqueja en varios contextos: el internacional, el nacional y el local. Este último, sin duda alguna, cobra y posee mayor fuerza al saber que todos los elementos del desarrollo se encuentran en contacto directo con su gestor, promotor y usuario.

Es aquí donde cobra mayor fuerza la frase ya tan conocida por todos: ``Pensar globalmente y actuar localmente''. En este sentido las cuestiones del medio ambiente y los procesos de desarrollo humano son sumamente inseparables. Las estrategias y las aplicaciones concretas que se deben de tomar en el contexto local, es de donde emanan las directrices de aplicación, concretar para obtener el desarrollo humano sustentable, y esa perspectiva tiene una dimensión sumamente ética.

La presente propuesta, amigos míos, nos sitúa en la necesidad de abordar la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con una visión integral, con diferentes y diversas ópticas que deberán de tomar su naturaleza y su punto de especialización las observaciones, y evidenciarán la totalidad de la problemática que aqueja a la cuenca tan claramente ---como ustedes bien lo saben---, sumamente compleja la problemática de la cuenca, en los aspectos sociales, económicos y de salud ambiental, para que en corresponsabilidad planteen las soluciones y las estrategias necesarias para su rescate.

Uno de los propósitos primordiales de esta Comisión será analizar la situación social, ecológica y económica de la cuenca, verificando la calidad del agua, sus volúmenes, el estado de las situaciones volumétricas y el funcionamiento de las estaciones hidrométricas, del uso y gestión que se hace de la cuenca misma.

Honorable Asamblea, bajo el amparo de estos datos, de estas reflexiones, solicitamos y apelamos a la sensibilidad y voluntad política de todos los grupos parlamentarios de esta LX Legislatura, para crear la citada comisión. Es así que esta soberanía estará buscando, en conjunto y en corresponsabilidad, dar solución a las problemáticas de nuestro país. A continuación presentamos el punto de acuerdo.

Que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo y de Fortalecimiento del Federalismo formen una Comisión Especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que corresponde a los estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Dos, la Comisión Especial se constituirá por lo menos por un miembro de cada grupo parlamentario que integra esta honorable Cámara de Diputados.

Tres, la Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2009. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe al Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso General, de los avances obtenidos por la comisión.

Cuatro, la Comisión Especial contará con los recursos presupuestales suficientes para la ejecución de los programas y proyectos necesarios que se implementen para el rescate y la puesta en marcha de acciones que requiere la problemática de la cuenca en cuestión.

Transitorio. Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de octubre. Atentamente los suscritos diputados del estado de Jalisco del grupo parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales del estado de Jalisco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 34 y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo legislativo a fin de que se forme la comisión especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Exposición de Motivos

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar coordinada y permanentemente para evitar la degradación del ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas del ambiente.

Al cabo de los años y acorde con las necesidades más imperiosas de la humanidad, aparece junto a éstas la necesidad de acuñar, pero sobre todo de adoptar nuevos paradigmas que nos lleven a la ejecución de nuevas y mejores prácticas para la obtención del anhelado desarrollo, que ahora se busca que sea sustentable.

Pensar en el desarrollo hoy día inevitablemente nos lleva a reflexionar sobre la situación medioambiental, una situación ambiental que es concebida en varios contextos: el internacional, el nacional y el local.

Este último es sin duda uno de los contextos que posee mayor fuerza para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de todos los elementos del desarrollo mismo, ya que se encuentra en contacto directo con su gestor, promotor y usuario. Aquí cobra gran fuerza la frase ya tan conocida por todos: ``pensar globalmente y actuar localmente''.

En ese sentido, las cuestiones del ambiente y los procesos de desarrollo humano son inseparables; toman forma en planteamientos estratégicos y de aplicación concreta en el contexto local, que es de donde emanan dichas directrices de aplicación para la obtención del desarrollo humano sustentable.

Cabe destacar que desde esta perspectiva es éticamente obligada la protección del ambiente, aprovechando, y no explotando, más de lo que sea la capacidad de carga de cada ecosistema los recursos naturales, ya que sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico a ningún plazo, mucho menos se puede velar por la calidad de vida de todos los mexicanos.

La presente propuesta dará la pauta a fin de crear políticas públicas que vigilen todos los aspectos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, velando así por una economía fuerte y pujante, un desarrollo social y humano integral y un claro cuidado del ambiente; sin el cuidado de éste afectaremos todo el proceso de desarrollo.

