---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:25 horas): Se abre la sesión.

Esta Presidencia saluda a los músicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Conservatorio, de la Sinfónica Nacional, que estuvieron aquí presentes. Esperamos que cuenten con los apoyos necesarios para seguir difundiendo la buena música. Gracias.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 31 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Durango y Zacatecas.

Protesta de diputadas.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite la proposición presentada por la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las reformas constitucionales relativas al federalismo y al patrimonio cultural.

Minuta

Con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la Comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre; así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma el artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo respecto al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados patrimonio cultural de la humanidad, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Tampico, a implantar las políticas públicas necesarias para el aprovechamiento sustentable de la Laguna del Carpintero, ubicada en esa localidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla a adoptar medidas y mecanismos que permitan la libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar la ampliación de la cobertura del Fondo Metropolitano, destinándole mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Sagarpa información relacionada con el ingenio Puga, del estado de Nayarit, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por la inmediata solución del problema de los productores de caña de azúcar del ingenio de Puga, del estado de Nayarit, a cargo del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a publicar, con la mayor brevedad, el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en el estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y a la SHCP a realizar estudios técnicos y financieros a efecto de comprobar la viabilidad de la reducción del monto del peaje que pagan las motocicletas en las autopistas del país, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al titular de la SHCP, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo relativo a la organización del orden del día de las sesiones de la Cámara de Diputados, suscrito por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SCT, a la SHCP y a la Cofetel a brindar seguridad a las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con objeto de exigir al Ejecutivo federal el cese inmediato de la represión en el estado de Oaxaca, la liberación de los detenidos, la salida inmediata de la PFP y un exhorto a esta Cámara para que inicie juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 una partida para atender las pérdidas económicas del sector turístico en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el rescate, la preservación, el desarrollo y el aprovechamiento de la cuenca del valle de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la determinación adoptada por diversas entidades federativas en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Banco de México que atienda la situación relacionada con la aceptación o el canje de billetes no aptos para circular, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a actualizar y publicar en su sitio de Internet la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz, y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Profeco que investiguen las actuaciones de la CFE por la falta de cumplimiento de las especificaciones de la NOM y el mal funcionamiento de los medidores de luz en Mexicali, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que esta soberanía instruya a las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos para que instalen la Subcomisión de Examen Previo; y de que la Junta de Coordinación Política proponga la integración de la Sección Instructora, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar la intervención de la Segob a fin de dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004 por los daños que ocasionaría a la actividad turística de Baja California Sur, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos destinados a concluir la construcción de carreteras en diversos municipios de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la pena de muerte mediante lapidación sobre siete mujeres en la República Islámica de Irán, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere una partida destinada al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a ampliar y fortalecer la protección consular de los connacionales radicados en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre los estudios y las estimaciones de medición de la pobreza, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, a solicitud de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre los acontecimientos en el estado de Oaxaca, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes treinta de octubre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del lunes treinta de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Se reciben cinco oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:

Puntos de acuerdo en relación con la décimo cuarta Reunión Interparlamentaria Canadá-México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Proposición con puntos de acuerdo sobre los Ingresos Petroleros excedentes, presentada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional. El punto primero del acuerdo se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento, por lo que se refiere al punto segundo se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Proposición con punto de acuerdo en relación a la construcción del Parque Ecológico sobre la ex refinería dieciocho de marzo, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Solicitud del senador Luis Alberto Villareal García, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Acuerdo del Congreso del estado de Guerrero para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete, se destinen recursos para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Presidencia informa a la asamblea haber realizado lo conducente con respecto a la solicitud del diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, por la que solicita velar por el fuero constitucional de un grupo de diputados que acudieron al estado de Oaxaca con el propósito de sostener reuniones de trabajo con diversos sectores de la sociedad oaxaqueña.

El diputado Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ocho de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Comisión de Gobernación remite dos dictámenes de primera lectura con proyectos de decreto por los que concede permisos a:

Dos ciudadanos, para prestar servicios en la embajada de Malasia, en México.

Catorce ciudadanos, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León.

A las once horas con treinta y siete minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y dos diputadas y diputados.

Desde su curul, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios y la Presidencia toma nota. En votación económica se les dispensa la segunda lectura y se aprueban en conjunto por trescientos cincuenta y seis votos en pro, cero en contra y cuarenta y cuatro abstenciones. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día una proposición con punto de acuerdo, por la que la Cámara de Diputados exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz, a que presente licencia o renuncie a su cargo. En votación económica, la asamblea acepta su inclusión. Para presentar la proposición, se le concede la palabra al diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza y de Alternativa. En votación económica, la asamblea, considera el punto de urgente resolución. Para hablar en pro, se le concede la palabra al diputado Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

El diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, aplique el Programa de nivelación salarial aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil seis, para los trabajadores del Colegio de Bachilleres. En votación económica, la asamblea, considera la proposición de urgente resolución. Se le concede la palabra para hablar en pro al diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias de Comunicaciones y de Relaciones Exteriores de la Sexagésima Legislatura. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Rosario Ortiz Magallón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la Compañía Federal de Electricidad, las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy. Se turna a la Mesa Directiva.

Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de exhortar al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y acerca de las lesiones y malos tratos inferidos a legisladoras y legisladores federales. En votación económica, la asamblea, considera la proposición de urgente resolución. Se le concede la palabra para hablar en pro al diputado Arturo Flores Grande, del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

César Flores Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de diversos grupos de amistad con países árabes. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibe proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete una partida destinada al fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Víctor Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas licuado de Petróleo y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Para hablar en pro, se les concede la palabra a los diputados: Martha Margarita García Müller, del Partido Acción Nacional; Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza y Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete se asignen mayores recursos para la educación superior. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, en el ramo administrativo dos, `` Presidencia de la República'', introduzca medidas de austeridad. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el estatuto laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y el reglamento de seguridad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Alberto López Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, estado de México, y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a aclarar los homicidios y castigar a los responsables conforme lo establece la ley.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Héctor Padilla Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la entrada en el país de lechugas, espinacas y zanahorias provenientes de Estados Unidos de América. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Ganadería.

Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados al retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales dos mil-dos mil cinco. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un mecanismo compensatorio al ingreso de los productores de fríjol por el daño causado por las importaciones en dos mil seis. En votación económica la asamblea la considera de urgente resolución. Para hablar en pro, se les concede la palabra a los diputados: María Dolores González Sánchez, del Partido Acción Nacional; Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Sergio González García, del Partido Revolucionario Institucional; y Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En votación económica, la asamblea la aprueba. Comuníquese.

Víctor Manuel Lizárraga Peraza, a nombre propio y del diputado Juan Adolfo Orci Martínez, ambos del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo analice y evalúe el impacto del proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-cero veintinueve-PESC-dos mil tres en la pesca deportiva y ribereña. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pedro Landero López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Petróleos Mexicanos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Juan Hugo de la Rosa García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se crea el Grupo de Amistad de esta soberanía con el parlamento de Nueva Zelandia. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Desde su curul el diputado Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, solicita sea tratado el asunto relacionado con el estado de Oaxaca. El Presidente solicita a la Secretaría consulte a la asamblea si es de modificarse el orden del día para dar lugar a la petición del diputado Esteva Salinas. En votación económica, la asamblea no acepta la modificación del orden del día. La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura al punto de acuerdo aprobado. El Presidente hace las aclaraciones con respecto a la discusión del punto al que se dio lectura. Desde su curul el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia hace las aclaraciones. La Secretaría da lectura a la solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para que el asunto relacionado con el estado de Oaxaca sea tratado en la próxima sesión. Desde sus respectivas curules, los diputados Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional y Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, hacen observaciones. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo veintitrés, numeral uno, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica, la asamblea no acepta la modificación del orden del día para abordar el tema del estado de Oaxaca. Desde sus respectivas curules los diputados: Layda Elena Sansores San Román, de Convergencia; Cristián Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional y Othón Cuevas Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, hacen comentarios y la Presidencia aclara el punto. Desde su curul el diputado José Luis Aguilera Rico, de Convergencia hace una solicitud que la Presidencia obsequia.

La diputada Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que, en su carácter de presidente de la asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución, suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con veinte minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes treinta y uno de octubre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.Continué la Secretaría.

ESTADO DE DURANGO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Durango.--- H. LXIII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Palacio Legislativo.

En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo que a la letra dice:

``Primero. Que esta honorable Sexagésima Tercera Legislatura solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión que, de acuerdo con su competencia, amplíen el Fideicomiso que Administra el Apoyo a los ex Braceros por dos años más, ya que originalmente fue creado por cinco años, los cuales resultan insuficientes para resolver dicho asunto;

''Segundo. Que el Comité Técnico que integra el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos abra de nuevo el padrón para afiliar a aquellas personas que por diversos motivos no alcanzaron su registro ante la Secretaría de Gobernación;

''Tercero. Que esta honorable Legislatura exhorte al honorable Congreso de la Unión para que cree la comisión especial de seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migrantes mexicanos;

''Cuarto. Que esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal para que analice la viabilidad de incorporar una partida presupuestal al Proyecto de Egresos para el Año 2007;

''Quinto. Que se nombre una comisión especial de seguimiento al asunto de los ex-braceros, y

''Sexto. Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que el trato sea de manera respetuosa y se agilicen los trámites correspondientes.''

Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Dgo., a 18 de octubre de 2006.--- Diputado Sergio Uribe Rodríguez (rúbrica), Secretario; Diputada Gloria Guadalupe Martínez Castañola (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

ESTADO DE ZACATECAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Adjunto nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 132, aprobado por la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, en el Presupuesto de Egresos para el 2007 se consideren los recursos económicos necesarios para atender contingencias climatológicas.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., a 5 de octubre del año 2006.--- La Honorable LVIII Legislatura del Estado.--- Diputada Aída Alicia Lugo Dávila (rúbrica), Secretaria; Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica), Secretaria.»

«LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

Acuerdo número 132

La honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Único. Que en la sesión del Pleno del día 3 de octubre de dos mil seis, los diputados José de Jesús del Real Sánchez, Juan Francisco Ambriz Valdez y José Chávez Sánchez, integrantes de esta representación popular, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 24 y 25 de nuestro Reglamento General, sometieron a la consideración del Pleno una iniciativa de punto de acuerdo para solicitar al Congreso de Unión la aprobación de una partida presupuestal que atienda las contingencias climatológicas que se presenten en el campo zacatecano, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero.Que en el mapa agropecuario rural del estado de Zacatecas se localizan los más variados sistemas de producción, mismos que ante la presencia de fenómenos climatológicos extremos presentan diversos índices de siniestralidad y vulnerabilidad en las unidades productivas y en las diversas regiones del estado.

Segundo.Que los gobiernos de las entidades federativas tienen la obligación y la responsabilidad de apoyar a los productores afectados por fenómenos climatológicos, a fin de atender los efectos negativos y reintegrar a las unidades productivas a su actividad. Esa debe ser una prioridad para el Estado, apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realizan preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras, afectados por contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporados a la actividad productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso; así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del aseguramiento.

Tercero.Que como antecedente a esto se ha apoyado a los productores afectados por fenómenos climatológicos extremos por parte del gobierno federal y estatal con recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, destacándose que las mayores necesidades de apoyo se destinaron al fenómeno de la sequía.

Este Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas no es suficiente para atender todos los estragos ocasionados por siniestralidad y, además, dichos recursos no suelen llegar con la oportunidad requerida.

Dicha cantidad es, a todas luces, insuficiente aún en el más conservador de los escenarios, para atender los efectos causados y apoyar a los productores a que recuperen sus fuentes de ingreso. Más aún si se toma en cuenta que los daños no se limitan a las superficies agrícolas.

En este marco, resulta imperativo solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que canalice más recursos para apoyar a nuestros productores.

Asimismo, el gobierno del estado deberá asumir la responsabilidad de solidarizarse en mayor grado con los productores rurales de bajos ingresos afectados por alguna contingencia climatológica que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, agropecuario o pesquero, entre los que se encuentra El Barzón zacatecano, la Confederación Nacional Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas, entre otras.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 86 y 89 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del estado, es de acordarse y se acuerda:

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007 se considere para el estado de Zacatecas una partida de recursos económicos necesarios para atender contingencias climatológicas.

Segundo.Se solicita a la titular del Poder Ejecutivo del estado que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007 considere los recursos necesarios para atender estas contingencias.

Dado en la sala de sesiones de la Quincuagésima Octava Legislatura del estado, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputada Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica), Presidenta; Diputada Aída Alicia Lugo Dávila (rúbrica), Secretaria; Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

FEDERALISMO Y PATRIMONIO CULTURAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a participar en la mesa de reflexión bicameral sobre las reformas constitucionales relativas a federalismo y patrimonio cultural.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2006.--- Sen. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual el Senado de la República resuelve exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso General, para que en ejercicio de su soberanía participe mediante sus comisiones de Cultura y Puntos Constitucionales en la mesa de reflexión bicamaral sobre las reformas constitucionales relativas a federalismo y patrimonio cultural.

La suscrita, senadora de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos relativos a los asuntos de urgente y obvia resolución, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 10 de octubre del 2000, un grupo de senadores presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de ``distribuir las competencias constitucionales entre Federación, estados y municipios'', pretendiendo la creación de un sistema de concurrencia entre la Federación, estados y municipios en materia de protección de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, lo cual es actualmente competencia de las autoridades federales, dado que son no sólo de interés general sino, también, pertenecen al bien común. Este paquete de reformas fue aprobado en abril del año en curso por el voto mayoritario de esta soberanía.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo de la UNESCO dedicado a la protección del patrimonio cultural, ha afirmado que ``ve con preocupación la propuesta, toda vez que (...) los cambios propuestos no contribuyen a fortalecer el régimen legal de preservación de nuestros monumentos y sitios (ya que) las razones que motivan esta reforma resultan carentes de un sustento real que hagan necesaria esta modificación y, por otro lado, no atienden razones y principios que marcan el sentido de la preeminencia de las autoridades federales como instancias encargadas de la conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos cuya conservación sea de interés nacional.'' Dicho en otras palabras: las reformas a los artículos 27, 73 y 124 de la Carta Magna, ya aprobadas en el Senado en la Legislatura precedente, de aprobarse en la Cámara de Diputados propiciarían el debilitamiento del pacto federal en virtud de que, bajo el supuesto de concederle mayores atribuciones a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y los municipios en cada uno de los estados en materia de protección del patrimonio cultural de la nación, en la práctica se abre la multiplicidad de criterios de regulación respecto a bienes que son patrimonio de todos los mexicanos, criterios sujetos a condiciones coyunturales. Así, el patrimonio cultural de los mexicanos estaría en riesgo de deterioro o desincorporación, en perjuicio de la nación, atendiendo en especial a la desigual distribución presupuestal, especialmente en el caso de los municipios.

Los rasgos de ``desfederalización'' que se apuntan, daría pie a que se vuelvan inoperantes los criterios establecidos en la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, sin dejar de mencionar que es un tratado internacional suscrito por México. En suma, el patrimonio cultural quedaría sujeto a la aplicación de tal multitud de criterios que lo pondrían en riesgo constante e inminente de quedar al margen del interés común de los mexicanos.

Para abundar en lo expuesto, se cita a continuación a la arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Aldir González Morelos quien, particularmente respecto al artículo 124 constitucional que se pretende reformar, expresa: ``...en el caso de los derechos de autor, se derogaría la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, eliminando así la posibilidad de salvaguardar y promover el acervo cultural de la nación. Cada uno de los estados de la República podría normar, por ejemplo, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes en las diversas manifestaciones de la creación artística (...) La proliferación legal sobre este tema traería como una de sus consecuencias que existieran derechos diferentes para los habitantes de un mismo país estableciendo así, en el ámbito constitucional, la discriminación que la propia carta magna prohíbe en su artículo primero.''

En el marco del mundo globalizado, donde los intereses de las grandes corporaciones influyen en las decisiones de los Estados nacionales, debemos ser cuidadosos de no poner a merced de esos intereses ---que nada tienen que ver con los del bien común--- lo que constituye la identidad de los mexicanos.

Por ello, se considera de fundamental importancia invitar a que los integrantes de la H. Cámara de Diputados, ante cuya soberanía se ha remitido la minuta del Senado de la República aprobada con fecha 27 de abril del año en curso, en la precedente legislatura, para que en conferencia, como lo establece el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, participe en una mesa de reflexión sobre las reformas que nos ocupan, con el objeto de recabar mayor información y contar con criterios sólidos para que en el seno de la propia Cámara de Diputados se dictamine y apruebe lo conducente, tomando en cuenta para ello el interés de la nación y de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, Sexagésima Legislatura, resuelve exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso General, para que en ejercicio de su soberanía participe mediante sus comisiones de Cultura y Puntos Constitucionales, con las correspondientes del Senado de la República, en la mesa de reflexión bicamaral sobre las reformas a los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al federalismo y al patrimonio cultural de los mexicanos.

Segundo. Remítase y hágase del conocimiento el presente punto de acuerdo a la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en su seno se acuerde lo conducente y, en su oportunidad, se determine la manera de organizar y llevar a cabo en conferencia la mesa de reflexión bicamaral sobre las reformas a los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de federalismo y patrimonio cultural.

En la sede de la Cámara de Senadores, el 24 de octubre de 2006, suscriben la presente proposición con punto de acuerdo.--- Senadores: María de Lourdes Rojo e Incháustegui, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Luis Alberto Villarreal García (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 30 de octubre de 2006.--- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 30 de octubre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

LEY FEDERAL DE CABILDEO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de iniciativas tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Cabildeo.

La diputada Sara Isabel Castellanos Cortés:Buenos días, compañeros; señor Presidente, muchas gracias; queridas diputadas; honorables diputados: referente a la discusión que pronto tendremos sobre el Presupuesto 2007, aprovecho la ocasión para presentar a esta honorable soberanía un proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cabildeo.

Con el paulatino establecimiento en México de un nuevo régimen político basado en la normalidad democrática, la pluralidad partidista y la alternancia en el ejercicio del poder público, el país en su conjunto ha desarrollado nuevas y modernas formas de interacción entre los diversos actores participantes en la vida pública institucional, económica, política y cultural del país. Se han consolidado mecanismos de intervención ciudadana directa en la gestión de los asuntos públicos, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de las autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno, así como lo referente a las funciones de orden legislativo, depositadas en los órganos individuales y colegiados de los Congresos federal y locales.

En las últimas legislaturas del Congreso de la Unión se han presentado propuestas e iniciativas de muy diversa naturaleza y orígenes, mediante las cuales se intenta normalizar y reglamentar la actividad profesional de cabildeo, máxime cuando desde hace ya varios años funcionan en el país empresas y despachos legalmente constituidos que realizan actividades profesionales y especializadas en materia de cabildeo. Además de que, en muchos otros casos, empresas y organizaciones de los sectores social y privado realizan, en forma directa, acciones de cabildeo frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo para promover, de manera legítima, sus intereses particulares o para expresar y hacer valer sus puntos de vista en asuntos de interés general.

Durante la pasada legislatura, en mi entonces calidad de senadora de la República, me permití presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las bases legales para el cabildeo ante el Poder Legislativo federal. El proyecto quedó pendiente de dictaminar porque el entonces senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Reglamentos, informó que había un trabajo avanzado sobre el anteproyecto de reformas integrales al marco jurídico del Congreso de la Unión. En el marco de la actual legislatura seguramente se retomarán las propuestas que sobre la materia existen, además de la regulación de las personas que se dedican al cabildeo con el Congreso de la Unión, respetando el marco jurídico constitucional.

La presente iniciativa también considera cuando menos dos sujetos más como habilitados en el marco de dicho proceso en sus diversas etapas, como son el Presidente de la República y las legislaturas de los estados. Nuestra propuesta también reconoce el derecho al libre ejercicio de la profesión, con el requisito necesario de crear un mecanismo de control y de registro de los cabilderos, cumpliendo así con la indispensable transparencia y publicidad en el ejercicio de dicha actividad.

En atención de que la versión completa del proyecto se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, ruego al Presidente diputado de la Mesa Directiva, su inserción íntegra en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica. Nada más quisiera agregar algo: antes de subir a esta tribuna, el diputado Manuel Cárdenas, de Nueva Alianza, con mucho gusto también se adhiere a esta propuesta. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Sara I. Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la presente iniciativa de Ley Federal de Cabildeo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con el paulatino establecimiento en México de un nuevo régimen político basado en la normalidad democrática, la pluralidad partidista y la alternancia en el ejercicio del poder público, el país en su conjunto va desarrollando nuevas y modernas formas de interacción entre los diversos actores participantes en la vida pública institucional, económica, política y cultural del país.

De manera especial, bajo el concepto de que la democracia electoral debe conducir necesariamente a la democracia participativa, se van alentando y consolidando mecanismos de intervención ciudadana directa en la gestión de los asuntos públicos, especialmente en lo que tienen que ver con la actuación de las autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno, así como en lo referente a las funciones de orden legislativo depositadas en los órganos individuales y colegiados de los congresos federal y locales.

En ese contexto, a partir de la conclusión del proceso electoral federal del 2006 y de las inéditas circunstancias en que se ha venido desarrollando la etapa postelectoral, seguramente el Congreso de la Unión se ocupará de analizar diversas propuestas para reforzar y renovar los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, como son las figuras de la llamada democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, entre otras. Todas ellas, se refieren a un espacio claramente definido de gestión colectiva de intereses comunes, orientados principalmente por razones y demandas de orden social y político.

Adicionalmente a lo anterior, en todas las democracias representativas del mundo, existen mecanismos específicos, con muy diverso grado de diseño institucional, reconocimiento legal y legitimación, por los cuales empresas o individuos especializados realizan actividades profesionales y remuneradas de representación de terceros para la agregación de intereses particulares frente a las instituciones públicas a efecto de exponer temas específicos y de interés de sus representados, contribuir a la búsqueda de soluciones posibles, plantear alternativas, aportar elementos de convicción y análisis, o simplemente hacer ver las posiciones y puntos de vista en relación con hechos o situaciones determinadas.

Es necesario precisar que las actividades que realizan profesionales del cabildeo frente a instancias del poder público en todo el mundo, gozan de un mayor reconocimiento y legitimación en los países y regiones con democracias consolidadas, mientras que en aquellos otros con menores avances en ese rubro, persisten prácticas de poca transparencia y corrupción, fomentándose así el tráfico de influencias y la cultura del soborno.

En nuestro país, a partir de las últimas legislaturas en el Congreso de la Unión, se han presentado propuestas e iniciativas de muy diversa naturaleza y orígenes, mediante las cuales se intenta normalizar y reglamentar la actividad profesional de cabildeo, máxime cuando desde hace ya varios años funcionan en el país empresas y despachos legalmente constituidos que realizan actividades profesionales y especializadas en materia de cabildeo, además de que en muchos otros casos, empresas y organizaciones de los sectores social y privado realizan en forma directa acciones de cabildeo frente a los poderes Ejecutivo o Legislativo para promover, de manera legítima, sus intereses particulares o para expresar y hacer valer sus puntos de vista en asuntos de interés general.

Al inicio de la LX Legislatura, existen pendientes de dictamen en el Senado de la República y en esta Cámara de Diputados diversas iniciativas con propuestas específicas de reformas a la Ley Orgánica o al Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o para la expedición de cuerpos normativos independientes, para que se regule, controle y vigile adecuadamente el ejercicio profesional del cabildeo, considerando tanto a los sujetos activos como pasivos de dicha especialidad, el registro de los sujetos dedicados a ello, las reglas y modalidades convenientes para el desempeño legal y transparente de sus actividades ante las autoridades públicas; así como el régimen de faltas administrativas y sanciones correspondiente.

De hecho, durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en mi entonces calidad de senadora de la República, me permití presentar conjuntamente con los senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en ese órgano legislativo, el 10 de noviembre de 2005, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Sexto y los artículos 136 al 141 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las bases legales para el cabildeo ante el Poder Legislativo federal. Dicha iniciativa fue turnada de inmediato a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.

En el mismo orden de ideas, el 14 de febrero de 2006, me permití solicitar al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se formulase una atenta excitativa a las comisiones dictaminadoras de la iniciativa presentada, a efecto de que, a la brevedad posible presentasen el dictamen respectivo. En ese tenor, mediante oficio del 23 de febrero, el Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, senador Javier Corral Jurado, solicitó y le fue concedida, una prórroga para la elaboración del dictamen mencionado.

Entre los argumentos mencionado entonces por el senador Javier Corral para sustentar su petición de prórroga, estaba el de que: ``Los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias hemos venido trabajando en un anteproyecto de reformas integrales al marco jurídico del Congreso de la Unión, el cual se encuentra avanzado. En él se incorpora la figura del cabildeo, facultando a las comisiones de la Cámara de Senadores para que antes de dictaminar los proyectos de ley o decreto, puedan solicitar a las corporaciones, asociaciones o agrupaciones que puedan resultar afectadas por ellos, para que por medio de representantes designados al efecto, expongan lo que a su derecho convenga; asimismo podrán realizar consultas con la ciudadanía, instituciones educativas, sociales y científicas.''

Como se aprecia claramente del párrafo transcrito, existen al interior del Congreso de la Unión trabajos claramente encaminados al objetivo de reconocer y regular adecuadamente la actividad profesional y especializada del cabildeo legislativo. En el marco de la actual legislatura seguramente se retomarán los avances de que daba cuenta el senador Corral, para los efectos conducentes.

Desde la anterior perspectiva, partiendo de la muy posible regulación del cabildeo al interior de las Cámaras del Congreso, y habida cuenta que en gran medida las labores de cabildeo comprenden no sólo a los sujetos habilitados para presentar iniciativas de ley o decreto conforme al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien a los que intervienen como parte del proceso legislativo a que se refieren los artículo 72 y 135 del mismo ordenamiento, siendo que tales dispositivos consideran cuando menos dos sujetos más como habilitados en el marco de dicho proceso, en sus diversas etapas, como son el Presidente de la República y las Legislaturas de los estados, resulta menester, desde mi punto de vista, que la actividad de cabildeo pueda ser regulada, además de en la Ley Orgánica del Congreso o los reglamentos interiores de las Cámaras de Diputados y Senadores, según se decida, en una ley federal que involucre en su observancia, cuando menos, al Poder Ejecutivo de la Unión, en tanto actor relevante del proceso legislativo federal y, en su caso, a las legislaturas locales en lo que se refiere a los procesos de reformas constitucionales.

Es por todo ello que me he permitido elaborar la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cabildeo, con la intención de que resulte complementaria de la anteriormente mencionada propuesta de adiciones a la Ley Orgánica del Congreso, sometida por la suscrita a la consideración del Senado de la República, además de las diversas formuladas por otros legisladores, diputados y senadores, en anteriores legislaturas.

El Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) define el cabildeo como: ``...la capacidad para alcanzar un cambio específico en un programa o proyecto gubernamental; también es la capacidad de influir en un actor con poder de decisión. Para alcanzar lo anterior se debe elaborar una estrategia específica. El cabildeo se puede explicar de manera simplificada de la siguiente manera: ``un proceso en el cual se fortalece la sociedad civil a través de promover su participación activa, organizada y planificada, para incidir en el ámbito de lo público, en el pleno uso de sus derechos humanos y constitucionales. Es decir, el cabildeo implica poder participar de manera directa en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas gubernamentales o en el impulso de leyes o reglamentos. Por este motivo se requieren tres aspectos a desarrollar en el proceso de cabildeo: investigar, consensuar y negociar''.

Así, al definirse como un proceso para alcanzar un fin, éste debe en todo momento ser lícito y, sobre todo, orientarse a desterrar las prácticas en las que sólo unos cuantos son favorecidos; dejar a un lado las prácticas incorrectas de prometer o dar favores, en muchas ocasiones económicos, a los servidores públicos a cambio de beneficios que de nada sirven a la sociedad y al país. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha surgido la inquietud y la necesidad de reglamentar la actividad de cabildeo en nuestro país, con miras a lograr imparcialidad, transparencia y el mayor beneficio a la sociedad mexicana y evitar el detrimento de las instituciones y sus funcionarios.

Nuestra propuesta reconoce el derecho al libre ejercicio de la profesión, con el requisito necesario de crear un mecanismo de control y de registro de los ``cabilderos'', cumpliendo así con la indispensable transparencia y publicidad en el ejercicio de esta actividad.

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Cabildeo

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Cabildeo en los siguientes términos

Ley Federal de Cabildeo

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1o.

La presente ley es de observancia obligatoria en el orden federal y tiene por objeto el de regular las actividades profesionales y remuneradas de cabildeo y promoción de intereses que realicen los particulares frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; así como en el marco del proceso legislativo a que se refieren los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o.

Se entenderá por cabildeo la actividad realizada por personas físicas o morales, nacionales o del extranjero, tendientes a promover o influir, de manera lícita, en las decisiones legislativas o administrativas del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo federal.

Dicha actividad será regida por los principios de legalidad, certeza y transparencia.

Artículo 3o.

El cabildeo tiene como objeto la promoción de acciones de carácter legislativo o de actos de autoridad administrativa tendientes a la iniciación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos; así como la expedición de reglamentos, la adopción de decisiones o su realización por parte de los titulares de las dependencias del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La materia de cabildeo ante los órganos de autoridad en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así como en el marco de los procesos legislativos, no tiene otra limitación que la licitud y transparencia de sus objetivos; así como la de los mecanismos de relaciones y vinculación de los sujetos involucrados en dichas actividades.

Artículo 4o.

Son cabilderos profesionalmente reconocidos, las personas físicas o morales que lleven a cabo, de manera remunerada y expresa, la promoción de las actividades señaladas en el artículo anterior u otras análogas e igualmente lícitas, en el marco de los procesos de orden administrativo o legislativo.

En todos los casos el Estado garantizará los derechos de petición, de participación ciudadana y de libertad de trabajo, y todos aquellos implícitos en el ejercicio libre y lícito del cabildeo.

Artículo 5o.

La información, documentos, datos o demás elementos aportados por los cabilderos en cualesquiera de los ámbitos de autoridad en que desempeñen sus labores y en las diversas etapas de los procesos respectivos, serán públicos sin ninguna reserva o restricción conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que las autoridades publicas que los tengan en su poder deberán publicarlos por medios electrónicos y facilitar su consulta al público en general, con la finalidad de transparentar el trabajo y objetivos del cabildeo. En todos los casos se garantizará la autoría de la información y se salvaguardarán los datos personales.

La violación a estas obligaciones será sancionada conforme el apartado de sanciones de la presente ley.

Artículo 6o.

Los cabilderos profesionales deberán constar en un Registro Público de Cabilderos que, para tales efectos, se constituirá tanto en el Congreso de la Unión como en el Ejecutivo federal. Por ningún motivo se negará la inscripción o ejercicio de esta actividad a persona física o moral alguna, salvo cuando por disposición legal o judicial se les impida dicho trámite.

Artículo 7o.

Queda prohibido a los cabilderos ofrecer, otorgar, entregar o realizar cualquier actividad de naturaleza ilícita para influir en las decisiones de los legisladores o servidores públicos con los que tengan relación directa o indirecta. Las actividades realizadas en contravención a esta disposición, será sancionada conforme al título respectivo de la presente ley.

Capítulo Segundo Del Cabildeo Legislativo

Artículo 8o.

Se entiende por cabildeo legislativo la actividad remunerada y profesionalmente realizada, para aportar a los legisladores, ya sea en forma individual o en el contexto de los órganos colectivos involucrados en los procesos legislativos, documentos, proyectos, estudios, notas y toda clase de información que se estime pertinente, de forma organizada, y puntual, sobre los intereses, puntos de vista u opiniones de grupos, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, respecto de determinados asuntos materia del trabajo legislativo.

De ningún modo, las acciones profesionales de cabildeo podrán ser excluyentes de otras formas de gestión o participación ciudadana ni serán privilegiadas en forma alguna por los órganos legislativos.

Artículo 9o.

