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Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 390 diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Jalisco, dos.

Del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 189 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta CG Luis Alfonso Medina Martínez para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Especial'' y la ``Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Cinco, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Cuevas y Novelo, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Demetrio Mújica Castro y Francisco Tortolero Cervantes para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Siete, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jonatan Gutiérrez Morales, Damián Hernández Villa, Marco Antonio Peyrot y González, Héctor Morán Rojo, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González y Érick Sánchez Flores para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Ávila Esquivel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de la niñez, educación temprana y familia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar; y a la SCJN, a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2005, a cargo del diputado José Armado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climáticos extremos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios a fin de realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis y la discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a los ayuntamientos de la república a destinar recursos públicos para preservar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos suficientes para Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública intervengan ante la SHCP para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos suficientes que garanticen el financiamiento que la Conagua, los estados y los municipios requieren a efecto de realizar programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad de agua para el año próximo, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico de la refinería 18 de marzo, a cargo de la diputada Érika Larregui Naguel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 apoyos a la comercialización del sector agrícola, y de establecer las provisiones y los montos presupuestales asignados en 2006, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, quienes lucharon por una tarifa justa de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos para construir un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Gobernación a coadyuvar con el Gobierno del Distrito Federal, conforme a la normatividad vigente, a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas de la colonia Las Golondrinas, Segunda Sección, delegación Álvaro Obregón, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, México, y exhorta a la PGJEM a aclarar los hechos y castigar a los responsables conforme lo establece la ley, a cargo del diputado Alberto López Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a efecto de que, en su carácter de presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar mediante la STPS a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la CFE las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la CNDH a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sobre las lesiones y los malos tratos inferidos a legisladoras y a legisladores federales, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de diversos grupos de amistad con países árabes, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias para que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Sagarpa información relacionada con el ingenio Puga, en Nayarit, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal exhortar mediante la SRE al gobierno de Estados Unidos de América a sujetarse a la legislación internacional en materia de tortura, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la Sedesol, a la SFP, a la SHCP y al Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a realizar, una vez terminado el conflicto en Oaxaca, las adecuaciones pertinentes para seguir otorgando los apoyos educativos de ese programa, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que introduzca medidas de austeridad en el ramo administrativo 02, `` Presidencia de la República'', del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y el reglamento de seguridad, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara se Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para el fideicomiso 2106, que administrará los fondos de trabajadores mexicanos migrantes, a cargo del diputado Raúl Ríos Gamboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la entrada en el país de lechugas, espinacas y zanahorias provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2005, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de frijol por el daño que les han causado las importaciones en 2006, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla a adoptar medidas y mecanismos que permitan la libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Sobre el XXXII aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al 63 aniversario del Día de la Aviación, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, celebrada el martes veinticuatro de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos sesenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del martes veinticuatro de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

El diputado José de la Torre Sánchez, del Partido Acción Nacional, solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Séptimo Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir del veinticuatro de octubre de dos mil seis. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, electo por el Cuarto Distrito Electoral del estado de Tabasco y acompañado de una comisión designada, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

La Junta de Coordinación Política remite proposición de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en relación a la confiscación de remesas que hicieran autoridades estadounidenses a operaciones de Western Union al estado de Sonora. Se refieren al tema los diputados: Gerardo Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, a nombre de los grupos parlamentarios; Joaquín Conrado de los Santos Molina, del Partido de la Revolución Democrática; Ana María Ramírez Cerda, del Partido Verde Ecologista de México y José Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La asamblea aprueba el acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Se reciben cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación:

Con el que remite el cuarto informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, julio dos mil cuatro-diciembre de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Energía.

Con el que remite informe correspondiente al tercer trimestre de dos mil seis, que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA); el Programa de Empleo Temporal (PET), del mismo periodo, así como el formato cero cero cinco-A relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que dos ciudadanos, puedan prestar servicios en la embajada de Malasia en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que catorce ciudadanos, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas; y Monterrey, Nuevo León y comunica que dejan de prestar servicios tres ciudadanos a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turnan a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

A las doce horas se registra una asistencia de cuatrocientos sesenta diputadas y diputados.

Para hablar sobre el sexagésimo primer aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, se le concede la palabra al diputado Alejandro Landeros Gutiérrez, del Partido Acción Nacional. La Presidencia instruye integrar en el diario de los debates la intervención del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. Continúan con el uso de la palabra para referirse al tema los diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera, del Partido Revolucionario Institucional; Erika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

María del Carmen Salvatori Bronca, de Convergencia; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, de Alternativa.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Valentina Valia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos sesenta y dos y ciento ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tomás Gloria Requena, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Carlos Sánchez Barrios, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Lorena Martínez Rodríguez y Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Carlos Rojas Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Seis dictámenes de primera lectura de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos a dos ciudadanos para aceptar y desempeñar sendos cargos de cónsul honorario de la República de Hungría, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y de la República del Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por los que se otorgan dieciséis permisos constitucionales a ciudadanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. En votación económica se les dispensa la segunda lectura y se aprueban por cuatrocientos veinte votos en pro, cero en contra y diez abstenciones. Se turnan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a la Comisión de Cultura.

Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue al Instituto Mexicano del Petróleo, los recursos que corresponden conforme al artículo doscientos cincuenta y cuatro Bis de la Ley Federal de Derechos. En sendas votaciones económicas, la asamblea la considera de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

María del Carmen Pinete Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Anuario Luis Herrera Solís, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos presupuestales del ejercicio fiscal dos mil seis, aprobados por la Cámara de Diputados, del Fondo de Apoyo a Proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo, seco y el acopio y comercialización del café. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Eduardo Ortiz Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se crea la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designan los diputados que representarán a la Sexagésima Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). La asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las autoridades competentes se dictamine y en consecuencia se publique el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades del estado de Tamaulipas. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, por el que se crea la Comisión Especial para el combate y la prevención de las adicciones. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a revisar las ternas enviadas por el Poder Judicial de la Federación para la designación de los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En votación económica, la asamblea acepta la inclusión. Para presentar la proposición, se le concede la palabra a la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la asamblea la considera de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Nabor Ochoa López, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos a cumplir los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Ramón Salas López, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el dos mil siete, la distribución de los recursos sea en forma equitativa a todos los estados del país. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Secretaría da lectura a proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por las que:

Se designan los diputados que representarán a la Sexagésima Legislatura en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. La asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.

Se designan a los diputados que representarán a la Sexagésima Legislatura en las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y del Sistema de Bibliotecas. La asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.

Se recibe minuta con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del tres al seis de noviembre de dos mil seis, con el propósito de participar en la décimo sexta Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado que se realizará en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Lucía Susana Mendoza Morales, del Partido Acción Nacional, para que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo y de Fortalecimiento del Federalismo, formen una Comisión Especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Humberto García Reyes, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajos consumos y se otorgue el estímulo fiscal que se indica. Se turna a la Comisión de Economía.

Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, por el que se crea y se da continuidad a la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministros de Bienes de Consumo o de Compra-Venta de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública, otorgada por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y dos minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves veintiséis de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, el acta. Pido respetuosamente a los señores de los medios de comunicación que se sirvan pasar al lugar que tienen asignado. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1725/06, del que le adjunto copia, en el que se le solicita que consideren establecer una partida presupuestal destinada para otorgar apoyo económico por tonelada de maíz que produzcan y comercialicen los productores del grano, que sería complementario al estímulo otorgado mediante el subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo de maíz, en virtud de que el nivel de precio que se le fija en este subprograma no ha sido revisado desde que se estableció.

Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2006.--- Maestro Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Congreso del Estado de Jalisco.--- Presente.

Los que suscriben diputada Doria Padilla Díaz y diputado José Ángel González Aldana en nuestro carácter de integrantes de la LVII Legislatura de este H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 28, fracción I de la Constitución Política del estado de Jalisco; y lo propio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en sus artículos 22 fracción I, 147 fracción I y 150. Someto a la elevada consideración de este Pleno una iniciativa de acuerdo legislativo, por lo cual hago la siguiente:

Exposición de Motivos

1. La importancia del campo en México y particularmente en Jalisco es indiscutible, no sólo por ser una actividad económica primordial, sino además por su contribución para la soberanía alimentaria de nuestro país.

2. Esta evidente relevancia, sin embargo, no se refleja en la atención por parte de las autoridades: es el campo uno de los sectores más descuidados y olvidados por nuestros gobiernos.

3. Históricamente Jalisco ha sido uno de los principales productores de maíz a nivel nacional, este merito corresponde a nuestros campesinos, quienes a pesar de arrastrar serias carencias, tales como: falta de créditos, apertura del sector como consecuencia del tratado de libre comercio, temporales irregulares, apoyos insuficientes, altos precios en sus insumos, etc., siguen manteniendo a nuestro estado en los primeros planos de la producción nacional de este alimento indispensable en la dieta de la mayoría de los mexicanos.

4. Convencidos de reconocer este esfuerzo y ante la proximidad del inicio de la nueva cosecha, corresponde a esta Soberanía, como la representante de los intereses del pueblo de Jalisco solicitar y apoyar en la medida de lo posible las demandas de nuestros campesinos y llevarlas hasta donde sea necesario para que sean escuchadas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Primero.Gírese atento oficio al Pleno de la Cámara de Diputados y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería para que consideren, en la medida de lo posible, establecer una partida presupuestal destinada para otorgar un apoyo económico por tonelada de maíz que produzcan y comercialicen los productores del grano, mismo que sería complementario al estímulo otorgado mediante el Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de Maíz en virtud de que el nivel de precio que se le fijó en este subprograma, no ha sido revisado desde que se estableció.

Segundo.Envíese respetuoso oficio al Gobernador de Jalisco, licenciado Francisco Ramírez Acuña, a manera de exhorto para que en esta última etapa de su administración destine el apoyo económico y de gestión necesario para que junto al esfuerzo del gobierno federal se logre incrementar este apoyo complementario para que los productores de maíz se vean beneficiados económicamente.

Tercero.Envíese atento oficio a los congresos de los estados, comunicando el presente acuerdo, para que se sirvan hacer lo conducente en el ámbito de sus respectivas competencias y apoyen en sus entidades federativas a los productores de maíz.

Atentamente

Salón de sesiones del H. Congreso del estado de Guadalajara, Jalisco a 05 de octubre de 2006.--- Dip. Doria Padilla Díaz (rúbrica), Dip. José Ángel González Aldana (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1727/06, del que le adjunto copia, en el que se hace un atento y respetuoso exhorto para que se considere la necesidad de asignar más recursos presupuestales al sector turismo que permitan incrementar la participación de las entidades federativas y los programas de capacitación, infraestructura, promoción y desarrollo en materia de turismo.

Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2006.--- Maestro Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

Los que suscriben, Diputados Jesús Casillas Romero, María Joann Novoa Mossberger, Doria Padilla Díaz, Mario Alberto Reyna Bustos y Jesús Elías Navarro Ortega, integrantes de la Comisión Legislativa de Turismo de este honorable Congreso del estado de Jalisco, con la facultad que nos otorga la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política del Estado, y de conformidad en los artículos 22 fracción I y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos de esta Entidad Federativa, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea Parlamentaria, iniciativa de acuerdo legislativo a efecto de exhortar al Secretario de Turismo del Estado a efecto de que se implemente una semana anual del turismo en el estado en torno al día mundial del turismo, por lo que, al efecto realizamos la siguiente exposición de

Antecedentes y consideraciones

Corresponde a la Comisión Legislativa de Turismo, todo lo relacionado el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con las políticas, planes y programas de difusión en materia de turismo, de conformidad con el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.

Bajo ese tenor, los pasados días 16, 17 y 18 de agosto, el diputado Mario Alberto Reyna Bustos asistió al XIV Congreso del CONLETUR (Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en Materia de Turismo), en representación del Congreso del estado de Jalisco a través de la Comisión Legislativa de Turismo, evento en el cual, tuvo verificativo el acuerdo y declaratoria bajo el siguiente texto:

Declaratoria

1.- Que se genere una política de Estado para la actividad turística, con base en un desarrollo sustentable y con el consenso de todos los actores políticos y sociales, encabezada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto federal como estatal, con el objetivo de establecer una visión de largo plazo, que quede plasmada en la Nueva Ley General de Turismo, así como en los planes de Desarrollo de los tres órdenes de Gobierno.

2.- Para lograr este objetivo, el Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en Materia de Turismo en pleno, se compromete hoy a crear y/o adecuar el marco jurídico de cada uno de los Estados para que los sectores público y privado, del ramo turístico consoliden su capacidad competitiva mundial a partir de propuestas de acciones y programas estatales, municipales y regionales, que detonen en la creación de un mayor bienestar económico y social de las comunidades, generando más empleos y atrayendo mayores niveles de inversión.

3.- En tanto sea generada esta política de Estado, creemos conveniente que se integren nuevos proyectos para aprovechar al máximo nuestras riquezas turísticas de todo el territorio nacional, así como, continuar, consolidar y/o ampliar los programas que han demostrado éxito, mejorando sus áreas de oportunidad, tales como:

Agenda 21 Cultura Turística Pueblos Mágicos Ciudades Coloniales Ciudades Patrimonio de la Humanidad Congresos y Convenciones Turismo Social

4.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en Materia de Turismo, solicita y exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo Federal para que consideren la imperiosa necesidad de asignar más recursos presupuestales al Sector Turístico, que permitan incrementar la participación a las entidades federativas, y a los programas de capacitación, infraestructura, promoción y desarrollo.

Consideramos conveniente dar cumplimiento y seguimiento por parte de esta Legislatura, a los acuerdos en los que en el ámbito legislativo sean tomados en materia de Turismo, al caso que hoy se propone, el que sea elevada una voz por las legislaturas locales al Ejecutivo y Legislativo Federales, en términos del punto número 4 de la declaratoria acordada en el XIV Congreso del CONLETUR.

No debemos escatimar en el mínimo esfuerzo en temas que se traducen de manera eficaz y certera en una palanca para el desarrollo, considerando que el turismo aporta aproximadamente el 8.3% del PIB, y tal vez sea la única actividad que pueda alcanzar un 14% de crecimiento, fuente indispensable para abatir la marginalidad y empleos bien remunerados, por lo que, por parte de esta legislatura debemos aportar nuestro grano de arena en los acuerdos del XIV Congreso CONLETUR.

Razones y consideraciones por las que se somete a la consideración de este H. Congreso del Estado, el siguiente punto de

Acuerdo Legislativo

Primero.-Realícese atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal y a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que consideren la necesidad de asignar más recursos presupuestales al Sector Turismo, que permitan incrementar la participación de las entidades federativas y los programas de capacitación, infraestructura, promoción y desarrollo en materia de turismo.

Segundo.-Comuníquese el presente punto de acuerdo a las legislaturas de los estados de Durango, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Puebla, Morelos, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis, Chiapas, México y Tlaxcala, como participantes del XIV Congreso CONLETUR.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jalisco, a 21 de septiembre de 2006.--- La Comisión Legislativa de Turismo: Dip. Jesús Casillas Romero (rúbrica), Presidente; Dip. Mario Alberto Reyna Bustos (rúbrica), Vocal; Dip. María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Vocal; Dip. Doria Padilla Díaz (rúbrica), Vocal; Dip, Jesús Elías Navarro Ortega (rúbrica), Vocal.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado diputado Zermeño:

El que suscribe, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, diputado federal por el principio de representación proporcional correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted con el fin de que por su conducto sea sometida a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir del día 27 octubre de 2006.

Asimismo, solicito se realicen los trámites necesarios para que la licenciada Claudia Gabriela Caballero Chávez, mi suplente, rinda protesta el lunes 30 de octubre del presente año.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal a partir del 27 de octubre de 2006.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados; comuníquense.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 189 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, el próximo 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara de Diputados que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Marilina Barona del Valle, directora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: diputado Christian Martín Lujano Nicolás, diputado José Alfonso Suárez del Real, diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar.

CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Por lo anterior, me permito anexar original de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión, con la que el interesado solicita dicho permiso; copia certificada del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento; así como copias simples del certificado de vecindad, de su currículum vitae, de la cédula de inscripción al Registro de Población Municipal, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la embajada de Francia.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta C.G. Luis Alfonso Medina Martínez, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta C.G. Luis Alfonso Medina Martínez, para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Conrado Aparicio Blanco para aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Pido nuevamente a los señores de los medios de comunicación, respetuosamente, que pasen a tomar los lugares que tienen asignados para cumplir la noble tarea de informar. Adelante, señor diputado.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Cuevas y Novelo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Luis Cuevas y Novelo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Rubén Darío, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano General Gerardo Clemente Ricardo Vega y García para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla ``Amistad Defensa y Honor'', que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano General Gerardo Clemente Ricardo Vega y García para aceptar y usar la condecoración Medalla ``Amistad Defensa y Honor'', que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar'', que le otorga el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas para aceptar y usar la Condecoración ``Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador'', en grado de ``Estrella al Mérito Militar'', que le otorga el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al Capitán de Navío C.G. DEM. Demetrio Mújica Castro, para que pueda aceptar y usar la Condecoración ``Medalla de la Armada Argentina al Mérito'', que le otorga la Armada de la República Argentina.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso al Capitán de Navío C.G. DEM. Demetrio Mújica Castro, para aceptar y usar la Condecoración ``Medalla de la Armada Argentina al Mérito'', que le otorga la Armada de la República Argentina.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Tortolero Cervantes, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Médaille du Sénat'', que le otorga el Senado de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar la condecoración ``Médaille du Sénat'', que le otorga el Senado de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Arma Blindada Jonatan Gutiérrez Morales, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Arma Blindada Jonatan Gutiérrez Morales, para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta Proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Aerologista Damián Hernández Villa para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Aerologista Damián Hernández Villa para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorga la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ``Por el Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', que le otorga el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Almirante CG DEM Marco Antonio Peyrot y González para aceptar y usar la condecoración Medalla del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ``Por el Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', que le otorga el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Intendencia Héctor Morán Rojo, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Estrella de Carabobo'' del Ejército, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la medalla ``Mariscal Hermes'' que le otorga el Ejército de la República Federativa del Brasil.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Intendencia Héctor Morán Rojo, para aceptar y usar la Condecoración ``Estrella de Carabobo'' del Ejército, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la Medalla ``Mariscal Hermes'' que le otorga el Ejército de la República Federativa del Brasil.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Infantería Pedro Madera Pelayo para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorga el Ejército Nacional de la República de Colombia.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Infantería Pedro Madera Pelayo para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorga el Ejército Nacional de la República de Colombia.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Subteniente de Caballería José Antonio Cruz González para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Bernardo O'Higgins'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Caballería José Antonio Cruz González para aceptar y usar la condecoración ``Medalla Bernardo O'Higgins'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Érick Sánchez Flores, para que pueda aceptar y usar la ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorga el Ejercito Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia y la Condecoración ``Teniente Carlos Meyer Baldo'' de la Aviación Militar, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Érick Sánchez Flores, para aceptar y usar la ``Medalla Francisco José de Caldas'', que le otorga el Ejercito Nacional y Fuerza Aérea de la República de Colombia y la Condecoración ``Teniente Carlos Meyer Baldo'' de la Aviación Militar, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

ARTICULOS 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 Y 127 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el apartado de iniciativas de ciudadanos diputados, tiene la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados: vengo a esta honorable soberanía a presentar la siguiente iniciativa, que reforma y adiciona los artículos ya mencionados por el Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La evolución de la sociedad conlleva a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública. Evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, conservar el equilibrio y la equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes públicos y en los organismos autónomos son fines y piedra angular de todo Estado democrático de derecho.

La rendición de cuentas se encuentra estrechamente vinculada a la transparencia gubernamental y a las remuneraciones de los servidores públicos, pero resulta indispensable instaurar los mecanismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y funciones que realice el funcionario público por el ejercicio del empleo, cargo o comisión, de manera tal que el Estado asegure que los ciudadanos que se encuentran desempeñando la función pública reciban un ingreso digno y decoroso que les permita desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo que la ciudadanía les encomendó.

Ahora bien, si bien es cierto que nuestra Ley Suprema faculta a la Cámara de Diputados, a las Legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa y a los ayuntamientos a aprobar sus presupuestos de egresos, también lo es que la falta de normatividad y de bases mínimas en la Constitución federal respecto a los criterios a que se debe sujetar la asignación de remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal han hecho que los emolumentos que perciben sean elevados, inicuos, no guardando relación con la función que tienen encomendada ni con los criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación de acuerdo con el cargo que desempeñan.

Un ejemplo que resulta alarmante es el salario que perciben algunos secretarios de Estado o presidentes municipales, quienes tienen remuneraciones que van desde 100 mil hasta 500 mil pesos, los que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades, ganando incluso más que el Presidente de la República.

Asimismo, la falta de regulación ha propiciado que servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la nación, al término de su encargo se otorguen sendos bonos en los rubros de marcha y otras modalidades, quebrantando de esa forma las finanzas públicas, como se puede observar más claramente en los fondos de retiro, de más de 3 millones de pesos, que se asignaron los ministros.

En 1813, el pensamiento de José María Morelos y Pavón clarifica las necesidades aún vigentes en México y dice: ``La soberanía emana del pueblo y la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano... Las leyes que dicte el Congreso deben obligar a que la constancia y al patriotismo moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto''.

En el México independiente del siglo XIX, el debate se centraba entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban en la posibilidad de establecer las estructuras de la sociedad moderna, pero conservando los fueros y privilegios. Los liberales, en cambio, pretendían reformar la situación económica, social y política heredada de la Colonia; por ello, en la inauguración del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga menciona: ``Algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad''. ¿Ha llegado ese día?

En el periodo de Reforma, don Benito Juárez García exalta en su obra la legitimidad con que se ejercía el poder. Sus palabras fueron claras: ``La autoridad no es mi patrimonio sino un depósito que la nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y honor. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la hornada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala''.

Por lo anterior y en aras de fortalecer la transparencia, proponemos la modificación de la fracción XI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetarán las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. Esta reforma no violentaría de ninguna forma el régimen federal ni la normatividad de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, ya que en la ley que se expediría el uso de esta facultad permitiría homologar las bases para la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos, con base en los criterios de proporcionalidad, igualdad, suficiencia y transparencia.

En este sentido, la presente iniciativa propone que la dieta del diputado federal sea tal, que ningún servidor público federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, secretarios de Estado y servidores de la administración pública federal centralizada perciba una remuneración mayor que éstos, salvo los casos que señala en la modificación del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental, a efecto de establecer la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan, especificándose que en los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero presidente y consejeros electorales del IFE, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores gozarán de una remuneración no mayor de una tercera parte más de la que perciban los diputados federales.

Esa plusvalía se justifica toda vez que los órganos de que forman parte o son titulares son reducidos en número comparados con el número de integrantes del Congreso de la Unión, lo que aumenta su responsabilidad individual respecto a la función que desempeñan.

Por otra parte, se propone la modificación del artículo 64 constitucional, para que los senadores tengan una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.

De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas y, según reza el artículo 126 constitucional, no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el Presupuesto o ley posterior. En tal sentido, se debe modificar el artículo 127.

No me va a dar tiempo de leer todas las modificaciones que estamos proponiendo, pero quiero resaltar que el espíritu de esta iniciativa busca, por un lado, eliminar que a los servidores públicos se asignen salarios onerosos, ilegales y poco transparentes, respetando los principios de proporcionalidad y suficiencia. Por el otro, que del ahorro que derive de estos rubros se privilegie la asignación de recursos a partidas destinadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de nuestro país, haciendo efectivos los anhelos de austeridad, transparencia y ahorro que el pueblo de México reclama de su aparato gubernamental.

Compañeras y compañeros --termino--: es inmoral y alejado de toda justicia que exista una burocracia rica, frente a un pueblo pobre. Es cuanto, señor Presidente, y le pido... le solicito que se integre completo el texto en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal, Valentina Valia Batres Guadarrama integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución de la sociedad conlleva a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública, evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes públicos y los organismos autónomos, son fines y piedra angular de todo Estado democrático de derecho.

En tal contexto, la rendición de cuentas se encuentra estrechamente vinculada a la transparencia gubernamental y en tratándose de las remuneraciones de los servidores públicos, resulta oportuno instrumentar los mecanismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y funciones que realice el servidor público por el ejercicio del empleo, cargo o comisión, sin embargo es bien conocido por la sociedad mexicana la existencia de sueldos excesivos y escandalosos de muchos de los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de las pensiones vitalicias ofensivas otorgadas a los ex presidentes de la República.

El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado asegure que los ciudadanos que se encuentren desempeñando la función pública reciban un ingreso digno y decoroso que les permita desempeñar con eficacia y profesionalismo el cargo que la ciudadanía les encomendó.

Si bien es cierto que, nuestra Ley Suprema faculta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa, y a los ayuntamientos aprobar sus presupuestos de egresos, también lo es que la falta de normatividad y de bases mínimas en la Constitución federal respecto a los criterios a los que se debe sujetar la asignación de remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, ha hecho que los emolumentos que perciben sean elevados, inequitativos, no guardando relación con la función que tienen encomendada, ni con los criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación de acuerdo al cargo que desempeñan.

Por ejemplo, resulta alarmante el salario que perciben algunos secretarios de estado o presidentes municipales, quienes tienen remuneraciones que van desde los 100 hasta los 500 mil pesos mensuales, los que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades, ganando incluso más que el Presidente de la República, asimismo la falta de regulación ha propiciado que servidores públicos de los tres niveles de gobierno, al término de su cargo se otorguen sendos bonos bajo los rubros de marcha y otras modalidades, quebrantando de esta forma las finanzas públicas, a sabiendas que su función y facultades implican en todo caso un alto grado de responsabilidad y compromiso con todos los mexicanos.

Desde la Colonia, los conquistadores buscaron enriquecerse fácilmente al adquirir por medio del engaño y de la rapiña, el oro y la plata que poseían los indígenas en joyas y figurillas. En los primeros años de la conquista y colonización, los españoles se posesionaron de grandes extensiones de tierra a los que creyeron tener derecho como compensación a los servicios prestados. Los conflictos sociales en la Nueva España se originaron por la pésima distribución de la riqueza, lo que determinó una profunda desigualdad social expresada en los estratos sociales o castas dentro de la población novohispana, lo que finalmente explotó en la Guerra de Independencia, que puso fin a 300 años de dominación española; sin que por ello se hubieran resuelto las profundas contradicciones sociales.

El pensamiento social y político de Morelos plasmado en el discurso pronunciado en la inauguración del Congreso de Anáhuac de 1813 clarifica las necesidades aún vigentes de México:..``La soberanía emana del pueblo y la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano;...las leyes que dicte el Congreso deben obligar a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.''

La Constitución de Apatzingan de 1814 establece la República y la divide en tres poderes, establece que la soberanía reside en el pueblo ejercido por el Congreso y le reconoce al pueblo cuatro derechos fundamentales: igualdad, seguridad, libertad y propiedad.

El México independiente de 1821 a 1833 tuvo dos formas de gobierno: la monarquía y la república, un emperador y siete presidentes, incontables rebeliones y una permanente crisis económica. El país se dividió en diferencias entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban en la posibilidad de establecer las estructuras de la sociedad moderna pero conservando los fueros y privilegios de las principales corporaciones. Los liberales pretendían reformar la situación, económica, social y política heredada de la colonia por ello en la inauguración del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga dijo: ...``algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad. ¿Ha llegado ese día?''

En el ``Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana'' de 1842, Mariano Otero, al referirse al peculado expresó:

``...esta profesión vergonzosa y eminentemente antinacional, de aprovecharse de las rentas públicas, formó una clase atendida, considerada y solicitada; y corrompiéndose los altos funcionarios se vieron esas fortunas escandalosas, adquiridas por el delito y ostentadas por la impudencia, y que sustituyendo a los principios políticos o administrativos que dividen a los hombres únicamente el interés de hacer una fortuna rápida, nos han delegado hombres para quienes cuanto hay de noble y santo no son mas que palabras sin sentido, y que de todos modos y bajo todos pretextos, no buscan siempre más que oro y más oro.''

Desgraciadamente los legisladores de 1857 no se atrevieron a dictar las leyes que moderaran la opulencia y la miseria. El poder de las clases privilegiadas resultó más fuerte que la razón y la justicia.

La Guerra de Reforma con don Benito Juárez García exalta en su obra la legitimidad con que ejercía el poder, sus palabras fueron claras:

``La autoridad no es mi patrimonio, sino un depósito que la nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y honor.''...

``La sana opinión del mundo jamás podrá negar que México es un Estado protegido por el derecho de gentes, porque a pesar de sus periódicas revueltas y los desórdenes de todo linaje que acarrean, no es una voluntaria asociación de ladrones y piratas para su particular provecho. Así es que México puede perfectamente distinguirse de las hordas salvajes ambulantes, porque constituye una sociedad civil determinada, cuyos miembros obedecen de ordinario a autoridades constituidas, con ciudades de civilización adelantada''...

``Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala''.

Ahora bien, el control parlamentario del Ejecutivo en 1917, en el artículo 75 del Código Político establece a la letra lo siguiente:

``La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.''

No obstante lo anterior, desde el 25 de noviembre de 1976 se expidieron decretos que otorgaron a los ex presidentes gozar de personal militar bajo sus instrucciones y custodia, a disfrutar de los servicios de seguridad social, gastos médicos mayores, además de la pensión vitalicia para sí, la cónyuge e hijos. El 31 de marzo de 1987, mediante acuerdo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Despacho y se reguló el derecho de la cónyuge supérstite para disfrutar de la pensión presidencial, de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos. Además, se destinaron 25 servidores públicos civiles, adscritos a la plantilla de la Presidencia de la República, para atender los ``asuntos personales'' de cada ex presidente. Esta pesada estructura no es de ninguna manera justificable.

La ``pensión vitalicia de los ex presidentes'', que hoy la tienen Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, ha provenido principalmente de la partida secreta que manejaron en forma por demás discrecional los ex presidentes en turno mencionados y fue hasta 1997 que se decidió presentarla para incluirla, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que implicó que para otorgarla se tuviera que aprobar por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde entonces a la fecha dicha partida o pensión vitalicia de los ex presidentes aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación como ``legal'' aunque no legítima, la cual como se observa no sólo es su sueldo el que se paga a costa de los impuestos de los mexicanos, sino además es todo el apoyo logístico que se les da y que es realmente desorbitado, bajo el argumento de que por prestar servicios a la patria lo merecen.

Resulta impostergable señalar con claridad y certidumbre dentro de los márgenes que permite la generalidad característica de las leyes, la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de recursos, el apego al mandato de la Ley Suprema de las asignaciones presupuestales, dando cumplimiento a cabalidad a las restricciones y los criterios de austeridad y disciplina presupuestarios, así como la eliminación de compensaciones infundadas e injustificables ante los estratos de pobreza y ruina de la hacienda pública que se causan a la terminación de periodos constitucionales, son constantes que el pueblo de México reclama.

En aras de fortalecer la transparencia, se propone la modificación de la fracción XI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetaran las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. A este respecto dicha reforma no violentaría de forma alguna el régimen federal, ni la normatividad de los estados, municipios y del Distrito Federal, ya que la ley que se expediría en uso de esta facultad permitiría homologar las bases para la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos con base en los criterios de proporcionalidad, igualdad, suficiencias y transparencia.

