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ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 298 diputados y diputadas, por lo tanto hay quórum.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (a las 11:18 horas): Se abre la sesión. Hoy 19 de septiembre, se cumplen 21 años de los sismos ocurridos en 1985.

SISMO DE 1985

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Solicito a los presentes nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

(Se guarda un minuto de silencio)

Esta Presidencia informa a la Asamblea que el día de hoy daremos inicio al uso del sistema electrónico para votaciones de los ciudadanos y ciudadanas diputadas, por lo que les invito a que realicen en este momento su registro electrónico de asistencia aun cuando ya hubieran firmado la lista. Registro que está previsto como una prueba del propio sistema.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 19 de septiembre de 2006

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De ciudadanos diputados.

Propuesta de integración complementaria de la Mesa Directiva

De los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:En relación a la designación de los Consejeros Electorales del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal electoral.Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se determina la presidencia anual del órgano de gobierno Junta de Coordinación Política en la LX Legislatura.

Relativo al desahogo del análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada. (Votación)

Solicitud de particular

Del almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, sobre el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la medalla de la conmemoración del 60 aniversario de la Gran Victoria en la Segunda Guerra Mundial al ``Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', que le confiere el Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Remite solicitud del senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se dictamine la iniciativa que adiciona un Título Décimo y un artículo 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Vadas y Kuhn pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad de Cuernavaca, con circunscripción consular en el estado de Morelos. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz puedan prestar servicios en la Embajada de Italia en México. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Édgar Daniel Zamudio Llamas y Michelle Bardales Martínez puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California, y en Guadalajara, Jalisco; asimismo, informa que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Mari Carmen Aranda Azar y Rosario Duarte Gastélum en sus Consulados en Mérida, Yucatán, y en Tijuana, Baja California, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Norma Liliana Aguilar Garza, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Nogales, Sonora, y en Ciudad Juárez, Chihuahua; asimismo, informa que ha dejado de prestar servicios el ciudadano Gonzalo Enrique Meza Razo en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a agosto de 2006, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Mónica Arriola Gordillo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 73, 75, 90, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que, por conducto del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las Procuradurías estatales, se instauren las acciones pertinentes para prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría de Pemex que se investiguen presuntos actos de corrupción en Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a las autoridades competentes de Nuevo León a formar un grupo especial de investigaciones que aclare y detenga la escalada de violencia en dicha entidad, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emprender una acción decisiva que se traduzca en la recuperación de la seguridad en Quintana Roo, así como para que se incrementen los recursos económicos del Fondo de Seguridad, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que envíe la enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, para su pronta ratificación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores a centrar su atención en temas prioritarios de beneficio público e interés nacional, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a informar sobre las acciones implantadas en el caso Lydia Cacho e iniciar investigación contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantil, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que entregue a la Cámara de Diputados un informe exhaustivo y pormenorizado de las investigaciones que ha realizado sobre la operación de la empresa Isosa, así como de los recursos que se han enterado y los restantes por enterar a la Tesorería de la Federación, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desarrollo integral de la cuenca de Necaxa, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue y determine la ilegal intervención de una representante del Vaticano como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrito por las diputadas Claudia Cruz Santiago y Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que el secretario de Educación Pública y el gobernador de Oaxaca expliquen su negativa a otorgar recursos para la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca, y entreguen un informe de la aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para los servicios educativos de dicha entidad, suscrito por los diputados Carlos Altamirano Toledo, Daniel Dehesa Mora, Benjamín Hernández Silva, Carlos Martínez Martínez, Othón Cuevas Córdova, Joaquín de los Santos Molina y Daisy Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los miembros y al vicepresidente de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a cumplir las obligaciones que les impone la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sujetarse a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y a las autoridades administrativas de Chiapas a no interferir las funciones legislativas, así como a abstenerse de violar el fuero constitucional de los diputados locales de dicha entidad, suscrito por diputados de Chiapas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a las compras realizadas por turistas extranjeros, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de la Secretaría de Salud y de la Semarnat informen sobre las acciones que han emprendido para evitar la entrada en el país del virus de la gripe aviar, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado Osiel Castro de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión de investigación de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, con relación a sus operaciones de exportación e importación, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo, y de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar estado de emergencia las zonas de Sinaloa afectadas por el paso del huracán Lane y a liberar los recursos respectivos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar la liberación de recursos del Fonden para las zonas afectadas por el huracán Lane en Nayarit y Sinaloa, suscrita por los diputados Carlos Ernesto Navarro López, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez e Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar zona de desastre el municipio de Manzanillo, Colima, afectado por el huracán Lane, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados que establezca un mecanismo que evite la ``congeladora legislativa'', a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un código de ética para diputados federales, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación en dicha entidad, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados la celebración del día internacional de las personas con discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada la Sagarpa, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que los titulares de la Secretaría de Salud, de la Semarnat y de la Sagarpa informen sobre las acciones emprendidas hasta el momento para evitar la entrada en el país del virus de la gripe aviar, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones vigentes del gobierno federal a proteger, conservar y reparar, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal de la región de los Valles de Cuatrociénegas y Hundido, y de las sierras La Fragua y La Madera, los daños ambientales causados, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Yolanda Rodríguez Ramírez y Ricardo Cantú Garza, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, y del Trabajo, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de competitividad y desarrollo regional, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para revisar a fondo en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión la operación del Fonden, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de la avenida Reforma y de las calles del Centro Histórico, y a implantar un programa de reactivación del turismo en el DF, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación, y de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre el Ejército Mexicano y el desfile del 16 de septiembre, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría en pro. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves catorce de septiembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con dieciséis minutos del jueves catorce de septiembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Se reciben seis comunicaciones de los diputados: José Manuel del Río Virgen, José Luis Aguilera Rico, Alberto Esteva Salinas, Demetrio Román Isidoro, Mario Alberto Salazar Madera y José Antonio Muñoz Serrano, por las que informan que optan por el cargo de diputado federal electo a la Sexagésima Legislatura. De enterado, archívense en sus expedientes.

Se reciben tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite el Sexto Informe de Labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y del Trabajo y Previsión Social. De enterado, distribúyanse a las diputadas y diputados y remítanse en su oportunidad a las comisiones correspondientes, para los efectos del artículo cuarenta y cinco numeral cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de agosto de dos mil seis. Remítase a la Comisión de Economía, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite informe especial sobre el cumplimiento en el ámbito federal, así como en las entidades federativas y el Distrito Federal, a las obligaciones establecidas en la reforma al artículo dieciocho constitucional en materia de justicia para adolescentes. Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa los nombres de los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral de los grupos parlamentarios. Partido Acción Nacional: Diputado Adrián Fernández Cabrera, Propietario; Diputada Dora Alicia Martínez Valero y Senador Andrés Galván Rivas, Suplentes; del Partido de la Revolución Democrática: Diputado Javier Hernández Manzanares, Propietario; del Partido Revolucionario Institucional: Diputado Carlos Armando Biebrich Torres, Propietario; Diputado José Rosas Aispuro Torres y Diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, Suplentes; del Partido Verde Ecologista de México: Diputada Verónica Velasco Rodríguez, Propietaria; Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés y Diputada María Guadalupe Josefina García Noriega, Suplentes; de Convergencia: Senador Dante Delgado Rannauro, Propietario; Diputado Alejandro Chanona Burguete y Diputado Elías Cárdenas Márquez, Suplentes; del Partido del Trabajo: Diputado Abundio Peregrino García, Propietario; Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés y Diputado Jaime Cervantes Rivera, Suplentes; de Nueva Alianza: Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, Propietario; Diputado Ariel Castillo Nájera y Diputada Blanca Luna Becerril, Suplentes; de Alternativa: Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Propietaria; Diputado Armando García Méndez y Diputado Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo, Suplentes. Comuníquese a la Cámara de Senadores y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los efectos correspondientes.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

César Horacio Duarte Jáquez, a nombre propio y del diputado Israel Beltrán Montes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública, en tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, que reforma los artículos treinta y cinco, treinta y nueve, setenta y uno, setenta y tres y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo, a nombre propio y de su Grupo Parlamentario, que reforma el artículo doscientos cincuenta y cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, en tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

César Octavio Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal de Archivos y reforma el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Presidencia de la diputada Maria Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Miguel Ángel Navarro Quintero, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, que reforma diversas disposiciones del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma la fracción sexta, del artículo ciento quince y el Apartado G, primer párrafo, de la Base Quinta, del artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Elda Gómez Lugo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma la fracción décimo séptima del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Carlos Rojas Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a emitir los dictámenes respectivos a las observaciones del jefe del Ejecutivo Federal sobre diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y Derechos Humanos y de Pesca, en tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

María Guadalupe Josefina García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se crea la Comisión Especial del Café.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Desde su curul el diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y la Presidencia instruye a la Secretaría dar la lectura al artículo treinta y cuatro, fracción primera, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y apoya la solicitud del diputado Mota Hernández con el fin de dar el trámite a la proposición de urgente resolución. Se le otorga la palabra al diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que el asunto se considere de urgente resolución, la Asamblea en votación económica, así lo considera. Desde su curul, el diputado Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, solicita repetir la votación de manera nominal; la Presidencia hace aclaraciones sobre el resultado de la votación económica y otorga la palabra para discutir el punto a los diputados: Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática; Abel Ignacio Cuevas Melo, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del diputado Mota Hernández; diputado Anuario Luis Herrera Solís, del Partido del Trabajo; Wenceslao Herrera Coyac y Carlos Chaurand Arzate, ambos del Partido Revolucionario Institucional; desde su curul el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de orden, el Presidente hace las aclaraciones que corresponden, finaliza la discusión el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, para que la Cámara de Diputados conforme una comisión plural de diputados que coadyuve a la integración de una agenda que se concilie con todos los sectores de la sociedad, a efecto de atender la situación que prevalece en el estado de Oaxaca y solicita el trámite de urgente resolución. En votación económica, la Asamblea no considera el asunto de urgente resolución. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que esclarezca los actos de violencia cometidos en contra de periodistas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Desde su curul y en dos ocasiones, el diputado Enrique Serrano Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, pide la palabra para hablar sobre la proposición y solicita la lectura del artículo ciento dos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura al artículo solicitado y aclara que la proposición no está a discusión.

Efraín Arizméndi Uribe, del Partido Acción Nacional, relativo a las cuotas de peaje en la carretera Cuernavaca-Acapulco. Se turna a la Comisión de Transportes, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, para que atienda la solicitud de información presentada por ciudadanos y organizaciones civiles y solicita el trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Desde su curul el diputado José Manuel Minjares Jiménez, del Partido Acción Nacional, solicita la lectura del punto de acuerdo y la Secretaría atiende lo solicitado. En votación económica, la Asamblea no lo considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Gobernación, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

José Luis Blanco Pajón, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Procuraduría General de la República que, habiendo atraído el caso sobre el atentado al periódico ``Por Esto'', dé celeridad a las investigaciones en aras del pronto esclarecimiento de los hechos, impulse la paz y la justicia en el estado de Yucatán y otorgue certeza y seguridad a la ciudadanía y solicita el trámite de urgente resolución. En votación económica, la Asamblea no lo considera así y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la posible extinción de una especie endémica de nuestro país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para las zonas afectadas por las precipitaciones pluviales en el estado de México. En votación económica, la Asamblea lo considera de urgente resolución. Se le concede la palabra a los diputados: Alejandro Olivares Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional y Armando Enríquez Flores, del Partido Acción Nacional. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con veintiocho minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes diecinueve de septiembre de dos mil seis a las once horas.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Ciudadana Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría dando cuenta con las comunicaciones recibidas.

DIPUTADOS QUE OPTAN POR CARGO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que, además de haber gestionado y obtenido mi licencia al cargo de presidente municipal de Manzanillo, Colima, lo que implica mi separación definitiva del cargo de elección antes señalado, le informo que a partir del 29 de agosto del año en curso opto y tomo la decisión expresa, formal y legal de asumir el cargo de diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Hago de su conocimiento lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 14 del año 2006.--- Diputado Nabor Ochoa López (rúbrica) del Grupo Parlamentario del PAN.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que he obtenido puntualmente mi licencia al cargo de presidente municipal de Jonuta, en el estado de Tabasco, por lo que me permito informarle que a partir de esta fecha opto por el cargo de diputado federal a la LX Legislatura.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.--- Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que he obtenido puntualmente mi licencia al cargo de presidente municipal de Nacajuca, en el estado de Tabasco, por lo que me permito informarle que a partir de esta fecha opto por el cargo de diputado federal a la LX Legislatura.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.--- Diputado Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica).»

«Diputado Federal Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que, además de haber gestionado y obtenido puntualmente mi licencia al cargo del diputado local al Congreso del estado de México, lo que ha implicado la separación de esa responsabilidad, que ya no desempeño, le informo que a partir de esta fecha opto por el cargo de diputado federal a LX Legislatura.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Atentamente

México, DF, a 1 de septiembre de 2006.--- Diputado Jesús Alcántara Núñez (rúbrica).»

«Diputado Federal Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que, además de haber gestionado y obtenido puntualmente mi licencia al cargo de diputado local al Congreso del estado de Sonora, lo que ha implicado la separación de esa responsabilidad que ya no desempeño, le informo que a partir de esta fecha, 29 de agosto del presente, opto por el cargo de diputado federal a la LX Legislatura.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2006.--- Diputado Gerardo Serrato Castell (rúbrica).»

La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: De enterado. Archívense en expedientes. Continúe la Secretaría con las comunicaciones recibidas de la Junta de Coordinación Política.El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Señora Presidenta, para ese punto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado no ha lugar, estamos dando cuenta de las comunicaciones recibidas.

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): En este punto quiero intervenir.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: No está a discusión, simplemente pasa al archivo. Continúe la Secretaría.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En el marco del numeral 4 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle de las siguientes sustituciones realizadas por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en sus representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

Designación anterior:

Propietario:Diputada Verónica Velasco Rodríguez

Suplentes: Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés

Diputada María Guadalupe García Noriega

Designación actual:

Propietario: Senador Arturo Escobar y Vega

Suplentes: Diputada Verónica Velasco Rodríguez

Diputada María Guadalupe García NoriegaAtentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política.»

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Comuníquese al IFE y a la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría con las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se determina la presidencia anual de este órgano de gobierno en la LX Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que con fecha 29 de agosto de 2006, en los términos dispuestos en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue llevada a cabo la sesión de instalación de la LX Legislatura. En este sentido, entre uno de los objetos de la referida sesión se dio cumplimiento a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que fungirá para el primer año de ejercicio, siendo el caso que los grupos par1amentarios consideraron oportuno, en el marco de la negociación política, generar las reformas pertinentes al marco jurídico del Congreso, a fin de garantizar que en la dirección de los órganos de gobierno se reflejen nuevos criterios incluyentes y de pluralidad atendiendo a la realidad política.

II. Que fue el caso de que en términos de los entonces artículos 31 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso se instaló la Junta de Coordinación Política en fecha 6 de septiembre de 2006, determinándose que la presidencia del órgano recayera para el primer año de ejercicio en el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, para el segundo año de ejercicio en el coordinador del Grupo Par1amentario del PRD, y para el tercer año de ejercicio en el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

III. Que los grupos parlamentarios presentaron el pasado 7 de septiembre a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso, misma que fue aprobada en sus términos en la misma fecha y remitida para sus efectos constitucionales al Senado de la República. La colegisladora conoció y aprobó la minuta con fecha 12 de septiembre pasado, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 13 de este mismo mes.

IV. Que de conformidad con el artículo 17, numeral 8, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra se señala: ``En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política''.

V. En este orden de ideas, el artículo 31, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso establece: ``En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada y para cada año legislativo, por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política''.

VI. Es el caso que, dadas las reformas referidas en el punto III, se actualiza el supuesto del artículo 17, numeral 8, de la Ley Orgánica del Congreso, en cuyo caso se hace necesario promover el acuerdo conducente en la Junta de Coordinación Política, a fin de que la presidencia del órgano recaiga en el primer año legislativo --conforme al artículo 31, numeral 4, del mismo ordenamiento-- en el coordinador de un grupo parlamentario distinto al del Presidente de la Mesa Directiva y para los restantes años legislativos de forma alternada.

Expuestas las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. La Presidencia de la Junta de Coordinación Política deberá recaer en forma alternada y para cada año legislativo en los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados en el orden siguiente:

Primer año legislativo: Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Segundo año legislativo: Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Tercer año legislativo: Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

Segundo. Comuníquese al Pleno de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. Conocido el presente acuerdo por el Pleno de la Cámara de Diputados, comuníquese a la Cámara de Senadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2006.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica por la abstención), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado, comuníquese.Continué la Secretaría con el punto de acuerdo enviado por la Junta de Coordinación Política.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al desahogo del análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.

Considerando

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo, y presentará un informe por escrito en el que se expondrá el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.

III. Que el artículo 7, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General prevé que las Cámaras del Congreso analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se clasificará en las siguientes materias: política interior, política exterior, política económica y política social.

IV. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica faculta a la Junta de Coordinación Política a someter a la consideración del Pleno los proyectos de puntos de acuerdo que resulten necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Que en sesión celebrada el 18 de septiembre de 2006, la Junta de Coordinación Política consideró conveniente que el análisis del VI Informe de Gobierno se lleve a cabo en las sesiones ordinarias previstas para los próximos jueves 21 y martes 26 de septiembre del año en curso. En ese sentido, la sesión del jueves 21 tendrá por objeto analizar el informe presentado en lo relativo a las materias de política interior y exterior, mientras que la sesión del martes 26 se destinará al análisis conducente de la política económica y política social.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. El análisis del VI Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República se llevará a cabo en las sesiones ordinarias del Pleno de la Cámara de Diputados por celebrarse los días jueves 21 y martes 26 de septiembre de 2006.

Segundo. Durante la sesión prevista para el próximo jueves 21 de septiembre se abordarán las materias de política interior y exterior. Asimismo, la sesión del martes 26 de septiembre tendrá por objeto el análisis del informe presentado en lo relativo a las materias de política económica y política social.

Tercero. El análisis del informe previsto para las sesiones plenarias a que se refieren los resolutivos que anteceden se realizará en tres rondas subsecuentes de oradores, para cada tema, en el siguiente orden:

Primera ronda: Grupo Parlamentario de Alternativa, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del PT, Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario del PVEM, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PRD y Grupo Parlamentario del PAN.

Segunda ronda: Grupo Parlamentario de Alternativa, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del PT, Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario del PVEM, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PRD y Grupo Parlamentario del PAN.

Tercera ronda: Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PRD y Grupo Parlamentario del PAN.

En la primera ronda de oradores, las diputadas y los diputados dispondrán de hasta ocho minutos para sus respectivas intervenciones, mientras que en las dos rondas subsecuentes cada grupo parlamentario dispondrá de hasta cinco minutos.

Cuarto. Durante el desarrollo del análisis referido habrá lugar para rectificación de hechos por parte de los diputados que así lo soliciten a la Mesa Directiva en los términos que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Quinto. Comuníquese al Pleno de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Coordinación Política; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica en contra, por excluyente), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza; Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo enviado por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría con el apartado de solicitud de particulares.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Marina.

Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- San Lázaro, DF.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de solicitarle que gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se me conceda el permiso para aceptar y portar la condecoración de la medalla de la conmemoración del 600 aniversario de la Gran Victoria en la Segunda Guerra Mundial al ``Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', que confiere el Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia al suscrito, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto se anexa al presente copia del documento donde se me confiere la citada condecoración, currículum vitae, acta de nacimiento y fotografía de la condecoración.

Aprovecho la ocasión para reiterarle a usted mi alta estima y especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de agosto de 2006.--- Marco Antonio Peyrot González (rúbrica), Almirante Secretario de Marina.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Gobernación y, en tanto se integra esa Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ARTICULO 137 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a la Cámara de Diputados para presentar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Décimo y un artículo 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Quien suscribe, senador Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Senado de la Republica, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con el siguiente

Punto resolutivo

Único.- La Mesa Directiva del Senado de la República envía a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión excitativa presentada por el senador Pablo Gómez Álvarez para que sea dictaminada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Décimo y el artículo 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 9 de agosto de 2000 en la Comisión Permanente del Congreso.

México, DF, a 14 de septiembre de 2006.--- Pablo Gómez Álvarez (rúbrica).»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionalesy en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Alberto Vadas y Kuhn pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos.

Por lo anterior me permito anexar originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, copia certificada del acta de nacimiento; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Hungría y de su identificación oficial.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Gobernacióny, en tanto se integra dicha Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Lorena Palacios Dueñas.

Puesto: Coordinadora del Desk Ambiental en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior.

Lugar de trabajo: Embajada de Italia en México.Nombre: Cariño Areli Padilla Díaz.

Puesto: Asistente Task Force en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior.

Lugar de trabajo: Embajada de Italia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rocío Yaneth Córdova Montijo.

Puesto: Visa clerk.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.Nombre: Pedro Omar Zamora Borbón.

Puesto: Asistente de investigador de fraudes.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.Nombre: Francisco Santiago Rojas López.

Puesto: Visa clerk.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.Nombre: Ramsés Arturo Leyva.

Puesto: Visa clerk.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.Nombre: Carlos Alonso Basurto Álvarez.

Puesto: Clerk administrativo.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citana continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Edgar Daniel Zamudio Llamas;

Puesto: Asistente consular;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.Nombre: Concepción Valle Barraza;

Puesto: Empleado administrativo en la Sección de visas;

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.Nombre: Michelle Bardales Martínez;

Puesto: Asistente de beneficios federales;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno estadounidense:

Nombre: Mari Carmen Aranda Azar;

Puesto: Asistente de gerencia;

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.Nombre: Rosario Duarte Gastelum;

Puesto: Empleado;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Pilar Vanessa Posada Quintana;

Puesto: Recepcionista;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.Nombre: Ismael Torres Ramírez;

Puesto: Chofer;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.Nombre: Norma Liliana Aguilar Garza;

Puesto: Secretaria en la Sección de Visas;

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Nombre: Gonzalo Enrique Meza Razo;

Puesto: Asistente de información;

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 7 de septiembre de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Gobernacióny, en tanto se integra dicha Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo y por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, remítanse a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de Senadores.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2005.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 14 de septiembre de 2006.--- Licenciado José Francisco Gil Díaz (rúbrica), secretario de Hacienda y Crédito Público.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público y, en tanto están integradas dichas Comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ciérrese el registro de asistencia a fin de que esté listo el sistema para próximas votaciones.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta para la integración complementaria de la Mesa Directiva.

MESA DIRECTIVA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Propuesta de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, para la elección complementaria de las secretarías de la Mesa Directiva

Consideraciones

I. Que con fecha 29 de agosto de 2006, en los términos dispuestos por los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue llevada a cabo la sesión de instalación de la LX Legislatura. En este sentido, entre uno de los objetos de la referida sesión se dio cumplimiento a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que fungirá para el primer año de ejercicio, siendo el caso que los grupos parlamentarios consideraron oportuno, en el marco de la negociación política, generar las reformas pertinentes al marco jurídico del Congreso a fin de garantizar que en la dirección de los órganos de gobierno se reflejen nuevos criterios incluyentes y de pluralidad atendiendo a la realidad política.

II. Que el pasado 7 de septiembre los grupos parlamentarios sometieron a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso, misma que fue aprobada en sus términos en la misma fecha y remitida para sus efectos constitucionales al Senado de la República. La colegisladora conoció y aprobó la minuta con fecha 12 de septiembre pasado, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 13 de este mismo mes.

III. Que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra se señala: ``La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directivadurarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos''.

IV. Que de conformidad con el punto primero de las presentes consideraciones, la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Legislatura quedó conformada de la siguiente manera:

Presidencia:Diputado Jorge Zermeño Infante, del Grupo Parlamentario del PAN.

Vicepresidencia: Diputada María Elena Álvarez Bernal, del Grupo Parlamentario del PAN.

Vicepresidencia: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.

Vicepresidencia:Diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del PRI.

Secretario:Diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Secretario: Diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Secretaria: Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRD.

V. Que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre en su artículo segundo transitorio establece que ``la adecuación respecto de la integración de la Mesa Directiva en los términos previstos en el artículo 17 que se reforma por virtud del presente decreto deberá quedar cumplimentada en la sesión ordinaria inmediata siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto''.

Expuestas las consideraciones anteriores, se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se complementa la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, para el primer año de ejercicio, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.Los diputados que integran complementariamente las secretarías de la Mesa Directiva son los siguientes:

Diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Diputada María Mercedez Maciel Ortiz, del Grupo Parlamentario del PT.

Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Tercero. Comuníquese al Pleno de la honorable Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Cuarto. Realizada la comunicación al Pleno de la Cámara de Diputados, comuníquese a la honorable Cámara de Senadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. A fin de proceder a la aprobación de la propuesta de integración complementaria de la Mesa Directiva, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 15 minutos, para proceder a la votación.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 15 minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Se invita a los señores diputados y las señoras diputadas, a rectificar el sentido de su voto. Y aquellos legisladores que no lo han emitido que lo hagan en este momento, por favor.

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se va a invitar a los siguientes diputados, para que registren su voto de viva voz:

El diputado Delio Hernández Valadés(desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): A favor.

La diputada Ana María Ramírez Cerda (desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Sánchez Juárez(desde la curul): Cambio el sentido del voto, a favor.

La diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez(desde la curul): A favor.

El diputado Humberto López-Lena Cruz(desde la curul): A favor.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow(desde la curul): A favor.

El diputado Anuario Luis Herrera Solís(desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Torres Herrera(desde la curul): A favor.

El diputado Tomás del Toro del Villar (desde la curul): A favor.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez(desde la curul): Por la afirmativa.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Alguien más? Se informa que se emitieron 451 votos en pro, cero en contra y seis abstenciones. Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se declara que han sido electos para integrarse como Secretarios a la Mesa Directiva de la LX Legislatura que funcionará durante el primer año de ejercicio, los siguientes ciudadanos y ciudadanas diputadas: José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia; diputada María Mercedez Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa.

Se invita a los ciudadanos diputados electos, pasen a la tribuna para rendir su protesta.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se les pide a todos los presentes ponerse de pie, por favor, para la toma de protesta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputadas y diputados,¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LX Legislatura, cargo que se les ha conferido, protestan hacerlo mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

Los diputados José Gildardo Guerrero Torres, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputada María Mercedez Maciel Ortiz, Eduardo de la Torre Jaramillo: Sí, protesto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Continuamos con el desarrollo del orden del día. El punto siguiente se refiere a iniciativas de los ciudadanos diputados. Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola Gordillo, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 7 Bis, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Mónica Arriola Gordillo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. A menudo solemos encontrarnos imágenes o situaciones que muestran claramente la realidad en la que viven muchas de las niñas y niños de nuestro país. Sólo tenemos que caminar por las calles, leer los periódicos, ir a las escuelas o simplemente oír sus historias, para darnos cuenta que su situación continúa siendo precaria y que parece no tener fin la cantidad de peligros que enfrentan a diario.

``Sparkle'' es como se le conoce en el Internet, es una niña de no más de nueve años que en poco tiempo se convirtió en un fenómeno. Sus fotografías circulan por las páginas de pornografía infantil y la muestran levantándose de un baño de burbujas con pantaletas ajustadas y blusas pequeñas totalmente mojadas. Rodrigo, es un niño que trabajaba en el ``Scorpio'', uno de los tantos burdeles de nuestra ciudad que se encuentra en Polanco, tiene ocho años y 45 minutos con él, le cuesta al interesado tres mil pesos.

Por si fuera poco, la recepcionista del lugar cuenta con una terminal para cargar a cualquier tarjeta bancaria el costo de los servicios sexuales de niños, niñas y mujeres, sólo por si acaso los clientes no tienen efectivo.

Éstas son sólo dos historias, dos circunstancias, una niña y un niño que han visto violados sus derechos y no tuvieron opción alguna para impedirlo. Sin embargo, estas historias ya son también la de muchas niñas y niños mexicanos, y probablemente sea de muchos más en unos años.

La situación de riesgo para la infancia en México se ha ido multiplicando día a día y pareciera no tener fin. En este sentido yo me pregunto, ¿por qué México se encuentra entre los cinco países de América Latina donde la explotación infantil se ha convertido en un problema grave? Cifras oficiales señalan que de los casi 41 millones de niños y niñas menores de 18 años, 20 mil son sometidos al abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía. De este total el 80 por ciento son niñas y mujeres.

¿Por qué tenemos qué esperar a que en 47 de cada 100 hogares mexicanos haya violencia y que 8 de cada 10 niñas y niños en México la sufran? Maltrato físico y psicológico, negligencia y abuso sexual, son algunas de las situaciones que enfrentan. ¿Por qué la discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas?

Los feminicidios en la última década, son tan solo un reflejo de la adversidad y de la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural y democrática.

Más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas en toda la República, siendo el Distrito Federal, el estado de México, Chiapas, Veracruz y Guerrero, los estados con más violencia de género. El 60 por ciento de estos crímenes fueron cometidos por personas conocidas en el caso de parientes, padrastros, novios, ex novios, esposos o familiares y el resto de los asesinatos tienen vínculos con la delincuencia organizada, principalmente con la trata de personas.

¿Por qué tenemos una de las clasificaciones más altas a nivel mundial como país de origen de la trata de personas? Al no haber leyes contra la prostitución, nuestro país se ha convertido en un paraíso para los extranjeros.

De acuerdo con estadísticas de la CEPAL, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes originarias de México, Argentina, Ecuador y otras naciones latinoamericanas, son conducidas con engaños y falsas promesas a Estados Unidos, Europa y Asia. Por ejemplo, se tienen datos de que en Japón más de tres mil mujeres mexicanas son explotadas sexualmente.

¿Por qué México está colocado dentro de los países de Latinoamérica de más alta desigualdad social y ubicado con la tasa más alta de pobreza infantil en el ámbito mundial? ¿Por qué tenemos a más de 3.5 millones de menores laborando, cuando deberían estarse educando para su futuro?

Muchas niñas y niños se ven forzados en nuestro país a realizar trabajos a menudo nocivos para su desarrollo, con tal de ganar sólo unos pesos. Ante estas cifras y muchas otras, debemos reconocer que urge darle un nuevo giro a las leyes y políticas que tienen que ver con la protección de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Aunque México ha firmado acuerdos internacionales relacionados con la protección de los derechos de la infancia y se ha comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para darles efectividad a los mismos, no basta la sola tutela jurídica para lograr combatir todas las formas de violación y discriminación que enfrentan las niñas y los niños. Es necesaria también una postura proactiva del Estado y de toda la ciudadanía para promover, garantizar y proteger la integridad de nuestros menores.