Las Cámaras de Senadores y de Diputados facilitarán el trabajo de cabildeo mediante el trabajo de los profesionales debidamente acreditados ante las mismas, ante las comisiones ordinarias, especiales y bicamarales, así como en los comités que se conformen para el apoyo del Pleno de cada una de aquellas.

Los integrantes de las mesas directivas de las comisiones o comités deberán de informar, dentro del proyecto de dictamen que pongan a consideración del Pleno, de sus respectivas Cámaras, conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la documentación y demás documentos e información entregada por los cabilderos.

Artículo 10.

Las Comisiones no podrán negar o impedir la presencia de los cabilderos en las sesiones de dichos órganos auxiliares de las Cámaras, pero estos sólo podrán participar con opiniones o mediante la entrega de información y documentación, si por acuerdo de los integrantes de las Comisiones se aprueba dicha participación.

Artículo 11.

Los cabilderos deberán guardar el respeto a los legisladores, las comisiones y el recinto legislativo.

En todo caso, los cabilderos deberán de abstenerse de llevar a cabo pagos en dinero, en especie o en servicios; así como tampoco comprometer o prestar a los legisladores, los partidos políticos, o candidatos a cargos de elección popular federal, apoyos políticos, ya sea por sí o por interpósita peroran, o en nombre de de las personas o intereses que representen.

En caso de violación a la presente disposición, los cabilderos serán sancionados conforme al título correspondiente del presente ordenamiento. Por lo que hace a los servidores públicos se estará a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Tercero Del Cabildeo ante el Poder Ejecutivo Federal

Artículo 12.

Se entenderá como cabildeo ante el Poder Ejecutivo federal el conjunto de gestiones tendientes a promover o influir, de manera lícita, en las decisiones administrativas de la Presidencia de la República, sus dependencias y organismos descentralizados, a fin de orientar la realización de actos de cualesquier índole, o bien promover la toma de decisiones en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo asignan las leyes.

Artículo 13.

No entrarán en el ámbito de aplicación de la presente ley, las acciones materiales de vinculación y enlace que realicen servidores públicos de cualesquiera orden de gobierno, dependencias u organismos públicos, designados para tales efectos en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 14.

Los cabilderos podrán participar de las reuniones de trabajo que sostengan las dependencias del Ejecutivo Federal, así como de la información pública que se genere en los asuntos de su interés, observándose lo que, en lo conducente, establezcan las leyes y reglamentos aplicables.

Capítulo Cuarto De los Registros de Cabilderos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión

Artículo 15.

En cada Cámara del Congreso de la Unión y para cada legislatura, se conformará un padrón de cabilderos. Dicho padrón temporal, sólo tendrá efectos publicitarios y por ningún motivo se requerirá para su inscripción al mismo mayores requisitos que los de uso común en los registros públicos, además de los establecidos por la presente ley.

Artículo 16.

En el ámbito del Poder Ejecutivo federal, los cabilderos profesionales deberán registrarse ante la Secretaría de Gobernación, en el registro público permanente que para ello se conforme. Dicha Secretaría, deberá informar a las demás dependencias del registro de los cabilderos, otorgando las certificaciones correspondientes.

Del registro de cabilderos y sus actualizaciones deberá enviar copia certificada a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que pueda dar seguimiento a las relaciones que en esa materia establezcan los servidores públicos.

Artículo 17.

El objeto de los registros de cabilderos, es garantizar la transparencia y el respeto a la Constitución y el orden jurídico nacional, así como el de velar por el interés superior del derecho a la información de la sociedad mexicana, además de promover el correcto ejercicio de la actividad legislativa y administrativa, evitando la corrupción y prácticas contrarias a los principios rectores del servicio público.

Artículo 18.

Para la inscripción y registro en los padrones correspondientes se requerirán, cuando menos, los siguientes datos:

Nombre o razón social del cabildero. En caso de ser persona moral, los de sus documentos constitutivos y la información personal de los cabilderos o profesionistas que de manera directa lleven a cabo esta labor.

Las áreas de interés y la temática o especialidad que tengan frente a las entidades ante las cuales realicen sus actividades.

Los datos proporcionados por los cabilderos serán públicos conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 19.

No podrán ser inscritas en los registros correspondientes ni realizar actividades de cabildeo de conformidad con esta ley, las personas físicas sentenciadas con pena privativa de la libertad por delitos en contra del servicio público, o por encontrarse sujetos a procedimiento o causa penal por las mismas causas.

Capítulo Quinto De las Faltas y Sanciones

Artículo 20.

Independientemente de los delitos que se puedan constituir, se considerarán como faltas, de los cabilderos registrados, las siguientes conductas:

I. No cumplir con lo establecido en la presente ley;

II. Las faltas de orden y probidad en las sesiones de las comisiones y el Pleno de cada una de las Cámaras en donde participen; y

III. Presentar o proporcionar información falsa sobre sus datos o la que proporcionen a los legisladores por razón de su desempeño.

Artículo 21.

Sin excluir las sanciones que les corresponda por conductas que puedan ser constitutivas de delito, y sus sanciones, le serán aplicables los siguientes medios:

I. Suspensión del registro por seis meses;

II. Suspensión definitiva del registro;

III. Sanción económica que puede ir de 50 a 5000 días multa.

Artículo 22.

Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser aplicadas por las contralorías de cada una de las Cámaras, o por los órganos de control interno de las dependencias u organismos de que se trate.

Artículo 23.

Será aplicable en lo que corresponda a los procedimientos para la aplicación de sanciones la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y a falta de estos el Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al primer dispositivo.

Transitorios

Único.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Isabel Castellanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación e insértese íntegra en el Diario de los debates, como ha sido solicitado.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Octavio Vargas Landeros.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los suscritos, diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Vargas Landeros, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva del mismo, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En días recientes, los medios de comunicación nacionales dieron cuenta del robo que sufrieron 155 personas que habían contratado cajas de seguridad en el banco Banamex, sucursal 482, con sede en Tecamachalco, estado de México.

Tanto las declaraciones de expertos en el tema como el comunicado oficial de la institución bancaria coincidieron en señalar que el banco no podía responder o indemnizar a los afectados en virtud de que, por un lado, no cuenta con seguro que cubra dicho daño y, por el otro, tampoco la institución bancaria contaba con una relación de bienes y su valuación correspondiente; en virtud de lo cual no se podía cuantificar el monto de lo robado y, por ende, no existía forma legal para determinar el daño patrimonial ocasionado y la indemnización que, en su caso, correspondiera.

El hecho en sí revela una problemática generalizada en las instituciones bancarias, pues la legislación en la materia no prevé ninguna obligación ni responsabilidad de las mismas y también pone de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios de los servicios financieros, quienes no tienen un instrumento legal que los proteja ante las instituciones bancarias, quienes tienen en resguardo sus bienes más preciados, sin ninguna garantía en caso de cualquier daño, como el ocurrido en días recientes.

Por ello, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de precisar la obligación que adquiere la institución bancaria de responder a los ciudadanos o empresarios que han contratado cajas de seguridad con los bancos, para responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño.

Asimismo, y con el fin de crear certeza y seguridad jurídica para las instituciones bancarias, la iniciativa propone que la indemnización se limite a proteger los bienes depositados en el banco, mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

Así, será responsabilidad del usuario declarar, o hacer una manifestación previa, a través de una declaración de valor al momento de contratar ante la institución bancaria los bienes depositados en las cajas de seguridad y presentar el avalúo correspondiente, que permitan estimar la cuantía de los bienes existentes en la caja de seguridad.

Consideramos que la presente iniciativa atiende una problemática existente en el uso de las cajas de seguridad en las instituciones bancarias, pues con ella se protegen los derechos de quienes contratan dicho servicio y también se proporciona a la institución bancaria un instrumento para llevar un control de los bienes que tiene bajo su resguardo y que en la actualidad son depositados por los usuarios sin ningún control por parte de las instituciones bancarias.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por atender los problemas de la ciudadanía que nos eligió y a quienes les debemos nuestro mayor respeto y compromiso por seguir impulsando los temas legislativos que les brinden soluciones y seguridad jurídica en sus bienes, posesiones y derechos, consideramos que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de que las instituciones bancarias sean responsables ante los usuarios que contratan cajas de seguridad, en caso de robo o daño de los bienes depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en nombre de nuestros compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del PRI nos permitimos someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 78. El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta a responder de la integridad de las cajas y mediante el pago de la contraprestación correspondiente, mantener el libre acceso a ellas en los días y horas hábiles. El tomador de la caja es responsable por todos los gastos, daños y perjuicios que origine a la institución con motivo de su uso.

Asimismo, la institución estará obligada responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño, hasta por el monto de los bienes depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

Las condiciones generales y el contrato que para la prestación de este servicio celebren las instituciones de crédito deberán estipular con claridad las causas, formalidades y requisitos que se observarán para que la institución pueda proceder, ante notario público, a la apertura y desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes extraídos.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre de 2006.--- Diputados: Gerardo Vargas Landeros, Raúl Cervantes Andrade (rúbricas).»

En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: diputado Raúl Cervantes Andrade, diputado Gerardo Vargas Landeros. Da fe para constancia del acuerdo del pleno del grupo parlamentario el diputado Eduardo Sánchez Hernández, secretario de la mesa directiva del grupo parlamentario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La siguiente proposición de iniciativa que iba a presentar la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, se pospone.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Alberto Amador Leal:Muchas gracias, señor Presidente: sin duda el tema de mayor preocupación en la sociedad mexicana es el agudo y preocupante problema de la seguridad pública, y no podríamos decir que no ha habido esfuerzos institucionales.

A partir de diciembre de 1994, que se reforma la Constitución y que en el artículo 21 se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios y que, como tales, la federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios se coordinarán en términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública. En 1998, ya creado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay un reforzamiento institucional a partir de la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y del funcionamiento colegiado del consejo nacional, así como la incorporación a la Ley de Coordinación Fiscal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y la consecuente creación de la Policía Federal Preventiva. Después, en la actual administración, al modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crea la Secretaría de Seguridad Pública, de modo que el esfuerzo institucional ha sido, sin duda, sostenido, pero es evidente, a la luz de los hechos cotidianos, el clima de incertidumbre y zozobra que priva en la nación, que algo no está funcionando.

Sin duda son muchos los factores de carácter económico, social, de procuración de justicia que están determinando, y esta iniciativa se refiere a uno de estos temas que tienen que ver con el financiamiento, cómo se están distribuyendo los recursos para este tema crucial en la razón de ser y el cometido del Estado nacional: los recursos aplicados han pasado de 14 mil 141 millones de pesos en el año 2000 a 17 mil 368 en el año 2006; o sea, un incremento del 22.6 por ciento. Sin embargo, cabe destacar que los recursos federales destinados a las entidades federativas a través del citado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyeron, al pasar de cinco mil 213 millones en el año 2000 a cinco mil millones en el año 2006; o sea, un decremento del 4.1 por ciento; en tanto que los recursos ejercidos por las dependencias federales pasaron de siete mil 80 millones a 10 mil 746; o sea, un aumento del 51.7 por ciento.

La distribución entre los estados, quiero decirles que ha seguido un patrón más o menos equilibrado, más o menos similar del año 2000 al 2006, atendiendo a los criterios de distribución del 35 por ciento por número de habitantes, el 20 por ciento por ocupación penitenciaria, el 15 por ciento por el crecimiento delictivo, el 10 por ciento por la aplicación del Programa Nacional que implica la decisión de coordinación en los hechos entre los tres órdenes de gobierno y los proyectos nacionales convenidos, que es un incentivo para que los estados participen con una mayor proporción, con un 20 por ciento. De este modo, el promedio nacional de aportación de los estados o de las entidades federativas, estados y Distrito Federal es de un promedio de 24.13 por ciento; si bien hay estados como Baja California, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz que aportan el 30 por ciento o más a los programas convenidos.

Los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decía yo, no son, sin embargo, los esperados: baste mencionar que los posibles hechos delictivos del fuero federal pasaron de 81 mil 781 en el 2000 a 89 mil 530 en el 2005, en tanto que los del fuero común pasaron de un millón 338 a un millón 406. Nótese además que los delitos del orden común, que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2 por ciento de los posibles delitos totales. Igual, si analizamos la población penitenciaria, observamos que hay una sobrepoblación de más de 52 mil internos, que no hay capacidad instalada para poder realmente atender un proceso de readaptación, como lo mandata la ley y como lo requiere una impartición de justicia y un sistema de readaptación moderno.

Quiero destacar, compañeras, compañeros diputados, que ha habido tentativas para atender este problema, particularmente destaca la de la diputada Miroslava García Suárez, del PRD, y la del diputado Galindo Noriega, de la fracción del PAN, que sin embargo no lograron concretarse en virtud de que no planteaban una propuesta equilibrada e integral. Es por estas razones que la iniciativa que hoy presentamos propone aumentar el fondo de aportación a la seguridad pública y establecer por mandato de ley un monto equivalente al uno por ciento de la recaudación federal participable; actualmente es del 0.43 por ciento, así como la asignación del 50 por ciento de tales recursos a los municipios de los estados y a las delegaciones del Distrito Federal.

La aprobación de esta iniciativa, compañeras, compañeros diputados, permitiría dotar de capacidad de respuesta a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF de una manera justa y equitativa. Mantener el equilibrio pertinente entre el imperativo de una acción rectora nacional, el orden interno de las entidades federativas y el principio de la libertad municipal. Y, por último, alentar la solución de los grandes problemas nacionales desde el ámbito local, que es la forma más eficiente y eficaz de atender cuestiones como la inseguridad, que están rompiendo el tejido social en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en el entorno familiar y en las calles; su complejidad y diversidad hace poco probable, como lo muestran las evidencias empíricas, el éxito de estrategias centrales como ha sucedido hasta ahora.

Pido, señor Presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y asimismo que se inscriba en su integridad en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción II de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación de Fiscal vigente y aplicable a la fecha al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos (Resumen)

1. Antecedentes

Nuestra Carta Máxima dicta en su artículo 21 párrafo 6o. que: ``la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez''. Además agrega en su último párrafo que: ``La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública''.

Consecuente con lo anterior, en diciembre de 1995 se aprobó la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que da lugar a la creación del Consejo Nacional de Seguridad. Posteriormente toma fuerza institucional a partir del fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Gobernación, que en 1998 agrega a su estructura una Subsecretaría de Seguridad Pública. Acompañó a esta reforma la inclusión en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal de la fracción VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP); que por primera ocasión formó parte del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 1999, año en el cual se crea también la Policía Federal Preventiva (PFP). Finalmente como parte de la reforma administrativa del actual gobierno, se crea en diciembre del año 2000 la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene como simiente a la citada Subsecretaría y a la PFP.

2. Comportamiento del Financiamiento a la Seguridad Pública

En el cuadro siguiente se presenta la información de que da cuenta el Anexo del Sexto Informe de Gobierno del 2006, destacando el comportamiento de la inversión en pesos corrientes de la siguiente manera:

Del comportamiento del origen y destino de los recursos, es posible deducir lo siguiente:

La inversión total destinada a la Seguridad Publica pasó de 14,141 millones en el año 2000 a 17,368 en el 2006; o sea un incremento de 22.8%.

Sin embargo, los recursos Federales destinados a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyó al pasar de 5,213 millones a 5,000 millones; o sea un decremento de 4.1 %.

Los recursos destinados a las Dependencia Federales pasaron de 7,080 a 10,746 millones de pesos; lo que significa un aumento de 51.7 %.

Cabe destacar que la distribución de los recursos del FASP, en lo general, han mantenido un mismo patrón en los últimos seis años. La distribución por entidad federativa ha sido la siguiente:

A este respecto, es de mencionarse que en términos del Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, la distribución de los recursos compete al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para lo cual debe tomar en cuenta los siguientes factores: número de habitantes (35%); el índice de ocupación penitenciaria (20%); la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados (15%); el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública (10%); y Proyectos Nacionales convenidos (20%).

Por otro lado, los recursos del FASP son complementados con aportaciones de las entidades federativas. En el caso del ejercicio del 2006 la inversión total por entidad federativa fue:

En efecto, los posibles hechos delictivos del fuero federal pasaron de 81,781 en el 2000 a 89,530 en el 2005. En tanto que los del fuero común pasaron de 1,338,473 a 1,406,848.1

Nótese además que los delitos del orden común que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2% de los posibles delitos totales en el 2000 y 94.0% en el 2005.

El crimen organizado, el narcotráfico la delincuencia generalizada y nuevas y preocupantes expresiones como el narco-menudeo, han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre insostenible, que esta poniendo en riesgo, no sólo la seguridad de las personas y de su patrimonio sino la seguridad nacional misma.

Otro indicador que conviene analizar se refiere a la población penitenciaria y a la infraestructura disponible para un adecuado proceso de readaptación:

Como puede apreciarse, la población penitenciaria nacional paso de 154,765 en el 2000 a 212,774 internos en el 2006, o sea un incremento de 37.7%. De estos últimos, el 79.5 por ciento son del fuero común y 24.1 del fuero federal.

Existe, en consecuencia, una sobrepoblación de 53,847 espacios, el 34 por ciento de la población penitenciaria total. Los estados y los municipios que tienen a su cargo Centros de Readaptación resienten, entonces, un déficit significativo que debe ser subsanado, aún de manera gradual.

Son muchos los factores, de carácter social, económico, de impartición de justicia, de financiamiento; que inciden en esta lamentable realidad. Esta iniciativa pretende destacar uno de ellos: la insuficiente inversión destinada a los Estados, Municipios y Delegaciones como ya se mostró en líneas anteriores, siendo que es en estos órdenes de gobierno en los que recae la mayor responsabilidad operativa en materia de seguridad pública.

4. Tentativas de Fortalecimiento del FASP

En los archivos parlamentarios existe una diversidad de iniciativas de Senadores y Diputados de diferentes legislaturas y Fracciones tendientes a mejorar cualitativa y cuantitativamente las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal sobre la materia. Cabe mencionar la propuesta de la Dip. Miroslava García Suárez del PRD que propuso en la LVIII Legislatura determinar en la ley el monto del FASP, como una proporción de la recaudación federal participable. Asimismo la propuesta del Dip. Ramón Galindo Noriega miembro de la fracción del PAN que en la LIX Legislatura propuso que el 35% del FASP fuera destinado exclusivamente a los Municipios.

Por otro lado el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó por mayoría solicitar a la Cámara de Diputados el incremento del FASP en un 20%, para el ejercicio fiscal del 2006. Propuesta que no fue considerada por el ejecutivo federal en su iniciativa de decreto para el presupuesto de egresos de la federación. Tampoco fue incluida por los Diputados de esa legislatura, en el proceso de negociación y dictamen. De tal manera que persiste la incertidumbre y discrecionalidad en la asignación de recursos a este Fondo, disminuido en términos reales, en tanto que el clima de inseguridad crece de manera exponencial.

5. Propuesta

Es por las razones anteriores que se propone aumentar el FASP y establecer por mandato de ley un monto equivalente al 1% de la recaudación federal participable(actualmente es de 0.438%), así como la asignación del 50% de tales recursos a los municipios de los Estados y Delegaciones del DF. La aprobación de esta iniciativa permitirá:

Dotar de capacidad de respuesta a Entidades Federativas, municipios y Demarcaciones Territoriales del DF; de una manera justa y equitativa;

Mantener el equilibrio pertinente entre el imperativo de una acción rectora nacional, el orden interno de las entidades federativas y el principio de libertad municipal.

Alentar la solución de los grandes problemas nacionales, desde el ámbito local que es la forma más eficiente y eficaz de atender cuestiones como la inseguridad, que están rompiendo el tejido social, en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en el entorno familiar y en las calles. Su complejidad y diversidad, hace poco probable el éxito de estrategias centrales, como ha sucedido hasta ahora.

En tales condiciones se propone el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal:

Artículo Único.- Se reforma y adiciona el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 44-. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá .con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación,considerando un monto mínimo equivalente al 1% de la Recaudación Federal Participable. El 50% de tales recursos será distribuido entre los municipios de cada entidad federativa y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.La Secretaría de......

Transitorios

Artículo Único.-Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Fuente del Anexo del Sexto Informe. Seguridad, Orden y Respeto. Pág. 579.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Dip. Alberto Amador Leal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicoe insértese en el Diario de los Debates de manera íntegra.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para rendir la protesta constitucional, se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Claudia Gabriela Caballero Chávez y María de Jesús Martínez Díaz, diputadas federales electas en la segunda circunscripción plurinominal y en el VII distrito electoral del estado de Veracruz. Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Armando Enríquez Flores, María Soledad Limas Frescas, Abel Ignacio Cuevas Melo, Javier Martín Zambrano Elizondo, Francisco Sánchez Ramos, Roberto Mendoza Flores, Olga Patricia Chozas y Chozas, Robinson Uscanga Cruz, José Luis Aguilera Rico y Silvano Garay Ulloa.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadanas Claudia Gabriela Caballero Chávez y María de Jesús Martínez Díaz, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Claudia Gabriela Caballero Chávez y María de Jesús Martínez Díaz: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.

Bienvenidas; pasen a ocupar sus lugares. Gracias.

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Con su venia, señor Presidente: en los últimos años México ha dado pasos en la construcción de un esquema de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, todavía hay grandes retos en esta materia.

En el camino hacia la construcción de una democracia sólida y madura se vuelve cada vez más complejo para el gobierno satisfacer las necesidades sociales y lograr los resultados esperados, debido a la fuerte competencia por los recursos escasos y a la creciente exigencia de la ciudadanía por gobiernos más eficaces. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, pues al ser representante de la voluntad de los ciudadanos tiene la obligación de vigilar y cuidar la correcta aplicación de los recursos públicos; de la medida en que los representantes populares fortalezcamos el andamiaje jurídico para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos, dependerá del grado en que la ciudadanía confíe y encauce sus demandas por las vías institucionales y los procesos democráticos.

Pese a las reformas y avances recientes en materia de transparencia y rendición de cuentas, aún persisten diversas deficiencias en nuestro sistema de fiscalización, que tienen implicaciones políticas y presupuestales, toda vez que la corrupción, el desvío o la ineficacia de la gestión son todas actividades que implican necesariamente el desperdicio de recursos públicos escasos. Nuestra propuesta de reformas busca establecer mecanismos legales para que cualquier partida de gasto público pueda ser objeto de fiscalización con independencia del carácter legal de quien ejerza dichos recursos, ya sea una entidad pública o privada, representada por una persona física o moral, constituida bajo cualquier esquema legal, incluyendo a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga que reciba, administre o ejerza recursos públicos federales.

Los recursos de la Federación asignados y transferidos a diversas entidades públicas o privadas deben ser sujetos de control y de registro, de conformidad con los principios básicos de contabilidad y los criterios que establezcan las leyes para su revisión; es por ello que proponemos la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sentar las bases para evitar que en algún momento personas físicas o morales, así como alguna entidad con carácter público o privado puedan recurrir al juicio de garantías y con ello sustraerse de la posibilidad de que esta soberanía vigile y audite el ejercicio de recursos públicos.

Actualmente el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos considera únicamente como sujeto de dicha ley a, y cito: ``Los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales''; sin embargo, este enunciado legal no esclarece si han de considerarse en dicha presunción las personas físicas y morales, públicas o privadas, así como los fideicomisos públicos privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquiera otra figura jurídica que al igual que los funcionarios públicos manejan, apliquen o ejerzan recursos públicos federales.

Esa omisión ha permitido que diversos sujetos o entidades jurídicas, que debieran ser destinatarios de esta norma pretendan ejercer recursos sin la posibilidad de ser auditados por la entidad de fiscalización superior y, mucho menos, que reciban sanciones equiparables a las de los funcionarios públicos por el inadecuado manejo, aplicación, ejercicio o distracción para fines distintos, de los recursos públicos federales que les han sido transferidos o asignados. Esta situación también ha provocado que ante una posible sanción a un particular que haya ejercido de manera inadecuada recursos públicos federales, recurra éste al juicio de garantía, a fin de evitar que le sea aplicable el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no contar con nombramiento ni responsabilidad determinada dentro de alguna entidad de la administración pública.

La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente en el juicio de garantías promovido por el ciudadano Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón, relacionado con el tema constitucional del artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, estableció, y cito: ``aun cuando no se trate de un servidor público, sí es en todo caso sujeto de aplicación de la ley, en virtud de que manejó recursos que provenían del erario público y como tal tiene responsabilidad frente a la sociedad respecto de estos recursos'' (fin de la cita). No obstante, dicho criterio sólo alude a las personas físicas y no ha establecido jurisprudencia, por lo que consideramos necesaria la modificación que aquí proponemos.

De la misma manera, consideramos necesario adicionar una fracción XXV al artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, para establecer que las personas físicas o morales, públicas o privadas a olas que hemos hecho referencia, deban utilizar los recursos públicos que se les asignen, exclusivamente para los fines a que están destinados, así como rendir cuentas del ejercicio de dichos recursos a las instancias correspondientes.

Además, en materia de presupuesto, se propone incluir en la definición de las entidades ejecutoras del gasto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las personas físicas o morales que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos, independientemente del origen de dichos recursos. También proponemos la modificación y adición de diferentes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se considere que el manejo, aplicación o el ejercicio de los recursos públicos federales por parte de personas físicas o morales, públicas o privadas, deberá llevarse a cabo en todo momento y sin excepción, con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y tenga la obligación de ejercer dichos recursos, tomando en consideración lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y por cualquier otro ordenamiento relativo y aplicable, estando sujetos a la normatividad, a la evaluación y al control de los órganos de fiscalización correspondientes, de la misma manera en que son evaluados y sancionados los servidores públicos.

En lo que se refiere a las sanciones contempladas en distintas normas vigentes, existe en la actualidad una discrepancia respecto al rigor de las sanciones económicas y administrativas aplicables; por ejemplo, mientras que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se establece la posibilidad de inhabilitar a los funcionarios públicos por un periodo que puede ir de uno a diez, o de 10 hasta 20 años, dependiendo del daño o perjuicio causado, en el Código Penal Federal se señala un periodo máximo de inhabilitación de 14 años, generando un espacio de discrecionalidad en la determinación de las sanciones por aplicar. Por lo tanto, la presente iniciativa también propone homologar las sanciones, tanto administrativas como económicas a que fueran acreedores los sujetos de la norma, modificando el Código Penal Federal.

Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de los Diputados, someto a consideración de esta Cámara la presente iniciativa de ley, con objeto de que no existan particulares ni entidades jurídicas que apliquen recursos públicos federales y que puedan escapar del control, la vigilancia y auditoría que tiene como atribución esta Cámara de Diputados, por lo que solicito que se publique íntegramente la versión de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del PVEM

El ciudadano Antonio Xavier López Adame, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

En los últimos años, México ha dado grandes pasos en la construcción de un esquema de transparencia y de rendición de cuentas. Sin embargo, todavía hay grandes retos en esta materia.

En el camino hacia la construcción de una democracia sólida y madura, se vuelve cada vez más complejo para el gobierno satisfacer las necesidades sociales y lograr resultados tangibles, debido a la fuerte competencia por los recursos escasos y a la creciente exigencia de la ciudadanía por gobiernos más eficaces.

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, pues al ser representante de la voluntad de los ciudadanos, tiene la obligación de vigilar y cuidar la correcta aplicación de los recursos públicos.

En la medida en que los representantes populares fortalezcamos el andamiaje jurídico para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos, dependerá el grado en que la ciudadanía confíe y encauce sus demandas por las vías institucionales y los procesos democráticos.

En el contexto democrático actual, la transparencia y la rendición de cuentas son premisas fundamentales del quehacer público. Diversos sectores de la sociedad cuentan ahora con mayores y mejores herramientas de vigilancia y reclaman por ello un mejor desempeño de sus servidores públicos. La transparencia y la rendición de cuentas permiten elevar la eficacia de las instituciones, así como evaluar su desempeño, para dar certidumbre y hacer más claro y más honesto el manejo de los recursos de la nación.

Pese a las reformas y avances recientes en materia de transparencia y rendición de cuentas, aún persisten varias deficiencias en nuestro sistema de fiscalización que provocan estancamiento económico y que tienen implicaciones políticas y presupuestales, toda vez que la corrupción, el desvío, el mal uso de los recursos, o la ineficacia de la gestión, son todas actividades que implican necesariamente el desperdicio de recursos públicos escasos.

Nuestra Propuesta

Nuestra propuesta busca establecer mecanismos legales para que cualquier partida de gasto público, pueda ser objeto de fiscalización, con independencia del carácter legal de quién ejerza dichos recursos, ya sea una entidad pública o privada, representada por una persona física o moral, constituida bajo cualquier esquema legal, incluyendo a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que reciba, administre y/o ejerza recursos públicos federales.

Los recursos de la Federación asignados y transferidos a diversas entidades públicas o privadas, deben ser sujetos de control y registro de conformidad con los principios básicos de contabilidad y los criterios que establezcan las leyes para su revisión por la entidad de fiscalización superior.

Es por ello que se propone la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sentar las bases para evitar que en algún momento, personas físicas o morales, así como alguna entidad con carácter público o privado, puedan recurrir al juicio de garantías y con ello sustraerse de la posibilidad de que ésta soberanía a través de la entidad de fiscalización superior, sea vigilada y auditada por el ejercicio de recursos públicos.

Actualmente, en materia de fiscalización del ejercicio del gasto, el artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, considera únicamente como sujetos de dicha ley y cito: ``los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales'' (fin de la cita).

Sin embargo, el enunciado legal en comento, no esclarece si han de considerarse en dicha presunción a las personas físicas y morales, públicas o privadas, así como a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que al igual que los funcionarios públicos, manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales.

La omisión anterior, ha permitido que diversos sujetos o entidades jurídicas que debieran ser destinatarios de la norma, pretendan ejercer recursos sin la posibilidad de ser auditados por la entidad de fiscalización superior y mucho menos, que reciban sanciones equiparables a las de los funcionarios públicos por el inadecuado manejo, aplicación, ejercicio o distracción para fines distintos, de los recursos públicos federales que les han sido transferidos o asignados.

Esta situación también ha provocado que ante una posible sanción, resultado de un proceso de auditoría a un particular que haya ejercido de manera inadecuada recursos públicos federales, recurra éste al juicio de garantías, a fin de evitar le sea aplicable el artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no contar con nombramiento ni responsabilidad determinada dentro de alguna entidad de la administración pública.

Tomando en consideración lo señalado por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente en el juicio de garantías promovido por el C. Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón en el expediente número 01927/2005-00, relacionado al tema de la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el que la ministra manifestó y cito: ``aun cuando no se trata de un servidor público, sí es en todo caso sujeto de aplicación de la ley, en virtud de que manejó recursos que provenían del erario público y como tal tiene responsabilidad frente a la sociedad respecto de estos recursos'' (fin de la cita), se considera necesaria la modificación al artículo 2º de la citada ley.

De la misma manera, consideramos necesario adicionar una fracción XXV al artículo 8º de la misma ley, para establecer que en el caso de las personas físicas o morales, públicas o privadas a las que hemos hecho referencia, éstas deberán de utilizar los recursos públicos federales que tengan asignados, exclusivamente para los fines a que están afectos, así como rendir cuentas del ejercicio de dichos recursos a las instancias correspondientes.

Además, en materia de presupuesto, se propone incluir en la definición de las entidades ejecutoras del gasto detalladas en la fracción XIII del artículo 2º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las personas físicas o morales que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales, independientemente del origen de dichos recursos. Lo anterior busca considerar a los particulares, al igual que a las entidades y funcionarios públicos, como sujetos de asignación de recursos públicos federales y por lo tanto, responsables de estos, teniendo que rendir cuentas a las instancias de fiscalización superior, así como ser sujetos a sanciones tanto administrativas, como económicas e inclusive, penales.

Al ser recursos públicos ejercidos por particulares, la presente propuesta busca facultar a las distintas instancias fiscalizadoras para que evalúe su ejercicio, así como los logros y metas alcanzados por estos.