Por ello es preciso velar por un ambiente sano, situándonos en la necesidad de abordar la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con una visión integral, con diversas ópticas y saberes que, por su naturaleza y grado de especialización, observarán y evidenciarán la totalidad de los problemas tan complejos que posee la cuenca desde la perspectiva social, ecológica y de salud ambiental, para que en corresponsabilidad se planteen las estrategias necesarias para el rescate de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y, con estas acciones, el rescate de la salud física y económica de los mexicanos que están en contacto con ella. Por eso se requiere la intervención de las comisiones ordinarias señaladas.

Objetivos de la comisión especial

Uno de los propósitos primordiales de la comisión será analizar la situación social, ecológica y económica de la cuenca, verificando la calidad del agua, sus volúmenes, las instalaciones y el funcionamiento de las estaciones hidrométricas y el uso y la gestión que se hace de ella, para dar cuenta de los diferentes aspectos y las situaciones existentes.

La presente propuesta no es azarosa sino que obedece a un problema de primer orden y de seguridad nacional para su pronta atención, ya que es sumamente preocupante el grado de contaminación de la cuenca, una de las más importantes del país: desde el centro de éste hasta el Pacífico se concentra más de 11 por ciento de la población nacional, y el recurso hídrico se emplea en la actividad agrícola, seguida de la actividad industrial, que ocupan más de 52 por ciento de la superficie de la cuenca, respaldando aún más la necesidad de abordar lo expuesto con visión multidisciplinaria, por tanto multicomisionaria.

Honorable asamblea, al amparo de los datos y las reflexiones expuestos solicitamos y apelamos a la sensibilidad y voluntad política de todos los grupos parlamentarios de la LX Legislatura para crear la citada comisión especial; así, esta soberanía estará buscando y respondiendo corresponsablemente a la solución de la problemática de la cuenca. Los suscritos, diputados federales jaliscienses del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someten a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Uno. Que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismoformen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, correspondiente a los estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit.

Dos. La comisión especial se constituirá por lo menos por un miembro de cada grupo parlamentario que integra la honorable Cámara de Diputados.

Tres. La comisión especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2009. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General, de los avances obtenidos por la comisión.

Cuatro. La comisión especial contará con recursos presupuestales suficientes a fin de ejecutar los programas y proyectos que se implanten respecto a la puesta en marcha de las acciones requeridas para atacar la problemática en cuestión.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.--- Diputados: Gerardo Amezola Fonseca, Joel Arellano Arellano, Omar Antonio Borboa Becerra, Leobardo Curiel Preciado, Francisco Javier Gudiño Ortiz, José Gildardo Guerrero Torres, Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Gustavo Macías Zambrano, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Fabián Fernando Montes Sánchez, José Nicolás Morales Ramos, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Rocío del Carmen Morgan Franco, José Antonio Muñoz Serrano, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Francisco Javier Plascencia Alonso, Jorge Quintero Bello, Ricardo Rodríguez Jiménez, Martha Angélica Romo Jiménez, Mario Alberto Salazar Madera, Carlos René Sánchez Gil, José de Jesús Solano Muñoz, Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lucía Susana Mendoza. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

GAS NATURAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Humberto García Reyes, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajos consumos y se otorgue el estímulo fiscal que se indica.

El diputado Ángel Humberto García Reyes:Con su permiso, señor Presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalen esta LX Legislatura, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo.

Que tiene como finalidad formular una atenta solicitud del Ejecutivo federal, para que amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal que en dicho decreto se establece, con base en las siguientes consideraciones.

El 16 de mayo del año 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto del Poder Ejecutivo, por el que se sujeta a precio máximo el gas natural suministrado a los usuarios residenciales de bajo consumo y cuya fecha de vigencia se estableció el 30 de septiembre del 2006.

La justificación de dicho decreto se sustenta con el propósito de apoyar a los usuarios residenciales de bajo consumo, que son aquellas personas que adquieren gas natural para consumo en su hogar, igual o menor a los 60 metros cúbicos mensuales en promedio.

También en este decreto se establece la reducción en el pago de las facturas para los usuarios finales, hasta en un máximo del 28 por ciento del importe mensual, sin considerar el impuesto al valor agregado, para el gas sujeto a la metodología de precios de venta de primera mano.

Por lo que respecta al gas natural no sujeto a dicha metodología, la reducción se canalizó a través de un estímulo fiscal, otorgado a los permisionarios de distribución del energético. Este estímulo adjudica en el caso de que los permisionarios, descuenten de los usuarios finales, el importe del estímulo fiscal que aplique al consumo mensual de cada usuario.