La educación es el arma de defensa que promueve el conocimiento, los valores y las aptitudes, pues permite que las personas puedan tener información suficiente para defender sus derechos. Hoy en día podemos constatar que la educación y la información que cada niña y niño mexicano recibe a lo largo de sus primeros años, contribuyen de manera esencial a la prevención de situaciones de riesgo y tienen mucho que ver con el desarrollo pleno e integral que tendrán a lo largo de su vida.

El pasado 8 de junio el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Gobierno de México en su informe que debía adoptar medidas más eficaces para difundir información sobre la Convención de los Derechos del Niño y su aplicación entre la sociedad civil y todos sectores y niveles de gobierno, que debe elaborar programas y actividades para impartir capacitación sistemática y constante sobre los derechos humanos.

El informe revela que la elaboración y aplicación de medidas preventivas como campañas de sensibilización entre los menores, son de gran ayuda para intensificar el esfuerzo para hacer aplicables las leyes.

En este sentido, la prevención se convierte en un arma imprescindible para su desarrollo y éste tiene que ver con la promoción y la divulgación que el Estado haga de sus derechos y con las actividades que se realicen para reforzar dicho compromiso.

Fortalecer la promoción y divulgación de los derechos humanos en nuestro país es una tarea impostergable; debemos asumir que la educación y la información son factores determinantes para combatir los riesgos. Estamos obligados a enseñarle a nuestras niñas y niños cuáles son sus derechos y cómo pueden usarlos para su bien.

En Nueva Alianza creemos que aunque muchos de los riesgos que enfrentan las niñas y los niños no podremos evitarlos, la información que éstos acumulen durante sus primeros años y la educación que obtengan acerca de sus derechos, puede hacer en muchos de los casos la diferencia.

La violencia, la discriminación, la inequidad de género, la falta de oportunidades, la drogadicción, la trata de personas, la explotación sexual, la prostitución, entre muchas otras cosas, son conductas que pueden ser prevenidas a través de la implementación de medidas educativas, que enseñen a nuestras niñas y niños a cuidarse y a hacerse responsables de sí mismos.

Por ello consideramos que para darle efectividad a los derechos reconocidos en las leyes nacionales e internacionales y para permitir que los titulares, en este caso niñas, niños y adolescentes, los hagan prevalecer, la sociedad debe de estar informada y tener las medidas preventivas necesarias para su pronta y correcta aplicación.

Es en este sentido que en mi calidad de integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza y con el compromiso que tenemos con la educación, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros diputados, omitiré la lectura del articulado pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Mónica Arriola Gordillo, del Grupo Parlamentario del PNA

Mónica Arriola Gordillo, diputada de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos ``Para observar algunos de los aspectos que nos ofrecerá el futuro, no necesitamos las proyecciones de unas complicadas computadoras. Mucho de lo que va ocurrir durante el próximo milenio puede observarse en la forma en que cuidamos hoy en día a nuestros niños. Puede ser que el mundo de mañana esté influido por la ciencia y la tecnología, pero, más que nada, ya está tomando forma en los cuerpos y las mentes de nuestros niños''

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas

El 21 de octubre de 1990, después de la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado mexicano asumió el deber de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos de las niñas y los niños reconocidos en ella.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado en la historia, y crea la doctrina de la protección integral de la infancia, convirtiéndolos en sujetos plenos de derecho.

Uno de los principios fundamentales que sustentan los demás derechos establecidos en la Convención es el del ``interés superior del niño''. El artículo 3ro establece que:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

El principio del ``interés superior de la infancia'' nos sirve de base para, por un lado, tener un enfoque orientado hacia la infancia en todas las actividades y decisiones referidas a las y los niños; y para evaluar las leyes y prácticas de los Estados Partes en materia de protección de los niños.

El principio del ``interés superior'' ha sido invocado, por los países, para defender la necesidad de que la sociedad debe proteger los derechos humanos de las y los niños y así responder de forma positiva cuando se trate de proporcionarles lo que les corresponde. El Estado, tiene la obligación de asegurar el bienestar de las y los niños, especialmente cuando éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de crear normas para el funcionamiento de las instituciones, los servicios y los establecimientos dedicados al cuidado o la protección de éstos y de mantener una vigilancia apropiada.

México, acorde con este criterio y en cumplimiento de los compromisos contraídos en la Convención, reformó el artículo cuarto constitucional:

``Artículo 4o. ... ... ... ... ... ...

Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.''1

Asimismo, el Congreso de la Unión, aprobó en el mes de abril de 2000 la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene carácter federal, y se aplica en todo el país. Con ella se establecieron principios, derechos y medidas de protección referentes a la infancia.

En nuestro país, de acuerdo a dicha Ley, se consideran niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos2. La protección de sus derechos tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad3.

Para lograr dicho objetivo, la educación es de suma importancia ya que mediante ella se promueve el conocimiento, los valores y las actitudes que permiten a las personas tener la información suficiente para defender sus derechos. La educación y la información que cada persona posee contribuyen de manera esencial a la prevención de situaciones de riesgo que pueden menoscabar su desarrollo. En las niñas, niños y adolescentes, éstas se convierten en un punto imprescindible para su buen desarrollo. La educación que vayan adquiriendo a lo largo de sus primeros años y la información que reciban sobre los derechos que poseen, los riesgos que pueden enfrentar y los cuidados que deben tomar tiene mucho que ver con el desarrollo pleno e integral que posean a lo largo de su vida.

En este sentido, la prevención tiene que ver con la promoción que el Estado, haga de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, con su correcta divulgación, y con las actividades que puedan realizarse para formar personas críticas y responsables que conozcan sus derechos y puedan defenderlos. Fortalecer la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación es otra de los fines de las medidas preventivas. ``Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso específico de las mujeres, la mitad de la población, se ha vuelto una necesidad impostergable de los gobiernos (federal, estatales y municipales) el diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación femenina''4. Por ello una pronta educación sobre la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres puede evitar conductas futuras en detrimento de las mujeres.

Debemos asumir que la educación y la información son armas y factores determinantes para combatir los riesgos a los que pueden verse enfrentadas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. La violencia, la discriminación e inequidad de género, la falta de oportunidades, la drogadicción, los accidentes, entre muchos otros, pueden ser prevenidos a través de la implementación de medidas educativas que enseñen a nuestras niñas y niños a cuidarse y a hacerse responsables de sí mismos.

En mérito de lo antes expuesto, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, someto a la aprobación de esta H. Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un nuevo artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis.En atención del interés superior de la infancia, la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, deberán fomentar la adopción de medidas educativas y preventivas destinadas a asegurar el ejercicio del los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a prevenir las situaciones de riesgo que menoscaben su desarrollo.

La prevención estará dirigida a:

a) Velar por el respeto y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante actividades de información, divulgación, promoción y formación.

b) Fomentar actividades destinadas a desarrollar la capacidad crítica y de libre decisión y el sentido de la propia responsabilidad de las niñas, niños y adolescentes.

c) Promover actividades que fortalezcan la promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y mujeres y la no discriminación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El 13 de diciembre de 1999 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma constitucional relativa a los derechos de la niñez.

2 Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3 Artículo 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4 Martha Lamas, ``La perspectiva de género'' en La Tarea, Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNTE. www.latarea.com.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputados: Mónica Arriola Gordillo (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señora diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en tanto se forma esa Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

VISITANTES EXTRANJEROS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de la señora Erika Mann, Presidenta de la Comisión Mixta Parlamentaria de la Unión Europea y México, quien ha sostenido reuniones de trabajo con ciudadanas y ciudadanos diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Es un honor tener a tan ilustre visitante, a quien le damos la más calurosa bienvenida y le deseamos éxito durante su estancia en nuestro país. Bienvenida.

ARTICULOS 115, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Para presentar iniciativa que reforma los artículos 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega:Gracias. Con su permiso ciudadana Presidenta. En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy su correlativo, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma los artículos 115 fracción I y VI, 116 fracción VII y 122 apartado G, primer párrafo de la Base Quinta, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente exposición de motivos:

Actualmente en México existen más de 30 zonas metropolitanas, en las cuales se concentra el 43 por ciento de la población del país. Asimismo existen 11 ciudades de más de un millón de habitantes correspondientes a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Torreón, Ciudad Juárez, Pachuca, Cuernavaca, Toluca y León.

Se destaca el caso de la zona metropolitana del Valle de México, que alberga una de las zonas de alta influencia, el Valle de México, conformado por las 16 delegaciones del DF, 59 municipios del estado de México y un municipio de Hidalgo, donde se concentran más de 19 millones de habitantes convirtiéndose en la segunda metrópoli más grande del mundo, después del corredor Tokio-Yokohama.

Esto, la convierte en una de las zonas con más alta densidad de población en el mundo, lo que se traduce en un gran reto para los gobiernos municipales y delegacionales además de una serie de dificultades.

La sostenibilidad de la zona se encuentra amenazada, entre otros factores, por la contaminación ambiental, la explosión demográfica descontrolada, el crecimiento de la mancha urbana, la deforestación, la contaminación de suelos y la sobre explotación de la cuenca del Valle de México.

Quienes habitamos en esta zona, compartimos un destino común pero el futuro de la convivencia social y política en la metrópoli no está garantizada con los actuales mecanismos de coordinación metropolitana, mucho menos la sostenibilidad y la cohesión social de la zona.

El proyecto de iniciativas de reformas que hoy sometemos a su consideración, tiene como objetivo proponer en la Constitución la posibilidad de que existan figuras asociativas de carácter metropolitano, que permitan a las ciudades el diseño de planes de desarrollo conjunto, que a su vez sean espacio de diálogo permanente entre los sectores público, social y privado, para establecer políticas comunes en diversas materias, como seguridad pública, medio ambiente, transporte, infraestructura, particularmente en estas zonas metropolitanas, pero con un alcance y visión para su planeación y desarrollo, respecto a todos los fenómenos metropolitanos del país.

Por ello el reordenamiento institucional propuesto en este ámbito, impulsará mayor equilibrio y desarrollo orientado hacia la búsqueda de soluciones coordinadas y sostenibles ante las diversas instancias de gobierno.

Por ello se proponen reformas a la Constitución federal, las cuales se centran en las fracciones y artículos ya mencionados. Con la reforma a la fracción I del artículo 115 de la Constitución, es de hacer notar que, si bien los municipios tienen la administración libre de su hacienda y gozan de personalidad jurídica propia, lo cual significa que son sujetos de derechos y obligaciones. Lo que los convierte en aptos para contraer compromisos económicos y tener facultades para administrarse, también es cierto que pueden tener amplias facultades para desarrollarse y tener todo tipo de acuerdos y convenios, que para el gobierno municipal a través de su ayuntamiento, ejerce su competencia de manera autónoma e independiente.

Se pretende con esa propuesta obligar a las diversas instancias de gobierno a coordinar, a llegar a acuerdos, a realizar convenios y cumplirlos efectivamente, mediante los cuales se pueda acordar la asociación y asunción con respecto a la planeación y prestación de servicios públicos en el ámbito metropolitano. Por ello para garantizar los actuales mecanismos de coordinación y para ayudar a la sostenibilidad, es necesario que dicho precepto sufra una reforma en su redacción, estableciéndose la excepción respecto a las entidades metropolitanas que con arreglo a las leyes locales, tengan como finalidad establecer la planeación y prestación de servicios de manera conjunta.

Vemos la imperiosa necesidad de que forzosamente se hagan esos acuerdos y convenios y se creen las figuras jurídicas de acuerdo con la legislación local, de tal naturaleza que hagan más fácil y acertado el desahogo y solución de los problemas que se lleguen a suscitar entre las diversas entidades gubernamentales.

También se establece que los municipios deban coordinarse y asociarse para la prestación de los servicios y el mejor servicio de las funciones que les conciernen, ellos corresponde a que sin duda alguna se desempeñará mejor la prestación de éstos, en tanto haya una mayor y mejor colaboración entre las diferentes esferas jurídicas.

En la fracción VI del artículo 115 de la Constitución, se establece la autonomía y participación de los gobiernos, para que en el ámbito de su competencia, planeen y regulen de manera conjunta y coordinada el desarrollo de estas zonas metropolitanas, cuando dos o más entidades federativas, de dos o más territorios municipales, tiendan a formar o formen una continuidad demográfica.

Con la reforma propuesta al artículo de referencia y manteniendo el espíritu del artículo, se pretende que se realicen convenios de manera conjunta, para la asociación y planeación coordinada y se asocien bajo las figuras que mejor les corresponda.

Respecto al artículo 116 de la Constitución relativo a la división de poder en las entidades federativas, se modifica la fracción VII relacionada con la celebración de convenios entre la Federación y los estados. Con la reforma propuesta se elimina la palabra podrán por ``deberán'', conviniendo la función por parte de éstos del ejercicio de sus funciones a organismos técnicos de planeación y gestión metropolitana en las diferentes materias de que se trate, siempre que el desarrollo urbano, económico y social lo permita, y sea solicitado tanto por los estados como por los municipios y con apego a sus leyes.

Con dicha modificación se pretende, en los términos de la ley, constreñir a las diversas instancias de gobierno con asiento metropolitano a convenir la función y actuación en el ejercicio de sus funciones, en la planeación, ejecución, operación, prestación de servicios públicos y de obras y para la gestión metropolitana.

Respecto a la modificación del artículo 122, apartado G, la iniciativa de reformas pretende modificar las relaciones de coordinación institucional que existen en las zonas metropolitanas de que se tiene registro en nuestro país, para tal efecto se propone sustituir a las actuales comisiones metropolitanas, por su limitación y funcionalidad política, institucional y administrativa por figuras como las entidades metropolitanas, es decir, figuras que estén establecidas en las leyes locales como entes regulares, que con base en la experiencia internacional, se encarguen de realizar de manera efectiva y transparente, coordinar y puntual, la prestación de servicios y la gestión de obras en estas zonas. Esto se deriva de la serena revisión de los actuales esquemas de coordinación metropolitana.

Los organismos propuestos fundarían sus acciones en el respaldo legal que ofrece la presente Constitución, superando el inconveniente que presentan las actuales comisiones metropolitanas en cuanto a la inexistencia de condiciones legales para obligar a cumplir en tiempo y forma los acuerdos y proyectos metropolitanos, firmados por los representantes de los gobiernos integrantes de las diversas zonas metropolitanas.

El propósito es el rediseño de las relaciones metropolitanas. La reestructuración propuesta a partir de estas reformas a la Constitución, consistiría en crear con la participación del gobierno federal de los estados y entidades federativas, municipios mediante la firma de convenios, entidades de carácter técnico de planeación y gestión metropolitana o cualquier figura que por alguna razón les convenga.

Además de lo anterior, se agregan rubros temáticos relevantes para el mejor desempeño de las necesidades metropolitanas, como son: La planeación y ordenación del territorio, el desarrollo económico y social y la vialidad, que va de la mano del transporte.

Dicho de otro modo, con la modificación al artículo de referencia se faculta para la rescisión de convenios que puedan constituirse con las figuras y la personalidad jurídica que corresponda, a fin de integrar por ejemplo, mancomunidades, consorcios, entidades o el nombre que quiera darse a estos entes con capacidad para producir resultados y gestionar las soluciones necesarias y desahogar la agenda de coordinación metropolitana, estableciendo en sus instrumentos de creación la forma de integración, estructura, competencias y funciones y cuyo resultado será el cumplimiento de los acuerdos en las diversas materias.

Ciudadana Presidenta, en virtud de estar publicado el proyecto de decreto en la Gaceta Parlamentaria, le ruego se inserte en sus términos, en el Diario de Debates.

En consecuencia, solicito se adjunte este proyecto de decreto para su trámite, en términos del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN

En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma los artículos 115 fracción I y VI, 116 fracción VII y 122 apartado G, primer párrafo de la base quinta, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Actualmente en México, existen más de 30 zonas metropolitanas en las cuales se concentra el 43 por ciento de la población del país. Asimismo, existen 11 ciudades de más de un millón de habitantes1 correspondientes a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Torreón, Ciudad Juárez, Pachuca, Cuernavaca, Toluca y León.

Se destaca el caso de la zona metropolitana del Valle de México (en adelante ZMVM), que alberga una de las zonas metropolitanas de alta influencia: el Valle de México, conformado por las 16 delegaciones del DF, 59 municipios del estado de México y un municipio de Hidalgo2, donde se concentran más de 19 millones de habitantes, convirtiéndose en la segunda metrópoli más grande del mundo después del corredor Tokio-Yokohama.

Asimismo, es la puerta de las principales actividades económicas, políticas y sociales del país. Representa en términos económicos, el 36 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, nacional y el 56 por ciento de los corporativos transnacionales; da apertura a diversos procesos políticos competitivos, coinciden en su seno las instituciones del gobierno federal, y las instituciones políticas de 3 entidades federativas, en su conformación política intervienen 159 órganos de decisión, 79 órganos ejecutivos y 80 legislativos, de igual manera, concentra el mayor número de universidades, hospitales, centros laborales y de recreación.

Esto la convierte en una de las zonas con más alta densidad de población en el mundo, lo que se traduce en un gran reto para los gobiernos municipales y delegaciones en una serie de dificultades. La sostenibilidad de la zona se encuentra amenazada, entre otros factores, por la contaminación ambiental, la explosión demográfica descontrolada, el crecimiento de la mancha urbana, la deforestación, la contaminación de suelos y la sobre explotación de la cuenca del Valle de México.

Quienes habitamos en la ZMVM, compartimos un destino común. El futuro de la convivencia social y política en la metrópoli no está garantizado con los actuales mecanismos de coordinación metropolitana, mucho menos la sostenibilidad y la cohesión social de la zona.

Por ello, ordenar el espacio urbanizado, prever el crecimiento esperado, y proteger y mejorar con rigor el medio ambiente y los recursos naturales son condiciones que permitan dar soluciones a esta realidad.

El proyecto de iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy sometemos a su consideración tiene como objetivo, proponer en la Constitución la posibilidad de que existan figuras asociativas de carácter metropolitano que permitan a las ciudades el diseño de planes de desarrollo conjuntos que a su vez sean espacios de diálogo permanente entre los sectores público, social y privado para establecer políticas comunes en diversas materias como seguridad pública, medio ambiente, transporte e infraestructura, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, pero con un alcance y visión para su planeación y desarrollo respecto a los demás fenómenos metropolitanos en el país.

Por ello, el reordenamiento institucional propuesto en el ámbito metropolitano, impulsa mayor equilibrio y desarrollo orientado hacia la búsqueda de soluciones coordinadas y sostenibles entre las diversas instancias de gobierno.

Para tal efecto, se propone reordenar institucionalmente las relaciones de coordinación en las zonas metropolitanas del país; sustituyendo las actuales comisiones Metropolitanas existentes en la ZMVM, dado que el estudio acucioso y desprejuiciado de su comportamiento, a partir de 1994, demuestra, salvo excepciones, insuficiencia de consensos y de acciones, además de falta de mecanismos institucionales y administrativos, en la búsqueda de soluciones estratégicas y coordinadas, para establecer políticas y programas metropolitanos capaces de afrontar los retos y necesidades de los habitantes de la metrópoli más importante del país.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos necesario que se logre la cooperación y administración conjunta de la metrópoli, ya que ésta tiene que avanzar en distintos planos, realizando acuerdos sectoriales que verdaderamente se ejecuten.

Para ello, se proponen reformas a la Constitución federal, las cuales se centran en las fracciones I y VI del artículo 115; la fracción VII al artículo 116 y la reforma al artículo 122, apartado G.

Con la reforma de la fracción I del artículo 115 de la Constitución, es de hacer notar que si bien los municipios tienen la administración libre de su hacienda y gozan de personalidad jurídica propia, lo cual significa que son sujetos de derechos y obligaciones, lo que los convierte en aptos para contraer compromisos económicos y tener facultades para administrarse; también es cierto, que pueden tener amplias facultades para desarrollarse y tener todo tipo de acuerdos y convenios que para que el gobierno municipal, a través de su ayuntamiento, ejerza su competencia de manera autónoma e independiente.

Se pretende obligar a las diversas instancias de gobierno, a coordinarse, a llegar a acuerdos, a realizar convenios y cumplirlos efectivamente, mediante los cuales se acuerda la asociación y asunción, con respecto a la planeación y prestación de servicios públicos en el ámbito metropolitano.

Por ello, para garantizar los actuales mecanismos de coordinación metropolitana, y para ayudar a la sostenibilidad y la cohesión social, es necesario que dicho precepto legal sufra una reforma en su redacción, estableciendo la excepción respecto de las entidades metropolitanas que con arreglo a las leyes locales tengan como finalidad establecer la planeación y prestación de servicios de manera conjunta. Lo anterior, sin perjuicio de lo que históricamente se había venido manifestando en los diversos estados de la república, pues hemos analizado escrupulosamente la evolución que ha tenido el la ZMVM, en cuanto a población se refiere, y vemos la imperiosa necesidad de que forzosamente se hagan acuerdos, convenios o se creen figuras jurídicas de acuerdo con la legislación local, de tal naturaleza, que haga más ágil y acertado el desahogo y solución de los problemas que se lleguen a suscitar entre las diversas entidades gubernamentales.

De tal forma, se adiciona al final de dicha fracción las líneas que al efecto se indican: ``..., con excepción de las entidades metropolitanas que con arreglo a las leyes locales tengan como finalidad establecer la planeación y prestación de servicios de manera conjunta''; con la finalidad de que no se presenten conflictos de jurisdicción, ni invasión de competencias o se cause perjuicio alguno para la prestación de servicios en que intervengan entidades metropolitanas. Evitamos pues, con dicha excepción, que se transgreda el mencionado precepto constitucional.

Puntualmente, se establece que los municipios deban coordinarse y asociarse para la prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de las funciones que les conciernen. Ello corresponde, a que sin duda alguna, se desempeñará mejor la prestación de éstos, en tanto haya una mayor y mejor colaboración entre las diferentes esferas jurídicas; además de la facultad para la celebración de convenios, entre los municipios de dos o más estados con el gobierno estatal para que se presten o ejerzan coordinadamente por alguno de ellos.

En la fracción VI del artículo 115 de la Constitución, se establece la autonomía y participación de los gobiernos, para que en el ámbito de sus competencias, puedan planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de zonas metropolitanas, cuando dos ó más entidades federativas, de dos o más territorios municipales tiendan a formar o formen una continuidad demográfica.

Con la reforma propuesta al artículo de referencia, y manteniendo el espíritu del artículo, se pretende que se realicen convenios de manera conjunta, para la asociación y planeación coordinada de las zonas metropolitanas y se asocien bajo la figura que mejor pudiere corresponderles, ajustándose a sus diversas legislaciones.

A partir de esta reforma, las diversas instancias de gobierno de las zonas metropolitanas, estarán facultadas para suscribir convenios en diversas materias. La modificación refuerza el sentido original del artículo citado, facultando así, a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal y el Distrito Federal, para realizar convenios de coordinación, asociación y cooperación metropolitana.

Respecto al artículo 116 de la Constitución, relativo a la división de poderes de las entidades federativas, se modifica la fracción VII, relacionada con la celebración de convenios entre la federación y los estados. Con la reforma propuesta se elimina la palabra ``podrán'' por ``deberán'' conviniendo la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, a organismos de carácter técnico de planeación y gestión metropolitana en las diferentes materias de que se trate; siempre que el desarrollo urbano, económico y social lo permita y sea solicitado tanto por los estados como por los municipios respectivos y con apego a sus leyes.

Con dicha modificación, se pretende, en los términos de la ley, constreñir a las diversas instancias de gobierno con asiento metropolitano, a convenir la asunción y asociación de ejercicio de sus funciones; en la planeación y en su caso, la ejecución y la operación de obras y la prestación de servicios públicos a las entidades de planeación y gestión metropolitana. La redacción quedaría de la siguiente manera:

``La federación y los estados, en los términos de ley, deberán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la coordinación, ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo urbano, económico y social lo haga necesario y así se solicite por el estado respectivo.

Los estados deberán celebrar convenios con sus municipios, a efecto de que éstas asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior, cuando los municipios así lo soliciten con arreglo a las leyes respectivas y así se solicite por el estado respectivo''.

Se faculta no sólo a los estados para que deban celebrar convenios con sus municipios, sino también a las entidades federativas con los municipios, con otras entidades federativas, la federación con las entidades federativas, a efecto de que en cualquier caso de asociación y planeación coordinada asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones referidas.

Respecto a la modificación al artículo 122, apartado G, la iniciativa de reformas pretende modificar las relaciones de coordinación institucional que existen en las zonas metropolitanas de que se tiene registro en nuestro país.

Para tal efecto, se propone sustituir a las actuales comisiones metropolitanas, por sus limitaciones y disfuncionalidad política, institucional y administrativa, por entidades metropolitanas; es decir, que sean otras figuras, establecidas en las leyes locales, como entes reguladores, y con base en la experiencia internacional quienes se encarguen de realizar de manera efectiva, transparente, coordinada y puntual, la coordinación para la prestación de servicios.

La presente, se deriva de la serena revisión de los actuales esquemas de coordinación metropolitana, los organismos propuestos fundarán sus acciones en el respaldo legal que ofrece la presente Constitución, superando el inconveniente que presentan las actuales comisiones metropolitanas, en cuanto a la inexistencia de condiciones legales para obligar a cumplir en tiempo y forma, los acuerdos y proyectos metropolitanos firmados por los representantes de los gobiernos integrantes de las diversas zonas metropolitanas.

El propósito es la refundación de las relaciones metropolitanas, la reestructuración propuesta, a partir de las reformas a la constitución, consisten en crear, con la participación del Gobierno Federal, de los Estados y las Entidades Federativas, mediante la firma de convenios, entidades de carácter técnico de planeación y gestión metropolitana o cualquier otra figura jurídica que por otra razón pudiera convenirles.

Además de lo anterior, se agregan rubros temáticos relevantes para el mejor desempeño de las necesidades metropolitanas, como son, la planeación y ordenación del territorio, cuestión importante para un mejor aprovechamiento de sus áreas, el desarrollo económico y social, sin los cuales se vería afectado el desempeño de la sociedad en diversos ámbitos, como la vialidad, pues va de la mano con el transporte.

Se puntualiza también, la realización de convenios, a través de los cuales se darán las pautas a seguir para la eficaz, transparente y correcta planeación, ejecución, desarrollo, operación y administración de la prestación de los servicios públicos.

Dicho de otro modo, con la modificación al artículo de referencia, se faculta para la realización de convenios de asociación, para la gestión y planeación metropolitana, que puedan constituirse en figuras e instituciones jurídicas con la personalidad jurídica que corresponda, a fin de integrar por ejemplo, mancomunidades, consorcios, entidades o el nombre que se les den a estos entes con capacidad para producir resultados y gestionar las soluciones necesarias para desahogar la agenda de coordinación metropolitana entre los firmantes, estableciendo en sus instrumentos de creación su forma de integración, estructura, competencias y funciones, y cuyo resultado será el cumplimiento de los acuerdos en las diversas materias.

En consecuencia, se adjunta el proyecto de decreto para su trámite en término del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las comisiones correspondientes.

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se propone la reforma de las fracciones I y VI del artículo 115; la reforma al artículo 116 fracción VII; y la reforma al artículo 122, apartado G, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado, con excepción de las entidades metropolitanas que con arreglo a las leyes locales tengan como finalidad establecer la planeación y prestación de servicios de manera conjunta.

... ... ... ...

II. a V. ...

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas, los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, deberán planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros y asociarse bajo las figuras jurídicas correspondientes, con apego a las leyes federales y locales de la materia.

VII. a X. ...

Artículo 116. ...

I a VI. ...

VII. La federación y los estados, en los términos de ley, deberán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la coordinación, ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo urbano, económico y social lo haga necesario y así se solicite por el estado respectivo.

Los estados deberán celebrar convenios con sus municipios, a efecto de que éstas asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior, cuando los municipios así lo soliciten con arreglo a las leyes respectivas y así se solicite por el estado respectivo.

Artículo 122.

A. a C. ...

Base 1a. a 5a. ...

D. a F. ...

...

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción Vl de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos, planeación y ordenación del territorio; desarrollo económico y social; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; transporte y vialidad; agua potable y drenaje; y seguridad pública, sus respectivos gobiernos deberán suscribir convenios para la creación de las entidades metropolitanas correspondientes en materia de planeación y prestación de servicios públicos.

En dichos convenios se determinará la forma de integración, estructura, atribuciones y las demás que determinen las partes; para la planeación, ejecución, desarrollo, operación y administración de la prestación de los servicios públicos.

Las entidades serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura, competencias y funciones.

...

H...

Transitorios

Primero:El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico oficial ``Gaceta del Gobierno'' y en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Las entidades metropolitanas, sustituirán a las actuales comisiones, que estarán vigentes hasta la firma de los convenios a que se hace referencia en el primer párrafo Apartado G, del artículo 122 de esta Constitución.

Tercero: Los convenios signados, anteriores a la presente reforma, se regirán por la legislación vigente al momento de su firma.

Cuarto: Las legislaturas de los estados tendrán seis meses contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente reforma, para que realicen las adecuaciones necesarias a sus legislaciones.

Notas:

1 La Asociación Mundial de Grandes Metrópolis establece los criterios en términos poblacionales, considerando una metrópoli como una ciudad que cuenta con más de 1 millón de habitantes.

2 La declaración de la ZMVM del 22/11/05 de los gobiernos del DF y estado de México excluye Tizayuca.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputado Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: : Gracias a usted señor diputado. Se hará como lo ha solicitado yse turnará la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Metropolitano. En tanto se integran dichas Comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Los que suscribimos la presente iniciativa, diputados integrantes de grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable Pleno, la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo y adiciona dos numerales al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con los siguientes antecedentes:

Primero. El 7 de noviembre de 1977 se aprobó la reforma del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual adicionó un último párrafo que señala: El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Cabe señalar que además de esta modificación al artículo 6o también se propusieron modificaciones a otros dieciséis artículos constitucionales, los cuales inferían la reforma política y al régimen electoral del gobierno de José López Portillo, que tendía a promover el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y como complemento, a la libertad de expresión.

Segundo. La palabra garantía, proviene del francés ``garant'', entre sus acepciones se encuentra: Efecto de afianzar lo estipulado y según el diccionario de la Real Academia Española, cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad.

En efecto, puede decirse que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna; esto es, la acción constitucional de amparo.

Tercero. El 16 de agosto de 1990, entró en vigor el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual abrogó el anterior Código Federal Electoral de 1987, comprendida en el nuevo cuerpo jurídico, la disposición referente a la destrucción del material electoral, una vez concluido el proceso electoral.

Cuarto. El 11 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya finalidad consiste en proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.

La existencia de un régimen democrático garantiza la traducción de los derechos humanos en derechos fundamentales. Al hablar de derecho a la información, es hablar necesariamente de un régimen democrático que aporta garantías suficientes para la realización del Estado de derecho. La existencia de un verdadero derecho a la información, enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática, para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país.