Lo anterior pretende evitar, dado los espacios de discrecionalidad que actualmente posee la normatividad aplicable en la materia, interponer controversias constitucionales para determinar, en primera instancia, cuál es la naturaleza de los recursos manejados y ejercidos por un particular, ya sea persona física o moral y que a su vez, sea necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar la norma y determinar lo anterior, no quedando del todo claros, los criterios de aplicabilidad, tanto para la obligatoriedad del cumplimiento de la norma para la aplicación y ejercicio del gasto público, como para la posibilidad de ser auditados por las distintas instancias de fiscalización y ser sancionados los particulares, por el inadecuado manejo de los recursos públicos federales.

En concordancia con la ampliación de la definición de los ejecutores de gasto, definidos en el artículo 2º de la propia ley, se considera necesaria la adición de una fracción IX al artículo 4º del mismo ordenamiento, así como la adición de un quinto párrafo al artículo citado, misma que considera que el manejo, aplicación o ejercicio de los recursos públicos federales realizado por personas físicas o morales, públicas o privadas, deberá llevarse a cabo en todo momento y sin excepción, con base en los principios de eficiencia, eficacia, y transparencia, estando sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos de fiscalización correspondientes, siendo posible establecer responsabilidades y sanciones aplicables, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el Código Penal Federal y demás normatividad aplicable en la materia.

Con relación a la autonomía presupuestaria que le otorga la propia Constitución a los ejecutores del gasto, definidos en la fracción XIII del artículo 2º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, consideramos necesario en concordancia con las propuestas antes presentadas, incluir una fracción IV al artículo 5º de la propia ley, con el objeto de que las personas físicas o morales, públicas o privadas, así como fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que por cualquier medio lícito, apliquen o ejerzan recursos públicos federales, tengan la obligación de ejercer dichos recursos tomando en consideración lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y por cualquier otro ordenamiento relativo y aplicable.

En lo que se refiere a las sanciones contempladas en distintas normas vigentes, existe en la actualidad una discrepancia con respecto al rigor de las sanciones económicas y administrativas aplicables a los destinatarios de la norma. Así por ejemplo, mientras que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se establece la posibilidad de inhabilitar a los funcionarios públicos por un periodo que puede ir de uno a diez, o de diez hasta veinte años, dependiendo del daño o perjuicio causado, en el Código Penal Federal se señala un periodo máximo de inhabilitación de 14 años, generando un espacio de discrecionalidad en la determinación de las sanciones por aplicar. Por lo tanto, la presente iniciativa propone homologar las sanciones, tanto administrativas, como económicas a que fueran acreedores los sujetos de la norma modificando los párrafos tercero y cuarto, así como adicionando un quinto párrafo, del artículo 223 del Código Penal Federal.

Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de los Diputados someto a consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como diversos numerales de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Penal Federal, en materia de fiscalización del gasto de recursos públicos federales,para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un tercer párrafo, a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 79.- ...

...

I. ...

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los partidos políticos, las personas físicas o morales, públicas o privadas, así como los transferidos a fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o a cualquier otra figura jurídica análoga.

Los sujetos señalados en el párrafo anterior, deberán llevar el control y registro de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los principios básicos de contabilidad y los criterios que establezcan las leyes para su revisión por la entidad de fiscalización superior.

...

II. a IV. ...

...

...

...

...

Artículo Segundo.-Se reforman el artículo 2º y se adiciona una fracción XXV al artículo 8º ambos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 2. Son sujetos de esta ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas físicas o morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales.

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XXIII. ...

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público; y,

XXV. En el caso de las personas físicas o morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales, éstas deberán de utilizar los recursos que tengan asignados exclusivamente para los fines a que están afectos, así como rendir cuentas del ejercicio de dichos recursos a las instancias correspondientes, conforme a la presente ley u otros ordenamientos relativos y aplicables.

Artículo Tercero.Se reforma la fracción XIII del artículo 2º; se adiciona una fracción IX al artículo 4º; se adiciona un quinto párrafo a dicho artículo 4º; así como se adiciona una fracción IV artículo 5º, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XII. ...

XIII.Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos; así como todas aquellas personas físicas o morales, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales independientemente del origen de dichos recursos.

XIV. a LVII. ...

...

Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I. a VIII. ...

IX. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales independientemente del origen de dichos recursos.

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.

...

...

Todo aquel manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos federales realizado por personas físicas o morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, deberá llevarse a cabo con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes, pudiéndoseles determinar responsabilidades y sanciones aplicables, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.

Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:

I. a III. ...

IV. En el caso de personas físicas o morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales deberán:

a) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en esta ley y demás leyes aplicables en la materia.

Artículo Cuarto.- Se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 223 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 223.Comete el delito de peculado:

I. a IV. ...

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa que en ningún caso podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. Dicha multa podrá ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados y destitución e inhabilitación de uno a diezaños para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco años a quinceaños de prisión y multa que en ningún caso podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. Dicha multa podrá ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados y destitución e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Para los casos señalados en los párrafos que anteceden el juez ordenará la liquidación de las personas morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil seis.--- Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Antonio Xavier López Adame. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia y Derechos Humanos.

FORO PARLAMENTARIO DE CONSULTA SOBRE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo; en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo respecto al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentamos el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al Primer Foro de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha del 12 de octubre del presente año, el diputado Arnoldo Ochoa González, con el apoyo de las y los diputados: Jorge Zermeño Infante, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios, Javier González Garza, Alejandro Chanona, Marina Arvizu Rivas, Miguel Ángel Jiménez, Ricardo Cantú Garza, Gloria Lavara Mejía, Ruth Zavaleta Salgado, Tonatiuh Bravo Padilla, Xavier López Adame, y Jorge Estefan presentaron una proposición con punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México.

La presidencia de la Mesa Directiva ordenó turnar la referida proposición a la Junta de Coordinación Política.

Con fecha del 17 de octubre de 2006, la Junta de Coordinación Política turnó a las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura de la Cámara de Diputados, el proyecto de dictamen con punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México. Esto para proceder a la conformación de un Grupo de Trabajo encargado de llevar a cabo dicho Foro de Consulta.

El día 26 de octubre de presente, la Mesa Directiva, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, modificó el turno dictado el 17 de octubre del año en curso (mediante el Oficio Numero: D.G.P.L. -60-II-4-115), para que se convoque al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México, solamente a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología. Esta rectificación, bajo el argumento de que la materia del Foro de Consulta solo compete a las referidas comisiones.

CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que suele dársele es el de sociedad del conocimiento. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la información, a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Las economías mas avanzadas hoy día se basan en la mayor generación y aplicación del conocimiento. Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada.

Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo que media entre el conocimiento y su aplicación, al punto que las aplicaciones técnicas pueden llegar a determinar la orientación de la investigación científica, con posibles repercusiones para el carácter ``desinteresado'' tradicional de la investigación básica.

El conocimiento presenta en la actualidad, entre otras características, un crecimiento acelerado, mayor complejidad, y tendencia a una rápida obsolescencia. La llamada ``explosión del conocimiento'' es a la vez cuantitativa y cualitativa, en el sentido de que se incrementa aceleradamente la cantidad de conocimiento disciplinario y al mismo tiempo, surgen nuevas disciplinas y subdisiplinas.

Un planteamiento presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), en el año 2005, da cuenta de objetivos, acciones y procesos que posibilitan a la educación superior, el abrir cauces hacia la sociedad del conocimiento, entre ellos:

Invertir más en una educación para todos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

Alentar el acceso universal al conocimiento mediante incremento de los contenidos disponibles.

Trabajar en ``colaboración hacia un mejor aprovechamiento del conocimiento científico.

Compartir el conocimiento ambiental a favor del desarrollo sostenible.

Dar prioridad a la diversidad lingüística ante los desafíos del multilinguísmo.

Multiplicar los lugares de acceso comunitario a las tecnologías de la comunicación y a la información.

Avanzar hacia una certificación de los conocimientos adquiridos a través de Internet.

Intensificar la creación de asociaciones en pro de la solidaridad digital.

Incrementar la participación y contribución de las mujeres a las sociedades del conocimiento.

Expertos nacionales, así como de la UNESCO y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se han pronunciado por la necesidad de formular criterios de redistribución de los recursos federales. Esto, para que al sumarlos a los que otorgan los gobiernos de los estados y los particulares, se amplíen las tasas de atención a la demanda social con calidad y pertinencia, a la par que se fortalezcan las capacidades institucionales de innovación y generación de nuevos conocimientos.

México ocupa el penúltimo lugar en cuanto a la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre los 30 países de la OCDE, lo que significa que somos una de las economías más endebles y con menos oportunidades para atender las necesidades básicas que requiere el desarrollo humano sustentable.

Por ejemplo, de acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos con edades entre 25 y 64 años tenemos en promedio 8.7 años de educación formal, equivalentes al 3° de secundaria; mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 12 años, equivalente a preparatoria. Cabe señalar que Estados Unidos destaca con 13.8 años, equivalente a los dos primeros años de licenciatura.

Según cifras recientes de la UNESCO, la tasa bruta de escolarización del grupo de edades de 19 a 24 años atendidos por el sistema de educación superior en México es apenas el 23%, mientras que Estados Unidos tiene el 81% y Alemania el 51 por ciento. Es decir, hasta cuatro veces menor que los países más desarrollados. Si continuamos con la misma política educativa, tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles actuales que tiene Estados Unidos.

México ocupa el lugar 15 de las 33 naciones de América Latina y El Caribe que fueron evaluadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO, para la educación superior. Países como Barbados, Granada, Perú, Uruguay, Cuba, y Bermudas superan a México en cobertura de la educación a este nivel.

Durante el presente sexenio, según cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos federales destinados a la educación superior con relación al PIB no se incrementaron.

Por ejemplo, mientras en el año 2001 para la educación superior se destinaba el 0.62%, a partir del 2003 disminuye de manera sostenida hasta llegar al 0.57% registrado en este último año; por lo que se estamos aún muy lejos de alcanzar que el gasto federal represente el 1.5 % del Producto Interno Bruto.

Finalmente, el gasto por alumno del sistema público de educación superior de México ocupa el 8° lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá y Uruguay. En términos reales, el gasto por alumno en el año 2006 fue de 32 mil pesos, es decir, tres mil pesos menos que en 2005.

Objetivos:

Ampliar la cobertura con equidad

La cobertura educativa del nivel superior es inferior a las metas establecidas por las autoridades educativas, con notables asimetrías entre las entidades federativas y desiguales niveles de participación de los jóvenes según su perfil social y cultural. Por tanto, la ampliación de la cobertura debe favorecer la disminución de las inequidades.

Acentuar la pertinencia y responsabilidad social

Es indispensable enfocar este propósito en un sentido amplio, no limitado a las nociones de eficiencia, competitividad y ajuste de la oferta al mercado. Se imponen tareas de vinculación de las funciones académicas de las Instituciones de Educación Superior (IES) a los proyectos de desarrollo del país y sus regiones, así como la promoción de una relación mas adecuada con las necesidades y expectativas de la sociedad y sus integrantes.

Mejorar la calidad educativa

El desarrollo de mecanismos para la evaluación y para la consolidación de una cultura de calidad son avances irrenunciables. Sin embargo, se requiere transitar a evaluaciones más efectivas que aseguren pertinencia y eviten redundancias. Ello requiere que los programas de impulso a la calidad, así como los instrumentos de evaluación que se rediseñen, sean flexibles, e incluyan a la totalidad y diversidad de las instituciones del sistema.

Promover la innovación

En los procesos educativos se deben aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación, ampliar las oportunidades de movilidad de estudiantes y académicos, así como impulsar la internacionalización, se propone que las políticas que orienten el programa sectorial educativo pongan especial énfasis en el apoyo a las iniciativas de innovación que desarrollen las IES y fortalezcan los proyectos orientados al desarrollo integral de los estudiantes.

Fortalecer las capacidades académicas y de organización

Para mejorar y consolidar la calidad y pertinencia del Sistema de Educación Superior es crucial disponer de los medios que posibiliten el desarrollo de capacidades académicas y de organización. Se requiere también mejorar la infraestructura, los acervos y los equipamientos materiales para un cabal desempeño de las funciones de docencia, investigación y extensión. Así como adecuar las capacidades de gobierno, organización, gestión y administración a los principios y valores académicos de las instituciones y desarrollar sistemas de planeación y programación estrictamente centrados en la mejora y aseguramiento de la calidad de las IES.

Potenciar la generación y aplicación de conocimientos

La generación de conocimientos es una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones, y se presenta como un elemento básico para la producción y suministro de un conjunto de bienes públicos esenciales para la sociedad. Por tanto, se requiere ampliar los incentivos fiscales para incrementar la inversión privada para la educación superior, ciencia y tecnología, particularmente de las empresas micro, pequeñas y medianas.

Formar recursos humanos de alto nivel

Se requiere crear un mecanismo de concertación con el gobierno federal, Secretaria de Educación Pública (SEP), Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) para establecer políticas públicas que atiendan de manera integral el posgrado nacional y que promuevan la expansión y diversificación de programas. De igual forma es conveniente promover estrategias para acelerar el proceso de desconcentración geográfica de los posgrados y la calidad de los mismos, impulsando programas regionales interinstitucionales, así como ampliar el número de becas a estudiantes.

Renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura

Las Instituciones de Investigación Superior (IES), por medio de sus actividades de vinculación, extensión de los servicios y difusión de la cultura, se articulan con el entorno para lograr una mayor pertinencia de la docencia y la investigación. Sin embargo, es recomendable trabajar para establecer políticas públicas que promuevan alianzas estratégicas con los diferentes órdenes de gobierno y sectores sociales para realizar proyectos de desarrollo y servicio social.

Actualizar la coordinación y regulación del sistema

Es impostergable diseñar nuevas modalidades de coordinación y regulación que hagan de la educación superior un sistema abierto y flexible quegarantice la calidad. Se propone revisar la Ley General de Educación y en su caso, reformarla para la coordinación de la educación superior, para que esta considere los siguientes aspectos:

Una definición clara de la obligación de rendir cuentas a la sociedad.

La definición de mecanismos claros de evaluación, internos y externos, precisando su carácter obligatorio y sus consecuencias.

La redefinición de las reglas para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en los niveles federal y estatal, a fin de que existan exigencias unificadas sustentadas en criterios de calidad y pertinencia.

La distinción jurídica de las IES privadas en dos tipos: Instituciones académicas sin fines de lucro e instituciones con fines de lucro.

La regulación de la participación de proveedores extranjeros en el sistema de educación superior

Ampliar el financiamiento y mejorar su distribución

La carencia de una política de estado hace que el gasto que se destina a las IES, y a los centros públicos de investigación, no cuente con fuentes permanentes y estables de financiamiento. Esto hace que las IES estén sujetas a presiones políticas y a los estrechos márgenes presupuestales de cada año fiscal. Pese a que las leyes establecen proporciones mínimas de financiamiento público para educación y para ciencia y tecnología, estas no se han alcanzado y además no existen criterios claros para el otorgamiento de los recursos.

Entonces, se requiere definir una política de estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Esta debe ser resultante de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las comunidades académica, tecnológica, empresarial y la sociedad. Dicho pacto debe regirse bajo los principios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento al desempeño institucional.

Integrar el Sistema Nacional de la Educación Superior y Ciencia y Tecnología

En México no se cuenta con un sistema nacional de información que permita conocer de forma válida, confiable y oportuna la situación que guarda este nivel educativo, ni el estado de la ciencia y tecnología.

Esta circunstancia requiere crear y operar, con la mayor urgencia, un sistema de información estadístico sobre la educación superior, de alcance nacional y con desagregación regional, estatal e institucional. Esto proveería herramientas y procedimientos adecuados para recopilar sistematizar y analizar la información.

Cooperación internacional

En este campo destacan los siguientes rubros:

Se requiere impulsar la cooperación internacional como herramienta que le signifique al país la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural.

Es importante promover relaciones de mutuo aprendizaje y mayor horizontalidad. Muchas instituciones de nuestro país han acumulado valiosas experiencias que pueden ser transferidas a otras instituciones por vías de nuevos esquemas de cooperación, buscando reducir las asimetrías existentes.

La cooperación internacional se ha incorporado progresivamente en los procesos de generación de conocimientos hasta convertirse actualmente en el componente intrínseco de esos procesos. El creciente papel de la cooperación internacional en el campo educativo científico y tecnológico, contribuye a potenciar la infraestructura existente.

Es necesario expandir las fronteras del conocimiento y las posibilidades de nuevas tecnologías y esquemas de colaboración internacionales. Esto para que hagan posible el desarrollo de proyectos regionales, emergentes, para atender los dilemas educativos del Siglo XXI.

Es fundamental jerarquizar la colaboración internacional para concentrar los esfuerzos con América del Norte, la Unión Europea (UE) así como con las regiones y economías de países emergentes como China e India.

Debemos aplicar las propuestas generales de políticas relativas a la cooperación hemisférica, aprobadas durante la IV Reunión Ordinaria de laOrganización de Estados Americanos (OEA), celebrada en abril de 2004 en materia de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

Se requiere coordinar acciones con América Latina, particularmente con Centroamérica y el Caribe para contribuir a su desarrollo, facilitarles el acceso a la sociedad del conocimiento y llevar a cabo acciones innovadoras de interés mutuo.

Convenir con EUA y Canadá la asistencia de científicos de alto nivel que puedan prestar asesoría con el fin de fortalecer y elevar el nivel de los programas de investigación y formación de recursos humanos especializados, así como incrementar los programas de becas.

Se requiere utilizar el poder de decisión gubernamental en los organismos internacionales de cooperación financiera, con el propósito de ampliar y flexibilizar sus modalidades de financiamiento, incluyendo apoyos a largo plazo y la oferta de capital de riesgo.

Debemos fortalecer los procesos consultivos científicos internacionales cuya contribución es indispensable para lograr a escala regional y mundial un consenso intergubernamental sobre la política que se ha de seguir, así como para aplicar las convenciones regionales e internacionales.

Problemática:

El PIB por habitante, en México, no ha crecido prácticamente desde 1980. El desempeño económico de México durante las dos últimas décadas no ha permitido generar los satisfactores para incrementar el nivel de calidad de vida promedio de la población, debido a diversas causas entre las que destacan: la baja productividad general de la economía, una educación inadecuada, insuficiente innovación tecnológica y falta de políticas públicas para retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo económico.

En la medida en que persista un Sistema Nacional de Innovación desarticulado, que las fuentes para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico sean escasas, y el entorno cultural no valore cabalmente la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, el impacto de las mismas en el desarrollo del país seguirá siendo sub-explotado.

La actual política científica y tecnológica no ha logrado todavía incidir en los niveles de competitividad nacional. En los últimos años, México ha experimentado una caída en sus niveles de competitividad nacional al pasar del lugar 33 que ocupaba en el año 2000, al 56 en 2005 dentro de la clasificación mundial de competitividad (IMD,World Competitiveness Yearbook 2005).

Los retos de la transición demográfica

La transición demográfica representa uno de los factores que mayor incidencia tendrá sobre la evolución de la economía mexicana en los próximos años. Las modificaciones que se proyectan en la pirámide poblacional, implicarán cambios importantes en la demanda y satisfacción de diversos servicios como el de educación, donde se espera un desplazamiento de la demanda de educación primaria hacia los niveles de educación media superior y superior.

En 2020, México tendrá una gran proporción de población en edad de trabajar (cerca de 67%) lo que representa una oportunidad única. Por ejemplo, en la medida en que esta población ocupe empleos productivos en el sector formal, la productividad aumentará, ya que más personas tendrán acceso a la seguridad social. Además, los recursos generados para el sistema de pensiones harán que este tenga mayor viabilidad.

En materia de empleo, en los dos próximos lustros demandarán trabajo más de un millón doscientos mil mexicanos, en promedio, por año. En consecuencia, se estima que la población económicamente activa, que actualmente representa alrededor de 42.2 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020.

Escaso número de investigadores y de programas de posgrado de calidad

México requiere un esfuerzo sustancial para ampliar la cobertura de las IES, ya que en la actualidad sólo 2 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 24 años alcanzan este nivel. Este problema se incrementará por la demanda creciente de jóvenes y por los indicadores de eficiencia terminal.

Existe un rezago en la formación de personas con posgrado de forma tal que, por ejemplo, mientras en el año 2003 se graduaron en México 1,443 doctores, en Brasil fueron 7,729, en España 6,436, en Corea 7,623, y en Estados Unidos de América (EUA) 45,075. De igual forma, el número de personas dedicadas a las actividades de Investigación y Desarrollo (I & D)es muy reducido: por cada mil empleos la República Checa tiene 5.8 investigadores, Alemania 12.2, Hungría 6, Japón 13.6, Corea 8.4, España 8.5, la Unión Europea (UE) 10.1 y México alrededor de 0.9. Estos indicadores, conviene apuntar, revelan el estado del Sistema Nacional de Innovación, y no solamente de las Instituciones de Educación Superior.

Los esfuerzos realizados para repatriar a nuestros estudiantes de posgrado del extranjero, no han sido suficientes para incorporarlos en nuestra planta laboral y en las instituciones y centros de investigación, por lo que continúa la ``fuga de cerebros''. Aunado a lo anterior no se han generado espacios laborales suficientes y adecuados para incorporar el número de egresados de posgrado e investigadores que demandan empleo.

Aunque en las últimas décadas el número de docentes de tiempo completo en general ha aumentado en las IES, persiste un alto porcentaje de profesores contratados por asignatura, lo cual inhibe la posibilidad de hacer de la investigación una parte nodal del sistema de educación superior en México.

Por otra parte, aunado al problema de insuficiencia en la formación, persisten niveles desiguales de calidad y pertinencia académica en las IES. Así como una desarticulación del sistema de educación superior con los niveles educativos previos, particularmente el medio superior.

En cuanto a la calidad, se imparten 4,600 programas de posgrado de los cuales únicamente 5.3% (244) cuentan con el parámetro de ``Alto Nivel'' o ``Competentes a Nivel Internacional''.

La comparación internacional muestra que México aún está muy por debajo de otros países en número y ritmo de crecimiento de la planta de investigadores. Baste señalar que en 1993 España contaba con 41,681 investigadores de tiempo completo, una cifra superior a los que tenía nuestro país una década después. Si se toma como referencia a otros países, esa brecha resulta aún más grande.

Otro fenómeno que se puede observar en México es el envejecimiento de la planta de investigadores y la inexistencia de mecanismos adecuados para el ingreso de nuevos investigadores en las proporciones debidas.

Del total de los investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 12,200 aproximadamente, el 78% de ellos tenía más de 40 años y únicamente 0.1% menos de 30. De 1994 a 2004 se incorporaron únicamente alrededor de 5 mil investigadores.

Debe considerarse que a esta problemática se suma la falta de tabuladores uniformes; el régimen laboral y de seguridad social actual impide a los investigadores su movilidad entre instituciones y centros de investigación de una misma entidad federativa o de diferentes, lo cual se traduce en un factor adicional que limita su aprovechamiento.

Infraestructura limitada y desarticulada

La infraestructura en Ciencia y Tecnología (CyT) en México se ubica principalmente en las IES y en los Centros Públicos de Investigación (CPI). El sistema de CPI en México se integra por dos grandes grupos: a) El Sistema de CentrosCONACYT y b) Los centros de investigación sectoriales, asociados a algunas Secretarías de Estado. Los CPI tienen una cobertura en el territorio nacional reducida ya que están ubicados en 14 de los 32 estados que integran el territorio nacional, concentrándose el mayor número en las regiones Centro-Occidente y Centro, que absorben 17 centros. También es limitado su impacto en cuanto a las áreas de conocimiento cubiertas y los sectores industriales potencialmente atendibles.

Los recursos humanos empleados también son reducidos, particularmente en ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. En el año 2004 se empleaban 6,251 personas El universo de CPIdependientes de las secretarías de Estado, se compone de 20 centros e institutos para atender el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los sectores de energía (3), salud (13), agricultura (2), medio ambiente y recursos naturales (1) y educación pública (1).

Pese a esta capacidad física, el monto acumulado estimado en inversión total en infraestructura en CyT en nuestro país, de 1970 a 1999, fue de 5,754 millones de dólares, cantidad que representa 40.2% de la inversión realizada por Brasil en elmismo periodo, 31.2% de la de España, 25.9% de la de Corea, 13.1% de la de Canadá y sólo 0.65% de la de EUA.

Uno de los problemas estructurales que presenta el país es el escaso nivel de inversión privada en la ciencia y la tecnología, si se compara con otros países llamados emergentes. Si bien se reconoce que la participación privada en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) en México se ha incrementado últimamente por los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total es baja (33%) si consideramos que en países como Japón, el sector productivo financia 73% del total, en Corea 72%, en EUA 67%, en España 47% y en Brasil 38 por ciento.

Esta baja proporción en la inversión privada se explica en gran parte por la ausencia de políticas, instrumentos y mecanismos consistentes y ágiles que apoyen e incentiven la actividad científica y tecnológica.

Cabe destacar que la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (Comcyt), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoce que la inversión en ciencia y tecnología (CyT) equivalente al 1 por ciento del PIB, meta usual de muchos países latinoamericanos, no resulta suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo y reducir la creciente brecha científica y tecnológica. En México no invertimos ni la mitad de ese indicador.

Frágil y rezagada capacidad de innovación

Varios autores ya han avanzado en el análisis del actual Sistema Nacional de Innovación en México y coinciden en las deficiencias que lo caracterizan: los esfuerzos de los actores involucrados se encuentran aislados y no han articulado una verdadera red de apoyo al desarrollo tecnológico;

El Sistema Nacional de Innovación debe considerar no únicamente a las empresas privadas, sino también y de manera compartida a las empresas públicas, donde se hace indispensable impulsar los procesos de innovación que permitan mayor competitividad en el mercado interno e internacional. Con frecuencia las empresas proveedoras del sector público, cuando disponen de planes de desarrollo competitivo de mediano plazo, se convierten en fuertes competidores de clase mundial, circunstancia que protege la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

Uno de los indicadores internacionales aplicado para medir la capacidad innovadora de un país son las patentes. En México las patentes otorgadas reflejan un bajo rendimiento innovador, de forma tal que entre los años 2000 y 2004, solamente en 2002 se rebasó el tope de las seis mil y, a partir de esta fecha, se registra una tendencia decreciente.

Lo anterior nos lleva a afirmar que carecemos de políticas para el desarrollo de la productividad, para impulsar un esfuerzo coordinado y sostenido mediante políticas públicas de largo plazo, consistentes y con recursos adecuados.

Lazos débiles para la vinculación

Carecemos de políticas públicas que fomenten la relación universidad-empresa para que los egresados de la educación superior, destacadamente los posgraduados, sean absorbidos por el sector productivo público y privado, e incorporados a las actividades que crean valor.

La generación de la capacidad tecnológica es limitada, ya que no se cuenta con el fomento a las inversiones privadas apropiadas ni con políticas públicas de institucionalización y fomento de las relaciones entre quienes participan en investigaciones científicas y el sistema productivo nacional.

Además, podemos afirmar que las IES representan el eslabón más débil del Sistema Nacional de Innovación, al carecer de políticas de largo plazo e incentivos permanentes para su vinculación con el sector productivo, que incluya la continua revisión y adaptación de los programas de estudio para responder con mayor claridad y certeza a las demandas del mercado y a las necesidades productivas y competitivas del país.

Las políticas en ciencia y tecnología no están vinculadas a otras políticas públicas, lo cual es indispensable dado el papel que pueden asumir en la resolución de diferentes problemáticas relativas al desarrollo productivo (agrícola, industrial y de servicios), la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, la preservación de la cultura y otros campos. Para que este conjunto de políticas genere efectos sinérgicos es necesaria la articulación entre las mismas.

Alta concentración de actividades

Persiste una alta concentración de las actividades en ciencia y tecnología en el Distrito Federal (DF), en términos de investigadores (50 por ciento), programas de posgrado (34 por ciento) y estudiantes de esos programas (62 por ciento). De los 244 programas de posgrado que han alcanzado el parámetro de ``Alto Nivel'', 108 se ubican en el DF, seguido por Nuevo León con 21 y Baja California con 20. En 13 estados no se cuenta con programas de este tipo. Los instrumentos de apoyo (fondos y estímulos fiscales) continúan reflejando una concentración alta en el DF que absorbió, en el periodo 2002-2004, 51 por ciento de los recursos.

No contamos con políticas ni mecanismos eficaces de promoción para las pequeñas y medianas empresas a nivel estatal, y en muchos casos, el entorno para la cooperación de instituciones y actores relacionados con el desarrollo local, como la educación, la innovación tecnológica, el empleo, la información empresarial y la búsqueda de mercados externos que requiere el desarrollo regional, no es favorable. Sin embargo, la percepción de la necesidad de cooperación entre estos actores crece de manera sostenida.

Ausencia de una visión de largo plazo y de políticas públicas

Seguimos contando con planes sexenales que no facilitan la continuidad de políticas y programas en la materia y no contamos con un ejercicio prospectivo a escala nacional, sectorial y regional, que conduzca a la selección de áreas científicas y tecnológicas clave, en las que se orienten los esfuerzos de asignación de recursos, en función del desarrollo de las disciplinas, la solución de problemas nacionales, los retos y derroteros internacionales y las capacidades y oportunidades de nuestro país.

Por otra parte, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación no puede lograrse mediante una planificación centralizada de todas las funciones públicas a ellas vinculadas, que implique una detallada definición de las acciones a realizar. Se carece de una visión compartida y una actitud de sensibilidad de los encargados de formular políticas hacia el valor del conocimiento científico y tecnológico.

El actual tratamiento de la política nacional en ciencia y tecnología, parte de la Constitución Política, que en la fracción V de su artículo 3o., referido a la educación, dispone de manera escueta que el ``Estado apoyará la investigación científica y tecnológica'' (fracción V), lo cual no tiene una expresión como parte de la estrategia del desarrollo económico y social, ni está vinculada con la planeación del país, lo que sigue reflejándose en diseños de política que tienen un origen meramente gubernamental.

Oportunidades y áreas estratégicas del conocimiento

Por otra parte, los sectores y las áreas estratégicas del conocimiento en México no han tenido una traducción que se exprese en una política nacional para ciencia y tecnología que las ubique como prioridades temáticas sectoriales con una visión estratégica articulada y de largo plazo, en donde se definan claramente las capacidades distintivas y las oportunidades del país. No contamos con políticas públicas articuladas, que fomenten la relación gobierno-sector privado para facilitar la identificación de los sectores, bienes y servicios en los que las ventajas comparativas y la competitividad de las empresas las coloquen a la vanguardia a nivel nacional y frente a otros países.

Debilidades e insuficiencias del modelo institucional

El nuevo diseño institucional de la política científica y tecnológica puede considerarse un avance importante, pues posibilitó la ejecución de la política pública a través de diversos actores y organismos, gubernamentales y no gubernamentales, además de orientar esta política de una forma más clara hacia los nuevos retos de la economía mundial y del desarrollo tecnológico. Sin embargo, al mismo tiempo se han generado un conjunto de tensiones, inconsistencias y desarticulaciones en el entramado institucional que en principio la propia política en la materia debería sostener.

Si bien el Conacyt actúa jurídicamente como cabeza de sector, la realidad es que este organismo sólo maneja aproximadamente 30 por ciento del gasto federal en la materia, pues el resto se encuentra en las diversas secretarías, organismos descentralizados y algunos organismos desconcentrados y empresas paraestatales.

Algunas de las conclusiones más relevantes de este análisis del modelo institucional actual de la ciencia y la tecnología son: la política de ciencia y tecnología en México se encuentra en un proceso de tránsito, de una política gubernamental hacia una política pública; los cambios institucionales recientes representaron avances importantes, pero resultaron insuficientes; se debe buscar un diseño en red en el cual el Conacyt, o algún órgano equivalente, tenga la capacidad de orientar efectivamente la política; el actual sistema de planeación y evaluación no permite establecer con claridad los comportamientos, sectores y áreas que se quieren incentivar e impulsar; y es necesario realizar cambios adicionales al diseño institucional de la política científica y tecnológica.