Al respecto la presente iniciativa propone, que la dieta del diputado federal sea la referencia para que ningún servidor público, federal, estatal, municipal y del Distrito Federal perciba una remuneración mayor que éstos, salvo los casos que se señalan en la modificación del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental a efecto de establecer la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan, especificándose que en los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales electorales, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración no mayor a una tercera parte más de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y los servidores de la administración pública federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales.

Es por ello que se plantea que la remuneración que perciba un diputado federal sea el equivalente a cincuenta y cinco salarios mínimos diarios, lo que equivaldría a una remuneración mensual de mil seiscientos cincuenta salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, siendo este el tope para los demás servidores públicos de los tres ordenes de gobierno, con las excepciones que se establecen para el presente decreto en el párrafo inmediato anterior.

Esta plusvalía en los sueldos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales electorales, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, respecto al que perciben los diputados federales se justifica toda vez que los órganos de los que forman parte o son titulares, son reducidos en número comparados con el numero de integrantes del Congreso de la Unión, lo que aumenta su responsabilidad individual respecto a la función que desempeñan.

En efecto, la reforma cumple así dos objetivos: El primero, que es respetar los principios de proporcionalidad y suficiencia que deben regir las remuneraciones de los servidores públicos según la magnitud de la responsabilidad que llevan en lo particular, el segundo, establecer parámetros precisos que acaben con la discrecionalidad en la asignación de sueldos y salarios de los propios servidores públicos, con lo que devengan en efectivos los anhelos de austeridad, transparencia y ahorro que el pueblo de México reclama de su aparato gubernamental, evitando así la nefasta e indignante contraposición de una burocracia opulenta, sostenida por las contribuciones aportadas por una población rayante en su mayoría, en la miseria.

Por otra parte se propone la modificación al artículo 64 constitucional, para que los senadores tengan una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.

De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas, y según reza el artículo 126 constitucional no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el Presupuesto o ley posterior, en tal sentido, se debe modificar el artículo 127 de la Constitución, en virtud de que en éste únicamente se establecen las características de las remuneraciones que deberán recibir el Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes de la Asamblea del Distrito Federal y en forma genérica los demás servidores públicos. En consecuencia, es menester precisar los lineamientos constitucionales y legales para el establecimiento de controles y criterios sobre la remuneración de todos los servidores, señalando de manera expresa que en ningún caso los servidores públicos podrán percibir otro tipo de remuneraciones como bonos, compensaciones, premios o de cualquier otra naturaleza, que no estén contempladas en la ley, asimismo se agrega que una vez concluido el empleo, cargo o comisión los servidores públicos no recibirán otra retribución, salvo las que expresamente otorgue la presente Constitución por seguridad social con arreglo a lo dispuesto en las leyes vigentes.

Ahora bien, el texto de la Constitución debe ser congruente en todas sus partes, no debe contradecirse entre sí, todas sus disposiciones deben complementarse y adecuarse a nuestra realidad jurídico-política; en este entendido, con el fin de dotar de congruencia a la reforma planteada, se propone modificar también los artículos 94, 115, 116 y 122 constitucionales, de modo que las percepciones que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los servidores públicos locales, municipales y del Distrito Federal se sujeten a los aludidos lineamientos en la expedición de los respectivos decretos presupuestales.

Todas estas propuestas, están orientadas a establecer límites en materia de percepciones salariales a los funcionarios de alto nivel en el gobierno y así evitar un mayor desprestigio social de las instituciones públicas, ya que sus percepciones deben estar ligadas, por un lado, a la situación económica que prevalece en el país y la evolución de las variables macroeconómicas, como la inflación o el aumento de los índices de precios al consumidor y, por el otro, a un sistema de medición del desempeño que incentive la eficacia y castigue la ineficiencia.

En la actual coyuntura cobra enorme importancia esta iniciativa que tiene por objeto fijar topes máximos a los salarios de los empleados y funcionarios de nuestro país, recibiendo una remuneración adecuada a la tarea que se desarrolla que no es otra que el desempeño de un servicio público, de atención a la comunidad y al interés de la patria y ajustado a las posibilidades económicas del pueblo al que se sirve.

En este sentido el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, congruente con su declaración de principios, busca a través de la presente iniciativa eliminar que a los servidores públicos se les asignen salarios onerosos, ilegales y poco transparentes; por el otro que el ahorro que derive de estos rubros se privilegie la asignación de recursos a partidas destinadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de nuestro país.

Por ello el espíritu de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se presenta ante esta soberanía, cumple con los anhelos de la sociedad mexicana de regular los sueldos excesivos y onerosos, así como eliminar el ejercicio discrecional de la hacienda pública para beneficiar a un sector de la alta burocracia, quienes reciben remuneraciones salariales que ofenden, lesionan y agravian a la sociedad, representando el quebranto de los principios de justicia, equidad, igualdad y solidaridad al que aspira todo régimen democrático; es inmoral y alejado de toda justicia que exista una burocracia rica, frente a un pueblo pobre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Se reforman los artículos 64, 73 fracción XI, 94 párrafo décimo, 115 fracción IV, inciso c) párrafo cuarto, 122 Base Primera, fracción V, inciso b) párrafo primero y el artículo 127; se adicionan un párrafo al artículo 75, una fracción VIII al artículo 116 y un párrafo al artículo 127; y se deroga el párrafo noveno del artículo 94, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 64. Los diputados y senadores percibirán una dieta igual, quienesno concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso del presidente la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la mismael día en que falten; la dieta de los legisladores no podrá ser mayor a mil seiscientos cincuenta salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Asimismo, no podrán percibir, directa o indirectamente otra clase de ingreso, diferentes a su dieta.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a X. ...

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, y para expedir la ley que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetaran las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.

XII a XXX. ...

Artículo 75.La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración superior a una tercera parte de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y directores de la Administración Pública Federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales.

Artículo 94. ...

...

...

...

...

...

...

...

(Se deroga)

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

...

Artículo 115. ...

I a III. ...

IV. ...

a) a b). ...

c). ...

... ...

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los ayuntamientos y dependencias de la administración pública municipal, centralizada y descentralizada, las cuales no serán mayores a las que perciban los diputados federales, atendiendo lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

...

V. a X. ...

Artículo 116. ...

I a VII. ...

VIII. Los Congresos de los estados, al aprobar el Presupuesto de Egresos deberán señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos locales atendiendo lo previstos en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso. Las remuneraciones que perciban el gobernador, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal y los diputados locales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A a B ...

C ...

Base Primera ...

I. a IV. ...

V. ...

a) ...

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y de los organismos autónomos locales, las cuales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales.

... ... ... ...

c) a o)

Base Segunda a Base Quinta ...

D a H ...

Artículo 127. Los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos respectivos.

En ningún caso los servidores públicos de confianza podrán percibir otro tipo de remuneraciones independientemente de su naturaleza o denominación; concluido el empleo, cargo o comisión, los servidores públicos no recibirán otra retribución salvo las que expresamente otorgue la presente Constitución por seguridad social, con arreglo a lo dispuesto en las leyes vigentes.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.A partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor el presente decreto las dietas de los senadores se equipararan a las de los diputados federales.

Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, empezarán a percibir las remuneraciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor, por lo que deberán informar al Congreso de la Unión las adecuaciones que hagan al respecto.

Quinto.El Congreso de la Unión tendrá un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la ley reglamentaria de la fracción XI del artículo 73 constitucional.

Sexto.Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; tratándose del Distrito Federal, será el Estatuto de Gobierno y leyes respectivas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Valentina V. Batres Guadarrama (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto presentado por la diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que, hasta el momento, hay una asistencia de 441 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: en mi carácter de diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionaly con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, y solicito que sea turnada para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Seguridad Pública, la presente iniciativa de reformas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos y proyecto de decreto.

En 1996 se creó la Ley contra la Delincuencia Organizada, como consecuencia del desarrollo de esta modalidad delictiva en nuestro país. De la misma manera, el gobierno mexicano, ante la preocupación y el interés por combatir la delincuencia organizada, ha suscrito diversos instrumentos internacionales; entre ellos, la Convención de Viena de 1988.

La adopción de estas medidas se dio porque las políticas anticriminales existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común, habían demostrado ya su ineficacia frente a ésta.

Es innegable que el gobierno federal ha venido adoptando diferentes medidas para enmendar errores y deficiencias de estos organismos encargados de combatir la delincuencia organizada. Empero, la mayoría de las acciones para subsanar esos problemas se ha traducido en el endurecimiento de las sanciones penales. Desgraciadamente, esto no ha podido garantizar... El Estado mexicano se ha visto en la necesidad de buscar otras opciones que pudieran resultar más eficaces, pero sin que éstas vulneren las garantías individuales, reconocidas en nuestra Constitución federal.

Debido al carácter internacional de este fenómeno criminal, las estrategias del combate que se han venido adoptando obedecen igualmente a criterios que se van planteando en el entorno internacional, como es el caso de las medidas contenidas en la ya mencionada Convención de Viena de 1988. Sin duda, compete al gobierno mexicano introducirlas ya en su sistema jurídico para enfrentar principalmente el problema del narcotráfico. Por ello, con la reforma que experimentó la Constitución en 1993 se introdujo por primera vez el concepto de delincuencia organizada, reformándose en 1994 el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Esta primera regulación respondió en un principio sólo a la necesidad de contar con más plazos y más amplitud de ellos y no para otros fines, por lo que con tales reformas aún no se había podido procesar a alguien en nuestro país por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal.

Paralelamente a lo anterior, se empezó a fortalecer un programa de coordinación nacional en la lucha contra la delincuencia organizada, que llevó finalmente a la creación del sistema nacional de seguridad pública, en 1995, al reformarse los artículos 21 y 73 constitucionales, lo cual planteó la necesaria coordinación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en la materia.

A 10 años de la vigencia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no puede negarse que ha sido un instrumento útil para el órgano que tiene la función de investigar y perseguir estos delitos. No obstante, no ha alcanzado sus objetivos de manera óptima; en cambio, podría decirse que en diversos aspectos no ha sido debidamente entendida, sobre todo por lo que hace a los alcances de sus mecanismos procesales, por lo que con frecuencia se ha abusado de alguna de las medidas contenidas en ellas, como es el caso --según se ha dicho-- de las intervenciones de los medios de comunicación privada, del aseguramiento de bienes y del arraigo, así como el trato hacia los testigos protegidos o de ciertos beneficios a quienes de alguna manera colaboran con la justicia, incluso por el hecho de aplicar la ley para los casos no previstos en ella misma, todo lo cual conduce a afirmar que, en cierta medida, los objetivos de esta ley están viéndose ya completamente desvirtuados. La aplicación de esta ley no ha sido del todo eficaz, lo que por supuesto no es necesariamente atribuible a la propia ley sino a los encargados de aplicarla. La realidad de las cosas es que no permite negar que las averiguaciones previas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros, en la mayoría de los casos son deficientemente integradas.

Las medidas contenidas en la ley no sólo pueden ser utilizadas para enfrentar a la delincuencia organizada sino también para la delincuencia tradicional o común, pues su generalización nos llevaría a atentar contra el estado de derecho. De ahí la necesidad de que quienes aplican el régimen de excepción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no se extralimiten aplicándola para casos que nada tienen que ver con esta delincuencia organizada, fenómeno que puede inhibirse de manera eficaz con la previsión de consecuencias jurídicas frente al abuso de este régimen excepcional.

Para la investigación y persecución de los delitos previstos en el artículo 8o. de esta ley se considera la existencia de una unidad especializada, que actualmente se denomina Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Dado que esta unidad especializada es producto de una ley especial, no puede ni debe tener competencia para conocer de otros delitos.

La ley establece que, con relación a delitos previstos en la fracción V del artículo 2o., sólo podrán ser objeto de conocimiento por parte de la mencionada unidad, siempre y cuando se cometan por un miembro de la delincuencia organizada y --además-- que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción.

Por ello deben quedar muy claros en la ley los alcances de la citada unidad especializada para evitar que incurra en extralimitaciones y, consecuentemente, que se distorsione su función, con lo que se evitará que la ley se desvirtúe. En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto, del cual omitiré la lectura del articulado por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria del hoy. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros, en mi carácter de diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados y solicito sea turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Seguridad Pública la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos y proyecto de decreto:

Exposición de Motivos

En 1996 se creo la Ley Contra la Delincuencia Organizada, como consecuencia del desarrollo de esta modalidad delictiva en nuestro país, de la misma manera el gobierno mexicano, ante la preocupación y el interés para combatir la delincuencia organizada, ha suscrito diversos instrumentos internacionales, ente ellos la Convención de Viena de 1988.

La adopción de estas medidas se dio porque las políticas anticriminales existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común, habían demostrado ya su ineficacia frente a aquélla.

Los órganos dedicados al estudio y combate de esta variedad de delincuencia establecen que se ha caracterizado como un fenómeno delictivo más organizado y más violento que la tradicional; que deja de ser un problema de carácter nacional para convertirse en uno internacional, por lo que hace más difícil determinar las víctimas y los intereses que se ven afectados.

Es innegable que el Gobierno Federal ha venido adoptando diferentes medidas para enmendar los errores y las deficiencias de los organismos encargados del combate a la delincuencia organizada, pero la mayoría de las acciones para subsanar estos problemas se han traducido en el endurecimiento de las sanciones penales. El Estado mexicano se ha visto en la necesidad de buscar otras opciones que pudieran resultar más funcionales, pero sin que con ellas tuvieran que vulnerarse garantías individuales reconocidas formalmente, en nuestra constitución federal.

Debido al carácter internacional de este fenómeno criminal, las estrategias del combate que se han venido adoptando obedecen, igualmente, a criterios que se van planteando en el entorno internacional, como es el caso de las medidas contenidas en la citada Convención de Viena de 1988, que sin duda compromete al Gobierno mexicano a introducirlas en su sistema jurídico y en su sistema de justicia penal, para enfrentar principalmente el problema del narcotráfico. Por ello, con la reforma que experimentó la Constitución en 1993 se introdujo por primera vez el concepto de delincuencia organizada, reformándose en 1994 el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales para incluir este concepto. Esta primera regulación respondió en un principio sólo a la necesidad de contar con plazos más amplios para la retención y no para otros fines; por lo que, con tales reformas aún no se podía procesar a alguien en nuestro país por el sólo hecho de pertenecer a una organización criminal.

Paralelamente a lo anterior se empezó a fortalecer un programa de coordinación nacional en la lucha contra la delincuencia organizada, que llevó finalmente a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995 --al reformarse los artículos 21 y 73 constitucionales--, el cual planteó la necesaria coordinación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en esta materia.

Como ya mencioné, en 1996 inicia su vigencia la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cuyo objetivo principal fue regular lo que sería entendido por delincuencia organizada y establecer las estrategias procesales que serían utilizadas exclusivamente para este tipo de fenómeno delictivo. En efecto, entre tales estrategias de carácter procesal contenidas en la ley, destacan, por ejemplo, las intervenciones a los medios de comunicación privada, el aumento del plazo del arraigo, el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia organizada se ostente como su dueño y no pueda acreditar la legítima procedencia de los mismos; la protección a testigos, jueces y fiscales que tienen intervención en casos relacionados con la delincuencia organizada; la utilización de agentes infiltrados; la reserva de identidad de testigos; la reducción o remisión parcial de la pena, que son beneficios para los colaboradores de la justicia, entre otras.

A 10 años de la vigencia de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no puede negarse que ha sido un instrumento útil para el órgano que tiene la función de investigar y perseguir la delincuencia organizada. No obstante, difícilmente puede afirmarse sin más que ha alcanzado sus objetivos de manera óptima. Podría, en cambio, decirse que en diversos aspectos no ha sido debidamente entendida, sobre todo por lo que hace a los alcances de sus mecanismos procesales; por lo que con frecuencia se ha abusado de algunas de las medidas contenidas en ella, como es el caso, según se ha dicho, de las intervenciones a medios de comunicación privada, del aseguramiento de bienes y del arraigo, así como con relación al manejo de los testigos protegidos o de ciertos beneficios a quienes de alguna manera colaboran con la justicia; o, incluso, por el hecho de aplicar la ley para casos no previstos en ella. Todo lo cual conduce a afirmar, que en cierta medida los objetivos de la ley se pueden ver desvirtuados.

La aplicación de esta ley no ha sido del todo eficaz y podríamos decir que no del todo; lo que, por supuesto, no necesariamente es achacable a la propia ley, sino a los funcionarios que tienen la obligación de aplicarla, sobre todo en el ámbito de la investigación y persecución de los delitos. La realidad de las cosas no permite negar que las averiguaciones previas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros, en la mayoría de los casos son deficientemente integradas. Y ello es así, no obstante las constantes flexibilizaciones que se han dado en los últimos tiempos, sobre todo por lo que hace a los requisitos para las órdenes de aprehensión y para el auto de formal prisión.

Esa mayor posibilidad para aumentar el número de consignaciones, así como para obtener más órdenes de aprehensión y, en su caso, más autos de formal prisión, no se ha podido traducir en una mayor garantía para luchar eficazmente contra la impunidad; en cambio, esa mayor flexibilización ha propiciado, en algunos casos, arbitrariedad y, por tanto, vulneración de garantías.

Las medidas contenidas en la ley sólo deben ser utilizadas para enfrentar a la delincuencia organizada, pero no para la delincuencia tradicional o común, sobre todo si ésta no tiene ninguna vinculación con aquélla; pues su generalización nos llevaría a atentar contra el estado de derecho y a caer en los límites propios de un sistema penal autoritario. De ahí la necesidad de que quienes aplican el régimen de excepción de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no se extralimiten, aplicándola para casos que nada tienen que ver con la delincuencia organizada, fenómeno que puede inhibirse de manera eficaz con la previsión de consecuencias jurídicas frente al abuso de este régimen excepcional.

Para la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley, cometidos por miembros de la delincuencia organizada, la ley prevé en su artículo 8o. la existencia de una unidad especializada, que actualmente se denomina Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Dado que esa unidad especializada es producto, precisamente, de una ley especial, su función tiene que limitarse a la investigación y persecución de los delitos previstos en dicha ley; por tanto, no puede tener competencia para conocer de otros delitos no vinculados con esta forma tan especializada de autoría.

La ley establece, incluso, que con relación a delitos previstos en la fracción V del artículo 2o. sólo podrán ser objeto de conocimiento por parte de la mencionada unidad, siempre y cuando se cometan por un miembro de la delincuencia organizada y, además, que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. Por ello, deben quedar muy claros en la ley los alcances de la citada unidad especializada para evitar que incurra en extralimitaciones y, consecuentemente, que se distorsione su función, con lo que, igualmente, se evitará que la ley se desvirtúe.

En virtud de todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, fracción V, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 32 y 35, fracción IV, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 2, fracción V, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 32 y 35, fracción IV, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal.

Artículo 3. ...

...

Las disposiciones de esta ley en ningún caso se aplicarán para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos no previstos en la misma, salvo que concurran con alguno de ellos, y el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. Por ello, los elementos de prueba que se recaben mediante la aplicación de los métodos o técnicas de investigación previstos en esta ley, en la investigación de delitos no establecidos en el artículo 2o. carecerán de toda validez.

En caso de concurso ideal de delitos, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que en conjunto exceda de una tercera parte más de los máximos señalados en el Título Segundo del Libro Primero del Código Penal Federal o, en su caso, en el correspondiente del Código Penal local.

En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos, sin que en conjunto excedan de una mitad más de los máximos señalados en el Título Segundo del Libro Primero del Código Penal Federal o, en su caso, en el correspondiente del Código Penal local.

Artículo 6. ...

Los plazos para la prescripción no correrán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción, siempre que se trate de los delitos previstos en las fracciones I y II del artículo 2.

Artículo 7. Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales.

Artículo 8. ...

...

...

...

...

En ningún caso la unidad especializada será utilizada para la investigación y persecución de delitos no previstos en esta ley o que no tengan conexidad con alguno de los delitos establecidos en ella, ni en contra de personas que no formen parte de la delincuencia organizada o que no participen en la realización de los delitos establecidos en el artículo 2o. Por ello, las actuaciones que se lleven a cabo en contravención de lo aquí dispuesto, carecerán por completo de valor probatorio y no podrán servir de base para el ejercicio de la acción penal, o para dictar orden de aprehensión o auto de formal prisión.

Artículo 9. Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, sobre todo cuando en la realización de dichas conductas se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, o cuando se relacionen con algún delito de carácter fiscal, bancario o financiero.

...

...

Artículo 10. A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorias a personas físicas o morales, siempre y cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, o que participan con ellos en la comisión de alguno de los delitos previstos en las fracciones del artículo 2o.

Artículo 13. ...

Tampoco tendrán valor probatorio las actuaciones que el Ministerio Público de la Federación haya llevado a cabo respecto de delitos no previstos en esta ley o respecto de personas que no forman parte de la delincuencia organizada o no participan en la realización de alguno de los delitos previstos en el artículo 2o., aplicando los métodos y técnicas de investigación previstos para la delincuencia organizada.

Artículo 17. ...

Tampoco el juez de distrito podrá autorizar intervenciones al Ministerio Público de la Federación si no existen indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que se investiga un caso de delincuencia organizada o que la persona sea miembro de la delincuencia organizada, o que participa en la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley.

Artículo 18. ...

...

...

...

...

...

...

Igualmente carecerán de valor probatorio los resultados de las intervenciones que no cumplan con los requisitos y límites previstos en la ley.

Artículo 32. Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 35. ...

I. a IV. ...

Queda prohibido el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, si la colaboración no se rea-liza estrictamente para los fines señalados en las fracciones anteriores. La contravención a estas disposiciones será sancionada por la ley.

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta, además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.

Transitorios

Único: Este decreto iniciará su vigencia al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de dos mil seis.--- Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.

A petición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, se pospone la propuesta de iniciativa de la diputada Sara Isabel Castellanos. Igualmente, a solicitud también del grupo parlamentario de Nueva Alianza, se pospone la presentación de la iniciativa del diputado Humberto Dávila Esquivel.

ARTICULOS 39 Y 41 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Gracias, señor Presidente. La suscrita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa de decreto, que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las últimas décadas en nuestro país han dejado al descubierto la complejidad de las relaciones políticas entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder, especialmente el que emana de la voluntad ciudadana: los puestos de elección popular. No obstante, muy lejos estamos todavía de arribar a un estadio aceptable en la materia.

La distancia abismal que se genera entre el elector y sus representantes se evidencia en la medida en que se acrecienta el desencanto ciudadano por un desempeño poco o nada satisfactorio de los y las que, una vez obtenido el espacio de representación popular, se olvidan de los compromisos que los llevaron a obtener el voto ciudadano.

Democracia refiere la participación política del pueblo en el ejercicio del poder. Hasta ahora, la práctica ha consistido en desplegar durante el proceso electoral un aparato desmesurado, destinado a obtener la confianza y, por tanto, el voto del elector. Una vez logrado el propósito, quien se ostenta como representante popular se desentiende del ciudadano y, en el mejor de los casos, se ocupa de atender lo que a su juicio son sus prioridades, o bien, se dedica a satisfacer intereses de grupo.

Ante el incumplimiento en la conducta, evidentemente censurable, de los representantes populares, el pueblo mexicano encuentra una de las lagunas jurídicas más evidentes, absurdas e insostenibles del actual sistema político nacional.

Nuestra forma de gobierno es democrática, justa, porque está fundada en la soberanía popular. Si la tendencia es transitar hacia un gobierno cada vez más democrático, es necesario que el ciudadano tenga mayor participación en las decisiones finales, que desde el Estado deben ser tomadas, y cuente con mecanismos de control perfectamente definidos que incluyan procedimientos y herramientas para su vigencia. Nuestro gobierno está fundado en la soberanía popular, y lo dice el artículo 39 de la Constitución.

También el artículo 115 constitucional contiene en sí mismo el espíritu que al respecto tenía el legislador de 1917 y que establece en la fracción I, párrafo tercero: ``Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos son desaparecidos y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros''. Siendo la Constitución mexicana de 1917 una de las más avanzadas y vanguardistas de su época, esta Legislatura tiene ante sí la posibilidad de volver a colocarse en la cúspide de la modernidad legislativa de América Latina.

Legislar la revocación de mandato no es un capricho o un botín político; es por mucho una respuesta a la realidad actual en que nos hallamos y una herramienta ciudadana a la que toda sociedad tiene derecho. No es posible entender la democracia sin la figura de la representación popular, pero la representación popular es admisible sólo si al mismo tiempo se da a la población la garantía de que cuenta con mecanismos de participación y control.

La tendencia mundial es a la definición de instituciones de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Hay que incluir a México en estas tendencias mundiales, pero sobre todo es necesario dotar a nuestra democracia de controles directos ejercidos a través del conglomerado social, especialmente por la revocación del mandato.

Los mecanismos de control con que se cuenta en la actualidad han demostrado su deficiencia para el fin de remover representantes populares, que han dejado de cumplir obligaciones que su responsabilidad les otorga.

El juicio político es una figura adecuada, que no debe ser sustituida, pero debe acompañarse de mecanismos de regulación que no permitan que, como hasta ahora, se conviertan en un botín político de unos cuantos, en tanto que por la vía del procedimiento actual vigente se soslaye y margine la conformidad de la población sobre un gobernante o representante en quien se ha perdido la confianza originalmente otorgada. Más aún, no es posible dejar la remoción de un mal gobernante supeditado y exacerbar o no el ánimo de una población que no tenga otra medida de presión que convertirse en ingobernabilidad.

¿Qué alternativas reales ofrece la legislación mexicana al ciudadano cuando un representante popular ha dejado de ser probo? Prácticamente ninguna. Cierto es que la voluntad ciudadana ha colocado a los gobernantes y, en concordancia con este mandato del que se hacen depositarios, la voluntad de la ciudadanía debe tener el derecho de revocar dicho mandato cuando su mala actuación así lo amerite porque, en concordancia con la función que ejerce el funcionario, no se nos olvide, es un servidor público.

La revocación de mandato es una figura que, como nunca en la historia de nuestro país, se hace necesaria; su regulación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es impostergable.

Es responsabilidad de la LX Legislatura generar los consensos necesarios para lograr la actualización de una figura que no sólo colocará a México a la vanguardia de las legislaciones de América Latina sino que, además, ofrecerá a sus gobernados la garantía de que está dispuesto realmente a rendir cuentas y estar sujeto a la vigilancia ciudadana.

Ningún representante popular responsable y garante de que su encargo será cumplido con eficiencia puede oponerse. Nadie estará en riesgo sino los que han utilizado hasta ahora su encargo con fines personales de lucro o corrupción.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Le solicito que el texto sea publicado íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa

La suscrita, coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Las últimas décadas en nuestro país han dejado al descubierto la complejidad de las relaciones políticas entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder, especialmente aquél que emana de la voluntad ciudadana: los puestos de elección popular.

El avance democrático es evidente: mayor participación ciudadana, instituciones autónomas e imparciales, alternancia en el poder, nuevas opciones políticas y algunos avances en materia de rendición de cuentas, dan testimonio de que el ideal democrático al que aspira nuestro país puede concretarse.

No obstante, muy lejos estamos todavía de arribar a un estadio aceptable en la materia. La distancia abismal que se genera entre el elector y sus representantes se evidencia en la medida en que se acrecienta el desencanto ciudadano por un desempeño poco o nada satisfactorio por parte de aquellos y aquellas que, una vez obtenido el espacio de representación popular, se olvidan de los compromisos que les llevaron a obtener el voto ciudadano.

Democracia refiere la participación política del pueblo en el ejercicio del poder: demos: ``pueblo'', kratos: ``poder''. Así, la tendencia en América es a la democratización cada vez mayor de las sociedades, por lo que si el ideal político actual en América Latina y en México es a la obtención de un sistema democrático operativo, real y puro, la participación directa e indirecta de la ciudadanía debe ser un eje supremo de dicho sistema de organización social.

Hasta ahora la práctica ha consistido en desplegar, durante el proceso electoral, un aparato desmesurado destinado a obtener la confianza y, por lo tanto, el voto del elector. Una vez logrado el propósito, quien se ostenta como representante popular se desentiende del ciudadano y, en el mejor de los casos, se ocupa de atender lo que, a su juicio, son las prioridades, o bien, se dedica a satisfacer intereses personales o de grupo.

Ante el incumplimiento o la conducta evidentemente censurable de sus representantes populares el pueblo mexicano encuentra una de las lagunas jurídicas más evidentes, absurdas e insostenibles del actual sistema político nacional.

El fundamento primario y, a la vez, el eje rector sobre el cual se sustenta, instituye, organiza y funciona el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno es la soberanía popular. Reza el artículo 39 de la Constitución mexicana: ``La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno''.

Nuestra forma de gobierno es democrática justamente porque está fundada en la soberanía popular; si la tendencia es transitar hacia un gobierno cada vez más democrático, es necesario que el ciudadano tenga una mayor participación en las decisiones finales que desde el Estado deben ser tomadas y que cuente con mecanismos de control perfectamente definidos, que incluyan procedimientos y herramientas para su vigencia.

Sobre el derecho a organizarse como juzgue conveniente descansa el primordial de los derechos de la sociedad mexicana. La propia Constitución establece que será el pueblo quien determine su forma de gobierno y que es la única instancia que tiene en todo momento el derecho a cambiar su forma de gobierno. Sustentado en este principio básico constitucional, es una contradicción insostenible que no tenga el mismo pueblo mecanismos de control y participación directa.

El artículo 115 Constitucional contiene el espíritu que al respecto tenía el legislador de 1917, al establecer, en su fracción I, párrafo tercero: ``Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender orevocar el mandatoa alguno de sus miembros...'' Siendo la Constitución Mexicana de 1917 una de las más avanzadas y vanguardistas de su época, esta legislatura tiene ante sí la posibilidad de volverse a colocar en la cúspide de la modernidad legislativa en América Latina; legislar la revocación de mandato no es un capricho o un botín político es, por mucho, una respuesta a la realidad actual en la que nos ubicamos y una herramienta ciudadana a la que toda sociedad tiene derecho.

No es posible entender la democracia sin la figura de la representación popular, pero la representación popular sólo es admisible si, al mismo tiempo, se da a la población la garantía de que cuenta con mecanismos de participación y control. La tendencia mundial es a la definición de instituciones de democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Hay que incluir a México en estas tendencias mundiales, pero, sobre todo, es necesario dotar a nuestra democracia de controles directos ejercidos directamente por el conglomerado social, especialmente la revocación del mandato.

De acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano, ``representación es el acto de representar o la situación de ser representado. Sustituir a otro o hacer sus veces. Al existir en el mundo de los hechos, la realidad innegable de la cooperación entre las personas, surgió a la vida jurídica la institución de la representación, en virtud de la cual una persona, llamada representante, realiza actos jurídicos en nombre de la otra, llamada representado, en forma tal que el acto surte sus efectos en la esfera jurídica de éste último como si hubiera sido realizado por él. Así, los derechos y obligaciones emanados del acto jurídico de que se trate, se imputan directamente al representado''.

Respecto a la representación política, el mismo diccionario señala: ``Es el fenómeno por el cual la nación, a través de técnicas diversas, principalmente de elección, designa a cierto número de ciudadanos para que, ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismo, participen en la creación de la voluntad estatal''.El elemento clave de la representación estriba entonces en que, tal como señala el diccionario en cita, las repercusiones de los actos que realiza aquél que ostenta el cargo de representante, recaen directamente en el representado. De esta forma, si la representación se otorga al representante por conducto de un mecanismo de participación popular como la elección, el mismo ente que le dotó de tal calidad, ``el pueblo'', debe contar con la figura jurídica que le permita revocar dicho mandato si los actos del primero no se corresponden con la representación de que ha sido dotado el segundo.