El acceso a la información no puede concebirse como el ejercicio de una libertad aislada ni como el medio al servicio de una ideología, sino como un medio de desarrollo político y social, como una fuerza aseguradora de la interrelación de las leyes, de cambio social y el cambio de las leyes que exige nuestra sociedad.

En mérito de lo expuesto y por disposición constitucional, el quehacer público y la información que obra en manos de los gobernantes, estarán de manera permanente bajo el escrutinio ciudadano, teniendo como única limitación la integridad y seguridad de la nación o de las personas. El acceso a la información tiene como objetivos:

Promover lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.

Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados, la que éstos tengan bajo su resguardo con motivo de su actividad.

Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de sus gobernantes.

Mejorar la organización, clasificación, modernización y manejo de las fuentes de información y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

Las instituciones políticas como el Congreso de la Unión y el Instituto Federal Electoral, cuya carga fiscal es enorme para la población, tienen la obligación fundamental de corresponder al encargo ciudadano de defender y garantizar los derechos de todos.

El Instituto Federal Electoral, autoridad administrativa en la materia, garante del resguardo y de la inviolabilidad de los expedientes de la jornada electoral, tiene la obligación de dotar de certeza, antes, durante y después del proceso electoral, mediante la publicación de éstos a los ciudadanos; ya sea para tareas de investigación simplemente o para conocer la verdad histórica de un acontecimiento de trascendencia como lo son las elecciones constituciones federales.

Es indispensable que el Instituto Federal Electoral cuente con un acervo histórico, para lo cual cuenta con la estructura necesaria como lo dispone la fracción III, segundo párrafo del artículo 41 del texto supremo y que mediante el uso de los medios tecnológicos procese la información para facilitar el acceso a la documentación y/o fuentes de información a las que dispone el Instituto.

Las recientes peticiones de información y acceso a la información y acceso a los expedientes electorales que resguarda el Instituto como resultado del proceso electoral pasado, no son un asunto menor, la necesidad de los ciudadanos, de académicos o periodistas, de conocer de manera directa la información de un acontecimiento, no es otra cosa sino la necesidad de un país por conocer la verdad histórica.

Acontecimientos como la cantidad de muertos y desaparecidos en el Movimiento Estudiantil de 68, las desapariciones forzadas por la guerra sucia en los setenta, el fraude electoral de 1988, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal o el Fobaproa. La autoridad evade de manera reiterada su obligación de informar, impidiendo el conocimiento de una parte del nuestra historia elemental para el desarrollo democrático.

Para ilustrar parte de la motivación de la presente iniciativa, se cita la elección presidencial de Estados Unidos del año 2004, la cual fue tan cerrada y complicada como nuestro reciente proceso electoral. En aquella ocasión las votaciones más cerradas se presentaron en los estados de Ohio y Florida y pese a la resolución del Senado norteamericano sobre el proceso, la ciudadanía exigió el acceso a las boletas electorales para ejercer su derecho humano fundamental de ser informado.

Gracias a la participación de la ciudadanía, la autoridad reconoció la obligación de transparentar sus acciones permitiendo en el primer caso, mantener los expedientes electorales en existencia y abiertos al público y en el segundo, se retrasó dos años la destrucción de dicho material electoral con la finalidad de practicar estudios e investigaciones sobre dichas elecciones.

En síntesis, consideramos de gran valía que el marco normativo electoral en materia de conservación de los expedientes electorales guarde congruencia con el marco vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que es uno de los grandes avances democráticos que ha conquistado el pueblo mexicano, materializando el mandato constitucional como un derecho humano inalienable.

La presente iniciativa es tan sólo el inicio de una reforma más profunda, de trascendencia, la del Estado, la cual garantice para el pueblo de México justicia, equidad y desa-rrollo social, pues existe la necesidad y la obligación de reconstruir las instituciones de la patria, evidenciando su servilismo y corrupción en el ilegítimo proceso electoral.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente.

Único. Se reforma el párrafo segundo y se adicionan dos numerales al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual y por práctica parlamentaria solicitamos se transcriba íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe la presente iniciativa, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo y adiciona dos párrafos al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 7 de noviembre de 1977 se aprobó la reforma del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual adicionó un último párrafo que señala: ``... El derecho a la información será garantizado por el Estado.''

Cabe señalar que además de esta modificación al artículo sexto, también se propusieron modificaciones a otros 16 artículos constitucionales, los cuales inferían la reforma política y al régimen electoral del gobierno de José López Portillo, que tendía a promover el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y como complemento a la libertad de expresión.

Segundo. La palabra garantía proviene del francés garant, entre sus acepciones se encuentra ``efecto de afianzar lo estipulado'' y según el diccionario de la Real Academia Española ``cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad.''

En efecto, puede decirse que las garantías individuales son ``derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo.''

Tercero. El 16 de agosto de 1990 entró en vigor el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el cual abrogó el anterior Código Federal Electoral de 1987, comprendida en el nuevo cuerpo jurídico la disposición referente a la destrucción del material electoral una vez concluido el proceso electoral.

Cuarto. El 11 de junio de 2002 fue publicada --en el Diario Oficial de la Federación-- la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya finalidad consiste en proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Exposición de Motivos

La existencia de un régimen democrático garantiza la traducción de los derechos humanos en derechos fundamentales.

Al hablar del derecho a la información es hablar necesariamente de un régimen democrático que aporta garantías suficientes para la realización del estado de derecho.

La existencia de un verdadero derecho a la información enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática, para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país.

El acceso a la información no puede concebirse como el ejercicio de una libertad aislada, ni como medio al servicio de una ideología, sino como un medio de desarrollo político y social; como una fuerza aseguradora de la interrelación de las leyes de cambio social y el cambio de las leyes que exige nuestra sociedad.

En momentos de difícil panorama es preciso citar a lo grandes maestros como Norberto Bobbio, quien señaló, basándose en Kant, la regla de la publicidad del actuar público:

``La democracia nació con la esperanza de proscribir para siempre de la historia humana el poder invisible y dar vida a un gobierno cuyas acciones deberían ser realizadas en público, a la vista de todos (...) En mi opinión quien ha dado la justificación más convincente de la necesidad moral del gobierno público fue Kant, que definió como concepto trascendental del derecho público el siguiente principio: Todas las acciones relativas al derecho de los demás hombres cuya máxima no sea susceptible de publicidad son injustas.''

En mérito de lo expuesto, y por disposición constitucional, el quehacer público y la información que obre en manos de los gobernantes, estarán de manera permanente bajo el escrutinio ciudadano, teniendo como única limitación la integridad y seguridad de la nación o de las personas.

El Acceso a la información tiene como objetivos:

A) Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos,

B) Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados o la que estos tengan bajo su resguardo con motivo de su actividad,

C) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de sus gobernantes,

D) Mejorar la organización, clasificación, modernización y manejo de las fuentes de información, y

E) Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.

Las instituciones políticas, como el Congreso de la Unión y el Instituto Federal Electoral, cuya carga fiscal es enorme para población, tienen la obligación fundamental de corresponder al encargo ciudadano de defender y garantizar los derechos de todos.

El Instituto Federal Electoral, autoridad administrativa en la materia, garante del resguardo y de la inviolabilidad de los expedientes de la jornada electoral, tiene la obligación de dotar de certeza, antes, durante y después del proceso electoral, mediante la publicidad de éstos a los ciudadanos, ya sea para tareas de investigación simplemente para conocer la verdad histórica de un acontecimiento de trascendencia, como lo son las elecciones constitucionales federales.

Es indispensable que el Instituto Federal Electoral cuente con un acervo histórico; para lo cual cuenta con la estructura necesaria como los dispone la fracción III, segundo párrafo del artículo 41 del texto supremo, y que mediante el uso de los medios tecnológicos procese la información para facilitar el acceso a la documentación y fuentes de información de las que dispone el instituto.

Las recientes peticiones de información y acceso a los expedientes electorales que resguarda el instituto como resultado del proceso electoral pasado, no son un asunto menor; la necesidad de los ciudadanos, de académicos o periodistas, de conocer de manera directa la información de un acontecimiento, no es otra cosa sino la necesidad de un país por conocer la verdad histórica.

Acontecimientos como la cantidad de muertos y desaparecidos en el movimiento estudiantil de 1968, las desapariciones forzadas por la guerra sucia de los años setenta, el fraude electoral de 1988, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, o el Fobaproa, la autoridad evade de manera reiterada su obligación de informar, impidiendo el conocimiento de una parte de nuestra historia, elemental para el desarrollo democrático.

Para ilustrar parte de la motivación de la presente iniciativa, se cita la elección presidencial de Estados Unidos del año 2004, la cual fue tan cerrada y complicada como nuestro reciente proceso electoral, en aquella ocasión las votaciones más cerradas se presentaron en los estados Ohio y Florida, y pese a la resolución del Senado norteamericano sobre el proceso, la ciudadanía exigió el acceso a las boletas electorales para ejercer su derecho humano fundamental de ser informado.

Gracias a la participación de la ciudadanía, la autoridad reconoció la obligación de transparentar sus acciones, permitiendo, en el primer caso, mantener los expedientes electorales en existencia y abiertos al público, en el segundo se retraso dos años la destrucción de dicho material electoral con la finalidad de practicar estudios e investigaciones sobre dichas elecciones.

En síntesis, consideramos de gran valía que el marco normativo electoral en materia de conservación de los expedientes electorales, guarde congruencia con el marco vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que es uno de los grandes avances democráticos que ha conquistado el pueblo de México, materializando el mandato constitucional como un derecho humano inalienable.

La presente iniciativa es tan sólo un inicio de la reforma más profunda, de trascendencia, la del Estado, la cual garantice, para el pueblo de México, justicia, equidad y desarrollo social, pues existe la necesidad y la obligación de reconstruir las instituciones de la patria, evidenciado su servilismo y corrupción en el ilegítimo proceso electoral 2006.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente:

Único. Se reforma el párrafo segundo y se adicionan dos numerales al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se propone quede de la siguiente manera:

Artículo 254.

1. ...

2. Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 de este código (Cofipe) hasta la conclusión del proceso electoral. Al día siguiente de concluido el proceso electoral, los paquetes electorales que contengan la documentación señalada serán considerados públicos, y concentrados, dentro de los sesenta días siguientes, en la Junta Local de la entidad que corresponda para su consulta en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debiendo conservarse por un término de cinco años, contados a partir del vencimiento del plazo referido.

3. El Instituto Federal Electoral deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la alteración de la documentación señalada en el párrafo anterior en las Consejos Distritales, en el proceso de traslado a las Juntas Locales así como en las consultas que los ciudadanos realicen.

4. Al año siguiente de la puesta a disposición del público de la documentación referida en el numeral segundo del presente artículo, el Instituto Federal Electoral, a través de sus órganos técnicos iniciará el proceso de compilación electrónica el cual deberá concluir en un plazo no mayor de dos años, con la finalidad de conservar permanentemente estos archivos electrónicos bajo condiciones de acceso a la ciudadanía que dispone la ley de la materia.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los plazos de aplicación de las presentes reformas para el proceso electoral constitucional federal del año 2006 comenzarán a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integra dicha Comisión.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy:Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su correlativo artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma la fracción IV del artículo74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En términos de nuestra Carta Magna, el Presupuesto de Egresos es el instrumento exigido al Estado para la organización de las funciones encomendadas a todos los órganos que lo integran, los que sólo pueden operar y asumir sus responsabilidades que tienen asignadas cuando cuentan con recursos financieros suficientes a su disposición.

El Presupuesto de Egresos es el principal instrumento de distribución del ingreso; a través de su ejercicio se concretan planes y programas, permitiendo que el gasto programable cumpla con su función distributiva en favor de grupos de menores ingresos e impulsa el crecimiento económico a través de la inversión, elemento fundamental de la hacienda pública, cuyo monto y destino se relaciona de manera esencial con la descentralización política, debido a que entraña la atención de las competencias político-administrativas y responsabilidades constitucionales de los diferentes ámbitos de gobierno.

La gestión del gasto público mediante el Presupuesto multianual del gobierno federal, así como la que en su oportunidad se establezca en los demás ámbitos de gobierno, incluso más allá de los periodos constitucionales, permitirá que éste se aplique con mayor eficiencia y eficacia a través de un enfoque de resultados y la implementación de mecanismos que transparenten su ejercicio, contribuyendo a una mejora en la rendición de cuentas, a la evaluación del desempeño del gobierno y el fortalecimiento del federalismo presupuestario, al otorgar certidumbre en la definición de los montos y características de los recursos a transferir por parte del gobierno federal.

La aplicación de un Presupuesto multianual contribuirá a la reducción del incremento del gasto público corriente por debajo del crecimiento de los ingresos, permitiendo al gobierno aumentar su disponibilidad con el propósito de satisfacer las demandas de la ciudadanía, fundamentalmente en la obra social y aquellas de gran visión cuyo monto y magnitud escapan a las posibilidades del actual sistema de administración pública.

El esquema de Presupuesto multianual enfatiza a mediano y largo plazos las necesidades de gasto que reflejan de manera más completa la posición financiera del sector público, toda vez que incluyen obligaciones no consideradas en el balance tradicional y permiten evaluar de manera más precisa la presión del sector público sobre la oferta de crédito en los mercados financieros.

Un marco multianual como eje de acción para la autoridad fiscal permite a los agentes económicos contar con instrumentos de información que den certidumbre respecto a la evolución de la política económica del gobierno en respuesta a los requerimientos de una sociedad que exige soluciones más allá de propuestas a corto plazo, que pronto se ven rebasadas por el crecimiento dinámico de la población. Representa un esquema en el que se especifican claramente las metas y objetivos, y como instrumento de comunicación y compromiso de gobierno, ya que provee un marco de referencia para evaluar su desempeño, en función de los planteamientos de una población más dinámica, demandante y participativa.

Las propuestas de reformas constitucionales que habremos de presentar ante esta soberanía sobre los artículos 73, fracción XVII, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, guardan estrecha relación con la presente iniciativa, en virtud de que a partir de los principios de equidad, proporcionalidad y justicia, impulsan la redistribución de atribuciones entre los diversos ámbitos de Gobierno, propiciando en concordancia el mismo efecto respecto del gasto público programable, que atienda preferentemente el incremento sustancial del gasto de inversión.

Esta LX Legislatura, en su quehacer legislativo, consciente de su alto compromiso social, atenta a las demandas de una población que exige de sus representantes el instrumento normativo que defina las responsabilidades y obligaciones del gobierno, tiene en nuestros tiempos la privilegiada oportunidad de impulsar ante la tribuna más alta de la nación las propuestas de adecuación a nuestra Carta Magna, mismas que habrán de traducirse en más y mejores oportunidades de desarrollo para los habitantes de la dinámica población de los diversos rincones de nuestra patria.

Lo anterior a partir de la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la aprobación de un Presupuesto multianual para obras y acciones, cuyo monto y ejecución requiere de un sistema de planeación y programación, incluso más allá del ejercicio del periodo constitucional del gobierno federal.

La iniciativa de reforma encuentra sustento en las facultades previstas en el propio artículo 74 constitucional, exclusivas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; al establecer en la propia fracción IV examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De ser aprobada en sus términos la reforma propuesta, permitirá al gobierno federal realizar la calendarización programática del Presupuesto para su ejercicio, más allá incluso del periodo constitucional de la administración pública, propiciando la distribución del gasto público acorde a las atribuciones, concurrencia y coordinación de facultades y obligaciones entre los diversos ámbitos de gobierno.

Se adjunta el proyecto de decreto siguiente.

Por lo tanto, señor Presidente, le suplico de la manera más atenta dé usted el turno necesario y correcto a esta iniciativa, no sin antes agradecerle su atención, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en esta LX Legislatura.

Proyecto de decreto

Artículo Único.Se reforma el párrafo primero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 74....

I. a III. ...

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y un Presupuesto de Egresos Multianual para Obras y Acciones,discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

...

...

...

...

...

...

V. a VIII. ...

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputado Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica).»

Señora Presidenta, mucho agradeceré turnar esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado.Túrnese a las comisiones que ha solicitado el señor diputado y consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones mencionadas.

ARTICULOS 52, 53 Y 54 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda:Con su permiso, diputada Presidenta. Cuando salí a campaña le pregunté a quienes me escucharon: ¿Denme nombres de diputados federales que estén trabajando por la nación? Lamentablemente muchos de ellos se quedaron callados, no conocen a muchos de los diputados federales que han estado en las Legislaturas. El 2 de julio millones de mexicanos salieron a votar y lo hicieron mayoritariamente por 300 diputados que hoy estamos aquí, pero nadie votó por 200 que también hoy son parte de esta Legislatura.

Hago alusión a la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Siete miembros de esta honorable Cámara son representantes populares, pero solamente uno de ellos fue electo por mayoría. Los grupos parlamentarios los encabezan ocho representantes populares en la Legislatura; solamente uno es de mayoría.

Ante esta condición me permito presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del PRI, por acuerdo de la fracción priísta de Hidalgo.

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3, y 40 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La actual conformación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión es la principal manifestación de una necesidad del pueblo mexicano por alcanzar la optimización de sus fines en un sentido plural y democrático. Es por ello, que nuestro sistema político nacional requiere de una mayor participación de todas las corrientes políticas que imperan en el país a efecto de consolidar los avances de un pueblo civilizado y congruente con las necesidades de un país desarrollado y equitativo en un entorno político, social y económico.

La representación proporcional se creó en un principio con el fin de abrir espacios legislativos a las minorías del país, pero además, como una posibilidad para que los partidos políticos proyecten al espacio parlamentario a sus elementos más calificados.

Al establecer dentro de nuestro sistema democrático la figura de la representación proporcional se pretendía que ese sector de la población que a través de su voto no logran colocar a sus representantes populares en el Congreso, no se viera excluido del sistema político nacional; es decir, este mecanismo pretendía establecer un órgano legislativo plural e incluyente que sume todas las voluntades; además, ...que exprese y lleve a la práctica las necesidades de la gran mayoría del pueblo mexicano, dentro de un verdadero ejercicio de democracia y soberanía.

Resulta conveniente que se depure la vida democrática dentro de los partidos políticos, a efecto de que la representación directa en un sentido popular y democrático de cada partido sea la que determine quiénes deben integrar ese listado. Con esto se evitaría que en los escaños de mayor relevancia, en las presidencias de las comisiones de trabajo, o en la Junta de Coordinación Política, la integración de las mismas no se compongan a partir de decisiones cupulares, que limitan completamente el interés de los representados.

Ahora bien, las listas plurinominales, en la conformación de la representación nacional en el Congreso, constituye un porcentaje importante del total de las Cámaras, con el 40 por ciento. Dicho porcentaje fácilmente puede ser reducido a la mitad, conservando la representación directa de los 300 distritos uninominales, pues no se trastocan en un efecto contundente las decisiones de los representados, sino las decisiones de los partidos.

Además, una reducción del máximo de diputados por partido permitiría una congruente representación evitando que los partidos más importantes sobrepasen por mucho los intereses de las mayorías; es decir, debe privilegiarse el voto de las minorías a través de un mecanismo para inhibir la sobrerrepresentación. Cada vez son más fuertes las demandas populares en la disminución del gasto en la burocracia y al financiamiento a los partidos, pues en un afán objetivo, hay que reconocer que es un elemento de real importancia, por desgracia es un asunto que visto por parte de un integrante del órgano parlamentario no tiene congruencia y se podría justificar aseverando que existe ignorancia en las declaraciones.

Si bien esa reducción en el número de diputados y senadores no representara un ahorro sustancial en el gasto del erario público, no sólo ayudará a quitar la mala impresión que tiene la ciudadanía de nuestra labor; además de la eliminación de 100 diputados de representación proporcional será significativo en cuanto a la productividad legislativa, que es realmente lo que reclama airadamente la mayoría del pueblo.

Con esta reforma se busca que las minorías puedan alcanzar la representación en un clima democrático, equitativo y congruente, que a todas las voces del país le hace falta.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, párrafo segundo, y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto. Único. Se reforman los artículos 52, 53, párrafo segundo, y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 52. ``La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales''.

Artículo 53, segundo párrafo: ``Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones''.

Artículo 54. ``La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley''.

Quiero solicitarle, diputada Presidenta, se hagan las correcciones a la Gaceta Parlamentaria de acuerdo a mi lectura y se turne a la comisión correspondiente, reconociendo lo siguiente:

Es preciso mencionar que siempre hay y han existido diputados plurinominales que destacan por su capacidad y por su liderazgo, pero son muchos. Sólo deben llegar los mejores. A los demás, nos elige el pueblo. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3, y 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actual formación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión es la principal manifestación de una necesidad del pueblo mexicano por alcanzar la optimización de sus fines en un sentido plural y democrático. Es por ello que nuestro sistema político nacional requiere de una mayor participación de todas las corrientes políticas que imperan en el país a efecto de consolidar los avances de un pueblo civilizado y congruente con las necesidades de un país desarrollado y equitativo en un entorno político, social y económico.

La representación proporcional se creó en un principio con el fin de abrir espacios legislativos a las minorías del país, pero además, como una posibilidad para que los partidos políticos proyecten al espacio parlamentario a sus elementos más calificados.

Al establecer dentro de nuestro sistema democrático la figura de la representación proporcional se pretendía que ese sector de la población que, a través de su voto no logran colocar a sus representantes populares en el Congreso, no se viera excluido del sistema político nacional; es decir, este mecanismo pretendía establecer un órgano legislativo plural e incluyente que sume todas las voluntades; además, que exprese y lleve a la práctica las necesidades de la gran mayoría del pueblo mexicano, dentro de un verdadero ejercicio de democracia y soberanía.

Resulta conveniente que se depure la vida democrática dentro de los partidos políticos, a efecto de que la representación directa en un sentido popular y democrático de cada partido, sea la que determine quiénes deben integrar ese listado. Con esto se evitaría que en los escaños de mayor relevancia, en las presidencias de las comisiones de trabajo, o en la Junta de Coordinación Política, la integración de las mismas se compongan a partir de decisiones cupulares, que limitan completamente el interés de los representados.

Ahora bien, las listas plurinominales, en la conformación de la representación nacional en el Congreso, constituyen un porcentaje importante del total de las Cámaras, con 40 por ciento. Dicho porcentaje fácilmente puede ser reducido a la mitad, conservando la representación directa de los 300 distritos uninominales, pues no se trastoca en un efecto contundente las decisiones de los representados, sino las decisiones de los partidos.

Además, una reducción del máximo de diputados por partido permitiría una congruente representación, evitando que los partidos más importantes sobrepasen por mucho los intereses de las mayorías, es decir, debe privilegiarse el voto de las minorías a través de un mecanismo para inhibir la sobre representación.

Cada vez son más fuertes las demandas populares en la disminución del gasto en la burocracia y el financiamiento de los partidos, pues en un afán objetivo hay que reconocer que es un elemento de real importancia, por desgracia es un asunto que visto por parte de un integrante del órgano parlamentario no tiene congruencia y se podría justificar aseverando que existe ignorancia en las declaraciones.

Si bien esa reducción del número de diputados y de senadores no representara un ahorro sustancial en el gasto del erario público, no sólo ayudará a quitar la mala impresión que tiene la ciudadanía de nuestra labor; además la eliminación de 100 diputados de representación proporcional será significativo en cuanto a productividad legislativa; que es realmente lo que reclaman airadamente la mayoría del pueblo.

Con esta reforma se busca que las minorías puedan alcanzar la representación en un clima democrático, equitativo y congruente, que permita la construcción de acuerdos y contemple a todas las voces del país le hace falta.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 52, 53, párrafo segundo, y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 52, 53, párrafo segundo, y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. ...

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley.

I...

II...

III...

IV...

V...

Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Atiéndase la petición de inserción en la Gaceta y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integra dicha Comisión.

ARTICULOS 73, 75, 90, 123 Y 127 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 75, 90, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros. Una de las instituciones más desprestigiadas de México, es la Cámara de Diputados y la figura del diputado y hay muchas razones para ello: Desde el funcionamiento del sistema de medios de comunicación, desde la falta de una reforma que permita que este Congreso sea más útil al pueblo de México, el comportamiento de compañeras y compañeros; en fin, hay muchas razones que explican la baja estima con que el pueblo de México nos ve.

Una de las razones también es la percepción de que las remuneraciones de los servidores públicos es muy alta, pero eso no es un asunto exclusivo de los legisladores. En México tenemos una administración pública extremadamente pesada para las finanzas públicas.

El CIDE hizo un estudio y nos indica que los salarios de los servidores públicos de alto nivel en México, ocupan el segundo lugar en remuneración y eso no refleja el nivel de nuestra economía y es, a mi juicio, un verdadero insulto a la mayor parte de los mexicanos que tienen problemas de ingresos personales y familiares.

Por esa razón, nosotros que estamos iniciando, debemos hacer esfuerzos por ir generando un cambio en esa opinión pública tan negativa de los políticos y de la política. La iniciativa que presento hoy tiene ese objeto, facultar al Congreso de la Unión para determinar los salarios de los servidores públicos desde el nivel federal hasta el municipal, porque los abusos en las remuneraciones no están solamente ni principalmente en el Poder Legislativo o en el Ejecutivo federal, también están en el Judicial, y también están en los ayuntamientos.

Cuántos no hemos visto con escándalo, las remuneraciones exageradísimas de presidentes municipales y de regidores. Tenemos que resolver eso ya, antes de que se nos pase el tiempo porque, compañeras y compañeros, en la Legislatura se pasa muy rápido el tiempo. Muy pronto vamos a estar en nuestro tercer año y nos vamos a arrepentir de no haber resuelto cosas tan simples pero tan importantes como es este tema.

Por esa razón, la iniciativa que presento, en muy concretas palabras, se dirige a darle facultades al Congreso para que establezca las remuneraciones. Plantea que el salario mayor sea el del Presidente de la República y sea de 80 salarios mínimos. Y de ahí para abajo.

También por otra parte, y lo menciono muy rápidamente, le damos respaldo constitucional a un avance que ya se dio en la ley en la Legislatura anterior y que es la Ley de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Ya está la ley, ya está aplicándose, pero eso no tiene respaldo constitucional y cualquier día una mayoría simple puede eliminar algo que es muy valioso para la administración pública en México, la profesionalización. Por esa razón, hacemos la propuesta de que se modifique la Constitución para darle respaldo a ese avance que ya se dio a nivel de ley en la Legislatura anterior.

Compañeras y compañeros, algunos han dicho que al PRD lo van a rebasar por la izquierda. Yo les digo que aquí está ya un elemento para que lo hagan. Vamos con esta propuesta a cumplir un compromiso que tenemos con nuestros electores, porque fue un discurso reiterado de todos los candidatos de la Coalición por el Bien de Todos, disminuir los ingresos de todos los servidores públicos.

Aquí está ya la propuesta. Ojalá que pronto veamos que nos rebasan por la izquierda y que sea una votación unánime. Vamos a ponerle un límite a las remuneraciones excesivas, a los abusos que ya son inaceptables para la mayor parte del pueblo de México.

Señora Presidenta, como ya se observó, no leí la iniciativa. Está publicada en la Gaceta. Le ruego que sea tan amable de ordenar su inserción íntegra en el Diario de los Debates del día de hoy. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 75, 90, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Señoras diputadas, señores diputados. Una de las aspiraciones más sentidas de los ciudadanos de nuestra República es someter a los altos funcionarios de la federación, de la mayoría de los estados y de ciertos municipios, a criterios de auténtica austeridad republicana. Todos hemos asistido al poco edificante espectáculo que ofrecen los altísimos salarios y jugosas prestaciones de muchos servidores públicos. Los ejemplos quizá más reprobables son los de ciertos munícipes, que tienen salarios varias veces superiores al del propio Presidente de la República, cuyo salario es de suyo bastante elevado, incluso en términos internacionales. Baste recordar que, de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los altos funcionarios de la administración pública federal mexicana es la segunda mejor pagada del mundo, lo cual resulta a todas luces inaceptable, en consideración de las desigualdades económicas y salariales que privan entre los mexicanos.

Los principales objetos de la iniciativa que presentamos son: 1) facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de remuneraciones de los servidores públicos en los niveles federal, estatal y municipal; 2) establecer constitucionalmente el servicio profesional de carrera de la administración pública federal centralizada; 3) sujetar los salarios de los servidores públicos al límite máximo del salario del Presidente de la República, y éste, a su vez, a un monto máximo equivalente a ochenta veces el salario mínimo general aplicable en la capital de la República.

Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 75, 90, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones y régimen laboral de los servidores públicos

Primero. Se reforma y adiciona la fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo. 73. El Congreso tiene facultad:

I. ...

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, para aprobar, rechazar o modificar, los catálogos de puestos de la administración pública federal centralizada que le remita el titular del Poder Ejecutivo federal, así como para expedir la ley que establezca las disposiciones a las que deberán sujetarse las remuneraciones de los servidores públicos de los ámbitos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.

XII. a XXX.''

Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere fijado en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo, en los términos del artículo 127 de esta Constitución, así como de la ley en la materia.''

Tercero. Se adiciona el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades para estatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación. La ley establecerá el servicio profesional de carrera de la administración pública federal centralizada, la cual fijará las condiciones de ingreso, permanencia, promoción, capacitación, separación y retiro de sus miembros, bajo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, honradez, lealtad, probidad, profesionalismo, imparcialidad, neutralidad política y rendición de cuentas. El órgano rector del servicio contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

...''

Se reforma y adiciona la fracción XIV del apartado B. del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 123.

A. ...

B. ...

XIV. La Ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Los miembros del servicio profesional de carrera de la administración pública federal centralizada tendrán igualmente derecho a la estabilidad en el cargo, así como a otras prestaciones, en los términos que señale la ley en la materia.''

Cuarto. Se adicionan dos párrafos al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 127. ...

Los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los diputados locales y los demás servidores públicos de las administraciones estatales, municipales y delegacionales recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, de conformidad con los señalado en el presente artículo, así como en la ley en la materia.

Ninguna de las remuneraciones a las que se refieren los párrafos anteriores podrá ser superior a la señalada para el titular del Poder Ejecutivo federal; ésta, a su vez, no podrá ser superior en más de ochenta veces al salario mínimo general aplicable en la capital de la República. Ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para su superior jerárquico inmediato. La remuneración comprende la totalidad de las percepciones que un servidor público reciba por su desempeño.''

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted señor diputado. Atiéndase la petición del diputado para la inserción íntegra del texto y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y, en tanto se integra dicha Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Pasamos al apartado en el orden del día, de proposiciones. Tiene el uso de la palabra el diputado José Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que se instrumenten acciones con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada, la ola de violencia y las ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia señora Presidenta. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticacon fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a tenor de las siguientes consideraciones:

De conformidad al análisis inserto en la página web de la Procuraduría General de la República, esta instancia concluye que, cuando en el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento o cuando establece líneas especiales de operación, basadas en un sistema complejo similar al empresarial bien estructurado en su comisión, o cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder ya sea económico, social o gubernamental, es cuando podemos afirmar, sin lugar a dudas, que nos encontramos frente a un caso de delincuencia organizada.

