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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las diputadas y los diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 339 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día; los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Lunes 30 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Relativo a la integración de las comisiones ordinarias de Comunicaciones, y de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura. (Votación)De la Cámara de Senadores

En el que transcribe puntos de acuerdo sobre la decimocuarta Reunión Interparlamentaria Canadá-México. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con puntos de acuerdo sobre los ingresos petroleros excedentes, presentado por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo sobre la construcción del parque ecológico en la ex refinería 18 de Marzo, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo del Congreso de Guerrero para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se destinen recursos a la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta. (Turno a Comisión)

Del Presidente de la Mesa Directiva.

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés para prestar servicios en la Embajada de Malasia en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ivette Tapia Saldaña, Ana Patricia Santos Vidal, Gema Jiménez O'Farril Tirado, Mónica del Socorro Lemus Presbítero, Karla Haydée Gómez Carrasco, Raúl René Yáñez, Fernando Antonio Salido Manzo, Mónica Anel Montaño Mendoza, Alejandra Becerra Ortega, Aarón Cortinas Sánchez, Alma Laura Martínez Cisneros, Jorge Rosado Coronado, Alella Cruz Jiménez y Virginia Ayala Flores para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas; y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SEP que aplique el programa de nivelación salarial aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 para los trabajadores del Colegio de Bachilleres, a cargo del diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar mediante la STPS a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la CFE las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la CNDH a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sobre las lesiones y malos tratos inferidos a legisladoras y a legisladores federales, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de diversos grupos de amistad con países árabes, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias para que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Sagarpa información relacionada con el ingenio Puga, en Nayarit, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el ramo administrativo 02, `` Presidencia de la República'', introduzca medidas de austeridad, a cargo del diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y el reglamento de seguridad, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara se Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, México, y exhorta a la PGJEM a aclarar los homicidios y castigar a los responsables conforme lo establece la ley, a cargo del diputado Alberto López Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la entrada en el país de lechugas, espinacas y zanahorias provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados al retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000-2005, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de frijol por el daño causado por las importaciones en 2006, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a adoptar medidas y mecanismos que permitan la libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el grupo de amistad de esta soberanía con el Parlamento de Nueva Zelandia, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a efecto de que, en su carácter de presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur a promover y fomentar el turismo cultural en los sitios denominados ``patrimonio cultural de la humanidad'', a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas y al presidente municipal de Tampico a implementar las políticas públicas necesarias para el aprovechamiento sustentable de la Laguna del Carpintero, situada en esa localidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante de la Sagarpa, la Semarnat y la Sectur analice y evalúe el impacto del proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-029-PESC-2003 en la pesca deportiva y ribereña, suscrita por los diputados Víctor Manuel Lizárraga Peraza y Juan Adolfo Orci Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la ampliación de la cobertura del Fondo Metropolitano, con el destino de mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al sexagésimo tercer aniversario del establecimiento del Día de la Aviación, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria; los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiséis de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos noventa diputadas y diputados, a las once horas con veinticinco minutos del jueves veintiséis de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Se reciben dos oficios del Congreso del estado de Jalisco, con los que remite acuerdos por los que solicita la asignación de recursos en diversas partidas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Partido Acción Nacional, solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir del veintisiete de octubre de dos mil seis. En votación económica, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquese.

Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la Ceremonia Cívica con motivo del ciento ochenta y nueve Aniversario Luctuoso del General Pedro Moreno González. Se designa Comisión de Representación.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se reciben catorce minutas con proyectos de decreto por los que:

Se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta Cuerpo General Luis Alfonso Medina Martínez, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa'', que le otorga la Junta Interamericana de Defensa. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se concede permiso al ciudadano Contralmirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Conrado Aparicio Blanco, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Legión de Mérito'', en grado Oficial, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se concede permiso a cinco ciudadanos, para que puedan aceptar usar condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Se concede permiso a siete ciudadanos, para que puedan aceptar usar condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Valentina Valia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos sesenta y cuatro, setenta y tres, setenta y cinco, noventa y cuatro, ciento quince, ciento dieciséis, ciento veintidós y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A las once cuarenta y seis horas se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

Aida Marina Arvizu Rivas, de Alternativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diez de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, por el que se crea la Comisión de la Niñez, Educación Temprana y Familia.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Javier Martín Zambrano Elizondo, del Partido Acción Nacional, por el que se crea la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Holly Matus Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, integre el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diversos diputados de los Partidos: de la Revolución Democrática, Alternativa, Convergencia, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro. Se turna a la Comisión de Turismo.

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los estudios técnicos que garanticen que los recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climatológicos extremos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

José Amado Orihuela Trejo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno federal a dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad veintisiete/dos mil cinco. Desde su curul la diputada Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, solicita la verificación del quórum y la Presidencia solicita a la Secretaría abrir el sistema electrónico de asistencia, para tal efecto. Se retoma el curso de la proposición y en votación económica, la Asamblea no la considera de urgente resolución. Desde su curul, la diputada Adriana Díaz Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, hace observaciones con respecto al resultado de la votación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

La Presidencia hace aclaraciones y la Secretaría informa del registro de trescientos ocho diputadas y diputados, con lo que se confirma la existencia de quórum. Desde su curul, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, solicita la lectura de la proposición y la presidencia obsequia la petición. Desde sus respectivas curules los diputados: Adriana Díaz Contreras y Javier Hernández Manzanares, ambos del Partido de la Revolución Democrática, hacen comentarios con respecto al resultado de la votación del trámite solicitado. La Presidencia instruye tomar votación nominal y por doscientos cuarenta y un votos en pro, ciento setenta y nueve en contra y seis abstenciones, no se considera de urgente resolución la proposición por no reunir las dos terceras partes requeridas. Se turna a la Mesa Directiva. Desde su curul, el diputado Francisco Sánchez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, solicita insertar en el Diario de los Debates el resultado del quórum y de la votación de este asunto y la Presidencia informa que así está considerado.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Héctor Padilla Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, los recursos necesarios para la realización del octavo Censo Nacional Agropecuario.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

En votación económica, la Asamblea considera el asunto de urgente resolución. Se les concede la palabra para hablar en pro a los diputados: José Víctor Sánchez Trujillo, del Partido Acción Nacional y Carlos Orsoe Morales Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la Asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos retome el análisis, discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En votación económica, la Asamblea la considera de urgente resolución.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se le concede la palabra al diputado Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México. Desde su curul, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, hace comentarios al respecto. Continúa con el uso de la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa. Desde su curul la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, del Partido Acción Nacional, expresa su adhesión a la proposición. Finaliza el bloque de intervenciones la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo veintiuno, fracción dieciséis, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que emita el dictamen correspondiente.

Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los Congresos locales y a los ayuntamientos de la República a destinar recursos públicos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba.

Maribel Luisa Alva Olvera, del Partido de la Revolución Democrática, para que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, recursos suficientes para el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Partido Revolucionario Institucional, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública intervengan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se consideren recursos suficientes que garanticen el financiamiento para la Comisión Nacional del Agua, estados y municipios requieren para la realización de programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad de agua para el año próximo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del tres al seis de noviembre de dos mil seis. En votación económica, la Asamblea acepta la inclusión. Queda de Primera Lectura. En votación económica, la Asamblea le dispensa la segunda lectura. Se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y tres votos en pro, dieciséis en contra y diecisiete abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, para que entreguen de manera urgente los recursos de las reasignaciones presupuestales etiquetadas en el Anexo diecinueve H del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil seis. Se le concede la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien presenta la proporción a nombre propio y de los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Emilio Ulloa Pérez, todos del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución. Se les concede la palabra a los diputados: Juan de Dios Castro Muñoz, del Partido Acción Nacional e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la Asamblea aprueba la proposición.

Se recibe de la diputada Érika Larregui Naguel, del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico en la Refinería dieciocho de Marzo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que exhorte mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos de América a sujetarse a la legislación internacional en materia de tortura. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a realizar, una vez terminado el conflicto en Oaxaca, las adecuaciones pertinentes para seguir otorgando los apoyos educativos de ese programa. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución, suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.

María Gabriela González Martínez, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diversos diputados de los Partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia, Alternativa, y de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de quince hectáreas. En votación económica, la Asamblea la considera de urgente resolución. Se le concede la palabra al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, expresa su adhesión a la proposición. En votación económica, la Asamblea la aprueba. Comuníquese.

Gerardo Sosa Castelán, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la cancelación del desfile deportivo del veinte de noviembre. En votación económica, la Asamblea no considera la proposición de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, apoyos a la comercialización del sector agrícola y establecer las provisiones y montos presupuestales que se asignaron en el año dos mil seis. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Agricultura y Ganadería.

Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, quienes lucharon por una tarifa justa de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Alfredo Barba Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, considere recursos para la construcción de un macro libramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, con el apoyo de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Convergencia y Alternativa, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a destinar recursos, a través del Fondo de Desastres Naturales, para apoyar a las familias afectadas de la colonia Las Golondrinas, Segunda Sección, de la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba.

Raúl Ríos Gamboa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil siete, recursos para el fideicomiso dos mil ciento seis, que administrará los fondos de trabajadores mexicanos migrantes.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y siete minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el lunes treinta de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:Está a discusión el acta; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Aprobada el acta.

REUNION INTERPARLAMENTARIA CANADA-MEXICO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República--- LX Legislatura.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

``Primero.El Senado de la República, por conducto de su Mesa Directiva, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 66, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite una comunicación oficial al Parlamento canadiense por la que le expresa el reconocimiento del Senado mexicano por la cooperación y solidaridad demostradas por los legisladores canadienses en la firma de la declaración conjunta signada por ambas delegaciones participantes en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México.

Segundo.La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión comunica a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el contenido de la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que considere emitir un pronunciamiento en el mismo sentido.''

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

INGRESOS PETROLEROS EXCEDENTES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre los ingresos petroleros excedentes.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI, con relación a los ingresos petroleros excedentes.

Honorable asamblea; compañeras y compañeros legisladores: aprovecho esta tribuna para hacer hincapié en la importancia que tiene para las haciendas estatales contar con mecanismos claros de distribución de los ingresos excedentes del petróleo, para el desarrollo en infraestructura de las mismas.

En 2003 y 2004 se asignó a los estados el 50 por ciento de los ingresos excedentes de todos aquellos conceptos federales no etiquetados previamente, una vez deducidos incrementos no previstos en el gasto federal, transfiriéndose a las entidades a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.

Para 2005 este esquema fue modificado a fin de distribuir a los estados una proporción del 19.6 por ciento de los ingresos excedentes generados, producto de la exportación de petróleo, cuando su precio supera al de referencia previsto inicialmente y se recaudaban en su totalidad a través del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.

En el presente año, los estados continúan percibiendo el 19.6 por ciento de los excedentes petroleros, pero esta proporción se integra con un 6.5 por ciento correspondiente al aprovechamiento y un 13.1 por ciento al derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo. Este último por disposición del artículo tercero transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El derecho extraordinario surge a partir de la aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, estableciéndose que su recaudación se destine a los estados a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y su mecánica de distribución debe señalarse en el Presupuesto de cada año.

Esto último permitió incorporar en el Presupuesto de 2006 reglas para que los estados perciban en el curso de este año la misma proporción de excedentes petroleros que en 2005, 19.6 por ciento, a través del Fideicomiso para la Infraestructura, 6.5 por ciento, pero también del Fondo de Estabilización para los Estados, 13.1 por ciento, lo que les representará ingresos estimados por 27 mil 700 millones para destinarlos íntegramente a infraestructura.

Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se deja sin efecto la disposición para que los recursos del Fondo de Estabilización se distribuyan conforme a lo establecido en el Presupuesto de cada año, además de reglamentar los destinos de la totalidad de ingresos excedentes.

De acuerdo con dicha reglamentación, si bien los excedentes petroleros a favor de los estados se integrarán al mismo Fondo de Estabilización, éste sólo estará disponible para su distribución a los estados cuando alcance su monto de reserva, lo que sucederá en el largo plazo, de forma tal que en 2007 las entidades no contarán con dos terceras partes de la proporción de excedentes petroleros con que han contado en 2005 y 2006, lo cual impactará severamente en su gasto de inversión en infraestructura.

Adicionalmente, existe incertidumbre sobre la tasa que tendrá en 2007 el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes, que es el concepto que genera la otra tercera parte de excedentes petroleros a favor de las entidades.

Inclusive, aún cuando la Secretaría de Hacienda prevé obtener recursos por excedentes petroleros de 260 mil millones de pesos para el cierre de 2006, de los cuales una parte de ellos se destinará a los estados, esto no garantiza que para el ejercicio 2007 se tendrán el monto de reserva en el Fondo de Estabilización que asegure transferir a los estados los recursos que han recibido desde 2003.

Mas si el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Werner, prevé un caída de los precios internacionales del petróleo para 2007.

Para los priístas, es importante subsanar este problema de alto impacto sobre las haciendas estatales durante el próximo año, ya que constituye una fuente de recursos que coadyuva al desarrollo de las entidades a través de la inversión en infraestructura.

La ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico.

Es por ello, que asegurar un flujo de recursos para el desarrollo de las entidades federativas a través de la obtención de los recursos excedentes petroleros resulta relevante, y para ello se requiere, hasta en tanto no se acumulen el monto de reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que continúen siendo proporcionados.

En ese sentido, se requiere la incorporación en los mismos términos de la fracción que actualmente establece el aprovechamiento, en la Ley de Ingresos de la Federación 2007, pero señalando que tanto la recaudación de este mismo como del derecho extraordinario se destinará a las entidades federativas en los términos que disponga el Presupuesto, dejando sin efecto en lo que corresponda el artículo tercero transitorio de la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

Paralelamente, se necesita mantener en el Presupuesto de 2007 el artículo que actualmente determina el mecanismo de distribución de éstos recursos a los estados a través del Fideicomiso para Infraestructura y el Fondo de Estabilización, precisando que los de este último corresponden exclusivamente a los derivados del derecho extraordinario.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la presente Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados federal, para que, en el ejercicio que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, se continúe percibiendo el 19.6 por ciento de los excedentes petroleros, los cuales sean recaudados del 6.5 por ciento por concepto de Aprovechamientos sobre Rendimiento Excedentes, y del 13.1 por ciento por Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo.

Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se contemple la misma distribución de excedentes petroleros para las haciendas públicas que en 2006, 19.6 por ciento, y sea canalizados a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, 6.5 por ciento, y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, 13.1 por ciento; hasta en tanto se alcance el monto de reserva suficiente del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que permita canalizar recursos para que las haciendas públicas efectúen programas y proyectos de inversión en infraestructura.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de octubre de 2006.--- Senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En relación con el punto primero del acuerdo,remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento. Por lo que se refiere al punto segundo, remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

EX REFINERIA 18 DE MARZO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre la construcción del parque ecológico sobre la ex refinería 18 de Marzo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La refinería 18 de Marzo fue creada en 1932 por la compañía El Águila, iniciando operaciones en 1933, con 7 mil 500 barriles diarios de producción. En 1938 fue nacionalizada, junto con toda la industria petrolera, y en 1945 fue ampliada, hasta alcanzar tres veces su capacidad inicial.

Además del proceso de refinación, se realizaban en ella otros procesos petroquímicos. Funcionaba también un taller de reparación y elaboración de partes de maquinaria para la refinería y otras empresas de Petróleos Mexicanos, una planta de tratamiento de aguas residuales y una central de distribución de combustibles.

Para 1936 contaba con 60 hectáreas y una producción de 11 mil barriles diarios. Entre 1936 y 1946 se producían 50 mil barriles diarios y en los años posteriores a 1955 se alcanzó una producción de 100 mil barriles diarios, cubriendo una superficie de 100 hectáreas para la refinería y 74 hectáreas para la terminal de almacenamiento y distribución.

La operación de la refinería se suspendió en forma definitiva el 18 de marzo de 1991, como consecuencia de una decisión para detener el deterioro progresivo del medio ambiente y la calidad de vida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que por esas fechas presentaba altos índices de contaminación ambiental.

Durante los años de 1992 a 1999 se llevó a cabo el desmontaje de equipos y desmantelamiento de estructuras propias de la refinería y de los tanques de almacenamiento, hasta quedar en el estado que ahora se encuentra.

Cabe destacar que desde 1993 se han venido desarrollando trabajos de investigación para determinar la contaminación del suelo del lugar, así como de las aguas subterráneas.

Desde que se decidió cerrar la refinería se consideró la posibilidad de crear un parque, con el objetivo de recuperar áreas verdes para la recreación de los habitantes del valle de México y para mantener el equilibrio de la dinámica urbana y ecológica de la región.

Todo eso ayudaría a dar cumplimiento a diversas disposiciones y ordenamientos en materia ambiental, como el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona del Valle de México que, en su apartado 8.4, nos habla de conservación y ampliación de las áreas verdes urbanas de la zona metropolitana del valle de México; el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que plantea como propósito satisfacer las expectativas de cambio de la población, construyendo una nueva política ambiental del Estado para México; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; y el Programa Nacional de Educación, sólo por mencionar algunos ejemplos.

La posibilidad de utilizar el terreno de la antigua refinería de Azcapotzalco para diversos usos alternativos, como el que ya mencionamos, tiene obviamente una relación directa con el riesgo asociado que representa para la población expuesta a las emanaciones que generan, en este caso, los hidrocarburos en el subsuelo, y que han sido detectados mediante estudios realizados por algunas dependencias de la administración pública federal.

Sin embargo, dados los resultados de estudios preeliminares de contaminación del subsuelo en el sitio, se concluye que tener que remediar para todo uso posible las 70 hectáreas a 9 metros de profundidad implica una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.

Aquí vale la pena hacer la aclaración de que la aplicabilidad de la norma, en el caso anterior, se refiere a la reducción del riesgo a la salud que conlleva la exposición a los contaminantes, sin considerar la instalación de sistemas de saneamiento u obras de ingeniería, que pudieran permitir concentraciones mayores, siempre que se demuestre que las vías de exposición se pueden minimizar con dichos sistemas y obras.

Para lograr minimizar los riesgos actualmente existentes, y según resultados de estudios realizados por Pemex, se considera que no es necesario lograr la remediación de todo el subsuelo a los niveles de la Norma 138 (de hidrocarburos totales para usos industriales para zonas habitacionales) sino que se pueden analizar alternativas como la sustitución de una capa importante de terreno por material sano e impermeable a una profundidad en que las emisiones gaseosas se vean reducidas a niveles aceptables, o bien, la instalación de filtros de grava, la colocación de barreras impermeables, zanjas permeables para captación y retiro de producto libre que aún se encuentre en el subsuelo y sistemas de captación de gases, entre otros.

Por lo anterior, tenemos que el costo de remediación puede implicar un monto de aproximadamente 100 millones de dólares, para lo cual Pemex se hará responsable de la estrategias y de todos los aspectos técnicos y económicos para todo este proceso de remediación del predio.

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004 emitió un acuerdo en el que se exhorta a las autoridades federales y del Gobierno del Distrito Federal para que garanticen el destino de la totalidad del predio que ocupó la refinería 18 de Marzo de Pemex, a un desarrollo ecológico, ambiental, recreativo y cultural, prohibiendo expresamente cualquier otro proyecto, ya sea de tipo industrial, comercial y mucho menos habitacional.

Derivado de diversos estudios serios en la materia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) precisó que con un fondo inicial de 550 millones de pesos se financiarían las obras de la primera etapa de la construcción del parque ecológico.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, atendiendo a una visión social, ecológica y educativa, apoyamos que se destine el predio de la ex refinería 18 de Marzo a un desarrollo ecológico, con alcances mayores que propicien el desarrollo y disfrute de todos los habitantes de la ciudad de México y del interior de la república.

Derivado de todo lo anterior necesitamos pasar ya del plan maestro al proyecto ejecutivo y a la construcción del parque para avanzar lo antes posible con este ambicioso proyecto, del cual además hay similares experiencias afortunadas en otros países como Alemania, Holanda, Estados Unidos e incluso en nuestro país, como plaza Loreto y la fábrica de papel aquí, en el Distrito Federal, el Museo del Vidrio en Monterrey y el parque Fundidora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados que contemple en la elaboración del presupuesto anual para el ejercicio fiscal de 2007 una partida especial de 550 millones de pesos para iniciar la construcción del parque ecológico en la ex refinería 18 de Marzo en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal.

Recinto del Senado de la República, a 26 de octubre de 2006.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadores: Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos, Gabriela Aguilar García, Manuel Velasco Coello, Javier Orozco Gómez, Francisco Labastida Ochoa, Antonio Mejía Haro, Ramiro Hernández García, Carlos Lozano de la Torre, Jorge Mendoza Garza, Francisco Herrera León, Rosario Green Macías, María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presente.

Luis Alberto Villarreal García, senador de la República de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, le solicito atentamente que en uso de la facultad que confiere al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de dicho cuerpo colegiado, a que presenten el dictamen relativo a la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2 y se reforma el artículo 17, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.En los últimos años, el contrabando, se ha convertido en un problema de seguridad nacional, similar al narcotráfico. Experiencias en otros mercados indican que si las redes criminales que cometen este delito no son desarticuladas de manera simultánea a la confiscación de sus mercancías, los mecanismos de operación de prácticas ilegales quedan indemnes, pudiendo continuar con la comisión de este delito en cualquier momento, nulificando --en la práctica-- cualquier esfuerzo que realice el gobierno federal para combatir el ingreso de mercancías ilegales y la implementación de cuotas compensatorias pierde efectividad.

Las cifras presentadas por medios especializados indican que entre 1994 y el año 2002 se perdieron más de 1,265 establecimientos manufactureros, en nuestro país. Las cifras de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI indican que entre los años 1999 y 2003 el sector manufacturero de transformación perdió más de 156 mil empleos como consecuencia del contrabando de productos ilegales.

Para darnos una idea más clara, un estudio realizado por el Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) acerca de la piratería y el contrabando, estima que se dejan de pagar más de 10,500 millones de pesos de IVA, y otros 1,400 millones de pesos por concepto de ISR, cada año. A esto hay que agregar que quienes se dedican a esta ilegal industria tampoco pagan derechos sobre marcas, o IMSS, para quienes contratan personal y no los dan de alta.

Segunda.El 10 de diciembre de 2002, los entonces senadores Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada, presentaron ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2 y se reforma el artículo 17, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyo objeto consiste en considerar al contrabando como uno de lo supuestos de la delincuencia organizada, a efecto de que en su detección y combate la autoridad cuente con los mecanismos que le permitan actuar de manera eficaz y oportuna. El 11 del mes citado, el Senado de la República remitió a esa honorable Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que se menciona.

Tercera.Se considera de suma importancia la aprobación de esta iniciativa por la necesidad de incluir el delito de contrabando en el referido ordenamiento legal, para que, en su combate, las autoridades cuenten con los mecanismos de investigación que tiene la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Se considera oportuna la reforma que propone la minuta en comento, porque con ello se reconoce y establece que el contrabando constituye un delito federal que puede ser cometido no sólo por la delincuencia común, sino también por la delincuencia organizada. De ahí que es pertinente que, de ser el caso, dicho delito pueda ser investigado, perseguido y sancionado bajo un régimen jurídico especial, y no el meramente tradicional.

Cuarta. Es preciso señalar que ya transcurrieron casi cuatro años desde que el Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados, sin que a la fecha se haya presentado el dictamen respectivo al Pleno de la colegisladora, situación que incumple con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que establece que toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que haya recibido los negocios de su competencia.

Señor Presidente: por lo antes expuesto, el suscrito senador, de la manera más atenta le solicita dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único.Se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios a que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 2 y se reforma el artículo 17, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por los senadores Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada, el 10 de diciembre de 2002, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de octubre de 2006.--- Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Guerrero acuerdo por el que se exhorta a que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se destinen los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo.--- LVIII Legisltatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que se emite exhorto a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad. Aprobado en sesión celebrada el día martes 10 de octubre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a jueves 12 de octubre de 2006.--- Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legisltatura.--- Guerrero.

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 10 de octubre del 2006, los ciudadanos diputados Fermín Gerardo Alvarado Arroyo y María de Lourdes Ramírez Terán, presentaron la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad, en los siguientes términos:

``Que el turismo constituye la columna vertebral de la economía estatal y contribuye en el impacto a otros renglones como la agricultura, pesca, ganadería y servicios.

Que Acapulco, como motor turístico del estado, arrancó como destino de playa, fundamentalmente, en los años cuarenta, dotando, no sólo a nuestro estado, sino a México entero, de una promoción internacional, que se ha confirmado en el transcurso del tiempo, hasta convertirlo en el segundo destino de preferencia nacional.

Que aún con las espléndidas bondades que como destino turístico ofrece Acapulco al mundo entero, padece graves insuficiencias de desarrollo, pues en tanto que el Acapulco tradicional y su zona poniente, además de tener la mejor puesta del sol en el mundo y conectar con la Costa Grande de Guerrero, ha sufrido un afrentoso olvido por décadas, pues, tan solo por citar un caso, esta zona no cuenta siquiera con un centro hospitalario que garantice el derecho a la atención de la salud, que consagran nuestros ordenamientos básicos.

Que esta circunstancia de falta de distribución de un desarrollo armónico, acusa una irresponsable y desarticulada política de desarrollo urbano en sus tres niveles, circunstancia que el mismo Programa Sectorial de Turismo, acepta, pues al referirse a nuestro paradisíaco puerto, delata que éste ``enfrenta problemas que le restan competitividad en materia de imagen urbana, transporte público, vialidades, medio ambiente, recolección y confinación de desechos sólidos, plantas de tratamiento, drenaje y alcantarillado, autopista en condiciones lamentables con alto costo de peaje y problemas de seguridad pública''.

Que en el proyecto del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, presentado a esta alta soberanía, por el titular de la administración pública, se insistió en aplicar sendos recursos a destinos turísticos como Acapulco, al anunciar que, los recursos de los guerrerenses servirían, entre otros, para ``fortalecer al sector turismo principal fuente de empleo y mantener y ampliar la infraestructura básica...''

Que en los objetivos y acciones para el desarrollo del estado, el Ejecutivo ha establecido como uno de los grandes ejes, el desarrollo turístico de la Costa Grande.

Que no obstante las anteriores definiciones, no se apreció en el presupuesto del gobierno del estado 2005, ni en el del 2006, ningún recurso orientado a iniciar el proyecto de ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta, ni ningún esfuerzo de gestión oficial con ese propósito.

Que es sorprendente que el Ejecutivo estatal reconozca, en entrevista radiofónica reciente, que, incluso, no existe el proyecto de esta obra, lo que en otras palabras significa, el tácito reconocimiento de que su gobierno, no la ha estimado como prioritaria.

Que el propio Ejecutivo del estado ha dicho que esa obra entraña un alto costo, pero no dice la cantidad exacta de la misma y que, por ello, para él, es más factible la construcción de la carretera periférica, pero de cuota, lo que significaría que los acapulqueños tendrían que pagar diariamente varias decenas de pesos por su uso, claro, una vez construida, por que, aún, esta carretera de cuota no se ha retomado oficialmente, ni hay fecha formal para ello.

Que, pese a que el Congreso de la Unión, en años inmediatos anteriores, para equilibrar estas incongruentes políticas discriminatorias, ha destinado, millonarios recursos para la construcción de la vialidad Mozimba-Pie de la Cuesta; estos nunca han llegado, por que los operadores de los recursos federales, han privilegiado mantener una terca y errática política, postergando con ello, el alivio a las necesidades en materia de infraestructura y servicios que han reclamado sin éxito, amplios sectores poblacionales, a los que se ha venido viendo como ciudadanos de segunda o de tercera.