Los mecanismos de control con que se cuenta en la actualidad han demostrado su ineficacia para el fin de remover representantes populares que han dejado de cumplir obligaciones responsabilidad política ante sus gobernados. El juicio político es una figura adecuada que no debe ser sustituida, pero debe acompañarse de mecanismos de regulación que no permitan que, como hasta ahora, se conviertan en botín político de unos cuantos en tanto que, por vía del procedimiento actualmente vigente, se soslaye y margine la inconformidad de la población sobre un gobernante o representante en quien se ha perdido la confianza originalmente otorgada.

Por su parte, la declaración de desaparición de poderes por parte de la Cámara de Senadores es un mecanismo de control que permite iniciar un procedimiento de reinstitucionalización de una entidad que ha dejado de ser gobernable, pero de ninguna manera garantiza que una sociedad específica pueda remover de su sitio a un mal gobernante de manera previa a la existencia de un contexto de ingobernabilidad. Más aún, no es posible dejar la remoción de un mal gobernante supeditado a exacerbar o no el ánimo de una población que no tenga otra medida de presión que convertirse en ingobernable.

¿Qué alternativas reales le ofrece la legislación mexicana al ciudadano cuando un representante popular ha dejado de ser probo? Prácticamente ninguna. Cierto, es la voluntad ciudadana quien ha colocado al Presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados, así como presidentes municipales en el espacio de representación popular que ostentan; en concordancia con éste mandato del que se hacen depositarios, es la voluntad de la ciudadanía quien debe tener el derecho a revocar dicho mandato cuando su mala actuación así lo amerite, porque, en concordancia con la función que ejerce, el funcionario es un servidor público, término que implica que es a quien sirve a quien debe rendir cuentas y será éste mismo sujeto --en este caso un ente llamado pueblo-- quien debe ostentar el derecho inalienable de remover de su encargo a aquél que no ha cumplido la función para la que fue electo.

Las instituciones mexicanas tienden a promover una ciudadanía cada vez más responsable y participativa, baste ver el despliegue que al respecto hace cotidianamente el Instituto Federal Electoral. En la medida en que se les dote de mecanismos para una y para la otra, será más fácil contar con una población comprometida con su quehacer de gobierno.

En nuestro país sólo tres entidades políticas estatales contemplan la figura que se propone en la presente iniciativa: las de Chihuahua, Sinaloa y Yucatán. Aun cuando la autonomía de los estados de la federación que componen la República Mexicana los facultan para ello, es un contrasentido que las locales se adelanten a la federal y contengan en sus estructuras mejores mecanismos de participación ciudadana.

Se hace necesario entonces que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adecue a la realidad actual y defina líneas que normen y orienten dicho procedimiento en la esfera de las Constituciones de las entidades federativas, tal como lo ha hecho en otras materias como la educativa, de la salud o electoral.

La revocación de mandato es una figura que como nunca en la historia de nuestro país se hace necesaria y su regulación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es impostergable.

Es responsabilidad de ésta LX Legislatura, generar los consensos necesarios para lograr la actualización de una figura que no sólo colocará a México a la vanguardia de las legislaciones de América latina, sino que además le ofrecerá a sus gobernados la garantía de que se está dispuesto realmente a rendir cuentas y a estar sujeto a la vigilancia ciudadana. Ningún representante popular responsable y garante de que su encargo será cumplido con eficiencia puede oponerse; nadie estará en riesgo sino aquéllos que han utilizado hasta ahora su encargo con fines personales, de lucro o corrupción.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de

Decreto que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno así como a recurrir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta Constitución y sus leyes reglamentarias, a la revocación de mandato.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regimenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía puede, en todo tiempo, mediante el recurso de revocación de mandato, remover a sus representantes, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

a) Transcurrida la mitad del periodo por el cual fue elegido el diputado o senador, un número no menor del treinta y cinco por ciento de los electores del distrito electoral uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal en la que se eligió al diputado o senador respectivo, podrán solicitar a la autoridad electoral llevar a cabo una consulta para determinar la revocación de mandato de un representante popular en lo particular. Tal solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada, e incluir una lista donde se asiente los nombres completos, firmas y claves de elector de la credencial para votar con fotografía de los ciudadanos que presentan la solicitud, así como de la demás documentación que estimen conveniente.

b) Recibida la solicitud, el órgano de dirección de la autoridad electoral a la que se refiere la base III del presente artículo, nombrará una Comisión especial responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior y emita el dictamen correspondiente en un plazo que no exceda los 90 días naturales, para que el Consejo General acuerde lo conducente. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos señalados, dicho dictamen deberá incluir los criterios y normas que regularán la consulta a realizar, y será notificado a la Cámara a la que corresponda la persona respecto de la cual se formuló la solicitud.

c) Una vez emitido el dictamen de procedibilidad de consulta ciudadana, el Instituto Federal Electoral organizará en un plazo no mayor a tres meses una consulta ciudadana en el distrito electoral uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal correspondiente.

d) Concluida la consulta, el Instituto Federal Electoral remitirá a la Cámara del Congreso de la Unión que corresponda un informe con los resultados de la consulta para que emita, en su caso, la declaración de revocación de mandato y se convoque al suplente, o bien, se convoque a elecciones extraordinarias. La revocación de mandato procederá sólo si del resultado de la consulta se determina que es mayor el número de ciudadanos que están de acuerdo en revocarle el mandato, que el número de votos obtenidos en la elección ordinaria o extraordinaria en que el diputado o senador resultó electo. En caso de que el resultado sea que es voluntad de la ciudadanía revocar el mandato otorgado al representante popular, éste no podrá ser candidato a ningún puesto de elección popular a nivel federal, estatal o municipal en toda la República Mexicana en un plazo de seis años, contados a partir de la declaratoria que emita la Cámara que corresponda.

e) La Cámara respectiva deberá emitir dicha declaratoria, salvo sentencia inatacable del órgano jurisdiccional competente, y se entenderá por emitida si la misma no se ha dictado en el plazo de diez días naturales posteriores a la recepción del informe citado.

La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, autenticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I.

II.

III.

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, computo de la elección de presidente de los estados unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, procedimiento para la consulta de la revocación de mandato, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán publicas en los términos que señale la ley.

IV. ...

Artículo Tercero: Se adiciona una fracción II-Bis al artículo 116 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

II-Bis. los gobernadores de los estados y los diputados de las legislaturas locales, serán sujetos, además de las disposiciones del Título Cuarto de esta Constitución, al procedimiento de revocación de mandato de acuerdo con las disposiciones contenidas en la misma y en las leyes reglamentarias correspondientes. Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas y adecuaciones que se derivan de este decreto para las constituciones y las leyes de los estados y para el Estatuto de Gobierno y las leyes del Distrito Federal, así como al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán aprobarse en un plazo que no excederá a los seis meses contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de dos mil seis.--- Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto presentado por la diputada Arvizu. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:Haré una breve explicación de la iniciativa que quiero presentar en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Nuestras normas internas nos permiten tener capacidad de iniciativa que se presenta en bloque por todos y cada uno de los diputados que pertenecen a nuestro grupo parlamentario; éste es el caso y, por tanto, para mí es un honor presentar esta iniciativa en nombre de mi grupo.

¿De qué se trata? Hubo una modificación constitucional del artículo 28 en 1990, que tenía que ver concretamente con cambiar la situación y el marco jurídico del sistema bancario mexicano. Tenía varios puntos específicos que debían cumplir: privatización de la banca comercial, cambio de la naturaleza jurídica de la banca y del crédito, incorporación de intermediarios financieros al mercado, la posibilidad de que otros grupos financieros operaran en nuestro mercado y la desregulación. Cinco temas muy importantes: el primero es que cambió la naturaleza jurídica de la banca; se cambió de un régimen de concesión y un régimen de servicio público a un régimen de interés público y un régimen de autorización --no es un tema menor.

Lo que se buscaba era generar un sistema más eficiente porque cuanto más eficiente es el sistema financiero, hay una relación directa con el crecimiento de los países. Y cuanto más se tenga acceso a un servicio universal de servicios financieros, lo que se logra es tener mayor desarrollo.

En 1994 hubo una crisis muy importante, y no logró esta modificación constitucional poderla acotar y menos lograr corregir el sistema de crédito en México. En 1994 estábamos prestando 42 por ciento del PIB; había crédito hasta por 42 por ciento del PIB. Hoy, en 2006, estamos hablando de 8 por ciento del PIB. No ha habido en esta desregulación del mercado de la banca, con todas las modificaciones de las leyes para que los procedimientos legales se hicieran mucho más eficientes... no se ha logrado que exista en México crédito suficiente.

¿Qué busca esta iniciativa? Las desregulaciones de los mercados cuando hay servicio universal y cuando se prestan de forma eficiente, el abandono del Estado es adecuado para sólo tener y reservarse las condiciones y la reglamentación específica. Pero cuando esto no sucede es necesario, y esta soberanía es la que está facultada, dotar de facultades a las autoridades reguladoras para que tengan instrumentos que generen crédito en este caso.

El artículo décimo, en esta fracción, adecuadamente señala que debemos generar un desarrollo del crédito, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, capítulo económico de la Constitución, el cual se debe cumplir. Y tenemos una planeación, una facultad del Ejecutivo, dotada por el Legislativo, para hacer una planeación económica del Estado mexicano y no generar concentración del crédito en una región específica.

¿Qué significa esto? Que no se prestará por parte de la banca en regiones que generaran dinero o ricas; sólo ahí el crédito y el servicio de intermediación financiera. Por el contrario, se ha logrado en esta disposición, al darse la autorización, que la banca esté presente en todo el país.

Por eso estamos aumentando la facultad en esta fracción; lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Hacienda tenga facultades concretas para promover y fomentar el crédito en los sectores más importantes y necesitados del país.

Simplemente, como ven, es aumentar la facultad con el mismo eje de pensamiento legislativo, que fue el original cuando se hizo la Ley de Instituciones de Crédito y ayudar al crecimiento del país y, por tanto, traer empleo y mejores condiciones para México.

Los agentes financieros se vuelven ex ante unos desarrolladores: de saber dónde se puede colocar el crédito, se vuelven automáticamente promotores. Hay que ayudar a que estas reglas generales que coadyuven al estudio de la región, estudio de los sectores lo hagan y hagan un enlace con el Plan Nacional de Desarrollo y pueda crecer de manera importante el crédito.

Sin estos instrumentos, hemos visto en los últimos años, de lo que carece la mayoría de los sectores y sobre todo la pequeña y mediana industria, de lo que carece México es de crédito, y se financia con el crédito de los proveedores y sólo utiliza los bancos como sistema de pagos, que es una de las funciones primordiales, pero no la exclusiva de captar recursos y colocar recursos.

Es fundamental que esta soberanía entienda, analice y genere instrumentos regulatorios para el mejor desarrollo del sistema financiero y para el mejor desarrollo de México. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, y por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva de éste, en nombre de sus compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La mayoría de la doctrina financiera sugiere que hay una estrecha relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. A grandes rasgos, ésta sugiere:

I. Los países que cuentan con sistemas financieros y mercados de capitales desarrollados crecen más rápido que los que no los tienen (sin embargo, la composición del sistema financiero --bancos vs. Mercados-- no parece ser de fundamental importancia);

II. Esos resultados no parecen ser consecuencia del sesgo de simultaneidad; es decir, hay evidencia de causalidad de desarrollo financiero hacia crecimiento; y

III. Uno de los principales canales de transmisión es vía la reducción en las restricciones financieras que enfrentan las firmas que propician los mejores sistemas financieros. La reducción de esas restricciones les permite invertir más y de manera más eficiente.

A nivel teórico hay al menos cinco canales clave mediante los cuales el sistema financiero juega un papel central para estimular el crecimiento: por una parte, los sistemas financieros movilizan y agrupan ahorro; t, por otra, promueven una asignación eficiente del capital.

Los sistemas financieros producen información ex ante sobre posibles inversiones y juegan un papel clave en la asignación del capital. Los intermediarios financieros, al contar con fuentes de información más precisas sobre firmas, pueden identificar los proyectos más rentables y asignar de manera eficiente el capital. Al hacerlo pueden también afectar la capacidad de innovación, al identificar a los empresarios con mejores posibilidades de éxito. Tras otorgar financiamiento, los buenos sistemas financieros monitorean las inversiones y ejercen gobierno corporativo sobre las firmas, garantizando que los fondos prestados tengan un uso más eficiente. Los intermediarios financieros también transforman, diversifican y manejan diversos riesgos de una manera que no podrían hacerlo los ahorristas individuales. Entre ellos están los riesgos de transformar las unidades de los depósitos, su denominación y su liquidez en el proceso de convertirlos en créditos.

Adicionalmente, el intermediario, al diversificarse, puede lidiar de mejor manera con el riesgo crediticio. De hecho, puede asumir más riesgo que el que asumiría un ahorrista individual, lo cual es un factor clave en el impulso del crecimiento. Finalmente, proporcionan liquidez y acceso a un sistema de pagos que facilita las transacciones de bienes y de servicios.

En resumen, la teoría señala que el sistema financiero puede ser un vehículo esencial para movilizar recursos de manera eficiente hacia actividades productivas, y con ello puede contribuir a sustentar el crecimiento. El supuesto fundamental, sin embargo, es que en la economía hay proyectos de inversión rentables que necesitan ser fondeados. Sin éstos, el papel del sistema financiero se limita a proveer un sistema de pagos. Dicho de otra manera: un buen sistema financiero es una condición necesaria, pero no suficiente, para crecer. Un sistema financiero sólido es útil para poder explotar los beneficios de los proyectos de inversión, pero sin buenos proyectos de inversión es poco lo que puede hacer el sistema financiero por el crecimiento.

De conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, el sistema bancario mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquellos que para el desempeño de sus funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan.

Como todos sabemos, con la reforma constitucional de 1990, por medio de la cual, se derogó el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, se inició la emisión de un nuevo marco normativo que contiene varias características que configuran el actual sistema de intermediación financiera,1 entre las que podemos mencionar:

1. La privatización de la banca comercial;

2. El cambio de la naturaleza jurídica de la actividad bancaria y crediticia, al pasar de un servicio público sujeto a concesión por parte del Estado a ser un servicio de interés público que requiere para su prestación la autorización previa de la autoridad competente;

3. La incorporación de otros intermediarios financieros, distintos de la banca, muestra de la evolución del mercado;

4. La posibilidad de establecer grupos financieros, a través de la unión operativa de varios intermediarios; y

5. La desregulación, que pretende dotar de mayor eficiencia al sistema de intermediación financiera.

Después de esta reforma constitucional se hizo evidente que el sistema financiero mexicano, y en especial el bancario, presentaba debilidades y fragilidades en su estructura que le impedían desarrollarse adecuadamente en su función de promotor del crecimiento. Esas fallas se hicieron más palpables y agudizaron el contexto de crisis económica que golpeó la economía mexicana a finales de 1995. En 1999, cuando se eliminaron las restricciones a la participación de extranjeros en el capital de las instituciones bancarias y bursátiles, comenzó a mejorar el sistema bancario en cuanto a eficiencia y solvencia, prosperando notablemente. Sin embargo, dicha mejoría no se manifestó en un incremento del crédito bancario; muy por el contrario, éste se redujo de manera considerable. El financiamiento al sector privado como porcentaje del PIB disminuyó drásticamente, al pasar de 42.9 por ciento en 1994 a 8.4 por ciento en 2003. Por otra parte, como porcentaje del PIB, el crédito de la banca mexicana en comparación con el de países europeos y asiáticos, es muy bajo, siendo el de nuestro país el menor entre todos los miembros de la OCDE.

La falta de créditos no es un problema de ineficiencia de los bancos; éstos son eficientes, racionales, y maximizan utilidades. Basta recordar que, de acuerdo con información de los balances anuales reportados por las 30 instituciones que componen el sistema bancario, en 2003 la utilidad de éstos se incrementó en 171 por ciento en relación con el año previo. Según esos resultados, la utilidad neta de todo el sistema bancario al cierre de septiembre de 2003 fue de 21 mil 779 millones de pesos, contra los 15 mil 876 millones de pesos conseguidos en el mismo mes de 2002.

Como mencioné, la banca múltiple en México es muy eficiente, ya que es sumamente rentable y competitiva a nivel de micro y pequeñas empresas. En nuestro país contamos con los bancos internacionales de mayor prestigio a nivel mundial, como Citygroup, Scotiabank, HSBC y BBVA.

Sin embargo, la profundización del crédito es de las más bajas del mundo (8.8 por ciento de financiamiento directo al sector privado/PIB) y las empresas no se financian con la banca sino con los proveedores (en más de 60 por ciento). De esa manera, aquí es donde se da la paradoja: los bancos aumentan sus ganancias, aun con la disminución de los créditos al sector privado; la tasa de interés real es de 12 por ciento aproximadamente; el spread es de 4 a 1; la solicitud de colaterales es de las más altas, y, finalmente, no hay capital de riesgo para inversión y para financiamiento de largo plazo ni para proyectos de innovación. Los bancos aumentan sus utilidades y disminuyen su penetración financiera.

Como ha quedado expuesto, los bancos juegan un papel fundamental para la economía nacional y el desarrollo social y, por ende, pueden --a través del otorgamiento de créditos-- fortalecer el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, la presente iniciativa propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita reglas de carácter general para que los bancos tengan la obligación de promover y fomentar el otorgamiento de créditos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores o industrias productivos para el desarrollo nacional, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Como ejemplo de la importancia que constituye el hecho de que la banca múltiple o banca comercial otorgue créditos para el desarrollo de un sector o una industria podemos mencionar el papel que han jugado en años recientes los bancos a través del otorgamiento de créditos para vivienda, con lo cual se han beneficiado familias en todo el territorio nacional y, a su vez, se ha apoyado el crecimiento de la industria de la construcción.

El Banco Mundial establece que el concepto de banca múltiple o universal está vinculado ineludiblemente a la combinación de banca comercial (depósitos y créditos) y a la banca de inversión (emisión, suscripción, colocación y negociación de acciones y demás valores emitidos por las empresas).2

Para la doctrina, es el modelo de banca que otorga un modelo de libertad para operar en cualquier actividad. Es considerada ``un centro universal de servicios financieros''.3

Por las consideraciones anteriores, la presente iniciativa propone el establecimiento de un servicio universal de la banca, consistente en la obligación de las instituciones financieras, desde el momento en que se establece la autorización para la prestación del servicio, para otorgar créditos que permitan a la ciudadanía y a los sectores productivos de este país acceder a los beneficios que ofrece la banca comercial o banca múltiple, a través del otorgamiento de créditos que les permitan desarrollar una actividad, industria o profesión y combatir a través de ello las desigualdades sociales.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 10. Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:

I. a IV. ...

...

...

Al ejercer las facultades que le confiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sujeción a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, promoverá una adecuada descentralización del sistema bancario mexicano, evitando una excesiva concentración de instituciones de crédito en una misma región y establecerá reglas de carácter general para que la banca múltiple promueva y fomente el otorgamiento de créditos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores e industrias productivos para el desarrollo nacional.

Transitorio

Único.El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El sistema de intermediación bancaria se integra, además de la banca comercial, con instituciones de banca de desarrollo, que conservan la estructura de sociedades nacionales de crédito.

2 Federación Latinoamericana de Bancos.

3 Ídem.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2006.--- Diputados: Raúl Cervantes Andrade, Eduardo Sánchez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la propuesta de iniciativa que había agendado la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza. En el capítulo de proposiciones, que para conocimiento de la Asamblea son 43 --y que presentan 2 el PAN, 18 el PRD, 12 el PRI, 3 el PT, 1 Convergencia, 3 el Verde Ecologista y 4 el grupo de Nueva Alianza--, y con el comentario hecho en ocasiones anteriores, pidiéndoles racionalidad en las propuestas, en el tiempo.

NIÑEZ, EDUCACION TEMPRANA Y FAMILIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra a la diputada Mercedez Maciel Ortíz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión de la niñez, educación temprana y familia.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: como se sabe, la estimulación temprana tiene como propósito dotar de los medios materiales y psicológicos para formar niños que se integren en mejores condiciones al entorno social y ambiental. También, para que mediante una buena alimentación de las madres, desde que los bebés se encuentran en el vientre materno, el cerebro de los bebés se fortalezca y desarrolle adecuadamente, desplegando todas sus potencialidades mediante la estimulación y el desarrollo de su capacidad neuronal y motriz.

Por su parte, la educación inicial es un proceso continuado de la estimulación temprana que inicia desde que los bebés nacen hasta que arriban a los tres años. Porque aquí es cuando germinan las semillas de la individualidad humana, que serán la base para que los educandos desarrollen su capacidad de pensar y razonen y adquieran conductas sociales que los integren a la sociedad en mejores condiciones cuando sean adultos.

Diversos estudios muestran que los infantes que reciben estimulación temprana y educación inicial tienen mejor desempeño emocional, escolar y de integración social en comparación con los que no son beneficiados con este esquema educativo.

La estimulación temprana y la educación inicial están estrechamente relacionadas con la sensibilización de las madres y de los padres para involucrarlos en lo que implican estos dos procesos. Para ello se establecen dinámicas de capacitación que se denominan ``escuelas para padres y madres''. De ésta tenemos un proceso integral que beneficiará a los niños.

Incluso, el Estado mexicano reconoce a nivel constitucional que la educación inicial es una modalidad educativa que requiere ser promovida y apoyada por el gobierno y la sociedad. A partir de este reconocimiento, diversas organizaciones e instituciones privadas con y sin fines de lucro han promocionado y alentado la creación de espacios educativos que imparten esta modalidad de la educación en nuestro país.

En estos centros educativos no sólo se estimula y se enseña la integración de los niños de entre 45 días de nacidos y 3 años de edad, sino que también se involucra a los padres preparándolos para tener una mejor integración como pareja y con sus hijos. Asimismo, en los centros que son de carácter social o públicos se les proporciona la alimentación óptima para garantizar su desarrollo físico y neurológico.

A pesar de que esta modalidad educativa no es obligatoria, la respuesta del Estado mexicano no se ha hecho esperar y muchos de esos centros reciben recursos públicos que alientan el desarrollo de la capacidad neuronal, emocional, una personalidad segura, autosuficiente y un carácter firme de un número cada vez mayor de niñas y de niños mexicanos. Algunos de estos centros han sido merecedores de reconocimientos internacionales tanto a nivel de gobiernos como de organizaciones internacionales.

Por todas las bondades y la importancia que tienen la estimulación temprana y la educación inicial, consideramos necesario crear espacios que promuevan su implantación obligatoria y su articulación con el resto de los niveles educativos que forman la educación en nuestro país.

Por las consideraciones expuestas, proponemos la creación y constitución de la Comisión Especial de niñez, educación temprana y familia.

Diputado Presidente, solicito que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro del presente punto de acuerdo. Es cuanto, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente propuesta para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, conforme a las siguientes

Consideraciones

Como se sabe, la estimulación temprana tiene como propósito dotar de los medios materiales y sicológicos, necesarios a los bebés, garantizando la alimentación de las mamás, desde que los bebés se encuentran en el vientre, para que el cerebro de ellos se fortalezca y desarrolle adecuadamente, desplegando todas sus potencialidades, mediante la estimulación y el desarrollo de su capacidad neuronal y motriz. Asimismo, implica formar de manera consciente a las madres y a los padres para que la cultura de afectividad, de seguridad emocional y firmeza en el carácter de los infantes, se desarrolle desde que está en el vientre materno.

Estos medios sicológicos y materiales, constituyen la base para potenciar la capacidad de aprendizaje de los niños, así como para garantizar que al nacer, se involucren en mejores condiciones al aprendizaje y al conocimiento del mundo exterior en el cual vivirán, además de que su inteligencia, se desarrolla en esta edad de manera rápida.

Por su parte, la educación inicial es un proceso continuado de la estimulación temprana que inicia desde que los bebés nacen hasta que arriban a los tres años, porque aquí es cuando germinan la semillas de la individualidad humana, como lo ha planteado la UNICEF, al tiempo que se multiplican vertiginosamente las sinapsis y los educandos adquieren la capacidad de pensar y razonar, además de que desarrollan las bases y las conductas sociales que tendrán cuando sean adultos.

Diversos estudios muestran que los infantes que reciben estimulación temprana y educación inicial, tienen mejor desempeño emocional, escolar y de integración social, en comparación con aquéllos que no son beneficiados con este esquema educativo.

Asimismo, muestran que quienes se involucran desde antes de nacer a estas estrategias educativas desarrollan con mayor velocidad múltiples inteligencias, asociadas a la capacidad de razonamiento, al desarrollo de las habilidades y al autoconocimiento de la personalidad.

También, desarrollan mayor capacidad para tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

La estimulación temprana y la educación inicial están íntimamente relacionadas con la sencibilización a las madres y padres para involucrarlos en lo que implican estos dos procesos. Para ello, se establecen dinámicas de capacitación que se denominan escuelas para padres y madres. De esta tenemos un proceso integral que beneficiará a los niños.

Compañeras y compañeros diputados: incluso, el Estado mexicano reconoce a nivel constitucional que la educación inicial es una modalidad educativa, que requiere ser promovida y apoyada por el gobierno y la sociedad.

A partir de este reconocimiento, diversas organizaciones e instituciones privadas con y sin fines de lucro, han promocionado y alentado la creación de espacios educativos, que imparten esta modalidad de la educación en nuestro país.

En estos centros educativos no sólo se estimula y se enseña la integración de los niños de entre 45 días de nacidos y 3 años de edad, sino que también se involucra a los padres, preparándolos para tener una mejor integración como pareja y con sus hijos.

Asimismo, en aquellos centros que son de carácter social o públicos, se les proporciona la alimentación óptima, para garantizar su desarrollo físico y neurológico.

En diversos estados de nuestro país ha ido ganando terreno la implantación de la estimulación temprana y la educación inicial, así como la formación de padres y la importancia que tiene la relación con los hijos y la integración social.

A pesar de que esta modalidad educativa no es obligatoria, la respuesta del Estado mexicano no se ha hecho esperar, y muchos de esos centros reciben recursos públicos que alientan el desarrollo de la capacidad neuronal, emocional, una personalidad segura, autosuficiente y un carácter firme de un número cada vez mayor de niñas y niños mexicanos.

Algunos de estos centros han sido merecedores de reconocimientos internacionales, tanto a nivel de gobiernos, como de organizaciones internacionales.

Por todas las bondades y la importancia que tiene la estimulación temprana y la educación inicial, consideramos que es necesario crear espacios que promuevan su implantación obligatoria y su articulación con el resto de los niveles educativos que conforman a la educación de nuestro país, para formar a las nuevas generaciones con criterios humanos y principios científicos, para que tengan un mejor desempeño en todos los ámbitos y ante la vida.

Por las consideraciones expuestas, ponemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las legisladoras y legisladores la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda la creación y constitución de la Comisión Especial de la Niñez, Educación Temprana y Familia.

Artículo Segundo. El mandato de dicha comisión, será la de promover la obligatoriedad de la estimulación temprana y la educación inicial como modalidad educativa que está consagrada en nuestra Constitución Política.

Será el espacio legislativo para desarrollar una amplia discusión y análisis sobre la pertinencia de establecer en México, con carácter de obligatoriedad, la educación inicial, porque como lo acreditan las experiencias en otras naciones, en este nivel educativo es cuando los niños tienen una gran capacidad de asimilación de conocimientos y de potenciar su capacidad creativa. Además, es mejor que un país cuente con ciudadanos conscientes, críticos y propositivos, al confrontar la problemática nacional y proponer sus eventuales soluciones.

Artículo Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil seis.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Maciel Ortíz. Atiéndase la petición de la diputada e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates; ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

DEFINICION DEL FUTURO DE MEXICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.

El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo:Con su venia, ciudadana Presidenta. Diputadas y diputados: hoy más que nunca urge definir el futuro que queremos para México. Hoy como ayer, nuestro país se encuentra nuevamente en un proceso de transformación y de cambio que no puede ni debe detenerse. Para acercarnos al bicentenario de nuestra Independencia y al centenario de la Revolución, tenemos el deber de construir una visión común de país, una visión del México que queremos para las próximas décadas, del México de nuestros hijos.

Las profundas transformaciones ocurridas en el país en los últimos años, como son el proceso democrático, la pluralidad política alcanzada, la integración a la economía global, el fenómeno migratorio, los rezagos en materia de pobreza, la falta de oportunidades para muchos y, a su vez, el enorme potencial que para los mexicanos representa México nos obliga a reflexionar en torno a las nuevas realidades que vivimos y nos compromete a buscar institucionalizar el pensamiento reflexivo continuo y de largo plazo, con el propósito de construir juntos una visión común de país.

Requerimos en México emprender un proceso prospectivo que nos permita alcanzar el futuro deseado, que defina escenarios nacionales con anticipación para aprovechar y potenciar los recursos del país en beneficio de nuestros connacionales.

Sólo con la mirada puesta en el porvenir se podrán diseñar políticas públicas, programas y acciones que reviertan tendencias y que repercutan en acciones útiles y productivas en beneficio de la ciudadanía.

Mientras que nuestro país se ha rezagado frente a otros países por falta de acuerdos y una visión de largo plazo, las herramientas de planeación prospectiva han sido ya exitosamente utilizadas por Francia, Sudáfrica e Irlanda, entre otros muchos. Irlanda, por ejemplo, triplicó su ingreso por habitante en tan sólo 15 años utilizando esas herramientas.

Así pues, la prospectiva es un componente que puede transformar la visión de futuro de México, de algo desconocido a algo estimulante, abriendo paso a una certidumbre que pueda lograr un cambio sin precedente en el lapso de una generación.

Es vital que México emprenda un plan de largo plazo que contribuya a otorgar claridad al rumbo económico del país, a fomentar el empleo e incrementar sustancialmente el ingreso per cápita de los mexicanos, a fomentar la competitividad, la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del futuro, entre otros tantos.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo:

Primero. Que se constituya una Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México. Esta comisión tendrá por objeto coadyuvar a diseñar responsablemente el futuro del país mediante la elaboración de un documento que contenga proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos, con una visión de largo plazo, para alcanzar las metas de progreso y desarrollo para México utilizando las herramientas prospectivas y con la participación de amplios sectores de la sociedad.

Este documento no sólo deberá establecer la visión de futuro de México sino, también, los objetivos necesarios para alcanzar la visión a plenitud, así como las tareas necesarias a revisar para alcanzar los objetivos propuestos, entre otros datos, señalamientos y especificaciones.

Los numerales 2 a 6 de este acuerdo determinan los objetivos de la comisión, sus recursos y la vigencia de la misma.

Signan esta propuesta también el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, el diputado Francisco Antonio Fraile García, el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, el diputado José Luis Murillo Torres, el diputado Carlos Armando Reyes López y el diputado Carlos Alberto García González.

Le solicito atentamente que se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política y que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los abajo firmantes diputadas y diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, sometemos a esta asamblea el presente punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy más que nunca, urge definir el futuro que queremos para México. Hoy como ayer, nuestro país se encuentra nuevamente en un proceso de transformaciones y de cambios que no pueden ni deben detenerse.

Al acercarnos al bicentenario de nuestra Independencia y al centenario de la Revolución, tenemos el deber de construir una visión común de país. Una visión del México que queremos para las próximas décadas, del México de nuestros hijos.