Dicha conclusión sustenta la definición adoptada por la ley en la materia, la cual califica el actuar de la delincuencia organizada como de tipo penal básico y de conformidad a lo estipulado por el artículo 2o., prevé como tipos penalmente relevantes las siguientes acciones: La acreditación de un acuerdo entre los integrantes del grupo delictivo a efecto de organizarse, con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como de delincuencia organizada o la acreditación de la integración del grupo delictivo que obedece a una organización, cuyo objetivo estriba en la comisión de manera permanente o reiterada de conductas que, unidas o separadas, tengan como finalidad o resultado, cometer algunos de los delitos que se consideran como de delincuencia organizada.

En este contexto, se señala al terrorismo, a los delitos contra la salud, a los delitos de operación económica efectuada con recursos de procedencia ilícita, al acopio y tráfico de armas, al tráfico de indocumentados, de menores, y su consecuencia: al turismo sexual; para facilitar la condenable pederastia, al tráfico de órganos, secuestros, asaltos y robo de vehículos, como manifestaciones de este terrible fenómeno que aqueja a la sociedad mexicana.

Sustentados en los datos que sobre la delincuencia organizada ha hecho públicos la Procuraduría, correspondientes al lapso del primero de diciembre al ocho de febrero de este año, se han detenido a 15 capos, 51 cerebros financieros, 340 lugartenientes, 189 sicarios, sin embargo, y coincidiendo con el fondo de la advertencia emitida el pasado día 14 por el representante de los Estados Unidos de Norteamérica, la ola de violencia y su alto grado de sadismo no ha disminuido, por el contrario, tan sólo para confirmar lo dicho, baste recordar el patético y sádico suceso registrado el pasado seis de septiembre en el municipio de Uruapan, Michoacán, en donde, de acuerdo con las diversas versiones periodísticas, un comando armado irrumpió en un centro nocturno y tras amagar a la concurrencia, arrojó cinco cabezas de personas ejecutadas, junto a las cuales se colocó una cartulina con la amenaza de que la ola de violencia continuará sin descanso.

Tan sólo en Michoacán se han registrado 201 ejecuciones. Asimismo la guerra del narco en el primer semestre ha arrojado 400 homicidios en Guerrero, 302 muertes violentas en Sinaloa, 212 en Baja California, 154 en Tamaulipas, 35 en Nuevo León y en total se suman mil 407 asesinatos hasta fines de agosto del presente año.

Ante la gravedad de este flagelo, es evidente que legisladoras y legisladores, sin distingo alguno, fortalezcamos la exigencia de nuestros representados, a efecto de garantizar la seguridad de nuestra gente y de nuestras entidades.

Por ello nos prometemos someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de urgente u obvia resolución.

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia y a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal y en coordinación y concurrencia con las instancias estatales correspondientes, se instrumenten las acciones pertinentes a fin de prevenir y combatir a la delincuencia organizada, a efecto de frenar la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.

De igual forma se exhorta a las dependencias federales señaladas, informen en un plazo de 30 días naturales, sobre los programas, los mecanismos de coordinación y las acciones desplegadas durante el lapso propuesto, para combatir a la delincuencia organizada. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emprender las acciones pertinentes, a través del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones ``Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia 'común' llega a tal extremo de 'evolución' o 'perfeccionamiento'; cuando rebasa los límites de control gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.''

``El delito de delincuencia organizada es un tipo penal básico, autónomo, previsto en el artículo 2º. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en él se prevén como comportamientos penalmente relevantes a) acordar organizarse con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como de delincuencia organizada, y b) formar un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada conductas que unidas o separadas tengan como finalidad o resultado cometer alguno de los delitos que se consideran como de delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores, y robo de vehículos, son las manifestaciones de este terrible fenómeno que aqueja a la sociedad mexicana entera''.1

De acuerdo con los datos sobre delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República del 1 de diciembre de 2000 al 8 de febrero de 2006, se ha detenido a 15 líderes de diversas organizaciones delictivas, 51 cabezas financieras, 340 lugartenientes y 189 sicarios. Sin embargo, la ola de violencia y su alto grado de sadismo no ha disminuido; por el contrario, estados de la República como Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Sinaloa y muchos otros, son víctimas de la delincuencia organizada, que no tiene descanso ningún día de la semana de estos últimos seis años.

Tan sólo para confirmar lo dicho, el pasado miércoles 6 de septiembre de 2006, en el municipio de Uruapan, Michoacán, y de acuerdo con diversas revelaciones periodísticas, un comando armado irrumpió en un centro nocturno y, tras amagar a las personas que ahí se encontraban y hacer disparos al techo, arrojó en la pista de baile cinco cabezas humanas, junto a las cuales colocaron una cartulina con mensajes que señalan que la ola de violencia continuará sin descanso. Con este tipo de ejecuciones, suman 13 las personas decapitadas en lo que va del año tan sólo en este estado.

Hechos similares recientes los encontramos en el estado de Nuevo León, con el ajusticiamiento de un funcionario público y, en el Estado de México, de un magistrado.

La inseguridad pública, específicamente en su modalidad de delincuencia organizada, es una preocupación mayúscula de todas las entidades federativas de la República Mexicana. Su combate es urgente porque esto es un asunto de seguridad nacional cuya solución se ha ido postergando.

Los legisladores y legisladoras, sin distingo alguno, no podemos y no debemos soslayar una necesidad primordial para garantizar la seguridad de los estados y de su gente.

Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, instrumenten las acciones pertinentes a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.

Asimismo, se exhorta a dichas dependencia a informar en un plazo de 30 días naturales, sobre los programas y acciones desarrolladas para el combate a la delincuencia organizada.

Nota:

1 Véase, Procuraduría General de la República en línea: http://www.pgr.gob.mx/index.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil seis.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa ---considerando los presentes, ya que hay mucha ausencia en toda la sala--- los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, no hay mayoría. No hay dos terceras partes, señoras y señores diputados, no hay.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.El diputado Francisco Santos Arreola(desde la curul): Que se cuenten. A petición de un diputado se puede contar. Pido a la Presidencia que se cuenten.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ya se votó.

PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar se investiguen presuntos actos de corrupción en Pemex, Exploración y Producción, en Poza Rica, Veracruz.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Señora Presidenta. Compañeros diputados, tranquilos. Se trata de un procedimiento parlamentario al que tiene derecho todo mundo. Ya estamos en el tema, señores diputados. Miren, les voy a pedir un favor. Tranquilidad y paciencia, diputados, tranquilidad y paciencia y eso lo decide solamente la Presidenta, ustedes nada más están para votar. Tranquilos.

Señora Presidenta, ¿voy a mi punto o se va rectificar la ...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Refiérase a su punto por favor.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señora Presidenta. Como la Presidenta ha determinado, me voy a referir a un punto precisamente, el que a mis compañeros del Partido Acción Nacional, y de los demás partidos, les va a gustar mucho.

Se trata de que investigue la Auditoría Superior de la Federación, sobre presuntos actos de corrupción en la Subdirección Pemex Exploración en Poza Rica, Veracruz. Este punto de acuerdo es para que intervenga también, el contralor general de Pemex, el contador público Gregorio Guerrero Pozas.

Primero. El Título IV, de responsabilidad de los servidores públicos, es muy claro cuando dice que todos los servidores públicos debemos de someternos al imperio de la Constitución y a de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Segundo. El Presidente Fox, hace seis meses estuvo en Coatzintla, Veracruz y ahí en Coatzintla, Veracruz dijo lo siguiente: ``Si se mantiene sano y fuerte Pemex, si se logra extraer el petróleo, la riqueza que se genere será destinada para equipar a los pobladores de la región''.

Los que vivimos en la zona norte del estado de Veracruz, nunca pensamos que el subdirector general de Pemex, de Pemex, Exploración y Producción, de Poza Rica, Veracruz, el ingeniero Alfredo Guzmán Baldizán, se lo iba a tomar tan a pecho y le iba ha hacer caso al señor Presidente Vicente Fox. Él entendió que equipar a los pobladores es, equiparme yo como subdirector general de Pemex-Exploración. Otra cosa dijo el Presidente Fox, allá en Coatzintla, dijo: ``hay que mejorar el nivel de vida de los pobladores''. Alfredo Guzmán Baldizán entendió, hay que mejorar como vivo yo, y para muestra solamente algunos botones.

Fíjense ustedes, que éste señor hace cinco años tuvo una denuncia de parte de 32 moradores de la zona de Coatzintla, se habían afectado sus casas, porque se hicieron estudios de sismología. La reparación ascendía a un millón y medio de pesos, no lo atendió. Posteriormente vino un rechazo de todos los constructores de la zona norte de Veracruz, porque él prefiere contratar a empresas transnacionales; además empresas con las que puede llegar a un acuerdo, para el efecto de transar las negociaciones, las licitaciones que realiza Pemex-Exploración.

También, alquiló por 36 millones de pesos un avión exclusivo, éste avión que lo tenía a sus órdenes le pusieron ``el avión de Ludovico Peluche'', porque realmente el señor subdirector solamente viajaba con su séquito. Además, pago más de 135 millones de pesos en renta de otros transportes aéreos, para que pudiera transportarse su gente.

Este señor además tiene diferentes cuestionamientos que verdaderamente avergüenzan a todo mundo. Por ejemplo, gana 80 mil pesos al mes y con ese salario se construye una casita con madera y alberquita que tiene además, cancha de tenis, alberca, su capillita, una barda que vale solamente 3 millones de pesos, la pura barda, y nosotros creemos que la subdirectora de la Contraloría que está en esa zona debió de haber actuado, sin embargo no ha querido actuar. La contralora María del Carmen Rodríguez Zúñiga, ha hecho caso omiso a todas denuncias. Tapó también un camino vecinal en Coatzintla.

Como es tan poco tiempo, señora Presidenta, le ruego que toda nuestra denuncia se inscriba en el Diario de los Debates y que actué la Auditoría Superior de la Federación, actué la Secretaría de la Función Pública y actué también el contralor general de Pemex, para que a detalle revisen las denuncias que están plasmadas en los diarios de mayor importancia del estado de Veracruz, como son: La Opinión, El Noreste, El Tuculama. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría de Pemex que se investiguen presuntos actos de corrupción en Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría de Pemex que se investiguen presuntos actos de corrupción en Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz.

Antecedentes

El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a las responsabilidades de los servidores públicos y comprende a todos los que desempeñamos ``un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza'' (artículo 108) en las diversas áreas que conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Esta disposición constitucional representa un mandato superior e histórico que responde al sentir nacional desde que México surge a la vida independiente y quedó plasmado en nuestra Constitución.

Por ello, considerando que la libre manifestación de las ideas del orden legal es propia del estado de derecho, en el cual necesariamente debe de prevalecer la igualdad ante la ley como requisito esencial; pues sin igualdad legal, al margen de creencias, situación económica, posición ocupacional y pertenencia a grupos en el poder, no es posible hablar del estado de derecho.

Algunas autoridades del país realizan una aplicación sesgada del Título Cuarto de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en una práctica que vulnera en forma grave y sistemática el principio de igualdad ante la ley, pues sólo se expresa con rigor ante los mas débiles y desprotegidos. Y señaló la anterior porque no es posible que quien tiene la función de vigilar no observe la conducta laboral del subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción, Alfredo Guzmán Baldizán, quien desde hace más de tres años hace y deshace a su antojo en la zona norte del estado de Veracruz.

Permítanme hacer referencia al artículo 47, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice:

``Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. al XIV. ...

XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;''

Al hablar de responsabilidades de los servidores públicos, vale la pena preguntar: ¿cuál es la responsabilidad del más alto funcionario de la nación, que el pasado 15 de marzo inauguró en Coatzintla, Veracruz, la estación de bombeo del Complejo Tajín, que forma parte del proyecto del Paleocanal de Chicontepec?

En esa fecha, dijo el Presidente Fox: ``Para mejorar el nivel y la capacidad de vida de las personas que viven en las comunidades, no se pueden aceptar dádivas temporales que solo atemperan las necesidades urgentes que tienen los pobres, por ello es necesario lograr que proyectos como el Paleocanal sigan adelante para que esas familias tengan empleo, educación de calidad, seguridad social, vivienda digna y mejores niveles de vida'', además de que ``... si se mantiene sano y fuerte a Pemex, si se logra extraer el petróleo, la riqueza que se genere será destinada para equipar a los pobladores de la región''. (Periódico Noreste, 16 de marzo de 2006, Página 3A).

¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga al margen de la ley en cuanto a responsabilidad se refiere, con engaños y promesas fáciles?

Ese mismo día, Pemex informó que ``...se están generando 2 mil 500 empleos directos, con la extracción de 26 mil 300 barriles diarios''. ``La inversión para explotar las reservas, calculadas en 18 mil millones de barriles de petróleo, es de 400 mil millones de pesos'' (Periódico Noreste, 16 de marzo de 2006, Página 3A.)

A casi seis meses de esa visita, aún no llega ni uno solo de los beneficios prometidos, ¿cuantos empleos ocupan los pobladores de la región?, ¿el mejoramiento de los niveles de vida?, ¿la seguridad social?, ¿la vivienda digna?, ¿la educación de calidad?, y ¿el equipamiento a los pobladores?, ¿Dónde están?

De lo dicho por el Presidente Fox ya estamos acostumbrados, pues durante seis años siempre fue lo mismo: Hablar, hablar y hablar, tanto aquí como en el extranjero, y pocos cumplimientos. Lo mejor que le pudo haber pasado a este país, es que ya casi termina su administración.

Está documentado (Diario Noreste junio 8 de 2003, página 3A) y es del dominio público que en junio de 2003, el Consejo Coordinador Empresarial del Norte de Veracruz, se reunió con Alfredo Guzmán Baldizán para preguntarle el ``porque la derrama económica que representan las inversiones millonarias del proyecto del Paleocanal de Chicontepec (antes llamado Faja de Oro) no benefician a los empresarios locales, quienes se sienten marginados''. Lo anterior lo señalan porque ``las empresas transnacionales que Pemex contrata para realizar las obras, subcontratan a otras empresas extranjeras en perjuicio de las locales y... cuando se subcontrata a alguna empresa local, el pago es bajo, y las consecuencias que tienen las constructoras se presentan en salarios mínimos para sus empleados''; por lo que le solicitaron la contratación directa de las obras.

A cambio de ``analizar'' la petición del Consejo Coordinador Empresarial del Norte de Veracruz, de otorgar obra por contrataciones restringidas, Alfredo Guzmán les pidió que ``persuadan a diferentes alcaldes, particularmente al de Coa-tzintla, para que permita a contratistas la realización de los trabajos de sísmica...porque está en riesgo una inversión de tres mil 500 millones de dólares''. (Diario Noreste junio 10 de 2003, página 4A).

En ese mismo mes, campesinos de 40 comunidades Papantecas solicitaron a Pemex la rehabilitación de las vías de comunicación ``que durante mas de 10 años no han recibido mantenimiento y dificulta la salida de su producción agrícola''. El subdirector Alfredo Guzmán, según declaró el coordinador de Desarrollo Regional y Comunicación Social, ``no tenía la disposición de atender a los campesinos''. (Diario Noreste junio 10 de 2003, página 4A).

El 19 de mayo de 2003, el periódico Noreste en su pagina 3A, informa de daños causados, por las empresas que le trabajan a Pemex Exploración y Producción, a 32 casas habitación de la colonia División del Norte, de Poza Rica, Veracruz, con motivo de la explosión ocurrida el 30 de mayo de 2002 en el Complejo Petroquímico Escolín y cuyo monto asciende a 1 millón 500 mil pesos, aproximadamente.

Asimismo se reporta que la empresa Geovaluaciones, SA de CV, al servicio de Pemex Exploración y Producción, tiene más de seis años evadiendo su responsabilidad por los daños acusados a la casa de la señora María del Rocío Gatell, con domicilio en la calle Altamirano número 101 de la colonia Obras Sociales. Informa que la empresa le envió un oficio el 26 de diciembre de 1997, diciéndole que ``los daños ya estaban cubiertos por la cantidad de 25 mil 421 pesos con 3 centavos en el que definían las actividades que realizaron como la construcción de 10 zapatas, seis castillos y la reparación de fracturas en muros y losa. Todo lo anterior fue mentira, según María del Rocío, pues lo único que si realizaron fue el revoque de muros y losa y nunca le dieron algún cheque que respaldara esa cantidad. El documento venía firmado supuestamente por ella, cuando nunca firmó tal documento''. ``Esta situación de casas que daña Pemex por la realización de trabajos se da constantemente en la ciudad y pareciera que la paraestatal es impune, nadie hace nada y mucho menos resuelven algo, concluyó María del Rocío Gatell''.

En la misma edición y la misma página del Noreste, reporta que el 40 por ciento de los terrenos de los mil predios de Petróleos Mexicanos en la región, están abandonados, cubiertos de maleza y en algunos casos convertidos en basureros, ocasionando la proliferación de insectos, entre ellos los transmisores del dengue, y roedores, con las graves consecuencias que acarrea para la salud de los humanos.

En el año 2005, en Pemex se privilegió el dispendio de recursos al programa de mantenimiento. Para justificar los viajes y el pago de viáticos del señor Alfredo Guzmán, la Subdirección Regional Norte de Pemex Exploración y Producción, gastó 36 millones de pesos por la renta de un avión turbo hélice, y simultáneamente se anuncia el recorte de 30 mil plazas de trabajadores petroleros sindicalizados en todo el país.

Para el personal directivo de Pemex en la región, se contrató un avión para su transportación, cuya renta aproximada fue de 38 mil pesos la hora, mientras que para transportar a los trabajadores rentan dos helicópteros que anualmente le cuestan 28 millones 800 mil pesos. Valdría la pena investigar, el por qué si el costo máximo por renta de las aeronaves para transportación era de 42 millones 66 mil 809 pesos, se incrementó, mediante un anexo al contrato licitado bajo en número 18575002-004-04, a aproximadamente 80 millones de pesos, casi el doble de lo establecido en las bases.

Cabe aclarar que en la licitación se establece la renta de un helicóptero para transportar de 11 a 13 personas, pero en su lugar se rentó un avión que es exclusivo para el subdirector Regional Norte. Nota periodística publicada el 2 de diciembre de 2006. Página 3A.

Resulta lamentable que del ejercicio 2004, año de la licitación para la transportación aérea por 135 millones 737 mil 168 pesos, todo el estado de Veracruz recibió de Pemex 86 millones 665 mil 310 pesos en donativos en especie, cifra que de ninguna manera equivale a los daños causados por la paraestatal por derrames y fugas de hidrocarburo. Periódico Noreste 2 de diciembre de 2005. Página 3A.

En la columna La Calumnia, La Hacemos Todos, del día 5 de diciembre de 2005 del diario Noreste, se lee: ``El señor, Alfredo Ludovico Guzmán, se siente amo y señor de la Subdirección Norte de PEP, pues cuentan que con tantas ostentosidades alardea que este mundo no lo merece. Dicen las malas lenguas que desde que Ludovico llegó al cargo, se ha hecho millonario pues incluso actualmente está construyendo Villa Peluche un palacio fácilmente comparado a los que tienen los artistas de Hollywood''.

En la página 3A de la misma edición se informa que ``Los negocios turbios del subdirector de Pemex Exploración y Producción, ingeniero Alfredo Eduardo Guzmán Baldizán, continúan, pues actualmente ordenó la suspensión en dos ocasiones del fallo correspondiente a la licitación número 1857008-068-061-05, para favorecer a la empresa Los Aztecas''.

Es de tal magnitud la corrupción y soberbia que prevalece en la Subdirección Norte de Pemex Exploración y Producción con las licitaciones de obra, que existiendo denuncias de un contrato por 82 millones de pesos, la titular del órgano interno de control, María del Carmen Rodríguez Zúñiga, no puede frenar la corrupción, ya que los superintendentes de costos, Carlos Hernández y Enrique Pérez López, en contubernio con Guzmán Baldizán, descalificaron las propuestas de las empresas que no convienen a los intereses de éste, suspendiendo deliberadamente, en dos ocasiones, el fallo de la licitación número 1857 5008-068-061-05. (Diario Noreste, diciembre 13 de 2005, página 3A).

``De esta forma, hay un claro condicionamiento de las licitaciones que se realizan en la Subdirección Norte de Pemex Exploración y Producción, las cuales son ilegales, por los mecanismos de soborno que se utilizan por parte de algunos empresarios. En contubernio con los altos funcionarios de la paraestatal, incluyendo al subdirector de PEP, Alfredo Guzmán Baldizán.

... es evidente que nadie puede frenar la corrupción en la Subdirección Norte de Pemex Exploración y Producción. Pues de forma estratégica María del Cármen Rodríguez Zúñiga, fue colocada como titular del órgano interno de control, funcionaria que por su incapacidad e inexperiencia en el cargo, solo se la pasa viajando y delegando responsabilidades a sus subalternos.'' (Noreste 13 de diciembre de 2005. Página 3A).

Otro hecho de corrupción en Pemex quedó al descubierto en febrero de 2006, cuando el órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción, a través del titular del área de responsabilidades, licenciado Raúl Carrera Pliego, emite el Acuerdo de Admisión de la Compañía Mapa Construcciones y Servicios, SA de C V, toda vez que por negarse a entregar un millón y medio de pesos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción, le negaron el contrato 424106806, derivado de la Licitación Pública Nacional No. 18575008-070-05 para ejecutar los trabajos de ``Reacondicionamiento de Instalaciones de Producción y Pozos, en los campos Poza Rica, San Andrés y/u otros del Activo Integral Poza Rica-Altamira''. Diario Noreste, 6 de marzo de 2006. Páginas 1 y 3A.

Según el dictamen técnico Mapa Construcciones, SA de CV, presentó las mejores condiciones de solvencia técnica y financiera para la entidad pero, utilizando la estrategia de diferir el fallo en dos ocasiones, se favorece a la empresa Construcciones y Arquitectos, SA de CV, a pesar de que a esta se le había rechazado su propuesta técnica entre otras causas, por no incluir el suministro de todos los materiales para la ejecución de la obra y tampoco incluyó la Carta Compromiso firmada por el profesionista propuesto, comprometiéndose a laborar como superintendente de Construcción con el licitante.

Nuevamente aparece involucrado el superintendente de costos Carlos Hernández Vázquez y cabe la pregunta ¿acaso el subdirector regional, Alfredo Guzmán Baldizán, ignora la conducta de sus subordinados o se hace de la vista gorda?, pues en este caso es posible hablar de complicidad por omisión, colusión, ineptitud o desapego a los más elementales valores éticos y a la moral pública que debe exigirse a todo servidor público.

Por si fuera poco, apenas el día 28 de marzo último, trabajadores petroleros sindicalizados realizaron un plantón frente a las instalaciones administrativas de Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz, para exigir la devolución al sindicato, de 244 plazas que ocupan empleados de compañías contratistas o que las autoridades demuestren que los mismos no realizan actividades que corresponden al sindicato. En un principio fueron atendidos por el coordinador Operativo de Recursos Humanos, Eduardo Guzmán Guzmán y posteriormente, al no llegar a ningún acuerdo, intervino Alfredo Guzmán. Diario Noreste 29 y 30 de marzo de 2006. Páginas 1 y 3A.

En un informe manipulado por la paraestatal, --solo reporta lo ocurrido mientras Eduardo Guzmán estaba como representante-- se da cuenta de la petición del gremio sindical referente al otorgamiento de un mayor número de plazas y el desarrollo de programas de capacitación, haciendo una presentación detallada de las labores que desempeñan los empleados que prestan sus servicios a través de contratos y un recuento de los cursos de capacitación que se han efectuado. De los acuerdos con Alfredo Guzmán, a la fecha no existe ninguna noticia.

``El abuso continúa, la corrupción avanza, Baldizán se enriquece y hace lo que quiere'' informó el periódico Noreste el día 24 de julio de este año, en las páginas 1 y 3A, respecto de la mansión que construye Ludovico Peluche Guzmán Baldizán con la ayuda de las empresas Construcciones y Arquitectos, SA de CV, que se encarga de arreglar la jardinería de la Villa Peluche y de la Compañía Julmar, que construye la mansión. ``Las dimensiones --sigue diciendo la nota del Noreste-- de lo que está en construcción comienza a dar una idea de lo que será la mansión, que no se comparan con nada antes visto''.

De forma inexplicable, con 80 mil pesos de sueldo mensual y un bono de 20 mil, la ``casita'' contará con cancha de tenis, alberca, capilla y vivienda con 5 habitaciones. Y la Contralora María del Carmen Rodríguez Zúñiga ¿aún no se ha dado cuenta que los recursos utilizados provienen de los contratos millonarios que Alfredo Guzmán y su camarilla han asignado de manera amañada a algunas compañías constructoras?

Más aún, el espacio donde se construye la residencia del señor subdirector, cruzaba el antiguo camino hacia la comunidad de Escolín, Coatzintla, despojando a sus habitantes y ahora sitiado con una barda cuyo costo supera los 3 millones de pesos, importándole poco al señor Guzmán cerrar el paso a los pobladores del lugar, ordenando también cerrar desde Loma Bonita y posesionándose del derecho de vía que es de Pemex, no de Guzmán Baldizán.

La edición del 25 de julio de 2006 del periódico Noreste, páginas 1 y 3A, informa que ``Habitantes de 15 comunidades del municipio de Coatzintla exigen terminen con la represión hacia los pueblos indígenas''. Mediante el cierre de los accesos hacia más de 100 pozos de Pemex, manifestaron su repudio a los abusos cometidos en su contra por --si, es cierto-- Alfredo Guzmán ``El Rey del Chapo'' a quien exigen que termine con la represión hacia los pueblos indígenas y el cumplimiento de compromisos de Pemex que por años nunca cumplió.

Por todo lo anterior, nuestra responsabilidad como legisladores y servidores públicos nos obliga a ser congruentes con la máxima del estado de derecho que precisa la aplicación igualitaria de la ley sin distinción alguna.

Hago un llamado a su conciencia y vocación para el servicio público, a fin de que en estos difíciles momentos de transición podamos ofrecer al pueblo de México la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, libre de fueros y de privilegios que eviten la impunidad y el saqueo incontrolado de bienes públicos.

Los escenarios que se vislumbran a mediano plazo, hacen imperativo el cambio en las prácticas y en las actitudes. Nuestro reto es extraordinario y solo tendremos posibilidades de confrontarlo de manera exitosa si actuamos en forma civilizada, por consensos, con respeto a las diferencias y apoyados en el mandato ético y político de los mexicanos, cuyo reclamo a los servidores públicos es que respondamos ante la nación, porque tal es la esencia de la responsabilidad pública, rendir cuentas de manera transparente, honesta y puntual al pueblo que nos otorgó el mandato y que confía en nosotros.

No hay autoridad sin responsabilidad. En este binomio existe reciprocidad de uno a otro.

Ante los hechos ya señalados sucedidos en Pemex, la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los encargados de la Subdirección Regional Norte de Pemex Exploración y Producción no solo es necesario sino urgente, por ser una de las demandas mas sentidas por la población de la Zona Norte del estado de Veracruz; para frenar el saqueo impune del erario nacional, acabar con la prepotencia, el tráfico de influencias, la discriminación y humillación hacia los pueblos indígenas del Totonacapan, someto a su consideración el siguiente

Puntos de acuerdo

Conforme al artículo 93, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría General de Pemex a que realicen las auditorias correspondientes a la brevedad posible.

Segundo. Citar al secretario de la Función Pública para que aclare la nula intervención de la dependencia a su cargo en los hechos aludidos.

Tercero. Obligar a Pemex a respetar el artículo 115 Constitucional, solicitando los permisos que correspondan a la autoridad municipal y abstenerse de iniciar trabajos hasta no contar con los mismos.

Cuarto. Solicitar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que aclare el motivo por el cual a Pemex se le exime la entrega de estudios de impacto ambiental y, en cambio a los municipios, se les señala como requisito indispensable para realizar sus obras. Se propone que en los futuros trabajos de Pemex, se presente el estudio de impacto ambiental para aprobación de los ayuntamientos.

Quinto. Obligar a Pemex a resarcir el daño ecológico causado en los territorios municipales y cubrir el pago justo por indemnización, para los propietarios de la tierra por donde atraviesan los ductos y la construcción y mantenimiento de los caminos por donde circulan sus vehículos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los 12 días del mes de septiembre del año 2006.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias diputado por apegarse al tiempo señalado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y, en tanto se integra esta Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de que se conforme un grupo especial de investigaciones que aclare y detenga la escalada de violencia en el estado de Nuevo León.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. El suscrito diputado federal,Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Públicafederal, a la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Públicadel estado de Nuevo León, para que en la medida de su competencia y con los recursos humanos y materiales con que cuentan, conformen un grupo especial de investigación que aclare y, en lo posible, detenga la escalada de violencia que ocurre en el estado de Nuevo León, particularmente los relacionados con los asesinatos de los mandos policiacos del estado.

Consideraciones: El pasado martes 12 de septiembre del año en curso fue asesinado en el estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de Linares, el titular de la Dirección de Policía y Tránsito de dicho municipio, Enrique Barrera Nevárez. El día martes 5 de septiembre de este mismo año, en el municipio de San Pedro Garza García, fue asesinado el titular de la Agencia estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, Marcelo Garza y Garza. El día de ayer fue asesinado un ex fiscal federal y testigo protegido de la SIEDO, José Ramón Bermejo Vargas.

Hasta donde se tiene conocimiento, tanto el entonces titular de la policía de Linares, como el titular de la Agencia de Investigaciones del estado, fueron asesinados con lujo y exceso de violencia en plena vía pública; uno al salir de su domicilio y otro enfrente de una iglesia, por presuntos sicarios, quienes de manera inmediata se dieron a la fuga sin que hasta el momento se tenga conocimiento cierto de los móviles criminales ni de la captura de los asesinos. También el señor José Ramón fue asesinado cerca de su casa.

Sin duda estos lamentables acontecimientos han cimbrado la opinión pública de la sociedad neoleonesa, prevaleciendo un clima de inseguridad generalizado a lo largo y ancho de la entidad, quienes reclaman acciones enérgicas de inmediato por parte de las autoridades, para frenar el vertiginoso avance de la delincuencia...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: A ver. Un momento, señor diputado. Sonido en la curul del diputado que está solicitando el uso de la palabra.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya(desde la curul): Deseo solicitarle al orador me permita hacerle una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta el orador?