Que esta Legislatura, consciente de la extrema necesidad --como lo planteara el genio visionario de Morelos-- de moderar la opulencia y la indigencia, equilibrando el desarrollo urbano de Acapulco, y pugnando por la construcción de la carretera de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, hace suyo, el primer propósito consignado por el Plan de Desarrollo Municipal de Acapulco, en el sentido de construir un ``gobierno local alerta a la voz social de Acapulco, apoyado en la planeación estratégica del desarrollo''.

Por lo anteriormente expuesto, estimamos de vital necesidad, exhortar al Ejecutivo federal y estatal y al H. Ayuntamiento municipal de Acapulco, Gro. a que programen para el ejercicio fiscal 2007, como un asunto de alta prioridad, la construcción de la carretera de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, y que informen, a la brevedad posible, de manera clara y dentro de los parámetros democráticos que inspiran la rendición y transparencia de cuentas, el costo exacto que tendría la obra y el monto que se destinará para este propósito en el Presupuesto de Egresos 2007.''

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 10 de octubre del 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por los ciudadanos diputados Fermín Gerardo Alvarado Arroyo y María de Lourdes Ramírez Terán.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 8, fracción I, y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. Se emite exhorto a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinen los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad.

Segundo.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de Guerrero, para que haga llegar a esta soberanía, el proyecto y monto del costo de la construcción de la carretera de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, así como el monto de los recursos etiquetados en el Presupuesto 2007, y autorice la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la Comisión correspondiente, para que explique el proyecto, las estrategias e impacto social de esta obra.

Tercero.Se exhorta al honorable Ayuntamiento de Acapulco, para que en la elaboración de su programa de obras del 2007, contemple la concurrencia financiera procedente para la construcción de la carretera de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta.

Transitorios

Artículo Primero.El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Artículo Segundo.Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al honorable Congreso de la Unión y a los titulares de la administración pública federal, estatal y municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Artículo Tercero.Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del gobierno del estado y en dos diarios de circulación estatal.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los diez días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Juan José Francisco Rodríguez Otero (rúbrica), Presidente; Diputado Marcos Salazar Rodríguez (rúbrica), Secretario; Diputado Sergio Dolores Flores (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Pido respetuosamente a los señores de los medios que pasen a ocupar sus lugares.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Honorable Asamblea: con fecha 26 de septiembre se recibió oficio del diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, donde se solicita a esta Presidencia, en términos generales, velar por el fuero constitucional de compañeros legisladores que acuden al estado de Oaxaca con el propósito de sostener reuniones de trabajo con diversos sectores de la sociedad oaxaqueña y que, en virtud de los incidentes de violencia suscitados el domingo 24 de septiembre, solicitan el apoyo a efecto de llevar a cabo las tareas encomendadas a su cargo de diputados federales.

Ante esa solicitud, la Presidencia de la Mesa Directiva giró, con fecha 28 de septiembre, oficio al licenciado Ulises Ruiz Ortiz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, donde, con fundamento en los artículos 61 y 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó de la manera más atenta que se tomaran las medidas necesarias para que los legisladores que visitan el estado de Oaxaca pudieran atender diversas demandas ciudadanas con las consideraciones relativas a su cargo.

El oficio LXIPMD/30/2006 se envió por mensajería el día 29 de septiembre a las oficinas del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, donde se negaron a recibir la correspondencia de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La compañía mensajera lo hizo del conocimiento remitiendo el sobre original el día 26 de octubre del presente año a través de la Oficialía de Partes.

Lo anterior lo hago del conocimiento de la Asamblea, dando cumplimiento a la petición del diputado Alejandro Chanona Burguete, cumpliendo así con las responsabilidades que me confiere el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General.

En el apartado de iniciativas tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Cabildeo. Me informan que se pospone su presentación.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación.

El diputado Humberto Dávila Esquivel:Buenos días, compañeros y compañeras diputadas; con el permiso de la Presidencia: durante el periodo de los años sesenta se comenzó a cuestionar el modelo de crecimiento establecido y se evidenció el impacto que sobre el medio ambiente el ser humano estaba provocando; es por esto que se empieza a realizar una nueva lectura del medio en que está inmerso y una nueva manera de ver e interpretar el mundo; una nueva percepción de la correlación ser humano-sociedad-ambiente va abriéndose paso.

Se ha comprobado en varios países que una de las maneras más eficientes para proteger el ambiente es a través de la educación y no con la imposición de sanciones más rígidas. La relación entre educación y medio ambiente no es nueva; sin embargo, la novedad que aporta la educación sobre el medio ambiente es que éste es el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas, que sin él no podríamos vivir y su menoscabo afecta de manera directa a la sociedad en su conjunto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o. garantiza el derecho que todos los mexicanos tienen a recibir educación, aún cuando se plantea en la fracción II, inciso b), que el criterio que orienta a la educación es atender a la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos; sin embargo, no se hace mención explícita de la necesidad de que la educación fomente el respeto y protección de la naturaleza como medida preventiva para su uso adecuado.

La Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, no le dio la importancia debida a la protección del ambiente a través de su instrumento, que es el de la educación, ya que sólo hace mención sobre el ambiente en el artículo 7o., en cuyo inciso XI), donde plantea como fin de la educación hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del medio ambiente, pero no establece el criterio para llegar a este fin.

Tanto nuestra Constitución Política como la Ley General de Educación sólo nos indican los fines que tendrá la educación; pero en materia ambiental no señala el criterio a seguir para llegar al fin planteado; es por eso que considero importante establecer el criterio que oriente a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados imparten, encaminado a los fines establecidos en relación con el ambiente, ya que sólo si se constituye como medio para elevar la conciencia ecológica de la población se podrán consolidar los esquemas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que el país necesita y la protección de éstos.

Como criterio rector de la educación, la protección al ambiente debe ser parte integral para la formación cultural de la niñez y la juventud, fortaleciendo la conciencia ecológica para la prevención de delito y de problemas ambientales a través de los instrumentos que el Estado brinde para que los ciudadanos construyan valores y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientadas a la defensa y comprensión del ambiente para prever problemas y garantizar una mejor vida a los habitantes del país, a través del desarrollo sustentable de los recursos del país. Debemos darle la importancia que esto merece.

Es por las razones expuestas que se somete a la consideración de la honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de reforma y, por último, señor Presidente, solicito se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Compañeras diputados, señor Presidente, por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario del PNA

Humberto Dávila Esquivel, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Mónica Arriola Gordillo, Manuel Cárdenas Fonseca, Ariel Castillo Nájera, Jacinto Gómez Pasillas, Blanca Luna Becerril, Silvia Luna Rodríguez e Irma Piñeyro Arias, diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa, que reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene el propósito de adicionar una fracción IV al artículo 8 de la Ley General de Educación, para considerar criterio rector de la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan y promuevan una actitud de fomento de las prácticas de respeto entre la relación ser humano-sociedad-medio ambiente, creando los instrumentos mediante los cuales el educando y la ciudadanía construyan valores, y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientados a la defensa y la comprensión del medio ambiente, teniendo como fin la prevención de problemas ambientales para garantizar una sana calidad de vida y un desarrollo sustentable de los recursos del país.

Antecedentes

En los años sesenta se comenzó a cuestionar el modelo de crecimiento establecido y se evidenció el impacto que en el ambiente el ser humano estaba provocando. Por eso se empieza a realizar una nueva lectura del medio en que se está inmerso y una nueva manera de ver e interpretar el mundo, una nueva percepción de la correlación ser humano-sociedad-medio ambiente va abriéndose paso.

La comisión de ilícitos y los problemas ambientales que de éstos se derivan no se impiden o reprimen exclusivamente regulando o previendo sanciones más severas sino por el conjunto de medidas interinstitucionales que, a partir del texto legal que como Poder Legislativo estamos obligados a emitir, deben orientarse a la elaboración de programas, estrategias y acciones específicas para la capacitación, prevención, y sostenida conservación de nuestros recursos naturales. Por eso a lo largo de estos años se ha planteado la necesidad de adoptar medidas educativas para frenar el creciente deterioro del planeta.

Se ha comprobado en varios países que una de las maneras más eficientes de proteger el medio ambiente es la educación, y no la imposición de sanciones más rígidas. Las relaciones entre educación y ambiente no son nuevas; sin embargo, la novedad que aporta la educación sobre el medio ambiente es que éste es el entorno o suma total de lo que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas, y que sin él no podríamos vivir y su menoscabo afecta de manera directa a la sociedad en su conjunto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., garantiza el derecho que todos los mexicanos tienen a recibir educación. Aun cuando se plantea que el criterio que orienta la educación es atender a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos (...), no se hace mención explícita de la necesidad de que la educación fomente el respeto y la protección de la naturaleza como medida preventiva para un aprovechamiento sustentable.

La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 no dio la importancia debida a la protección del ambiente a través de su instrumento que es la educación, ya que sólo hace mención sobre el ambiente en el artículo 7o., en cuyo inciso XI plantea como fin de la educación ``hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente''. Pero no establece el criterio para llegar a este fin.

Un fin, tomando su acepción más simple ``es el objeto o motivo con que se ejecuta algo'',1 y el criterio es entendido como el juicio, discernimiento o lineamiento sobre una cosa con un fin.

Tanto nuestra Constitución Política como la Ley General de Educación nos indican los fines que tendrá la educación, pero en materia ambiental no nos señalan el criterio a seguir para llegar al fin planteado.

Por ello considero importante establecer el criterio que oriente la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, encaminado a los fines establecidos en relación con el ambiente, ya que sólo si se constituye como un medio para elevar la conciencia ecológica de la población se podrán consolidar los esquemas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que el país necesita y la protección de éstos.

Como criterio rector de la educación, la protección del ambiente debe ser parte integral para la formación cultural de la niñez y la juventud, fortaleciendo la conciencia ecológica para la prevención del delito y de problemas ambientales, a través de los instrumentos que el Estado brinde para que los ciudadanos construyan valores, y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientados a la defensa y comprensión del ambiente para prever problemas y garantizar una mejor vida a los habitantes del país a través del desarrollo sustentable de los recursos del país.

Debe ser nacional para que se puedan coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental de todos los educandos y enseñar el beneficio que trae el uso sustentable de los recursos naturales para que esto derive en su entendimiento y protección.

El Estado y sus organismos descentralizados como promotores de la educación deben estar obligados a contribuir con la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural en todos nuestros educandos, incluyendo los contenidos ambientales en los planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación.

Debemos dar la importancia que esto merece. Por las razones expuestas se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el articulo 8 de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a III. ...; y

IV. Promoverá una actitud de fomento de las prácticas de respeto entre la relación ser humano-sociedad-medio ambiente, creando los instrumentos mediante los cuales el educando y la ciudadanía construyan valores, y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientados a la defensa y comprensión del ambiente teniendo como fin la prevención de problemas ambientales para garantizar una sana calidad de vida y un desarrollo sustentable de los recursos del país.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, página web http://www.rae.es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de octubre de 2006.--- Diputados: Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Mónica Arriola Gordillo (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez, Irma Piñeyro Arias.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La iniciativa inscrita por la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, se pospone. La iniciativa inscrita también por la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, se pospone.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el apartado de dictámenes de primera lectura; el siguiente punto del orden del día es dictámenes de primera lectura de la Comisión de Gobernación, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea

En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de Malasia en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 24 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Malasia, en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional, y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, lo siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Cecilia Ruiz Herrera, para prestar servicios como asistente administrativo/recepcionista de la Sección Comercial, en la Embajada de Malasia en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Jurado Avilés, para prestar servicios como chofer de la Sección Comercial, en la Embajada de Malasia en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2006.

Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello, Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea

En oficio fechado el 17 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ivette Tapia Saldaña, Ana Patricia Santos Vidal, Gema Jiménez O'Farrill Tirado, Mónica del Socorro Lemus Presbítero, Karla Haydee Gómez Carrasco, Raúl René Yáñez, Fernando Antonio Salido Manzo, Mónica Anel Montaño Mendoza, Alejandra Becerra Ortega, Aarón Cortinas Sánchez, Alma Laura Martínez Cisneros, Jorge Rosado Coronado, Alella Cruz Jiménez y Virginia Ayala Flores, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 24 de octubre de 2006, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al Gobierno de los Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Ivette Tapia Saldaña, para prestar servicios como secretaria subcajera en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.-Se concede permiso a la ciudadana Ana Patricia Santos Vidal, para prestar servicios como secretaria en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.-Se concede permiso a la ciudadana Gema Jiménez Q'Farrill Tirado, para prestar servicios como asistente de entrenamiento en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.-Se concede permiso a la ciudadana Mónica del Socorro Lemus Presbítero, para prestar servicios como secretaria en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto.-Se concede permiso a la ciudadana Karla Haydee Gómez Carrasco, para prestar servicios como cajera, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto.-Se concede permiso al ciudadano Raúl René Yáñez, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Séptimo.-Se concede permiso al ciudadano Fernando Antonio Salido Manzo, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Octavo.-Se concede permiso a la ciudadana Mónica Anel Montaño Mendoza, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Noveno.-Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Becerra Ortega, para prestar servicios como recepcionista/operador de teléfono, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Décimo.- Se concede permiso al ciudadano Aarón Cortinas Sánchez, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Décimo Primero.-Se concede permiso a la ciudadana Alma Laura Martínez Cisneros, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Décimo Segundo.-Se concede permiso al ciudadano Jorge Rosado Coronado, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Décimo Tercero.-Se concede permiso a la ciudadana Alella Cruz Jiménez, para prestar servicios como empleada del Departamento de Ciudadanía, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Décimo Cuarto.-Se concede permiso a la ciudadana Virginia Ayala Flores, para prestar servicios como empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 25 de octubre de 2006.

Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello, Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto; pero, permítame, antes de eso, Secretario.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está abierto todavía el registro.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 432 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia tendrán hasta 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe la Secretaría.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés para prestar servicios en la Embajada de Malasia en México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; no habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no hay ningún artículo reservado en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ivette Tapia Saldaña, Ana Patricia Santos Vidal, Gema Jiménez O'Farril Tirado, Mónica del Socorro Lemus Presbítero, Karla Haydée Gómez Carrasco, Raúl René Yáñez, Fernando Antonio Salido Manzo, Mónica Anel Montaño Mendoza, Alejandra Becerra Ortega, Aarón Cortinas Sánchez, Alma Laura Martínez Cisneros, Jorge Rosado Coronado, Alella Cruz Jiménez y Virginia Ayala Flores para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): Señor Presidente; señores diputados: no me opongo al dictamen que permite a mexicanos trabajar en embajadas extranjeras, pero sí creo que tenemos que poner un límite, especialmente en las que se refieren a los que trabajan en la Embajada de Estados Unidos, porque ésta es una forma también de estar penetrando en los asuntos internos de México.

Creo que esta Cámara debe poner cuando menos un límite al número de mexicanos que puedan trabajar en las embajadas extranjeras, particularmente en la de Estados Unidos; gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma nota de su opinión, diputado; en todo caso hay un derecho al trabajo.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular se va proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior; ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Damos el más cordial saludo al grupo de profesores que nos visitan de los municipios de Tecolutla y Gutiérrez Zamora. Bienvenidos.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema de votación electrónica; de viva voz:

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Elizondo Garrido(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich(desde la curul): A favor.

El diputado Ernesto Ruiz Velasco de Lira(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Alberto Salazar Madera(desde la curul): A favor.

El diputado Adrián Fernández Cabrera(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Madrazo Limón(desde la curul): A favor.

El diputado Tomás del Toro del Villar (desde la curul): A favor.

El diputado Apolonio Méndez Meneses(desde la curul): A favor

El diputado Osiel Castro de la Rosa(desde la curul): A favor

La diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez (desde la curul): En pro.

El diputado Marcos Salas Contreras (desde la curul): En pro.

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García(desde la curul): En pro.

El diputado Luis Xavier Maawad Robert (desde la curul): A favor.

El diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri(desde la curul): A favor

El diputado René Lezama Aradillas (desde la curul): A favor.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero (desde la curul): A favor.

La diputada María Esperanza Morelos Borja (desde la curul): A favor.

El diputado David Maldonado González(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio (desde la curul): A favor

La diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez(desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Macías Zambrano(desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rivero Rivero(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Flores Grande(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Narcia Álvarez(desde la curul): A favor.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz(desde la curul): A favor.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas(desde la curul): En pro.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): En pro.

El diputado Silvano Garay Ulloa(desde la curul): A favor.

El diputado Abundio Peregrino García (desde la curul): A favor.

El diputado Joaquín Humberto Vela González (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Aguirre Alcaide(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez(desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Hernández Silva (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Saavedra Coronel(desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez(desde la curul): A favor.

La diputada María Oralia Vega Ortiz(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alonso Mejía García(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco(desde la curul): A favor.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho (desde la curul): En pro.

El diputado Sergio González García(desde la curul): En pro.

La diputada Areli Madrid Tovilla(desde la curul): A favor.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale(desde la curul): A favor.

La diputada María Dolores González Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Armendáriz García(desde la curul): A favor.

La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera(desde la curul): A favor.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se emitieron 356 votos en pro, cero en contra y 44 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados por 356 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a que solicite licencia o renuncie a su cargo.

El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No vamos a dar lectura al punto de acuerdo porque lo hará el proponente. Consulte la Secretaría a la Asamblea si acepta que se altere el orden del día.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. En consecuencia tiene la palabra el diputado Javier González Garza para presentar proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a que solicite licencia o renuncie a su cargo.

El diputado Javier González Garza:Compañeras y compañeros; gracias, señor Presidente: el asunto de Oaxaca, estado de la República que hoy vive una situación de excepción y que el Senado de la República, dentro de sus funciones abordó; el Senado de la Repúblicallegó a una conclusión y dijo que existe ingobernabilidad en el estado. Desde que el Senado de la Repúblicahizo esta declaración se han sucedido una serie de hechos concretos.

La propuesta es realmente muy sencilla, es un exhorto; yo sé que los exhortos al gobernador Ulises Ruiz pueden ser absolutamente desdeñados por el señor; acabamos de escuchar hace un momento al Presidente de esta Cámara, de la Mesa Directiva de esta Cámara, que nos informó que el documento enviado por esta Presidencia al gobernador Ulises Ruiz, como resultado de un acuerdo de esta Cámara de Diputados, no fue recibida por el gobernador. De ese nivel estamos hablando. Entonces, el punto de acuerdo dice lo siguiente:

«Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para exhortar al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a solicitar licencia o renunciar a su cargo.

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de 162 días de conflicto y derivado de los acontecimientos de los últimos días y horas, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a presentar licencia o renunciar a su cargo, con la finalidad de contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en dicha entidad federativa.

Segundo. Una vez atendido el presente exhorto, la Cámara de Diputados llama a todos los actores políticos y sociales a retornar a la normalidad para una solución pacifica al conflicto y evitar cualquier acto de violencia en el estado de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de octubre de 2006.--- Diputados: Javier González Garza, Héctor Larios Córdova, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Marina Arvizu Rivas (rúbricas).»

Por su atención, muchísimas gracias.

Sabemos que después de esto vamos a discutir el problema de Oaxaca. Tenemos una solicitud a la propia Mesa Directiva para abrir el punto de discusión a la una de la tarde; pero por lo pronto sometemos a la consideración de todos ustedes la aprobación de urgente y obvia resolución de este punto de acuerdo. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Javier González Garza.

Como ha sido solicitado, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición...

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de obvia y urgente resolución. En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Héctor Larios Córdova:Con el permiso de la Presidencia: en primer lugar, me parece importante y oportuno puntualizar que el día de ayer ha intervenido la Policía Federal Preventiva, de conformidad con lo que establece el artículo 119 constitucional, a solicitud, por escrito, del gobernador y del Congreso del Estado; y lo ha hecho con un solo propósito intervenir para proteger a la población de la acción de los grupos radicales de todos los bandos; no lo han hecho para favorecer o para perjudicar algunas de las partes en conflicto. El conflicto permanece, lo que se ha hecho es controlar o restablecer el control de algunas zonas de la ciudad de Oaxaca.

Vale pena también resaltar que ésta es una operación de la fuerza pública que ha actuado de manera muy pulcra y de la interacción de las fuerzas del orden con quienes se manifestaban en contra no ha surgido una sola víctima. Sí ha habido heridos; sí, ha habido lastimados, y éstos lastimados han estado del lado de las fuerzas del orden; hay tres policías federales preventivos con lesiones severas porque recibieron bombas molotov en la cara y hay cuatro que están también con lesiones por motivo de piedras, tubos o algunas otras armas que los manifestantes empuñaron.

Me parece que hay que resaltar la disciplina, el orden y la entrega de las fuerzas públicas y que, en un operativo verdaderamente complicado, han podido restablecer el orden, sin que de esta interacción haya surgido una sola víctima por parte de los manifestantes.

Vale la pena también reflexionar sobre el derecho de todos los mexicanos a manifestarse, a manifestar sus ideas, pero siempre con el límite de no afectar a terceros. Quizá lo que más se pueda celebrar en este momento es que se abre una luz de esperanza para miles de oaxaqueños que en el transcurso de este conflicto perdieron su trabajo, porque el negocio donde trabajaban cerró a consecuencia de todas estas manifestaciones; hoy se les abre una luz de esperanza de recuperar su empleo, de recuperar el ingreso familiar y la vida de sus familias. Celebrar también que hoy día se están abriendo la mayoría de las escuelas en Oaxaca y que millones de niños, que durante cinco meses no han podido asistir a clases, en un tiempo que no puede reponerse, podrán hacerlo a partir de ya. También celebrar que, con este restablecimiento del orden no habrá nuevas víctimas; como sucedió el viernes, además de los tres agredidos y muertos por balazos, y de los 30 lesionados; una mujer que se trasladaba en ambulancia al hospital no pudo llegar a consecuencia de las barricadas, y falleció dentro de la ambulancia.

Debe de quedar claro que el problema no está resuelto, que la mesa de negociación tiene que restablecerse, que existe --si no mayoritario-- un amplio sector de la población de Oaxaca que tiene aún demandas que no han sido satisfechas, y también es claro que es difícil, muy difícil, que por varias acciones pueda restablecerse el gobierno por parte del gobernador actual.

Por ello, el Partido Acción Nacional insistió en el Senado en que, si bien es cierto que no podría declararse la desaparición de poderes, porque la Constitución y la ley reglamentaria son precisas y claras y establecen que deben haber desaparecido los tres poderes, sí plasmó en el dictamen que hay una situación de ingobernabilidad en el estado y que también es muy poco probable que el actual gobernador pueda ejercer el gobierno del estado. Por ello, con el ánimo de contribuir al restablecimiento total del orden, de la normalidad, el grupo del PAN se suma a este punto de acuerdo para exhortar de manera decidida y enérgica al gobernador del estado de Oaxaca a solicitar licencia o a presentar su renuncia al cargo.

Ésta es la hora de Oaxaca, es la hora de hacer realidad las ofertas que todos los candidatos hacemos en campaña. En el fondo manifestamos buscar cargos públicos en beneficio de nuestro estado. Hoy día, hay manera de acreditarlo, no solamente por el caso del gobernador del estado de Oaxaca, sino también por los ciudadanos de la APPO, por los maestros que aún se resisten a regresar a clases.

Es la hora de manifestar el amor por Oaxaca; es la hora de ceder, es la hora de construir acuerdos en una mesa de negociación y es la hora también de manifestar libremente las ideas, sin afectar los derechos de otros. Por ello, el PAN, el grupo de Acción Nacional, se suma a favor de este punto de acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Héctor Larios. No habiendo más oradores, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición; los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo; comuníquese.

COLEGIO DE BACHILLERES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Educación Pública que aplique la nivelación salarial a los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Comento a ustedes que a la una de la tarde se suspenderá el capítulo de puntos de acuerdo para entrar al capítulo de agenda política; si algún diputado que tiene inscrito algún punto de acuerdo quisiera que se turne a alguna de las comisiones, porque el tiempo no ajustará, le pediría que lo comunique aquí a la Secretaría.

El diputado Javier González Garza:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: se trata de un asunto relativo a la falta de cumplimiento de acuerdos salariales en el Colegio de Bachilleres.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SEP que aplique el programa de nivelación salarial aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

El suscrito diputado federal Javier González Garza integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. En apego al artículo 74, fracción IV y el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorgó una adecuación presupuestal que, en el caso específico de la Secretaría de Educación Pública significó un incremento neto de aproximadamente 7 mil 578 millones de pesos, y en especial un incremento de 228 millones de pesos, como programa de nivelación salarial del personal del Colegio de Bachilleres y quedó asentada en el anexo 19, Reasignación de Gasto 2005 del mismo decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2005.

Segundo. De manera expresa, el decreto de egresos correspondiente a 2006, publicado el 22 de diciembre de 2005 asignó nuevamente una partida para la nivelación salarial de los trabajadores del Colegio de Bachilleres por 237 millones de pesos.

No obstante el mandato expreso de esta cámara y que la asignación presupuestal fue hecha con en consenso de la secretarias de hacienda, educación publica y trabajo, además de ser aprobada de manera unánime por esta soberanía, la secretaria de educación publica ha evadido su cumplimiento. No se trata de nuevos recursos; se trata de que ya está aprobado por todo mundo, por las instancias competentes y resulta que no paga la Secretaría de Educación Pública.

Tercera. A la fecha, la Secretaría de Educación Pública, pretende llevar a cabo un programa de homologación de los trabajadores del Colegio de Bachilleres con el sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, DGETI, proyecto que incumple el mandato del decreto de Egresos de 2005 y de 2006.

La intervención de esta Cámara para establecer un programa de nivelación salarial tuvo como objetivo terminar con la condición discriminatoria en que prestan sus servicios los trabajadores de lo Colegios de Bachilleres.

Cuarta. La Secretaría de Educación Pública pretende aplicar un programa que ahonda las desigualdades entre los trabajadores de los Colegios de Bachilleres al dejar fuera de cualquier beneficio a más del cincuenta por ciento de ellos.

Quinta. En protesta, los trabajadores han desarrollado un movimiento que actualmente tiene paralizados casi 500 planteles en el país de los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas, estado de México, Tabasco y están en vías de paralizarse Morelos, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Tlaxcala, Chiapas y Distrito Federal.

La falta de sensibilidad del gobierno federal y en especial del señor Reyes Tamez obligan a un pronunciamiento de esta Cámara en busca de que lo aquí legislado no sea letra muerta para el Ejecutivo.

Sexta. Toda vez que dichos recursos, insisto, fueron aprobados como un programa de nivelación salarial es evidente que la Secretaría de Educación Pública ha violentado la normatividad señalada no solo en materia presupuestaria, sino también en materia laboral al no dar continuidad a este incremento, y han omitido el cumplimiento de los asuntos de su competencia y que al omitir considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 2006 han afectado los derechos laborales de los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita al secretario de Educación Pública la aplicación inmediata del programa de nivelación salarial aprobado por esta cámara para los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita que la solución de este conflicto no se dé por la vía de la represión, la intimidación y el engaño, sino por el cabal cumplimiento de la ley y el respeto a los trabajadores y su lucha dignificadota.

Diputado Javier González Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Javier González Garza. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión. Ha pedido la palabra el diputado Juan de Dios Castro, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre este tema.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz:Con el permiso de la Presidencia: Acción Nacional sube a esta tribuna para manifestar su adhesión al pronunciamiento hecho por el compañero coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, vale la pena hacer y compartir algunas consideraciones que tienen que ver con lo anteriormente expuesto.

Primero: el recurso que se estimó en el Presupuesto de Egresos del 2006 tiene como figura la de subsidio, y vale reconocer también que el patrón de los trabajadores del Colegios de Bachilleres son los gobiernos de los estados; sin embargo, no desestimamos el incremento que, de manera sustancial, se ha presentado en el presupuesto, que en el 2001 en el ramo de educación era de 97 mil millones de pesos, y ahora, en 2006, representa un egreso aprobado de 137 millones de pesos.