Consecuencias sobre el financiamiento

La falta de visión de futuro, de una economía propia basada en la competitividad que proporciona el conocimiento, genera un círculo vicioso donde la educación, la ciencia y la tecnología se privan, de manera creciente de recursos y simpatías nacionales. Así se entiende la crónica falta de competitividad nacional. Al mismo tiempo, el remedio a dichas carencias requerirá de la formulación de un entorno institucional más congruente y acorde con las nuevas exigencias de la economía nacional, y una renovada participación de México en el entorno internacional.

Por tanto, el punto de acuerdo propone: Analizar la aplicación de una política de Estado en materia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con una visión de largo plazo y como parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico y social del país.

Entendiendo por políticas de Estado, que se aspira a que la política tenga una mayor estabilidad temporal y que se asocie con los siguientes valores:

Que se exprese constitucionalmente y que, por ello, no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno y se incluya entre las prioridades gubernamentales de sus tres niveles de gobierno.

Que rija y oriente el quehacer gubernamental y sirva de marco de referencia del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los programas sectoriales y estatales.

Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y en términos generales, la acepten.

Que exista una forma de rendición de cuentas respecto de ella, por parte de las autoridades responsables de aplicarla.

Consideraciones de las comisiones

Con base a los motivos expuestos, se habrá de llevar a cabo una consulta parlamentaria sobre educación media superior y superior, ciencia y tecnología, con el propósito de conciliar las visiones, misiones y objetos de las organizaciones y grupos parlamentarios que integran esta LX Legislatura.

Para ello, habrá de conformarse un grupo de trabajo plural que refleje la representatividad de los grupos parlamentarios integrado por once diputados que deberán ser preferentemente miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología.

Para cumplir con las finalidades señaladas y reconociendo los logros alcanzados por la educación media superior, superior y los retos emergentes, es necesario identificar los programas y las acciones que ameriten continuidad para consolidar los avances logrados, así como los cambios requeridos para transitar a una nueva fase de desarrollo, se debe reconocer que diversos objetivos planteados por las políticas públicas no se cumplirán plenamente si no se cuenta con políticas de estado para la educación, la ciencia y la tecnología, que trasciendan los programas y metas sexenales.

Por lo anteriormente expuesto, las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, reunida el 18 de octubre de 2006, y de Ciencia y Tecnología, reunida el 26 de octubre del año en curso, aprobaron en sus plenos el dictamen al punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer Foro de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México, bajo los siguientes:

Resolutivos

Primero. Para la conformación del grupo organizador del primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México, se integrará a un diputado coordinador y a diez diputados, preferentemente integrantes de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, mismos que deberán reflejar la pluralidad de la composición de la honorable Cámara de Diputados.

Segundo. El primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México, se llevará a cabo durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo.

Tercero. El Grupo de Trabajo gestionará ante la Cámara de Diputados y las instituciones de educación media superior y ciencia y tecnología participantes, los recursos necesarios para cubrir los costos del primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Cuarto. El Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos al Foro Parlamentario guiará sus trabajos bajo los siguientes criterios básicos:

a) Construir una plataforma de lineamientos y políticas de Estado para la educación media superior, superior, ciencia y tecnología, así como para su financiamiento.

b) Realizar una convocatoria extensa a los titulares de las instituciones de educación media superior, superior, públicas y privadas, titulares de los centros públicos de investigación científica y tecnológica, profesores e investigadores del país y del extranjero, al sector productivo y a sus organismos representativos, así como a los legisladores federales y estatales.

c) Recibir las ponencias que de acuerdo a la convocatoria presenten los asistentes al Foro.

Quinto.Las conclusiones serán entregadas a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología y otras comisiones y órganos de la honorable Cámara de Diputados, en el ámbito de su competencia, con la finalidad de que sean analizadas y valoradas para el trabajo legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de octubre de 2006.

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila, secretario; Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), secretario; Delber Medina Rodríguez (rúbrica), secretario; Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), secretario; Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), secretario; Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretario; Abundio Peregrino García, secretario; Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretario; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández, Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción Ojeda Hernández, María del Carmen Pinete Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomas José Luis Varela Lagunas (rúbrica).

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), presidenta; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), secretario; Antonio Vega Corona, secretario; Sergio Hernández Hernández (rúbrica), secretario; Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretaria; Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Francisco Domínguez Servien, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Javier González Garza, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Sergio Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Francisco Martínez Martínez, Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís, Ector Ramírez Barba (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Daniel Torres García (rúbrica), Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Antes de continuar, pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Diputada María de Jesús Martínez Díaz, diputado Juan José Rodríguez Prats.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 444 diputadas y diputados; quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

FORO PARLAMENTARIO DE CONSULTA SOBRE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Está registrado para hablar por las comisiones el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Con su venia, señor Presidente: las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología tuvimos oportunidad de analizar esta propuesta de punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados organiza el primer Foro parlamentario de consulta sobre la educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México y ambas comisiones dictaminamos positivamente esta propuesta para que en este primer periodo ordinario de sesiones se lleve a cabo.

Como ya ha sido comentado, el centro del asunto es la construcción de una plataforma de lineamientos y políticas de Estado para la educación media superior, superior, ciencia y tecnología; así como para su respectivo financiamiento.

En nombre de ambas comisiones le pido a esta asamblea su voto favorable y abocarnos cuanto antes a la realización de este foro que convocará a la comunidad científica y académica del país, a las instituciones relacionadas con el área y, por supuesto, que será una convocatoria de carácter amplio, con el propósito de cumplir el cometido. En nombre de ambas comisiones, agradecemos a todos ustedes su atención y, por supuesto, a los integrantes de las mismas, por el trabajo legislativo que requirió este esfuerzo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Tiene la palabra la diputada Silvia Luna, para hablar sobre el mismo tema.

La diputada Silvia Luna Rodríguez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores, tenemos un enorme desafío: hacer de la ciencia y la tecnología sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Para ello tenemos que partir de una visión clara y de un diagnóstico objetivo sobre el estado en que se encuentra nuestra política de apoyo a la investigación. En otros foros hemos hablado de una política de Estado en ciencia y tecnología; desafortunadamente, en estos años se puso poca atención en fortalecer las instituciones sobre las que recae la construcción del conocimiento en México; no se puede posponer por más tiempo el colocar la ciencia como una de las prioridades del Estado.

La propuesta de convocar a este Foro parlamentario de consulta sobre la educación media superior, superior y ciencia y tecnología en México nos parece una oportunidad propicia para fijar una agenda legislativa que tenga como propósito central establecer una política de Estado que se sustente en compromisos medibles. Para hacer frente a este reto tenemos que empezar a solucionar hoy los rezagos; no se puede permitir que nuestras universidades públicas se ahoguen por la ausencia de recursos. Consideramos que, con el apoyo de las instituciones, del sector privado, los gobiernos, la comunidad científica y la sociedad podremos encontrar soluciones viables para las diversas problemáticas de nuestro sistema educativo; vamos a hacerlo de manera seria con el mismo tiempo y suficiencia, pensando en buscar los mecanismos para dar viabilidad a la meta que, como país, nos hemos fijado.

Juntos podremos lograr un incremento real del presupuesto para la ciencia, para que se alcance una inversión equivalente al uno por ciento del gasto público federal y así cumplir con lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. Por ello participaremos en este foro parlamentario; creemos que de su realización resultarán propuestas de enorme valor para el debate y la transformación de la ciencia en México. Nos interesa, además, que en este proceso construyamos mejores y más equitativos mecanismos para la distribución de los recursos.

Las instituciones de educación básica y superior son dos vértices en un mismo proceso; hoy se puede percibir en cada uno de estos ámbitos la demanda de más recursos, de salarios dignos para los docentes, de mejores instalaciones y de más apoyos para la investigación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Luna. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:En votación económica se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutidos; pregunte si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario; se autoriza.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que consta de los artículos 66 al 73, presentada por el Dip. Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 fracciones I y III y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el capítulo XII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano con los artículos 66 al 73, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

Antecedentes

1.- El 9 de noviembre de 2004, el Dip. Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

2.- En esa misma fecha, dicha iniciativa le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina pretende adicionar la fracción XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano con los siguientes artículos para quedar como sigue:

Capítulo XII

De las organizaciones coadyuvantes del servicio exterior mexicano.

Artículo 66.- Toda agrupación de Mexicanos con residencia en el extranjero, constituidos legalmente, podrán ser: coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 67.- Estas agrupaciones cuyo objeto principal será: ``vigilar el respeto de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero'' podrán constituirse legalmente en el extranjero o en México y serán registradas por la embajada o consulado mexicano del domicilio de la persona jurídica, considerándolas coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 68.- Las agrupaciones constituidas legalmente en México, podrán ser validadas por las autoridades extranjeras donde radiquen.

Artículo 69.- Por ningún motivo estas agrupaciones podrán tener fines políticos o religiosos, ni de lucro en perjuicio de sus agremiados.

Artículo 70.- Estas agrupaciones no tendrán la calidad de Agentes Diplomáticos, ni gozarán de las inmunidades o privilegios concedidos a los mismos. Siempre estarán sujetas a la legislación extranjera en donde radiquen.

Artículo 71.- Cuando estas agrupaciones tengan entre otros de sus objetivos, la naturaleza mercantil, estarán sujetas a los tratados internacionales que México ha ratificado para ello.

Artículo 72.- Las principales facultades de las agrupaciones coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano son:

1.- Se inscribirán y serán reconocidas como tales en las embajadas o consulados mexicanos de la residencia de la agrupación;

2.- Son autónomas por excelencia y elegirán a sus representantes en forma democrática y conforme a sus estatutos;

3.- Podrán recibir apoyos o donativos de personas físicas o morales, inclusive de entidades de los gobiernos federales, locales o municipales de México, así como del extranjero, para conseguir el logro de sus fines;

4.- Serán gestores de la comunidad de mexicanos residentes en el extranjero, ante las embajadas y consulados, siempre y cuando no se requiera la presencia de los propios interesados.

5.- Darán asesoría en diversas materias que determine la Secretaría y que no sea propia y exclusiva de las embajadas y consulados mexicanos, siempre y cuando demuestren tener personal capacitado para ello y no se opongan al derecho extranjero de donde radiquen.

6.- Al tener conocimiento de la violación de Derechos Humanos en contra de nuestros connacionales, darán los avisos pertinentes a nuestras misiones diplomáticas o, en su defecto, ante las propias autoridades extranjeras.

7.- Podrán acudir ante las instancias internacionales cuando así lo permitan los tratados celebrados por México, en la Defensa de los Derechos Humanos de aquellos mexicanos que hayan sido violentados en los mismos;

8.- Promoverán en el extranjero nuestra cultura nacional: tradiciones y costumbres, intercambios científicos y culturales, llevar a cabo eventos representativos de México, todo ello mediante gestoría con nuestras misiones Diplomáticas.

9.- Desarrollarán todas aquellas actividades que no sean propias y exclusivas del Servicio Exterior Mexicano y que para ello no se oponga la Secretaría o el Estado extranjero donde radiquen.

Artículo 73.- De la cancelación de su registroDejarán de tener el carácter de coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano todas aquellas agrupaciones que:

1.- Se hayan disuelto en términos de la Ley

2. - Lo soliciten en forma expresa a la misión diplomática del domicilio de su residencia

3.- Que cambie su objeto social

4.- Que alguno de los representantes de la agrupación o varios de ellos comentan delitos tanto en México como en el Extranjero, haciendo uso del nombre de la agrupación.

Análisis de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino propone adicionar el capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano con el objetivo ``de apoyar a los mexicanos en el exterior y fortalecer el Servicio Exterior Mexicano como enlace con los mexicanos en el extranjero''. Al respecto el artículo 1° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que:

``El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representar lo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...''.

La iniciativa propone crear un nuevo capítulo para que las organizaciones en el extranjero puedan ser coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano con el propósito de vigilar el respeto de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero. Los argumentos utilizados en la exposición de motivos de la iniciativa describen el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos y sus características. Asimismo, subrayan la vulnerabilidad a la que están expuestos los inmigrantes mexicanos indocumentados.

En este sentido, es necesario mencionar que el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) establece que le corresponde a éste ``proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones''.

La red consular mexicana es una pieza fundamental para la política de protección a los conacionales que se encuentran en el extranjero, cuyas funciones están reguladas tanto por el derecho internacional como por el derecho interno.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su artículo 5° establece que las funciones consulares tienen diversas actividades, entre ellas: ``la extensión de pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado representado, visados a extranjeros que desean viajar a ese país; proteger a los nacionales del Estado y prestarles ayuda y asistencia jurídica''. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a ``impartir protección a los mexicanos''; mientras que la fracción XV, del artículo 1 Bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) señala que la oficina consular tiene como función principal ``proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción''.

Por su parte, el artículo 65 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala la obligación de los miembros del Servicio Exterior de proteger los intereses de los mexicanos en el extranjero. En este sentido, establece que los miembros del SEM ``prestarán sus buenos oficios, impartirán asistencia y protección consular y, llegado el caso, proporcionarán a la Secretaría los elementos para que ésta decida si el Estado mexicano ejercerá la protección diplomática. La asistencia consular se impartirá cuando se requiera atender y asesorar a mexicanos en sus relaciones con las autoridades extranjeras''.

Las propuestas de artículos 66 y 67 de la iniciativa señalan respectivamente que ``toda agrupación de Mexicanos con residencia en el extranjero, constituidos legalmente, podrán ser: coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano'' y ``estas agrupaciones cuyo objeto principal será: ``vigilar el respeto de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero'' podrán constituirse legalmente en el extranjero o en México y serán registradas por la embajada o consulado mexicano del domicilio de la persona jurídica, considerándolas coadyuvantes del servicio Exterior Mexicano''.Al respecto es importante señalar que el objeto de cualquier tipo de asociación es determinado en sus propios estatutos y su constitución tiene que regirse necesariamente por las leyes del país en que vayan a desempeñar sus funciones. Por tal motivo resulta erróneo el contenido propuesto para estos dos artículos ya que la Ley del Servicio Exterior Mexicanos no es el ordenamiento apropiado para establecer los requisitos de constitución, funcionamiento u objeto de ningún tipo de persona moral y mucho menos de agrupaciones que realicen actividades en el extranjero.

El artículo 68 de la propuesta establece que ``las agrupaciones constituidas legalmente en México, podrán ser validadas por las autoridades extranjeras donde radiquen'', lo cual no es factible jurídicamente ya que ni la Ley del Servicio Exterior Mexicano ni ninguna otra ley mexicana puedan disponer normas en materia de constitución de organizaciones en el extranjero ya que dicha función le corresponde a los tratados de derecho internacional privado que para tal efecto celebren los Estados, así como las reglas conflictuales contenidas en las leyes de los países en donde se pretende que el acto respectivo surta efectos, esto es, opera el principio de locus regit actum que significa que un acto jurídico celebrado de conformidad a la normatividad de una entidad ajena gozará de validez en el lugar de la ley que estipula dicho principio.

Por otra..parte, la propuesta de artículo 70 indica..que ``estas agrupaciones no tendrán la calidad de Agentes Diplomáticos, ni gozarán de las inmunidades o privilegios concedidos a los mismos. Siempre estarán sujetas a la legislación extranjera en donde radiquen''.En este caso, una ley nacional no puede regular cuestiones sobre privilegios e inmunidades diplomáticas en el extranjero ya que dicha materia es regulada. por las leyes de los Estados que reconocen dichas prerrogativas, así como por el derecho internacional (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, Convención de Viena sobre relaciones Consulares de 1963, Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas de 1946).

El artículo 71 de la iniciativa propone que ``cuando estas agrupaciones tengan entre otros de sus objetivos, la naturaleza mercantil, estarán sujetas a los tratados internacionales que México ha ratificado para ello''.Al respecto, es irrelevante establecer que cuando las agrupaciones referidas tengan una naturaleza mercantil, deberán observar los tratados ratificados por México, toda vez que si dichas agrupaciones se colocan en supuestos normativos regulados por tratados comerciales aplicables, automáticamente se regirán por ellos sin necesidad de que una ley remita a su observancia.

El artículo 72 de la iniciativa pretende proveer de diferentes facultades a las agrupaciones coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano, lo cual es inapropiado pretender determinar en esta ley debido a que la naturaleza jurídica, forma de financiamiento, objeto social o forma de conducción de este tipo de agrupaciones que se proponen deben ser reguladas por leyes generales (como los códigos civiles) y especiales (como las leyes de sociedades mercantiles) del país en que se constituyan, así como por los estatutos de las propias agrupaciones conforme al principio de la voluntad contractual de las partes.

Adicionalmente, el numeral 6 de dicho artículo, establece que ``al tener conocimiento de la violación de derechos humanos en contra de nuestros conacionales, darán los avisos pertinentes a nuestras misiones diplomáticas o, en su detecto, ante las propias autoridades extranjeras''. Los miembros integrantes de esta comisión reconocemos la labor de las organizaciones civiles a favor del respeto de los derechos humanos y el impulso de una mejor calidad de vida de los migrantes mexicanos. Sin embargo, consideramos innecesario la reforma propuesta toda vez que los avisos que realizan las organizaciones no gubernamentales ante las misiones diplomáticas o consulares mexicanas constituyen una situación de facto que no requiere regulación. Por lo que hace al aviso ante las autoridades extranjeras en el caso de tener conocimiento de la violación a los derechos humanos en contra de nuestros conacionales, ni la Ley del Servicio Exterior Mexicano ni ninguna otra ley nacional puede regular dicha situación ya que ello sólo concierne a las normas procesales del país en que suceda dicha violación.

Por las razones señaladas, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores estimamos que las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley del Servicio Exterior Mexicano son inadecuadas y por tanto improcedentes al intentar regular situaciones que tendrían verificativo en territorio extranjero y que por tanto son determinadas conforme a los ámbitos espacial y personal de validez del derecho del Estado en que se llevaría a cabo su realización.

Por esta razón, consideramos que la iniciativa debe ser dictaminada en sentido negativo ya que la jurisdicción de las normas que se pretende aplicar va más allá del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores pone a consideración de la Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero.-Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por el Dip. Francisco Alberto Jiménez Merino; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 9 de noviembre de 2004.

Segundo.-Archívese como asunto totalmente concluido.

Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados a 25 de octubre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Secretaria; Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Secretario; Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Secretario; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Enrique del Toro Mario, Alliet Mariana Bautista Bravo, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras, Armando Enríquez Flores, Ariel Castillo Nájera, María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Víctor Samuel Palma César, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, José Murat, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada, Lourdes Quiñónez Canales (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica).»

LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

«Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 fracciones I y III y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción VII del artículo 2°, añadir un párrafo segundo al artículo 4° y adicionar el artículo 12° a la Ley sobre Celebración de Tratados, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

Antecedentes

1. El 6 de abril de 2006, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

2. En esa misma fecha, dicha iniciativa le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina pretende reformar la fracción VII del artículo 2°, añadir un párrafo segundo al artículo 4° y adicionar el artículo 12° a la Ley sobre Celebración de Tratados para quedar como sigue:

Artículo 2.-

Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a la VI. ...

VII.- Reserva: Declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4.- ...

Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en el se disponga o que acuerden los Estados negociadores; a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.

....

Artículo 12.- Los Estados Unidos Mexicanos podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos, que la reserva esté prohibida por el tratado o que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.

Análisis de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari propone reformar la fracción VII del artículo 2°, añadir un párrafo segundo al artículo 4° y adicionar el artículo 12° a la Ley sobre Celebración de Tratados con el objetivo de enriquecer la definición de reserva dentro de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del cual México es parte, establece en el artículo 2° que se entiende por reserva ``una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado''.

Actualmente, el artículo la fracción VII del artículo 2° de la Ley sobre Celebración de Tratados señala que reserva es ``la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos''. La propuesta del diputado Kahwagi pretende modificar dicha redacción para incorporar textualmente la definición incluida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Al respecto, en la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que ``si bien, la definición es concreta, con la reforma que se propone se busca el enriquecimiento de foque se entiende por reserva dentro de la Ley sobre la Celebración de Tratados'', sin embargo no menciona el propósito y cómo ésta la enriquecería en la práctica.

La incorporación de la definición de reserva de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados a la Ley sobre Celebración de Tratados desvirtuaría el espíritu de la Convención, toda vez que el Estado Mexicano es el único facultado para llevar a cabo una declaración de este tipo con el propósito de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones. Es decir, no tiene sentido referirse a una declaración unilateral en el contexto del artículo 2, pues ésta no puede ser de otra manera.

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley sobre Celebración de Tratados establece que:

``Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación''.

La intención de la iniciativa es adicionar el siguiente párrafo a dicho artículo:

``...

Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en el se disponga o que acuerden los Estados negociadores; a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.

...''.

En este sentido es importante mencionar que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ya establece en el artículo 24 la entrada en vigor de éstos:

``1. Un tratado entrará en vigor de la manera yen la fecha que en el se disponga o que acuerden los Estados negociadores.

2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.

3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.

4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas. Las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto''.

Por esta razón, la adición propuesta es improcedente, toda vez que ésta transcribe literalmente aquellos establecido por los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta Convención es un instrumento internacional que junto con la Ley sobre la Celebración de Tratados forman parte del sistema jurídico mexicano. Atendiendo a esto último, resulta innecesario transcribir en la Ley específica las disposiciones contenidos en el mencionado instrumento internacional.

Finalmente, la propuesta de adición de un artículo 12 a la Ley sobre Celebración de Tratados tiene como propósito establecer dentro de dicha la Ley los artículos 19 y 20 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados.

Dicha convención menciona en el artículo 19 que:

``Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:a) que la reserva este prohibida por el tratado;

b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o

c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado''.

Por su parte, el artículo 20 de esta misma convención señala que:

``1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.

2. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en el se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización.

4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra cosa:

a) la aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el tratado en relación con ese Estado sí el tratado ya esta en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados:

b) la objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;

c) un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado contratante.

5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4 y a menos que el tratado disponga otra cosa, se considerara que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando este no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que hayan recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado si esta última es posterior.

La propuesta de adición de un artículo 12 para establecer que ``los Estados Unidos Mexicanos podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos, que la reserva esté prohibida por el tratado o que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate'' es improcedente, toda vez que al igual que los casos anteriores, se transcriben literalmente disposiciones contenidas en los artículos 19 y 20 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Por las razones señaladas, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores consideramos que la propuesta no enriquece a las disposiciones ya contenidas en la ley y resulta inadecuado transcribir literalmente diversas disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya que por mandato constitucional forma parte del derecho interno mexicano, razón por la cual resulta inútil duplicar disposiciones.

Asimismo, estimamos que las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley sobre Celebración de Tratados improcedentes toda vez que no contribuyen en beneficio de la certeza jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores pone a consideración de la Asamblea, el siguiente:

Auerdo

Primero.- Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentada por el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 6 de abril de 2006.

Segundo.-Archívese como asunto totalmente concluido.

Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados a 25 de octubre de 2006.--- Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Secretaria; Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Secretario; Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Secretario; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Enrique del Toro Mario, Alliet Mariana Bautista Bravo, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras, Armando Enríquez Flores, Ariel Castillo Nájera, María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Víctor Samuel Palma César, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, José Murat, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada, Lourdes Quiñónez Canales (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario. Aprobados los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el apartado de proposiciones tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo en relación con la pena de muerte para siete mujeres en la República Islámica de Irán.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la condena de muerte mediante lapidación que pesa sobre siete mujeres en la República Islámica de Irán.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada federal Aurora Cervantes Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presenta ante esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia contra la pena de muerte mediante lapidación que, como condena, pesa sobre siete mujeres en la República Islámica de Irán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh son siete iraníes condenadas a morir lapidadas; fueron sentenciadas a muerte acusadas de haber cometido adulterio.

Conforme a lo dispuesto en la Sharia (Ley Islámica), deberán ser enterradas hasta el pecho, de manera que las manos queden atrapadas. El artículo 116 de la Ley Penal Iraní dispone que ``las piedras usadas para lapidar no deben ser tan grandes como para matar al adúltero al primer o segundo impacto, ni tan pequeñas como un guijarro''. En Irán, lapidar a una persona hasta la muerte no va contra la ley; usar la piedra incorrecta sí.

Recordemos el caso de Amina Lawal, una nigeriana que, tras haber quedado embarazada después de haberse divorciado, fue acusada en 2002 de adulterio y, conforme a lo dispuesto en la Ley Sharia, condenada a la pena de muerte mediante lapidación. Sin embargo, gracias a que el proceso atrajo la atención internacional, y destacadas figuras y personalidades se pronunciaron contra la ejecución, finalmente en 2003 una corte de apelaciones islámica al norte de Nigeria anuló la condena contra Amina.

En esta soberanía no podemos permanecer impávidos ante la flagrante violación de los derechos humanos de esas mujeres. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes; son lo que nos hace humanos. Es su universalidad la que les da fuerza; por tanto, es compromiso de la comunidad internacional garantizar el respeto y la universalidad de los derechos humanos para todas las personas. Nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos, venga de donde venga, debe ser tajante.

En consideración de lo anterior, someto de la manera más atenta y respetuosa a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifiesta contra la pena de muerte mediante lapidación, por considerar esta práctica una grave violación de los derechos humanos de las personas.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo a emitir mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores un pronunciamiento de repudio a la práctica de la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo a efecto de que en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la delegación mexicana se manifieste contra la práctica de la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se considera de urgente resolución; no habiendo quien solicite el uso de la palabra, se considera suficientemente discutida; pregunte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo relativo a los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, o PAFEF.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: los recursos del PAFEF, Ramo 39, han sido una asignación no prevista en la iniciativa del gobierno federal, siendo la Cámara de Diputados --en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos-- quien asigna los recursos a esta partida. Actualmente se prevé en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero no se define su monto.

El Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas fue diseñado por la propia Cámara de Diputados, con el propósito de fortalecer financieramente los estados cuya transferencia de responsabilidades, sobre todo en materia educativa y de salud, han resultado onerosas para las finanzas públicas. En efecto, desde el año 2000 las entidades federativas han recibido recursos de este programa, inclusive en ese mismo año se creó el Ramo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para estos recursos que actualmente se han convertido en una fuente muy importante de ingresos para las haciendas públicas estatales.

Precisamente, para otorgar certidumbre jurídica y financiera en la disponibilidad de los recursos para los gobiernos estatales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estableció en su artículo 85 que el Ejecutivo federal debe de considerar al PAFEF y el destino de sus recursos en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero sin precisar su referencia respecto a la recaudación federal participable o criterios precisos en cuanto a su distribución, por ello la necesidad de contar con un marco jurídico claro que establezca la fórmula y las razones que justifiquen el reparto de los recursos.

Ahora vemos con preocupación que el pasado 27 de este mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia a las entidades federativas un recorte al presupuesto del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. La Secretaría de Hacienda argumentó que el recorte es efecto de la aprobación que hizo la anterior legislatura federal al integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 una partida de ampliación al gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social de 26 mil 572 millones de pesos, los cuales resultaron ser adicionales a los recursos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año. Este recorte ha sido calificado por los gobernadores de los estados como inaceptable y unilateral, en virtud de que complicará severamente el desarrollo de diversos proyectos de las entidades federativas; estamos hablando aquí de cerca de cinco mil millones de pesos que los estados ya tenían considerados para una serie de acciones, para una serie de obras.

Por un lado, se anuncia, por parte del gobierno federal, que habrá aumento en los recursos de los excedentes del petróleo hacia las entidades y, por otro lado, se da este golpe que afecta seriamente a las entidades federativas; por eso creemos que es inaceptable poder considerar que se haga este recorte a los recursos que ya tenían considerados los gobiernos de las entidades. Pongo como ejemplo: entidades como Durango habrán de recibir menos en base a este proyecto, cerca de 92 millones de pesos; eso hará imposible que los gobiernos estatales puedan cumplir con los compromisos que se tienen en materia de obra pública, y me parece que esto es atentar contra las facultades que tiene el Poder Legislativo y, desde luego, atenta también contra el federalismo.

Por lo anteriormente considerado, queda demostrado que el PAFEF significa una importante inversión y apoyo para las entidades federativas; sin embargo, a finales de la semana anterior, como ya comentaba, se anunció el recorte de cuatro mil 922 millones de pesos aprobados en el PAFEF para este ejercicio.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, es de explorado derecho que la aplicación de las cantidades aprobadas por la Cámara de Diputados es estricta y no podrán realizarse acciones que no estén expresamente previstas en el mismo decreto, por ello resulta cuestionable jurídicamente la implementación de recorte al PAFEF; en efecto, esta asignación no fue hecha por el Ejecutivo federal, sino que fue hecha por este órgano legislativo. Por eso, amigas y amigos legisladores, debemos defender los derechos que tiene el Poder Legislativo y particularmente la Cámara de Diputados, por ello someto a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo, el cual solicitamos que sea de urgente u obvia resolución.

Punto de acuerdo. Primero. Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del recorte anunciado al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el cual afectaría considerablemente al desarrollo de los estados, sobre todo en este momento que cierra el ejercicio fiscal 2006, cuando ya se han comprometido recursos con cargo a este programa.

Segundo. Se solicita la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé respuesta a los planteamientos anteriormente señalados.

En nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentemos este punto de acuerdo firmado por el de la voz, por Jesús Alcántara y por Yerico Abramo Masso. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI

El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas surgió con el propósito de fortalecer financieramente a los estados. En efecto, desde el año 2000, las entidades federativas han recibido recursos de este programa, inclusive, en 2003 se creó el Ramo 39 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para estos recursos, que actualmente se han convertido en una importante fuente de ingresos para las haciendas estatales. Esto dio origen a que, para otorgar certidumbre jurídica y financiera en la disponibilidad de los recursos para los gobiernos estatales, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que el Ejecutivo federal debe considerar al PAFEF en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por otra parte, a partir de 2003 en el Presupuesto y en la Ley de Ingresos de la Federación, fueron incorporadas diversas disposiciones para distribuir a los estados ingresos excedentes relacionados con la exportación de crudo. Estas disposiciones dieron origen a la creación del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, el cual se ha constituido en una importante fuente de gasto en inversión.

Para resaltar su importancia y de acuerdo con las estadísticas, entre 2000 y 2005 el PAFEF ha presentado un crecimiento real anual de 38 por ciento, siendo los años de mayor crecimiento 2001 y 2003. En contraste, en 2005 estos recursos cayeron 9.8 por ciento como resultado de menores ingresos por excedentes petroleros respecto a 2004, año en que la las finanzas públicas se vieron favorecidas por el auge en el alza de los precios del petróleo.

Entre enero y junio del año los recursos del PAFEF ascendieron a 18 mil 675.4 millones de pesos, lo que representó un incremento de 78.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En este concepto se incluyen 5 mil 93.6 millones de pesos por concepto del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo y el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes a cargo de Pemex.

Por entidad federativa, las más favorecidas son Chiapas, Morelos, Aguascalientes y Oaxaca, con incrementos de 216.2, 182, 165.3 y 150.7 por ciento, respectivamente, respecto al primer semestre del año pasado.

En cuanto a la distribución por monto entre las entidades al primer semestre de 2006, al estado de México es al que le correspondió la mayor proporción del PAFEF, con dos mil 9.2 millones de pesos, seguido por el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas y Jalisco.

Se presentaron cambios en las proporciones que del Fondo de Aportaciones Múltiples recibieron las entidades entre el primer semestre de 2005 y el mismo lapso de 2006, lo cual es indicativo de la ``discrecionalidad'' con que se reparten estos recursos.

Entre enero y junio de este año, el PAFEF per cápita entregado a las entidades ubica a Chiapas, Baja California, Tabasco, Aguascalientes y Campeche con los mayores índices por habitante, en el rango de 241.1 a 308.0 pesos.

A nivel nacional, el estado con menor asignación por habitante correspondió a Puebla con 130.9 pesos.