Las profundas transformaciones ocurridas en el país en los últimos años, el proceso de democratización, la pluralidad política alcanzada, la integración a la economía global, el fenómeno migratorio, los rezagos en materia de pobreza, la falta de oportunidades para muchos y a su vez el enorme potencial que para los mexicanos representa México, nos obliga a reflexionar en torno a las nuevas realidades que vivimos y nos compromete a buscar institucionalizar el pensamiento reflexivo continuo y de largo plazo con el propósito de construir juntos una visión común de país.

Es tiempo de revisar nuestras coincidencias y de establecer un espacio de diálogo con una perspectiva plural e incluyente que aglutine a nuestra enorme y rica diversidad cultural y que a su vez conjugué los anhelos y potencialidades de nuestra pluralidad para que juntos, movidos por la razón e imaginación, construyamos nuestra casa común.

Es por ello que, es de mayor relevancia que en México emprendamos un proceso prospectivo que nos permita alcanzar el futuro deseado, que defina escenarios nacionales con anticipación, para aprovechar y potencializar los recursos del país en beneficio de nuestros conacionales. Sólo con la mirada puesta en el porvenir se podrán diseñar políticas públicas, programas y acciones que reviertan tendencias y que repercutan en acciones útiles y productivas en beneficio de la ciudadanía.

Necesitamos una visión de futuro de México que nos permita superar tanto las necesidades inmediatas como la satisfacción de las demandas futuras. Requerimos de esa visión para establecer objetivos concretos a perseguir así como asignar y trazar las tareas por realizar.

Mientras que nuestro país se ha rezagado frente a otros países del mundo por falta de acuerdos y una visión a largo plazo, las herramientas de planeación prospectiva han sido ya exitosamente utilizadas por Francia, Sudáfrica e Irlanda, entre muchos otros. Economías como Irlanda nos han superado, gracias a proyectos de desarrollo implementados a largo plazo; con ellos, Irlanda triplicó su ingreso por habitante en tan sólo 15 años mediante una combinación de acuerdos sociales, fuerte inversión en educación y políticas públicas de largo plazo.

Sudáfrica, por otro lado, después de la eliminación del Apartheid realizó un ejercicio para recuperar al país de las posibles luchas internas en un ejercicio plural y sincero.

Políticos, intelectuales, profesionales y gente común diseñaron los posibles escenarios del país y decidieron hacer lo necesario para que el mejor escenario se llevara a cabo.

En América Latina, Chile, a través del Ministerio de Planificación y Cooperación tiene como misión el diseño, aplicación de políticas, planes y programas de desarrollo nacional y regional; el Ministerio propone además metas de inversión pública y evalúa, armoniza y coordina las diferentes iniciativas del sector público orientadas a posibilitar la igualdad de oportunidades.

Los componentes que el Ministerio chileno utilizó para desarrollar las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) fueron: marco conceptual, diagnóstico, prospectiva y base de datos; horizontes y proceso de planificación; visión del territorio y ordenamiento territorial; coherencia de propuestas y objetivos; participación de actores; gestión estratégica; articulación con otros instrumentos de planificación; difusión, y evaluación.

El caso de Chile puede representar una buena base de benchmarking para el caso mexicano de planeación-prospectiva, ya que permite la participación con propuestas que vislumbran horizontes de largo plazo.

Con lo anterior queremos resaltar que la visión de corto plazo daña las oportunidades hacia el futuro y elimina los esfuerzos colectivos que cualquier país puede concretar para convertir su realidad en un futuro más prometedor. Es por eso que la planeación a largo plazo debe considerarse como la mejor herramienta de política pública en pos de un mejor proyecto de país.

Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la visión a largo plazo en nuestro país es que el Plan Nacional de Desarrollo está limitado --de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Planeación-- en su vigencia y rango de acción, ya que no puede exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueban, lo que origina que no se puedan realizar programas que vayan más allá de una administración, lo que a su vez provoca una falta de continuidad en los programas iniciados.

Es por eso que, la noción de planeación en México debe cambiar sus paradigmas, de manera que el Plan Nacional de Desarrollo, pueda hacer uso de las herramientas prospectivas, así como también construir una agenda legislativa institucional que conforme el marco para una política de Estado a largo plazo, que permita garantizar la mejora permanente del bienestar de las mexicanas y los mexicanos y de la competitividad a nivel internacional.

Así pues, la prospectiva --con el conjunto de herramientas que proporciona para diseñar un futuro deseado y para crear medios para aproximarlo-- se vuelve un componente esencial de la planeación para el futuro de México. Es un componente que puede transformar la visión del futuro de México de algo desconocido a algo estimulante, abriendo paso a una certidumbre de que se puede lograr un cambio sin precedentes en el lapso de una generación.

Tenemos la grandísima oportunidad de formular el desarrollo de México de largo plazo y de fijar su vocación estratégica. Para ello debemos mostrar al país la importancia y utilidad de iniciar un gran esfuerzo nacional de visión de país a futuro y coordinar los esfuerzos particulares en este sentido para que se alimenten unos a otros, y contribuyan a la construcción de esta visión de manera ordenada y sistémica.

Es vital que México emprenda un plan de largo plazo que contribuya a:

Fortalecer el Estado de derecho y la justicia social.

Otorgar claridad al rumbo económico del país.

Fomentar el empleo e incrementar sustancialmente el ingreso per capita de los mexicanos.

Promover el desarrollo humano sustentable en lo económico, político y social.

Fomentar la competitividad, la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del futuro.

Establecer un marco de referencia jurídica para la planeación en diversos niveles de gobierno y regiones del país.

Incentivar el desarrollo regional, donde prevalezcan consensos en materia de bienestar nacional.

Establecer indicadores de desempeño de la actividad gubernamental que permitan evaluar los avances de las actividades realizadas.

Para el gobierno que inicia es fundamental que las decisiones, las reformas y las políticas públicas, tengan ese sentido y trascendencia. No gobernar para lo inmediato y efímero, sino tener presente en cada momento el futuro de país. Debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la institución conductora y coordinadora de la actividad económica nacional es el Estado y que esta función implica la corresponsabilidad del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como la participación de los distintos niveles de gobierno de la Federación.

Finalmente, esta Legislatura también requiere darle continuidad a una agenda legislativa común, que contenga un proyecto de gran visión el cual permitirá ir de lo general a lo particular en el diseño de instituciones, planes, políticas y estrategias e integrar objetivos comunes a partir de la confluencia de miradas particulares. Y para elaborar la visión debemos tomar en cuenta no sólo los anhelos y potencialidades; sino conocer de nuestros problemas y de las circunstancias que habremos de enfrentar en el futuro.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se constituya una Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México. Esta Comisión tendrá por objeto coadyuvar a diseñar responsablemente el futuro del país mediante la elaboración de un documento que contenga proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos con una visión a largo plazo, para alcanzar las metas de progreso y desarrollo para México, utilizando las herramientas prospectivas y con la participación de amplios sectores de la sociedad.

Este documento no sólo deberá establecer la visión de futuro de México, sino también los objetivos necesarios para alcanzar la visión a plenitud así como las tareas necesarias a realizar para alcanzar los objetivos propuestos entre otros datos, señalamientos y especificaciones.

Segundo.Que la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, tendrá como objetivo secundario establecer un grupo vigía, que apoye en la supervisión de la ejecución del plan estratégico de desarrollo, vincule la visión prospectiva del documento a los Planes Nacionales de Desarrollo y ajuste el plan de acuerdo a las variables no contempladas al momento de la planeación.

Tercero. Que la comisión para el cumplimiento de su objeto deberá tener como funciones rectoras las siguientes:

a) Recopilar información cualitativa y cuantitativa para realizar los diagnósticos sobre cada rubro de interés nacional; apoyándose con los centros, instituciones y áreas de investigación estudio y análisis dentro y fuera de la Cámara.

b) Reunir grupos de expertos y ciudadanos para nutrir los procesos de análisis prospectivo.

c) Recopilar las herramientas prospectivas que se utilizarán para el proceso de creación de escenarios.

d) Definir escenarios prospectivos para aprovechar y potencializar los recursos del país con una visión de futuro.

e) Crear una campaña masiva para anunciar los resultados del proceso.

Cuarta.La comisión deberá estar integrada con veintidós miembros propuestos por los grupos parlamentarios bajo los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Quinta.- La comisión deberá contar con los recursos financieros necesarios para el sustento y apoyo de su impostergable mandato.

Sexta. La comisión estará vigente hasta el 30 de julio de 2009. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2006.--- Diputados: Javier Martín Zambrano Elizondo, Gerardo Antonio Escaroz Soler, Francisco Antonio Fraile García, Alonso Manuel Lizaola de la Torre José Luis Murillo Torres, Carlos Armando Reyes López, Carlos Alberto García González (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Zambrano Elizondo. Insértese en el Diario de los Debates, como ha pedido el diputado, y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

La diputada Holly Matus Toledo:Con su venia, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas de las distintas fracciones parlamentarias: durante los últimos 30 años, México ha ratificado diversos compromisos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la protección, la ampliación y el fomento de los derechos humanos de las mujeres.

En 1995, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín se reconoció que el adelanto de las mujeres y el logro de la equidad de género son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social.

Además, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer nuestro país reconoció la obligación de implantar acciones para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condición alguna.

Si no es posible la generación e implantación de indicadores que permitan visibilizar los impactos diferenciales en la vida de las mujeres y de los hombres, difícilmente se podrán incorporar acciones inmediatas y estratégicas en la investigación, la planeación, el desarrollo y la evaluación de acciones en los distintos órdenes de gobierno.

Si podemos redimensionar esta visión, contar con estadísticas desagregadas por sexo y edad, construir indicadores y evaluar el impacto y el alcance de políticas y programas tendentes a lograr la equidad y la justicia social, podremos evaluar si los compromisos internacionales ratificados por el gobierno mexicano se han traducido en resultados tangibles.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2005. A través de este comité lograremos potenciar el apoyo técnico de las diputadas y los diputados.

Podemos también aportar estudios e información analítica y científica sobre equidad de género para hacer posible la transversalidad en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación; todo esto, tendente a resolver la desigualdad entre hombres y mujeres, y aportar elementos para lograr la concordancia entre los pactos y tratados internacionales firmados por México y la legislación federal, las estatales y municipales, así como promover encuentros legislativos, académicos y sociales, para la identificación y el análisis de los temas sobre el desarrollo desde la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y la democracia paritaria.

Por ello solicitamos a la Junta de Coordinación Política a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar con la mayor brevedad la propuesta de integración del comité de dicho organismo, mediante la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 34, párrafo primero, inciso b), y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presente ante esta soberanía la propuesta de integración del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Segundo. Para la integración del comité, se solicita a la Junta de Coordinación Política observar el principio de equidad y proponer que 50 por ciento de los integrantes sean mujeres y 50 por ciento de los integrantes sean hombres.

Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política dictar las instrucciones necesarias a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a fin de que se dispongan los recursos humanos y materiales requeridos para el adecuado funcionamiento del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Solicito además que se publique el texto íntegro de la propuesta en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Holly Matus Toledo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a presentar ante esta asamblea la propuesta de integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos treinta años México ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la protección, ampliación y fomento de los derechos humanos de las mujeres. En 1995, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se reconoció que el adelanto de las mujeres y el logro de la equidad de género son cuestiones de derechos humanos y condiciones para la justicia social. Además, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, nuestro país reconoció la obligación de implementar acciones para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condición alguna.

Por otra parte, las condiciones de vida y muerte de mujeres y hombres son diferentes, en ocasiones polarizadas y excluyentes. En ello interactúan de manera diferenciada factores económicos, ambientales, políticos y biológicos, que aunados a los roles sociales, a las relaciones de poder, de clase social y de etnias manifiestan desigualdades y asimetrías que son difíciles de observar, identificar y cuestionar, debido a deficiencias en el análisis de la información, el tipo de sistematización y desagregación de las mismas.

Si no es posible generar e implementar indicadores que permitan visualizar los impactos diferenciales en la vida de las mujeres, difícilmente se podrán incorporar acciones inmediatas y estratégicas en la investigación, la planeación, el desarrollo y la evaluación de acciones en los distintos ordenes de gobierno.

Si podemos redimensionar la visión, contar con estadísticas desagregadas por sexo y edad, construir indicadores y evaluar el impacto y el alcance de políticas y programas tendientes a lograr la equidad y la justicia social, podremos evaluar si los compromisos internacionales ratificados por el gobierno mexicano se han traducido en resultados tangibles.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de agosto de 2005.

A través del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género lograremos potenciar el apoyo técnico a las diputadas y diputados, aportar estudios e información analítica y científica sobre equidad y género para hacer posible la transversalidad de género en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, todos éstos tendientes a resolver la desigualdad entre hombres y mujeres; aportar elementos para lograr la concordancia entre los pactos y tratados internacionales firmados por México y la legislación federal, estatal y municipal; así como promover encuentros legislativos, académicos y sociales para la identificación y análisis de temas sobre el desarrollo desde la perspectiva de género, de igualdad de oportunidades y de democracia paritaria.

Es por ello que solicitamos a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo mediante la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a presentar ante esta soberanía, en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 34, párrafo 1, inciso b), y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Segundo.Para la integración del comité se solicita a la Junta de Coordinación Política que observe el principio de equidad y proponga cincuenta por ciento de integrantes mujeres y cincuenta por ciento de integrantes hombres.

Tercero.Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire las instrucciones necesarias a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados a fin de que se dispongan de los recursos humanos y materiales requeridos para el adecuado funcionamiento del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2006.--- Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Insértese en el Diario de los Debates, como ha pedido la diputada, y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

AGUAS INTERNACIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales en el gobierno de Estados Unidos de América.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano:Con la venia, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América.

La falta de agua, provocada entre otros factores por las sequías recurrentes que han afectado la zona noroeste de México, particularmente al estado de Tamaulipas, y sureste de los Estados Unidos de América, ha puesto en la mesa de la discusión el tema de la adecuada aplicación del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito por nuestro país con el vecino del norte en el año de 1944.

El debate sobre el aprovechamiento del agua en esta zona de México se ha visto reflejado en numerosas acciones provenientes tanto de la sociedad civil, agrupaciones de usuarios y productores, organizaciones de carácter político, así como entes públicos de los tres ámbitos de gobierno. En reiteradas ocasiones, y con sentido de solidaridad y responsabilidad, los diputados del Partido Revolucionario Institucional hemos hecho nuestra la defensa y protección de los intereses de quienes se sienten afectados por la falta de agua en esta región del país.

Ante la actual situación de escasez del vital líquido, provocada entre otras causas por el manejo unilateral, arbitrario e indebido por parte de las autoridades federales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar un punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el tema de la justa distribución de las aguas internacionales en nuestra frontera norte representa un asunto estratégico y de interés prioritario en el contexto de la relación bilateral de México con Estados Unidos de América, en virtud de que implica simultáneamente --para ambas naciones-- el ejercicio de su soberanía y el despliegue de una cooperación orientada a enfrentar un problema común en la franja fronteriza.

Segunda. Que el compromiso que México adquirió y ha venido cumpliendo desde 1944 consiste, por un lado, en entregar a los Estados Unidos la tercera parte de los escurrimientos provenientes de los seis ríos aforados, esto es, los ríos Conchos, Escondido, San Rodrigo, San Diego, Arrollo de las Vacas y Salado, y que dicha tercera parte no debe de ser menor de un promedio de 430 millones de metros cúbicos al año en lapsos medidos en ciclos de 5 años y por el otro, que en los términos del Tratado México debe entregar el 50 por ciento de los volúmenes de agua no aforados.

Tercera. Que lo establecido en la letra del tratado de 1944 el gobierno federal suscribió el Acta 307 en razón de la cual en el año 2004 se dispuso de la utilización de volúmenes de agua no aforados con el fin de saldar el déficit con los Estados Unidos correspondientes a los ciclos 25 y 26.

Cuarta. Que el déficit acumulado de los ciclos 25 y 26 equivalentes alrededor de 1 mil 800 millones de metros cúbicos, y que a partir del año 2002, cuando se abrió el ciclo 27, el gobierno federal ha entregado agua de los ríos no aforados para ponerse al corriente de los pagos pendientes por cubrir, relativos a los ciclos 25 y 26, y que además adelantó de manera anual un volumen de 431.7 millones de metros cúbicos mismos que están comprometidos a entregarse en un promedio de 5 años, según letra del tratado antes referido, con el subsiguiente impacto negativo para los usuarios y productores tamaulipecos.

Quinta. Que en el mes de marzo del año 2005, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jaquez, asumió por escrito (oficio N° BOO-196, de fecha 16 de marzo del 2005) el compromiso con el gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, que independientemente de la entrega anticipada a los Estados Unidos de América de volúmenes de agua correspondientes a los pagos de los ciclos 25 y 26, los usuarios y productores tamaulipecos recibirían oportunamente los volúmenes acreditados en las concesiones y asignaciones que se abastecen del río Bravo.

Sexta.Que en este momento, las autoridades de Tamaulipas, en virtud de información publicada por la CILA de Estados Unidos de América, tienen la presunción de que las autoridades federales de México continúan entregando anticipadamente volúmenes de agua reflejados sensiblemente en los niveles de las presas internacionales La Amistad y Falcón, con un afán de cubrir año con año el ciclo 27, circunstancia que perjudica sensiblemente a los productores y usuarios de Tamaulipas porque los despoja del recurso acuífero que legítimamente les corresponde, en virtud de que dicho pago, según letra del tratado debe hacerse cada cinco años y no de manera anual.

Séptima. Que el comisionado mexicano de la CILA, ha negado sistemáticamente la entrega indebida del agua a los Estados Unidos y se ha negado de manera reiterada a rendir información fidedigna respecto a estos presuntos pagos que se reflejan de manera dramática en los niveles de las presas internacionales mencionadas y que consta en la información publicada en la página de Internet de la CILA de los Estados Unidos.

Octava. Que en virtud de tales entregas anticipadas y contrarias al tratado, la disponibilidad del agua es escasa y ha tornado en la crítica la situación que prevalece en la región norte de Tamaulipas, circunstancia que pudiera originar un serio conflicto de carácter social con serias implicaciones económicas y políticas.

Novena. Que los diputados del Partido Revolucionario Institucional hemos mostrado históricamente un interés respecto a esta cuestión que afecta profundamente a los usuarios y productores de Tamaulipas, manifestando en la más alta tribuna del país nuestro desacuerdo y preocupación por la forma errónea en que el gobierno federal han conducido este trascendental y delicado asunto y, en particular, hemos insistido en numerosos exhortos para que el gobierno federal cumpla con la obligación del pago convenido con los agricultores del distrito 025.

Décima. Que como representantes populares estamos obligados a defender los intereses supremos de la nación y de nuestros representados en una de las cuestiones más sensibles como lo es el tema del agua, para evitar que a quienes justa y legítimamente corresponde la disponibilidad del vital líquido, necesario para la subsistencia misma, no se vean despojados por disposiciones unilaterales y arbitrarias de las autoridades federales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorte a las autoridades federales en la materia a que actúen con estricta sujeción a los términos del tratado de distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo suscrito por nuestro país en 1944, en el sentido de que cese su actitud negligente de utilizar volúmenes de agua no aforados y/o no comprendidos en este tratado.

Segundo. Respetuosos de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de administración de las aguas internacionales, se cite a que comparezca ante esta asamblea, al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que explique de manera pormenorizada las entregas irregulares de agua a los Estados Unidos de América, y a que presente un informe detallado en el que con toda claridad se dé cuenta actualizada respecto de las negociaciones y los términos del programa de pagos, incluidos plazos, volúmenes, compromisos, y presente datos vigentes en materia de concesionamiento.

Tercero. Que el gobierno federal cumpla con el compromiso que asumió con los usuarios del Distrito de Riego 025 de pagarles una indemnización por los daños que se les han ocasionado debido a las faltas en que han incurrido en el cumplimiento del mencionado tratado.

Palacio Legislativo, México Distrito Federal, a 4 de octubre del 2006.--- Diputado Enrique Cárdenas del Avellano.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

TURISMO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro.

El diputado Octavio Martínez Vargas:Con su venia, compañera Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país rico en atractivos naturales turísticos, que complementados con la hospitalidad, la historia, la cultura, la arquitectura, etcétera, dan por resultado que el país sea un abanico de posibilidades para los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

El turista extranjero, reconoce de México la hospitalidad como un valor especial. Sin embargo, en los últimos años y especialmente en las últimas semanas nuestro país ha vivido diversas campañas de desprestigio, debido a los altos niveles de inseguridad que se viven en el país y especialmente en la frontera norte del país.

En el mercado turístico internacional, distintas agencias de viajes, así como funcionarios de gobierno han emitido comunicados que advierten sobre la violencia que se vive en nuestro país, lo que amenaza el turismo, entre otras actividades.

En los comunicados expresan diversas medidas que deben adoptar los turistas, como son viajar por carreteras de cuota y durante horas de luz de día visitar destinos turísticos conocidos y ciudades con la seguridad más adecuada, abstenerse de mostrar joyería o grandes cantidades de dinero y otros artículos de valor.

Esto se ha traducido en campañas de desprestigio para nuestro país. Cabe aclarar que los niveles de inseguridad que vivimos todos los días los tenemos que enfrentar tanto los ciudadanos mexicanos como los turistas extranjeros.

La inseguridad que se vive en el país es un tema urgente, en el que se debe trabajar, en todos los sentidos, sin distinción de origen, raza sexo o edad, consideramos que es responsabilidad de todas las autoridades restablecer la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos y los extranjeros que visitan el país.

Por todo lo anterior es que mediante este punto de acuerdo exhortamos al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Turismo establezca un programa permanente de información para los turistas, tanto de sitios que pueden visitar, como de que existen programas de auxilio ante cualquier percance, como son los Ángeles Verdes, o el número telefónico de ayuda turística.

Este programa debe dar al turista la certeza de que contarán con la atención y seguridad durante el tiempo que dure su viaje.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Turismo.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a garantizar los recursos del programa del Fondo para Atender a los Productores Afectados por Contingencias Climatológicas.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climáticos extremos.

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El invierno pasado se registraron bajas temperaturas en el Valle de México que afectaron de manera considerable a los cultivos de nopal localizados, principalmente, en la delegación de Milpa Alta.

Ante ello, el jefe gobierno del Distrito Federal inició el proceso para resarcir los daños causados a los agricultores con recursos del Programa del Fondo para Atender a las Población Afectada por Contingencias Climatológicas (Fapracc).

En consecuencia, y una vez realizados los trámites correspondientes, se otorgó apoyo a 2 mil 86 productores de un total de 2 mil 227 productores agrícolas afectados por las heladas invernales, con un monto de $1 millón 391 mil 295.36, del cual la Sagarpa aportó el 70.0% y el gobierno local el resto. No obstante, los apoyos otorgados no fueron suficientes para resarcir los daños causados.

En este contexto y en cumplimiento a disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, la Sagarpa encargó a la Universidad Autónoma Chapingo llevar a cabo la evaluación externa del Fapracc que incluyó el ejercicio fiscal 2004 y los primeros cinco meses de 2005.

De la evaluación, resulta que de los beneficiarios encuestados, sólo el 49% de éstos considera que los recursos recibidos fueron suficientes para reiniciar su actividad productiva y el 44.0 % mencionó que el dinero recibido no le fue suficiente para adquirir los insumos necesarios que le permitan dar continuidad inmediata a su actividad.

Entre otras debilidades del Fapracc, la Universidad de Chapingo indicó que existe una integración poco consistente del padrón de beneficiarios por contingencia, falta de difusión de los alcances del programa a nivel de municipios y productores e insuficiente infraestructura de la Comisión Nacional del Agua y de las delegaciones de la Sagarpa en los estados, para corroborar las contingencias climatológicas y dar seguimiento y supervisión de apoyos.

En consecuencia, es conveniente se realicen los ajustes correctivos en la operación del programa a fin de atender de manera oportuna a la población que resulte afectada por contingencias climatológicas

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Sagarpa realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar que los recursos del Fapracc mitiguen efectivamente los efectos negativos de fenómenos climatológicos extremos en los productores afectados y aseguren su reintegración a sus actividades productivas.

Segundo.- Se exhorta a la Sagarpa a revisar el impacto de los apoyos otorgados a los agricultores de nopal ubicados en la delegación de Milpa Alta en el Distrito Federal, verificar la consistencia del padrón de beneficiarios por la contingencia de enero de 2006 y ampliar la difusión de los alcances del programa, así como fortalecer la infraestructura de la Comisión Nacional del Agua y de la delegación de la Sagarpa para corroborar las contingencias climatológicas y dar seguimiento y supervisión a los apoyos.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

CAÑA DE AZUCAR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado José Armando Orihuela Trejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno federal en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado José Armando Orihuela Trejo:Con su permiso, señora Presidenta; diputadas y diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar; y a la SCJN, a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 27/2005.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente propuesta de punto de acuerdo, que tiene como fin exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a restablecer la seguridad jurídica en materia agroazucarera, cumpliendo debidamente con lo preceptuado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para lo cual me permito exponer lo siguiente:

Primero. El 25 de junio de 2005 el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que el Ejecutivo federal publicó el 22 de agosto del mismo año.

Segundo. El 21 de septiembre del 2005 el Ejecutivo federal, por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de diversos numerales del ordenamiento mencionado, procedimiento que se encuentra actualmente en trámite.

Tercero. En su carácter de autoridades responsables, las Cámaras de Diputados y de Senadores, por conducto de sus respectivas direcciones jurídicas, rindieron los informes de rigor, mediante los cuales expusieron los argumentos y fundamentos que desvirtúan puntualmente la pretendida inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

Cuarto. El auto de admisión de la acción ejercida por la PGR que dicta la Suprema Corte no conlleva la suspensión de los efectos de la ley que se combate. Ésta continúa vigente y debe ser acatada en todos sus términos por la autoridad competente, en este caso la Sagarpa, a la cual se le asignan numerosas facultades para que el Estado ejerza una efectiva rectoría en la materia.

Quinto. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar impone a la Sagarpa, entre otras cosas, la obligación de instalar diversos órganos, poner a funcionar distintos instrumentos y elaborar varios programas que resultan vitales para consolidar a la agroindustria nacional del ramo y sentar las bases que le permitan fortalecer sus capacidades y hacer frente, en condiciones menos desventajosas, a la total apertura comercial que iniciará en el año 2008.

Sin embargo, escudada en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto la acción interpuesta, la Sagarpa, el Fondo de Empresas Expropiadas y los ingenios que administra han venido violentando en forma sucesiva el estado de derecho y actuado de modo irresponsable y discrecional, con lo cual pone en grave riesgo la estabilidad y el futuro de esta importante actividad económica y en entredicho la seguridad y la soberanía alimentaria del país.

Sexto. A más de un año de publicada la Ley y ejercida la acción de inconstitucionalidad, la agroindustria nacional de la caña de azúcar se encuentra inmersa en la incertidumbre y prácticamente desprotegida ante el inminente cambio que se avecina, mientras el gobierno de la República se abstiene negligentemente de cumplir con las obligaciones que legalmente le corresponden.

Si quien tiene a su cargo la función de garantizar la observancia de la ley es el primero en incumplirla, se anula la legalidad y se invita al desorden, careciendo de autoridad moral para exigir su cumplimiento.

El 1 de octubre inició el último ciclo azucarero previo a la apertura del TLCAN en el 2008; en noviembre inician zafra los primeros ingenios y hasta el momento no hay certeza jurídica en la contratación en las nuevas siembras y en el precio a que se pagara la tonelada de caña, entre otros aspectos.

Por lo anterior, con objeto de restablecer la seguridad jurídica en la materia y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito proponer a esta soberanía, con la petición de que se considere como de obvia y urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal a cumplir de inmediato las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de instrumentar de manera urgente las acciones necesarias para la formulación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los comités regionales, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Segundo. Que, igualmente, esta Cámara, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver, con la mayor brevedad, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, radicada con el número de expediente 27/2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre del 2006.--- Diputado José Amado Orihuela Trejo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Antes de continuar con el trámite, me está solicitando el uso de la palabra la diputada Susana Monreal Ávila. ¿Con qué objeto, señora diputada?

VERIFICACION DE QUORUM

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señora Presidenta, para solicitarle la verificación del quórum y, de no haberlo, declare que no hay asistencia. Bueno, lo solicité desde hace rato, pero parece que los diputados no están atendiendo la sesión.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum; mientras tanto, continuaremos con el desarrollo y desahogo de la sesión.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

CAÑA DE AZUCAR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría, en votación económica, a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo que hemos escuchado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul de la diputada por favor. Diputada Contreras.

La diputada Adriana Díaz Contreras(desde la curul): Presidenta, decirle que la votación ya fue solicitada a este Pleno y que, efectivamente, sí hubo las dos terceras partes para que este punto de acuerdo fuera aprobado. Y sí pido por favor que la Secretaria de la Mesa ponga atención sobre la votación que está solicitando y que ya solicitó en este caso.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Confirme la Secretaría si percibió quórum o no, si percibió que se dieron las dos terceras partes que amerita el Reglamento para la aprobación.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señora Presidenta, tengo duda. Que se abra el sistema electrónico para la votación.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Como la Secretaria tiene duda, una vez registrado el quórum votaremos con el sistema electrónico si es de aprobarse la urgente resolución.

(Votación.)

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Que cierre el sistema electrónico porque ya existe en este momento quórum. Y que se abra nuevamente para la votación, si se considera de urgente resolución o no.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que, hasta el momento, hay una asistencia de 308 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. A ver, permítame. Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

CAÑA DE AZUCAR

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Señor Presidente, gracias. Sólo con la súplica de que esa Presidencia o su Secretaría avisen al Pleno sobre qué tema va a versar esta votación, toda vez que ingresaron en el Pleno varios compañeros y necesitan saber plenamente del tema.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Para ilustrar a la Asamblea, pido a la Secretaría que lea el punto de acuerdo para que la Asamblea vote si se considera o no de urgente resolución; únicamente que se lea el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Punto de acuerdo. Primero. Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal para que cumpla de inmediato las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de instrumentar de manera urgente las acciones necesarias para la formulación del programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los comités regionales, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Que igualmente esta Cámara, por conducto de su Mesa Directiva exhorte en forma atenta y respetuosa a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, radicada con el número de expediente 27-2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006. Diputado federal José Amado Orihuela Trejo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase el sistema de votación, para saber si esta proposición se considera o no de urgente resolución, hasta por cinco minutos... A ver, permítame. Dígame, diputada. Sonido a la curul de la diputada.

La diputada Adriana Díaz Contreras(desde la curul): Decirle, señor Presidente, que en su ausencia, efectivamente, ya se había solicitado la votación y que, por tanto, pido que se respete esa votación. Hay una cinta, y en esa cinta se puede verificar si existen las dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, los secretarios de la Mesa Directiva son los encargados de certificar si la votación cumple o no las dos terceras partes. La Secretaria está diciendo... está diciendo que tiene dudas; por tanto, está solicitando la apertura de la votación nominal... Dígame, diputado.

El diputado Javier Hernández Manzanares(desde la curul): Señor Presidente, nada más para protestar porque, efectivamente, los diputados que estamos aquí dando seguimiento al orden del día y prestando atención al orador nos dimos cuenta suficiente de que había más de dos terceras partes. Es evidente, señor Presidente, que si en este momento abre el sistema, no va a ver el sentido de la votación; va a ser diferente, lo cual... A quienes estamos poniendo atención nos indigna que una situación de esta naturaleza se dé. No es posible que solamente se presenten los señores diputados a votar y no a dar seguimiento a los asuntos que en esta Cámara se están tocando, por lo cual solicitamos, en términos generales, que sea respetada la votación que se dio en su momento.