Por supuesto que también invitamos a la reflexión legislativa para que busquemos formas no nada más de distribuir el gasto, sino de generar mayor ingreso; no hablemos nada más de dar más dinero a los trabajadores de la educación, que por supuesto lo necesitan, sino cómo hacer la cobija del ingreso del presupuesto más grande para paliar las grandes necesidades que se van a presentar en el presupuesto en diciembre de este año.

Estamos a favor, señores diputados, pero también esperemos que los criterios de nivelación y homologación no abusen y vayan respetando las zonas de vida cara, como es la zona tres y la zona dos, porque sería imposible y no alcanzaría el dinero si queremos nivelar a todos los trabajadores de la educación con la zona más cara del país. Señor Presidente, es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

COMISIONES DE COMUNICACIONES Y DE RELACIONES EXTERIORES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de comunicaciones hay una proposición de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política; dé lectura la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones oridinarias de Comunicaciones, y de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con las atribuciones que le confiere la ley, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la Asamblea el acuerdo para la integración de 39 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas, mismo que fue aprobado en la sesión del 29 de septiembre del presente.

Segunda. Que para la integración de las comisiones a las que se refiere el acuerdo citado, la Junta de Coordinación Política consideró la pluralidad partidista representada en la Cámara y formuló las propuestas, procurando incorporar en cada comisión, diputados de todos los grupos parlamentarios.

Tercera. Que derivado de lo anterior la Comisión de Comunicaciones quedó integrada por 12 diputados del PAN, ocho diputados del PRD, siete diputados del PRI, un diputado del Partido Verde Ecologista de México y un diputado de Nueva Alianza.

Por lo que toca a la Comisión de Relaciones Exteriores, ésta se configuró por 12 diputados del PAN, ocho diputados del PRD, siete diputados del PRI, un diputado de Convergencia, un diputado del Partido del Trabajo y un diputado de Nueva Alianza.

Cuarta. Que este órgano de gobierno, en el ánimo de contribuir al atinado y eficiente trabajo de los órganos legislativos considera pertinente impulsar la participación, en lo conducente, de los grupos parlamentarios al interior de las comisiones; por lo que, con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39, 40 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias de Comunicaciones, y de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura.

Primero. Se modifica la proporcionalidad en la integración de las Comisiones ordinarias de Comunicaciones y de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura, para quedar como sigue:

Comisión de Comunicaciones: 12 diputados del PAN, nueve diputados del PRD, siete diputados del PRI, un diputado del Partido Verde Ecologista de México y un diputado de Nueva Alianza.

Comisión de Relaciones Exteriores: 12 diputados del PAN, siete diputados del PRD, siete diputados del PRI, un diputado del Partido Verde Ecologista de México, un diputado de Convergencia, un diputado del Partido del Trabajo y un diputado de Nueva Alianza.

Segundo. Se realizarán los siguientes movimientos.

El diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática causa baja como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

La diputada Érika Larregi Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México causa alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática causa alta como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), coordinador del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica); coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en contra; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa Social Demócrata Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Rosario Ortiz Magallón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo en relación con la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón:Con su permiso, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar mediante la STPS a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para revisar y adecuar el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La reciente explosión del buque tanque amarrado en el muelle de abastecimiento adyacente al complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, no sólo ha sido una tragedia humana que ha sacudido a esa localidad, generando un clima de tensión entre sus habitantes. También vuelve a sacudir la conciencia nacional sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores.

Lejos de ser acontecimientos debidos al infortunio, la seguridad de los trabajadores se mantiene en vilo. Las autoridades y los patrones son omisos ante sus atribuciones y obligaciones hacia la seguridad y la salud de los trabajadores. Tan sólo en Petróleos Mexicanos ( Pemex) el número de siniestros se ha incrementado en 37 por ciento durante el presente gobierno. El avance de la tecnología y de la previsión social debiera reflejarse en la reducción de estos riesgos y en el cuidado de la integridad física del trabajador, por encima del principio de la obtención de la máxima ganancia.

Así, los procesos de flexibilización del trabajo hacen cada vez más peligroso el desempeño de ciertas actividades. Por ejemplo, en Pemex ascendió a 10 mil el número de trabajadores de la paraestatal que laboran en forma irregular, al tiempo que el crecimiento de la empresa se basa en contratos con empresas privadas, propiedad de prestanombres de funcionarios y la nula intervención del sindicato en la supervisión de la seguridad de los operarios.

2. Un factor que debe atenderse es el normativo. El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, vigente desde enero de 1997, buscó ``simplificar'' el contenido reglamentario para ``evitar regulaciones excesivas''. El problema es que parte de esta desregulación hizo que las empresas dejaran de realizar acciones obligatorias conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Por ejemplo, el artículo 130 del reglamento establece que las empresas con menos de cien trabajadores no tengan que elaborar un diagnóstico y un programa de seguridad e higiene, bastando sólo hacer una relación de medidas preventivas en la materia, de acuerdo con la peligrosidad de las actividades que desarrollen. Esto constituye una excepción a lo establecido en el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo y un riesgo para 38 millones de trabajadores que no laboran en empresas grandes.

Consideramos que la revisión a este reglamento debe ser prioritaria; que ésta debe ser consensuada y objeto de una amplia consulta con los sectores de la producción así como con académicos y especialistas en el menor plazo posible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita, diputada federal, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputada Rosario Ortiz Magallón (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputada Ortiz Magallón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

GAS NATURAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo en relación con los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy.

El diputado Antonio Soto Sánchez:Con su permiso, señora Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la CFE las versiones finales de los contratos para suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy.

El suscrito, diputado federal Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente, los objetivos de la política energética mexicana han estado orientados a satisfacer localmente la demanda de combustibles primarios, tal como corresponde a un país dotado de abundantes yacimientos de hidrocarburos y que se había propuesto hacer de ellos una de las palancas fundamentales del desarrollo económico.

Por eso, llama la atención que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), el principal consumidor de gas y suministrador de electricidad en el país, haya acordado abastecer la generación de electricidad a través de la importación de gas natural licuado (GNL) antes que coordinar con Petróleos Mexicanos el aprovechamiento de los recursos gasíferos nacionales.

En octubre de 2003, la CFE asignó a Shell-Gas la entrega de una importante cantidad de gas natural proveniente de la planta de regasificación que esa empresa construía en el puerto de Altamira y que debió entrar en operación durante el presente mes de octubre; por otra parte, en enero de 2005 asignó a Sempra Energy la entrega de 235 millones de pies cúbicos diarios, proveniente de la planta Costa Azul que se construye en Baja California, y se espera que licite un tercer contrato para el suministro en la región occidental (Manzanillo, Colima). El gas llegaría a las costas mexicanas en forma de gas natural licuado y desde muy diversos orígenes.

Así, paradójicamente, el Estado mexicano será el principal cliente y, por ende, el promotor de los proyectos de importación de gas natural licuado en el país.

El consumo de gas natural en México ha sufrido una transformación radical en muy pocos años. Mientras que en 1995 la demanda de gas para la generación de electricidad representaba 27 por ciento del total, en 2005 se elevó hasta 60 por ciento, y las importaciones de este energético crecieron hasta alcanzar una proporción similar a casi una quinta parte del total de la demanda. En esta nueva circunstancia, la CFE decide importar gas natural licuado para asegurar y estabilizar los flujos del gas que alimentarán las centrales eléctricas de ciclo combinado que, en menos de una década, soportarán 45 por ciento de la generación de electricidad en el país.

Sin embargo, las prospectivas oficiales sobre el mercado de gas natural en México establecen que 2009 registrará el pico de extracción nacional, con 6 mil 956 millones de pies cúbicos diarios, lo que coincidirá con una importación de GNL hasta por 500 millones de pies cúbicos, que se agregarían a los mil 180 mmpcd que llegarían por ducto, frente a un consumo total (incluido el autoconsumo de Pemex) de 7 mil 303 mmpcd. De donde resulta una probable exportación de mil 335 millones de pies cúbicos, que no es comprensible en una planeación nacional que la Secretaría de Energía debe trazar con toda precisión para complementar los esfuerzos de la CFE y de Pemex en beneficio del país.

En este escenario, la incorporación del GNL en el mercado mexicano tendría que entenderse sólo como un complemento para las regiones inalcanzables por el sistema nacional de gasoductos o como válvula de alivio en situaciones críticas, pero no como un componente central de la oferta nacional.

Entonces, ¿cómo entender que la CFE esté estableciendo contratos de largo plazo para la importación masiva de gas desde distintas plantas de regasificación de GNL por situar en ambas costas mexicanas? ¿Qué efecto va a tener la importación de grandes cantidades de gas sobre el mercado nacional?

Los precios del gas en Estados Unidos son de los más altos en el mundo y su tendencia es a incrementarse en la medida en que se acentúe la declinación de las reservas estadounidenses. En esas circunstancias, las empresas que traerían el GNL a México probablemente no tendrán interés de aislarse de los precios que predominan al otro lado de la frontera.

El ingreso excesivo de gas natural licuado puede profundizar el desorden que priva en la política energética mexicana. La dimensión de los contratos firmados por la CFE para importar GNL incluso pueden ser excesivos, debido a que la acelerada construcción de unidades de ciclo combinado ha aumentado el margen de reserva del sistema eléctrico nacional hasta un nivel de 35 por ciento, sobreequipando la capacidad de suministro hasta el grado en que algunas plantas de gas han tenido que bajar su índice de utilización.

En consecuencia, podría optarse por dilatar el ritmo de construcción de centrales de ciclo combinado y las proyecciones de la demanda de gas tendrían que disminuir, y la importación masiva de GNL tendría que ser reexaminada.

Incluso, recientemente diversos diarios de circulación nacional han informado que la Comisión Federal de Electricidad pagará aproximadamente mil millones de dólares anuales por adquirir 500 millones de pies cúbicos diarios a la internacional Shell-Gas.

Dada la estructura jurídico-constitucional de los energéticos en México, la posición de la Comisión Federal de Electricidad de licitar el abasto de gas natural, necesario para el suministro del servicio público de energía eléctrica, a través de contratos de largo plazo --15 o 20 años-- y, probablemente, con mecanismos de indexación de precios a la evolución de las cotizaciones Henry Hub, no es coincidente con el interés nacional; porque es atar el suministro de dos insumos estratégicos --gas y electricidad-- a entidades cuyas decisiones se toman fuera del ámbito nacional.

Finalmente, los recursos que han comprometido las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para pagar las importaciones de GNL son recursos presupuestales que, implícitamente, autoriza la Cámara de Diputados anualmente, y considero que es de la mayor importancia para el país que esta Cámara pueda llevar adelante un examen minucioso de cada uno de los contratos y de las implicaciones que pudieran desprenderse para los precios futuros del fluido eléctrico, así como para el abasto nacional de gas natural.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, solicita al director general de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad que remita a esta soberanía, con la mayor brevedad, las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy.

Honorable Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputado Soto Sánchez. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

CAMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir la resolución sobre el uso de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:Muchas gracias, señora Presidenta: durante el pasado mes de agosto, personal de la Cámara de Diputados, visitantes y los propios legisladores y legisladoras federales, fueron vulnerados flagrantemente en sus garantías y libertades fundamentales por el excesivo uso de la fuerza militar policíaca en el Palacio Legislativo de San Lázaro; nunca hubo motivación jurídica ni justificación política para establecer lo que se conoció como ``el cerco de San Lázaro'' a las garantías individuales de tránsito, manifestación, reunión y protección integral de la persona, sencillamente porque estaban suspendidas de facto, sin que autoridad competente alguna haya autorizado dicha acción y sin que se hayan seguido los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política Mexicana.

En ese contexto, fueron golpeados salvajemente un diputado y un senador de la LIX Legislatura, por lo que presenté una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, sin embargo, a la fecha no hemos tenido noticias sobre el curso que han tomado las investigaciones del equipo de visitadores ni sobre la situación que guarda el expediente asignado a la misma y las resoluciones que hayan sido tomadas al respecto por las instancias internas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las quejas interpuestas tratan sobre la violación a las garantías y derechos fundamentales derivados del cerco militar y policial establecido en torno a la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en los días previos al VI Informe del titular del Poder Ejecutivo federal; pero, además, sobre las graves lesiones inferidas por agentes federales en contra de dos legisladores del Congreso de la Unión; precedente maligno que no debe quedar impune.

De acuerdo con el marco normativo vigente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituye como un organismo de la sociedad y al servicio de ésta, siendo también un organismo político que tiene el imperativo jurídico, político y ético de resolver todos los casos, atendiendo a los procedimientos de investigación ágiles, sencillos y rápidos, para salvaguardar eficazmente los derechos fundamentales de las personas que acuden ante esa instancia del sistema ombudsman de México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene cuantiosos recursos aprobados por esta soberanía y hasta el momento no hemos tenido una comunicación directa con el visitador responsable del caso, ni hemos recibido comunicación alguna de la admisión de la instancia, ni sabemos cuál ha sido el resultado de las investigaciones que en su caso se hayan realizado, ni qué diligencias se hayan desarrollado y concluido ni tampoco a qué autoridades se le ha solicitado esta información.

Esta soberanía desea saber qué instituciones generaron en la práctica un estado de excepción donde se suspendieron de facto las garantías individuales establecidas en la Constitución específicamente en torno y en la sede del Poder Legislativo federal.

De conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2o., 3o., 4o. y 6o., fracciones I y III; 44 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de los artículos 6o., 76, 90 y 110 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta instancia tiene el imperativo jurídico de notificar por escrito el estado que guarda el expediente sobre la queja interpuesta el día 30 de agosto del presente año por los hechos antes referidos y que fueron del conocimiento de la opinión pública.

Solicitamos que, con la mayor brevedad, tengamos conocimiento sobre la situación jurídica que tiene el expediente sobre el cerco militar del Palacio Legislativo de San Lázaro y cuál es la resolución que sobre el particular emitirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual, de acuerdo con los informes de organizaciones especializadas, organismos especializados en la materia, no ha tenido un papel realmente eficaz en su misión constitucional: proteger y defender las garantías y derechos humanos fundamentales de las personas que acuden ante esta instancia nacional.

Por lo anteriormente expuesto, a las y los diputados federales, con fundamento en los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir la resolución sobre la queja interpuesta en el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policiaca en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sobre las lesiones y malos tratos inferidos a legisladores federales.

Solicito, señora Presidenta, la inserción del presente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la CNDH a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y acerca de las lesiones y malos tratos inferidos a legisladoras y legisladores federales, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD

Durante el pasado mes de agosto, personal de la Cámara de Diputados, visitantes y los propios legisladores y legisladoras federales fueron vulnerados flagrantemente en sus garantías y libertades fundamentales por el excesivo uso de la fuerza militar y policíaca ejercida por el gobierno federal en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Nunca hubo motivación jurídica ni justificación política para establecer lo que se conoció como el gueto de San Lázaro, las garantías individuales de tránsito, manifestación, reunión, y protección integral de la persona, sencillamente porque estaban suspendidas de facto, sin que autoridad competente alguna haya autorizado dicha acción y sin que se hayan seguido los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 29 de la Constitución Política.

Fue un desmedido y autoritario uso de la fuerza por parte del Estado en donde ante la incapacidad del régimen por sus enormes deficiencias, ilegalidades y deslegitimación de las instituciones en el pasado proceso de elección presidencial, no hallaron decisión mejor que mostrar el ominoso nerviosismo y la desesperación de quienes encabezan las instituciones de seguridad del Estado, mismas que por cierto, debieran ser las garantes de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos los mexicanos.

En ese contexto de suspensión de facto de las garantías individuales fueron golpeados salvajemente un diputado y un senador de la LIX Legislatura, por lo que presenté una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo a la fecha no hemos tenido noticia sobre el curso que han tomado las investigaciones del equipo de visitadores, ni sobre la situación que guarda el expediente asignado a la misma y las resoluciones que hayan sido tomadas al respecto por las instancias internas de la Comisión Nacional.

Las quejas interpuestas tratan sobre la violación a las garantías y derechos fundamentales derivadas del cerco militar y policial federal establecido en torno a la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en los días previos al Sexto Informe del titular del Poder Ejecutivo federal, pero además sobre las graves lesiones inferidas por agentes federales del Estado en contra de dos legisladores del Congreso de la Unión, precedente maligno que no debe quedar impune.

De acuerdo con el marco normativo vigente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituye como un organismo de la sociedad y al servicio de ésta, siendo también un organismo público que tiene el imperativo jurídico, político y ético de resolver todos los casos atendiendo a los procedimientos de investigación ágiles, sencillos y rápidos para salvaguardar eficazmente los derechos fundamentales de las personas que acuden ante esa instancia del sistema ombudsman de México.

La CNDH tiene cuantiosos recursos aprobados por ésta soberanía y hasta el momento, no hemos tenido una comunicación directa con el visitador responsable del caso, ni hemos recibido comunicado alguno de admisión de la instancia, ni sabemos cuál ha sido el resultado de las investigaciones que en su caso se hayan realizado, ni que diligencias se han desarrollado y concluido, ni tampoco a que autoridades se les ha solicitado información.

Ésta soberanía desea saber que instituciones del Poder Ejecutivo federal generaron en la práctica un estado de excepción donde se suspendieron de facto las garantías individuales establecidas en la Constitución, específicamente en torno y en la sede del Poder Legislativo federal, ominosa situación que amenaza con repetirse en ulteriores ocasiones con motivo de la sesión del Congreso General del primero de diciembre próximo.

De conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, fracciones I y III; 44 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los artículos 6º, 76, 90 y 110 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta instancia tiene el imperativo jurídico de notificar por escrito del estado que guarda el expediente sobre la queja interpuesta el día 30 de agosto del presente año por los hechos antes referidos y que fueron del conocimiento de la opinión pública.

Exigimos que a la brevedad posible tengamos conocimiento sobre la situación jurídica que tiene el expediente sobre el cerco militar del Palacio Legislativo de San Lázaro y cuál es la resolución que sobre el particular emitirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual de acuerdo con los informes de organismos especializados en la materia no ha tenido un papel realmente eficaz en su misión constitucional: proteger y defender las garantías y derechos humanos fundamentales de las personas que acuden ante esa instancia nacional.

Por lo anteriormente expuesto las y los diputados federales, con fundamento en el artículo 23, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita la resolución sobre la queja interpuesta al caso del uso excesivo de la fuerza militar y policíaca establecida en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sobre las lesiones y malos tratos inferidos a legisladores federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de octubre, 2006.--- Diputada Claudia Cruz Santiago (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputada Claudia Cruz Santiago. Insértese en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se considera de urgente resolución. Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Arturo Flores Grande, del Partido Acción Nacional.

El diputado Arturo Flores Grande:Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas: si bien es cierto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanoses una institución creada para la protección y salvaguarda de los derechos humanos de los ciudadanos, como órgano constitucional autónomo tiene como alta misión velar eficazmente que los derechos humanos de todos los ciudadanos de este país sean protegidos, tengan vigencia y se evite el abuso; sin embargo, es importante también señalar que las autoridades tienen la obligación de respetar en esencia, a través de sus actos, los derechos de todos los ciudadanos, y esto quiere decir que se tienen que respetar los derechos de la seguridad jurídica, garantizar la vigencia del estado de derecho, la paz social, el orden y la tranquilidad.

Por tanto, puede argumentarse la violación a alguna garantía constitucional, pero es fundamental hacer una ponderación de que los derechos que exige toda la sociedad sean garantizados por el Estado; por tanto, sí estamos de acuerdo en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice el procedimiento y emita la resolución para determinar si hubo violación a los derechos humanos o, en su caso, si el actuar de la autoridad fue para proteger derechos humanos fundamentales de una mayor cantidad de ciudadanos mexicanos. Esta ponderación de derechos tiene que hacerse siempre, porque no se puede pedir solamente tener la vigencia de un derecho en contra de otras garantías que afectan a más ciudadanos.

Y, por otra parte, tampoco podemos iniciar la acción de los órganos constitucionales autónomos para pedir que se proteja el fuero constitucional, que se garantice; cuando los primeros que tenemos que ser ejemplo del cumplimiento de la ley somos los que hacemos las leyes.

Por tanto, que se haga la investigación, y el grupo parlamentario de Acción Nacional está totalmente de acuerdo en que se exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que realice su actividad de investigación y emita la resolución para que clarifique en qué caso se pueden ponderar derechos para proteger un bien mayor y en qué casos caemos en la violación del fuero constitucional; para evitar aquellas tentaciones de que, con el argumento del fuero constitucional, realicemos actos de impunidad o ilegales y esto conduzca al mal actuar y al mal ejemplo de algunos legisladores.

Estamos totalmente de acuerdo en este tema y a todos nos va a ayudar a saber cuál es la verdad de estos hechos y clarificar las cosas y hacer que funcionen las instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque para eso fue creada; pero recordemos que fue creada para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en contra de las autoridades que violen esos derechos; por tanto, estamos de acuerdo y esperemos que pronto tengamos la resolución y, si es necesario, nuevamente abrir el debate en este tema. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias diputado Flores Grande.

En virtud de no haber registro de más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

GAS NATURAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:De la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Antonio Soto Sánchez, que fue turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a petición del proponente, se cambia el turno a la Mesa Directiva.

GRUPOS DE AMISTAD CON PAISES ARABES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado César Flores Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la creación de diversos grupos de amistad con países árabes.

El diputado César Flores Maldonado:Con su permiso, ciudadana presidenta; señores diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de diversos grupos de amistad con países árabes.

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1. México requiere de una verdadera diversificación de sus relaciones políticas, económicas, comerciales, educativas y culturales con todas las regiones del mundo.

2. El llamado Mundo Árabe es una de las regiones con la que nuestro país debe intentar acercarse para lograr la diversificación de sus relaciones.

3. Estamos hablando de una región donde se concentra el 70 por ciento de las reservas probadas de crudo, y el 35 por ciento de la producción mundial. Asimismo, en la región se concentra el 46 por ciento de las reservas probadas de gas natural y el 15 por ciento de la producción mundial.

4. Nuestras relaciones con los países árabes es larga y extensa:

A través de nuestra embajada en Arabia Saudita mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con Yemen, Omán, Kuwait y Bahrein.

Por medio de nuestra embajada en Argelia, mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con Túnez, Mauritania y Libia.

Gracias a nuestra embajada en Egipto, mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con Jordania, Siria, Sudan e Irak.

A través de nuestra embajada en Líbano, mantenemos relaciones diplomáticas concurrentes con los Emiratos Árabes Unidos y con Qatar.

De la misma manera mantenemos relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina.

5. En México están acreditadas ocho embajadas de países árabes: de Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Irak, Líbano, Marruecos, la República Árabe Saharaui Democrática y la delegación de Palestina.

6. No obstante lo anterior, durante la Quincuagésima Novena Legislatura solamente se establecieron tres Grupos de Amistad con países árabes: con Marruecos, Arabia Saudita y Líbano.

7. A nuestro juicio, lo anterior resulta insuficiente y por ello, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica de Congreso Generar de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear los siguientes Grupos de Amistad:

Arabia Saudita

Con Argelia

Con Egipto

Con Irak

Con Líbano

Con Marruecos

Con la República Árabe Saharaui Democrática; y

Con Palestina.

Segundo. Tales Grupos de Amistad servirán para estrechar vínculos y relaciones políticas, comerciales, culturales y de cualquier índole que interesen a las relaciones bilaterales y buscar estrategias que permitan el acercamiento entre las instituciones de ambas partes, sobre todo la relacionada con la diplomacia parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Diputado César Flores Maldonado (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputado Flores Maldonado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, punto de acuerdo para incluir en el presupuesto de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Proposición con punto de acuerdo, a efecto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario del PNA

El suscrito diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El programa Bracero, se inició en la década de los cuarenta y estuvo en vigor de 1942 a 1964. Durante este periodo se inscribieron aproximadamente 4 millones de mexicanos, para lo que se negoció una fuente de empleos en la que no habría discriminación, y gozarían de prestaciones como alimentos, hospedaje, transportación, y en su caso, repatriación.

Paralelamente, al inicio del programa, una agencia en Estados Unidos de América se encargó de retener un porcentaje del salario de los trabajadores para formar el Fondo de Ahorro Campesino. Posteriormente, esos recursos fueron transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México, para que a su retorno se les entregara este dinero que habían ahorrado, pero no les fue devuelto como originalmente se había señalado, en razón de que ninguna instancia gubernamental restituyó estos recursos.

Para atender la problemática de estos trabajadores, se constituyó en 2005, el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El 25 de mayo de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el fideicomiso, fue el mecanismo institucional para encauzar las demandas de estos trabajadores. El primer punto para avanzar en la atención de este asunto fue que la Secretaría de Gobernación integrara un padrón de extrabajadores migratorios; la inclusión en un listado quedó sujeta a las pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas hayan laborado en los Estados Unidos de América durante los años 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, familiares con legítimo derecho a recibir esos recursos.

Un importante número de trabajadores migratorios mexicanos participantes del Programa Bracero en los Estados Unidos de América se inscribieron en este padrón y exigen al gobierno mexicano la devolución del dinero derivado del fondo de ahorro. Dichas cantidades y sus rendimientos representan sumas importantes que no han sido entregadas en su totalidad a los titulares o a sus beneficiarios.

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo suscrito por el gobierno americano con el gobierno mexicano el dinero descontado a los trabajadores por concepto del fondo de ahorro fue depositado en el Banco del Ahorro Nacional, SA.

Se tiene una deuda económica, histórica y social con los braceros. Debemos reivindicar su esfuerzo devolviendo a los que aún viven o a sus familiares lo que les corresponde por derecho y justicia. Ellos dieron los mejores años de su vida laboral a este trabajo y fueron generadores de divisas y, actualmente, los pocos sobrevivientes ya de edad muy avanzada, viven en condiciones precarias, por lo que es un acto de justicia retribuirles lo que les corresponde.

Cabe mencionar que esta proposición, es en atención al oficio remitido por la Diputación permanente del Congreso de Sinaloa, número 433/2006 de fecha 20 de septiembre del 2006, asimismo cumpliendo la solicitud a que se refiere el punto de acuerdo número 27, de fecha 19 de septiembre del presente año del honorable Congreso del estado.

Por lo anteriormente expuesto y con la facultad que me confiere la Ley Orgánica y el Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida destinada al fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2006.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca.»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para que Pemex reduzca el precio del gas en el estado de Chihuahua.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos:Con el permiso de la honorable Asamblea:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias a efecto de que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural para los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Víctor Valencia de los Santos, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gas doméstico, del gas LP y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua durante el periodo del 1 de noviembre de 2006 al 31 de marzo de 2007, al tenor de los siguientes

Consideraciones

La posición geográfica del estado de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano, y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno --en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar:

Un incremento en las enfermedades respiratorias agudas, como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas de la tercera edad, así como entre quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y pobreza extrema.

Ausentismo laboral, que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.

Alto índice de inasistencia escolar.

Afectación de la economía familiar.

El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas de hipotermia por cada ciclo invernal es superior a las 750 personas, dando como resultado alrededor de 75 defunciones por hipotermia en cada ciclo.

El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico.

El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor.

En este mismo contexto, el precio del gas LP impacta en un 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.

Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto del 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en un 560 por ciento, al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.

Como podemos observar, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.

En razón de ello, se ha realizado un estudio en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, el cual, concluye que: con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.

Me presento ante esta tribuna, en nombre de los y las chihuahenses, a plantear un asunto concreto, y urgente, de alta prioridad, porque afecta a amplios sectores de la población del estado de Chihuahua. Estoy seguro que tendrá la comprensión y el apoyo de los compañeros integrantes de esta Cámara.