Además de Puebla, Michoacán, Guerrero y México son las entidades con las menores asignaciones per cápita, al ubicarse dentro del rango de 130.9 y 143.4 pesos por habitante al primer semestre de 2006.

Tal como se encuentra actualmente la distribución del PAFEF, no se puede definir si prevalece un criterio de compensación a las que más aportan a la Federación o un criterio redistributivo que indique que se otorgan mayores recursos a las entidades más pobres.

Por ello la necesidad de contar con un marco legal claro que establezca la fórmula y las razones que justifiquen el reparto de los recursos.

Al primer semestre del año, el PAFEF muestra un importante incremento de 78.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, donde se incluyen recursos provenientes de excedentes petroleros.

Con lo anterior, queda demostrado que el PAFEF significa una parte importante en las inversiones que realizan las entidades federativas; sin embargo, a fines de la semana anterior, las entidades federativas fueron notificadas de un recorte en este rubro. En el caso del estado de Durango, el recorte es de casi 92 millones de pesos, lo que afectará las líneas en las que se aplica, como son la de infraestructura, pago de deuda, y fortalecimiento a pensiones.

Compañeras y compañeros legisladores: es de explorado derecho que la aplicación de las cantidades aprobadas por la Cámara de Diputados es estricta, y no podrán realizarse acciones que no estén expresamente previstas en el mismo decreto, por ello, resulta cuestionable jurídicamente la implementación del recorte al PAFEF. En efecto, esta asignación no fue otorgada por el Ejecutivo federal sino por este órgano legislativo y, por tanto, el primero carece de atribuciones para hacerle modificaciones. La aplicación de los recursos aprobados, destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas PAFEF, debe ser correcta, en tiempo y forma, y bajo criterios de equidad. Esto es una exigencia de la sociedad mexicana y en particular de quienes habitan en las entidades federativas que han quedado rezagadas con el destino y ejercicio de los recursos respectivos, por lo que resulta necesario que los legisladores federales conozcamos a fondo los criterios utilizados por las autoridades competentes para determinar, primero, el destino de los recursos comprendidos en el PAFEF hacia cada una de las entidades federativas y, en particular, el motivo por el que la Secretaría de Hacienda ha recortado el PAFEF aprobado por esta soberanía, es decir, la motivación que sirvió de base para dicha determinación.

Por lo anterior, someto a la consideración del honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo, solicitando se considere, en su caso, de obvia y pronta resolución.

Punto de Acuerdo

Primero.Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del recorte anunciado al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el cual afectaría considerablemente al desarrollo de los estados, sobre todo en este momento que cierra el ejercicio fiscal 2006, cuando ya se han comprometido recursos con cargo a este programa.

Segundo.Se solicita la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé respuesta a los planteamientos anteriormente señalados.

Diputados: José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Jesús Alcántara Núñez, Yerico Abramo Masso.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución; en virtud de que no hay oradores... El diputado Javier Calzada, del PRD; el diputado Yerico Abramo y Jesús Alcántara. Tiene la palabra el diputado Javier Calzada.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez:Compañeras, compañeros diputados; con su permiso, señora Presidenta: efectivamente, este viernes fue comunicado a las secretarías de Finanzas de los estados el recorte que hace la Secretaría de Hacienda, a escasas cuatro semanas de entregar el Poder Ejecutivo federal, sobre un programa que es básico, fundamental, para atender las necesidades en las entidades federativas.

El Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas es una herramienta indispensable para dar atención a las necesidades de agua potable, de carreteras, de infraestructura educativa y de salud.

A estas alturas del ejercicio, los gobernadores de todos los estados seguramente tendrían ya comprometidos recursos para la construcción de obras y para la ejecución de programas originados con el techo que esta soberanía había asignado para este ejercicio fiscal. Es improcedente que a estas alturas se pretenda llevar a cabo un recorte que es no solamente unilateral, sino además insensible a las circunstancias por las que atraviesa el país. Estas adecuaciones presupuestarias, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no cumplen con el procedimiento que se encuentra normado para su ejecución.

Debería, toda vez que se trata de un porcentaje del orden del 20 por ciento del Ramo 39, debería haber emitido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una opinión a este respecto para que le pudieran dar efecto; con la finalidad de profundizar en la disminución del ajuste presupuestal y analizar que la acción esté sustentada conforme a derecho y evitar una posible confrontación entre entidades federativas y la federación, es muy conveniente que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público venga a dar las aclaraciones pertinentes de esta decisión; pero, sobre todo, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos a favor de que esta soberanía se pronuncie y le requiera al secretario de Hacienda que no operen el recorte presupuestal que fue comunicado el pasado viernes.

No puede ser que a estas alturas del ejercicio nos comuniquen y hagan ese recorte que, la verdad, para entidades como mi estado, Zacatecas, representa un duro golpe a sus finanzas públicas; pero no va en contra del gobierno, sino del pueblo de Zacatecas. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Calzada. Tiene la palabra el diputado Yerico Abramo, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Yerico Abramo Masso:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: quiero hablar a favor de este punto de acuerdo para comentarles que los estados de la república siguen siendo rehenes del antojo presidencial, aunque se pronuncien miles de discursos presidenciales diciendo que eso era cosa del pasado o vengan a decir que todo está bien y que son los gobiernos de la oposición los culpables; o, más increíble, culpen al PRI de esto, pero la realidad demuestra desgraciadamente lo contrario y les voy a demostrar esto.

El Ejecutivo federal congeló 33 mil millones de pesos al presupuesto reasignado por los diputados en correspondencia con la partida presupuestal aprobada en ejercicio de su facultad, señor Presidente, por la Cámara de Diputados en noviembre de 2005 para el saneamiento de las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Ejecutivo federal ha dicho públicamente que, de manera ilícita, los diputados aprobaron esta cantidad, lo que obligó al congelamiento de esta cifra en los montos reasignados por los diputados, lo que perjudicó a la mayoría de los estados en infraestructura carretera, educativa y de salud.

El Ejecutivo federal demuestra un desconocimiento en esta materia de tipo legislativo, dado que al desconocer la facultad explícita que tenemos los diputados para la modificación y en su caso, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para muestra un ejemplo: se propuso para mi estado, Coahuila, cero pesos en construcción y modernización de carreteras, lo que obligó a la reasignación de 410 millones de pesos; 90.3 millones de éstos para la construcción de caminos rurales y caminos alimentadores y 60 millones al presupuesto de salud, los que al final fueron congelados de acuerdo con su apreciación. Coahuila sólo ha recibido 540 millones de 678 millones asignados en el programa carretero 2006; 30 millones de 60 millones para hospitales, y, en cuanto a excedentes del petróleo, sólo hemos recibido 150 millones de pesos de 217 millones correspondientes al último trimestre del 2005.

Comentarles que para el 2006, en el ramo de comunicaciones y transportes, de un gasto programable originalmente de 22.3 mil millones de pesos para infraestructura carretera se han devengado 10.9 mil millones de pesos a septiembre del 2006, lo que significa el 48.9 por ciento del total original; de esos 7.4 mil millones de pesos para construcción de carreteras, 5.3 mil millones de ellos para caminos rurales, sólo se han ejercido a septiembre 2.7 mil millones de pesos. Es decir, sólo se ha ejercido el 37.4 por ciento de este presupuesto. De 7.3 mil millones de pesos para la ampliación de carreteras sólo se han ejercido 3.7 mil millones de pesos, lo que significa un ejercicio aproximado del 50.2 por ciento; le quedan a esta administración sólo 32 días para devengar más de 11 mil millones de pesos. En cuanto al PAFEF, se aprobaron 22.5 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido 18.2 mil millones de pesos al mes de septiembre.

De acuerdo con el mismo informe, cabe señalar que aparecen como ejercidos 31.8 mil millones de pesos, pero habrá que restar 12.3 mil millones de pesos de derecho extraordinario sobre la explotación del petróleo y el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.

Es curioso ver estados como Guanajuato, Baja California y Jalisco beneficiados con más del 80 por ciento de su PAFEF asignado; estos estados están entre los 10 que recibieron más de mil millones de pesos. ¿Dónde quedó la tan traída federalización que presume el Ejecutivo federal? En ningún lado, sólo sirvió como mecanismo electorero.

Exigimos que se entregue la totalidad de los recursos para estados federativos aprobados por la LIX Legislatura. No se puede mentir de manera constante sobre los hechos suscitados entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Yerico Abramo. Tiene la palabra el diputado Jesús Alcántara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: en mi carácter de diputado federal y en lo particular como ciudadano del estado de México, me uno a lo antes expuesto por mis compañeros diputados que han presentado el siguiente punto de acuerdo. El recorte de más de 26 mil millones de pesos que hizo la Secretaría de Hacienda al Presupuesto de Egresos del 2006 en la ampliación al gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, afecta a varias entidades federativas y, en lo particular, al estado de México con más de 496 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda, al hacer el recorte, elude mencionar la inconsistencia de Ley de Ingresos del 2006 que representó que el precio del barril de crudo se fijara en 36.50 dólares, y que a la fecha, al cierre del ejercicio fiscal, esté promediado en 42 dólares, lo que representa un ingreso adicional de más de 255 mil millones de pesos.

El recorte al estado de México representa para nuestra población una importante merma en los programas de bienestar social; el impacto para el estado asciende a más de 496 millones de pesos, es decir, el 21.33 por ciento del monto presupuestado. La disminución de los recursos del ramo 39 aplicará una caída de 142.1 millones de pesos mensuales en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en particular para nuestro estado de México. Asimismo, significará una disminución en el saneamiento financiero del estado o, en su caso, en la inversión de infraestructura en la entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, solicitamos sea aprobado el punto de acuerdo en sus términos expuestos.

Primero. Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del recorte anunciado al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el cual afectaría considerablemente el desarrollo de los estados, sobre todo en estos momentos que cierra el ejercicio fiscal 2006, cuando ya se han comprometido recursos con cargo a este programa.

Segundo. Se solicita la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé respuesta al planteamiento anteriormente señalado.

Por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado.

Sigue en el orden el compañero Joaquín Vela, de la fracción parlamentaria del PT.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:Gracias, señora Presidenta; compañeros legisladores; compañeras legisladoras: venimos a esta tribuna para unirnos a la solicitud que en el punto de acuerdo se señala, de que no existe ninguna razón para que algo que es aprobado por esta Cámara luego decida alguna secretaría o algún grupo de burócratas recortarlos. Efectivamente, la planeación del desarrollo se hace con tiempo; existen recursos que ya se cuentan, que ya están aprobados y que los diferentes estados ya tienen en su programación de infraestructura.

Este año hubo un excedente de tributación. Hay excedentes también del petróleo. Es decir, no hay ninguna razón que pudiera justificar o que pudiera darle algún elemento para poder cancelar algo que ya fue aprobado por esta Cámara de Diputados dentro del Presupuesto del año de 2006.

Como Partido del Trabajo venimos a unirnos al sentido del punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda cumpla con lo que establece el Presupuesto de Egresos del año 2006. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Minjares, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez:Gracias, señora Presidenta: en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalvengo a solidarizarme con el punto de acuerdo que se ha expresado en esta tribuna. El programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas fue una propuesta y un programa ideado por diputados federales del Partido Acción Nacionaldurante la LVII Legislatura, y así se ha venido instrumentando e incorporando al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación año con año, desde esa legislatura.

Estamos a favor de que se nos den explicaciones; no estamos a favor de la diatriba y del insulto. Estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas de todos y cada uno de los órdenes de gobierno en este país. Hay que hacer la aclaración que, con todo y este recorte que se ha anunciado, los gobiernos de los estados han recibido recursos adicionales a los señalados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año por más de 60 mil millones de pesos, con todo y este recorte, insisto. Pero estamos de acuerdo en que venga el secretario del ramo y nos explique y nos ilustre cuáles son los mecanismos que se instrumentaron y los razonamientos para poder instrumentar esta disposición.

Y reiteramos, queremos transparencia y rendición de cuentas; pero así como se lo exigimos al Ejecutivo federal habría que exigirla también a los titulares de los gobiernos de los estados: ahí que nos digan cuál es el destino de los recursos del PAFEF, ¿por qué existen casos como los de Arturo Montiel, como los de Ulises Ruiz y como los de Alejandro Encinas, que viven en la opacidad total?, ¿por qué incluso se llega a los extremos de que algún ex gobernador, ahora diputado federal, recurre incluso a un juicio de amparo para evitar ser auditado en el uso y destino de los recursos? Esa es la posición del Partido Acción Nacional y estamos a favor, repito, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de las explicaciones puntuales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Muchas gracias, diputado Minjares. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con su venia, señora Presidenta; compañeros: el Partido Nueva Alianzase pronuncia a favor del punto de acuerdo, porque, como han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, nosotros también estamos por la claridad, por la transparencia y porque los recursos públicos del orden que sean, municipal, estatal o federal, tengan un buen uso y el destino para el cual fueron programados en sus gastos.

Es el caso de lo que hoy se plantea; nos hace recordar la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público hace algunos días; en su presencia comentamos el abuso de la discrecionalidad con que utilizó la figura del fideicomiso. No fue suficiente que esta Cámara de Diputados le dijera, le señalara, le explicara y fijara su posición; fue necesario que días después organismos internacionales dijeran que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta Cámara de Diputados tienen los peores mecanismos para la rendición de cuentas y esto no debe de seguir siendo así. Por eso, en su momento hicimos la convocatoria desde el Partido Nueva Alianza para que esta Legislatura no permita que el próximo gobierno utilice discrecionalmente y no abuse de la figura del fideicomiso so pretexto de la secrecía que el mismo implica para ejercer el gasto público.

Pero también queremos que el próximo gobierno no esté llevando sorpresa tras sorpresa a esta Cámara de Diputados y a los gobiernos estatales; el recorte del PAFEF es una sorpresa más que nos trae el gobierno de la República a través de su secretario de Hacienda.

No le es suficiente legislar desde la Miscelánea Fiscal, quiere aún pasar por encima, no nada más en la recaudación sino en el gasto público, aplicando su solo criterio y dejando de lado el trabajo de esta Cámara de Diputados. A todos los estados, el criterio fue recortarles el 22 por ciento, sin plantear mecanismos, sin llegar a un acuerdo, sin establecer un diálogo, sin respetar las reglas que dieron origen a la etiquetación del gasto; sólo, única y sencillamente, porque para efectos de gasto lo que prevalece es el criterio del secretario de Hacienda y no las reglas que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A Sinaloa simplemente le recortaron 142 millones de pesos; cómo es posible que nosotros, que tenemos el contacto directo con el electorado; cómo es posible que a nosotros, que tenemos el contacto directo con las demandas de los mexicanos, no se nos permita tener racionalidad y buen juicio para participar en esto y simple y sencillamente le dé al traste este recorte a todos los compromisos de obra pública y de infraestructura.

Por eso estamos de acuerdo con este punto que presentaron nuestros compañeros y pedimos que el Secretario de Hacienda presente cuentas claras, se vuelva un hombre transparente en la disposición de sus políticas y criterios y deje de asumir las responsabilidades de los diputados federales. Es cuanto, señor Presidente, y le pido que se incluya en el Diario de Debates esta participación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Gracias, Presidente: recojo aquí, al inicio de este sexenio, algunas palabras dichas por el Ejecutivo: ``El Presidente propone y el Congreso dispone''. Ya pasó en el tema del agro y en este momento en el tema del PAFEF. Veracruz, 295.9 millones de pesos, presumiblemente es lo que Hacienda retira, significa para el estado principalmente el pago a pensiones, gente, trabajadores que en contraparte del recurso del estado comprometido va en este sector. Pero no sólo eso, obras por más de 148 millones de pesos que ya están en marcha, licitadas, pero sobre todo a punto a terminar. Recojo también algunos comentarios dichos aquí mismo por el titular de Hacienda, donde maneja que hay una estabilidad financiera, un control de la micro y macroeconomía; sin embargo, en el hecho estamos revueltos. No tiene caso hablar de todos esos temas y al ratito quitar recurso que ya está comprometido y finalmente etiquetado desde tiempo atrás.

En cuanto a mi compañero, el diputado del PAN, que aquí subió, y que de veras le aplaudo, porque dijo algo importante: está de acuerdo en la explicación que el titular de Hacienda tiene que hacer a esta soberanía, más no en la diatriba y en la denostación; sin embargo, trae aquí temas de coyuntura, temas que no tienen que ver y solamente le menciono que hay que buscar a Ulises Ramírez, ex presidente de Tlanepantla, que ahora es senador y trae su ``bronca'' allá atrás. Mejor no nos metemos en ese tema.

Vayamos bien acerca del presupuesto que ya está autorizado; que ya hay compromisos en los estados y que se tiene que aplicar, y que si algún Ejecutivo del estado está haciendo desorden de sus recursos, que vaya a las dependencias correspondientes para exigirles la salvedad en cada peso. Pero aquí el tema es que Hacienda entregue lo que es de México, independientemente de si ahora le alcanza o no le alcanza para salir del rumbo que ya está programado. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Montalvo. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: vengo ante esta soberanía para llamar su atención y acuerden ustedes un punto para efecto de que el secretario Francisco Gil Díaz comparezca en las Comisiones Unidas de Presupuesto y también de Hacienda. Se trata de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públiconos dé una explicación: por qué motivo hace un recorte de 5 mil millones de pesos de una partida trascendental para el desarrollo de México. Además, solamente faltan 15 días y, como están acostumbrados algunos, ``al cuarto para las doce'' dicen que se acabó el dinero. No es posible.

Convergencia no puede ser, por ningún motivo, omiso; y Convergencia le pide a todos los partidos políticos aquí representados que firmen este acuerdo de que venga el señor secretario de Hacienda y Crédito Público y dé una cuenta clara y transparente, como aquí se ha dicho, de por qué motivo se tiene que recortar en 5 mil millones de pesos el PAFEF.

No es posible, alcaldes, gobernadores, la propia federación requieren de ese dinero para poder trabajar. No es posible que se recorte dinero a ningún gobernador; no importa el partido que sea; aquí lo que importa es que se invierta en infraestructura para que los municipios puedan avanzar y no sigan sometidos en la pobreza, en la ignominia, en el abandono; que se pueda pavimentar caminos, que haya agua potable; tan sólo en el Totonacapa, el 17 por ciento de todos sus habitantes no tiene agua potable; tan sólo en el Totonacapa nos faltan aproximadamente 286 escuelas; tan sólo en Totonacapa nos falta electrificar el cinco por ciento de toda la población. Y así es Nayarit, y lo mismo es en Yucatán, y lo mismo es en Jalisco; necesitamos que ese dinero se ejerza transparentemente por los gobernadores, por los alcaldes; pero que se ejerza para que los ciudadanos que viven en condiciones de verdadero atraso puedan avanzar.

Es el momento, compañeras y compañeros de todos los partidos, que nos pongamos de acuerdo y que ese dinero por ningún motivo se le recorte a los más pobres de este país; ese dinero es precisamente para que se pueda hacer obra educativa, carretera, de agua potable, de desarrollo regional. Llamo su atención, diputadas y diputados, para que por primera vez tengan un acuerdo fuerte por México, que Francisco Gil Díaz, con todo rigor y en una actitud honorable venga y diga por qué motivo quiere recortarle a los mexicanos una cantidad tan considerable.

Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; Comuníquese.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Humberto López Lena, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo para que se brinde seguridad a las estaciones de radio en el estado de Oaxaca.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: la Ley Federal de Radio y Televisiónestablece en sus artículos que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público; por tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social. El artículo 10, por su parte, señala que compete a la Secretaría de Gobernaciónvigilar que las transmisiones de radio y televisión no ataquen los derechos de terceros ni provoquen algún delito o perturben el orden ni la paz; así como denunciar los delitos que se comentan en agravios a las disposiciones de la Ley de Radio y Televisión.

Con motivo del conflicto que priva en la entidad y que hoy cumple más de 162 días, se han agudizado las agresiones a los distintos medios de comunicación electrónicos y escritos, principalmente a las radiodifusoras; es por ello que, a través de los distintos medios se ha solicitado a las autoridades competentes garantizar al ejercicio de la libertad de expresión, garantizando a las empresas radiofónicas de Oaxaca trabajar en libertad. Si bien es cierto que en días pasados fueron liberadas las últimas radiodifusoras tomadas, también es cierto que, por la misma inseguridad que prevalece en Oaxaca el día de hoy, todas las radiodifusoras de la ciudad capital están fuera del aire, dejando sus transmisiones porque están siendo tomadas por ellas; es el caso de la estación XEPNX, de Pinotepa Nacional, que fue tomada el día de ayer y hoy está enfrentando las amenazas de algunos grupos que no pueden realizar sus transmisiones.

Esa situación de ilegalidad se acompaña de otras más graves y delicadas, pues desde el pasado jueves 28 de octubre inició sus transmisiones de manera ilegal una estación de radio en la frecuencia 99.1 de FM, denominada Radio Ciudadana Voz de Oaxaca. Desde estas transmisiones se apoya al gobernador Ulises Ruiz, se señala de manera irresponsable a terceros de estar detrás del conflicto, generando con ello mayor encono entre los oaxaqueños.

Por todo lo anterior se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se solicita a las secretarías de Gobernación, y de Comunicaciones, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, garanticen la seguridad de las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su respectiva competencia, condone el pago del IVA y del ISR a las estaciones radiofónicas tomadas.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a los responsables intelectuales y materiales de la transmisión de manera clandestina de la nueva radiodifusora en la frecuencia 99.1 de FM, Radio Ciudadana Voz de Oaxaca, y

Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que suspenda de manera inmediata la transmisión clandestina que se hace llamar Radio Ciudadana y actuar en consecuencia, presentando la denuncia ante las autoridades correspondientes por la utilización ilegal del espectro radioeléctrico. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SCT, a la SHCP y a la Cofetel a brindar seguridad a las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Humberto López Lena, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero:Que la Ley Federal de Radio y Televisión establece en el artículo 4o. ``la radio y a televisión constituyen una actividad de interés público; por tanto, el Estado deberá protegerlas y vigilarlas para el debido cumplimiento de su función social'';

Segundo: Que el artículo 8o. de la referida ley señala que ``es de jurisdicción federal todo lo relativo a la radio y a la televisión'';

Tercero: Que el artículo 10 señala que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y de televisión no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos, así como denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión;

Cuarto: Que en el estado de Oaxaca, como consecuencia del conflicto, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus atribuciones, garantice la seguridad de dichas estaciones radiofónicas;

Quinto: Que la seguridad de las estaciones radiofónicas en el país, así como la integridad de las personas que en ellas labora, deberá ser garantizada por las dependencias que la ley multicitada establece;

Sexto: Que es necesario que las dependencias del gobierno federal referidas en la Ley de Radio y Televisión garanticen la seguridad de las estaciones radiofónicas para que no se vuelvan a presentar hechos como los de Oaxaca;

Séptimo:Que el pasado jueves 26 de octubre, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, señaló que el gobierno federal garantizará que hechos como los presentados en Oaxaca contra las estaciones radiofónicas no volverán a ocurrir;

Octavo:Que el presidente se comprometió con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión a que antes que concluya su gestión, se apoyará con diversas medidas a quienes resultaron afectados en sus bienes y propiedades;

Noveno: Que el pasado jueves 26 de octubre inició transmisiones de manera ilegal una estación de radio en la frecuencia 99.10 de FM, denominada Radio Ciudadana, La Voz de Oaxaca, desde donde se apoya al gobernador Ulises Ruiz y se señala de manera irresponsable a terceros de estar atrás del conflicto, generando con ello mayor encono entre los oaxaqueños; y

Décimo: Que la utilización ilegal del espectro radioeléctrico obliga a las autoridades correspondientes a investigar esos hechos.

Se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se solicita a la Secretarías de Gobernación y a la de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que garanticen en el ámbito de sus respectivas atribuciones la seguridad de las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a condonar, en el ámbito de su competencia, el pago del IVA y del ISR a las estaciones radiofónicas por el tiempo en que estuvieron fuera de servicio.

Tercero: Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a los responsables intelectuales y materiales de transmitir de manera clandestina por la frecuencia 99.10 de FM, denominado Radio Ciudadana, La Voz de Oaxaca, desde donde se hace proselitismo a Ulises Ruiz y se señala de manera irresponsable a terceros de estar atrás del conflicto, generando con ello mayor encono entre los oaxaqueños.

Cuarto: Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que bloquee de inmediato la transmisión clandestina que se hace llamar Radio Ciudadana, La Voz de Oaxaca, por la frecuencia 99.10 de FM, y a actuar en consecuencia, presentando las denuncias ante las autoridades correspondientes por la utilización ilegal del espectro radioeléctrico.

Diputado Humberto López Lena (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Lena. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia informa que los grupos parlamentarios acordaron incorporar en este momento diversas intervenciones para hacer referencia a la situación política del estado de Oaxaca. La Mesa Directiva, con las facultades que le confieren los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, no tiene inconveniente en incorporar el debate pactado, notificando que se realizará en los siguientes términos:

Se registrarán hasta dos turnos de intervenciones de los grupos parlamentarios que deseen participar, en orden ascendente y hasta por cinco minutos.

Para la primera ronda se han inscrito los diputados Delio Hernández Valadés, de Alternativa; Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; Alberto Esteva Salinas, de Convergencia; Antonio Xavier López Adame, del Verde Ecologista; Raúl Cervantes Andrade, del PRI; Daisy Selene Hernández Gaytán, del PRD; y Juan José Rodríguez Prats.

Si algún diputado solicita la palabra para alusiones personales se le dará en el momento que corresponda. Si algún diputado solicita la palabra para hechos, se anotará hasta después de que terminen los que están inscritos en la segunda ronda, que son los siguientes:

Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa; Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; Patricia Villanueva Abraján, del PRI; Othón Cuevas Córdova, del PRD, y Edgar Martín Ramírez Pech, del PAN.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa.

El diputado Delio Hernández Valadés:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: podemos decir, con toda convicción, que a raíz de los últimos acontecimientos, Ulises Ruiz ya no cabe en Oaxaca. ``Ulises ya cayó'', es el grito de guerra del pueblo en resistencia. Un simple problema salarial lo convirtió en un reguero de pólvora que incendió al pueblo oaxaqueño, al grado de movilizar a todos los sectores de la población en torno a un gran movimiento social y político. Sin embargo, la lucha contra Ulises Ruiz no sólo se inició por la demanda de mejores salarios, sino también por desterrar al sistema político caciquil que ha imperado desde hace décadas y que se niega a morir.

Ulises Ruiz acabó con la paciencia de los oaxaqueños. Desde que asumió el poder convirtió a su gobierno en represor y fascista: han sido cientos los dirigentes asesinados durante los gobiernos caciques; el único delito de estos líderes sociales fue defender las causas más nobles del pueblo de Oaxaca, pedir la solución de la añeja problemática social, indígena y campesina; así como impedir el brutal saqueo de los recursos naturales y el respeto a las libertades políticas y democráticas.

Pareciera que Oaxaca ya no tenía ninguna esperanza para romper con este estado de cosas. ¿Cuánta sangre más debería correr?, ¿qué destino nos deparaba a los oaxaqueños con estos criminales en el poder? Pero el pueblo ha dicho ``basta'', y fue el arrojo de los maestros lo que encendió la mecha y se inició el gran movimiento de resistencia contra los agravios del gobernador. A las pocas semanas ya tenía a toda la sociedad en su contra. Apareció la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, sumando entre sus filas a los sectores más conscientes y combativos de la población resueltos a acabar con el tirano y su régimen corrupto. La organización y la movilización combativa fueron la única estrategia que encontró el pueblo para poner de rodillas al gobernador cacique y sus lacayos.

El movimiento social en Oaxaca no es una simple revuelta sin sentido: la razón está de lado de los insurrectos; al final, la victoria debe ser para el pueblo. Y hoy por hoy, aunque la ciudad de Oaxaca esté tomada por miles de elementos de la Policía Federal Preventiva y demás cuerpos policiacos, no impedirán la salida del gobernador Ulises, porque en Oaxaca la ingobernabilidad es total, la crispación política está al límite y el estallido social es inminente; lo peor puede estar apenas por venir. No obstante, nadie sensato desea-ría que corriera una gota más de sangre entre los oaxaqueños por culpa de la cerrazón política y la negligencia criminal.

Es por esto que las diputadas y los diputados del grupo parlamentario de Alternativa, desde esta tribuna hacemos un llamado al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para que, si le queda algo de dignidad y decoro, dimita de su cargo para terminar con esta situación de angustia y zozobra que padece hoy Oaxaca. Señor gobernador: hágalo por usted por su familia, por su tierra, por su pueblo que sufre.

Finalmente hacemos un enérgico llamado al Presidente de la República, Vicente Fox, para que ordene la salida inmediata de las fuerzas federales del estado de Oaxaca, para que la entidad recobre la paz y la armonía que les fueron arrebatadas. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Delio Hernández. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Presidencia saluda respetuosamente a los estudiantes de la Universidad Marista, que se encuentran presentes aquí en este recinto.

El diputado Humberto Dávila Esquivel:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: para quienes representamos al pueblo no hay mordazas ni controversias que nos hagan declinar en nuestra responsabilidad; no hay límites en el llamado; nos interesa Oaxaca, nos interesa México. Para Nueva Alianza la democracia se traduce en respeto, tolerancia y diálogo; jamás debe asociarse con intransigencias, abuso e imposición. Más allá de partidos e ideologías, los últimos hechos no pueden calificarse como actos de una república democrática; la aspiración democrática por la que hemos luchado sociedad y partidos se desvanece ante la cruda realidad de los 166 días de conflicto.

Es imprescindible reiterar que la fuerza pública, aún cuando sea legítima y se use correctamente, no representa la solución a la crisis de Oaxaca; la solución tiene que ser duradera, a largo plazo y pasar necesariamente por una urgente atención de las demandas sociales y políticas de los maestros y demás sectores de la población oaxaqueña.

Nueva Alianza exige a las autoridades federales y estatales que garanticen la integridad física y en sus propiedades de toda la sociedad; esta es la condición mínima que justifica la existencia del Estado mexicano. Los oaxaqueños, particularmente los maestros, niñas, niños y jóvenes tienen el derecho a recuperar la tranquilidad para el desarrollo de su vida diaria. Por ello, hacemos un enérgico llamado y exhorto a las partes a deponer la actitud rijosa para facilitar los acuerdos y restablecer el orden en la entidad.

Es intolerable la muerte de ciudadanos mexicanos o extranjeros. Sin embargo, es triste reconocerlo, pero el hecho de que uno de los muertos haya sido estadounidense, dio un sentido de urgencia a la intervención de la Policía Federal Preventiva, que no habían generado los homicidios previos de una docena de oaxaqueños. Por eso, exigimos que todas las transgresiones al orden jurídico y particularmente las violaciones a los derechos humanos que se han cometido a lo largo de este conflicto sean esclarecidas plenamente y castigados los responsables. Vivimos en un país democrático, bajo un sistema de leyes que tienen que ser respetadas y aplicadas. Por eso exigimos que todos los homicidios perpetrados durante el desarrollo de este conflicto sean atraídos para su investigación y esclarecimiento por el Ministerio Público federal.

Al día de hoy casi todos han puesto de su parte: la sociedad oaxaqueña, sus niños, niñas, adolescentes, maestros, organizaciones y gobierno federal han pagado un alto costo. ¿Hasta cuándo, Ulises Ruiz?, ¿cuántos muertos tiene que haber?, ¿a cuántos extranjeros se tiene que asesinar para que reconsidere su postura y deje el cargo? Es responsabilidad de todos el asumir una posición madura ante los hechos que han ensombrecido el clima social y político de Oaxaca. Estamos ante posiciones que anteponen sus intereses personales o de grupo a los de la sociedad: eso es intolerancia.

La sociedad oaxaqueña demanda paz, tranquilidad y apertura de las escuelas para sus hijos. La sociedad oaxaqueña ha dejado de confiar en sus gobernantes; ellos los ignoraron, ellos piden que se retiren para dar oportunidad a la concordia.