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El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Cuando hay duda sobre la votación se pide rectificación de la misma; es el caso: ábrase el sistema de votación, para conocer si este asunto se considera de urgente resolución o no, hasta por cinco minutos.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

Ábrase el micrófono del diputado Gerardo Lagunes. De viva voz:

El diputado Gerardo Lagunes Gallina (desde la curul): Para rectificar mi voto: a favor, Lagunes Gallina Gerardo.

El diputado José Alonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Diputado Suárez, en pro.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas(desde la curul): Para votar a favor; no pude votar aquí.

El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Chanona Burguete(desde la curul): Mi voto es a favor, ciudadano Presidente.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez(desde la curul): Edmundo Ramírez, a favor.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Alberto Esteva, a favor.

El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas(desde la curul): Orihuela, a favor.

El diputado Sergio González García(desde la curul): Si de veras quieren a los campesinos, voten a favor.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): Rosa Elva Soriano, a favor.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón(desde la curul): Buganza, abstención.

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García(desde la curul): Valenzuela García, en contra.

La diputada Rubí Laura López Silva(desde la curul): En contra.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre(desde la curul): Alonso Lizaola, en contra.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente: se emitieron 241 votos a favor, 179 votos en contra y 6 abstenciones. No reúnen las dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva.Sonido a la curul del diputado Sánchez.

El diputado Francisco Sánchez Ramos(desde la curul): Señor Presidente, solamente para pedirle que se inserte en el Diario de los Debates esta votación, dado que al inicio, en que se tomó la nueva asistencia, solamente se registraron 308 diputados y resulta que en esta votación tenemos más de 418 o 419 diputados. Entonces, por donde quiera que le busquemos, es obvio que en el momento en que se cerró el sistema de votación no estaban los diputados que finalmente vinieron a votar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Está todo registrado en el Diario de los Debates.

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto para 2007 los recursos necesarios para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez:Con su permiso, diputado Presidente; con el permiso de esta honorable Asamblea:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios a fin de realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario.

El suscrito, ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

La LVIII y LIX Legislaturas, exhortaron al Poder Ejecutivo para que incluyera en sus proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos suficientes para que el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática realizara el VIII Censo Nacional Agropecuario con el objeto de contar con la información básica que sirva para la toma de decisiones, en beneficio del desarrollo del campo de México.

No obstante estas excitativas, el Ejecutivo no incluyó en ninguno de sus proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del periodo 2002-2006, el recurso solicitado para tal fin.

Solo en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, las comisiones ordinarias relacionadas con el sector rural impulsaron este tema y esta H. Cámara de Diputados, autorizó un presupuesto de 813 millones de pesos para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.

Desafortunadamente, el INEGI no lo realizó y el presupuesto autorizado fue utilizado para otros fines.

Consideraciones

El primer censo nacional en materia agropecuaria se sitúa en 1930. Desde entonces, se realizó de manera decenal, salvo el correspondiente a la década de los 80 y el más reciente, corresponde a los datos captados en el año de 1991. En este último censo se capturó la información integrada sobre el número de unidades de producción, privada y de ejidos y de comunidades agrarias; las condiciones de tenencia y de derechos sobre la tierra, así como los principales productos agrícolas, pecuarios y forestales, maquinaria y equipo, infraestructura productiva y aspectos familiares, entre otros aspectos.

A 15 años de que se elaboró el último censo, las condiciones del país han cambiado de manera palpable. Sólo por mencionar dos de los más importantes eventos que han influido en las condiciones de vida de la población rural: la modificación al artículo 27 constitucional en 1992, la entrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en ese mismo año.

La modificación al artículo 27 marcó el fin del reparto agrario, así como la precisión de que la propiedad de la tierra está ahora en manos de los ejidos y comunidades, con la posibilidad del acceso al pleno dominio sobre la tierra, para realizar las transacciones de renta o compra-venta. A la fecha, si bien se sabe a través de las dependencias ligadas al sector agrario, cómo se ha modificado la propiedad de la tierra, no se tienen elementos para saber si el cambio ha repercutido en mayor productividad, empleos e ingresos para el país, pues no se tiene el censo agropecuario que lo complemente y precise.

La entrada a la OMC, marcó la obligación de sujetarse a una normatividad internacional para los apoyos a la producción, comercialización y exportación, así como a la apertura comercial para los productos agrícolas.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte modificó los patrones de producción y favoreció a algunos productos, productores y regiones e impactó negativamente a muchos otros productos, productores y regiones. Pero no se tiene la visión completa de la situación en el país, ¿qué sucedió en el norte, centro y sur del país?, ¿qué pasó en las montañas y en las zonas marginadas?, pues no se tiene la información que genera el censo agropecuario para poder cuantificar dicho impacto.

Otros fenómenos no menos importantes como la pobreza, la migración, la pérdida de empleos, la femenización de los poseedores de derechos ejidales, el envejecimiento de la población, se han agudizado en estos últimos 15 años y si bien se cuenta con estudios parciales que evidencian su existencia, no se conoce su magnitud ni sus repercusiones en el ámbito económico y social, pues no se tiene el censo agropecuario que lo dimensione a nivel nacional.

Todos estos procesos es indispensable conocerlos, para poder realizar una planeación, programación y presupuestación adecuada a las nuevas condiciones de producción rural y a la luz de los nuevos acontecimientos internacionales, por lo que es necesaria la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.

Desde hace varios años, el INEGI inicio la preparación de la planeación, desarrollo y operación del censo agropecuario con eventos como la Encuesta Nacional Agropecuaria 1997, el Censo Piloto 1999 y en el 2000 con una prueba piloto de la estrategia operativa del levantamiento y se declara listo para poder realizarlo.

Se ha argumentado informalmente por autoridades del Ejecutivo relacionadas con el sector rural, que el costo del censo es muy elevado y que no es necesaria su realización, ya que se ha instrumentado el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), previsto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que éste, es el mecanismo de concurrencia y coordinación de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencia, logrando los propósitos de proveer información oportuna, internacional, nacional, estatal, del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) y municipal a productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicios.

Sin embargo, la información que proporciona este sistema no está integrada, no está desagregada a niveles de localidad ni menos de unidad de producción rural, no es comparable y no es factible tomar decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, solo decisiones puntuales para el corto plazo.

El VIII Censo Nacional Agropecuario es fundamental ya que proporcionará información integrada sobre aspectos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y geográficos indispensables para la planeación y el desarrollo del sector agropecuario del país.

En este sentido, el VIII Censo Nacional Agropecuario deberá efectuarse con estricta aplicación de probadas técnicas de investigación estadística y con gran alcance temático, dentro de lo cual destacamos que se debe de incluir la producción acuícola y forestal.

La información generada deberá estar en función de las necesidades de los usuarios de los datos y al mismo tiempo, atendiendo a la capacidad de respuesta de los informantes.

El país está a punto de entrar a un nuevo periodo gubernamental, por lo que se elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, Especiales, Regionales e Institucionales 2006-2012. El censo agropecuario debió haber sido realizado y utilizado para esta temática, pero aún así, servirá para reubicar los programas y sobre todo, su seguimiento e impacto.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta honorable Asamblea como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar al Poder Ejecutivo a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, incluya el presupuesto necesario para que el INEGI realice el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Segundo: Solicitar al INEGI que bajo convenio con las universidades ligadas al sector rural, considere la incorporación de estudiantes de agronomía y carreras afines para el levantamiento de dicha información, con el fin de disminuir el costo del levantamiento y mejorar la calidad del levantamiento de datos.

Tercero: Solicitar al INEGI que, en coordinación con las comisiones ordinarias del sector rural de esta H. Cámara de Diputados y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como con las instituciones académicas y de gobierno que considere pertinentes invitar, diseñe un sistema de censos y encuestas rurales que permitan la planeación, seguimiento y evaluación integral del sector rural mexicano.

H. Congreso de la Unión, octubre de 2006--- Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. En votación económica, pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse y se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución y, en consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores... Víctor Sánchez Trujillo: tiene la palabra, señor diputado. Está inscrito también Carlos Morales. En este intermedio quiero, en nombre de la Mesa Directiva, dar un cordial saludo a los ciudadanos del municipio de Tepeji del Río, del estado de Hidalgo, que nos honran con su visita.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo:Con su permiso, señora Presidenta. Vengo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputadas y diputados, a argumentar nuestro posicionamiento en favor de la urgente necesidad de que el sector agropecuario y rural tenga la información suficiente para la toma de decisiones.

Como bien señalo, quien tiene la información tiene el poder: poder para decidir, poder para hacer, poder para ejecutar. Quizá la moda de censos en el pasado era tan sólo la necesidad de conocer; hoy es realmente imperioso tomar decisiones basadas en esa información.

Quizá por deformación profesional, pero para planear, para ejecutar, para corregir, esta información tiene que estar al día. Ya no únicamente para conocer los inventarios; ahora también es importante ver que los programas municipales, estatales y federales se cumplan a cabalidad; qué tanto de la tecnificación, qué tanto de los estatus sanitarios, qué de tan cierto de los ingresos destinados realmente a la actividad productiva y no a las remesas. Pero más allá de las actividades tradicionales, también el estatus de los productos no tradicionales, que hoy también son parte fundamental del quehacer productivo del medio rural.

También para la asignación de recursos, permanentemente la Sagarpa requiere como punto de decisión estos inventarios. De hecho, la fórmula de Alianza para el Campo en uno de sus supuestos implica la necesidad de conocer cuáles son esos inventarios y así poder también asignar recursos, y es evidente que esos inventarios se mueven día con día y no cada seis años, como anteriormente se llevaban al cabo estos censos. De hecho, desde 1994 no tenemos información fidedigna.

Es importante, pues, que sea actualizado. El punto de acuerdo tendría que ampliarse, ante la necesidad no únicamente de establecer recursos que establezcan este censo agropecuario para 2007 sino que existan los sistemas que permitan actualizar de manera permanente esta información.

Ya existieron, el año pasado y en ese sexenio, esfuerzos desde la Secretaría de Agricultura para establecer un sistema de información de estadística agropecuaria. Pero la capacidad mínima de los estados para establecer estas oficinas, que tendrían que estar en principio en cada oficina de los ayuntamientos y, en el mejor de los casos, en cada una de las oficinas de los comisariados ejidales y también en los sistema producto hace difícil que pudiera llevarse a cabo.

Pero creo que ése es el camino adecuado. Puede ser, y de hecho lo es, también una gran oportunidad para que instancias que hoy necesitan recursos puedan obtenerlo a través de estos dineros que anualmente se asignen para mantener esta información al día. Me refiero, por ejemplo, a las universidades públicas que hoy todos y cada uno de nosotros estamos pidiendo más recursos. Si bien no sería suficiente, un paliativo sería que a través de las carreras y facultades destinadas a la atención del campo, sus prestadores de servicio, la gente de esas escuelas, pudieran tener actualizados estos dineros y estas cifras. Y por supuesto que la información, por valiosa que es, necesita ser recompensada.

Ésa es la necesidad hoy en un mundo globalizado. Para corregir la oferta y la demanda no basta saber qué tanto producimos sino la conveniencia de saber si lo producimos y con qué calidad lo producimos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en pro del punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Carlos Orsoe Morales.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez:Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: obviamente que estamos a favor del punto de acuerdo que nos garantice que los recursos necesarios estén etiquetados en el Presupuesto del próximo año para que tengamos un censo nacional agropecuario. No es posible, compañeras y compañeros, que sigamos dando palos de ciego en el campo. La pobreza, la improductividad, la migración son resultado precisamente de una falta de planificación con conocimiento de lo que tenemos y de nuestras potencialidades.

Una política sin rumbo en el campo nos ha llevado a esta circunstancia. No podemos seguir aplicando las políticas públicas del campo sin precisión; esto conviene a todos, a todos los diputados y a todos los mexicanos.

El escenario del Tratado de Libre Comercio nos modificó la comercialización, la producción; vino a remover las condiciones del campo mexicano. Y tiene ya más de 15 años que no realizamos un censo nacional agropecuario. Por eso consideramos de vital importancia la propuesta que vino a hacer aquí, a esta tribuna, nuestro compañero diputado Padilla.

En nombre de la fracción parlamentaria del PRD y en nombre de los productores del campo mexicano, venimos a exigir que en esta ocasión no vaya a suceder lo que sucedió en años anteriores, que se excitó al Ejecutivo para que se cumpliera esta tarea y no se realizó. Hoy queremos que, con la fortaleza de todas las fracciones representadas en esta Cámara, logremos que se realice el censo nacional para que podamos aplicar las políticas públicas de mejor manera en nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. En virtud de que se ha agotado el registro de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay mayoría absoluta por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo a fin de solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

El diputado Javier Guerrero García:Permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis de la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, en su caso, la apruebe.

Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Javier Guerrero García, con fundamento en lo establecido en el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que solicita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión retomen con carácter prioritario el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa por la que se crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada por la H. Cámara de senadores en el anterior periodo ordinario de sesiones y que se encuentra en análisis en comisiones, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La libertad es uno de los derechos fundamentales que nos garantiza nuestra Constitución Política; es por ello, que en su primer artículo prohíbe la esclavitud y es por ello también que cualquier persona que haya vivido en condiciones de esclavitud o servidumbre en otros países, por el sólo hecho de ingresar al territorio nacional, tiene garantizada su plena libertad como ser humano.

Esta vocación por la libertad, ha estado presente a lo largo de nuestra historia y forma parte del acervo de los mejores valores que tenemos como sociedad y que al mismo tiempo fortalecen el sentido del proyecto de realización colectivo para nuestro país.

Así visto, para México y para cualquier país, debe resultar inaceptable que se generen las condiciones para una regresión en contra de la libertad. Ninguna democracia y ninguna sociedad abierta puede darse el lujo de permitir que a su interior, se generen enclaves perversos que generan la violación sistemática de la libertad y con ello, de la dignidad de las personas.

Con base en este planteamiento, resulta lamentable que en pleno siglo XXI, se estén configurando nuevas formas que atentan en contra de la libertad y la dignidad de las personas, y en particular, en contra de las personas más vulnerables en prácticamente todos los países.

Estas nuevas formas, se configuran en el perverso crimen de la trata de personas. Este fenómeno es una de las formas más crueles de someter la voluntad de las personas, y también una de las peores formas de violencia y explotación en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En efecto, datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, señalan que más de 700 mil personas son victimizadas cada año, y que este crimen se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, debido al grado de impunidad y lagunas legales para combatir y enjuiciar a los tratantes.

Es un fenómeno que lastima a las personas, que fractura sus ambientes familiares, y que interrumpe la posibilidad de construir y realizar proyectos personales y colectivos de vida.

En nuestro país no contamos con estadísticas precisas para determinar la dimensión del problema. Al no estar tipificado como un delito, la trata de personas no puede ser combatida con efectividad por las autoridades y los tratantes pueden actuar en medio de un ambiente de impunidad que no podemos tolerar más, sin que contemos por tanto, con cifras aproximadas que nos den cuenta de qué dimensión tiene numéricamente este problema.

Aún con ello, el citado informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habla de más de 20 mil personas, en su inmensa mayoría mujeres y niños, que son víctimas año con año de estos tratos degradantes, abuso y servidumbre.

Frente a este fenómeno en la anterior legislatura, en el año de 2003, las entonces senadoras Yolanda Eugenia González Hernández y Dulce María Sauri Riancho, presentaron en conjunto una iniciativa en la materia, que además contiene importantes reformas complementarias a otros ordenamientos jurídicos. Posteriormente, en 2004, los también entonces senadores, Sadot Sánchez Carreño y Enrique Jackson Ramírez, presentaron la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México. Ésta pasó como minuta a la Cámara de Diputados y se debe encontrar en análisis de comisiones.

Debe señalarse que esta iniciativa puede ser mejorada, y que sin duda, debemos abordarla dado el nivel de drama humano y de fractura que esa actividad criminal propicia tanto en las víctimas como en sus entornos personales y familiares.

Ya se señaló que no contamos con cifras y estadísticas precisas sobre el tema, pero hay que señalar también que una sola víctima de la esclavitud o de tratos denigrantes en nuestro país, es demasiado y su sola presencia bastaría para justificar contar con un ordenamiento jurídico que no sólo permita combatir el fenómeno, sino además prevenirlo y construir un sistema de protección que permita dar atención y protección a las víctimas de este crimen.

Nuestro país no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual, o promotores de pornografía y prostitución infantil y prostitución forzada de mujeres y niñas.

Éste es sin duda uno de los crímenes de mayor perversidad, pues no sólo convierten a las personas en menos que mercancías; se trata del abuso alevoso de las personas más frágiles y vulnerables, y del sometimiento y quebrantamiento de su voluntad, de su dignidad y de su libertad.

Por lo anterior, hago un llamado a esta asamblea para aprobar, por urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las comisiones dictaminadoras de la minuta enviada por la colegisladora, la que contiene la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que en lo inmediato inicien la discusión sobre la materia y convoquen a un foro de discusión en el que participen los expertos, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, para mejorar la iniciativa y aprobarla en el menor lapso posible.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de octubre de 2006.--- Diputado Javier Guerrero García (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Javier Guerrero. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se ha inscrito para hablar del tema el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Faustino Javier Estrada González:Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados: en el mundo hay más de 2 millones de personas que viven bajo el yugo de la trata. En nuestro país, ese delito --por increíble que parezca-- todavía no cuenta con una norma que ampare a todos esos individuos desamparados que son obligados a realizar trabajos con engaños o amenazas o que son explotados laboral o sexualmente o que se encuentren en situación de certidumbre. La cuestión se torna más infame cuando afecta a mujeres, niños, ancianos y quienes tienen capacidades diferentes.

Como todos sabemos, ese marco jurídico federal permitirá atender y proteger a quienes han sido víctimas de esos crímenes. Hace un año, la iniciativa que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue aprobada por el Pleno del Senado; ahora sólo resta que esta soberanía haga lo conducente.

De aprobarse, se cubrirá esa carencia de reglas puntuales en nuestro sistema penal y se cumplirían las ordenanzas internacionales con que nuestro país tiene un compromiso, en particular la Convención y el Protocolo de Palermo.

Las dimensiones de este crimen tienen alcances inauditos, pues las ganancias para los criminales son abrumadoras. Hasta ahora no contamos siquiera con cifras exactas para medir la magnitud del fenómeno; tampoco tenemos la posibilidad de que las víctimas inicien un proceso de denuncia contra los tratantes.

Esta iniciativa es fundamental para que, de una vez por todas, se pueda prevenir y sancionar de manera efectiva la trata de personas con todo el peso y rigor de la ley. La trata debe ser considerada delito grave. Con la aprobación de esta ley podremos prevenir, proteger y atender a las víctimas desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos de los afectados, en particular a los grupos más vulnerables de la sociedad; todo, con la colaboración de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Para la elaboración y puesta en práctica de un programa nacional que incluya políticas públicas, para la protección y atención a las víctimas de este delito no puede esperar más. Sólo pensemos en lo que debe ser vivir víctima de la explotación por medio del engaño, deudas, violencia o amenazas con fines de explotación sexual, laboral o abuso infantil y de servidumbre involuntaria.

En nosotros está la decisión de que esas violaciones puedan ser perseguidas por todas las autoridades competentes. Los legisladores estamos para subsanar los vicios legales y vemos a fondo nuestra obligación para que los que nos permitieron llegar a esta alta tribuna cuenten con todos los medios para una vida segura y digna. Es cuanto, señor Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Estrada. Tiene la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Presidente, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Cárdenas. Permítame, diputada Conde.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Señor Presidente, para no hacer uso de la tribuna pero dejar constancia de que el grupo parlamentario de Nueva Alianza suscribe en sus términos la iniciativa de ley que presentó el Partido Revolucionario Institucionaly acompañó el Partido Verde respecto a la trata de blancas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Es una propuesta de punto de acuerdo sobre una minuta que se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada Conde.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Gracias, señor Presidente. En nombre del grupo parlamentario de Alternativa, me permito manifestar nuestro pleno respaldo y sumarnos al punto de acuerdo presentado por nuestro colega del Partido Revolucionario Institucional, diputado Javier Guerrero García, a efecto de solicitar a la Comisión de Justicia que retome el análisis y apruebe la minuta por la cual se crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy día entre 600 mil y 800 mil personas son víctimas de esta forma moderna de esclavitud --en su mayoría mujeres, niños y niñas--. No obstante que desde finales de 2003 nuestro país forma parte de las naciones que han aprobado diversos instrumentos internacionales, como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niños y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es la fecha que no hemos logrado emitir una ley que instaure y haga efectivos tales compromisos internacionales. Las consecuencias de tal inacción no se han hecho esperar: día con día sabemos por los medios de comunicación de persistentes atropellos de la dignidad humana; y más aún, tal inacción nos coloca como sujetos de escrutinio frente al exterior.

El Departamento de Estado norteamericano lo ha dicho claramente en sus informes anuales sobre la trata de personas --y cito--: ``El gobierno mexicano no cumple plenamente los estándares mínimos para la erradicación de la trata''. Más adelante sostiene: ``Las reformas legales en materia de trata de personas siguen pendientes en el Congreso mexicano, las que si se aprueban podrían ser de utilidad para procesar y sentenciar a los responsables de los delitos relacionados con la trata''.

Sabemos de la complejidad del problema, y es un hecho que la sola promulgación de una ley no resuelve en automático ni de inmediato tal situación, pero el proyecto de ley en cuestión tiene la virtud de considerar y regular de manera sistemática los tres aspectos básicos para su atención; es decir, la persecución de los traficantes, la protección de las víctimas y la prevención de la trata.

Por último, quisiera referirme al amplio consenso que esta iniciativa logró entre las organizaciones sociales, además de que fue aprobada por unanimidad en el Senado, porque estamos seguros de que ese mismo profesionalismo y esa unanimidad tendrá esa iniciativa aquí, en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Conde. Tiene la palabra la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sonido a la curul de la diputada Dolores Manuell-Gómez Angulo.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo(desde la curul): Gracias, señor Presidente. En nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para unirnos a esta propuesta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:Con su permiso, señor Presidente. Uno de los planteamientos fundamentales que tienen que ver con esta ley es cómo México ha estado en el ámbito internacional siendo promotor de diversas legislaciones que tienen que ver con el marco de los derechos humanos en el mundo.

México fue promotor e impulsor de lo que fue la Convención contra la Trata de Personas, y no es posible que en este momento el Estado mexicano no haya legislado en favor del hecho que hoy se plantea. México ocupa el quinto lugar en América Latina por lo que tiene que ver con la trata de personas, y el vigésimo octavo en el mundo. Es una cosa que sí nos preocupa: finalmente, cuando vemos en nuestra cara lo que empieza a suceder en lugares como en la calle, con gente como mujeres, niños y niñas, donde simple y llanamente se van organizando una serie de personas en el ámbito de la delincuencia organizada donde existe ese tipo de explotación.

Por eso, el Partido de la Revolución Democrática está apoyando en este momento que, en efecto, empecemos a legislar en favor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Es un elemento fundamental por lo que tiene que ver contra la supraexplotación de las personas y mucho más cuando se presenta en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, como son los niños y las niñas, hijos de mujeres y de hombres indígenas, en fin, todo lo que existe alrededor y en el contenido de lo que implica la trata de personas en nuestro país, pero también fundamentalmente lo que implicará en su momento no solamente aprobar esa legislación sino dotarla de recursos que le permitan, a través de una serie de políticas públicas en desarrollo social, que motiven el cambio de vida de las personas mexicanas. No podemos simplemente decir que se sancione a las personas que están atrás de todo este gran conglomerado de corrupción en el tema, sin que tampoco vayamos a lo que es también el fondo del problema, y del fondo el problema es que tenemos una muy amplia necesidad por personas que viven en la pobreza extrema.

No es solamente haciendo programas que tengan que ver con beneficios sociales y poner una serie de elementos para que en su vida puedan subsistir, sino es cómo cambiamos la vida y las condiciones de las personas que en realidad necesitan una educación, una cultura, infraestructura urbana en sus comunidades, así como vivienda y alimentación. En fundamentalmente ahí donde podemos identificar los grandes problemas para evitar la trata de personas en nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Claudia Cruz. De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, que confiere al Presidente de esta Cámara dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta en la Cámara, de conformidad con la fracción XVI del mismo Reglamento, se excita a la comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos para que emitan el dictamen correspondiente.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales y a los ayuntamientos de la República a destinar recursos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

La diputada Martha Hilda González Calderón:El desa-rrollo sustentable debe ser un propósito compartido, al margen de cualquier idiosincrasia o credo partidista. Las políticas públicas precisan enfocarse a priorizar este objetivo; su planeación adecuada conforme a criterios regionales a niveles federal, estatal y municipal es condición indispensable para la consecución de un país ambientalmente viable, en un marco de fortalecimiento del federalismo.

En paralelo, existen rubros y prioridades que demandan la atención de todos los ámbitos de gobierno de la república referidos a la protección y preservación de la vida y de los recursos naturales. Las políticas públicas sólo tienen sentido cuando existen condiciones suficientes de una convivencia armónica del ser humano con su entorno.

En este contexto, la magnitud de los problemas ambientales impacta profundamente en todos los ámbitos de la actividad humana, en detrimento de la calidad de vida. La degradación del suelo, la contaminación del aire, la escasez de agua, la deforestación indiscriminada, el deterioro de los ecosistemas, los peligros de extinción de numerosas variedades que forman parte de nuestra biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, las dificultades crecientes para el manejo de los residuos, los requerimientos cada vez mayores de consumo de energía primaria y las presiones por la explotación demográfica ponen en riesgo la sustentabilidad y factibilidad del desarrollo de las regiones que forman la federación.

La incorporación de la dimensión ambiental en la discusión presupuestaria reconoce la necesidad de revertir los efectos negativos del deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del ambiente, así como la urgencia del aprovechamiento racional de los recursos naturales, para lo cual se requiere generar las condiciones jurídicas y administrativas indispensables para la concreción de tales objetivos.

Esa circunstancia nos remite a la necesidad que tiene el gobierno federal, así como los gobiernos de todas las entidades federativas y municipios del país, de prever los recursos presupuestarios necesarios y suficientes para ser aplicados a rubros de naturaleza ambiental que permitan un desarrollo continuo y sustentable de sus potencialidades.

Bajo las anteriores consideraciones, el presupuesto público se constituye en instrumento indispensable para asignar prioridades y dotar de orden al ejercicio financiero de las entidades y los municipios del país con un enfoque ambiental integral.

Por ello se solicita que el gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, prevea bajo un enfoque integrador de asignación transversal recursos presupuestarios para atender con suficiencia, oportunidad y eficacia las obligaciones y responsabilidades ambientales que corresponden en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en las leyes que le emanan.

Adicionalmente a lo anterior, cabe llamar la atención sobre la inminente atención que los diferentes ámbitos de gobierno deben dar en lo inmediato al aspecto presupuestario de cara al próximo ejercicio fiscal.

Por esa razón es de natural urgencia que la presente proposición, y su consiguiente punto de acuerdo, llegue lo más pronto posible a las instancias decisorias en la estructuración y formulación del presupuesto público.

Por esta razón solicito respetuosamente a esta honorable soberanía que, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General, se someta de urgente y obvia resolución este exhorto al gobierno federal, en un punto de acuerdo donde se exhorte al gobierno federal, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados, a los órganos Legislativo y Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones, así como a los ayuntamientos de la república para que, con base en las facultades presupuestarias que les asistan en términos de la legislación vigente, prevean, asignen, recursos públicos suficientes y oportunos para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en sus respectivos ámbitos de competencia.

Señor Presidente, le solicito muy atentamente su anuencia para que el texto aquí leído sea insertado de manera íntegra en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a los ayuntamientos a destinar recursos públicos para preservar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Martha Hilda González Calderón, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en materia ambiental enunciada al principio, misma que enseguida se desarrolla con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo sustentable debe ser un propósito compartido al margen de cualquier idiosincrasia o credo partidista. Las políticas públicas precisan enfocarse a priorizar este objetivo. Su planeación adecuada, conforme a criterios regionales a nivel federal, estatal y municipal, es condición indispensable para la consecución de un país ambientalmente viable, en un marco de fortalecimiento del federalismo.

En paralelo, existen rubros y prioridades que demandan la atención de todos los ámbitos de gobierno de la República, referidos a la protección y preservación de la vida y de los recursos naturales. Las políticas públicas sólo tienen sentido cuando existen las condiciones suficientes de una convivencia armónica del ser humano con su entorno.

En este contexto, la magnitud de los problemas ambientales impacta profundamente en todos los ámbitos de la actividad humana, en detrimento de la calidad de vida. La degradación del suelo, la contaminación del aire, la escasez de agua, la deforestación indiscriminada, el deterioro de los ecosistemas, los peligros de extinción de numerosas variedades que forman parte de nuestra biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, las dificultades crecientes para el manejo de los residuos, los requerimientos cada vez mayores de consumo de energía primaria, y las presiones por la explotación demográfica ponen en riesgo la sustentabilidad y factibilidad del desarrollo de las regiones que conforman la Federación.

La incorporación de la dimensión ambiental en la discusión presupuestaria reconoce la necesidad de revertir los efectos negativos del deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, así como la urgencia del aprovechamiento racional de los recursos naturales, para lo cual se requiere generar las condiciones jurídicas y administrativas indispensables para la concreción de tales objetivos. Esta circunstancia nos remite a la necesidad que tienen el gobierno federal así como los gobiernos de todas las entidades federativas y municipios del país, de prever recursos presupuestarios necesarios y suficientes para ser aplicados a rubros de naturaleza ambiental que permitan un desarrollo continuo y sustentable de sus potencialidades.

La necesidades presupuestarias antes señaladas pueden contrastarse a la luz de las responsabilidades que tienen Federación, entidades y municipios de atender al cumplimiento de las atribuciones que establecen, entre otros ordenamientos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como, para el caso de los municipios, las atribuciones que les señala el artículo 115 constitucional en las materias ambiental y de servicios.

Bajo las anteriores consideraciones el presupuesto público se constituye en instrumento indispensable para asignar prioridades y dotar de orden al ejercicio financiero de las entidades y municipios del país con un enfoque ambiental integral. Por ello, se considera recomendable que el gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios prevean, bajo un enfoque integrador de asignación transversal, recursos presupuestarios para atender con suficiencia, oportunidad y eficacia las obligaciones y responsabilidades ambientales que les corresponden en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, leyes reglamentarias de ella emanadas, así como con lo que señalan las disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito local.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los órganos legislativos y ejecutivos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de la República, para que con base en las facultades presupuestarias que les asisten en términos de la legislación vigente, prevean y asignen recursos públicos suficientes y oportunos para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en sus respectivos ámbitos de competencia; dotando de un enfoque ambiental, en sentido transversal, al ejercicio gubernamental, a fin de propiciar la existencia de dicho enfoque en todos los programas, proyectos y acciones del sector público, fortaleciendo en paralelo la necesaria coordinación interinstitucional que al efecto determinen las condiciones particulares de cada entidad, municipio y región, buscando un desarrollo ambiental sustentable.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputada Martha Hilda González Calderón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Hilda González. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ha solicitado la diputada el trámite de urgente resolución; consulte la Secretaría a la Asamblea si este asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se incluyan en el Presupuesto de 2007 recursos para el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

La diputada Maribel Luisa Alva Olvera:Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea: la que suscribe,Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal por el XIII distrito en el municipio de Ecatepec, del estado de México, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes: el 18 de agosto pasado, un nuevo gobierno, con filiación política distinta de la del anterior, asumió la responsabilidad de impulsar el bienestar de los ciudadanos del municipio de Ecatepec, estado de México.