Cada año, por estas mismas fechas, los diputados chihuahenses que integrado al Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a este foro para hacer un planteamiento similar, porque los ciclos estacionales son inflexibles y el invierno norteño no perdona.

Por ello, hago un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de mis compañeros diputados presentes en este recinto, para que reflexionen en que será vano nuestro esfuerzo en alcanzar leyes perfectas y justas, Presupuesto de Egresos adecuado, una macroeconomía sana, si no atendemos oportunamente las necesidades básicas de la población a la que representamos, si no les garantizamos los mínimos de bienestar que les permitan su supervivencia, en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.

Yo los invito a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente una demanda de bienestar, de salud, de calidad de vida.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Víctor Valencia de los Santos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputado Valencia de los Santos. En votación económica, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se considera de urgente resolución. Tiene la palabra la diputada Martha García.

La diputada Martha Margarita García Müller:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros y compañeras: los diputados del Partido Acción Nacionalestamos de acuerdo en exhortar a la Secretaría de Energíapara que tome las medidas necesarias, y a las autoridades competentes para reducir el precio del gas y buscar en sus diferentes modalidades las fórmulas presupuestarias para sustentar esta petición. Este subsidio es necesario para apoyar la economía familiar, en especial de los que menos tienen, y no sólo al estado de Chihuahua; este reclamo social es de varios estados que sufren las altas tarifas del gas y que afectan la economía del hogar, como son Nuevo León, Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.

Desafortunadamente, esto es consecuencia de un contrato que se suscribió con las compañías de gas hace algunas administraciones, donde se acordaron los incrementos anuales, así como la duración del contrato; sin embargo, este tema ha afectado también a Nuevo León, y en el año de 2005 se inició un gran movimiento donde participamos sociedad, autoridades, partidos y sindicatos; este frente se llamó Frente Ciudadano en Apoyo a la Economía Familiar. Hasta la fecha no se ha logrado, sin embargo, sigue siendo esto una gran demanda social; por esta razón nosotros suscribimos este posicionamiento del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputada García.

Ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Ciudadanos diputados. Con su permiso, diputada Presidenta: Chihuahua es un estado que, sin duda, tiene un clima extremo y las más bajas temperaturas en el período de invierno; es un estado en el que ya empieza a sufrir su población --en los diferentes municipios que lo conforman-- las inclemencias de estas bajas temperaturas y el problema derivado de los altos costos de los combustibles que tienen que usarse para la calefacción para calentar los hogares.

Por ello y porque se trata de un tema que tiene que ver con algo fundamental que afecta a la economía de los hogares precaristas y a la generalidad de los hogares de clase media que forman la mayoría de las colonias urbanas en las grandes manchas de nuestra entidad, y porque además, desde luego, afecta también a otras entidades del norte del país que tienen situaciones similares, los diputados de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza estamos de acuerdo en que se solicite no sólo de la Secretaría de Energía, sino del Ejecutivo federal en su conjunto, una urgente disposición para que se apliquen subsidios, pero que además se apliquen a tiempo, es decir de inmediato, particularmente en el caso del gasóleo, pero también en el caso del gas licuado propano y del gas natural. Por ello, estamos de acuerdo y apoyamos la proposición con punto de acuerdo que se presenta a votación. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Ricardo Cantú?

El diputado Ricardo Cantú Garza(desde la curul): Para solicitar el uso de la palabra.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputada presidenta: queremos manifestar nuestro apoyo a este punto de acuerdo, en virtud de que en México tenemos uno de los precios más altos en el caso del gas. Ha habido movimientos importantes, como lo señalaba la diputada del Partido Acción Nacional, la compañera Martha, que me antecedió en el uso de la palabra, donde diferentes sectores de la población han manifestado que, sobre todo en el caso de las familias pobres, se encuentran en situaciones difíciles para pagar el gas. Esto obedece a que tenemos precios de gas que tienen que ver con los precios más caros en el mundo, que tienen que ver con el precio que se da en Texas, en la frontera norte con Estados Unidos, mientras que el costo para el gas, en el caso del que se produce en México, en Pemex, es mucho más bajo que el precio que actualmente se está dando a los mexicanos, a la pequeña y mediana industria, a la industria en general. Esto es totalmente injusto.

Creemos que se ha estado manejando, por parte de diferentes sectores populares, que se tiene que fijar un precio México, que tenga que ver con lo que nos cuesta en México producir el gas y, al mismo tiempo, cuánto nos cuesta importar el gas caro que compramos del exterior y sacar un costo real para, con base en eso, fijar un precio México que no nos traiga estos precios altísimos que actualmente se están cobrando por parte del gobierno mexicano.

En ese sentido, nosotros creemos que es importante apoyar este punto de acuerdo porque los productos energéticos que pertenecen a la nación deben estar al servicio de la nación; no son para hacer negocio con ellos, son para impulsar el desarrollo y para dar un servicio al pueblo de México.

En esas condiciones, creemos que es importante que, por vía subsidios o por vía de fijar precios más de acuerdo con la realidad del costo de producción y del costo de importación, México pueda ofrecerle este servicio a los mexicanos y pueda servir como una palanca de desarrollo para la industria. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, señor diputado.

Agotado el registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

El siguiente punto de acuerdo que había solicitado presentar la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, a petición de la misma, se pospone. Igualmente, el punto de acuerdo que había sido agendado por la diputada Patricia Castillo Romero, del grupo parlamentario de Convergencia, a petición de la misma diputada se pospone.

EDUCACION SUPERIOR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Abundio Peregrino García, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior.

El diputado Abundio Peregrino García:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen mayores recursos destinados a la educación superior.

Las universidades públicas sufren una severa crisis de recursos. En algunos casos es tal la falta de ellos que está en riesgo el pago de salarios y prestaciones al personal académico y administrativo.

Cada año en esta soberanía se presenta la necesidad de que asignemos recursos adicionales a las instituciones de educación superior para que puedan hacer frente a su compromiso y misión de preparar a los cuadros profesionales que requiere nuestro país.

Es una realidad que para el gobierno federal la educación superior no es una prioridad, debido a que no le asigna los recursos para que tengan viabilidad financiera.

La situación es más dramática aun en las universidades estatales. Incluso la semana pasada se presentaron varios puntos de acuerdo para solicitar recursos en el Presupuesto de Egresos del 2007 para la Universidad Autónoma de Sonora y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

No se ha comprendido por parte de la tecnocracia que gobierna nuestro país que la educación no es un gasto, es una inversión a futuro. Los cuadros profesionales son los que sin duda pueden transformar a la sociedad y generar las opciones de crecimiento y desarrollo económico que necesita México.

Los gobiernos neoliberales han establecido una estrategia de debilitar a la educación superior pública con el afán de privatizarlas y con ello liberar recursos públicos para cuestiones más ``prioritarias''.

Prácticamente en el sexenio del Presidente Fox el gasto en educación no ha crecido, e incluso ha tenido variaciones a la baja. Los recursos presupuestales aprobados para educación superior para 2006 en relación con los de 2005 no crecieron.

El gasto anual por alumno en educación postsecundaria en México está muy por debajo del promedio que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para nuestro país es de 2 mil 790 dólares, mientras que en la OCDE es de 7 mil 582 dólares por alumno.

En días pasados la Universidad Nacional Autónoma de México fue la que mejor evaluación obtuvo dentro de las universidades públicas de América Latina, al estar en el lugar 74 dentro de las mejores 100 a nivel mundial.

Esto es muestra de que puede apostarse por la educación pública y que no obstante de la restricción de recursos se puede contar con instituciones de educación superior de calidad.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo pone a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único.-La Cámara de Diputados reconoce y se solidariza con el severo problema de falta de recursos que sufren las universidades e instituciones de educación superior de carácter público. Por ello, promoverá que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil seis.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias a usted, diputado Peregrino García. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de 2007 se introduzcan medidas de austeridad en el Ramo Administrativo 02.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola:Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: el día de hoy traigo una propuesta que ha sido iniciada en diversas ocasiones por compañeros legisladores del PAN --de hecho fueron los que la iniciaron--, legisladores del PRI y legisladores del PRD, pero por motivos políticos o --alguien diría-- por tiempos, nunca ha pasado de ser una propuesta, de ser algo que se quede en simplemente las buenas intenciones.

Los ex presidentes, como todos ustedes saben, gozan de prestaciones o privilegios por encima de lo que goza cualquier trabajador que prestó sus servicios, de una pensión; gozan de 78 empleados de la federación, llamados Estado Mayor Presidencial, incluido, un general; también de 25 empleados de la federación, administrativos; 113 empleados en total para cada uno de los ex presidentes. Nos cuesta un poco más de 300 millones de pesos al año. Creemos que esto es algo que lacera a los ciudadanos, que lacera al pueblo de México y que nos lacera a nosotros mismos como legisladores. No podemos estar de acuerdo en que se siga con prestaciones que pudieran ser más bien consideradas una canonjía.

Por ello, desde hace unos días me he dado a la tarea de hablar con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos, haciéndoles ver que esto no es una propuesta de un diputado del PRD; es una propuesta de un diputado mexicano que ha escuchado esto como algo que lastima a todos los ciudadanos mexicanos, de todos los partidos políticos.

Yo les recordaría que en las campañas lo que hemos escuchado es el clamor de la gente; y hay que ver, compañeras y compañeros diputados, que la imagen que hoy tenemos los diputados, es mucho de lo que hoy nos daña, es precisamente porque cosas tan obvias no las podemos sacar. No podemos votar a favor de algo que es tan obvio, que tenemos que estar de acuerdo en que ya no puede seguir como está. Por ello, ciudadana Presidenta, yo había solicitado se incluyera este punto como de urgente u obvia resolución, que se fuese directamente este punto de acuerdo al ramal 02 de Presidencia de la República, para que a partir del año siguiente los presidentes sigan contando con su pensión; Dejaremos la pensión, pero que cuenten exclusivamente con 10 empleados de la federación para su seguridad y tres administrativos; es suficiente, es decoroso y además seguramente podrán vivir, los que ya tienen estas prestaciones, de manera decorosa.

Pero también mandaremos al pueblo de México el mensaje de que los diputados mexicanos estamos conscientes que ya no puede seguir habiendo un México de privilegios; un México donde los pobres siguen siendo pobres y que los beneficiados de este tipo de pensiones siguen beneficiándose del pueblo. Ya no puede seguir un México así. No podemos, los diputados de México, seguir apoyando este bien que ha tenido una clase política. Les recuerdo a todos mis compañeros diputados que seremos diputados por tres años, pero en tres años regresaremos a ser simplemente ciudadanos y entonces regresaremos a escuchar lo que opina la gente de nosotros y sabremos si hicimos bien o hicimos mal en nuestro actuar. Por ello solicito este punto de acuerdo:

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 el Ramo Administrativo 02, `` Presidencia de la República'', se reduzca su monto únicamente para cubrir las pensiones de quienes ya gozan de su beneficio, así como también que se eliminen todos los gastos personales que no sean la manutención del beneficiario y de quienes de él dependan económicamente, siempre y cuando se demuestre, bajo protesta de decir verdad, que necesitan la pensión para sobrevivir; así como un número moderado y suficiente de personal tanto administrativo como militar, que consistirá en un coordinador administrativo, un jefe de área, una secretaria y, en cuanto a seguridad personal, un general, dos jefes y ocho oficiales; de no ser así, que no se les otorguen dichos beneficios.

Yo pediría a mis compañeros diputados de esta Comisión que no pierdan el tiempo en dejarla en el archivo; ya ha sido propuesta en otras ocasiones y ahí se ha quedado. Ojalá y me ayuden a que en esto, que es un bien de México, estemos todos de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que introduzca medidas de austeridad en el ramo administrativo 02, `` Presidencia de la República'', del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Francisco Santos A. integrante del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura propongo a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los temas más escandalosos de la transición política a la democracia que vive nuestro país en los últimos años es el del destino y gasto de los recursos públicos que indiscriminadamente se usaron por décadas con criterios totalmente discrecionales que se utilizaron para sostener a una burocracia leal que sirviera al sistema y que al mismo tiempo pudiera comprar voluntades de las voces disidentes dentro de un sistema generalizado de corrupción institucional cuyos vestigios todavía sobreviven hoy en día.

Una parte de este gran tema del gasto del dinero público, tiene que ver con las pensiones vitalicias que disfrutan los ex presidentes. En cuanto a esto, el ciudadano que se haya desempeñado como Presidente tendrá entre otros derechos a disponer de personal militar y administrativo que es importante enunciar por su ofensivo gasto y numero:

Personal administrativo: Dos subdirectores, dos coordinadores administrativos, cuatro jefes de departamento, una persona de investigación y asesoría en materia jurídica, una bibliotecaria, dos programadores, cuatro secretarias, dos de apoyo administrativo, dos auxiliares administrativos, dos archivistas, un chofer, una persona de mantenimiento eléctrico-telefónico y un representante de la oficina.

Servicio personal militar: Del Ejército, un general, cuatro jefes, ocho oficiales y treinta y dos de tropa; de la Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y ocho de tropa; de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y dieciséis de tropa.

Más su pensión vitalicia de 164 mil pesos, seguro de vida y gastos médicos mayores.

Obvio de razones que todos estos servidores públicos gozan también, no solo de sus derechos laborales como cualquier otro servidor público, sino de prerrogativas discrecionales que aumentan el gasto corriente de la Federación.

Se calculó que para el ejercicio fiscal en curso, la percepción anual de los cinco ex presidentes sería de entre 29 millones de pesos y 53 millones de pesos, tomando en cuenta tanto el rango mínimo como máximo, teniendo cada uno de ellos bajo su adscripción 25 empleados de la Federación y que este ramo ha tenido un comportamiento de incremento consistente desde el primer año de la administración foxista.

Ahora bien, es importante destacar que con las pensiones de los ex presidentes mexicanos, se podrían pagar 17 mil salarios mínimos mensuales por año, 4 mil 814 salarios de policías anualmente, obtener o dar mil 444 viviendas populares, por un lapso no mayor a 12 meses.

Si bien es importante recordar que este tipo de percepciones personales tienen como antecedentes dos acuerdos presidenciales, uno, emitido el 25 de noviembre de 1976, por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, y el segundo, más reciente, expedido el 31 de marzo de 1987 por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

En el primero se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente de México, tendrán a su disposición y servicio, mientras vivan, personal que sirva para el desempeño de sus actividades y en el segundo acuerdo, se instituye el disfrute de una pensión y prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de despacho, así como también se regula el derecho de la cónyuge supérstite para disfrutar de dicha pensión, de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos menores de edad.

Más adelante, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, es decir, desde el comienzo de la administración foxista, se incluyeron recursos para cubrir las percepciones de quienes hubiesen desempeñado esta alta responsabilidad, ciñendo como criterio principal a tal asignación presupuestaria que no se excediera el monto que se cubre al puesto de Secretario de Estado.

Sin embargo, en el PRD consideramos que son razones insuficientes e injustificables en el marco de la transición democrática y tomando en cuenta que las pensiones que reciben los ex presidentes, contrastan con los escasos ingresos y las percepciones netas que reciben bajo este concepto los servidores públicos jubilados y pensionados del ISSSTE y del IMSS, después de toda una vida de dedicación y esfuerzo al servicio del Estado.

Por ello consideramos importante que se supriman los privilegios y la discrecionalidad de la que han gozado hasta ahora todos aquellos que han desempeñado el cargo de titular del Poder Ejecutivo federal, por ser una carga para el erario federal, toda vez que el Presupuesto público es cada vez más reducido en términos reales y se destina en mayor proporción al gasto corriente y no a la inversión social.

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el ramo administrativo 02 Presidencia de la República se reduzca su monto, únicamente para cubrir las pensiones de quienes ya gozan de su beneficio, así como también que se eliminen todos los gastos personales que no sean la manutención del beneficiario y de quienes de él dependan económicamente, siempre y cuando se demuestre, bajo protesta de decir verdad, que necesitan la pensión para sobrevivir así como de un número moderado y suficiente de personal, tanto administrativo como militar, mismo que consistiría en un coordinador administrativo, un jefe de área y una secretaria, y en cuanto a su seguridad personal, un general, dos jefes y ocho oficiales; y de no ser así, no se les otorgue dichos beneficios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 del mes de octubre de 2006.--- Diputado Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Santos Arreola. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar los reglamentos de Seguridad Nacional y el estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su venia, señora Presidenta; compañeras, compañeros legisladores:Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el Distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

El 31 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea.

Luego de un largo y complejo proceso de debate, el legislador permanente facultó al Presidente de la República para efectuar tres acciones trascendentales de la seguridad nacional. La primera fue el nombramiento del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional; la segunda, la publicación del reglamento de la ley, y la tercera, la expedición del estatuto laboral, en el cual se establecerán los mecanismos y las reglas para la selección, ingreso, nombramientos, capacitación y profesionalización del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo, y a pesar de que la propia Ley de Seguridad Nacional, en los artículos 2o. y 4o. transitorios, concedió al Presidente de la República un plazo de nueve meses para la expedición del reglamento y del estatuto laboral del Cisen, el Ejecutivo federal sólo cumplió con la primera de las tres acciones mencionadas. Por tanto, nos encontramos ante un incumplimiento del mandato legal, lo que trae como consecuencia inmediata que la legislación en materia de seguridad nacional permanece inconclusa y alejada de cualquier posibilidad de alcanzar su exacta observancia administrativa.

Debemos mencionar que esta no es la primera vez que el tema se trata en tribuna legislativa, ya el pasado mes de diciembre de 2005 la Cámara de Senadores hizo un exhorto al Ejecutivo federal para que diera cumplimiento. Como en otros casos, esta soberanía desconoce las razones oficiales por las cuales no se ha realizado la expedición y publicación de ambos ordenamientos legales.

En este contexto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, solicita a esta honorable Cámara de Diputados que acuerde realizar un atento exhorto al Ejecutivo federal a fin de que publique, con la mayor brevedad, los instrumentos jurídicos a que se ha hecho referencia en el presente punto de acuerdo.

Ante la omisión del Ejecutivo federal para cumplir con su responsabilidad constitucional y legal, cabe preguntarnos: ¿por qué no se han expedido tales normas?, ¿qué es lo que impide su publicación?, ¿por qué el titular del Ejecutivo no ha informado a esta legislatura las razones por las cuales no ha cumplido con la obligación que le impone el artículo 89 de la Constitución Política mexicana?

Estos cuestionamientos están en el sentir no sólo de legisladores sino en aquellos ciudadanos y organismos no gubernamentales que se han acercado para expresarnos en esta tribuna la necesidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que cumpla con las funciones y expida los ordenamientos normativos correspondientes en materia de seguridad nacional, cuidando siempre que los mismos no vulneren los derechos humanos de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento, con la mayor brevedad, a lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Nacional, cuidando en todo momento que dicho acto no viole o restrinja los derechos humanos de los mexicanos.

Señora Presidenta, si no tiene inconveniente y dado que hice un par de correcciones de último momento, solicito que se autorice la inserción completa del texto al que di lectura en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y el reglamento de seguridad, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 31 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la federación en dicha tarea.

Luego de un largo y complejo proceso de debate, el legislador permanente facultó al Presidente de la República para efectuar tres acciones trascendentales para la seguridad nacional: 1. El nombramiento del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional; 2. La publicación del reglamento de la ley; y 3. La expedición del estatuto laboral, en el cual se establecerán los mecanismos y las reglas para la selección, el ingreso, el nombramiento, la capacitación, la promoción y la profesionalización del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Sin embargo, a pesar de que la propia Ley de Seguridad Nacional, en los artículos segundo y cuarto transitorios, concedió al Presidente de la República un plazo de nueve meses tanto para la expedición del estatuto laboral del Cisen como del reglamento de la propia ley, el Ejecutivo federal cumplió sólo la primera de las tres acciones; es decir, exclusivamente nombró al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

En consecuencia, nos encontramos ante un incumplimiento del mandato legal, lo que trae como consecuencia inmediata que la legislación en materia de seguridad nacional permanezca inconclusa y alejada de cualquier posibilidad de alcanzar su exacta observancia administrativa.

Ésta no es la primera vez que el tema se trata en tribuna, ya que desde diciembre de 2005 la Cámara de Senadores hizo un exhorto al Ejecutivo federal para que diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto transitorios de la Ley de Seguridad Nacional, sin que a la fecha haya respuesta alguna; es decir, que el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades, procediera expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y del estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Sin embargo, como en otros casos, esta soberanía desconoce las razones oficiales por las cuales no se han realizado la expedición y publicación de ambos instrumentos jurídicos.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, solicita a la honorable Cámara de Diputados que se acuerde realizar atento exhorto al Ejecutivo federal a fin de que publique con la mayor brevedad los instrumentos jurídicos a que se ha hecho referencia en el presente punto de acuerdo.

La prensa nacional ha dado a conocer algunas declaraciones de funcionarios y ex legisladores, con comentarios poco afortunados sobre el tema, que ponen de manifiesto diferencias entre las dependencias y ataques a los derechos humanos de la ciudadanía.

Ante la omisión del Ejecutivo federal para cumplir su responsabilidad constitucional y legal, cabe preguntarnos: ¿por qué no se han expedido tales normas? ¿Qué está impidiendo su publicación? ¿Por qué el titular del Poder Ejecutivo no ha informado a esta legislatura sobre las razones por las cuales no ha cumplido la obligación que le impone el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo quiere este gobierno que el Congreso apruebe su tan sonada reforma integral del sistema de seguridad pública si no puede siquiera publicar el reglamento de una ley?

Estos cuestionamientos están en el sentir no sólo de legisladores, sino en los ciudadanos y organismos no gubernamentales que se han acercado para que expresemos ante esta tribuna la necesidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir sus obligaciones constitucional y legal y que expida los ordenamientos normativos correspondientes en materia de seguridad nacional, cuidando que éstos no vulneren los derechos humanos de la población.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Nacional, cuidando en todo momento que dicho acto no viole o restrinja los derechos humanos de la población.

Dado en el Salón del Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2006.--- Diputado Gerardo Vargas Landeros (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, diputado Vargas Landeros. De acuerdo a la solicitud del diputado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese la proposición a la Comisión de Gobernación.

CAZA DE BALLENAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Augusto López Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo en relación con la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez:Con la venia de la Presidenta: estimadas colegisladoras; queridos colegisladores: en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicode la LX Legislatura, conjuntamente con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente exposición de motivos:

Los océanos son indudablemente el ecosistema más extenso y complejo del mundo. Siendo un recurso compartido por la humanidad, éste se ha visto en la necesidad de regular su apropiación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, tal es el caso de los mamíferos marinos migratorios, en particular de las ballenas, marsopas y delfines.

En 1946, mediante la Convención Internacional para Regular la Caza de Ballenas, se creó la Comisión Ballenera Internacional. Esta organización tiene por objeto establecer los mecanismos que garanticen una adecuada conservación de las poblaciones de cetáceos, así como propiciar el desarrollo ordenado de la industria ballenera. Para ello, la CBI ha instrumentado diferentes acciones, entre las que destacan la creación de un Comité de Conservación, el establecimiento de santuarios y el decreto de la moratoria de la caza comercial; ésta última se decretó en 1982 y entró en vigor en 1986; desde entonces, la caza comercial de ballena está prohibida.

A pesar de la moratoria, el gobierno de Noruega, amparado en la objeción dispuesta por el artículo 5, numeral 3 de la Convención, es el único país que caza ballenas con fines comerciales. Además, hasta la semana pasada, Japón, Islandia, Dinamarca, San Vicente y las Granadinas, la Federación Rusa y Estados Unidos, cazaban ballenas; los primeros dos, bajo el esquema de permisos especiales de investigación científica, y el resto bajo el esquema de permisos de caza de subsistencia para poblaciones aborígenes.

Después de aprobarse la moratoria, el comité científico de la comisión decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva de las poblaciones de ballenas --esta revisión se conoce como ``procedimiento revisado de manejo'' (PRM)--; la elaboración de dicha revisión tomó ocho años, pero permitió obtener un método sólidamente fundamentado para determinar límites de caza para ciertas poblaciones de ballenas que habiten en una región, en particular donde su número sea abundante.

Sin duda alguna, la conclusión del PRM representó el final de la moratoria de la casa comercial para países como Japón, Noruega e Islandia; sin embargo, la comisión decidió que antes de establecer cuotas de caza de acuerdo al PRM y dar por concluida la moratoria, debería adoptarse un esquema de inspección y vigilancia con el objeto de garantizar que los límites de caza no fueran excedidos.

A este programa se le denominó ``esquema revisado de manejo'' (ERM), y comenzó a elaborarse desde 1994; debido a que las negociaciones sobre el ERM fueron declaradas en un impasse durante las negociaciones de la LVIII reunión de la Comisión Ballenera Internacional, el gobierno de Islandia anunció la semana pasada que reanudaría la caza comercial a pesar de la moratoria. El gobierno de Noruega, amparado en la objeción dispuesta por el artículo 5o., numeral tres, de la convención; es el único país que caza ballenas con fines comerciales; además, hasta la semana pasada Japón, Islandia, Dinamarca, San Vicente y las Granadinas, continuaron con ello. La cuota establecida de acuerdo con el gobierno irlandés es sustentable toda vez que sólo consiste en 30 ballenas.

De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las ballenas mink o rorcuales menores, se encuentran clasificadas en un riesgo bajo, mientras que las ballenas de aleta o rorcuales comunes, se clasifican en peligro. En aquella ocasión el gobierno irlandés depositó un instrumento de adhesión con una reserva al párrafo diez, inciso c), del calendario de la convención; pero lo anterior generó una profunda indignación entre los miembros de la comisión, por lo que muchos objetaron formalmente la reserva.

Nuestro país junto con Italia y Nueva Zelanda no sólo objetaron la reserva... para lo cual hay un punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados se pronuncia en contra del establecimiento de la caza de ballenas con fines comerciales adoptada por el gobierno de Islandia y se suma a la condena internacional por considerar que este hecho atenta contra los esfuerzos de conservación que al respecto ha llevado a cabo el gobierno mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de octubre del año 2006. Es cuanto, Presidenta; muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Sergio Augusto López Ramírez, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los océanos son, indudablemente, el ecosistema más extenso y complejo del mundo. Siendo un recurso compartido por la humanidad, ésta se ha visto en la necesidad de regular su apropiación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, tal es el caso de los mamíferos marinos migratorios, en particular de las ballenas, marsopas y delfines.

En 1946, mediante la Convención Internacional para Regular la Caza de Ballenas, se creó la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Esta organización tiene por objeto establecer los mecanismos que garanticen una adecuada conservación de las poblaciones de cetáceos, así como propiciar el desarrollo ordenado de la industria ballenera. Para ello, la CBI ha instrumentado diferentes acciones, entre las que destacan la creación de un Comité de Conservación, el establecimiento de santuarios y el decreto de la moratoria a la caza comercial. Esta última se decretó en 1982 y entró en vigor en 1986. Desde entonces la caza comercial de ballenas está prohibida.

A pesar de la moratoria, el gobierno de Noruega, amparado en la objeción dispuesta por el artículo 5 numeral 3 de la Convención, es el único país que caza ballenas con fines comerciales. Además, hasta las semana pasada, Japón, Islandia, Dinamarca, San Vicente y las Granadinas, la Federación Rusa y Estados Unidos cazaban ballenas, los primeros dos bajo el esquema de permisos especiales de investigación científica y el resto bajo el esquema de permisos de caza de subsistencia para poblaciones aborígenes.