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco: Sí, señora Presidenta.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya(desde la curul): Señor diputado, hace un momento el Partido de la Revolución Democráticacuestionó la participación del señor Presidente en la seguridad de nuestro país. Yo le pregunto a usted si es un problema nacional y si Nuevo León está participando con una propuesta ante la Conago, si el procurador de Nuevo León está coordinando a sus homólogos y 12 estados están ya integrando un programa para atender la seguridad, ¿por qué pretende usted exhibir a Nuevo León como un estado inseguro? Quiero que me conteste esto por favor, ¿cuál es su propósito?

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:Con todo gusto diputado. Compañero, lo platicamos fuera de aquí del Congreso, lo platiqué con usted y éste es un reclamo de la ciudadanía. Yo no pretendo decir que el estado de Nuevo León es el único estado inseguro, pero es un reclamo que nos hacen los ciudadanos que votaron por nosotros y que ya no pueden salir libremente.

No estoy diciendo que el estado de Nuevo León sea el único que tiene estos problemas, pero sí le digo que yo como diputado de Nuevo León me intereso por los problemas de Nuevo León y es por lo que propongo esta conformación de un equipo con los mejores hombres, tanto de la Federación, como del estado de Nuevo León, para resolver los ataques a las autoridades, porque ya las bandas no pelean entre ellos, sino que están atacando a las cabezas, que son las que se supone que nos tienen que dar seguridad. Espero que haya quedado respondida su pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Continúe, señor diputado, con la presentación de su punto.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:Gracias, señora Presidenta. Este reprochable acontecimiento viene a sumarse a la ola de ejecuciones que en este año se ha registrado en Nuevo León, los cuales alcanzan aproximadamente la nada presumible cifra de 38 ejecuciones a manos de criminales, en donde el común denominador se ha caracterizado por el asesinato de servidores públicos...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, permítame un momentito. Con qué objeto, señor diputado.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya(desde la curul): Si me acepta una pregunta.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco:Diputado, ya le contesté su pregunta. Con mucho gusto debatiré con usted fuera del recinto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Continúe el orador. Aclaramos que no está a discusión el punto; lo está presentando solamente. El orador no aceptó ninguna pregunta. Continúe, señor diputado.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:Este reprochable acontecimiento viene a sumarse a la ola de ejecuciones que en este año se han registrado en Nuevo León, los cuales alcanzan aproximadamente la nada presumible cifra de 38 ejecuciones a manos de criminales, en donde el común denominador se ha caracterizado por el asesinato de servidores públicos relacionados con los cuerpos de seguridad pública de la entidad, hasta llegar incluso a las máximas esferas de la procuración de justicia estatal, como es el caso del licenciado Marcelo Garza y Garza.

En efecto, estos dos últimos asesinatos vienen a sumarse a otras ejecuciones como la del director de Policía de San Pedro Garza García, Héctor Ayala Moreno, el secretario de Policía y Vialidad de Sabinas Hidalgo, Javier García Rodríguez, el fiscal Miguel Angel Esquivel Cantú, en Guadalupe, entre otros. La situación de seguridad en el estado ha tomado cauces críticos, en donde inclusive ha llegado a trastocar la estructura misma de las instituciones de seguridad pública estatales encargadas de salvaguardar el mayor de los bienes de las personas, que es la vida y el respeto a su integridad.

El reclamo prevaleciente por parte de la sociedad en el estado es sin duda encontrar una solución eficaz al problema de la inseguridad. Incluso organizaciones civiles empresariales con presencia en el estado han hecho de este reclamo su principal prioridad. Tal es el caso de Canaco, Caintra y en general la iniciativa privada, que ha exigido acciones inmediatas y enérgicas para que se esclarezcan los hechos de violencia prevalecientes en la entidad.

No es posible que en un estado que hasta hace unos años era ajeno a este tipo de problemas hoy la violencia y los crímenes en manos de la delincuencia sean constantes.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, un momentito. Quiero informar a los señores diputados que el orador ha dicho que no aceptará preguntas.

El diputado Erick López Barriga: Se lo dijo a él, pero no a mi.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pregunta el orador si acepta una pregunta.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:No, compañera Presidenta. Lo debatiré con gusto fuera del recinto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El diputado Caballero está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto?

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo(desde la curul):Solamente preguntando al diputado si podría ser tan amable de recibir una pregunta en relación al tema exclusivamente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta, señor orador?

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruíz Velazco:No, no la acepto, señora Presidenta. Con gusto lo debatiré afuera.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: No la acepta, diputado. Continúe, señor diputado.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:Por ello, consciente de que el Poder Legislativo debe, en el ámbito de su competencia, velar por el bienestar de los gobernados, acudo a esta alta tribuna a fin de exhortar a las autoridades a fin de que realicen las acciones necesarias tendientes a esclarecer las ejecuciones ocurridas en últimas fechas en el estado, particularmente las relacionadas con los mandos policiacos del estado.

Asimismo, se estima conveniente que las autoridades estatales refuercen los mecanismos de coordinación con las autoridades federales en el combate a la criminalidad, porque sólo con la conjunción de esfuerzos y potencialidades de los distintos órdenes de gobierno se podrá contrarrestar este flagelo social que representa el crimen organizado y que desafortunadamente día a día se afianza más en el estado.

Punto de acuerdo. Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León para que, en la medida de sus competencias y con los recursos humanos y materiales con que cuentan, conformen un grupo especial de investigación que aclare y, en lo posible, detenga la escalada de violencia que ocurre en el estado de Nuevo León, particularmente lo relacionado con los asesinatos de los mandos policiacos del estado y, en su caso, se informe a esta soberanía los avances y resultados obtenidos.

Es cuanto señora Presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a las autoridades competentes de Nuevo León a formar un grupo especial de investigaciones que aclare y detenga la escalada de violencia en dicha entidad, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Publica del estado de Nuevo León para que --en la medida de sus competencias y con los recursos humanos y materiales con que cuentan-- conformen un grupo especial de investigación que aclare y en lo posible, detengan la escalada de violencia que ocurre en el estado de Nuevo León particularmente los relacionados con los asesinatos de los mandos policíacos del estado.

Consideraciones

El pasado martes 12 de septiembre del año en curso, fue asesinado en el estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de Linares el titular de la Dirección de Policía y Tránsito de dicho municipio, Enrique Barrera Nevarez; el día martes 5 de septiembre de este mismo año en el municipio de San Pedro Garza García fue asesinado el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, Marcelo Garza y Garza.

Hasta donde se tiene conocimiento tanto el entonces titular del la Policía de Linares como el titular de la Agencia de Investigaciones del estado fueron asesinados con lujo y exceso de violencia en plena vía publica, uno al salir de su domicilio y otro en frente de una iglesia, por presuntos sicarios quienes de manera inmediata se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se tenga conocimiento cierto de los móviles criminales ni de la captura de los asesinos.

Sin duda, estos lamentables acontecimiento, ha cimbrado la opinión pública de la sociedad neoleonesa, prevaleciendo un clima de inseguridad generalizado a lo largo y ancho de la entidad, quienes reclaman acciones enérgicas e inmediatas por parte de las autoridades, para frenar el vertiginoso avance de la delincuencia que lamentablemente en el último par de años ha tomado como rehén a los habitantes de este estado.

Este reprochable acontecimiento viene a sumarse a la ola de ejecuciones que en este año se ha registrado en Nuevo León, los cuales alcanzan aproximadamente la nada presumible cifra de 37 ejecuciones a manos de criminales, en donde el común denominador se ha caracterizado por el asesinato de servidores públicos relacionados con los cuerpos de seguridad pública en la entidad, hasta llegar incluso a las máximas esferas de la procuración de justicia estatal, como es el caso del licenciado Marcelo Garza y Garza.

En efecto, estos dos últimos asesinatos, viene a sumarse a otras ejecuciones como la del director de la policía de San Pedro Garza García, Héctor Ayala Moreno; el secretario de Policía y Vialidad de Sabinas Hidalgo, Javier García Rodríguez; el fiscal Miguel Ángel Esquivel Cantú, en Guadalupe, entre otros.

La situación de seguridad en el estado ha tomado cauces críticos, en donde inclusive ha llegado a trastocar la estructura misma de las instituciones de seguridad pública estatales, encargadas de salvaguardar el mayor de los bienes de la persona, que es la vida y el respeto a su integridad.

El reclamo prevaleciente por parte de la sociedad en el estado, es sin duda, encontrar una solución eficaz al problema de la inseguridad, incluso organizaciones civiles y empresariales con presencia en el estado, han hecho de este reclamo su principal prioridad, tal es el caso de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Cámara de la Industria de la Transformación, Caintra, y en general la iniciativa privada, que han exigido acciones inmediatas y enérgicas, para que se esclarezcan los hechos de violencia prevalecientes en la entidad.

No es posible, que un estado que hasta hace unos años era ajeno a este tipo de problemas, hoy la violencia y los crímenes de manos de la delincuencia, sea una constante. No podemos permitir que a dicho estado, emigre la delincuencia que esta operando en otras zonas del país.

Por ello, consciente de que el Poder Legislativo, debe en el ámbito de su competencia, velar por el bienestar de los gobernados, acudo a esta alta tribuna a fin de exhortar a las autoridades a fin de que realicen las acciones necesarias tendientes a esclarecer las ejecuciones ocurridas en últimas fechas en el estado, particularmente, la relacionada con las de los mandos policíacos de la entidad.

Asimismo, se estima conveniente que las autoridades estatales refuercen los mecanismos de coordinación con las autoridades federales, en el combate a la criminalidad, porque sólo con la conjunción de esfuerzos y potencialidades de las distintos órdenes de gobierno, se podrá contrarrestar este flagelo social que representa el crimen organizado y que desafortunadamente día a día se afianza más en el estado.

La ciudadanía de Nuevo León, merece recobrar la seguridad ciudadana, secuestrada por grupos delictivos y lograr que el estado vuelva a ser la armoniosa y prospera entidad que hasta hace unos años era.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el abajo firmante diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León para que en la medida de sus competencias y con los recursos humanos y materiales con que cuentan conformen un grupo especial de investigación que aclare y --en lo posible--, detengan la escalada de violencia que ocurre en el estado de Nuevo León particularmente los relacionados con los asesinatos de los mandos policíacos del estado y en su caso, se informe a esta soberanía los avances y resultados obtenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Y en tanto se integra esa Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

COMISION ESPECIAL PARA LA VIGILANCIA DEL USO Y DESTINO DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL DEL 2 DE JULIO DE 2006

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Con su venia, señora Presidenta. Señores y señoras legisladores. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la normatividad aplicable de este órgano legislativo, sometemos a la consideración de la soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, al tenor de las siguientes consideraciones.

El concepto de derecho a la información es conocido en México a partir de la reforma política de 1977, con la adición al artículo 6º de nuestra Carta Magna, cuando se introduce en su último párrafo la expresión: ``El derecho a la información será garantizado por el Estado''.

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la garantía fundamental que toda persona posee para allegarse información, opiniones y difundir las mismas sin limitación sin fronteras. De la definición anterior se desprenden los aspectos más importantes de dicho derecho fundamental:

El derecho de allegarse de información, el derecho a informar y el derecho a ser informado.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la información se encuentra estrechamente vinculado con el respeto de la verdad y que si las autoridades públicas elegidas para servir y defender a la sociedad asumen ante ésta actitudes que permitan conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.

Para todos es sabido que el proceso electoral del 2 de julio estuvo plagado de irregularidades que han colocado al país en una crisis política y social de magnitud impredecible. La resolución que el Tribunal Electoral de la Federación tomó el 5 de septiembre, para validar el fraude electoral, constituyó una de las peores muestras de la falta de interés de los magistrados electorales para darle certidumbre a los resultados de la elección.

Concluido el proceso electoral federal, la revista Proceso presentó el 28 de julio pasado, en la Unidad de Enlace del IFE, la solicitud de acceso al sobre con las boletas sobrantes inutilizadas, los votos válidos y nulos en las casillas instaladas en todo el país, para la elección de Presidente de la República.

El IFE resolvió que las boletas no son documentación pública y que están sujetas a un régimen especial de inviolabilidad que hace que ni el propio organismo tenga acceso y además que exista un principio de definitividad en todas las etapas de la elección, buscando con esto ocultar lo que a la vista de la sociedad mexicana es innegable, el papel desempeñado por los consejeros electorales en el fraude electoral de la elección presidencial.

El IFE no debe de ocultar la información escudándose en argumentos legaloides. El Comité de Información del IFE olvida en su respuesta que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo obliga a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos constitucionales autónomos.

Si bien es cierto que el Tribunal Electoral ha declarado la validez de la elección presidencial, las irregularidades de la elección permanecen en esos paquetes electorales, los cuales mediante su conservación que puede ser temporal, pueden ser materia para muchos temas de análisis y de investigación, pero sobre todo para tener elementos para la reforma electoral que México demanda y en la cual todos los partidos políticos ante los medios de comunicación han estado de acuerdo que hay que iniciar el debate para la reforma electoral.

De ahí que esta soberanía mediante la integración de una comisión plural de legisladores de todos los grupos parlamentarios, pueda contribuir a este debate nacional del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos.

Por último y dentro del marco de esta certeza electoral que el pueblo ha demandado y dentro de la pluralidad de opiniones que se tienen en el país, hasta el candidato de la derecha ha sugerido preservar el material electoral para que la sociedad conozca la verdad histórica del contenido en los paquetes electorales.

Calma, calma señores diputados del PAN...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputada se le ha agotado su tiempo. Quiere concluir, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Concluyo. Concluyo y quiero además comentarle a mis compañeros de la Cámara, de la fracción del PAN, que no se desesperen, aquí fijamos posición con respecto al uso y destino de los paquetes electorales, porque no se vale ir a los medios de comunicación ---como lo hizo el señor Calderón--- pidiendo que no se quemen los paquetes electorales, para después lavarse las manos. Termino, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Termine por favor, se le ha agotado su tiempo.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Punto de acuerdo. Primero. Se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, que tiene por objeto primordial garantizar que la documentación del proceso electoral del 2 de julio relativa a la elección presidencial sea salvaguardada, conservada y dé acceso a todos los ciudadanos interesados en obtener a misma, en los términos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia y las leyes federales relativas al acceso a la información pública gubernamental. ---Concluyo.

Segundo. La Comisión se integrará de manera plural por tres diputados del Partido Acción Nacional; dos diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional y un diputado del Partido del Trabajo, Convergencia, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Tercero. La Comisión tendrá una duración de un año legislativo con posibilidad de prorrogarse si así lo estima conveniente el Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuarto. Dicha Comisión presentará de manera trimestral al Pleno de la Cámara un informe detallado de actividades.

Suscriben los diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, Convergencia, Partido del Trabajo, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Le pedimos a Acción Nacional que de cara a la nación...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputada, se le ha agotado su tiempo.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:... fijen su verdadera posición sobre el destino de la paquetería electoral, porque si su votación es en contra, entonces quedará muy claro que la solicitud del señor Calderón, es parte de una gran simulación como muchas que seguramente veremos.

Es de obvia o urgente resolución...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputada, se le ha agotado su tiempo. Concluya, señora diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Solamente quiero precisar, esta decisión es de obvia o urgente resolución porque de lo contrario, compañeros diputados y diputadas, de no hacerlo hoy, los hechos estarán consumados con los paquetes electorales quemados y ustedes lavándose las manos en este proceso. Pido a la Mesa votación nominal. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34 y 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El concepto derecho a la información es relativamente conocido en México a partir de la reforma política de 1977, particularmente con la adición al artículo 6o. de nuestra Carta Magna, cuando se introduce en su último párrafo la expresión ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''.

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la garantía fundamental que toda persona posee para allegarse información, opiniones y difundir las mismas sin limitación de fronteras.

De la definición anterior se desprenden los aspectos más importantes de dicho derecho fundamental:

A) El derecho a allegarse de información, que incluye facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos;

B) El derecho a informar, que incluye las libertades de expresión y de imprenta, y el de constitución de sociedades y empresas informativas; y

C) El derecho a ser informado, que incluye las facultades de recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, sin exclusión alguna.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido la siguiente tesis:

``Que el derecho a la información se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante esta, actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupo o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.''1

Esta es una demanda reiterada de la sociedad mexicana, conocer la verdad de lo sucedido el 2 de julio.

Para todos es sabido que el proceso electoral del pasado 2 de julio estuvo plagado de irregularidades que han colocado al país en una crisis política y social de magnitud impredecible. La resolución que el Tribunal Electoral de la Federación tomó el pasado 5 de septiembre para validar el fraude electoral en la elección presidencial, constituyó una de las peores muestras de la falta de interés de los magistrados electorales para darle certidumbre a los resultados de la elección.

Concluido el proceso electoral federal con la calificación de la elección, el semanario Proceso, presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del Instituto Federal Electoral, IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, la solicitud de tener ``acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de Presidente de la República''.

Es decir, toda la papelería electoral a la que se refiere el artículo 234 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe.

El IFE ha resuelto que ``las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de ``inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección; buscando ocultar lo que a la vista de toda la sociedad mexicana es innegable, el papel desempeñado por los consejeros electorales en el fraude electoral de la elección presidencial.

A partir de esta solicitud de información, entre los consejeros electorales ha comenzado a permear la idea de que, terminado el proceso electoral después de la calificación hecha por el Tribunal, se de paso a lo dispuesto en el artículo 254 numeral 2, particularmente en lo que se refiere, a que una vez concluido el proceso electoral, se procederá a la destrucción de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral no puede ocultar la información relativa a la documentación de la elección escudándose en el argumento de que las boletas no son documentación pública, que están sujetas a un régimen especial de ``inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección; y tampoco puede, por lo que representó la elección del 2 de julio proceder a la destrucción de la papelería electoral.

El Comité de Información del Instituto Federal Electoral olvida en su respuesta, que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo obliga a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos constitucionales autónomos; de toda la información contenida en los documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.

De igual manera, se olvida que los objetos de esta ley son los de contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.

Si bien es cierto que el Tribunal Electoral ha declarado la validez de la elección presidencial, las irregularidades de la elección permanecen en esos paquetes electorales, los cuales mediante su conservación pueden ser materia para muchos temas de análisis y de investigación, pero sobre todo para tener elementos para la reforma electoral que México demanda.

De ahí que esta soberanía --espacio que expresa la voluntad del pueblo de México-- mediante la integración de una comisión plural de legisladores de todos los grupos parlamentarios aquí representados, pueda contribuir a este debate nacional en el marco del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos.

Por último y dentro del marco de esta certeza electoral que el pueblo ha demandado, me permito referir el tercer párrafo de la carta que Felipe Calderón envía con fecha 12 de septiembre del presente año, al consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señala:

``En abono a la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones, solicito respetuosamente a usted que, en el marco de sus atribuciones, sea promovido en el interior del Consejo que dignamente preside, el acuerdo necesario para preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible, y así contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos.''

Por tanto, no se trata de sustituir las funciones del Tribunal Electoral, sino de preservar el interés de la sociedad mexicana por conocer y tener acceso a la documentación relativa a la elección más competida y más controvertida en la historia reciente de nuestro país.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, que tiene por objeto primordial garantizar que la documentación del proceso electoral del 2 de julio relativa a la elección presidencial sea salvaguardada, conservada y de acceso a todos los ciudadanos interesados en obtener la misma, en los términos que garantizan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y las leyes federales relativas al acceso a la información pública gubernamental.

Segundo. La comisión se integrará de manera plural por tres diputados del Partido Acción Nacional; dos diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional respectivamente; y un diputado del Partido del Trabajo, Convergencia, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Tercero. La comisión tendrá una duración de un año legislativo, con posibilidad de prorrogarse si así lo estima conveniente el Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuarto. Dicha comisión presentará de manera trimestral al Pleno de la Cámara un informe detallado de sus actividades.

Nota:

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis número LXXXIX/96. Dicha tesis emana de la solicitud 3/96 que el Presidente de la República solicitara a la Suprema Corte para que ejerciera la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.

Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Miguel Ángel Solares Chávez, Aleida Alavez Ruiz, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Faustino Soto Ramos, Andrés Lozano Lozano, José Luis Gutiérrez Calzadilla, José Alonso Suárez del Real y Aguilera, Carlos Altamirano Toledo, Carlos Roberto Martínez Martínez, Efraín Morales Sánchez, Concepción Ojeda Hernández, Andrés Lozano Lozano, Ramón Félix Pacheco Llanes, Víctor Gabriel Varela López, Faustino Soto Ramos, Susana Monreal Ávila, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Abundio Peregrino García, Ricardo Cantú Garza, Joaquín Humberto Vela González, Aurora Cervantes Rodríguez, Francisco Javier Calzada Vázquez, Aida Marina Arvizu Rivas, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Armando García Méndez, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Robinson Uscanga Cruz, Alejandro Chanona Burguete, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Martha Angélica Tagle Martínez, Jorge Godoy Cárdenas, Delio Hernández Valadés, María del Carmen Salvatori Bronca, Alberto Esteva Salinas, Carlos Sánchez Barrios, Salvador Ruiz Sánchez, Othón Cuevas Córdova, Sergio Hernández Hernández, Carlos Ernesto Navarro López, Alma Lilia Luna Munguía, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Juan Adolfo Orcí Martínez, José Antonio Saavedra Coronel, José Antonio Almazán González, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Francisco Martínez Martínez, Santiago López Becerra, Juan Dario Arreola Calderón, Gloria Rasgado Corsi, Celso David Pulido Santiago, Irene Aragón Castillo, Maricela Contreras Julián, Rosa Elva Soriano Sánchez, Guadalupe Socorro Flores Salazar, David Mendoza Arellano, Octavio Martínez Vargas, Armando Barreiro Pérez, Alejandro Sánchez Camacho, Adrián Pedrozo Castillo, Marcos Matías Alonso, Rafael Franco Melgarejo, Javier Hernández Manzanares, Raúl Ríos Gamboa, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Pedro Landero López, Francisco Sánchez Ramos, Silbestre Álvarez Ramón, Ruth Zavaleta Salgado, Antonio Ortega Martínez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Higinio Chávez García, Lourdes Alonso Flores, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Adriana Díaz Contreras, Francisco Márquez Tinoco, Mónica Fernández Balboa, Raymundo Cárdenas Hernández, Amador Campos Aburto, Odilón Romero Gutiérrez, Claudia Lilia Cruz Santiago, Ramón Almonte Borja, Jaime Espejel Lazcano, Elías Cárdenas Márquez, Humberto López-Lena Cruz, Tomás José Luis Varela Lagunas, Ramón Valdés Chávez, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Juan Hugo de la Rosa García, Daisy Selene Hernández Gaytán, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Miguel Ángel Peña Sánchez, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Esta Presidencia invita a todos los ciudadanos y ciudadanas diputadas, a permitir que la sesión se conduzca dentro del orden y la normatividad establecida; es el único medio que tenemos para conducirla. Les rogamos que todos respeten el tiempo señalado para las intervenciones.

Hemos recibido en esta Mesa la petición por escrito de seis ciudadanos diputados que piden que esta votación que se va a tomar para decidir si el punto de acuerdo que se acaba de presentar es de obvia o urgente resolución, se haga a través de votación electrónica. Entonces, pido a la Secretaría se abra el registro electrónico de votación y se dispondrá de 10 minutos para que los señores diputados expresen su opinión, si debe considerarse de urgente resolución el punto de acuerdo que se acaba de presentar.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos.

(Votación)

Se pide a los señores diputados y señoras diputadas que si tienen algún problema con el sistema electrónico de votación, levanten la mano por favor, para que los asista un funcionario. Ciérrese el sistema de votación electrónica.

De viva voz:

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez(desde la curul): Señora Presidenta, con su permiso. Este sistema electrónico de mi curul está trabado y mi voto es a favor.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): En contra.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo:En contra

El diputado Francisco Javier Santos Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Cuitlahuac Condado Escamilla(desde la curul): A favor.

El diputado Álan Notholt Guerrero(desde la curul): En contra.

El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano(desde la curul): En contra.

El diputado Osiel Castro de la Rosa (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez(desde la curul): Abstención.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): En contra.

El diputado Humberto López-Lena Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Hernández Hernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa que se emitieron 151 votos en pro; 294 votos en contra y 11 abstenciones. No se alcanza la mayoría calificada que se requiere de acuerdo al Reglamento Interior.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE QUINTANA ROO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Elías Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emprender una acción decisiva que se traduzca en la recuperación de la seguridad en el estado de Quintana Roo.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui:Con su permiso diputada Presidenta. Estimadas y estimados legisladores. Es imperativo para el gobierno mexicano, abatir los altos índices delictivos pero más aun, es primordial combatir de manera enérgica, frontal y expedita a la delincuencia organizada, que lamentablemente está creciendo en nuestros 31 estados y unDistrito Federalque forman este maravilloso mosaico cultural, nuestro país México.

El estado de Quintana Roo por su colindancia al norte con el Golfo de México y al este con el Mar Caribe, al sur con la bahía de Chetumal, con una franja fronteriza aproximada de 136 kilómetros con los países de Belice y Guatemala, lo ha convertido en una zona estratégica para el desempeño de actividades delictivas de alto impacto, convirtiéndonos en una frontera muy vulnerable por su situación natural.

Diversos y muchos sucesos han afectado la vida de los habitantes del estado de Quintana Roo en los últimos días. Por razones de tiempo, me voy a referir a solo dos de ellas. El asesinato del subdelegado de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, licenciado Sam Rodríguez Rodríguez, en la plaza de Cancún, municipio de Benito Juárez, hecho que lamentamos profundamente.

El atentado con granadas de fragmentación en contra del periódico Por Esto en la plaza de Cancún y en la ciudad de Mérida, Yucatán, el cual repudiamos este atentado a los medios de comunicación. Tenemos en Quintana Roo el orgullo de contar con varios de los principales centros turísticos del país, que no sólo nos proveen de divisas que se traducen en desarrollo para México sino también proyectan la imagen de la nación y alientan la inversión en el país de empresas nacionales e internacionales.

Los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para enfrentar de forma coordinada a la delincuencia organizada han sido importantes, pero no lo suficientes. Queremos detener el flagelo que representa la violencia para cada hogar, para cada una de nuestras mujeres y niños. No podemos permitir que nuestra expectativa sea la de vivir en una sociedad marcada por la impunidad, el delito organizado y la violencia.

Compañeras y compañeros, solicito su comprensión y voto a favor para que este punto de acuerdo sea de carácter urgente u obvia resolución. En el tema de seguridad nacional todos, absolutamente todos, debemos hacer un frente común, donde antepongamos ideología política, partidista, religiosa o de cualquier índole, por el bien común de todas y de todos los mexicanos.

Esa será una muestra del trabajo coordinador que tenemos que revisar con frecuencia en esta honorable Cámara, que por cierto y sumándome a la postura de mi compañero diputado Francisco Rivera del estado de Nuevo León, quiero leer brevemente un documento que se dio a conocer en los medios de comunicación, en donde el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Eduardo Medina Mora, planteó un panorama crítico ante el Presidente Electo Felipe Calderón, la incidencia delictiva y sobre todo la expresión violenta del crimen organizado ha estado en aumento, una situación que más que preocuparnos debemos ocuparnos de inmediato, no podemos estar en una incertidumbre constante, la sociedad nos lo reclama cada día.

Nadie debe estar en contra ni por encima del interés nacional y la seguridad es una alta prioridad para todos los mexicanos, es una demanda reiterada a lo largo y a lo ancho de nuestro país, por ello no debemos de manejar un doble discurso, debemos de ser solidarios de las causas comunes, de las causas que demandan todas y todos los mexicanos.

Por ello, necesitamos realizar una profunda reforma de los esquemas de responsabilidades de los órdenes de gobierno, entre la Federación, los estados, los municipios, la lucha no debe parar y debemos de poner nuestra máxima voluntad.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable soberanía el siguiente.

Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a emprender una acción decisiva, para que su esfuerzo institucional se traduzca en la recuperación de la seguridad y la armonía en el estado de Quintana Roo. Al mismo tiempo demandamos que el Fondo de Seguridad Foseg, sea incrementado de manera significativa para el estado de Quintana Roo.

Segundo. Que se intensifique la operación de seguridad en la frontera sur de México, para impedir el paso de armas y drogas por las fronteras naturales de Quintana Roo, y

Tercero. Que derivado del presente documento se informe a esta honorable soberanía sobre los resultados del mismo y se mantenga un canal de comunicación constante para conocer el desarrollo de esta petición, por tratarse de la seguridad de la población del estado de Quintana Roo. Por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emprender una acción decisiva que se traduzca en la recuperación de la seguridad en Quintana Roo, así como a incrementar los recursos económicos del Fondo de Seguridad, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes

Considerandos

La delincuencia no ganará la batalla. Es imperativo para el gobierno mexicano abatir los altos índices delictivos, pero más aún es primordial combatir de manera enérgica, frontal y expedita la delincuencia organizada, que lamentablemente está en crecimiento en el estado de Quintana Roo.

La seguridad, el combate a la delincuencia y el crimen organizado son reclamos sostenidos por la sociedad; los 31 estados y un distrito federal que forman este maravilloso mosaico cultural, nuestro país, México, lo demandan día a día; la población perdió la confianza en las instituciones de la procuración de justicia y en los cuerpos de seguridad; necesitamos redoblar el esfuerzo nacional, un nuevo ``acuerdo nacional para un México seguro'', que implica la coordinación de la Procuraduría General de la República (PGR) con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con la Policía Federal Preventiva y con la Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal y Aduanera, entre otras dependencias.

El estado de Quintana Roo, por su colindancia al norte con Yucatán y con el Golfo de México; al este con el mar Caribe; al sur con la Bahía de Chetumal, con una franja fronteriza con Belice y con cercanía a Guatemala, se ha convertido en un una zona estratégica para el desempeño de actividades delictivas.

Durante los últimos meses del año pasado y lo que va del actual diversos sucesos violentos han afectado la vida de los habitantes del estado; de los hechos más relevantes sería prolijo hablar, sólo permítanme referir dos de ellos:

El 1 de agosto del 2006 fue asesinado por personas desconocidas, en la plaza de Cancún, municipio de Benito Juárez, el licenciado Sam Rodríguez Rodríguez, subdelegado de Procedimientos Penales de la PGR.

El 23 de agosto del 2006,en la plaza de Cancún, atentaron con granadas de fragmentación en contra del periódico Por Esto y contra un domicilio de la supermanzana 70.

Debo insistir en la importancia que tiene para Quintana Roo preservar un clima de seguridad y paz social. Primero, porque tenemos el orgullo de contar con uno de los principales centros turísticos del país que no sólo nos provee de divisas, que se traduce en desarrollo para México, sino que también proyecta la imagen de la nación y alientan la inversión e irradia a otras regiones del país.