Con la entrada en vigor del decreto se benefició un millón 140 mil familias, cifra equivalente al 67 por ciento de los usuarios domésticos de gas natural. De acuerdo a estimaciones formuladas por la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía el importe promedio de la factura que cubre el consumo de gas natural a nivel nacional, para el sector residencial, de agosto del 2005 a septiembre de 2006 fue de 280 pesos. Sin embargo, para los últimos cuatro meses de 2005 y el primero de 2006, fue aún mayor al nacional, aproximadamente en un 6 por ciento, en promedio.

Cabe destacar que, de acuerdo a estimaciones confiables, la ciudad más cara en el consumo final de gas natural, proporcionado directamente por Pemex, es la ciudad de Saltillo, Coahuila. Lo anterior considerando la base de datos a enero de 2005 y la demanda de una familia representativa, que es de 55 metros cúbicos.

Así, en Saltillo dicho consumo cuesta 333 pesos, siguiéndole Monterrey, donde cuesta 321 y Chihuahua, con 318; mientras que la ciudad más barata es Querétaro, con 216 pesos; es decir, el costo en la ciudad coahuilense de Saltillo es casi 35 por ciento superior al de Querétaro.

Todo lo anterior es resultado de la fórmula que aplica Pemex para determinar el precio de venta del gas natural, el cual está referenciado al precio que rige en el sur del estado de Texas de los Estados Unidos.

Por esta razón la economía familiar se ve fuertemente afectada ante las variaciones del precio del energético, considerando que los ingresos de los mexicanos son difícilmente comparables con los de los estadounidenses.

Peores consecuencias deben padecer los consumidores de la franja fronteriza norte de Coahuila, especialmente Piedras Negras, donde Pemex no cuenta con ningún tipo de gas natural, nacional o importado para abastecer a dicha zona, por lo que el distribuidor autorizado debe adquirirlos directamente de los dos únicos proveedores que existen en la región vecina de Texas, quienes sabedores de su condición de únicas opciones de abasto y en acuerdo con las empresas de transporte, fijan el precio del energético de manera unilateral y arbitraria.

Dada la situación anterior, lo cual se agrava ante la recurrente posibilidad de bajas temperaturas en Coahuila y en los estados del norte del país, el grupo parlamentario de Acción Nacional considera de gran trascendencia social continuar manteniendo el esquema de precios de gas natural, planteado en el decreto del Poder Ejecutivo publicado el 16 de mayo del 2005.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que, con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Competencia, establezca la ampliación de la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2005, por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal fijado en el mismo decreto, por un término que comprenda del 1 de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2007. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se otorgue el estímulo fiscal que se indica, a cargo del diputado Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Humberto García Reyes, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer una solicitud al Ejecutivo federal para que amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal que en el decreto se estable, basado en las siguientes

Consideraciones

1. El 16 mayo del año 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del Poder Ejecutivo por el que sujeta a precio máximo el gas natural suministrado a los usuarios residenciales de bajo consumo y cuya fecha de vigencia se estableció hasta el 30 de septiembre de 2006.

2. La justificación de dicho decreto era apoyar a los usuarios residenciales de bajo consumo, que son aquellas personas que adquieren gas natural para consumo en su hogar y cuyo dispendio se iguala o es menor a los 60 metros cúbicos mensuales en promedio.

3. También en dicho decreto se establece la reducción en el pago de las facturas para los usuarios finales hasta en un máximo del 28 por ciento del importe mensual, sin considerar el impuesto al valor agregado, para el gas sujeto a la metodología de precios de venta de primera mano.

4. Por lo que respecta al gas natural no sujeto a dicha metodología, la reducción se canalizó a través de un estímulo fiscal otorgado a los permisionarios de distribución del energético. Dicho estímulo se adjudica en el caso que los permisionarios descuenten de los usuarios finales el importe del estímulo fiscal que aplique al consumo mensual de cada usuario.

5. Con la entrada en vigor del decreto, se benefició a un millón 140 mil familias, cifra equivalente al 67 por ciento de los usuarios domésticos de gas natural, de acuerdo a estimaciones formuladas por la Oficina de Políticas Publicas de la Presidencia de la República.

6. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el importe promedio de la factura que cubre el consumo de gas natural a nivel nacional para el sector residencial, de agosto de 2005 a septiembre de 2006, fue de $280.11. Sin embargo, dicho importe para los últimos cuatro meses del 2005 y el primero del 2006 fue aún mayor al nacional, aproximadamente en un 6%, en promedio.

7. Cabe destacar que, de acuerdo a estimaciones confiables, la ciudad más cara en el consumo final de gas natural es la ciudad de Saltillo. Lo anterior considerando la base de datos a enero del 2005 y la demanda de una familia representativa, que es de 55.6 metros cúbicos. Así, en Saltillo dicho consumo cuesta $333.19, siguiéndole Monterrey donde cuesta $321.54 pesos, y Chihuahua con $318.55, mientras que la ciudad más barata es Querétaro con $216.94 pesos. Es decir, el costo en la ciudad coahuilense de Saltillo es casi 35% superior al de Querétaro.

8. Todo lo anterior es resultado de la fórmula que aplica Pemex para determinar el precio de venta del gas natural, el cual está referenciado al precio que rige en el sur del estado de Texas en los Estados Unidos. Por esta razón la economía familiar se ve fuertemente afectada ante variaciones del precio del energético, considerando que los ingresos de los mexicanos son difícilmente comparables a los estadounidenses.

9. Peores consecuencias deben padecer los consumidores de la franja fronteriza norte de Coahuila, especialmente en Piedras Negras, donde Pemex no cuenta con ningún tipo de gas natural nacional o importado para abastecer la zona, razón por la cual, el distribuidor autorizado debe adquirirlo directamente de los dos únicos proveedores que existen en la región vecina de Texas, quienes aprovechan su condición de únicas opciones de abasto y en acuerdo con las empresas de transporte, fijan el precio del energético de manera unilateral y arbitraria.

10. De esta suerte, el mismo consumo de 55 metros cúbicos a que hace referencia el numeral siete de este documento, en enero del presente año le costó $383.10 a los consumidores de aquella zona.

Dada la situación anterior, la cual se agrava ante la recurrente posibilidad de bajas temperaturas que podrían presentarse en Coahuila y los estados del norte del país, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera de gran trascendencia social continuar manteniendo el esquema de precios de gas natural planteado en el decreto del Poder Ejecutivo publicado el 16 mayo del año 2005.

Se sustenta esta propuesta en la Ley Federal de Competencia Económica, que establece la facultad exclusiva del Ejecutivo federal para determinar mediante decreto los bienes y servicios de consumo popular que podrán sujetarse a precios máximos.

Para el Partido Acción Nacional, los principios de solidaridad y subsidiariedad, son parte de sus fundamentos políticos, razón por la que consideramos que este esfuerzo del gobierno federal se encuentra plenamente justificado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal para que, con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Competencia, establezca la ampliación de la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2005, por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal fijado en el mismo decreto, por un término que comprenda del 1 de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.--- Diputado Ángel Humberto García Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto García Reyes.Túrnese a la Comisión de Economía.

EMPRESA CONSTRUCCIONES PRACTICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea y da continuidad a la Comisión de Investigación de la Empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con su permiso, ciudadano Presidente. La división de poderes tiene, como razón de ser, la aplicación del reconocido principio de equilibrio y contrapeso en lo político, y en lo jurídico, la contención de la extralimitación en el manejo de la administración pública por parte del Ejecutivo, que tiene a su cargo la disposición de los recursos públicos de la nación.

Es en este sentido que la visión del Constituyente dentro de lo que se denomina en el derecho parlamentario ``la doctrina de la investigación'', facultó ampliamente a la Cámara de Diputados para crear comisiones especiales que tengan por objeto investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Ello en el contexto de la facultad fiscalizadora y de representación del interés público que le es propia y para lo cual, incluso, podrá citar a los secretarios, al procurador, a los jefes de los departamentos administrativos y a los directores y administradores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal a comparecer para materializar las investigaciones autorizadas, que permitan valorar la eficiencia y legalidad del actuar del gobierno.

En el inicio de este sexenio que está a punto de expirar, ocurrieron hechos que suscitaron la indignación popular por la presunción de la comisión de ilícitos contra el patrimonio público en casos como la costosa construcción y equipamiento de las cabañas en la residencia oficial de Los Pinos, lo mismo aconteció con la ampliación y remodelación del rancho San Cristóbal, así como con el vestuario, instalaciones, gastos y personal al servicio de la esposa del Presidente, a lo que se agregó después la probable adjudicación de la paradisíaca playa El Tamarindillo, en Colima y la adquisición, acondicionamiento, compra de ganado, plantación de agaves y construcción de una mansión en el rancho La Estancia, en el mismo estado de Guanajuato.