Después de aprobarse la moratoria, el Comité Científico de la Comisión decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva de las poblaciones de ballenas. A esta revisión se le conoce como Procedimiento Revisado de Manejo (PRM). La elaboración de dicha revisión tomó ocho años pero permitió obtener un método sólidamente fundamentado para determinar límites seguros de caza para ciertas poblaciones de ballenas que habiten una región en particular, donde su número sea abundante.

Sin duda alguna, la conclusión del PRM representó el final de la moratoria a la caza comercial para países como Japón, Noruega e Islandia. Sin embargo, la comisión decidió que, antes de establecer cuotas de caza de acuerdo al PRM y dar por concluida la moratoria, debería adoptarse un esquema de inspección y vigilancia con el objeto de garantizar que los límites de caza no fueran excedidos. A este programa se le denominó Esquema Revisado de Manejo (ERM) y comenzó a elaborarse desde 1994.

Debido a que las negociaciones sobre el ERM fueron declaradas en un impassedurante las negociaciones de la 58 Reunión de la Comisión Ballenera Internacional (2006), el gobierno de Islandia anunció la semana pasada que reanudaría la caza comercial de ballenas. La cuota establecida, de acuerdo con el gobierno islandés es sustentable, toda vez que sólo consiste en 30 ballenas Minke o rorcuales menores (Balaenoptera acutorostrata), y 9 rorcuales comunes o ballenas de aleta (Balaenoptera physalus). A ello se deben sumar otras 20 ballenas Minke que le fueron autorizadas en 2003 bajo el esquema de caza con fines de investigación científica. Islandia cumplió su palabra y el pasado lunes 23 de octubre cazó un rorcual común o ballena de aleta (Balaenoptera physalus), la primera después de 17 años de no cazar con fines comerciales.

De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las ballenas Minke o rorcuales menores (Balaenoptera acutorostrata) se encuentran clasificadas en un riesgo bajo, mientras que las ballenas de aleta o rorcuales comunes (Balaenoptera physalus) se clasifican en peligro. Por su parte, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) incluyó a las poblaciones de ballena de aleta y Minke en el apéndice I es decir en peligro de extinción.1

Cabe recordar que la situación de Islandia al interior de la Comisión Ballenera Internacional ha sido cuestionable después de su reincorporación en 2002. En aquella ocasión, el gobierno islandés depositó el instrumento de adhesión con una reserva al párrafo 10, inciso e), del calendario de la convención, relativo a la moratoria a la caza comercial.

En la reserva el gobierno de Islandia aclaró que a pesar de ésta se abstendría de autorizar la caza antes de 2006 y que de ahí en adelante no autorizaría la caza siempre y cuando se demostraran avances en las negociaciones del ERM. Añadió que ello no aplicaría en el caso de la moratoria a la caza con fines comerciales establecida en el artículo 10, inciso e) del calendario si ésta no se levantaba en un periodo de tiempo razonable después de que se hubiera concluido la negociación del ERM. Finalmente estableció que bajo ninguna circunstancia autorizaría la caza con fines comerciales si adolecía de una sólida base científica, así como de un programa de manejo e implementación efectivos.

En 2002 el pleno de la comisión votó dos decisiones: La primera, respecto de la competencia de la comisión para determinar el estatus legal de la reserva de Islandia al párrafo 10, inciso e), del calendario; la segunda, sobre el derecho de voto de Islandia (pues en una reunión previa se había decidido que no tendría derecho de voto mientras mantuviera su reserva). Las dos votaciones se perdieron, por lo que Islandia fue considerada como miembro de la comisión con derecho a voto y con derecho a reservarse el párrafo 10, inciso e) del calendario.

Lo anterior generó una profunda indignación entre los miembros de la Comisión, por lo que muchos objetaron formalmente la reserva. Nuestro país junto con Italia y Nueva Zelanda no sólo objetaron la reserva, sino que pidieron que se anotara que no considerarían que la convención estaba en vigor entre Islandia y sus gobiernos.

Nueva Zelanda, el Reino Unido y la Unión Europea, ya se han pronunciado en contra de este acto unilateral del gobierno de Islandia, pues constituye una amenaza para la conservación de los grandes mamíferos marinos y, sin duda alguna, va en detrimento de una industria turística creciente: el avistamiento de ballenas, aunque el gobierno de ese país se niegue a reconocerlo.

En nuestro país la protección de las ballenas ha sido primordial y ello se comprueba al analizar el trabajo de las delegaciones que han participado en las negociaciones de la comisión. México no sólo se ha manifestado abiertamente contra el levantamiento de la moratoria, sino que en el año 2002, mediante decreto, creó un área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su jurisdicción y soberanía. De esta forma, nuestro país se colocó como el primero del mundo en decretar sus mares como zonas de refugio. Más aún, trabajó activamente durante el quincuagésimo quinto periodo de sesiones de la comisión (2003) para lograr el establecimiento del Comité de Conservación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, en nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza de ballenas con fines comerciales adoptada por el gobierno de Islandia y se suma a la condena internacional por considerar que este hecho atenta contra los esfuerzos de conservación que al respecto ha llevado a cabo el gobierno mexicano.

Nota:

1 Cabe destacar que la población de ballena Minke de Groelandia Occidental está incluida en el apéndice II. En el apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Sergio Augusto López Ramírez, (rúbrica p.a. diputado Javier Estrada).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, diputado López Ramírez. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a publicar el programa de manejo de la reserva de la biosfera en el estado de Quintana Roo.

No encontrándose en este recinto, se pasa este punto de acuerdo al final de los que hasta la fecha están registrados.

ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto López Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo en relación con los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, estado de México.

El diputado Alberto López Rojas:Con su venia, señora Presidenta; diputadas y diputados: el suscrito, diputado Alberto López Rojas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente exposición de motivos:

``La gravedad de la violencia de género contra las mujeres alcanza en el feminicidio la expresión extrema de la falta de derechos y de garantías individuales de las mujeres víctimas''. Estas palabras --expresadas por la ex diputada Marcela Lagarde cuando se instaló la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada-- nos indican claramente acerca de la situación actual de los derechos humanos de las mujeres.

Desgraciadamente, en nuestra sociedad, como en otros países del mundo, se mantienen normas sociales, incluso legales, que reproducen la desigualdad entre mujeres y hombres. No todas las mujeres tienen acceso a los mismos recursos, bienes y oportunidades; más aún, prevalecen la desigualdad de géneros, la supremacía masculina. Nuestra cultura sexista favorece, actualiza el machismo y la misoginia, y lo peor es que el Estado mexicano está permeado por esta cultura: en nuestras instituciones existen formas corruptas e ineficaces que inciden en políticas públicas que favorecen la impunidad.

Podemos seguir hablando en esta tribuna sobre la desigualdad de género y, sobre todo, de la violación de los derechos humanos de las mujeres, pero ojalá este tema lo puedan tomar una comisión especial sobre violencia y feminicidios, como lo hizo la anterior legislatura; por el momento, únicamente hablaré de lo que está pasando en el estado de México y, en concreto, en el municipio de Chimalhuacán.

Diputadas y diputados: como en los casos de Ciudad Juárez, los acontecimientos de feminicidios en el municipio de Chimalhuacán han consternado a la nación entera, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza hacia nuestras instituciones en toda la República. Estos hechos lamentables han demostrado la incapacidad de nuestras autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública. Las víctimas son mujeres jóvenes, entre 12 y 25 años de edad, con características físicas similares, las cuales vivían en zonas marginadas con alto grado de pobreza. Las víctimas fueron maniatadas, estranguladas, violadas y, en algunos casos, hasta mutiladas.

En la anterior Legislatura, la Comisión de Feminicidios, en su primer informe de actividades, correspondiente al lapso del 14 de abril de 2004 al 14 de abril de 2005, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de México un reporte completo sobre los acontecimientos ocurridos en la entidad. Dicha Procuraduría respondió que con la secrecía establecida en el artículo 18 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México: no podía poner a disposición de la Comisión la información que se le había solicitado. La información que la Procuraduría remitió a la Comisión sólo refiere el número de homicidios cometidos al año, el medio con el cual fueron asesinadas las mujeres, el municipio donde ocurrió dicho homicidio; así pues, de 2002 a 2004 se cometieron 236 homicidios de mujeres, 81 en 2002, 66 en 2003 y 89 en 2004. Hasta 2004, los municipios que tuvieron más homicidios de mujeres fueron Tlalnepantla, Amecameca, Cuatitlán Izcalli y Netzahualcóyotl.

En los últimos informes de la Comisión de Feminicidios del año 2005 y editado en 2006, además de los cuatro municipios antes mencionados, se agregan Naucalpan, Ecatepec, Tejupilco y Chimalhuacán. Hoy, a pesar de las investigaciones y propuestas de la comisión especial antes mencionada, la violencia contra las mujeres en Chimalhuacán ha ido en aumento. Las violaciones y los asesinatos han ocurrido bajo la mirada indiferente de las autoridades ministeriales, en complicidad con la policía municipal y otros funcionarios públicos. El problema está tomando grandes dimensiones, toda vez que las investigaciones no se han hecho como debiera; etiquetan los diferentes crímenes como aislados o, en su defecto, como un acto de venganza, por lo que se rehusan las autoridades respectivas a realizar una investigación a fondo.

Los homicidios de mujeres de los que se tiene conocimiento y que han ocurrido en Chimalhuacán son los siguientes: Verónica Andrade Salinas, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado afuera del panteón de Los Rosales, en San Agustín; Haydeé Valdés Solano, de 20 años de edad, asesinada el 24 de agosto de 2005. Tengo 10 ejemplos en este documento, los cuales quedarán aquí en el Diario de los Debates.

Por lo anterior, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura expresa su condena a los feminicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán y, con absoluto respeto a la soberanía del estado de México, hace un exhorto a la Procuraduría General de Justicia para que se aclaren estos homicidios y se castigue a los responsables con todo el rigor de la ley.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de México a poner en marcha, con absoluto respeto a los derechos humanos, dispositivos que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio de Chimalhuacán, estado de México.

Por último le solicito, señor Presidente, que se inserte íntegramente el punto de acuerdo que acabo de leer, en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, México; y se exhorta a la PGJEM a aclarar los homicidios y a castigar a los responsables conforme lo establece la ley, a cargo del diputado Alberto López Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Alberto López Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General del Estado de México, a fin de que se esclarezcan y castigue a los responsables de los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, estado de México, con base en las siguientes

Antecedentes

En la sesión del martes 1 de marzo de 2005 el ciudadano diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad; proposición que fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.

En ella el legislador de Acción Nacional señalaba que, según el resultado de una investigación realizada por la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, AC, en el estado de México se presentan tasas de feminicidios superiores a la media nacional, la cual es del 3.25 de cada 100 mil mujeres; en la entidad mexiquense alcanza el 7.45. Además, apuntaba que el estado de México es la séptima entidad del país con el mayor número de violaciones cometidas contra las mujeres.

Adjunto al anterior antecedente ofrezco a esta soberanía las siguientes consideraciones, a fin de proseguir con la fundamentación de mi proposición:

I. Como atestigua la proposición invocada, esta soberanía ha tenido conocimiento de dichos acontecimientos desde hace más de año y medio. La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, en su primer informe sustantivo de actividades, correspondiente al lapso del 14 de abril de 2004 al 14 de abril de 2005, reportó que en el estado de México la PGJE respondió a la comisión el 9 de noviembre de 2004, argumentando que debido a la secrecía establecida en el artículo 118 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México no podía poner a disposición de la comisión la información que se le había solicitado; que la información que la Procuraduría remitió a la comisión sólo refiere el número de homicidios cometidos por año, el medio con el cual fueron asesinadas las mujeres y el municipio donde ocurrió dicho homicidio.

Que de 2002 a 2004 se cometieron 236 homicidios de mujeres; ocurridos 81 en el 2002, 66 en el 2003 y 89 en el 2004. Las mujeres fueron asesinadas de la siguiente manera: 74 por asfixia, 82 por disparo de arma de fuego, 38 por herida con arma punzo cortante y 41 por traumatismo. Y que los municipios que registran más homicidios fueron Tlalnepantla, Amecameca, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.

II. Hoy, a pesar de la actividad de la comisión parlamentaria de la LIX Legislatura, a la violencia contra las mujeres se suman los homicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, en agravio de Anahí Barrita, de 12 años de edad; de Inés Martínez Fuentes, de 19, y de Diana Nayeli Gaona Ponciano, de 24.

III. El acta CHIM/II/5886/06, radicada ante el juez primero penal consigna a los ciudadanos Francisco Raúl Galván Ávila y Janer Vázquez Potenciano como presuntos responsables de los delitos de cohecho y homicidio calificado de la ciudadana Anahí Barrita y de otras mujeres de la entidad. El acta también señala que los presuntos responsables serán recluidos en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Neza Bordo para que se determine su situación jurídica.

IV. Expongo el caso anterior en particular con objeto de concienciar a esta asamblea de la gravedad de los hechos e invitar a la Procuraduría de Justicia de la entidad a atenderlo con prontitud y profesionalismo, ya que los hechos nos agravian a todos los mexicanos.

Convocó a los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios a que ofrezcamos soluciones a los problemas de los y las mexiquenses, a que tomemos medidas para garantizar la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura expresa su condena a los feminicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, y con absoluto respeto a la soberanía del Estado Libre y Soberano de México, hace un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que se aclaren estos homicidios y se castigue a los responsables conforme lo establece la ley.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de México a que, observando con puntualidad los derechos humanos, ponga en marcha dispositivos que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio de Chimalhuacán, estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.--- Diputado Alberto López Rojas (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto López. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta del señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

IMPORTACION DE VEGETALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo en relación con la entrada de vegetales al país provenientes de Estados Unidos.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez:Con su permiso, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la entrada en el país de lechugas, espinacas y zanahorias provenientes de Estados Unidos de América.

El suscrito, ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

El riesgo biológico que corremos todos los consumidores al adquirir productos agrícolas frescos se puede considerar normal, ya que se encuentran en el ambiente. Este riesgo se encuentra asociado a diversos microorganismos transmitidos por los alimentos, como las bacterias y los hongos, que según su carácter patógeno pueden provocarnos enfermedades.

En ocasiones forman parte de la microflora de la fruta o la hortaliza como contaminantes fortuitos provenientes del suelo, el polvo y el entorno. En otros casos se introducen en los alimentos a través de prácticas de manipulación y producción incorrectas, como es el caso del agua de riego contaminada o prácticas de manipulación no sanitarias; o bien, debido a que los patógenos bacterianos forman parte del ambiente, que pueden contaminar fácilmente las frutas y las hortalizas si no se manipulan adecuadamente antes del consumo.

El Comité de Expertos sobre Seguridad Alimenticia, convocado conjuntamente por WHO y la FAO, concluyó que las enfermedades debidas a los alimentos contaminados constituyen ``el problema de salud más extendido en el mundo contemporáneo''.

Uno de los agentes patógenos asociados a los productos agrícolas frescos, que se encuentran en el libro de la FDA/CFSAN Bad bug book (FDA, 2001) es la Escherichia coli.

Un amplio número de patógenos bacterianos se ha visto implicado en brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados al consumo de frutas y hortalizas frescas.

La bacteria Escherichia coli puede encontrarse en el suelo y contaminar fácilmente los productos a través de la filtración de aguas residuales en los campos, el riego con agua contaminada, la presencia de animales en el campo o un abonado incorrecto. La contaminación también puede producirse en la manipulación durante la cosecha y el embalaje y en otros pasos de la cadena de distribución y comercialización.

A pesar de los esfuerzos efectuados para reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos, continúan existiendo importantes riesgos sanitarios asociados a los alimentos.

De acuerdo con CDC, los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados a los productos agrícolas constituyen un porcentaje relativamente pequeño de las enfermedades transmitidas por los alimentos. No obstante, el número de casos está en aumento.

La seguridad de los alimentos ejerce un efecto de amplio alcance en el comercio mundial. La Organización Mundial de la Salud calculó que en 1993 las enfermedades transmitidas por los alimentos produjeron pérdidas en el comercio internacional de alimentos de aproximadamente 380 millones de dólares en todo el mundo (PAHO/WHO, 1998). Además de la carga económica para los afectados, las enfermedades transmitidas por los alimentos produjeron repercusiones económicas en la industria y los sistemas de asistencia de salud.

En menos de un mes se anunciaron tres alertas sanitarias por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud (Ssa) de que se prohibieron las importaciones de lechuga, espinaca y zanahoria procedentes de Estados Unidos, debido a una probable contaminación de la bacteria E. coli.

El caso es que en California, Estados Unidos, perdió la vida una persona por consumir espinacas contaminadas por E. coli y por lo menos 100 personas fueron hospitalizadas.

Las autoridades sanitarias del país señalan que la producción nacional de lechuga no tiene problema y que se puede consumir sin riesgo.

A pesar de que no hay seguridad de la calidad sanitaria de los productos agrícolas frescos que se importan de Estados unidos, las secretarías de Salud, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación acuerdan reabrir parcialmente la frontera mexicana a las lechugas y espinacas procedentes de Estados Unidos, a excepción de las que se producen en California, donde se mantiene la restricción.

Por otro lado, las autoridades sanitarias de Canadá, Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria, por lo menos en tres exhortos han advertido no consumir varias marcas de jugo de zanahoria importado de Estados Unidos por sospechar que está contaminado y ha provocado varios casos de botulismo.

Estados Unidos impone condiciones estrictas para la importación de los productos a partir de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001, en la que da lugar a la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo (Ley contra el Bioterrorismo), aprobada por su Congreso y que entró en vigor el 12 de junio de 2002. Así, los estadounidenses han desarrollado iniciativas que mejoran e incrementan sus acciones de control en el ingreso de personas y de mercancías en su territorio.

No es concebible que Estados Unidos imponga normatividad jurídica en las importaciones, cuando desde dentro se tienen los focos de contaminación; se autoriza a la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos) para retener administrativamente alimentos si prueba que dichos alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales.

Los países importadores de productos tienen razones económicas de peso para exigir productos seguros. Las importaciones no seguras pueden suponer una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores. La retención o el rechazo de un producto no seguro y la reducción de la confianza de los consumidores en un producto o en la capacidad de un país para elaborar productos seguros puede dar como resultado importantes pérdidas de ingresos tanto para los países importadores como para los exportadores. Esas pérdidas de mercados y el descenso de los ingresos pueden traducirse en una reducción de los servicios comunitarios, en salarios más bajos y en pérdida de puestos de trabajo.

Por lo anterior solicito de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Sagarpa y la Secretaria de Economía hagan valer y apliquen los principios básicos del Tratado de Libre Comercio, en lo que se dicta en la Sección B, en la que se tiene derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias necesaria para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal en el territorio nacional.

Segundo. Si se autorizo la apertura de la frontera para la introducción de los productos en comento, por las autoridades federales, se solicita que se informe a esta soberanía qué criterios fueron tomados en cuenta para la importación de esos productos.

Tercero. Se dé a conocer qué políticas, lineamientos o estrategia se realizarán para contrarrestar el efecto negativo que causó en la producción nacional que la lechuga, las espinacas y las zanahorias de importación estuvieran contaminadas por E. coli.

Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Padilla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos para el retiro o jubilación de servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado Presidente: el pasado martes 17 de octubre, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, Leonel Castillo, durante la presentación de su Informe de labores 2005-2006, entre otras cosas, señaló la decisión del Tribunal Electoral de cancelar tres fideicomisos que había suscrito para sufragar bonos de retiro de los magistrados electorales y del personal administrativo de alto nivel.

El 30 de agosto de 2000, la Comisión de Administración del Tribunal emitió el acuerdo 052/S42, que ordena la creación de tres fideicomisos para el retiro o jubilación de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El uso de recursos públicos utilizados por el tribunal para la contratación de los fideicomisos citados fueron constituidos con las economías del año 2000; es decir, recursos que no se ejercieron, lo que presupone a simple vista la violación a lo dispuesto en el artículo 38 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, el cual dispone en su primer párrafo que: ``...las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre no podrán ejercerse''.

En cumplimiento al acuerdo citado, el 25 de julio de 2001 fueron constituidos los fideicomisos con el Banco Internacional, siendo el primero de ellos el número 158984, que para septiembre de 2006 cuenta con la cantidad de 52 millones 709 mil 186 pesos. Del cuerpo de este primer fideicomiso se advierte que, en caso de que un magistrado electoral deje el cargo, cada uno de ellos recibirá una séptima parte de este fondo; lo que equivale a una cantidad superior a los 7 millones de pesos. El segundo fideicomiso, con número 158976, buscaba privilegiar los bonos de retiro de dos servidores del tribunal: al secretario general de Acuerdos y al secretario administrativo. El tercer fideicomiso pretendía financiar pensiones de los más altos funcionarios del Tribunal Electoral, cuyo monto asciende a 31 millones 717 mil 516 pesos. La suma de estos recursos alcanza la cantidad de 88 millones, 173 mil 177 pesos, contabilizados al 30 de septiembre de 2006.

De la información que ha difundido la Auditoría Superior de la Federación, contenida en el tomo 2, página 158, del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, se advierte que los recursos originales para la creación de los fideicomisos citados provenía de un remanente presupuestal del año 2000 que no había sido reintegrado a la Tesorería de la Federación, por lo que se exigió fueran reintegrados los recursos con los intereses que hubieran generado.

El secreto fiduciario se impone como una barrera que parece infranqueable y que fomenta la opacidad, la impunidad, la corrupción, pues con dinero de erario se han constituido fideicomisos inescrutables que manejan recursos cercanos al ocho por ciento del producto interno bruto. Ante estos hechos, la Cámara de Diputados no puede evadir su obligación constitucional de velar por el interés público.

El Poder Judicial no es ajeno a la rendición de cuentas y a la transparencia, tiene el deber fundamental de dar publicidad y certeza al manejo de recursos asignados por la hacienda pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados integra una comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000 al 2005.

Segundo. La comisión especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se asientan las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal y del Consejo de la Judicatura Federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo.

Tercero. La comisión especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de octubre del año 2006.

Es cuanto, diputado Presidente, y solicito se pueda integrar el texto completo en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos previstos para el retiro o la jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2005, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000 al 2005, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fecha 22 de agosto del año de 1996 entró en vigor la reforma electoral y judicial que dio origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones, está organizado en una Sala Superior y 5 Salas Regionales.

La Sala Superior se integra por siete Magistrados como lo señala el artículo 99 de la Constitución General, los cuales durarán en su encargo diez años.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 99 de La Constitución General y 205 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral contará con una Comisión de Administración la cual tiene entre sus atribuciones principales, aprobar y ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal.

La Comisión de Administración se integra con el presidente del Tribunal Electoral, quien la preside, un magistrado electoral de la Sala Superior designado por insaculación, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

Atendiendo a la autonomía financiera que corresponde al Tribunal, el párrafo séptimo del artículo 99 constitucional dispone que éste propondrá su presupuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

El pasado martes 17 de octubre, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Leonel Castillo, durante la presentación de su informe de labores 2005-2006, entre otras cosas, señaló la decisión del Tribunal Electoral de cancelar tres fideicomisos que había suscrito para sufragar bonos de retiro de los magistrados electorales y del personal administrativo de alto nivel.

El 30 de agosto de 2000 la Comisión de Administración del Tribunal emitió el acuerdo 052/S42 que ordena la creación de tres fideicomisos de inversión y administración para el retiro o jubilación de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El uso de recursos públicos utilizados por el Tribunal Electoral para la contratación de los fideicomisos citados, fueron constituidos con las ``economías'' del año 2000, es decir recursos que no se ejercieron lo que presupone a simple vista la violación a lo dispuesto por el artículo 38 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, el cual dispone en su primer párrafo que ``Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse''.

En cumplimiento al acuerdo citado, el 25 de julio de 2001 fueron constituidos los fideicomisos con Banco Internacional SA (Bital), siendo el primero de ellos el número 158984, que para el 30 de septiembre de 2006 cuenta con la cantidad de 52 millones 709 mil 186 de pesos.

Del cuerpo de este primer fideicomiso se advierte que ``en caso de que un magistrado electoral deje el cargo cada uno recibirá una séptima parte de ese fondo'', lo que equivale a una cantidad superior a los siete millones de pesos.

El segundo fideicomiso con número 158976, buscaba privilegiar los bonos de retiro de dos servidores del Tribunal, al secretario general de Acuerdos y al secretario Administrativo, ascendiendo el monto del fideicomiso a 3 millones 746 mil 474 pesos a la misma fecha del mes pasado.

El tercer fideicomiso contratado con el número 158968, pretendía financiar pensiones de los demás altos funcionarios del Tribunal Electoral, cuyo monto asciende a 31 millones 717 mil 516 pesos.

La suma de los recursos de estos tres fideicomisos alcanzan la cantidad de 88 millones 173 mil 177 pesos, contabilizados al 30 de septiembre de 2006, según consta en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre del presente año.

De la información que ha difundido la Auditoría Superior de la Federación, contenida en el Tomo II, página 158, del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003 se advierte que los recursos originales para la creación de los fideicomisos citados, provenían de un remanente presupuestal del año 2000 que no había sido reintegrado a la Tesorería de la Federación, por lo que exigió fueran reintegrados los recursos con los intereses que hubieran generado.

La contratación de estos fideicomisos presupone el soslayo a los principios fundamentales de eficiencia, eficacia y honradez en el manejo de los recursos públicos asignados al Tribunal Electoral.

Sin embargo el Tribunal se negó a acatar las observaciones de la Auditoría Superior amparándose en el ``principio de anualidad'', es decir, argumentó que la ASF revisaba las cuentas del 2003 y en consecuencia no podía auditar las operaciones realizadas en el año 2000.

El secreto fiduciario, el principio de anualidad, son criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enarbolado en ``aras de la legalidad y del estado de derecho'', sin embargo, esta miope concepción de la impartición de justicia ha significado legalizar el robo más grande de la historia al pueblo de México, el Fobaproa, el cual convirtió en deuda de todos los mexicanos el bienestar e impunidad de unos cuantos.

El secreto fiduciario, se impone como una barrera, que parece infranqueable, y que fomenta la opacidad, la impunidad, la corrupción, pues con dinero del erario se han constituido fideicomisos inescrutables que manejan recursos cercanos al 8 por ciento del producto interno bruto.

Ante estos hechos, la Cámara de Diputados no puede evadir su obligación constitucional de velar por el interés público.

El Poder Judicial no es ajeno a la rendición de cuentas y a la transparencia, tiene el deber fundamental de dar publicidad y certeza del manejo de los recursos asignados por la hacienda pública.

La integración de una Comisión Especial es indispensable para conocer el origen, monto y destino de los recursos públicos utilizados en la contratación de los fideicomisos del Tribunal Electoral, y en el caso de encontrar irregularidades procederemos a iniciar los procesos de responsabilidad que para estos servidores públicos señala el Título Cuarto de nuestra Constitución General, como puede ser el juicio político.

El pueblo de México no tolera más que se abuse de la posición y del encargo público para garantizar intereses particulares con remuneraciones que están fuera del contexto de marginación y rezago en que viven millones de mexicanos.

No puede ser más un gobierno rico con un pueblo pobre, no puede ser más que mientras el salario de los ministros de la Corte y del Tribunal Electoral rondan los 380 mil pesos mensuales, más seguro de separación y abusivas prestaciones y prebendas, el incremento al salario mínimo no alcance siquiera para comprar un boleto del Metro.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000 al 2005.

Segundo.La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se asienten las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal y del Consejo de la Judicatura Federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo.

Tercero. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputados: Javier González Garza, Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Luis Sánchez Jiménez.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

IMPORTACIONES DE FRIJOL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de frijol.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Con su permiso, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de frijol por el daño causado por las importaciones de 2006.

El suscrito, diputado federal José Rubén Escajeda Jiménez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente propuesta.