Sabemos que ningún país es inmune a la acción de las redes criminales organizadas. El país requiere, más que nunca, de la cooperación para hacer frente en forma eficaz a este problema. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para enfrentar de forma coordinada la delincuencia organizada son importantes, pero no han sido suficientes, dependerá, para resolver el grave problema de la seguridad, de nuestra capacidad para adoptar un enfoque multilateral basado en la cooperación.

Es un asunto de prioridad nacional lograr la coordinación que se demanda para que las fuerzas de seguridad actúen con la eficiencia que se reclama.

Demandamos que en este punto de la geografía nacional, Quintana Roo logre acreditar y reforzar la tradición que por muchos años tuvimos de ser tierra de encuentros entre culturas, lugar de respeto y de convivencia segura.

Queremos detener el flagelo que representa la violencia para cada hogar, para cada una de nuestras mujeres y niños. No podemos permitir que nuestra expectativa sea la de vivir en una sociedad marcada por la impunidad, el delito organizado y la violencia.

Compañeras y Compañeros que me acompañan en este recinto legislativo, la seguridad pública es imprescindible para el desarrollo de las familias, de la sociedad y del país en su conjunto, es un tema que no puede esperar más.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a emprender una acción decisiva para que su esfuerzo institucional se traduzca en la recuperación de la seguridad y la armonía en el estado de Quintana Roo. Al mismo tiempo, demandamos que el Fondo de Seguridad sea incrementado de manera significativa para el estado de Quintana Roo.

Segundo. Que se intensifique la operación de seguridad en la frontera sur de México, para impedir el paso de armas y drogas por las fronteras naturales de Quintana Roo.

Tercero.Que derivado del presente documento se informe a esta honorable soberanía sobre los resultados del mismo y se mantenga un canal de comunicación constante para conocer el desarrollo de esta petición, por tratarse de la seguridad de la población del estado de Quintana Roo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de septiembre de 2006.--- Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica).» Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59, si se considera de urgente resolución. Los ciudadanos diputados que estén por...

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Permítame tantito, señor Secretario. ¿Con qué objeto, diputado Rivera Bedoya? No se escuchó, diputado.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya(desde la curul): Para alusiones personales, si me permite pasar a la tribuna.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Es una proposición, compañeros, no ha lugar para esta discusión. Prosiga la Secretaría consultando a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se consulta a la Asamblea. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Ciudadano Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la Comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PROTOCOLO DE MONTREAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe la Enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal.

La diputada Erika Larregui Nagel:Gracias. Con su permiso, señor Presidente. El 13 de octubre del 2005 ante el Pleno del Senado de la República, presenté un punto de acuerdo que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que enviara las enmiendas de Montreal y Beiji

Dicha proposición fue aprobada en votación económica. El 22 de noviembre del mismo año la cancillería remitió la Enmienda de Montreal, que fue ratificada en el Senado el 19 de abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre del mismo año.

La Enmienda de Beijing aún está pendiente. El asunto no es un tema menor pues en septiembre del 2000 el agujero de ozono de la Antártica cubría más de 28 millones de kilómetros cuadrados. En agosto del presente año, científicos de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, anunciaron que la recuperación del agujero se daría hasta 2065 en lugar de 2050. Se espera además, que en las décadas por venir se formen cavidades más grandes.

Si bien es cierto que cada primavera se intensifica su adelgazamiento, este asunto no debe ser tomado a la ligera pues lo que ocurre en la Antártica es sólo un pequeño modelo de cómo se manifiesta la pérdida de este gas. Dicha disminución es causada por la reacción química de gases como cloro y bromo, que destruyen el ozono en la estratosfera. Estos elementos proceden de los productos conocidos por sus siglas de CFC's. El ozono estratosférico impide que entre el 90 y 99 por ciento de los rayos ultravioleta lleguen a la tierra.

Se ha observado que en los últimos dos años empezó a haber más ozono en la estratosfera, pero la mejora aparente se debe a las medidas adoptadas a nivel internacional. Pero recuperación en la Antártica es solamente parcial. Por ello, es necesario que más naciones se adhieran a estos instrumentos multilaterales.

Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejecuta un plan para eliminar el consumo de CFC's en la refrigeración, acondicionadores de aire, aerosoles, espumas aislantes, equipos contra incendios, solventes y otros.

También lleva a cabo la capacitación de técnicos, el establecimiento de centros de acopio para la recuperación y reciclaje de esta sustancia, así como la conversión de equipos. Pero no es suficiente siendo que es imprescindible nuestra adhesión a todos los documentos multilaterales que buscan la sustentabilidad de la atmósfera.

La capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta y por el uso constante de los CFC's, se sigue agotando, incrementándose la posibilidad de cánceres cutáneos, inhibiciones del sistema inmunológico, trastornos oculares, afección a plantas, animales, materiales plásticos y al clima.

Frente a dicho panorama la comunidad internacional desde 1975 tomó acciones para disminuir el daño estableciendo en 1976 el Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono. Al año siguiente varios países pusieron en vigor medidas de control, lamentablemente este alivio fue temporal.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y naciones desarrolladas, elaboraron un tratado mundial para proteger la capa de ozono estratosférico. En marzo de 1985, 28 estados, incluyendo a México, firmaron el Convenio de Viena, que alienta la investigación científica, observación sistemática, el intercambio de información y la vigilancia de la producción de las sustancias que agotan la capa de ozono.

Para septiembre de 1986, 46 países, incluyendo México, adoptaron el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Ante la insuficiencia del Protocolo se prepararon enmiendas para reforzar sus ordenamientos, Londres 1990, Copenhague 92, Viena 1995, Montreal 1997 y Beijing 1999.

Pero resulta de gran preocupación que, aún cuando no hemos ratificado la última enmienda, el secretario Luege Tamargo dé por hecho que somos un país libre de CFC's; tal como lo afirmó hace un año en la víspera del Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono. La enmienda de Beijing introdujo medidas de control para la producción de hidrofluorocarbonos y de un nuevo grupo de sustancias e impuso restricciones a su comercio con Estados Unidos, que no es signatario. Con estas prevenciones se espera que la capa se recupere para alcanzar estos niveles anteriores a 1980.

En un planeta donde los acuerdos medio ambientales son tan complicados, el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, resultan emblemáticas. Su cumplimiento cabal contribuirá a la solución de este grave problema. México tiene la obligación y la responsabilidad de unirse a la lucha mundial contra el adelgazamiento de la capa de ozono y ser congruente en el discurso. Su recuperación sólo será un hecho, en medida en que todas las naciones se adhieran a las medidas de control establecidas en los instrumentos internacionales especialmente creados para ello.

El pasado 16 de septiembre se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono y en esta oportunidad, es que solicitamos que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, envié con toda celeridad al Senado de la República de acuerdo a sus facultades constitucionales...

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se terminó su tiempo compañera diputada, favor de concluir.

La diputada Erika Larregui Nagel: Concluyo señor Presidente.

...la enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono para su pronta ratificación. Por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que envíe la enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, para su pronta ratificación, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Erika Larregui Nagel diputada de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo, en base a la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de octubre de 2005 fue aprobado en votación económica por el Pleno del Senado el punto de acuerdo que presentó la entonces senadora por el Partido Verde Ecologista de México, Erika Larregui, que solicitaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que enviara a esa soberanía las Enmiendas de Montreal y Beijing al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono para su pronta ratificación. Posteriormente, el 22 de noviembre la Cancillería remitió la Enmienda de Montreal que fue ratificada por el Pleno del Senado el 19 de abril 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre del mismo año. No obstante, la Enmienda de Beijing aún está pendiente.

El asunto no es un tema menor pues en septiembre de 2000 el ``agujero'' de ozono en la Antártida cubría más de 28 millones de kilómetros cuadrados. En agosto del presente año, la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas anunció que el ``agujero'' localizado en el hemisferio sur tardaría hasta 15 años más de lo previsto en recuperarse. Los científicos calculan que la capa se recuperará hasta el 2065 en lugar del 2050. Si bien el agujero antártico no ha empeorado, se espera que agujeros más grandes se formen en las décadas por venir.

Si bien es cierto que cada primavera se registra un mayor grado de adelgazamiento en la capa de ozono, este asunto no debe ser tomado a la ligera pues lo que ocurre en la Antártica es sólo un pequeño modelo de cómo se manifiesta la pérdida de ozono en nuestra atmósfera. Dicha pérdida es causada por la reacción química de gases como el cloro y bromo en la estratósfera que destruye el ozono. Estos gases proceden de los productos creados por los humanos y conocidos como clorofluorocarbonos por sus siglas CFC´s. El ozono estratosférico impide que entre el 90 y 99 por ciento de la radiación ultravioleta proveniente del Sol llegue a la Tierra.

Aún cuando los niveles de ozono están empezando a recuperarse, y la tendencia que se observa en los dos últimos años es que ``empieza a haber más ozono en la estratosfera'', aparentemente, el motivo de esta mejora se debe a las medidas internacionales adoptadas pero esto no se puede establecer con total seguridad, pues aún no se ha visto que el agujero de ozono en la Antártica se haya recuperado. Por ello es necesario que más naciones hagan lo conducente para aplicar esas medidas establecidas en los instrumentos multilaterales en la materia.

Sabemos que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecuta un plan para eliminar el consumo de CFC's en la refrigeración, acondicionadores de aire, aerosoles, espumas aislantes, equipos contra incendios, espumas, solventes y otros. También lleva a cabo acciones como la capacitación de técnicos; el establecimiento de centros de acopio para la recuperación y reciclaje de esta sustancia; así como la conversión de equipos que aún la utilizan como refrigerante. No obstante ello no es suficiente, pues resulta imprescindible que nuestro país se adhiera lo antes posible al universo de instrumentos internacionales que buscan la sustentabilidad de la atmósfera.

Como se ha señalado la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta y el uso constante de los CFC's, la siguen agotando, incrementándose las posibilidades de desarrollar cánceres cutáneos, inhibiciones del sistema inmunológico, exacerbación de trastornos oculares, así como la afectación a plantas, animales, materiales plásticos y al clima. Lo anterior no es exagerado.

Frente a dicho panorama la comunidad internacional desde 1975 tomó acciones conjuntas para disminuir el daño y a raíz de ellas se estableció en 1976 el Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono. Al año siguiente varios países pusieron en vigor diversas medidas de control, pero lamentablemente, el alivio sólo fue temporal.

De esa manera el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con naciones desarrolladas adoptaron disposiciones más estrictas al elaborar un tratado mundial para proteger la capa de ozono estratosférico. En marzo de 1985, 28 Estados, incluido México, firmaron el Convenio de Viena que alienta la colaboración interestatal en materia de investigación científica, observación sistemática, vigilancia de la producción de sustancias agotadoras de la capa de ozono, así como del intercambio de información. Para septiembre de 1987, 46 países, incluyendo México, adoptaron el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Ante la insuficiencia del Protocolo se prepararon enmiendas que refuerzan sus ordenamientos: Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). En nuestro país ya están en vigor las primeras cuatro. Resulta de gran preocupación para mi grupo parlamentario que aún cuando no hemos ratificado la última enmienda, el secretario Luege Tamargo dé por hecho que México es un país libre de CFC´s.

La enmienda de Beijing introdujo medidas de control para la producción de hidrofluorocarbonos (HCFC) y de un nuevo grupo de sustancias, el bromoclorometano o BCM e impuso restricciones al comercio de estas sustancias con Estados que no son signatarios. Con esas prevenciones se espera que la capa de ozono se recupere más rápidamente para alcanzar de nuevo los niveles anteriores a 1980 gracias a la participación activa y comprometida de la comunidad internacional.

En un planeta donde cuesta tanto ponerse de acuerdo para actuar en favor del medio ambiente, el Protocolo de Montreal y sus enmiendas resultan simbólicas. Su cumplimiento cabal contribuirá a la solución de este grave problema. Por tal motivo es que México tiene la obligación y la responsabilidad de hacer lo conducente en la lucha mundial contra el adelgazamiento de la capa de ozono y ser congruente con el discurso que difunde.

Uno de los mayores desafíos que tenemos frente a nosotros es sin duda, la protección de la capa de ozono. Su recuperación sólo será un hecho en la medida en que todas las naciones se adhieren a las medidas de control establecidas en los instrumentos internacionales especialmente creados para tratar esta materia. La cooperación multilateral es la clave para paliar los efectos nocivos que han degradado esta vital capa. Nuestro país debe, lo antes posible, ser parte de todo el universo de instrumentos internacionales que amparan y buscan revertir su adelgazamiento.

El 16 de septiembre se celebrará el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono y en esa oportunidad es que por la alta trascendencia de este tema, los legisladores que suscribimos solicitamos se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe con toda celeridad al Senado de la República, de acuerdo a sus facultades constitucionales, la Enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono para su pronta ratificación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputada Erika Larregui Nagel (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputada Erika. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

COMISION NACIONAL DE GOBERNADORES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Gobernadores, a centrar su atención en temas prioritarios de beneficio público e interés nacional.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Gobernadores a centrar su atención en temas prioritarios de beneficio público e interés nacional.

El que suscribe, diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presenta a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional de Gobernadores a centrar su atención en temas prioritarios de beneficio público e interés nacional, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

El pasado lunes todos fuimos testigos de un hecho que merece ser abordado en esta tribuna: la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), con una celeridad inusitada, un impulso propiciado por los mandatarios de las entidades presentes y el respaldo del presidente electo Felipe Calderón, aprobó por unanimidad un ``acuerdo en el que da su respaldo absoluto al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, frente al conflicto que vive esa entidad''.

En Convergencia, un partido nutrido de las regionalidades que conforman nuestra patria, nos preocupa la situación que atraviesan nuestros compatriotas oaxaqueños. Convergencia siempre ha estado, desde su fundación, cerca, muy cerca, de los habitantes de ese grandioso estado; nos preocupa y nos lastima la grave situación que está presente allá pero no deja de sorprendernos, compañeros legisladores, la rapidez con que, por unanimidad, los gobernadores decidieron respaldar a un mandatario que experimenta ahora conflictos que, en buena medida, él mismo, sus acciones y su equipo de trabajo propiciaron.

Que quede muy claro: Convergencia no minimiza la gravedad del conflicto ni el sufrimiento que padece el pueblo de Oaxaca frente al caos. Sencillamente, reclama la misma celeridad de resolución y de respuesta a problemas nacionales cuya resolución también resulta muy urgente,como los programas de apoyo a la salud, la transferencia equitativa de fondos federales a los estados, la educación, principalmente en las zonas marginadas, los apoyos al desarrollo agropecuario, en especial en las zonas de extrema pobreza, y por supuesto la seguridad pública y el decidido frente en contra de la delincuencia organizada, la cual se ha apoderado del país, debido a que asesinan lo mismo a periodistas que a policías, funcionarios judiciales y desgraciadamente, al ciudadano común.

Compañeros Legisladores: Convergencia desea, anhela, exige la resolución pronta del conflicto. Los diputados federales de nuestro partido jamás hemos respaldado la violencia como vía de solución de los problemas. Nos hemos labrado frente a la nación la reputación de que somos una organización política responsable que ha vivido en carne propia y en la de algunos de sus dirigentes el escarnio, el aislamiento y el oprobio antes que recurrir a medidas que causaran contratiempos graves a la ciudadanía.

Pero en aras de esa madurez y responsabilidad política, Convergencia exige también que se brinde la misma atención a los graves e impostergables asuntos nacionales que la que se da a la supervivencia política del gobernador de Oaxaca. ¿Preocupa acaso a los mandatarios emanados del PRI que su partido pudiera perder el control de la entidad? y se los pregunto sin asomo de ironía, no creo que eso suceda, por eso conmino a la Conago a prestar atención al asunto principal, al asunto de fondo, al que debe preocuparles verdaderamente: resolver ese conflicto; no defender ``absolutamente'' a un gobernador que, querámoslo o no, ya está completamente rebasado.

Consideraciones 1. La Conago expresó, con celeridad inusitada, su respaldo al gobernador de Oaxaca cuando el tema principal debiera ser el pueblo de Oaxaca y la resolución del conflicto, y no la permanencia de su mandatario.

2. Están también otros temas, urgentes, prioritarios y extraordinariamente necesarios, que la Conago debiera abordar con la misma celeridad con que se prestó a respaldar la supervivencia política de un gobernador.

3. Convergencia nuevamente expresa su absoluta solidaridad con el pueblo de Oaxaca y se manifiesta por una pronta resolución del conflicto.

En merito de lo expuesto y fundado, compañeros legisladores, solicitamos la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Nacional de Gobernadores a concentrar su atención en los temas prioritarios y urgentes de interés nacional que reclaman su resolución, por lo menos con la misma celeridad con que expresó su respaldo político al gobernador del estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

Señor Presidente, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pido que se cambie el turno para que sea de urgente y obvia resolución. Es cuanto

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias compañero diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución. Antes, diputado Cuauhtémoc. Sonido al diputado Cuauhtémoc.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva(desde la curul): A nombre de la fracción parlamentaria de Convergencia, que sea de urgente y obvia resolución y que la votación se haga nominal. Nos apoyan cinco diputados y nos basamos en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: De acuerdo diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución y por medio del sistema electrónico. Daremos 10 minutos, Secretaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico por 10 minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación, por favor.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): En contra.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Señor Presidente, informo a usted que se emitieron 134 votos en pro, 294 en contra y nueve abstenciones.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No se considera de urgente resolución la proposición del diputado Juan Ignacio Samperio. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PORNOGRAFIA Y PROSTITUCION INFANTIL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla informe las acciones implementadas en el caso Lydia Cacho.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea. En el año de 2005 salió a la luz pública el trabajo de la periodista y activista social Lydia Cacho quien al publicar el libro ``Los demonios del Edén'', puso los reflectores sobre el caso de una red de pederastia y pornografía infantil. En el libro se señala como responsables de dichos actos a Jean Succar Kuri, quien actualmente enfrenta un proceso penal.

La ciudadanía ha sido testigo de la represión y hostigamiento que la periodista ha sufrido por hacer de éste un tema público.

En este sentido queremos hacer un reconocimiento a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy se han pronunciado por respaldar una nueva investigación para llegar al fondo de la denuncia presentada por la periodista.

El debate mismo que se dio en la Corte es sin duda una buena noticia en la lucha contra el abuso de autoridad y la impunidad.

Es insostenible que aun y con todo lo leído ---y sobre todo escuchado--- siga habiendo personas que en ningún momento han sido objeto de una investigación por los hechos denunciados. Tal es el caso del empresario Kamel Nacif. De este empresario se han conocido públicamente grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas con gobernadores, empresarios y políticos de este país y de las cuales se puede inferir que existen elementos suficientes para considerar que éste tiene vínculos y/o intereses directos con redes de pornografía y prostitución infantil.

El día de hoy hemos conocido un comunicado del señor Kamel Nacif, donde nos transmite su arrepentimiento por su lenguaje soez y se reconoce sólo como culpable de sus palabras. Sin embargo, no es un lenguaje agreste lo que merece nuestra atención, lo que queremos es que quede clara su vinculación o no con una red de pederastia y pornografía infantil y cuáles son sus vínculos con el poder.

En Alternativa compartimos la preocupación de diversos actores sociales y políticos por garantizar el derecho a la privacidad. La protección de la vida privada y la protección de la intimidad ---menciona Fernando Escalante--- son necesarias como estructuras del orden jurídico y como garantía de respeto de la dignidad de la persona.

También compartimos la visión del magistrado José Ramón Cosío, quien recientemente se pronunció por no tomar en cuenta las grabaciones obtenidas de manera ilícita como pruebas válidas para el desahogo de un proceso judicial. De acuerdo, estas grabaciones no pueden ser validadas, pero sí pueden y deben ser un punto de partida para que se inicien investigaciones judiciales y conocer la verdad, la verdad de estos hechos.

Es nuestra obligación, como legisladores, tutelar un bien mayor, la integridad física, emocional y sexual de las niñas y los niños, que dada su situación de vulnerabilidad son presas de las redes de delincuencia organizada en nuestro país.

Por todo lo anterior y dada la gravedad de los hechos denunciados y la persistencia de impunidad, es imperativo conocer cuáles son las acciones emprendidas por la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla. En tal virtud, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición

Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, para que con base en el exhorto de fecha de 21 de diciembre de 2005, presentado por las diputadas federales de la LIX Legislatura Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mojica Morga, informe a esta soberanía sobre las acciones implementadas para el cumplimiento del mismo.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla para que, en caso de no haberla iniciado y de acuerdo con el informe que al respecto presente, inicie investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantil.

Solicito respetuosamente a la Mesa Directiva, se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a iniciar investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría de Justicia de Puebla informe de las acciones implantadas en el caso Lydia Cacho y para que, en su caso, inicie investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles, con base en los siguientes

Considerandos

Primero.Que en 2005, salió a la luz pública el trabajo de la periodista y activista social Lydia Cacho Ribeiro, quien al publicar el libro Los demonios del Edénpuso en los reflectores el caso de una red de pornografía infantil, narcotráfico y corrupción. En el desarrollo del texto describe crudamente ``una sociedad adormilada que no mueve un dedo ante un hecho tan despreciable''.

Segundo.Que en el libro señala como responsable de dichos actos, además de la corrupción e ineficiencia de las autoridades, a Jean Thouma Hannah Succar Kuri quien, en una grabación, deja al descubierto una cruda confesión al respecto, en la que admite haber tenido siempre sexo con niñas hasta de cinco años de edad y deja ver su inminente participación en redes de pornografía infantil. Este hombre se encuentra detenido; enfrenta proceso penal.

Tercero.Que a lo largo del texto y de los meses, poco a poco se han develado otros nombres de personajes poderosos en nuestro país que han sido vinculados al caso, tales como el empresario, también de origen libanés, Kamel Nacif Borge, de quien, entre otras cosas, se han conocido públicamente grabaciones telefónicas sostenidas con personas como empresarios, gobernadores y empleados, a quienes da órdenes para actuar en uno u otro sentido y de las cuales se puede inferir con toda claridad que hay elementos suficientes para considerar que esta persona tiene vinculo s o intereses directos con la red pornográfica infantil que la periodista señalada reveló en su investigación.

Cuarto.Que, aunado a lo anterior, todos fuimos testigos de la represión y el hostigamiento que la periodista ha sufrido por su atrevimiento de investigar a personas y hechos por demás censurables, por lo cual con fecha 21 de diciembre de 2005 las diputadas federales de la LIX Legislatura Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mojica Morga presentaron proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que investigara la red de pederastia y pornografía infantil que ha documentado y señalado la periodista Lydia Cacho, así como para exhortar a la Procuraduría General de la República para que garantice eficazmente la seguridad, la integridad y el derecho a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho.

Quinto.Que a escala internacional las protestas no se han hecho esperar, ya que la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, que engloba 140 organizaciones no gubernamentales de todos los continentes, especializada en la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, y el Comité para la Protección de los Periodistas han manifestado su inconformidad al respecto.

Sexto.Que nada de lo anterior es en sí mismo tan grave como el hecho de que, aun con todo lo investigado, leído, escuchado, presenciado y exhortado, siga habiendo alrededor de estos hechos increíbles personas que en ningún momento han sido objeto de una real investigación que permita verificar con toda precisión y sin lugar a dudas su participación o no en los hechos denunciados, ya sea para que, en caso de que se encuentre que no es responsable, se señale de manera pública y se respete su derecho a la libertad y a la seguridad, así como para que, en el caso contrario, de encontrársele responsable se le presente ante las autoridades competentes para que sea objeto de juicio y responda ante la sociedad por los delitos que haya cometido. Tal es el caso del empresario Kamel Nacif.

Séptimo.Que la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar de los niños.

Octavo.Que en el artículo 34 de la Convención de los Derechos de los Niños, los Estados parte se comprometen a protegerlos contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación de niños en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; y

c) La explotación de niños en espectáculos o materiales pornográficos.

Noveno. Que la real protección de los derechos de las niñas y los niños y la defensa de los derechos de los menores como un interés social preponderante, así como el respecto y la aplicación de las convenciones y tratados internacionales que se han señalado, deben ser respaldadas con acciones que impliquen que se llevan a cabo las investigaciones judiciales necesarias para desentrañar la participación o no de cualquier persona directa o indirectamente involucrada en actos de corrupción y explotación sexual infantil.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría del estado de Puebla para que, con base en el exhorto de fecha 21 de diciembre de 2005 presentado por las diputadas federales de la LIX Legislatura Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mojica Morga, informe a esta soberanía sobre las acciones implantadas para el cumplimiento del mismo.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría del estado de Puebla para que, en caso de no haberla iniciado, y de acuerdo con el informe que al respecto presente, inicie investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, compañera diputada Guadalupe Conde. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS OPERATIVOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Zazueta Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Cámara de Diputados un informe de las investigaciones que ha realizado sobre el funcionamiento y operación de la empresa ISOSA.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar:Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante, diputado Zazueta.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: En días pasados nos enteramos por los medios de comunicación, que había sido asesinado un ciudadano, el ciudadano Francisco Villarreal Antelo, más bien al parecer ejecutado según las consideraciones, por la forma en que fue asesinado, y hubiera pasado como cualquier otro asesinato de los muchos que ocurren en la República Mexicana, sin embargo, la manera en que la PGR trató de actuar rápidamente para atraer el caso, llamó la atención y la sospecha de muchos de los medios de comunicación y de quienes estuvieron atentos en este caso.

También llamó mucho la atención el hecho de que este asesinato se viera vinculado a personajes como el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y al hermano... al cuñado ---más bien--- ``incómodo'' de Felipe Calderón, en su empresa de Hildebrando.

De tal manera que nos dimos a la tarea de buscar qué pasaba con el caso que tenía que ver con este asesinato y es que el señor Francisco Villarreal Antelo es funcionario, y un funcionario con muchos conocimientos y mucha información de la empresa Integradora de Servicios Operativos, ISOSA. De tal manera que quiero poner a consideración de ustedes el siguiente.

Punto de acuerdo. La empresa Integradora de Servicios Operativos, ISOSA, se ha caracterizado por múltiples señalamientos que apuntan principalmente a su actividad al margen de la ley. Esta empresa opera con recursos públicos en el fideicomiso Aduana número uno, 954-8, instituido en Nacional Financiera y fue creada el 15 de junio de 1993 por el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con la asesoría del abogado Santiago Creel Miranda, del despacho Noriega y Escobedo.

La operación de esta empresa fue ampliamente impugnada durante el gobierno que concluye, en tres ocasiones consecutivas con el motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2001, 2002 y 2003 por la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por derecho de trámite aduanero. Esos recursos presumiblemente han sido destinados a ISOSA.

El daño a las finanzas públicas asciende a más de 10 mil millones de pesos, mismos que ISOSA cobró como derechos aduaneros a empresas dedicadas a comercio exterior y no está claro cuál fue su destino.

En 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso una controversia constitucional contra la Auditoría Superior, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del derecho de trámite aduanero con el argumento de que eran privados.

El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto con votación de ocho votos a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y, por consecuencia, a la empresa ISOSA.

Ultimado este señor, de manera artera, y habiéndose demostrado que el móvil del crimen no era un robo o el secuestro, la evidencia apunta a que el blanco de esta ejecución fue planeada y hasta lo que se conoce ---producto de las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal--- Villarreal Antelo no tenía vínculos con el crimen organizado ni sus actividades profesionales habían sido señaladas por alguna sospecha. No obstante, su asesinato se suma a otros que se ha perpetrado en contra...

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Compañero diputado, ha concluido su tiempo, por favor concluya su intervención.

El diputado Humberto Zazueta Aguilar:Concluyo. Además Villarreal Antelo ocupaba un puesto clave en ISOSA, relacionado con la entrada de mercancías en todo el país, a través del Sistema Administrativo Aduanero Integral, que le permitía controlar los semáforos de las aduanas.

Por lo tanto, propongo el siguiente.

Punto de acuerdo. Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, entregue a esta soberanía un informe exhaustivo pormenorizado de las investigaciones que han realizado sobre el funcionamiento y operación de la empresa ISOSA, así como los recursos que se han enterado y los que restan por enterar a la Tesorería de la Federación.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información detallada sobre las licitaciones que han otorgado a ISOSA para operar en las aduanas del país. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que entregue a la Cámara de Diputados un informe exhaustivo y pormenorizado de las investigaciones que ha realizado sobre el funcionamiento y operación de la empresa ISOSA, así como de los recursos que se han enterado y los restantes por enterar a la Tesorería de la Federación, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente.

Consideraciones

La empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), se ha caracterizado por múltiples señalamientos que apuntan principalmente a su actividad al margen de la ley. Esta empresa opera con recursos públicos en el fideicomiso Aduanas 1, número 954-8, instituido en Nacional Financiera y fue creada el 15 de junio de 1993 por el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y con la asesoría del abogado Santiago Creel Miranda, del despacho Noriega y Escobedo.

La operación de esta empresa fue abiertamente impugnada durante el gobierno que concluye, en tres ocasiones consecutivas, con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2001, 2002 y 2003 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por derecho de trámite aduanero. Esos recursos, presumiblemente han sido destinados a ISOSA.

El daño a las finanzas públicas asciende a más de 10 mil millones de pesos, mismos que ISOSA cobró como derechos aduaneros a empresas dedicadas al comercio exterior y no está claro cuál fue su destino.

En 2004 la SHCP interpuso una controversia constitucional en contra de la ASF, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del derecho de trámite aduanero con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y por consecuencia a ISOSA.

ISOSA fue además vinculada directamente con personajes señalados por sus irregularidades cometidas en el pasado proceso electoral. Efectivamente, la empresa contrató los servicios de la compañía de sistemas de cómputo de Hildebrando, SA de CV, encabezada por Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón.

Ultimado de manera artera y habiéndose demostrado que el móvil del crimen no era el robo o el secuestro, la evidencia apunta a que fue blanco de una ejecución planeada y hasta lo que se conoce, producto de las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia del DF, Villarreal Antelo no tenía vínculos con el crimen organizado ni sus actividades profesionales habían sido señaladas por alguna sospecha. No obstante, su asesinato se suma a otros que se han perpetrado en contra de funcionarios aduanales en los últimos años.

Estas especulaciones se incrementan con la pretensión de la Procuraduría General de la República por atraer el caso. Así, sin mayor explicación que el uso de una facultad autoritaria, el Ministerio Público federal anuncia que debido al empleo de un arma de fuego (sin especificar el calibre de la misma), la Procuraduría local debe dejar el caso en sus manos.

Además, Villarreal Antelo ocupaba un puesto clave en ISOSA relacionado en la entrada de mercancías en todo el país a través del Sistema Administrativo Aduanero Integral, que le permitía controlar los semáforos en las aduanas.