Es justo reconocer que el procedimiento de entrega-recepción en un contexto de alternancia se llevó a cabo con toda civilidad y de forma eficiente y profesional. En días pasados, el presidente municipal, José Luis Gutiérrez Cureño, acompañado de su cabildo y un grupo de ciudadanos, expuso en esta casa las difíciles condiciones en que se debate el municipio del cual es mandatario. Nos hacemos eco y apoyamos sus planteamientos.

Consideraciones: aun cuando oficialmente se estima que la población en este municipio es de 1.8 millones de habitantes, de manera extraoficial se afirma que asciende a 3.0 millones. El factor poblacional incide en la asignación de recursos, por ello esto representa prácticamente 50 por ciento del monto que debería tener.

En tal sentido, las finanzas del ayuntamiento se encuentran en una situación grave: déficit, disminución sistemática de la recaudación local, y el gasto corriente y el pago de deuda devoran casi la totalidad de los ingresos fiscales ordinarios. Por esa razón, la inversión municipal tuvo que fondearse a través de la contratación de deuda; ésta asciende a 740 millones de pesos y se reclaman al gobierno municipal adeudos superiores a 600 millones de pesos con la Comisión de Agua del Estado de México y de 649 millones de pesos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Esa situación coloca al municipio en una virtual quiebra. En términos sociales, 60 por ciento de la población son jóvenes menores de 25 años; la falta de empleo es caldo de cultivo para la delincuencia y la inseguridad y el desarrollo del comercio informal.

Ecatepec es tristemente el primer lugar en casos de muertes maternas, más de 100 mil habitantes carecen de servicios sanitarios y se han agudizado las condiciones críticas de saturación del transporte, servicio eléctrico, distribución de agua potable, red de alcantarillado, drenaje, compactación de suelos, etcétera.

Lo anterior se sintetiza en un serio deterioro de la calidad de vida de quienes habitan, trabajan y transitan en Ecatepec. La pobreza y la pobreza extrema se hacen presentes con grandes contrastes. La magnitud de las necesidades de obra y de servicios puede valorarse al observar que el ayuntamiento tiene integradas más de 7 mil peticiones en apenas 52 días de gobierno.

El gobierno municipal ha seleccionado 151 obras de infraestructura y 363 del organismo operador del agua potable. De hecho, el gobierno entrante ha tomado ya algunas medidas; no espera ni que le resuelvan todos los problemas y mucho menos que se resuelvan solos.

Entre las decisiones adoptadas se encuentran la reducción de salarios a los integrantes del cabildo y a los mandos medios y superiores; los programas de ahorro de gasto corriente; y el programa de fortalecimiento de la captación de los ingresos propios.

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a esta honorable representación el siguiente punto de acuerdo:

Primero. En el contexto de la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2007, la Cámara de Diputados acuerda asumir los pasivos generados por los créditos contratados en 2004 y 2005 a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Segundo. Reconocer el incremento poblacional que ha experimentado el municipio de Ecatepec y compensar el déficit de recursos generados por el rezago en la actualización de esta variable.

Tercero. Recuperar los remanentes del Ramo 33, por 285.7 millones de pesos.

Cuarto. Asignar recursos para seguridad pública y protección civil y, en consecuencia, modificar las fórmulas existentes a fin de que los municipios, en particular el de Ecatepec, puedan acceder a dichos recursos.

Quinto. Considerar un incremento de 100 por ciento en el monto de la asignación presupuestal para Ecatepec, en función de su población real y de sus requerimientos mínimos.

Sexto. Asignar un presupuesto extraordinario para solventar las necesidades mínimas de obra y servicios públicos: agua, drenaje, basura, educación, salud, tránsito vehicular, etcétera.

Señor Presidente, de manera muy respetuosa solicito que se inserte íntegro el documento en el Diario de los Debates, dado que por el tiempo sólo menciono una síntesis. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes destinados a Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal por el XIII distrito del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como producto de las elecciones locales de marzo de 2006 que se llevaron a cabo en el estado de México, particularmente en Ecatepec, el 18 de agosto pasado un nuevo gobierno, con filiación política distinta del anterior, asumió la responsabilidad de impulsar el desarrollo del bienestar de los ciudadanos de este municipio.

Es justo reconocer que el procedimiento de entrega-recepción en un contexto de alternancia se llevó a cabo con toda civilidad y de forma eficiente y profesional.

Aun cuando oficialmente se estima en 1.8 millones de habitantes la población del municipio de Ecatepec, de manera extraoficial se aproxima a 3 millones de habitantes. La migración es un fenómeno clave de este crecimiento poblacional. La transformación radical del municipio se observa en la construcción de numerosos conjuntos habitacionales, desplazando distintas zonas ejidales.

Como se comprenderá, los recursos que recibe el municipio representan prácticamente 50 por ciento del monto que debería tener.

En 2005, los ingresos de Ecatepec totalizaron mil 453.5 millones de pesos, mostrando un buen crecimiento respecto al año anterior. Ello se debió al comportamiento de los ingresos de carácter federal y estatal, pues corresponden a las participaciones federales y a las aportaciones del Ramo 33.

Por el contrario, la recaudación local disminuyó por cuarto año consecutivo en términos reales, representando 15.9 por ciento de los ingresos. Diversos programas de descuento y bonificaciones y la propia característica de los contribuyentes radicados en la entidad fueron la causa de dicha disminución.

La recaudación del impuesto predial, por 96.1 millones de pesos, continuó en niveles per cápita muy bajos.

En el ejercicio fiscal de 2005, los egresos totalizaron mil 992.5 millones de pesos, lo cual muestra un déficit contra el gasto aprobado por mil 453.5 millones de pesos.

Por otra parte, la proporción de gasto corriente y pago de deuda se mantuvo en niveles muy altos, consumiendo casi la totalidad de los ingresos fiscales ordinarios.

La inversión municipal tuvo que fondearse a través de la contratación de deuda. De acuerdo con el ayuntamiento de Ecatepec, se tiene una deuda superior a 740 millones de pesos y se reclaman al gobierno municipal adeudos superiores a 600 millones de pesos con la Comisión de Agua del Estado de México y de 649 millones de pesos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En términos sociales, Ecatepec es un municipio integrado esencialmente por jóvenes menores de 25 años, que representan 60 por ciento de la población total. La mayor parte de esos jóvenes ha cursado la educación media y superior y laboran en el Distrito Federal en los ramos de la construcción y de los servicios, ocasionando una derrama económica en dicha entidad. La falta de empleo en el municipio se vuelve caldo de cultivo para la delincuencia y el desarrollo del comercio informal.

Aproximadamente 110 mil habitantes carecen de servicio sanitario con conexión o admisión de agua, en un ámbito territorial de una zona conurbana que es parte de la gran Ciudad de México.

Las zonas de vivienda urbana han venido a menos por la maximización de las condiciones críticas de saturación del transporte, servicio eléctrico, distribución de agua potable, red de alcantarillado y drenaje, y compactación de suelos, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de quienes habitan, trabajan y transitan en Ecatepec, entre los que se encuentra la de la voz.

La seguridad pública es una situación que resiente la población. Un estado de fuerza de sólo mil 469 elementos, de los que sólo 386 cuenta con arma, no constituye una garantía para atender a una población de 3 millones de habitantes. Del parque vehicular policial de 364 unidades, sólo están activas 236, el resto se encuentra en los talleres. El helicóptero es anticuado; no cuenta con tecnología adecuada para combatir eficazmente la delincuencia.

En materia de salud para las mujeres, heredamos una situación crítica. Ecatepec es el primer lugar en el país en casos de muertes maternas.

Aunque Ecatepec dispone de 10 pozos de extracción de agua potable, la escasez es un problema que se agranda día con día de manera dramática. Desde el municipio se abastece en 70 por ciento otros municipios y delegaciones del área conurbada.

Las inundaciones, que año con año afectan a la cuarta parte del municipio, se deben al mal estado de la red de alcantarillado y a su insuficiencia.

Existen tanto un organismo operador de agua en graves condiciones financieras como una infraestructura para agua y drenaje bastante deteriorada.

Para que Ecatepec sea un municipio viable donde el entusiasmo sea condición para el progreso, se requiere gran cantidad de obra pública.

La pobreza y la pobreza extrema en Ecatepec se hacen presentes con grandes contrastes en el ingreso. Existen zonas que son potencialmente bombas de tiempo por la pobreza que impera en ellas.

La magnitud de las necesidades muestra que el ayuntamiento tiene integradas más de 7 mil peticiones, en apenas 52 días de gobierno. El gobierno municipal ha seleccionado 151 obras de infraestructura y 363 de Organismo Operador de Agua Potable.

Consideraciones

Ecatepec es un municipio progresista, con crecimiento acelerado y potencial de desarrollo capaz de elevar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Las condiciones heredadas, como la falta de actualización de la población real, que es el doble de la que se reconoce oficialmente; el atraso del desarrollo de la infraestructura; el enorme peso del gasto corriente y el pago de la deuda y la práctica inexistencia de recursos para la inversión; y el peso de una deuda que constituye casi 25 por ciento de la deuda total contratada por los ayuntamientos del estado colocan el municipio en una virtual quiebra técnica.

Las necesidades de obra y de servicios constituyen demandas urgentes para lograr que Ecatepec arranque a un desarrollo acelerado y de progreso.

De hecho, el gobierno entrante ha tomado ya algunas medidas, no espera que les resuelvan todos los problemas ni mucho menos que se resuelvan solos.

Entre las decisiones adoptadas se encuentran

- Reducción de salarios de los integrantes del cabildo y de los mandos medios y superiores;

- Diseño, elaboración y puesta en operación de programas de ahorro de gasto corriente; y

- Programa de fortalecimiento de la captación de ingresos propios.

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Asumir los pasivos generados por los créditos contratados en 2004 y 2005, a través del Ramo 39, ``Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas'';

Segundo. Reconocer el incremento poblacional que ha experimentado el municipio de Ecatepec y la compensación de los déficit de recursos generados por el rezago en la actualización de esta variable, a través de las participaciones federales y las aportaciones estatales;

Tercero. Recuperar los remanentes del Ramo 33 por 285.7 millones de pesos;

Cuarto. Promover la asignación de recursos destinados específicamente para seguridad pública y protección civil, y en consecuencia modificar las fórmulas existentes, a fin de que los ayuntamientos y en particular el de Ecatepec puedan acceder a dichos recursos;

Quinto. Considerar un incremento de 100 por ciento en el monto de la asignación presupuestal para Ecatepec, en función de su población real y de sus requerimientos mínimos; y

Sexto. Asignar un presupuesto extraordinario para solventar las necesidades mínimas de obra y servicios públicos (agua y drenaje, basura, educación, salud, tránsito vehicular, etcétera).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2006.--- Diputada Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Maribel Luisa Alba Olvera. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

SUSTENTABILIDAD DEL AGUA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto de 2007 se consideren recursos suficientes para los programas y proyectos de la Comisión Nacional del Agua.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública intervengan ante la SHCP con objeto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 se consideren recursos suficientes que garanticen el financiamiento que la Conagua, los estados y los municipios requieren a efecto de realizar programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad de agua para el año próximo.

El suscrito, Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la administración pública, cuyo decreto de creación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1989, es hoy día un organismo estratégico para el cumplimiento de los programas que tienen como propósito la administración y preservación de las aguas nacionales para, de manera conjunta con la sociedad, lograr el uso sustentable del recurso.

Vale y es justo decir que la Conagua, desde su creación, ha establecido una organización operativa eficiente y sólida, respaldada en el trabajo de una dirección general que se apoya a su vez en nueve subdirecciones estratégicas, que comprenden la atención integral del proceso de administración, gestión y sustentabilidad del recurso agua.

La Conagua, como organismo, rector ha sabido realizar bien sus tareas, al reconocer en su operatividad que el agua debe proporcionar bienestar social y apoyo al desarrollo económico, sin dejar de lado los principios de que se debe preservar la cantidad y calidad adecuada del recurso para las generaciones actuales y futuras, así como para la flora y fauna de cada región.

La tarea a cargo de la Conagua para lograr el uso sustentable del agua en todo el país es ardua y completa, toda vez que el organismo tiene bajo su responsabilidad, entre otras facultades, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico, establecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades rurales, además de promover el uso eficiente del agua en el riego y la industria.

Para el cumplimiento de estos propósitos, la Conagua se ha venido apoyando en y considera fundamental la participación de la sociedad, ya que gracias a esta línea de acción la institución ha podido delegar la responsabilidad en el proceso de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a las autoridades locales y los usuarios, además de que con ello se ha logrado la participación social activa en la preservación de la calidad y cantidad del agua, reconociéndose de esta forma el valor económico y estratégico que tiene para el desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, para el cumplimiento de todos los programas encaminados a garantizar las líneas en referencia y para el financiamiento de los proyectos correspondientes, la Conagua ha proyectado que a lo largo de los próximos 25 años en México se requerirán en promedio inversiones anuales por un monto de 17 mil millones de pesos.

El mayor porcentaje de este monto, 16 mil 355 millones de pesos, deberá ser destinado a la atención de la demanda en el sector urbano; esto es, para financiar procesos de agua potable, programas de alcantarillado, programas de saneamiento, reposición de infraestructura, mejoramiento de la eficiencia del sistema, así como para la realización de estudios y proyectos de reposición.

Lo anterior, no es casual, porque precisamente para el año 2025 los especialistas en la materia calculan una crisis mundial de abastecimiento de agua, con una afectación de 2 mil millones de personas que no dispondrán de agua bebible. México no escapará a este espectro, ya que se espera contar con una población de 150 millones que requerirá de un abasto diario de 300 litros de agua por persona para satisfacción de necesidades básicas.

No obstante y en el caso de nuestro país, el aumento en los índices de población, así como el crecimiento de las actividades productivas, está generando ya problemas graves de escasez de agua. Para ilustrar lo anterior me permito citar que, de un padrón de 600 mantos acuíferos que existen en México, 102 --que concentran más del 50 por ciento del consumo nacional-- están sobreexplotados.

Los especialistas estiman que este fenómeno habrá de continuar, puesto que las entidades del centro, del norte y del noroeste, donde se produce el 85 por ciento del producto interno bruto y donde se asienta el 77 por ciento de la población nacional, conforman las regiones más afectadas por la sequía.

Frente a este panorama, se debe actuar desde ya, procurando de entrada ajustes en las proyecciones del gasto público para los años próximos que vayan garantizando las inversiones de aquellos programas y proyectos fundamentales que la Conagua, los estados y municipios contemplan para la administración y preservación del recurso agua.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que intervengan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2007 se consideren recursos adicionales a los del ejercicio fiscal de 2006 que con suficiencia garanticen las inversiones que la Comisión Nacional del Agua, los estados y los municipios requieren para la realización de los programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad del recurso agua para el año próximo.

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vargas Landeros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto le solicitamos integrar al orden del día de la sesión de hoy el siguiente asunto, de urgente y obvia resolución:

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006.Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Junta de Coordinación Política: diputado Emilio Gamboa (rúbrica), Presidente; diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), diputado Javier González Garza (rúbrica), diputada Gloria Lavara Mejía, diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), diputado Miguel Angel Jiménez Rodríguez (rúbrica), diputada Aída Mariana Arvizu Rivas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría si es de aprobarse la integración de este asunto en el orden del día.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006

Honorable Asamblea:

Los diputados federales, integrantes de las Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnada el 24 de octubre de 2006, para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de este año, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006, con base a las siguientes:

Consideraciones

1. Las reuniones de las cumbres de Estado constituyen un importante aporte a corto, mediano y largo plazo para instrumentar políticas más acordes con el acontecer internacional permitiendo así satisfacer de mejor forma las necesidades de las comunidades de nuestros pueblos para su bienestar y desarrollo.

2. Asimismo, quienes integramos esta comisión, consideramos que la relación de México con América Latina debe mantenerse como una de las más altas prioridades de su política exterior; ya que compartimos una historia común que nos obliga a buscar destinos afines como comunidad latinoamericana. Por tanto, estimamos que la presencia del Presidente de México en la XVI Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en la República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006, debe ser una muestra más del ánimo que inspira a nuestro país a solidarizarse con los proyectos de sus pueblos en busca de mayor bienestar, y de sus gobiernos pares por diseñar una estructura financiera que deje atrás la recurrente inestabilidad y que abra paso a su desarrollo equitativo.

3. La Cumbre Iberoamericana es la reunión anual de jefes de Estado y de gobierno de los 22 países de América Latina y Europa de lengua hispana y portuguesa. Dichos países forman parte de la Conferencia Iberoamericana de Naciones. La Conferencia Iberoamericana es un foro privilegiado de consulta y concertación política cuyo propósito es reflexionar sobre los desafíos del entorno internacional, así como impulsar la cooperación, coordinación y solidaridad regionales teniendo como base el compromiso común de los países iberoamericanos con los principios de la democracia representativa y del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a la autodeterminación de los pueblos.

4. Si bien es cierto, la idea original de celebrar la Cumbre Iberoamericana surgió del gobierno de España, fue nuestro país, en la ciudad de Guadalajara, quien asumió la iniciativa de instituirlas formalmente para crear así un amplio espacio de cooperación y coordinación entre los diferentes países latinoamericanos.

5. Los principales objetivos de la cumbre están dirigidos al análisis de temas tales como: los retos que enfrentan las naciones que conforman la región iberoamericana y la búsqueda de soluciones conjuntas; contribuir a un futuro de paz, mayor bienestar e igualdad social; impulsar un proyecto de cooperación iberoamericana basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad, puntos que lograron constituir la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los estados soberanos de América Latina y el Caribe con los de la Europa de lengua española y portuguesa.

6. El compromiso de realizar la cumbre incluye la realización de conferencias sectoriales por parte de los diferentes ministerios de Estado en las áreas de educación, cultura, salud, medio ambiente, agricultura, turismo, niñez y adolescencia.

7. Es ahí donde se definen los objetivos de la cumbre: mediante el análisis de las preocupaciones comunes, la exposición de los retos que confrontan nuestras naciones y la necesaria construcción entre todos y para todos de las de las soluciones conjuntas que permitan atender las principales necesidades que nos aquejan. Caminar hacia un futuro de paz, de bienestar y equidad social; de impulso a un esfuerzo de cooperación basado en el diálogo y en el entendimiento; son los objetivos que impulsaron la constitución de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno, de los países soberanos de América Latina y el Caribe, que hablan las dos lenguas más amplias que derivaron del viejo latín de los romanos.

8. El proceso de afianzamiento de la estructura institucional cultural, social y política de la Comunidad Iberoamericana, recibió un fuerte impulso durante la última cumbre celebrada en Salamanca, España, en el mes de octubre de 2005, donde se inició una nueva etapa de la conferencia, con la creación de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), para fortalecer la estructura del mecanismo, así como facilitar el tratamiento de temas relevantes para la región y el seguimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones de Mandatarios.

9. En cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de Salamanca, la Segib organizó el Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, celebrado en Madrid, España, los días 18 y 19 de julio de 2006, que permitió identificar políticas en gobernabilidad migratoria, examinar las mejores prácticas y contribuir al diseño de un marco regional sobre migraciones. La reunión contó con representantes de los gobiernos, sociedad civil, académicos y funcionarios internacionales. México, a través de su primer Mandatario, refrendó el compromiso de nuestro país para construir en el seno de la Comunidad Iberoamericana iniciativas que promuevan el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

10. Cabe mencionar que los días 25 y 26 de septiembre de 2006 se reunieron en Montevideo, Uruguay, legisladores de 18 países iberoamericanos, así como miembros de diversos organismos internacionales, para apuntalar los temas de la XVI Cumbre Iberoamericana.

11. Durante este encuentro los legisladores asistentes acordaron exhortar a la los jefes de Estado y de gobierno que participen en la XVI Cumbre Iberoamericana incluir en su agenda de trabajo la consideración de las siguientes medidas: la condena a la construcción de muros como mecanismo para defender la inmigración entre países; suscribir mecanismos de cooperación y diálogo político permanente entre los Estados en materia migratoria; apoyar la propuesta de creación de un foro iberoamericano sobre migraciones y desarrollo; desarrollar políticas estatales que refuercen los mecanismos de integración social de los migrantes, con especial atención a las mujeres; desplegar políticas administrativas y legislativas que permitan reducir los costos del envío de remesas a los países de origen facilitando también la inversión productiva; continuar con la promoción de acuerdos de seguridad social; impulsar políticas que respeten los derechos humanos, favorezcan la integración social y económica, e impulsar, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales de migración iberoamericanos, el ingreso, residencia y la plena integración laboral actuando contra la economía sumergida y el tráfico y explotación de los seres humanos.

12. La XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones se reúne este año en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 4 y 5 de noviembre, con el objeto de dar continuidad a los trabajos del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. El tema para esta ocasión será ``Migración y Desarrollo''.

13. En el documento enviado a esta soberanía señala que, durante su participación dentro de la XVI Cumbre Iberoamericana, el Presidente Fox buscará dar continuidad a la promoción de un enfoque integral de la migración, basado en el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, destacará la necesidad de otorgar mayor atención a los grupos de migrantes más vulnerables, así como impulsar un enfoque de responsabilidad compartida entre países emisores, de tránsito y destino.

14. Asimismo, destaca la necesidad de que nuestro país promueva los efectos positivos de la migración internacional tanto en los países emisores como en los receptores.

15. La XVI Cumbre Iberoamericana permitirá presentar los avances de la iniciativa mexicana presentada en la Cumbre de Salamanca, a fin de establecer un ``programa de acciones que promueva el respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias''.

16. Se espera que esta cumbre sea el foro que refuerce el establecimiento de posiciones comunes en materia migratoria y permita el intercambio de las mejores prácticas en el plano bilateral y regional, a favor de los migrantes.

17. Los legisladores miembros de esta comisión dictaminadora reconocemos que la Cumbre de Montevideo representa una importante convocatoria para ampliar la proyección internacional de la conferencia, como foro permanente de diálogo político y mecanismo de la cooperación entre nuestros países, así como reafirmar que para México la protección de los derechos de los migrantes constituye una alta prioridad en su política exterior.

18. Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión que suscribe consideramos de la mayor relevancia y conveniencia permitir la asistencia y participación del titular del Poder Ejecutivo en esta Cumbre a fin de explorar nuevos caminos a través de este mecanismo que supone en la coyuntura actual una posibilidad adicional de negociación e intercambio con nuestros hermanos latinoamericanos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto

Único. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), secretaria; Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, secretario; Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretario; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Enrique del Toro Mario, Alliet M. Bautista Bravo, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Ariel Castillo Nájera, María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguette (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Víctor Samuel Palma César, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, José Murat, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada, Lourdes Quiñónez Canales (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre, con el propósito de participar en el XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006, y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Ciudadano Presidente, se dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos; y consulte a la Asamblea si se autoriza.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 347 en pro, 16 en contra y 19 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006; pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La diputada Elizabeth Morales García(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Morales.

La diputada Elizabeth Morales García(desde la curul): Nada más quiero cambiar el sentido de mi votación, aunque finalmente el resultado es el mismo, pero para que quede en coherencia: es a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada; tome nota la Secretaría. Se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.

El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado. Sonido a la curul... Si es para votación, ya se cerró la votación, diputado. Sonido a la curul del diputado Evodio.

El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre(desde la curul): Señor Presidente, tengo unos minutos pidiendo la palabra; aquí está el compañero de asistencia legislativa. Era para poder poner mi voto, para poder presentar mi voto porque no accede mi huella digital.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Que se tome nota de su voto, diputado; gracias.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si es para lo mismo, que tome nota el personal de la Cámara; gracias. Adelante, señora Secretaria.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente a la siguiente proposición:

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, para que entreguen de manera urgente los recursos de las reasignaciones presupuestales etiquetadas en el Anexo 19-H del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a cargo de los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla y Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Urgente Resolución.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Partido de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora de Alternativa.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Tiene la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar esta proposición.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública a entregar de manera urgente los recursos de las reasignaciones presupuestales etiquetadas en el anexo 19-H del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, presentada por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla y Emilio Ulloa Pérez.

Los que suscriben, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, diputado Tonatiuh Bravo Padilla y diputado Emilio Ulloa Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública a entregar, con la mayor brevedad, la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2006, en el anexo 19 H, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el proyecto de Presupuesto de Egresos para el subsector cultura, que el Ejecutivo federal envió para el ejercicio fiscal 2006, el Poder Legislativo en la LIX Legislatura --por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios que integraron la Comisión de Cultura-- asumió el compromiso de revertir el proceso de reducción de recursos financieros del Estado para la cultura. Esta labor se desarrolló en el pleno uso de las facultades de la Cámara de Diputados para reasignar recursos, que tenían como finalidad cubrir las deficiencias presupuestales advertidas en el proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2006. Se logró un monto total de reasignaciones de mil 225 millones, producto de las negociaciones de los partidos en la Comisión de Presupuesto, el cual se etiquetó en el decreto de Presupuesto 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2005.

Sin embargo, las autoridades hacendarias no han respondido a su compromiso de respetar dicho decreto y liberar la mayor parte de los recursos que el Poder Legislativo reasignó a favor de las instituciones responsables de aplicar las políticas culturales del país.

Nos preocupa no sólo que la Comisión de Cultura haya quedado casi como responsable de la negociación y liberación de las reasignaciones presupuestales al Presupuesto de Egresos 2006, sino que a dicho compromiso de esta soberanía por la cultura de nuestro país la Secretaría de Hacienda responda incomprensiblemente con el desacato al decreto del Presupuesto 2006, y con desinterés por los problemas de las instituciones culturales y de la creación cultural de nuestro país.

En el oficio DGVC/319/06, que el director de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, doctor Eudoro Fonseca, dirige a la titular de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, doctora Raquel Sosa, le informa que dicha dependencia no podrá cumplir con la erogación de los recursos asignados a la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente; cito:

``...la realización de una reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que afecta los proyectos especiales de recursos reasignados en el anexo 19 H del Presupuesto de Egresos de la Federación.''

Pero este problema se multiplica en todas las instituciones: el Centro de Capacitación Cinematográfica se encuentra en una crisis financiera por falta de entrega de recursos; en el Instituto Nacional de Bellas Artes existen denuncias de falta de pagos; en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se incumplen contratos con editores, al argumentar falta de recursos.

La explicación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofreció sobre estas irregularidades refiere que cambió sus calendarios de entrega de recursos, pero lo cierto es que el gasto se operó con fines distintos al programado y ahora estamos viendo las consecuencias.

Es importante señalar que, en el caso de los festivales culturales, se necesitaba ejercer estos recursos desde el mes de marzo, y que casi todos los proyectos culturales a los que se asignaron recursos ya se realizaron; pero lo que es más grave es que los recortes a las reasignaciones presupuestales de las instituciones culturales están poniendo en riesgo algunas de sus materias sustantivas y, al mismo tiempo, está poniendo en riesgo a los proveedores de estas instituciones, y que la comunidad cultural acude a presentar sus proyectos a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, ante la falta de atención a sus demandas y a la manera discrecional con que la Secretaría de Hacienda ha ejercido y ministrado el presupuesto federal en materia de cultura.

Es preocupante que la mayor parte de las ampliaciones presupuestales se encuentren en riesgo, puesto que si los fondos correspondientes no se liberan en estos días, se perderán definitivamente. Por todo lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al secretario Francisco Gil Díaz, al subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, a realizar las gestiones necesarias para la liberación de la totalidad de los recursos etiquetados en las reasignaciones contenidas en el anexo 19.

Palacio Legislativo, 26 de octubre de 2006.--- Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Padilla (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que esténtor la negativa... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. Se ha inscrito para hablar sobre el tema el diputado Juan de Dios Castro Muñoz.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz:Con el permiso de la Presidencia: el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto asume como propias las declaraciones hechas por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Las razones nos avalan: el año pasado, cuando se dio el proceso de la elaboración del Presupuesto, recordemos que esta soberanía colocó cero pesos en el rubro del programa de Enciclomedia. Aun con esa programación de cero pesos, el gobierno de Fox hizo lo propio para que, legalmente, el rubro de las Enciclomedias tuviera los resultados que hoy tiene. De las 140 mil aulas de nivel primaria de quinto y sexto, se ha logrado poner Enciclomedia actualmente en 130 mil aulas. Por supuesto, estamos a unos días de que se cierre el ejercicio del presupuesto de este año.

Para Acción Nacional, siempre ha sido la prioridad la educación. Es --como todos sabemos, señoras y señores diputados-- la dependencia que tiene el mayor número de recursos en el presupuesto; es --como todos sabemos-- la educación el único eje de desarrollo para nuestra patria. Por eso Acción Nacional hace propios los argumentos planteados en el punto de acuerdo que presentan los diputados del PRD y hacemos votos, señor diputado Tonatiuh, presidente de la Comisión de Educación, para que éste sea un ejemplo de que caminemos juntos en las reformas que tanto hacen falta en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Gracias, Presidente; y gracias, diputado, por haberme aludido y darme oportunidad de intervenir y decirle que, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tenemos la voluntad de avanzar juntos en éste y en otros temas y que este punto de acuerdo y otros más serán la expresión de esa voluntad y de ese acuerdo. Así que muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Bravo. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Aprobado; comuníquese.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico en la refinería 18 de Marzo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico de la refinería 18 de Marzo, a cargo de la diputada Érika Larregui Naguel, del Grupo Parlamentario del PVEM

Erika Larregui Nagel, integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros legisladores, es vital que trabajemos conjuntamente en el tema de atención a pasivos históricos en materia ambiental; es muy cierto que no deben generarse pasivos en el futuro, pero lamentablemente, durante muchos años, históricamente se han abandonado sitios contaminados. La posición del sector ambiental debe ser recuperar esos sitios y lograr la restauración del mayor número de pasivos históricos.

Como es de su conocimiento, la refinería 18 de Marzo fue creada en 1932 por la compañía El Águila, iniciando operaciones en 1933 con 7 mil 500 barriles diarios; en 1938 fue nacionalizada junto con toda la industria petrolera, y en 1945 fue ampliada hasta alcanzar tres veces su capacidad inicial.

Además del proceso de refinación, se realizaban en ella otros procesos petroquímicos; funcionaban también un taller de reparación y elaboración de partes de maquinaria para la refinería y otras empresas de Petróleos Mexicanos, una planta de tratamiento de aguas residuales y una central de distribución de combustibles.

Para 1936 contaba con 60 hectáreas y una producción de 11 mil barriles diarios, entre 1936 y 1946 se producían 50 mil barriles diarios, y en los años posteriores a 1955 se alcanzó una producción de 100 mil barriles diarios, cubriendo una superficie de 100 hectáreas para la refinería y 74 hectáreas para la terminal de almacenamiento y distribución.

La operación de la refinería se suspendió en forma definitiva el 18 de marzo de 1991, como consecuencia de una decisión para detener el deterioro progresivo del medio ambiente y la calidad de vida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que por esas fechas presentaba altos índices de contaminación ambiental.

Durante los años de 1992 a 1999 se llevaron a cabo el desmontaje de equipos y desmantelamiento de estructuras propias de la refinería y de los tanques de almacenamiento, hasta quedar en el estado que ahora se encuentra.

Cabe destacar que desde 1993 se han venido desarrollando trabajos de investigación para determinar la contaminación del suelo del lugar así como de las aguas subterráneas.