No hay controversia constitucional ni poder que esté sobre el juicio ciudadano; la retirada del señor Ulises Ruiz es una de las condiciones para restituir la paz y el orden en la entidad. Nueva Alianza, como la sociedad oaxaqueña y México demandamos urgentemente una solución integral al problema. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila. Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajocondena enérgicamente el uso de la fuerza pública para resolver el conflicto político en que vive el estado de Oaxaca desde hace varios meses. El gobierno de Fox sólo pudo resolver mediante la violencia un conflicto netamente político, que tuvo su origen hace algunos meses en la negativa del gobierno federal para satisfacer la justa demanda de la rebonificación salarial del magisterio oaxaqueño.

A lo anterior hay que agregar que el gobernador Ulises Ruiz no ha sido sensible a la demanda de amplios sectores de la población de Oaxaca de separarse del cargo, ya que él no garantiza la gobernabilidad del estado; al contrario, su presencia sólo sirve para agudizar el conflicto; su pretensión de mantenerse es dar patadas de ahogado, porque está demostrado que el pueblo oaxaqueño lo rechaza en todo lo que representa. A Ulises Ruiz se le olvida que el verdadero poder político de una sociedad reside en el pueblo, no en la fuerza pública ni en las instituciones, ¿acaso quiere más pruebas de ello?

Compañeras y compañeros legisladores: la violencia no resuelve absolutamente nada, sólo lastima a la población y genera desconfianza hacia la autoridad. En Oaxaca, los lamentables decesos que han ocurrido, como el asesinato del viernes pasado del camarógrafo estadounidense, y el día de antier de Jorge Alberto López son responsabilidades directas del gobierno estatal y del gobierno federal.

Hoy, nuestro grupo parlamentario ve que el contenido de la proposición con punto de acuerdo que presentamos ante esta soberanía, para que el conflicto oaxaqueño fuera resuelto por la vía del diálogo y la negociación, volvemos a confirmar que esta es la vía, la única vía para resolver el problema de Oaxaca. De ninguna forma compartimos el discurso del secretario de Gobernación y del secretario de Seguridad Pública federal, en el sentido de que la intervención de la Policía Federal Preventiva se debe a que previamente la legislatura del estado invocó a la protección del gobierno federal, con fundamento en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Federal.

En Oaxaca no hay sublevación y el trastorno interior se debe a la incapacidad del gobierno estatal para poder solucionar el conflicto salarial y a la desmedida ambición de Ulises Ruiz, para aferrarse al poder. En Oaxaca se han violado, por parte del gobierno federal, los derechos humanos. El gobierno de Fox pasará a la historia como un gobierno represor y el gobierno de Oaxaca; Ulises Ruiz quedará como una persona a quien le importa más su apetito de poder que servir al pueblo. En Oaxaca, el Senado de la República determinó que no había elementos para declarar la desaparición de poderes, pero sugería la separación del gobernador del estado.

Hoy, con la presencia de las fuerzas policíacas en el estado, queda de manifiesto que no hay gobierno en el estado de Oaxaca; Ulises Ruiz no gobierna a nadie, el Legislativo local no legisla y el Judicial no funciona. En Oaxaca no hay poderes, éstos han desaparecido y, como consecuencia de ello, llegado el caso de que el Senado de la República designe un gobernador interino, o bien, remitirnos a las disposiciones de la Constitución del estado en la recomposición de los poderes locales.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reivindica la vía del diálogo. Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca; fuera la violencia. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Gracias, Presidente; compañeras y compañeros legisladores: tres, tres son los oaxaqueños muertos con los que cargarán por siempre en su conciencia y uno de ellos apenas un adolescente de 14 años; nadie hubiera caído, nadie hubiera muerto si no fuera por la necedad y resistencia de seguir sosteniendo a Ulises Ruiz. Si no fuera por la muerte del periodista Brad Will y de 16 oaxaqueños más asesinados por los grupos de choque, encabezados por los dirigentes priístas, los mismos que a través de una transmisión radial ilegal ``Radio Ulises'', en el 99.1 de FM, hacen proselitismo a favor del gobernador, generando con ello mayor encono y división entre los oaxaqueños.

Nadie más hubiese muerto si los senadores hubiesen actuado de manera responsable y si hubiesen reconocido que la situación de ingobernabilidad que priva desde hace más de cinco meses en Oaxaca hace imposible el sostenimiento de Ulises Ruiz frente al gobierno del estado; pero eso no les importa, ni les interesa ni les conmueve, solamente les importa sostener, a como dé lugar, incluso con la utilización de la fuerza pública, a alguien que el pueblo oaxaqueño ya no quiere.

Desde aquí exhortamos al Presidente Vicente Fox a ordenar el retiro inmediato de la PFP en Oaxaca; la licencia o renuncia de Ulises Ruiz no es suficiente. Desde aquí exhortamos a todos los partidos políticos a impulsar la demanda de juicio político presentado en su contra, a impulsar las auditorías a su gobierno y a su antecesor como medidas legales y legítimas, como con las que contamos para obligar a solicitar la licencia y a atender el exhorto del Senado y de esta Cámara.

El día de ayer, miles de oaxaqueños marcharon desde tres puntos distintos al zócalo de Oaxaca, concentrándose en las instalaciones de la Universidad para manifestar su rechazo a la torpe decisión de ordenar la intervención de la Policía Federal Preventiva para tratar de sostener sólo a Ulises Ruiz.

Los errores son cada vez más continuos: a las muertes de los mineros de Pasta de Conchos, lo de Atenco, Sicartsa, la cancelación de la lectura del Informe en esta tribuna, la cancelación del Grito y de las festividades del 20 de noviembre, se suma el envío de las tropas federales a Oaxaca. Si el 14 de junio el pueblo de Oaxaca se unió en contra de la intervención policial, desde el domingo 28 el pueblo de México se está uniendo en contra de la presencia y de la permanencia de la PFP en Oaxaca.

¿Vale la pena sostener a un dizque gobernador que ya no gobierna?, ¿creen ustedes que la PFP podrá mantenerse en Oaxaca sin que se presenten brotes de violencia, de confrontación con la población durante su permanencia? No compañeras y compañeros legisladores. No, ni con toda la fuerza del Ejército, de la Marina o de la PFP se podrá sostener a quien ha resquebrajado la paz social, la armonía y la estabilidad social y política de los oaxaqueños.

Es falso que hoy estén regresando a las aulas la totalidad del magisterio oaxaqueño. En la ciudad de Oaxaca no hubo clases el día de ayer ni el de hoy. Con la presencia de la PFP se están cancelando las puertas de diálogo político, y lo que urge es que el gobierno federal convenza al PRI de que la permanencia de Ulises es insostenible, y todo en aras de mantener una alianza con el PRI. Esa alianza les está saliendo demasiado cara. ¿Vale la pena seguir manteniendo una alianza que nos está arrastrando?

El grupo parlamentario de Convergencia se suma al exhorto aprobado el día de ayer y lo hace convencido de que la solución al conflicto de Oaxaca no es la confrontación innecesaria y hace un llamado a Ulises Ruiz para que actúe de manera responsable y asuma si aún queda algo de ética...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que termine, señor diputado.

El diputado Humberto López Lena Cruz:... responsabilidad y amor por Oaxaca y que presente su licencia de inmediato. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado López Lena. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el conflicto en el estado de Oaxaca ha venido a plantear un gran reto para nuestra democracia; este desafío consistirá en saber si somos capaces de adoptar una auténtica visión de Estado que nos lleve a pactar más y mejores medidas para abatir la marginación, el rezago educativo, la pobreza y otras injusticias económicas y sociales o si, en su caso, sucumbiremos ante las divisiones, las recriminaciones mutuas y no someteremos, como muchas veces, a intereses puramente político-electorales.

De no convencernos, señoras y señores diputados, de la necesidad de actuar con visión de Estado, permitiremos que el diálogo sea desplazado por hechos de violencia, como de manera muy desafortunada ha sido el caso de Oaxaca, pues es claro que todo este conflicto ha arrojado ya varios muertos y heridos; dicha visión de Estado requerirá que todas las fuerzas políticas reconozcamos que el diálogo y la negociación sólo ocurren sobre la base de ciertas reglas; siempre será necesario establecer un piso mínimo de normas de convivencia para que podamos impulsar un diálogo productivo y eficaz. Desafortunadamente las reiteradas violaciones a las garantías individuales de los oaxaqueños, el encono político y social prevaleciente en el estado, así como los hechos de violencia llevaron a que las fuerzas del orden tomaran medidas para restablecer el estado de derecho.

Bien cierto es que en nombre del diálogo no pueden justificarse excesos ni abusos de la fuerza pública; por eso en el Partido Verde consideramos que restablecer el orden significa, ante todo, lograr que se respeten los derechos de los oaxaqueños, nada más; pero tampoco, nada menos.

Por esas razones celebramos que exista coincidencia en señalar que la intervención de la Policía Federal Preventiva es una medida de disuasión, un mero mecanismo para restablecer el orden en la capital oaxaqueña, pero que dicha intervención no puede considerarse, desde ningún punto de vista, una solución al conflicto que se vive en la entidad.

El diálogo en Oaxaca debe continuar. La intervención de la fuerza pública de ningún modo excluye nuestra responsabilidad para seguir impulsando mesas de consulta y de debate en torno a las múltiples problemáticas que enfrenta nuestro estado. De eso se trata la democracia, de dialogar, de deliberar. Hoy más que nunca es necesario establecer mecanismos de reconciliación. Resulta de suma importancia que los partidos políticos contribuyamos a reconciliar los intereses y los agravios, tanto de aquellos que impulsaron este movimiento, como de aquellos que se vieron afectados por el mismo. Este es el momento, compañeros legisladores, para que propongamos mejores leyes para impulsar mayores presupuestos, para que trabajemos, por ejemplo, en la firma de convenios de promoción turística con los sectores público y privado, y así se superen en parte las pérdidas sufridas por más de 160 días de conflicto. Éste es el momento de proponer.

El nuevo reto de la democracia mexicana se llama ahora Oaxaca, pero puede ser cualquier otro estado, puede ser incluso el país entero; y lo reitero, este reto consiste en dotar a nuestra democracia de legitimidad y de eficacia. Nuestro reto será abandonar las fronteras que nos imponen los procesos electorales para impulsar políticas públicas que ofrezcan resultados a la población. Debemos lograr que sea los menos los ciudadanos que decidan asumir posturas radicales, garantizando que siempre existan vías institucionales para canalizar y resolver las diferentes demandas y exigencias, pero asegurando también que dichas vía se encuentren abiertas, que sean funcionales y que sean reconocidas por la población.

Por lo anterior, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México comprometemos nuestro trabajo, pues sabemos de la urgencia: primero, de legislar en materia electoral con objeto de reducir la presión sobre la competencia política y que nos demos más tiempo y oportunidad para la deliberación y el acuerdo: segundo, de impulsar un verdadero federalismo que incluya no sólo la redistribución de recursos, sino que contemple la participación de las autoridades locales en la formulación de los programas sociales y que, además, dichas autoridades se comprometan a evaluar y mejorar su desempeño y la calidad del gasto que ejercen; tercero, el diseño de reformas para establecer con claridad mecanismos de rendición de cuentas así como de participación de los distintos sectores de la sociedad oaxaqueña y de todos los estados en el proceso de desarrollo regional y local.

Y concluyo: Oaxaca no precisa más divisiones ni requiere que abonemos más al enfrentamiento. Oaxaca nos necesita a todos; yo estoy seguro de que podremos salir adelante, pues si bien Oaxaca hoy parece ser sinónimo de conflicto, no olvidemos que también es una de las entidades que recoge las tradiciones más entrañables y los más valiosos atributos culturales de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Xavier López. Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:Mil gracias. La propuesta del grupo parlamentario del PRI después de haber tenido una plenaria de manera respetuosa, flexible, institucional, concluimos en no apoyarlo por el principio del estado de derecho, concepto que repite mucha gente, pero que muy poca gente sabe desde el punto de vista doctrinario qué significa. No puedes hacer valer nunca, y por ningún motivo, una norma, ni dejarla de lado por un concepto que no existe en nuestro régimen jurídico, ni mucho menos se desprende de la Constitución, que se llame conveniencia política, que se llame gobernabilidad.

El Senado de la República, que es el único que tenía facultades para revisar si ``ex ante'' de hecho habían desaparecido los poderes en Oaxaca, y que su facultad era una declaratoria de ese reconocimiento de facto, concluye en su dictamen que existen los Poderes en Oaxaca, legalmente elegidos. No existe otro instrumento constitucional para pedirle a un gobernador que renuncie que un grupo violentando la ley, con necesidades que pueden ser válidas.

Esta soberanía, que hace y construye las leyes --en la Cámara reside la voluntad y la soberanía de este pueblo mexicano--, en cumplimiento constitucional del término de representación puede violentar la ley y crear un nuevo concepto de conveniencia política, aun y cuando hubiera sido electo constitucionalmente y aun y cuando el único órgano que lo podía haber desconocido --la desaparición de poderes-- no lo hizo. Ergo, si el Senado dijo que hay poderes, todas las instituciones deben de fortalecer a ese estado que, si está en crisis, a esta soberanía y la del Ejecutivo federal les corresponde generar aquello en lo que sí tiene facultes, el suficiente presupuesto para llevar otra vez al orden al estado.

No podemos pensar que con este nuevo criterio podríamos darle la vuelta a la ley. El pueblo es el que emite --a través de esta soberanía-- las leyes, y se puso orden al pueblo para generar un instrumento del 72 constitucional, para que haya leyes emitidas y se cumplan; esto es el estado de derecho. No: la ley es conveniente a veces aplicarla y a veces no; las sentencias judiciales a veces conviene aplicarlas y a veces no; las facultades del Senado a veces son las adecuadas y en otras ocasiones no. Así no se construye el país, así no se construye este país; se construye con el respeto de las leyes y tenemos instrumentos jurídicos para llevarla a cabo; tenemos instrumentos políticos para pronunciarse y tenemos forma de darle solución al pueblo de Oaxaca.

No le estamos negando ni justicia ni soluciones a su problema, lo que le estamos generando es, primero, el respeto al estado de derecho, para que la conducción social tenga fin, un buen fin. Una constitución no es un instrumento per sé, jurídico, ¿eh?, por eso se llama Constitución Política; son las normas que los grupos sociales se dan a sí mismos para poder solucionar problemas de esta envergadura, y la Constitución local ni la federal señalan que puede hacer un exhorto a gobernadores para que renuncien porque un grupo pide su cabeza y de ``ex ante'' todo el tiempo. Hechos públicos y notorios y que se han mencionado en esta tribuna han sido violatorios de la ley.

Nosotros, como posicionamiento seguiremos defendiendo conceptualmente el principio del estado de derecho, su ordenamiento y su aplicación, su conducción a través de la ley y la solución; y no creando --por ningún motivo-- un nuevo concepto: conveniencia política arriba de la ley. Nosotros queremos la ley arriba de la conveniencia política. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Cervantes. Tiene la palabra la diputada Daisy Selene Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán:Con su permiso, señor Presidente: la entrada de miles de policías federales hizo aún más evidente la situación de ingobernabilidad que vive el estado. En Oaxaca, lo que hay es una sociedad que exige el fin de un gobierno despótico, caciquil, asesino e insensible; en Oaxaca no hay paz social, en Oaxaca hubo prudencia de la gente para no buscar un baño generalizado de sangre; pero eso no significa que las causas del conflicto estén resueltas. Permanece el reclamo por la muerte de 15 ciudadanos asesinados por policías vestidos de civil, por cuerpos de matones puestos al servicio del poder autoritario, represor y asesino.

Estos son los nombres de las personas que han muerto, cuya investigación exigimos y de la cual consideramos el responsable político, a Ulises Ruiz Ortiz: Silvestre Cruz Bautista, murió por Oaxaca; Alejandro García Hernández, murió por Oaxaca; José Jiménez Colmenares, murió por Oaxaca; Leticia Castellanos Ramírez; murió por Oaxaca; Anteodoro Santiago Julián, murió por Oaxaca; Emilio Alonso Fabián, murió por Oaxaca; Pánfilo Hernández Vázquez, murió por Oaxaca; Jaime René Calvo Aragón, murió por Oaxaca; Marcos García Tapia, murió por Oaxaca; Lorenzo San Pablo Cervantes, murió por Oaxaca; Bradley Rollan Will, murió por la libertad de expresión; Rubén Vicente Solís Pérez, murió por Oaxaca; Jorge Alberto López Bernal, murió por Oaxaca; Fidel Sánchez García, murió por Oaxaca. Estos dos últimos murieron en el desalojo pacífico de la PFP --según Vicente Fox--; con todo respeto, les pido por favor señoras y señores diputados, que nos pongamos de pie como señal de respeto a la memoria de estos ciudadanos y se guarde un minuto de silencio en su honor.

(Minuto de silencio)

Los diputados de Oaxaca pedimos a todos ustedes que, sin considerar partidos ni conveniencias de la coyuntura, no seamos cómplices, que no guardemos silencios cínicos y cómodos; cumplamos con nuestra responsabilidad de representantes populares; no dejemos que la verdadera paz social pierda posibilidades y carezca de significado para el pueblo de Oaxaca. ¿Qué es lo que requiere entonces diputados y diputadas?, que salga Ulises Ruiz, que no haya impunidad, que haya justicia; sólo de esa manera podremos recobrar la tranquilidad y la dignidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Daisy Selene Hernández Gaytán. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente: permítaseme iniciar con una digresión histórica. En todas las entidades federativas se ha vivido problemas similares; ¿cómo resolvía el anterior sistema político estos conflictos?, atropellando el estado de derecho y atropellando el federalismo: elsecretario de Gobernaciónsolicitaba la renuncia al gobernador en turno. Podemos dar muchos ejemplos, prácticamente no hay ninguna entidad federativa, que no haya tenido esta triste experiencia. Y hoy, he aquí la primera lección, el gobierno federal ha respetado escrupulosamente la norma jurídica y efectivamente nos enfrentamos --como suele suceder cuando la realidad cambia más rápido que la ley-- ante una disposición obsoleta, ante una disposición disfuncional.

Efectivamente, la fracción V del artículo 76, que concede como atribución exclusiva del Senado declarar la desaparición de poderes, no es la aplicable en este caso. Nunca se puede dar prácticamente la desaparición de los tres poderes. Por eso, he aquí la primera lección, y es una responsabilidad de esta legislatura presentar una iniciativa y lo haremos en fecha próxima --el diputado Diódoro Carrasco y un servidor-- para que en lugar de hablar de desaparición de los tres poderes hablemos de condiciones de ingobernabilidad que declare el Senado, para que proceda el cambio del titular del Poder Ejecutivo. Pero de ninguna manera esto nos debe conducir a que definitivamente, por conveniencia política, se quiera desechar lo que es un problema de conveniencia social; en Oaxaca hay una verdad que se impone --y bien lo decía Ghandi: ``la verdad debe ser práctica''--, hay un gobernador que no puede gobernar.

Ésa es la realidad que debemos enfrentar y este es el gran compromiso, como lo asumió el Senado de todas las fracciones, en relación a solicitar lo que está por encima de la norma jurídica, que es la responsabilidad ética, que es la conciencia que, al final de cuentas, distingue o nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Eso es lo que el Senado hizo en forma unánime, y que yo creo que nosotros debemos respaldar, por simple sentido del deber, que está sobre la norma jurídica y que viene desde el derecho natural, allá en el siglo XVI, con el padre Francisco Victoria y Francisco Suárez.

El gobierno federal actuó --y aquí nadie puede imputarle que no haya pretendido agotar todos los medios para encontrar una solución pacífica y una solución política al conflicto--; así lo hizo, actuó conforme al derecho --lo dijo aquí Carlos Abascal--, en el sentido...

Con mucho gusto aceptó interpelaciones, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido que respeten al orador; no se aceptan los diálogos. Adelante diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Así lo hizo aquél señor secretario de Gobernación, al indicar que la Secretaría, a diferencia de antaño, ni pone ni quita gobernadores; que actuó porque lo solicitó el jefe del Ejecutivo y el Congreso local pero, fundamentalmente, por una razón superior: por los derechos de terceros, por los derechos de los niños, por los derechos de quienes quieren ejercer la libertad de expresión y la libertad de tránsito, por el derecho de Oaxaca a vivir en paz y en armonía, y en convivencia y en estado de derecho.

Un viejo sabio de la política, don Adolfo Ruiz Cortines, decía que cuando un partido o un funcionario se equivocan al designar un subalterno, tiene tres efectos. El primer efecto es que se daña una institución; se equivocó el Partido Revolucionario Institucional; no se aferren al error. En segundo lugar, se daña a la persona en la cual recayó ese nombramiento: el mismo Ulises Ruiz, por su bien, debe renunciar; y en tercer lugar ---decía don Adolfo Ruiz Cortines---se pierde al amigo.

En esta ocasión es el deber que tiene un partido con su militante: ¿hasta dónde debe llegar esta mal entendida lealtad? De ninguna manera cuando está en juego el interés social y el interés de la patria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Para la segunda ronda tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: el grupo parlamentario de Alternativa se une a todas las voces que condenan el uso de la fuerza pública en Oaxaca y solicita al Ejecutivo que ordene su salida inmediata. Nuestro grupo hace también un llamado respetuoso a todos los actores políticos para que, con la mayor brevedad, se reinstale la mesa de negociación para que la política sea el único instrumento que normalice la vida civil y democrática de ese estado del país. También exigimos que se den garantías a los integrantes de la sección 22 del magisterio, a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y a las diversas organizaciones indígenas y ciudadanas, para que se respete su integridad y sus derechos humanos.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy reiteramos que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz es la medida más pertinente para reencauzar de inmediato la vida cotidiana del estado de Oaxaca y así evitar más daños a la economía, a la seguridad, a la educación de niñas, niños y jóvenes, pero sobre todo para evitar más violencia y más daños a la convivencia social en barrios y comunidades. Una reforma profunda de la política y del poder en Oaxaca es una de las condiciones necesarias para avanzar en los terrenos que más importan a las personas y a las comunidades. Oaxaca requiere transformaciones de fondo en su sistema político y en su sistema de gobierno, ahora plagado de todo tipo de caciquismos, de opresión social, de discriminación, de corrupción y de arbitrariedad.

El Partido Revolucionario Institucional debe valorar por qué cada día que se prolonga el conflicto el partido sale perdiendo, su partido; y sale perdiendo porque la defensa a ultranza de Ulises Ruiz es insostenible.

Hablar del principio de derecho en abstracto es un despropósito, cuando el derecho y la legalidad fue lo último que consideró Ulises Ruiz el 14 de junio, cuando optó por una acción policial y abandonó la política y el camino del derecho, y ya ni qué hablar de su ética; él debe responder por los 15 homicidios que se han cometido durante el conflicto; debe responder por los presos políticos y las personas torturadas y que esperan que se les haga justicia. La palabra clave hoy en Oaxaca es justicia, acceso a la justicia, una palabra que el señor Ulises Ruiz sólo reconoce para aferrarse al poder. Sólo alguien que no lo entiende recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a defenderse de un exhorto. Todos salimos perdiendo si el uso de la fuerza pública, y no la política, es el instrumento que se privilegia para resolver el conflicto de Oaxaca.

Legisladoras y legisladores: tenemos la gran responsabilidad de mostrar a una ciudadanía, cada vez más escéptica de nuestro actuar, que sus representantes somos capaces de hacer justicia, de resolver los problemas y de exigir cuentas a cualquiera que tenga un cargo público, sin importar su partido de origen. En una democracia genuina, quienes eligen a sus gobernantes tienen el derecho a removerlos. Dejemos de lado las simulaciones que sólo fortalecen la partidocracia y legislemos de inmediato para hacer efectivo ese derecho a través de la figura de revocación de mandato.

La pregunta que hoy debemos hacernos no es cómo resolvíamos las situaciones en el pasado, sino cómo las resolveremos para el futuro. La revocación de mandato promoverá las actitudes responsables y el mejor desempeño de los funcionarios electos; la revocación de mandato será un acicate para aquel gobernante que sea el primero que actúe, no bajo la ley; la revocación de mandato evitará conflictos prolongados como el que ahora nos ocupa.

Por último, queremos enviar nuestra solidaridad a la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas ``Primero de Agosto'' y a todas las organizaciones de la sociedad civil que siguen luchando por un Oaxaca libre y justo. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Conde. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de la fracción parlamentaria Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia: autoridades involucradas competentes e incompetentes en el conflicto de Oaxaca, por omisión, por acción, por negligencia; el escenario actual de Oaxaca ha irrumpido el orden de derecho; la realidad nos dice que la aplicación de la ley ha quedado rebasada. Entonces, ¿por qué permitir también, por otro lado, pretextando la tolerancia, que hagamos de la impunidad el lugar común de convivencia? ¿Será cierto que tuvo que ser la pérdida de una vida extranjera la que desbocó las posiciones y las posibilidades en que las partes actuantes --que se han visto como parte del conflicto-- no se han querido ver y sentar responsablemente como parte de la solución?

Dar pauta a que se abran los caminos del entendimiento y las reformas, que tanto hemos escuchado por los rezagos ancestrales del sur-sureste, y en particular de Oaxaca, dará tiempo para que haya más muertos; dará tiempo para que tengamos más minutos de silencio en esta tribuna, en este Pleno y con esta Mesa Directiva. ¿Cuántos más quieren?, ¿cuál es la coma del andamiaje jurídico que queremos seguir pretextando?

En Nueva Alianza hacemos un llamado sereno, prudente, respetuoso para que el gobernador de Oaxaca pase a ser parte de la solución, y el conflicto político que tenemos tenga conductibilidad jurídica y, entonces, bajo una sola y única voluntad, que es la de él, pedir licencia al cargo. El señor gobernador debe de estar pleno de que los oaxaqueños lo eligieron para propósitos distintos de los que hoy se están viviendo en Oaxaca; al gobernador de Oaxaca no lo eligieron los oaxaqueños para el encono y la pérdida de vidas, lo eligieron para vivir en paz, para tener progreso, para tener desarrollo.

Por eso, señor gobernador, con todo respeto le solicitamos --y esperamos que todas las bancadas en este recinto hagamos eco de ello--, le solicitamos que sea parte de la solución, del inicio de una solución que todos estamos reclamando, que dé luz a nuevos caminos de entendimiento y pida licencia al encargo. No hay ley, señor gobernador; no hay ley, compañeros diputados, sobre la cual debamos de caminar para otro muerto y para otro minuto de silencio. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: hago uso de la tribuna en mi calidad de diputado federal, porque como diputado y como mexicano no me puedo quedar callado ante un hecho tan grave que sólo los diputados del PRI, por intereses obscuros, siguen defendiendo.

No podemos aceptar, compañeros, compañeras, que en este país, en este mundo, haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; han sido 15 muertos del lado de la APPO y sobre eso el PRI no ha dicho nada. Tuvo que haber sido asesinado un periodista norteamericano para que el gobierno pudiera intervenir: ¿por qué no lo hicieron antes para evitar las muertes que ya conocemos?, me pregunto; si no hubiera fallecido el periodista norteamericano, no sé, no estoy seguro si el gobierno federal hubiera intervenido, porque la exigencia de que el gobierno interviniera para evitar más pérdida de vidas en Oaxaca fue un plantea-miento que con anterioridad se hizo en esta Cámara y el gobierno federal no hizo nada.

La cerrazón del gobierno federal y estatal para atender la justa demanda de los maestros de la sección 22 provocó que el problema se extendiera hasta donde ha llegado. Por estos hechos el Presidente Vicente Fox se sigue manchando las manos de sangre, porque no es el único caso: está el caso de Salvador Atenco, está el caso de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, está el caso de Pasta de Conchos. Nosotros nos preguntamos a esta altura: ¿dónde quedó el cambio que el Presidente ofreció?

En opinión de los diputados del Partido del Trabajo, Ulises Ruiz debe renunciar, debe abandonar el cargo de gobernador, porque su presencia no resuelve los problemas que tiene la sociedad de Oaxaca. Aferrarse al gobierno sólo implica hacer más complicado el conflicto.

Desde aquí les preguntamos a los compañeros diputados del PRI: ¿cuántas muertes más vale la presencia de Ulises Ruiz en la gubernatura de Oaxaca? Consideramos que, por el bien de la sociedad oaxaqueña, Ulises Ruiz debe renunciar y se debe dar paso a una profunda transformación para que la justicia y la democracia lleguen a Oaxaca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés. Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, de la fracción parlamentaria de Convergencia.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con el permiso del ciudadano Presidente de la Mesa Directiva: quiero llamar la atención de esta Asamblea sobre un hecho que hay que subrayar: la muerte del periodista Brad Will fue para muchos analistas y conocedores, una ejecución. ¿Qué necesitaba el gobierno federal para poder intervenir? ¿Cómo hacer caer en la trampa a Vicente Fox y a susecretario de Gobernación--el más alto empleado del gobierno federal-- a pesar del juramento que en nombre de su Dios --que no sabemos cuál es-- hizo en este Pleno camaral? Necesitaban un pretexto y buscaron y calcularon a quién tenían que ejecutar, como han venido actuando en Oaxaca desde hace ocho años los mismos actores que estuvieron en la muerte del profesor Serafín, en la sierra de Huautla, estuvieron en la muerte del periodista extranjero.

Por eso Convergencia exige que la Procuraduría General de la República atraiga a la investigación esa ejecución, porque es muy claro que no fue un homicidio imprudencial, sino buscaban el mecanismo para que el gobierno federal actuara con la fuerza pública y con el Ejército. Hoy, Convergencia le exige a sus compañeros diputados de Acción Nacional, congruencia; no pueden venir a subir las vacas sagradas aquí, a esta tribuna, a dar clases de moral, cuando lo que han hecho en Oaxaca es ser aliados del PRI.

En Oaxaca han cancelado el proceso electoral del 2007; han obligado a sus representantes en la Cámara --por cierto fueron con el PRD y con Convergencia-- a cancelar el proceso electoral, y lo han hecho para que aquí venga su coordinador, a lavarse la cara él y a lavarle la cara al gobierno foxista, justificando lo que no tiene nombre ni justificación. Sabemos ya que Oaxaca no se cotiza en la Bolsa, pero sí sabemos que los extranjeros cotizan en el gobierno del cambio: 15 mexicanos por un extranjero. Ésa fue la medida con la que tomaron la decisión de intervenir en Oaxaca.

Cuando pedimos congruencia a los diputados y a las diputadas de Acción Nacional, les decimos que no se vale darse clases de moral: ¿qué hicieron con el autoatentado de quien hoy es diputado federal?, nada, lo cubrieron; ¿qué hicieron con el saqueo que en su gobierno se desarrolló?, nada, lo cubrieron y lo siguen cubriendo ahora y después; ¿qué hicieron para poder remediar las injusticias en Oaxaca?, absolutamente nada y hoy nos quieren hablar de moral y nos quieren dar clases.

Yo quiero solicitar desde esta tribuna a quienes integran la Suprema Corte de Justicia que reciban el planteamiento que ha hecho el Partido Convergencia, que se revise el argumento jurídico para que no se cancele el proceso electoral. Lo de menos es quién puede hacerse cargo del gobierno de Oaxaca; lo demás es impedir que sea uno de la misma camarilla, de la mafia que ya mal gobernó Oaxaca y que hoy pretende desplazar al que hoy está para recuperar las canicas y negociar con Felipe Calderón; de eso se trata.

Hay que revisar la aprobación del presupuesto para Oaxaca, sí, pero hay que hacerlo con cuidado: 124 mil millones de pesos está pidiendo el gobierno de Oaxaca; ¿quién va a revisar la aplicación de esos recursos si durante los últimos ocho años nueve mil millones de dólares no han podido ser revisados porque la Auditoría Superior de la Federación no pudo hacerlo, porque quien fue gobernador lo impidió con una controversia constitucional?, por cierto, interpuesta por el mismo que ayudó a Ulises Ruiz a poner su controversia en contra de los hoy diputados que han hecho un exhorto para la presentación de su licencia.