Exposición de Motivos

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera el frijol como un producto básico y estratégico. Su cultivo data de hace ocho mil años. Junto con el maíz, la calabaza y el chile, este producto constituía la columna vertebral de la alimentación de los pueblos mesoamericanos, ya que aporta proteínas de calidad y otros componentes que fortalecen la salud y la nutrición humana.

Las familias mexicanas pobres se sirven del frijol para la obtención de diversas materias grasas y proteicas, mientras que las familias de altos ingresos lo hacen de la carne, el jamón, el queso y la mantequilla, entre otros. Por ello, el frijol no sólo es un producto básico y estratégico, sino además de consumo popular.

Después del maíz, el frijol es el cultivo más importante del país. La producción nacional es de 1 millón 100 mil toneladas al año, que se logran en una superficie aproximada de 2 millones 200 mil hectáreas, de las cuales el 87 por ciento es de temporal y sólo el 13 por ciento es de riego, siendo cultivadas por 571 mil productores que detentan una extensión promedio de 3.7 hectáreas.

El frijol se cultiva prácticamente en toda la República Mexicana. Sin embargo, el 74 por ciento de la producción nacional se concentra en siete Estados: Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Sinaloa, consumiéndose en el país la totalidad de la producción. En pocos años, de ser un país exportador, pasamos a ser importadores de frijol, principalmente de Estados Unidos.

No obstante, este cultivo es un gran generador de empleo en el sector rural, ya que se calcula que sólo en la etapa de la producción agrícola utiliza más de 78 millones de jornales, lo que equivale a más de 382 mil empleos permanentes.

Las organizaciones de productores de fríjol han demandado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en esta materia, debido a las asimetrías existentes entre los productores de Estados Unidos y los mexicanos, como los siguientes:

El rendimiento por hectárea en Estados Unidos de América supera 2.9 veces el rendimiento en México. El 100 por ciento de los productores norteamericanos usa fertilizante; en nuestro país sólo el 10 por ciento. La totalidad de los productores en Estados Unidos utiliza semilla mejorada, en México sólo el 24 por ciento. En Estados Unidos los subsidios son 12 veces más grandes que en nuestro país y mientras que allá el subsidio por trabajador es de 346 dólares, acá es de 81.

En junio del 2003 se instaló el Comité Nacional del Sistema Producto-Frijol, con la finalidad de elevar los niveles de productividad y competitividad en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Si bien es cierto que a la fecha se han identificado los principales problemas, no se ha logrado definir una política pública de apoyo a los productores que integre un modelo de competitividad productiva.

Se siembra en superficies muy pequeñas y, pese a los elevados costos, la productividad por hectárea es poca. Se vende a precios bajos y los productores corren los riesgos sin que exista ningún sistema compensatorio a sus ingresos. En suma, enfrentan serios problemas de organización, infraestructura, capacitación, financiamiento, tecnología, comercialización y seguro agrícola.

Lo más grave es que en tiempos de transición hacia la apertura sea el propio gobierno el que obstruya la posibilidad de que los productores sean más competitivos, pues mientras en el sistema producto se identifican los problemas, la Secretaría de Economía los agudiza al fijar cupos de importación que desploman los precios del frijol.

En el TLCAN, México estableció cuotas de acceso para Estados Unidos y Canadá de 50 mil y mil 500 toneladas, respectivamente, con un incremento anual del 3 por ciento. Para el sobre cupo se fijó un arancel de 48 centavos de dólar por kilogramo, que el Gobierno Mexicano no ha cobrado, lo cual tan sólo al 2003 representó una pérdida fiscal por 161 millones de dólares, mismos que en términos reales constituyen un subsidio a los importadores en perjuicio de los productores y con los cuales se pudo haber constituido el fondo compensatorio del frijol.

Para colmo, este año la Secretaría de Economía emitió cupos para importar frijol de Estados Unidos por un total de 65 mil toneladas, siendo lo más grave no los cupos sino los periodos en que los fijó: 13 mil toneladas en abril y 52 mil en septiembre.

La Secretaría de Economía no consideró que en abril se está recolectando y comercializando la cosecha del ciclo otoño-invierno y que tales importaciones afectarían a los estados de Sinaloa y Nayarit. Tampoco consideró que la licitación en septiembre perjudicaría la cosecha del ciclo primavera-verano, realizada en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, provocando grandes pérdidas a los productores de temporal.

Las organizaciones frijoleras consideran que el estado debe responder por la responsabilidad objetiva y civil nacida de la comisión de un acto administrativo lesivo para el patrimonio de los productores que representan.

La administración que está por terminar generó este problema y, por lo mismo, debe ser este gobierno el que lo resuelva, estableciendo un mecanismo compensatorio a los ingresos de los productores que se ejerza antes del 30 de noviembre del 2006 y, para no afectar la cosecha nacional ni perjudicar el ingreso de los productores, en lo sucesivo, autorizar la importación de frijol en los meses de junio y julio de cada año.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal a aplicar, de manera urgente, las acciones necesarias que permitan otorgar a los productores de frijol una compensación a sus ingresos antes del 30 de noviembre del 2006, derivado de la pérdida en el precio de su producto por la fijación de cupos de importación licitados por la Secretaría de Economía en el ejercicio del 2006, en periodos que afectan el levantamiento de la cosecha y comercialización del fríjol.

Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Rubén Escajeda Jiménez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra la diputada María Dolores González, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre este asunto.

La diputada María Dolores González Sánchez:Buenas tardes, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes.

Posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional, en torno al punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de frijol, por el daño causado por las importaciones del 2006: hemos escuchado con mucha atención el punto de acuerdo que se ha presentado en esta tribuna, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer mecanismos que permitan compensar el daño causado a los productores de frijol, como resultado de las importaciones autorizadas por este año. Consideramos oportuno llevar este tema a la palestra nacional, toda vez que para Acción Nacional existe un compromiso auténtico, permanente y responsable con el sector agropecuario en su conjunto y en especial con los productores de mayor rezago social y económico. Por ello, no dudamos en sumarnos a esta propuesta, que hoy se pone a consideración de esta honorable Asamblea, con el propósito de, por un lado, corregir la política nacional de autorización de cupos y, por otro, atender las afectaciones derivadas de una autorización de cupo inadecuada que repercute sobre nuestros productores.

Cuando hablamos de 570 mil productores de frijol, cuando hablamos de productores de frijol y de los efectos alimentarios sobre el pueblo mexicano, entonces estamos hablando de las subsistencias de millones de mexicanos y ese tema es prioridad nacional; nadie en este honorable recinto ni en otros puede siquiera pensar en lo contrario.

Es indispensable que, sin contratiempos, se exhorte al gobierno federal a no admitir importación alguna de frijol en sus diversas variedades en los meses de junio y julio de cada año, ya que se dañan principalmente estados productores de este cultivo, como Zacatecas, Nayarit, Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y, por supuesto, Guanajuato; de igual manera, se impida con toda la fuerza del Estado que ilegalmente y por cualquier punto fronterizo se introduzca al país frijol que daña enormemente a los productores mexicanos y al mismo estado de derecho.

De suma importancia resulta exhortar también al gobierno federal a analizar, de manera urgente, lo siguiente: de los productores de frijol de temporales, cuáles fueron afectados por la importancia desafortunada en el 2006 y de los montos a asignar por hectárea, según la variedad que resulte en comparación directamente proporcional por el precio del mercado en la región a analizar; se informe a esta soberanía los montos recibidos por sobre cupo y las cantidades cobradas por el arancel de 48 centavos de dólar por kilogramo, y a las importaciones de frijol provenientes de Estados Unidos de América y de Canadá.

Si el campo mexicano depende de más de dos millones de hectáreas de frijol que coadyuvan al sistema alimentario nacional, es de gran valía exhortar al gobierno federal a definir las políticas públicas que busquen la competitividad agrícola, en particular en los cultivos básicos, como es en este caso el frijol.

Es cuanto, señor Presidente y muchas gracias, señores legisladores, por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Dolores González. Tiene la palabra la diputada Susana Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Susana Monreal Ávila:Muchas gracias; con su permiso, señor Presidente: vengo a esta tribuna, por supuesto, a respaldar el acuerdo que presenta el diputado federal José Rubén Escajeda, del grupo parlamentario del PRI, a decirles que los diputados de Zacatecas, de Nayarit y, por supuesto, de Sinaloa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticanos sumamos; a decirles que la situación que prevalece en el campo y en especial de los frijoleros es muy lamentable. Zacatecas sí es un estado que es de los principales productores de frijol, pero también quiero decirles que es uno de los estados que tiene más emigración, que tiene más alta tendencia a que los compañeros zacatecanos emigren al norte y la razón fundamental es porque cada día es menos redituable sembrar frijol y maíz en nuestro estado, como en la mayor parte del país.

Yo creo que en esta Cámara de Diputados y, en especial en esta tribuna, por supuesto que nos tenemos que manifestar y mantener un rechazo tajante y puntual a las importaciones de frijol que se han dado con el aval y la complicidad de la Secretaría de Economía. Decirles que nuestros estados, a la hora de cosechar el frijol, sufren un calvario para su comercialización; lo hacen a precios irrisorios, lo hacen a precios que dan vergüenza; pero también quiero decirles que los pocos que llegan a comercializar su frijol no llegan a recuperar la inversión que muchos de ellos hacen en los insumos que se requieren para su cosecha y para su siembra. Decirles que la mayoría de los productores prefieren dejar el producto a que se eche a perder, se manche; peor aún, que ni siquiera se levante de las parcelas, por eso nos sumamos a esta petición, para que se genere ese mecanismo compensatorio, pero también queremos decirles que pedimos al gobierno federal y en especial a la Secretaría de Agricultura que estos mecanismos se cumplan.

En el Presupuesto 2006 se programó un apoyo de mil 500 millones de pesos para los productores de maíz y de frijol, y que a la fecha no se han cumplido. Este apoyo se iba destinado a pequeños productores, pero por las reglas de operación que establecieron, difícilmente lo cumplirán. Ojalá que no vuelva a pasar lo mismo y que nosotros los legisladores estemos al pendiente de que se cumpla; que el gobierno federal, que el secretario de Agricultura ya no tome medidas curativas y genere medidas preventivas. Ése es nuestro exhorto, a que mantenga la sensibilidad hacia los productores de frijol y de maíz; el campo requiere una verdadera atención y requiere que lo veamos con prioridad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Monreal. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, señor Presidente: por supuesto que el grupo parlamentario del Partido del Trabajoapoya en todos sus términos este punto de acuerdo; pero también es importante que hagamos una reflexión más profunda sobre el problema de la producción y la comercialización del frijol: Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y otros estados, Zacatecas como el primer productor de frijol a nivel nacional, presenta una problemática que en estos momentos requiere de una solución inmediata.

El gran problema que encontramos en los productores de frijol en estos momentos es el precio de comercialización; sabemos bien que en momentos inoportunos se aprovecha y se autorizan cupos de importación que merman la comercialización de un número muy importante de productores de esta gramínea; ¿y qué encontramos en este momento? En el caso de Zacatecas, ya está levantando su cosecha de frijol; Sinaloa ya hizo lo propio, Nayarit también, y nos encontramos que el precio en estos momentos es ridículo; de ahí que esta medida compensatoria que se está proponiendo por el compañero diputado José Rubén la veamos más a fondo.

Tenemos que ver la manera de cómo garantizamos un precio de garantía del frijol mínimo a nueve pesos en este momento; porque si hablamos con nuestros compañeros productores de frijol, que la mayoría son pequeños productores, les están ofreciendo cinco o seis pesos en estos momentos; de ahí que esta medida compensatoria requiere este tipo de instrumentos, pero también es necesario que vayamos más a fondo: que este producto debe de tener también engarzado el desarrollo de su cadena productiva; no podemos permitir que únicamente estemos hablando de la producción de frijol a granel, tenemos que ir más allá, y por eso ahora en el presupuesto de egresos del próximo año, ojalá que haya sensibilidad de todas las compañeras y compañeros diputados para que no nada más veamos el asunto de la comercialización, sino también vayamos a la industrialización de este producto y que nos permita que el valor agregado que se le incluya desde sus lugares de origen sea lo suficiente para que podamos compensar los ingresos de todas estas familias.

No olvidemos que en el 2008 el Tratado de Libre Comercio, en su Capítulo Agropecuario, va a permitir la importación libre de este producto y de ahí que tengamos que tomar muy en cuenta, con mucha seriedad, este asunto, porque si nosotros como Poder Legislativo no ponemos toda la atención a estos miles y miles de productores, entonces va a suceder una catástrofe en el campo mexicano. Por eso apoyamos este punto de acuerdo y ojalá que vayamos más allá. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo:Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados; compañeras diputadas: en primer lugar, queremos sumarnos y apoyar el punto de acuerdo de nuestro amigo y compañero diputado Rubén Escajeda, pero también ampliar y puntualizar algunas situaciones en referencia a este tema: yo creo que un objetivo de las organizaciones de productores, sin duda alguna es la participación en la parte de la comercialización y no nada más del frijol, sino de muchos productos agrícolas como el maíz, el trigo, a fin de que los remanentes que se dieran por estos proyectos, realmente vayan para apoyo de los productores participantes en estos pools de venta que se han organizado.

Pero hay un tema donde yo quisiera que se pusiera una gran atención: no podemos frenar la parte de desplazamiento de cosechas con esquemas que, al final, como no hay ningún daño para las organizaciones que sacan adelante estos proyectos, lo que está sucediendo en la mayoría de las ocasiones --por no tener puntualizadas las formas y las metodologías-- se da una acumulación de inventarios, de cosechas tras cosechas, lo cual viene, sin duda alguna, a afectar la parte de producción, la parte del campo que necesitan los productores para poder darle continuidad a su proceso. En otras palabras, cuando no hay una real responsabilidad, ni hay un programa que permita que la secretaría o las partes encargadas de este ramo puedan agilizar esos procesos de comercialización, termina en la mayoría de las ocasiones, en acumulación de inventarios.

Yo creo que es muy importante que definamos hacia dónde se quiere llegar con este tipo de planteamientos, y para mí, en primer lugar, deberíamos de preocuparnos por desfogar esas bodegas para que haya continuidad en los proyectos productivos de siembra de los diferentes estados; si no, va a ser un tema de nunca acabar. Yo creo que es importante que se tomen cartas en el asunto; efectivamente, que se les dé la oportunidad a las organizaciones de productores, pero que junto con ello vaya una normativa que permita la presentación de un programa de ventas de producto para poder sacar los inventarios en tiempo y forma. Es decir, creo que es importante que nos sentemos en este tema todos porque, al final, lo que se pretende es que cuando se dio la oportunidad para comercializar a la organización y ésta no está cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado ese programa, que la autoridades de inmediato intervengan y que la película se llame ``Vamos desfogando las bodegas'', para no tener al final una contraposición y una parte de encuatamiento con las siguientes cosechas. Esa es mi propuesta y muchas gracias por su atención.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado.

Esta Presidencia tiene el gusto de enviar un cordial saludo y bienvenida a la Asociación Japonesa de Ensenada, que se encuentra entre nosotros.

Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio González García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Sergio González García:Con su permiso, señora Presidenta: vengo a esta tribuna a sumarme al punto de acuerdo que presentó mi compañero diputado; pero también vengo a pedirles a mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones que lo que hablemos, de lo que hagamos, que muchos no son campesinos, pero yo quisiera que sintieran lo que sentimos los campesinos.

Yo soy diputado federal por el estado de Nayarit, de un distrito netamente campesino, y donde yo también siembro una hectárea de frijol. Pero siento en carne propia, y no de hoy, de años atrás, compañeros diputados; hace tres años anduve en la Ciudad de México, aquí, como diputado local, buscando la forma de vender mi producto y el de muchos compañeros, y lo triste es, por eso quiero mencionarlo, cuando llegamos a los grandes empresarios y los coyotes, cuando me decía uno de ellos: ``mira, diputado, nosotros para exportar, importar de Estados Unidos, tenemos que ampararnos, y si el gobierno federal quisiera, nos tumbara el amparo y entonces nos dan 20 días para volver a ampararnos, y en 20 días se consume el frijol que produce Nayarit...''

Imagínense, compañeras y compañeros diputados, el daño que nos hacen a nosotros los campesinos cuando estamos comprando la semilla a 15 pesos el kilo y a nosotros nos la pagan a cuatro, a tres cincuenta, a cinco pesos. Es criminal, de veras. Y luego, todavía nos dicen algunos del gobierno: ``para qué los siembran'', porque no tenemos otra forma de mantenernos y crearles las fuentes de empleo a nuestros hijos; por eso vengo aquí a pedirles que, así como lo estamos hablando, y que se sumen todos los diputados, para que esto se haga una realidad, que busquemos la forma de la comercialización.

Nosotros apenas estamos sembrando, en este etapa que entra el mes, pero empezamos a cosechar en marzo, cuando a veces la Secretaría de Economía lanza una convocatoria un mes antes que nosotros vamos a cosechar, para que puedan importar, y por eso la demanda de nosotros; la gente trata de vender la cosecha a un precio justo y real; por eso vengo a pedirles, que nos sumemos, y que va a llegar el tiempo y el término; pero así como lo estamos hablando, que lo hagamos en los hechos. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado. En vista de que no hay más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Permítame, diputado Secretario. El diputado Gustavo Pedro Cortés, tiene la palabra.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: vengo a hacer uso de la tribuna para sumarme a la propuesta que está en discusión, pero para señalar brevemente lo siguiente: la cosecha de este año de los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua, particularmente, ya están en esa fase, los productores de frijol; sin embargo, un elemento que está incidiendo en el precio de comercialización es la existencia de 100 mil toneladas de frijol, que es el inventario que hoy existe; y existe ese frijol porque a este país llega del extranjero una cantidad importante de frijol de contrabando, particularmente de Estados Unidos, por esa razón ese inventario no ha salido de las bodegas, situación que debe ser revisada y esperemos que el secretario Mayorga, que viene el día de mañana a la Cámara, explique esta situación.

Queremos decir también que en el esquema de comercialización los gobiernos de los estados tienen responsabilidades puntuales y no las han asumido. Pensamos que para resolver este problema, que es recurrente --cada año es el mismo problema, como si no existiera experiencia ya para comercializar los productos--, nos parece lamentable decir que en algunos estados los gobernadores dejan solos a los campesinos; éste es el caso del estado de Durango, donde el precio que se acordó para la comercialización, que además es un volumen insuficiente: se van a acopiar sólo el 25 por ciento de la producción. Se estima por las autoridades estatales que hay una producción de 180 mil toneladas, de ésas solamente se van a comercializar 45 mil; es decir, es un volumen insuficiente, lo mismo sucede con Zacatecas.

Pero en la definición del precio, en el caso particular del estado de Durango, el gobierno del estado dejó sólo a los productores, en la medida que no aportó los 50 centavos que solicitaban para que el precio fuera de 6.50. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pedro Cortés. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

PESCA DEPORTIVA Y RIBEREÑA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Manuel Lizárraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que analice y evalúe el impacto de la norma oficial mexicana 29 en la pesca deportiva y ribereña.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza:Muchas gracias, diputado Presidente; compañeras, compañeros legisladores: con fundamento en la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosnos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Primera. Integrantes de los sectores dedicados a la pesca deportiva y ribereña, así como los empresarios del ramo turístico del estado de Baja California Sur nos han manifestado su oposición hacia algunas definiciones contenidas en el proyecto de Normal Oficial Mexicana NOM-029. ``Pesca responsable de tiburones y rayas, especificaciones para su aprovechamiento'', aprobado para consulta pública por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable de la Sagarpa, en su sesión efectuada el 7 de julio del año 2004.

Segunda. Lo anterior, porque en acuerdos anteriores se había señalado que la pesca de las categorías comerciales denominadas tiburones y rayas, únicamente podrían realizarse a una distancia de 50 millas náuticas de la franja costera, permitiendo en esa demarcación marina el desarrollo de la pesca deportiva y ribereña, que le dan movilidad y sustento a las comunidades de la entidad. No obstante ahora, en una nueva versión del proyecto NOM-029 existe la pretensión de reducir la demarcación de las 50 millas náuticas indicadas a sólo 15 millas náuticas, lo que afectaría las actividades pesqueras, turísticas y económicas afines, así como la sobrevivencia de la flora y fauna marinas de esos ecosistemas.

Tercera. Un antecedente del proyecto NOM-029 es la formulación de un anteproyecto de norma oficial mexicana que regula el aprovechamiento de tiburones y rayas, aprobado para consulta pública por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, del año 1999 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2000.

Cuarta. Asimismo, en el año 2002 el referido Comité ratificó los acuerdos que derivaron en la NOM-029-2000, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del año 2002.

Quinta. Con base en las solicitudes presentadas a la Sagarpa por sectores productivos de la pesca deportivo-recreativa, organizaciones no gubernamentales y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo, se tomó la decisión de posponer la entrada en vigor de la norma oficial mexicana a fin de recibir las propuestas, comentarios y documentos técnicos o científicos de los solicitantes.

Sexta. Debido a que el tiempo estimado para esta tarea fue insuficiente, la norma fue cancelada mediante aviso publicado el 11 de octubre del año 2002, con la finalidad de dar lugar a un mayor tiempo para el análisis de las propuestas de regulación.

Séptima. En ese lapso el grupo de trabajo técnico continúa analizando la información disponible y formuló una nueva versión del proyecto de Norma Oficial Mexicana, en cuyo apartado de especificaciones se encuentra la propuesta de 15 millas náuticas, que para la pesca comercial de tiburones y rayas significaría una ampliación de su área de trabajo, mientras que para la pesca deportiva y ribereña representaría una reducción muy importante de su zona marina y, consecuentemente, una amenaza constante de depredación incidental y no incidental de las especies propias de ese espacio y en el declive de los polos de desarrollo que concentran una gran diversidad de fuentes de trabajo para los habitantes del estado y para las familias procedentes de los distintos estados de la República Mexicana.

Octava. El impulso de destinos turísticos como el del municipio de Los Cabos se debe a su auge gradual y sostenido, a la comunión de muchos esfuerzos, destacadamente a la tenacidad de sus pobladores autóctonos, mayoritariamente pescadores ribereños, e igualmente a sus inversionistas.

Novena. Por consiguiente, es preciso buscar una solución al problema de la delimitación de espacios marinos para la pesca comercial de tiburones y rayas, y la correspondiente a la pesca deportiva y ribereña que no afecte los intereses del ecosistema y de los sectores económicos y sociales competentes.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Comisión de Pesca de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión a integrar una subcomisión encargada de analizar y evaluar con todas sus implicaciones el impacto de la NOM-029 en la pesca deportiva y ribereña y en el turismo, tarea que demanda del tiempo necesario para escuchar las opiniones, dudas y temores de los sectores involucrados, por lo que durante este ejercicio no debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación la citada norma, hasta construir los consensos que ésta demanda. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la Sagarpa, la Semarnat y la Sectur analice y evalúe el impacto de la NOM-029 en la pesca deportiva y ribereña, suscrita por los diputados Víctor Manuel Lizárraga Peraza y Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Víctor Manuel Lizárraga Peraza y Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1) Integrantes de los sectores dedicados a la pesca deportiva y ribereña, así como empresarios del ramo turístico del estado de Baja California Sur nos han manifestado su oposición hacia algunas definiciones contenidas en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-PESC-2003, ``Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento'', aprobado para consulta pública por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en su sesión efectuada el 7 de julio del 2004.

2) Lo anterior, porque en acuerdos anteriores se había señalado que la pesca de las categorías comerciales denominadas tiburones y rayas, únicamente podría realizarse a una distancia de 50 millas náuticas (92.650 kilómetros) de la franja costera; permitiendo en esa demarcación marina el desarrollo de la pesca deportiva y ribereña, que le dan movilidad y sustento a las comunidades de la entidad. No obstante, ahora, en la nueva versión del proyecto NOM-29 existe la pretensión de reducir la demarcación de las 50 millas náuticas indicadas a sólo 15 millas náuticas (27.795 kilómetros), lo que afectaría las actividades pesqueras, turísticas y económicas afines, así como la sobrevivencia de la flora y fauna marinas de esos ecosistemas.

3) Los antecedentes del proyecto NOM-29 son la formulación de un Anteproyecto de NOM que regula el aprovechamiento de elasmobranquios (tiburones y rayas), aprobado para consulta pública por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable en 1999 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el año 2000.

4) Asimismo, en el año 2002, el referido Comité ratificó los acuerdos, que derivaron en la NOM-029-PESC-2000, que fue publicada en el DOF el 12 de julio del 2002.

5) Con base en las solicitudes presentadas a la Sagarpa por sectores productivos de la pesca deportivo-recreativa, organizaciones no gubernamentales y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo; se tomó la decisión de posponer la entrada en vigor de la NOM, a fin de recibir las propuestas, comentarios y documentos técnicos o científicos de los solicitantes.

6) Debido a que el tiempo estimado para esta tarea fue insuficiente, la norma fue cancelada mediante aviso publicado el 11 de octubre del 2002, con la finalidad de dar lugar a un mayor tiempo para el análisis de las propuestas de regulación.

7) En ese lapso, el Grupo de Trabajo Técnico continuó analizando la información disponible y formuló la nueva versión del proyecto de norma oficial mexicana, en cuyo apartado de especificaciones se encuentra la propuesta de 15 millas náuticas, la que para la pesca comercial de tiburones y rayas significaría una ampliación de su área de trabajo, mientras que para la pesca deportiva y ribereña representaría una reducción muy importante de su zona marina; y consecuentemente, una amenaza constante de depredación incidental o no incidental de las especies propias de ese espacio, y el declive de los polos de desarrollo que concentran una gran diversidad de fuentes de trabajo para los habitantes del estado y para las familias procedentes de distintos estados de la República Mexicana.

8) El impulso de destinos turísticos como los del municipio de Los Cabos debe su auge gradual y sostenido a la comunión de muchos esfuerzos, destacadamente a la tenacidad de sus pobladores autóctonos, mayoritariamente pescadores ribereños; igualmente, a sus inversionistas, y a los ciudadanos, cuyas actividades económicas, todas afines entre sí, han alcanzado notable repunte, fundamentalmente por el atractivo que representa para el turista de todos los tiempos, el arribo a estos lugares con el fin de practicar la pesca deportiva en forma regulada y sustentable.

9) Por consiguiente, es preciso buscar una solución al problema de la delimitación de espacios marinos para la pesca comercial de elasmobranquios (tiburones y rayas) y la correspondiente a la pesca deportiva y ribereña, que no afecte los intereses del ecosistema y de los sectores económicos y sociales competentes.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al gobierno federal que a través de la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Turismo, promueva la integración de una comisión interinstitucional e intersectorial encargada de analizar y evaluar con todas sus implicaciones el impacto de la NOM-29 en la pesca deportiva y ribereña y en el turismo.

Diputados: Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Lizárraga. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Pedro Landero López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex.

El diputado Pedro Landero López:Con su venia señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex.

Los suscritos diputados abajo firmantes, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para crear una comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex ( Petróleos Mexicanos), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante más de un siglo, la industria petroquímica ha sido uno de los temas fundamentales en la discusión de la agenda nacional. La visión de nuestro país en cuanto a la manera de observar las características de la propiedad de los hidrocarburos ha sufrido grandes cambios, es así que una primera etapa la falta de capacidad y desconocimiento del sector fue fundamento para que el petróleo nacional fuera controlado por capital extranjero; posteriormente, gracias a las acciones del presidente Cárdenas, se sentó el precedente de la propiedad de la nación en la materia.

Sin embargo, en la actualidad la falta de inversión en la paraestatal, la contratación para la prestación de servicios petroquímicos, fundamentalmente prestados por empresas extranjeras, han puesto en jaque la situación de Pemex, empresa que --paradójicamente-- al día de hoy opera con números rojos, no obstante de los precios récord del petróleo en el mundo.