Desde que se decidió cerrar la refinería se considero la posibilidad de crear un parque, con el objetivo de recuperar áreas verdes para la recreación de los habitantes del valle de México y para mantener el equilibrio de la dinámica urbana y ecológica de la región.

Todo esto ayudaría a dar cumplimiento a diversas disposiciones y ordenamientos en materia ambiental como el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona del Valle de México, que en su apartado 8.4 nos habla de conservación y ampliación de las áreas verdes urbanas de la zona metropolitana del valle de México; el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que plantea como propósito satisfacer las expectativas de cambio de la población, construyendo una nueva política ambiental de Estado para México; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 y el Programa Nacional de Educación, por mencionar algunos.

El pasado 17 de mayo, en un acto oficial, el Presidente Vicente Fox anunció el inicio formal de los trabajos de remediación en el terreno de la ex refinería, que tras 58 años de operación y 15 de abandono presenta contaminación.

La intención de estas obras de saneamiento es, como ya mencionamos, convertir este predio en un parque nacional que incluye la construcción del Primer Parque Acuático Nacional, el cual albergará diversas especies.

La posibilidad de utilizar el terreno de la antigua refinería de Azcapotzalco para diversos usos alternativos como el que ya mencionamos, tiene obviamente una relación directa, con el riesgo asociado que representa para la población expuesta a las emanaciones que generan, en este caso, los hidrocarburos en el subsuelo, y que han sido detectados mediante estudios realizados por algunas dependencias de la administración publica federal.

Cabe mencionar que con la intención de construir un parque recreativo, Petróleos Mexicanos comenzó los trabajos de saneamiento en 60 hectáreas de suelo contaminado con hidrocarburos, en el predio donde se encuentra la ex refinería 18 de marzo.

Dados los resultados de estudios preeliminares de contaminación del subsuelo en el sitio, se concluye que tener que remediar para todo uso posible 70 hectáreas a 9 metros de profundidad, implica una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.

Aquí vale la pena hacer la aclaración de que la aplicabilidad de la norma, en el caso anterior, se refiere a la reducción del riesgo a la salud que conlleva la exposición a los contaminantes, sin considerar la instalación de sistemas de saneamiento u obras de ingeniería que pudieran permitir concentraciones mayores, siempre que se demuestre que las vías de exposición se pueden minimizar con dichos sistemas y obras.

Para lograr minimizar los riesgos actualmente existentes, y según resultados de estudios realizados por Pemex, se considera que no es necesario lograr la remediación de todo el subsuelo a los niveles de la Norma 138 (de hidrocarburos totales para usos industriales para zonas habitacionales), sino que se pueden analizar alternativas como la sustitución de una capa importante de terreno por material sano e impermeable, a una profundidad en que las emisiones gaseosas se vean reducidas a niveles aceptables, la instalación de filtros de grava, la colocación de barreras impermeables, zanjas permeables para captación y retiro de producto libre que aun se encuentre en el subsuelo y sistemas de captación de gases, entre otros.

Por lo anterior, tenemos que el costo de remediación por un monto aproximadamente de 100 millones de dólares, para lo cual Pemex se hará responsable de las estrategias y de todos los aspectos técnicos y económicos para todo este proceso de remediación del predio.

En el tema del uso de terrenos posindustriales, el director del departamento de Arquitectura del Paisaje de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, Niell Kirkwood, mencionó que se pueden ocupar todos los espacios para que tengan una utilidad pública e indicó que una de las características de la mayoría de estos espacios es que tienen algún grado de contaminación, como la refinería en Azcapotzalco, en donde 20% de las 55 hectáreas que ocupa presentan problemas de este tipo.

El rescate de los suelos, en este caso, es posible, pues las zonas contaminadas se encuentran en distintos lugares, y los residuos de gas metano pueden ser tratados por diversos medios.

Kirkwood explicó que los terrenos se pueden limpiar, en relación con la reutilización que se está proponiendo del espacio, través de procesos de remediación, por lo que el proyecto en la extinta refinería es viable, y no representa ningún riesgo para los usuarios.

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004, emitió un acuerdo en el que se exhorta a las autoridades federales y del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el destino de la totalidad del predio que ocupó la Refinería 18 de Marzo de Pemex, a un desarrollo ecológico, ambiental, recreativo y cultural, prohibiendo expresamente cualquier otro proyecto, ya sea de tipo industrial, comercial y mucho menos habitacional. Derivado de diversos estudios serios en la materia, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que con un fondo inicial de 550 millones de pesos se financiaría las obras de la primera etapa de la construcción del parque ecológico.

En la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, atendiendo a una visión social, ecológica y educativa, apoyamos que se destine el predio de la ex Refinería 18 de Marzo, a un desarrollo ecológico, con alcances mayores que propicien el desarrollo y disfrute de todos los habitantes de la ciudad de México y del interior de la República.

Compañeras y compañeros diputados, tenemos que pasar ya del plan maestro al proyecto ejecutivo y a la construcción del parque para avanzar lo antes posible con este ambicioso proyecto, del cual además hay similares experiencias afortunadas en otros países del mundo, como Alemania, Holanda, Estados Unidos e inclusive en nuestro país, por ejemplo, Plaza Loreto y la fábrica de papel, aquí en el Distrito Federal, el Museo del Vidrio en Monterrey, el Parque Fundidora, etcétera.

Está de sobra mencionar que es necesario obtener los recursos para solventar el costo de la inversión en esta importante obra, que redundará en innumerables beneficios para la vida de la región y del país.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en la elaboración del presupuesto anual para el ejercicio fiscal de 2007 una partida especial de 550 millones de pesos para el saneamiento y remediación del predio e iniciar la construcción del parque ecológico en la ex Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de octubre de 2006.--- Diputada Erika Larregui Nagel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TORTURA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo exhorte al gobierno de Estados Unidos de América apegarse a la legislación internacional en materia de tortura.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que exhorte mediante la SRE al gobierno de Estados Unidos de América a sujetarse a la legislación internacional en materia de tortura

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

En días pasados fuimos testigos de la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos de América de la Ley de Comisiones Militares que, a contracorriente del derecho internacional, legaliza la tortura.

En vista de que la aplicación de dicha ley puede afectar irremediablemente a nuestros connacionales, pues corren el riesgo de ser catalogados como terroristas, con las fatales consecuencias que ello implica; debemos tomar en consideración que esta medida será adicional a las penurias que cotidianamente padecen, las cuales incluyen, entre otras: la posibilidad de morir en el trayecto, los abusos de los llamados ``coyotes'', la deportación si son capturados por las autoridades migratorias norteamericanas, la amenaza de ser cazados por los minuteman, el racismo, la discriminación.

Es fundamental que de ninguna manera permitamos que, con el pretexto de la guerra antiterrorista, civiles inocentes sean torturados y despojados de sus más fundamentales derechos.

Conviene recordar que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada en 1948, y luego de la experiencia de los Tribunales Militares de Nuremberg y Tokio; existe en derecho internacional, el principio de no tolerar conductas que vulneren la dignidad de las personas; entre ellas la tortura, debido a que es uno de los delitos que destruye lo más preciado del ser humano.

Por otro lado, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos regula la prohibición absoluta de la tortura en su artículo 7o., que a la letra establece:

``Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos''.

Ello significa que, a diferencia de la regulación de otros derechos humanos, no existe ninguna justificación para admitir la tortura. En consecuencia, inclusive en situaciones excepcionales se preserva la protección de la persona de esa práctica. Tal disposición es recogida en el articulo 4.2 de dicho Pacto, que alude a la exclusión de restricciones relativas a ese derecho:

``La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6o., 7o., 8o. (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18''.

De la misma forma, en el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la tortura en el artículo 5o.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 3452 de la ONU), base para la posterior aprobación de la Convención contra la tortura, del 10 de diciembre de 1984.

México firmó el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 77/199, del 18 de diciembre de 2002, en vigor desde el 22 de junio de 2006.

El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/251, que estableció el Consejo de los Derechos Humanos como uno de sus órganos subsidiarios, en sustitución de la actual Comisión de Derechos Humanos. Dicho acto elevó el nivel jerárquico de los derechos humanos como uno de los tres pilares que sostienen la acción colectiva de la comunidad internacional, junto a los temas del desarrollo y el mantenimiento de la paz y la seguridad.

México participó decididamente en las acciones que llevaron al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, incluyendo la iniciativa de conformar el grupo de Amigos de la reforma de las Naciones Unidas, así como su participación activa en el grupo de Lausana, convocado por Suiza y el auspicio de una reunión en Puebla los días 30 de junio y 1 de julio de 2005, que contó con la participación de representantes de más de 25 países, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como expertos internacionales y representantes de la sociedad civil. Dichos grupos y encuentros, generaron importantes propuestas que impulsaron el proceso de reforma de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos.

México presentó su candidatura al Consejo el 16 de marzo de 2006. Para sustentarla, el 11 de abril del mismo año, presentó ante la comunidad internacional sus contribuciones y promesas voluntarias en materia de derechos humanos. México resultó electo el pasado 9 de mayo por la Asamblea General como uno de los 47 miembros fundacionales del Consejo por un periodo de 3 años, con 154 votos de un universo de 191 Estados miembros presentes y votantes.

El 19 de mayo de 2006, los 47 países que integran el grupo fundacional del Consejo de Derechos Humanos, acordaron que México ejercerciera la presidencia en su primer año de existencia, en la persona del Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante Organismos Internacionales.

En razón de que México preside en estos momentos el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual nos coloca en una condición de responsabilidad ante la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, para que sea considerada de urgente resolución, respetuosamente sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que instruya al embajador Luis Alfonso de Alba para que, en su carácter de Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al Gobierno de los Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares.

Diputados: Ricardo Cantú Garza (rúbrica), coordinador; Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo en relación con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el estado de Oaxaca.

La diputada Irma Piñeyro Arias:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la Sedesol, a la SFP, a la SHCP y al Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a realizar, una vez terminado el conflicto en Oaxaca, las adecuaciones pertinentes para seguir otorgando los apoyos educativos de ese programa.

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El conflicto social, político y económico que vive el estado de Oaxaca desde el pasado mes de mayo, ha impedido el cierre del ciclo escolar 2005-2006 y el inicio del nuevo ciclo 2006-2007 en la entidad, situación que afectará la entrega de apoyos educativos a los beneficiaros de Educación Básica del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para este nuevo ciclo escolar, lo que perjudicaría a 375 mil becarios integrantes de 210 mil familias beneficiarias del estado de Oaxaca.

Para la emisión de los apoyos por parte del programa es indispensable que los beneficiarios cuenten con la certificación del cumplimiento bimestral a los servicios de salud y educación; cumplimiento que certifica el personal de salud y educación con los formatos S2 (salud) y E2 (educación). Este es el compromiso de corresponsabilidad de las familias beneficiadas para poder seguir aprovechando los apoyos.

La fecha límite para recibir los formatos de certificación del cumplimiento bimestral de los beneficiaros a los servicios de salud y educación de Oaxaca e integrarlos oportunamente en el padrón de becarios a partir del bimestre septiembre-octubre 2006, es el 15 de octubre de 2006, condición que no se cumplió debido a que las escuelas no han reanudado sus actividades.

Este problema podría tener solución si, una vez terminado el conflicto, se reprograma el calendario escolar de educación básica (primaria y secundaria) del estado de Oaxaca, recorriéndolo para asegurar su duración de 10 meses o 5 bimestres como normalmente se da en todas las entidades federativas; una vez que se autorice esta nueva calendarización se iniciaría el programa con la emisión de los apoyos educativos a partir del bimestre en que inicio el ciclo escolar.

Las autoridades involucradas y encargadas del diseño e implementación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades deben hacer las modificaciones pertinentes para que se continúen dando los apoyos a las familias beneficiadas.

Es imprescindible continuar por el camino del combate a la pobreza extrema potenciando las capacidades de la población y alcanzar mejores niveles en educación, salud y alimentación. Dando apoyos en estos sectores aseguraremos que las familias reciban un apoyo suficiente y obtengan las bases necesarias para ampliar sus oportunidades de desarrollo futuro. Una mejor alimentación lleva a una mejor salud, y ésta lleva a un mayor rendimiento escolar.

El futuro de México esta en sus escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes, en el explícito compromiso de la sociedad con la educación. En el estado de Oaxaca, uno de los elementos que contribuyó al estallido social fue la ausencia de respuestas a los reclamos de los distintos sectores de la población; no permitamos que esto vuelva a suceder.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar el calendario educativo del ciclo escolar 2006-2007 para el estado de Oaxaca, asegurando su duración de 10 meses.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, una vez terminado el conflicto en el estado de Oaxaca, otorgue los apoyos educativos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca, tomando como base el último padrón registrado del programa y asegurando que se cubran los 10 meses del ciclo.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que modifique el calendario presupuestal del componente educativo, para tener suficiencia presupuestal, conforme al calendario educativo de Oaxaca, una vez terminado el conflicto.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a facilitar, favorecer y vigilar la asignación de los apoyos educativos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca.

Quinto. Se exhorta al comité técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para continuar con la misión de apoyos monetarios una vez terminado el conflicto y reanudado el ciclo escolar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre del año 2006.--- Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica).»

Perdón, señor Presidente: quería hacer la atenta solicitud de que este punto de acuerdo sea sometido a consideración, como de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Irma Piñeyro. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Losciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se aprueba.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora, consulte si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas.

Esta Presidencia saluda al doctor José Lema Labadie, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana; a la doctora Magdalena Fresán Orozco, rectora de la unidad Cuajimalpa; y a Míriam Calvillo Velasco, coordinadora general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí presentes.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas.

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha tenido en las últimas tres décadas una intensa dinámica de transformación demográfica y urbanística, el crecimiento de la población y las necesidades de servicios ligados a ésta se han multiplicado. En el terreno educativo, se estima una demanda de educación superior de más de 300 mil jóvenes en la parte del poniente de la Ciudad de México, particularmente en Cuajimalpa y los municipios conurbanos cercanos a esta delegación.

Por ello, la delegación Cuajimalpa ofreció, para fundar ahí una unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el predio denominado ``El Escorpión'', propiedad original del Gobierno del Distrito Federal, ubicado en la zona de Santa Fe. La donación del predio, se concretó el 5 de noviembre de 2004.

Lamentablemente, pocos días después de la donación, apareció un particular, quien solicitó un amparo bajo el argumento de que ese predio estaba dentro de un rancho que su abuelo le heredó, llamado Rancho Memetla.

Ante esta situación, la universidad tuvo que replantear la situación, y gracias a un apoyo adicional pudo realizar la compra de un predio más grande en la zona, el de ``La Venta'' o ``El Encinal'', por el que la UAM pagó 187 millones. Una vez firmado el contrato de compra-venta con los dueños del predio, éste se escrituró a nombre de la universidad, lo cual se hacía posible someter la propuesta de creación de la Unidad Cuajimalpa al Colegio Académico.

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana se creó el día 26 de abril de 2005, lo que representó un hecho decisivo de la Casa Abierta al Tiempo, pues la resolución busca dar respuesta a la demanda de educación superior pública en el poniente de la zona conurbada del valle de México.

Sin embargo, por esos días, un grupo importante de vecinos objetó el establecimiento de la unidad.

Así, ante un conjunto de circunstancias relacionadas con la irregularidad jurídica de los predios, la dificultad de cambiar el uso de suelo en otros y el excesivo costo derivado de la especulación en bienes raíces de la zona, el establecimiento físico de la Unidad Cuajimalpa, no se ha concretado.

Un convenio con la Universidad Iberoamericana proporcionó aulas suficientes para las actividades académicas durante el primer año de vida de la unidad. El pasado 25 de septiembre, con un total de 230 alumnos en las carreras de derecho, diseño, ingeniería de la computación y matemáticas aplicadas, la Unidad Cuajimalpa inició sus actividades académicas del presente ciclo, en el edificio que ocupaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la avenida Constituyentes, en espera de encontrar una ubicación adecuada para la construcción de sus instalaciones.

Por lo mencionado anteriormente, se hace necesaria la intervención del Ejecutivo federal a fin de que contribuya en la solución de la problemática expuesta. En razón de que se busca atender una de la las necesidades más sentidas de la sociedad mexicana, como es la urgente creación de más y mejores universidades que permitan responder cabalmente a los retos que enfrenta el país.

No debemos olvidar que treinta y dos años de vida de la Universidad Autónoma Metropolitana han sido decisivos en la configuración del sistema de educación superior nacional. Es cierto que las universidades tienen el firme compromiso de educar, investigar y difundir la cultura, pero también es obligación del Estado mexicano el dotar a las universidades públicas de los elementos que le son necesarios para poder estar en posibilidad de cumplir con las altas responsabilidades que les han sido confiadas.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, invita a los diputados que integran la presente legislatura, a apoyar las gestiones de la UAM, que le permitan contar con un terreno en el que pueda construir la Unidad Cuajimalpa.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que sea considerado de urgente u obvia resolución someto a esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada, a donar el terreno de 15 hectáreas, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera federal México-Toluca, a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana a efecto de que construya en él su Unidad Cuajimalpa.

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que a través de las dependencias correspondientes se expidan las licencias y permisos federales que se requieran para la construcción y funcionamiento de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Tercero. Se exhorte al Ejecutivo del Distrito Federal, para que a la brevedad posible otorgue las licencias de construcción y funcionamiento que sean necesarias a fin de que se construya y comience a prestar servicios la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 24 días del mes de octubre de dos mil seis.--- Diputados: María Gabriela González Martínez (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Gabriela González. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretario. Es de urgente resolución. Está a discusión. Ha pedido la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Gracias, Presidente; con su venia: el punto de acuerdo que ha sometido la diputada que me antecedió en el uso de la palabra fue expuesto el 18 de octubre, en la sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y contó con el consenso de toda la comisión.

De tal manera, por mi conducto no solamente se expresa el apoyo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sino que este consenso, reflejado en la plenaria de la Comisión de Educación a fin de que la Universidad Autónoma Metropolitana pueda ser apoyada para que consiga este terreno y construya esa unidad adicional, ya que cuenta con recursos para operarla, cuenta con recursos para su construcción y solamente hace falta el terreno donde ésta pueda realizarse.

Quisiera señalar que es la Universidad Autónoma Metropolitana una de las casas de estudio más prestigiadas de nuestro país, que cuenta con indicadores académicos que son fuente de orgullo de nuestro país y que, junto con las demás instituciones de educación superior de nuestro país, es una institución que merece todo el apoyo del Congreso y de la Cámara de Diputados, por lo cual solicito el apoyo a todos ustedes. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Dígame, diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Señor Presidente, aprovecho la ocasión para que, en nombre de nuestro grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, apoyemos en todos y cada uno de los puntos que contiene este punto de acuerdo, que es fundamental para el desarrollo de la Universidad Autónoma Metropolitana y que ojalá que con la mayor brevedad puedan contar con este espacio para la construcción de esa unidad. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa; hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretario.Aprobada; comuníquese.

DESFILE DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Sosa Castelán, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo en relación con la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre.

El diputado Gerardo Sosa Castelán:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en nombre de la fracción parlamentaria del PRI y de la diputada Elizabeth Morales, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en su carácter de urgente u obvia resolución, con relación a lo siguiente:

¿Qué significa el 20 de noviembre? ¿Con qué argumento, de un plumazo, se borra la fiesta cívica? ¿Por qué el vocero del Ejecutivo federal quiere replantear la pertinencia de tradiciones y valores? Estas preguntas las contestaré recordando a Ricardo Flores Magón, cuando habla de la Revolución en una de sus más lúcidas argumentaciones publicadas en un periódico, Regeneración, que a la letra reza: ``¿Quiénes temen a la Revolución? Los mismos que la han provocado. Los partidos conservadores y burgueses nos hablan de libertad, de justicia, de ley, de gobierno honrado y os dicen que cambiando al pueblo los hombres que están en el poder por otros tendréis libertad, tendréis justicia, tendréis ley, tendréis gobierno honrado. No, no os dejéis embaucar''. Hasta aquí la cita.

El Presidente de la República, por interpósita persona, es decir, a través de su ínclito vocero, ha pretendido sustentar la desafortunada decisión de cancelar el desfile del 20 de noviembre con argumentos como los siguientes: que no tiene que ver nada con el acto de Andrés Manuel López Obrador que tendrá lugar ese día en el Monumento a la Revolución. Me pregunto: ¿tampoco tuvo que ver nada con el Grito de Independencia? ¿Tampoco tuvo que ver nada?

Dice también que se reemplazará el desfile con una ceremonia que se apegue a una cultura propia de los ciudadanos. Preguntaríamos al vocero qué entiende por ``cultura de los propios ciudadanos''.

Dice también que el desfile había venido agotándose. Y les pregunto, señores diputados: ¿qué, los desfiles se agotan? Dice también que la relevancia de esta fecha amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que vive el país, por lo que el presidente Fox decidió involucrarse de lleno en el festejo, darle un nuevo carácter y convertirlo en un acto cívico que permita revalorar su sentido histórico. ¡Albricias! Por fin, el presidente Fox se ha metido de lleno a un asunto del Estado.

Con ese rosario de perlas de retórica oligofrénica, la Presidencia de la República ha intentado justificar la cancelación del desfile del 20 de noviembre con argumentos tan inverosímiles como absurdos. El triste y patético papel que el Presidente de la República ha encomendado representar al señor Rubén Aguilar ofende la inteligencia de los mexicanos y, más grave aún, agrede la institución presidencial, pues socava directamente su credibilidad.

El presidente Fox y su vocero son los autores intelectuales y materiales por atentar contra la dignidad de la institución presidencial, al representar diariamente una farsa que el martes 24 de los corrientes llegó de nuevo al límite de lo burdo y de lo ridículo.

Tal vez el único objetivo que sí ha logrado este esquema es resguardar no la institución presidencial, pero sí a la persona del Presidente, de hacer el ridículo cada mañana que se hace el encargo al vocero Aguilar que, sin duda, lo cumple a cabalidad. Pero no es lo mismo proteger al Presidente en turno que proteger la Presidencia de la República.

Desdeñar una fecha importante del calendario cívico es desdeñar el proceso de institucionalización de un movimiento social. Por lo mismo, las naciones que olvidan su pasado están destinadas a ser débiles en su presente y, luego entonces, a perderse en el futuro.

Cancelar el desfile del 20 de noviembre significa ignorar la historia, restar importancia a los símbolos nacionales, como hizo Vicente Fox desde el inicio de su gobierno, empezando por modificar el Escudo Nacional.

Reducir la importancia de las formalidades políticas, como hizo Vicente Fox desde su toma de posesión justamente aquí, en la Cámara de Diputados, ha violentado el protocolo constitucional y violentó la república; sobre todo, confirma el uso voluntarista de la investidura presidencial, con el único fin de servirse a sí mismo y no a la nación, como es su encomienda.

Por eso, señores diputados, desde esta tribuna apelo a ustedes, señoras y señores diputados, a mantener en la unidad nacional todo lo que como mexicanos hoy nos obliga al consenso; esto, a fin de dar cuenta en un ejercicio pleno de democracia. Una revolución que creó una parte orgánica en la cual se sustentan todas las instituciones en la división de poderes, en el Ejecutivo fuerte...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Gerardo Sosa Castelán:Gracias, señor Presidente; en un momento concluyo. Por lo anteriormente expuesto, compañeros diputados, someto a consideración de esta soberanía, bajo el carácter de urgente u obvia resolución:

Primero. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo federal de omitir las festividades del 20 de noviembre.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a mantener las festividades vigentes e históricas en el calendario cívico nacional. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 24 de octubre la Presidencia de la República informó que el desfile deportivo del 20 de noviembre será cancelado y será sustituido por una ceremonia cívica que encabezará el presidente Vicente Fox en la explanada Francisco I. Madero, en Los Pinos, con un mensaje central del mandatario.

``Este 20 de noviembre se deja atrás el desfile deportivo que ya había venido cambiando desde hace años, para dar inicio a una ceremonia que se apegue a una cultura propia de ciudadanos, en sintonía a la pluralidad que se vive en una democracia'', anunció el vocero presidencial, Rubén Aguilar.

Según el portavoz, en esa celebración el mandatario Vicente Fox hará una reflexión sobre el significado histórico de la lucha revolucionaria, todo ello en el marco del centenario de la Revolución, a celebrarse en 2010.

A la ceremonia estarán invitados representantes de los Poderes de la Unión y con ella no se cancela la entrega del premio nacional del deporte que se realiza cada año en esta fecha, como tampoco el tradicional encuentro con las Fuerzas Armadas, precisó Aguilar.

Aguilar Valenzuela expuso que México está inmerso en un proceso de profundas transformaciones que conducen a consolidar la vida democrática, lo cual lleva a replantear la pertinencia de ciertos ``ritos'' y la necesidad de revalorar las fechas significativas.

``El desfile había venido agotándose, desde hace unos 18 años ha venido cambiando, antes marchaban los sindicatos, se quitó; ha habido una demanda de una serie de deportistas que parece que el modelo es obsoleto y que no querían participar en el desfile'', explicó, al añadir que ``de hecho se habían suprimido los discursos con los años''.

Indicó que, por ello, ``hemos recogido toda esa demanda y lo estamos constituyendo en un nuevo tipo de celebración, mucho más cívica, con una reflexión política de este hecho histórico fundamental''.

Sostuvo que el 20 de noviembre de 1910, México fue testigo de uno de los sucesos más importantes de la vida política, pues el triunfo de la revolución y la derrota de la dictadura significaron el acceso a una vida institucional que ha permitido que la democracia sea en la actualidad nuestra forma de vida.

La revolución, agregó, permitió que las demandas de los trabajadores, de los campesinos y de la sociedad en su conjunto se transformaran en garantías consagradas por el derecho y plasmadas en la Constitución de 1917.

Recordó, así, que desde hace 96 años, los mexicanos honramos a quienes siguiendo sus ideales, lucharon por un país sin privilegios, pues la revolución evoca las más sólidas convicciones de libertad, justicia e igualdad y se ha convertido en reglas y valores que guían nuestra vida política.

La relevancia de esta fecha, dijo, amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que se viven en el país, por lo que el presidente Fox decidió ``involucrarse de lleno'' en el festejo, darle un nuevo carácter y convertirlo en un acto cívico que permita revalorar su sentido histórico

Niega el vocero de Los Pinos que en la decisión haya influido el hecho de que el ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, vaya a ser declarado ``presidente legítimo'' ese día.

Por lo anteriormente expuesto, y dada la importancia del asunto y la premura de tiempo, solicito a esta soberanía, se considere el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.

En razón de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía lo siguiente:

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que no cancele el desfile deportivo del 20 de noviembre, ni sea sustituido por una ceremonia cívica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintiséis de octubre de dos mil seis.--- Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Sosa. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay las dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

SECTOR AGRICOLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo para incluir en el Presupuesto de 2007 apoyos a la comercialización del sector agrícola.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores: Nueva Alianza viene a esta tribuna a presentar por mi conducto un punto de acuerdo para que vayamos en ayuda del campo mexicano, de los miles, de los millones de productores mexicanos y de quienes indirectamente viven del campo mexicano.

Para ninguno de nosotros ha sido ajeno que el campo mexicano ha venido sufriendo rezagos ancestrales. Para ninguno de nosotros es desconocido que 52 por ciento de nuestra población vive en pobreza y que 80 por ciento de esos pobres vive en el campo mexicano.

Qué decir cuando el propio Banco Mundial reconoce que la población mexicana que se encuentra en el campo mexicano ha incrementado sustancialmente su rezago y su condición de indigencia.

Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México ha venido cubriendo en 40 por ciento su demanda de alimentos de los países socios de este acuerdo comercial, Canadá y Estados Unidos de América.

Pero tenemos enfrente, tenemos ya 2008, y será nuestra responsabilidad, de nosotros, los diputados, quienes aprobamos el gasto público, de ir a atender a esos mexicanos que no han logrado superar las asimetrías de ese convenio comercial.

Ellas siguen estando vigentes por cuanto a prácticas comerciales, a tecnologías, a acceso al crédito, a protecciones que en un tiempo fueron obstáculo para que progresara la Ronda de Uruguay y después, una vez superado el esquema y creada la Organización Mundial de Comercio, tenemos nuevamente el compromiso ante las grandes potencias de defender a nuestros productores, porque ellas siguen teniendo subsidios para sus productores agrícolas y agropecuarios.

El campo mexicano no nada más necesita el apoyo: ¡exige el apoyo de todos y cada uno de nosotros! No es desconocido que la forma en que ha venido atendiéndose la evolución del tratado comercial ha sido insuficiente; de ahí el propio reconocimiento del Ejecutivo y de anteriores legislaturas que de 2004 a 2006 se han incrementado los apoyos a la comercialización de los productos agropecuarios. Así, con base en el Presupuesto de Egresos del presente año, se aprobaron 9 mil 134 millones en apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios.

Hay que admitir que la falta de recursos no es nada más un indicativo de que las políticas públicas han venido dando tumbos para rescatar a todos los mexicanos que están en esas condiciones. Por lo anterior, me permito presentar a este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, pidiendo el apoyo de todas las bancadas y de todos los diputados para que vayamos al rescate del campo mexicano:

Punto de Acuerdo. Primero. Se solicita a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto público federal, en el rubro de apoyos a la comercialización del sector agrícola para el ejercicio fiscal de 2007, se considere el equivalente al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en 2006 para este concepto, más la inflación esperada en 2007.

Señor Presidente, es cuanto; y le solicito que esta intervención se inserte en la Gaceta.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 apoyos a la comercialización del sector agrícola, y de establecer las provisiones y los montos presupuestales asignados en 2006, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario del PNA

El que suscribe, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los productores agrícolas han sido objeto de rezagos ancestrales; de ello dan cuenta diferentes aspectos de su vida individual y colectiva, siendo ésta una gran incongruencia, toda vez que el trabajo que realizan en sus tierras, constituye la base de sus ingresos y, en la actualidad, según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 52 por ciento de la población vive en pobreza, y también se asegura que más de 80 por ciento de los pobres en México vive en el campo; de esta población, el 36 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial reconoce que la indigencia en el campo es mayor que hace 10 años, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); México cubre el 40 por ciento de su demanda de alimentos con importaciones de Canadá y Estados Unidos de América.

En el caso del maíz y el frijol, productos muy sensibles a las importaciones, en el TLCAN se acordaron los plazos más largos de liberación de estos productos, quince años, que vencen al inicio de 2008, y un sistema de protección a través de aranceles-cuota. La cuota inicial para las importaciones de maíz de Estados Unidos fue de 2.5 millones de toneladas y de mil toneladas para Canadá. Estas cuotas ingresan al país sin arancel y aumentan un 3 por ciento cada año. Pero cualquier volumen por arriba de la cuota tenía obligación de pagar un arancel que iniciaría en 215 por ciento, para compensar las diferencias de precios internos e internacionales que existían en 1989 y 1992; éstas se reducirían hasta llegar a cero en el 2008.

México ha avanzado poco en materia de reducción de las asimetrías que mantiene con Estados Unidos y Canadá en el sector agrícola, sobre todo en cuanto a productividad y competitividad.

Las asimetrías relacionadas con los factores de producción muestran que el campo mexicano no tiene acceso en igualdad de condiciones a las de nuestros socios comerciales, ni en tecnología, ni en crédito, costes, infraestructura, etcétera, lo que nos lleva a quedar en estado de indefensión por la pérdida de competitividad que ello representa, así que la conclusión es obvia: el campo mexicano necesita y demanda de apoyos para no colapsarse.

Hay que admitir, que la falta de recursos imposibilita a los productores agrícolas que puedan adquirir las herramientas necesarias y los apoyos adecuados para la debida atención de sus tierras y lograr condiciones mejores para la comercialización de sus cosechas.

Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto público propuesto, aprobado y ejercido en nuestro país durante el periodo 2004-2006 ha evolucionado de la siguiente manera:

Debido a que en el año 2008 el sector agrícola mexicano perderá toda la protección arancelaria, incluyendo el de sus productos más sensibles, como el maíz y el frijol, es necesario que esta Cámara de Diputados apruebe para el ejercicio fiscal 2007 el mismo presupuesto, en términos reales, que aprobó para el año 2006.

Toda vez que con estos recursos se ha apoyado a los productores agrícolas, ayudando a solventar los problemas de comercialización y logrando avances en cuanto a producción y productividad; por tanto, con la facultad que me confieren la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados que en el presupuesto público federal para apoyos a la comercialización del sector agrícola para el ejercicio fiscal del año 2007 se contemple el equivalente al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2006 para este concepto, más la inflación esperada en el 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2006.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese íntegro en el Diario de los Debates --gracias, diputado Cárdenas--; y túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez:Con su venia, diputado Presidente compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista, de Alternativa, de Nueva Alianza, de Convergencia, del Partido del Trabajoy mis compañeros de la Revolución Democrática:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, que lucharon por una tarifa justa de energía eléctrica.

La problemática en materia de seguridad en el país es preocupante; la ola de violencia que se vive es de conocimiento de todos, y no podemos negarnos a ellos. El narcotráfico, por ejemplo, y la delincuencia organizada han rebasado los límites; han trastocado incluso las instituciones; por lo que es necesario unificar esfuerzos para retomar el rumbo en esta nueva tarea que nos encomendó el pueblo de México.

Hago ese comparativo porque los que delinquen en este rubro, como tráfico de estupefacientes, robo con violencia o secuestro, dañan profundamente a las familias de México y la integridad física, emocional, psicológica y económica de las víctimas de estos hechos. Sin embargo, muchos de esos delincuentes están prófugos de la justicia. En cambio, hay presos o delincuentes sociales; los llamo así porque están tras las rejas privados de la libertad no por cometer delitos de los mencionados sino por violentar la ley por desconocimiento. Quiero hacer hincapié en esta parte: violentaron la ley por desconocimiento.

Los cobros excesivos, injustificados y abusivos de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) han provocado que los mismos ciudadanos se organicen para luchar por esta causa, debido a que han agobiado y va en detrimento de la economía familiar de los mexicanos, empresarios, medianos empresarios, microempresarios, pero sobre todo a los que más perjudican es a campesinos, obreros, pequeños comerciantes y a todas las familias de bajos recursos económicos.

Para tal efecto, me quiero referir a los ciudadanos Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimalec Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, recluidos en el penal 03 de Tapachula, Chiapas, desde el 17 de abril de 2002, con la asignación del expediente 35/2002; a la fecha, llevan presos cuatro años y seis meses.

Compañeras y compañeros diputados, quiero hacer nuevamente hincapié: violentaron la ley por desconocimiento. En la protesta y la lucha por pagar tarifas justas de energía eléctrica, el calor humano y el agobio de su pobreza, aunados a la represión policiaca, los llevaron a cometer algunas conductas contrarias a la ley, como la intención de algunos funcionarios de la CFE, que cumplan el corte de energía eléctrica correspondiente.

No son narcotraficantes, no robaron, no secuestraron con fines de lucro ni delictivos; aun así, los ciudadanos en mención son personas de buena fe, honestos padres de familia, reconocidos trabajadores de alta reputación y de buena conducta; lejos de lograr su objetivo inicial, el pago de una tarifa justa de energía eléctrica, hoy se hunden sus familias en la pobreza por la falta de la figura paternal. Consideramos justo que esas personas se integren a la vida familiar para velar por el buen desarrollo de sus familias, que es justo, por el bien de México.

Compañeras diputadas y diputados: por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Único. Exhortar al titular del Ejecutivo de la Unión, licenciado Vicente Fox Quesada, a indultar en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los ciudadanos Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimalec Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, Chiapas, con número de expediente 35/2002, por ``luchar por una tarifa justa de energía eléctrica''.

Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica).»

Por el apoyo y respaldo que pueda recibir de los diferentes grupos parlamentarios, les anticipo mi reconocimiento y les doy las gracias anticipadas. Es cuanto, diputado Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernel Arturo Gálvez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay las dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Barba Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicitan recursos para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.

El diputado Alfredo Barba Hernández:Con su permiso, señor Presidente. El que suscribe,Alfredo Barba Hernández, diputado federal por el estado de Jalisco a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

La revisión y modificación del proyecto de egresos son una de las responsabilidades que tenemos como diputados. Hacerlo en forma equitativa y estratégica es un compromiso que debemos cumplir con nuestros mexicanos.

Hoy, los mexicanos esperan resultados de este Congreso, y esos resultados sólo son reales para ellos cuando son visibles, cuando son palpables, cuando se ven reflejados en cubrir sus necesidades. Por eso hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, así como a la Comisión de Comunicaciones, ambas de la honorable Cámara de Diputados, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la asignación de recursos para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, en mérito de lo cual se presenta la siguiente exposición de motivos:

El crecimiento de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, ha traído consigo grandes beneficios económicos y, con esto, el incremento de vehículos circulando, originándose problemas en la vialidad que evitan que el turismo visite la zona centro del puerto y con esto se desaproveche la posibilidad de mayores ingresos para el comercio de la zona.

El excesivo tráfico de vehículos de carga pesada, por el tráfico que se ve obligado a cruzar el sur del estado, incrementa tiempos de traslado y sus costos también; ocasiona daños en las vías de comunicación.

Puerto Vallarta es una ventana al mundo y representa uno de los principales centros turísticos, tanto nacional como internacional, porque dotarla de infraestructura acorde con el ritmo de crecimiento es una inversión que no puede esperar y, como ustedes bien saben, debemos fincar en el turismo una base de ingresos alternativos a los del petróleo.

Actualmente están ampliando el puerto para recibir más cruceros de alto calado. Con esto se recibirá el triple de turismo por esta vía, por lo que se hace indispensable el macrolibramiento que aquí se solicita.

Sabemos de los beneficios que, como detonante económico, estas obras provocan, además de contribuir al desarrollo turístico de este lugar y resolver los problemas de vialidad. Considero que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y de los estados asignando recursos a proyectos que atiendan una necesidad social y que, a la vez, contribuyan a su desarrollo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Comunicaciones, de la honorable Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 la asignación de recursos suficientes para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo anterior, señor Presidente, solicito que el texto íntegro de mi intervención y del documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria sea insertado en el Diario de los Debates, para su constancia. Es cuanto, señor Presidente; y muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 considere recursos para construir un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Barba Hernández diputado federal por el estado de Jalisco a la Sexagésima legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en uso de las facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Por medio del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Comunicaciones, ambas de esta honorable Cámara de Diputados, para que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se contemple la asignación de recursos para la construcción de un macro libramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, en mérito de lo cual se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, ha traído consigo grandes beneficios económicos, sin embargo, con esto el incremento en la afluencia de vehículos, originándose problemas en la vialidad que desmotivan al turismo ha visitar la zona centro del puerto y con esto la baja rentabilidad del comercio de la zona.

Además de lo anterior, el tráfico de mercancías que circula en vehículos de carga pesada motivado por el tráfico que se ve obligado para cruzar al sur del estado, además de incrementar tiempos de traslado y costos ocasionan daños a las vías de comunicación que no contemplan carga pesada.

Puerto Vallarta es una ventana al mundo y representa uno de los principales centros turísticos, tanto nacional como internacional, por lo que dotarla de infraestructura acorde al ritmo de crecimiento es una inversión que no puede esperar.

Es importante señalar que la anterior legislatura destino presupuesto para la ampliación del puerto incrementando la llegada de cruceros de alto calado, obra que esta por terminar y con esto se recibirán el triple de visitantes por esta vía, por lo que se hace más necesario el macro libramiento aquí solicitado.

Estamos seguros que una obra de la naturaleza que se propone, viene a contribuir al desarrollo turístico de este lugar, y que se resolverá tanto para los habitantes como para los que transitan obligados los problemas de vialidad, sin dejar de mencionar la imagen que ofrecerá al turismo.

Considerando

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados en próximas fechas se encontrará realizando el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que será aprobado por ésta soberanía para el ejercicio presupuestal del 2007.

Segundo. Que la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2007 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y estados de la federación, mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo del municipio y el estado en su conjunto; y, en particular a los programas de beneficio social.

Tercero. Que en la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe de dar prioridad a aquellos programas o proyectos donde contribuyan al beneficio social, en particular aquellos que privilegian la conservación y el aumento de infraestructura de carácter social.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la opinión de la Comisión de Comunicaciones de esta honorable Cámara de Diputados contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2007, la asignación de recursos suficientes para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 24 de octubre de 2006.--- Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Barba. Publíquese en el Diario de los Debates el texto íntegro; y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a destinar recursos del Fonden para apoyar a las familias afectadas de la delegación Álvaro Obregón.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su permiso, diputada Presidenta. La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del PRD de la LX Legislatura, propone a este Pleno el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones, y solicita también que se pueda insertar íntegro en el Diario de los Debates.

La Ciudad de México y su área metropolitana, su expansión y crecimiento no se han podido sujetar a ningún tipo de planeación debido a la enorme y anárquica demanda de vivienda. Este fenómeno sociológico se explica por la concentración de fuentes de empleo en la ciudad, que implica la ocupación de zonas restringidas y peligrosas para el uso habitacional.

La delegación Álvaro Obregón se encuentra en el tercer sitio de mayor densidad poblacional en el Distrito Federal, según datos oficiales. Se considera que 70 por ciento de esa población se asienta en suelo de minas, barrancas o taludes. Aunado a ello, en temporada de lluvias el peligro aumenta para esos habitantes.

Es de resaltar que el subsuelo de la delegación Álvaro Obregón fue objeto de explotación de materiales pétreos para la industria de la construcción mediante la instalación de minas, de las cuales no se tiene antecedente sobre las medidas de seguridad aplicadas al final de su vida útil. Así, no hay pues información certera de lo que haya pasado con esas minas.

Estas extensiones de suelo fueron ocupadas con viviendas derivadas de un crecimiento desmedido de la mancha urbana en la zona metropolitana del valle de México. La problemática, específicamente en la colonia Golondrinas, de la delegación Álvaro Obregón... Hay estudios donde la Universidad Nacional Autónoma de México documenta cómo los asentamientos están en minas de arena, y están en riesgo latente las vidas de las personas que allá habitan.

Como parte de la atención que se brinda a la ciudadanía y ante el evidente riesgo que implica vivir en una zona minada, la que suscribe realizó un recorrido el 11 de octubre del presente año con el jefe delegacional y vecinos. En el recorrido tuvimos la oportunidad de constatar el peligro de derrumbe que enfrentan a diario los habitantes de esa colonia, así como las afectaciones y las estructuras de casas, hundimientos y degradación del terreno, el cual presenta minado subterráneo reblandecido por las lluvias.

Las precipitaciones pluviales dan como resultado histórico la necesidad de desalojar a los habitantes de esas viviendas; este año llegó a un número de 200 personas que quedaron sin patrimonio familiar.

La gravedad de las condiciones en que habitan esas personas hace imperativo que la Secretaría de Gobernación destine recursos suficientes para atender la problemática de minado subterráneo y de la gente, por el peligro de pérdidas materiales y humanas.

Es importante señalar que el procedimiento que se tiene que cubrir para atender a esta población, que vive en alto riesgo, se basa en la Ley de Protección Civil a nivel federal y la Ley de Protección Civil a nivel local, mediante un convenio que firma el Gobierno del Distrito Federal con el gobierno federal y la declaratoria de zona de emergencia de esta zona de la Ciudad de México, para así habilitar los recursos que este convenio determina en el ejercicio presupuestal de este año.

Así, en estas consideraciones, las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales establecen el procedimiento que solicitamos que se cubra con la mayor brevedad por el gobierno central del Distrito Federal y por el gobierno federal.

Por lo expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata, por involucrar la seguridad e integridad de las familias de la colonia citada de la delegación Álvaro Obregón, me permito presentar a este honorable Congreso el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al secretario de Gobernación para que, en términos de los artículos 33 de la Ley General de Protección Civil y 55 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en concordancia con el convenio de colaboración para la prevención y atención de desastres naturales y reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, coadyuve con el Gobierno del Distrito Federal a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas de la colonia Golondrinas, Segunda Sección, de la delegación Álvaro Obregón.

Agradeciendo también el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Firman por el PRD, el diputado Javier González Garza; por el PRI, el diputado Emilio Gamboa Patrón; por el PAN, el diputado Héctor Larios Córdova; por el partido Convergencia, el diputado Alejandro Chanona Burguete; por el PT, el diputado Ricardo Cantú Garza; y por el partido Alternativa, la diputada Marina Arvizu Rivas, en respaldo de este punto de acuerdo. Y agradeciendo a los diputados del PAN del Distrito Federal que también tuvieron a bien respaldar este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Gobernación a coadyuvar con el Gobierno del Distrito Federal, conforme a la normatividad vigente, a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas de la colonia Las Golondrinas, Segunda Sección, delegación Álvaro Obregón, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al secretario de Gobernación, en términos del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil y 55 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en concordancia con el Convenio de Colaboración para la Prevención y Atención de Desastres Naturales y las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), coadyuve con el gobierno del Distrito Federal, en destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas, de la colonia Las Golondrinas, segunda sección de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México y su área metropolitana en su expansión y crecimiento no ha podido sujetarse a ningún tipo de planeación, debido a la enorme y anárquica demanda de vivienda.

Éste fenómeno sociológico se explica por la concentración de fuentes de empleo en la ciudad, lo que ha implicado la ocupación de zonas restringidas y peligrosas para el uso habitacional.

La delegación Álvaro Obregón, se encuentra ubicada en el tercer sitio de mayor densidad poblacional en el Distrito Federal, de la cual, según datos oficiales, se considera que un 70% de su población asienta su vivienda en suelo de minas, barrancas o taludes, aunado a ello la temporada de lluvias hace de esta zona un peligro constante para sus habitantes.

Es de resaltar que el subsuelo de la delegación Álvaro Obregón fue objeto de explotación de materiales pétreos para la industria de la construcción mediante la instalación de minas, de las cuales no se tiene antecedente sobre las medidas de seguridad aplicadas al final de su vida útil, es decir se desconoce si fueron rellenadas o no.

Dichas extensiones de suelo fueron ocupadas con viviendas derivadas del crecimiento desmedido de la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México.

La problemática que hoy nos ocupa es la situación crítica que viven los vecinos de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón cuyo asentamiento se encuentra ubicado en una mina de arena, según indica un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, determinando que las irregularidades en el subsuelo ponen en riesgo la vida de las personas que allí habitan.

Como parte de la atención que se brinda a la ciudadanía y ante el evidente riesgo que implica vivir en una zona minada, la que suscribe, realizó un recorrido el pasado 11 de octubre del presente año conjuntamente con el gobierno delegacional y vecinos afectados.

En el recorrido tuvimos la oportunidad de constatar el peligro de derrumbes a los que se enfrentan los habitantes de esta colonia todos los días, así como las afectaciones a las estructuras de las casas, hundimientos y degradación del terreno, el cual presenta minado subterráneo reblandecido por las lluvias que se presentaron este año.

Las precipitaciones pluviales han ocasionado, históricamente, la necesidad de desalojar a los habitantes de sus viviendas hasta que concluye la temporada, siendo el caso de que en este año fueron desalojados alrededor de 200 personas, ocasionándoles pérdidas en su patrimonio familiar.

La gravedad de las condiciones en que habitan los vecinos de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, delegación Álvaro Obregón hace imperativo que la Secretaría de Gobernación destine recursos suficientes para atender la problemática de minado subterráneo y del latente peligro de pérdidas materiales y humanas.

Para ello el encargado de la política interior dispone de instrumentos jurídicos que protegen a la ciudadanía como la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, que prevé en su artículo 33 primer párrafo:

Artículo 33. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil sea esencial, la Secretaría de Gobernación podrá emitir una declaratoria de emergencia, la cual se divulgará a través de los medios masivos de comunicación.

En relación con el párrafo anterior la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal prevé en su artículo 55 que a la letra dice:

Artículo 55. El jefe de gobierno en los casos de emergencia o desastre podrá solicitar una declaratoria formal de emergencia al titular del Ejecutivo federal de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General de Protección Civil

Cabe citar que el 12 de junio de 2003 la Secretaría de Gobernación, celebró un convenio con el Gobierno del Distrito Federal, en materia de prevención y atención de desastres naturales, el cual establece en su cláusula tercera que se sujetarán a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Que en términos del numeral octavo de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), establece:

Los recursos del Fonden que se destinen a la reparación o restitución de la infraestructura pública son complementarios a los recursos de la entidades federativas en las siguientes proporciones:

Que de acuerdo con el capítulo III, en el cuadro 1, relativo a la cobertura de infraestructura pública de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) establece que la Federación deberá destinar el 70%, mientras que el Gobierno del Distrito Federal el 30% restante de los recursos para atender la eventualidad.

Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata por involucrar la seguridad e integridad de las familias de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal, me permito presentar a este H. Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al secretario de Gobernación, para que en términos del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil y 55 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en concordancia con el Convenio de Colaboración para la Prevención y Atención de Desastres Naturales y las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), coadyuve con el Gobierno del Distrito Federal a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas, de la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Esta proposición fue inscrita de urgente resolución; por tanto, consulte la Secretaría en votación económica si se considera así.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

TRABAJADORES MEXICANOS MIGRANTES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Ríos Gamboa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo a fin de que el Presupuesto de 2007 sean considerados los recursos al Fideicomiso 2106, que administrará los fondos de trabajadores mexicanos migrantes. Al mismo tiempo, saludamos...

El diputado Raúl Ríos Gamboa:Con su permiso, Presidenta...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, permítame un momento porque queremos saludar en nombre de esta Cámara a las asociaciones de braceros de toda la República Mexicana que están aquí presentes y que nos honran con su presencia.

El diputado Raúl Ríos Gamboa:Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del PRD, en busca de lograr un Presupuesto que garantice el beneficio a los miles de ex braceros mexicanos, presentó en diciembre de 2004 y 2005 una propuesta de 600 millones de pesos para el pago de nuestros ex braceros mexicanos, propuesta que fue aprobada casi a la mitad.

De igual manera, presentamos una iniciativa consensuada por los secretarios que formaban dicha comisión para crear el fideicomiso que determinara los mecanismos para la compensación a los ex braceros mexicanos.

El 25 de abril de 2005, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del mismo año.

Por ello se exhorta al pago de ex braceros mexicanos, emitiendo por parte del comité técnico el fideicomiso, que comenzó y que autorizó la cantidad de 38 mil pesos por cada mexicano ex bracero de 1942 a 1964.

Cabe señalar que en los presupuestos de egresos de las secretarías de Hacienda, y de Gobernación, respectivamente, se destinó el pago a los ex braceros mexicanos la cantidad únicamente de 298.5 millones para cada año fiscal aplicables del 31 de diciembre de ese año, sumando un total de 597 millones para dicho rubro.

En el último informe trimestral, con fecha 30 de junio de 2006, el comité técnico de dicho fideicomiso notifica que sus 32 mesas receptoras, ubicadas en las delegaciones de las Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados, atendieron 222 mil 775 solicitudes de estos compañeros mexicanos, de las cuales 47 mil 749 cumplieron en su totalidad los requisitos en ese momento, y aproximadamente 140 mil cuentan con documentos... otros 140 mil 448 cuentan con dichos documentos, pero la falta del folio de la Secretaría de Gobernación ha hecho que no sean registrados. Y 34 mil 578 han presentado otros documentos que avalan la legitimidad de su estancia en Estados Unidos en los años... entre 1942 y 1964.

En resumen, de todas estas cifras sólo han recibido el apoyo social 14 mil 774 ex braceros, de un padrón total de 222 mil 775 solicitudes que se recibieron en las mesas receptoras, del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006; faltan por pagar 208 mil mexicanos ex braceros.

Debemos dejar en claro que este presupuesto que se está autorizando para el pago a los ex braceros mexicanos no es suficiente. Se necesitan más de 8 mil millones de pesos para distribuirlos en los tres años que queda vigente dicho fideicomiso para cubrir el total de los ex braceros registrados por la Secretaría de Gobernación.

Señores diputados, por lo anterior subo a esta tribuna de la nación para expresar el sentir de los miles de ex braceros mexicanos. Como diputado consciente y sensibilizando, a todos y cada uno de ustedes solicito que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 un monto que garantice el beneficio de los mismos.

Los diputados de la fracción parlamentaria del PRD seguimos comprometidos con la búsqueda de alternativas que generen beneficios a los trabajadores mexicanos y exhortamos a todos los grupos parlamentarios. Por lo expuesto, someto al Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo: que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión consideren en su dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 una partida especial por 2 mil millones de pesos para asignarlos al fideicomiso 2106, que administra el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para el fideicomiso 2106, que administrará los fondos de trabajadores mexicanos migrantes, a cargo del diputado Raúl Ríos Gamboa, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado federal del grupo parlamentario del PRD, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, para considerar dentro del dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una partida presupuestal especial para asignar al Fideicomiso de Apoyo Social para Trabajadores Mexicanos ex Braceros, bajo las siguientes

Consideraciones

El grupo parlamentario del PRD en su búsqueda de lograr un presupuesto que garantizara el beneficio a los miles de ex braceros mexicanos, presentó en el mes de diciembre de 2004 y 2005 una propuesta de $600 millones de pesos para el pago de nuestro ex braceros mexicanos; propuesta que fue aprobada casi a su mitad, asimismo presentamos una iniciativa consensuada por los secretarios que conformaban dicha Comisión, para crear el fideicomiso que determinaría los mecanismos para la compensación a los ex braceros mexicanos.

Tal propuesta el día 25 de abril de 2005, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó en su mayoría, el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

De la misma forma, el Senado de la Republica la ratifica el 28 de abril, enviándola a la Presidencia de la República; y decretándola en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de mayo de ese mismo año, por el cual se exhorta el pago a los ex braceros mexicanos, emitiendo por parte del comité técnico del fideicomiso en comento, la cantidad 38 mil pesos por ex bracero.

Ante ello se propuso en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el poder coordinarse con las entidades federativas para que puedan participar con las aportaciones que a título gratuito realicen los estados y el Gobierno del Distrito Federal, garantizando parte de una asignación adecuada para compensar a los miles de ex braceros mexicanos.

Cabe señalar que en los Presupuestos de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Gobernación respectivamente, se destinó al pago a los ex braceros mexicanos la cantidad de 298.5 millones para cada año fiscal, aplicables a partir del 31 de diciembre de ese año. Sumando un total de 597 millones de pesos para dicho fin.

En el último informe trimestral, con fecha 30 de junio de 2006, el comité técnico de dicho fideicomiso, notifica que de sus 32 mesas receptoras ubicadas en las delegaciones de la Secretaría de Gobernación en cada estado, se atendió a 222,775 solicitudes de apoyo social, del cual 47,749 cumplen con los requisitos y un aproximado de 140,448 cuentan con documentos pero les falta el folio de la Segob y 34,578 presentaron otro documento.

En resumen, de todas estas cifras, solo han recibido este apoyo social 14,774 ex braceros de 222,775 solicitudes que recibieron las mesas receptoras, del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006, faltando por pagar a más de 208,001 personas.

Debemos dejar en claro que con este presupuesto que se esta autorizando para el pago a los ex braceros mexicanos, no es suficiente; se necesitarían mas de 8 mil millones de pesos, distribuidos en los tres años que queda vigente dicho fideicomiso, para cubrir el total de los ex braceros registrados ante la Secretaría de Gobernación.

No dejo de manifestar y exhibir, que el comité técnico de dicho fideicomiso, informó que el saldo inicial para el año fiscal de 2005, fue de 145,180,688.11 siendo que en el Presupuesto de Egresos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2004, se asigno una partida especial de 298.5 millones de pesos.

Yo pregunto, ¿dónde quedó el resto?

De la misma manera se informa que dichos recursos de los que no están aclarados; también establece un descuento por honorarios de envío y dispersión de telegramas a través de Telecom, gastos por publicaciones de los beneficiarios en los diarios de mayor circulación en todos los estados de la república y por honorarios del fiduciario de Banobras todo por 3´431,310.23 de pesos MENOS.

Señores diputados: por ello mismo, hoy subo a esta alta tribuna de la nación para expresar el sentir de los miles de trabajadores mexicanos ex braceros, como diputado consciente y sensibilizando a los diputados de todas las fracciones parlamentarias, para solicitar que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, un monto que garantice el beneficio de los mismos.

Esta fracción parlamentaria del PRD, manifiesta su interés y voluntad por seguir construyendo los caminos que den alternativas de solución a los miles de ex braceros que existen en México, asimismo manifestamos el compromiso de seguir coadyuvando en los trabajos de una alternativa que genere el beneficio a los trabajadores mexicanos ex braceros.

Por los motivos y fundamentos expuestos, someto al Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, una partida especial de $2´000'000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 mn) para asignar al Fidecomiso 2106 que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2005.--- Diputado Raúl Ríos Gamboa (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Ríos Gamboa. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Lunes 30 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés, para prestar servicios en la Embajada de Malasia, en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a diversos ciudadanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Los asuntos no abordados en la sesión.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:47 horas): Esta Presidencia agradece su presencia en esta sesión, y las peticiones que han hecho ustedes han sido presentadas en tribuna y turnadas a la Comisión de Presupuesto; gracias por su presencia. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 30 de octubre, a las 11:00 horas; y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas del próximo lunes.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 22 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 390 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 441 diputados.
• Verificación de quórum: 308 diputados.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 16.
• Puntos de acuerdos aprobados: 7.
• Excitativas a comisiones: 1.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 44.PAN-5, PRD-18, PRI-10, PVEM-2, PT-3, Nueva Alianza-4, Alternativa-2.
• Se recibió:
• 2 oficios del Congreso del estado de Jalisco;
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que 1 ciudadano pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la Ciudad de Mérida, Yucatán;
• 14 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minutas con proyectos de decreto por los que concede permiso a igual número de ciudadanos para que puedan aceptar usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;
• 1 iniciativa del PRD;
• 2 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Alternativa.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadanoVicente Fox Quesada,Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadanoVicente Fox Quesada,Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Distrito Federal: 107
• Alva Olvera, Maribel Luisa(PRD) Estado de México: 79
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Tortura: 93
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Universidad Autónoma Metropolitana: 99
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Artículos 39 y 41 constitucionales: 43
• Barba Hernández, Alfredo(PRI) Estado de Jalisco: 105
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 constitucionales: 30
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Industria cinematográfica: 91
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Universidad Autónoma Metropolitana: 98
• Cárdenas del Avellano, Enrique(PRI) Aguas internacionales: 61
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Caña de azúcar: 67
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 75
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Sector agrícola: 102
• Castro Muñoz, Juan de Dios(PAN) Industria cinematográfica: 90
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Ley de Instituciones de Crédito: 49
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 105
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 77
• Díaz Contreras, Adriana(PRD) Caña de azúcar: 67, 68
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 74
• Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo(PRD) Estado de Chiapas: 104
• González Calderón, Martha Hilda(PRI) Protección del medio ambiente: 77
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Universidad Autónoma Metropolitana: 97
• Guerrero García, Javier(PRI) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 73
• Hernández Manzanares, Javier(PRD) Caña de azúcar: 68
• Larregui Nagel, Érika (PVEM) Distrito Federal: 91
• Maciel Ortíz, María Mercedez(PT) Niñez, educación temprana y familia: 53
• Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María(PAN) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 76
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Turismo: 63
• Matus Toledo, Holly(PRD) Adelanto de las mujeres y la equidad de género: 59
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Verificación de quórum: 66
• Morales Vázquez, Carlos Orsoe(PRD) Censo Nacional Agropecuario: 72
• Orihuela Trejo, José Amado(PRI) Caña de azúcar: 65
• Padilla Gutiérrez, Héctor(PRI) Censo Nacional Agropecuario: 69
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Estado de Oaxaca: 95
• Ríos Gamboa, Raúl(PRD) Trabajadores mexicanos migrantes: 110
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Fenómenos meteorológicos: 64
• Sánchez Ramos, Francisco(PRD) Caña de azúcar: 69
• Sánchez Trujillo, José Víctor(PAN) Censo Nacional Agropecuario: 71
• Sosa Castelán, Gerardo(PRI) Desfile deportivo del 20 de noviembre: 99
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Industria cinematográfica: 89
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 38
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Sustentabilidad del agua: 83
• Zambrano Elizondo, Javier Martín(PAN) Definición del futuro de México: 55

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	INASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	INASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	CÉDULA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	INASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	INASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
55 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
56 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
57 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
58 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
59 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
66 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
68 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
69 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
70 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
71 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
72 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
73 García González Carlos Alberto	INASISTENCIA
74 García Müller Martha Margarita	PERMISO MESA DIRECTIVA
75 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
76 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
77 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
79 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
80 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
81 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
82 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
83 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
84 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
85 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
86 Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
87 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
88 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
93 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
99 Lara Compeán David	ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
103 Leura González Agustín	ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
107 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
109 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	OFICIAL COMISIÓN
111 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
112 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
113 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
114 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
116 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
117 Maldonado González David	ASISTENCIA
118 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	OFICIAL COMISIÓN
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
141 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
142 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
143 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
144 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	INASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
154 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
155 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
156 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
157 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
158 Ramírez Pech Edgar Martín	INASISTENCIA
159 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
160 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
161 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
162 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
163 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
164 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	INASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	INASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187 Solano Muñoz José de Jesús	INASISTENCIA
188 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
189 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
190 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
191 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
192 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
193 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
194 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
195 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
196 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
197 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
198 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	OFICIAL COMISIÓN
199 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
200 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
201 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
202 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
203 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
204 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
205 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 186
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 12
Total diputados: 205

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	OFICIAL COMISIÓN
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	INASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	INASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	CÉDULA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	CÉDULA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	CÉDULA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	INASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 112
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	INASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	PERMISO MESA DIRECTIVA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	OFICIAL COMISIÓN
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	INASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	PERMISO MESA DIRECTIVA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	INASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	OFICIAL COMISIÓN
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	OFICIAL COMISIÓN
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	INASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	OFICIAL COMISIÓN
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 93
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	OFICIAL COMISIÓN
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	INASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	INASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	INASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	OFICIAL COMISIÓN
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	OFICIAL COMISIÓN
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arenas Guzmán Margarita
2 Bello Pérez Alfonso Othón
3 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo
4 Corral Aguilar María Mercedes
5 García González Carlos Alberto
6 Macías Zambrano Gustavo
7 Padilla Orozco Raúl Alejandro
8 Palafox Núñez José Inés
9 Ramírez Pech Edgar Martín
10 Román Isidoro Demetrio
11 Salazar Madera Mario Alberto
12 Solano Muñoz José de Jesús
Faltas por grupo: 12

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 López Torres Ma. Soledad
2 Navarro López Carlos Ernesto
3 Torres García Daniel
Faltas por grupo: 3

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Ayala Almeida Joel
2 Blanco Pajón José Luis
3 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías
4 Herrera Ale Juana Leticia
5 Peñuelas Acuña Mayra Gisela
Faltas por grupo: 5

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Larregui Nagel Erika
2 Puente Salas Carlos Alberto
3 Ramírez Cerda Ana María
Faltas por grupo: 3

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1