Termino diciendo que hace falta congruencia a los representantes de Acción Nacional: qué pena debe darles a sus hijos y a sus familiares el papel que están haciendo. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada; dígame, diputada Balboa.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Señor Presidente: quisiera hacer una pregunta al diputado Esteva.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No sé si la acepte el diputado Esteva, pero está pactado el debate...

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con mucho gusto, con mucho gusto acepto la pregunta, ciudadano Presidente.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): No es hechos, es una pregunta; la pregunta es que si usted como diputado por Oaxaca --y respecto a lo que acaba de decir, de que la Policía Federal Preventiva entró a Oaxaca debido a la muerte del periodista estadounidense--realmente cree que fue por ese motivo ¿o no habrá sido el motivo el enojo y la manifestación de este enojo por parte del embajador Tony Garza el pasado viernes?

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Le pedimos, diputado, que sea breve en la respuesta, en virtud de que ya concluyó su tiempo.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Correcto. Desde luego que nosotros sostenemos que fue esa la razón. El gobierno federal había fijado una posición --aquí el primero de septiembre y posteriormente en la comparecencia de Carlos Abascal-- de que no habría intervención militar. De hecho, se retiró a los marines de Oaxaca, y todo iba en el curso de una salida política al conflicto oaxaqueño; y desde luego que con la ejecución que hicieron del reportero extranjero, con eso fue suficiente para que el gobierno de Fox se sintiera presionado y tratando de darle una respuesta al gobierno norteamericano, interviniera militarmente el estado de Oaxaca. Esa es la crisis en la que han metido a Oaxaca, que es una crisis internacional... A México, corrijo, Porque ayer hubo ocho...

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Concluya, diputado, concluya.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Concluyo. Hubo ocho manifestaciones en embajadas y en 21 consulados en el extranjero. No es un tema menor. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, sonido a la curul del diputado José Murat. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Murat(desde la curul): Por alusiones; sin haber dado el nombre, por alusiones, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Señor diputado, le recuerdo que hay un acuerdo pactado para que, en alusiones, al final de la lista de oradores que registraron los diputados... Bueno, me están informando que el señor Presidente Jorge Zermeño, en su momento de dar a conocer los acuerdos pactados entre las diferentes fracciones, se acordó que para alusiones fuera de manera inmediata. Tiene la palabra usted, señor diputado Murat... Adelante, diputado...

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Señor Presidente: en nombre del grupo parlamentario de Convergencia, queremos nosotros externarle que estamos en desacuerdo de la presencia del diputado federal. No se mencionó ningún nombre de diputado federal, así que haga valer nuestra Ley Orgánica. No hubo alusiones personales en la figura de quien está en tribuna en estos momentos, en nombre del grupo parlamentario.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, señor diputado, le contesto brevemente: se hizo alusión a los ocho años de gobierno y al ex gobernador. Tiene la palabra usted señor diputado Murat, hasta por cinco minutos... Somos respetuosos señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pepe Murat.

El diputado José Murat:Señoras diputadas; señores diputados; Señor Presidente: hay un tema muy llevado y muy traído; voy a tratar de no bajar el nivel de esta intervención, lo voy a hacer muy respetuoso a las compañeras, a las señoras diputadas y a los señores diputados. Éste es un tema muy traído, muy llevado, fue un asunto mediático; la referencia es a dos temas muy concretos: aquí tengo el documento de la Secretaría de la Función Públicaa disposición de todos ustedes, donde hace tres meses --finalmente-- esta secretaría avala todo el trabajo presupuestal, las definiciones presupuestales de seis años de gobierno que tuve el honor de presidir en el estado de Oaxaca, a disposición de ustedes. Segundo, fue el Congreso del estado de Oaxaca y el entonces su Presidente, el señor diputado local Luis de Guadalupe, militante del Partido Acción Nacional, ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, quien encabezó la demanda para presentar la controversia, que descansó un tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue el Ejecutivo del estado.

Yo firmé el convenio con la Secretaría de la Función Pública a los dos meses que llegué al gobierno del estado para que hiciera las revisiones del caso, todas; y fue el Congreso del estado el que dijo --y ésa fue la argumentación que usaron-- que se le quitaba a los congresos de los estados la facultad principal, que es la revisión a los Ejecutivos estatales; ése fue el argumento; fue el Congreso del estado. Está a disposición de ustedes en el Diario de los Debates, el debate que se dio en aquél entonces en el Congreso del estado por parte de las fracciones parlamentarias, y fue el entonces diputado local, notario Luis de Guadalupe, quien hizo este procedimiento; el Ejecutivo estatal no tuvo nada que ver.

Afortunadamente, la Secretaría de la Función Pública nos hizo las revisiones permanentes; hubo ocasiones que tuvimos hasta 162 auditorías simultáneas. Ahí están los números y están las resoluciones de esta Secretaría. Esto es con respecto al señalamiento que hace un momento hizo el señor diputado del Partido Acción Nacional, también sin decir nombres, y que les di una explicación. Aprovecho el momento para decírselo en tribuna, y a quien haga referencia del tema a propósito de Oaxaca. Yo dejé hace dos años de ser gobernador, se cumplen el primero de diciembre; lamento lo que está pasando en Oaxaca. Desde esta tribuna digo, como lo he dicho, que todos los actores deben de reflexionar para bien de Oaxaca.

Es lamentable lo que está aconteciendo, lo dije cuando vine a esta tribuna y pedí que el Senado iniciara los trabajos con respecto a las peticiones de hombres y mujeres de Oaxaca que querían que se hicieran análisis, la revisión y que en todo caso dictaminara; aconteció esta desgracia, que no puede quedar impune y que, por supuesto, no pueden quedar las cosas como están. Declaré a los medios de comunicación hace un momento que no es de mi competencia, pero que el señor gobernador debe analizar lo que está pasando en el estado de Oaxaca y dar pasos concretos en la dirección correcta pensando en Oaxaca, en los hombres, las mujeres y los niños de Oaxaca.

Sobre el otro tema, el tan llevado y traído del atentado, no se dice nada de la balacera que le hicieron a mi hija, en ese entonces de 13 años, en donde hubo dos muertos y un herido; ocho meses después vino la mía; todavía padezco el problema de la esquirla en esta mano y en el pie.

Tengo la definición de dos jueces federales: una jueza federal que me dio la razón y dijo claramente que no obsequiaban la orden de aprehensión porque estaba la investigación sesgada, guardada en la Procuraduría General de la República y en los tribunales las resoluciones de dos jueces federales porque mintieron, fue una definición no jurídica, apegada a derecho sino eminentemente política.

Finalmente, y lo quiero dejar en la mesa para los que se han ocupado del tema para lastimar y ofender: si tienen algo, si tienen pruebas, me refiero a los dos diputados federales que han hecho estos señalamientos, lo digo con todo respeto, pueden ir al Ministerio Público e iniciar el procedimiento legal. Estoy a disposición para que inicien el procedimiento legal si tienen pruebas; si no, no mientan, no lastimen y no traten de ofender. Muchas gracias, señor Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murat. Tiene la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del grupo parlamentario del PRI.

La diputada Patricia Villanueva Abraján:Compañeras y compañeros diputados: cómo lastima la situación de Oaxaca; lastima como mujer, como mexicana, como oaxaqueña que soy, y más lastima cuando las frustraciones son por encima de las soluciones. Yo escuché muy atentamente este debate político que se da esta tarde, el día de hoy en la agenda política; este debate que es resultado del punto de acuerdo donde se le excita a Ulises Ruiz para que pida licencia o renuncie y que, como consecuencia, no tiene fundamento jurídico, y ya fue dicho --y dicho bien-- por mi compañero diputado Raúl Cervantes --que dio la posición del Partido Revolucionario Institucional, de nuestra fracción--, más bien es una situación política, totalmente; como político ha sido el conflicto en Oaxaca.

Tantas y tantas cosas pensé poder manifestar desde esta alta tribuna de la nación: hacer una cronología de los hechos, cómo se han suscitado en Oaxaca; pensar que todo se inició por 115 millones que se solicitaron al gobierno federal y, sin la sensibilidad y con la indolencia que siempre ha caracterizado al gobierno federal actual, le fue negado a Oaxaca, cuando aquí hay ex gobernadores del estado de Oaxaca que saben perfectamente bien que el recurso de apoyo en cada demanda del magisterio en el mes de mayo era un recurso aportado por el gobierno federal, porque el patrón de la sección XXII del magisterio en mi estado viene siendo, conjugado, el gobierno del estado y el gobierno federal.

Y los que hemos tenido en la vida la oportunidad de participar en la administración pública y política y también en la vida social de Oaxaca, lo conocemos, porque hemos sido partícipes de esas acciones y de esas gestorías; sin embargo, la oferta fueron 60, y se advirtió, se advirtió claramente de lo que se iba a suscitar y de los conflictos que iba a generar; sin embargo, hubo resistencia a poder dar a Oaxaca, una entidad federativa con un alto nivel de pobreza y de marginación, los 115 millones y el esfuerzo de aportación económica del gobierno del estado.

Así, Oaxaca quedó sujeta a un calendario político: el 2 de julio, las elecciones de Chiapas; el día primero de septiembre, las elecciones de Tabasco, y también hubiera quedado sujeta al primero de diciembre, si no es que los acontecimientos se vuelcan y, como lo han dicho en esta tribuna, muere un camarógrafo de nacionalidad estadounidense y se provoca, entonces sí, la participación de la fuerza federal en la entidad federativa, algo que se había demandado con fundamento en la propia Constitución local y en el 119 constitucional, que da facultades al gobierno federal. Sin embargo, esta acción fue tardía; esta acción no se realizó oportunamente --y no con el ánimo represivo, no con el ánimo de llegar a agredir, a violentar derechos humanos, a violar garantías constitucionales-- simple y sencillamente, los que saben --y hay muchos en esta Cámara--, como una técnica, una táctica policíaca para poder disuadir la situación de Oaxaca.

Pero ahora lo único que escuchamos en esta tribuna es: ``asesino''; lo único que escuchamos en esta tribuna es: ``culpable''; lo único que escuchamos en esta tribuna es: ``un solo responsable'', y la tardanza, la indolencia, la negligencia del gobierno federal, ¿a quién se la imputamos, compañeras y compañeros diputados?

Es solamente Ulises el responsable de todos los actos; el mató, él provocó, él fue el que generó; qué lástima compañeros, qué lastima que la verdad no sea el elemento que permee cuando nos expresamos, y solamente el infundio, solamente la calumnia, solamente la mentira la utilicemos como instrumento político para hacer de este debate solamente un medio, un medio para lograr el objetivo como campaña política mediática, que es lo que ustedes han querido alcanzar. Muchas gracias, es tanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Patricia Villanueva. Tiene la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Othón Cuevas Córdova:Con su venia, señor Presidente: en efecto, Ulises Ruiz no es el único culpable, lo es el cúmulo de agravios históricos que se han cometido en contra de los oaxaqueños; lo es también la indiferencia discriminatoria con que este sexenio trató al estado de Oaxaca.

Hace poco más de dos años nos recibió el actual senador Felipe González --en ese entonces Subsecretario-- a un grupo de organizaciones de derechos humanos, organismos civiles; le planteamos la gravedad de las cosas que en Oaxaca estaban sucediendo; aún el Trife no le daba el triunfo a Ulises Ruiz, que a todas luces --y a todo mundo le queda claro-- fue un proceso fraudulento con el cual él llegó al poder, y es una de las razones de los últimos agravios cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. Son tantos y tantos agravios, como aquel de que en plena campaña electoral para gobernador del estado de Oaxaca haya muerto a golpes --testificado por la prensa nacional-- el profesor Serafín, en la comunidad de Huautla de Jiménez, a manos de grupos priístas, y eso quedó en la impunidad.

Solamente en Oaxaca una candidata a presidenta municipal muere a balazos por la espalda, sin que se actúe y no haya al momento ningún culpable castigado; solamente en Oaxaca, escondidos tras argumentos legaloides, se justifican fraudes y saqueos; solamente en Oaxaca sucede lo que ha sucedido; y no fue sino hasta la muerte de un extranjero cuando torpe y tardíamente se interviene.

Diputado Larios, no fue pacífica la entrada, no es cierto que exista un saldo blanco. El Secretario de Gobernación resultó, además de ser un mal político, un mal cristiano, porque aquí juró en nombre de Dios ``no a la represión'', y lo que hoy tenemos es represión. ¿Cómo podemos llamar a que hoy en el estado de Oaxaca haya retenes militares deteniendo autobuses y a todo aquel que es sospechoso de ir a la resistencia a la capital sea bajado y sea encarcelado, como sucedió el día de ayer cuando este Pleno por mayoría decidió no abordar el asunto? Si no es eso represión, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama entonces el hecho de que hoy más de 40 personas estén detenidas injustamente? Si eso no es represión, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos llamar hoy al hecho de que se estén cateando domicilios particulares sin órdenes de aprehensión? Si eso no es represión ¿cómo se llama entonces?

Yo quisiera preguntar si no acaso esta intervención militar que hoy padece la capital del estado de Oaxaca no es un mensaje que el gobierno federal manda diciendo que Felipe Calderón se sentará en la silla presidencial de cualquier manera.

Ya el Presidente de la Mesa Directiva lo dijo: que aunque sea con el uso de la fuerza, va a impedir la toma de esta tribuna. Yo preguntaría: ¿qué va a hacer para evitarlo, a traer militares disfrazados de policías federales preventivos también para reprimir? ¿Qué va a hacer entonces?, ¿acaso ésta es la señal que manda Felipe Calderón proveniente de un proceso legal pero ilegítimo, que lo lleva como Presidente a gobernar con tanquetas y con chorros de agua? ¿Ese es el mensaje? No podemos tolerar que a la exigencia de justicia se responda con represión.

Compañeros, queremos en Oaxaca una paz, pero con justicia y con dignidad; no la paz de los muertos que hoy aquí están testificando esta omisión grave que muchos están cometiendo en esta tribuna. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuevas. Tiene la palabra el diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:Con el permiso del señor Presidente: debo iniciar diciendo que éste no es el primer problema social que hay en los estados del país; que Oaxaca, ciertamente, tiene necesidades económicas, pero que muchos estados también han tenido necesidades económicas. No ha sido la falta de unos recursos los que han detonado este conflicto --llamémosle a las cosas por su nombre--; ha sido la represión torpe de un gobernador, hecha el 14 de junio de este año, la que ha desatado, la que ha potencializado la torpeza que otros gobernadores --debo decir-- de Oaxaca y de otros estados no cometieron; la torpeza --la que desencadenó y ha desencadenado este conflicto en Oaxaca--, la torpeza de la represión; eso debemos de aclararlo.

George Balandier decía que sin palabra sana no hay política posible; hablan las armas, hablan los bíceps, hablan las bombas molotov; señoras y señores, hay quienes en el de-sorden parece ser que tienen ganancia; son aquellos para los cuales no se considera un riesgo la violencia; se considera un riesgo el acuerdo, la paz.

No podrán acusar con certeza al gobierno federal de no haber propiciado el diálogo, pero el diálogo no puede darse entre dos partes sordas que quieren nada más la ganancia del desorden y de la violencia. Con toda seguridad hay demandas sociales legítimas en Oaxaca, las de los maestros; pero estas demandas, tampoco hay que olvidarlo, fueron desvirtuadas por propósitos no tan legítimos, como legitimas eran las demandas de los maestros. La entrada del gobierno federal y de sus fuerzas públicas es legítima y transparente, y es para evitar que la sociedad oaxaqueña sea rehén de grupos radicales que existen en ambos lados: del lado de los que toman las calles violentamente, pero del lado también de los que son inútiles, de los que son incompetentes para gobernar su estado.

La posición del PAN no es estar a favor de ninguna de las dos intransigencias; no es para beneficiar a ninguno de los dos bandos: es un recurso válido, ético, legalmente exigible; un recurso, ¿saben para qué?, para que la sociedad oaxaqueña, los niños, los hombres que no pueden ir a trabajar en el pleito de vanidades y de radicalidades, sigan siendo los únicos que pierden en Oaxaca; ésa ha sido la posición de Acción Nacional y del gobierno. Evidencia también la radicalidad de ambos grupos, por eso me temo --y eso lo saben también sus compañeros de partido-- que Ulises Ruiz ya no tiene la oportunidad ni tiene ya los tamaños; no supo gobernar Oaxaca y no puede ser parte de la solución. Lamentablemente, y por eso en el Senado también la fracción parlamentaria del PRI exhortó a que lo considere, lamentablemente ya no puede solucionar esto.

Miren ustedes, aquí, hace un momento, hicimos un minuto de silencio por varios cadáveres; pero me parece que en Oaxaca entre los dos grupos radicales --el que está en el gobierno incompetente estatal, pero también entre los radicales que están ahí inmiscuidos en el movimiento legítimo magisterial-- hay una competencia para ver quién acumula más cadáveres en este proceso, en este problema estatal de Oaxaca.

Acción Nacional --y espero que sea la posición de todos los diputados de este Congreso-- no está en una competencia para ver quién halla más cadáveres y no distingue entre si hay cadáveres nacionales o extranjeros; hay cadáveres, y hay que evitar que los sigan habiendo, por incompetencia de un gobierno o por intereses ilegítimos de grupos radicales que están desvirtuando las banderas legítimas de los maestros; ésa es la posición de Acción Nacional.

Es cierto --concluyo, señor Presidente--, no se ha solucionado completamente el problema de Oaxaca, pero hoy ya la plaza principal, el Zócalo, empieza a tener vida; hoy ya varios comercios empiezan a abrir sus puertas. Eso es lo que Oaxaca necesita.

Concluyo ahora sí, señor Presidente: no hay que preguntarse cuántos cadáveres más tiene que haber; yo preferiría que el señor Ulises Ruiz, pero también los radicales de la APPO, se preguntaran si no es más importante cuántas vidas en Oaxaca se pueden salvar si por una vez se ponen a dialogar, se ponen a dialogar para el bien de Oaxaca. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado. Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de la misma.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 5 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Sin más por el momento, quedamos de usted atentamente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas(rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que dé lectura al acuerdo.

FORO PARLAMENTARIO DE CONSULTA SOBRE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar las labores relativas a la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete el presente acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que en sesión del 12 de octubre de 2006, el diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.

2. Que en sesión del 12 de octubre, la Mesa Directiva ordenó turnar la proposición en mención a esta Junta de Coordinación Política. Este órgano de gobierno consideró pertinente tomar la opinión de las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

3. Que con fecha 30 de octubre, las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Educación Pública y Servicios Educativos presentaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictamen con punto de acuerdo respecto al primer Foro parlamentario de consulta sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México, el cual resuelve el punto de acuerdo mencionado en el considerando primero.

4. Que la Junta de Coordinación Política consideró pertinente la integración del grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se integra el Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro parlamentario sobre educación media superior y superior, y ciencia y tecnología de México.

Segundo. El objetivo del grupo de trabajo es el que su mismo nombre indica.

Tercero. El grupo de trabajo se integra por 11 diputados de los distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados LX Legislatura, de la siguiente manera:

2 diputados del Grupo Parlamentario del PAN

2 diputados del Grupo Parlamentario del PRD

2 diputados del Grupo Parlamentario del PRI

1 diputado del Grupo Parlamentario del PVEM

1 diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia

1 diputado del Grupo Parlamentario del PT

1 diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

1 diputado del Grupo Parlamentario de Alternativa

Cuarto. Los nombres de los diputados integrantes de este grupo de trabajo y su Mesa Directiva son los siguientes:

Quinto. El Grupo de Trabajo se extinguirá sin necesidad de otro acuerdo al término del objeto de su creación, de lo cual será informada la Junta de Coordinación Política.

Sexto. Las conclusiones obtenidas serán entregadas a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, así como a las demás comisiones y órganos de gobierno de la Cámara de Diputados que, en el ámbito de su competencia, lo consideren conveniente, con la finalidad de que sean analizadas y valoradas para el trabajo legislativo.

Séptimo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica); Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero.

El diputado Luis Alonso Mejía García:Con su venia, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas y al presidente municipal de Tampico a implantar las políticas públicas necesarias para el aprovechamiento sustentable de la Laguna del Carpintero, situada en dicha localidad.

En nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Tampico a implementar las políticas públicas necesarias para el aprovechamiento sustentable de la Laguna del Carpintero, localizada en el municipio de Tampico, bajo los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

La apropiación de bienes es legítima siempre y cuando el fin sea para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, los bienes de la naturaleza están destinados a todo el género humano, sin embargo y, en todo momento, subsiste el riesgo de ser atada a intereses desmesuradamente personales que alejan y colocan en peligro la sustentabilidad de una comunidad y su buen gobierno.

Sabemos de la importancia del desarrollo de las regiones en el país, y conocemos la firme convicción del gobierno federal de atender las prioridades que en materia ecológica se requieren, a los hechos, en noviembre del año 2001, la federación desincorporó de la hacienda pública federal 77 hectáreas, que dio en donación al municipio de Tampico, y que actualmente forman parte del parque metropolitano de la ciudad.

Sin embargo, en la búsqueda constante por crear una cultura de equilibrio y cuidado del medio ambiente, en algunos caso han sido desatendidas o probablemente no se han establecido las instrucciones necesarias para garantizar que se detenga la destrucción del hábitat natural en algunos estados que integran nuestra federación.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de la donación que Petróleos Mexicanos realizó en 1991 al municipio de Tampico, Tamaulipas, con el único fin de ampliar el parque recreativo cultural ubicado en la Laguna del Carpintero. En el año 2001, dicho inmueble en donación entró en el patrimonio del Fideicomiso pro Desarrollo de la Laguna del Carpintero, por lo que, de manera oficial, quedó en resguardo y custodia para los mismos fines establecidos originalmente por Petróleos Mexicanos.

Para el 19 de octubre del 2005, pasados ya 14 años, el actual presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, Fernando Azcárraga López, sin tener facultades de representación del fideicomiso responsable del inmueble, solicitó a Petróleos Mexicanos una modificación al destino final de dicha superficie de terreno, a efecto de reservarlas para un parque ecológico, un acuario, un centro comercial, un centro de convenciones y exposiciones para que sean desarrolladas por la iniciativa privada, conjuntamente con el gobierno tanto del estado como del municipio de Tampico, proyecto al que se le conoce como ``megaproyecto Laguna del Carpintero''. Ante tal solicitud, Petróleos Mexicanos, en sesión de consejo aprobó la modificación requerida por el alcalde, con lo que evidentemente se atenta contra la legalidad vigente en el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, en relación con lo dispuesto en el Código Civil Federal, donde las donaciones se vuelven irrevocables o no modificables en su objeto y fin en un transcurso de cinco años desde la donación.

En este orden de ideas, la modificación solicitada por el actual presidente municipal de Tampico y autorizada por Petróleos Mexicanos, indiscutiblemente altera en su totalidad el espíritu inicial de la donación, por lo que nuestra comunidad, que tiene un gran sentido ecológicamente conservacionista, se ha manifestado en sus diferentes niveles y de manera rotunda en contra de cambiar el destino para el cual se ha reservado dicho espacio, ya que no solamente es un pulmón para esta ciudad en constante crecimiento, sino que se ha pasado por alto la riqueza de flora y fauna que existe en el lugar, única en la Laguna del Carpintero y que hoy día, con este proyecto, está en riesgo de desaparecer, atenta en contra del atractivo turístico natural, y afecta la generación de beneficios económicos comunitarios con un impacto a toda la zona conurbana de Tampico, Madero y Altamira.

En Acción Nacional exigimos el respeto de la integridad del medio ambiente y los recursos naturales; es por ello que debemos reforzar el compromiso de todos los órdenes de gobierno en el respeto a la integridad del ecosistema.

Por esta razón exponemos la presente proposición a esta honorable asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes para no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad demandante y que se implanten las políticas públicas que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Laguna del Carpintero.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados que exhorte al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, para que interceda ante el presidente municipal de Tampico, a fin de impedir que se violente el espíritu original de la donación del inmueble en mención y, por otro lado, promueva la creación de un parque ecológico (como un Chapultepec en pequeño, por ejemplo), en la totalidad de los terrenos donados por Petróleos Mexicanos, en congruencia con los donados por el gobierno federal.

Segundo. Se exhorte al consejo de administración de Petróleos Mexicanos a respetar la finalidad original de la donación del inmueble señalado en este documento y, por tanto, se reconsidere y se revoque el acuerdo tomado al respecto, el día diecisiete de agosto de dos mil cinco.

Diputado Luis Alonso Mejía García.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Alonso Mejía. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado. Sonido a la curul del diputado Octavio Martínez.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Para efectos de solicitarle, Presidente, que también sea turnado a la Comisión de Turismo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese también, como lo ha solicitado, a la Comisión de Turismo.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla a adoptar medidas que permitan la libertad de los integrantes de la Unión Campesina Independiente.

El diputado Emilio Ulloa Pérez:Con el permiso de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su relación con el artículo 50, fracción II, y 58, fracciones I, II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea deliberativa la siguiente proposición de punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre la presunta complicidad de funcionarios públicos de la procuración y administración de justicia en perjuicio de integrantes de la Unión Campesina Independiente y, en su caso, se ordene la liberación inmediata de los presos políticos de esta organización social. Sustento lo dicho bajo la siguiente circunstancia:

Desde 1983 estos campesinos de Puebla han vivido la represión permanente de Antorcha Campesina, que ha ocasionado más de 150 campesinos desplazados y, por otro lado, muerto alrededor de 140. Es por ello que se necesita que en esta región indígena náhuatl, del municipio de Huitzilan de Serdán, se atienda el tema.

Quiero comentar que, a raíz de una denuncia presentada en agosto del 2002 por el dirigente Bartolomé Milchi Santiago ante la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la PGR, se incrementó el operativo contra estos campesinos, y a la fecha se encuentran detenidos 18 campesinos por una acción y una actitud de este gobernador --que ya sabemos lo popular que es en el país--, que por cierto es vecino del que hace unos minutos subieron muchos a hablar del tema.

Es por ello que quiero solicitar a todas y a todos a que podamos juntos crear un espacio de revisión a la actitud del gobernador y de sus funcionarios.

He ido a visitarlos al penal de Puebla, he visto las condiciones en las que viven y las condiciones en las que son tratados. Hace dos meses iniciaron una huelga de hambre para que su caso fuese revisado en las instancias correspondientes.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que pido su apoyo, les solicito que este tema no quede impune y que no sólo los pobres que no tienen un abogado puedan estar en la cárcel; la verdad que es inadmisible que muchos de ellos, sin haber cometido ningún delito, tengan más de ocho años en ese penal.

Es por ello que quiero pedir a esta soberanía poder encontrar mecanismos de solución. Por ello, señor Presidente, quiero solicitar, con el pleno respeto al pacto federal:

Primero. Se exhorte al ciudadano Mario Plutarco Marín Torres, gobernador constitucional del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones adopte las medidas y los mecanismos que permitan la inmediata libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente y cese el hostigamiento que se viene realizando en su contra.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República para que investigue las denuncias que ha presentado la Unión Campesina Independiente.

Agradezco la atención y su comprensión y solicito que sea dirigida a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a adoptar medidas y mecanismos que permitan la libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Emilio Ulloa Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de mis compañeros de bancada, ante ustedes, respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su relación con los artículos 50, fracción II; 58, fracciones I, II, III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea deliberativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, federal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre la presunta complicidad de funcionarios públicos de la procuración y administración de justicia en perjuicio de integrantes de la Central Campesina Independiente y, en su caso, ordene la liberación inmediata de los presos políticos de esa organización social. Sustento mi exposición en las siguientes

Consideraciones

Desde 1983 en la Sierra Norte del estado de Puebla prevalece un conflicto entre la Unión Campesina Independiente (UCI) y Antorcha Campesina que ha ocasionado la muerte de más de 150 campesinos, el desplazamiento de 427 personas y actualmente 21 campesinos permanecen presos por delitos fabricados.

Los campesinos e indígenas nahuas del municipio de Huitzilán de Serdán, Puebla, simpatizantes de la Unión Campesina Independiente han padecido por más de 20 años una serie de vejaciones y agresiones a su integridad física por parte de integrantes de Antorcha Campesina, agrupación vinculada al Partido Revolucionario Institucional, que se ha caracterizado por acciones violentas en diferentes zonas de nuestro país y que goza de la protección de autoridades en los diversos niveles del gobierno.

Frente a estas circunstancias, representantes de la Unión Campesina Independiente han procedido a interponer las denuncias respectivas ante organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, han solicitado la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y presentado denuncias formales ante autoridades judiciales, estatales y federales, exigiendo una investigación exhaustiva que esclarezca la muerte de los 150 indígenas nahuas así como castigo a los responsables de estos hechos sangrientos y un juicio justo a los campesinos que se encuentran presos en el Centro de Readaptación Social del estado de Puebla, quienes han denunciado ser víctimas de atropellos graves a sus derechos humanos y garantías constitucionales.

Es a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2002 por Bartolomé Melchi Santiago ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República, que los actos represivos se fueron incrementando en contra de los integrantes de la Unión Campesina Independiente, por parte de Antorcha Campesina.

Actualmente en el Centro de Readaptación Social del estado de Puebla se encuentran presos 21 campesinos: Francisco Ayance Hernández, José Santiago Antonio, Sebastián Santiago Antonio, Miguel Cabaña Tadeo, Bartolomé Gregorio Pérez, Francisco Tiburcio Joaquín, José Ángel Soto, Austreberto Ortega Téllez, Domingo Melchi Santiago, Rogelio Santiago Antonio, Francisco Vázquez García, Raúl Santiago Vázquez, Miguel Esteban Galindo, Rogelio Cristóbal Cañadero, Mauro Ángel Soto, Bartolomé Melchi Santiago, Lorenzo Hernández Morales, Domingo Tiburcio Hernández, Eduardo Castro S., Valente Ramírez Salazar, Eduardo Rangel Fuentes.

Cabe destacar que el pasado 23 de marzo murió en circunstancias no claras Ignacio Cabañas Cañadero, simpatizante de la UCI, quien había mencionado que estaba siendo castigado y que fue enviado al dormitorio ``L'' (de máxima peligrosidad). De manera informal, las autoridades del penal declararon que las causas de su muerte fueron hidrocefalia, meningo-encefalitis y Vih sida. Sin embargo, hasta el momento no han presentado un documento oficial que acredite esas causas ni se tiene información sobre la realización de una revisión cuidadosa al interior del penal para descartar posibles contagios de Vih.

El 29 de agosto del presente año, el Comité de Presos Políticos Indígenas de la UCI inició una huelga de hambre que duró más de dos semanas y cuyo fin era pedir a las autoridades del estado su inmediata libertad por las injusticias, encarcelamiento y represión de que han sido objeto así como por el conflicto que existe en Huitzilán de Serdán, Puebla.

No obstante que el Poder Judicial tiene suficientes elementos para decretar la libertad de los procesados, lo cierto es que no lo hacen porque existe complicidad y colusión entre las autoridades del gobierno de Mario Marín, los ``antorchos'' y, desde luego, el Poder Judicial.

Y es que para nadie es un secreto que, en el estado de Puebla, las autoridades judiciales se encuentran sometidas a los designios del gobernador ``precioso'', amigo y protector de pederastas como lo es el señor Kamel Nacif, y que se valen de artilugios y mañas jurídicas para ``castigar'', con todo el peso de la ley, a quienes se oponen a sus deseos, tal como ha quedado demostrado en el caso de la periodista Lydia Cacho. Hoy, además, mantienen presos a 21 campesinos inocentes por un delito grave fabricado, no obstante que en el expediente judicial existen contradicciones importantes que permitirían la liberación de los procesados. Todo ello para proteger al grupo paramilitar de Antorcha Campesina, quienes siempre han sido apéndices de gobiernos priístas, son los golpeadores profesionales de algunos gobiernos priístas que creen todavía en la política del garrote y en la manipulación de las necesidades y expectativas de las poblaciones urbano y rurales marginadas.