A un lado de esta profunda crisis institucional, Pemex ha dejado en las regiones del país en donde tiene instalaciones de exploración, extracción y transformación de los insumos derivados del petróleo una ola de miseria, marginación, desplazamiento, desaparición de la naturaleza y de las fuentes de trabajo de cientos de miles de hombres del mar y del campo, que han visto convertirse sus litorales y sus praderas en basureros industriales generados por una empresa que no ha cumplido con sus fines sociales. Hoy día en México estamos muy lejos de alcanzar los propósitos de la paraestatal de ser una empresa limpia y segura, comprometida con el medio ambiente.

De acuerdo con datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, Pemex es la industria peor calificada en el cuidado de sus operaciones: de cada 2 emergencias ambientales que se presentan, una es generada por Pemex.

Ejemplos de la falta de cuidado y mantenimiento en las operaciones realizadas por personal de Pemex y las empresas que le prestan servicios es el accidente suscitado el pasado 18 de octubre en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se generó una explosión, seguida de un incendio, en el buque tanque Quetzalcóatl, que se encontraba anclado en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, de la cual exigimos a las autoridades que se investigue y se finque responsabilidades penales y civiles, además que se responda de manera inmediata a los familiares de los cuando menos 8 muertos que se tienen reportados. No se puede permitir que estos hechos se desvanezcan en el laberinto de la opacidad del manejo de estos temas por parte de la paraestatal.

Podríamos enumerar un sin fin de explosiones en ductos y derrames en la entidades que conviven con Pemex a diario.

Compañeros legisladores, es momento de que la Cámara de Diputados ratifique su compromiso con los estados que conviven a diario con Pemex, estableciendo con ciudadanos y gobiernos un enlace permanente de esta Cámara para el tratamiento de este tema en particular; seamos garantes de los trabajos de Pemex para garantizar el equilibrio social y ecológico.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados promoventes signamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, que tendrá como objetivo detectar la problemática e impacto ambiental que dicha empresa genera en los estados del país en donde se encuentran instalaciones de la paraestatal, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Segundo. La Comisión Investigadora cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex en los estados del país en donde se encuentran sus instalaciones funcionará por la duración de la LX Legislatura o hasta en tanto agote su objetivo, si esto ocurriere antes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Diputados: Pedro Landero López (PRD), José Antonio Almazán González (PRD), Layda Elena Sansores San Román (Convergencia), Moisés Dagdug Lützow (PRD), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (PRD), Daniel Pérez Valdés (PRI), José Amado Orihuela Trejo (PRI), Gerardo Lagunes Gallina (PRI), Adolfo Mota Hernández (PRI), Nemesio Domínguez Domínguez (PRI), Elizabeth Morales García (PVEM), Alfredo Barba Hernández (PRI), Héctor Padilla Gutiérrez (PRI), José Luis Aguilera Rico (Convergencia), Jorge Emilio González Martínez (PVEM), Verónica Velasco Rodríguez (PVEM), Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía (PVEM), Érika Larregui Nagel (PVEM), Antonio Xavier López Adame (PVEM), María Guadalupe Josefina García Noriega (PVEM), Francisco Martínez Martínez (PRD), Susana Monreal Ávila (PRD), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Octavio Martínez Vargas (PRD), Neftalí Garzón Contreras (PRD), Adriana Díaz Contreras (PRD), María Soledad López Torres (PRD), Armando García Méndez (Alternativa), Robinson Uscanga Cruz (Convergencia), Silbestre Álvarez Ramón (PRD), Francisco Javier Santos Arreola (PRD), Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), María Elena Torres Baltasar (PRD), Miguel Ángel Solares Chávez (PRD), Ramón Félix Pacheco Llanes (PRD), Mónica Fernández Balboa (PRD), Sonia Nohelia Ibarra Franquez (PRD), Alejandro Sánchez Camacho (PRD), Daniel Torres García (PRD), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD), Lourdes Alonso Flores (PRD), Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD), Santiago Gustavo Pedro Cortés (PT), Víctor Gabriel Varela López (PRD), Aurora Cervantes Rodríguez (PRD), Roberto Mendoza Flores (PRD), Daisy Selene Hernández Gaytán (PRD), Silvia Oliva Fragoso (PRD), Alejandro Martínez Hernández (PRD), José Luis Gutiérrez Calzadilla (PRD), Modesto Brito González (PRD), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (PRD), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), Raciel Pérez Cruz (PRD), Héctor Narcía Álvarez (PRD), Víctor Aguirre Alcaide (PRD), Benjamín Hernández Silva (PRD), Camerino Eleazar Márquez Madrid (PRD), Concepción Ojeda Hernández (PRD), Emilio Ulloa Pérez (PRD), Alberto Amaro Corona (PRD), Victorio Rubén Montalvo Rojas (PRD), Martín Ramos Castellanos (PRD), Miguel Ángel Peña Sánchez (PRD), Ruth Zavaleta Salgado (PRD), Cuitláhuac Condado Escamilla (PRD), Ramón Barajas López (PRI), Carlos Rojas Gutiérrez (PRI), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI), María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (PRD), Miguel Ángel Navarro Quintero (PT), Juan Dario Arreola Calderón (PRD), Aleida Alavez Ruiz (PRD), Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), Juan Manuel San Martín Hernández (PRD), José Jacques y Medina (PRD), Maribel Luisa Alva Olvera (PRD), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (PRD), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT), Anuario Luis Herrera Solís (PT), Abundio Peregrino García (PT), Irene Aragón Castillo (PRD), Antonio Ortega Martínez (PRD), Martín Zepeda Hernández (PRD), Carlos Altamirano Toledo (PRD), Javier Hernández Manzanares (PRD), Celso David Pulido Santiago (PRD), Rosa Elia Romero Guzmán (PT), Ricardo Cantú Garza (PT), Carlos Roberto Martínez Martínez (PRD), Higinio Chávez García (PRD), Efraín Morales Sánchez (PRD), Maricela Contreras Julián (PRD), Pablo Trejo Pérez (PRD), Rafael Villicaña García (PRD), Juan Adolfo Orcí Martínez (PRD), Delio Hernández Valadés (Alternativa), Martha Angélica Tagle Martínez (Convergencia), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa), Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), José Manuel del Río Virgen (Convergencia), María del Carmen Salvatori Bronca (Convergencia), Francisco Márquez Tinoco (PRD), César Flores Maldonado (PRD), Isidro Pedraza Chávez (PRD), Francisco Sánchez Ramos (PRD), Fernando Enrique Mayans Caníbal (PRD), David Mendoza Arellano (PRD), David Sánchez Camacho (PRD), Gerardo Villanueva Albarrán (PRD), Samuel Aguilar Solís (PRI), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (PRI), Claudia Lilia Cruz Santiago (PRD), Érick López Barriga (PRD), Raúl Ríos Gamboa (PRD), Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD), Holly Matus Toledo (PRD), Marcos Matías Alonso (PT), Rosa Elva Soriano Sánchez (PRD), Rafael Elías Sánchez Cabrales (PRD), Sergio Augusto López Ramírez (PVEM), Olga Patricia Chozas y Chozas (PVEM), José Edmundo Ramírez Martínez (PRI), Joel Guerrero Juárez (PRI), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (PRI), Daniel Amador Gaxiola (PRI), Félix Castellanos Hernández (PT), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (PRD), Víctor Ortiz del Carpio (PRI), Humberto Wilfrido Alonso Razo (PRD), Carlos Orsoe Morales Vázquez (PRD), Gerardo Priego Tapia (PAN) (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Landero. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Juan Hugo de la Rosa García, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida y publique Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

El diputado Juan Hugo de la Rosa García:Muy buenas tardes, compañeros diputados; con su permiso, señor Presidente: el que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticade la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoInterior de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

El acelerado desarrollo de las sociedades al margen de la protección del ambiente mundial ha provocado en éste último un importante y grave deterioro, en perjuicio de la población tanto nacional como mundial.

A partir del incremento poblacional y de los cambios industriales, el problema de los desechos comenzó a evidenciarse en el país, ya que las concentraciones urbanas generan grandes cantidades de residuos, las cuales son depositadas en lugares públicos, barrancas, cuerpos de agua, sólo por mencionar algunos sitios.

La Semarnat señala en sus Indicadores básicos del desempeño ambiental de México 2005, que en los últimos 13 años se estima que la generación de residuos sólidos municipales se ha incrementado en un 57 por ciento, alcanzando las 34.6 millones de toneladas en 2004, con un incremento promedio anual de casi un millón de toneladas. La producción y consumo de diferentes bienes por los individuos, derivado del propio desarrollo, genera una gran cantidad de residuos que pueden llegar a ser, por su volumen o por sus características, sumamente riesgosos.

Lo anterior se agrava aún más considerando que con el avance tecnológico los tipos de residuos comenzaron a variar: desechos inorgánicos como plásticos, fibras textiles de carácter sintético, pilas, entre otros, son eliminados en la misma forma que los desechos orgánicos, sin que la naturaleza sea capaz de degradarlos.

La Semarnat revela en los indicadores antes citados que cuando menos una tercera parte de los residuos sólidos municipales --es decir, el 33 por ciento-- se disponen sin ningún tipo de control. Esta falta de sistemas adecuados para el manejo de los residuos sólidos municipales puede tener efectos graves en la salud y bienestar de la población.

Sumado a lo anterior, existe el problema del manejo adecuado de los residuos peligrosos, toda vez que en nuestro país no contamos con la tecnología ni los recursos suficientes para su tratamiento y disposición final, lo cual constituye un elemento más para poner en riesgo el medio ambiente y a la salud humana. Tan es así, que el informe más reciente del titular de la Semarnat señala que, de los ocho millones de toneladas anuales que se generan, la Semarnat sólo tiene monitoreado el 50 por ciento; ello implica que nada más en el sexenio tendremos fuera de control absoluto un volumen de 24 millones de toneladas de residuos peligrosos más los que hayamos generado de sexenios anteriores.

La propia Semarnat informa que desde 1995 hasta 2004 se han registrado un total de 432 sitios contaminados; los principales materiales encontrados son hidrocarburos, escorias, aceites gastados, solventes, metales pesados y residuos biológico-infecciosos.

En este contexto, el 3 de octubre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección del ambiente y materia de prevención y gestión integral de los residuos en el territorio nacional.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos de los residuos sólidos urbanos. La ley, que se aprobó por el Congreso de la Unión, contiene un conjunto de preceptos que, al ser adecuadamente aplicados, propiciarían que tanto las autoridades como la sociedad asuman su responsabilidad en esta materia.

Ya no sólo dependerá de las voluntades unilaterales que tengan en políticas públicas o de impacto social, toda vez que la ley promueve políticas públicas de Estado para garantizar el derecho humano a un medio ambiente adecuado. Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el Congreso de la Unión, el Presidente de la República ha hecho caso omiso a lo dispuesto en el artículo 3 transitorio, el cual señala, a la letra, que el reglamento de la presente ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya, diputado.

El diputado Juan Hugo de la Rosa García: Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de la facultad concedida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acelerado desarrollo de las sociedades hecho al margen de la protección del ambiente mundial, ha provocado en este último un importante y grave deterioro, en perjuicio de la población, tanto nacional como mundial.

A partir del incremento poblacional y de los cambios industriales, el problema de los desechos comenzó a evidenciarse en el país, ya que las concentraciones urbanas generan grandes cantidades de residuos, las cuales son depositadas en lugares públicos, barrancas, cuerpos de aguas, sólo por mencionar algunos sitios.

La Semarnat señala en sus ``Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México: 2005'' que en los últimos trece años, se estima que la generación de residuos sólidos municipales se ha incrementado en un 57%, alcanzando las 34.6 millones de toneladas en el 2004, con un incremento promedio anual de casi un millón de toneladas.

La producción y consumo de diferentes bienes para los individuos, derivado del propio desarrollo genera una gran cantidad de residuos que pueden llegar a ser, por su volumen o por sus características, sumamente riesgosos. Lo anterior se agrava aún más considerando que con el avance tecnológico los tipos de residuos comenzaron a variar, desechos inorgánicos como plásticos, fibras textiles de carácter sintético, pilas, entre otros, son eliminados en la misma forma que los desechos orgánicos, sin que la naturaleza sea capaz de degradarlas.

La Semarnat revela en los indicadores antes citados, que cuando menos una tercera parte de los residuos sólidos municipales (33%), se disponen sin control. Esta falta de sistemas adecuados para el manejo de los residuos sólidos municipales puede tener efectos graves en la salud y el bienestar de la población su manejo. Dichos efectos se asocian generalmente a enfermedades como la fiebre tifoidea, la salmonelosis, el cólera y la amibiasis.

No obstante lo anterior, existe una problemática con los residuos que si reciben un manejo adecuado, toda vez que el tonelaje de disposición de las instalaciones disminuye a medida que éstas alcanzan el máximo de su capacidad, lo cual aunado al crecimiento poblacional hace que en el corto plazo no existan lugares para su adecuada disposición, agudizando el problema de contaminación y deterioro ambiental.

Sumado a lo anterior, existe el problema del manejo adecuado de los residuos peligrosos, toda vez que en nuestro país no contamos con la tecnología, ni los recursos suficientes para su tratamiento y disposición final, lo cual constituye un elemento más para poner en riesgo al medio ambiente y a la salud humana.

La propia Semarnat informa, en los mencionados indicadores, que desde 1995 hasta el 2004 se han registrado un total de 432 sitios contaminados (que incluyen aquéllos con y sin responsable). Los principales materiales encontrados son hidrocarburos, escorias, aceites gastados, solventes, metales pesados y residuos biológico-infecciosos.

Hay una creciente preocupación social respecto a los depósitos de residuos peligrosos. Esta se explica por la asociación de los residuos peligrosos con el cáncer y las malformaciones congénitas, sin embargo, existen otros problemas de salud asociados como las alteraciones mutagénicas, los daños renal y hepático, los problemas neurológicos y las enfermedades respiratorias y de pulmón.

Dada la magnitud del problema resulta indispensable que se busquen soluciones integrales y viables, que involucren a la sociedad; los estados, al tomar conciencia de esta situación, han reconocido la necesidad imperiosa de exigir la adopción inmediata de medidas que la corrijan, propiciando que el derecho se haya visto precisado a estudiar esta situación.

En este contexto el 3 de octubre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

La Ley que se aprobó por el Congreso de la Unión contiene un conjunto de preceptos que de ser adecuadamente aplicados propiciarían que tanto autoridades como sociedad asuman su responsabilidad en esta materia, ya no sólo dependerá de las voluntades unilaterales que tengan en políticas públicas o de impacto social, toda vez que la ley promueve políticas públicas de Estado para garantizar el derecho humano a un medio ambiente adecuado.

Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el Congreso de la Unión, el Presidente de la República ha hecho caso omiso a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio, el cual señala a la letra que: ``El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.''

Al respecto, es de señalarse que el Reglamento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal expedida por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. El Reglamento es producto de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, constitucional, que encomienda al Presidente para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo federal.

En este contexto la expedición del Reglamento permitirá la operatividad de diferentes aspectos de la ley de merito como: la ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del medio ambiente y remediación de sitios contaminados; ejecutar las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos, y las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos.

Con la expedición del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se establecerían de manera precisa los términos y condiciones de las autorizaciones para: la prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos, la utilización de residuos peligrosos en procesos productivos, el acopio y almacenamiento de residuos peligrosos provenientes de terceros, la incineración de residuos peligrosos, el transporte de residuos peligrosos, el establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones en donde se manejen residuos peligrosos, la transferencia de autorizaciones expedidas por la Semarnat, la importación y exportación de residuos peligrosos, entre otras.

El esfuerzo que se realizó en el Congreso de la Unión se debe materializar con la publicación del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el Diario Oficial de la Federación, ya que de esta forma lograremos que se provea en la esfera administrativa su exacta observancia y garantizar el cumplimiento del artículo 4º constitucional relativo al derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en uso de la facultad contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique, a la brevedad, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de octubre de 2006.--- Diputado Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Hugo de la Rosa. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

GRUPO DE AMISTAD MEXICO-NUEVA ZELANDIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea el Grupo de Amistad con el Parlamento de Nueva Zelanda.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández:Con su venia, señor Presidente; señoras y señores: Nueva Zelanda es una democracia parlamentaria independiente; el país es oficialmente una monarquía constitucional, cuyo jefe de Estado titular es la Reina Isabel II, representada por la gobernadora general Silvia Cartwright. El Parlamento neozelandés es unicameral; la Cámara de Representantes está integrada por 120 miembros, 65 representan distritos electorales, de los que cinco se reservan para la población maorí, y el resto se seleccionan de listas de candidatos de los partidos, para obtener un resultado proporcional; de esa Cámara es seleccionado un gabinete ejecutivo de 20 miembros, que es dirigido por la actual primera ministra Helen Clark, del Partido Laborista; otros cinco partidos tienen representación en la Cámara.

Nueva Zelanda ha sido uno de los pioneros en el uso del gas natural como combustible en vehículos automotores; ha sido firme defensora de la liberalización del comercio y de la protección del medio ambiente en negociaciones internacionales, así como del respeto a los derechos humanos y de las minorías.

Las relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelanda se establecieron el 19 de julio de 1973, y un año después se acreditó nuestro primer embajador en forma concurrente desde Australia, modalidad que cambia con la apertura de nuestra representación residente, en febrero de 1992. Por su parte, Nueva Zelanda abrió su misión en 1983.

La coincidencia en política internacional y el mutuo interés en activar el comercio y la cooperación bilateral han generado visitas del Ejecutivo y de ministros desde los años ochenta; el saldo de la balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitario para México, por lo cual es importante potenciar la capacidad exportadora de las industrias mexicanas a Nueva Zelanda. Desde la suscripción del acuerdo para impulsar las relaciones económicas e inversiones entre ambos países, el intercambio comercial entre México y Nueva Zelanda se fija en un monto de 450 millones de dólares, con una balanza positiva para México.

Son conocidas las declaraciones públicas de la Embajada de Nueva Zelanda en México sobre el interés de firmar en breve un tratado de libre comercio con nuestro país, con la intención de conseguir una sociedad económica más amplia que incluya comercio de bienes, intercambio de servicios y de personas, así como el fomento a la inversión y otros esfuerzos de cooperación económica y política.

Entre enero de 1999 y junio de 2003 las empresas con capital neozelandés registraron inversiones por 27.1 millones de dólares; con ello, Nueva Zelanda ocupó la quinta posición entre los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico que en ese lapso invirtieron en México. Hasta junio de 2003 se contaba con el registro de 20 sociedades con participación de capital neozelandés. Estas empresas son principalmente de servicios, comercio, industria y construcción y se localizan en el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.

México y Nueva Zelanda hemos sido aliados en organismos multilaterales; coincidimos en la promoción del desarme como integrantes del grupo de países de la nueva agenda. Coincidimos en la intención de la reforma de la ONU y de la protección internacional del medio ambiente.

En el ámbito educativo, México y Nueva Zelanda firmaron un memorándum de entendimiento mediante el que se busca compartir experiencias exitosas en la mejora de la calidad educativa.

En resumen, durante los últimos años México y Nueva Zelanda han dado pasos de acercamiento y colaboración de beneficio mutuo; los frutos de esta relación basados en la cooperación política, económica y el intercambio de personas pueden incrementarse. Las posibles alianzas con productores neozelandeses para ampliar y atender mejor nuestros mercados y la asistencia en materias como biotecnología, protección al medio ambiente y agroindustria --en el que Nueva Zelanda tiene amplio conocimiento-- será de gran beneficio para nuestro país.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia porque con la mayor brevedad posible se cree el grupo de amistad de esta soberanía con el Parlamento de Nueva Zelanda.

Segundo. El grupo de amistad tendrá como objetivo impulsar los esfuerzos de diversificación de la política exterior mexicana y procurará el intercambio de experiencias legislativas y la promoción de estudios sobre temas comunes y de interés entre ambos países.

Tercero. El grupo de amistad estará integrado por 10 diputados propuestos por los grupos parlamentarios.

Cuarto. El grupo de amistad estará vigente hasta el 30 de julio de 2009. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea el grupo de amistad de esta soberanía con el Parlamento de Nueva Zelandia, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Laura Rojas Hernández, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se pronuncia para que con la mayor brevedad posible se dé la creación del Grupo de Amistad de esta soberanía con el parlamento de Nueva Zelandia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nueva Zelandia es una democracia parlamentaria independiente. El país es oficialmente una monarquía constitucional, cuyo jefe de Estado titular es la Reina Isabel II, representada por la Gobernadora General, actualmente Silvia Cartwright.

El parlamento neozelandés está compuesto en la actualidad únicamente por la Cámara de los Representantes, la cual, está formada por 120 miembros elegidos por un sistema de representación proporcional desde 1996. En este sistema hay 65 miembros que representan distritos electorales, de los que cinco se reservan para la población maorí, y el resto se seleccionan de listas de candidatos de los partidos, para obtener un resultado proporcional.

Una consecuencia del nuevo sistema es que los partidos mayoritarios necesitan ahora el apoyo de los partidos minoritarios para formar los gobiernos de coalición.

De esa Cámara, es seleccionado un gabinete ejecutivo de 20 miembros, que es dirigido por la actual primera ministra Helen Clark, del Partido Laborista, de centro-izquierda. Actualmente, otros cinco partidos tienen representación en la Cámara, del cual el Partido Nacional, de centro-derecha, es la oposición oficial.

Nueva Zelandia, ha sido uno de los pioneros en el uso del gas natural como combustible en vehículos automotores. La experiencia con que cuenta incluye el desarrollo de métodos seguros y de precios competitivos para la conversión de motores así como de la tecnología para establecer y dar mantenimiento a una red convenientemente localizada de estaciones para el establecimiento de combustible.

Asimismo, dicha nación ha sido firme defensora de la liberalización del comercio y de la protección del medio ambiente en negociaciones internacionales, así como del respeto a los derechos humanos y al de las minorías. La población maorí es de carácter tribal y está integrada por 79 tribus tradicionales. En años recientes, ha tenido lugar un resurgir de la conciencia y del orgullo de la herencia maorí y se han realizado importantes esfuerzos para preservar el idioma y la cultura maoríes.

En lo que respecta a las relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelandia, estas se establecieron el 19 de julio de 1973 y un año después se acreditó nuestro primer embajador en forma concurrente desde Australia, modalidad que cambia con la apertura de nuestra representación residente en febrero de 1992. Por su parte, Nueva Zelandia abrió su misión en 1983.

La coincidencia en política internacional y el mutuo interés en activar el comercio y la cooperación bilateral ha marcado visitas oficiales mutuas a nivel del Ejecutivo y de ministros desde los años ochenta.

El saldo de la balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitario para México por lo cual es de mucho interés potenciar la capacidad exportadora de industrias mexicanas a Nueva Zelandia. No obstante, desde la suscripción del acuerdo para impulsar sus relaciones comerciales y económicas así como las inversiones entre ambos países, el intercambio comercial entre México y Nueva Zelandia se fija en la actualidad en una cantidad pequeña de 450 millones de dólares, con una balanza positiva para México.

Se maneja, de acuerdo con declaraciones públicas de la embajada de Nueva Zelandia en México, la posibilidad de firmar en breve un tratado de libre comercio con esa nación. No obstante, la denominación como Tratado de libre comercio, se ha mencionado que la intención es ir a una sociedad económica más amplia que incluya comercio de bienes, intercambio de servicios, fomento a la inversión y quizá otros esfuerzos de cooperación económica y política.

Entre enero de 1999 y junio de 2003, las empresas con capital neozelandés registraron inversiones por 27.1 millones de dólares. Con ello, Nueva Zelandia ocupó la quinta posición entre los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, que en ese lapso materializaron inversiones en México.

Hasta junio de 2003, se contaba con el registro de 20 sociedades con participación de Nueva Zelandia en su capital social. Las empresas con inversión neozelandesa se dedican a las actividades de servicios, comercio, industria y construcción. Se localizan principalmente en el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.

Existen grandes acuerdos y coincidencias entre México y Nueva Zelandia en el ámbito multilateral. En el tema del desarme, de la reforma a la ONU y de la protección ambiental hay grandes coincidencias.

Cabe destacar que las dos naciones forman parte del Grupo de Países de la Nueva Agenda, integrado además por Brasil, Egipto, Irlanda, Sudáfrica, y Suecia, el cual promueve la eliminación de las armas nucleares.

Asimismo es menester señalar que con el compromiso de llevar a cabo acciones que fortalezcan la enseñanza de niños y jóvenes, así como la capacitación de profesores, por primera vez México y Nueva Zelandia firmaron un acuerdo para fomentar la colaboración educativa el pasado 22 de abril. El cual consiste en el Memorando de Entendimiento para promover acuerdos de colaboración mediante el que se buscará compartir experiencias exitosas en la mejora de la calidad educativa.

En resumen, durante los últimos años México y Nueva Zelandia han dado pasos de acercamiento y colaboración en beneficio de ambos países y los buenos resultados de esta relación basados en los ejes de cooperación política, cooperación económica e intercambio de personas, pueden incrementarse con la perspectiva de un tratado de libre comercio que nos permita concretar alianzas con productores neozelandeses para atender el mercado al que México tiene acceso a través del TLCAN. Asimismo la asistencia en materias como biotecnología, protección al medio ambiente y agroindustria en el que Nueva Zelandia tiene amplio conocimiento será de gran beneficio para el país.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se pronuncia para que a la brevedad posible se cree el Grupo de Amistad de esta soberanía con el parlamento de Nueva Zelandia.

Segundo. El Grupo de Amistad tendrá como objetivo impulsar los esfuerzos de diversificación de la política exterior mexicana y procurar el intercambio de experiencias legislativas y la promoción de estudios sobre temas comunes y de interés entre ambos países.

Tercera. El Grupo de Amistad estará integrado por diez diputados propuestos por los grupos parlamentarios.

Cuarta. El Grupo de Amistad estará vigente hasta el 30 de julio de 2009.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Laura Angélica Rojas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Alberto Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Sí, ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva, había un acuerdo para que a la una de la tarde se tratara el tema de la situación política en Oaxaca. Son las dos de la tarde con 50 minutos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se puede abordar el tema de Oaxaca y la crisis que enfrentan más de tres millones de oaxaqueños?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Hubo una solicitud verbal de los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD para solicitar que el asunto se discutiera mañana. Esa es la razón por la cual hemos continuado con el orden del día, diputado.

Sonido a la curul del diputado.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Entiendo que el PRD no hizo esa solicitud, sino que fueron el PRI y el PAN. Exigimos que se trate el asunto. Ya estaba votado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si en este momento se termina lo que tiene que ver con los puntos de acuerdo para entrar en agenda política.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si procede la solicitud del diputado Esteva, en votación económica.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si procede la solicitud del diputado.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, Presidente; no procede.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, para ilustrar a la Asamblea, pido a la Secretaría que lea el punto de acuerdo que se votó.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: El punto de acuerdo que ha sido votado consiste en lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, que presente licencia o renuncia a su cargo, con la finalidad de contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en dicha entidad federativa.

Segundo. Una vez atendido el presente exhorto, la Cámara de Diputados llama a todos los actores políticos y sociales a retornar a la normalidad para una solución pacífica al conflicto y evitar cualquier acto de violencia en el estado de Oaxaca.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Hay una solicitud hecha por todos los coordinadores que no se votó en ese momento. Yo hice el comentario suponiendo que ya se había puesto a consideración de la Asamblea. Lo pondré a consideración en este momento. La solicitud dice:

``Único. En el orden del día de la sesión de hoy lunes 30 de octubre de 2006 se incluya en la agenda política, a las 13:00 horas, con el tema de la situación política en el estado de Oaxaca''.