En este contexto, se conocieron también por la opinión pública los casos de enriquecimiento descomunal y súbito de los hijos de la señora Marta Sahagún Jiménez de Fox, que reclamó el interés de escritores y periodistas que ahondaron la investigación a partir de que ya era público el uso de bienes de la Presidencia por parte de estas personas, asociadas también a hermanos de la señora Sahagún.

El tema cobró relevancia nacional porque en estos negocios se implicaba a diversas entidades del sector público, como a Pemex, IPAB, Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras, que por consiguiente ---tratándose de áreas supeditadas al Poder Ejecutivo--- correspondía atraer para su investigación al Poder Legislativo y en su caso producir las aclaraciones que exigía el interés público nacional en juego.

La Cámara de Diputados recogió la demanda nacional de información por la grave afectación a la moral pública que implicaban los graves acontecimientos del posible tráfico de influencias, en perjuicio del patrimonio nacional y que no podían ser ignorados sin incurrir en responsabilidad por omisión por parte de la representación nacional.

Fue así que la anterior Legislatura aprobó, en los términos del artículo 93 de la Constitución, la integración de una comisión especial, de la que formaron parte proporcional los seis partidos políticos que tenían representación en el Congreso.

La segunda etapa, que fue autorizada el 16 de febrero de 2006 y que inició sus trabajos a partir del 1 de marzo, se logró por la rectificación que tuvo que hacer, en tanto el informe rendido al titular del Poder Ejecutivo en el que se le solicitaba turnar a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación para proseguir en la investigación, sólo fue cumplido en cuanto a la Secretaría de la Función Pública, dejando un vacío jurídico y político, correspondiente a los probables delitos cometidos a través de la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y otras relacionadas con la misma, como organismos públicos determinantes en la consumación de un ilícito en perjuicio del patrimonio nacional.

De las actuaciones realizadas en la Comisión para investigar a dichos organismos con Construcciones Prácticas y empresas vinculadas a ésta se logró comprobar la intervención de los hermanos Bribiesca Sahagún al menos en tres participaciones, pagando parte de la subasta del IPAB, actuando como aval en el crédito de Sociedad Hipotecaria Federal y teniendo el carácter de voto de calidad en el Comité Técnico del Fideicomiso.

Esta solicitud cuenta con el apoyo de 127 diputados. Concluyo diciendo que solicitamos se cree una comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra venta de inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea y se da continuidad a la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con ella, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia

Los suscritos, diputados federales que integran la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 93, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 34, inciso c), y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra venta de bienes inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La división de poderes tiene, como razón de ser, la de la aplicación del reconocido principio de equilibrio y contrapeso en lo político y, en lo jurídico, la contención de la extralimitación en el manejo de la administración pública por parte del Ejecutivo, que tiene a su cargo la disposición de los recursos públicos de la nación.

Es en este sentido que la visión del Constituyente dentro de lo que se denomina en el derecho parlamentario ``la doctrina de la investigación'', facultó ampliamente a la Cámara de Diputados (reforma de 1977) para crear comisiones especiales que tengan por objeto ``investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria'' en el contexto de la facultad fiscalizadora y de representación del interés público que le es propia y para lo cual, incluso, podrá citar a los secretarios, al procurador, a los jefes de los departamentos administrativos y a los directores y administradores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal a comparecer para materializar las investigaciones autorizadas, que permita valorar la eficiencia y legalidad del actuar del gobierno.

En el inicio del sexenio que esta a punto de expirar, ocurrieron hechos que suscitaron la indignación popular por la presunción de la comisión de ilícitos contra el patrimonio público en casos como la costosa construcción y equipamiento de las cabañas en la residencia oficial de Los Pinos. Lo mismo aconteció con la ampliación y remodelación del rancho San Cristóbal, así como con el vestuario, instalaciones, gastos y personal al servicio de la esposa del Presidente a lo que se agregó después, la probable adjudicación de la paradisíaca playa de El Tamarindillo en Colima y la adquisición, acondicionamiento, compra de ganado, plantación de agaves y construcción de una mansión en el rancho La Estancia, en el mismo estado de Guanajuato.