Debe haber una explicación más clara sobre el deseo de la PGR de investigar este crimen o esta misma debe informar si tiene alguna línea de investigación que la Procuraduría del DF no ha contemplado, de lo contrario este hecho seguirá provocando suspicacias y dudas en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la aprobación de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación entregue a esta soberanía un informe exhaustivo y pormenorizado de las investigaciones que ha realizado sobre el funcionamiento y operación de la empresa ISOSA, así como de los recursos que se han enterado y los que restan por enterar a la Tesorería de la Federación.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información detallada sobre las licitaciones que se han otorgado a ISOSA, para operar en las aduanas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 14 de septiembre de 2006.--- Diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Esta Presidencia instruye que se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.Gracias, diputado.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gilberto Ojeda, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, declare estado de emergencia las zonas afectadas del estado de Sinaloa por el paso del huracán Lane y se liberen los recursos respectivos, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. Antes que nada, quiero agradecerles a mis compañeros de mi grupo parlamentario la oportunidad que me dieron de hacer uso de la tribuna para tocar este tema, que es de vital importancia para la vida de Sinaloa.

«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente.

Exposición de motivos

Acudo a esta soberanía para exponer la difícil situación que se está viviendo en diversos municipios, comunidades y colonias del estado de Sinaloa, como resultado de las afectaciones por el huracán Lane.

Las intensas lluvias y vientos causaron inmensos daños y hasta la fecha, tenemos un saldo negativo de tres muertos, siete desaparecidos y más de 150 mil damnificados en 89 poblados y decenas de colonias inundadas; múltiples derrumbes en carreteras, daños en sistemas de agua potable y electricidad, así como severos daños en muchos planteles escolares. Aunado a todo ello, afectaciones totales en cultivos propios de la región y problemas serios en la ganadería.

Destacan los daños ocasionados en los márgenes del río San Lorenzo y en la sindicatura de Equilá, Costa Rica, El Dorado, El Salado y Emiliano Zapata del centro del estado, en donde fueron destruidas muchas viviendas dejando miles de damnificados. Ante tal situación el gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla, de inmediato se puso al frente de los trabajos de auxilio y apoyo a damnificados, sumándose a esto también importantes sectores sociales y de asistencia privada y, desde luego, el destacado desempeño de los elementos del Ejército Mexicano al aplicar oportunamente el plan DN-III para, entre todos, paliar la tragedia de miles de familias que en unas cuantas horas perdieron todo lo que tenían.

Para Sinaloa es de vital importancia el auxilio y apoyo que en estos momentos de gran dificultad debe otorgar el gobierno federal, por lo que desde esta tribuna y a nombre del pueblo de Sinaloa, los representantes populares del Partido Revolucionario Institucional, solicitamos el respaldo de la Federación ante tan lamentable acontecimiento, a la vez, que en este mismo acto queremos de antemano agradecer la gran disposición demostrada de manera rápida y oportuna de parte de la Secretaría de Gobernación federal, al enviar a nuestra entidad, a atender a los afectados, al licenciado Carlos Bayo Martínez y a la licenciada Laura Gurza Jaidar, director del Fonden y coordinadora general de Protección Civil, respectivamente, quienes el día de ayer recogieron en el terreno de los hechos la problemática de los sinaloenses afectados.

Lo anterior demuestra la solidaridad del gobierno federal con Sinaloa, que es de reconocerse y se agradece. Pero aún con ése significativo gesto, es urgente que se le dé seguimiento al proceso de la declaratoria de desastre que habrá de emitir en su oportunidad la Secretaría de Gobernación en su instancia respectiva, para que lleguen en tiempo y forma los recursos que permitan al pueblo y gobierno de Sinaloa levantarse en esa zona devastada, donde vive gente de trabajo y de lucha cotidiana.

Compañeras y compañeros diputados. Hoy Sinaloa enfrenta un serio problema que le obliga a pedir auxilio y confiamos que habrá una respuesta oportuna a ello, porque es Sinaloa una tierra generosa que le aporta al país grandes cantidades de recursos en materia alimentaria y porque somos los sinaloenses siempre solidarios cuando tenemos que tenderle la mano a quien lo necesita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo el siguiente.

Punto de acuerdo

Único.La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con los habitantes del estado de Sinaloa por la tragedia sufrida con motivo del azote del huracán Lane. Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo federal para que se declare estado de emergencia en las zonas afectada por el huracán y, asimismo, se canalicen en el menor tiempo posible y con medidas de control y absoluta transparencia, recursos del Fondo para la Atención de Desastres Naturales, con el objeto de atender las necesidades más apremiantes de las familias afectadas, además de las tareas de rehabilitación de la infraestructura afectada en dicha entidad federativa.

En el mismo sentido se solicita que, de ser necesario, el gobierno federal integre una propuesta de adición presupuestal para que ante la cercanía del proceso de revisión del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, se consideren recursos que den continuidad a la reconstrucción de las zonas afectadas y se normalice su actividad económica y social.»

Es cuanto, compañera Presidenta.

Porque difiere el contenido de este documento con lo que se publicó el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria, hago entrega a la Secretaría del documento que acabo de leer. Muchas gracias compañeros.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución la propuesta que acabamos de escuchar.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se han registrado para hacer uso de la palabra en pro, el diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario de Acción Nacional y la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del mismo grupo parlamentario. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González.

El diputado Carlos Eduardo Felton González:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Mientras en la mayor parte de nuestra República, los mexicanos todavía celebraban la gesta histórica que don Miguel Hidalgo y Costillainiciara en Dolores Hidalgo, en el año de 1810; los sinaloenses nos preparábamos con preocupación para recibir los embates de uno de los huracanes más devastadores que se han dejado sentir en nuestro estado en los últimos 40 años.

Fue precisamente en la madrugada del día sábado 16, hace apenas unos días, que la furia del huracán Lane se empezó a dejar sentir con implacable violencia sobre las costas de Sinaloa, con vientos sostenidos cerca de su centro de más de 210 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora; Lane se ubicó como huracán categoría tres en la escala Saffir Simpson, categoría que señala la gran peligrosidad del meteoro, por lo que la capitanía del puerto ordenó de inmediato cerrar a la navegación todos los puertos del estado y tanto el aeropuerto internacional de la ciudad de Mazatlán, como la central de camiones cancelaron de igual manera todos los vuelos y todas las corridas, entrantes y salientes de la ciudad.

El huracán Lane tocó tierra en el estado de Sinaloa alrededor de las 12 horas del medio día del sábado 16 de septiembre, en las inmediaciones de la bahía Guadalupana, al sur de la ciudad capital de Culiacán, a sólo unos cuantos kilómetros de la población de La Cruz de Elota, causando severos daños materiales y miles de damnificados en nueve municipios del estado de Sinaloa.

La carretera de cuota que corre de Mazatlán a Culiacán quedó fracturada en siete diferentes tramos; asimismo, la carretera libre, la internacional México 15, quedó intransitable cuando menos en dos puntos de la misma, por lo que el tráfico al norte quedó suspendido y no se sabía cuántos días tomaría restablecer la comunicación.

Dentro de lo que cabe, podemos decir que en Mazatlán corrimos con algo de suerte, ya que los daños pudieron ser mucho mayores. Afortunadamente no hubo desgracias personales que lamentar. Los principales daños reportados no fueron por los fuertes vientos, sino por las abundantes precipitaciones que propiciaron que decenas de colonias y fraccionamientos quedaran prácticamente sepultados por el agua. Se reportan varios miles de damnificados, familias principalmente de clase humilde, que perdieron todas sus pertenencias y requieren de ayuda inmediata.

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió una declaratoria de emergencia para nueve municipios de Sinaloa por la afectación del huracán Lane. A partir de esta declaratoria las autoridades deberían de contar con recursos del Fonden para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada por el fenómeno meteorológico. La declaratoria fue solicitada por el gobierno de la entidad.

En apego a la justicia, es mi obligación reconocer que en el caso específico de Sinaloa y del huracán Lane, la declaratoria de zona de desastre presentada por el gobernador del estado ha sido debidamente atendida y seguida con mucho interés por el Presidente de la República y respaldada por los funcionarios del Fonden, los cuales, el día de ayer reportaban importantes avances en la firma de la documentación correspondiente, lo que nos hacen prever que los mencionados recursos pudieran estar en tiempo y forma fluyendo hacia nuestro estado, realmente así lo esperamos.

Hago votos desde esta tribuna para que de aquí en adelante cualquier estado hermano que sea envuelto en desgracias ocasionadas por fenómenos naturales, tengan las mismas facilidades y apoyos que el día de hoy Sinaloa está recibiendo, pues sabemos que los fenómenos naturales no respetan geografía alguna ni raza ni credo ni ideología. Hoy nos pasó en Sinaloa, mañana, compañeras y compañeros diputados, pudiera ser su estado, su gente y sus familias. Desde esta tribuna, y a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, agradecemos el apoyo solidario que tuvieron el día de hoy en su votación para que esta iniciativa sea pasada como urgente y obvia resolución. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en pro de la proposición tiene la palabra la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados. Como es del conocimiento público, el estado de Sinaloa está padeciendo una situación de emergencia en 10 municipios del centro y sur de ese estado. Esto como consecuencia del paso del meteoro denominado Lane el pasado jueves y viernes, convertido en huracán categoría dos, Lane se dirigía hacia el Mar de Cortés, generando fuertes lluvias y oleaje elevado a lo largo de la zona costera de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

En el caso de Sinaloa, ya convertido en huracán categoría tres, de acuerdo a la escala Saffir Simpson, fue declarado como peligroso; empezando a golpear las costas del estado y tierra adentro, se presentó con fuertes oleajes, lluvias intensas e inundaciones en la zonas más bajas del estado.

Es de señalar que Lane ingresó a costas sinaloenses entre los municipios de Culiacán y Elota, en categoría tres, con rachas de hasta 250 kilómetros por hora. El ojo del huracán midió cerca de 18 kilómetros, según el Servicio Meteorológico Nacional, el centro de Lane, cuyo índice de peligrosidad fue considerado severo, se ubicó muy cerca de la capital Culiacán, extendiéndose consecuentemente la zona de alerta, desde los municipios del centro hasta el sur del estado.

El paso de este fenómeno natural en Sinaloa dejó daños millonarios en carreteras, instalaciones eléctricas y de telefonía y orilló al desalojo de miles de personas de los municipios del centro del estado.

En la entidad se habilitaron escuelas y otras instalaciones como albergues, sobre todo en el centro de Sinaloa, los cuales recibieron por lo menos a dos mil damnificados, quienes permanecen en albergues de Culiacán y en instituciones educativas universitarias.

En este orden, considerando que el Fonden es un mecanismo financiero para que en la eventualidad de un desastre natural el gobierno federal apoye, a través del fondo revolvente, a la población que se ha visto afectada ante el desastre natural como fue el huracán Lane, es necesario que la Secretaría de Gobernación declare a la brevedad como estado de emergencia, a 10 municipios del centro y del sur, para que las autoridades locales cuenten con recursos del citado fondo y se dé atención inmediata y urgente a la población damnificada.

Es por ello que en relación con el punto de acuerdo que presenta a esta Asamblea el diputado Gilberto Ojeda Camacho, sobre la declaratoria del estado de emergencia en 10 municipios del centro y sur de Sinaloa, afectadas por el paso del huracán Lane, para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional es de la mayor importancia; motivo por el cual nos unimos a dicha propuesta contenida en el punto único para que el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, con el objeto de atender las necesidades más apremiantes de las familias afectadas, además de las tareas de rehabilitación de la infraestructura afectada.

Asimismo, pedimos que se incorpore al citado recurso legislativo lo siguiente: parte de esos recursos, previa solicitud de las instancias locales, se destinen a la creación del empleo temporal, precisando el objeto del gasto en lo que se establece en el Ramo 23, ``Sedesol'', a efecto de que puedan liberarse las vías de comunicación de los municipios afectados...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señora diputada, un momento por favor. Sonido en la curul del diputado que está solicitando el uso de la palabra.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Pido la palabra.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Con el propósito de hacerle una pregunta a la diputada que está en pro de esta propuesta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Señora diputada, acepta la pregunta del diputado?

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: No.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: No la acepta, señor diputado. Continué y gracias.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández:Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve a levantar un inventario de los cultivos siniestrados, superficie afectada por la inundación, las granjas pecuarias dañadas y productores agrícolas y jornaleros de este ciclo afectado que no tendrán ingresos.

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente un diagnóstico de la infraestructura carreta afectada y la cuantificación de los recursos necesarios para reactivarla.

Y la última, que la Comisión Nacional de Agua evalué los riesgos en que se encuentran las presas del estado de Sinaloa, que durante la actual temporada de lluvias habían quedado saturadas y con este fenómeno seguramente ya rebasaron su capacidad y nos encontramos en grave peligro. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Para manifestarse en el mismo sentido de apoyo a la propuesta, hará uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López:Con su permiso, diputada Presidenta. Los diputados perredistas de la región del noroeste, la diputada Sonia Ibarra, el diputado Tonatiuh Bravo y su servidor, habíamos solicitado también un punto de acuerdo en este sentido.

Para no abundar la situación que se vive en Sinaloa ---ya mencionada por los diputados que me antecedieron---, solamente me voy a circunscribir a nombre de mis compañeros de todo el grupo parlamentario del PRD, a hacer la siguiente propuesta.

Tomando en cuenta la gravedad de la situación que se vive en Sinaloa, consideramos que se requieren medidas extraordinarias; asumir que la misión principal debe ser atender a la población damnificada con rapidez y oportunidad con los suficientes recursos materiales y humanos. Por ello, hago a esta soberanía la siguiente propuesta.

Primero. Solicitar por parte de esta Cámara de Diputados al titular del Ejecutivo federal, que se haga formalmente la declaratoria de zona de desastre en los municipios afectados en Sinaloa, por el huracán Lane.

Segundo. Solicitar al titular del Ejecutivo federal que mandate a la Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, fracción XIX, y 29 al 37 de la Ley General de Protección Civil, 5, fracciones I, y XXIV; y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que establece las reglas de operación del Fonden. Liberar los recursos del mismo fondo para atender las contingencias en este estado de Sinaloa.

Por el burocratismo y la lentitud en la actuación del Fonden, reclamamos que esta Cámara de Diputados tomé los acuerdos que hemos presentado. También a nombre del grupo parlamentario del PRD y expresamos nuestra más amplia solidaridad con el pueblo de Sinaloa, en estos momentos difíciles.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en contra de la proposición tiene la palabra el diputado Alberto Esteva, de Convergencia.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Ciudadanas y ciudadanos diputados. Esta propuesta que hemos escuchado del Partido Acción Nacional, sin duda llama la atención, y llama la atención porque mientras para el Partido Acción Nacionales de urgente y obvia resolución atender una tragedia ---que no minimizamos--- en diez municipalidades del norte del país, no es un tema de urgente resolución atender la tragedia que viven 570 municipios en el estado de Oaxaca.

Aquí se habla de urgente y obvia resolución por una eventualidad, por un meteoro con que la naturaleza ha devastado el norte del país, sin embargo, aquí no hay congruencia. Los diputados de Acción Nacional hace un par de sesiones dijeron que la palabra era el instrumento para poder superar cualquier conflicto en el país y, sin embargo, hoy quieren destinar recursos pero no quieren destinar tiempo para atender conflictos como el que se vive por más de cuatro millones de mexicanos en el estado de Oaxaca.

¿Dónde está la congruencia señores y señoras diputadas del Partido Acción Nacional?, dónde, si en el Senado hoy ustedes, a través de su fracción, han negado la posibilidad de que se conforme una comisión que vaya al estado de Oaxaca a atender esta eventualidad que se está presentando. Entonces los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras de otras fracciones parlamentarias tenemos que ir a atender el asunto, porque las mesas directivas y los distintos coordinadores de las fracciones parlamentarias no consideran un tema de urgente y obvia resolución la crisis que se vive en Oaxaca.

Por eso hago un exhorto a nombre del grupo parlamentario de Convergencia para que, con esa vehemencia que se viene a hablar aquí de damnificados, se entienda también que el país no solamente está conformado por una posición de derecha, sino por una composición plural y que no existen dos México; el de urgente u obvia resolución para ustedes, que es el tema exclusivamente de conflictos naturales, sino que también hay conflictos sociales y políticos en el país que ustedes no reconocen.

Les exigimos madurez, les exigimos cordura, les exigimos congruencia. Si ustedes no quieren reconocer que hay esa realidad en Oaxaca, como la hay en otros estados, no va a poder fortalecerse nunca jamás un régimen de instituciones. Por eso nosotros sostenemos, quienes simpatizamos con el Frente Amplio Progresista, la incongruencia del Partido Acción Nacional. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo de Convergencia, para hablar en contra de la proposición.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas:Muy buenas tardes, señores legisladores, señoras legisladoras. Yo propongo que tengamos un acuerdo, este acuerdo es que apoyemos tanto los desastres nacionales provocados por meteoros, como también los desastres que provocan algunos gobernantes.

El caso de Oaxaca así lo amerita. Que nosotros actuemos en congruencia. Con mucha congruencia, en una convergencia en que haya una solución para ambos casos. Probablemente quizás ustedes no me escuchen, porque a nadie de los de aquí, que no son oaxaqueños, les interesa que resolvamos el problema de Oaxaca... ---déjeme acabar, tengo el uso de la palabra---, nosotros pedimos lo mismo que ustedes: que haya congruencia.

A los compañeros legisladores de Acción Nacional y a los compañeros del PRI, aquí no estamos atacando a nadie, estamos únicamente pidiendo lo mismo para nosotros, los oaxaqueños, que para cualquier entidad de la República.

Eso es lo que queremos nosotros, no queremos dádivas; queremos congruencia de esta Legislatura. Que los derechos constitucionales sean respetados para todos, para todos. Que se nos trate con la misma vara. Eso es todo, compañeros.

Ya nos reservaremos para actuar en consecuencia, porque es necesario que esta Legislatura nos escuche. Todos debemos hacer una digna Legislatura. Hagamos de la Legislatura una Legislatura digna.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Recordamos el tema. Se está discutiendo la proposición presentada sobre el caso del desastre en Sinaloa. Rogamos a los oradores se refieran al tema que se está debatiendo.

Se ha terminado el registro de oradores. Tenemos una adición a la propuesta. Le vamos a pedir a la Secretaría se sirva darle lectura y poner en votación económica, si es de aceptarse la adición a la propuesta de punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Artículo uno. Solicitar al titular del Ejecutivo federal que se haga la declaratoria de zona de desastre en los municipios afectados de los estados de Sinaloa ocasionados por el huracán Lane.

Artículo dos. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que mandate a la Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, fracción IX, y 29 al 37 de la Ley General de Protección Civil, 5, fracciones I y XXIV; y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y numerales 39, 40, 41 y anexo 2 del Acuerdo que Establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender las contingencias en el estado de Sinaloa causadas por el huracán Lane.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta en los términos en que ha sido leída por la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, y en los términos leídos...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Un momento. Primero, si son de aceptarse las modificaciones que acaba de leer la Secretaría.

El diputado Carlos Alberto Navarro López(desde la curul): Pido la palabra, Presidenta. ¿Me permite, Presidenta, una aclaración? La propuesta la hice a nombre del grupo parlamentario del PRD para que no quede solamente como si se anda gestionando tal o cual, sino que esta Cámara de Diputados mandate al Presidente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Lea la adición y luego la propuesta como va a quedar. Se va a leer la original para que la Asamblea pueda decidir si se aprueba la original con la adición que se acaba de leer.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Punto de acuerdo original. Único. La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con los habitantes del estado de Sinaloa por la tragedia sufrida con motivo del azote del huracán Lane. Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo federal para que se declare estado de emergencia en las zonas afectadas por el huracán Lane en el estado de Sinaloa. Asimismo, se canalicen en el menor tiempo posible, y con medidas de control y absoluta transparencia, recursos del Fondo para la Atención de Desastres Naturales con el objeto de atender las necesidades más apremiantes de las familias afectadas, además de las tareas de rehabilitación de la infraestructura afectada en dicha entidad federativa.

En el mismo sentido, se solicita que de ser necesario el gobierno federal integre una propuesta de adición presupuestal para que ante la cercanía del proceso de revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, se consideren recursos que den continuidad a la reconstrucción de las zonas afectadas y se normalice su actividad económica y social.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba la propuesta con la adición presentada.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta el punto de acuerdo propuesto, con la adición solicitada.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Ciudadana Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada, comuníquese.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Tiene la palabra el diputado Arnoldo Ochoa González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal declare zona de desastre el municipio de Manzanillo, Colima, afectado por el huracán Lane.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Con su permiso, compañera Presidenta. Es una proposición con un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal, a fin de que declare zona de desastre los municipios de Colima afectados por la tormenta tropical Lane.

Este punto iba a estar antes del presentado por mis compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Por un enroque lo estamos haciendo en este momento y quiero recordar a los compañeros diputados que la tormenta Lane se presentó primero en el estado de Colima, los días 6 y 7, como una depresión y como una tormenta tropical que estuvo con vientos de 65 a 80 kilómetros.

El día 8, al final del día se intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros hasta 150. Las constantes lluvias al paso de Lane por varios municipios de Colima han dejado daños materiales cuantiosos en cosechas, viviendas, comercios, infraestructura urbana y fundamentalmente vialidades.

La red federal de carreteras tuvo daños cuantiosos al igual que las carreteras alimentadoras, en particular el tramo de Colima-Cihuatlán, la carretera Manzanillo-Minatitlán y el ramal al aeropuerto.

A la fecha, existen tramos carreteros que aún encuentran obstruido su paso normal, tal es el caso de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, que a partir del kilómetro 32 y hasta el 47, ocurrieron 27 derrumbes. En algunos casos son tan voluminosos que se tendrá y se está utilizando ya el uso de explosivos.

Asimismo, en las zonas bajas de la carretera federal Manzanillo-Cihuatlán, a partir del poblado de El Chavarín a Marabasco, así como el entronque de la carretera nacional a El Centinela, se inundó complemente quedando interrumpido el tráfico por 72 horas. En algunos lados la carretera llegó a destruirse en tramos hasta de un kilómetro.

A estos momentos, se tiene una evaluación de daños preliminar de la infraestructura carretera, que asciende a poco más de 25.7 millones de pesos. En el renglón del agro colimense, con los datos de que se dispone, se tiene una afectación de cerca de mil hectáreas en pérdida total, tan sólo en las zonas plataneras de la región del Marabasco; en la región del Colomo se tienen pérdidas en aproximadamente 900 hectáreas hasta de un 40 por ciento.

Para el establecimiento de estos plantíos de plátano se requieren 65 mil pesos por hectárea. Aquí solamente en las pérdidas del agro, pueden ascender a cerca de 100 millones de pesos, por lo que estamos proponiendo que se destinen recursos a todos los afectados por este meteoro del Fondo Nacional de Desastres. Los municipios de Colima afectados son principalmente Manzanillo, Armería, Villa de Álvarez, Minatitlán y Tecomán.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado y con carácter de urgente resolución, el de la voz presenta la siguiente proposición con.

Punto de acuerdo. Primero. Dado el estado de emergencia que se vive en el estado de Colima, se exhorte al gobierno federal para que a la brevedad haga la declaración de zona de desastre en los municipios de Colima afectados por el paso de la tormenta tropical Lane.

Segundo. Que inmediatamente hecha la declaratoria de zona de desastre, se proceda a la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres y demás acciones conducentes por parte de protección civil. Esta propuesta inicialmente la presentaba un servidor; estamos haciendo la propuesta también con la solidaridad del diputado Nabor Ochoa, del Partido Acción Nacional.

Colima es un estado con muy escasos recursos económicos, el daño de este meteoro ocasiona un fuerte problema económico para mi estado. Les pido a los compañeros, con todo respeto, de todas las fracciones parlamentarias, que puedan votar a favor de este punto de acuerdo y que se dé de urgente u obvia resolución. Por su atención gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar zona de desastre el municipio de Manzanillo, Colima, afectado por el huracán Lane, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del PRI

En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto me permito someter a la consideración de la Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal a fin de que declare zona de desastre los municipios de Colima afectados por la tormenta tropical Lane.

Exposicion de Motivos

De acuerdo con datos del propio Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el pasado día 5 de septiembre por la mañana, se formó la depresión tropical No. 14-E de la temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se inició aproximadamente a 345 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Colima con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1005 hPa. Por la tarde, cuando se encontraba a 450 km al suroeste de Manzanillo, el sistema se incrementó a la tormenta tropical Lane, la cual presentó vientos máximos de 65 km/h con rachas de 85 km/h.

Para la madrugada del día 8, cuando se encontraba casi estacionario a 450 km al sureste de Isla Socorro y a 585 km al suroeste de Manzanillo, la depresión tropical Lane se desarrolló nuevamente a tormenta tropical, presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h y al final del día se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h.

Las constantes lluvias al pasó de Lane por varios municipios de Colima han dejado daños materiales cuantiosos en cosechas, viviendas, comercios, infraestructura urbana y fundamentalmente en vialidades.

La red federal de carreteras tuvo daños cuantiosos al igual que las carreteras alimentadoras. En particular el tramo del ramal aeropuerto quedó completamente destruido en un área de aproximadamente 1 km de extensión.

A la fecha existen tramos carreteros que aún se encuentra obstruido su paso normal, tal es el caso de la carretera Villa de Alvarez Minatitlán, que a partir del km. 32 y hasta el 47, ocurrieron 27 derrumbes en los cuales en algunos casos se tendrá que auxiliar con el uso de explosivos.

Así mismo, en las zonas bajas de la carretera federal Manzanillo-Cihuatlán, a partir del poblado de El Chavarín a Marabasco, así como el entronque de la carretera Nacional al Centinela, se inundó completamente, quedando interrumpido por 72 horas el tráfico vehicular; en este mismo tramo el aproche del puente del río Cihuatlán en el lado de Colima, se cortó en varias secciones.

En los demás tramos de los 17 evaluados, a la fecha se tiene problemas de socavaciones, pérdida de la estructura del pavimento, azolve de alcantarillas, corte de algunos de estos tramos que dificulta el traslado de mercancía y de personas, así como problemas de baches.

A estos momentos se tiene una evaluación de daños de la infraestructura carretera que asciende a poco más 25.7 millones de pesos.

En el renglón del agro colimense, con los datos que se disponen, se tiene una afectación de 1000 hectáreas en pérdida total, tan sólo en la zona platanera de la región de Marabasco; en la región de El Colomo, se tienen plantíos de plátanos en una extensión de 1000 hectáreas en una pérdida parcial estimada del 30%.

Para el establecimiento de estos plantíos de plátano, se requiere $65'000,00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 MN) por hectárea, es por ello que la pérdida en el agro, tan sólo en este rubro, asciende a poco más de 100 millones de pesos; por todo ello, a nombre de las autoridades locales. y en nombre propio, proponemos que el gobierno federal haga la declaratoria correspondiente para que puedan llegar a Manzanillo y demás municipios afectados por el meteoro los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, y con carácter de urgente resolución, el de la voz presenta la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.-Dado el estado de emergencia que se vive en el estado de Colima, se exhorte al gobierno federal para que a la brevedad haga la declaración de zona de desastre en los municipios de Colima y la zona costera del estado de Jalisco afectados por el paso de la tormenta tropical Lane.

Segundo.-Que inmediatamente hecha la declaratoria de zona de desastre se proceda a la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres y demás acciones conducentes por parte de Protección Civil.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica).»

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, parece... Diputado Barajas, ¿con qué objeto?

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): ¿Si me permite hacerle una pregunta?

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta el orador?

El diputado Arnoldo Ochoa González: Sí, claro.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado.

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): ¿Si es de aprobarse por parte del proponente el que sea incluido en el texto del artículo primero de esa iniciativa el que se incluya el municipio de Cihuatlán, Jalisco, debido a que ---como usted lo manifiesta en el texto inicial---, también fue afectado en las mismas condiciones que los municipios del estado de Colima?

El diputado Arnoldo Ochoa González:Claro que sí, compañero. Yo creo que debemos de incluir la zona de la costa de Jalisco, porque también fue afectada al igual que el estado de Sinaloa y de Colima. Acepto yo que sea incluido. Gracias, compañeros diputados.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, si quiere leer la propuesta como quedaría para que se pueda someter a consideración.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Quedaría. Dado el estado de emergencia que se vive en el estado de Colima, se exhorte al gobierno federal para que, a la brevedad, haga la declaración de zona de desastre en los municipios de Colima y zona costera de Jalisco, afectados por el paso de la tormenta tropical Lane.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señor diputado.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la propuesta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Ciudadana Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. Ha pedido hacer uso de la palabra para apoyar esa proposición el diputado Nabor Ochoa López, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Voy a ser breve, ya se ha hablado mucho de este fenómeno, del huracán Lane. Hacer alguna precisión, como lo señala el diputado Arnoldo Ochoa, esto lo estuvimos viendo juntos y también llevan el respaldo de mis compañeros diputados de Colima, Esmeralda Cárdenas y Víctor Torres Herrera.

Nada más una precisión en las fechas. En la proposición con punto de acuerdo se señala la fecha del 8 de septiembre como inicio de este fenómeno; en realidad es la semana pasada, la fecha es del 12, 13, 14, que fue el día viernes 15 el día en que ese huracán entró en Manzanillo, en municipios de Colima.

También señalar aquí que nos sumamos a esta proposición con punto de acuerdo por las razones que ya dio el compañero diputado Arnoldo Ochoa; sí, nada más precisar: Manzanillo ---soy alcalde con licencia de Manzanillo--- no se haya en zona de desastre su zona turística, su zona urbana. Los daños ---como bien lo señala el diputado Arnoldo Ochoa--- son sobre todo daños en cuestiones agrícolas, en cuestiones de carreteras, algunos caminos rurales también. Manzanillo, pues, en ese sentido, su zona turística, hotelera, no se encuentra en zona de desastre.

Por ello, como integrantes del grupo parlamentario del PAN, nos sumamos a esta proposición con punto de acuerdo presentada por nuestro compañero, el diputado Arnoldo Ochoa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en el mismo sentido, apoyando la proposición, hará uso de la palabra el diputado Salvador Barajas.

El diputado Salvador Barajas del Toro:Muchas gracias, Presidenta. Nada más para agradecer al diputado proponente, así como a esta Asamblea, el que se haya incluido en este punto de acuerdo a la zona costera del estado de Jalisco, debido a que también resultó afectada por este meteoro parte importante de las actividades agrícolas en los municipios de Cihuatlán, Jalisco. Muchísimas gracias y esperando el resultado por parte del gobierno federal lo más pronto posible. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la proposición como fue leída por el proponente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ahora, sírvase la Secretaría consultar, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desa-rrollo integral de la cuenca de Necaxa.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Gracias, señora Presidenta. En nombre de mis compañeros diputados y diputada Guadalupe García, del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Neftalí Garzón Contreras, del Partido de la Revolución Democrática; de José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia; de Wenceslao Herrera, Mario Mendoza y Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional, presento la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Señora Presidenta, haré un resumen y solicito se inscriba en sus términos en el Diario de los Debates.