Me aclaran en la Secretaría que esto que estoy leyendo ante ustedes, esto no fue leído. Yo hice el comentario, efectivamente, de que el tema de Oaxaca sería tratado a partir de la una de la tarde.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas. Adelante diputado

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Gracias, señor Presidente: independientemente de que la solicitud para que se incluyera en el orden del día fue signada por la mayoría --tengo entendido que menos un coordinador parlamentario--, encuentro muy gracioso que usted obsequie de manera económica algo que conforme a derecho y a la práctica parlamentaria debiera de presentarse por escrito.

Ahora bien, el planteamiento que usted hace en este momento, independientemente de que a juicio muy personal es un despropósito, pero --bueno-- es el Presidente de la Mesa, lo menos que pudiéramos hacer es consultar a los coordinadores parlamentarios cuál es el sentido de su participación para estar de acuerdo o no; en qué, quienes ya habían otorgado el visto bueno para que esto se atendiera a la una, ahora digan que no. Lo menos que necesitan los coordinadores parlamentarios que de manera conjunta firmaron, es que ellos mismos le hagan un comunicado a la Mesa Directiva para que ésta no sea obsequiosa y de manera informal irrumpa el estado de derecho mismo que nos regula.

Y por último, señor Presidente, encontramos muy extraño que a la hora en que se aprobó que fuera atendido de urgente resolución y se incluyera en el orden del día y las posiciones para tales efectos, sólo le hubiese sido permitido a dos partidos y a nosotros, usted, señor Presidente, nos dejó con la mano levantada para poder inscribir oradores en el turno correspondiente, y con una rapidez inusitada pasó al siguiente punto del orden del día.

Concluyo: simplemente le pido que fundamente conforme a derecho el trámite que le vaya a dar a este caso que nos ocupa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Quiero, en primer lugar, aclarar que esta Presidencia no tiene ningún interés en quitarle la posibilidad de opinar a ningún diputado, ni esta Presidencia promovió que se inscribiera o no se inscribiera el tema Oaxaca; de tal manera que yo rechazo cualquier comentario acerca de que desde la Presidencia se haya bloqueado la palabra a cualquier diputado. En el momento en que se discutió el punto de acuerdo únicamente hubo un diputado que hizo uso de la palabra y no hubo más inscritos, y yo comunico a ustedes simplemente que hay una solicitud verbal de los coordinadores de tres grupos parlamentarios para que el asunto se posponga para el día de mañana. No tengo ningún interés ni en posponerlo ni en inscribirlo.

El trámite que usted me solicita, con fundamento en las facultades que tengo como Presidente en el artículo 22 de la Ley Orgánica de dirigir las sesiones, de velar por el equilibrio entre las libertades de los legisladores, en cumplir con la eficacia de las funciones constitucionales de esta Cámara y de hacer prevalecer el interés general por encima de cualquier interés particular o de grupo, en la fracción II, al Presidente: conduce las relaciones institucionales de esta Cámara.

Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a la solicitud que de manera verbal me habían hecho los coordinadores, para que sea leída en tribuna.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ``Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente. Los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, solicitamos deje sin efecto el oficio por el que se modificó el orden del día de la sesión de hoy, lunes 30 de octubre de 2006, para incluir en la agenda política, a las 13:00 horas, con el tema de la situación política en el estado de Oaxaca.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Firman: diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista''.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza(desde la curul): Gracias, señor Presidente: efectivamente, yo creo que está claro el asunto; teníamos un acuerdo de todos los coordinadores y ahora se presenta un acuerdo con tres coordinadores, nada más tres coordinadores; entonces lo que le pido es que siga adelante con cómo se resuelve este asunto.

Tenemos una solicitud ya votada de que se empezara la discusión el día de hoy, firmada por todos los coordinadores y ahora llegó otra solicitud por tres coordinadores, y le pido a la Presidencia lo conducente para poder seguir con la sesión. Gracias, señor Presidente.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats y del diputado Esteva.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente: votamos un punto de acuerdo que me parece que es de la mayor trascendencia; diría yo que no tiene precedente en la historia del Poder Legislativo, y me parece que va a tener una repercusión en todos los medios y en la opinión pública.

Nunca se puso a consideración la posible alteración del orden del día, eso lo hizo usted hace unos minutos y fue confirmado por la mayoría; nosotros pedimos que ésta sea la decisión que se respete en el sentido de posponer el debate para el día de mañana. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Primero, mi inconformidad, ciudadano diputado, pedí la palabra antes que los dos diputados que me antecedieron en la palabra; le pido, por favor, que sea respetuoso con la solicitud del de la voz.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es la tercera vez que le doy la palabra, diputado.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): La segunda, ciudadano diputado, la segunda; el tema es que había un acuerdo para que a la una de la tarde se tratara el asunto de Oaxaca, y usted le ha dado el paso a una solicitud verbal y no a una solicitud escrita que se tenía con anticipación. Hoy estamos pidiendo que se aborde el conflicto en Oaxaca, y lo estamos pidiendo con energía y porque nos concede la Ley el derecho a opinar. Sabemos sus facultades, pero usted no puede coartar el deseo y la posibilidad de los diputados, de exponer el tema en tribuna.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dé lectura la Secretaría al artículo 23 de la Ley Orgánica, en su fracción F.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 23, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: ...F. Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Espero que lo haya escuchado, diputado Esteva. No estamos dejando de darle curso a los trámites que están inscritos en el orden del día. Había una petición para que se alterara el orden del día, que es la que están pidiendo y que quiero someter nuevamente a la consideración de ustedes para ver si se detiene en el orden del día, en el asunto que estamos, para entrar a agenda política.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se modifica el orden del día y entramos a la discusión de la agenda política, tomando en cuenta la solicitud hecha por la Junta de Coordinación, firmada por tres grupos parlamentarios. Consulte la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... No hay mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Layda Sansores.

La diputada Layda Elena Sansores San Román(desde la curul): Señor Presidente: efectivamente, hubo un orador porque hubo un acuerdo de que el debate sería a la una de la tarde y las dos terceras partes de esta Cámara lo votaron. Aquí, donde se hacen las leyes, se viola la Ley Orgánica. No quieran hoy con salidas leguleyas querer suprimir la libertad de los legisladores que quieren pasar a tribuna a tocar un tema fundamental; esto no es la primera vez que sucede, señor Presidente. El jueves 19, usted, cuando aquí se presentó la proposición de urgente y obvia resolución para discutir la propuesta de una comisión especial para combatir delitos contra periodistas, Convergencia --que ya había propuesto una paralela-- le hizo a usted un llamado, porque había una inminencia de albazo y esto se tomara en cuenta.

Pero de una manera incorrecta... Sí, es de sabios rectificar, pero no como usted lo hace; usted, desde su curul, y ahí sí hay mucha flexibilidad; le preguntó al diputado Gamboa que si era posible, que si estaba de acuerdo en que las dos terceras partes se anularan, y entre ustedes dos decidieron que esto se pospusiera. Esto no es más que el sometimiento y el vasallaje que hay del PAN con el PRI. Aquí, ustedes están arrodillados ante el poder real de esta Cámara, que es el PRI, y aquí quien está decidiendo es el licenciado Gamboa. ¿Qué le temen? Le están asustando con el petate del muerto, señor Presidente. Aquí los priístas, salvo honrosas excepciones, no patean el pesebre. Yo no sé de tanta cobardía, al grado de ustedes posponer un debate que es fundamental en la vida del país. Les debería de dar vergüenza, empezando por usted, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada. Debo aclararle que yo era el principal interesado en que se diera el debate sobre esto, y consta a los tres coordinadores, del PRD, del PAN y del PRI, que yo los exhorté a que hoy se diera este debate, pero soy respetuoso de la opinión de ellos para que este debate, por las razones que ellos tienen, se diera el día de mañana. Diputado Cristián Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras(desde la curul): Gracias, señor Presidente: en primer término, quiero referirme al tema y no desviarme con ninguna otra discusión; hace algunas horas, por proposición de algunos coordinadores de grupos parlamentarios en esta Cámara, se solicitó que por su conducto pusiera a consideración de la Asamblea si era de modificarse el orden del día para hacer una proposición con punto de acuerdo. Ese punto de acuerdo fue leído, fue puesto a consideración si era de urgente u obvia resolución, fue votado en esos términos; eso fue lo que votó la Asamblea en ese momento, si era de modificarse para dar lectura a esa proposición, y fue votada por la mayoría de esta Cámara en sentido afirmativo, como fue solicitado por el orador en turno.

En esta ocasión van dos veces que la Asamblea ha votado por una nueva solicitud para modificar el orden del día; esta soberanía, por mayoría, ha determinado que no es de modificarse en este momento; por lo tanto, señor Presidente, le pido que siga con el orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Castaño. Tiene la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD...

Sonido en la curul del diputado Othón Cuevas.

El diputado Othón Cuevas Córdova(desde la curul): Acepto que esta mayoría haya decidido dar continuidad, pero quiero dejar de manera personal mi posición, que no estoy de acuerdo con lo dicho por el diputado panista hoy en la mañana, diciendo que la entrada de la policía había arrojado un saldo blanco. No subir a la tribuna a desmentirlo me haría cómplice: hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos y quiero dejarlo asentado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado José Luis Aguilera.

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Gracias, señor Presidente: solamente quiero que revisen y solicitarle copia certificada del Diario de los Debates donde usted nos pide inclusive no subir a la tribuna para discutir a la una de la tarde el asunto de Oaxaca, cuando se subió el coordinador del grupo parlamentario del PRD. Nosotros honramos un acuerdo parlamentario que inclusive votamos conjuntamente; solamente le solicito esa copia certificada, porque ahí entonces nos daremos cuenta quién está mintiendo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Entréguesele copia certificada del Diario de los Debates al diputado, como ha sido solicitado.

PROTOCOLO DE ESTAMBUL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR a impulsar la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales.

La diputada Silvia Oliva Fragoso:Compañeras diputadas, compañeros diputados: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes considerandos:

Primero. Que en pleno siglo XXI aún persiste dentro de las investigaciones ministeriales, la práctica reprochable de torturar a indiciados para allegarse de pruebas y utilizarlas en procesos penales.

Durante los últimos 30 años Amnistía Internacional ha informado sobre el uso generalizado y sistemático de la tortura en México, y se ha movilizado a favor de la adopción de medidas eficaces para acabar con esa práctica y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, a principios del siglo XXI las reformas constitucionales y la legislación contra la tortura introducidos por los sucesivos gobiernos mexicanos han resultado insuficientes para subsanar los defectos del sistema de justicia penal que siguen fomentando su uso, aunque algunas autoridades indican que la utilización de la tortura por parte de organismos federales y estatales ha disminuido a medida que la vigilancia ha ido mejorando lentamente. Amnistía Internacional continúa recibiendo informes persistentes sobre la tortura.

La impunidad sigue siendo la norma para los responsables de cometer tortura y malos tratos, el hecho de que el uso de la tortura quede impune y se siga condenando a sospechosos en función de confesiones obtenidas mediante la coacción propicia el uso continuado de este método de investigación y demuestra que muchos de los diversos elementos del sistema judicial, policía, agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y funcionarios judiciales aceptan esta práctica abierta o tácitamente.

Les voy a poner además algunos ejemplos de que todavía existe la práctica de la tortura en México y solicito se inserte íntegramente el texto en el Diario de los Debates:

El pasado 28 de mayo de 2004 unas tres mil personas participaron en varias protestas en Guadalajara, estado de Jalisco, con motivo de la clausura de la III Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea. Las prácticas de la detención arbitraria, la tortura y malos tratos fueron la nota característica de la respuesta estatal ante las manifestaciones.

Al menos 211 personas fueron detenidas los días tres y cuatro de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina en la zona, un gran número de personas fueron torturadas.

El caso más reciente lo tenemos en los hechos ocurridos en este mes de octubre en la jornada electoral que tuvo lugar en Tabasco, en el que por lo menos una veintena de dirigentes, sí, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, fueron golpeados y sacados de la Sexta Agencia del Ministerio Público, al tiempo que torturaban e incomunicaban a otros; incluso los medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de personas esposadas y con huellas de golpes en el rostro.

Segundo. Que el 9 de agosto de 1999 el Protocolo de Estambul --cuyo nombre correcto es Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes-- fue presentado a la señora Mary Robinson, en su carácter de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por eso el día de hoy vengo a solicitar el apoyo de esta honorable Asamblea, para que se vote y se apruebe el siguiente punto de acuerdo:

Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República a que, en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, impulse en dicho órgano la implementación del Protocolo Estambul en todas las procuradurías estatales.

Y hago un reconocimiento a la PGR por la facilitación de documentos que me hizo llegar para conocer en qué estados ya se está implantando el Protocolo de Estambul, y creo que es un deber nuestro de impulsar que no haya tortura en nuestro país, y más con acontecimientos como los que hemos pasado y estamos pasando en la actualidad. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a efecto de que, en su carácter de presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. 2o., 3o., 10, fracción IX y 13 de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 3o.; 5o., inciso A), fracción I e inciso B) fracciones I, III, V y VII y 15 del Estatuto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la suscrita diputada Silvia Oliva Fragoso, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de este pleno la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador General de la República, para que en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implementación del Protocolo de Estambul en todas las Procuradurías estatales, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que en pleno siglo XXI, aún persiste dentro de las investigaciones ministeriales, la práctica reprochable de torturar a los indiciados para allegarse de ``pruebas'' y utilizarlas en los procesos penales.

Durante los últimos treinta años, Amnistía Internacional ha informado sobre el uso generalizado y sistemático de la tortura en México y se ha movilizado en favor de la adopción de medidas eficaces para acabar con esta práctica y llevar a los responsables ante la justicia1. Sin embargo, a principios del siglo XXI, las reformas constitucionales y la legislación contra la tortura introducidas por los sucesivos gobiernos mexicanos han resultado insuficientes para subsanar los defectos del sistema de justicia penal que siguen fomentando su uso, aunque algunas autoridades indican que la utilización de la tortura por parte de organismos federales ha disminuido a medida que la vigilancia ha ido mejorando lentamente Amnistía Internacional continúa recibiendo informes persistentes sobre tortura cada año; es más, es evidente que este método sigue siendo una práctica endémica en el ámbito estatal y municipal, que no se reconoce plenamente y menos aún se le hace frente.

La impunidad sigue siendo la norma para los responsables de cometer tortura y malos tratos. El hecho de que el uso de la tortura quede impune y se siga condenando a sospechosos en función de confesiones obtenidas mediante coacción, propicia el uso continuado de la tortura como método de investigación y demuestra que muchos de los diversos elementos del sistema judicial: policía, agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y funcionarios judiciales aceptan esta práctica, abierta o tácitamente.

Según Amnistía Internacional todos los cuerpos de las diversas fuerzas policiales de México, ya sean federales, estatales o municipales, recurren habitualmente a la tortura o los malos tratos como método de control policial o de prevención del delito. Existen informes frecuentes sobre torturas, malos tratos u otras prácticas policiales ilegales, como la detención arbitraria, por parte de las fuerzas de la policía judicial que actúan bajo las órdenes del Ministerio Público.

El pasado 28 de mayo de 2004 unas tres mil personas participaron en varias protestas en Guadalajara, estado de Jalisco, con motivo de la clausura de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea las prácticas de la detención arbitraria, la tortura y malos tratos fueron la nota característica de la respuesta estatal ante las manifestaciones.

Al menos 211 personas fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo del 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina de la zona. Un gran número de personas fueron torturadas.

El caso más reciente lo tenemos en los hechos ocurridos en este mes de octubre en la jornada electoral que tuvo lugar el Tabasco, en el que por lo menos una veintena de dirigentes y diputados federales del Partido de la Revolución Democrática fueron golpeados y sacados de la sexta agencia del Ministerio Público, al tiempo que torturaban e incomunicaban a otros.

Incluso los medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de personas esposadas y con ``huellas de golpes en el rostro''.2

Segundo. Que el 9 de agosto de 1999, el Protocolo de Estambul, cuyo nombre correcto es Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fue presentado a la señora Mary Robinson, en su carácter de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tercero. Que el protocolo forma parte de la serie de capacitación profesional No. 8 de la ONU, y que no es un tratado internacional, sino una mera guía médica para documentar y examinar tortura física y psicológica.

Cuarto. Que este proyecto ha sido financiado con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la Naciones Unidas para las Víctimas de la tortura; la División de Derechos Humanos y Política Humanitaria del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Suiza; la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; la Cruz Roja Sueca; la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y Physicians for Human Rights. Se ha obtenido apoyo suplementario del Centro para las Víctimas de la Tortura; la Asociación Médica Turca; el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura; Amnistía Internacional Suiza y la Asociación Cristiana para la Prohibición de la Tortura, Suiza.

Quinto. Que se pretende que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sirva para dar unas directrices internacionales aplicables a la evaluación de aquellas personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, para investigar casos de presunta tortura y para comunicar los hallazgos realizados a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.

Sexto. Que el Manual incluye los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales figuran en los anexos de la Resolución 200/43 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con fecha de 20 de abril de 2000 y de la Resolución 55/89 de la Asamblea General con fecha 4 de diciembre de 2000, ambas aprobadas sin votación.

Séptimo. Que estos Principios esbozan unas normas mínimas para que los Estados puedan asegurar una documentación eficaz de la tortura.

Octavo. Que las directrices que contiene el Manual no se presentan como un protocolo fijo más bien representan unas normas mínimas basadas en los principios y que deben utilizarse teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Noveno. Que el Manual y los Principios son el resultado de tres años de análisis, investigación y redacción de los que se han encargado más de 75 expertos en derecho, salud y derechos humanos, representantes de 40 organizaciones o instituciones pertenecientes a 15 países, y que la conceptualización y preparación del Manual se han hecho en colaboración entre médicos forenses, médicos, psicólogos, observadores de derechos humanos y juristas de Alemania, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, India, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza y Turquía, así como de los territorios Palestinos ocupados.

Décimo. Que la aplicación de dicho protocolo en el sistema de Seguridad Pública, en su etapa de administración de justicia, específicamente en la procuración de justicia, redundaría en la ampliación de los derechos de los indiciados, que sin menoscabo de los derechos de las víctimas, permitiría presentar un contrapeso a la práctica de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes.

Undécimo. Que nuestro país ha sido el primero de todos los que componen el orbe mundial en aplicarlo de manera directa a nivel federal y en el Distrito Federal, y

Duodécimo. Que el reconocimiento y aplicación de dicho instrumento internacional en el ámbito local permitiría a nuestras entidades federativas, colocarse en consonancia con la federación y nuestra capital.

Décimo tercero. Que el procurador general de la República preside la Asamblea de la Conferencia.

Décimo cuarto. Que es misión de la Conferencia ser el órgano de promoción y coordinación de esfuerzos de todas las instancias de procuración de justicia en el país, unidas a través del programa, para generar efectivas acciones de investigación y persecución del delito que influyan en el combate y prevención de la delincuencia que sean tangibles y medibles en beneficio de la sociedad, y constituirse a su vez en el eje fundamental del Sistema Nacional de Procuración de Justicia.

Décimo quinto. Que es objetivo principal de la Conferencia, erigirse como el órgano de análisis, difusión e instrumentación de la Procuración Nacional de Justicia, con estricto apego a la legislación aplicable, así como con absoluto respeto a la autonomía de las entidades federativas y para tal efecto, deberá instrumentar, implantar y ejecutar las políticas y acciones programáticas de colaboración, así como modernizar y mejorar los procedimientos de procuración de justicia; establecer programas permanentes para combatir la corrupción e impunidad, aplicables a todos los niveles de gobierno, encargados de la procuración de justicia, fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima del delito como del probable responsable, así como promover el establecimiento de programas para la capacitación del personal sustantivo.

En suma y de acuerdo a las consideraciones ya expuestas, la suscrita propone a este honorable Pleno, el siguiente

Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Procurador General de la República, para que en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales.

Notas: 1. Disponible en World Wide Web: 2. Disponible en World Wide Web: Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de octubre de 2006.--- Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

La secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 31 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Durango, Guerrero y Zacatecas.

De la Cámara de Senadores.

Protesta de diputada.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 15:20 horas): Se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 31 de octubre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 11 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 339 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 432 diputados.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 15.
• Puntos de acuerdo aprobados: 6.
• Excitativas a comisiones: 1.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 44PAN-8, PRD-16, PRI-7, PVEM-1, Convergencia-4, PT-4, Nueva Alianza-4.
• Se recibió:
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo en relación con la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México;
• 2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo de senadores;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de excitativa del senador Luis Alberto Villarreal García, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Guerrero;
• 1 Oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva, respecto de haber realizado lo conducente con respecto a la solicitud del diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, por la que solicita velar por el fuero constitucional de un grupo de diputados que acudieron al estado de Oaxaca, con el propósito de sostener reuniones de trabajo con diversos sectores de la sociedad oaxaqueña;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Gobernación, por el que concede permiso a 2 ciudadanos, para prestar servicios en la Embajada de Malasia en México;
• 1 de la Comisión de Gobernación, por el que concede permiso a 14 ciudadanos, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación, por el que concede permiso a 2 ciudadanos, para prestar servicios en la Embajada de Malasia en México;
• 1 de la Comisión de Gobernación, por el que concede permiso a 14 ciudadanos, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Estado de Oaxaca: 90
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 67
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Importaciones de frijol: 74
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Estado de Chihuahua: 53
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Estado de Oaxaca: 87
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Trabajadores migratorios mexicanos: 50
• Castaño Contreras, Cristián(PAN) Estado de Oaxaca: 90
• Castro Muñoz, Juan de Dios(PAN) Colegio de Bachilleres: 40
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Cámara de Diputados: 45
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Estado de Oaxaca: 90
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Ley General de Educación: 28
• De la Rosa García, Juan Hugo(PRD) Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 81
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Importaciones de frijol: 71
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 87, 89
• Flores Grande, Arturo(PAN) Cámara de Diputados: 47
• Flores Maldonado, César(PRD) Grupos de amistad con países árabes: 48
• García Müller, Martha Margarita(PAN) Estado de Chihuahua: 52
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Estado de Chihuahua: 53
• González García, Sergio(PRI) Importaciones de frijol: 75
• González Garza, Javier(PRD) Colegio de Bachilleres: 39
• González Garza, Javier(PRD) Estado de Oaxaca: 36, 88
• González Sánchez, María Dolores(PAN) Importaciones de frijol: 72
• Landero López, Pedro(PRD) Petróleos Mexicanos: 79
• Larios Córdova, Héctor(PAN) Estado de Oaxaca: 37
• Lizárraga Peraza, Víctor Manuel(PRD) Pesca deportiva y ribereña: 76
• López Ramírez, Sergio Augusto(PVEM) Caza de ballenas: 60
• López Rojas, Alberto(PRD) Estado de México: 63
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Importaciones de frijol: 73
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Protocolo de Estambul: 90
• Ortiz Magallón, Rosario(PRD) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo: 42
• Padilla Gutiérrez, Héctor(PRI) Importación de vegetales: 65
• Patrón Montalvo, Jesús Manuel(PRI) Importaciones de frijol: 74
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Importaciones de frijol: 75
• Peregrino García, Abundio(PT) Educación superior: 54
• Ríos Camarena, Alfredo Adolfo(PRI) Prestar servicios en representaciones diplomáticas: 34
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Estado de Oaxaca: 88
• Rojas Hernández, Laura Angélica(PAN) Grupo de Amistad México - Nueva Zelandia: 84
• Sansores San Román, Layda Elena(Convergencia) Estado de Oaxaca: 89
• Santos Arreola, Francisco Javier(PRD) Presidencia de la República: 55
• Soto Sánchez, Antonio(PRD) Gas natural: 43
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Estado de Chihuahua: 51
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley de Seguridad Nacional: 57

ASISTENCIA

DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO PARLAMENTARIO	ASISTENCIA	ASISTENCIA POR CÉDULA	ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL	PERMISO MESA DIRECTIVA	INASISTENCIA JUSTIFICADA	INASISTENCIAS	TOTAL
PAN	182	4	2	3	0	13	204
PRD	108	4	1	9	0	5	127
PRI	93	4	1	5	0	3	106
PVEM	12	1	0	3	0	1	17
CONV	15	0	0	2	0	0	17
PT	8	2	0	1	0	1	12
NA	9	0	0	0	0	0	9
ALT	4	0	0	0	0	1	5
PT	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	432	15	4	23	0	24	24

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.

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SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	OFICIAL COMISIÓN
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	OFICIAL COMISIÓN
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	INASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	INASISTENCIA
54 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
55 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
56 Domínguez Servién Francisco	CÉDULA
57 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
58 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
59 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo	INASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
66 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
68 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
69 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
70 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
71 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
72 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
73 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
74 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
75 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
76 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
77 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
79 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
80 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
81 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
82 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
83 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
84 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
85 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
86 Gudiño Ortíz Francisco Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
88 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción	INASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
93 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
99 Lara Compeán David	ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	INASISTENCIA
103 Leura González Agustín	ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
107 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
109 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
111 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
112 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
113 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
114 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
115 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
116 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
117 Maldonado González David	ASISTENCIA
118 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	INASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
140 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
141 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
142 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
143 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
144 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
145 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
146 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
147 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
148 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
149 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
150 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
151 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
152 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
153 Priego Tapia Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
154 Pulido Pecero Pedro	INASISTENCIA
155 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
156 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
157 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
158 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
159 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
160 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
161 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
162 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
163 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
164 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
165 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	CÉDULA
166 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
167 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
168 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
169 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
170 Rojas Hernández Laura Angélica	PERMISO MESA DIRECTIVA
171 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
172 Romo Jiménez Martha Angélica	INASISTENCIA
173 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
174 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
175 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
176 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
177 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
178 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
179 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
180 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
182 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
183 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
184 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
185 Serrato Castell Luis Gerardo	CÉDULA
186 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
187 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
188 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
189 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
190 Torres Herrera Víctor Manuel	INASISTENCIA
191 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
192 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
193 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
194 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
195 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
196 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
197 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
198 Verástegui Ostos César Augusto	CÉDULA
199 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
200 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
201 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
202 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
203 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
204 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 182
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 13
Total diputados: 204

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	INASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	INASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	CÉDULA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	PERMISO MESA DIRECTIVA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	INASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	PERMISO MESA DIRECTIVA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	CÉDULA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	OFICIAL COMISIÓN
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	CÉDULA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	CÉDULA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 108
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 9
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	INASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	INASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	OFICIAL COMISIÓN
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	CÉDULA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	INASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	CÉDULA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	PERMISO MESA DIRECTIVA
94 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 93
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Elizondo Garrido Francisco	CÉDULA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	INASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	CÉDULA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	CÉDULA
11 Solís Parga Rodolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	INASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Bermúdez Viramontes Andrés
2 Dávila García Francisco
3 Díaz Gordillo Martha Cecilia
4 Escobar Jardinez Adolfo
5 Hurtado Pérez Nelly Asunción
6 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio
7 Medina Rodríguez Delber
8 Morelos Borja María Esperanza
9 Navarro Sugich Carlos Alberto
10 Palafox Núñez José Inés
11 Pulido Pecero Pedro
12 Romo Jiménez Martha Angélica
13 Torres Herrera Víctor Manuel
Faltas por grupo: 13

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Condado Escamilla Cuitlahuac
2 Gutiérrez Calzadilla José Luis
3 Jacques y Medina José
4 Mendoza Mendoza Irineo
5 Pedraza Chávez Isidro
Faltas por grupo: 5

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Barba Hernández Alfredo
2 Beltrán Montes Israel
3 Murat José
Faltas por grupo: 3

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Ramírez Cerda Ana María
Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 García Méndez Armando
Faltas por grupo: 1