En este contexto se conoció también, por la opinión pública, los casos de enriquecimiento descomunal y súbito de los hijos de la señora Martha Sahagún Jiménez de Fox, que reclamó el interés de escritores y periodistas que ahondaron la investigación a partir de que ya era público el uso de bienes de la Presidencia por parte de estas personas, asociadas también a hermanos de la señora Sahagún. El tema cobró relevancia nacional porque en esos negocios se implicaba a diversas entidades del sector público como a Pemex, IPAB, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre otras, que por consiguiente tratándose de áreas supeditadas al Poder Ejecutivo correspondía atraer para su investigación al Poder Legislativo y, en su caso, producir las aclaraciones que exigía el interés público nacional en juego.

La Cámara de Diputados recogió la demanda nacional de información por la grave afectación a la moral pública que implicaban los graves acontecimientos de posible tráfico de influencias en perjuicio del patrimonio nacional (que estaban siendo copiosamente denunciados por los medios de información independientes) y, que no podían ser ignorados sin incurrir en responsabilidad por omisión, por parte de la representación nacional.

Fue así que en la LIX Legislatura se aprobó en los términos del artículo 93 de la Constitución la integración de una Comisión Especial de la que formaron parte proporcional los seis partidos que tenían representación en el Congreso. El día 28 de abril de 2005 se constituyó la primera Comisión de Investigación, que fue presidida por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y que precisamente fue cancelada a iniciativa del PAN el día 31 de diciembre de 2005, habiéndose rendido el informe correspondiente al titular del Poder Ejecutivo y lográndose el avance y el acopio de la documentación correspondiente en buena parte de la investigación.

La segunda etapa, que fue autorizada el 16 de febrero de 2006 y que inició sus trabajos a partir de 10 de marzo de 2006 se logró por la rectificación que tuvo que hacerse en tanto el informe rendido al titular del Poder Ejecutivo en el que se le solicitaba turnar a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, para proseguir en la investigación, sólo fue cumplido en cuanto a la Secretaría de la Función Pública dejando un vacío jurídico y político la correspondiente a los probables delitos cometidos a través de la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y otras relacionadas con la misma, con organismos públicos determinantes en la consumación de un ilícito, en perjuicio del patrimonio nacional.

De las actuaciones realizadas en la comisión para investigar a dichos organismos con Construcciones Prácticas, SA de CV, y empresas vinculadas a ello, se logró comprobar la intervención de los hermanos Bribiesca Sahagún al menos en tres participaciones pagando parte de la subasta del IPAB, actuando como aval en el crédito de Sociedad Hipotecaria Federal y teniendo el carácter de voto de calidad en el comité técnico del Fideicomiso que dispone de un predio que más adelante formara parte de los activos que les transfiere el mismo IPAB.