Frente a estos agravios que se suman a la serie de hechos delictivos en los que se encuentra inmiscuido el ``gober precioso'' de Puebla, es que exigimos la inmediata y absoluta libertad de los presos políticos de ese desgobierno poblano y, en su caso, se castigue a los verdaderos culpables, ahí sí, con todo el peso de la ley. Basta ya de impunidades y complicidades entre los tres poderes del gobierno del estado de Puebla, para afectar los intereses colectivos de sus habitantes.

Es por ello que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al pacto federal, exhorta al C. Mario Plutarco Marín Torres, gobernador constitucional del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas y los mecanismos que permitan la inmediata libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente y cese el hostigamiento que se viene realizando en su contra.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República, para que investigue las denuncias que ha presentado la Unión Campesina Independiente en contra de integrantes de Antorcha Campesina.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de octubre del 2006.--- Diputado Emilio Ulloa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Emilio Ulloa. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a publicar el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera en el estado de Quintana Roo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del PNA

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en al tenor de las siguientes

Consideraciones

``Las reservas de la biosfera son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, en las que existen varios ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre y en los cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluidas algunas de las consideradas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción.''1

Los grandes avances de industrialización del mundo, en los que México no puede ser la excepción, han llevado a la agonía de los espacios naturales con que contamos; la reserva de la biosfera de la región denominada Arrecifes de Sian Ka'an, ubicada en el estado de Quintana Roo, fue decretada como área natural protegida de competencia federal el 2 de febrero de 1998, bajo la inteligencia de evitar su gradual destrucción, sin embargo, los muchos y diferentes problemas generados por el hombre tales como el desarrollo industrial, agropecuario, urbanístico y turístico se ha realizado, en las últimas décadas, de una forma desordenada y ha ocasionado graves daños al patrimonio natural, provocando que algunos ecosistemas sufran perturbaciones y que numerosas especies estén en peligro de desaparecer; esta situación amenaza la posibilidad de continuar obteniendo los beneficios y recursos que la naturaleza proporciona; aunado a la inadecuada y torpe aplicación de políticas en materia ecológica, han dado como resultado que gran parte de esa área sea consumida día con día.

Los Arrecifes de Sian Ka'an presentan gran variedad de ecosistemas íntegros y representativos de áreas extensas y de la biodiversidad natural; cuentan con especies de flora y fauna amenazada y en peligro de extinción, y forman parte del macro-sistema arrecifal denominado ``Gran Arrecife Mesoamericano'', considerado como el segundo sistema arrecifal coralino más grande del mundo.

Que contigua a la zona de los arrecifes, se encuentra la laguna Caapechén en cuyo vaso se genera un flujo de nutrientes del que se benefician las aguas costeras aledañas y representa un sitio de gran importancia para la protección de especies amenazadas y en peligro de extinción, como el cocodrilo de pantano y de ría, el manatí y el flamenco; constituyéndose, además, en el hábitat de numerosas especies de aves acuáticas y sitio de reproducción y crecimiento de algunas especies marinas de importancia comercial.2

La enorme importancia biológica y los servicios ambientales que brinda la reserva a las poblaciones humanas de la región, al parecer no han sido argumentos lo suficientemente sólidos como para impulsar políticas de desarrollo sustentable que permitan frenar el avance del deterioro sobre esta área.

En 1998, se dieron una serie de avances y logros al decretar la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, así como iniciar programas de ordenamiento ecológico y desarrollo de proyectos productivos alternativos que deben seguir siendo apoyados y auditados. Los mexicanos tenemos la responsabilidad de ser observadores del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia ecológica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de expedir dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación los programas de manejo de las áreas naturales protegidas; así mismo, la secretaría deberá publicar un resumen de dicho programa y el croquis de localización del área, como a continuación se transcribe:

``Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en coordinación con la Secretaría de Marina, deberán elaborar el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an en un término de 365 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual deberá incorporarse al programa de manejo de la reserva de la biosfera ``Sian Ka'an'', para un desarrollo integral de ambas áreas.''3

Cabe hacer mención que hasta la fecha el programa de manejo de la reserva de la biosfera ``Sian Ka'an'', tampoco ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su pagina Web tiene publicada la siguiente información:

Edición: 25 de junio de 2003

``En 1993 es editado el programa de manejo de la reserva que incluye diversos componentes a ejecutar, así como sus normas de uso y zonificación. Entre los principales componentes se pueden citar el de conservación que incluye inspección y vigilancia, prevención y combate de incendios forestales, así como restauración ecológica. El de desarrollo social sostenible que incluye el manejo de recursos naturales; el de uso público dividido en participación local, patrimonio arqueológico y cultural, recreación y educación ambiental y promoción. Así como la promoción de la investigación científica y la administración.''4

La reserva es administrada por el gobierno federal a través la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y colabora muy estrechamente con organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores, instituciones de investigación y la iniciativa privada.''

Ocho años después de la declaratoria y tres años después de la publicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dicha área no cuenta con su programa de manejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y mientras tanto la gente se pregunta el por que dicha zona a pesar de estar protegida se esta deteriorando.

``Los programas de manejo constituyen instrumentos para el manejo y administración de las áreas naturales protegidas del país, en ellos se establecen aspectos que son de utilidad para una gestión adecuada de estas áreas; las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes; la forma de organización para la administración del área y los mecanismos de participación social; los inventarios biológicos existentes; y las reglas administrativas o reglamento del área en el cual se encuentra la regulación de las obras y actividades que pueden realizarse en el área natural protegida de que se trate.''5

Como puede la Conanp administrar dicha área si no cuenta con su respectivo programa de manejo.

Cabe hacer mención, que si un área natural protegida no cuenta con su programa de manejo, presupuestariamente no se le pueden asignar recursos, en el presupuesto de egresos de la federación 2006 en el capitulo correspondiente a las reglas de operación para programas, se regula como operaran estos y que no operaran los programas que no tengan reglas de operación como lo es el caso de Arrecifes de Sian Ka'an y la reserva de la biosfera Sian Ka'an, es por esto que urge que se elabore y publique el programa de manejo, no de esta área únicamente sino de todas las del país que no lo tienen.

Aunado a esta problemática tenemos que sin los programas de manejo no solo se ve afectada la naturaleza en su conjunto, sino, el desarrollo sustentable y todo lo que esto conlleva.

El turismo en México representa una alternativa muy importante en la generación de empleos y captación de divisas, resultando necesario que esta actividad se lleve a cabo con estricto respeto al medio ambiente.

No podemos aspirar a un mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en estas áreas, sino contamos con un programa de impulse y verifique el desarrollo sustentable en estas zonas.

Esto lo vemos con las denuncias de las que día con día nos enteramos por parte de diversos actores como lo son la población autoridades ambientales así como medios de comunicación, que refieren continuas violaciones a la reglamentación ambiental vigente.

Otro grave problema de esta zona es la construcción de los grandes desarrollos turísticos que no cuentan con las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes o de contar con ellas se presumen amañadas.

La UNAM, se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de los desarrollos turísticos en el área de X'cacel-X'cacelito y playas adyacentes, con base en los trabajos de investigación sobre fauna y flora que se han realizado por instituciones estatales, nacionales e internacionales, demostrando la importancia ecológica, social y cultural de la región.

En esta área se encuentran los principales sitios de anidación de la tortuga caguama y de la tortuga blanca, las cuales también coinciden con el área de distribución de selva baja.

Desde hace ya más de doce años, en el área de X'cacel-X'cacelito, se han realizado diversas actividades a través de la instrumentación de programas los cuales se vieron afectados por la venta de terrenos al consorcio turístico ``Sol-Meliá'', motivo por el cual las playas fueron cerradas por algún tiempo, lo que trajo como consecuencia la suspensión temporal de las actividades de conservación de tortugas marinas. Trayendo como consecuencia lógica que la conservación de esta especia se haya visto amenazada por el intento del sector hotelero de desarrollar nuevos y atractivos complejos turísticos. Una afectación a las tortugas marinas de este espacio, tendría un gran impacto en la diversidad genética global de las poblaciones de tortugas.

Existen en el área especies de flora bajo la categoría de especies amenazadas, según nuestras Normas Oficiales Mexicanas.

Existen otros proyectos que ponen en riesgo la sustentabilidad del área, como lo es en la zona arqueológica de Tulum-Tanhak; en donde existen consorcios multinacionales que pretenden construir hoteles en dicha zona; en donde el INAH ha solicitado en repetidas ocasiones la suspensión de la obra y ha interpuesto un procedimiento administrativo contra quienes compraron los terrenos y empezaron a construir desarrollos inmobiliarios dentro de la poligonal de la zona arqueológica desde hace un par de años. Por su parte la Profepa multó a los propietarios del hotel La Mansión por la grave afectación que causaron a la zona de manglar. No es con sanciones de carácter pecuniario con lo que vamos a reestablecer el equilibrio ambiental, ya que ni siquiera el producto de las multas se utiliza para dicho fin.

No se destruyó el patrimonio arqueológico, pero si hubo una invasión de la poligonal y una afectación visual, sin mencionar el impacto negativo a los manglares, corte de plantas, y una fuerte depredación. La postura del INAH frente a esta situación, es proseguir con su defensa de ``cero densidad'' dentro de la poligonal, muy a pesar de los intereses económicos que están detrás del Proyecto de Desarrollo Urbano, que se pretende aprobar en la entidad.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por la degradación de nuestros medio ambiente y la sobre explotación nuestros recursos naturales, no solo en esta área sino en todas las del país, es por lo que dando cum0plimiento a nuestro compromiso, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se publique en el Diario Oficial de la Federación, a la brevedad posible el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, en el estado de Quintana Roo, de conformidad en lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Notas:

1. Decreto Presidencial de fecha 02 de Febrero de 1998 por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Arrecifes de Sian Ka'an, ubicada en el Estado de Quintana Roo.

2. Ibid.

3. Decreto Presidencial. Área Natural Protegida. Arrecifes de Sian Ka'an, ubicada en el Estado de Quintana Roo.

4 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pagina Web(oficial) http://www.conanp.gob.mx/anp/ pagina.php?id_anp=15

5 Cámara de Diputados. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dictamen..

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de octubre de 2006.--- Diputada Mónica Arriola (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

FONDO METROPOLITANO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto 2007 se den mayores recursos al Fondo Metropolitano.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández:Con su permiso, diputado Presidente; compañeras, compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la ampliación de la cobertura del Fondo Metropolitano, con el destino de mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Juan Manuel San Martín Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presentamos ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones y Antecedentes

Es importante fortalecer una política territorial que atienda las particularidades de los desafíos inherentes al desarrollo metropolitano, que por sus particularidades no puede ser atendido con enfoques y políticas urbanas diseñadas en el ámbito municipal previsto en el artículo 115 de la Carta Magna.

Cabe hacer mención que en nuestro país existen 55 zonas metropolitanas, donde viven más de 51 millones de habitantes, conforme al censo 2000, representando más de la mitad de la población. Esta nueva clasificación del Sistema Urbano Nacional fue reconocida oficialmente el año pasado por las tres dependencias federales responsables de definir las orientaciones de política territorial y poblacional en México, y que son la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Del universo mencionado, tenemos que seis metrópolis son de carácter interestatal, por lo que conforman centros de población considerados en la fracción VI del artículo 115 constitucional y en el artículo 20 de la Ley General de Asentamientos Humanos, demandando por ello fórmulas más complejas de organización institucional que las 49 restantes, sujetas al régimen estatal respectivo.

Tomando en cuenta la dimensión demográfica, tenemos otro factor de diferenciación de las zonas metropolitanas, ya que en nueve casos se trata de ciudades con más de un millón de habitantes, y es previsible que en 2010 se incremente a más de diez el número de metrópolis que superan esta población.

Es necesario reformar los ordenamientos jurídicos mencionados, entre otros, así como las legislaciones locales, para dar respuesta a un complejo fenómeno social que ha rebasado las modalidades de organización institucional establecida en los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior no obsta para que se inicien pasos en la formulación de políticas públicas que respondan a los retos inherentes a la urbanización metropolitana, que en el ámbito del Presupuesto de Egresos de la Federación ha tenido un primer acercamiento en el ejercicio fiscal 2006.

De este modo, tenemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 fue aprobada la inclusión del Fondo Metropolitano en el Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', con un monto de mil millones de pesos, clasificado como gasto de capital, para ser invertido en diversos programas y obras en la zona metropolitana del valle de México, para lo cual los gobiernos del estado de México y del Distrito federal se coordinarán entre sí y con el gobierno federal para garantizar un trabajo conjunto con resultados favorables para la sociedad.

Conforme al Censo de 2000, el universo de atención potencial era de 18.3 millones de habitantes en dicha metrópoli, que representa aproximadamente 36 por ciento del total de la población residente en zonas metropolitanas.

La creación de tal fondo constituyó un acierto, pero no tomó en cuenta la existencia de las otras 54 zonas metropolitanas; en razón de ello, esta propuesta de ampliar el Fondo Metropolitano tiene como finalidad avanzar en la equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos fiscales para iniciar un proceso de construcción de una política metropolitana de Estado, respetando la diversidad política de las representaciones gubernamentales y priorizando la atención de las distintas necesidades existentes en las metrópolis mexicanas.

En razón de lo anteriormente expuesto, estamos convencidos en la necesidad de someter al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Es necesario ampliar la cobertura del Fondo Metropolitano actual, en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, para la atención de los problemas mas agudos en las zonas metropolitanas, tales como: abastecimiento de agua potable, alcantarillado, seguridad publica, tratamiento de desechos sólidos, vivienda y suelo urbano, viabilidad económica, empleo y competitividad, transporte y vialidad, entre otros.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar los recursos asignados al Fondo Metropolitano, con un monto total de cinco mil millones de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2006.--- Diputado Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado San Martín. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

SUBCOMISION DE EXAMEN PREVIO - SECCION INSTRUCTORA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se integre la Sección Instructora.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que esta soberanía instruya a las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos para que instalen la Subcomisión de Examen Previo; y de que la Junta de Coordinación Política proponga la integración de la Sección Instructora.

La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los temas más importantes respecto a la aplicación eficiente del orden jurídico es precisamente el del control de la actuación de los servidores públicos y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades.

La responsabilidad política de los servidores públicos contenida en el artículo 110 constitucional se sustancia a través del juicio político, el cual es un procedimiento desarrollado por el Congreso de la Unión a partir de la denuncia de cualquier ciudadano a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

En términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados es la facultada para sustanciar el procedimiento de juicio político actuando en este caso, como órgano instructor y de acusación y la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, dicho procedimiento en la Cámara de Diputados se sustanciará en primer lugar, por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y secretarios, por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, y en segunda instancia por la Sección Instructora.

Que con base en la naturaleza de sus funciones, el sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos servidores públicos una inmunidad procesal en materia penal que les protege legal y políticamente para evitar ser agredidos por poderes públicos o acusados sin sustento jurídico. Dicha inmunidad procesal puede retirarse a través del procedimiento de declaración de procedencia.

Que la declaración de procedencia es un proceso de competencia de la Cámara de Diputados, que tiene por objeto poner a un servidor público a disposición de una autoridad judicial a fin de que lo juzgue exclusivamente por el delito o delitos cometidos durante su encargo y que han sido objeto de la solicitud. Así como el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que la declaración de procedencia se sustanciará a través de la Sección Instructora.

Que en un escenario de pluralidad, el vehículo para la construcción de las decisiones políticas se denomina ``consenso'', que suma las diferencias en beneficio de todos, no el que olvida las diferencias para salvar coyunturas.

En este contexto es necesario que la Junta de Coordinación Política asuma su papel de órgano colegiado, expresión de la pluralidad de la Cámara y en consecuencia presente al Pleno de esta honorable Asamblea un acuerdo plural e incluyente con los nombres de los diputados que integran la Sección Instructora.

Que con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar sí ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Carta Magna, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Ley Suprema y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

Que el proceso de madurez política que vive la sociedad mexicana es producto del esfuerzo de todos, para su consolidación es necesario que en todas las actuaciones de la sociedad civil y autoridades prevalezca el interés supremo de la nación y la cultura de la legalidad que nos dé certeza, confianza, equidad y libertad.

En virtud de ello la Cámara de Diputados, en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley Suprema debe salvaguardar el principio de igualdad ante la ley y la legalidad, por lo tanto es indispensable que en virtud de las solicitudes de procedencia y de juicio político que existen, se dé al cumplimiento de estudiarlas, analizarlas y dictaminarlas a efecto de que se desechen o se realicen las declaraciones de procedencia correspondientes con la finalidad de combatir la impunidad y el rezago legislativo.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, para que en términos del artículo 10 de a Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos.

Segundo.Las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Derechos Humanos, y la Junta de Coordinación Política, garantizarán la pluralidad y la representatividad de los grupos parlamentarios en la conformación de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aleida Alavez.

Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; hay mayoría.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretaria. Consulte a la Asamblea si es de aprobarse la proposición, en votación económica.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Se aprueba, comuníquese. La propuesta de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde, se pospone.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Patricia Castillo Romero, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo para solicitar del titular del Sagarpa información relacionada con el ingenio Puga, en el estado de Nayarit.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: antes de iniciar mi intervención desde esta tribuna, saludamos --los diputados y diputadas de Nayarit-- a los diputados locales de nuestro estado y a los compañeros que integran la Comisión de Productores de Caña. Bienvenidos a este recinto.

Los suscritos, diputadas y diputados nayaritas a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se someta a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativa al problema que enfrentan los productores de caña de azúcar abastecedores del ingenio de Puga, establecido en el estado de Nayarit, y dejamos en manos de la Mesa Directiva los antecedentes y las consideraciones para sólo exponer en esta tribuna los hechos que vienen lastimando a más de siete mil familias de productores de caña en el estado.

Nayarit, como otros estados, sostiene su economía primordialmente en el campo. La depresión económica, la nula inversión y un mundo de fantasías creadas al amparo del poder han hecho que en Nayarit las únicas empresas que han sobrevivido sean dos ingenios productores de azúcar. Hoy hablaré concretamente del ingenio de Puga, que históricamente ha creado conflictos en perjuicio de los productores. De nada sirven las reformas que han sufrido la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; ahí marcan a esta rama de producción como interés público y social, pero pareciera que la aplicación de esta ley pasa por encima de quienes la sostienen, pues cada día y cada año los empresarios buscan con mil artimañas, reglas que imponen para perjudicar al productor.

Nunca se sabe en qué laboratorios se analizan los resultados del karbe, pero siempre son en perjuicio de los productores, a quienes cada vez les pagan menos por tonelada. Nunca se sabe qué criterios se utilizan para los apoyos crediticios que se deben otorgar, porque la ley lo establece, para la rehabilitación de tierras o de maquinaria, pero sí se sabe que son verdaderos instrumentos represivos cuando se trata de acallar inconformidades. Nunca se sabe qué criterios se utilizan para nuevas zonas de abastecimiento, ni tampoco quiénes son los productores de ellos, pero sí se sabe que estas nuevas zonas de caña son compradas por la empresa en perjuicio de los productores históricos.

Hay sospecha de que se mezcla la caña de baja calidad con la de los productores, que lo hacen cada año para bajar sus calidades y así pierden todos; y encima de esto son los productores a los que se les descuentan cuatro pesos por tonelada para sostener el Comité de Producción Cañera, que en cada zafra arrojan más de cinco millones de pesos, por cierto con destino desconocido, y cuando se trata de la preliquidaciones y liquidación final, nunca llegan a tiempo y, en el peor de los casos, como ha sucedido en este cierre de zafra, hasta cheques botados les entregan a los campesinos. Ésta es la triste situación de siete mil productores de caña.

Señoras diputadas, señores diputados, ¿les parece familiar esto que están oyendo? Tal vez para los veracruzanos les sean frescos estos datos, ellos ya perdieron sus ingenios, fueron expropiados los ingenios cañeros de Veracruz.

¿De qué sirven los esfuerzos del gobierno estatal, que por cierto, para remediar este problema histórico, en este año solamente le arrancó al paupérrimo presupuesto local 17 millones de pesos para evitar un grave problema social? Esos pequeños feudos, estos agravios, esta marginación, son el campo de cultivo que desatan los grandes conflictos. Estamos viviendo uno, recuérdenlo; por eso venimos los legisladores nayaritas, sin importarnos colores, sin importarnos fracciones, a pedir un grito de auxilio a esta honorable Asamblea, para que los cañeros nayaritas ya no vivan nuevamente esta historia.

De verdad, esperábamos que estos asuntos se ventilaran con más energía, aún lo esperamos; lo esperamos en las comisiones a las que corresponda, pues en Nayarit, un estado que depende 95 por ciento de su ingreso local del subsidio de esta federación, sin producción en el campo, sin industria, no podremos subsistir, porque el Tratado de Libre Comercio en el 2008 avasallará nuestros campos y nuestra economía.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor diputada.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero:Ruego a usted, señor Presidente, que haga la adenda de esta consideración al documento presentado. Y pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia por la inmediata solución de la problemática del ingenio de Puga, ubicado en el estado de Nayarit, y exhorta a la empresa, así como a las autoridades de la entidad, a la Sagarpa y la Secretaría de Gobernación para que, en el marco de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se dé respuesta inmediata y favorable a la demandas de los productores afectados.

Firman: diputada Patricia Castillo Romero, diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, diputado Miguel Navarro Quintero, diputada Sonia Ibarra Franquez, diputado Sergio Sandoval Paredes, diputado Sergio García González y diputado Delber Medina Rodríguez. Gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Sagarpa la información relacionada con el ingenio Puga, en Nayarit, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, a efecto de que se solicite respetuosamente al diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara que, con fundamento en lo que dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, requiera al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación toda la información que obre en poder de dicha dependencia relacionada con el conflicto que presenta el ingenio de Puga, situado en Nayarit; asimismo, exhorte al titular de la Sagarpa a fungir como mediador para la solución del conflicto en cuestión, conforme a los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

Nayarit se ha destacado como un importante estado productor de caña de azúcar, donde la producción de ese insumo es la actividad primordial en el campo y da sustento histórico a la única industria que se tiene en la entidad y la cual se ve afectada por prácticas desleales de los industriales contra los productores. Prueba de ello es la secrecía con que se manejan los apoyos y créditos que se otorgan a los productores y que el ingenio de Puga controla incluso con matices represivos. Claro ejemplo es la reciente suspensión de crédito de habilitación o refaccionarios a aproximadamente 400 productores, algunos con una dramática situación económica.

El ingenio de Puga, uno de los dos de Nayarit, ha constituido un constante problema para los productores de caña de azúcar que, lejos de verse motivados por la industria, permanentemente detienen la producción ante la posición feudal que adopta la administración de este ingenio.

Hoy por hoy están tomadas las instalaciones del ingenio de Puga ante la cerrazón de la empresa de dar respuesta a los legítimos reclamos de los productores.

Por eso se torna prioritario resolver la situación de los más de 7 mil productores de caña afectados y sus familias.

Igualmente, la recepción de esa caña de la costa es recibida por el ingenio con un sinnúmero de impurezas, como si fuera caña moledera, y no se tiene información sobre el porcentaje de descuento que se hace a este producto, el cual se mezcla con la caña de los productores bajando el incremento de la producción.

Es sumamente sospechoso que no se cuente con un padrón, ni la información relativa al rendimiento por hectárea de caña y por supuesto tampoco se haga una diferenciación entre una nueva zona de abastecimiento y las ya existentes.

Ésas son algunas de las dificultades que han afectado una de las zonas cañeras relevantes de nuestro país como es Nayarit.

Por lo anterior, la intervención de esta LX Legislatura se hace inminente, considerando que la Cámara de Diputados en sus últimos periodos ha dado prioridad para revisar y proponer soluciones a esta problemática, que hoy son más urgentes que nunca.

Por ello me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Que se solicite respetuosamente al diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara que, con fundamento en lo que disponen los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, requiera al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación toda la información que obre en poder de dicha dependencia, relacionada con el conflicto que actualmente presenta el ingenio de Puga, situado en Nayarit; asimismo, exhorte al titular de la Sagarpa a fungir como mediador para la solución del conflicto en cuestión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.--- Diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Castillo. Como ha sido solicitado, consulte la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario; en consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la tribuna...Diputado Delber Medina, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Delber Medina Rodríguez:Con su permiso, señor diputado Presidente: compañeras legisladoras, compañeros legisladores: para Acción Nacional nunca ha sido problema sumarse a las causas nobles, a las mejores causas del país; en esta ocasión coincidimos, no tenemos ningún problema para apoyar el punto de acuerdo que propone la diputadaPatricia Castillo Romero, que me antecedió en la palabra. Coincidimos en que la pobreza y la desigualdad no tienen colores y no tiene partidos. Si como nos ponemos de acuerdo en esta ocasión, pudiéramos ponernos de acuerdo en estas propuestas nobles, yo creo que avanzaríamos más de prisa.

En Nayarit, se construyen presas hidroeléctricas, por supuesto con objetivos energéticos, pero no hay presas que pudieran tener un beneficio que pudiera apoyar a los campesinos para, de una vez por todas, desaparecer el monocultivo. Los campesinos nayaritas, como muchos campesinos en el país, no viven del producto de su trabajo; por ello, si a esto les sumamos las prácticas desleales, los cacicazgos que laceran la economía y la dignidad de los campesinos, en Nayarit se vive una situación peligrosa.

Es importante que, de una vez por todas, exhortemos a la empresa, a las autoridades estatales, a las autoridades federales, para que el asunto, el problema de los productores agrícolas de caña se resuelva de una vez por todas. Pugnamos en Acción Nacional por la rendición de cuentas y por la transparencia y, en este caso, vislumbramos que hay situaciones oscuras que se deben aclarar; de nada sirve el esfuerzo que hace el gobierno del estado para paliar el problema; esto va mucho más allá de lo que verdaderamente necesitan los campesinos productores de caña en Nayarit.

En Acción Nacional, sin reservas, sin problemas, nos sumamos a este punto de acuerdo que propone la diputada que me antecede. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Medina. Sonido a la curul del diputado Celso Pulido, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Celso Pulido Santiago(desde la curul): Señor Presidente: para sumarnos el grupo parlamentario en todos sus términos el punto de acuerdo; conocemos la situación del ingenio Puga y queremos que no sea un antecedente para otro asunto que venga hasta la Cámara de Diputados y que sean los empresarios los responsables de asumir el trabajo de los productores de caña. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pulido. Sonido a la curul del diputado Pedro Montalvo, del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Pedro Montalvo Gómez(desde la curul): En el mismo sentido, principalmente porque es un tema que le da mucho empleo a cientos y miles de cañeros, pero que requiere también desde aquí --en nuestra humilde opinión-- que en aquellos ingenios expropiados por FESSA se haga una revisión adecuada, tanto de la expropiación, como de las utilidades que, finalmente, después de zafra, el ingenio tiene, en comparación con aquéllos que sí son de la iniciativa privada y hay utilidades, como liquidaciones y mejoras en las industria.

También, desde aquí convocar para que, con los recursos que se han utilizado de beneficio, en cada molienda, en cada zafra, se le invierta a la industria para poder, en un futuro muy corto, empezar con el producto del etanol, que finalmente es el otro derivado del azúcar y que le va a dar un panorama importante.

Se abre el espectro del tema, no sólo del azúcar, y que para allá ya va nuestro país y principalmente uno de los estados, como lo es Veracruz, con más de 22 ingenios, y que requiere este tema también puntualizarlo. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte ahora si el asunto es de aprobarse.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobado; comuníquese.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 7 de noviembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Guerrero.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante ( a las 15:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 10 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 259 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 444 diputados.
• Diputados suplentes que se incorporan: 2.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1.
• Minuto de silencio: 1
• Proposiciones con punto de acuerdo: 4.
• Puntos de acuerdo aprobados: 4.
• Temas de agenda política: 1.
Diputados por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 46PAN-5, PRD-11, PRI-11, PVEM-3, Convergencia-7, PT-3, Nueva Alianza-5, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 2 oficios de los Congresos de los estados de Durango y Zacatecas;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo;
• 1 minuta con proyecto de decreto, que concede autorización alPresidente de los Estados Unidos Mexicanos,Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la Comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre; así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam;
• 2 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PVEM.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo respecto al I Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 4o. y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Abramo Masso, Yerico(PRI) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 67
• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Estado de Oaxaca: 83
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 63
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Subcomisión de Examen Previo - Sección Instructora: 97
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 68
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 29
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Oaxaca: 75
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Estado de Quintana Roo: 93
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México: 53
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 66
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Estado de Oaxaca: 80
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 69
• Castellanos Cortés, Sara Isabel(PVEM) Ley Federal de Cabildeo: 21
• Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús(Convergencia) Estado de Nayarit: 99
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Estado de Oaxaca: 77
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) República Islámica de Irán: 62
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Estado de Oaxaca: 79
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Estado de Oaxaca: 85
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Estado de Oaxaca: 74
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 70
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 81
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Estado de Oaxaca: 82
• Hernández Gaytán, Daisy Selene(PRD) Estado de Oaxaca: 78
• Hernández Valadés, Delio(Convergencia) Estado de Oaxaca: 73
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Artículo 79 constitucional - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria - Código Penal Federal: 37
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Estado de Oaxaca: 76
• López Lena Cruz, Humberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 71, 75
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México: 53
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Estado de Tamaulipas: 90
• Medina Rodríguez, Delber(PAN) Estado de Nayarit: 101
• Mejía García, Luis Alonso(PAN) Estado de Tamaulipas: 88
• Minjares Jiménez, José Manuel(PAN) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 68
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Estado de Nayarit: 102
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 69
• Murat , José(PRI) Estado de Oaxaca: 83
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Estado de Oaxaca: 81
• Pulido Santiago, Celso David(PRD) Estado de Nayarit: 101
• Ramírez Pech, Edgar Martín(PAN) Estado de Oaxaca: 85
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Estado de Oaxaca: 79
• San Martín Hernández, Juan Manuel(PRD) Fondo Metropolitano: 96
• Ulloa Pérez, Emilio(PRD) Estado de Puebla: 90
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley de Instituciones de Crédito: 27
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 68
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI) Estado de Oaxaca: 84

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	OFICIAL COMISIÓN
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	PERMISO MESA DIRECTIVA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	CÉDULA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	PERMISO MESA DIRECTIVA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35 Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	OFICIAL COMISIÓN
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
43 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
44 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
45 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	PERMISO MESA DIRECTIVA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	CÉDULA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	INASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	PERMISO MESA DIRECTIVA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Lezama Aradillas René	INASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
121 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
122 Medellín Varela Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
123 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
125 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
126 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
127 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
128 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
129 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
130 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
131 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
132 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
133 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	PERMISO MESA DIRECTIVA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
142 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
149 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	PERMISO MESA DIRECTIVA
165 Rivera Villanueva Erick Marte	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	PERMISO MESA DIRECTIVA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 184
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 14
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	CÉDULA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	PERMISO MESA DIRECTIVA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	INASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	INASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107 Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	OFICIAL COMISIÓN
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	CÉDULA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 117
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	CÉDULA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel	PERMISO MESA DIRECTIVA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	OFICIAL COMISIÓN
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	CÉDULA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	CÉDULA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	PERMISO MESA DIRECTIVA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	CÉDULA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Toledo Luis Jorge	CÉDULA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	PERMISO MESA DIRECTIVA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 87
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 11
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	PERMISO MESA DIRECTIVA
15 Puente Salas Carlos Alberto	INASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	PERMISO MESA DIRECTIVA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola Mónica	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	CÉDULA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Gudiño Ortíz Francisco Javier
2 Lezama Aradillas René
3 Navarro Sugich Carlos Alberto
4 Palafox Núñez José Inés
Faltas por grupo: 4

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Jacques y Medina José
2 Pedraza Chávez Isidro
Faltas por grupo: 2

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Puente Salas Carlos Alberto
Faltas por grupo: 1