El pasado jueves 6 del presente, se dio un impresionante proceso de remoción de masa. Se desprendieron 20 mil metros cúbicos de tierra y material pétreo del cerro de Necaxaltépetl, ubicado a un lado de la presa de Necaxa, en la sierra norte de Puebla. El saldo del siniestro fue la lamentable pérdida de cuatro vidas humanas, 17 personas lesionadas, el bloqueo de la carretera México-Tuxpan, pero sobre todo la afectación a la normalidad de la vida de la comunidad indígena de Necaxaltépetl y la permanencia de condiciones de significativa vulnerabilidad ante las altas precipitaciones pluviales que anualmente se presentan durante los meses de septiembre y octubre.

Las autoridades estatales y federales actuaron con pertinencia y oportunidad. Al mismo tiempo, se ha exigido, por parte del gobierno del estado y de la propia ciudadanía, que las dependencias federales competentes realicen una indagación que permita determinar las causas que motivaron el proceso gravitacional en masa, toda vez que se trata de un banco de piedra que con la autorización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaba siendo explotado por la empresa ICA, que tiene a su cargo la construcción de la importante obra de la autopista México-Tuxpan.

Lo anterior, no obstante que el destacado sindicalista y luchador social Virgilio Uribe advirtió el riesgo del desprendimiento que finalmente sucedió.

A mí me parece, compañeras, compañeros diputados, que estos fenómenos que de manera repetida estamos trayendo a la tribuna, tenemos que vincularlos a su naturaleza estructural. Si no lo hacemos, estaremos simplemente provocando remedios a cuestiones que tienen que ver con el fondo del desarrollo sustentable de nuestra nación.

Es por esta razón y en atención a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, que me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente.

Punto de acuerdo. Primero. Que se atienda la exigencia de la población afectada y del gobierno del estado de Puebla para que las dependencias competentes del gobierno federal realicen una investigación que delimite responsabilidades respecto de las causas que originaron el desprendimiento masivo de material pétreo y por tanto sobre la indemnización a los deudos de las personas que perdieron la vida.

Asimismo, deberá realizarse un estudio sobre el impacto ambiental de las obras de construcción de la carretera México-Tuxpan y en particular de los bancos de material pétreo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; en su caso deberá contarse con la asistencia técnica de los institutos especializados en la materia de la UNAM y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Segundo. Que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre el territorio afectado, de tal manera que se tomen medidas necesarias y se disponga de los recursos para atender, de manera integral con dignidad y justicia, a la comunidad indígena de Necaxaltépetl, de manera que se garantice el abasto de agua y alimento, los servicios de educación y de salud, la seguridad, el mejoramiento de la vivienda, la pavimentación del camino de acceso y el puente vehícular sobre la carretera federal.

Tercero. Que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro rea-lice un estudio para determinar el estado actual y el uso que se está dando a los terrenos propiedad de la empresa o en su caso, de la nación.

Cuarto. Que una vez instalada la Comisión de Medio Ambiente, se proceda convocar a las dependencias y sectores involucrados, a efecto de promover la realización de las obras de dragado ---termino en un momento, señora Presidenta---, el reforzamiento de los diques y la construcción de las plantas potabilizadoras para el saneamiento de las aguas que desembocan en las presas que forman el sistema hidrológico de Necaxa.

La reforestación masiva y la reconversión productiva sobre bases sustentables, la rehabilitación de los suelos erosionados de las zonas altas, el depósito adecuado de los dese-chos y la basura, la construcción de la infraestructura de caminos y agua potable de las comunidades indígenas y la promoción de un proyecto de desarrollo turístico sustentable y de gran visión. Muchas gracias.

Señor Presidente, mucho le agradeceré que el presente punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desarrollo integral de la cuenca de Necaxa, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado jueves 6 del presente se dio un impresionante proceso de remoción de masa: se desprendieron 20 mil metros cúbicos de tierra y material pétreo del cerro de Necaxaltepetl, ubicado a un lado de la presa de Necaxa en la Sierra Norte de Puebla, que es parte del Distrito que honrosamente represento. El saldo del siniestro fue la lamentable pérdida de cuatro vidas humanas, 17 personas lesionadas, cerca de 8 vehículos destrozados, la interrupción del tráfico sobre la carretera federal México-Tuxpan el bloqueo total del camino de acceso a la comunidad indígena de Necaxaltepetl (800 habitantes) y la permanencia de condiciones de significativa vulnerabilidad ante las altas precipitaciones pluviales que anualmente se presentan durante los meses de septiembre y octubre. Los gobiernos del estado de Puebla y del municipio de Juan Galindo, en coordinación con la 25 zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, procedieron a atender con oportunidad la emergencia. Al mismo tiempo, el propio Gobierno del Estado solicitó a las dependencias federales mencionadas la realización de una indagación que permita determinar las causas que motivaron el proceso gravitacional en masa, toda vez que el cerro de Necaxaltepetl cuenta con un banco de piedra que, con la autorización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, estaba siendo explotado por la empresa ICA que tiene a su cargo la construcción de la autopista México-Tuxpan. Lo anterior, no obstante que el luchador social Virgilio Uribe, advirtió del riesgo del desprendimiento que, finalmente, sucedió.

Desde esta tribuna, en nombre de la ciudadanía que represento, reiteró la exigencia de que se esclarezcan los hechos y, en su caso, se tomen las medidas conducentes en el supuesto de que se haya incurrido en negligencia o en faltas a los ordenamientos legales aplicables.

A la vez, los lamentables hechos nos dan la razón respecto del imperativo, de impulsar, de manera decidida y sin interrupción, el desarrollo integral de esta importante cuenca, toda vez que siniestros como el que acaba de suceder sólo muestran, otra vez, la hondura de un problema estructural. Asunto que es indispensable abordar con determinación política, con rigor técnico y con el financiamiento suficiente para actuar, de manera simultánea, en la atención inmediata a las zonas de riesgo, sobre bases sustentables.

La primera planta generadora de energía eléctrica a gran escala fue construida, a principios del siglo pasado, aprovechando los afluentes del río Necaxa en la Sierra Norte de Puebla.

A partir de ese despliegue técnico y financiero de la empresa canadiense promotora del proyecto, pasando por la nacionalización de la industria, así como el proceso de liquidación, hasta llegar a la constitución de Compañía de Luz y Fuerza del Centro como empresa descentralizada, apenas en la última década del siglo pasado; el esfuerzo de los trabajadores de la industria y el aprovechamiento de los recursos de esta región, han aportado una cuota significativa al desarrollo de la zona centro del país. Sin embargo, como otras regiones de la geografía nacional, esta región no ha tenido reciprocidad para un desarrollo sostenido y equilibrado.

Lo anterior no obstante que desde el 8 de marzo de 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas declaró a la región como zona protegida.

Entre los antecedentes inmediatos destacan:

1.En mayo de 1999, a instancia de los entonces diputados locales de la región, José Esquitín Lastiri, Juan Carlos Lastiri Quiroz y Alberto Amador Leal, el gobierno del estado de Puebla y los municipios de Huauchinango, Xicotepec de Juárez y Juan Galindo suscribieron un convenio de coordinación para resolver tres asuntos prioritarios: construir un depósito común de basura; operar con eficiencia el acueducto denominado puente de rieles; y formular los proyectos y los modelos de financiamiento para la construcción de los colectores y de las plantas de tratamiento de aguas negras en los tres centros urbanos.

2. En la primera semana de octubre de 1999, la depresión tropical número 11 provoca un desastre generalizado en la Sierra Norte y muestra los graves problemas de erosión a lo largo de la geografía de la región a la vez que exhibe la vulnerabilidad de la presas y, en general, de la cuenca en su conjunto.

3. En marzo del 2000 el Sindicato Mexicano de Electricistas, a propuesta de su División Necaxa, incluyó en la revisión de su contrato colectivo la obligatoriedad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para realizar un estudio sobre la contaminación de los vasos que alimentan a la planta. Dicha obligación se ha reiterado en la revisión anual de dicho contrato.

4.El 3 de mayo de ese mismo año, representantes de los gobiernos federal, estatal y de los municipios, suscribieron una carta de intención para conjuntar esfuerzos sobre el tema que nos ocupa. Se integró un fondo de inversión y se invitó al Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, para realizar un diagnóstico integral de las condiciones ambientales.

5. El 9 de mayo del 2001, el gobernador del estado, el secretario de Energía, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el director general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el director general de la Comisión Nacional del Agua y el director general de la Comisión Forestal, además de los presidentes municipales de Juan Galindo, Xicotepec de Juárez, Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango, conocieron el diagnóstico del Instituto de Ingeniería y suscribieron las bases de coordinación para llevar a cabo la primera etapa del Programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa. En su dimensión ha sido este un ejercicio ejemplar de federalismo actuante y de capacidad política para encontrar acuerdos en lo fundamental.

6.El estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM destaca que:

La Cuenca de Necaxa tienen en su entorno seis centros urbanos con una población de 300 mil habitantes.

El 22 por ciento del suelo es sobreexplotado o incompatible.

El 38 por ciento de la superficie tiene índices altos y muy altos de erosión.

Los niveles de deforestación indican que, en los últimos 20 años, se han perdido 6,767 hectáreas o sea una tasa del 10 por ciento muy superior a la media nacional que es del 2 por ciento.

Cerca de 13,000 hectáreas presentan riesgos geológicos.

Se generan 74 toneladas diarias de residuos sólidos que se convertirán en 120 toneladas diarias en el año 2020. Los sistemas de recolección son insuficientes, se observa basura en cauces y barrancas y los tiraderos están a cielo abierto.

La baja calidad del agua que afecta la salud ambiental por la alta presencia de coniformes fecales, huevos de helminto y presencia de basura, además de la pérdida de capacidad en los vasos.

7. El 11 de septiembre del 2001, el que suscribe esta propuesta entonces diputado federal ante la LVIII Legislatura, propuso un punto de acuerdo para promover una reunión de trabajo entre las dependencias federales y los gobiernos del estado y de los municipios tendiente a fortalecer la coordinación y ampliar el presupuesto asignado al saneamiento de la cuenca lográndose la asignación de recursos para la construcción de colectores durante el ejercicio fiscal del 2002, que por diversas razones no fueron ejercidos.

8.El 23 de agosto del 2002, los diputados federales Alberto Amador Leal y Cutberto Cantorán Espinosa realizan, en el salón Verde de esta Cámara, el Foro sobre el Saneamiento Hidrológico de la Cuenca de Necaxa al que concurren los sectores sociales y productivos de la región, así como los responsables directos de los tres órdenes de gobierno. La importancia del Foro y la trascendencia de las recomendaciones propuestas al Ejecutivo federal, provocaron un ligero aumento en la asignación presupuestal. Se logró la construcción del relleno sanitario de Huauchinango, que presta servicios a los municipios de Juan Galindo y Naupan, y se ampliaron los recursos para la reforestación. A su vez el Ejecutivo federal ratificó el 9 de septiembre del 2002 el decreto que declara la región zona protegida.

9. En mayo del 2003, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Puebla suscribe un acuerdo con la BUAP, para que a través del Instituto de Ciencias, se lleve a cabo el estudio de cambios de uso de suelo en el ecosistema de la Sierra Norte de Puebla. A la fecha no se ha logrado ejecutar las acciones correspondientes de rehabilitación de suelos, toda vez que no se ha contado con presupuesto. Durante el 2004, se elaboran los proyectos ejecutivos de los colectores y las plantas de tratamiento, a la vez que continúa la reforestación; e inicia operaciones el relleno sanitario de Chignahupan.

10.Durante el presente año del 2006, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano, inicia la construcción de los colectores de aguas pluviales en los municipios de Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango.

11. El 5 de septiembre de este año, como ya se dijo, se desprende un importante volumen de material pétreo del cerro de Necaxaltepetl.

Por todo lo anterior y en atención a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Que se atienda la exigencia de la población afectada y del gobierno del estado de Puebla para que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y, en su caso, la Procuraduría General de la República, realicen una investigación para delimitar responsabilidades respecto de las causas que originaron el desprendimiento masivo de material pétreo en el cerro de Necaxaltepetl y por tanto sobre la indemnización a los deudos de las personas que perdieron la vida. Asimismo deberán realizar un estudio sobre el impacto ambiental de las obras de construcción de la carretera México-Tuxpan y, en particular, de los bancos del material pétreo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En su caso deberá contarse con la asistencia técnica de los Institutos especializados en la materia, de la UNAM y de la BUAP.

Segundo.Que la Secretaría de Gobernación declare zona de riesgo o de desastre el territorio afectado, de tal manera que, se tomen las medidas necesarias y se disponga de los recursos para atender de manera integral, con dignidad y justicia, a la comunidad de Necaxaltepetl de manera que se garantice: mantener el abasto de agua y alimentos; los servicios de educación y salud; la seguridad; el mejoramiento de la vivienda; el destino de las viviendas construidas, a propósito de los efectos de la depresión tropical No. 11; la pavimentación del camino de acceso a la citada población, la rehabilitación del puente de acceso a Nuevo Necaxa y la construcción del puente vehicular sobre la carretera federal.

Tercero.Que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realice un estudio para determinar el estado actual y el uso que se está dando a los terrenos propiedad de la empresa o, en su caso, de la Nación.

Cuarto.Que una vez instalada la omisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados promueva una reunión de trabajo con los servidores públicos de la federación, del gobierno del estado de Puebla, de los Institutos de Ingeniería de la UNAM y de Ciencia de la BUAP, y de los municipios de Ahuazotepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Huauchinango, Juan Galindo, Naupan, Xicotepec de Juárez, Zacatlán y Zihuateutla del propio estado de Puebla, así como con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas, a efecto de determinar la situación actual del programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa y, particularmente, la ejecución de las acciones específicas, en torno a:

La realización de las obras de dragado, el reforzamiento de los diques y la construcción de las plantas potabilizadoras para el saneamiento de las aguas que desembocan en las presas que forman el sistema hidrológico de Necaxa.

La reforestación masiva y la reconversión productiva sobre bases sustentables.

La rehabilitación de los suelos erosionados de las zonas altas.

El depósito adecuado de los desechos y la basura.

La construcción de infraestructura de caminos y agua potable de las comunidades Indígenas.

La promoción de un proyecto ecoturístico de gran visión.

Quinto.Que de conformidad con la valoración de la información derivada del punto anterior se haga de conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, que permita dar continuidad y consistencias las acciones emprendidas para hacer frente al grave problema de que nos hemos referido, tanto en su lamentable expresión coyuntual como en su naturaleza estructural.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Dip. Alberto Amador Leal (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos y en tanto se integra esta Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Perdón, señora Presidenta. Mi solicitud es turnarlo a las Comisiones de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a las Comisiones que ha señalado el proponente y se modifica el primer turno.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Esta Mesa informa a la Asamblea que la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó a esta Presidencia la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados establezca un mecanismo para evitar la ``congeladora legislativa''.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados que establezca un mecanismo que evite la ``congeladora legislativa'', a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM

Sara Isabel Castellanos Cortés, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace casi una década, la nueva conformación del Congreso en México ha propiciado la presentación de un mayor número de iniciativas de ley o proposiciones con punto de acuerdo. El propio Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el último reporte del llamado Monitor Legislativo, expresa que existe un escenario de inflación legislativa, en su opinión, ``hasta la primera mitad del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura el volumen de legislación aprobada por ambas Cámaras ha aumentado aceleradamente''. Un ejemplo de ello es que en la pasada LIX Legislatura se aprobaron 230 iniciativas en el Senado y 440 en la Cámara de Diputados, cifras que implantan un récord histórico.

Cabe señalar que no sólo ha ido en aumento la aprobación, sino también la presentación de propuestas y, a pesar de estos avances, es lamentable el rezago.

El Poder Legislativo demuestra que no ha sido capaz de procesar de manera ágil, transparente y equitativa sus propias ideas, en cuanto a legislar. Numerosas y valiosas propuestas se han encerrado en una caja imaginaria llamada ``congeladora legislativa''; mismas que no pueden salir de allí, imposibilitando la corrección o nueva creación.

Durante el tercer año de ejercicio de la pasada LIX Legislatura, el entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, se comprometió a combatir decididamente esta práctica. Obviamente, el tiempo limitó la concreción de esta voluntad. En octubre de 2005 afirmó que se aplicarían medidas inflexibles y rigurosas para acabar con el rezago de mil 400 iniciativas y 814 proposiciones con punto de acuerdo que se encontraban en la congeladora.

Este compromiso se dio después de que la opinión pública conociera los informes Monitor Legislativo, y en rueda de prensa informó que solicitaría a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que lo facultara para tomar las medidas necesarias con el propósito de impulsar el trabajo legislativo. Precisó que el trabajo legislativo no se puede medir sólo con criterios cuantitativos, debido a que la elaboración de las leyes exige un procedimiento muy complejo, que inicia con reuniones de trabajo, análisis y discusión con especialistas y autoridades, estudios de derecho comparado y del impacto regional o nacional de las iniciativas, así como la búsqueda de consenso entre las diferentes fracciones, primero en comisiones y luego en el Pleno.

Lamentablemente, el CIDE corroboró que el rezago legislativo es elevado en ambas Cámaras, debido a que los legisladores se preocuparon más por presentar nuevas iniciativas que por dictaminar las ya existentes.

En el periodo estudiado se presentaron 2 mil 397 iniciativas en la Cámara de Diputados, de las cuales se aprobaron 440, es decir, el 18.35 por ciento; quedaron pendientes de aprobarse 131 minutas de la Cámara alta, mil 694 iniciativas de la Cámara de Diputados, 16 del Ejecutivo y 80 de los Congresos estatales. Por otro lado, en el Senado de la República se presentaron 801 iniciativas y quedaron pendientes de aprobarse 142 minutas de la Cámara de Diputados, 527 iniciativas de la de Senadores, 16 del Ejecutivo y 42 de los Congresos locales.

El informe afirma que la contribución marginal del volumen de legislación que se aprobó del Ejecutivo contrasta con su alta tasa de éxito en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado su contribución se ha reducido conforme avanzó la pasada legislatura.

Asimismo, en el Senado el Ejecutivo frenó por completo la presentación de iniciativas, en contraste con las diez iniciativas presentadas en el segundo periodo del segundo año, mientras que en la Cámara de Diputados presentó ocho iniciativas, cuatro más que en el periodo anterior inmediato.

Por su parte, en la Cámara de Diputados el Ejecutivo mantiene un volumen de contribución parecida a la del año anterior, aumentó de 2.93 por ciento durante el segundo año a 3.31 por ciento en la primera mitad del tercer año de ejercicio, lo que representa una fracción marginal del total de la legislación aprobada.

No obstante, la tasa de éxito de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo continúa siendo la más elevada de todos los órganos que han presentado iniciativas en la Cámara de Diputados (37.5 por ciento), incluso superior a aquella de las minutas enviadas por la Cámara de Senadores (17.19 por ciento).

Sobre la tasa de éxito del Ejecutivo, mencionaron que se han mostrado variaciones importantes durante la pasada LIX Legislatura. Al elevarse del primero al segundo año de un 33.3 por ciento a un 70 por ciento y se redujo a cero en la primera mitad del tercer año, como resultado de la nula introducción de iniciativas en el Senado.

La conclusión más importante de los indicadores está en el sistema de comisiones, ya que la concentración del trabajo legislativo rebasa aún a las comisiones con mayor carga, siendo éstas las que tienen el mayor rezago en iniciativas pendientes de dictaminar.

De las 598 iniciativas turnadas en la Cámara de Diputados durante la primera mitad del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura, el 60 por ciento (388) se concentraron en cinco de las 42 comisiones ordinarias, mismas que resolvieron el 62.5 por ciento (20) de los dictámenes elaborados. Del total de comisiones ordinarias, 21 (50 por ciento) no elaboraron ningún dictamen durante la primera mitad del tercer año de ejercicio.

Si se realiza una revisión histórica, las comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación han concentrado hasta la primera mitad del tercer año más del 50 por ciento de la carga de trabajo legislativo, mientras que otras Comisiones sólo existen formalmente, pues no suelen reunirse ni dictaminar iniciativas.

Pese a las limitaciones y apreciaciones prácticas que se pudieran objetar del proyecto Monitor Legislativo, la perspectiva sobre el trabajo rezagado no mejora, y es un hecho que debemos aceptar los propios parlamentarios. Actualmente no existen criterios para establecer prioridades, consolidar temáticamente las iniciativas o exigir a las Comisiones tiempos de análisis y dictamen; en parte se debe esto al carácter anacrónico de la Ley Orgánica del propio Congreso.

Hay iniciativas que no requieren de grandes análisis ni tiempo de estudio, sin embargo, son trasladadas por la dinámica inercial hacia el territorio de nadie, donde pueden quedarse el tiempo que la comisión competente quiera o donde finalmente lleguen a convertirse en letra muerta.

De manera constante, distintos grupos parlamentarios hemos señalado que es necesario un nuevo reglamento parlamentario para inhibir la congeladora legislativa, y es que al paso de cada legislatura muchos diputados ven con tristeza la falta de respuesta a sus propuestas. En otros casos recurren a la conocida práctica de recabar firmas en el salón de sesiones, sin embargo, esto es muy delicado, ya que no existe el estudio y análisis a fondo de los integrantes de cada comisión legislativa.

Algunos legisladores han propuesto distintas medidas para acabar con este problema, tal es el caso de una propuesta de iniciativa de modificación a la Ley Orgánica que se presentó en el Senado de la República por el entonces senador Jorge Abel López, en la pasada LIX Legislatura, la cual, en su opinión, las iniciativas congeladas podrían almacenarse en una comisión ad hoc con más asuntos turnados que cualquiera otra en el Congreso de la Unión, ya que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de la colegisladora reportó que sólo el 50 por ciento de las iniciativas que se presentaron fueron tratadas en las comisiones a las cuales fueron asignadas.

Conforme a lo estipulado en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga a las comisiones la facultad de dirigir los esfuerzos correspondientes al tema de su competencia de los proyectos de decreto que hayan sido turnados ante el Pleno, sin embargo, y pese a que en esencia el mecanismo es adecuado, en la práctica pocas veces son dictaminados todos los asuntos.

La llamada ``congeladora legislativa'' se relaciona directamente con el desconocimiento de los temas abordados por los legisladores y directamente con el llamado ``plagio o piratería legislativa'', es decir, son tantos los temas que no se dictaminan, que se va alimentando un banco de datos que sirve para fundamentar otras propuestas. Lamentablemente, muchos legisladores no tienen la precaución de mencionar la fuente de sus citas textuales y no existe un mecanismo informático para que cada una de las propuestas sea valorada con anticipación para evitar duplicidades antes del turno a comisión.

Bajo esta perspectiva, nos colocamos en el ojo del huracán de la polémica pública; porque los balances que hacen algunos estudiosos nos son positivos para nosotros, considerando que únicamente toman en cuenta la numeralia, sin hacer referencia a todo el proceso legislativo. Para llegar a los acuerdos se necesita tiempo, implica construcción de consensos, conlleva un necesario debate, requiere de la elaboración de foros, de mesas redondas, de un sinfín de espacios de retroalimentación e donde se desahoguen las diferencias y se hallen las coincidencias, y esto en ocasiones retarda los acuerdos.

De igual forma, porque nosotros mismos paralizamos nuestro trabajo, mientras no haya un dictamen a favor o en contra de nuestras propuestas, esto sin contar con el gravísimo riesgo de no tener una sistematización bajo un banco de datos con cruce de información de las propuestas que existen en nuestra Cámara y en la colegisladora, incurriendo en el error de la ``copia parlamentaria''.

La opinión pública nos conoce más por los escándalos públicos que por el verdadero trabajo legislativo, por lo que debemos buscar canales de acercamiento con la sociedad mexicana, que permitan un conocimiento real de nuestro trabajo.

Bajo este contexto, resultaría adecuado aplicar el exhorto que se propuso en el Senado por el entonces senador, ahora diputado, Juan José Rodríguez Prats, en el sentido de conminar a las mesas directivas y a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso para que en la LX Legislatura y partiendo del análisis del rezago actual en cada una de las comisiones legislativas, se ponga especial énfasis en las minutas pendientes y en las minutas del Poder Ejecutivo que aún están sin dictaminarse y se realice la reforma jurídica que México requiere.

Necesitamos de mayor voluntad política en el rezago legislativo que la del sólo hecho de legislar en la materia; un ejemplo muy importante de esto se generó en los periodos de la Comisión Permanente en la anterior legislatura, bajo un acuerdo parlamentario donde se determinó que todos aquellos asuntos que se turnaran a las comisiones respectivas serían dictaminadas a favor o en contra, sin que quedara trámite pendiente, esta práctica fue muy exitosa contra el combate al rezago legislativo.

Actualmente, el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos confiere a cualquier comisión que, si juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio y antes de expirar el plazo de los cinco días que le otorga el Reglamento, deberá manifestarlo a la Cámara, pero si este requisito no se cumple y la comisión lo retiene por más de cinco días, entonces la secretaría se lo hace presente al Presidente para que excite a las comisiones, tal y como lo establece el artículo 21 del Reglamento, en su fracción XVI, que a la letra dice: Son obligaciones del Presidente, excitar a cualquiera de las Comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión.

Muchas veces, las llamadas excitativas se convierten en peticiones infructuosas, porque no existe un mecanismo real que obligue al dictamen expedito; o bien, porque la carga de trabajo permite el fortalecimiento de la congeladora.

En este sentido, resultaría positivo establecer la norma de dictaminar todo, ya sea a favor o en contra, pero finalmente nada debe quedarse en el tintero. También deberíamos de establecer la ``petición de prórroga'' como un recurso para que las comisiones puedan tratar con mayor atención ciertos temas; pero especificando que su respuesta no puede exceder de un mes a la fecha de la excitativa.

La Secretaría de Asuntos Parlamentarios deberá concentrar la información sobre las iniciativas que se turnan y las fechas de desahogo; de tal forma que cada trimestre presente ante el Pleno un informe sobre la materia para evitar los rezagos parlamentarios.

Es muy importante que el Presidente de la Mesa Directiva haga efectiva la sanción legislativa, que implica y valora el derecho de los diputados de posibilitar el cambio a otra comisión, si en la de origen no hay una respuesta al respecto. Resulta trascendental que los dictámenes no sean negociados a título personal por los diputados en los pasillos, sino que se establezca la normatividad de que las firmas del dictamen se den exclusivamente en reuniones de comisión.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que con fundamento en el inciso c) del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponga un acuerdo al Pleno de la Cámara para evitar el rezago legislativo, estableciendo en el mismo la temporalidad para dictaminar y la posibilidad de prorroga por parte de las Comisiones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica)»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

En razón de que se ha cumplido con las cuatro horas reglamentarias de duración de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima, el cual incluirá los asuntos no abordados en la presente sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de septiembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política interior y política exterior

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (a las 15:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 21 de septiembre a las 11:00 horas. Se les informa a los señores y señoras diputadas, que el registro de asistencia estará abierto desde las 9:00 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 38 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 298 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 442 diputados
• Minuto de silencio: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2
• Excitativas a comisiones: 1
• Propuesta de los grupos parlamentarios representados en la presente Legislatura, para la elección complementaria de secretarios de la Mesa Directiva, aprobada: 1
• Toma de protesta de los secretarios que complementan la Mesa Directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LX Legislatura
• Proposiciones con puntos de acuerdo: 11
• Puntos de acuerdo aprobados: 2
Oradores en tribuna: 26PAN-5, PRD-7, PRI-7, PVEM-1, Convergencia-4, Nueva Alianza-1, Alternativa -1.
• Se recibió:
• 5 comunicaciones de los diputados: Nabor Ochoa López, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Silbestre Álvarez Ramón, Jesús Sergio Alcántara Núñezy Luis Gerardo Serrato Castell, por las que informan que optan por el cargo de diputado federal electo a la LX Legislatura;
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Políticapor la que informa de los nombres de los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral;
• 1 solicitud del almiranteMarco Antonio Peyrot González,secretario de Marina, por la que pide el permiso constitucional necesario para aceptar y usar condecoración que le confiere el Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Vadas y Kuhn, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos;
• 4 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite solicitudes de permisos constitucionales necesarios para que 13 ciudadanos puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, asimismo informa que han dejado de prestar servicios 3 ciudadanos;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicopor el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2006;
• 1 iniciativa del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.
Visitantes extranjeros en el salón de sesiones:Señora Erika Mann, presidenta de la Comisión Mixta Parlamentaria de la Unión Europea y México.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 39
• Alcaraz Hernández, Alma Edwviges(PAN) Fenómenos meteorológicos: 84
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Estado de Puebla: 91
• Arriola Gordillo, Mónica(Nueva Alianza) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 29
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Fenómenos meteorológicos: 90 desde curul, 91
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006: 64
• Caballero Camargo, Gustavo Fernando(PRI) Estado de Nuevo León: 62 desde curul
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Artículos 73, 75, 90, 123 y 127 constitucionales: 49
• Cárdenas Monroy, Óscar Gustavo(PRI) Artículo 74 constitucional: 44
• Castellanos Cortés, Sara Isabel(PVEM) Trabajos legislativos: 96 se recibe proposición
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Pornografía y prostitución infantil: 77
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Petróleos Mexicanos: 54
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Estado de Quintana Roo: 69
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Fenómenos meteorológicos: 85 desde curul, 86
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Fenómenos meteorológicos: 83
• Larregui Nagel, Erika(PVEM) Protocolo de Montreal: 72
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl(PRI) Artículos 52, 53 y 54 constitucionales: 46
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Fenómenos meteorológicos: 85, 87 desde curul
• Ochoa González, Arnoldo(PRI) Fenómenos meteorológicos: 88, 90
• Ochoa López, Nabor(PAN) Fenómenos meteorológicos: 90
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Fenómenos meteorológicos: 82
• Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto(PAN) Estado de Nuevo León: 60, 61
• Parra Noriega, Luis Gustavo(PAN) Artículos 115, 116 y 122 constitucionales: 33
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Diputados que optan por cargo: 19
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Estado de Nuevo León: 60 desde curul, 61 desde curul
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Estado de Quintana Roo: 71 desde curul
• Samperio Montaño, Juan Ignacio(Convergencia) Comisión Nacional de Gobernadores: 75
• Santos Arreola, Francisco Javier(PRD) Delincuencia organizada: 54 desde curul
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Delincuencia organizada: 52
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) Fenómenos meteorológicos: 86
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Comisión Nacional de Gobernadores: 76 desde curul
• Zazueta Aguilar, Jesús Humberto(PRD) Empresa Integradora de Servicios Operativos: 79