En estas circunstancias se hace imprescindible que la LX Legislatura dé continuidad a estas investigaciones, constituyendo nuevamente la comisión referida que culminó encargo el 31 de julio de 2006 y que fue presidida por el diputado Jesús González Schmal, quedando en curso diversas denuncias de hechos suscritas por la mayoría de los diputados de cinco partidos y promovidas ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, los órganos de control interno de Pemex y Pemex Refinación y la PGR cuyas diligencias, en la fase de integración de la averiguación previa, se han venido desahogando superando las omisiones o información incompleta con lo que diversas dependencias públicas intentaron obstaculizar la marcha de la comisión que puntualmente entregó a la Presidencia de la Cámara el 22 de agosto próximo pasado el informe de resultados para los efectos de su turno al titular del Poder Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea una Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra venta de bienes de consumo o de compra venta de inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro 19 de octubre de 2006.--- Diputados: Alberto Esteva Salinas (Convergencia), Humberto López Lena Cruz (Convergencia), Martín Jaime Espejel Lazcano (PRD), José Luis Aguilera Rico (Convergencia), Delio Hernández Valadés (Alternativa), Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa), Neftalí Garzón Contreras (PRD), Aurora Cervantes Rodríguez (PRD), Pedro Landero López (PRD), Roberto Mendoza Flores (PRD), Silbestre Álvarez Ramón (PRD), Rafael Elías Sánchez Cabrales (PRD), María Mercedez Maciel Ortiz (PT), Celso David Pulido Santiago (PRD), Mónica Fernández Balboa (PRD), Sonia Nohelia Ibarra Franquez (PRD), Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), Isidro Pedraza Chávez (PRD), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (PRD), César Flores Maldonado (PRD), Francisco Javier Santos Arreola (PRD), Silvia Oliva Fragoso (PRD), Higinio Chávez García (PRD), Miguel Ángel Solares Chávez (PRD), Pablo Trejo Pérez (PRD), María Elena Torres Baltasar (PRD), Víctor Gabriel Varela López (PRD), Armando Barreiro Pérez (PRD), Andrés Lozano Lozano (PRD), Aleida Alavez Ruiz (PRD), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (PRD), Mario Enrique Del Toro(PRD), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), Antonio Ortega Martínez (PRD), Martín Zepeda Hernández (PRD), Benjamín Hernández Silva (PRD), Alejandro Martínez Hernández (PRD), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Juan Manuel San Martín Hernández (PRD), Antonio Soto Sánchez (PRD), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (PRD), Raúl Ríos Gamboa (PRD), Rosa Elva Soriano Sánchez (PRD), Humberto Wifrido Alonso Razo (PRD), Mario Vallejo Estevez (PRD), Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), Camerino Eleazar Márquez Madrid (PRD), Adriana Díaz Contreras (PRD), Moisés Félix Dagdug Lützow (PRD), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT), Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), Aída Marina Arvizu Rivas (Alternativa), Layda Elena Sansores San Román (Convergencia), Alejandro Chanona Burguete (Convergencia), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia), Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), Othón Cuevas Córdova (PRD), Carlos Altamirano Toledo (PRD), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), María Soledad López Torres (PRD), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (PRD), Juan Adolfo Orcí Martínez (PRD), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (PRD), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (PRD), Ramón Valdés Chávez (Convergencia), Santiago López Becerra (PRD), Joaquín Conrado De los Santos Molina (PRD), Daisy Selene Hernández Gaytán (PRD), Carlos Roberto Martínez Martínez (PRD), Carlos Sánchez Barrios (PRD), Modesto Brito González (PRD), Daniel Torres García (PRD), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD), Concepción Ojeda Hernández (PRD), Victorio Rubén Montalvo Rojas (PRD), Irineo Mendoza Mendoza (PRD), Alberto Amaro Corona (PRD), Martha Angélica Tagle Martínez (Convergencia), Tomás José Luis Varela Lagunas (Convergencia), Héctor Narcía Álvarez (PRD), Carlos Orsoe Morales Vázquez (PRD), Maribel Luisa Alva Olvera (PRD), Miguel Ángel Peña Sánchez (PRD), José Jacques y Medina (PRD), José Antonio Saavedra Coronel (PRD), Ramón Almonte Borja (PRD), Víctor Aguirre Alcalde (PRD), Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD), Francisco Márquez Tinoco (PRD), Alma Lilia Luna Murguía (PRD), Daniel Dehesa Mora (PRD), Juan Nicasio Guerra Ochoa (PRD), David Sánchez Camacho (PRD), Faustino Soto Ramos (PRD), Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD), Rodolfo Solís Parga (PT), Jaime Cervantes Rivera (PT), Félix Castellanos Hernández (PT), Rosa Elia Romero Guzmán (PT), Anuario Luis Herrera Solís (PT), Alfredo Barba Hernández (PRI), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (PRI), Juan Carlos Velasco Pérez (PRI), Javier Guerrero García (PRI), Salvador Ruiz Sánchez (PRD), Amador Campos Aburto (PRD), Francisco Sánchez Ramos (PRD), Víctor Hugo García Rodríguez (PRD), Ramón Félix Pacheco LLanes (PRD), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (PRI), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (Convergencia), César Horacio Duarte Jáquez (PRI), José Murat(PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (PRI), Lourdes Quiñones Canales (PRI), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (PRI), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI), José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), Juana Leticia Herrera Ale (PRI), José Rosas Aispuro Torres (PRI), María del Carmen Salvatori Bronca (Convergencia), Horacio Emigdio Garza Garza (PRI), Miguel Ángel González Salud (PRI), Gerardo Sosa Castelán (PRI) (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Esteva. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 189 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas, en la columna de la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:42 horas): Gracias, Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 19 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 269 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 460 diputados.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Diputado que toma protesta: 1.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Políticaaprobados: 4.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 13.
• Puntos de acuerdo aprobados: 3.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 35PAN-6, PRD-8, PRI-10, PVEM-3, Convergencia-2, PT-4, Nueva Alianza-1, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el IV informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, julio 2004-diciembre de 2005;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe correspondiente al tercer trimestre de 2006, que da cuenta del avance físico y financiero delPrograma de Desarrollo Institucional Ambiental; elPrograma de Empleo Temporal, del mismo periodo, así como el formato 005-A relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 16 ciudadanos, puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas; y comunica que dejan de prestar servicios 3 ciudadanos a gobiernos extranjeros;
• 1 minuta con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadanoVicente Fox Quesada,Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay;
• 2 iniciativas del PRD;
• 4 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y desempeñar cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
• 4 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a 16 ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano para aceptar y desempeñar cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
• 4 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a 16 ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar Solís, Samuel(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 56
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Ley Federal de Radio y Televisión - Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 63
• Aranda Orozco, Gerardo(PAN) Estado de Sonora: 23
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Adicciones: 93
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Artículos 62 y 108 constitucionales: 42
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 96
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Organización de las Naciones Unidas: 40
• Chozas y Chozas, Olga Patricia(PVEM) Ley General de Salud: 46
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Organización de las Naciones Unidas: 41
• De los Santos Molina, Joaquín Conrado(PRD) Estado de Sonora: 24
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Empresa Construcciones Prácticas: 112
• García Reyes, Ángel Humberto(PAN) Gas natural: 110
• Gloria Requena, Tomás(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 44
• González Salum, Miguel Ángel(PRI) Estado de Tamaulipas: 90
• Herrera Solís, Anuario Luis(PT) Café: 85
• Landero Gutiérrez, Alejandro(PAN) Organización de las Naciones Unidas: 34
• Larregui Nagel, Erika(PVEM) Organización de las Naciones Unidas: 38
• Lescieur Talavera, Jorge Mario(PRI) Organización de las Naciones Unidas: 37
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Organización de las Naciones Unidas: 40
• Martínez Martínez, Carlos Roberto(PRD) Organización de las Naciones Unidas: 35
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 54
• Mendoza Morales, Lucía Susana(PAN) Cuenca Lerma-Chapala-Santiago: 107
• Ochoa López, Nabor(PAN) Estado de Colima: 98
• Ortiz Hernández, Eduardo(PAN) Micro, pequeñas y medianas empresas: 86
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Acuerdo Nacional para el Campo: 79
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Ferrocarriles Nacionales de México: 103
• Pinete Vargas, María del Carmen(PRI) Trabajadores de la educación: 82
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Estado de Sonora: 25
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Estado de Sonora: 25
• Rojas Gutiérrez, Carlos(PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales - Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 59
• Salas López, Ramón(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2007: 101
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Organización de las Naciones Unidas: 39
• Sánchez Barrios, Carlos(PRD) Ley Federal del Trabajo: 51
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Instituto Mexicano del Petróleo: 80
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Plan Nacional de Cultura: 71

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	INASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	INASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero Ma. Sofía	OFICIAL COMISIÓN
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	CÉDULA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	INASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	CÉDULA
130 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
131 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
132 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	INASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	INASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	INASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	INASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	INASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	OFICIAL COMISIÓN
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 192
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	CÉDULA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	OFICIAL COMISIÓN
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	CÉDULA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	INASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	INASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	CÉDULA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	INASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	INASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	INASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	PERMISO MESA DIRECTIVA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 114
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	INASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	CÉDULA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	INASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	OFICIAL COMISIÓN
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	INASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	INASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 98
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	OFICIAL COMISIÓN
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	OFICIAL COMISIÓN
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	OFICIAL COMISIÓN
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	OFICIAL COMISIÓN
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Acosta Dávila Constantino
2 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo
3 Joaquín Coldwell Addy Cecilia
4 Macías Zambrano Gustavo
5 Morales Ramos José Nicolás
6 Padilla Orozco Raúl Alejandro
7 Palafox Núñez José Inés
8 Salazar Madera Mario Alberto
9 Sánchez Domínguez Alejandro
10 Solano Muñoz José de Jesús
Faltas por grupo: 10

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Lizárraga Peraza Víctor Manuel
2 López Torres Ma. Soledad
3 Orcí Martínez Juan Adolfo
4 Ramos Becerril Rafael Plácido
5 Romero Gutiérrez Odilón
Faltas por grupo: 5

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aldana Prieto Luis Ricardo
2 Duarte Jáquez César Horacio
3 Herrera Ale Juana Leticia
4 Olivares Monterrubio Alejandro
5 Orihuela Bárcenas José Ascención
Faltas por grupo: 5

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1